Legislatura LII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19841228 - Número de Diario 49
(L52A3P1oN049F19841228.xml)Núm. Diario:49ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2o. clase en la administración local de Correos, el 21 de Septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., viernes 28 de diciembre de 1984 TOMO III. NUM. 49
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Oaxaca, relativa a sus funciones legislativas. De enterado.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
CÓDIGO DE MENORES PARA EL DISTRITO FEDERAL
La Diputación del PSUM, por voz del C. Florentino Jaimes Hernández, presenta proyecto de ley que contiene el código citado. Se turna a comisiones. Imprímase
ARTÍCULOS 45, 87 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO GENERAL
La Diputación del PAN, por intermedio de la C. Florentina Villalobos de Pineda, presenta proyecto que reforma los artículos reglamentarios mencionados. Se turna a comisión. Imprímase. Hacen aclaraciones a la iniciativa la Presidencia y el C. Francisco Javier González Garza
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1985
Proyecto del Presupuesto de referencia. Es de primera lectura
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Proyecto de decreto que reforma la ley expresada
A discusión en lo general. Intervienen los CC. en contra, Emma Medina Valtierra; en pro, Alvaro Brito Alonso y Francisco Javier Alvarez de la Fuente; nuevamente, la C. Medina Valtierra; por las comisiones, Carlos Jiménez Macías. Sin discusión en lo particular se aprueba en ambos sentidos por mayoría. Pasa al Senado
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1985
Proyecto del presupuesto citado
A discusión en lo general. Intervienen en contra, el C. Juan José Hinojosa y el C. Samuel Meléndez Luévano quien alude el estudio del PSUM sobre su posición en este presupuesto y los lineamientos para una política alternativa de gasto público. También en contra, los CC. Ignacio VItal Jáuregui y Héctor Ramírez Cuéllar; en pro, Ricardo Antonio Govela Autrey, por la comisión, Manuel Cavazos Lerma, quien hace entrega de un escrito con comentarios al documento del PSUM al que se refirió el diputado Meléndez Luévano; nuevamente, Vital Jáuregui, Meléndez Luévano y Raymundo León Ozuna. Se aprueba con los artículos no impugnados
A discusión en lo particular. A debate los artículos 1o., 6o. y 14. Intervienen los CC., en contra, Astolfo Vicencio Tovar; por la comisión, Genaro Borrego Estrada; en contra del 2o. 6o. y 14, Raúl Rea Carvajal, que propone modificaciones al 14; en pro,
Julieta Guevara Bautista; nuevamente, Rea Carvajal; en contra, José Dolores López Domínguez; para impugnar el 2o. David Lomelí Contreras; por la comisión, Antonio Murrieta Necoechea; nuevamente, López Domínguez. Se desecha la propuesta de Rea Carvajal. Se aprueban en sus términos por mayoría
A debate los artículos 4o. y 29. Hablan, para una adición al 4o. el C. Gabriel Salgado Aguilar, para consideraciones el C. Francisco Ortiz Mendoza; por la comisión, Rogelio Carballo Millán. Se desecha la adición. Se aprueban en sus términos por mayoría. Pasa al Ejecutivo
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. ENRIQUE SOTO IZQUIERDO
(Asistencia de 329 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:45 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día
28 de diciembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Oaxaca.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1985.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Programación, Presupuesto y cuenta Pública, con proyecto de decreto, que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
De la Comisión del Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1985."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
"Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Presidencia del C. Enrique Soto Izquierdo
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta minutos del jueves veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con asistencia de trescientos veinte ciudadanos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior verificada el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
El C. Carlos Jiménez Macías, a nombre de varios ciudadanos diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional, presenta una iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social e imprímase.
Por su parte, el C. Arnaldo Córdoba en nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presenta una iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal Electoral. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Imprímase.
A su vez, el C. Rafael Servando Portillo Díaz presenta una iniciativa de Ley Forestal. Túrnese a las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria e imprímase.
En seguida, el C. Iván García Solís, en nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presenta una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y puntos Constitucionales y del Distrito Federal. Imprímase.
Presidencia del C. Jorge Canedo Vargas
A continuación el C. Gabriel Salgado Aguilar en nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto que adiciona con un artículo 22 - bis, la Ley General de Deuda Pública. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e imprímase.
Por último. el C. José Aguilar Alcerreca en nombre de varios diputados de los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, presenta una iniciativa de Ley Federal de Pesca. Túrnese a la Comisión de Pesca. Imprímase.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública suscribe un dictamen que contiene el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 1985.
En atención a que este dictamen ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
La Comisión de Ciencia y Tecnología presenta un dictamen que contiene el proyecto de Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea le dispensa el trámite de segunda lectura.
Presidencia del C. Enrique Soto Izquierdo
A discusión en lo general el proyecto de ley.
Hacen uso de la palabra, en contra, los CC. Arnoldo Gárate Chapa, Rolando Cordera Campos y María de Jesús Orta Mata; en pro, el C. Francisco Ortiz Mendoza; para hechos, los CC. Arnoldo Gárate Chapa y Francisco Ortiz Mendoza; por la Comisión Dictaminadora, el C. Luis Eugenio Todd Pérez; nuevamente, el C. Arnoldo Gárate Chapa.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba en este sentido con los artículos no reservados para su discusión. por doscientos sesenta y siete votos en pro y cuarenta y ocho en contra.
A discusión en lo particular. A debate los artículos 2o. y 3o. del proyecto de ley.
Intervienen, en contra, el C. Rodolfo Peña Farber; por la Comisión, el C. Raúl Enríquez Palomec.
Presidencia del C. Jorge Canedo Vargas
Continúa el debate, hablan, para hechos, el C. Iván García Solís y el C. Luis Eugenio Todd Pérez.
suficientemente discutidos los artículos 2o. y 3o. en votación nominal se aprueban en sus términos por doscientos dieciséis votos a favor y cuarenta y seis en contra.
A discusión los artículos 4o. 5o., y 6o.
Intervienen, en contra, el C. Rodolfo Peña Farber; por la Comisión, el C. Luis Eugenio Todd Pérez; para hechos, el C. Francisco Ortiz Mendoza.
Suficientemente discutidos los artículos, en votación nominal se aprueban en sus términos por doscientos catorce votos afirmativos y cuarenta y tres negativos.
Presidencia del C. Enrique Soto Izquierdo
A debate los artículos 8o. 9o. 10 y segundo y cuarto transitorios.
Usan de la palabra, para proponer dos modificaciones, el C. Gustavo Arturo Vicencio Acevedo; por la Comisión, el C. Domingo Alapizco Jiménez.
Se consideran suficientemente discutidos los artículos.
En votaciones económicas sucesivas la Asamblea no admite las modificaciones propuestas y por tanto se dan por desechadas.
En votación nominal se aprueban los artículos en sus términos por doscientos veinticinco votos en pro y cincuenta y tres en contra.
A discusión los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 27.
Hablan, en contra, el C. Rodolfo Peña Farber; por la Comisión, el C. Luis Eugenio Todd Pérez; para hechos, el C. Francisco Ortiz Mendoza.
Suficientemente discutidos los artículos, en votación nominal se aprueban en sus términos por doscientos treinta y cinco votos de la afirmativa y cuarenta y nueve de la negativa. A debate el artículo 15.
Intervienen, para presentar la adición de un artículo 15 bis, el C. Francisco Ortiz Mendoza; Por la Comisión, el C. Luis Eugenio Todd Pérez.
En votación económica la asamblea no admite la adición propuesta y en consecuencia se da por desechada.
En votación nominal se aprueba el artículo 15 en sus t«erminos por doscientos veinte votos a favor y cuarenta y seis en contra.
Aprobado en lo general y el lo particular el proyecto de ley. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidencia comunica a la Asamblea que en el transcurso de la sesión le fue entregada la iniciativa de Ley General de Ecología, suscrita por varios ciudadanos diputados de esta Legislatura.
En virtud de que este documento ha sido ya distribuido entre los ciudadanos diputados, la Secretaría por instrucciones de la Presidencia le da el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Imprímase.
La propia Presidencia expresa que también en el curso de la sesión le fueron entregados los dictámenes que a continuación se consignara:
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma varios artículos del Código Penal el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
De la Comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 35, 40, y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En atención a que dichos dictámenes se encuentran ya en poder de los ciudadanos diputados, la Asamblea en votaciones económicas sucesivas les dispensa la lectura. Que dan de primera lectura.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, signa un dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Por las mismas razones de los casos anteriores, se le dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general y en lo particular el artículo único de que consta el proyecto de decreto.
Usan de la tribuna, para presentar una adición que la Asamblea en votación económica no admite y por tanto se desecha, el C. Jorge Alberto Ling Altamirano; en pro, la C. Dulce María Sauri Riancho; por segunda ocasión, el C. Ling Altamirano.
Suficiente discutido el artículo único, en votación nominal se aprueba en sus términos por doscientos cuarenta y cuatro votos en pro, treinta y ocho en contra y cinco abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que establece las características de las monedas conmemorativas para celebrar el CLXXV aniversario de la iniciación de la Independencia Nacional y el LXXV aniversario del comienzo de la Revolución Mexicana.
También a este documento se le dispensa el trámite de segunda lectura. A nombre de la Comisión Dictaminadora, la C. Haideé Eréndira Villalobos Rivera usa de la palabra para proponer adiciones al proyecto de decreto y solicitar se dispense la segunda lectura a las mismas y se sometan a discusión con el proyecto de decreto original.
La Asamblea en votación económica dispensa la segunda lectura a las adiciones en cuestión.
A discusión en lo general y después en lo particular el proyecto de decreto con las adiciones propuestas y aprobadas por la Asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por unanimidad de doscientos noventa y siete votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las adiciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión Próxima.
A las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, viernes veintiocho de diciembre, a las diez horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
COMUNICACIÓN
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
"CC. diputados secretarios del H. Congreso de la Unión, México, D.F.
En cumplimiento de preceptos legales, hacemos de su conocimiento que la Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado, clausuró hoy el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal, dejando integrada su diputación Permanente en la siguiente forma:
Diputado, licenciado Agustín Márquez Uribe; diputado licenciado Fidel Herrera Balbuena; diputado, licenciado Delfino Cruz Aquino; diputado licenciado Rey Luis Matías López; diputado Eloy Argos García Aguilar.
Suplentes: diputado, profesor Cuauhtémoc Calderón López; diputado Eulogio Bautista Sandoval.
Reiteramos a usted(s) las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 14 de diciembre de 1984.
Licenciado Delfino Cruz Aquino, diputado Secretario; licenciado Rey Luis Matías López, diputado Secretario."
Trámite: - De enterado.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
CÓDIGO DE MENORES PARA EL DISTRITO FEDERAL
La C. Florentina Villalobos de Pineda: - Pido la palabra.
El C. Presidente: - Perdón, diputada, había comunicado el diputado Florentino Jaimes Hernández, del Partido Socialista Unificado de México, su solicitud de la palabra para presentar una iniciativa. Inmediatamente atendemos una solicitud.
Tiene la palabra el C. diputado Florentino Jaimes Hernández.
El C. Florentino Jaimes Hernández: - Ciudadano Presidente; compañeras diputadas y diputados: En nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, vengo a presentar a usted la iniciativa de Ley del Código de Menores para el Distrito Federal.
En consideración a las pocas horas que nos quedan para que por mandato constitucional clausuremos este tercer periodo de sesiones de la Quincuagésima Segunda Legislatura, y un buen número de dictámenes quedan por presentarse de segunda lectura, sólo haré
algunas breves observaciones necesarias. Por tanto, solicito al C. Presidente que a través de la Secretaría consulte a esta honorable Asamblea si autoriza se registre íntegramente dicha iniciativa de ley en el Diario de los Debates. El C. Presidente: - Consulte por favor la Secretaría a la Asamblea si no tiene inconveniente en que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates.
El C. secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si admite que se inserte íntegramente la iniciativa que presenta el C. diputado Florentino Jaimes Hernández, en el Diario de los Debates. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
El C. Florentino Jaimes Hernández: - Gracias. Mientras que en esta Cámara discutimos legítimamente sobre la crisis económica que padece el pueblo de México, los efectos perniciosos de la fabulosa deuda externa, las demandas de los trabajadores obreros y campesinos, la respuesta del gabinete económico, los fraudes electorales, el aumento de los precios de los productos básicos, y el desempleo, se siente y se comenta en toda la Nación, mientras esto ocurre, 5 mil niños nacen diariamente en el país y así tenemos en la actualidad más de 36 millones de niños menores de 18 años, en toda la República y en el Distrito Federal, más de 6 millones, cerca del 50%, son menores de 18 años sin voz y sin voto sobre los destinos del país, expectantes de un mundo sobresaltado. Pensando en ellos, hemos impulsado esta iniciativa de ley. Pero sobre todo, pensando en:
- El 50% de niños que mueren por desnutrición en su primer año de vida.
- El 90% de niños desnutridos en las zonas más pobres de México, cuyo 40% requieren atención médica inmediata. y 50% promedio de la Nuñez nacional desnutrida.
- El 75% de niños Mexicanos que carecen de alimentación adecuada.
- El millón de niños que mueren al año por enfermedades diarreicas ocasionadas por falta de agua potable y saneamiento atmosférico y ambiental.
- El sombrío panorama de la salud del niño en México, si tomamos en cuenta que excluyendo la viruela, las infecciones de ahora son las mismas que hace 50 años, como son tifoidea, tuberculosis, gastroenteritis, tétanos, poliomielitis y enfermedades respiratorias que se originan por la carencia de servicios de salud, analfabetismo y el déficit en materia de infraestructura social, como causas importantes.
Al elaborar esta iniciativa de ley también hemos pensado en:
- Los millones de niños sin derecho escolar en el país.
- Millones de menores de 18 años analfabetas en la Nación.
- Millones de menores desertores escolares.
- La bajísima escolaridad, un poco más de tercer año de primaria.
- El alto porcentaje de niños agredidos, casi el 20% en el Distrito Federal. Datos tomados de estudios hechos por especialistas.
- Casi 2 millones de niños abandonados en toda la Nación y unos 50 mil niños en el Distrito Federal que duermen el las calles, mercados, terminales de autobuses, etcétera.
- Pensamos también en los 3 millones de madres solteras, muchos miles de ellas, menores de edad que sobreviven dificultosamente trabajando en grandes almacenes de ropa, zapaterías, ferreterías, como sirvientas, galopinas o costureras, hasta 14 y 16 horas seguidas.
El maltrato de la infancia comienza con el maltrato social de las madres, se prolonga con el maltrato que ejercen sobre el niño las condiciones materiales de vida y culminan con todas las otras consecuencias de la pobreza que afectan a los infantes.
- Pensamos también en los miles de niños que, según la Organización Internacional del Trabajo, trabajan en la agricultura, el pequeño comercio y la industria en forma clandestina, venden objetos de todo tipo en las calles y piden limosna en forma abierta o disfrazada, o laboran en servicio doméstico y, en general, se estima que no menos del 10% del trabajo nacional es aportado por los niños. En ocasiones realizan trabajos aún más pesados que los adultos. Son "tragafuegos", "cantante", acompañantes de invidentes, bucean en el mar para rescatar monedas arrojadas por los turistas, generalmente extranjeros.
- Según el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo 400 mil niños trabajan en el Distrito Federal para ayudar a sus familias. Trabajan como billeteros, vendedores ambulantes, cargadores de canastas, lustrabotas, lavacoches, limpiaparabrisas, etcétera. Las condiciones en que trabajan los niños son muy desfavorables y les exigen un gran esfuerzo, especialmente a los que asisten a la escuela.
Al igual que nosotros, los investigadores de dicho instituto consideran que la solución del problema del trabajo infantil solo se logrará a través de una transformación fundamental de las condiciones económicas y sociales que prevalecen en el país.
Pensamos también en más de 100 mil niños y adolescentes, en el Distrito Federal, plurifarmacodependientes y en el aproximadamente 15% de las prostitutas en el Distrito Federal, menores de 18 años.
Asimismo, en la elaboración de la presente iniciativa de ley pensamos en los millones de
niños mexicanos que ven televisión en un promedio de tres horas y media día a día, en donde los estimulan con programas como "Batman", "Superman", y la "Mujer Maravilla" entre muchas series similares, las cuales afirman en la mente del niño la idea de que los seres humanos valemos muy poco, sólo los superhéroes pueden solucionar los grandes problemas y los hombres y las mujeres normales necesitan de ellos para casi todo, que no nos bastamos a nosotros mismos; es decir, es inculcar la hegemonía de unos pocos que es la ideología del imperialismo. O también, a través de los medios de comunicación se mandan mensajes contradictorios a lo que se enseña en la escuela: por un lado se dice que hay que comer bien y por otro se permite la promoción de la mala nutrición.
En estudios que han hecho especialistas en la ciudad de México, en un total de 155 cines resultó: 58 salas con temas pornográficos, de aventuras y policiacas; 20 salas con temas de violencia; 27 salas con programación de películas Cómicas y/o para niños; 32 salas con películas de terror, comedias o desastres, y 28 salas con programación de temas de valor educativo y/o artístico.
De "Tarzán" se editan 1.5 millones de ejemplares por semana; "Lágrimas y Risas" 800 mil ejemplares por semana, y "Alarma" 980 mil ejemplares por mes.
Entre esos elementos se encuentra el consumismo, la manipulación ideológica, la promoción de hábitos alimentarios perjudiciales a la salud, la anulación de la conciencia social y la obstaculización del desarrollo intelectual y del análisis crítico.
Facilitar esa agresión o no defender a los niños de ella es, en muchos casos, peor que golpearlos. Y una de las más Criminales formas de maltrato infantil.
Ayudar al niño, significa promover su crecimiento, a todos los niveles y en su amplio e infinito espectro de posibilidades de desarrollo Intentar apresurar ese proceso evolutivo, congelarlo o entorpecerlo, significa perpetrar contra él daño sociológico irreversible.
Estos son algunos elementos que nos muestran el panorama de una parte importante de nuestra niñez que de un modo u otro influirán en el futuro de la patria y si bien es cierto que algunos se dieron a nivel nacional, dan una idea de la situación en el Distrito Federal; y también es cierto que nuestra aspiración es intentar beneficiar con esta iniciativa a la niñez de toda la Nación, aunque por razones de carácter jurídico nos limitamos sólo al Distrito Federal.
Esta iniciativa no pretende invalidar, ni mucho menos subestimar la legislación que ya se ha hecho en torno y a favor de los menores, apreciamos en todo su valor, por ejemplo, el artículo 939 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y del Código Penal los artículos del 201 - 204; 208, 267, 268, 271, 325 - 328; 335, 340; del Código Federal de Procedimientos Penales los artículos del 500 al 522; el artículo 156 de la ley del Seguro Social y los artículos del 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo.
Este código pretende, como se dicen en la exposición de motivos, en sus objetivos más generales, contribuir como instrumento de la sociedad para avanzar a niveles superiores de la conciencia, para que coadyuve a un avance en su desarrollo; pretende ser una respuesta a la necesidad planteada por el artículo 4o. constitucional de que la ley proteja a la institución de la familia; pretende, asimismo, reglamentar el contenido del artículo 18, párrafo cuarto de la propia Constitución; y como objetivos más inmediatos pretende atender integralmente a los menores que dentro de la familia han permanecido a la zaga debido a la indiferencia de una amplia proporción de padres y de autoridades, todos creadores de complejos problemas de salud, educación y de trabajo, de los niños y adolescentes de esta edad que tiene la enorme trascendencia de premiar y dar calor a toda la existencia, llenándola de tristeza o alegría, del rechazo o la aceptación, del abandono o la atención que la llevarán como adultos al fracaso o al éxito, según el grado de amor que hayan recibido en sus primeros años.
Este código pretende también terminar con la complacencia antigua de las leyes, ante la omnipotencia de los padres que podrían cometer toda clase de atrocidades con sus hijos, incluyendo golpes y lesiones y, ofreciéndoles ayuda, todavía, para que pudieran "educarlos".
Estas pretensiones se encuentran sustentadas a lo largo de su articulado, de ser aplicado con fidelidad y criterio científico de la concepción del mundo.
Pretende pues, en conclusión, hacer un poco más libre a la sociedad mexicana.
En medio de un mundo exageradamente violento, de la amenaza constante por parte del imperialismo norteamericano de invadir pueblos hermanos centroamericanos que luchan legítimamente por su libertad; invasión que, de llevarse a efecto, sería totalmente in justo, se realizaría casi en nuestras fronteras y condenada por todos los pueblos libres del mundo. En medio de presiones económicas y políticas contra México y tensiones sociales internas; la presentación de esta iniciativa de ley es una campanada que debe poner alertas para que dediquemos un poco de merecida atención a nuestros hijos, a los menores de 18 años .
Por último, compañeros diputados, sólo me resta solicitar al ciudadano Presidente disponer, sea enviada esta iniciativa de ley a las Comisiones de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, Salubridad y Asistencia y Educación Pública; para su análisis y dictamen; pues, no se pretende tampoco que quede para comida de los roedores o rellenar huecos de bodegas. Solicito su estudio, Discusión y aprobación de su caso Muchas gracias.
INICIATIVA DE LA LEY DEL CÓDIGO DE MENORES PARA EL DISTRITO FEDERAL
En ejercicio de la facultad que nos concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, por mi conducto, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificada de México, presenta la iniciativa de Ley del Código de Menores para el Distrito Federal.
EXPOSICIONES DE MOTIVOS
Hasta hoy, muy poco se ha legislado a favor de los mexicanos menores de 18 años, los cuales, según el censo de 1980 sumaban más de 30 millones, casi la mitad de la población total del país; sin embargo, la inmensa mayoría de las leyes de la sociedad mexicana se refiere a los intereses de los adultos; mientras aquellos se mantienen olvidados, testigos silenciosos de la cruel crisis económica que padecemos.
La atención a los niños, a los menores de edad, es de las tareas más importantes de nuestra vida. Nuestros hijos son los futuros ciudadanos del país y del mundo. Ellos serán los forjadores de la historia. Son los futuros padres y madres, y serán a su vez los educadores de sus hijos.
En la media en que lo permita el sistema, el sistema económico - social en que vivimos y mientras el pueblo de México no cambie esta estructura socioeconómica por otra que facilite la solución definitiva de los problemas vitales de la sociedad, entre otros, el que aquí nos ocupa, mientras eso no suceda, debemos empeñarnos en que los menores de edad se transformen en mejores ciudadanos que nosotros, en mejores padres de familia; pues ellos encarnan la esperanza de nuestra vejez. Una atención menos incorrecta nos deparará una vejez menos infeliz o más feliz.
Así pues, esta Ley no pretende proporcionar la solución definitiva de los problemas que padecen los mexicanos menores de 18 años; eso, hoy por hoy, no es posible; sino convertirse en instrumentos de la sociedad para avanzar a niveles superiores de la conciencia para que coadyuve a un avance en su desarrollo; asimismo, es una respuesta a la necesidad planteada por el artículo 4o. constitucional de que la ley proteja a la institución de la familia, elevando esa protección a garantía constitucional de derecho social, ya no de índole privada. Igualmente, es respuesta a la necesidad de reglamentar el contenido del artículo 18, párrafo cuarto de la propia Constitución.
Durante todos los siglos de vida de la humanidad los niños han permanecido sin derechos propios y sometidos a la voluntad de sus padres que, bajo el supuesto de su amor, decidían sobre su vida o muerte. Desde las clases nobles hasta las plebeyas, más pobres, la historia nos da muestras, que nuestra sociedad actual confirma, de que hay infinidad de casos en que los padres, lejos de amar a sus hijos se mueven alentados por sus propios egoísmos, sus conveniencias o por actitudes enfermizas.
Tal se confirma en nuestro país donde hemos sabido de casos en que parejas de indígenas acostumbran dejar morir a sus hijos recién nacidos, omitiendo darles alimentos agua y abrigo en tanto que en otros grupos sociales se regalan, alquilan o venden niños de variadas edades. Todo ello ante la indiferencia de la sociedad y de las autoridades.
En múltiples legislaciones del país se conservan vigentes disposiciones, autorizando el maltrato de los menores, bajo el pretexto de corregirlos, con una filosofía educativa anticuada, así tenemos, por ejemplo, disposiciones como la del artículo 423 del Código Civil que es portador del espíritu de los artículos 126 y 377 de las disposiciones de la Triple Alianza en la Cultura Mexica.
"Artículo 126. La mentira en la mujer y el niño, cuando éste se encuentre en educación, se castigará con pequeñas cortadas y rasguños en los labios del mentiroso siempre que aquélla hubiere tenido consecuencias graves."
"Artículo 377. Los pobres no tendrán sobre sus hijos el decreto de vida y muerte, aunque sí podrán aplicar los castigos necesarios para su corrección. (Lucio Mendieta Núñez)".
Todo ello forma parte de la misma historia que se origina en los albores de la humanidad en que los padres eran considerados dueños de sus hijos y libres de hacer con ellos lo que desearan. Contra esta posición, sin embargo, el primer tercio de este siglo, se comenzó a hacer conciencia en los adultos sobre el valor de la infancia y ya la exposición de motivos del Código del Niño de Uruguay reconoce que: "El niño debe ser en cierto modo previsto, procurándose que los padres dentro de lo racional, posean una salud completa y las condiciones mejores para la subsistencia; engendrado, debe su madre recibir los cuidados que llegue a feliz término; nacido, ha de ser colocado en condiciones tales que pueda desarrollarse normalmente en lo físico, lo moral y en lo espiritual; considerado como parte integrante de la familia, no debe ser separado del hogar sino en casos excepcionales, yendo, de preferencia, a un nuevo hogar; sano, debe ser sometido a exámenes médicos periódicamente; enfermo, ha de ser debidamente asistido; en uno y en otro casos debe ser alojado con aire, luz y sol abundantes, vestido y alimentación convenientes, procurándole sobre todo leche pura y agua pura; abandonado, por cualquier causa, deberá encontrar la protección necesaria; de seis a catorce años, debe recibir la instrucción necesaria con enseñanza y locales también adecuados; en falta social, debe ser tratado no como delincuente, sino por tribunales propios y métodos educativos; en edad de aprender
no debe trabajar y en edad de trabajar, debe ser protegido y controlado; en una palabra, la protección de la infancia es, en su esencia, primero, una defensa del niño; después del niño con la madre, considerando como binomio inseparable y siempre de ambos como integrantes de una familia legítimamente constituida y conservada como base de la sociedad. Todo desorden que lo separe de esta línea, debe ser corregido acercándolo a ella y procurando al niño, sano, enfermo, abandonado o en falta social, el ambiente del hogar como el más propicio para poder repararlo física y moralmente."
Simultáneamente y después, en diversos Ámbitos de la humanidad, ha venido surgiendo la convivencia de que los adultos debemos al niño todo lo necesario para la auténtica realización de su personalidad que debe ser respetada, protegida e impulsada.
Actualmente, el artículo 4o. de la Constitución Política de la República Mexicana estable que la Ley protegerá la organización y desarrollo de la familia.
Resulta de particular interés que en un proyecto de ley como éste, se pretenda atender ya, integralmente, a ese sector que, dentro de la familia, ha permanecido a la zagadebido a la indiferencia de una amplia proposición de padres y de autoridades, todas creadores de complejos problemas de salud, de educación y de trabajo, de los niños y adolescentes; de esta edad que tiene la enorme trascendencia de permear y dar color a toda la existencia, llenándola de la tristeza o la alegría, del rechazo o la aceptación, del abandono o de la atención, que la llevarán en la adultez al fracaso o al éxito, según el grado de amor que haya recibido en sus primeros años.
Examinando el Código Civil encontramos el vacío cuando se trata de definir el contenido de instituciones tradicionales como la patria potestad, la adaptación, o la tutela, y la guarda de menores. Ese cuerpo legal sólo se refiere a la exterioridad de la relación jurídica. Pero no a las cosas íntimas, que son la base familiar del complejo desarrollo del ser humano, todavía niño, y cuyo futuro apenas comienza a forjarse. Definitivamente la ley, por su generalidad y por regir fenómenos externos, nunca podrá suplir a la acción humana y a su desarrollo y significados, pero sí puede regir actos externos que afectan el sentido de la vida misma para el niño que debe ser protegido en su crecimiento, pues no debemos olvidar que el amor paternal, siendo de naturaleza subjetiva, se manifiesta también en actos externos que sí pueden y deben ser regulados por ley.
Desde el establecimiento de los jueces de lo familiar, de ha comenzado a difundir la conciencia de que la patria potestad, la adaptación y la tutela de los menores, comprometen a sus titulares a dar cuenta de la salud y el bienestar de ellos, a dichos jueces, a autoridades de protección a la infancia o aun a las autoridades de adultos, en otros múltiples casos.
Dentro de esa función de dar cuenta de la salud y el bienestar del hijo de familia, debe caer una fenomenología muy compleja que habitualmente lo afecta en sus diversas edades: la exposición del hijo, su abandono, el propósito francamente insano de matar de hambre, sed o frío al recién nacido; el propósito de regalarlo, venderlo o alquilarlo, así como los múltiples casos de rechazo, insultos, golpes y lesiones, unidos a otros tipos de malos tratos. Poner un freno a todas estas realidades y atacarlas desde el punto de vista legal y práctico es lo que se ha propuesto, entre otras cosas, este Código, tomando como base su necesaria homologación con otras leyes vigentes.
Pretende también terminar con la complacencia antigua de las leyes, ante la omnipotencia de los padres, que podrían cometer toda clase de atrocidades con sus hijos, incluyendo golpes y lesiones y, ofreciéndoles ayuda todavía para que pudieran "educarlos". A este respecto se establece la derogación expresa de las disposiciones que autorizan el maltrato de los hijos, tanto en el Código Civil como en el Penal.
No podemos olvidar que el único origen del niño son sus padres; también su única fuente de amor; y que en las condiciones actuales de la vida humana, su papel ante el futuro del hijo y su formación, es insustituible. A pesar de ello, seguimos llegando al matrimonio y a la paternidad, sin preparación alguna. De ahí surge la necesidad de educar a los futuros padres de familia y de tomar en cuenta, en esa educación, el cultivo de su sensibilidad que ha sido tan abandonado en la educación nacional.
De acuerdo con el artículo 3o. de la Constitución Política de la Nación. "La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano", pero no ha podido desarrollarlas armónicamente, porque se ha descuidado el cultivo de la sensibilidad, cuya principal puerta de entrada es la formación estética del niño. Debemos hacernos eco de sus inclinaciones artísticas, que hemos de respetar, educar y fomentar, facilitando el despertar de la creatividad, como la expresión más elevada de la evolución del niño y el adolecente.
El cultivo del arte nunca es egoísta. Siempre se produce para que los demás gocen, critiquen, aplaudan, etcétera, lo que implica que nuestros semejantes son tomados en cuenta, cosa que no siempre sucede con el mismo sentido positivo, cuando se practica la educación física o se realiza la educación académica. Aquél tiene el más funcional sentido de adaptación social.
Cuando a un niño le faltan sus padres, aprende a percibir el dolor del hambre, sufre la presencia fría y endurecida de otros adultos que no son sus parientes: a nadie le importa si le duele algo o está enfermo; si
tiene frío o sed y cuando alojamos a un niño abandonado en un internado, aprende a defenderse contra la frialdad emocional de sus encargos, perdiendo la sonrisa, endureciendo el gesto y agrediendo.
Hemos dicho que los padres son insustituibles. Su falta es de toda una tragedia, pero ella es aún mayor, cuando los propios padres rechazan al hijo, lo maltratan o lo explotan, negándoles toda protección; es entonces cuando se ve que un Código de Menores será insuficiente para perseguir a los dañadores de su propio hijo, al recaer la acción en las leyes civiles, penales o administrativas. Cuando los hechos se deben a ignorancia, el camino es la capacitación para ser padres de familia; pero cuando se deben a inclinaciones perversas, a neurosis o a sicosis, el camino cambia hacia la acción penal o hacia el tratamiento médico. y todos estos campos son del ámbito del derecho común que debe ser modificado adecuadamente, ya que no basta con decir, como lo proponemos, que quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a los fines de interés público de la presente ley, sino que es necesario crear disposiciones legales que obliguen y aun persigan a los irresponsables, a los incumplidos y a los agresores, tránsfugas del amor familiar, y aún reglamentar las que son poco claras o expresas.
No nos es ajena la realidad de que muchas de las instituciones que menciona este Código, ya están tratadas por otros cuerpos legales; por eso tiende a dar a las mismas un sentido protector de la infancia que en la actualidad no poseen muy claramente, ya que por regir concretamente una materia, no por ello suelen tener dicho sentido. Por otro lado, si una disposición ya vigente se opone al contenido tuitivo del Código, queda derogada y si no se opone queda complementada o aclarada en su sentido protector. Tal es el caso, V. gr., de la patria potestad en que este Código aclara, entre otras, la obligación de los jefes de familia de dar estímulos a sus hijos, considerando que muchas veces la conducta de los niños se desenvuelve gracias a ellos. Con igual razón, otra disposición establece la obligación de las autoridades de hacer que en la vía pública los niños reciban protección, cosa que no es común actualmente. De igual manera, cuando los niños todavía están en la escuela primaria, hacen su ejercicio diario de lectura en los letreros o carteles que se encuentran en la calle; si estos están mal inscritos o con faltas de ortografías, como es frecuente, los niños memorizan y repiten esta notoria muestra de incultura, en lo privado, quedando desorientados.
Cuidar, pues, el ejemplo que el niño recibe dentro y fuera del hogar, es importante para guiarlo adecuadamente.
Aunque reconocemos que la familia unida por el amor es la que se integra y organiza mejor para la formación y capacitación de sus hijos, siendo ese núcleo la base de su desarrollo emocional, educativo y material de cada uno de sus miembros, existen todavía los impedimentos de hecho, de la excesiva juventud de los contrayentes o de la ausencia de los padres biológicos de hijos sin hogar, o de madres solteras que demuestran, con su inadaptación a los fenómenos de la maternidad y la familia, su inmadurez, su hipoevolución, además de que, por la predominación de los egoísmos en las edades juveniles se suscitan múltiples conflictos que los afectan y que no saben resolver. Para ello se establece en cada institución asistencial, el servicio de la consultoría familiar que debe estar a cargo de personas no sólo preparadas profesionalmente, sino ampliamente experimentada.
Son muchos los aspectos en que los humanos fallamos gravemente para la formación de nuestros hijos y no nos percatamos fácilmente de la trascendencia que tiene un estado de humor pasajero, una actitud entre el niño y sus problemas, una situación permanente de desintegración o desorganización familiar que el niño sufre, a pesar de que no tiene capacidad para percibir y reclamar.
Y los adultos inconscientes de ello, todavía caemos en la constante interrogación de la forma de evitar que un niño se convierta en infractor. Deberíamos percatarnos de que cada niño, mientras más pequeñito, más requiere de la presencia y protección directa de la madre, que deberá durar cuando menos los cuatro primeros años de su vida, hasta que pueda ir por un rato en las mañanas a la sección maternal de la escuela de párvulos o al jardín.
Si el niño no va a esas instituciones, la madre con frecuencia lo deja peligrosamente solo durante la mañana, a menos que sea sustituida por otra persona, como podría ser la abuela, o la niñera de una guardería, pero seguimos viendo las tragedias que causa la soledad del niño pequeño. Si nos preguntamos cuáles deben ser las funciones que la madre realice ante su hijo, veremos que el contacto de piel a piel favorece extraordinariamente el amor de la madre aumentándolo, y la sensación de sentirse amado y, por lo tanto, protegidos y en seguridad, por parte del niño. La madre vigila que él no ejecute actos peligrosos, que esté suficientemente abrigado que tome oportunamente sus alimentos, que duerma todo el tiempo necesario, juegue, comience a tener amiguitos de su misma edad, realice nuevas experiencias, principalmente cuando ya camina y, por lo tanto, que toda su proceso de maduración vaya avanzando lentamente, de acuerdo con los requerimientos de su edad; pero que de ninguna manera haya algo que lo lastime, lo haga sufrir, lo desoriente o lo ponga en conflicto.
Estamos de acuerdo con algunos autores en que las características que debiera reunir una familia para evitar que un niño se convierta en un futuro delincuente, son: 1o. El amor del padre por sus hijos, 2o. El amor
de la madres - son dos amores diferentes - , 3o. La disciplina del padre, 4o. La vigilancia de la madre y 5o. la cohesión familiar.
De tales características se desprenden las consecuencias de apoyo y solidaridad, de autoridad moral, protección y seguridad, de confianza en la fidelidad de los suyos, de ser respetado como persona, de poder modificar las cosas en lo material o expresar opiniones; de tener el sentimiento de pertenencia al núcleo hogareño y de que durante el descanso como durante toda actividad se encuentre el contento o descontento normales ante la situación.
Cuando nuestra sociedad se queja de que los menores no quieren asistir a la escuela; de que se suelen de su hogar a vivir por sí mismos sin tener recursos; de que se intoxican con diversas sustancias que les hacen perder definitivamente la salud, sin esperanza de recuperarla; o de que formen parte de grupos de protesta, o de bandas juveniles, etcétera, parece no comprender la enorme trascendencia del hogar que ha dejado de serlo, para convertirse sólo en núcleo conflictivo en que falta el amor y sobran los motivos que lo desorganizan y lo hacen disfunsional. La presencia del desamor y el conflicto en el núcleo familiar, se asocia con la incultura general, la frustración y la agresividad de una gran mayoría de la población que no he terminado siquiera su instrucción primaria y de esta manera se cometen diariamente una gran cantidad de errores que facilitan los conflictos o el vicio; o que producen fáciles víctimas y actores en la delincuencia.
Son hechos conocidos los siguientes:
1. Que mientras menos cultura tiene un individuo más fácilmente cae en la delincuencia violenta; 2. Que cuando es menor su escolaridad comete muchos más delitos que cuando posee estudios superiores y 3. Que cuando la persona en más inculta repita más fácilmente sus delitos, cosa que no acontece cuando tiene estudios.
Cuando los niños ya asisten a la escuela y enfrentan los problemas de la convivencia forzada con otros niños y los adultos que se hacen cargo de ellos, surgen las primeras experiencias y las tensiones que el niño debe resolver por sí mismo o con la ayuda de sus respectivos maestros, en un ejercicio inicial.
También con la escuela surge la necesidad de estar quieto y poner atención al maestro aprender a resolver los pequeños problemas que aquél plantea y con el ejercicio diario ir adecuando la memoria para aplicar las soluciones oportunamente en lo futuro. Cuando el niño es muy inquieto, falto de atención o desmemoriado, estos son datos que indican la posible necesidad de educación especial.
Los años transcurren, los grados de la escuela aumentan y el entrenamiento del niño mejora. Los maestros, desde el jardín de niños hasta cuando el adulto se doctora en alguna especialidades, ejercen una función, alguna especialidad ejercen una función permanente: plantear problemas y buscar caminos de solución para hacer que ésta sea justa y satisfactoria. De esta manera, toda escuela prepara al ser humano para resolver problemas. Cuando el individuo ha ido mucho tiempo a la escuela independientemente de los conocimientos que en ella haya adquirido, queda entrenado para evitar los conflictos, planteados y resolviendo correctamente los problemas presente. Por este manejo de las situaciones, evita la violencia y pocas veces cae en la delincuencia, o su reiteración. Si se observa lo que representa la asistencia a la escuela para lograr la capacitación lenta y eficaz del niño, encontramos siempre que la simple decisión de asistir contiene el amor de los padres, pero además, el propósito de las autoridades de evitar la ignorancia.
La falta de estudio del niño, sus faltas de asistencia y su deserción escolar que el Código encara, nos demuestra frecuentemente la insuficiencia del amor familiar que está recibiendo y la indiferencia de las autoridades educativas, que desemboca en la incapacidad del individuo para el trabajo y para el amplio trato humano en que es víctima permanente de conflictos que no sabe resolver.
A su vez, dentro de las escuelas podemos ver fácilmente cómo los alumnos son más o menos aprovechados y obtienen buenas calificaciones. Parece no haberse ocurrido a los investigadores el correlacionar el grado de amor que el niño recibe en su familia, pues ya se ha demostrado que el amor no consiste sólo en dar, sino en hacer que se cumplan deberes, que se reciban esfuerzos de la persona amada, o aunque se hagan sacrificios. El amor que sólo da, pero no exige, o el amor que sólo recibe sin dar a su vez, no es amor. El amor correspondido es el único que merece este nombre. De ello se desprende que la conducta sobreprotectora no sólo no es amor sino que llega a ser rechazado cuando coexisten las atenciones de una parte y las agresiones de la otra.
En el hogar de los menores infractores, y aún en la de los adultos delincuentes, encontramos, con la desorganización, la deserción escolar, además de frecuentes enemistades infrafamiliares, notoria falta de amor indiferencia ante los problemas de otro e incongruencia entre una actitud verbal de apoyo y la acción inmediata que debería seguirla, pero que no se produce.
De lo dicho de desprende que la falta de amor familiar y la falta de escolaridad, entre otras, son dos causas inmediatas graves y eficientes, que conducen al individuo hacia la incapacidad social y hacia el delito, razón por la que debemos crear conciencia de estos importantes hechos en los padres.
Lo que queda de la familia es el origen frecuente de lo positivo y lo negativo que los hijos realizan durante su vida. No la marcamos como la única responsable, porque tomando en cuenta a Ortega y Gasset, cada individuo vive la influencia de otros factores y además se coloca por sí mismo, en
circunstancias especiales que no siempre son previstas conocidas o modificadas por la familia. Un individuo es producto de su familia, de sus circunstancias y de su esfuerzo, como un anciano es producto de su infancia, su adolescencia, su juventud y su madurez. No debemos olvidar que en la infancia y en la adolescencia se forman hábitos, buenos o malos, y que los hábitos primero formados desde la más tierna infancia, prevalecerán hasta la vejez, pese a todas las presiones sociales en contra incluyendo la persecución penal y las cárceles.
De todo ello se deriva la enorme importancia que tiene, poner nuestra atención en el niño y en su familia, ya que de ella depende el estar bien nutrido, el cuidar de su salud, el velar su oportuna entrada y salida de la escuela y su aprovechamiento; el evitar su trabajo prematuro y responsabilidades que no está capacitado para asumir; el evitar que tenga amistades inconvenientes, y las influencias inadecuadas de los centros de diversión, de prostitución de vicio o de delincuencia.
Durante mucho tiempo y en diversos puntos del país se ha pretendido dar un Código de Menores para permear con su espíritu protector las instituciones tradicionales e ir creando las nuevas, más adecuadas al bienestar infantil y juvenil. se ha asegurado que no es necesario el Código del Niño, a menos que se cree un Código para cada edad; para el adulto y para el anciano. No se ha percibido que la minoría de edades es la base de lo que serán los jóvenes, los adultos y los ancianos, cosa que no sucede a la inversa. Además, con la vigencia de nuestras leyes tradicionales, seguimos viendo niños abandonados, sin protección alguna; seguimos observando niños física o mentalmente impedidos, que están desatendidos a pesar de la existencia de instituciones de educación y de tratamiento médico especiales; continuamos teniendo niños rechazados, maltratados y golpeados que no están siendo protegidos ni por sus padres ni por las autoridades. Con un Código de Menores, se establecen ya las condiciones y reglas mínimas necesarias para que el Gobierno y las instituciones especializadas tomen a su cargo, total o parcialmente, los casos en que los padres no han cumplido con sus deberes o los han cumplido insatisfactoriamente, pero no se les exime de la obligación de contribuir con sus esfuerzos personales, para que sus hijos sean debidamente atendidos. No deseamos establecer la imposible hipótesis de que el Estado sustituya en sus obligaciones y derechos a los padres de familia con respecto a los menores, ya que padre y madre son insustituibles, debido a que todas las acciones, esfuerzos o aportaciones que hacen a la vida de sus hijos, tiene habitualmente una calidad emocional que no puede ser sustituida por ningún extraño, aun que sea el seleccionado y capacitado personal de alguna institución prominente.
Sin embargo, cuando los padres incumplen sus deberes, ha habido casos, que todos recordamos de personas que voluntariamente han asumido la guarda de los menores, dándoles amor - primera necesidad del niño - , y exigiéndoles cumplir sus pequeñas obligaciones. Actúan con o sin las formalidades legales, pero siempre son eficacia. El Código estas situaciones y las acepta, sin evitar que los padres colaboren para mejorar la situación de sus hijos.
Igualmente trata de mejorara la eficacia de las instituciones, exigiendo la selección, capacitación y actualización del personal y el establecimiento de los medios de control documentario de la evolución de cada menor atendido por ellas, como trata de lograr que los padres atiendan directamente o personalmente a sus hijos y que den cuenta a las autoridades competentes, respondiendo de sus actos.
Otros fenómenos se presenta socialmente: padres que quieren a sus hijos y que no saben cómo guiarlos o protegerlos. En cualquier nivel en que se presente esto, nos demuestra la necesidad de ilustrar, guiar y orientar a los padres mediante la educación específica para ellos o mediante consultas con personas especializadas. Ambos aspectos son contemplados en este Código, pues por mucho que se multiplicaran las escuelas para padres de familia, nunca lograrían captar a toda la población que requiere ser educada. De ahí la necesidad de establecer, como la propugna el Código, los programas de educación paternal dentro de los programas comunes de la educación escolar que se imparten desde el jardín de niños hasta la enseñanza media superior, que comprende a las preparatorias, las normales y las escuelas vocacionales. Con un total mínimo de 12 años, puede ir recibiendo la conceptuación y el entrenamiento necesario en las cosas comunes, que a veces son esenciales en la vida familiar agregando la posibilidad de que el joven que ha terminado la secundaria, al pasar a la enseñanza medio superior, esté en condiciones de discutir problemas, de plantearlos correctamente y llegar a conclusiones respecto del contenido mismo de la vida familiar práctica y de sus conflictos.
Hasta la fecha no se han realizado esfuerzos por establecer la capacitación de los padres de familia a través de los programas escolares, pero tenemos esperanzas de que al ponerse en vigor este Código, se establezca un primer intento programático para que el mayor número posible de niños y jóvenes cuando lleguen a la paternidad, sean mejores padres o tengan un entrenamiento mínimo, pero eficaz, para tener la conciencia de que van a dar paso importante en la vida al fundar un nueva familia y para enfrentarse a los problemas de la vida conyugal y familiar.
Y ahora bien, en relación con las labores infantiles que la realidad social nos obliga a abordar, la Constitución Política de la República, en su artículo 123, apartado A), fracción III, dice que está prohibida la utilización
del trabajo de los menores de 14 años, y los mayores de esa edad y menores de 16 años tendrán como jornada máxima la de seis horas. A su vez, la Ley Federal del Trabajo indica, en su artículo 5o. entre otras prohibiciones, las de las horas extraordinarias de trabajo para los menores de 16, o el trabajo nocturno industrial, y el trabajo después de las 22 horas. A su vez el artículo 22 de esta última ley establece en cuanto al trabajo de los menores los casos de excepción cuando los apruebe la autoridad correspondiente si a su juicio hay compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
En la realidad social de México encontramos muy frecuentemente a los menores de 14 años y a los mayores de esta edad y menores de 16, trabajando, a pesar de que no han terminado su educación obligatoria, con la autorización oficial o sin ella.
La causa fundamental es la necesidad económica de los familiares adultos, que normalmente desean que los sostengan o les resuelvan sus problemas el menor.
Concordando con las leyes federales, este proyecto de Código de Menores establece también la absoluta prohibición del trabajo de los menores de 14 años y la de los menores de 16 cuando no hayan terminado su instrucción primaria, pero da el camino para que se cumpla con la prohibición, estableciendo, a cargo de las autoridades asistenciales la obligación de dar despensas familiares y otros auxilios económicos a los familiares del menor para evitar que éste trabaje. Pero también establece condiciones al ordenar que los adultos concurran a capacitarse para el trabajo durante el tiempo en que se les otorgue la despensa semanaria, y también les obliga a mantener limpio su hogar, y hacer que el menor concurra a la escuela puntualmente y cumpla con sus tareas. A su vez, capacitados los adultos para trabajar, se establece la posibilidad de que la autoridad que otorga las despensas les consiga trabajo. El menor deberá continuar estudiando para cumplir con su educación obligatoria, cuando menos.
Múltiples veces hemos visto niños que trabajan en la vía pública y en otros lugares peligrosos e insalubres, a pesar de las prohibiciones de la Ley Federal del Trabajo. Situación tan anormal tiene el efecto de que el niño que ya trabaja abandone la escuela, con lo cual queda gravemente desarmado para resolver los problemas de la vida diaria, así como los del futuro adulto que él llegará a ser. Esto hace que haya una enorme cantidad de adultos impreparados para el trabajo, que solamente pueden presentar servicios de última categoría. Como su número se eleva a millones de personas, hay muchos que se quedan desempleados. Tal es la razón por la que, en términos generales, el menor no deba trabajar ya que quedará incapacitado no sólo para laborar en cosas complejas sino para resolver problemas comunes de su vida diaria. se ha visto claramente que no basta que la ley prohiba u ordene algo, sino que debe dar claramente los caminos para que se pueda cumplir con sus órdenes o sus prohibiciones. Por ello, el Código de Menores establece los caminos para cada uno de los problemas y, aun previstos, no todos se pueden prevenir, razón por la cual esta ley seguramente no es todo lo perfecta que podría desearse. Lo que es más, tiene múltiples imperfecciones, que no ha sido posible superar, dentro de nuestra habitual condición humana.
Uno de los problemas que efectúan al 10% de la población de México es la invalidez de múltiples niños y adolescentes que padecen alguna anomalía grave, como es el caso de los deficientes mentales, o de quienes tienen trastornos del lenguaje, de la vista, de la audición, del aparato locomotor o de la conducta, en tanto que otros encuentran dificultades en el aprendizaje.
Cuando en un hogar nace un niño anormal, tras el dolor que esto implica para los padres y hermanos, viene la pregunta acerca del origen de tales padecimientos. Surge después la multa inculpación de uno para el otro de los padres y desaparece la tranquilidad del hogar, que va cayendo lenta, pero seguramente, en desorganización. Esto afecta a todos y echa a perder la vida familiar para lo futuro, y además viene la búsqueda de soluciones, pero no siempre está al alcance de la familia el encontrar caminos para mejorar su situación. Unos padres demuestran su cariño al hijo llevándolo a todas partes y dándole la oportunidad de desenvolverse; otros cometen el error de abandonarlos, esconderlos e impedir que se desarrollen dentro de sus posibilidades. Por eso es tan importante que las autoridades demuestren su interés por ayudar a desenvolver a estos niños que, en la mayoría de los casos, pueden ser aprovechados socialmente, al bastarse a si mismos, a condición de que lo más pronto posible, procedente, se les atienda para que aprovechen los beneficios de una terapia bien dirigida y de la educación especial.
Se hace indispensable lograr que con la ley y con las instituciones, que en relación con la niñez y con su núcleo básico, la familia, existen, surja una nueva posibilidad de lucha y de apoyo para los más débiles que son los niños y para su base social que es la familia.
A pesar de toda la educación que se imparta y de las nuevas leyes que se expidan, seguirán existiendo conflictos familiares, padres o niños enfermos física o mentalmente, conflictos de trabajo, diversas opiniones o puntos de vista entre los miembros de una misma familia, etcétera, pero esta problemática será posiblemente menos extensa y cruel que la que actualmente percibimos y que llega al extremo, nunca visto antes, de que la madre abandone al marido y a sus hijos pequeños, para no verlos más.
Seguramente se notará que al esforzar el hogar, disminuirá la conducta antisocial de los menores; pero aunque aumente por la
necesaria complejidad de la vista diaria de las grandes ciudades, ya se reforma también la función y la actitud de los consejeros tutelares para enfrentarse al problema con criterio protector y nunca punitivo o autoritario. La serie de reformas aumentarán la comprensión del funcionario por el ser humano de las diversas edades, con la finalidad de disminuir el fenómeno de la reiteración de la conducta desviada, por parte del menor. Se respetan las garantías constitucionales para el menor que llega al Consejo Tutelar, al establecer el término de 48 horas para decidir inicialmente su situación jurídica, y también con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor; pero se garantiza, mediante la lectura de los estudios técnicos de la personalidad y la familia que habrá mayor comprensión para los niños y los adolescentes. Cuando el menor, cualquiera que hubiese sido la gravedad de la conducta que realizó sea devuelto a la autoridad moral de sus padres, se le brindará la oportunidad de rectificar y a ellos la de cancelar con más efectividad el comportamiento del niño, si cumplen las recomendaciones que se les han hecho para su manejo.
Debemos recordar que el menor no por ser infractor, deja de ser menor e incapaz La infracción misma es el equivalente del grito que lanzara el niño pidiendo que se le protegiera, se le educara, se le tuviera ocupado y se le orientara, como pasa con los niños que en sábado y domingos cuando no hay escuela, cometen errores de conducta que equivalen a la petición dirigida a su padres: "tenme ocupado para que no cometa ya nuevos errores," cuando éstos ya han sucedido. De ahí que la ley propugne por la coordinación de las autoridades para que todo niño tenga ocupación útil, deportes o actividades culturales e incluso productivas, evitando así que el ocio lo haga presa fácil y lo induzca a la conducta antisocial. A su vez, el evitar luchas y conflictos estériles dentro del hogar, permite que el niño goce de sus padres, de la educación familiar y de la tranquilidad hogareña, teniendo menos posibilidades de caer en hechos antisociales, al impedir su refugio en pandillas en que espera encontrar el apoyo, la autoridad y la disciplina que tendría en un hogar organizado.
Por ser de justicia, hacemos notar que después de informarnos en varias decenas de obras y trabajos, relativos al tema que nos ocupa, y de reconocida seriedad como es el de los resultados del "Sexto Congreso de las Naciones unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente", celebrado en la ciudad de Caracas del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980; así como también los derechos de los menores en distintos países capitalistas de diferentes niveles de desarrollo; pero sobre todo hemos tomado en cuenta a los autores que estudian nuestra realidad. De este modo encontramos el "Proyecto de Código de Menores para el Distrito Federal", cuyo autor es el destacado doctor en derecho, Héctor Solís Quiroga, quien ha dedicado toda su vida profesional a los problemas de menores de edad, ya fuera como abogado, como pedagogo o como sicólogo, o como todo a la vez; y su trabajo recoge la mayor de inquietudes y necesidades sociales en este aspecto. Por ello, el equipo asesor coordinado por el licenciado Armando Torres y el suscrito, determinamos tomar como base en la elaboración de la presente iniciativa de ley el mencionado trabajo, previa autorización y colaboración del doctor Héctor Solís Quiroga.
PRIMERA PARTE
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Este código regula protección, asistencia y vigilancia en favor de los menores de dieciocho años de edad, dentro y fuera de su núcleo familiar, siendo sus disposiciones de interés social.
Artículo 2o. Cuando los menores infrinjan las leyes penales, los reglamentos, las disposiciones paternas, o causen daños así mismos, a su familia, a la sociedad o se en encuentren en situación irregular o de riesgo, ameritarán la intervención preventiva del Consejo Tutelar.
Artículo 3o. En la aplicación de este código siempre se tomará en cuenta:
I. Su finalidad protectora, nunca punitiva ni represiva, en favor de los menores de edad.
II. Los lineamientos de la política estatal de bienestar del menor, definidos por la legislación pertinente y por las instituciones;
III El contexto socioeconómico y cultural en que se encontraren el menor y sus padres, adoptantes, tutores o guardadores, y
IV El estudio de cada menor, de sus familiares y su medio, realizado por el equipo científico y técnico en los aspectos médicos, pedagógicos, sociológicos, familiares y sociales.
En todo caso se considera preferentes los intereses trascendentales del menor, predominando éstos cualquier otro interés jurídico o socialmente tutelado.
Artículo 4o. El Estado para los efectos protectores de esta ley, deberá crear centros especializados de recepción, observación y permanencia de los menores, que estarán obligados a coordinarse con las autoridades competentes. Podrá solicitar la colaboración de los padres de familia, adoptantes, tutores o guardadores de los menores, así como de las instituciones públicas o privadas de asistencia, salud, protección y educación.
Artículo 5o. Las medidas de asistencia y protección de que se ocupa la presente ley, serán necesariamente acompañadas de la comprobación, anotación, rectificación o regularización del registro civil del menor.
Artículo 6o. Las autoridades del Ejecutivo organizarán su administración de tal manera que todo niño pueda disfrutar de :
I. Parques donde recrearse, jugar, y permanecer lejos de peligros:
II. Lugar adecuado en las escuelas;
III. Servicio médico;
IV. Educación especial, cuando la requiera;
V. Protección de los agentes de la autoridad y los policías, y
VI. Escuelas artísticas, bibliotecas y teatros para niños.
Artículo 7o. Las propias autoridades vigilarán que los menores no reciban ejemplos poco edificantes en la vía pública. Para ello cuidarán:
1. Que no haya escándalos en la vía pública.
2. Que en está no permanezcan personas alcoholizadas, o que estén bajo la acción de drogas; sean vagos ejerzan la prostitución o estén permanentemente desaseadas;
3. Que no haya expendio de bebidas embriagantes de consumo directo, prostíbulos, centro de vicio, cerca de las escuelas a una distancia menor de quinientos metros, y
4. Que los anuncios y letreros oficiales y particulares estén bien escritos y no tengan faltas de orografía.
Artículo 8o. Las mismas autoridades vigilarán que los comercios no vendan a los menores de edad, solventes, cementos, gasolina u otros productos industriales de alta toxicidad, que puedan usar como inhalantes para drogarse. La venta ilegal de tales sustancias será sancionada de conformidad con las leyes correspondientes.
Artículo 9o. El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o el equivalente, en su caso, llevará a su cargo el registro total de las instituciones públicas o privadas, federales o locales que para protección, salud, asistencia, educación común o especializadas de menores, que existan. Igualmente quedarán registrados los profesionales que ejerzan labores especializadas o que, de alguna manera, sirvan a los mismos fines, para que, con carácter de servicio social, se les tome en consideración cada vez que se presente la necesidad de recurrir a ellos.
Artículo 10. Toda institución, o persona de las mencionadas en el artículo anterior, tendrá a su cargo un archivo respecto de sus menores internos, pacientes, alumnos o asistidos, y promoverá su escolarización, su capacitación o su profesionalización.
Artículo 11. Toda institución dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, debe contar con una biblioteca acerca de los asuntos de la infancia, la adolescencia y la familia a disposición de todos sus derechohabientes, para facilitar la consulta, aun la urgente, sobre problemas de esta célula básica de la sociedad.
Artículo 12. Todas las dependencias oficiales o instituciones privadas, que tengan fines recreativos, artísticos, deportivos o culturales, coordinarán sus labores entre sí, de manera que sean ocupadas las horas libres, ocasionales o habituales, fines de semana y vacaciones de niños y adolescentes para evitar que caigan en la vagancia, la mendicidad, la drogadicción, los vicios o la antisocialidad.
Artículo 13. Se considera el juego infantil elemento esencial para el óptimo desarrollo del niño. En consecuencia, el Estado instituirá los parques infantiles y las dependencias necesarias ludotecas, para la adquisición, préstamo y reconstrucción de juguetes, principalmente en las colonias pobres, a efecto que todo niño pueda contar con los que les sean indispensables.
Artículo 14. Toda persona menor de 18 años que se encontrare en la vía pública abandonada, trabajando, vagando o mendigando, será atendida de inmediato por las autoridades o instituciones de bienestar social, públicas o privadas y trasladada, por quien la hubiere detectado o descubierto, a la autoridad o institución más idónea para la solución de sus problemas.
Artículo 15. Siempre que cualquier autoridad se percate de la situación irregular, de riesgo, o de necesidad de un menor o de su familia, comunicará el caso a las autoridades especializadas o asistenciales, para con la debida urgencia, intervengan para su protección.
Artículo 16. Queda prohibida toda publicidad negativa o desfavorable para los menores de edad. Cuando se desee la localización de un menor desaparecido, se publicarán, a través de todos los medios de difusión, sus datos personales de identificación y los informes acerca de sus recientes actividades y de los lugares en que se le vio las últimas veces.
CAPITULO II
De la protección familiar y legal
SECCIÓN "A"
De los padres
Artículo 17. Las disposiciones de Código Civil acerca de la patria potestad, la adopción y la tutela de menores, continuarán la base de aplicación de la presente ley.
Artículo 18. Desde que una mujer inicie su embarazo, tiene derecho a ser atendida médicamente. Para este efecto las autoridades sanitarias, educativas, o asistenciales, tienen la obligación de otorgarle los servicios que requiera, para lo cual coordinará su colaboración a efecto de cuidar su buen estado de salud y nutrición, durante el embarazo y toda la época perinatal, continuando sus cuidados al infante.
Artículo 19. Se declara de interés público el ejercicio directo de la patria potestad, en favor de los menores de edad que convienen con sus padres. En consecuencia las autoridades
correspondientes ajustarán su actuación a esta norma.
Artículo 20. El ejercicio de la patria potestad se presume siempre instituido en favor de los hijos y con sentido protector y transcendente, para formar íntegramente a los futuros adultos, dentro de la vida habitual de la familia. Durante ala minoridad presupone la convivencia dentro del hogar y la satisfacción por parte de los adultos de las necesidades materiales, afectivas, morales y sociales de quienes están sujetos al patrio poder y la enseñanza a los hijos en todos los aspectos que ellos debieren cumplir a través de la formulación de sus hábitos. La patria potestad comprende, cuando menos, cubrir oportuna y adecuadamente la alimentación, el vestido, la habitación, el cuidado de la salud física y la mental, formar hábitos útiles en el menor y proporcionar la educación familiar, escolar y extraescolar posibles, hasta dejar capacitado el hijo para enfrentarse por si mismo a la vida. Comprende, igualmente, el proporcionar al hijo constante buen ejemplo, estímulos para actuar, aprecio de sus logros y libertad progresiva, bajo un sentido humano y práctico de interdependencia con la familia, la patria y la comunidad internacional.
Artículo 21. Quienes ejerzan la patria potestad, la adopción, la tutela o la guarda de menores que vivan a su cargo, están obligados a cuidar que al niño nunca le falten los elementos necesarios para su normal formación, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 22. Son prioritariamente responsables de la salud y el bienestar del menor, sus progenitores, quienes, en su caso, deberán dar cuenta de ellos, a las autoridades de protección y asistencia a la infancia y la familia, en demanda de apoyo.
Artículo 23. Quedan prohibidos los gritos, los insultos, los golpes, las amenazas, las violencias y el rechazo, como medios de que los padres puedan valerse para la corrección de sus hijos. La infracción de esta disposición se tomará en consideración por los jueces de familia para los fines de la suspensión y, en su caso la pérdida de la patria potestad.
Artículo 24. Todo abuso de fuerza física que los padres cometan habitualmente contra sus hijos, cualquiera que sea su resultado, producirá como efecto legal la suspensión o, en su caso, la pérdida de la patria potestad; y en los casos de golpes, lesiones o daños graves causados a los niños o adolescentes por sus padres, además motivarán la consignación penal respectiva.
Artículo 25. Cuando el niño o el adolescente sean abandonados o rechazados habitualmente por sus padres, en su hogar; o sean objeto de malos tratos, gritos, injurias, golpes, lesiones o discriminaciones ofensivas, la autoridad competente buscará su ubicación en familia de parientes, amigos, o en instituciones abiertas, para ser debidamente atendidos.
Artículo 26. Cuando, con permiso o sin él, un menor deje de vivir con sus propios padres, éstos quedarán obligados a dar cuenta al DIF respectivo, que anotará las causas de ello y procederá como sea más conveniente a los intereses del menor y su salud.
Artículo 27. Cuando algún menor no conviva con sus padres éstos quedan obligados a declarar y probar, ante el Juez de lo Familiar, las razones de esta situación. los particulares que tuvieren conocimiento de estos casos, estarán obligados a comunicarlos a la Procuraduría de la Defensa del Menor.
Artículo 28. Cuando una familia reciba en su seno transitoria o permanente a una persona mayor de 18 años para que viva a su cargo, estará obligada a informar a la procuraduría de la Defensa del Menor, la que procederá conforme a sus facultades.
Artículo 29. Todo padre de familia está obligado a capacitarse en los centros de salud y otros adecuados, para dar oportunamente educación sexual. Quienes no desean hacerlo personalmente, recurrirán al médico de la familia, a la escuela, u otras instituciones, de tal manera que puedan evitar el embarazo prematuro, las enfermedades venéreas y las perversiones sexuales en que pueden verse implicados sus hijos durante la infancia y la adolescencia.
SECCIÓN "B"
De los adoptantes, tutores y guardadores
Artículo 30. Es de interés público el cumplimiento de las obligaciones de los adoptantes, de los tutores o guardadores, en favor de los menores que, por falta o sustitución de los padres, deban convivir en ellos.
Artículo 31. Cualquiera que sea el grado en que ejerzan sus funciones, los padres, adoptantes, tutores o guardadores de los menores, están obligados a cubrir los requerimientos del artículo 20 de esta ley, y a dar cuenta al Juez de lo familiar sobre cualquier aspecto de la vida de aquéllos.
Artículo 32. Cuando, en los términos de la legislación civil, se pretende adoptar a una persona menor de 18 años, legalmente se dará intervención inmediata a la procuraduría de la defensa del Menor y al DIF que, con la atingencia del caso, harán las investigaciones pertinentes acerca de la calidad de los adoptantes y de sus ocupaciones habituales, así como la convivencia de que el menor viva con ello, para rendir informes detallados al Juez de lo Familiar.
Artículo 33. todo servicio asistencial o de orientación, se coordinará para mejorar el ejercicio de las funciones de patria potestad, adopción, tutela y guarda, en favor de los menores.
Artículo 34. Se entiende por guarda de un menor, a quien, no siendo el padre o la madre, ejerce por cualquier título, razón o pretexto, convivencia, vigilancia, educación, dirección o sostenimiento económico del mismo.
Artículo 35. Es causa de pérdida definitiva de la patria potestad, la adopción, la tutela y la guarda del menor, el hecho habitual de que se le perjudique, maltrate, lesione, explote, se le "alquile": o se pretenda "venderlo" La simple intención exteriorizada de tales hechos serán causa suficiente para la percepción penal de los responsables.
Artículo 36. Se concede acción pública y es obligación a cargo de todo adulto, denunciar ante las autoridades a los padres, adoptantes, tutores a guardadores que, de cualquier manera, ataquen la integridad del niño o del adolescente, y especialmente en relación con los recién nacidos, hasta antes de los dos años:
a) Cuando, se les deje solos sin atención alguna, habitualmente.
b) Cuando pretenda exponerlos, abandonarlos, "regalarlos", "alquilarlos" o "venderlos", o hayan consumado alguno de estos actos;
c) Cuando intencionalmente se provoque o se quiera provocar su muerte, omitiéndose su alimento, su abrigo o atención médica;
d) Cuando se les haga objeto de gritos, insultos, golpes, lesiones, y cualquiera otros tipos de violencia.
Si alguna persona, sabedora de las anteriores conductas ha omitido dar aviso a las autoridades competentes, será perseguida como encubridora del delito que resulte haberse cometido.
Artículo 37. Se aplicará todo el rigor de la ley a personas civiles autoridades policiacas o militares que torturen o atenten contra la integridad física de una menor de 18 años.
CAPITULO III
De la salud del menor.
Artículo 38. La atención de la salud del infante, como la del niño y el adolescente, es de interés público. Es obligatoria para las clínicas, los hospitales y los sanatorios dicha atención, en los términos de las leyes respectivas. Podrán si lo desearen, enviar sus cuentas al DIF que, previa revisión del caso, indicará qué institución asistencial deba cubrirlas.
Artículo 39. La atención pediátrica comprende: a) La defensa de la salud y la nutrición de la madre y del infante; b) La lucha contra la anomalías anatómicas y funcionales, cualquiera que sea su origen; c) La terapia oportuna e idónea contra las enfermedades y las anomalías adquiridas; d) La atención del desarrollo defectuoso o excesivo del cuerpo, los tejidos o de algún órgano o sistema en particular, o de su fisiología; e) La atención sicológica o siquiátrica del paciente para la prevención o curación de la neurosis, las sicosis, y en general de los padecimientos sicopatológicos; f) La de todo aspecto que afecte a la salud física o mental del menor.
Artículo 40. El pago de los gastos médicos, los honorarios profesionales y toda expensa necesaria se gestionará por turno riguroso que llevará al DIF, ante las instituciones registradas de asistencia pública, privada o especializada en cada tipo de padecimiento, incluyendo las de la seguridad social.
Artículo 41. En relación con los artículos anteriores, y con el fin de evitar la desatención médico sicológica, el abandono del tratamiento, o la intervención innecesaria de las instituciones hospitalarias, el DIF organizará el registro sistemático de las pediátricas y de los médicos y sicólogos generales o especializados, para atender sus turnos y su coordinación.
CAPITULO IV
De la educación de los menores
Artículo 42. La enseñanza básica - jardín, primaria y secundaria - será obligatoria, para los fines de esta ley.
Artículo 43. La educación básica a cargo del Estado tendrá a la formación armónica de la personalidad de cada educando. En consecuencia, atenderá, cuando menos, los aspectos físico estético y académico, distribuyendo sus actividades habituales entre ellos y sin descuidar ninguno.
Artículo 44. Al impartirse la educación estética, se tomarán en cuenta las inclinaciones de los escolares hacia alguna de las ramas del arte, para lograr su menor desarrollo, estimulando su creatividad.
Artículo 45. Todos los maestros de las escuelas oficiales y de las particulares, estarán obligados a evitar la deserción escolar, contando para ello con el auxilio del director respectivo y de las autoridades superiores.
Artículo 46. Todo maestro de grupo dará cuenta a la dirección de su escuela, acerca de la inasistencia de alguno de los alumnos, repitiendo el reporte cuantas veces suceda esto. La dirección hará lo que fuere necesario, dejando constancia escrita de cada gestión que realice. En caso de que no logre el retorno del alumno, en vez de darlo de baja, dará cuenta a la superioridad para que intervenga y logre que continúe asistiendo a clases en esa o en otra escuela.
Artículo 47. Las autoridades educativas de más alto nivel, pondrán su atención en los documentos y en las estadísticas escolares recientes y ordenarán se investiguen las causas de la deserción escolar, para establecer las políticas que tiendan a evitarla para el futuro inmediato, tanto en lo general, como en los casos particulares.
Artículo 48. Cada escuela de enseñanza básica, oficial o privada, mediante la promoción de la dirección y con asesoramiento de un sicólogo educativo o infantil formará una asociación de padres y maestros, para facilitar la colaboración entre unos y otros, con vista a la mejor resolución de los problemas individuales y colectivos de los escolares.
Artículo 49. En los programas de la educación se establecerá gradual y sistemáticamente, desde el jardín de niños, hasta la enseñanza media superior, tanto la educación estética y la física, como la necesaria para preparar a los futuros padres de familia.
Artículo 50. Los programas para capacitar a cada alumno como futuro padre o madre de familia, abarcarán todos los aspectos conceptuales y prácticos de la vida familiar incluyendo la educación sexual científica, comenzando con lo más sencillo y evitando, en todo caso, que el niño pueda ser herido en sus sentimientos o en su pensamiento.
Para ello deberán graduarse los programas tomando en cuenta la edad y estado de desarrollo de la población escolar de cada nivel y de acuerdo siempre con lo establecido por los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política Federal.
Artículo 51. Para lograr la eficaz aplicación de la educación estética, de la física y de la de padres de familia, las escuelas normales promoverán lo necesario en sus planes y programas de estudios, a efecto de que los maestros de las generaciones que inician su carrera, queden debidamente preparados para realizar, desde los primeros pasos, la educación de sus futuros alumnos.
Artículo 52. En toda institución escolar infantil o de internado para niños o adolescentes, deberá existir una biblioteca a la que ellos tengan fácil acceso, principalmente en sus horas de ocio o de preparación de tareas escolares.
Artículo 53. Cuando en el poblado de que se trate, por sus condiciones especiales, se requiera la capacitación de escolares para el trabajo, se dispondrá lo necesario de tal manera que la escuela cumpla eficazmente con esta necesidad.
Si tal capacitación forma parte de los programas generales de educación, se cumplirá con ellos en los términos de las leyes de la materia.
Artículo 54. El director de la escuela primaria o de la secundaria en que el menor haya concluido sus estudio, investigará si va a continuarlos. En caso afirmativo lo ayudará a solucionar sus dificultades.
Artículo 55. Cuando un menor haya terminado su primaria o secundaria y no quiera seguir estudiando, estará obligado a demostrar que ya sabe o está aprendiendo un oficio, tarea u ocupación y, de no hacerlo, será inducido a asistir a un centro de capacitación para el trabajo, donde se tomará en cuenta su vocación.
Artículo 56. Considerando que los medios masivos de comunicación como lo son la radio y la televisión son fundamentales en la educación extraescolar, como complemento que debe enriquecer y reforzar la labor educativa de la escuela, los programas que diseñen dichos medios, sobre todo los dedicados a menores de 18 años, deben incrementarse en tiempo , hacerse con criterio científico y difundirse sólo previa autorización de la dependencia oficial respectiva. Asimismo, quedan prohibidos los programas que fomenten estereotipos o conductas antisociales o vicios y el uso de la violencia; por el contrario, deben fomentarse programas que tiendan a arraigar la solidaridad, la fraternidad y la superación integral del niño y el adolescente.
CAPITULO V
De la educación especial
Artículo 57. Cuando, por cualquier medio las autoridades tengan conocimiento de que un menor de edad padece de algún tipo de invalidez o está en vías de padecerlo, tomarán las medidas pertinentes para proporcionarle la atención terapéutica interdisciplinaria, técnico, científica, con la debida oportunidad.
Al efecto, pondrá el caso en manos de los especialistas o de las instituciones adecuadas para su atención inmediata.
Artículo 58. Cuando desde recién nacido, o después, se descubra que un niño padece algún tipo de invalidez de los ya mencionados, se le proporcionará, con carácter de urgente, la atención médica y pedagógica necesaria. A este respecto se organizarán los servicios de atención por el DIF, en colaboración con personas o instituciones especializadas.
Artículo 59. Si el menor estuviese incapacitado por deficiencia mental, trastornos de la audición, del lenguaje, de la vista, del aparato locomotor o por dificultades del aprendizaje, se tomarán a su favor las medidas de educación especial y las que fueren necesarias, evitando, hasta donde sea posible, su internamiento en instituciones, a las que se acudirá como último recurso. En estos casos se hará lo posible para que tales instituciones sean de sistema abierto y atendidas por personal seleccionado y técnicamente capacitado.
Artículo 60. Cuando un menor deficiente mental haya llegado al Consejo Paternal por haber realizado alguno de los hechos o estar en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 2o., se definirá su grado de incapacidad para ponerlo en condiciones de recibir educación especial, prefiriéndose que viva en su hogar, si esto fuere posible y conveniente para su protección. De igual manera se procederá con los menores que padezcan trastornos de la vista, de la audición, del lenguaje, del aparato locomotor u otra anomalía, o que presenten dificultades del aprendizaje.
Artículo 61. las escuelas de educación especial orientarán, por conducto de los maestros, a los padres de familia y en general a todas las personas o instituciones interesadas, acerca de las limitaciones y las posibilidades de los menores impedidos, la necesidad de atender su alimentación, salud, relaciones, etcétera, y toda otra recomendación que tienda a favorecer su educación y progreso.
Artículo 62 Se establecerán escuelas adecuadas para educar especialmente a menores
que requiera su diferente tipo de atención y de técnica pedagógica.
Artículo 63. Las escuelas de educación especial se coordinarán entre si, para establecer eficazmente la secuencia entre sus labores, que permita el avance de quien haya terminado una etapa cualquiera de su educación, evitando la deserción escolar y el abandono de quien todavía tenga probabilidades de progresar al educarse o capacitarse para el trabajo.
Artículo 64. Cuando un alumno de la educación especial ya no tenga probabilidades de progresar, los maestros, de acuerdo con sus padres o familiares, harán lo posible por conseguirle trabajo al nivel de sus capacidades.
CAPITULO VI
Del trabajo de los menores
Artículo 65. Prohibida por la Constitución Política Federal, la utilización del trabajo de los menores de 14 años, las autoridades del trabajo no lo legalizarán en caso alguno. A fin de ayudar a resolver el problema económico del menor y de su familia o de los adultos que idóneamente se hagan cargo de él, la autoridad laboral, con la urgencia debida, los pondrá en contacto y a cargo de las autoridades asistenciales más adecuadas, sean públicas, privadas o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que, sin violar la Constitución, éstas otorguen la asistencia adecuada, por tiempo limitado, pero suficiente, previo estudio de la situación: despensas, ropa, pago de renta, servicio eléctrico, transportes, otorgamiento de servicios médicos, o de cualquier otro modo que fuere necesario, cuidando que la familia no se desintegre, sino quede reforzada.
Si el menor es solo, se tratará de localizar a sus familiares, dándole atención inmediata en una institución adecuada para el estado en que se hallare.
Artículo 66. Si fuere necesario hacer que los adultos recuperen la salud, se capaciten para el trabajo, sean orientados para el ejercicio correcto de la patria potestad, para la educación de sus hijos, etcétera, se hará lo necesario por el tiempo que se amerite, a efecto de que el menor de edad no deje de educarse y se evite su trabajo prematuro. Siempre se eludirá su internamiento en alguna institución, mientras pueda convivir fructíferamente en la familia. de lo contrario se le enviará, de acuerdo con sus necesidades, a internados preferentemente abiertos o semicerrados.
Artículo 67. Si un niño padece alguna invalidez que le impida terminar su educación primaria, en vez de trabajar se le enviará a recibí educación especial.
Artículo 68. Cuando un niño mayor de 14 años haya terminado su instrucción primaria, sólo se le autorizará a trabajar, si está inscrito para continuar sus estudio. Su trabajo queda sujeto desde este momento a las disposiciones de la legislación laboral.
Artículo 69. Cuando un niño no haya podido terminar su primaria al cumplir los 14 años, se investigará cuáles son las causas de ello. Si fuere por incapacidad personal, se le brindará la oportunidad de recibir educación especial y el tratamiento médico que requiera. Podrá trabajar en labores adecuadas a su estado de salud.
Artículo 70. Para los efectos del artículo anterior, se consideran trabajos peligrosos y/o insalubles, y en consecuencia, está prohibido para todos los menores de edad.
1. Los trabajos, dependientes o independientes, en la vía pública.
2. Los que desarrollen en centros de diversión, diurnos o nocturnos, de vicio, prostíbulos, y en centros de consumo inmediato de bebidas embriagantes.
3. Los que se realicen en la industria pesada, la siderúrgica y otras, en que una imprudencia pueda causar la incapacidad o la muerte del menor.
4. Los que por su horario, por su índole, su salario, o cualquier otra causa, impidan al menor concurrir a la escuela y tener el descanso adecuado.
CAPITULO VII
Del descanso y las diversiones
Artículo 71. Para satisfacer las necesidades de descanso de los menores que estudian o trabajan, el Estado contará con centros vacacionales, deportivos y otros convenientes a su salud y progreso. Los menores que concurran a ellos, deberán hacerlo bajo el control de sus padres, adoptantes, tutores, guardadores, jefes, profesores, o guías de grupos juveniles.
Artículo 72. Las autoridades competentes vigilarán con especial cuidado que cuando en los cines, teatros y demás espectáculos públicos se exhiban obras no aptas para menores, se impida la entrada de éstos, lo mismo que, cuando ha ya menores en las salas, se evite la exhibición de avances o anuncios de otras de la misma especie.
Artículo 73. Se consideran obras de teatro o de cine no aptas para menores, la que tengan contenido violento, pornográfico, criminal, sean de guerra o se refieran abiertamente a conflictos familiares, de vicio o de delincuencia. También los anuncios pornográficos de películas u obras teatrales, la propaganda de cigarrillos, tabacos, alcohol u otros vicios.
Artículo 74. Ningún espectáculo, cualquiera que sea su índole, será anunciado o presentado sin que conste el aviso de su clasificación antes y durante su presentación, transmisión o exhibición. Los maestros, las escuelas y las instituciones de servicio público, por los medios de difusión adecuados, orientarán
a la comunidad y al público acerca del significado de las clasificaciones.
Artículo 75. Salvo los espectáculos propios para niños, a los que ellos tendrán entrada libre, queda prohibida para los menores de 10 años la entrada a cines, teatros, circos, estudios de televisión, de radio, etcétera, si van acompañados por sus padres, adoptantes, tutores o guardadores. Tampoco podrán permanecer en esos locales después de las 21 horas.
Artículo 76. Teniendo en cuenta las peculiaridades de los locales y su ambiente habitual, la autoridad puede restringir la permanencia de los menores en: boliches, gimnasios, estadios, campos, deportivos, clubes o asociaciones recreativas.
Artículo 77. Queda prohibida la entrada de menores de 18 años a cabarets y centros nocturnos, de vicio, de prostitución o de juegos de azar, billares y cantinas. Los dueños y los encargados de tales establecimientos, que infringieren esta disposición, serán sancionados en los términos de los reglamentos respectivos.
Artículo 78. Las autoridades tendrán especial cuidado en evitar que varones y mujeres menores de 18 años asistan a los centros de prostitución y de vicio, o trabajen habitualmente en ellos.
Artículo 79. Cuando hubiere la simple sospecha que un menor de edad, cualquiera que sea su sexo, está siendo utilizado en lugares o centros de diversión, de vicio, de prostitución de tráfico de drogas, o en la explotación de su trabajo prematuro, además de evitar inmediatamente su presencia en tales sitios, se investigará a fondo e interdisciplinariamente, su personalidad y su situación desde los puntos de vista médico, psicológico, pedagógico, familiar y social, a efecto deponer en práctica todas las medidas que fueren necesarias para salvarlo de una situación corrupta. Se impondrán por tanto, las medidas asistenciales necesarias, así como las policiacas, de consignación al ministerio público y de persecución de adultos que fueren adecuadas al caso.
Artículo 80. Con respecto a esas actividades, las autoridades se mostrarán especialmente intransigentes cuando encuentren casos de menores ya iniciados en la prostitución, el alcoholismo, las drogas o en esos tipos de comercios. La policía que aprehenda a los delincuentes, pondrá interés en colaborar con el ministerio público para que se integren los elementos del delito cometido y queden debidamente probados. La autoridad judicial no podrá conceder la libertad provisional a esos presuntos delincuentes.
Artículo 81. Ningún menor de 18 años podrá viajar solo, si no es con previa autorización escrita de sus padres, adoptantes, tutores o guardadores. Los servicios de transporte foráneo (autobuses, ferrocarriles, compañías de aviación, etc.), al expedir su boleto, conservarán fotocopia de esa autorización, donde conste los domicilios del menor y de quien le autoriza, y el carácter con que lo hace. Los infractores serán sancionados con multa de cinco mil a cincuenta mil pesos, según la gravedad del caso, sin perjuicio de la penalidad del ilícito que resultare consumado.
Artículo 82. Queda prohibida, igualmente, el hospedaje del menor de 18 años en hoteles, moteles, pensiones o similares, si no es acompañado de sus padres o responsables, o con autorización de ellos por escrito. A los infractores se les aplicará la penalidad prevista en el artículo que antecede.
SEGUNDA PARTE
De las instituciones para menores
CAPITULO I
De la calidad del personal
Artículo 83. Todo el personal, de cualquier formación y categoría que deba trabajar en instituciones destinadas a menores de 18 años, deberá ser seleccionado mediante previo diagnostico interdisciplinario de personalidad, que comprenderá: estudios psicológicos que demuestren su afecto y actitud favorable a la minoridad; estudio social con vista a domicilio, su barrio y sus relaciones personales y familiares; estudio médico completo y el estudio pedagógico, para descubrir el grado de conocimientos, habilidades e intereses.
Artículo 84. Son requisitos para ser seleccionado como trabajador en instituciones destinadas a menores:
a) No tener menos de treinta años, ni más de sesenta y cinco;
b) Haber terminado, cuando menos su enseñanza secundaria;
c) Haber demostrado con hechos su interés de trabajar a favor de la minoridad y pasar la prueba psicológica respectiva;
d) No tener vicios, ni tener antecedentes delictivos;
e) Llenar los requisitos reglamentarios propios del puesto a que se aspire; f) ser casado y tener hijos;
g) Ser investigado médica, familiar y socialmente, con resultados aprobatorios
Artículo 85. Dicho personal, una vez seleccionado, recibirá cursos teórico - prácticos de capacitación para el puesto que cada uno deba desempeñar, y sus calificaciones, mientras más altas serán al mejor base para su reelección y su designación inicial.
Artículo 86. El personal designado quedará sometido a los cursos anuales de actualización, que serán tomados en cuenta junto con los resultados de su trabajo, para asegurar su estabilidad, ascensos y carrera dentro de estas instituciones.
Artículo 87. Todo el personal del Consejo Tutelar y el de sus instituciones auxiliares quedará sujeto, sus funciones y adscripción.
a los sistemas de selección, preparación y actualización que se establezcan extendiéndose en estos casos el crédito correspondiente.
Artículo 88. Se considera de interés público la capacitación y actualización del personal de los Consejos Tutelares, prefiriéndose para ello las reuniones de carácter regional.
Artículo 89. El presidente del Consejo Tutelar, los consejeros, los secretarios de acuerdo, los procuradores de la defensa del menor, los directores y subdirectores de las instituciones auxiliares, cuando, para ingresar, hayan sido seleccionados y capacitados, y que estén siendo actualizados, como ordenan los artículos 84 a 86, serán inmovibles y sólo serán separados por causas de responsabilidad o conducta francamente contraria a la que se espera de ellos conforme al contenido de la presente ley.
CAPITULO II
De la labor asistencial y el hogar
Artículo 90. Siempre que la autoridad intervenga para la protección de un menor que esté lejos de su hogar, examinará en primer término, la posibilidad de su reintegración familiar.
Artículo 91. Los órganos asistenciales del Estado, para la protección de los menores que cuenten con familia en que haya cohesión y cuyos ingresos fueren comprobadamente insuficientes, sin separar a sus hijos los proveerán, según fuere necesario, de despensa familiar semanaria, pago de renta de casa, pago de luz eléctrica, pago de transporte de pasajeros, etcétera, a cambio de:
a) Que uno o varios adultos concurran al centro de capacitación de capacitación para el trabajo, a aprender alguna ocupación u oficio, y que, según los informes de la institución, se esté aprovechando la enseñanza;
b) que tenga aseada su casa;
c) Que los menores de edad concurran a la escuela puntualmente y cumplan en forma habitual con sus tareas;
d) Que se eviten los vicios, las amistades inconvenientes y las diversiones malsanas;
e) Que se cumplan las condiciones concretas que en el caso se hayan impuesto a beneficio de los menores.
Artículo 92. Cuando quedare privado de su libertad un adulto de su trabajo dependa el sostenimiento de un menor integrante de su familia, el ministerio público dará oficialmente aviso a las autoridades asistenciales competentes, para evitar que le falten recursos, siendo aplicable el artículo anterior.
Artículo 93. Las diversas instituciones, públicas o privadas, de atención a los menores, quedan obligados a establecer el servicio de consulta para las familias de sus derechohabientes y para el sector cercano de habitantes.
Artículo 94. Tal servicio de consulta será atendido por profesionistas especializados y, dentro de lo posible, experimentados.
CAPITULO III
De las instituciones
Artículo 95. Todas las instituciones oficiales o privadas, destinadas a menores, o autoridades que intervengan de cualquier manera afectándolos, cualesquiera que sean sus funciones, quedan obligadas a cumplir con las disposiciones de esta ley.
Artículo 96. Con el fin de garantizar la solvencia moral y biológica de las nodrizas, la formación profesional y la confiabilidad de las niñeras, así como de toda otra persona, que se haga cargo por horas o días, habitualmente, de niños menores de cuatro años, el DIF organizará los registros respectivos así como el Registro de Niñeras y Auxiliares de Guarderías y las bolsas de trabajo respectivas.
Artículo 97. Cuando una persona registrada no cumpla con sus deberes o no se confiable, se le cancelará su registro.
Artículo 98. Todo menor que permanezca separado de sus padres o responsables y a cargo de una autoridad o institución, tendrá derecho a:
I. Que de inmediato se avise a sus padres;
II. Que se atienda de inmediato a su alimentación, vestido y abrigo adecuados;
III. Que se le brinde la atención médica cuando se encuentre enfermo y se le examine periódicamente para la conservación de la salud;
IV. Que no se le mantenga incomunicado;
V. Que se le evite el ocio; manteniéndolo ocupado;
VI. Que se le imparta educación escolar adecuada a su nivel.
Artículo 99. Cuando la autoridad competente en asuntos de menores desee poner al menor en hogar sustituto, lo hará desde luego, después de comprobar que el menores acepta a los padres sustitutos y éstos a él. Tras de tres a seis meses de convivencia favorable, hará que el procurador de menores, ante el juez de lo familiar, gestione el otorgamiento de la calidad jurídica que corresponda al tipo de relación establecida: adopción, tutela guarda ú otra.
Artículo 100. En los centros de recepción y de observación que tenga funciones por desarrollar en relación con los menores de edad, se llevará registro en el que se anote día y hora de llegada del menor, causada por la que se le interna y todo otro dato necesario para su identificación. Además, para el conocimiento inmediato de su grado actual de progreso o retroceso, se harán anotaciones evolutivas semanarias.
Artículo 101. Toda institución en que permaneciere un menor internado, formará el expediente respectivo con sus generales, la de sus padres, adoptantes, tutores o guardadores, domicilios y teléfonos, así como una ficha de control relativa a cada aspecto de su vida y de su tratamiento, con
anotaciones semanarias de los derechos más importantes, incidentes y formas de reacción a las terapias impuestas.
Artículo 102. Todas las instituciones de internado para menores deberán revisar periódicamente sus alimentos desde el punto de vista dietético, con el fin de someterlo permanentemente a mejoría práctica y habitual, de tal manera que los internos no tengan peligro de caer en algún aspecto de desnutrición. Los controles los llevará la superioridad de la institución misma.
Artículo 103. Quedan total y absolutamente prohibidas las siguientes conductas del personal, para el manejo de los menores a su cargo:
a) Gritos;
b) Insultos;
c) Golpes;
d) Amenazas;
e) Crueldades de cualquier tipo;
f) Suspensión de alimentos;
g) Aislamiento en celdas, y
h) Todo tipo de desviación o corrupción.
Artículo 104. Tanto en las instituciones para menores infractores, como en la de inadaptados y en las asistenciales y las educativas, intervendrá la Procuraduría de la Defensa del Menor, con las siguientes atribuciones:
I. Velar para que los menores que sean internados ni permanezcan en instituciones para adultos delincuentes o infractores y menos aún en contacto con ellos;
II. Velar para que en la policía y en el ministerio público, no permanezcan los menores más del tiempo indispensable para preparar la documentación respectiva y enviarlos a la institución que fuere conveniente. Se considerará tiempo suficiente el máximo de ocho horas, durante las cuales el menor no podrá permanecer en contacto con adultos delincuentes, ni encarcelado, siendo motivo de consignación infringir estas disposiciones;
III. Llegado el menor al Consejo Tutelar, ver que su internamiento sea adecuado para evitar su contacto con reiterantes, si fuere de primer ingreso;
IV. Ver que los estudios de diagnóstico y pronóstico ordenados por la institución educativa, asistencial o para infractores, se realicen de inmediato y oportunamente, para que se cuente con los informes médicos, pedagógicos, psicológico, familiar y social, siempre dentro del tiempo que marca la ley.
V. Constatar que todo informe de trabajo social se redacte después de la forzosa visita al hogar del menor, debiéndose hacer constatar cuando no cuente con hogar, ni familiares;
VI. Vigilar que la resolución de la institución educativa, asistencial o para infractores, se dicte oportunamente, apegándose al contenido de los informes a que se refiere la fracción IV y se dicte con un criterio transcendente de protección al menor, para beneficio de su mejor formación, educación y preparación para la vida;
VII. Cuidar que la institución, cualquiera que ella sea, cumpla con sus propios fines, lleve a cabo sus programas puntualmente y no realice prácticas que vayan contra el espíritu de la presente ley;
VIII. Cualesquiera otras que se desprendan de la ley o de la institución en que ejerza su cargo.
TERCERA PARTE
CAPITULO I
De los menores en situación irregular o de riesgo
Artículo 105. Para los efectos de esta ley, se considera en situación irregular o de riesgo a los menores que:
I. Estén privados de las condiciones esenciales de su subsistencia, salud o instrucción obligatoria, así sea eventualmente, por:
a) Falta, acción u omisión de sus padres o responsables;
b) Manifiesta imposibilidad de los padres o responsables para proveerlos;
c) Trabajo prematuro;
d) Trabajo inconveniente, peligro, insalubre o en la vía pública;
e) Deserción escolar.
II. Se encuentren sin familia, enfermos, desnutridos, padeciendo trastornos mentales o de la vista, la audición, el lenguaje o del aparato locomotor, sin recibir tratamiento o educación especial.
III. Sean habitualmente víctimas de rechazo, malos tratos, injurias, golpes, lesiones, o estén sujetos a situaciones inconvenientes. Se entienden como situaciones inconvenientes el estar en contacto permanente con personas prostituidas,, viciosas, delincuentes, o sin ocupación.
IV. Se encuentren en peligro moral a causa de:
a) Haber dejado de vivir en la casa paterna, por fuga del hogar;
b) Ejercer la vagancia, la mendicidad, o vivir de modo habitual en un ambiente contrario a las buenas costumbres, explotado por sus propios padres o por cualquier otro adulto;
c) Cometer algún hecho comprendido en el artículo 2o. de esta ley o dedicarse a actividades ilegales o contrarias a las buenas costumbres;
d) Tener amistades peligrosas;
V. Manifiesten conducta desviada en virtud de inadaptación a la familia o a la colectividad.
VI. Estén privados de representación o asistencia legal por la falta eventual o permanente de los padres, adoptantes, tutores o guardadores.
Artículo 106. Son amistades peligrosas de los menores, para los efectos de esta ley:
a) Las de adultos o menores que ejerzan la vagancia, la mendicidad, el trabajo prematuro, o sean viciosos, delincuentes, o practiquen la prostitución;
b) Las de otros que no estudien, no tengan preparación, no trabajen, carezcan de domicilio, pertenezcan a alguna pandilla, o mantengan amistades con las personas a que se refiere el inciso anterior;
c) Las de menores que frecuenten billares, centros de juegos mecánicos, practiquen juegos de azar o permanezcan sin control de sus padres o familiares. Artículo 107. Para la protección de los menores a que se refiere el artículo 103 intervendrán las autoridades asistenciales en los casos de las fracciones I y II; el Consejo Tutelar en los casos de las fracciones III, IV y V; y la Procuraduría de la Defensa del Menor en los casos de la fracción VI.
CAPITULO II
De los consejos tutelares y de su organización
Artículo 108. Habrá un Consejo Tutelar en la capital, que se integrará por salas, constituidas cada una por tres consejeros, uno de los cuales será mujer, como sigue:
I. Un consejero abogado, que será el presidente;
II. Un consejero médico, de preferencia pediatra;
III. Un consejero maestro de preferencia especialista en infractores;
IV. Un secretario de acuerdos, abogado;
V. Los procuradores de la defensa del menor, y
VI. El personal técnico y administrativo que determine el presupuesto.
Se considera de confianza al personal a que se refieren las fracciones I a V. Cuando fuere necesario, por exceso de trabajo, se agregará una sala permanente.
Artículo 109. El Consejo Tutelar es un organismo esencialmente educativo - asistencial que dependerá de la Institución para el Desarrollo Integral de la Familia.
Artículo 110. En cada delegación política se integrarán también los consejeros tutelares, por dos consejeros varones y una mujer originarios y residentes de la delegación de que se trate, debiendo ser profesionistas, como lo marca el artículo anterior. Cuando no hubiere alguno de estos profesionistas o sólo hubiera alguno, se integrará el Consejo Tutelar con él y con los demás respetables padres de familia, mayores de cuarenta años, que tuvieren el más alto grado escolar.
Artículo 111. Los consejeros deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles políticos;
II. No tener menos de 30 años de edad ni más de 65 el día de su designación, pero cesarán en sus funciones al cumplir 70 años;
III. Gozar de buena reputación; no haber sido condenados por delito intencional, ni tener vicios.
IV. Estar casados y tener hijos;
V. Poseer el título profesional que corresponda;
VI. Haber sido seleccionados, capacitados y actualizados, conforme a los artículos 81 a 86 de la presente ley.
Iguales requisitos llenarán los secretarios de acuerdos, los procuradores de la defensa del menor y los directores y subdirectores de los centros de recepción, observación y tratamiento, cuando los haya.
Artículo 112. El Consejo Tutelar y tiene por objeto ejercer acción protectora y obtener la recuperación social y la normalización de la vida personal y familiar de los menores de 18 años a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, mediante el estudio interdisciplinario de cada caso, la protección del menor, la aplicación de las terapias necesarias, la atención a su vocación y la vigilancia del tratamiento en su caso.
Artículo 113. La edad del sujeto se establecerá de conformidad con lo previsto por el Código Civil. De no ser esto posible, se acreditará por medio del dictamen médico rendido por el centro de observación. En caso de duda, se presumirá la minoría de edad.
Artículo 114. El Consejo Tutelar de la capital marcará las pautas necesarias para el trabajo habitual de los consejeros tutelares auxiliares de las delegaciones. Los consejeros serán designados por el DIF, a propuesta en terna del Presidente del Consejo Tutelar, para cada cargo. Las autoridades públicas o privadas prestarán su auxilio para la realización de los planes y programas del Consejo Tutelar, tanto en los de carácter general, como en los de naturaleza personal a favor de algún menor de edad.
Artículo 115. Los cargos de consejeros, de secretarios de acuerdos, de procurador y de director o subdirector de los centros de recepción, de observación o de tratamiento, son incompatibles con el ejercicio de cualesquier otros cargos en la administración de justicia, en el ministerio público y en la defensoría de oficio, federales o locales, así como con el desempeño de funciones policiacas.
Artículo 116. Los consejeros tutelares establecerán entre sí los turnos de 24 horas, incluyendo los días festivos, en que cada uno de ellos, en forma sucesiva, deberá actuar como consejero instructor de los casos que llegaren. Los representantes de la Procuraduría de la Defensa del Menor, también establecerán sus turnos, de manera que concuerden con aquéllos, incluyendo los días de descanso, para encargarse de atender de inmediato todo caso recién llegado.
Artículo 117. Si un Consejo Tutelar tuviere que atender más de quince casos mensuales, podrá hacer las gestiones necesarias para que se le dote de un centro de observación con la amplitud necesaria para que los menores no permanezcan ociosos durante el procedimiento. Estará ubicado en el mismo edificio del Consejo Tutelar.
Artículo 118. Los centros de observación, auxiliares del Consejo Tutelar, contarán con el siguiente personal:
I. Un director:
II. Una subdirectora para los centros de recepción y observación de mujeres;
III. Jefes de las secciones técnicas y administrativas, y
IV. El personal administrativo, técnico y de custodia que determine el presupuesto.
CAPITULO III
De las funciones
Artículo 119. Corresponde al presidente del Consejo Tutelar:
I. Representar al consejo;
II. Presidir las sesiones del pleno y autorizar, en unión del Secretario de Acuerdos, sus resoluciones;
III. Ser el conducto para tratar ante otras autoridades los asuntos del consejo;
IV. Organizar y vigilar que se cumpla el turno entre los miembros del consejo;
V. Recibir informes y quejas acerca del funcionamiento del consejo y sus instituciones auxiliares, así como de los empleados en el desempeño de sus labores. Dar a los informes y a las quejas la resolución que corresponda;
VI. Dictar todas las disposiciones que crea pertinentes para la buena marcha del consejo, de los centros de recepción y observación, y de las instituciones de tratamiento, conforme a los lineamientos generales acordados por el pleno, y
VII. Poner en conocimiento de las autoridades componentes, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, los hechos de índole delictuosa cometidos por adultos y autoridades, en agravio de los menores sujetos a sus funciones.
Artículo 120. Corresponde al Pleno del Consejo Tutelar de la capital:
I. Disponer el establecimiento de los consejos tutelares auxiliares en las delegaciones políticas y trasladar las propuestas de candidatos a consejeros que reciba, al funcionario respectivo, con su opinión sobre la idoneidad de las personas aludidas;
II. Intervenir cuando algún consejero tutelar no obedezca los términos de trámite y resolución establecidos por la presente ley;
III. Fijar la adscripción de los consejos tutelares auxiliares a cada uno de los consejeros de la capital para su visita, orientación y auxilio, y en su caso, para proponer las medidas necesarias;
IV. Disponer y recabar los informes que deban rendir los consejos tutelares auxiliares, con miras a su mejoramiento;
V. Asignar a cada uno de los consejeros, periódicamente, la visita a los centros de recepción, observación y tratamiento, para verificar el cumplimiento de la presente ley;
VI. Establecer los criterios generales para su funcionamiento técnico y administrativo y el de los centros de recepción, observación y tratamiento;
VII. Conocer de las instancias y recursos que se presenten contra sus propias resoluciones de Sala, o de los consejos tutelares auxiliares, cuando se acuda ante él;
VIII. Evitar que existan tesis contradictorias en las resoluciones de los consejos tutelares, y
IX Dictar todas las disposiciones pertinentes para el mejor desempeño de las funciones de los consejos tutelares.
Artículo 121. Corresponde a las salas de los consejos tutelares:
I. Resolver los casos en que hubiesen actuado como instructores los consejeros adscritos a ella;
II. Resolver sobre los impedimentos y excusas que tengan sus miembros para conocer en casos determinados, acordando la sustitución que corresponda;
III. Resolver en definitiva los casos en que se aplique la revisión de oficio;
IV. Conocer las instancias que se presenten contra sus resoluciones de Sala, y
V. Ajustarse en su funcionamiento y resoluciones a lo establecido por el consejo de la capital.
Artículo 122. Para que el Consejo Tutelar actúe en pleno, se requiere que estén presentes sus miembros propietarios o los suplentes, en su caso, y el Secretario de Acuerdos. además del procurador del caso de que se trate. Cuando se llegare a crear alguna otra Sala, el pleno se constituirá por las integrantes de las existentes.
Artículo 123. Igualmente, en caso de que se establezcan otras salas además de la primera, se creará la Presidencia del Consejo, con las facultades marcadas en el artículo 119 y además aplicables, siendo diferentes a las de la presidencia de cada Sala.
Artículo 124. En el caso de los artículos 122, en su párrafo segundo; y 123, corresponde al Presidente de la Sala:
I. Representar a la Sala;
II. Presidir las sesiones de la Sala y autorizar, en unión del Secretario de Acuerdos, las resoluciones que aquella adopte;
III. Ser el conducto para tramitar en lo técnico y en lo administrativo, los asuntos de la Sala;
IV. Denunciar ante el pleno las contradicciones de que se tuviese conocimiento en las tesis sustentadas por los diversos consejos tutelares;
V. Remitir al pleno el expediente tramitado ante la Sala, cuando sea recurrida la resolución dictada por ésta, y
VI. Las demás atribuciones que determinen las leyes o los reglamentos y las inherentes a sus funciones.
Artículo 125. Corresponde a los consejeros:
I. Conocer como instructores de los casos que les sean turnados, recabando todos los elementos conducentes a la resolución del consejo, en los términos de esta ley, y excusarse de conocer cuando tengan algún impedimento legal;
II. Oportunamente redactar y someter al pleno el proyecto de resolución que corresponda, y
III. Cumplir con las funciones que les marquen la ley, los reglamentos y las instrucciones concretas que emanen del pleno.
Artículo 126. Todo consejero o secretario estará impedido en intervenir en los siguientes casos:
I. Cuando tengan amistad íntima con alguno de los familiares, hasta de 2o. grado, del menor;
II. Cuando haya enemistad con las mismas personas, y
III. Cuando haya prejuicios del menor o de sus familiares en contra del consejero o de éste contra el menor o sus familiares.
Artículo 127. La sala resolverá de pleno sobre la excusa y determinará la sustitución del impedido.
Artículo 128. Corresponde al secretario de acuerdos:
I. Acordar con el presidente del consejo los asuntos de su competencia;
II. Llevar el turno de los negocios de que deba conocer la Sala en sesiones ordinarias y en las de pleno;
III. Autorizar, conjuntamente con el presidente las resoluciones;
IV. Auxiliar al presidente del consejo en el despacho de las tareas que a éste corresponden y en el manejo del personal administrativo adscrito a la Sala;
V. Documentar las actuaciones y expedir las constancia que el presidente o los consejeros determinen, haciendo notar esta circunstancia;
VI. Librar citas y hacer notificaciones en los procedimientos que se tramiten ante la Sala, y
VII. Las demás que le sean propias, conforme a esta ley y su reglamento.
Artículo 129. Corresponde a los procuradores:
I. Intervenir en todo procedimiento que se siga ante el consejo, en los supuestos del artículo 2o. de la presente ley, después de que el consejero en turno haya decidido que el menor quede sujeto al estudio del consejo, vigilando la fiel observancia del procedimiento; concurriendo cuando el menor comparezca ante los consejeros, la Sala o el pleno; proponiendo la práctica de pruebas y asistiendo a su desahogo; formulando alegatos e interponiendo recursos; instando al presidente del consejo a que expida la excitativa a que se refiere el artículo 169, e interponiendo ante el C. presidente de la Sala la revisión anticipada, en su caso, contra las resoluciones de ésta;
II. Recibir instancias, quejas e informes de padres o tutores responsables de los menores y hacerlos valer ante el órgano que corresponda, según resulte procedente, en el curso del procedimiento;
III. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes los casos en que los menores hayan sido víctimas de hechos ilícitos cometidos por adultos;
IV. Visitar a los menores internos de los centros de recepción y observación y examinar las condiciones en que se encuentren, poniendo en conocimiento del presidente del consejo las irregularidades que adviertan para su inmediata corrección;
V. Visitar los centros de tratamiento y observar la ejecución de las medidas impuestas, dando cuenta a la autoridad competente de las irregularidades que encuentren, para los mismos efectos de la fracción anterior, y
VI. Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares destinados para la reclusión de adultos, y denunciar ante la autoridad correspondiente las contravenciones que sobre el particular adviertan.
Artículo 130. Corresponde a los directores de los centros de recepción, de observación o de tratamiento:
I. Acordar con el presidente del consejo, en lo técnico y en lo administrativo, los asuntos referentes al centro cuya dirección ejercen, y al tratamiento de cada menor en particular;
II. Facilitar la realización de los estudios técnicos que ordenen los consejeros o las salas en su caso, cuidando que se hagan conforme a las normas científicas aplicables y dentro del plazo más breve posible;
III. Manejar al personal adscrito al centro que cada uno dirige;
IV. Dar conocimiento al procurador de la Defensa del Menor de los hechos delictuosos que se cometan en perjuicio de los menores internados, y
V. Las demás funciones que fijen las leyes o reglamentos y las que sean inherentes a sus atribuciones.
CAPITULO IV
Del procedimiento
SECCIÓN "A"
Disposiciones generales
Artículo 131. En el procedimiento del Consejo Tutelar no se observará ninguna clase de formalidades o formulismos. Se conservarán los expedientes con absoluta discreción y las resoluciones que dicte el Consejo Tutelar, no tendrán carácter de sentencias. Podrán ser modificadas para mejorar la medida tutelar dictada a favor del menor.
Artículo 132. No se permitirá el acceso del público a las diligencias que se celebren ante el instructor, la Sala o el Pleno del Consejo. Podrán concurrir el menor sus padres o responsables, y las demás personas que deban ser examinadas o deban auxiliar al consejo, cuando éste lo considere pertinente.
El procurador deberá estar presente e intervendrá, en el cumplimiento de sus funciones, en todas las diligencias relativas a los procedimientos en que tenga participación.
Artículo 133. Para el despacho de los asuntos sometidos a su conocimiento, el instructor a la Sala practicarán notificaciones, expedirán citas y órdenes de presentación y podrán
aplicar medidas de apremio y correcciones disciplinarias a los adultos que ante aquéllos intervengan.
Artículo 134. En los casos en que deba conocer algún consejo tutelar, auxiliar corresponderá al de la delegación respectiva; pero si más cerca del domicilio del menor hubiere otro, será éste competente para el conocimiento del caso.
Artículo 135. Cuando en la delegación de que se trate, no haya personal oficial especializado para hacer los estudios a que se refiere este capítulo, el consejo auxiliar podrá habilitar a los profesionistas o prácticos de estas ramas para realizar los estudios referidos y, si nos los hubiere, los propios consejeros harán los estudios posibles. En todo caso se hará el estudio familiar y social, sobre el que se podrá basar la resolución.
Artículo 136. El Pleno del Consejo, la Sala o el instructor, resolverán, en su caso, la forma de proceder cuando no exista expresa disposición sobre algún particular, ajustándose siempre a la naturaleza de las funciones y fines del consejo y al contenido de la presente ley, exento de todo propósito represivo.
Artículo 137. Si durante su permanencia en los centros de recepción u observación un menor enfermare; se proveerá de inmediato a su tratamiento, avisando al consejero sobre tal necesidad. Este, a su vez ordenará se avise a los familiares de tal manera que sean oportunamente informados y si lo juzgan pertinente, den su colaboración para el tratamiento.
Artículo 138. Cuando un menor, ya cerca de la edad limite de 18 años, quedare a disposición del Consejo Tutelar o sujeto a las medidas a que éste dictare, a pesar de cumplir la mayoría de edad, se continuará el procedimiento iniciado y aun la ejecución de dichas medidas hasta su conclusión, sin que puedan intervenir las autoridades de adultos hasta que estén completamente cumplidas. Llegado a los 25 años el infractor, se sobreseerá todo procedimiento tutelar. Sólo en el caso de que el ya adulto cometa nuevos hechos que impliquen jurisdicción de otras autoridades, se interrumpirá la aplicación de las medidas de menores.
Artículo 139. Cuando hubiesen intervenido adultos y menores en la comisión de hechos previstos por las leyes penales, las autoridades respectivas se remitirán mutuamente copia de sus actuaciones, en lo conducente al debido conocimiento del caso. Las diligencias en que deban participar los menores se llevarán a cabo, preferentemente, en el sitio en que éstos se encuentren. No se autorizará su traslado a los juzgados para adultos, o a cárceles o estaciones de policía.
Artículo 140. Los objetos e instrumentos que empleare u obtuviere el menor al realizar los actos constitutivos de su conducta irregular, se aplicarán en la forma que determine el consejero instructor, de acuerdo con el presidente del consejo.
Artículo 141. Cuando el menor hubiere causado daños a terceras personas, al cometer su infracción, el consejero respectivo inducirá a sus familiares para que paguen de inmediato el daño, tomando en cuenta la extensión de éste, su valor, las necesidades del dañado por motivo de la infracción, y las posibilidades del menor y de sus familiares para pagar. La resolución que se dicte de acuerdo con el menor y la víctima, o con sus representantes, deberá ser ejecutada de inmediato, sea en parte o en su totalidad, según fuere posible y necesario.
SECCIÓN "B"
De la detención de menores
Artículo 142. Queda prohibida la detención de menores de edad en lugares destinados a reclusión de mayores. La infracción a esta disposición será motivo de aplicación, por parte del consejo, de la sanción administrativa que considere adecuada, o de consignación por los delitos que resulten cometidos, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, ante las autoridades competentes.
Artículo 143. Las autoridades policiacas, del ministerio público, judiciales y de cualquier categoría, que ejerzan funciones de carácter penal en los adultos, nunca practicarán el encarcelamiento ni la incomunicación de un menor que tiene el derecho inalienable de ser visitado por sus padres y amigos, en el breve lapso de intervención de tales autoridades. En caso de infracción a lo dispuesto, se procederá en los términos del artículo anterior.
Artículo 144. Cualquier autoridad ante la que sea presentado un menor, en los casos del artículo 2o., lo pondrá de inmediato a la disposición del Consejo Tutelar competente, proveyendo sin demora el traslado del menor, con oficio informativo sobre los hechos, o acta autorizada que acerca de los mismos se hubiere levantado.
Artículo 145. Si el menor no hubiere sido presentado, la autoridad que tome conocimiento de los hechos informará sobre los mismos al Consejo Tutelar, para los efectos que proceda. Si tampoco hubiere sido presentado ante el consejo, el instructor que haya tomado conocimiento del informe, en sus términos, lo citará acompañado de sus padres o, en su caso, dispondrá la presentación del mismo por conducto del personal con que para tal efecto cuente el consejo. En la resolución que a este propósito se expida, el instructor dejará constancia de los fundamentos legales y técnicos de la misma. No se procederá a la presentación de un menor, para fines de esta precepto, sin que medie orden escrita y fundada del consejero instructor.
Artículo 146. Con respecto a los menores víctimas de la prostitución, el alcoholismo o la farmacodependencia, la policía y el ministerio público también evitarán encarcelarlos.
Mientras que, con la urgencia debida, se preparará la documentación respectiva, los mantendrán en las salas de espera, separados de todo delincuente adulto, hasta el momento en que se decida devolverlos a sus padres o enviarlos ante la autoridad especializada que convenga para su tratamiento, según el caso lo requiera. Si hubiere peligro de que sustraigan al tratamiento, los enviará al Consejo Tutelar competente.
Artículo 147. Cuando la policía persiga a los menores por motivo de vagancia, mendicidad, drogadicción, antisociabilidad u otra causa justificada, los pondrá sin pérdida de tiempo, ni encarcelamiento alguno, a disposición del consejo competente mediante oficio detallado. Para ello le queda prohibido usar cualquier tipo de violencia, armas, esposas, golpes, insultos o lujo de fuerza, o cualquier otro medio similar que constituya maltrato.
Artículo 148. Todo menor que llegue a disposición del Consejo Tutelar deberá ser identificado dactiloscópicamente para uso exclusivo de éste. Los datos que resultaren de dicha identificación no podrán ser comunicados a ninguna otra institución o autoridad.
Artículo 149. En los centros de recepción, de observación y de tratamiento, se alojará a los menores bajo sistema de clasificación, atendiendo a su sexo, edad, condiciones de personalidad, estado de salud y demás circunstancias pertinentes. Se procurará ajustar al régimen de estos centros al de un hogar, en cuanto al trato que se depare a los internos, y al de una escuela en lo referente a disciplina, recreo e higiene.
Artículo 150. Cuando no haya centros de recepción ni de observación se confiará a los padres, adoptantes, tutores o guardadores del menor su custodia incluyéndolos acerca de la obligación de presentarlo cuantas veces sea necesario, ante el Consejo Tutelar auxiliar.
Artículo 151. Cuando las personas a que se refiere el artículo anterior no sean confiables, por ser deficientes mentales, viciosos, delincuentes, vagos o malvivientes, el menor será trasladado a cargo del Consejo Tutelar de la capital, el que quedará habilitado para proseguir y concluir su caso.
SECCIÓN "C"
Del procedimiento interno
Artículo 152. Cuando un menor sea remitido por primera vez al Consejo Tutelar, ingresará al Centro de Recepción, donde permanecerá como máximo 48 horas, para que el consejero en turno dicte su resolución inicial. Dado que en el Centro de Observación quedarán alojados menores que han reiterado sus conductas inadecuadas, se preferirá no internar en él a los que llegan por primera vez, para evitar las relaciones entre éstos y aquéllos.
Artículo 153. Como primer acto que con un carácter urgente deberá realizarse tan pronto como el menor esté a disposición del Consejo Tutelar, se citará a sus padres, y en caso de que el menor carezca de ellos o desconozca su paradero, se citará en su orden a los demás familiares, o quien haya hecho responsable de su cuidado.
Artículo 154. El consejero, al recibir a un menor, lo atenderá personalmente y sin la presencia de cualquier otro funcionario o empleado, dándole un sentido íntimo a la entrevista. El mismo consejero atenderá, también personalmente a los padres o parientes del menor, para percatarse de cuál es la verdadera situación familiar, ambiental y social que lo rodea. De igual manera atenderá a las víctimas, acusadores y testigos de una y otra parte.
Artículo 155. Antes de escuchar al menor y a los encargados de éste, el instructor informará a uno y otros, en lenguaje sencillo y adecuado a las circunstancias, las causas por las que aquél ha quedado a disposición del Consejo Tutelar.
Artículo 156. El consejero tomará en cuenta si es el primer ingreso y si, según los datos iniciales, el menor cuenta con el amor de sus padres, con familia confiable y si, como consecuencia de la falta, están los familiares dispuestos a reparar el daño que se haya causado, para que, al efectuarlo total, parcial o simbólicamente, pueda resolver preferentemente reintegrarlo definitiva o provisionalmente a su núcleo familiar.
Artículo 157. El consejero instructor de turno procederá, sin demora, escuchando al menor, a establecer en forma sumaria las causas de su ingreso y sus circunstancias personales, con el propósito de acreditar los hechos y la conducta que se le atribuye. Con base en los elementos reunidos, el instructor resolverá de plano, y tomando como proposición beneficiar al menor, si éste queda en libertad incondicional; si se entrega a sus padres, adoptantes, tutores o guardadores, quedando sujeto al Consejo Tutelar para la continuación del procedimiento; o si debe ser internado en el Centro de Observación. En todo caso, expresará el instructor, en la resolución que emita, los fundamentos legales y técnicos de la misma.
Artículo 158. Emitida la resolución a que se refiere el artículo anterior, el procedimiento se seguirá por las causas mencionadas en ella. Si en el curso de aquél apareciese que el Consejo debe tomar conocimiento de otros hechos o de situación diversa en relación con el mismo menor, se dictará nueva determinación, ampliando o modificando, según corresponda, los términos de la primeramente dictada.
Artículo 159. El instructor dispondrá de quince días naturales para integrar el expediente. Con tal propósito, dentro de dicho plazo recabará los elementos conducentes a la resolución de la Sala, entre los que figurarán, en todo caso, los estudios médico, pedagógico, sicológico, familiar y social, que conduzcan al correcto diagnóstico del menor y de su situación hogareña.
Artículo 160. En los casos graves o de especial dificultad, se ampliará el término por otros quince días, por decisión de la sala respectiva, a solicitud del consejero instructor y dejando constancia escrita en el expediente.
Artículo 161. El estudio de cada caso será complementado por los informes diarios que el personal de custodia, administrativo y de servicio de la institución, rinda respecto de la manera de ser del menor y de su conducta, tanto cuando ésta sea positiva, como cuando sea negativa.
Artículo 162. El estudio pedagógico tiene por objeto hacer por constar por escrito el nivel de conocimiento del menor, su coeficiente de aprovechamiento, sus intereses y habilidades.
Artículo 163. El estudio psicológico tiene por finalidad establecer por escrito las conclusiones del estudio cuantitativo de inteligencia y cualitativo de personalidad del menor así como sus intereses y aptitudes. Cuando éste sea mayor de quince años, se harán constar los resultados de la explotación vocacional.
Artículo 164. El estudio social tiene por finalidad establecer por escrito los resultados de la investigación del menor, sus familiares, amigos, su domicilio, su escuela, su barrio y su trabajo, previas visitas que técnicamente practique el trabajador social.
Artículo 165. El estudio médico tiene por objeto establecer por escrito la integridad corporal del menor, su grado de nutrición y desarrollo, sus anomalías anatomofisiológicas, sus estados patológicos y sus tratamientos.
Artículo 166. Además de los estudios médico, sicológico, pedagógico, familiar y social, que motivarán a toda resolución de fondo, pueden practicarse otros que fueren necesarios respecto del mismo menor, y cuando fuere indispensable, respecto de los adultos que desempeñen un papel determinante en su vida.
Artículo 167. Con todos estos estudios e informes debidamente integrados al expediente, se hará el diagnóstico interdisciplinario que será la base para la resolución definitiva, de tratamiento, cuyo proyecto formulará el instructor para dar cuenta inmediata a la sala.
Artículo 168. Una vez integrado el expediente con los cuatro estudios técnicos y los informes de los Centros de Recepción y Observación, el consejero instructor, dentro de los tres días siguientes, presentará a la sala su proyecto de resolución.
Artículo 169. El procurador deberá informar al Presidente del Consejo cuando no se presente el proyecto de resolución en algún caso, dentro del plazo fijado en el artículo anterior. De inmediato requerirá el Presidente al consejero instructor la presentación de su proyecto. En igual forma actuará el Presidente cuando por otros medios llegue a su conocimiento la omisión o demora en la presentación del proyecto. Si el instructor no somete a la sala el proyecto de resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de la excitativa, el procurador lo hará saber al presidente del consejo, quien dará cuenta al Pleno, el cual, discrecionalmente y escuchando al instructor, fijará nuevo plazo improrrogable para que éste someta el proyecto referido al conocimiento de la sala, o dispondrá, si lo cree conveniente, el cambio del instructor.
Artículo 170. Los integrantes de una Sala del Consejo, se reunirán en sesión ordinaria el número de veces que sean convocados por el Presidente para el despacho inmediato de los casos cuyo estudio se haya terminado. La sala podrá funcionar con la asistencia del presidente y de otro consejero. Tomará sus resoluciones por mayoría de votos o por unanimidad y, en caso de empate, el consejero ausente será sustituido por un suplente.
Artículo 171. El Consejo Tutelar deberá estudiar a fondo cada caso, de manera que pueda percibir su realidad y resolverlo apartándose de todo prejuicio, influencia extraña o compromiso previo.
Artículo 172. Tomada la resolución, se notificará al procurador de la defensa del menor, respectivo, y a los padres o familiares del menor, a quienes se informará del derecho que tienen de interponer recurso y del plazo para hacerlo.
Artículo 173. No obsta para la inmediata ejecución de las medidas a favor del menor, el hecho de que se interponga algún recurso.
SECCIÓN "D"
De las medidas aplicables
Artículo 174. El Consejo Tutelar podrá determinar en cada caso, a su arbitrio, las medidas de asistencia protección o tratamiento que fueren necesarias para la mejor formación del menor en lo futuro.
Artículo 175. La resolución final que dicte una Sala del Consejo Tutelar, podrá decidir si el caso requiere tratamiento o no; si el menor queda exclusivamente a cargo de sus padres o familiares; si se le asistirá y se le pondrá en relación con personas o instituciones especializadas en la resolución de sus problemas, o si deberá internársele y con qué finalidad.
Artículo 176. Cuando el medio familiar del menor esté integrado por personas trabajadoras, sin vicios y sin delincuencia, podrá concederse, en la resolución final, que vuelva a su hogar en libertad absoluta o bajo las normas de la libertad asistida.
Artículo 177. El Consejo Tutelar no podrá aplicar en caso alguno medidas que no tengan como finalidad otorgar al menor una adecuada protección contra las causas personales, familiares o sociales, que determinaron su conducta desviada o antisocial.
Artículo 178. En las resoluciones en que se aplique alguna medida al menor, la sala asentará la causa del procedimiento, los
resultados de las pruebas practicadas , valorándolas conforme a las reglas de la sana crítica, y las observaciones que se hubiesen formulado sobre la personalidad de aquél, estableciendo su diagnóstico, los fundamentos legales y técnicos de la determinación y la medida acordada para su tratamiento.
Artículo 179. Si el Consejo Tutelar se percata de que la conducta del menor es normal en su edad, constata que la vida familiar es favorable a su buena evolución y desarrollo, omitirá señalarle tratamiento y lo devolverá a su hogar previa reparación del daño causado, que podrá ser total, parcial o simbólica, de acuerdo con el artículo 156.
Artículo 180. Para la readaptación social del menor y tomando en cuenta las circunstancias del caso, el consejo podrá disponer la libertad, que siempre será asistida o el internamiento institucional. La medida tendrá duración indeterminada y quedará sujeta a la revisión prevista en la presente ley sin que el procedimiento y medidas que se adopten puedan ser alterados por acuerdos o resoluciones de tribunales civiles o familiares.
Artículo 181. Toda medida que se tome a favor de los menores tenderá a su adecuada formación e integración sociofamiliar y presupone la colaboración coordinada de sus padres y familiares, prefiriéndose la aplicación de las que requieran su permanencia en el hogar o con la familia amiga. Si no fuere posible se preferirá su internado en institución abierta. Sólo cuando tampoco fuere posible esto, se realizarán las medidas en institución semiabierta y, como último extremo, en institución cerrada. Las medidas acordadas pueden cambiarse totalmente, modificarse y aún acumularse a otras, en cualquier tiempo de su ejecución, según las necesidades del tratamiento.
Artículo 182. Antes de cambiar la medida o la institución en que un menor se encuentre, se tendrá especial cuidado en prepararlo para el cambio, al igual que preparar a la institución o persona que deba recibirlo.
Artículo 183. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Tutelar podrá solicitar el auxilio de otras dependencias y autoridades del Ejecutivo, del DIF y de otras instituciones, en la medida de las atribuciones de ellas.
Artículo 184. Cuando el Consejo Tutelar se percate de que los progenitores, para el ejercicio de la patria potestad, usan el rechazo, el grito, el insulto, las amenazas y las violencias contra los hijos, además de las medidas que tome para el tratamiento de los males o padecimientos que se hayan diagnosticado al hijo, destacará a su personal más capacitado para orientar o dar terapia a los padres o familiares, a efecto de que dejen de manifestarse los rechazos y las agresiones contra los menores, de inmediato, si se fracasare, o los responsables abandonaren la terapia, se procederá a solicitar del juez de lo familiar la suspensión o, en su caso, la pérdida de la patria potestad.
Artículo 185. El internamiento se hará en la institución adecuada para el tratamiento del menor, considerando la personalidad de éste y las demás circunstancias que concurran en el caso. Estos internados combinarán armónicamente las actividades recreativas, culturales, deportivas y de estudio con la capacitación para el trabajo.
Artículo 186. En los casos en que la conducta o la manera de ser del menor reiterante denuncien alto grado de perversión y previos los estudios de personalidad, cuando no hubiere posibilidad notoria de tratamiento, se le internará en institución cerrada, donde se le practicarán periódicamente nuevos estudios por el personal técnico de ella y se le someterá al que fuere factible.
Apartado 1o.
De la libertad asistida
Artículo 187. En todos los casos en que un menor quede viviendo a cargo de sus padres o familiares, el Consejo Tutelar deverá resolver por escrito si queda sólo bajo responsabilidad de éstos, o si serán auxiliados por medio de la libertad asistida.
Artículo 188. En su caso la asistencia implica la sistemática observación de las condiciones de la vida del menor y la orientación de éste y de quienes lo tengan bajo su cuidado, así como su contacto con personas o instituciones que les pueden auxiliar o dirigir en la solución de sus problemas, considerando las modalidades de tratamiento consignadas en la resolución respectiva.
Artículo 189. Los trabajadores sociales a cuyo cargo quede la atención práctica de la libertad asistida, se presentarán francamente en la familia del menor, orientándola acerca de las funciones que deba desempeñar y las que sean consideradas inconvenientes y la pondrá en contacto con las personas e instituciones (Bolsas de trabajo), clínicas y hospitales, centros de capacitación para el trabajo, escuelas y profesionistas especializados, etcétera), de que podrán valerse, sea colaborando con ellos u obteniendo su asistencia técnica.
Artículo 190. Además, explicarán cuidadosamente al menor y sus familiares la razón y las particularidades de la libertad asistida, para que, una vez comprendida, se eviten las transgresiones o violaciones que puedan afectar la vida del menor y dar por resultado la suspensión o la revocación de la medida.
Artículo 191. En todos los casos de libertad asistida queda prohibido a los familiares y al menor, durante su vigencia:
a) El uso de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes;
b) El trato habitual con personas que se dediquen a la delincuencia, prostitución, vagancia o malvivencia, y
c) El abuso de prohibiciones, regaños, gritos, golpes, amenazas, etcétera, que serán sustituidos por explicaciones de las razones por las que cada cosa debe evitarse o cumplirse.
Artículo 192. Durante la vigencia de la libertad asistida, el menor no debe dejar de cumplir las siguientes exigencias legales que se le harán saber:
a) Asistir puntualmente a la escuela;
b) Estudiar diariamente y cumplir cuidadosamente sus trabajos o tareas escolares;
c) Ayudar, sea hombre o mujer, en las tareas del hogar;
d) Evitar, al igual que sus padres o familiares, las amistades inconvenientes;
e) Si ya es mayor de 14 años y terminó su primaria, podrá trabajar estando obligado a concurrir puntualmente a sus labores, principalmente cuando éstas no le impidan cumplir con sus deberes escolares;
f) En general, todo aquello que juzgue pertinente el Consejo Tutelar o impulse su normal y sano desarrollo.
Artículo 193. Si el menor o sus familiares dejaren de cumplir estas exigencias legales o las impuestas por el Consejo Tutelar, el trabajador social les hará notar el peligro de que la libertad asistida sea revocada y, en todo caso, dará cuenta al consejero instructor para que se entere de la situación real, y pueda dictar las medidas que considere pertinentes.
Artículo 194. El Consejo Tutelar, por los medios a su alcance y por los que aportare la colaboración de otras autoridades, instituciones o personas, vigilará el cumplimiento de sus decisiones, en relación con la asistencia o la protección de menores, evitando todo lo que pudiere redundar en desviación o abuso del poder.
Artículo 195. Cuando el menor deba ser colocado en hogar sustituto, integrándose en la vida familiar del grupo que lo reciba, la autoridad ejecutora determinará el alcance y condiciones de dicha colocación en cada caso, conforme a lo dispuesto en la correspondiente resolución de Consejo Tutelar.
Apartado 2o.
De la internación
Artículo 196. El Consejo Tutelar podrá disponer la internación de un menor, cuando éste no cuente con familia o amigos en cuya casa deba convivir, o cuando, teniéndolos, éstos no puedan encargarse del tratamiento señalado por aquél. También cuando el menor, al convivir con su familia, corra peligro de ser dañado, o cuando él signifique peligro para terceras personas.
Artículo 197. Las instituciones de internado que el Consejo Tutelar utilice al efecto, pueden ser de carácter asistencial, educativo, médico reeducativo, etcétera, no forzosamente exclusivas para menores infractores.
Artículo 198. Las instituciones de internado pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas, debiendo preferirse por el consejo las primeras y dejando las últimas para el caso de que no hubiere otra medida aplicable.
Artículo 199. Son instituciones abiertas, aquellas que mantienen un constante régimen de libertad para entrar y salir durante las veinticuatro horas del día, y carecen de medios materiales de seguridad.
Artículo 200. Son instituciones semiabiertas, las que mantienen sus puertas cerradas y sólo permiten la salida de los menores con objeto preciso, tiempo limitado y controles humanos elásticos, facilitando la salida de fin de semana para ir a visitar a sus familiares, o en grupos para ir de excursión o de paseo.
Artículo 201. Son establecimientos cerrados, aquellos que tienen medios materiales y humanos de seguridad, y no permiten la salida de los alumnos sino con autorización del director o de sus superiores.
Artículo 202. Es obligatorio para toda institución de internado, cuidar la salud y el bienestar de los menores. Al efecto, además de vigilar que tengan buena cama, ropa adecuada y alimentación balanceada, deberán disponer de maestros especializados y confiables, así como mantener ocupado todo el tiempo de los menores internados.
Artículo 203. Cualquiera que sea la institución en que un menor infractor quede internado, está obligada a tomar en cuenta los estudios que para su diagnóstico haya hecho el Consejo Tutelar, como base del tratamiento individual que imparta. A su vez, hará los estudios médico, pedagógico, psicológico y social periódicamente, cuando menos cada seis meses, para confirmar la evolución del menor y los efectos del tratamiento.
Artículo 204. El tiempo de internado de un menor siempre será indefinido y su duración queda sujeta a los efectos que produzca el tratamiento.
Artículo 205. La institución de internado hará todo lo posible por acercar al menor a sus familiares y provocar el acercamiento de ellos al plantel.
Artículo 206. Mientras el menor permanezca internado, el personal técnico del establecimiento hará todo lo necesario, dentro de lo posible, para mejorar su ambiente hogareño, a efecto de que, al ser externado, no sigan influyendo sobre su conducta las mismas causas que provocaron su ingreso al Consejo Tutelar.
Artículo 207. Son disposiciones aplicables a los internados para menores infractores, las de los artículos 98, 100, 103 y 104, fracción VII de este código.
Artículo 208. En estos internados se impulsarán con el mayor esmero los derechos señalados en el artículo 6o. y la capacitación para el trabajo, en forma individual y sobre todo colectiva.
CAPITULO V
De los recursos
SECCIÓN "A"
De la revisión
Artículo 209. La Sala del Consejo revisará las medidas que hubiere impuesto, tomando
en cuenta los resultados obtenidos mediante el tratamiento aplicado. Como consecuencia de la revisión, la sala ratificará, modificará o hará cesar la medida disponiendo, en este último caso, la liberación incondicional del menor.
Artículo 210. La revisión se practicará de oficio, cada tres meses. Podrá realizarse en menor tiempo cuando existan circunstancias que lo exijan, a juicio de la sala, o cuando lo soliciten los familiares, o la persona o institución encargada de llevar a cabo el tratamiento.
Artículo 211. Para los efectos de la revisión, el presidente del consejo recabará y turnará a la sala correspondiente los informes sobre los resultados del tratamiento. Para fundar la resolución que se tome , se tendrán en cuenta los informes del consejo visitador, los de los familiares y las recomendaciones de los encargados del tratamiento.
SECCIÓN "B"
De la inconformidad
Artículo 212. Sólo son impugnables, mediante recursos de inconformidad del que conocerá el Pleno del Consejo, las resoluciones de la sala que impongan una medida diversa de la amonestación. No son impugnables las resoluciones que determinen la liberación incondicional de menor y aquéllas con las que concluya el procedimiento de revisión.
Artículo 213. El recurso de inconformidad tiene por objeto la revocación o la sustitución de la medida acordada, por no haberse acreditado los hechos atribuidos al menor, o la peligrosidad de éste. o por habérsele impuesto una medida inadecuada a su personalidad o a los fines de su readaptación social.
Artículo 214. El recurso será interpuesto por el procurador de la defensa del menor, ante la sala, por sí mismo o a solicitud de los padres, tutores o responsables del menor, en el acto de la notificación de la resolución impugnada o dentro de los tres días siguientes. Si el procurador no interpone el recurso que se le solicitó, el requeriente acudirá en queja, en el término de tres días, al jefe de procuradores, quien ordenará su interposición. Al dar entrada al recurso, el presidente de la sala acordará de oficio la suspensión de la medida impugnada y ordenará la remisión del expediente al pleno del consejo.
Artículo 215. La inconformidad se resolverá dentro de los tres días naturales siguientes a la interposición del recurso. En la sesión del Pleno del Consejo en que se conozca del recurso, se escuchará al procurador y a los padres tutores o responsables del menor, se recibirán las pruebas que el consejo estime conducentes al establecimiento de los hechos, de la personalidad del sujeto y de la idoneidad de la medida impuesta y se determinará de plano lo que proceda.
Artículo 216. Cuando el consejo cuente con una sola sala, se impugnará la resolución definitiva solicitando la reconsideración ante el pleno, que la concederá en lo factible, buscando en todo momento la mejoría más trascendente en favor del menor.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
Artículo 217. Cuando en los hechos hubiesen intervenido adultos y menores, las diligencias en que deban participar los menores se llevarán a cabo en el sitio en que éstos se encuentren.
No se autorizará su traslado a las oficinas del Ministerio Público, ni a los juzgados personales, salvo que sea estrictamente necesario a juicio de la autoridad de adultos que lo solicitó.
Artículo 218. Los medios de difusión se abstendrán de publicar la identidad y circunstancias de los menores comprendidos en esta ley y de las particularidades de la ejecución de las medidas acordadas por el Consejo Tutelar. Cuando se desee la localización de un menor desaparecido, podrán publicarse sólo los datos necesarios para su identificación y localización.
Artículo 219. Siempre que cause daño a terceros, el Consejo Tutelar hará lo posible, desde el inicio del procedimiento, para que se pongan de acuerdo los familiares del menor con el dañado, respecto del monto de la reparación, la forma de pago y demás particularidades del caso.
Artículo 220. La reparación debe ser de acuerdo con el daño causado y con las posibilidades económicas de la familia del menor.
Artículo 221. Todos los actos administrativos, policiacos, judiciales y los del Consejo Tutelar en particular que tenga alguna relación con menores, serán comunicados por la respectiva autoridad, de inmediato, a sus padres, adoptantes, tutores o guardadores, para que tomen las medidas conducentes a favorecer al menor de manera eficaz, salvo cuando se investigue la falta de cumplimiento de éstos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente código entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial.
Segundo. Al entrar en vigor las disposiciones del presente código quedan derogadas todas las disposiciones legales que se le opongan.
Tercero. Queda derogado el artículo 423 del Código Civil del Distrito Federal.
Cuarto. Cuando alguna persona menor de los 18 años esté ya a disposición del juez penal o procesada, al entrar en vigor este código, el juez sobreseerá el caso poniendo al menor de inmediato a disposición del Consejo Tutelar respectivo.
Quinto. Cuando un menor haya cometido un acto tipificado por el Código Penal y haya sido sentenciado por el juez común, si al entrar en vigor esta ley está cumpliendo la
pena impuesta, aunque ya sea adulto, se tendrá por no dictada la sentencia y quedará a disposición del Consejo Tutelar respectivo, el que con plena libertad de criterio acordará lo que estime procedente.
Sexto. El ejecutivo proveerá a la formulación de los reglamentos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de las disposiciones del presente código.
Séptimo. Se recomienda a los congresos locales legislar sobre el Código de Menores en sus respectivos estados.
Por la fracción parlamentaria del PSUM, diputado Florentino Jaimes Hernández".
Diciembre, 1984.
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Justicia, de Trabajo y Prevención Social, de Salubridad y Asistencia y de Educación Pública.
ARTÍCULOS 45, 87 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO GENERAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Florentina Villalobos de Pineda.
La C. Florentina VIllalobos de Pineda: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía, iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 45, 87 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fundo esta iniciativa en la siguiente exposición de motivos:
Este Cuerpo Colegiado, por su esencia, es, para todo fin práctico, generador de trascendentes resoluciones que acondicionan o canalizan la vida nacional, a través de los decretos cuya expedición constituye precisamente nuestra función.
Somos los que tomamos las decisiones que, en pleno derecho, deben, al aplicarse, llevar la felicidad y la prosperidad al pueblo mexicano.
Difícilmente puede encontrarse algo de más importancia intrínseca para toda la colectividad. Por eso, la responsabilidad moral, legal y objetiva de los miembros del Congreso y, en particular de esta Cámara de Diputados, es de una oportunidad y de un alcance extraordinarios.
Nadie puede poner en duda este hecho y, sin embargo, estamos atestiguando y sintiendo todos, las formas casi irreverentes con que se maneja esa responsabilidad, en relación a la magnitud de la tarea. Se hace indeclinable la obligación de dejar testimonio en estos últimos días del último periodo de sesiones de que aquí se ha denunciado ya, la actitud perjudicial y contraria al interés nacional, que se despliega en los procedimientos y en la vida general del Congreso, cuando menos en lo que respecta a esta Cámara de Diputados.
En primer lugar voy a hacer una relación que gira alrededor del instrumento legal que técnicamente debe conducir la vida y las actividades del Congreso y de esta Cámara. Me refiero concretamente al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso que consta de 214 artículos. De estos artículos, 33 son violados, algunos de ellos sistemáticamente, a plena conciencia de los integrantes de las diversas mesas directivas. Para los tres periodos de sesiones se han elegido doce de ellas, sin que haya existido intención alguna de rectificar esa actitud, a pesar de que se han hecho denuncias en diferentes ocasiones.
La lista de artículos a la que me he referido no es exhaustiva. Refleja, en forma sustancial, el mal comportamiento de las autoridades de esta Cámara.
Nosotros tenemos la responsabilidad de explicar al pueblo nuestras fallas; de heredar a la próxima legislatura una estructura que no sea nada más una carga económica para los contribuyentes, sino el poder que fiscalice los actos del Ejecutivo y cuide los intereses de la Nación. Es ya intolerable el descrédito y la falta de confiabilidad de este Cuerpo Legislativo. Es conocidísimo el interés que la prensa nacional y sus lectores pusieron en la información de que en esta Cámara se cuentan los votos de los diputados en forma incorrecta. Es sabido también el hecho de que esta Cámara aprueba todos los proyectos del Ejecutivo, algunos dañinos para la Nación, sin el adecuado análisis.
Los cargos enumerados son muy graves para una institución que, como ésta, debe representar la pureza, la eficacia, el equilibrio y la capacidad para resolver los asuntos nacionales.
A continuación describiré algunos artículos que se han violado en diversas formas y momentos, algunos de ellos de manera sistemática:
Artículo 21, fracciones XV y XVI; artículo 22, artículo 25, fracción VII; artículo 28; artículo 29; artículo 33; artículo 47; artículo 50; artículo 58; artículo 66; artículo 67; artículo 68; artículo 69; artículo 80; artículo 87; artículo 91; artículo 93; artículo 102; artículo 103; artículo 106; artículo 109; artículo 112; artículo 129; artículo 147; fracciones I y IV; artículo 151; artículo 203; artículo 204; artículo 207; artículo 211; artículo 212 y artículo 213.
La falta de observancia de los artículos 21, fracción XVI, y 87, es de tal trascendencia que ha convertido a esta Cámara en un acuerdo inútil y gravoso para el país. Al no dictaminarse las iniciativas presentadas por los partidos de oposición, el pluralismo que representamos los diputados de los diversos partidos aquí presentes, no tienen ninguna vigencia.
El artículo 72 constitucional supone el pluralismo, no sólo de ideologías encarnadas en personas de diversos partidos, sino la posibilidad
real de influir en la toma de decisiones. Todos sabemos que solamente las iniciativas procedentes del Ejecutivo y algunas del partido oficial, que para el caso es lo mismo, han sido dictaminadas y aprobadas a lo largo de más de cincuenta años.
En segundo lugar la violación de todo el capítulo relativo al funcionario de las comisiones, que tiene mucha conexión con los artículos mencionados en el párrafo anterior, frustra la posibilidad de los diputados que las integran, al no tomarse en cuenta sus aportaciones de enriquecer el patrimonio legislativo en beneficio del pueblo mexicano.
De las 32 comisiones integradas, solamente sesionan las que tienen que ver los asuntos enviados por el Presidente de la República, de manera apresurada y en muchas ocasiones sacando de las sesiones de la Cámara a los diputados para que la analicen en forma arrebatada las iniciativas que el mismo día deben conocerse en el pleno. Estas comisiones, que no funcionan o que se reúnen solamente para realizar visitas turísticas, son, por ejemplo, la de Pesca, la de Radio, Televisión y Cinematografía, la de Turismo, la de Energéticos, la de Defensa Nacional. Otras, como la de Corrección de Estilo y la de Biblioteca, nunca se reunieron en los tres años de la legislatura.
El Comité de Administración de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento, debe ser renovado cada año en la primera sesión de cada periodo ordinario. Los diputados César Vieyra Salgado y Enrique León Martínez, presidente y secretario, respectivamente, no fueron removidos de sus cargos en ninguna ocasión, ni fue consultada esta Cámara para que continuaran en sus puestos como hubiera sido lo conducente.
La gravedad de que esta Cámara viole sus propias leyes internas es mayor si se considera que la dignidad personal de cada diputado se va dañando, hasta convertir a muchos de ellos en personas amargadas o cínicas. Las repercusiones de esta práctica corruptora y disolvente, trascienden al ámbito de esta Cámara.
El artículo 28 que dispone que la duración de las sesiones debe ser de cuatro horas, se transgredió en la inmensa mayoría de las sesiones celebradas en los tres periodos. Esto hizo imposible que los diputados, fatigados y mentalmente saturados dedicaran la atención y reflexión que cada una de las leyes exigía.
No se observaron los artículos 47 y 50 que obligan a los diputados a justificar sus faltas de asistencia y a que se publiquen los nombren de los diputados que hayan dejado de asistir durante diez días consecutivos. Al no observarse estos artículos se defrauda al pueblo que les paga.
En tercer lugar, otro capítulo que se debe denunciar es el relativo al tiempo que se pierde en pasar lista de asistencia. Por experiencia sabemos que se emplea, en término medio una hora en pasar lista, cuando la lectura de los nombres es normal. Pero cuando, por razones que desconocemos, se ordena a los secretarios que hagan tortuguismo, se ha empleado hasta 90 minutos entre pasar lista y leer el acta de la sesión anterior. De tal suerte, que la sesión se inicia después de las 12 del día. El tiempo fresco de los diputados se consume en esta tarea y se inicia el tedio.
En los tres periodos de sesiones se celebraron 141 sesiones; en ellas se gastaron en promedio 141 horas en pasar lista. Si multiplicamos esa cifra por 300 diputados que, en promedio asistían a las sesiones nos dan 42 mil 300 horas - diputado consumidas absurda e irracionalmente en la toma de lista de asistencia.
Algo similar ocurre en la toma de las votaciones. En cada una de ellas se emplean alrededor de 10 minutos. Nada más tomando una votación por sesión, en las 141 sesiones celebradas en los tres periodos, se consumieron 7 mil 50 horas - diputado.
El día 19 de octubre de 1982, el diputado Alberto González Domene propuso a esta Cámara que, por razones de eficiencia, se pusiera en funcionamiento el circuito electrónico para recoger las votaciones, tanto nominales como económicas, así como para verificar el qourum. Dicha proposición se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, cuyo presidente es el diputado José Luis Lamadrid Sauza. Para estas fechas estamos esperando una explicación a la falta de funcionamiento de este recurso electrónico.
El incumplimiento de las comisiones, además ha hecho que los diputados con auténtica vocación de legisladores hayan visto anuladas sus oportunidades de madurar y de crecer y así hacer más eficaz su tarea en beneficio de nuestro país. Como ciudadano, el diputado tiene derecho también a que la estructura le facilite actualizar sus potencialidades en un ambiente propicio donde encuentre estímulos y otra suerte de gratificación que no sea solamente la económica. La conciencia del propio valor de un diputado no tiene precio. La buena paga que recibimos no compensa el daño que muchos hemos sufrido, inmersos en este sistema que nos humilla y nos violenta.
Las horas muertas, interminables, que transcurren en la escucha de las exposiciones inconexas en los remedos de debates a propósito de diversas iniciativas que se proponen al Pleno, convierten a esta Cámara en parlamento de individuos que han perdido el juicio. Después de trece horas de escuchar continuamente sin siquiera un breve receso convierte esta práctica en un suplicio.
El tiempo para dar permisos y condecoraciones consume casi la mitad del tiempo de casi la tercera parte de las sesiones.
Hacemos un llamado a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, cuyo titular es el diputado José Luis Lamadrid, para que antes de terminar el tiempo de esta Legislatura entregue el nuevo
reglamento. El que usamos actualmente es anterior a la nueva ley. Esta es de 1979, y aquél de 1937. Aunque el reglamento ha sufrido algunas modificaciones, éstas han sido irrelevantes y no resuelven la necesidad actual.
La falta de equidad y de verdadero espíritu plural de esta Cámara se manifiesta de manera hiriente en el siguiente balance: en las 141 sesiones se presentaron 137 iniciativas del Ejecutivo, de las cuales fueron dictaminadas 133; 15 fueron presentadas por el partido oficial, de las cuales fueron aprobadas 6, y 136 fueron presentadas por los diversos partidos políticos de oposición, de las cuales no fue dictaminada ninguna.
Esta situación nos lleva a hacer un examen muy severo de sus causas: No hay excusa, después de 175 años de la Independencia y de 75 de la Revolución Mexicana, para mantener esta situación de desigualdad y de malestar que se observa en millones de mexicanos, compatriotas nuestros. El Poder Legislativo que debió haber evitado el endeudamiento brutal, el crecimiento monstruoso del aparato gubernamental, el modelo económico equivocado, la corrupción desenfrenada, la quiebra del campo, la imposibilidad de elevar humanamente al mexicano, ha desertado de su misión.
Por los expuestos, en el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución de la República, me permito someter a esa H. Soberanía la siguiente iniciativa de decreto:
Artículo primero. Se agrega un párrafo cuarto al artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 45. ......................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Para pasar lista inicial y para verificar el quórum, se usarán las instalaciones electrónicas con que se cuenten las Cámaras, en todo tipo de sesiones.
Artículo segundo. Se agrega un segundo párrafo al artículo 87 que diga:
Artículo 87. ....................................................
..............................................................................
Los presidentes de las destinadas comisiones de la Cámara rendirán, ante su comisión, un informe trimestral, por escrito, del estado que guardan los asuntos que les han sido turnados. Si este informe acusa algún rezago, serán removidos de sus puestos después de ser oídos.
Artículo tercero. Se reforma el artículo 147 para quedar como sigue:
Artículo 147. La votación nominal se recogerá mediante el uso de las instalaciones electrónicas con que cuenten las Cámaras.
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 28 de diciembre de 1984. Por la diputación de Acción Nacional, diputada Florentina Villalobos de Pineda."
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Imprímase.
Esta Presidencia, al mismo tiempo, se permite comentar, en cuanto a los señalamientos de la diputada Florentina VIllalobos, que si bien tienen un valor en cuanto a llamar la atención sobre algunas deficiencias reales en el desarrollo de nuestros trabajos, es indudable que exageran sin sentido de proporción, realismo, ni la deseable madurez de juicio, las deficiencias en que pudiéramos haber incurrido todos nosotros en el desarrollo de nuestros trabajos. (Aplausos.)
El C. Francisco Javier González Garza: - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, señor diputado.
El C. Francisco Javier González Garza:
- Señor Presidente: Nos parece, a los diputados de Acción Nacional, que no está en el reglamento ni tampoco en las atribuciones del Presidente, el hacer comentarios de las denuncias o protestas que se remiten; en su caso nosotros le solicitaremos al Presidente de que la comisión a donde fue turnada dé una respuesta, y sobre esa respuesta, sí debatirnos; pero no se puede permitir que el señor Presidente dé o quite valor, o dé juicios de valor, a una denuncia de este tipo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Perdone, señor diputado, pero esta Presidencia se permite darle respuesta también. Si lo hicimos en la primera ocasión, fue no solamente porque es nuestra obligación el conducir las sesiones y proveer a todo lo que sea favorable al desarrollo de nuestros trabajos, sino porque precisamente en el ejercicio de esta facultades hemos venido conduciendo los trabajos de nuestras sesiones ordinarias durante este mes de diciembre de arduo trabajo, y nos cabe, sin duda, como les cabe también a los demás señores diputados, incluso a aquellos que ocasionalmente han expresado una inconformidad y callado muchas otras hasta este resumen y cuidadoso estudio de tiempos y movimientos de la diputada Florentina Villalobos, una responsabilidad. Es para responder a este planteamiento, en el que compartimos de manera especial responsabilidades, que hemos expresado desde el punto de vista de esta Presidencia, y ala vez de la mayoría de esta Cámara. (Aplausos.)
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 1985
"Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: En los términos previstos por los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo de esta soberanía, fue turnada a las comisiones de Programación, y Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, para el estudio y dictamen, el proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 1985, que el Ejecutivo Federal envió a esta H. Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo señalado en la fracción IV del artículo 74 constitucional, y de lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en sus artículos 19, 20, 23 y 24.
Después de examinar la iniciativa de referencia y como resultado de su estudio, estas comisiones someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Presentación
El resultado de la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, realizada por las comisiones que suscriben, se expone en el siguiente orden.
En primer término, el análisis de la congruencia de los objetivos presupuestales con los propósitos nacionales; en segundo lugar, la revisión y sugerencias acerca de la estructura programática del proyecto y las recomendaciones relativas a su forma de presentación en lo subsecuente.
También, por considerado fundamental en los actuales momentos, se ha introducido al dictamen una reflexión sobre la evolución de los criterios presupuestales y la necesidad de que el ejercicio del presupuesto se supedite estrictamente a los que se señalan en el proyecto; además se propone enriquecer la normatividad que regula esta cuestión.
Por lo que hace a la estructura y orientación del gasto, se presenta una visión global del proyecto, así como las principales orientaciones que las comisiones consideran pertinentes dar a sus propuestas de modificación ante la H. Asamblea.
Posteriormente se detallan cada uno de los programas presupuestales incluyendo, en los casos que lo ameritaban y como producto del trabajo de análisis e investigación documental de las comisiones, un diagnóstico de la situación prevaleciente en las diversas materias objeto de los programas, la evolución del gasto en el último año y su impacto en el presupuesto y las recomendaciones que proponemos formen parte de la gestión gubernamental en el año de 1985.
Un comentario de carácter general cierra el dictamen y antecede al texto del Proyecto de Presupuesto modificado que se propone a la aprobación de esta Soberanía.
Marco de planeación
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985 surge, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, de un amplio proceso de planeación participativa, fundamentado en la consulta popular con todos los sectores de la sociedad, lo que proporciona una sólida sustentación a la determinación de las estrategias y a la selección de las vías de atención y las alternativas para la solución de la compleja problemática del Distrito Federal.
Los compromisos de gobierno que postula el Departamento del Distrito Federal como objetivos generales y que rigen el ejercicio de los programas presupuestales y operativos son los siguientes:
- Hacer prevalecer en todo ámbito el régimen de derecho.
- Mantener la rectoría del Estado en la regularización del uso y destino del suelo urbano.
- Crear las reservas territoriales necesarias.
- Regularizar la tenencia de la tierra.
- No permitir nuevos fraccionamientos.
- Evitar el establecimiento de nuevas industrias contaminantes o consumidoras de grandes volúmenes de agua y energéticos.
- Preservar y ampliar las zonas verdes para buscar el adecuado equilibrio ecológico.
- Generar empleo entre las clases desprotegidas.
- Propiciar una irreversible desconcentración económica.
- Establecer actividades agropecuarias altamente productivas que impidan el desbordamiento metropolitano.
- Crear una política global de atención, protección y recreación social.
- Ampliar y mejorar la prestación de los servicios públicos básicos.
- Privilegiar el transporte colectivo de pasajeros.
- Fomentar las acciones de autoconstrucciones de vivienda, beneficiando principalmente a las clases populares.
- Profesionalizar, modernizar y moralizar la seguridad pública y la impartición de justicia.
- Propiciar la participación plural del ciudadano.
- Modernizar la gestión administrativa propiciando que las acciones de gobierno respondan a las demandas de la población.
Vistos a la luz del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de Desarrollo para
la Zona Metropolitana de la ciudad de México y la Región Centro, las comisiones reconocen la procedencia de los compromisos antes señalados y expresan la necesidad de que el gobierno de la ciudad asuma también, en su plataforma de propósitos, la promoción a la descentralización de la vida nacional, desde el interior de la ciudad, el saneamiento de la estructura financiera, revisando las fuentes y optimizando la administración fiscal; y el impulso al Sistema Popular de Abasto dentro del Sistema Nacional para el Abasto, reforzando los servicios conexos al mismo y vigilando los mecanismos de mercado para evitar ineficiencias estructurales, corrupción social y usura comercial.
En lo que se refiere a la conformación de la estructura programática, el proyecto contiene importantes avances al reducir de 37 a 22 el número de programas para el año entrante y agrupar, en forma ordenada, las acciones que anteriormente se encontraban dispersas.
Es conveniente advertir que en las consultas con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, se nos informo que no fue posible reducir aún más el catálogo de programas, en virtud de que la Secretaría de Programación y Presupuesto requiere que exista una correlación entre programas del Departamento y el Catálogo de Funciones del Gobierno Federal. A este respecto, se considera pertinente que las autoridades de planeación presupuestal del Gobierno Federal analicen con profundidad la forma de lograr esa correspondencia tomando en consideración que el Departamento del Distrito Federal, además de ser un órgano administrativo, tiene como objeto social el desarrollo del gobierno de la ciudad.
Sin embargo, la reducción de programas para 1985 permitirá agilizar el ejercicio del gasto, simplificando trámites administrativos y coadyuvará a un mejor control del uso y destino de los fondos públicos.
Independientemente de este esfuerzo de reorganización programática. se observa que es necesario mejorar la forma en que se presenta el Proyecto de Presupuesto a esta Soberanía, de manera que permita evaluar con mayor precisión las propuestas del gasto, así como facilitar a la propia autoridad, a los órganos de Control del Ejecutivo y al Poder Legislativo, una mejor y mayor vigilancia del ejercicio del gasto y poder constatar el cumplimiento de las metas.
Consecuente con lo anterior, se someten a la consideración de esta representación las siguientes recomendaciones al Departamento del Distrito Federal, a fin de que, si merecen su aprobación, se apliquen en la formulación del Proyecto de Presupuesto para 1986:
a) Definir los programas de tal forma que puedan identificares con las unidades responsables.
b) Especificar los recursos totales que se asignan a cada una de las unidades responsables que intervienen en los programas y las metas que les corresponde cumplir. En lo que se refiere a las asignaciones por programa, señalar las unidades responsables que participan, detallando la asignación respectiva y las metas con las que colabora.
c) Estimar el universo y magnitud de necesidades a satisfacer y el grado de cobertura de los distintos servicios que presta el Departamento del Distrito Federal.
d) Estimar la tasa de incremento de la demanda de servicio y el porcentaje de satisfacción del servicio que se logrará en base a las metas programadas.
e) Incluir una jerarquización de las metas, en cuanto a su necesidad de ejecución en el año presupuestal, bajo el esquema de metas prioritarias, necesarias y diferibles.
f) Mejorar la codificación de las metas o incluir explicaciones adicionales que informen sobre la naturaleza, peso, descripción o alcance, para poder apreciar si la meta propuesta es razonable, excesiva o insuficiente en su cantidad y costo.
g) Presentar una matriz que muestre la incidencia de los programas en los compromisos de gobierno plasmados en las líneas de acción para la ciudad de México del Plan Nacional de Desarrollo y Programa de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a efecto de evaluar con mayor rigor la concordia de los objetivos nacionales y las asignaciones de recursos y metas.
Por último, las Comisiones Unidas consideran necesario recomendar que el Departamento del Distrito Federal continué trabajando para optimizar el proceso presupuestal y la forma de presentación de los proyectos a esta Cámara, a efecto de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo puedan cumplir con mayor eficacia las atribuciones que a cada uno competen.
Evolución de los criterios presupuestales
Aún cuando se reconocen avances trascendentes en materia de programación y presupuestación, el aumento del gasto público en las últimas décadas no se han debido exclusivamente al crecimiento de la economía y a la modernización, sino también a algunas deficiencias en la programación y presupuestación , como es el caso del crecimiento de los subsidios y la falta de observancia de algunas prioridades e igualmente a deficiencias en el ejercicio. Es necesario reforzar la normatividad, la disciplina en la ejecución para erradicar en definitiva los fenómenos de corrupción o de desperdicio.
Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo postula en la política de gasto alcanzar la máxima eficiencia y honradez en su ejercicio, así como el óptimo control en su ejecución.
Por su parte, la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos no sólo fija en monto, destino, estructura y política de asignación de los recursos públicos, sino también
establece el conjunto de criterios presupuestales a los que debe ajustarse estrictamente el Ejecutivo para su ejercicio.
Estos criterios, jurídicamente fundados, económicamente necesarios y socialmente justificados, constituyen el desarrollo natural de un grupo de preceptos de diverso orden jerárquico contenidos en la Carta Magna, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Durante los últimos tres años, estas comisiones han procurado mantener y enriquecer los criterios presupuestales en ocasión de los dictámenes de los Decretos de Revisión de las Cuentas Públicas del Departamento del Distrito Federal de 1981, 1982 y 1983, así como en los dictámenes de los Presupuestos de Egresos del Sector para 1983 y 1984, toda vez que la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General establece la obligación de la Cámara de Diputados de normarlos en el Presupuesto y comprobar - en la Cuenta Pública - que el ejercicio presupuestal se haya ajustado a los mismos.
De esta manera, durante la actual legislatura se ha podido ampliar en número de criterios de cinco, que existían en el Presupuesto de 1982, a los 33 que contiene el proyecto correspondiente a 1985.
En relación a los criterios presupuestales que aparecen en el proyecto que nos ocupa, las comisiones manifiestan su conformidad con ellos, en los general, porque responden a las recomendaciones formuladas por la Cámara en el desempeño global de sus atribuciones de control externo a través de la aprobación de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y de la revisión de la Cuenta Pública.
En lo particular, estas comisiones consideran necesario sugerir algunas modificaciones al Proyecto de Decreto a efecto de enriquecerlo, consolidar el propósito reordenador del Ejecutivo y garantizar la continuidad y congruencia entre la normatividad aprobada para el año de 1984 con la que ahora se expedirá para 1985.
Es así que coincidimos con los criterios presupuestales que imponen medidas para exigir la oportunidad y eficiencia de la aplicación presupuestal, así como con los que regulan las intervenciones de las secretarías de Programación y Presupuesto de la Contraloría General de la federación, en el ejercicio de sus atribuciones.
Coincidimos también en los criterios que imponen disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, descritos en el Capítulo Segundo de la Iniciativa de decreto, particularmente positivos en la actual etapa de reordenación económica y cambio estructural.
Nos complace que se haya incluido, por primera vez dentro del proyecto, la tabla de los montos máximos para adjudicar, convocar o concursar las adquisiciones de bienes muebles o servicios del Departamento, haciendo congruente el presupuesto del sector con el ordenamiento del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Almacenes de la Administración Pública Federal.
Por otra parte, proponemos modificaciones o adiciones al cuerpo normativo de los criterios presupuestales, a la luz de una mayor riqueza y claridad expositiva o bien en razón de convicciones políticas de índole social, que la tradicción popular de esta Legislatura no desea soslayar.
Las modificaciones que se someten a la consideración de esta H. Asamblea se detallan con sus respectivas orientaciones.
a) Proponemos modificar el artículo 12 del proyecto para adicionar a los programas prioritarios que ahí aparecen los de Aportación a la Ministración de Justicia; Desarrollo Social - exclusivamente en sus aspectos de protección social - , Abasto y Comercialización y el de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; tal y como fue aprobado por la Cámara en los decretos para 1983 y 1984, ya que consideramos que no han cambiado substancialmente las condiciones estructurales y de coyuntura que dieron base para otorgarles el rango de prioritarios.
b) Proponemos incluir en el mismo artículo una norma que al mismo tiempo que garantice que los programas prioritarios no podrán ser afectados presupuestalmente a la baja, permita que se puedan transferir partidas no ejercidas en dichos programas hacia otros del mismo rango de prioridades, siempre y cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas.
c) Proponemos también, incluir un nuevo artículo, el 12 - A, que establezca la obligación de que cuando existan excedentes presupuestales por subejercicio de programas no prioritarios y éstos de determinen como transferibles se apliquen, en primera instancia, a los programas prioritarios, en segunda, a los programas necesarios y en tercera, se declaren como ahorro del gasto, todo ello con las excepciones que establece el propio capítulo.
e) Finalmente, sugerimos establecer, en el mismo artículo 12 - A, la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal, en caso de dificultades o limitaciones de recursos financieros, pueda eliminar determinados renglones del gasto que en el curso del ejercicio se consideren no prioritarios o diferibles. Con esta nueva regla se atendería la recomendación vertida por la Cámara en el Dictamen de la Cuenta Pública de 1983, revisada en este mismo mes, y daría la posibilidad de liberar recursos para efecto del ahorro del gasto o para la reorientación a programas prioritarios o emergentes.
Análisis global
El Presupuesto de Egresos para 1985 muestra un crecimiento de 34.4% en relación al
presupuesto modificado de 1984, al pasar de 499 mil 800 millones a 672 mil 40 millones de pesos para el próximo ejercicio.
El Presupuesto total del Sector Departamento del Distrito Federal se ejercerá mediante $350,184'000,000 de recursos propios, $181,916'000,000 de fondos de financiamiento, $23,900'000,000 de recursos fiscales del Gobierno Federal al Sector Central, ............ $23,838'494,000 de ingresos propios de los Organismos Descentralizados, $91,500'000,000 de aportaciones del Gobierno Federal a los Organismos Descentralizados y $700'000,000 a fondos de financiamiento a los Organismos Descentralizados.
En lo referente al financiamiento del Presupuesto se observa una mejoría en relación al del año anterior, ya que en 1984 se cubrió el 49.5% con recursos propios de la entidad, mientras que en el proyecto que se analiza, los recursos propios cubrirán el 52.1%. Igualmente, se considera positivo que los fondos de financiamiento que requiere el Departamento del Distrito Federal para el ejercicio del Presupuesto sean del orden del 27%, en lugar del 37.3% que se previó para 1984.
Sin embargo, las Comisiones Unidas desean expresar que se consideran imprescindible sanear la estructura financiera del sector, haciendo congruente la Ley de Ingresos con el Presupuesto, a fin de equilibrar - en lo posible - los costos con los ingresos, racionalizando subsidios y financiamientos, para evitar el riesgo de retornar a la tendencia de satisfacer las demandas de la ciudad recurriendo a la deuda.
Por tanto, se recomienda mejorar el control de los sistemas de recaudación, evitar la evasión fiscal y distribuir las cargas impositivas bajo un estricto marco de equidad y proporcionalidad, con el propósito de que los ingresos propios del Departamento crezcan al ritmo de las necesidades y se evite abrir nuevamente la brecha entre recursos requeridos y pagos anuales que se advierte en la iniciativa, toda vez que los requerimientos son del orden de 181,916 millones de pesos y los egresos por este concepto se prevén en 126,000 millones, como se verá más adelante.
Por otra parte, no resulta satisfactorio que las aportaciones del Gobierno Federal a los Organismos Descentralizados hayan aumentado del .09% en 1984 al 1.36%, además de que los ingresos propios con los que contribuyen al financiamiento de su presupuesto decrecen del 28.2% al 20.5% en el mismo lapso de tiempo, aun cuando se reconoce que esta situación es producto del no haber modificado los precios y tarifas principalmente en transporte público.
En tal virtud, las comisiones que suscriben el presente dictamen reiteran su convicción, expresada en el correspondiente a la Cuenta Pública del Distrito Federal al ejercicio de 1983, de que los Organismos Descentralizados del Sector Departamento del Distrito Federal enfrentan un grave problema estructural, por lo que debe encontrarse una pronta respuesta al dilema que existe entre el saneamiento de sus finanzas y el impacto social que se causaría al elevar las tarifas por los servicios que prestan.
El Presupuesto de Egresos consolidado del Sector se divida de la siguiente manera:
Gasto Directo del Departamento del Distrito Federal $ 385,293.312,000
Transferencias a Organismos y Empresas de participación Estatal 38,928.000,000
Otras transferencias 4,478.688,00
Deuda Pública 136,300.000,000
Total Departamento del Distrito Federal 556,000.000.000
Gasto Directo de Organismo y Empresas 111,863.747,000
Otras erogaciones 1,475.747,000
Deuda Pública 2,699.000,000
Total Organismos 116,038.494,000
Total Presupuesto 672,083.494,000
El Presupuesto para la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal está constituido de la siguiente manera:
Amortización $24,700.000,000
Intereses 84,100.000,000
ADEFAS 17,500.000,000
$126,300.000,000
Respecto a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal mayoritaria, el proyecto de autorización de gasto, que incluye las aportaciones del Departamento del Distrito Federal, es como sigue:
a) Sistema de Transporte Colectivo $ 48,350.000,000
b) Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal 19,150.000,000
c) Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 68,002.000,000
d) Industrial de Abasto 3,326.530,000
e) Caja de Previsión para los trabajadores a Lista de Raya 2,500.000,000
f) Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal 2,700.000,000
g) Servicios Metropolitanos S. A., de C. V. 4,603.000,000
h) Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano 6,334.964,000
Total $ 154,966.494,000
Cabe mencionar que en Presupuesto de 1984 no se tenía prevista asignación para el Fideicomiso de Vivienda, desarrollo Social y Urbano, siendo este organismo el eje fundamental para la ejecución de las acciones previstas en el programa de Vivienda del Departamento del Distrito Federal, por lo que estas comisiones consideran como una avance para lograr completamente la transparencia de los distintos aspectos presupuestales la asignación prevista en el proyecto para 1985.
la distribución presupuestal por programas que contiene la iniciativa es la siguiente:
Administración del Departamento del Distrito Federal $ 62,619.722,000
Aportaciones a la Ministración de Justicia 10,059.875,000
Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral 878.422,000
Seguridad Pública 23,144.000,000
Planeación del Departamento del Distrito Federal 1,560.000,000
Administración Fiscal y Recaudación del Departamento del Distrito Federal 14,000.000,000
Fomento Forestal 8,902.502,000
Transporte Urbano 210,527.900,000
Abasto y Comercialización 9,405.884,000
Salud 12,418.000,000
Desarrollo y Servicios Sociales 24,599.196,000
Planeación de los Asentamientos Humanos 16,725.545,000
Mejoramiento Urbano 36,063.080,000
Infraestructura Y Equipamiento para la Vialidad 29,218.258,000
Regularización de la Tenencia de la Tierra 1,856.995,000
Vivienda 7,461.391,000
Agua Potable 29,646.050,000
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 19,601.899,000
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa 11,495.141,000
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 2,406.500,000
Recolección y Tratamiento de Basura 13,148.134,000
Los servicios están constituidos por los Programas de Ministración de Justicia, de vigilancia a la legislación Laboral, Seguridad Pública, Transporte, Salud, Mejoramiento Urbano, Vialidad, Agua, Drenaje, Educación, Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y de recolección de Basura, a los que se destinan el 59.3% de presupuesto para 1985, en comparación con el 60.4% que se les asignó según el presupuesto modificado para 1984.
Como se puede apreciar, además de la Administración y el Pago de la Deuda, tienen una importancia básica los programas de Transporte, Mejoramiento Urbano, Infraestructura Vial, Agua Potable, Seguridad Pública y Desarrollo Social.
Por otra parte, las comisiones consideran necesaria la adopción de ciertas medidas, con el propósito de acelerar el proceso de descentralización y desconcentración para ser congruentes con las recomendaciones formuladas por esta Legislatura en los dictámenes correspondientes a los Presupuestos para los años 1983 y 1984, por lo que se sugieren las siguientes decisiones:
a) Que el gasto en el sector Central se supedite, en lo posible, a las funciones de normatividad, coordinación y evaluación, en tanto que las unidades desconcentradas y organismos y empresas descentralizadas, ejecuten la función operativa. Sólo las grandes obras deben hacerse en forma centralizada.
b) Desconcentrar del presupuesto asignado al Sector Central del Programa de Administración, en favor de las delegaciones, la cantidad de 6 mil millones de pesos para el desarrollo delegacional, ya que el proceso de desconcentración del Departamento se acelerará en la medida en que desde el inicio del ejercicio del presupuesto los recursos estén ya asignados en las delegaciones.
c) Desconcentrar del presupuesto asignado al Sector Central dentro del Programa de Abasto y Comercialización, en favor de las delegaciones, la cantidad de mil 860 millones de pesos, destinados a la reparación y mantenimiento de mercados públicos y a la construcción de lecherías, ya que este tipo de acciones corresponden al ámbito funcional de las delegaciones con lo que se logrará una mayor impacto regional del Presupuesto de Egresos.
d) Ubicar a todo el personal del Departamento del Distrito Federal en el centro de costo correspondiente a cada programa y unidad responsable. Al analizar la estructura y asignación prevista para el Programa de Administración se obtuvo información complementaria en el sentido de que aún podía reducirse su monto, ya que la dinámica propia de la administración ha originado que algunos servidores públicos, que desarrollan sus labores en determinada unidad, tengan su centro de costo en el Programa de Administración. Tomando en cuenta lo anterior, las comisiones recomiendan también de que el Departamento del Distrito Federal formule un proyecto de desconcentración de pagos, debiendo culminar esta reordenación en un plazo máximo de dos años.
Por otra parte, con base en el análisis de las asignaciones por programa y de acuerdo con la información recabada, estas comisiones formulan las siguientes recomendaciones:
a) En base a la tendencia de crecimiento y el peso relativo que tienen los programas en relación al monto total del Presupuesto para 1985, así como prioridad social, se recomienda reconsiderar favorablemente los montos
asignados a los siguientes programas: Seguridad Pública, con el objeto de fortalecer las acciones para la construcción y remodelación de instalaciones en las jefaturas de sector y la adquisición de equipo de radio comunicación; vivienda, para apoyar las acciones de autoconstrucción en beneficio de las llamadas ciudades perdidas; Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa, con el propósito de que se refuerce la atención del mantenimiento preventivo y correctivo de los planteles educativos; Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, con lo que se pretende fortalecer las acciones para disminuir los riesgos de inundación, prestando especial atención a las colonias que aún carecen del servicio de drenaje.
Para lograr lo anterior, las comisiones determinaron incrementar las asignaciones en la medida siguiente:
Seguridad Pública $ 2,000'000,000
Vivienda 1,000'000,000
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa 1,000'000,000
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 2,000'000,000
Suma: $ 6,000'000,000
Los incrementos sugeridos se deberán realizar con base en las reducciones de aquellos programas que no han sido señalados como prioritarios, debiendo el Departamento del Distrito Federal informar a esta H. Cámara de Diputados, durante el mes de febrero de 1985, los ajustes formulados a la estructura del Presupuesto.
b) Llamó la atención que el Programa de colección y Tratamiento de Basura decreciera en importancia relativa en el Presupuesto de 1985, en virtud de tratarse de un Programa prioritario y que la emisión de desechos tiene un ritmo en constante ascenso, por lo que se sugiere ampliar los horarios y metas de recolección, a través del Programa Emergente de Empleo, según la vía de solución apuntada por las autoridades en las reuniones de consulta.
c) Por otra parte, recomendamos de que recibir recursos adicionales en Departamento del Distrito Federal para operar el Programa Regional de Empleo, sean destinados a programas y acciones prioritarias tales como: la recolección de basura, agua potable, drenaje, autoconstrucción de vivienda, mantenimiento de escuelas, mercados y áreas verdes, así como la plantación de árboles y algunas otras de protección ecológica, estableciendo mecanismos para asegurar que dichas partidas beneficien, fundamentalmente, a personas desempleadas que radiquen en las delegaciones donde serán ejecutados y no provoquen mayor inmigración al Distrito Federal.
Análisis de programas
Se realizó un análisis de los programas de las unidades responsables de su ejecución y de las metas previstas en el presupuesto mediante el estudio comparativo de su tendencia y peso relativo, en el mismo. Los elementos utilizados para ello fueron: las cifras presupuestales y el gasto real de 1983 contenidas en la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal correspondiente al mismo ejercicio fiscal; el monto original del presupuesto 1984; el presupuesto modificado para ese mismo año y el ejercicio presupuestal - estimado - obtenidos del Informe de Avance de enero a septiembre de 1984 del Departamento del Distrito Federal, así como la propia iniciativa del Ejecutivo federal para el ejercicio de 1985.
A continuación se presentan los diagnósticos de la situación socioeconómica y de la infraestructura de servicios existentes en los programas prioritarios y en aquellos que se estima deben modificarse en su monto. Estos elementos sirvieron de base para que estas comisiones consideraran la razonabilidad de la asignación prevista o, en su caso, recomendaran las adecuaciones que se consideraron necesarias.
Transporte urbano
Como las comisiones lo han reiterado en los dictámenes anteriores, la situación crítica del transporte urbano y la multiplicidad de sus efectos sobre la vida de la ciudad se manifiestan por la duración excesiva de los tiempos de traslado.
A pesar de que este servicio consume una parte considerable de los recursos totales del presupuesto de la entidad, son graves las insuficiencias y deficiencias de los sistemas de transporte urbano que afectan a los usuarios y lesionan la convivencia social, así como al conjunto del sistema productivo.
El Metro en la actualidad una red de 105 kilómetros en servicio, constituida por 6 líneas con un total de 1,877 carros en operación. El sistema de transporte de autobuses urbanos se encuentra integrado por una red de rutas directas y de servicios alimentadores, con un promedio de 6,245 unidades; por su parte, el servicio de transportes eléctricos cuenta con una red de 317 kilómetros para los trolebúses y 30 de tranvías en servicio; los automóviles de alquiler, en sus diversas modalidades, alcanzan la cifra de 88,900 unidades.
En la ciudad de México se realiza un total aproximado de 22.8 millones de viajes/persona/día; el gobierno capitalino tiene una cobertura de atención del 55% del total de viajes realizados. Existen 2.2% millones de vehículos, de los cuales el 97% son particulares y el 3% de uso colectivo, la transportación del viaje/persona/día se realiza en un 82% en
vehículos de uso colectivo y el resto en vehículos particulares.
Dado que la magnitud del problema así lo requiere, por tercer año consecutivo se destina a este programa la mayor cantidad de recursos, al otorgársele $210,528 millones, que en comparación con el presupuesto modificado de 1984, significa un incremento del 35% y su peso relativo representa el 31.3% del presupuesto total.
De esta manera se ampliará la red del Metro en 8.18 kilómetros; se adquirirán 15 trenes del Metro, 160 trolebuses y 300 autobuses; se construirán 114 kilómetros de líneas elevadas, 18 kilómetros de vías para el tren ligero, así como diversas instalaciones; y se dará mantenimiento a 3, 074 trenes, 40 tranvías, 668 trolebuses, así como a autobuses, vías, líneas y subestaciones, entre otras.
Al respecto se concluyó que, no obstante que la asignación absoluta y relativa es elevada, la tendencia de crecimiento es razonable, por el carácter prioritario de este servicio público; pero recomendamos, una vez más, que el transporte se consolide como un sistema integral, moderno y eficiente, para que se estimule su desarrollo y desaliente el uso del automóvil particular. Asimismo, se reitera la necesidad de implantar el mecanismo multimodal y de estudiar y tomar decisiones en relación a los precios y tarifas vigentes, con la finalidad de sanear - en lo posible - las finanzas en este ramo y prestar un servicio público más efectivo.
Agua Potable
La zona Metropolitana de la Ciudad de México tiene un abasto de 37.4 metros cúbicos por segundo de agua para todos los usos, de los cuales se desperdicia cerca del 30% por malas condiciones de las redes conductoras. Según se ha estimado, los 1,300 millones de metros cúbicos al año, que implican la primera cifra, equivalen a consumir el volumen total del Río Balsas en 9 años.
Este caudal proviene, además del suministro del Sistema Lerma de 1,132 pozos y algunos manantiales localizados en el sur - poniente del Distrito Federal, así como de las transferencias de agua superficial del Río Cutzamala. Para su conducción se cuenta con 443 kilómetros de líneas que abastecen 200 tanques de almacenamiento con 102 plantas de bombeo distribuidas en la ciudad. la distribución del líquido a la ciudad se realiza mediante una red primaria de 542 kilómetros de longitud y una red secundaria de 12,000 kilómetros. Por otro lado, la calidad del agua se controla mediante 244 plantas de cloración y 4 plantas potabilizadoras.
El caudal de agua potable suministrado a la metrópoli entre 1960 y 1980, a través de fuentes externas, se incrementó en alrededor de un 200%. Su consumo en el último año mencionado fue aproximadamente el equivalente a los 20 centros urbanos que le siguen en tamaño y, aun así cerca de dos millones de habitantes del área carecen hoy de un suministro adecuado de líquido.
La mayor dificultad que condiciona el servicio del agua es la creciente demanda, frente a lo deficitario del sistema, que se incrementa durante la época de estiaje a causa de las altas temperaturas, así como a la disminución del volumen de captación del Sistema Lerma. Asimismo, el desperdicio originado por fugas y uso irracional aumenta permanentemente el déficit del líquido.
Por otro lado, a falta de fuentes de abastecimiento alternas han provocado la sobre explotación de los mantos subterráneos, afectando a una gran cantidad de estructuras.
En el aspecto administrativo, los problemas más significativos son la falta de un padrón de usuarios completo, la baja eficiencia en el proceso de medición, facturación y cobro, y una estructura de tarifas del servicio que está por debajo de su costo real, ya que no ofrece la posibilidad de fijar cuotas con base en el destino y el uso del agua.
para atender la problemática descrita, en el proyecto del presupuesto se tiene previsto el revestimiento de 7.7 kilómetros del túnel Ramal Sur, así como la excavación de 2.1 kilómetros del mismo; la construcción de 0.5 kilómetros de sifones; 1.5 kilómetros de la red primaria; 2 tanques y 30 kilómetros de líneas de conducción; la instalación de una planta potabilizadora, la conservación de 4,482 kilómetros de la red secundaria y la instalación de 30,000 medidores. Todo lo anterior con un monto de $29,646 millones, que constituye un 35% de aumento con respecto al modificado en 1984, y un peso relativo del 4.4%.
Por lo anterior, se estima pertinente aprobar la asignación destinada, ya que dentro de las limitaciones presupuestales se observa que las inversiones son las mínimas indispensables, recomendándose realizar un mayor esfuerzo para contar con datos confiables relativos a los volúmenes disponibles, pérdidas por fugas, distribución y consumo por zonas.
Por otro lado, se insiste en la necesidad del rehuso del agua para riego y aplicaciones industriales en todas las zonas donde existan condiciones para ello. Esto conlleva a prever la necesaria inversión en plantas y sistemas de distribución factibles, además del establecimiento de tarifas diferenciales para los distintos tipos de uso.
Las comisiones unidas consideran preciso señalar la inquietud de esta H. Cámara por lo limitado de la meta de instalación de medidores debido a su importancia en el cobro del servicio, por lo que es indispensable dar prioridad a los proyectos de inversión y suministro de estos equipos, haciéndose necesaria la búsqueda de fórmulas imaginativas para superar los obstáculos del corto aprovisionamiento de la industria.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
El sistema de drenaje esta integrado por una red primaria de 1,200 Kilómetros y una secundaria de 12,000 Kilómetros, 52 plantas de bombeo, tanques de tormenta, cauces abiertos, ríos entubados y 90 Kilómetros de drenaje profundo, suficientes para dar servicio al 74% de la población.
Para el tratamiento de reuso de aguas negras se cuenta con 9 plantas con capacidad de 4.8 metros cúbicos/segundos, así como 419 Kilómetros de redes para la distribución del agua renovada.
Las dificultades que afronta este servicio son mayores a las del abastecimiento de agua, ya que el crecimiento de la zona urbana y el hundimiento del suelo hacen que la infraestructura se torne rápidamente obsoleta. A esta situación se añade la interferencia con otros servicios, que obliga a modificar las instalaciones, disminuyendo la capacidad de conducción. Además, el funcionamiento de las instalaciones se entorpece con la presencia de azolve, basura y desperdicio en barrancas y cauces.
Para este programa se destinó una inversión de 19 mil 602 millones de pesos 34% superior al presupuesto modificado de 1984.
Las acciones proyectadas más significativas, que resultan mínimas en función de la magnitud del problema, son la construcción de 1.2 Kilómetros del interceptor central, una lumbrera, de 30 Kilómetros de red de agua tratada, dos plantas de bombeo, la Laguna de Regulación de Ciénega Grande, la rectificación de 8 Kilómetros del cauce del Río San Buenaventura, así como la construcción del colector de Iztapalapa y el mantenimiento de las redes.
Independientemente de la continuación de las obras del sistema de drenaje profundo, es de recomendarse se destine presupuesto para el entubamiento del Gran Canal, por el que corre a cielo abierto, desde hace muchos años, un considerable volumen de agua negras. La obra es de carácter prioritario si se toma en cuenta que se trata de un grave foco contaminante que afecta la salud de millares de colonos asentados en sus riberas.
En razón de todo lo anterior, puede apreciarse la necesidad de mayores apoyos para este programa, por lo que se propone incrementarlo en 2 mil millones de pesos, con objeto de ampliar la cobertura del servicio, especialmente en colonias populares y zonas marginadas. Por otro lado, se recomienda, con singular énfasis, atender la necesidad de fijar tarifas diferenciales para las descargas de desechos en instalaciones comerciales e industriales, conforme a su volumen y grado de contaminación, así como establecer - y vigilar que se cumplan - normas de protección ecológica que reglamenten tales acciones.
Seguridad pública
En la ciudad de México, la seguridad pública constituye uno de los más graves problemas que debe enfrentar, además, adversidades de orden interno y externo. Entre las primeras destacan la organización en algunos sectores de la policía, el burocratismo y la corrupción, deficiencias en la capacitación y el adiestramiento del personal, equipos obsoletos e insuficientes e inhibición en la actuación de algunos elementos. En cuanto a las causas externas, están los altos índices de riesgo y delincuencia provocados por motivos estructurales derivados del crecimiento y evolución de la ciudad, que originan desajustes sociales e incrementan los índices delictivos; situación que se ha visto agravada por los efectos sociales de la crisis.
Ante esta situación, el Departamento del Distrito Federal ha establecido entre sus propósitos fundamentales el profesionalizar y modernizar los cuerpos policiales.
Con el fin de proporcionar - entre otras acciones importantes - seguridad pública, patrullaje y control vial, servicios médicos de urgencias, documentos de tránsito, así como cursos de especialización y formación básica policial se destinarán 23 mil 144 millones de pesos, cantidad mayor en un 12% al presupuesto modificado de 1984.
Se ha considerado imprescindible aumentar los recursos originalmente asignados a este programa en 2 mil millones de pesos, en virtud de que su primacía y nivel presupuestal deben mantenerse hasta obtener resultados que satisfagan los reclamos de la ciudadanía. El aumento tendrá el fin específico de fortalecer las acciones para construcción y remodelación de las instalaciones de las jefaturas de sector y para la adquisición del equipo de radiocomunicación.
Ampliación y mejoramiento
de la planta física educativa
A pesar de que en la ciudad de México se concentra gran parte de la infraestructura del país, ésta no es suficiente debido a la creciente demanda que propicia la explosión demográfica.
Actualmente se proporciona atención a un 110% de los egresados de primaria y al 96% de secundaria, ya que se atienden en estos niveles a población infantil residente en zonas conurbadas del estado de México.
Es importante señalar que en este renglón el Departamento del Distrito Federal únicamente tiene a su cargo la construcción y conservación de planteles escolares. Esta última función a cargo de las delegaciones.
Para la operación de este programa prioritario fueron otorgados 11 mil 495 millones de pesos, que significan el 66% de aumento en comparación al presupuesto modificado de 1984; en lo tocante al peso relativo también se tuvo un incremento de 1.5% en el anterior frente al 1.7% del actual.
Las metas previstas son la construcción de 40 jardines de niños, 26 primarias, 21 secundarias generales y 37 secundarias técnicas, así como el mantenimiento de 1,723 planteles escolares.
Cabe mencionar que de acuerdo con las necesidades precisadas por la Secretaría de Educación Pública, los subprogramas de construcción en preescolar y secundaria técnica crecieron significativamente, en cambio, los de primaria y secundaria general mantuvieron prácticamente el mismo nivel que en el anterior presupuesto modificado.
Al mismo tiempo es oportuno señalar, que aún cuando las autoridades de la ciudad han emprendido un notable esfuerzo para mejorar las condiciones físicas de los planteles en operación, todavía es vasta la tarea por realizar, en virtud de los cual se propone incrementar esta asignación en mil millones de pesos, específicamente para intensificar las acciones de conservación y mantenimiento de escuelas primarias y secundarias ejecutadas por las delegaciones.
Vivienda
Uno de los problemas más graves del país y del Distrito Federal es el déficit habitacional que tiende a acumularse sin que las previsiones y la capacidad actual permitan vislumbrar su alivio en el futuro inmediato.
Así tenemos que en la zona metropolitana, donde la vivienda ocupa el 42.3% del suelo del cual el 70% corresponde a unidades habitacionales populares, se ha intensificado el hacinamiento.
Por otra parte, en la ciudad de México el 65% de las viviendas son edificadas en manera provisional, mediante la autoconstrucción.
No obstante los esfuerzos del Gobierno Federal, las necesidades habitacionales se han acrecentado, alcanzando niveles críticos, calculándose que el déficit actual es de 800 mil viviendas, además de las correspondientes a vecindades y ciudades perdidas, en donde numerosas comunidades viven en condiciones de insalubridad e inestabilidad y sin que cumplan los requisitos mínimos de seguridad.
En 1985 la partida presupuestal para este programa es de 7 mil 461 millones de pesos, que se servirán para efectuar, entre otras metas relevantes, las siguientes: 719 acciones de vivienda terminada, 2,464 de autoconstrucción y 620 de mejoramiento, a través del Fideicomiso del ramo, así como la construcción de 460 viviendas y la conservación de 2,780 por conducto de las cajas de previsión.
Derivado del análisis efectuado, advertimos que aún cuando el presupuesto es mayor en 109% con relación al modificado de 1984, y sin dejar de reconocer que el Departamento del Distrito Federal tiene una participación marginal - dentro del marco federal - en estas actividades, se concluye que la asignación debe fortalecerse y se propone incrementar la en mil millones de pesos con el fin específico de intensificar las acciones de auto construcción en ciudades perdidas.
Por otra parte, se hace recomendación expresa para que se modifique la estructura operativa de la unidad ejecutora de la autoconstrucción de vivienda, que los recursos se utilicen eficientemente, toda vez que no se han cumplido las metas en 1984 y su nivel de gasto ha sido deficiente.
Regularización de la tenencia de la tierra
La regularización en la tenencia de la tierra urbana es tan importante como la rural. Su identificación jurídica es fuente de inestabilidad social, inseguridad económica, especulación inmobiliaria, ausencia de servicios públicos y disminución de los ingresos que debe percibir el erario público.
Sabido es que en el Distrito Federal, este renglón constituye un serio problema que debe atenderse con eficacia y serenidad. En los dos ejercicios anteriores se han destinado recursos crecientes a este programa, sin que se hayan alcanzado las metas previstas; cortas frente a la magnitud del asunto por resolver.
En esta ocasión se propone un presupuesto de mil 326 millones de pesos, 250% superior al modificado de 1984, para la escrituración de 50 mil predios, meta similar a la prevista en los dos últimos años.
Las comisiones unidas consideran indispensable un avance más sensible frente al universo por atender; por lo tanto, juzgan pertinente aprobar la asignación propuesta, pero recomiendan que el Departamento del Distrito Federal lleve a cabo un estudio, para realizar un diagnóstico integral sobre el tema y encontrar propuestas de solución que superen este "cuello de botella", indispensable de trascender para el sano desarrollo de la unidad; requiriendo desde ahora, que se informe a esta soberanía, sobre los avances y resultados del estudio de referencia.
Salud
La medicina privada ha demostrado una tendencia constante a concentrarse en la cuidad de México donde adquieren mayor rentabilidad las inversiones que realiza. Asimismo, las instituciones públicas de salud han instalado en el Distrito Federal sus unidades más grandes de servicio, de manera que aproximadamente el 70% de la población capitalina se encuentra amparada por las instituciones de seguridad social.
El Departamento del Distrito Federal cuenta con una infraestructura consistente en 16 hospitales generales de emergencia, 8 unidades médicas en reclusorios, 2 módulos - quirúrgicos y 198 consultorios periféricos; además de contar con 1,757 médicos, 524 enfermeras tituladas, 1,832 auxiliares de enfermería y 716 técnicos y paramédicos.
Si bien esta alta concentración de recursos para la salud resulta en cantidad suficiente al confrontarse con la población total, no lo es así por su ubicación, grado de utilización, calidad de los servicios y, de manera fundamental, por las dificultades para la prevención de las enfermedades.
En el proyecto de presupuesto se destinan a este programa 12 mil 418 millones de pesos,
48% superior al modificado de 1984, lo que permite que su peso relativo crezca de 1.8% a 1.9% en el siguiente ejercicio, lo cual se estima razonable en base a las metas que se proponen, entre las que destaca el mantenimiento de instalaciones y equipo, la transformación de dos hospitales infantiles en generales y la continuación de la construcción del Hospital Rubén Leñero.
Por otra parte, las comisiones unidas consideran indispensable hacer hincapié en la necesidad de modernizar la estructura administrativa y de servicios médicos para hacerla más eficiente, a fin de ampliar la cobertura en la prestación de este servicio, garantizar un mínimo en calidad en la misma y mejorar el nivel de salud de la población, particularmente de los grupos más vulnerables.
Recolección y tratamiento de basura
La generación de basura representa en el Distrito Federal otro agudo problema ambiental, social y económico; se estima en 817 gramos diarios por habitante, lo que da un promedio total de 12 mil toneladas de desechos al día.
Para la atención de este servicio las 16 delegaciones tienen a su cargo 1,436 unidades recolectoras de desechos sólidos; además existen 230 barredoras, 30 cajas de transferencia y 56 tractocamiones para el arrastre de las cajas. Para la disposición de los desechos se utilizan depósito a cielo abierto, con los consecuentes riesgos contra la salud y el saneamiento ambiental. En esta fase final se cuenta con 59 unidades de diferentes tipos y capacidad, así como dos plantas incineradoras en proceso de instalación.
A pesar de que el Gobierno capitalino ha trabajado considerablemente para optimizar el servicio, la inaccesibilidad para atender algunos asentamientos irregulares ubicados en cerros y cañadas hace que la cobertura alcance solamente al 90% de la población.
La asignación presupuestal para la prestación de este servicio es de 13 mil 148 millones de pesos e incluye la recolección de 4.3 millones de toneladas de basura y el tratamiento de 400 mil toneladas, así como la conclusión de cuatro estaciones de transferencia y dos plantas de incineración.
El monto anterior se incremento en un 24% - inferior al promedio general - con respecto al del presupuesto modificado de 1984; su peso relativo disminuyó de 2.3%, en este mismo lapso , a 2.0%.
Ante esta situación, las comisiones unidas concluyen que no es suficiente el presupuesto para estas acciones prioritarias, tomando en cuenta su repercusión en la imagen urbana, saneamiento ambiental y limpieza, por lo que se considera necesario fortalecerlo sensiblemente con recursos adicionales, derivados del Programa Regional de Empleo, ampliación que deberá ser proporcionada al Departamento del Distrito Federal por el Gobierno Federal en los primeros meses de 1985.
Esta Soberanía deberá ser informada del monto presupuestal asignado, así como de las metas y los avances respectivos.
Deuda pública del Distrito Federal
Este programa tiene como objetivo conducir la política financiera, estableciendo los rangos y las fuentes de crédito a que se puede acudir por la vía del endeudamiento para la ejecución de programas, tomando en cuenta la capacidad de liquidez de la entidad, así como las posibilidades de pago para lograr un perfil financiero sano.
Al pago de la deuda pública se asignaron 126 mil 300 millones de pesos, correspondiendo 24 mil 700 millones de pesos a capital, 84 mil 100 millones de pesos al servicio y 17 mil 500 millones de pesos a ADEFAS, cifra que proviene de la reestructuración de la deuda pública realizada por el Departamento del Distrito Federal en el año de 1984.
En relación a este importante programa, las comisiones que suscriben han considerado indispensable reiterar la necesidad de que se conserven estrictamente las medidas que exige el Convenio de Consolidación y Redocumentación de Adeudos mediante las que el Departamento del Distrito Federal se compromete a sanear sus finanzas e insistir en la preocupación de que pueda retornarse a la tendencia anterior, de satisfacer las demandas de la ciudad incrementando la deuda; por lo que resulta fundamental que los ingresos propios crezcan con mayor dinamismo que el monto del adeudo que se presupueste.
Recomendamos, por otra parte, que los recursos previstos en este programa, que por razones diversas no sean ejercidos en el año, se consideren intransferibles a objetivos distintos a los señalados expresamente en el presupuesto. Asimismo, que el Departamento del Distrito Federal exprese, con cargo a este programa, el costo administrativo que significa su operación, ya que únicamente se señalan los recursos que se habrán de erogar en cumplimiento de los compromisos.
Aportaciones a la Administración de Justicia e impartición de Justicia y vigilancia en la legislación laboral
Otro programa importante incluido en el Proyecto de Presupuesto de 1985 es el de Aportaciones a la Administración de Justicia, al que se destinaron 10 mil 60 millones de pesos, que representan un crecimiento de 68% con respecto de 1984 y un incremento de su peso relativo de 1.3% a 1.5%, situación que se estima correcta en virtud de la importancia y prioridad que constituye la impartición y procuración de justicia.
En relación a las acciones de impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, el presupuesto es de 878 millones de
pesos; superior al modificado de 1984 en un 66%. Resulta razonable dado el interés y preeminencia que representa el conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, así como el fomento de empleos productivos y bien renumerados.
En esa virtud, las comisiones unidas recomendamos la elaboración en 1985 de un programa especial de modernización tendiente a optimizar, agilizar y apoyar a los diversos órganos responsables de impartir justicia para, de esta manera, otorgar al ciudadano mayor seguridad y confianza. En base a este estudio se deberá asignar recursos específicos en el presupuesto de 1986.
Abasto y comercialización
Para el abasto y la comercialización la ciudad cuenta con la nueva Central de Abastos, que sustituye a la antigua Merced; con 285 mercados públicos; 65 tiendas del Departamento del Distrito Federal y 20 mercados sobre ruedas con seis rutas, además con la red de distribución de productos básicos del Gobierno Federal.
Diariamente ingresan a la ciudad alrededor de 13 mil 400 toneladas de frutas y verduras, y 3 mil 597 toneladas de abarrotes, a través de un excesivo número de mecanismos y agentes, lo que tiene implicaciones negativas tanto para productores como para consumidores. Esta situación se genera por las condiciones estructurales de la producción agrícola, pecuaria, y pesquera, y por la limitada infraestructura de acopio, transformación y distribución, así como por la falta de apoyos crediticios.
El Programa de Abasto y Comercialización tiene un presupuesto de 9 mil 405 millones de pesos para realizar, entre otras metas la construcción de 15 lecherías y la remodelación de 121 mercado, así como la celebración de convenios de abasto con gobiernos estatales. Este monto presupuestal se incrementó en 78% con referencia al modificado de 1984.
En este sentido, se consideró que la partida otorgada es adecuada, partiendo de la escasez de los recursos; sin embargo, se propone desconcentrar a las delegaciones el total de mil 860 millones de pesos previstos para la modernización y mantenimiento de mercados públicos y construcción de lecherías, a fin de cumplir con la estrategia del Gobierno Federal en materia de descentralización y desconcentración.
Planeación de los asentamiento humanos, fomento forestal y prevención y control de la contaminación ambiental
En la actualidad, la reducción de los espacios rurales por el cambio a uso urbano devora a mas de mil hectáreas anuales, limitando las posibilidades de las actividades agropecuarias.
Es así que la expansión de la mancha urbana ha propiciado que solamente persistan 139 mil 800 hectáreas de bosque, debido a los desmontes para fines agrícolas, pastoreo irracional, incendios forestales intencionales, plagas y urbanización incontrolada; acciones que han ocasionado - además - que la ciudad de México cuente con uno de los índices más elevados de contaminación en el mundo. Como consecuencia de lo anterior, nuestra urbe cuenta con grandes dificultades para la purificación de su atmósfera, degradada por 6 mil toneladas de contaminantes al día, provenientes en un 85% de vehículos de combustión interna y en 15% de instalaciones fabriles y de servicios; por lo que se ha llegado a estimar el número de contaminación en un 850% en los últimos 20 años.
En la virtud, la población económicamente activa del sector agropecuario se redujo del 5% en 1950, a sólo el 1% en 1980; a pesar de que en Milpa Alta el 37% y en Tláhuac el 16% de la población se dedica a actividades agropecuarias y forestales.
Con respecto al recurso silvícola, este se ha visto seriamente reducido, ya que de las 88 mil hectáreas de la superficie forestal, solamente se encuentran arboladas con mayor o menor densidad 48 mil 800 hectáreas; asimismo, los bosques han perdido el 83% de su biomasa la cobertura arbórea es apenas un 34% de su original, y la fauna ha sido arrasada, teniendo como resultado que el equilibrio biológico entre las especies se haya alterado, permitiendo el surgimiento de plagas y enfermedades.
La horticultura que se desarrolla en Xochimilco, Mixquic, Topilejo y Tlalpan está en peligro de extinción, ya que los productores sólo tienen acceso a agua contaminada. La explotación de los acuíferos sin ningún control, ha tenido un efecto negativo sobre la hoticultura, ya que las aguas con que antes se cultivaba la mayor parte de hortalizas que se consumían en el Distrito Federal no sólo han disminuido en volumen, sino que también han sido contaminadas por los desechos de las viviendas que ahora sustituyen a los campos agrícolas.
Para atender la problemática en cuestión, el Departamento cuenta con tres programas, el de Planeación de los Asentamiento Humanos, el de Fomento Forestal y el de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Para el primero - fundamental para el presente y futuro del Distrito Federal - el presupuesto asignado fue de 16 mil 726 millones de pesos, 149% mayor al modificado de 1984; asimismo, su peso relativo se elevó, en dicho lapso, de 1.4% a 2.5%, ya que se contemplan acciones para ordenar el espacio urbano mediante la adquisición de 2 millones 14 mil 50 metros cuadrados de predios para los programas escolares y la creación de reserva territorial en Santa Fe, así como para la elaboración de 8 mil 20 estudios de desarrollo urbano.
En este aspecto, se desea ratificar el interés de la Cámara porque se fortalezca la rectoría del Estado que asegure el irrestricto control de uso y destino del suelo. Asimismo, se insista en la necesidad de actualizar la reglamentación correspondiente y se vigile que se cumpla sin excepción.
También queremos dejar expresamente señalado nuestro criterio de que deben establecerse políticas, estrategias y acciones, que destierren la especulación y el privilegio, de tal manera que los beneficios que conllevan las inversiones del Estado sean capitalizados por el Estado mismo, para que recauden en el bienestar de las mayorías y en el de unos cuantos particulares.
En lo relativo al Fomento Forestal, se destinaron 8 mil 903 millones de pesos cifra 48% mayor al presupuesto de 1984, siendo sus metas relevantes la producción y plantación de árboles y plantas, la conservación de áreas verdes y forestales, así como la construcción de un sistema de riego por aspersión en Tláhuac, para influir en la ecología y el medio ambiente.
Para el Programa de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental se invertirán 2 mil 407 millones de pesos, cantidad superior en un 217% al presupuesto de 1984, con la finalidad de construir dos paquetes ecológicos, detectar y determinar industrias y vehículos contaminantes y para prevenir la contaminación atmosférica del agua y el suelo.
Dado que los tres programas mencionados se vinculan estrechamente con los objetivos centrales del Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, se recomienda que una vez que, en su caso, éste sea aprobado, se atienda a las políticas generales que en él se establezcan, para dar unidad y congruencia a todos los esfuerzos que en esta materia se realicen.
Desarrollo social
Por lo que respecta al Programa de Desarrollo Social, su peso relativo aumentó en 0.6% de 1984 a 1985 y su asignación presupuestal fue de 24 mil 569 millones de pesos, también superior en 10 mil millones de pesos.
Este programa está integrado por nueve subprogramas, entre los que se encuentran el de Protección, Readaptación y Seguridad Social, el de Locatel y el de Boletrónico que mostraron incrementos razonables en virtud de la importancia social de las acciones que proyectan realizar.
En el caso de los Subprogramas de Acción Cívica, Cultural y Turística y el de Fomento Deportivo, sus incrementos son cercanos a los 6 mil millones de pesos y representan el 60% del aumento total, lo que se considera excesivo, máxime si tomamos en cuenta el antecedente del incremento en el ejercicio 1984
No obstante lo anterior, se determinó conservarlo en este nivel, con la recomendación de que se considere la posibilidad de obtener recursos, con cargo a estos subprogramas (exceptuando el de Protección Social), para alcanzar los 6 mil millones de pesos adicionales que deben destinarse a los programas prioritarios.
Mejoramiento urbano
En este programa se llevan a cabo acciones tendientes a mejorar la imagen física y funcional de la ciudad, para lo cual se proyectan y ejecutan obras de infraestructura y equipamiento urbano, se otorga mantenimiento a las instalaciones del sistema de alumbrado, se regeneran espacios y cajones de estacionamiento; asimismo, se restauran y conservan parques recreativos y otros lugares de esparcimiento.
Dentro de este renglón, el subprograma de alumbrado es el que mayor relevancia tiene, dado que con la operación del mismo, se contribuye a proporcionar seguridad vial y peatonal a los habitantes del Distrito Federal. Actualmente se tienen instaladas 306 mil 831 luminarias de diferentes capacidades: de vapor de sodio de alta y baja presión, vapor de mercurio, fluorescentes e incandescentes. La cobertura de este servicio, hoy en día, cubre parte considerable de la ciudad de México.
Para lograr los objetivos del programa cuenta con una asignación presupuestal de 36 mil 63 millones de pesos, superior en un 108% al presupuesto modificado de 1984, creciendo también su peso relativo de 3.7% al 5.4%.
En este incremento destacan los subprogramas de alumbrado, con un crecimiento de más de 11 mil millones , que representan un 224% adicional a su asignación de 1984; así como el de jardines y parques recreativos, que fue de 5 mil millones, es decir, 125% mayor a 1984, advirtiéndose que sus metas son similares e incluso parecen menores a 1984.
Estas comisiones opinan que debido a que los avances logrados en este programa lo han cubierto la totalidad del universo por atender, es necesario aplicar los recursos con el mayor escrúpulo y rigor posibles.
Se recomienda, por tanto, que es 1985 se lleve a cabo un estudio sobre la racionalidad de esta asignación, en función de las prioridades reales de los rubros que conforman este programa y en su caso se realicen las transferencias presupuestales a otras acciones de mayor relevancia, informando oportunamente a la H. Cámara de Diputados.
Infraestructura y equipamiento para la vialidad
De las avenidas y calles pavimentadas del Distrito Federal, el 95% lo están con asfalto, cuyo desgaste se acelera por diversos factores ambientales como la lluvia, los cambios bruscos de temperatura y los movimientos telúricos, además de los daños causados en la carpeta asfáltica por derrame de combustible, aceite y basura, lo que provoca constantes
apariciones de grietas, corrimientos y baches.
Para cubrir las necesidades de construcción, reconstrucción y bacheo en la ciudad de México, se requieren 5 mil toneladas anuales de concreto asfáltico y sólo se dispone de una planta para producirla. La disponibilidad de roca de cantera se encuentra en explotación representa el abastecimiento de materia prima para menos de un año, lo que hace urgente la localización de otro banco de material pétreo.
En orden de prioridades, las instalaciones que requieren de un mayor y continuo servicio de mantenimiento son: las vías rápidas y preferenciales - como el Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior - las vías radiales y todo sistema reticular de ejes viales.
El Programa de Infraestructura y Equipamiento para la Vialidad tiene asignado un presupuesto para 1985 de 29 mil 218 millones de pesos, cifra que se incrementó en 56% con relación al modificado de 1984 y alcanzó un peso relativo de 4.4% superior al del año anterior, que fue del 4.0%.
Sus principales metas son: La construcción de 6.5 Kilómetros del Eje 10 Sur y 2.5 Kilómetros del sistema vial Cuautepec - Ticomán construcción de 105 pasos peatonales repavimentación y bacheo de 2 mil 694 millones de metros cuadrados y la construcción de una planta trituradora de material asfáltico, entre otras.
Estas comisiones unidas consideran adecuada la asignación presupuestal del programa; sin embargo, creen indispensable que se amplíe la cobertura de este servicio a las colonias populares de zonas periféricas del Distrito Federal, que son las que carecen en mayor grado de los beneficios de la infraestructura vial, recomendándose que se realice un estudio similar al presupuesto del Programa de Mejoramiento Urbano.
Administración y recaudación fiscal
Este programa tiene por objeto lograr la mayor eficiencia de la captación, registro, control y vigilancia de los ingresos fiscales de la entidad, tanto de los directos como de los federales. Con ese fin se asignaron 14 mil millones de pesos, que constituyen 60% más de lo previsto en el presupuesto modificado del presente año.
Los ingresos ordinarios previstos son de 350 mil millones de pesos, correspondiendo 264 mil 845 millones de pesos a participaciones en impuestos federales y 85 mil 339 millones de pesos provenientes de la recaudación directa, guardando una relación de 75.6% y 24.4%, mientras que en 1984 fue de 80.9% y 19.1%.
Conviene señalar que si bien estos ingresos significan, en su conjunto, un incremento del 58% con referencia a los previstos para 1984, los términos del aumento se explican más en función de las modificaciones tarifarias establecidas para 1985 que en una mayor eficiencia recaudadora.
Pese a ello, se encuentra razonable que mientras que los ingresos aumentarán en un 58% el costo de la recaudación se eleva en un 60%, ya que junto a las metas de acopio de recursos se están estableciendo otras dirigidas a eficientar el sistema fiscal de la ciudad.
Tales mejoras, consistentes en la creación de dos delegaciones regionales de la Tesorería y la modernización de 32 receptorías, deberán incidir en el rebazamiento de las metas propuestas.
Junto a este esfuerzo del Departamento de intervenir vigorosamente en la estructura organizacional de la Tesorería, las comisiones que suscriben recomiendan dar especial interés a la conclusión del catastro y padrones del impuesto predial y de consumidores de agua, a fin de disminuir el costo recaudatorio en proporción al crecimiento de la propia recaudación.
De los avances concretos en los rubros antes mencionados se recomienda a esta H. Asamblea apruebe la necesidad de que el gobierno de la ciudad mantenga informada a nuestra Soberanía.
Administración del Departamento del Distrito Federal
El programa de Administración, cuyo ejercicio corresponde al nivel central, tenía previsto un incremento del orden del 72.1%, al pasar de 36 mil 377 millones de pesos en el presupuesto modificado para 1984, a 62 mil 620 millones de pesos para 1985. Por otra parte, en 1984 este programa había tenido una importancia relativa del 7.8%, en tanto que para el año siguiente alcanzaría el 9.3%.
Por otro lado, revisando la tendencia del mismo, se puede apreciar que tuvo un incremento de 276% con referencia al presupuesto ejercido de 1983 (46 mil millones de pesos superior) y 72% en comparación al modificado de 1984 (26 mil millones de pesos mayor).
Durante las diversas consultas realizadas con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, se explicó que la razón fundamental de este aumento se debía a que las reservas para los incrementos salariales del personal del Departamento del Distrito Federal, que normalmente se preveían en el presupuesto Federal, quedaban asignadas al Presupuesto del Departamento en el citado Programa de Administración.
Este programa tiene el inconveniente de incluir partidas diversas que no corresponden en realidad a la administración del Sector Central. Entre otras están el apoyo a las delegaciones y a las unidades administrativas, los servicios personales, etcétera. Se recomienda que durante 1985 se tomen las medidas necesarias para desconcertar a los centros de costos correspondientes aquellos recursos que así lo ameritan, de manera que en el Proyecto de Presupuesto para 1986
este programa refleje, en la mayor medida posible, sólo las acciones y recursos pertenecientes a la administración del Sector Central.
Aunque en las condiciones generales de este dictamen se plasmaron con amplitud las observaciones, consultas y recomendaciones pertinentes, las comisiones unidas reiteran la indicación de que, con cargo a este programa, se asignen 6 mil millones de pesos a las delegaciones para aplicarse a la ejecución de sus programas prioritarios, en los términos precisados en el decreto motivo de este documento. Asimismo, que durante 1985 se reubiquen al programa correspondiente las partidas referidas a los servicios de personal.
Planeación
En materia de planeación se tiene una partida de mil 560 millones de pesos, presupuesto que creció en 55% en lo que se refiere al modificado de 1984, aun cuando su porcentaje de participación (0.2%) se sostuvo al igual que en 1984.
Es de mencionar que es este renglón se han logrado avances importantes, bajo el marco de la Ley de Planeación y el Sistema Nacional de Planeación Democrática, al establecerse el Sistema Interno de Planeación del Departamento del Distrito Federal. Aquilatada la relevancia del proceso de planeación en la efectividad del servicio público, se exhorta llevar a cabo un estudio detallado de las prioridades adoptables en los diversos programas y subprogramas, para lograr eficientizar la aplicación de recursos disponibles en función de las necesidades y problemática real del distrito Federal, así como lograr que tanto lo que se presupuesta en asignación de recursos como en metas coincida cada vez más con lo realizado.
Como se desprende del diagnóstico de cada uno de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985, en los que se analiza la infraestructura existente, en cada relación con las carencias y problemas que aquejan a los pobladores de la ciudad de México, los recursos que se les asignan resultan insuficientes ante la magnitud de las demandas de servicios.
Ante esta situación se requiere partir de una adecuada planeación que permita racionalizar al máximo los recursos disponibles, así como de una administración moderna y eficiente que asegure el eficaz ejercicio del gasto y de una estricta normalidad encaminada al buen uso del dinero público. Por ello, fue satisfactorio para las comisiones advertir que las acciones previstas en el Presupuesto no se derivan de consideraciones aisladas o aleatorias, sino que están enmarcadas dentro de una estrategia global tendiente a jerarquizar las respuestas, según la complejidad de la demanda, con el propósito no sólo de aminorar los efectos de la crisis económica en los sectores sociales más desprotegidos, sino establecer bases que demanda el cambio estructural a mediano plazo.
Sin embargo, sin menoscabo de las tendencias positivas advertidas, las comisiones unidas desean dejar plasmadas sus observaciones en el sentido de que del análisis del Presupuesto no se desprenden acciones directas y suficientes encaminadas a resolver la problemática estructural de la urbe, producto de una ancestral tendencia centralizadora y que, por tanto, mientras la planeación del Departamento del Distrito Federal tenga un alcance puramente local, no se podrán superar las injusticias del desarrollo desigual que aqueja a la más alta concentración urbana, asiento del 20% de la población total de la Nación.
En tal virtud, reitera su convicción de que el gobierno capitalino está obligado de inmediato a concentrar sus esfuerzos de planeación, para promover la descentralización de la vida nacional desde el interior de la ciudad y lograr la congruencia integral entre los objetivos del Presupuesto y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
En resumen, el criterio prioritario de análisis que orientó los trabajos de las comisiones unidas fue el que los recursos se canalicen preferentemente hacia las acciones de mayor beneficio colectivo e impacto social. Esta premisa nos llevó a requerir de la comparencia de los funcionarios del sector en múltiples reuniones de consulta. En ellas, fue también constante el interés por mejorar la estructura programática y la presentación del Presupuesto; otra línea fundamental fue la de impulsar el proceso de descentralización y el apoyo a los programas que esta Cámara ha considerado prioritarios. Por último, insistimos permanente en la necesidad de ampliar y precisar los criterios para el correcto ejercicio presupuestal.
Como resultado de la aplicación de estos principios básicos se formularon las recomendaciones que contienen el presente dictamen, las que dan lugar a que se reforme la iniciativa enviada por el Ejecutivo en el artículo 12; se adicione el artículo 12 - A y al adicionarse los artículos transitorios, primero al séptimo, el artículo primero transitorio pasa a ser el octavo.
Las comisiones unidas someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1985
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal
para el año 1985, se sujetará a las disposiciones de este Decreto y a las que resulten aplicables en la materia
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las Unidades Administrativas del Departamento del Distrito Federal, erogaciones adicionales de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria coordinadas sectorialmente por éste y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de: $545,738'494,000.00 (quinientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional).
Y se distribuyen en la forma siguiente:
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EROGACIONES ADICIONALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
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Artículo 30. Las erogaciones anteriores se ejercerán con base en los objetivos, metas, costos unidades responsables de su ejecución y asignaciones presupuestales que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a al apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son las siguientes:
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Artículo 4o. El gasto destinado a la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal para el año 1985, se distribuyen de la siguiente manera:
Amortización $ 24,700'000,000.00
Servicios de la deuda 84,100'000,000.00
Adeudos anteriores 17,500'000,000.00
De acuerdo a la apertura programática, estas asignaciones se ejercerán en el Programa de Deuda Pública del D.F., que importa la cantidad de $126,300'000,000.00 (ciento veintiséis mil trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional).
Artículo 5o. Los titulares de las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en su respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo de Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y entidades del sector, en relación con los objetivos y prioridades del plan y los programas del desarrollo, a fin de que adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el titular del Departamento del Distrito Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina el Departamento.
Artículo 6o. En el ejercicio del presente presupuesto, las Unidades Administrativas y Entidades Coordinadas del Sector, se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 9o. y 26 de este decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pago que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recurso; en consecuencia, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 7o. La Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá reservarse la autorización y administraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación por el propio Departamento en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen los informes y documentos que les sean requeridos en relación al ejercicio de sus presupuestos y al avance trimestral de las metas señaladas en los programas que tenga a su cargo;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos, y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 8o. El Departamento del Distrito Federal en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal así como de los Directores, Vocales Ejecutivos, Administradores o Gerentes de los Organismos Descentralizados o de las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados por las Unidades Administrativas y Entidades a su cargo; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 9o. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1985 excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Los ingresos ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 12 de la Capítulo Segundo de este Decreto;
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestados de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria del Sector Departamento del Distrito Federal se aplicarán para el desarrollo de programas prioritarios.
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a lo programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base a esta disposición, hará trimestralmente al análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la Cuenta Pública correspondiente.
Artículo 10. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Departamento del Distrito Federal, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 11. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el Titular del Departamento del Distrito Federal y los de las Entidades Coordinadas sectorialmente por éste, serán responsables, en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 12. De acuerdo al Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de la Región Centro, se establece como prioritarios de este presupuesto los siguientes programas:
- Transporte Urbano.
- Agua Potable.
- Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.
- Seguridad Pública.
- Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa.
- Vivienda.
- Regularización de la Tenencia de la Tierra.
- Salud.
- Recolección y tratamiento de basura.
- Deuda Pública.
- Aportaciones a la Ministración de Justicia.
- Abasto y comercialización.
- Prevención y control de la contaminación ambiental.
A los programas aquí señalados deberá agregarse, con las mismas características de prioridad, el subprograma protección social incluido en el Programa Desarrollo Social.
Los programas incluidos en este artículo no podrán se afectados presupuestalmente a la baja, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas y siempre y cuando las transferencias sean hacia otros programas también denominados como prioritarios.
Artículo 12 - A. La Secretaría de Programación y Presupuesto, por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes, podrá determinar la eliminación de renglones del gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios.
Todo excedente presupuestal, independientemente de sus causas, deberá transferirse a programas prioritarios.
Artículo 13. Los titulares de las Unidades Administrativas del Sector Departamento del Distrito Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, seguridad pública y transporte urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación y las necesarias para el Programa Regional de Empleo, previa aprobación del Titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 14. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del Sector departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, que se rijan para contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios y salarios al personal eventual que en cualquier forma suponga el incremento, con respecto al ejercicio de 1984, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas;
III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a los servidores públicos a título de representación en Órganos de Gobierno, juntas directivas, consejos y comités técnicos y otros, así como gastos de representación, con excepción de los que autorice el Coordinador de Sector;
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el Capítulo 1000. "Servicios Personales", excepto los casos que autorice el Coordinador de Sector.
Artículo 15. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1985, no se podrán efectuar.
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
II. Gastos con cargo a la partida de Erogaciones Imprevistas.
III. Gastos relativos a Congresos, Convenciones, Ferias y Exposiciones.
Artículo 16. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del Titular del Departamento del Distrito Federal:
I. Gastos de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del Sector Público y el tiempo que la ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos deberán ser autorizadas previamente por las Secretarías de Gobernación y Programación y Presupuesto;
V. Otorgamiento de Becas, y
VI. Donativos.
Asimismo, las Unidades Administrativas y Entidades del Sector, serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios directamente vinculada al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 17. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985, se observarán las siguientes medidas.
I. Se deberá aprovechar la mano de obra local y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
II. Se continuarán aquellas obras que no impliquen importaciones, limitando o difiriendo, en su caso, las que requieran insumos de procedencia extranjera para su terminación;
III. Se otorgará preferencia a aquellos proyectos en proceso con mayor avance relativo y de más alta prioridad, con el propósito fundamental de proteger la planta productiva, el empleo y el consumo básico;
IV. Se diferirán las obras de construcción y remodelación de edificios e instalaciones para oficinas administrativas o bien, las de carácter ornamental o suntuario;
V. Se otorgará prioridad a las obras complementarias de proyectos en proceso que sean consecuentes y congruentes con las estrategias y objetivos de la planeación nacional del desarrollo;
VI. En el caso de los proyectos de inversión que sean parcialmente financiados con créditos externos, el Sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones;
VII. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Artículo 18. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de la Zona Metropolitana y de la Región Centro y del Programa del Mediano Plazo y anuales correspondientes y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento deberá ser selectivo considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios.;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que se estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, estarán condicionados a procurar el mayor uso
de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos.
V. Los subsidios destinados al apoyo de las Entidades Paraestatales del Sector Departamento del Distrito Federal, se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;
VI. Las Entidades Paraestatales del Sector del Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
VII. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 19. Para la autorización de transferencias a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de Coordinador Sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos.
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase.
III. El avance financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 20. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de los recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 21. Las Unidades Administrativas del Departamento del Distrito Federal, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda a cualquier clase, con autorización previa y por escrito del Titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 22. El Titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del Sector del Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 23. Las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las aportaciones y subsidios que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Unico de Transferencias. Asimismo los Titulares de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector serán las responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 24. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el Sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal, así como unificar los flujos de información financiera que requieran del propio sector.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas informarán a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.
Artículo 25. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del Sector Departamento del Distrito Federal y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionarán a petición del propio Departamento y entidades coordinadas, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de pagos en función de los requerimientos y disponibilidades, así como las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 27. El Departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligados a informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que darán a conocer trimestralmente a la H. Cámara de Diputados.
Artículo 28. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas durante el año de 1985, serán los siguientes:
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Artículo 29. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho personas, según el caso, de las Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas durante el año de 1985, los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el total de los impuestos que correspondan y serán los siguientes:
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Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto, realizara periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal, presentará un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1985. En igual forma presentará un informe trimestral sobre los avances en la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su Presupuesto de Egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por su subprograma y su correspondiente desglose por proyecto de ejecución del presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Los informes trimestrales mencionados en este artículo se presentarán dentro del mes siguiente al que correspondan y se harán las aclaraciones que requiera la H. Cámara de Diputados.
Artículo 31. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Para estos efectos, podrá requerir de las Unidades Administrativas y Entidades del citado Sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 32. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las Unidades Administrativas y Entidades del Sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 33. La Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar: las disposiciones del presente Decreto para efectos Administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Del Programa de Administración del Sector Central se asignarán, para su ejercicio por las delegaciones, 6 mil millones de pesos adicionales.
Artículo segundo. Del Programa de Abasto y Comercialización se asignarán, para su ejercicio por las delegaciones, mil 860 millones de pesos adicionales destinados a la reparación y mantenimiento de mercados públicos y construcción de lecherías.
Artículo tercero. El Departamento del Distrito Federal deberá incrementar la asignación en los siguientes programas:
Seguridad Pública en 2 mil millones de pesos; Drenaje y tratamiento de aguas negras en 2 mil millones de pesos; ampliación y mejoramiento de la Planta Física Educativa en mil millones de pesos; y vivienda en mil millones de pesos.
Los recursos presupuestales necesarios para este incremento provendrán de los programas no prioritarios. Los movimientos presupuestales fijados en este artículo no deberán exceder el monto total del Presupuesto original de Egreso del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985.
Artículo cuarto. Deberá incrementarse la asignación al Programa de Recolección y Tratamiento de Basura con recursos provenientes del Programa Nacional Emergente de Empleo, siempre y cuando el Gobierno Federal decida su ejecución para 1985.
Artículo quinto. El Departamento del Distrito Federal deberá tomar las medidas conducentes para que durante el año de 1985, regularice la plantilla de Administración de Recursos Humanos y Servicios Personales. Al efecto deberá llevar a cabo la reasignación de plazas a las unidades en que los servidores públicos desempeñen efectivamente sus labores.
Artículo sexto. El Departamento del Distrito Federal dará cumplimiento a los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios del presente decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal dentro del mes de enero de 1985 y en el primer informe trimestral se dará cuenta a esta Cámara de los ajustes a recursos y metas de los programas afectados.
Artículo séptimo. La elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1986 deberá atender, además de las normas y reglas aplicables, los criterios siguientes:
I. Definir los programas de tal forma puedan identificarse con las unidades responsables;
II. Especificar los recursos totales que se asignan a cada una de las unidades responsables que intervienen en los programas y las metas que les corresponde cumplir. En lo que se refiere a las asignaciones por programa, señalar las unidades responsables que participan, detallando la asignación respectiva y las metas con las que colabora;
III. Estimar el universo o magnitud de necesidades a satisfacer y el grado de cobertura de los distintos servicios que presta el Departamento del Distrito Federal;
IV. Estimar la tasa de incremento de la demanda de servicio y el porcentaje de
satisfacción que se logrará en base a las metas programadas;
V. Incluir una jerarquización de las metas, en cuanto a su necesidad de ejecución en el año presupuestal, bajo el esquema de metas prioritarias, necesarias y diferibles;
VI. Mejorar la codificación de las metas o incluir explicaciones adicionales que informen sobre su naturaleza, peso, descripción o alcance, para poder apreciar si la meta propuesta es razonable, excesiva o insuficiente en su cantidad o costo, y
VII. Presentar una matriz que muestre la incidencia de los programas en los compromisos de gobierno plasmados en las líneas de acción para la ciudad de México contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, a efecto de evaluar con mayor rigor la concordancia de los objetivos nacionales y las asignaciones de recursos y metas.
Artículo octavo. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 27 de diciembre de 1984.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaria; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Bautista Guevara, Juan José Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, Esteban Nuñez Perea, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Pozadas Espinoza, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Velez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos Rivera, Manuel Villa Issa.
Comisión del Distrito Federal.
Luz Lajous, Presidenta; José Carreño Carlón, Secretario; José Aguilar Alcerreca, Manuel Alvarez González, Domingo Alpisco Jiménez, Hilda Anderson Nevárez, Pedro Luis Bartilotti Perea, Daniel Balanzario Díaz, Javier Blanco Sánchez, Ma. Luisa Calzada de Campos, Arturo Contreras Cuevas, Joaquín del Olmo y Reyes, Netzahualcóyotl de la Vega, Enrique Fernández Martínez, Augusto García Lizama, Rodolfo García Pérez, Iván García Solís, Everardo Gámiz Fernández, Ricardo Antonio Govela Autrey, Edmundo Jardón Arzate, Enrique León Martínez, Jorge Alberto Ling Altamirano, Norma López Cano, Xóchitl Elena Llarena de Guillén, Armida Martínez Valdez, Gerardo Medina Valdez, Ernesto Juárez Frías, Esteban Nuñez Perea, Manuel Osante López, Juan José Osorio Palacios, David Orozco Romo, José Parcero López, Enrique Riva Palacio Galicia, Sergio Ruiz Pérez, Juan Saldaña Rosell, Jesús Salazar Toledano, Alicia Perla Sánchez Lazcano, Alfonso Valdivia Ruvalcaba, Sara Villalpando Núñez".
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. Secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura del dictamen, señor Presidente... Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO
"Comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Trabajo y Previsión Social.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Trabajo y Previsión Social de esta H. Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaran diputados de esta LII Legislatura, miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de extracción sindicalista, proponiendo se reformen diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Las comisiones que suscriben, después de haber analizado cuidadosamente el contenido y alcances de las modificaciones propuestas, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente:
DICTAMEN
La Administración Pública Federal ha entrado en un proceso de modernización y de simplificación administrativa que incluye la creación de un sistema de servicio civil de carrera, la capacitación de quienes en ella laboran, la mayoría de sus prestaciones, y la mayor claridad de los diversos conceptos presupuestales relacionados con quienes prestan sus servicios al Estado.
Por ello la unificación u homologación de los salarios correspondientes a los diversos niveles de servidores públicos y establecer prestaciones similares a cada puesto, es una preocupación fundamental de la Administración Pública Federal.
La Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, consciente de la importancia de este programa de modernización y simplificación de la Administración Pública Federal, a nombre de sus agremiados demanda para ellos un incremento en materia de remuneración y, aceptando que anteriormente por razones presupuestales los emolumentos se integraban por diversos conceptos, justificadamente solicitaban que los sueldos o salarios sean integrados con el sobresueldo y la compensación que corresponden a su remuneración ordinaria en un solo concepto, para beneficio directo de los servidores públicos.
El sueldo presupuestal es la base del que derivan todas las demás prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional, la dominical, pagos por tiempo extraordinario laborado, pagos de defunción, y al aumentarse sensiblemente el sueldo básico del trabajador con cargo al cual se cubren las aportaciones del ISSSTE, se incrementa el monto de las prestaciones a que tiene derecho el servidor público y sus familiares.
Adicionalmente, la integración permitirá hacer transparente el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en un renglón tan importante, eliminando así retribuciones discrecionales que ocasionalmente generaban problemas laborales y que esta propuesta tiende a eliminar.
La compactación permitirá también el conocimiento oportuno de los aumentos salariales decretados y al saber con precisión el total de sus percepciones así como las diversas políticas salariales que los benefician.
Finalmente, las comisiones estiman que en el artículo que obliga a cubrir la indemnización por separación injustificada, debe comprenderse expresamente en el concepto de prima dominical, en adición a los que la iniciativa presenta.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en la fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 55 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Trabajo y Previsión Social someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
DE REFORMAS A LA LEY
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO
Artículo primero. Se reforman los artículos 32; 33; 35; 40 y 43 fracción IV de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 32. El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. Los niveles de sueldo del tabulador que consigne sueldos equivalentes al salario mínimo deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste.
La Secretaría de Programación y Presupuesto ................................. ............................................................................... .............................
Artículo 23. El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos, consignados en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal y se fijará en los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los presupuestos de egresos respectivos.
Artículo 35. Se establecerán tabuladores regionales que serán elaborados tomando en consideración el distinto costo medio de la vida en diversas zonas económicas de la República.
La comisión intersecretarial del servicio civil, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, realizará y someterá a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y función de los tabuladores regionales, y las zonas en que éstos deberán regir.
Artículo 40. ................................................................. ..............................................................................
. Los trabajadores que presten sus servicios durante el día domingo, tendrán derecho a un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre el monto de su sueldo o salario de los días ordinarios de trabajo.
Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de esta ley disfrute de uno o de los dos periodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda durante dichos periodos.
Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.
Fracción I. ..................................................
Fracción II. .................................................
Fracción III. ................................................
Fracción IV. De acuerdo con la partida que el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los términos del laudo definitivo.
Fracción V. ................................................
Fracción VI. ................................................
Fracción VII. ...............................................
Fracción VIII. ..............................................
Artículo segundo. Se deroga el artículo 36 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
TRANSITORIOS
Artículo primero. En los tabuladores de sueldos regionales según la zona económica, se fijará el sueldo total en cantidades iguales o superiores a las consignadas con anterioridad a la vigencia del presente decreto para cada puesto, en sus diferentes niveles, integrando los conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación, mismas cantidades que deberán cubrirse a los trabajadores que las vienen percibiendo.
Artículo segundo. En virtud de las características particulares de los conceptos de pago que se emplean para remunerar al personal de la Secretaría de Educación Pública, la aplicación de la integración a que se refiere el presente decreto se efectuará previa aprobación que la comisión intersecretarial del servicio civil otorgue al estudio que viene elaborando la Secretaría de Educación Pública, escuchando al sindicato.
Artículo tercero. Cuando en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otros ordenamientos legales se dé una connotación distinta del sueldo o salario que se cubre a los servidores públicos, éste deberá entenderse integrado en los términos del artículo 32 de esta ley.
Artículo cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo quinto. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos ochenta y cinco.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados.
México, D. F., a 27 de diciembre de 1984.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Presidente, Manuel Cavazos Lerma; Secretaria, Irma Cué de Duarte; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa, Luz Lajous, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Adrián Mayoral Bracamontes, José Ignacio Monge Rangel, José Esteban Núñez Perea, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinosa, Héctor Ramírez Cuéllar, Gerardo Ramos Romo, Dulce María Sauri Riancho, Homero Tobilla Cristiana, Jorge Treviño Martínez, Antonio Velez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Manuel R. Villa Issa, Haydée Eréndira Villalobos Rivera".
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Presidente, Juan José Osorio Palacios; Secretario, José de Jesús Fernández Alatorre; Servio Tulio Acuña, Luis Aguilar Cerón, Silverio R. Alvarado, Manuel Alvarez González, Francisco Alvarez de la Fuente, Homero Ayala Torres, Víctor Manuel Carreto, Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cavazos Cortez, Alfonso Cereceres Peña, Armando Corona Boza, Oralia Cautiño Ruiz, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Netzahualcóyotl de la Vega, Leopoldo Durán Rentería, Everardo Gámiz Fernández, Juan Antonio García Guerrero, Lino García Gutiérrez, Rodolfo García Pérez, Lorenzo García Solís, Antonio Gerhenson, Jesús Ibarra Rayas, Luis Mayen Ruiz, María del Carmen Mercado Chávez, Ignacio Olvera Quintero, Ramón Ordaz Almaraz, Jesús Ortiz Herrera, José Eduardo Pacheco Durán, Ramiro Plascencia Loza, Luis J. Prieto, Alfredo Reyes Contreras, Venustiano Reyes López, Faustino Ross Mazo, José Ruiz González, Daniel Angel Sánchez Pérez, Pablo Sánchez Puga, Oscar Mario Santos Gómez, Ramón Serrano García, Daniel Sierra Rivera, Hilda Luisa Valdemar Lima, Martiniano Valdez Escobedo, J. Guadalupe Vega Macías, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Florentina Villalobos de Pineda, Dora Villegas Nájera, Juan Villegas Torres".
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. Prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen...
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen... Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores... Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, la ciudadana diputada Emma Medina Valtierra, del Partido de Acción Nacional; y en pro, para fundamentar su voto, el diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente, del Partido Demócrata Mexicano, y el diputado Alvaro Brito Alonso, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la diputada Emma Medina Valtierra.
La C. Emma Medina Valtierra: - Señor Presidente; honorable Asamblea: Venimos a razonar nuestro voto en contra del dictamen de reformas a los artículos 32, 33, 40 y 43, fracción IV de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Dice un pensador francés: "por la prisa de vivir, a menudo nos olvidamos de las razones de la vida"; y podíamos decir, por analogía, que "por la prisa de legislar, nos olvidamos de las razones de la ley".
Sentimos que la premura y forma con que se presenta el proyecto de ley, atenta contra la más elemental seriedad parlamentaria. No queremos heredar a la LIII Legislatura los vicios de la prepotencia e irresponsabilidad de legislar con ligereza. Consideramos irresponsable la forma como se vienen manejando los proyectos, iniciativas o propuestas. Nosotros no queremos contribuir a devaluar nuestra actividad y nuestra imagen de legisladores serios.
Esta iniciativa que se presentó ayer, su texto fue distribuido a medio día y antes de cuatro horas ya se había dictaminado. Esto demuestra, una vez más, repito, la prepotencia con que se manejan los trabajos en esta Cámara, sobre todo en los últimos días de diciembre.
También demuestra la pésima costumbre de la Cámara de Diputados en los métodos de trabajo, para dictaminar las leyes que envía el Ejecutivo directamente o por medio del PRI. Por lo apresurado de la presentación y la dictaminación de la misma, se impide a los diputados que con responsabilidad quieran hacerlo, analizar y estudiar la esencia de las reformas y los alcances que éstas puedan tener en otros aspectos.
En el caso de la ley que nos ocupa, por ejemplo, los alcances fiscales que la llamada computación de sueldos, sobresueldos y compensaciones, pueden llegar a tener. ¿A quién beneficiará realmente esta ley? ¿A los trabajadores? ¿A los que se les determine su sueldo integrado a los conceptos de sueldo y compensaciones o al fisco que podrá cobrar impuestos basados en tabuladores más altos, que necesariamente derivan de la mencionada compactación?
Por otra parte, la redacción oscura de los artículos cuyas reformas se propone, y la inclusión de cuestiones fundamentales en los artículos transitorios, nos impide dar un voto favorable a una reforma, cuyas buenas intenciones no ponemos en duda.
No estamos seguros tampoco de que establecer tabuladores regionales, beneficie a los trabajadores. Lo único claro, hasta este momento, es que hablar algunos servidores públicos que reciban ingresos más altos según la opinión de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil. Pero si todo lo anterior fuera poco para inclinarnos a votar en contra de la ley, el artículo segundo transitorio es definitivo para confirmar nuestra decisión; ya que menciona el artículo segundo transitorio, viene a establecer un régimen de excepción para un sector muy amplio en trabajadores al servicio del Estado: los maestros; sin razón alguna manifiesta en este artículo, ni en ningún otro que abarca el proyecto de las reformas, ni siquiera en la exposición de motivos. Este artículo segundo transitorio establece que la ley reformada, si se aprueba el decreto, no será aplicable al personal de la Secretaría de Educación Pública, si no es previa la aprobación de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, o a un estudio que ahora está elaborando la Secretaría de Educación Pública.
¿De cuándo acá es posible que se suspenda parcial o totalmente la aplicación de una ley?; hasta en tanto de una parte de supuestos beneficiarios, la SNTE no la rechace.
De ninguna manera el Partido Acción Nacional puede aceptar que un simple artículo transitorio establezca un régimen de excepción que comprende a un sector tan amplio: la tercera parte aproximadamente de los trabajadores al servicio del Estado son maestros. Aquí nos entran dudas todavía mayores acerca del beneficio que esta ley representa para los trabajadores. Sin un sindicato tan fuerte como el de los maestros, no ha dado su visto bueno al entrar en vigor las reformas, algo está todavía oscuro en todo eso.
Por lo anteriormente expuesto, y por considerar que legislar es una labor seria, que requiere tiempo y análisis y porque no estamos de acuerdo con las leyes que trata en forma desigual a los mexicanos, los diputados de Acción Nacional votaremos en contra de estas reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Alvaro Brito Alonso.
El C. Alvaro Brito Alonso: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En una forma muy breve y concreta, en nombre de la diputación priísta. quiero, en primer lugar, rechazar categórica y contundentemente las aseveraciones de nuestra compañera diputada de Acción Nacional, por lo cual me permito hacer, también, las siguientes precisiones.
En primer lugar, en cuanto a lo que se refiere al segundo artículo transitorio del proyecto que se debate, en ninguna de sus partes habla de excepciones, lo único que establece ese artículo es una condición de tipo temporal dada la complejidad del sistema educativo nacional, también dada la complejidad de los propios conceptos que conforman el salario de los maestros y de los trabajadores de la educación que tienen características muy especiales, sólo para citar un ejemplo mencionaré que gran parte de nuestros compañeros trabajadores, trabajan en zonas económicas diferentes, en consecuencia, los porcentajes de vida cara son también diferentes. Asimismo las propias compensaciones sobre el sobresueldo son de acuerdo con la naturaleza del nombramiento del propio trabajador, así también como su ubicación en una zona económica determinada.
Otra razón fundamental que todos nosotros conocemos es el proceso de descentralización de la vida nacional que se viene efectuando para beneficiar al país, en cumplimiento de los sanos propósitos del ciudadano Presidente de la República.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, señalamos y apoyamos el dictamen
porque en él solamente se establece que la aplicación de la integración del salario de los trabajadores a quienes nos referimos, se efectuará previa aprobación que la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil otorgue al estudio que viene elaborando la Secretaría de Educación Pública, escuchando las opiniones de la legítima representación del SNTE que engloba a los trabajadores de la educación.
A esto, compañeras y compañeros, se circunscribe el espíritu del artículo 2o. transitorio que se debate, y son las causas fundamentales de la propia condición temporal que establece. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Francisco Javier Alvarez de la Fuente para un voto razonado.
El C. Francisco Javier Alvarez de la Fuente: - Señor Presidente; ciudadanos diputados: La fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, por mi conducto, viene a razonar el voto que va a emitir sobre las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Consideramos que estas reformas en sí son positivas para los trabajadores al servicio del Estado, toda vez que los beneficios por el hecho de que al compactar el sueldo, al compactar las prestaciones que perciben al momento del aguinaldo van a recibir no únicamente lo que en principio tenía en el sueldo, sino que todas las prestaciones las van a obtener, tanto de la prima vacacional, dominical, etcétera.
Además, en cuanto a la jubilación, también es favorable para los mismos, ya en otras ocasiones habíamos dicho aquí que al recibir la jubilación los trabajadores, más que un beneficio era un castigo para ellos, era un castigo para los trabajadores y la mayoría no pensaba, no quería recibir este beneficio de la jubilación, porque se les iba a entregar un sueldo, un salario muy bajo, y en esta ocasión, al compactar el salario, el compactar las prestaciones del mismo, van a recibir más dinero, van a recibir más prestaciones, van a recibir este beneficio con beneplácito, ya no va a ser como un castigo.
Lo que decía la diputada es cierto, van a tener más impuestos, sí, pero de todos modos va a ser superior aun cuando el Estado obtenga mayores ingresos vía impuestos, van a tener mayor incremento en su salario.
Después de analizar la iniciativa que presentaran los diputados de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado el día de ayer, después de analizarla, vimos que era positivo; en principio, cuando llegaron los diputados de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, presentaron su iniciativa, ese mismo día, o sea ayer, se discutió, si así se le puede llamar, en comisiones, y ese mismo día también se da el dictamen y se lee en primera lectura; en principio, decimos, nosotros los miembros de la fracción del Partido Demócrata Mexicano pensamos votar en contra, no en sí por la ley, sino por los procedimientos injustos que se están dando aquí en esta Cámara. Y decimos injustos, porque no a todas las diputaciones, no a todos los diputados, se les trata de la misma forma.
En esta LII Legislatura todos los partidos aquí presentes presentaron docenas de iniciativas y ninguna fue dictaminada ni discutida en el Pleno. Eso es una práctica totalmente discriminatoria a los diputados. Por aquí se ha hablado en ocasiones de diputados de primera y de segunda. ¿Acaso los diputados del PRI son de primera y los de los demás partidos somos de segunda?
Nosotros repudiamos esta actitud, esta actitud que demerita la función legislativa, señores. Nosotros estamos en contra de que el mismo día se presente, se dictamine y se ponga a discusión casi, casi. Nosotros consideramos que por lo menos las iniciativas que se presentaron por los partidos deberían ser dictaminadas aquí. No estamos diciendo que se vote a favor, sino que se dictaminen y se discutan en el Pleno, y eso es una práctica totalmente injusta, porque las iniciativas, las docenas de iniciativas que se presentaron aquí jamás se discutieron.
Entonces nosotros, al ver el procedimiento que se le dio a esta ley positiva de reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, consideramos que ya se ha superado lo del aprobar al vapor. No, señores, estamos en una época ya más avanzada, ya es por microondas.
Por todo lo anterior, y con nuestra protesta enérgica a este tipo de prácticas parlamentarias injustas, pero apoyando esta iniciativa de reformas, vamos a votar a favor. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría... Ha solicitado el uso de la palabra el C. Carlos Jiménez Macías, por la Comisión.
La diputada Emma Valtierra solicitó también el uso de la palabra para su segundo turno.
La C. Emma Medina Valtierra: - Desearía que primero hablaran por la Comisión y después de ella tomaría la palabra, si fuera posible.
El C. Presidente: - ¿La Comisión prefiere entrar ahora o esperar el turno? Perdone la diputada, la Comisión también solicita reservarse para después de su segunda intervención.
La C. Emma Medina Valtierra: - Señor Presidente: Lamento la pobreza de la contestación que me hicieron aquí y vengo a hacer dos, nada más dos preguntas, y espero se me contesten por favor, y por qué no poner tantos transitorios como sectores de la burocracia
hay, y por qué nada más a los profesores y no a los trabajadores de correos por ejemplo. Y qué hay del planteamiento en el sentido de que más beneficios recibirá el fisco y de paso el ISSSTE también y el sindicato, pues al compactarse sueldo, sobresueldo y compensaciones, ¿el trabajador tendrá que pagar impuestos o no va a pagar más impuestos?, es lo que queremos que nos expliquen por favor y qué cotizaciones va a tener que entregar al ISSSTE, ¿van a seguir iguales o van a ser más altas? y al sindicato ¿cuánto dinero también le van a pagar? Esas son las únicas preguntas que vengo a hacer. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Carlos Jiménez Macías, por la Comisión.
El C. Carlos Jiménez Macías: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: Es importante antes de tocar los comentarios que ha hecho la compañera diputada del PAN, hacer una reflexión que nosotros consideramos muy importante y que debe de servir, ¿por qué no decirlo?, para que sobre esto se hagan los juicios, cuando en este caso la oposición ha manifestado su inconformidad a esta iniciativa.
Quisiéramos un poco pedir que los árboles no nos taparan el bosque, que veamos la magnitud de esta iniciativa y todo lo positivo que encierra para los trabajadores al servicio del Estado.
Los trabajadores al servicio del Estado constituimos el núcleo que hace posible la realización de los programas del Gobierno de la República, participamos muy efectivamente en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que fue producto de la consulta popular, que el licenciado Miguel de la Madrid realizó a lo largo y ancho de nuestro país.
También consideramos un momento importante para volver a insistir y subrayar la reflexión que ya hemos hecho en las comisiones. Nosotros estamos ciertos que la Administración Pública de nuestro país debe mejorarse, y somos los primeros comprometidos a aportar nuestro mejor esfuerzo en el Programa de Simplificación Administrativa, en incrementar nuestra eficiencia para que los servicios que el pueblo de México recibe, cada día sean mejores; estamos ciertos que este Programa de Simplificación Administrativa, que es producto de la acción revolucionaria de Miguel de la Madrid, es también una bandera y un compromiso de los trabajadores del Estado, pero fundamentalmente de su central, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y por eso creemos que legítimamente aspiramos a tener una mejor condición laboral, y que legítimamente hemos venido luchando hace muchos años, y este Comité Ejecutivo de nuestra Central lo consolida, porque nuestras prestaciones se vean incrementadas, y esta iniciativa es el camino para lograrlo, y estamos ciertos de que todos los que prestamos servicios a la nación, anhelamos tener una jubilación decorosa. Este es un anhelo y ha sido una lucha de los jubilados, y creemos que esta iniciativa nos permite este alcance, independientemente de otras más que ustedes las pueden encontrar en el texto de la iniciativa, y que son muy positivas y que, claro, en la reunión de comisiones, donde me pareció que no estuvo el PAN, ayer, se vieron más ampliamente los alcances, pero la inquietud del Partido Acción Nacional es legítima y nosotros con mucho gusto pretendemos esclarecerlo, porque creemos que al final ellos coincidirán con nosotros, que nuestro objetivo es muy positivo, y estamos luchando por el bien de los trabajadores, porque tengan una mejor condición laboral.
Decía entonces la compañera diputada que no se le había respondido muy concretamente a su inquietud. Yo quisiera decirles que los compañeros trabajadores de la educación, no es que constituyan un grupo de privilegio o sean un organismo sindical que no se quiere ceñir a un alcance tan positivo. Por el contrario, esto es también lucha de los trabajadores de la Educación, y aquí uno de sus dirigentes ha venido a afirmar su voto y su conformidad.
Pero, compañera diputada, la Secretaría de Educación Pública y sus trabajadores tienen una condición laboral en muchos aspectos diferente a la nuestra, sobre todo a nivel de ciertas prestaciones. Esto ha impedido que en la rapidez que nosotros hubiésemos querido, la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera alcanzara el objetivo de analizar con mucho detenimiento qué rubros iban a compactarse, o a integrarse, como es el término correcto. Y no es el hecho de dejarlos fuera en un afán de que ellos no quieran alcanzar estos beneficios. Por el contrario, estoy cierto de que este Sindicato no podría jamás oponerse a una aspiración tan legítima de sus representados. No es así. Simplemente es que su condición es muy diferente.
Por otro lado usted preguntaba que si se van a pagar más impuestos. Cuando se hace el cálculo, nosotros tuvimos una respuesta, también fue una inquietud de nosotros, por eso la entiendo y con mucho gusto venimos hoy a dar nuestra respuesta a ella, porque también nos preocupaba qué iba a pasar.
El nivel de incremento que se dará en el pago de impuestos es muy mínimo, porque afortunadamente nosotros tendremos la posibilidad de seguir apareciendo como pago de impuestos en los salarios mínimos, y cuando éstos se van a incrementar, al final, como decía nuestro compañero del PDM, el diputado que hizo uso de la palabra anteriormente, el beneficio es mayor.
Entonces, esto nosotros lo tenemos que ver, cuánto ganamos más aunque tenemos que
pagar un poquito más, al final salimos beneficiados.
Usted preguntaba también que si el pago de las aportaciones se incrementa, evidentemente que se va a incrementar, pero también significará una mayor captación de recursos para el ISSSTE; que el ISSSTE es la institución que presta la seguridad social a los servidores públicos. Y esto, entonces, como dirigentes sindicales, tenemos que verlo en ese afán. En una intención de engrandecer también a la institución que es producto de nuestra lucha sindical, nuestra aspiración es que también la institución sea mejor, ya que la institución también requiere de más recursos.
Yo siento que al final las cosas que pudiesen encontrar y que de alguna manera nos parecen positivas, son mínimas. Yo reitero a mi compañera del PAN, que es bueno que este caso, insisto, que los árboles no nos taparan el bosque, esto es un acontecimiento histórico para los trabajadores al servicio del Estado. Es una lucha muy fuerte y es un triunfo de la organización que nos representa, y nosotros estamos ciertos que esta soberanía tendrá hoy la oportunidad de transitar en la historia sindical de los trabajadores del Estado, en forma muy positiva, porque sabemos que al final el voto de todos los diputados, que más allá de las diferencias ideológicas, creen en la necesidad de que los trabajadores cada día tengan mejores condiciones de vida, van a apoyarnos, como ya lo han hecho.
Aprovecho a nombre de los servidores públicos de este país para agradecer a los compañeros diputados de la oposición, que nos hayan apoyado en este anhelo tan legítimo, por el cual hemos entregado muchos años de lucha.
Señor Presidente, considero que ante estas aclaraciones y comentarios, que hemos hecho a la inquietud legítima de nuestra compañera diputada del Partido Acción Nacional, es prudente que indique a la Secretaría consulte si está suficientemente discutido el dictamen en lo general. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en los general... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no hay reservado ningún artículo, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto
. El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
( VOTACIÓN.)
Se emitieron 261 votos en pro y 34 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en sus términos, por 261 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El C. prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1985
"DICTAMEN DEL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA 1985
I N D I C E
PRESENTACIÓN
I. Política presupuestaria para 1985
II. Sector público consolidado
1. Gobierno Federal
2. Sector Paraestatal
III. Política sectorial del gasto
1. Desarrollo Social
2. Desarrollo Rural
3. Pesca
4. Desarrollo Urbano y Ecología
5. Comunicaciones y Transportes
6. Abasto
7. Industrial
8. Energéticos
IV. Desarrollo regional y descentralización
V. Estrategias específicas del Gasto Público
1. Inversión Pública
2. Adquisiciones
3. Transferencias
4. Modernización y Simplificación
5. Servicio Civil
VI. Vinculación del gasto con los
Ingresos del Sector Público
1. Ahorro corriente y déficit financiero
2. Financiamiento del déficit y Gasto de Deuda Pública
VII. Conclusiones y recomendaciones
Proyecto de decreto aprobatorio del presupuesto de Egresos de la Federación para 1985.
Anexo estadístico.
"Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985.
Honorable Asamblea: De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, el Ejecutivo Federal hizo llegar en tiempo y forma a esta H. Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1985 en el que están incluidas todas las previsiones presupuestales propuestas para cubrir, a partir del 1o. de enero y durante el periodo de ese año, las actividades, las obras y los servicios públicos indicados en los programas que habrán de realizar las entidades que en el propio proyecto se señalan.
Por acuerdo de esta representación popular en los términos de los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, misma que procedió a efectuar el análisis detallado de toda la información que recibió y de la obtenida adicionalmente, para elaborar el dictamen correspondiente, contando además, para ese propósito, como en años anteriores, con las opiniones y comentarios de los integrantes de la Comisión Dictaminadora, de los diversos grupos parlamentarios, vertidos en las reuniones de trabajo celebradas con la participación de los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto encargados de la elaboración presupuestal, quienes ampliaron y precisaron los puntos de mayor interés, complementando la exposición que el secretario del ramo hizo al comparecer ante esta soberanía, para informar sobre el gasto que ejercerá el Sector Público Federal durante 1985, cuyas orientaciones, prioridades y metas se derivan y sustentan en la estrategia económica y social del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, en consonancia a lo dispuesto por la Ley de Planeación.
El proceso de análisis de la Comisión Dictaminadora se vio fortalecido con las orientaciones al manejo de los principales instrumentos de política económica, contenidas en el documento "Criterios Generales de Política Económica", que por separado el Ejecutivo envió a esta Cámara.
Del examen del proyecto en cuestión y como resultado de los trabajos de análisis realizados, la Comisión Dictaminadora somete a la distinguida consideración de esta H. Asamblea el siguiente
DICTAMEN
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 1985, no es un instrumento aislado, sino elemento fundamental del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Este, orienta el rumbo de la economía, ordena los esfuerzos de la Administración Pública Federal y promueve la participación de la sociedad y los diferentes niveles de Gobierno, en las tareas del desarrollo, para imprimirle solidez, permanencia, eficiencia y equidad. La consolidación de este sistema, es un proceso en marcha, que está muy avanzado en la etapa de formulación, pues ya se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo - en mayo de 1983 -, y casi todos los programas nacionales y regionales que de él se derivan. La siguiente etapa - la instrumentación - vincula esos programas de mediano plazo -que definen para cada sector y región estratégicas, objetivos, metas y líneas de acciones prioritarias -, con los programas operativos anuales que se resumen en el proyecto que se dictamina.
Los programas operativos anuales son propuestos por los sectores administrativos y con base en ellos se definen los niveles de gasto y los lineamientos que dan origen al proyecto de Presupuesto de Egresos. Así, las prioridades del Plan y los Programas de Mediano Plazo, se vinculan y se reflejan en este presupuesto, que reúne las siguientes características: se integra al proceso de planeación que articula sus diferentes etapas, desde la formulación del plan y los programas hasta la evaluación de resultados; desarrolla la programación - presupuestación anual, a partir de los programas de mediano plazo; mejora la vinculación de las prioridades del plan y los programas citados con las decisiones anuales de gasto; define compromisos y responsabilidades, posibilitando el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas; una vez aprobado por la H. Cámara de Diputados, servirá de base para definir las acciones de cumplimiento obligatorio en el Sector Público, para concertar acuerdos con los sectores Privado y Social, y para coordinar esfuerzos con los gobiernos de los estados, a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos.
Las propuestas y recomendaciones que esta H. Cámara de Diputados ha tenido a bien disponer, se reflejan una vez más en la presentación y contenido del proyecto de presupuesto que se dictamina y han permitido, a la comisión que suscribe, un mejor análisis de su contenido. De este modo, se incorpora una entidad importante en la economía nacional, Azúcar, S. A. de C. V., al sector paraestatal sujeto a control presupuestal directo.
Entre otras innovaciones, en el presente proyecto se crea el ramo 0029 - erogaciones para saneamiento financiero -, con el objeto de darle transparencia a las acciones gubernamentales y formalizar los compromisos y responsabilidades de las empresas, avalados por su coordinador de este sector. Se pretende con este cambio que el costo financiero derivado de las asunciones de pasivos sea deducido de los topes de endeudamiento asignados a las entidades paraestatales. Asimismo, en virtud de la creciente incertidumbre en los mercados internacionales, se crea una reserva de 200 mil millones de pesos para ejercerse en caso de fluctuaciones en las tasas de interés externa y otras contingencias.
En el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos, se presentan modificaciones y mejoras de fondo y forma, congruentes con los cambios en el proceso de programación - presupuestación. Así, se crean seis nuevos artículos, desaparece el referente a la reserva para la recuperación de la actividad económica, y se modifican veintiun artículos para: introducir nuevos conceptos tales como "erogaciones no sectorizables" y "erogaciones para saneamiento financiero", incluir a la entidad Azúcar, S. A. de C. V.; sustentar los propósitos de simplificación administrativa; especificar, por primera ocasión, las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, que quedarán comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII; fundamentar las medidas para continuar con la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales; ser congruente con la Nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles y con las modificaciones a las leyes de Obras Públicas, de Bienes Nacionales, y de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; entre otros aspectos.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, sometido a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, presenta las características fundamentales de la política presupuestaria para ese año; el Gasto del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal, tanto en su clasificación administrativa como económica; la política sectorial como instrumento de cambio estructural; por primera vez, un capítulo especial sobre Desarrollo Regional y Descentralización de la Vida Nacional; estrategias específicas de gasto público como la inversión, adquisiciones, transferencias, modernización y simplificación administrativas y servicios civil de carrera; y vincula los egresos con los ingresos para obtener el ahorro corriente, el déficit, el endeudamiento y los gastos de deuda. Tal será el orden del dictamen que se presenta a la alta consideración de esta representación popular, mismo que termina con un capítulo sobre conclusiones y recomendaciones que incluye al proyecto de decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985.
I. Política presupuestaria para 1985
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 1985 será uno se los instrumentos de política económica que contribuya a lograr los cuatro objetivos centrales que de han fijado para el próximo año: 1) perseverar en el combate a la inflación; 2) continuar el saneamiento financiero del sector público; 3) apoyar la recuperación económica, al tiempo que se avanza en el cambio estructural; 4) y propiciar que esa reactivación se transforme en mejores niveles de vida de la población mediante incrementos en el salario real, el empleo y los niveles de bienestar. Las metas para 1985 (cuadro 1) consolidan los avances de 1984 (cuadro 2).
La injusticia social que representa la inflación, instrumento de concentración del ingreso, hacen que la lucha contra este impuesto regresivo, siga teniendo prioridad durante 1985, sin que por ello se asfixien o estrangulen la recuperación económica que se observa, ni el propósito de mejorar los niveles de bienestar. Por otro lado, tampoco se pretende forzar el crecimiento a niveles deseables pero no factibles, que pongan en peligro los avances logrados en el combate a la inflación.
Mantener este equilibrio entre combate a la inflación, aliento a la recuperación y mejoramiento en los niveles de bienestar, será un desafío trascendente para la política económica en general y presupuestaria en particular.
Sin embargo, existen rigideces y obstáculos que conviene advertir. Una importante proporción del gasto público ya está comprometida para el año próximo, lo que limita el margen de maniobra del presupuesto, especialmente de la inversión pública. Entre los renglones comprometidos sobresalen los intereses y otros gastos de la deuda (Adefas y amortizaciones), y las participaciones a estados y municipios. Estos rubros, representaron en 1984, alrededor del 46% del total de egresos. Se buscará reducir esta proporción al 44% en 1985. Se intentará asimismo mantener la participación del gasto ejercido pendiente de pago, en términos del PIB, y aumentar las participaciones a estados y municipios a tasas similares a las del crecimiento económico previsto para 1985. La principal disminución del porcentaje del gasto comprometido surgirá del mejor pago de amortizaciones que permite la reestructuración de la deuda externa.
El propósito de reducir el déficit financiero del Sector Público con respecto al PIB, exigirá mayores esfuerzos en 1985 si se toma en cuenta que los ingresos (como proporción del PIB) se mantendrán alrededor del porcentaje que se registró en 1984, procurando que no disminuya en más de medio punto porcentual. Esto significa que los márgenes de maniobra para lograr los propósitos mencionados, se centran en el gasto programable y en la reforma estructural que permitirá incrementar la inversión pública en términos reales.
El gasto público se reestructurará para que se logre un nivel de inversión compatible con la recuperación económica programada y con el impulso al gasto social. Ello exige avanzar en la contención del gasto corriente y de las transferencias gubernamentales. Estas tienden a intensificarse por las mismas demandas de la situación imperante, por lo que se requerirán esfuerzos significativos en las entidades desconcentradas y en las empresas públicas para disminuir su dependencia del Gobierno Federal.
Tales esfuerzos crecen en importancia si se considera que el pago de los servicios personales, las adquisiciones y los servicios generales del Gobierno Federal, se han reducido prácticamente al mínimo indispensable por la estrategia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Por otro lado, la política presupuestaria busca que los gastos de operación de los organismos y empresas eleven su eficiencia y productividad en la adquisición de insumos para la producción de bienes y servicios estratégicos. Adicionalmente, se continuarán reorientando las adquisiciones del sector público hacia el mercado interno, mediante una programación más eficiente surgida de una mayor transparencia y corresponsabilidad de las normas aplicables, y de la formulación de los programas de adquisiciones de las entidades y dependencias del sector público hasta 1988.
Además de estos cambios, la reforma estructural del gasto público incluye también la simplificación de los procesos y normas para su asignación y ejercicio: la reestructuración financiera y los compromisos de eficiencia y productividad de las empresas públicas; la cancelación de actividades no prioritarias en los programas de mediano plazo; la continuación de la modernización administrativa y del servicio civil de carrera; el impulso a la descentralización; y los avances en la programación del gasto a mediano plazo.
Por ello, los lineamientos fundamentales del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 serán: dar énfasis al gasto social (educación y salud) y a comunicaciones y transportes, en el contexto de la descentralización de la vida nacional; incluir nuevos programas cuando se liberen recursos comprometidos, se cancelen proyectos no prioritarios o se eliminen gastos que no correspondan a la racionalidad y austeridad de la gestión pública; no considerar programas, proyectos o actividades que no tengan, desde el principio, el respaldo presupuestal correspondiente, o que no aseguren el cumplimiento de la meta prevista; condicionar las transferencias de capital a programas de saneamiento financiero, de eficiencia y de productividad de las empresas públicas, en un horizonte de mediano plazo, y limitarlas a las entidades estratégicas o a las que se vinculen estrechamente a la rectoría del Estado; concentrar los esfuerzos en la liberación de recursos comprometidos (basados en metas productividad y eficiencia) para elevar las posibilidades de inversión en los sectores y programas prioritarios, sin rebasar los límites presupuestales aprobados; avanzar en la transparencia de los subsidios de operación al sector paraestatal elevando su productividad; y seguir reduciendo el dinamismo del gasto directo del Gobierno Federal, sin dejar de mejorar el poder adquisitivo de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Además, el proyecto de PEF para 1985, a diferencia del de 1984, no incluye reservas presupuestales para modificar el gasto programable, ya que, se buscó desde el principio que los presupuestos de las entidades y dependencias se apeguen a las asignaciones que se presentan y a las posibilidades de financiamiento sano. Se considera una previsión para contingencias externas, pero ésta no modificará el gasto programable. Se trata, por tanto, de un presupuesto austero, pero factible y con programación viable y oportuna. Por ello, al formularse este proyecto, se reconocieron las erogaciones ineludibles, para evitar, posteriormente, presiones sobre el gasto. No se programaron reservas presupuestales, para que las entidades conozcan desde el inicio los recursos con que cuentan a lo largo del año y los programen con mayor oportunidad.
Finalmente, el ejercicio del gasto tendrá una mayor agilidad mediante el Programa de Simplificación Administrativa, que contiene compromisos para una autorización más oportuna de recursos, descentralizando funciones de la SPP. A ello contribuirán también el proyecto de Nueva Ley de Adquisiciones, las modificaciones a las Leyes de Obras Públicas y de Bienes Nacionales, en lo relativo a bienes muebles, y la próxima expedición del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, que simplifican los trámites y harán posible una mayor transparencia y oportunidad en el ejercicio del gasto público.
II. Sector Público consolidado
En 1985 se ejercerá un gasto de 18,390 billones de pesos de los cuales se asignarán al Gobierno Federal 5,627 billones (30.6% del total); al sector paraestatal 5,745 billones, a los que habría que restarles 1,473 billones de transferencias, quedando un monto neto de
4,271 billones (23.2% del total); a los ramos de desarrollo regional y de participaciones a estados y municipios, 1,630 billones (8.9% del total); y a los gastos de deuda, 6,862 billones de pesos, (37.3% del total). De estos últimos, 4,610 billones corresponden al Gobierno Federal y 2,252 billones al sector paraestatal (cuadro 3). El gasto programable - es decir aquel afecta directamente a la economía y que surge de restar al gasto total los montos asignados al servicio de la deuda (6,862 billones) y las participaciones a estados y municipios (1,290 billones), ascenderá a 10,238 billones de pesos, de los que 5,967 serán ejercidos por el Gobierno Federal y 5,745 por el sector paraestatal. Este último incluye transferencias, que al deducirse dan como resultado la cifra mencionada de gasto programable.
II.1 Gobierno Federal
La política de gasto del Gobierno Federal para 1985 se orientará principalmente hacia la modernización administrativa, la descentralización de la vida nacional, el abatimiento de la inflación y la firme recuperación de la actividad económica. La observancia de las normas de racionalidad, disciplina y austeridad en las asignaciones previstas, permitirá progresos en la reestructuración del gasto, lo que aunado a la expansión moderada y al financiamiento sano que están previstos, facilitará la satisfacción de los requerimientos básicos de la población.
Para lograr estos propósitos, el Gobierno Federal ejercerá un gasto "pro gramático" de 5,667 billones de pesos, (56.3% más de lo aprobado en 1984), de los cuales 23,907 millones corresponden a los poderes Legislativo (8,738 millones de pesos) y Judicial (15,169 millones de pesos). El resto del gasto (5,643 billones) se asignará al sector central, conforme a la distribución que aparece en el (cuadro 4), donde se observa que las mayores erogaciones corresponden a la SEP (1,137 billones de pesos, 20.1% del total, 60.8% más que en 1984; a SEMIP (897.1 mil millones de pesos, 15.8% del total, 68.8% más que en 1984); al ramo de erogaciones no sectorizables (681.7 mil millones de pesos; 12% del total); a SCT (566.6 mil millones de pesos, 10% del total, 71.1% más que en 1984); a SARH (541.8 mil millones, 9.6% del total, 71.1% más que en 1984); a SECOFI (467.5 mil millones, 8.2% del total, 59.9% más que en 1984); y a SHCP (451.0 mil millones, 8.0% del total, 56.0% más que en 1984).
Los programas y erogaciones que corresponden a cada uno de los ramos del Gobierno Federal se presentan en los cuadros 6 al 29. En el cuadro 11, podrá observarse que la SHCP instrumentará 18 programas, sobresaliendo los de apoyos fiscales al sector agropecuario y forestal (59.1% del gasto total), apoyos fiscales al sector industrial (9.2% del total), apoyos fiscales a otros sectores (6.0% del total) y estímulos fiscales a las actividades productivas (8.9% del total). Es decir, en el gasto programático de esta Secretaría, el 83.2% se destina a otorgar apoyos fiscales a los sectores prioritarios y estratégicos.
El cuadro 13 presenta los 25 programas de la SARH, entre los que destacan el FX - desarrollo de áreas de riego (31.0% del total), el 3D - captación y conducción de agua para usos múltiples (11.0% del total) y el FW - desarrollo de área de temporal (9.9% del total).
El presupuesto de la SCT, así como los 97 programas que lo integran, incluyendo a las entidades coordinadas por esa Secretaría, aparecen en el cuadro 14, donde se aprecia que los mayores porcentajes se destinan a los programas 01 - carreteras troncales (11.9% del total), OM - conservación de la infraestructura carretera (8.8% del total) y OW - red férrea (7.3% del total). También se observa que los apoyos a los órganos desconcentrados representan el 3.9% del total; que ASA absorbe un 0.9%; Aeronaves de México 2.9%, y el subsector ferrocarriles 16.4%, lo que significa que las entidades sujetas a control presupuestal directo representan el 20.2% del total, mientras que a las entidades que no están incluidas en el presupuesto se les asigna el 8.8% del total.
El presupuesto de SECOFI y los 19 programas que lo componen, aparecen en el cuadro 15, donde sobresale el programa R1 - abasto, regulación y comercialización de productos básicos que participa con el 81.3% del total del gasto de la Secretaría.
Los 17 programas de la SEP se incluyen en el cuadro 16, donde se registra que el 40.3% del gasto total de esa Secretaría se destina al programa 4M - integración de la educación básica, siguiéndole en importancia el 4Q - reorientación del sistema de educación universitaria (35% del total), el 4R - impulso al sistema de educación tecnológica (9.7% del total), y el 3Z - ampliación y mejoramiento de la planta educativa (8.7% del total).
La SEMIP coordinará la ejecución de 7 programas; 3 de ellos ocuparán el 99.4% del impuesto de la dependencia; el IM - planeación del subsector energético (62.6%); IN - planeación del subsector minero - metalúrgico (24.2%); y IO - planeación del subsector paraestatal de transformación (12.6%).
Los programas del ramo de erogaciones no sectorizables (antes erogaciones adicionales), se presentan en el cuadro 27 donde se observa que el 50.1% del total (341.4 mil millones de pesos), se destina a la previsión de sueldos a la burocracia, el 14.7% (100 mil millones de pesos) al programa especial de protección al empleo, el 12.6% (86.1 mil millones de pesos) a previsión salarial para universidades e instituciones de educación superior, y el 7.3% (50 mil millones de pesos) al programa de apoyo a sectores prioritarios.
El programa especial de protección al empleo de 1985 (100 mil millones de pesos)
tendrá una asignación inferior a la de 1984 (150 mil millones de pesos) porque los recursos que obtuvieron las dependencias mediante este programa se les normalizan o reconocen en 1985 para que continúen con las acciones ya emprendidas. Ahora, el programa se orientará a la generación de empleos permanentes y sus recursos se asignarán de manera más selectiva, teniendo preferencia los estados que enfrenten mayores problemas de empleo, pues en algunas entidades federativas ya se observa escasez de mano de obra, tanto calificada como no calificada.
El gasto programable del Gobierno Federal (que incluye al ramo de desarrollo regional), se muestra en el cuadro 5, siguiendo la clasificación administrativa. En este cuadro se observa que dicho gasto crecerá 54.0% en 1985, y que, a diferencia de los cuadros "programáticos", sólo se presenta el gasto directo de cada Secretaría o ramo y el resto se agrupa en transferencias a entidades dentro y fuera del presupuesto. Estas representan el 52.8% del gasto programable y el restante 47.2% corresponde al gasto directo de los ramos. Aquéllas crecerán 56.2% con respecto a 1982 y éstos 47.2%. Es importante notar que en términos de gasto directo, SEP, SARH y SCT siguen siendo las Secretarías más importantes (11.8%, 6.4% y 6.4% del total, respectivamente), pero SHCP y SEMIP apenas representan el 1.2% y el 0.1 % respectivamente, ya que la mayor parte de su gasto son transferencias.
Otro aspecto del gasto programable del Gobierno Federal se muestra en el cuadro 31, que desglosa estas erogaciones según su objeto, es decir, presenta su clasificación económica. Ahí se aprecia que el 67.3% del total será destinado al gasto corriente (4.013 billones) que tendrá un crecimiento de 53.2% con respecto a 1984. Sin embargo, esta Comisión estima conveniente subrayar que la mayor parte corresponde a transferencias, que representan más de la mitad (2.031 billones de pesos y crecen 55.5% con respecto a 1984. Le siguen en importancia el gasto de servicios personales (1.214 billones de pesos) y el renglón de erogaciones extraordinarias, que es la parte que sirve de reserva y que tendrá asignaciones por 437.8 mil millones de pesos.
El 32.7% del gasto programable del Gobierno Federal (1.954 billones de pesos. 55.8% más que en 1984) se destinará a gasto de capital, cuya mayor parte se asignará a la inversión física (821.5 mil millones de pesos, 54.1% más que en 1984), siguiéndole en importancia las transferencias para inversión, que ascienden a 699 mil millones de pesos. Este rubro tendrá un crecimiento, con respecto a 1984, de 44.4%.
El cuadro 31, presenta por separado los renglones de transferencias 48.7% del gasto programable, 51.0% más que en 1984), y apoyo para pago de deuda (3.9% del total), que al deducirse del gasto programable, resulta un gasto directo de 2.828 billones de pesos (47.4% del total, 51.7% más que en 1984), de los que 1.981 (70.0%, 50.8% más que en 1984) se destinan a gasto corriente y 846.3 (30.0%, 53.6% más que en 1984) a gasto de capital.
La racionalidad en el gasto de las dependencias del Ejecutivo Federal significa que las asignaciones de gasto corriente se limitarán a los requerimientos indispensables y que las adquisiciones de bienes y servicios que no apoyen la descentralización y la simplificación administrativa, serán restringidas.
Esto facilitará la liberación de recursos para financiar los programas de inversión gubernamental.
Además, se continuará la realización del crecimiento de los servicios personales, por lo que sólo se crearán plazas imprescindibles para atender el crecimiento natural de los sectores prioritarios como educación, salud, procuración e impartición de justicia y seguridad nacional.
Las transferencias seguirán revisándose para que contribuyan a una redistribución más equitativa del ingreso, mitigar los costos de la crisis, apoyar la reactivación y modernización de la planta productiva nacional, y promover el desarrollo regional. Por eso, las transferencias se destinan fundamentalmente a los programas de abasto, de descentralización de los servicios de salud y educación, y de capacitación y productividad.
El aumento del costo financiero de la deuda del sector paraestatal obliga al Gobierno Federal a conceder apoyos para estos fines (233.7 mil millones ) con el propósito de no debilitar la producción de bienes y servicios estratégicos o socialmente necesarios.
II.2 Sector paraestatal
En 1985 el sector paraestatal se orientará a fomentar la producción y el empleo, la generación de bienes estratégicos y prioritarios, así como la dotación de servicios de salud y seguridad social. De ahí que se busque fortalecer la industria del acero, los fertilizantes y el papel, sin desatender los programas sociales: abasto de bienes de consumo popular y la prestación de los servicios de salud y seguridad social. Así, se apoyará la recuperación económica y se atenuarán las presiones inflacionarias derivadas de la oferta insuficiente de bienes y servicios.
Para ello, el sector dinamizará su programa de inversiones, racionalizará sus adquisiciones, regulará el abasto, generará divisas y protegerá el empleo productivo. Además, avanzará en la modernización y descentralización de la gestión pública, así como en la integración productiva del sector mediante la revalorización de los órganos de Gobierno y la delimitación de atribuciones y responsabilidades en materia de planeación, administración y control de las empresas públicas. Adicionalmente, en 1985, continuarán los
avances en la reestructuración financiera del sector paraestatal mediante el ajuste periódico de los precios y tarifas, la racionalización en la asignación y uso de subsidios y divisas, y la renegociación de la deuda.
Para lograr estos propósitos e instrumentar estas acciones, el sector público paraestatal ejercerá un gasto de 5,745 billones de pesos (superior a 35.5% al de 1984), que se asignará entre 28 entidades sujetas en control presupuestal directo. Las más importantes por el monto de recursos asignados son: Pemex (1,456 billones de pesos, 25.3% del total, 23.2% más que en 1984), el sector eléctrico (877 mil millones de pesos, 15.3% del total, 65.2% más que en 1984), IMSS (700 mil millones de pesos, 12.2% del total, 66.4% más que en 1984) y Conasupo (557.6 mil millones de pesos, 9.7% del total, 9.8% menos que en 1984) (cuadro 32).
Por tipo de actividad, las entidades agrupadas en el rubro de fomento absorben el 57.1% del total (36.9% más que en 1984), las de asistencia y seguridad social el 17.5% (54.3% más que en 1984), y las de comunicaciones y transportes 7.6% (47.9% más que en 1984). Los programas de estas entidades, y su presupuesto asignado, aparecen en los cuadros 33 al 59. Ahí se aprecia que el gasto correspondiente al IMSS (cuadro 34) se distribuirá entre 19 programas y que el 50.3% del total de la entidad, se destinará al programa 1B - atención curativa, y el 23.3% al 1E - prestaciones económicas. Se aprecia también (cuadro 47) que el total de Conasupo (517.4 mil millones de pesos) es asignado a un solo programa, el R1 - abasto, regulación y comercialización de productos básicos. En el cuadro 51 se observa que del gasto de la CFE (1,206 billones de pesos), el 51.0% es absorbido por el programa K7 - generación de energía eléctrica de origen secundario, el 13.0% por el K6 - generación de energía eléctrica de origen primario y el 8.9% por el LA - distribución de energía eléctrica. En el cuadro 57 se muestran los 8 programas de Pemex, entre los que sobresalen el JK - producción primaria, al que se le asigne el 43.5% del gasto total y el JL - transformación industrial que representa el 20.6% del total.
La clasificación económica del gasto paraestatal se incluye en el cuadro 60, donde se observa que del total del gasto programable (5,745 billones), el 72.5% se destinará a gasto corriente y el 27.8% a gasto de capital. Del primero, la mayor parte se destina a materiales y suministros (1,893 billones), y en el segundo casi la totalidad (1,532 billones, que representa el 95.8% del gasto de capital) se dedica a la inversión física, que crece 50.2% con respecto a 1984, mientras que el gasto corriente aumenta 35.9% con respecto al mismo año.
La estructura de la inversión está orientada a propiciar la mejor utilización de la capacidad instalada. Para los nuevos proyectos, se dará prioridad a las tecnologías nacionales e intensivas en mano de obra. El gasto de operación (4,120 billones de pesos) se apoyará por los efectos esperados de los programas de productividad y capacitación, por lo que se prevén aumentos en los costos inferiores a los incrementos en la producción, lo que contribuirá a reducir las presiones inflacionarias.
Las adquisiciones del sector paraestatal (1,892.5 billones, 32.1% más que en 1984) será racionalizadas; limitadas a los requerimientos efectivos de los programas de producción; y buscarán la continuación de la consolidación de compras, la integración de los programas de adquisiciones, la sustitución de importaciones y la integración del aparato productivo nacional.
El sector paraestatal se apegará estrictamente al criterio de condicionar la elevación de metas o la inclusión de nuevos programas para 1985, a la liberación de recursos por la cancelación de programas o la eliminación de gastos no prioritarios.
III. Política sectorial del gasto
Para 1985, el proyecto de Presupuesto de Egresos orientará los recursos principalmente hacia los sectores prioritarios y estratégicos buscando que se persista en la tendencia de asignar la mayor proporción del gasto sectorial al desarrollo social, el desarrollo rural y la infraestructura básica vinculada con la generación de empleos. La distribución sectorial del gasto público se propone afianzar los avances alcanzados en la reordenación económica y el cambio estructural. Por ello, se realizarán acciones de reorientación al interior de las dependencias y entidades, para seguir sentando y consolidando las bases de un desarrollo más justo, en un contexto de disciplina, racionalidad y austeridad, permanentes.
Se continuará con la racionalización del gasto corriente y de capital, elevando su productividad, especialmente en los programas de inversión, sobre todo cuando estén vinculados al cambio estructural. Para ello, se hará una estricta selección de proyectos en función de los programas de mediano plazo. Esta tarea se fortalecerá con la descentralización y regionalización del gasto sectorial, que, al igual que en años anteriores, respaldará los programas que generen más empleos.
Para contribuir al cumplimiento de estos propósitos, el gasto sectorial de 1985 será de 10,238 billones de pesos (45.6% más que en 1984) y se asignará como se indica en el cuadro 61. Ahí se observa que los recursos destinados al sector desarrollo social elevan su participación en el total, de 21.7% en 1984 a 24.6% en 1985, y crece 65.5%, cifras que revelan la prioridad que se le concede. Ahí mismo se registra que el gasto del sector desarrollo rural aumentará su participación de 8.7% en 1984 a 9.2% en 1985, creciendo a una tasa de 54.6%. Las erogaciones
del sector desarrollo regional y ecología también incrementan su participación de 4.6% en 1984 a 5.3% en 1985, registrando un crecimiento de 66.7%. El gasto del sector pesca crece en 55.5%, sin embargo, apenas aumenta su participación de 2.0% a 2.1%.
El presupuesto del subsector educación es el que registra mayor tasa de crecimiento con respecto a 1984 (68.4%) y mayor incremento en su participación, al pasar de 12.1% en 1984, a 14.0% en 1985. Las asignaciones al subsector salud y seguridad social también crecen muy por encima del promedio (61.8%) y elevan su proporción dentro del total de 9.6% a 10.6%; el gasto en comunicaciones y transportes, sector estrechamente vinculado a la generación de empleos, crece 50.0%, y su participación aumenta de 8.9% a 9.2%.
El presupuesto del sector abasto es el único que registra una tasa negativa de crecimiento (2.1%), lo que disminuye su participación en el gasto total, de 9.9% a 6.6%. Esta reducción se debe a la necesidad de racionalizar el proceso de producción - distribución - comercialización de los productos básicos, restituyendo a Conasupo su papel de regulador de la oferta y de los precios, al tiempo que garantiza el abasto de productos básicos y la participación selectiva en el acopio - abasto de materias primas para la industria privada de alimentos. Esto último se logrará mediante convenios que responsabilicen al sector privado de la captación y manejo de tales insumos, apoyados en esquemas de financiamiento y de aprovechamiento integral de la capacidad de almacenamiento y transporte, que hagan factible el cumplimiento de tales convenios.
La disminución también obedece a que se racionalizan y reducen los subsidios que no sean esenciales, por lo que su otorgamiento, vía Conasupo, será selectivo, transparente, temporal y con un claro sentido social. Además, se apoya el saneamiento de las finanzas del organismo, absorbiendo paulatinamente sus pasivos, al tiempo que se toman medidas para elevar su eficiencia operativa y administrativa.
Los recursos presupuestales asignados a los sectores energéticos e industrial, muestran ahora un menor dinamismo que en años anteriores, como parte de la política que busca cambiar la estructura del gasto público, creciendo a tasas de 37.7% y 44.1%, respectivamente. Este menor crecimiento significa una disminución en su participación dentro del gasto sectorizable, de 24.4% a 23.1% en el caso de los energéticos y de 12.5% a 12.4% en el caso del sector industrial.
III.1 Desarrollo social
Este sector está integrado por tres subsectores (educación, salud y seguridad social y laboral) que se orientan a mejorar el bienestar social y elevar el nivel de vida de la población. Para ello, ejercerán un gasto de 2,520 billones de pesos (65.5% más que en 1984) de los que, el 45% se destinará a educación, el 43% a salud y seguridad social y el resto, al subsector laboral y al paquete de incrementos salariales de los tres subsectores.
a) Educación
La política educativa contribuye a la estrategia de cambio estructural, al fomentar el progreso de la Nación y consolidar nuestros valores políticos fundamentales: la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia. Para ello y por ello, se impulsará la revolución educativa. Esta se orientará a erradicar los desequilibrios, las ineficiencias y las deficiencias que se oponen a la elevación y preservación de un alto nivel de calidad de la enseñanza y al acceso de todos los estratos y grupos sociales a la educación; es decir, buscará conciliar calidad con cantidad.
La revolución educativa, busca contribuir al cumplimiento de tres propósitos fundamentales: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y recreativas; y mejorar la prestación de servicios en estas áreas. Para ello, pretende aumentar la calidad de la educación (sin dejar de atender su demanda); lograr un aprovechamiento más eficiente y racional de los recursos; reducir las deficiencias en la cobertura de la educación primaria en las zonas rurales, indígenas y urbano - marginales; avanzar en la consecución de un mínimo de educación básica de diez grados para toda la población; responder oportuna y adecuadamente a las cambiantes necesidades de la sociedad y del sistema productivo; y descentralizar y desconcentrar la educación, la investigación y la cultura.
Para lograr estos objetivos y lineamientos, se postulan una serie de acciones y metas entre las que destacan: elevar la calidad de la enseñanza que se ofrece a los futuros maestros de la educación básica, media superior y superior; propiciar que en la educación tecnológica de nivel superior, por lo menos el 30% de los maestros tengan el grado de licenciatura; procurar la congruencia y coherencia de los planes y programas de la educación básica que incorporen las características de cada estado; dar atención prioritaria a las zonas y grupos desfavorecidos; alfabetizar a 819 mil adultos y proporcionar educación primaria y secundaria a 1.5 millones de adultos; procurar que la educación rural recupere su alta prioridad social; desarrollar apoyos didácticos y acciones preventivas de la reprobación y la deserción; mejorar la calidad de la educación bilingüe y bicultural; continuar el programa de becas, otorgando 87,500; proporcionar educación primaria a todos los que la soliciten; dar mayor impulso a la educación preescolar y secundaria, sobre todo en zonas marginadas; atender, en educación preescolar, a 1.7 millones de niños, en educación primaria a 11 millones de alumnos, y en las diferentes modalidades
de la educación secundaria a 4.4 millones de alumnos, de los cuales 196 mil serán de telesecundaria estatal; dar énfasis, en la educación media superior, a la educación terminal, atendiendo a 252 mil alumnos y 685 mil en las modalidades bivalente y propedéutica; atender a 1.0 millón de alumnos en la educación superior; ofrecer, a través del sistema tecnológico, servicios de capacitación para el trabajo a un millón de personas; descentralizar los servicios federales de educación básica y normal en las 14 entidades federativas que así lo convinieron; ampliar la participación democrática en el aprecio de nuestra cultura; desarrollar el sistema nacional de bibliotecas públicas creando 376 de ellas; editar 457 títulos con un tiraje de 91.7 millones de libros, incluyendo el de texto gratuito; continuar impulsando el deporte en los sectores campesino, obrero y popular; realizar foros nacionales sobre problemas juveniles, ampliar y mejorar los servicios destinados a los jóvenes; y construir 46,153 espacios educativos (aulas, laboratorios, talleres y anexos).
Para lograr estos propósitos, acciones y metas, el subsector educación contará con 1.4 billones de pesos, 68% más que en 1984. El 61% del total será gasto directo de la Secretaría de Educación Pública y el 39% transferencias para las entidades coordinadas; cerca de 90% del total es para gasto corriente y el resto para inversión. Los recursos asignados a la educación básica presentan el 44% del total; para la atención de la población rural e indígena, se destinan 50 mil millones; para reducir el analfabetismo al 4% en 1988, y ofrecer alternativas de educación a los adultos, se asignan 35 mil millones; la educación media superior y superior recibirán 163 mil millones; a la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y de fomento a la investigación y desarrollo tecnológico, se destinarán 294 mil millones; para la formación superior y actualización del magisterio, se asignan 15 mil millones; y para ampliar y mejorar la planta física educativa, el CAPFCE y otros organismos contarán con 92 mil millones.
b) Salud y seguridad social
Los objetivos de este subsector se dirigen a extender la cobertura, homogeneizar la calidad de la atención básica, disminuir la dependencia tecnológica del exterior, e incrementar la investigación en materia de salud, asistencia y seguridad social.
Con el fin de atender estos objetivos, se desarrollarán las siguientes líneas de acción: continuar el proceso de descentralización; mejorar la calidad de los servicios dando mayor énfasis al primer nivel de atención; disminuir la incidencia de los factores que afectan la salud y fomentar el autocuidado de la misma, particularmente de los sectores rurales y urbanos rezagados; mejorar las condiciones sanitarias y del medio ambiente; avanzar en el abatimiento de los niveles de fecundidad con pleno respeto a la decisión y dignidad de las parejas; elevar las condiciones de salud de la población infantil; fortalecer las acciones de asistencia social; avanzar en la incorporación al régimen de seguridad social de todos los trabajadores susceptibles de aseguramiento obligatorio; ampliar la cobertura a los trabajadores no asalariados; y simplificar los trámites administrativos.
Para conseguir los objetivos y acciones señaladas, se buscará cumplir con las siguientes metas principales: aplicar 72.4 millones de dosis de vacuna; dar 9.1 millones de consultas de planificación familiar, y 103.2 millones de consultas generales y especializadas; generar 3.3 millones de egresos hospitalarios; repartir 220.0 millones de raciones; iniciar la operación de un laboratorio regional de salud público; iniciar la construcción de 467 unidades médicas, y el centro de enfermedades infecciosas; ampliar y rehabilitar 1,066 y terminar 25 que se encuentran en proceso; terminar la construcción de 6 centros de rehabilitación; adaptar 18 guarderías infantiles y 9 velatorios; terminar 2 hoteles; cubrir el crecimiento natural de pensionistas; terminar 7,582 viviendas; proporcionar 270 mil préstamos a corto plazo, 8 mil de mediano plazo y 11 mil hipotecarios; y atender 58 mil niños en guarderías.
Para cumplir con los objetivos, acciones y metas señaladas, el subsector dispondrá de 1,068 billones de pesos (10.3% del gasto programable total, 61.8% más que en 1984). De ese monto, el 89.6% corresponde al gasto corriente y el resto al de capital. La distribución institucional será la siguiente: a la SSA 164 mil millones de pesos; al IMSS 700 mil millones (incluyendo los programas IMSS - Coplamar); al ISSSTE 220 mil millones; y 11.5 mil millones al Instituto Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y apoyo a otras entidades.
c) Laboral
Este subsector buscará cumplir los siguientes objetivos: mantener la conciliación de intereses entre los factores de la producción mediante una política de salarios que mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores; defender los derechos del trabajador y garantizar condiciones adecuadas de salubridad y seguridad en los centros de trabajo; avanzar en la mejor distribución de los beneficios de la productividad y en la disminución del desempleo y el subempleo; adecuar y fortalecer el servicio nacional de empleo sobre todo en las zonas rurales y urbanas marginadas; y fomentar la integración de las cooperativas para alentar el empleo, y su participación en la producción nacional.
Para dar cumplimiento a estos objetivos, las acciones más importantes serán: actualizar el marco legal del subsector; dar asesoría a trabajadores, sindicatos y cooperativas; fortalecer los órganos conciliadores, procuradores e inspectores de la legislación laboral;
aplicar la descentralización y simplificación administrativas; apoyar las ramas que generen mayor número de empleos dando prioridad a la pequeña y mediana industria; y aumentar la capacitación para trabajadores, empleados, desempleados y subempleados.
Para concretar estas acciones se proponen las siguientes metas: revisar las metodologías de análisis salarial y su ajuste a las condiciones imperantes del momento; instrumentar un sistema integral de mecanismos que permitan el incremento de la productividad; elaborar una propuesta de reestructuración de 89 zonas económicas salariales; otorgar créditos a los trabajadores para la adquisición de bienes de consumo básico duradero; promover la fabricación y comercialización de productos básicos; alentar la constitución de comisiones mixtas de seguridad e higiene en todos los centros laborales del país; y continuar con la campaña nacional de seguridad e higiene en coordinación con el IMSS.
Los objetivos, acciones y metas señalados, requerirán de un presupuesto de 20 mil millones de pesos (48% más que en 1984). Las transferencias sumarán 3 mil millones, de los cuales el Fonacot absorbe la mayor parte y el resto se asigna a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Mixta de la Industria Textil de Algodón y el Comité Mixto de Protección al Salario.
III.2 Desarrollo Rural
Para 1985 este sector se propone mejorar los niveles de bienestar de la población rural, estimulando su participación organizada y utilizando eficientemente sus recursos productivos. Los objetivos sobresalientes son: fomentar la producción de cultivos básicos, para cubrir el consumo interno; incrementar el empleo; dotar de servicios fundamentales a las comunidades rurales; reorientar los apoyos a la producción, dando énfasis a las zonas de temporal; revisar la política de precios de garantía; promover la organización y la capacitación campesina; acreditar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; y ampliar la cobertura de los servicios básicos en las zonas más atrasadas.
Las acciones más importantes para conseguir tales objetivos serán: consolidar la integración de las actividades y proceso agrícolas, pecuarios y forestales para elevar su eficiencia y vinculación con la planta industrial mejorando los términos de intercambio; impulsar la organización social en congruencia con el programa rector de organización y capacitación de productores rurales; fortalecer las obras de infraestructura básica en las zonas de temporal; dar seguridad jurídica en la posesión y usufructo de la tenencia de la tierra; aumentar la eficiencia y expansión de la cobertura de crédito y del seguro agropecuario; incrementar los servicios médicos y educativos para la población campesina; y promover la autoconstrucción y el mejoramiento de la vivienda rural.
Para cumplir con estas acciones se alcanzarán las siguientes metas: las entidades de crédito y seguro habilitarán 16.8 millones de hectáreas, que representarán el 69% del total de la superficie programada para siembra; Banrural habilitará 6.5 millones de hectáreas, 73% de los básicos y 25% de oleaginosas; y los Fideicomisos de apoyo a la agricultura otorgarán, con descuentos, créditos de avío a 7.5 millones de hectáreas de cultivos básicos. Esto impulsará la producción de 22.4 millones de toneladas de granos alimenticios; 2.0 millones de oleaginosas; 703.1 mil toneladas de cultivos para el abasto industrial y 7.2 millones de toneladas de forrajes.
En la consecución de estas metas participa el Programa nacional de Alimentación que coordina acciones interinstitucionales, sectoriales y regionales, relacionados con la cadena agroalimentaria.
Para la obtención de los objetivos y metas mencionados, se asignará un presupuesto de 944.2 mil millones de pesos, de los cuales 379.0 mil corresponden a la SARH; 29.3 mil a la SRA; 69.9 mil a Inmecafé y el resto a Forvigro, Proformex y transferencias a otros organismos de fomento, entre los que destacan, Banrural, Anagsa y Firco.
a) Agrícola
Las principales acciones de este subsector serán: impulsar la productividad agropecuaria; equilibrar la relación entre agricultura de temporal y ganadería; continuar con el fomento de cultivos básicos, de temporal y de riego; diversificar los cultivos y actividades en zonas de menor potencial; dar prioridad a la terminación de obras que faciliten la rápida incorporación de superficies al cultivo, particularmente las de pequeña irrigación; establecer una vinculación más estrecha con el sector industrial y comercial, tanto en insumos como en productos; proporcionar capacitación y asistencia técnica a los productores; propiciar una política de precios de garantía que dé estímulos reales a los productores; y procurar una política de aseguramiento y de insumos estratégicos subsidiados para granos básicos, en forma temporal y selectiva.
Con estas acciones se intentará incorporar al cultivo 98 mil hectáreas de riego y 114 mil de temporal; se continuarán las obras de gran irrigación a ritmos moderados; se rehabilitarán 22 mil hectáreas de riego, y se dará asistencia técnica a 180 mil productores.
b) Pecuario
Este subsector buscará realizar las siguientes acciones y metas: incrementar la producción pecuaria para el abasto interno de carne y leche; mejorar la calidad genética de las especies y las condiciones sanitarias; conservar y ampliar la infraestructura; mejorar la utilización de las tierras de agostadero, pastizales y esquilmos agrícolas; fomentar las
distintas especies de ganado con criterios regionales; incrementar la cobertura del seguro ganadero a 3.5 millones de cabezas, dando prioridad a los pequeños productores y ejidatarios; y manejar 40 mil hectáreas de pastizales.
c) Bosques
Las principales acciones y metas del subsector serán: apoyar la generación de empleos; incorporar el máximo valor posible a las materias primas en las mismas regiones forestales; promover la diversificación y eficiencia en la industria, a través de un Programa Nacional de Desarrollo de la Industria Forestal; apoyar la desconcentración de la actividad productiva; fomentar la participación activa de los posesionarios del bosque, evitando la práctica generalizada de la venta del árbol en pie; impulsar el desarrollo agroindustrial y la participación de los productores en las actividades comerciales y de transporte; generar 54,925 empleos; aportar el 1.2% del Producto Interno Bruto y obtener 2.0 millones de metros cúbicos de madera en rollo.
d) Agua
Las acciones y metas sobresalientes del subsector serán: atender la demanda de recursos acuíferos; continuar la realización de proyectos hidroagrícolas, en función del desarrollo agropecuario, sin desperdicios del recurso; conservación de la infraestructura existente; aplicar tarifas diferenciales; en función de los cultivos prioritarios y de la situación económica de los distritos y de los agricultores; actualizar los ordenamientos legales; aumentar la operación de agua en 14.5 metros cúbicos por segundo; concluir la segunda etapa del Sistema Cutzamala aportando 4.0 metros cúbicos por segundo al área metropolitana de la ciudad de México; y continuar los acueductos Chapala - Guadalajara y Río Colorado - Tijuana.
e) Reforma Agraria
Los objetivos prioritarios del subsector son: dar seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra en áreas rurales y regularizar los asentamientos humanos en ejidos y comunidades; consolidar la estructura interna de los grupos campesinos disminuyendo gradualmente el minifundismo y promoviendo el aprovechamiento integral de los recursos naturales.
Para ello se proponen las siguientes acciones y metas: promover convenios de coordinación y operación con las diversas entidades de la Administración Pública Federal, para desarrollar los núcleos agrarios creados; alentar la participación de los gobiernos estatales en el apoyo a la ejecución de las resoluciones presidenciales; continuar con la organización y capacitación campesinas; ejecutar resoluciones presidenciales por un millón de hectáreas; regularizar 212 mil predios en 38.4 millones de hectáreas; terminar el catastro rural en 13 estados y continuarlo en los 19 restantes; integrar 4,590 unidades de desarrollo rural; e impartir capacitación a cerca de 100 mil campesinos.
III.3 Pesca
Este sector tiene como objetivos fundamentales: incrementar la producción de alimentos; generar empleos; captar divisas; fomentar el desarrollo regional; y mejorar los niveles de vida de los trabajadores del sector. Para esto, en el mediano plazo se busca la modernización del aparato productivo pesquero; lograr una planta industrial diversificada e integrada, con elevada productividad y generación de empleos; la dotación de infraestructura en las comunidades pesqueras; y el mejoramiento del transporte y la comercialización interna y externa. Para 1985 los propósitos serán: mantener el pleno aprovechamiento de la planta instalada; continuar con la inversión en proceso para infraestructura, construcción de embarcaciones, piscifactorías y astilleros; y fomentar la organización de productores, la capacitación e investigación y la tecnología.
Para ello, las principales acciones y metas para 1985 serán: incrementar la oferta de productos alimenticios, dando prioridad a las especies de consumo popular; ampliar la cobertura comercial, eliminando la intermediación; promover el desarrollo regional mediante la inversión que aumente la generación de empleos y el beneficio socio - económico de las comunidades rurales; capturar 1.5 millones de toneladas de productos pesqueros; industrializar 827 mil toneladas; comercializar 706.9 mil toneladas en el mercado interno y 116.2 mil toneladas en el mercado externo; generar 42,694 empleos, correspondiendo el 50% a la fase de captura, 46.9% a la de acuacultura y 3.1% a las de industrialización, comercialización y transporte.
Para cumplir con estos objetivos, acciones y metas, el sector cuenta con un presupuesto de 214.6 mil millones de pesos, de los cuales se asignarán a la secretaría 17.9 mil millones y el resto será para Productos Pesqueros Mexicanos, Industrias Pesqueras del Noroeste y las demás entidades coordinadas.
III.4 Desarrollo urbano y ecología
Este subsector se guiará por los siguientes objetivos prioritarios: impulsar el ordenamiento y la regulación de los asentamientos humanos y atender las necesidades básicas en materia de suelo, infraestructura y equipamiento urbano; contribuir a que la población cuente con una vivienda digna y decorosa en el medio urbano y rural; y controlar la contaminación ambiental así como conservar el patrimonio natural fomentando su aprovechamiento racional. Para la consecución de tales objetivos, su estrategia se fundará, principalmente, en la inversión que genere empleo, que induzca proyectos de beneficio
general, y que aliente la participación y responsabilidad compartida de las comunidades.
Lo anterior exigirá el cumplimiento de diversas acciones y metas, destacando: impulsar obras de infraestructura, equipamiento urbano y reservas territoriales en ciudades medias, con la participación de otros sectores administrativos; promover la vivienda progresiva y en arrendamiento, induciendo la participación de todos los sectores en la ejecución del Programa Nacional de Vivienda; combatir la contaminación del aire, agua y suelo - sobre todo donde los niveles son críticos; proporcionar asesoría y apoyo técnico a los estados y municipios, para la construcción y operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, dando prioridad a las 59 ciudades medias; adquirir 3,328 hectáreas, para fortalecer la reserva territorial; realizar 107 mil acciones de vivienda (88% de vivienda progresiva, y un 12% en mejoramiento, arrendamiento, construcción en terreno propio y adquisición de terrenos); habilitar más de 40 mil lotes y aproximadamente 150 hectáreas de tierra para programas habitacionales; apoyar y fomentar el establecimiento de 46 parques de materiales para construcción; mejorar los ecosistemas en mil 800 hectáreas; restablecer, controlar y vigilar 2.2 millones de hectáreas; operar 27 centros de promotoría ecológica; instalar y operar 21 estaciones de mediación y diagnóstico de vehículos; registrar y controlar mil 600 descargas de aguas residuales; y operar 22 cementerios de desechos industriales y rellenos sanitarios.
Para la instrumentación de estas acciones y cumplimiento de las metas señaladas, el subsector dispondrá de una asignación de 81.8 mil millones de pesos (68% más que en 1984), de los que 18.8 serán destinados a gasto corriente y 63.0 a gastos de capital.
III.5 Comunicaciones y transportes
Los objetivos principales del sector serán: la ampliación gradual de la infraestructura para apoyar la descentralización de la actividad económica y un desarrollo regional más equilibrado; y aumentar la eficiencia en la operación de los sistemas de transportes y comunicaciones. Por lo tanto, el desarrollo del transporte se orientará a promover el funcionamiento equilibrado de cada uno de sus modos para apoyar la modernización del aparato productivo y distributivo. Además, las obras de construcción y conservación de la infraestructura de transporte, continuarán generando empleos, sobre todo mediante el programa de caminos rurales y carretera alimentadoras. Para aumentar la productividad, se modernizarán la administración, los procedimientos de operación y capacitación; y se sanearán las finanzas del sector mediante la racionalización del gasto y la adecuación de las tarifas.
Para todo esto, el sector contará con un gasto programable de 938.7 mil millones de pesos, 50% más que en 1984, de los que la inversión representará el 43%.
a) Transporte carretero
En este subsector, se continuará fortaleciendo la regulación y el fomento a través del Programa de Desarrollo de Autotransportes; se dará especial atención a la conservación de los 44 mil 200 kilómetros de carreteras de la red federal, 54 mil kilómetros de la red estatal y 86 mil 200 kilómetros de caminos rurales; se concentrarán recursos en 58 carreteras, terminando 470 kilómetros en tramos críticos de tránsito; se continuará el puente de Tampico, así como otros 12, terminando 4 de ellos; y se proseguirá con 23 obras en proceso de nuevas carreteras, dando prioridad a las que tienen mayor avance y constituyen enlaces transversales para mejorar la integración del territorio.
b) Transporte ferroviario
En este subsector el compromiso fundamental es la modernización de su operación e infraestructura para elevar su eficiencia y recuperar su función troncal en el sistema, dada su ventaja en el movimiento de grandes volúmenes a distancias largas. Las principales metas serán: lograr un crecimiento de 7% en el transporte de carga (movilizar 70 millones de toneladas); reforzar el mantenimiento de las mil 880 locomotoras para lograr un coeficiente de disponibilidad del 75%, lo que permitirá reducir las adquisiciones de locomotoras a 28 unidades y reconstruir 20; continuar el proyecto de la doble vía electrificada México - Querétaro para alcanzar el 9.3% de avance, y las obras de los ejes transversales Manzanillo - Guadalajara - Monterrey y México - Veracruz.
c) Transporte marítimo
Este subsector es la base de nuestro comercio exterior (más del 80% se transporta por esta vía) y para 1985 espera transportar 110 millones de toneladas de tráfico de altura; el transporte de cabotaje crecerá 7% (movilizará 53 millones de toneladas); y la Marina Mercante Nacional se incrementará en 600 mil toneladas de peso muerto para manejar el 10% del tráfico de altura y el 85% del de cabotaje. En cuanto a puertos, se regularán y coordinarán 35, para manejar 163 millones de toneladas; se impulsará la administración portuaria en 9 de ellos para elevar la productividad y seguridad en el manejo de carga, y agilizar los trámites; se repararán muelles y se harán dragados y obras complementarias en los 10 principales puertos comerciales, destacando la inversión en los puertos de Manzanillo y de Ensenada. En los puertos industriales, se terminarán las instalaciones y obras complementarias de la terminal de granos de Lázaro Cárdenas y se continuará la protección y prolongación de las escolleras y el acceso ferroviario a la terminal de usos múltiples en Altamira.
d) Transporte aéreo
Este subsector contribuye cada vez más a la integración regional, nacional e internacional. Se espera: movilizar 8.5 millones de pasajeros en vuelos internacionales y 23.4 millones en vuelos nacionales; regular la operación de 33 líneas extranjeras, 2 líneas troncales nacionales y 9 líneas regionales; continuar las obras de ampliación del aeropuerto de la ciudad de México; proseguir la construcción de los nuevos de Morelia, Colima, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puerto Escondido, Tepic, León y Huatulco; movilizar 18 mil 900 millones de pasajeros - kilómetro en transporte aéreo troncal; adquirir un DC - 9 - 80 y arrendar 4 Boeing 727; conservar y operar 52 aeropuertos; atender 33.5 millones de pasajeros con 1.2 millones de operaciones; y realizar obras de ampliación y remodelación en edificios terminales, entre los que destacan Monterrey, Tijuana y Cozumel.
e) Comunicaciones
Este subsector constituye un elemento fundamental para mantener la independencia y seguridad nacionales, y apoya en forma determinante la producción y distribución de bienes y servicios en el país. Por ello, resulta esencial respaldar su desarrollo firme y equilibrado mediante las siguientes acciones y metas: dar prioridad a la modernización de las oficinas de correos y telégrafos y a la puesta en operación del sistema de satélites Morelos; dar mayor atención a la regulación y fomento de las telecomunicaciones; modernizar el servicio postal mediante la remodelación de 572 oficinas y la iniciación del programa de adquisición e instalación de 5 centros de clasificación automatizada; instalar una nueva central telegráfica automatizada en Monterrey y adaptar 200 administraciones; conservar 186 estaciones terrenas de conducción de señales e instalar 80 para telefonía y televisión; continuar la modernización y conservación de la red federal de microondas; ampliar en mil 200 líneas el servicio de Télex; incorporar 151 comunidades al servicio de telefonía rural; dar especial atención al servicio de telerreservaciones mediante la creación de un organismo desconcentrado; crear Institutos de Transportes y Comunicaciones para el desarrollo tecnológico y la capacitación; e impulsar a Telmex para garantizar su expansión.
III.6 Abasto
Este sector es prioritario porque vincula productores con consumidores, sobre todo de bajos ingresos. Su integración se basa en la modernización comercial tanto interna (consolidando la infraestructura de almacenamiento que permita movilizar ágil y oportunamente los productos básicos), como externa (racionalizando la política de estímulos y control), como de abasto (induciendo mayor eficiencia operativa). El abasto popular definirá el rumbo de la modernización.
Para 1985, se buscará la participación armónica y equilibrada entre los sectores productivos; una mejor distribución regional de la capacidad de acopio, almacenamiento, transformación, transporte y servicios; reducir los márgenes de comercialización y el intermediarismo; fomentar las exportaciones y la sustitución selectiva de importaciones de bienes intermedios y de capital; ser un nexo eficaz entre la producción y el consumo. Toda esta estrategia, se organiza en seis áreas: fomento a la producción y distribución de básicos; sistemas nacional para el abasto; desarrollo comercial; regulación y control; organización social e integración productiva; y empresa pública comercial productora de básicos.
Para la consecución de estos objetivos, se realizarán una serie de acciones y metas, sobresaliendo: racionalizar la actividad comercial y modernizar las estructuras del comercio exterior y del abasto, a partir de la regulación de los mercados de granos básicos, oleaginosas y leche en polvo; impulsar la oferta de bienes básicos y garantizar su distribución a través de canales estatales; comprar 9.0 millones de toneladas de alimentos prioritarios (4.8 nacionales y 4.2 de importación); alcanzar una capacidad de almacenamiento de 42.2 millones de toneladas (considerando la revolvencia); industrializar 605.6 mil toneladas de harina de maíz y mil 329 millones de litros de productos lácteos; producir 258.5 millones de piezas de pan, 180.2 mil toneladas de harina y de trigo y 235.9 mil toneladas de alimentos balanceados; vender productos generalizados por 362.3 mil millones de pesos; Conasupo comercializará 9.0 millones de toneladas de granos y contará (al cierre de 1985) con una reserva de 2.8 millones de toneladas; el IMCE atenderá 65.1 mil consultas a exportadores, dictaminará 11.2 mil documentos sobre asuntos comerciales, cambiarios y permisos de exportación, operará con 1.4 mil empresas mediante incentivos, otorgará apoyo financiero por 5 mil 783.3 millones de pesos y realizará 43 estudios de investigación y mil 100 asesorías; las filiales de Conasupo, establecerán convenios de coordinación con las entidades federativas y con el Gobierno del Distrito Federal para el establecimiento de nuevas plantas; y la Procuraduría Federal del Consumidor, celebrará convenios con organizaciones obreras y campesinas para canalizar y resolver más eficientemente las quejas y denuncias. Estas acciones corregirán el crecimiento distorsionado del sector a partir de una vinculación más equilibrada con los otros sectores.
Para lograr los objetivos, metas y acciones señaladas, se ejercerá un presupuesto de 679.6 mil millones de pesos, de los que el 82% corresponde a Conasupo. Esta entidad, como ya se apuntó, será reformada para cumplir con mayor eficiencia y equidad las
funciones que le son propias. La Comisión estimó conveniente profundizar en la naturaleza de este cambio y se le informó que: se trata de una reordenación de Conasupo para que contribuya a racionalizar el proceso de producción - distribución - comercialización de los productos básicos y a garantizar su abasto, en condiciones adecuadas de suficiencia, precio y calidad. Para ello necesita realizar los siguientes cambios: inducir y concertar la participación del sector privado en la captación de las cosechas nacionales y de las importaciones complementarias, a fin de que, sin mengua de su función reguladora, el organismo no soporte exclusivamente esa carga que en parte corresponde al sector privado, que tendrá que responsabilizarse de su propio abasto de materias primas (Conasupo seguirá siendo el único importador de productos básicos e importará los insumos que necesite la industria privada, pero por cuenta y a cargo de ellas); revisar la relación de precios de venta con los de adquisición para racionalizar los subsidios, que en su mayor parte no son selectivos, transparentes, ni temporales, lo que origina inequidades; adecuar y hacer más eficiente la infraestructura de almacenamiento, transporte y manejo de productos; sanear la crítica situación financiera del organismo, disminuyendo su endeudamiento externo; fortalecer su programa de eficiencia y productividad. Lo anterior implica el retiro parcial o total en productos tales como: sebo, canela, semilla de ajonjolí y cártamo; la eliminación del subsidio al frijol y al arroz que no beneficie directamente a los grupos de bajos ingresos; y la continuación de la racionalización de los subsidios al maíz y a la harina de trigo. Estas acciones a su vez significarán que Conasupo compre 9 millones de toneladas de maíz, trigo, frijol, gramíneas, oleaginosas y otros básicos, mientras que en 1984 compró 12 millones; que las compras de importación de los mismos productos y leche en polvo, sean de 4 millones de toneladas, 43% menos que en 1984 (7 millones de toneladas) y que, por tanto, las ventas de los productos mencionados sean de 9 millones de toneladas, 34% menos que en 1984. Todos estos cambios explican que el presupuesto de Conasupo en 1985 sea inferior (9.8%) al de 1984. Los datos ofrecidos a la Comisión Dictaminadora le permiten reiterar que la disminución de las asignaciones a este organismo, no afectarán el abasto popular ni demeritarán la función reguladora de la entidad, y considera relevante señalar que las filiales de Conasupo y ANDSA tendrán un presupuesto de 596 mil millones de pesos, 49% más que en 1984.
III.7 Industrial
El sector paraestatal industrial se orientará fundamentalmente hacia la sustitución selectiva de importaciones; la diversificación de las exportaciones; el abastecimiento de alimentos suficientes y a precios adecuados a los sectores populares; y a la modernización productiva y distributiva. En este contexto, la estrategia para 1985 se propone: mejorar las finanzas del sector, mediante la racionalización de los gastos y el aumento en la capacidad de generación de recursos; impulsar una mayor y mejor utilización de la capacidad instalada para la producción de bienes de capital; intensificar la capacitación del personal, para elevar la eficiencia y la productividad; y contribuir a la capitalización de la empresa pública. Para el cumplimiento de estos propósitos el sector industrial ejercerá 1,265 billones de pesos que distribuirá entre los subsectores de minería, siderurgia, azúcar, fertilizantes, bienes de capital, automotriz y ferroviario, naval y celulosa y papel.
a) Minería
Este subsector se propone ampliar la base tecnológica propia; e intensificar la investigación de los depósitos y reservas minerales, apoyando proyectos de exploración, extracción, beneficio, comercialización, saneamiento financiero y fomento a la pequeña y mediana minería.
Para ello, se plantean, como principales acciones y metas: una mejor integración nacional que permita abastecer el mercado interno y generar divisas; continuar con los proyectos de exploración, como "El Barqueño", en Jalisco (para cubicar 10 millones de toneladas de oro), "Carbón Todo Uno", en Coahuila, (para producir un millón 300 mil toneladas de carbón lavado cotizable y disminuir la importación), el programa de evaporistas (para definir depósitos explotables de carbonato de sodio y sales de potasio) y el de fosfatos (para lograr autosuficiencia en este producto); atender programas de beneficio como el de producción de caolín, y el de reforzamiento a la infraestructura de comercialización marítima, mediante la adquisición de 3 buques cargueros; rehabilitar el proyecto San Juan de la Costa, en Baja California Sur (con el fin de producir concentrados de fosfato para Fertimex, que importa 1,300 millones de toneladas anuales); producir 3.0 millones de onzas de plata, 52.4 miles de onzas de oro, 800 toneladas de cobre y 720 mil toneladas de carbón lavado; maquilar 479 mil toneladas de mineral y 550 mil toneladas de roca fosfórica y obtener 26.2 mil toneladas de concentrados de mineral.
b) Siderurgia
Los objetivos generales del subsector son: consolidar el desarrollo alcanzado; lograr mayor vinculación con los requerimientos de la industria nacional; aumentar la generación y ahorro de divisas; e impulsar la desconcentración de la actividad económica. Por ello, la industria siderúrgica se propone, para 1985: continuar la sustitución de importaciones; fomentar las exportaciones; y continuar abasteciendo gran parte del mercado nacional.
Para realizar tales propósitos el subsector plantea como acciones y metas primordiales: incrementar el uso de sus instalaciones, ya que en 1984 se trabajó al 65% de su capacidad; las exportaciones dependerán de los precios internacionales; producir 4.1 millones de toneladas de acero líquido y 3.0 millones de toneladas de productos terminados; comercializar 3.1 millones de toneladas; proporcionar empleo directo a más de 52 mil trabajadores; seguir apoyando la expansión de AHMSA mediante su proyecto de rehabilitación, optimización y reposición de activos; continuar el proyecto Sicartsa II, que tiene una capacidad productiva de 2 millones de toneladas; y empezar a operar Hércules II con una capacidad instalada de 3 MTA de mineral concentrado para satisfacer los requerimientos de Fundidora Monterrey y de la expansión de AHMSA.
c) Azúcar
En 1985 este subsector se propone mantener la autosuficiencia en la producción; alcanzar gradualmente la autonomía financiera; elevar la eficiencia productiva y distributiva; impulsar un desarrollo más integrado de la industria, reorientando hacia el mercado interno la demanda de insumos y bienes de capital; avanzar en la modernización del sistema de distribución y ventas; inducir niveles de consumo más racionales; y continuar mejorando las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la fábrica. Para lograr estos propósitos se realizarán las siguientes acciones y metas sobresalientes: producir 2.7 millones de toneladas de azúcar standard y 900 mil toneladas de mieles incristalizables; comercializar 3.2 millones de toneladas de azúcar y 760 mil de mieles; rehabilitar y conservar los ingenios en operación que se consideren viables, y efectuar la nivelación departamental de 7 de ellos y en 5 más concluir las obras de ampliación; continuar los programas de mejoramiento ambiental; realizar obras de infraestructura para el abastecimiento de agua; rehabilitar la red de caminos cañeros; continuar el sistema integral de bodegas y tanques en las plantas industriales y centros de distribución; y atender a las 2,004 comunidades de productores y cortadores de caña; a fin de elevar su nivel de bienestar social mediante programas de educación, vivienda e infraestructura rural.
d) Fertilizantes
El objetivo fundamental de este subsector es consolidar y expandir su capacidad productiva y distributiva para satisfacer la demanda interna y contribuir al propósito de autosuficiencia alimentaria. Particularmente, se busca la autosuficiencia nacional en fertilizantes nitrogenados y fosforados y avanzar en la producción de potásicos, así como generar excedentes exportables para diversificar nuestro comercio exterior. Además, se pretende sanear financieramente el subsector racionalizando sus gastos, y generando recursos propios, para disminuir el endeudamiento y los subsidios del Gobierno Federal. Lo anterior implica la continuación de la política de precios que tiende a eliminar subsidios a productos importados y a definir precios diferenciales en función del contenido de nutrientes y de los precios de garantía de los granos y cereales básicos.
Para conseguir estos propósitos y satisfacer la demanda de 1985 (que se estima en 5.7 millones de toneladas, superior en 10% a la de 1984), el subsector ha planteado, como acciones y metas más relevantes: elevar la producción de Fertimex a 4.6 millones de toneladas; comercializar 5.7 millones de toneladas; adquirir 546 mil toneladas de amoniaco y sulfato de amonio en el mercado nacional y 407 mil toneladas de fertilizantes fosforados y potásicos en el exterior; concluir en 1985 el Complejo Industrial de Fosforados (fases I y II), en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el sistema de manejo de sólidos de la Unión Industrial del Istmo; finalizar la primera etapa de la red nacional de bodegas (con una capacidad de almacenamiento de 227 mil toneladas); instalar 4 esferas de amoniaco (con capacidad para 14 mil toneladas); continuar con el proyecto de cloruro de potasio en Mexicali, las plantas de urea en Camargo y Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el complejo de soluciones nitrogenados en Veracruz; e iniciar la construcción de cuatro terminales marítimas para el suministro de materias primas.
e) Bienes de capital
Para 1985, los principales objetivos del subsector serán: impulsar una mayor utilización de la capacidad instalada; intensificar la capacitación de su personal, para elevar su eficiencia y productividad; sanear las finanzas de la industria mediante la reestructuración de sus pasivos y la capitalización por aportaciones gubernamentales y de los socios. Estos objetivos requerirán de acciones y metas tales como: producir 6 mil tractores agrícolas, 202 mil 800 bombas de agua, 282 mil 800 bombas de aceite, 4 mil 800 transformadores, 480 motores eléctricos, mil 354 reductores, 25 mil 158 coples, 84 mil refacciones, 393 mil cigüeñales, 5 mil 192 ejes, 18 mil 372 frenos, 664 suspensiones, 786 mil anillos, 325 mil amortiguadores, 459 mil kilogramos de balatas, 125 mil radiadores y 702 mil partes fundidas de aluminio; e impulsar el proyecto NKS para que sea el eje de la sustitución de importaciones y la base industrial exportadora, por lo que en 1985 fabricará 4 mil 462 toneladas de piezas de forja, 15 mil toneladas de lingotes, 10 mil 720 hrs./máq. de maquinado y ensamble y 3 mil 334 toneladas de fundición y pailería.
f) Automotriz y ferroviario
Los objetivos de este subsector para 1985 son: satisfacer la demanda nacional de
equipos de transporte de carga y de pasajes; integrar la producción de equipos de transporte; y fomentar la sustitución de importaciones y la diversificación de exportaciones. Con esto, el subsector apoya la integración del Sistema Nacional de Transportes.
Estos propósitos han determinado la ejecución de acciones y metas como: la producción, por parte de Concarril, de 6 mil 721 juegos de partes, un mil contenedores, 8 aerotúneles, un mil 530 unidades ferroviarias, 216 coches de metro y 175 rehabilitaciones de carros; DINA y Mexicana de Autobuses producirán y comercializarán 2 mil 808 autobuses, 7 mil 300 camiones de carga, y 5 mil 413 motores V6 y V8; y Moto Diesel Mexicana, producirá 2 mil 330 motores y 653 mil 410 componentes de motores para exportación.
g) Naval
Este subsector apoyará la terminación de 2 buques - tanque de 45 mil toneladas y 4 remolcadores para Pemex; 2 graneleros de 22 mil toneladas para la Compañía Naviera Minera del Golfo; y 8 embarcaciones para Pro - pemex. Adicionalmente, continuará la construcción de 2 buques - tanque de 45 mil toneladas y se prevé la de 4 petroleros de 8 mil 500 toneladas y 2 buques - tanque de 45 mil toneladas. Para cumplir con estas metas se promoverá un mayor apoyo del sector financiero.
h) Celulosa y papel
Los propósitos fundamentales de este subsector serán: inducir una explotación intensiva de los bosques; promover la autosuficiencia; incrementar el uso de fibras secundarias nacionales; obtener mayor superficie de papel por volumen de materias primas fibrosas; fomentar la investigación y desarrollo tecnológico en materia de celulosa y papel; y estimular las industrias del ramo y las proveedoras de maquinaria, refacciones o insumos. Para cumplir con estos objetivos, se producirán 185 mil 500 toneladas de papeles, cartones, envases y cartoncillos; la Compañía Industrial de Atenquique, S. A., producirá 108 mil toneladas de papel liner y kraft; Celulosa del Pacífico, S. A., 23 mil toneladas de papel medium y liner; Manufacturas Gargo, S. A. de C. V., 2 mil toneladas de envases y 19 mil 500 toneladas de cartoncillo y envases; Empaques Nacionales 33 mil toneladas de envases; y se producirán 358 mil 762 toneladas de papel periódico y libros de texto de los que Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A., contribuirá con 145 mil toneladas de papel periódico y 20 mil 400 de pasta mecánica. Mexicana de Papel Periódico, 90 mil toneladas (75 mil para libros de texto y 15 mil para periódico) y Productora Nacional de Papel Destinado, S. A. de C. V., 123 mil 762 toneladas.
III.8 Energéticos
Este sector se propone seguir apoyando las actividades prioritarias; incorporar núcleos dispersos de la población rural y de las zonas urbanas rezagadas a los beneficios de la energía; contribuir al ahorro de energéticos; reafirmar la autodeterminación tecnológica; apoyar el desarrollo de tecnologías de punta; e impulsar el desenvolvimiento de fuentes alternativas de energía.
Guiado por estos propósitos, el sector seguirá una estrategia para satisfacer los crecientes requerimientos internos de energía, mantener una plataforma de exportación y ampliar su apoyo al resto de la economía. El eje central de esa estrategia será el ahorro de energéticos, la diversificación de las fuentes primarias de energía y el aumento de la productividad, para economizar recursos y generar mayores divisas en el futuro. Para tales propósitos, en 1985 se dispondrá de 2,365 billones de pesos.
a) Petróleo
Este subsector buscará elevar la productividad mediante la reducción de la quema de gas; el aumento en la recuperación de líquidos de gas; el incremento en la proporción de crudo y refinados transportados por ductos; el ahorro de energía en refinerías; y el mejoramiento de la calidad de las gasolinas, diesel, combustóleo y otros productos.
Entre las acciones y metas que contribuirán a lograr estos propósitos destacan: la consolidación de los sistemas de producción, comercialización y distribución, mediante la intensificación de la exploración, la instalación de plataformas para mantener la extracción de crudo en la Sonda de Campeche, las instalaciones para elevar la eficiencia en el aprovechamiento del gas, la construcción de las plantas petroquímicas y de refinación y el incremento de los sistemas de almacenamiento y las redes de ductos; continuar con la reforma administrativa interna; jerarquizar las inversiones evaluando el impacto de cada proyecto en la balanza de pagos, las finanzas públicas, y los problemas sociales y ecológicos que originan; extraer 2,659.0 MBD de crudo y 2,892.0 MMPCD de gas natural; producir 1,332.0 MBD de petrolíferos y 13,516.7 millones de toneladas anuales de petroquímicos; comercializar externamente 1,500 MBD de crudo, 92.3 MBD de petrolíferos y 875.0 MTA de petroquímicos; comercializar internamente 1,116.6 MBD de petrolíferos, 6,423.3 MTA de petroquímicos y 1,389.2 MMPCD de gas natural; perforar 83 pozos explotadores, 181 pozos de desarrollo y 10 de inyección de agua; ampliar las refinerías de Salina Cruz (que alcanzará un avance de 71%) y Tula, Hidalgo; y continuar las plantas viscorreductoras en Cadereyta N. L., Minatitlán, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, que se estima tendrán un avance físico de 60%, 40%, y 30% respectivamente.
b) Electricidad
Los objetivos del subsector son: suministrar energía eléctrica en forma eficiente y oportuna; plantear y realizar obras que garanticen la suficiencia del fluido eléctrico a corto y mediano plazos; avanzar en la diversificación de fuentes primarias de energía; buscar un desarrollo más equilibrado del país; y continuar con los esfuerzos de precios y tarifas para evitar rezagos que afecten las finanzas del sector y generen un consumo irracional de electricidad.
Para estos propósitos, se instrumentarán acciones y metas tales como: incrementar la capacidad instalada en 7% para alcanzar los 21 mil 492 megawatts hora; general 85 mil 715 gigawatts hora; comercializar 72 mil 838 gigawatts hora, para hacer frente a un crecimiento de la demanda de 9%; generar energía eléctrica en la siguiente proporción: 27% de origen hidroeléctrico, 4% de geotermoeléctricas, 4.5% de carboeléctricas y 64.5% de termoeléctricas a base de hidrocarburos; se continuarán las obras en construcción, destacando dos hidroeléctricas (Peñitas, Chiapas y el Caracol, Guerrero), cuatro termoeléctricas (Ciudad Juárez, Libertad, Sonora, San Luis Potosí y Manzanillo II), la geotermoeléctrica de Cerro Prieto II, la carboeléctrica de Río Escondido, Coahuila y la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz; y ejecutar como proyectos nuevos tres plantas hidroeléctricas (Itzantún, Chiapas; Agua Prieta, Jalisco y Aguamilpa, Nayarit) y una geotermoeléctrica (Tejamaniles, Michoacán).
IV. Desarrollo regional y descentralización
La estrategia de cambio estructural incluye, como una de sus seis líneas de acción, la descentralización de la vida nacional y el desarrollo regional equilibrado. Esto contribuye a vigorizar el sistema federal de gobierno en lo económico, en lo político y en lo social, mediante acciones como la mayor vinculación entre las economías rural y urbana, la organización de sistemas estatales de planeación democrática, el fortalecimiento municipal, los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD), la programación - presupuestación del gasto regional y el fomento de la participación social.
La descentralización requiere de un cambio en las estructuras, las formas de operar y los instrumentos de la Administración Pública Federal, porque de ahí parten las decisiones fundamentales tanto económicas como políticas. De ahí que se estén reorganizando las áreas del Estado vinculadas con el fomento del desarrollo económico y social. Se busca des centralizar las áreas que apoyen las actividades productivas de alcance regional, cumplan funciones de desarrollo social, amplíen y consoliden la infraestructura, sirvan al fomento económico, organicen la actividad de las empresas públicas, den coherencia a la acción administrativa y normen el flujo de los recursos públicos.
Para lograr estos propósitos, se cuenta con el ramo XXVI, de desarrollo regional, que registra una asignación de 340,000 millones de pesos, 74.8% más que en 1984 (32% más, respecto al modificado), de los cuales 118.2 mil millones serán para gasto corriente y 221.8 para gasto de capital. Este ramo, incluye 116.0 mil millones para la operación del transporte urbano del Departamento del Distrito Federal, su revisión contractual, y recursos complementarios para el programa de inversión en la ciudad de México. Además, se cuenta con los Programas Regionales de Empleo (PRE), incluidos en Erogaciones no Sectorizables.
La distribución de estos recursos, se hará de acuerdo a la decisión de desconcentrar el gasto, por lo que se destinarán mayores montos para la ejecución directa por parte de los gobiernos estatales y municipales. Conviene subrayar que la coordinación sectorial - regional se continuará impulsando en el seno los Coplade y de los comités municipales, para consolidar los sistemas estatales de planeación democrática; la participación social seguirá determinando los programas a realizar; y los recursos se ejercerán mediante los Programas de Desarrollo Regional (PDR) y los Programas Regionales de Empleo (PRE). Los primeros (PDR) que surgen de la unificación del PEI, PIDER y PAZM, atenderán las prioridades estatales que determinan las demandas de la población, entre las que destacan: la realización de proyectos productivos (agrícolas, ganaderos, frutícolas, forestales, pesqueros e industriales); la rehabilitación de obras productivas que sean económica y socialmente viables, los programas de infraestructura básica de apoyo (carreteras estatales, caminos rurales, electrificación y equipamiento para la comercialización y el abasto); y la infraestructura para el desarrollo social (agua potable, alcantarillado, vivienda, educación y salud).
Las regiones estratégicas definidas en el PND dieron origen a los Programas Regionales correspondientes: el de la zona metropolitana de la ciudad de México y la región centro, donde se apoyará fundamentalmente el desarrollo rural de los estados de Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, y el fortalecimiento de los servicios en las ciudades medias de los estados de México, Puebla y Querétaro. El de la región del sureste, donde los recursos se canalizarán a las zonas marginadas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; al Programa de Reordenación Henequera y Desarrollo Integral de Yucatán; a diversas acciones en las zonas del Soconusco, Tapachula, Istmo de Tehuantepec y Coatzacoalcos; y a una mayor atención de las zonas indígenas. El de la frontera sur, donde se apoyará la construcción de caminos, la infraestructura para proyectos productivos, y el desarrollo social de la región en materia de alimentación, educación y salud. El de la región Mar de Cortés, donde se
intensificará la diversificación de actividades productivas, con especial énfasis en pesca, turismo, minería e infraestructura hidráulica, así como el mejoramiento del servicio de transbordadores, para una mayor integración regional de la península de California con el resto del país. El de la frontera norte (en vías de presentación), donde se fortalecerán el abasto, la infraestructura urbana y la comunicación y desarrollo social. El de las zonas áridas, donde se dará prioridad a la perforación y electrificación de pozos, el desarrollo pecuario, el abasto y el mejoramiento de servicios en las comunidades rurales. La política regional incluye el desarrollo estatal integral, por lo que se continuarán respaldando los planes estatales de desarrollo puestos en marcha.
Los PRE contarán con 100.0 mil millones de pesos para seguir atendiendo las zonas que requieran de un mayor impulso mediante la creación de empleos, orientando los recursos hacia los proyectos de mayor impacto en términos de ocupación y bienestar social, tales como suministro de agua potable, alcantarillado, vivienda; caminos rurales, apoyo al Programa Nacional de Alimentación; Servicio Social de Pasantes; Integración de la Mujer al Desarrollo; becas para los hijos de obreros, campesinos y miembros de las clases populares; y becas de capacitación para trabajadores.
Para todos los propósitos enunciados, además de los PRE y de los recursos del ramo XXVI (340.0 mil millones), se contará con las participaciones a estados y municipios que ascenderán a 1,250 miles de millones (54% más que en 1984), siendo, al igual que en 1984, uno de los renglones más dinámicos del gasto. La suma de los PRE, Desarrollo Regional y participaciones de estados y municipios, representa cerca del 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
V. Estrategias específicas de gasto público
V.1 Inversión pública
El programa de Inversiones apoyará la recuperación económica y el cambio de la estructura productiva del país. En 1983 y 1984, la reorientación sectorial de la inversión pública, buscó aumentar la participación relativa de los sectores estratégicos (social, comunicaciones y transportes y desarrollo regional); seleccionar los proyectos que tuvieran los mayores efectos en el corto plazo y en la generación de empleos; y disminuir su contenido importado; y su dependencia del crédito externo. Esto último fue posible por el aumento del ahorro público y la reorientación del gasto de inversión hacia el mercado nacional. Así, en 1983, el ahorro interno financió cerca del 40% de la inversión, y en 1985 se espera elevar esta proporción al 80%. Tal avance se debe, en gran medida, a la sustitución de importaciones y a la mejor programación de las inversiones del sector público, a través de sus programas de adquisiciones. Estas a su vez han permitido una mejor calendarización del gasto, y un ejercicio cada vez más oportuno.
El programa de inversiones públicas de 1985 continuará orientándose por estos lineamientos, pero con mayor énfasis en el cambio estructural; se ajustará a los programas de mediano plazo; tendrá mayor continuidad al aprovechar los periodos "de secas" y facilitar las gestiones previas a su ejercicio; favorecerá la generación de empleos permanentes y las obras de infraestructura básica que apoyen la diversificación y la descentralización del aparato productivo del país; fortalecerá la participación de estados y municipios de estados y municipios en la ejecución de obras; continuará la modernización y revisión de los trámites, reglamentos y leyes que norman la obra pública y las adquisiciones; y dará especial importancia a los programas multisectoriales tales como el desarrollo carretero de unión con puestos industriales, el mejoramiento del sistema ferroviario, la construcción de centros de acopio, la sustitución de importaciones, y el incremento de la cobertura y la calidad de los servicios sociales.
Para cumplir con estos propósitos, el programa de inversión pública dentro del presupuesto, será de 2,685 billones de pesos (55% más que lo esperado en 1984) de los que el 1,153 billones se asignará al Gobierno Federal, y 1,532 billones al sector paraestatal. Si se agrega la inversión "fuera de presupuesto", la cifra crece a 3,335 billones, 47.4% más que en 1984 (cuadro 62). Los sectores prioritarios serán desarrollo rural, desarrollo regional, desarrollo social y comunicaciones y transportes cuyas inversiones registraron tasas de crecimiento de 59.4%, 57.0%, 69.2% y 46.9%, respectivamente. Estas cifras aparecen en el cuadro 63 e incluyen apoyos para inversión en las entidades de control indirecto. El Programa de Inversiones del Gobierno Federal, se desglosa en el cuadro 64, donde sobresalen SARH (262.8 mil millones de pesos), SCT (258.1 mil millones) y Desarrollo Regional (183.3 mil millones). Lo propio se hace para el Sector Paraestatal en el cuadro 65, destacando Pemex (715.0 mil millones de pesos) y CFE (372.5 mil millones de pesos).
V.2 Adquisiciones
El Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública Federal es un instrumento para estimular la producción de bienes y servicios socialmente necesarios; obtener mejor precio y calidad en las compras del sector público; apoyar la planta productiva; proteger el empleo; sustituir importaciones; y mejorar la planeación de los proveedores del Sector Público.
Para seguir apoyando estas acciones, se publicarán las Segundas Normas Complementarias para las adquisiciones de mercancías, materias primas y bienes muebles, que
simplificarán trámites y mecanismos; se continuarán alentando las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento entre las principales entidades, que son foros de concertación permanente entre el Gobierno y sus proveedores; se proseguirá con la simplificación de trámites en cuanto al padrón de proveedores y la desconcentración de facultades a las Delegaciones Regionales de la SPP; y se publicará el Programa de Adquisiciones de Mediano Plazo de la Administración Pública Federal, a finales del presente año, así como el Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública Federal, durante el primer trimestre de 1985. Estos programas apoyarán la producción de bienes básicos y fortalecerán la industria de bienes de capital, elevando así el grado de integración del aparato productivo nacional.
Además, se remitió al H. Congreso de la Unión un Proyecto de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, que fija la obligación de que tales compras se realicen mediante licitación pública y especifica los requisitos para su excepción, acreditando la economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Además el proyecto incorpora los procesos de planeación, programación, presupuestación y control de las mencionadas compras de bienes y servicios así como la regulación de los actos relacionados con ellas, para que los recursos se administren con claridad y transparencia.
V.3 Transferencias
Este gasto obedece a la necesidad de suministrar bienes y servicios básicos y estratégicos, a las clases populares y a las actividades prioritarias, a precios inferiores a su costo de producción. Son por lo tanto un estímulo a la recuperación económica, al cambio estructural y a la generación de empleos así como a un medio para mitigar los costos de las crisis. Su monto se justifica porque resulta insoslayable: seguir incrementando la cobertura de los servicios de educación, salud y otros de carácter comunitario, que prestan las entidades públicas desconcentradas; continuar con el saneamiento financiero de las empresas públicas; y preservar los subsidios a los productos básicos, al tiempo que se estimula su producción.
Para vigilar que las transferencias efectivamente cumplan su cometido productivo y de justicia social, en 1985 se continuarán perfeccionando sus mecanismos de asignación y control. Así, se buscara que los subsidios al consumo favorezcan, en mayor medida, a las clases populares y a los productos del programa de abasto; se seguirán eliminando las transferencias mediante una revisión permanente de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos; se favorecerán las instituciones de educación, salud y otros servicios comunales para mejorar y ampliar su cobertura, pero su otorgamiento será racional, selectivo y sujeto a la presentación de resultados; y recibirán atención especial las que alienten la producción agropecuaria y de productos básicos, mediante créditos preferenciales, semillas mejoradas, fertilizantes y alimentos balanceados, entre otros.
Por ello, el proyecto de presupuesto establece que las transferencias se sujetarán a los siguientes lineamientos: los subsidios a los programas de abasto, de descentralización de los servicios de salud y educación, y de capacitación y productividad, tenderán a incrementar la cobertura, la productividad y la calidad de los servicios; las transferencias de capital para la reestructuración financiera, se destinarán sólo a entidades prioritarias y estratégicas (definidas en los programas sectoriales); las transferencias corrientes deberán asegurar la prestación de servicios sociales y comunales básicos a la población de escasos recursos; los subsidios de operación se canalizarán a la producción, distribución y comercialización de productos básicos y estratégicos.
Para el cumplimiento de los propósitos enunciados, el rubro de transferencia tendrá un presupuesto de 3 mil 206 billones de pesos, de los que 2 mil 255 billones serán gasto corriente o de operación y el resto para inversión física (717.0 mil millones de pesos) y amortización de pasivos (233.7 mil millones). Por tipo de entidades, las que están incluidas en el presupuesto, recibirán un mil 474 billones, y las que no lo están, dispondrán de un mil 732 billones (cuadro 66). Estas últimas serán distribuidas por las diferentes secretarías o ramos según se observa en el cuadro 67, donde se aprecia que la SEP y la SHCP asignarán los mayores porcentajes, 13.8% y 10.8%, respectivamente. Las transferencias a las entidades incluidas en el presupuesto y su distribución, se muestran en el cuadro 68, sobresaliendo al CFE y Conasupo, tanto en las de operación (29.4% y 15.8% del total, respectivamente), como en las de capital (8.0% y 9.8%, respectivamente). La distribución sectorial de las transferencias (cuadro 69) revela que la mayor parte corresponderá al desarrollo social y que es el sector que registra mayor incremento en su participación porcentual ya que pasa de 19.2% en 1984 a 23.9% en 1985, aumento que se debe a la prioridad del subsector educativo que pasa del 14.3% en 1984 a 19.3% en 1985. Le siguen en importancia los sectores energéticos (20.1%) y desarrollo rural (14.4%).
V.4 Modernización y simplificación
Para elevar la eficiencia de los recursos públicos y sentar las bases de la descentralización de la vida nacional, se ha puesto en marcha una estrategia de modernización de la Administración Pública. Por ello, durante 1984 se eliminaron instancias innecesarias y se evitó la duplicación de funciones mediante el acuerdo presidencial que extinguió, en una
primera etapa, 16 Comisiones o Comités Intersecretariales; se finiquitaron las transferencias de unidades y personal dictadas por las modificaciones a la Ley Orgánica de la APF; se organizaron áreas comunes en todas las entidades, entre ellas las de planeación y coordinación sectorial, las de apoyo administrativo, las de comunicación y difusión y las de asuntos jurídicos; se dio a conocer el Acuerdo de Descentralización Administrativa para posibilitar el traslado de la toma de decisiones hacia los lugares en que se demandan los servicios; se puso en marcha el acuerdo de Simplificación Administrativa para mejorar la relación Ciudadano - Gobierno en la tramitación ante las oficinas públicas; se formuló un proyecto de nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; se propusieron reformas y adiciones a las leyes de Bienes Nacionales y de Obras Públicas; y en 1985 se expedirá el nuevo Reglamento de Obras Públicas.
Los avances en el proceso de modernización y simplificación se extienden al presupuesto, ya que la limitación de recursos y los estrechos márgenes de maniobra del gasto público, ha determinado el establecimiento de normas para ejercer con austeridad, disciplina y decisión la gestión pública, al tiempo que se reorientan los criterios de asignación y de transferencias del gasto, bajo normas de productividad y racionalidad que fortalecen los esfuerzos de programación y de cambio estructural. Así, el Acuerdo de Simplificación Administrativa señala que las dependencias de la APF deberán reducir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos y trámites; y simplificar las relaciones entre dependencias y entidades que surgen de la asignación, ejercicio y control de presupuesto. Por ello, se formuló un programa de simplificación en la materia.
La modernización de los sistemas de gasto público busca mejorar los procesos de decisión a nivel global, sectorial e institucional, mediante la simplificación de las normas, los sistemas operativos, los flujos de información y los elementos de control. Esto, fortalecerá el papel del presupuesto como instrumento de planeación.
La definición del programa de simplificación administrativa, durante 1985, inducirá un cambio significativo en aspectos normativos, funcionales y operativos para imprimir mayor fluidez y oportunidad a la aplicación del gasto público. Se busca descongestionar el proceso de programación - presupuestación eliminando controles administrativos rígidos, cuyos efectos multiplican los niveles de decisión y control, así como procedimientos y requisitos, que significan trabas innecesarias, al tiempo que se articulan los sistemas de seguimiento y de información para minimizar las demandas actuales y elevar la suficiencia, confiabilidad y oportunidad de la información básica que requieren las dependencias globalizadoras y los coordinadores de sector.
En consecuencia, en 1985 se instrumentarán medidas tales como: dar flexibilidad en el manejo de los rubros de Servicios Personales, Materiales y Servicios Generales, redefiniendo los niveles de autorización y delegando a las dependencias las adecuaciones entre programas y unidades administrativas, que se notificaran a SPP; descentralizar en los coordinadores de sector, la formulación y actualización de los tabuladores de sueldos y de las tarifas y cuotas de viáticos; los coordinadores de sector, con base en las autorizaciones al Programa de Inversiones que expida la SPP, autorizarán inversiones a sus entidades coordinadas, a nivel de proyectos y adecuaciones presupuestales, con recursos propios adicionales, a las entidades no incluidas en el presupuesto (en las adecuaciones que involucren transferencias o uso de crédito, la SPP, previa recomendación de la Comisión Intersecretarial de Gasto - Financiamiento, comunicará lo procedente por paquetes sectoriales y los coordinadores de sector efectuarán la distribución entre sus entidades; los coordinadores de sector dictaminarán e instrumentarán los cambios en las estructuras básicas de las entidades fuera de presupuesto, cuando no impliquen recursos adicionales a su presupuesto autorizado, informando de ello posteriormente; se unificarán los flujos de información para cubrir las necesidades básicas, estableciendo consultas entre las dependencias globalizadoras para delimitar la coordinación en solicitudes de información; se iniciará un sistema de pagos descentralizado mediante la radicación de fondo en el Sistema Nacional de Crédito; se actualizará el manual de corresponsabilidad del gasto público federal por la gran cantidad de movimientos que se realizan durante el ejercicio del gasto, evitando trámites excesivos; y se precisará el sistema de la ventanilla unida considerando las diversas competencias de las áreas involucradas y tomando en cuenta los problemas de operación propios de cada entidad.
A lo anterior se añade el paquete de iniciativas legales ya señalado, que busca agilizar trámites y simplificar procedimientos en relación con las adquisiciones, los bienes nacionales y las obras públicas. Esto significará una expedita y transparente administración y control de los recursos.
V.5 Servicio civil
El fortalecimiento, profesionalismo y capacitación de los Trabajadores al Servicio del Estado, es una de las tareas fundamentales para la modernización de la administración pública bajo un esquema de renovación moral. Por ello, se ha fijado una estrategia de administración y desarrollo de los recursos humanos de la APF que tiene como objetivo fundamental la instauración gradual del Servicio
Civil de Carrera en el Gobierno Federal. Para tal efecto, se instaló la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, que asegura la participación de los Trabajadores al Servicio del Estado en el proceso de toma de decisiones y sirve de foro permanente de consulta en materia de administración y remuneraciones del personal.
Los objetivos del Servicio Civil de Carrera son; garantizar la permanencia del personal; darle seguridad y estabilidad laboral; proporcionar remuneraciones compatibles con las atribuciones y responsabilidades; estimular la capacitación y la capacidad de respuesta de los trabajadores; modernizar los medios de acceso a puestos de mayor jerarquía, estimulando la vocación de servicio y su desarrollo integral mediante la capacitación permanente; y ofrecer la alternativa de un retiro decoroso.
El proceso de instauración del Servicio Civil de Carrera requiere una participación activa de los trabajadores a través de sus representantes; y el respeto a sus derechos y prestaciones alcanzados. Esto último es el punto de partida para lograr, paulatinamente, remuneraciones equiparables a las del mercado de trabajo nacional. En este contexto, se han logrado una serie de avances en 1983 y 1984 que se consolidarán y ampliarán en 1985. Este año, se formulará un paquete salarial que, al igual que en años precedentes, beneficiará en mayor medida a los trabajadores ubicados en las escalas salariales más bajas y reconocerá los estímulos al cumplimiento de la responsabilidad, a la capacitación y a la capacidad de respuesta de los trabajadores. Los aumentos serán proporcionalmente mayores para el personal de remuneraciones más bajas. Adicionalmente, se beneficiarán las percepciones de los trabajadores con mayor rezago relativo, entre ellos, el personal de procuración de justicia y de salud. Estas modificaciones salvaguardan los derechos laborales de los trabajadores y el respecto irrestricto a la libertad sindical.
El cuadro 70 presenta el tabulador de las percepciones mensuales de los servidores públicos que tienen niveles de Director General o superior. Tales remuneraciones se acercan a las que prevalecen en el mercado de trabajo nacional, acercamiento que se mejora con los estímulos o bonos de actuación, que si bien aún permiten la existencia de discrepancias con las percepciones de directivos equivalentes, posibilitan la racionalidad en materia de sueldos.
VI. Vinculación del gasto con los ingresos del sector público
En los cuadros 71 y 72 se muestran los ingresos presupuestales del Gobierno Federal y del sector paraestatal, subdivididos, en el primer caso, en ingresos ordinarios (tributarios o no tributarios) e ingresos de capital, mismos que suman 7.683 billones (superiores en 56.7% al monto estimado en 1984), de los que 4.7 billones son ingresos tributarios (entre los que sobresalen el Impuesto Sobre la Renta y el IVA) y 2.9 billones, ingresos no tributarios. De estos últimos, 1.8 corresponden a derechos. Los ingresos de capital apenas ascienden a 51.300 millones de pesos (cuadro 71).
En cuando al sector paraestatal (cuadro 72) el total de ingresos suma 8.1 billones de pesos, 5.8 billones de los cuales son ingresos ordinarios (correspondiendo el 99% a ingresos propios). El resto está integrado por las transferencias del Gobierno Federal (1.4 billones) y por financiamiento (844.5 mil millones de pesos).
Estas cifras comparadas con los gastos corrientes de los sectores central y paraestatal, ya examinados, permiten conocer el ahorro corriente (cuadros 73, 74 y 75) que a su vez se contrasta con los resultados de la cuenta de capital para obtener el déficit presupuestal y la necesidad de financiamiento a que da origen.
VI.1 Ahorro corriente y déficit financiero
La estrategia de reordenación económica para afianzar la permanencia del cambio estructural, exige el fortalecimiento de las finanzas públicas, que se traduce en un incremento del ahorro público que propicie el financiamiento sano de la inversión y que reduzca la proporción del déficit financiero con respecto al PIB. Para lograr estos propósitos, durante 1983 y 1984 se tomaron una serie de medidas, tanto por el lado de los ingresos como de los egresos, que permitieron transitar de un desarrollo público, en 1982 de 298.6 mil millones de pesos, aun ahorro de 419.2 mil millones en 1983, cifra que se espera, en 1984, que ascienda a 4.955 billones de pesos, antes de transferencias, o 4.393 billones después de tales apoyos, pero antes de intereses, y a 1.019 billones después de haber reducido estos pagos. Para 1985 se estima un ahorro corriente aún mayor: de 7.354 billones de pesos antes de transferencias, de 6.246 billones después de transferencias y de 2.005 billones si de deducen intereses (cuadro 73).
Dado el papel que juegan las transferencias y los intereses, las cifras de ahorro se muestran con y sin estos rubros. Los cuadros 74 y 75 presentan estas cifras para los sectores central y paraestatal, respectivamente. Así, el Gobierno Federal, tendrá un ahorro antes de transferencias de 5.7 billones de pesos, que se convierten después de las transferencias, pero antes de intereses, en un ahorro de 3.619 billones de pesos, mismos que se disminuye a 681 mil millones de pesos, una vez que se le deducen los gastos de intereses que ascienden a 2.938 billones de pesos. El ahorro del sector paraestatal, antes de transferencias y de intereses, es de 1.704 billones de pesos, que al sumar los subsidios de operación (923.7 mil millones de pesos) y restar los gastos de intereses (1.303 billones) da como
resultado un ahorro después de transferencias e intereses de 1.324 billones de pesos.
Como se aprecia, el ahorro corriente del sector público mantiene una tendencia creciente; no obstante, la política selectiva de inversiones, ya examinada, y las condiciones de la economía, que precisa de estímulos para consolidar su recuperación, determinará un déficit de capital mayor al ahorro corriente, dando como resultado un déficit presupuestal de 1.720 billones de pesos, lo que representa un 4.0% del PIB esperado para 1985.
Si al déficit presupuestal se suma el déficit de los organismos y empresas que no están incluidos en el presupuesto (201.8 mil millones) y la intermediación financiera (275.0 mil millones) se obtiene el déficit financiero del sector público que será de 2.197 billones de pesos, 5.1% del PIB, que es la meta señalada en el documento de "Criterios Generales...". Este déficit será financiado fundamentalmente por recursos internos, ya que el crédito del exterior (mil millones de dólares) continuará utilizándose de manera complementaria y sujeto a control estricto en su asignación.
VI.2 Financiamiento del déficit y gasto de deuda pública
El financiamiento del déficit de 1984 demandó un endeudamiento del sector público de 1.300 billones de pesos, aproximadamente, que procedió en su mayor parte de recursos internos. Para el ejercicio de 1985, el monto de endeudamiento propuesto asciende a 1.720 billones de pesos, para propósitos presupuestales, y a 2.197 billones si tomamos en cuenta el sector público no incluido en presupuesto. Como ya se indicó, la porción más importante de este financiamiento corresponderá al ahorro interno, ya que el crédito externo se limitará a mil millones de dólares. La eficiente administración de los recursos crediticios provenientes del exterior debe considerar no sólo el saldo, sino también su estructura, por ello está renegociando la deuda externa, acción que busca mejorar el perfil de los pagos en los próximos años, haciéndolos compatibles con la capacidad de pago del país y la reordenación de las finanzas públicas. La reestructuración se ha orientado a extender los plazos (hasta 14 años) de las amortizaciones que vencían a partir de 1985 y hasta 1990; a eliminar las tasas de interés administradas; a reducir los diferenciales o márgenes de interés y a suprimir las comisiones de reestructuración.
La suma del endeudamiento neto requerido para 1985, dará como resultado un servicio de la deuda, para ese año, de 6.862 billones de pesos (37.3% del gasto total). De este total, el 61.8% (4.241 billones) corresponderá a intereses, el 30.2% (2.071 billones) a gastos de amortización, y el restante 8.0% (550 mil millones de pesos) a las Adefas (cuadro 76). La mayor parte del gasto de la deuda del sector público recae en el Gobierno Federal (67.2%, 4.610 billones de pesos), mientras que los organismos y empresas representan un 32.8% del total. El servicio de estos últimos, por entidad, y desglosando dicho gasto en interno y externo, aparece en el cuadro 77, donde se observa que el 38.5% pertenece a Pemex (inferior al 47.7% que le correspondió en 1984, que tendrá un gasto de 867.1 mil millones de pesos, de los que 710.7 pertenecen a deuda externa. Le sigue en importancia CFE (24.4% del total, 549.0 mil millones de pesos, con un gasto ligeramente mayor en la deuda externa).
En 1985 se espera concluir con la renegociación de los pasivos de las empresas públicas y privadas, buscando mayores plazos de vencimiento y periodos de gracia, así como mejores condiciones de crédito.
VII. Conclusiones y recomendaciones
Después de analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, la Comisión Dictaminadora decidió aprobarlo, porque su revisión puso de manifiesto que forma parte de un proceso integral iniciado hace dos años, que a su vez responde a demandas políticas del pueblo de México. El Presupuesto examinado, es un instrumento vital de una estrategia que ha probado su eficacia y su efectividad para combatir la crisis económica, rescatar la capacidad de crecimiento de la economía, consolidar y ampliar las instituciones democráticas y sentar las bases para el cambio estructural que eleve la calidad de nuestro desarrollo.
En este contexto, el Presupuesto que se dictamina no es un elemento aislado en el tiempo, ni desvinculado de otros instrumentos de política económica, social, sectorial, regional y de participación popular, sino un factor fundamental para lograr los cuatro grandes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 1983 - 1988, que define los compromisos políticos del Gobierno con la Nación y finca los cimientos para la formulación de los programas de mediano y corto plazos, que le dan concreción y respaldo. En este sentido, el presupuesto a discusión es la especificación del Plan y los programas.
El presupuesto de 1985, es parte esencial de este proceso de planeación democrática y de la estrategia de reordenación y cambio estructural que postula, cuyos avances más sobresalientes, en sus años de vigencia, responden a los objetivos propuestos: se ha revertido la tendencia hiperinflacionaria, reduciendo la inflación a casi la mitad de las tasas registradas a fines de 1982, en términos anuales, y a casi una tercera parte, en términos trimestrales; se están saneando las finanzas federales y paraestatales reduciendo el déficit financiero del sector público, como porcentaje del PIB, a casi una tercera parte del registrado en 1982; se han transformado las fluctuaciones cambiarías drásticas en estabilidad
programada; se detuvo la tendencia al desempleo masivo y la quiebra generalizada de empresas y ya se observa un cambio de dirección; se ha mantenido y fortalecido el abasto popular de productos básicos; se han fomentado la sustitución de importaciones y las exportaciones no petroleras, mejorando en consecuencia, los resultados de la balanza comercial y de la cuenta corriente en las transacciones con el exterior; se renegoció la deuda externa para incrementar los grados de libertad de la política económica y conjurar el riesgo de la quiebra financiera del país y se ha iniciado una segunda reestructuración para que el servicio de la deuda sea compatible con las posibilidades de la economía nacional; y se está recuperando la capacidad de crecimiento económico sobre bases diferentes. Todo esto, sin haber sacrificado los valores políticos esenciales del proyecto nacional.
La reiteración de estos avances, no significa triunfalismo, que a estas alturas y frente a las tareas pendientes, resultaría impertinente y burdo; pero se apuntan como aval de la estrategia que utiliza la política presupuestaria como una de sus herramientas sobresalientes, y porque constituyen un punto de referencia para subrayar los problemas apremiantes cuya solución habrá de plantearse. Tales son los casos de la mayor concentración del ingreso, la disminución de los salarios reales y el abatimiento de los niveles de vida de la mayoría de la población, sacrificios dolorosos íntimamente ligados a la terquedad de la inflación y el desempleo. De ahí que se insista en su combate y en su eventual desaparición y se otorgue un voto de confianza al presupuesto de 1985, que confirma la voluntad política de no retroceder en la lucha contra la crisis y los costos que acarrea.
La Comisión abriga la firme convicción de que estos indeseables costos sociales de la crisis, hubieran sido aún mayores si no se hubieran controlado los aspectos más severos de la misma. Por ello, una de las razones capitales que le impele a dar aprobación al Presupuesto de 1985, es su propósito de insistir en la reversión de los citados costos, de manera permanente, eludiendo o desdeñando el avance transitorio que termina perpetuando la injusticia social y profundizando la marginación de la población de menos ingresos.
Es precisamente la persistencia de estos problemas que a todos preocupan, lo que permite confirmar que la crisis, aunque controlada en sus aspectos fundamentales, aún no está superada, ni vencida, ni erradicada. Es esto mismo lo que nos obliga a recomendar que se persevere en la estrategia iniciada, sin claudicaciones o desviaciones que nos arrojen al peor de los mundos posibles; aquél que acentúe los costos de la crisis y revierta los progresos alcanzados. Esta posibilidad existe, está latente, obliga a la vigilancia permanente para evitar su aparición y es una de las consideraciones que fundamentan el veredicto aprobatorio del Presupuesto que se analiza. Este instrumento, junto con los demás que forman parte de la estrategia, buscan, precisamente, mantener un cuidadoso equilibrio entre alentar la recuperación económica y elevar el nivel de vida de la población, por un lado, sin arriesgar los avances obtenidos en materia de inflación y de saneamiento financiero, por el otro.
La Comisión está consciente de la incertidumbre que predomina en la economía y los mercados internacionales, y de la existencia de rigideces internas, tanto en el gasto como en los ingresos públicos, que exigen un delicado manejo y un adecuado equilibrio entre los diferentes instrumentos y los diversos objetivos que la estrategia se ha propuesto para 1985.
Para contribuir a que prosigan los avances registrados en 1983 y 1984, al tiempo que se impulsa la solución de los problemas pendientes, el Proyecto de Presupuesto de 1985, se propone: reducir la inflación al 35%; continuar con la estabilidad cambiaria; seguir fomentando el abasto de productos básicos a los grupos de menores ingresos; crear 850 mil empleos para reducir la tasa de desempleo; fomentar la utilización de la capacidad productiva que se encuentra ociosa; alentar la recuperación económica gradual, pero sostenidamente, de manera que la producción nacional crezca entre 3% y 4%; proseguir con el fortalecimiento del comercio exterior, induciendo un superávit tanto en balanza comercial como en cuenta corriente; perseverar en el saneamiento de las finanzas públicas, reduciendo aún más el déficit financiero como proporción del PIB y aumentando aún más el ahorro corriente del sector público; continuar disminuyendo el saldo de la deuda, tanto interna como externa; como proporción del PIB y del gasto público; y participar en la continuación del cambio estructural.
La contribución del presupuesto en la profundización de estos logros así como su contenido social y descentralizados de la vida nacional, son elementos que apoyan la decisión aprobatoria de la Comisión Dictaminadora.
De manera más concreta, la Comisión se pronuncia en pro del presupuesto que somete a la consideración de esta honorable Asamblea, porque, como de detalla en el dictamen, contiene avances que permiten consolidar y fortalecer el proceso de planeación - programación - presupuestación, que es parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática que se está construyendo y vigorizando; porque persevera en su transformación estructural interna a fin de elevar la inversión y alentar el gasto social; porque prosigue en la contención del gasto corriente y la racionalización de los subsidios a fin de que éstos sean selectivos, transparentes, temporales y beneficien efectivamente a los sectores de menores ingresos y a las actividades prioritarias y estratégicas; porque continúa con la
estrategia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales con el fin de reducir o eliminar ineficiencias, despilfarros, derroches y deshonestidades; porque reorienta las adquisiciones del sector público hacia el mercado interno y hacia las formas de producción intensivas en mano de obra; porque contribuye a simplificar y modernizar la administración pública federal; porque intensifica la reestructuración financiera y los compromisos de eficiencia y productividad de las empresas públicas; porque impulsa la descentralización de las decisiones y de la actividad económica; porque cancela actividades no prioritarias en los programas de mediano plazo y avanza en el proceso de programación sectorial, regional, especial e institucional; porque sigue conservando su flexibilidad mediante previsiones o reservas para contingencias internas o externas y porque sigue manteniendo programas específicos de empleo, obligándose ahora a que sean de naturaleza permanente.
Especificando aún más las razones favorables al presupuesto: no considera programas, proyectos o actividades que no tengan, desde su inicio, el respaldo presupuestal correspondiente, o que no aseguren el cumplimiento de la manera prevista, o no sean prioritarios, o no correspondan a la racionalidad u austeridad de la gestión pública; condiciona las transferencias del Gobierno Federal a los Organismos y Empresas Públicas a programas de saneamiento financiero, de eficiencia y de productividad en un horizonte de mediano plazo, y las limita a las entidades que sean estratégicas o que estén vinculadas a la rectoría del Estado, y las condiciona también a que contribuyan a una redistribución más equitativa del ingreso, a mitigar los costos sociales de la crisis, a respaldar la reactivación y modernización de la planta productiva y a promover el desarrollo regional; constituye un impulsor de la recuperación económica a través de la generación de bienes estratégicos y prioritarios, y un contribuyente eficaz para elevar los niveles de vida de la población proporcionando servicios básicos como los de salud, seguridad social, educación, agua potable, drenaje, etcétera; impulsa la oferta de bienes y servicios básicos; contribuye a la generación de divisas necesarias para financiar nuestro desarrollo, contribuye a la integración productiva del sector paraestatal, mediante la revalorización de los órganos del Gobierno y la delimitación de atribuciones y responsabilidades en materia de planeación, administración y control de las empresas públicas; continúa los avances en la reestructuración financiera del sector paraestatal mediante el ajuste periódico de precios y tarifas, la racionalización en la asignación y uso de subsidios y divisas y la renegociación de la deuda; racionaliza las adquisiciones del sector público y continúa la consolidación de compras, la integración de los programas de adquisiciones, la sustitución de importaciones y la integración del aparato productivo nacional, avanza en la disciplina del sector público al exigir que sólo se incluyan nuevos programas si se liberan recursos mediante la cancelación de programas no prioritarios, o menor prioritarios, o se eliminan gastos innecesarios.
Desde el punto de vista sectorial, la Comisión propone la aprobación de este presupuesto, porque orientan sus recursos hacia los sectores prioritarios y estratégicos, asignando la mayor proporción del gasto sectorial al desarrollo social, al desarrollo rural y la infraestructura básica vinculada con la generación de empleos, contribuyendo así a consolidar los avances en le reordenación económica y el cambio estructural en un contexto de disciplina, racionalidad y austeridad permanentes; porque se eleva la productividad del gasto, sobre todo el de inversión; porque las erogaciones se vinculan cada vez más al cambio estructural y a los programas de mediano plazo influyendo y siendo influidos en y por la descentralización y la regionalización del gasto sectorial; porque se eliminan las transferencias sectoriales no esenciales y se asignan de manera selectiva, transparente, temporal y sobre todo con un claro sentido social; entre otros.
Todas estas razones sustentan el voto favorable que la Comisión emite, consciente de que éste trae aparejado el compromiso de vigilar el cumplimiento del presupuesto y sus propósitos, de manera continua, es decir, cuando menos trimestralmente, para estar pendiente de que los avances transiten por la senda propuesta y que toda desviación o discrepancia entre los observado y lo programado genere recomendaciones que permitan correcciones y rectificaciones tendientes a superar tales diferencias. Esta es una de las tareas cardinales de la función de vigilancia, fiscalización, control y evaluación que corresponde a esta representación popular.
En ese contexto, recomendamos que se incluya, en el Primer Informe Trimestral sobre la situación económica y las finanzas públicas, el Presupuesto de Divisas para 1985. Asimismo, que en los citados informes se añada un apartado sobre avances de la descentralización administrativa y otro sobre las estrategias específicas consignadas en el proyecto de presupuesto que se dictamina, es decir, inversión pública; adquisiciones; transferencias; modernización y simplificación administrativas; y servicio civil de carrera.
Se recomienda también que, para intensificar las relaciones de colaboración entre poderes, se diseñen mecanismos y coordinación que faciliten la participación de esta Cámara a lo largo de todo el proceso presupuestal. En este sentido, se recomienda la continuación del fortalecimiento de los recursos físicos y humanos de la Contaduría Mayor de Hacienda a fin de seguir consolidando las bases para una mayor intervención de esta representación popular en las etapas de formulación, instrumentación, control y evaluación del proceso de planeación - programación - presupuestación. En este aspecto, la Comisión
sugiere que se den a conocer los avances en la vinculación del plan con los programas de mediano plazo, de éstos con los programas operativos anuales y la forma en que éstos se convierten en el Presupuesto de Egresos.
Dentro de este espíritu de cooperación entre poderes, se sugiere la revisión integral de los ordenamientos jurídicos aplicables en el proceso mencionado en el párrafo anterior, una vez que se conozcan los reglamentos que están en proceso de revisión, como el de la Ley de Planeación y el de Obras Públicas.
Esta Comisión reconoce que anualmente se atiende su recomendación de enriquecer el número de entidades que forman parte del presupuesto, al incluir, en 1984, Altos Hornos de México, S. A. y Fundidora Monterrey, S. A., y en 1985 a Azúcar, S. A., por lo que sugiere al Ejecutivo que continúe con esta tendencia, recomendando para 1986 que se incluyan Pronase, Albamex, y los diferentes astilleros.
La Comisión Dictaminadora consideró pertinente realizar algunos cambios y ajustes al texto del proyecto de decreto, entre otros: en el primer párrafo del artículo 8o. se sustituye el término fluctuaciones por el de incrementos, con el fin de asegurar la positividad jurídica del precepto, en atención a que el significado de la palabra utilizada en el proyecto da idea de altas y bajas que de no ocurrir, en los mercados financieros internacionales, haría inaplicable este dispositivo. En el segundo párrafo de este mismo numeral se incorpora la obligación a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto de informar trimestralmente a la H. Cámara de Diputados sobre el manejo de los recursos financieros previstos en este precepto, en el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas y no sólo a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de cuya denominación, además, se suprime la referencia a la anualidad señalada en el proyecto, en tanto que esta característica le es inherente de conformidad con la fracción IV del artículo 74 constitucional.
En el tercer párrafo del artículo 11 se agrega a la prohibición de autorizar adecuaciones a los calendarios de pago que tengan como fin anticipar la disponibilidad de recursos, la de no autorizar ampliaciones líquidas a los presupuestos. La modificación que la Comisión propone coadyuvará al logro de la racionalidad y disciplina presupuestales que implican, para este caso, la prohibición de cualquier autorización fuera de lo previsto en los artículos 14 y 39.
En cuanto al artículo 12, la Comisión estimó conveniente la intervención de los coordinadores de sector para la revocación de las autorizaciones de ministraciones a las entidades coordinadas, en razón de la función que desempeñan en los niveles sectoriales y de que son éstos los que las conceden directamente y no la Secretaría de Programación y Presupuesto. La modificación a este artículo comprende también la de su fracción I en la que la Comisión agrega la referencia al artículo 43 del decreto en el que ésta consignada la obligación del Ejecutivo Federal de informar trimestralmente a esta representación popular sobre la ejecución del gasto público.
En el artículo 18, la modificación se propones para incorporar dentro de los fines del organismo oficial a que el precepto se refiere, los de promoción y fomento del comercio exterior, cambiando además el concepto de "promoción" de asesoría en la materia que figura en el proyecto, por el de "prestación" de asesoría que complementa de mejor manera la autorización del Ejecutivo Federal para incrementar los fideicomisos que se mencionan, habida cuenta de la importancia que en estos momentos tiene para el país el comercio exterior. Con esta modificación queda asegurada la congruencia del numeral 18 del proyecto con el párrafo primero de la fracción I del artículo 7o. de la Ley de Ingresos de la Federación.
Con el fin de dar mayor claridad al párrafo segundo de la fracción I del artículo 22, la Comisión consideró pertinente dividir su contenido en dos partes, agregando en la segunda el término "adicionales" referido a las remuneraciones por jornadas y por horas extraordinarias del personal que labore en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. En el artículo 25 se incorporan los gastos menores dentro de la fracción I, como uno de los conceptos que deberán reducirse al mínimo indispensable y se propones una adición a la fracción VI a fin de precisar lo relativo al otorgamiento de becas.
Por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV; 75, 108, 109, 110, 126,127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 10 y 12 de la Ley General de Deuda Pública; 5o., 6o., 7o., fracción VIII; 46 y 47, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 30 y 57 de la Ley de Obras Públicas; 7o., 27, 32 y 40 de la Ley de Planeación; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas de éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de esta H. representación Popular el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA 1985
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el año de 1985, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, de las Dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1985, importan la cantidad de $5.642,915.149.000 (cinco billones seiscientos cuarenta y dos mil novecientos quince millones ciento cuarenta y nueve mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:
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Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios para el año de 1985 importan la cantidad de $1.590,000.000,000 (un billón quinientos noventa mil millones de pesos, moneda nacional), y se distribuye de la siguiente manera:
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Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1985 importan la cantidad de $8,738.225,000 (ocho mil setecientos treinta y ocho millones doscientos veinticinco mil pesos, moneda nacional).
Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1985 importa la cantidad de $15,168.687,000 (quince mil ciento sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y siete mil pesos moneda nacional).
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1985 correspondientes a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen en las siguientes entidades:
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Artículo 7o. El gasto asignado a la Deuda Pública del Gobierno Federal para el año de 1985 importa la cantidad de ............$4.609,500.000,000 (cuatro billones seiscientos nueve mil quinientos millones de pesos, moneda nacional), y se distribuye de la siguiente manera:
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Artículo 8o. Para el ejercicio de 1985 se establece una previsión que sólo se podrá ejercer para atender efectos de los incrementos de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales y otras contingencias, que importa la cantidad de $200,000,000,000 (Doscientos mil millones de pesos moneda nacional). El ejercicio de esta previsión estará sujeto a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios.
El Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, asignarán en los término de este artículo, los recursos de esta previsión, y la primera informará del manejo que se haga de la misma trimestralmente en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1985.
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad u eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con los objetivos y prioridades del Plan y de sus programas de desarrollo, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto a las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinen.
Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1985, otros organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, además de los señalados en el artículo 6o. de este decreto.
Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Salvo lo previsto en los artículo 14 y 39 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos; así como ampliaciones líquidas a los presupuestos en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pagos.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos a las dependencias y en su caso solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen los informes o documentos que les sean requeridos en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos y el avance trimestral para integrar los informes correspondientes a que se refiere el artículo 43 de este decreto;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas de capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
IV En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
V. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 13. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del Presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente:
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán comprendidas en el concepto 8100 del Ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizara erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:
I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1 y 2 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" y "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores". De estos ingresos se asignarán igualmente los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios legislativos en monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal a que se refiere este decreto, y
III. Remanentes que tengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, entre sus ingresos y gastos netos, que se consiguen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1985, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines
específicos, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambio, quedarán definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Erogaciones No Sectorizables, Aportaciones a Seguridad Social y Desarrollo Regional a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
La administración, control y ejercicio de los Ramos de la Deuda Pública, de Participaciones a Estado y Municipios y de Erogaciones para Saneamiento Financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 18. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el incremento de los fideicomisos constituidos para el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y para el equipamiento industrial, así como para el organismo oficial que tenga como fin la promoción del comercio exterior del país, su fomento y la prestación de asesoría en esta materia. Para este efecto, los incrementos se harán con cargo al impuesto sobre la importación en los términos del artículo 7o. fracción I, párrafo primero de la Ley de Ingresos de la Federación.
CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 19. Sin perjuicio de los que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables en los términos de esta capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.
Artículo 20. Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de realizar las acciones previstas en sus programas de descentralización, modernización y simplificación administrativas, dentro de los montos de sus presupuestos aprobados.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrán autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia, seguridad nacional y las mínimas requeridas para tareas sustantivas o para la planta productiva que entre en operación, previa aprobación del titular respectivo.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales podrán, con apego, a las disposiciones legales, aplicables, efectuar traspasos de plazas y recursos asignados a estas partidas entre sus unidades responsables y programas, observando estrictamente lo siguiente:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores de la Administración Pública Federal, deberán apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto así como las señaladas en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.
Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto. Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma supongan el incremento, con respecto al ejercicio de 1984, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas;
III. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros, y
IV. Sujetarse a los lineamientos de la Secretaría de Programación y Presupuesto para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales.
Artículo 23. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal aplicarán y ejercerán dentro de los límites de sus presupuestos y calendarios aprobados, las erogaciones por concepto de materiales y suministros y de servicios generales, y podrán, cuando a su juicio lo requieran las condiciones de ejecución de sus programas, realizar traspasos entre estas asignaciones, debiendo informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto de los movimientos respectivos, en los términos y plazos que ésta determine.
Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de que la aplicación de las disposiciones de que este artículo permita la realización oportuna u eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, con estricto apego a las demás disposiciones
de este decreto y las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 24. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1985 no se podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones que expresamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto, y
II. Vehículos terrestres, aéreos y marítimos con excepción de aquéllos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 25. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o entidad correspondiente:
I. Gastos menores de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto;
V. Congreso, convenciones, ferias, festivales y exposiciones;
VI. Otorgamiento de becas distintas a las comprendidas en el Programa Emergente del Empleo, a las autorizadas por las instituciones oficiales de carácter educativo y a las otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
VII. Donativos.
Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfono, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculados al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 26. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 1985:
I. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
II. Se considerará preferente el uso de tecnologías nacionales y se limitarán o diferirán en su caso, los proyectos que requieran insumos de procedencia extranjera para su ejecución y puesta en operación;
III. Se otorgará prioridad a los proyectos con mayor avance relativo y, en su caso, a las obras complementarias que permitan la integración efectiva de los procesos productivos a cadenas de transformación de recursos naturales y del aparato productivo nacional, de acuerdo con las estrategias sectoriales de mediano plazo;
IV. Para los proyectos de inversión financiados parcialmente con créditos externos, las dependencias y entidades deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones;
V. Las inversiones financieras se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad, eficiencia y en general de modernización, y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse a lo que dispone el artículo 31 de este decreto.
VI. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a las acciones previstas en los programas de mediano plazo correspondientes.
Artículo 27. Los coordinadores de sector quedan facultados para aprobar a sus entidades coordinadas las investigaciones a nivel de proyecto y en su caso, las adecuaciones en el transcurso del ejercicio, sujetándose a las autorizaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a las normas que ésta expida.
Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de informar trimestralmente y a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre los avances de ejecución de las obras públicas, para su inclusión en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados, a que se refiere el artículo 43 de este decreto.
Artículo 28. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento deberá ser selectivo, considerando su contribución efectiva a la
oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán reducir conforme a la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme al comportamiento del mercado, las necesidades sociales y el nivel de ingresos de los productores;
VI. Los subsidios destinados al apoyo de entidades paraestatales se deberán asociar a aumentos en la productividad y al mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios producidos por las mismas;
VII. Se considerarán preferenciales las aportaciones destinadas a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
VIII. Los recursos asignados al Programa Emergente del Empleo deberán destinarse a la generación de puestos permanentes;
IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; y
X. No se deberán otorgar subsidios o aportaciones cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos bajo su coordinación, verificando previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase;
III. El avance físico - financiario de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Artículo 30. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 31. Las transferencias que se otorguen con el cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación por el costo financiero derivado de las asunciones de pasivo de los Organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria se realizarán siempre que se trate de entidades estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas las entidades beneficiarias.
Las erogaciones por este concepto se efectuarán con cargo al Ramo XXIX "Erogaciones para Saneamiento Financiero" del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, observando lo siguiente:
I. Los compromisos y obligaciones del Gobierno Federal y los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria deberán formalizarse mediante convenio suscrito por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, con el organismo o empresa de que se trate y la dependencia coordinadora de sector;
II. La Secretaría de Programación y Presupuesto emitirá, escuchando la opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, las bases a que deberán ajustarse dichos convenios;
III. La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento evaluará trimestralmente el avance en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridos por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, conforme a metas establecidas en materia de productividad, de saneamiento financiero, de modernización y en general, de aquellas que al efecto contengan los convenios correspondientes, aprobando o en su caso adoptando, las medidas conducentes en los términos de las disposiciones legales vigentes;
IV. El costo financiero en que se incurra en el ejercicio, en función de los niveles de endeudamiento aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se descontará del nivel de gasto autorizado para cada entidad.
Artículo 32. Las dependencias y entidades sólo podrán conceder donativos, otorgar
gratificaciones y obsequios y dar ayuda de cualquier clase, siempre que se hayan realizado las previsiones correspondientes en sus presupuestos autorizados.
En el caso de las dependencias, se requerirá la autorización previa y por escrito del titular, tratándose de las entidades, del órgano de gobierno correspondiente.
Artículo 33. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente de Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 34. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Unico de Transferencias.
Artículo 35. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal. Para tal efecto, unificarán los flujos de información financiera que requieran de las propias dependencias y entidades.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de crédito o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y a la dependencia coordinadora de sector, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.
Artículo 36. Los subsidios con cargo a impuestos federales, las devoluciones de impuestos, los estímulos fiscales, así como las participaciones que sobre impuestos y productos federales correspondan a los estados, al Distrito Federal o a los municipios en los términos que fijen las leyes de ingresos, la de Coordinación Fiscal y las demás disposiciones legales aplicables, se deberán comunicar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que realice la afectación presupuestal correspondiente.
Artículo 37. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la federación, de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal mayoritaria y de las que operen mediante concesión federal, de los fideicomisos y de las sociedades nacionales de crédito.
Artículo 38. El Banco de México en función del monto de divisas requerido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 39. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de pago en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 40. Las dependencias y entidades quedan obligadas a informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 41. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1985, serán los siguientes:
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Artículo 42. Para los efectos del artículo 39 de la Ley Adquisición, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho personas, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1985, será los siguientes:
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Artículo 43. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del gasto público aprobado para 1985 y hará asimismo, las aclaraciones que éste le solicite a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades correspondientes.
Artículo 44. La Secretaría de Programación y Presupuesto tomará las medidas conducentes a promover la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que no cumplan sus fines u objeto social, o cuyo funcionamiento no sea ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Asimismo propondrá la fusión de aquellas otras, cuya actividad combinada redunde en un incremento de su eficiencia y productividad.
El Ejecutivo Federal informará a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de estas atribuciones.
Artículo 45. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para
estos efectos, podrá requerir de las dependencias y entidades la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 46. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La propia secretaría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Artículo 47. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación
. TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1985.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 26 de diciembre de 1984.
Manuel Cavazos Lerma, Presidente; Irma Cué de Duarte, Secretaría; Juan Mariano Acoltzin Vidal, Genaro Borrego Estrada, Alvaro Brito Alonso, María Luisa Calzada de Campos, Oscar Cantón Zetina, Ricardo Castillo Peralta, Rolando Cordera Campos, Antonio Fabila Meléndez, Iván García Solís, Julieta Guevara Bautista, Juan José Hinojosa Hinojosa, Luz Lajous de Madrazo, Enrique León Martínez, Raúl López García, Moisés Raúl López Laines, David Lomelí Contreras, Eugenio Adrián Mayoral B., José Ignacio Monge Rangel, Esteban Núñez Perea, María Teresa Ortuño Gurza, Alejandro Posadas Espinosa, Gerardo Ramos Romo, Héctor Ramírez Cuéllar, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Soto Izquierdo, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Treviño Martínez, Antonio Vélez Torres, Astolfo Vicencio Tovar, Haydée Eréndira Villalobos R., Manuel Villa Issa."
ANEXOS
CUADRO I
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CUADRO 2
AVANCES EN LA REORDENACIÓN ECONÓMICA: 1983 - 1984
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2 - A
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CUADRO 3
GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 4
GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL
( Millones de Pesos )
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CUADRO 5
GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO FEDERAL, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 6
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO
(Millones de Pesos)
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CUADRO 7
PROGRAMAS DEL PODER JUDICIAL
Millones de Pesos)
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CUADRO 8
PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(Millones de Pesos )
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CUADRO 9
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
(Millones de Pesos)
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CUADRO 10
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
(Millones de Pesos)
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CUADRO 11
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Millones de Pesos)
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11-A
(Millones de pesos)
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CUADRO 12
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 13
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
(Millones de Pesos)
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13-A
(Millones de pesos)
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CUADRO 14
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de Pesos)
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14-A
(Millones de pesos)
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14-B
(Millones de pesos)
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14-C
(Millones de pesos)
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14-D
(Millones de pesos)
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14-E
(Millones de pesos)
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14-F
(Millones de pesos)
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14-G
(Millones de pesos)
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14-H
(Millones de pesos)
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CUADRO 15
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 16
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
(Millones de Pesos)
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16-A
(Millones de pesos)
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CUADRO 17
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 18
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE MARINA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 19
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 20
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 21
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE PESCA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 22
PROGRAMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 23
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 24
PROGRAMAS DE LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 25
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Millones de Pesos)
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25-A
(Millones de pesos)
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CUADRO 26
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
( Millones de Pesos )
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CUADRO 27
PROGRAMAS DE EROGACIONES NO SECTORIZABLES
( Millones de Pesos )
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CUADRO 28
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
( Millones de Pesos )
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28-A
(Millones de pesos)
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28-B
(Millones de pesos)
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CUADRO 29
PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
( Millones de Pesos )
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CUADRO 30
PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL
( Millones de Pesos )
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CUADRO 31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL RESUMEN POR OBJETIVO DEL GASTO ( Miles de Millones de Pesos )
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31-A
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL
( Millones de pesos )
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CUADRO 32
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL POR ENTIDADES 1/ (Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 33
PROGRAMAS DEL I. S. S. S. T. E.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 34
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(Millones de Pesos)
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CUADRO 35
PROGRAMAS DE PRODUCTORA E IMPORTADORA DE PAPEL, S. A. DE C. V.
(Millones de pesos)
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CUADRO 36
PROGRAMAS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
(Millones de Pesos)
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CUADRO 37
PROGRAMAS DE FOVIGRO
(Millones de Pesos)
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CUADRO 38
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CAFÉ
(Millones de Pesos)
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CUADRO 39
PROGRAMAS DE PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
(Millones de Pesos)
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CUADRO 40
PROGRAMAS DE AERONAVES DE MÉXICO, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 41
PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
(Millones de Pesos)
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CUADRO 42
PROGRAMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(Millones de Pesos)
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CUADRO 43
PROGRAMAS DE CHIHUAHUA AL PACIFICO, S.A. DE C.V.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 44
PROGRAMAS DE FERROCARRIL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 45
PROGRAMAS DE FERROCARRIL SONORA - BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
(Millones de pesos)
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CUADRO 46
PROGRAMA DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
(Millones de Pesos)
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CUADRO 47
PROGRAMA DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
(Millones de Pesos)
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CUADRO 48
PROGRAMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR
(Millones de Pesos)
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CUADRO 49
PROGRAMAS DE PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS E INDUSTRIAS PESQUERAS DEL NOROESTE
(Millones de Pesos)
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CUADRO 50
PROGRAMAS DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 51
PROGRAMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Pesos)
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CUADRO 52
PROGRAMAS DE LA CÍA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 53
PROGRAMAS DE CONSTRUCTORA DE CARROS DE FERROCARRIL, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 54
PROGRAMAS DE DIESEL NACIONAL, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 55
PROGRAMAS DE FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 56
PROGRAMAS DE FUNDIDORA MONTERREY, S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 57
PROGRAMAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS
(Millones de Pesos)
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CUADRO 58
PROGRAMAS DE LA SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS "LAS TRUCHAS", S.A.
(Millones de Pesos)
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CUADRO 59
PROGRAMAS DE SIDERÚRGICA NACIONAL
( Millones de Pesos )
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CUADRO 59 - A
PROGRAMAS DE AZÚCAR, S.A.
( Millones de Pesos )
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CUADRO 60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL PARA 1985 RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO 1/ ( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 61
RESÚMEN SECTORIAL ECONÓMICO
GASTO PROGRAMABLE
( Miles de Millones de Pesos )
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PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA
CUADRO 62
( Miles de Millones )
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RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO CUADRO 63 - INVERSIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL -
( Miles de Millones )
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CUADRO 64
INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 1985
( Millones de Pesos)
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CUADRO 65
INVERSIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL
( Millones de Pesos )
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CUADRO 66
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DEL GASTO PARA 1985
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 67
CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO, 1985
( Millones de Pesos )
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CUADRO 68
TRANSFERENCIA A ORGANISMOS Y EMPRESAS CONTROLADOS
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 69
RESÚMEN SECTORIAL ECONÓMICO
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL *_/ ( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 70
TABULADOR GENERAL DE SUELDOS MENSUALES DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
( Pesos )
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CUADRO 71
INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL
( miles de millones de pesos )
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CUADRO 72
INGRESOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARAESTATAL (Miles de Millones de pesos )
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AHORRO CORRIENTE DEL SECTOR PÚBLICO ( Miles de Millones de Pesos ) CUADRO 73
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AHORRO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
( Miles de Millones de Pesos ) CUADRO 74
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CUADRO 75
AHORRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
( Miles de Millones de Pesos )
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CUADRO 76
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA POR CONCEPTO (Miles de Millones de Pesos)
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CUADRO 77
DEUDA DE LOS ORGANISMOS CONTROLADOS PRESUPUESTALMENTE ( Millones de Pesos )
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77 - A
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77 - B
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( Millones de Pesos ) 77 - C
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El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. Secretaria Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Se dispensa la lectura al dictamen...es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores...
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes ciudadanos diputados: Juan José Hinojosa, del Partido Acción Nacional; Samuel Meléndez Luévanos, del Partido Socialista Unificado de México; Ignacio Vital Jáuregui, del Partido demócrata Mexicano, y Héctor Ramírez Cuéllar del Partido Popular Socialista. Y para hablar en pro, Ricardo Antonio Govela Autrey, del partido Socialista de los Trabajadores y por la Comisión, Manuel Cavazos Lerma.
El C. Juan José Hinojosa: - Con su venia, señor Presidente.
En la democracia mexicana tan llena de imperfecciones, cuya vida es todavía tan precaria, es evidente que la Cámara de Diputados es hoy un escenario para el plural. Aprendemos a discrepar sin reñir, ensayamos el ejercicio intelectual de tratar de convencer; mientras hacemos el esfuerzo para dar repuesta a las corrientes que discrepan y chocan, es evidente que interiormente vamos realizando un esfuerzo intelectual para entender al adversario aquél que con nosotros no coincide, y el solo hecho de darle este seguimiento es indudable que fortalece la posibilidad real del diálogo plural.
En fin que esto puede ser un adelanto muy precario, muy pequeño, en la dimensión de la esperanza, muy desesperanzador, pero en fin, es un adelanto. Es una forma de avanzar para realizar en plenitud el diseño del país democrático que heredamos de los padres fundadores, de Morelos en la Constitución de Apatzingán, del Constituyente de 1957 y 1917 y de 1924.
Hoy vamos a discutir el presupuesto en este marco plural, es deseable que no nos venza la fatiga, es deseable que discutir este presupuesto nos obligue por lo menos a la cortesía de permanecer sentados y escuchar un debate que importa esencialmente el pueblo mexicano, que tampoco adoptemos la actitud resignada de escuchar otro diluvio de discursos y mucho menos que nos quedemos en el esfuerzo estéril de la yuxtaposición de los monólogos que bloquea y vuelve imposible el diálogo fértil en el que el plural se soporta.
En los países democráticos, la discusión del presupuesto conmueve a la Nación, las semanas que anteceden a la discusión del presupuesto en el Congreso, todos los medios de opinión y de comunicación se polarizan en el esfuerzo crítico de aplaudir o reprochar, de aceptar o rechazar, lo que el presupuesto implica.
Los editorialistas dedican los comentarios más penetrantes y agudos las revistas realizan un esfuerzo de investigación para nutrir a los ciudadanos sobre el contenido y la proyección del presupuesto. Es ocasión de un gran debate nacional en el cual el hombre, el ciudadano destinatario del contenido del presupuesto, se vuelve protagonista en la discusión enconada sobre su contenido.
También sería deseable que en este país de balbuceos democráticos, el presupuesto desde se llegada a la Cámara provocara el debate nacional, porque detrás de los números, de los cuadros, de las estadísticas está el protagonista esencial del Presupuesto, que es el ciudadano mexicano, el ciudadano mexicano, el ciudadano que sabe que através del presupuesto se ha de encarnar en su peregrinar cotidiano la felicidad o la desgracia de su acontecer durante el año siguiente.
Afectará su ingreso como persona física o como mediano o pequeño o grande empresario. Cada capítulo el presupuesto fatalmente afectara nuestra vida durante todo el año de 1985. En este marco tal vez los diputados constituyentes dieron testimonio de profética sabiduría al reservar como privilegio exclusivo de la Cámara de Diputados el estudio, la aprobación y el rechazo del presupuesto, por que al fin de cuentas es en la Cámara de Diputados donde se integra con más claridad y perfil el oficio político.
En este marco de ideas pudiera pensarse en que cuando se hable de presupuesto se rompan las densas sombras del dogma y de la unicidad. No es posible pensar que hay una sola forma de hacer las cosas. México no puede ser huerto cerrado al diálogo, al desafía a la discrepancia, al examen inteligente de este documento que los ciudadanos mexicanos protagonizamos y que se llama el Presupuesto pudiéramos, en este debate, abrir un instante las ventanas para que entre el aire refrescante, acariciante, oxigenante, que nos permita examinar en el presupuesto su proyección, su contenido, su orientación. Partir de abrir la mente en el plural para entender que las cosas se pueden hacer de múltiples maneras que la vida es todo caminos y todo horizontes y que en la búsqueda del rumbo dentro de los horizontes y de los caminos, podemos encontrar los datos que iluminen la voluntad política y la inteligencia para discutir racionalmente el contenido del presupuesto.
Es evidente que vamos a discrepar pero no deseamos la discrepancia irracional sino la discrepancia que, buscando el punto de partida
arranque el debate y la discusión. No es posible pensar que el presupuesto es la descripción de un paraíso cuyo artífice y arquitecto es el Ejecutivo Federal; el presupuesto no puede describir paraísos porque la vida es reto y no edén.
Dentro del presupuesto no podemos aislarlo ni del ingreso, ni de la historia, aquí y ahora en este presupuesto aletea la idea de una herencia confusa y no identificada, pero al insertarlo en la historia tenemos que aceptar que el Presupuesto para 1985, con su densa carga de problemas y de angustias, implica la corresponsabilidad en la historia que hoy desemboca en un presupuesto angustiante de aquellos que actuaron como poder sobre la historia.
Tampoco el maniqueísmo pueblerino y aldeano con música de fondo de la banda de Huipanguillo, del kiosco de la plaza o de las campanas de la parroquia, para venir en soberbia a decir que nosotros los haríamos mejor.
Vamos a buscar, en búsqueda de honestidad intelectual, platear el debate en plural, porque al fin de cuentas contra lo que aletea en la exposición de motivos, este presupuesto no es, no puede ser un caminar alegre hacia un rescate. Es al fin de cuentas, y lo tenemos que aceptar en honradez, un egreso doloroso y cansado a puntos de partida que jamás debieron abandonarse.
No hay lugar para el elogio triunfalista de que una nueva generación que hoy viene a rescatarnos, sólo hay lugar para la aceptación honrada de la corresponsabilidad en el desastre, y no para arrojarnos sobre el rostro el cielo del insulto, sino para que caigamos en el clima de la rectificación inteligente y honrada que evite a este país este tránsito desesperanzado, gramático y doloroso de un péndulo de reloj que oscila de una crisis a otra y que en medio queda el profetismo de la renovación sexenal que rescata para los mexicanos los edenes perdidos y endosa a quienes se fueron las culpas para aparecer como profetas redentores y promotores de un mundo apenas descubierto.
En este marco vamos hablar del Presupuesto para 1985, vamos a hacer en edición muy globalizadora, como dicen los economistas, un repaso de las cifras esenciales. El presupuesto total es de 18.4 billones de pesos, aun en pesos tan devaluados, es evidente que es un presupuesto billonario, tal vez a pesos constantes el más alto en la historia de este país.
Podemos decir que de estos 18.4 al Gobierno Federal le corresponde 5.6, a las paraestatales 4.3, que hay transferencias y pudiéramos entrar en una polémica de identificación de números en que las transferencias pueden ser de 1.4, de 2.4 o de 3.4 según examinemos las empresas sujetas a presupuesto; las empresas no sujetas a presupuesto, que la deuda es de 6.8 billones de pesos, el gasto programable - y mis felicitaciones a la Comisión por la transparente y pedagógica definición del gasto programable - que al fin de cuentas según los lleva de la mano del dictamen, se integra por el gasto total de 18.4 billones; se le restan los 6.8 de la deuda se le resta 1,200,000,000.00 de participaciones de estados y municipios para identificar un gasto programable de 10.2 billones.
En un brevísimo paréntesis yo quiero apuntar en objetividad y en justicia, la trasparencia del dictamen.
Debemos decir que el presupuesto señala que los ingresos reales, los ingresos propios del Gobierno Federal y de las paraestatales fue 7.7 billones para el Gobierno Federal y 5.9 billones para las paraestales que nos dan un ingreso real, propio procedente de impuestos y de servicios, precios y tarifas, de 13.4 billones de pesos.
El gasto corriente del Gobierno Federal es de 4 billones, de la paraestatales de 4.1, que nos dan un total de 8.1.
Las transferencias buscando la discrepancia de los números, el justo medio, 2.4 y la deuda 6.8 y aquí surge la primera consideración, consideración que es dramática y desoladora. El gasto corriente y la deuda agotan el total de los ingresos, el pequeño espacio para la inversión multiplicadora, camino de salida y salvación, tendrá que hacerse con endeudamiento y es terrible acceder al conocimiento de que la deuda y el gasto corriente desbordan con mucho los ingresos normales del Gobierno Federal y de las paraestatales, y se describe detrás de la objetividad de las cifras, se describe el dramático perfil del bache económico en que caímos, y puesto que somos diputados y puesto que somos políticos tenemos que, y puesto que somos de oposición, tenemos que afirmar que no dice mucho en favor del oficio de la gobernación de quienes han llevado a México a este sombrío y dramático desenlace.
Es terrible la trampa económica en que México ha caído, en que sólo el gasto corriente y la deuda agoten con exceso los ingresos normales, porque al fin de cuentas, la macroeconomía, el presupuesto que estamos discutiendo, no es otra cosa sino la proyección de nuestra economía personal. Y cuando nuestro gasto corriente y nuestro endeudamiento exceden de nuestro ingreso normal, traducido en el sueldo que percibimos, es evidente que estamos en quiebra y la quiebra personal, porque el ingreso apenas si alcanza para pagar lo que se debe y el gasto de todos los días, lleva fatalmente a la desesperanza , a la sombra y a la frustración.
No se puede hablar en serio de auroras que se perciben en el horizonte. EL Presupuesto de Egresos para 1985 describe y perfila por sí objetivamente, el drama económico de los mexicanos. Y todavía el dictamen añade un dato desalentador: hay una importante proporción del gasto público que ya esta comprometido para 1985.
Tenemos que discrepar, pero no en la discrepancia rencorosa, irracional, ni siquiera en la discrepancia de cuestionar el oficio de la
gobernación, por quienes manejan el Gobierno, sino la discrepancia objetiva de una situación económica, de una crisis que el primer año fue definida como apocalíptica y que ya el segundo año los adjetivos se atemperen frente a las luces que empiezan a brillar en el horizonte y que han sido encendidos por los hombres que llegaron al poder hace apenas dos años.
Los minúsculos espacios para la inversión no dejan alternativa a la esperanza. Trabajaremos, pagaremos impuestos, la porción de nuestro esfuerzo cotidiano en aportación al Gobierno apenas para pagar la deuda y el gasto corriente. Y aquí otra vez la pregunta, ¿tal vez las cosas se pueden hacer de otra manera?
Voy a recurrir, y perdónenme el recurso, que tal vez esté contaminado por la nostalgia de un cuarto viaje a la diputación, de que tal vez en la vida sea esta la última ocasión en que suba a la tribuna para cuestionar un presupuesto. Doce veces he venido a la tribuna, en mis cuatro viajes que, según dicen mis amigos son ya un atentado al pudor político para cuestionar prepuestos.
Yo recuerdo que en 1949 se cuestionaban los Ferrocarriles Nacionales de México se hablaba entonces de que el ingreso propio de los ferrocarriles en 1949, apenas representaban el 30% de su ingresos propios, y a tantos años de distancias ¿para qué hacer las cuentas si de paso perfilamos los años acumulados?
De 1949 a 1984, otra vez como en 1949, es latigazo de reproche y de remordimiento en el oficio de la gobernación, los ingresos propios de los Ferrocarriles Nacionales de México apenas representan el 33% de su gasto total. Y como lo cuestionamos en 1949, lo volvemos a cuestionar hoy. Y deben surgir preguntas en el clima del plural. ¿Qué no habrá otra manera de hacer las cosas? No ha crecido desde entonces un kilometro la red ferroviaria. Su situación de desastre es la misma. Y en contraste, por señalar traer a presencia un estado, un gobierno, una nación altamente industrializada, Japón Los ferrocarriles japoneses recorren en promedio, transportando carga, 80 kilómetros por hora; los Ferrocarriles Nacionales de México transportan carga a velocidad promedio de 15 a 20 kilómetros por hora. ¿Qué, en vez de dibujar edenes y paraísos, de discutir ideologías, no sería una buena forma de hacer las cosas, tendría la audacia, la inteligencia, la imaginación para obrar en la productividad de los ferrocarriles en vez de cobijarnos en el pretexto de la tarifa baja? ¿No tendría más sentido asomarse con voluntad y decisión administrativa a rehabilitar la eficiencia del ferrocarril?
¿No sería, pregunto, y pregunto de buena fe, no sería mejor forma de proyectar un presupuesto?
Vamos a hablar del campo. El mas polémico de todos los temas. El campo que hace apenas 40 años cobijaba al 52% de la población mexicana el campo que hoy cobija apenas el 35% y la diferencia porcentual, el aleteo del campesino que huye de la miseria en el campo hasta caer en la trampa, en el espejismo de la ciudad que lo atrapa en la ciudad perdida, o el extranjero que lo atrapa en el atropello a su dignidad de hombre. Y seguimos discutiendo y discutimos enconadamente ideologías, proyectos, planes, y seguimos afirmando en los presupuestos que canalizamos recursos importantes hacia el campo; y mientras discutimos ideológicamente, mientras nos disparamos y enzarzamos en la discusión del artificio de la geometría política, no hemos resuelto el problema del campo, hemos rehuido el planteamiento inteligente, luminoso, real, objetivo de la pulverización de la tierra, de los cachos de tierra desértica de temporal; y mientras gritamos apasionados al estímulo de la pasión ideológica, ni un paso atrás.
El campesino de 1949 padece en carne propia los mismos dolores, las mismas miserias, las mismas frustraciones 1949. ¿Qué no hay otra forma? ¿Qué no es posible tener imaginación y audacia para integrar en el plural más allá de los dogmas que envenenan, paralizan la imaginación el planteamiento lúcido, generoso, inteligente de un problema que afecta a millones de mexicanos?
Hoy otra vez se repite que se canalizarán enormes recursos al campo; así se afirmaba en 1949, así afirmaba en todos los presupuestos en cuya discusión yo he intervenido. El problema no está resuelto, debe haber otra forma ¿porque otra obsesión dogmática en pensar que sólo hay un camino que se define en esa frase ampulosa y suelta, el camino de la Revolución mexicana, y eludimos y escamoteamos el latigazo de reproche que nos dan las estadísticas en la objetividad de sus números. Otro ejemplo, yo recuerdo que en mil novecientos sesenta y pico, yo apuntaba y cuestionaba que era excesivo un subsidio de mil millones de pesos a Conasupo, entonces eran 80 millones de dólares, en 1985, se asignan mil millones de dólares, 230 mil millones de pesos a Conasupo; y yo me pregunto, como diputado, como político, como espectador interesado en el acontecer de la vida nacional cuando se daban 80 millones de dólares a Conasupo y ahora que se dan mil millones ¿somos más felices los mexicanos, ahora que el Gobierno gasta mil millones de dólares que cuando gastaba 80? ¿No hay más miseria y más angustia, más artificio de precios, más pirotecnia, hoy que se asignan 230 mil millones de pesos a Conasupo, que cuando se asignaban ochenta?; y la pregunta es, ¿ha servido de algo el subsidio?, ¿ha traído alegría al vivir del mexicano?, ¿ha abierto caminos de esperanza y estrellas de sueño a los mexicanos el hecho de que el Gobierno canalice cantidades tan dramáticas a Conasupo? Vale la pena preguntarlo y preguntarlo en buena fe, más allá de los cuestionamientos dogmáticos ¿en qué medida se ha obsesionado el esfuerzo en un recurso de subsidio que
en realidad no ha sido eficaz para resolver el problema de la inflación que acosa y que asfixia la economía personal del mexicano.
En 1949, tal vez en 1960, con más insistencia, se hablaba del déficit de la Comisión Federal de Electricidad y se hablaba de la necesidad de rehabilitar tarifas y hoy este presupuesto nos describe un cuadro desolador de la Comisión Federal de Electricidad, y el adjetivo no lleva la intención de subrayar reproche, sino de provocar la imaginación para hacer las cosas de otra manera.
En 1985, La Comisión Federal de Electricidad tendrá 595 mil millones de ingresos propios, 551 mil de transferencia y 282 mil de financiamiento. Y debemos suponer que ya están incorporados a estos números presupuestales los aumentos de precios previstos para 1985, y en el balance desolador sólo el 43% del gasto total, del presupuesto total de la Comisión Federal de Electricidad, será de ingresos propios; el 38% se soportará en transferencias y sobre una empresa que tiene ya una carga asfixiante de intereses se le añadirán en este año una deuda adicional de 282 mil millones. Al fin de cuentas se quiere casi triplicar las tarifas de hoy para que la Comisión Federal de Electricidad actué en punto de equilibrio.
Ya sé que se me puede decir que tal vez se tenga en el decir que el subsidio, su filosofía y su estrategia es en beneficio de las mayorías pero en un presupuesto tan asfixiante no habrá otra manera de hacer las cosas cuando no haya dinero más que para pagar el servicio de la deuda y el gasto corriente. No habrá manera de hacer que la Comisión Federal de Electricidad trabaje a su máxima eficiencia y productividad. Qué sólo hay un camino del precio para rehabilitar los negocios que maneja el Gobierno? ¿No debiera correr paralelo al esfuerzo de rehabilitar el precio con el esfuerzo de rehabilitar el precio con el esfuerzo de rehabilitar la productividad?
Yo no digo que sea la solución digo simplemente que debe haber otros caminos distintos a los trillados, que durante los últimos 40 años han sido el acento y el denominador común de todos los presupuestos que se han discutido en la Cámara de Diputados.
Del lado del ingreso, y no podemos, no podemos en la discusión del egreso ignorar el ingreso, el único camino insistente, implacable, obsesivo, es subir impuestos; la reforma fiscal oblicua más grande y mas implacable en la historia de México se ha dado en los últimos dos años, puede ser cierto que los impuestos han sido razonablemente incrementados, pero para todo fin práctico el incremento en las tarifas de servicios y precios son, al fin de cuentas como lo afirma la sabiduría popular, pulgas que se ponen en la piel del mismo perro, y esta requisa feroz e implacable del ingreso del mexicano es el único camino para salir de la crisis; que si en un momento dado hubiera audacia e imaginación como en otros países de democracia madura, occidental, la liberación del poder de compra contribuye al estímulo de la economía.
¿Qué el único camino es que el Estado reciba más y más dinero del 12% de la población económicamente activa que paga impuestos? ¿Qué no sería bueno que esta coyuntura reflexionar, abandonar el dogma que somete, que paraliza la imaginación y la inteligencia, para encontrar caminos alternos, alternativas mixtas para que la requisa sobre el ingreso del mexicano no lo lleve al Gobierno y al ciudadano a la trampa terrible de un presupuesto cada vez más asfixiante?
Y al final, podríamos seguir indefinidamente, debemos ser fieles a la sabiduría del reglamento que nos limita a 30 minutos al final, el principio; sólo en el plural podremos dirimir en generosidad, en lucidez, en lucidez, y sobre todo en amor a México, y no como frase poética, sino amor que es pasión de entrega cotidiana para la solidaridad y para el rescate. ¿Qué no podremos dinamitar los dogmas paralizantes? ¿Qué no podremos acabar con esta soberbia que destruye y aniquila de "sólo yo, titular del poder, lo sé y lo puedo hacer"? ¿Qué no seria ocasión este presupuesto con su carga densa de problemas para que el partido del poder, y si lo quieren para evitar problemas de semántica, el partido en el poder, reflexione un instante si no es ocasión que rectificar en serio, no en el alarde estrictamente semántico, pasional literario o revolucionario, sino en el examen honrado de conciencia que lleva al Gobierno a la rectificación humilde, inteligente de los caminos que en este presupuesto evidencian el fracaso?
He de terminar con una bellísima frase que se atribuye a Bernard Shaw: "Hay hombres que ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo sueño con que nunca han sido y me pregunto, ¿por qué no?" Y ojalá que este "por qué no", que es incendio de iniciativa y de imaginación, de respeto y reconocimiento a los valores espirituales que encarnan en el hombre, de reconocimiento humilde de que el hombre independientemente de su militancia partidaria, es el ciudadano de la ciudad terrena y en los perfiles de la arqueología, el peregrino hacia la ciudad de Dios, entender que este hombre de carne y hueso, de voluntad generosa y de espíritu iluminado puede preguntarse: ¿y por qué no?, ¿por qué no hemos de ensayar otros caminos? ¿Por qué no de ensayar otros caminos que frente a este prodigio que se avecina, la agonía de un milenio y el nacimiento de otro nos encuentre a los mexicanos discutiendo en esta Cámara presupuestos nutridos en el respecto al hombre, en su imaginación, en su libertad, en su capacidad de promoción, en su inteligencia de cambio.
Que queden, pues, estas reflexiones, subrayadas en la mejor buena fe, nutridas en el más honrado espíritu de sacudir inteligencias y voluntades para edificar un México distinto, donde la justicia, la paz, el bien dejen de ser alardes oratorios para convertirse en misterio
de encarnación en el ciudadano; un México donde el plural no sea tampoco alarde oratorio, barniz democrático, traje versallesco para grandes ceremonias sino decisión de entender que todos lo mexicanos, de buena fe somos todos, podemos sumar y construir el México de los sueños, integrado en la pregunta desafiante del Bernard Shaw: ¿por qué no? (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Meléndez Luévano.
El C. Samuel Meléndez Luévano: - Señor Presidente; compañeros y compañeras diputados: Hemos arribado a la postreras jornadas del último periodo ordinario de sesiones de la LII Legislatura del Congreso General. Hoy nos ocupamos de discutir el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1985, el cual - qué duda cabe - será convertido en ley por la mayoría priísta, pues en esta representación - despojada de independencia y poder frente al Ejecutivo - las cosas ocurren con la misma fatalidad que en la Crónica de una muerte Anunciada.
Transcurre ya el tercer año de la gestión del presente régimen. Hasta aquí el Gobierno ha cumplido con creces lo prometido a los trabajadores al anunciar el llamado Programa Inmediato de Reordenación Económica. Prometió austeridad y lo cumplió hasta imponer una severa regresión en el bienestar de los trabajadores y las capas medias unida a una profunda recesión productiva; ha fracasado. Sin embargo en el propósito de abatir la inflación, realizar los inaplazables cambios estructurales de la economía y en hacer equitativos los costos de la recuperación la cual se presenta modesta y de perspectivas inciertas.
Muy otro es el tratamiento al gran negocio. Los ex banqueros recibieron de modo expedito una cuantiosa indemnización. Se les ha ofrecido el 34% de las acciones de la banca nacional y se les reintegran las acciones de las empresas vinculadas a las instituciones nacionales de crédito. Ademas se les provee de un circuito financiero potencialmente paralelo a la banca nacionalizada. Todo ello para restablecer la confianza de los capitalistas en la política oficial e impulsarlos a convertirse en el pivote de la recuperación. Porque este gobierno tiene la convicción de que el incremento del gasto público es desestabilizador de la economía nacional; pero como lo estamos presenciando, la confianza de los capitalistas en el Gobierno no llega, cuando menos no plenamente, por lo que no se manifiestan dispuestos a realizar las inversiones productivas que la economía reclama y por lo tanto, continúan apostando a la especulación y a la remisión de divisas al extranjero. Magros son, pues, en este terreno, los frutos de la política procapitalista del Gobierno. Tal vez si acaso se atenúe un poco el antipriísmo de los oligarcas y dejen de apostarle todo a la carta panista.
El rumbo general de la política del Gobierno y en particular las concesiones al capital, ponen de relieve el enorme peso social y político de los capitalistas. Y en contrapartida, el debilitamiento, no digamos de la capacidad de lucha, sino de mediación y negociación del sindicalismo tanto oficial como independiente, el cual en este sexenio ha sido impotente para frenar la orientación antiobrera y antipopular de la política económica del régimen.
El repliegue y la virtual postración de la clase obrera y en general del movimiento de masas, no tienen parangón con ninguna otra época del México post - revolucionario. Para la cúpula del sindicalismo oficial, capitular sin lucha puede significar su eliminación como fuerza dirigente y factor político. Tal vez ese sea el designio del Gobierno.
Estas reflexiones surgen de lo acaecido al ser aprobadas recientemente la ley Nuclear, cuyo sentido político principal ha sido el de abatir a un sindicato integrante del Congreso del Trabajo. Precisamente aquel sindicato que se movilizó desde el primer momento contra la austeridad antiobrera, y que buscó aglutinar diversas expresiones de sindicalismo y del movimiento popular para demandar la modificación de la política salarial del Gobierno.
El golpe al SUTIN es un golpe a toda la clase obrera mexicana, al sindicalismo en su conjunto, tanto al independiente como al oficial. A este último se la advertido claramente que debe guardar orden, disciplina y silencio al grado de que ni siquiera debe pedir sino esperar y aceptar lo que el Gobierno disponga, tal como acaba de ocurrir recientemente con los míseros incrementos a los salarios mínimos.
De lo que se trata es de liquidar el menor broche la resistencia obrera a la aplicación de la política económica del Gobierno; de esta manera los sabios del gabinete económico podrán operar a manos libres indicadores, dígitos, parámetros, variables, estrategias, transferencias, planes y programas etcétera, desde luego, todo ello a corto, mediano y largo plazos, sin el estorbo de las demagógicas demandas del pueblo y los trabajadores, y así sacar adelante la recuperación capitalista que propugnan.
Ese gigante social que es ya la clase obrera mexicana, ha sido ahora puesta de rodillas; ya veremos qué ocurrirá cuando se ponga en pie y camine nuevamente en pos de sus reivindicaciones de clase y por los intereses de la Nación.
La tecnoburocracia gobernante seguirá dictando su voluntad a los mexicanos; para éstos la cota de su paciencia aún no se sobrepasa; llegará el momento de recuperar la palabra y hacer valer sus derechos frente al Gobierno y los capitalistas.
Veremos entonces si el conservador sistema priísta en capaz de ajustarse a los reclamos populares o lanza a la Nación por el sendero de la descomposición social y el autoritarismo abierto.
Si en el terreno de lo social el Gobierno continúa adelante con su programa de ajuste económico, a la medida de los nuevos requerimientos del desarrollo del capitalismo, programa, como se sabe, convenido con el Fondo Monetario Internacional; en el terreno político se ha retractado de los compromisos anunciados al inicio del sexenio. Nada de cambios progresistas a la legislación electoral ni a la actual composición monopartidista del Senado. Tampoco hay disposición de establecer formas de Gobierno elegido por los ciudadanos para el Distrito Federal, mucho menos a respetar la voluntad popular vertida en las urnas. En esto, la "modernizadora" burocracia gobernante muestra su parentesco con el alazán tostado, y reproduce métodos, usos y abusos del priísmo de siempre.
En este marco político es como las finanzas públicas durante estos años de crisis, lejos de ser el principal factor que permitiera a la población por lo menos mantener sus niveles de bienestar, son un elemento que promueve activamente la agudización de la ya de por sí grave desigualdad de la sociedad mexicana.
En el empobrecimiento de la mayoría de la población, ha tenido una responsabilidad fundamental el comportamiento del gasto y los ingresos públicos. Pero además, este ha contribuido en forma decisiva al retraso que en mayor medida tiene hoy la planta productiva en relación a las necesidades que requieren atención, lo mismo que en relación al deterioro que ha sufrido la infraestructura y en general las instalaciones creadas por generaciones enteras.
Las finanzas públicas, pues no sólo han propiciado en forma directa la caída de los niveles de vida, sino que en buena medida han comprendido el futuro de nuestra sociedad, al debilitar y, en algunos casos, al hacer retroceder la base material que en los próximos años tienen que generar los bienes que las futuras generaciones requerían. Los dos primeros años de política de gasto recesivo han mostrado suficientemente que los intereses mediatos e inmediatos de la mayoría de la población, no son el criterio rector de la política económica de este gobierno.
Pese a que se prometió proteger los niveles de vida y empleo, pese a que se aseguro que se apoyaría el desarrollo social, la infraestructura básica y la calidad de la vida, el gasto público de hecho propició la situación que mas atrás hemos descrito, al no poner en practica programas que atacaran directamente las manifestaciones del deterioro social en el que hoy se encuentra la mayor parte de nuestra población.
En particular, se prometió que la política de gastos tendría como criterio fundamental la equidad. Equidad en el ajuste de las finanzas públicas, que significa reorientar prioridades de inversión para atender obras con mayor impacto en el empleo y equidad en la contención del gasto corriente.
También se pregonó equidad en el pago de los impuestos y en los precios y tarifas, y en los bienes y servicios públicos, pero lejos de eso, la política de fianzas es hoy más inequitativa que nunca, tanto por sus efectos directos como por las repercusiones que tiene junto con las otras medidas de política económica a la que se encuentra asociada. A la política de gasto - ingreso se le ha hecho jugar el papel más activo en el ajuste de la economía mexicana. El programa propuso y llevó a la práctica, según la concepción gubernamental, el saneamiento de las finanzas públicas como el más importante elemento de combate a la inflación, problema que se identificó como el principal en el corto plazo. Dicho saneamiento fue buscando a lo estrictamente indispensable el gasto e incrementado simultáneamente los ingresos, con lo cual se pretendía, junto con otras medidas adecuar el comportamiento de la demanda para ajustarla a la oferta, puesto que en la concepción oficial la desmedida expansión de aquélla fue la causa principal de la inflación y el desequilibrio externo.
Con el mismo objetivo de regular la demanda e incrementar los ingresos públicos, se busco racionalizar el consumo interno, incrementando precios y tarifas, pero como sucedió con la reducción del gasto, los verdaderos efectos llegaron mas allá que la mera reducción de déficit financiero público, pues lo indiscriminado de los ajustes, provocó que los costos recayeran en los grupos mayoritarios.
Al poner la política de gasto al servicio del programa de ajuste y como su parte más importante en lugar de ponerla al servicio de los intereses de la población, que provocó que en 1983 experimentara la caída real del gasto programable más aguda de que se tenga memoria en la historia reciente de nuestro país. El gasto programable del Gobierno Federal y de los organismos y empresas, se redujo 18.2% en términos reales ese año, lo que sumado a la caída de 1982, dio lugar a una disminución agregada de 28% en esos dos años.
Esto tendrá como consecuencia que aun con el crecimiento real positivo de 1984 y 1985, el gasto programable total de sector público terminará en este último año a niveles inferiores a los de 1980.
Dada la importancia que el gasto tiene en la economía, esta caída, junto con la de presión con los salarios reales, fue el principal elemento que condujo a la economía, primero al estancamiento de 1982 y luego a la disminución de 5.3% en el Producto Interno Bruto en 1983. Tal comportamiento del gasto programable afectó principalmente los pagos de sueldos y salarios de los trabajadores del Sector Público. Las compras de éste al sector Privado, y la realización de las obras públicas, principalmente durante 1983, aunque todavía en 1984 se observó un crecimiento real negativo en algunos rubros; y aun para 1985, la inversión física de los organismos y empresas
no tendrá un comportamiento real positivo.
Lo anterior es corroborado por los resultados de las cuentas nacionales, que destacan que en 1983 la formación bruta de capital fijo del Sector Público, se redujo 32.5% en pesos de 1970, frente a una caída de 24.2% del sector Privado. Las construcciones públicas disminuyeron 28% mientras que las del resto de la sociedad. 10%. En las adquisiciones de maquinaria y equipo del Gobierno, experimentaron una contracción de 44% y el resto de las mismas compras se redujeron 37%. Todo esto muestra que el comportamiento del gasto, junto con los efectos recesivos de otras medidas de política económica, tuvo crucial y negativo papel durante 1983, lo que se atenúo en el transcurso de 1984, aunque de una manera desigual.
Uno de los sectores que más se vio afectado por tal comportamiento y que a su vez ocasionó despidos masivos de trabajadores fue la industria de la construcción, por el hecho de que al menos el 80% de su demanda depende del Sector Público, principalmente del paraestatal.
Las obras de Pemex, por ejemplo, significan el 18% de la demanda de toda la construcción. Las ferroviarias y carreteras el 12%; las de riego y servicios públicos el 15% de la construcción total y las de la electricidad y comunicación el 10% de la demanda total del sector. De ahí que las restricciones en las obras públicas, aunadas a la pasividad en el otorgamiento de créditos para la vivienda durante 1983, haya sido el factor principal en el despido de poco más de 20% de los trabajadores de la construcción, lo que significó casi 400 mil puestos de trabajo menos en 1983.
Esto muestra además que la política de gasto, lejos de proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, provocó desempleo y reducción directa del ingreso real, además de la reducción causada por la política salarial.
Pero la contracción real del gasto tendrá consecuencias para el futuro y no sólo en lo inmediato, pues los efectos recesivos se agrega el hecho de que se están comprometiendo y estrechando las posibilidades de crecimiento futuro en algunas áreas, o al menos se ha propuesto la realización de acciones que ya en el presente eran necesarias.
Por ejemplo, en lo que se refiere a la infraestructura entre 1983 y 1984, se ha acumulado un rezago que si bien por ahora no ha tenido aparentemente mayores consecuencias, puede ser muy grave en el futuro mediato. En cuanto a obras agrícolas y de transporte, por ejemplo, la situación es la siguiente: exceptuando el caso de la incorporación de hectáreas de temporal al cultivo, lo cual se debió principalmente al régimen de lluvia. Durante 1983, las obras realizadas fueron inferiores a las previstas y según se explica en la fuente, eso se debió al igual que en muchos casos a las restricciones presupuestales que afectaron los programas normales.
Las obras de infraestructura agrícola para 1984, en muchos casos, son menos que las de 1982, año en el que ya se resistieron los efectos de la crisis. En cuanto a la infraestructura para el transporte carretero, la situación similar. En este caso, como el de la infraestructura ferroviaria, el deterioro alcanza ya niveles graves. La construcción de nuevas carreteras durante el presente año se encuentra prácticamente detenida, lo mismo que la construcción y la modernización.
En los ferrocarriles la construcción de puentes, medida en metros, durante 1983, fue 23% inferior a la de 1981, y las obras realizadas en terracería y drenaje de vías fueron menos de la mitad. Tal situación no cambió en lo esencial para 1984. Una situación similar se presenta en la infraestructura para la educación: durante el presente año se han dejado de construir casi 200 aulas y mil 630 anexos escolares menos que en 1982. Los efectos de la política de gastos del actual Gobierno han sido particularmente graves para la mayoría del Sector Público, los que en estos dos años han acumulado una pérdida de su poder adquisitivo que supera el 30% pero además de tales consecuencias el objetivo de reducir el gasto como proporción del producto al tiempo que se elevan los ingresos, ha llevado al Gobierno Federal a la adopción de medidas indiscriminadas que están lesionando los niveles de consumo de la mayoría de la población, lo cual sucede en especial con los retiros paulatinos de los subsidios a algunos productos básicos como la tortilla de maíz, el pan, el frijol el arroz y otros.
Con el argumento de que no existe transparencia en la aplicación de algunos subsidios, lo que es cierto en no pocos casos, se han adoptado medidas que los hechos empeoran las condiciones de alimentación de la población.
Durante 1984 se ha duplicado el precio de la tortilla de maíz alimento que continúa siendo parte fundamental de la dieta de millones de mexicanos. Para 1985 se anuncian medidas similares para el arroz y el frijol y se programa excluir al azúcar de la canasta básica. Todas estas medidas se ponen en prácticas mientras el gasto mantiene en los hechos el servicio de la deuda como su prioridad central.
Durante 1983 y 1984, el servicio de la deuda ha alcanzado la participación más alta dentro del total de los egresos públicos, pues ha representado el 40 y 41% respectivamente. Para 1985, aunque la proporción disminuirá ligeramente el servicio de la deuda continuará ocupando una parte sumamente elevada del gasto público, con lo cual de hecho se mantiene la principal restricción que lo agobia. El peso del Servicio de la deuda sigue mostrando que se quiere otra solución al problema del endeudamiento y que las renegociaciones no han constituido una alternativa
que ofrezca mejores perspectivas para nuestro desarrollo.
Para 1985, el servicio de la deuda externa requerirá por lo menos tres billones de pesos, en su mayoría por intereses. Sólo los organismos paraestatales controlados presupuestalmente, tendrán que pagar casi un billón y medio de pesos por servicios en 1985, monto que podría ser mayor por la política de deslizamiento del tipo de cambio y por alzas eventuales en las tasas de interés externas. A contingencias, ya no previsibles de este tipo, y estando atado al gasto como demostró la experiencia de 1984, pues de hecho, todas las reservas que se previeron para la recuperación económica fue absorbida por el incremento de las tasas externas de interés contra lo que el propio decreto aprobatorio del presupuesto establecía. El propio proyecto presupuestal para 1985 reconoce que la urgencia de la deuda en 1984 también implicó dejar de atender rubros del gasto programable y significó un detrimento en la prestación de servicios públicos y en la producción de bienes estratégicos incluso se propone ahora la aprobación de una reserva especial 200 mil millones de pesos para atender alzas en las tasas de interés externas lo cual hará más rígida la estructura del gasto aunque resulte más manejable cualquier contingencia financiera.
Durante 1983 y 1984, el servicio de la deuda fue el rubro que más atención recibió para los ajustes durante el año, en 1983 el gasto realizado fue casi 12% mayor al aprobado, lo cual significo una erogación de 837 mil millones de pesos mayor a lo aprobado; pero de este gasto adicional el servicio de la deuda ocupó casi el 80%, pues dicho servicio fue mayor en 22% a lo previsto.
Para 1984 la situación fue peor, pues el servicio de la deuda fue de 26% superior a lo previsto, absorbiendo más de un billón de pesos adicionales. En los dos años, la proporción del servicio en el gasto total ha resultado mayor a lo previsto.
En 1985, ante el crecimiento del servicio de la deuda será inferior al del gasto total, los recursos adicionales que requerirá representarán más de una tercera parte del incremento presupuestal, lo cual de nuevo muestra las restricciones que la deuda sigue imponiendo al gasto.
Los compromisos financieros de hecho limitan el crecimiento del gasto programable y de otros rubros para poder mantener y lograr la meta de déficit público medido como proporción del producto, objetivo que sigue construyendo el principal punto de referencia de las finanzas públicas y a partir del cual se habla de saneamiento de las fianzas.
Ha quedado claro que no hay un saneamiento de las finanzas públicas, la reducción del déficit no significa que éstas hayan mejorado sólo confirma que se han contraído los gastos al tiempo que se han elevado los ingresos; un raquitismo en los egresos no es de ninguna manera el saneamiento que la sociedad requiere. El gasto programable será, en 1985, ocho puntos del PIB menos que en 1981 y los ingresos serán poco más de cinco puntos superiores; tal modificación ha llevado, de hecho, a un superávit financiero antes del pago de intereses y muestra elocuentemente que la mayor parte de la sociedad se ha sacrificado para liberar los excedentes destinados al servicio de la deuda, a cambio de una reducción de sus niveles de vida.
Por lo demás, la reducción del déficit, poco o nada ha tenido que ver con los resultados del ajuste, pues no ha juzgado el papel antiinflacionario que se le atribuye ni ha inducido la racionalización en el consumo ni ha jugado un papel fundamental en la adecuación de la demanda, objetivos que con su reducción se buscaban.
Hoy está más claro que el actual Gobierno ha sometido las finanzas y la economía en general a un objetivo que no ha mostrado su justificación social y ni siquiera su fundamentación técnica. Lo que sí ha mostrado, es que la política de gastos e ingresos públicos se siga alejando de los criterios sociales que deberían guiarla para someterse a objetivos financieros de corto plazo.
Señor Presidente, el día de ayer fue distribuido a todos los diputados un documento prestado por el grupo parlamentario del Partido Socialista unificado de México que contiene nuestra posición ante los principales resultados de la política presupuestal del actual Gobierno, nuestras consideraciones generales sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985. Contiene también algunas de nuestras ideas alternativas para la política de gasto y propuestas sobre la asignación del presupuesto para algunos de los programas más importantes, relacionados con el bienestar de la mayoría de la población.
En vista de que el documento llegó ya a todos los diputados, solicito a usted atentamente dé sus instrucciones para que sea inscrito en el Diario de los Debates.
En diversas ocasiones, hemos sostenido que la discusión que sobre el presupuesto se realiza en esta Cámara es insuficiente, ya sea por imposibilidades técnicas dada la complejidad de los problemas de los proyectos que envía el Ejecutivo o también por la insuficiente voluntad de la mayoría que no profundiza en el análisis.
Hemos afirmado que sería muy saludable, no sólo para el propio trabajo parlementario, sino para la Nación en general, que el debate sobre el tema que hoy nos ocupa se enriqueciera con elaboraciones propias de esta Cámara, que recogieran la inquietudes los sectores que se ven más afectados o en su caso beneficiados por el Gasto Público Federal.
Hemos sugerido la creación de grupos especiales de trabajo dedicados a esta tarea pero mientras tanto nuestro grupo parlamentario,
por segundo año consecutivo, ha realizado un esfuerzo de elaboración que aun con las limitaciones de carácter técnico, que nosotros somos los primeros en reconocer, significa una aportación que algunos han tratado de calificar en una actitud prepotente que nada aporta al enriquecimiento de las labores parlamentarias.
No se trata de discutir modelos ni de oponer estimaciones se trata de confrontar posiciones que también tienen su expresión en la distribución del gasto, se trata también de formalizar nuestras inquietudes y alternativas en propuestas concretas que hemos querido dar a conocer con la convicción de que ejercicios de este tipo deberían ser realizados, no sólo para el caso del Presupuesto sino también para muchos otros que sólo se debaten a partir de la iniciativa presidencial.
Nuestra pretensión inicial era que el documento a que me he referido, fuera presentado con la suficiente oportunidad para que hubiera sido discutido en la Comisión y conocido suficientemente por todos los diputados; sin embargo, la falta de tiempo no nos permitió concluir nuestras propuestas con la anticipación requerida.
En consideración al conjunto de argumentos y teniendo en cuenta las propuestas alternativas formuladas el respecto, nuestro grupo parlamentario votará en contra del dictamen de cuya discusión nos ocupamos en este momento. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: - Esta Presidencia suplica a la Secretaria se tomen las medidas necesarias para la inserción en el Diario de los Debates del documento propuesto por el señor diputado del Partido Socialista Unificado de México.
CONTENIDO
Presentación
I. La crisis
A) Los Niveles de Bienestar.
b) Deterioro de la Capacidad Productiva.
II. Una política procíclica
a) El Gasto Público.
1. Los efectos generales de la reducción del gasto.
2. Los efectos sectoriales de la reducción del gasto.
3. El gasto social en la crisis.
b) Los Ingresos Públicos: La Iniquidad Social.
c) El Problema de la Deuda.
III. Elementos de una política alternativa
a) Proposiciones Programáticas para el Gasto de 1985.
1. Sector agropecuario y forestal: una propuesta de reorientación.
2. El gasto social: algunas propuestas alternativas.
3. Sector educativo: los sueldos y la infraestructura.
4. Sector salud: elevar el gasto y atender a la población no cubierta.
b) Programa de Deuda Pública.
c) Reforma Fiscal Integral.
IV. Consideraciones finales
Anexos
Anexo 1: Sobre el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la federación para 1985.
Anexo 2: Cuadros estadísticos complementarios.
PRESENTACIÓN
El grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México presenta a la cámara de Diputados el documento titulado "Lineamientos para una Política Alternativa de Gasto Público", con el fin de dar a conocer su posición ante el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 y sus puntos de vista acerca de la política de gasto del actual Gobierno. Pretende con esto, además contribuir a la discusión que sobre el presupuesto se desarrolla en esta Cámara buscando que aquélla se enriquezca y se amplíe para incluir a otros sectores sociales tradicionalmente marginados de dicha discusión.
En opinión de este grupo parlamentario, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 que el Poder Ejecutivo ha enviado a la Cámara de Diputados, representa la continuidad de una política de gasto restrictiva que, buscando el establecimiento de equilibrios financieros, principalmente a través de la disminución del déficit público, ha reducido en Términos reales las erogaciones públicas sin tener en cuenta la función social que en estos años de crisis debió haber cumplido el gasto gubernamental. La contracción real del gasto en 1982 y 1983, y su bajo crecimiento en 1984, han provocado graves retrocesos en materia de atención a las necesidades de la mayoría de los Mexicanos y han agravado el rezago de la capacidad productiva. Esto ha tenido como consecuencia que la infraestructura construida en el presente sea inferior a la de 1982, y que la que anteriormente existía se haya deteriorado, pues los recursos presupuestales no son suficientes siquiera para su mantenimiento; ha provocado que se ahonde más la brecha entre capacidades productivas y necesarias a satisfacer, pues la caída del gasto ha operado como un elemento desalentador de la inversión productiva. Sobre todo, esta política presupuestal ha tenido como resultado directo un empeoramiento de las condiciones de vida
la mayoría de los mexicanos, pues en lugar de enfrentar la crisis con acciones protectoras de los niveles de bienestar de los trabajadores, ha dejado que el ingreso se concentre más, abandonando así a los más desprotegidos y dejándolos a la suerte que les imponga el funcionamiento del mercado. De esta forma, el Gobierno se ha conformado con la aplicación de una política ortodoxa de gasto publico en perjuicio de la Nación.
Esta Política que relega los aspectos sociales y productivos, ha privilegiado el pago la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto, lo cual contradice los objetivos de proteger los niveles de vida y empleo de apoyar el desarrollo social, la infraestructura básica y la calidad de la vida, todo lo cual fue prometido en diciembre de 1982, cuando tomó posesión el actual gobierno. En cambio, se han deteriorado los servicios de salud y de educación y ha empeorado la infraestructura social. El gasto real por persona para la salud es en 1984, inferior al de 1977 y lo mismo sucede en la educación, el número de personas no atendidas por alguna institución de salud y seguridad social se ha incrementado y alcanza los 14 millones de mexicanos; los salarios de los trabajadores públicos se han reducido los subsidios al consumo básico encareciendo los alimentos indispensables para la población y se han tomado otras medidas que en los hechos empeoran las condiciones de vida de la población, como el incremento en los impuestos indirectos y el ajuste indiscriminado de los precios y tarifas públicos. Además, por la interrelación tan alta que existe entre el gasto público y el resto de la economía, esta política presupuestal provocó que la crisis se agravara durante 1983 y que la recuperación de 1984 haya sido tan lenta e insegura. Las recuperaciones han caído principalmente sobre la construcción, las compras de bienes y servicios y sobre el consumo de los trabajadores. En cuando a la construcción de infraestructura, por ejemplo, para el presente año, se están incorporando al cultivo casi 50 mil hectáreas menos que en 1982 y se están rehabilitando sólo 21 mil hectáreas contra 97 mil de 1982; en 1984, se están construyendo 461 kilómetros menos que en 1982 en carreteras troncales y alimentadoras, lo mismo sucede con la construcción y modernización de las mismas. Con la construcción de instalaciones educativas la situación es similar, al igual que en las del sector salud. En el mayor atraso productivo y en el empobrecimiento de la mayoría de la población mexicana, ha tenido, por lo tanto, una responsabilidad fundamental el comportamiento del gasto público.
Para 1985, el Proyecto no ofrece un panorama muy diferente al descrito. El crecimiento de 38% del gasto total que se propone para el año próximo es insuficiente si se toma en cuenta la drástica reducción de los años recientes y si se considera que además no existe en la propuesta una reorientación importante del Presupuesto. De los 18 billones 390 mil millones de pesos que se proponen como presupuesto para 1985, el 37.3% (6.9 billones) se destinaría al servicio de la deuda, lo cual muestra que para el próximo año el gasto seguiría atado al cumplimiento de objetivos financieros en detrimento del gasto destinado al pago de salarios, obras públicas, compra de bienes, participaciones a estados y municipios y otros rubros. Aun con el incremento real de 2.4% en el gasto programable que se tendría si se cumple la meta de una inflación de 35%, dicho gasto, el programable, sería inferior en términos reales al de 1980, lo cual muestra la insuficiencia mencionada, sobre todo si se toma en cuenta que entre ese año y 1985 la población se ha incrementado en más de ocho millones. Un gasto como el propuesto no permitiría a la población mexicana elevar sus niveles de vida ni es elemento que induzca un crecimiento económico como el que se requiere para evitar que el desempleo continúe y los desocupados encuentren trabajo.
Para 1985, es necesario un gasto programable mayor, que puede realizarse supeditando el pago del servicio de la deuda a las necesidades nacionales y llevando a cabo una reforma fiscal de fondo que eleve los ingresos del Estado gravando realmente la riqueza. Es necesario abandonar la política de reducción a toda costa del déficit público para poder desarrollar programas urgentes que mejoren los servicios públicos, principalmente los más ligados al bienestar presente y futuro de la población y para que el gasto se convierta en un promotor del empleo y de un crecimiento económico sobre bases diferentes. Pero no sólo se requiere un gasto mayor. Es necesario también modificar los mecanismos de asignación del presupuesto, de tal forma que los receptores del gasto intervengan directamente en su asignación y su programación, y también es necesario que la política presupuestal sea distinguida a fondo y con la participación de sectores sociales que tradicionalmente han sido marginados de un debate que debería involucrar a toda la sociedad. Ni siquiera en esta Cámara, que es la que aprueba el Presupuesto, se discute con la profundidad necesaria la política de finanzas públicas, la distribución del gasto, las metas fijadas, las formas de asignación, etcétera, lo cual es sumamente grave dadas las repercusiones que para la sociedad tiene un presupuesto restrictivo o un gasto indiscriminante expansivo.
Un ejercicio del gasto que para 1985 realmente tuviera impacto directo e indirecto en los niveles de vida, con acciones concretas en beneficio de la población desprotegida, implicaría modificaciones sustantivas a algunos de los programas más importantes, particularmente en los sectores agropecuario y forestal, educación y salud y seguridad social. En el documento que hoy presentamos
mostramos cómo se podría reasignar o modificar el presupuesto para iniciar en 1985 cambios en la política de gasto en beneficio de la mayoría de la población. Para esto hacemos énfasis en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el de la Secretaría de Educación Pública, en el de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y en el de las instituciones de seguridad social, particularmente en algunos de sus programas más importantes. En el caso del sector agropecuario, planteamos que a través de la canalización directa de los recursos presupuestales a las organizaciones de productores por medio del Programa de Concertación, se podría hacer un uso productivo más eficiente de los recursos fortaleciendo a los propios productores. En el caso del sector educación, mostramos cómo debería incrementarse el gasto para recuperar en 1985 el salario real que tenían los maestros de educación básica en 1981, y a cuánto debería ascender el gasto en infraestructura para mantener la construcción de las obras de este mismo año. Para el sector salud y seguridad social mostramos cuánto se debería elevar el presupuesto para incorporar a los servicios a la población no cubierta, para elevar el gasto de salud por habitante a los niveles existentes actualmente en el IMSS, y para elevar las pensiones y jubilaciones de esta institución hasta igualarlas con el salario mínimo. Estas acciones, que tendrían un efecto directo en el nivel de bienestar de una parte muy alta de la población, requerirían recursos adicionales por más de un billón 200 mil millones de pesos, lo que representaría un 12% más que lo que el gobierno propone para gasto programable. Esto muestra la insuficiencia del presupuesto que se propone por parte del Ejecutivo, pues sólo para realizar acciones directas en tres sectores el gasto tendría que ser sustancialmente mayor.
En el documento que presentamos hacemos primero una evaluación de los resultados de la crisis principalmente sobre los niveles de vida y la capacidad productiva. Enseguida analizamos la política de ingreso y gasto público estudiando sus efectos sobre la sociedad. Después desarrollamos nuestras propuestas para algunos programas de los sectores agricultura, salud y educación y proponemos algunas medidas de lo que constituiría una reforma fiscal de fondo. Después de unas consideraciones finales incluimos un anexo con nuestra opinión sobre el proyecto de Presupuesto de 1985 y estadísticas.
1985: LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA ALTERNATIVA
I. La crisis
a) Los niveles de bienestar
Durante los últimos tres años el país ha vivido la peor crisis desde los años treinta. El signo principal de esta crisis ha sido la pérdida en los niveles de bienestar de la población en general, y especialmente de los trabajadores.
Durante tres años el nivel del producto por habitante decreció, situándose por abajo de lo alcanzado en 1979. La pérdida ha sido enorme. Para 1984 el producto por habitante mantendrá una tasa de crecimiento negativa, dado el débil repunte de la economía. Este retroceso ha provocado una exacerbación de las carencias sociales teniendo como resultado una ampliación en la desigualdad.
Si se analiza en particular la situación de los trabajadores del campo y la ciudad, ésta se torna más dramática puesto que para ellos los niveles de subsistencia apenas si alcanzan los de principios de los años setenta. Deflactando el salario mínimo nominal en el índice de precios del consumidor para familias de bajos ingresos, los resultados son aún más alarmantes. Visto así el deterioro del poder adquisitivo del salario real en comparación con diciembre de 1981, fue, en diciembre de 1982 de 19 por ciento, en diciembre de 1983 de 34.7 por ciento, y para 1984 será superior al 40 por ciento.
Las pérdidas de ingreso acumuladas tienen efectos sociales muy particulares pues afectan a grupos de población cuyos ingresos se gastan en su totalidad para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Bajo tales condiciones el deterioro del salario significa ahondar todavía más las desigualdades existentes en la sociedad mexicana.
La caída del salario real, acelerada a partir de 1981, no ha conducido a un incremento de los niveles de empleo, a lo largo de estos tres años el país ha visto crecer el desempleo abierto, producto de una reducción de más de 471 mil ocupaciones remuneradas y del crecimiento de la población económicamente activa que entre 1981 y 1983 aumentó en 1 497 000 personas. Esto provocó que los niveles de desempleo abierto superará a los dos millones de personas. El gobierno ha intentado encubrir esto argumentando que esas personas se encuentran empleadas en el sector informal de la economía. Esto significa que el país no puede garantizar a la población suficientes ocupaciones remuneradas, y muestra de ello es que durante 1984 el problema de desempleo no ha podido ser, superado, pues el empleo en el sector industrial, según informaciones hasta mediados del año, continuaba decreciendo respecto al mismo periodo de 1983. De esta forma uno de los grandes problemas nacionales que enfrenta el país, es el no poder garantizar empleo suficiente a una población en constante expansión.
La caída del poder adquisitivo del salario anteriormente señalada combinada con las escasas oportunidades de empleo para el trabajador, ha provocado una disminución dramática de los niveles de consumo. Una distribución del gasto familiar entre 1977 y 1983, tomando como base el año inicial da cuenta
del notable daño ocasionado por la política económica. En 1977 el gasto promedio mensual de una familia equivalía a 7.443 pesos, cuya estructura era la siguiente en orden jerárquico y considerando los rubros más importantes: 37.4% alimentos, y bebidas; 17.8% vivienda; 11.3% transporte; 9.9% ropa y calzado; 6.2% muebles, enseres y accesorios; 5.8% salud y cuidado personal, etcétera. Para 1983, tomando como base 1977, lo primero que salta a la vista es una reducción en los niveles reales del gasto, a lo que se suma una recomposición del mismo, alterándose las proporciones destinadas a alimentos, rubro al cual le tienen que destinar hoy el 47.6% del gasto total, reduciendo el gasto en otros, con lo que hoy la población de menores ingresos sólo puede mal satisfacer sus necesidades de alimentación, sin tener acceso a otros satisfactores.
Los efectos de la política económica sobre la situación de la población rural son más dramáticos. Actualmente 10 millones de campesinos no tienen acceso a los servicios de salud; 5 millones carecen de garantías laborales; más de tres millones perciben ingresos menores al mínimo establecido y más de 10 millones carecen de algún tipo de instrucción. Por otra parte, los recién nacidos en esta zona registran un peso promedio de 2.07 kilogramos cuando en peso normal es de 3.02 a 3.07 kilogramos. Ello significa un aumento en cinco veces del riesgo de mortalidad infantil. En el Hospital Infantil de México, se han vuelto a detectar enfermedades de la pobreza, anteriormente erradicados, en niños provenientes de los estados de Guerrero, Michoacán e Hidalgo. De 1982 a la fecha han aumentado ciertas enfermedades en grupos de edad que antes no se detectaban. Por ejemplo, ha aumentado la frecuencia de desnutrición en niños preescolares (entre 0 y 5 años) con alteraciones como la ceguera, ocasionada por la falta de vitaminas. Las tendencias a la disminución de la mortalidad infantil que se había venido registrando en los últimos quince años, se ha revertido en los últimos dos. Un número cada vez mayor de niños con desnutrición grave, está llegando a instituciones especializadas, lo que implica que muchos niños, sobre todo provenientes de sectores de bajos ingresos mueren sin recibir atención hospitalaria.
En términos de alimentación el panorama no se ve más optimista. Según señala el Programa Nacional de Alimentación, en los dos millones de niños que nacen anualmente en el país, 100,000 mueren durante los primeros años de vida por factores relativos a la mala nutrición y un millón sobreviven con deficiencias físicas o mentales provocadas por la escasa alimentación.
La crisis también ha afectado a los empresarios pequeños y medianos que se han visto presionados por la actual situación económica de reducción del mercado interno, lo cual ha motivado la desaparición de muchas empresas en 1983: 400 de ellas se vieron en la necesidad de cerrar y para el presente año existen 1,000 o más a punto de quebrar. Los industriales pequeños y medianos reconocen que la única opción de supervivencia que les queda es la recuperación del mercado interno, pues en su mayoría estas empresas no tienen la suficiente capacidad para exportar. Sobre este particular es necesario puntualizar que el supuesto éxito del crecimiento de las exportaciones manufactureras es una falacia gubernamental, puesto que no se da a conocer que de los siete principales bienes manufacturados de exportación, tres de ellos (gasolina, gasóleo y combustóleo), se derivan de la actividad petrolera en tanto que otro más, el más importante, camarón congelado, es un producto que por ser sometido a simples procesos que van más allá de la captura, se considera como manufactura, pero que en sí mismo no es indicador de una mejor operación e integración de la industria.
En síntesis, los trabajadores en general los grupos medios de la sociedad han sufrido un creciente empobrecimiento. En cambio para los grupos de más altos ingresos la situación ha sido diferente puesto que en la crisis han elevado sus niveles de bienestar, al reconcentrarse el ingreso a través del mecanismo inflacionario, lo que ha provocado una mayor desigualdad en la sociedad.
b) Deterioro de la capacidad productiva.
Esta baja en los niveles de bienestar ha sido acompañada de un deterioro en la capacidad de producción en donde no sólo se han subutilizado los recursos, sino que la planta productiva ha perdido capacidad de respuesta. Asimismo, la reducción de la producción ha llevado a una menor acumulación de capital habiéndose mantenido en cifras negativas la formación bruta de capital fijo en los últimos años. Por lo que el país no sólo ha vivido una etapa de menor crecimiento hoy, sino que ha comprendido su futuro al reducir sus niveles de inversión.
En la actualidad existe un alto nivel de subutilización de la capacidad productiva, lo cual habla de las posibilidades de recuperación que tiene el país, sin necesidad de grandes inversiones. En el primer cuadro de la página siguiente se muestra el deterioro en los niveles de bienestar, y en el segundo el nivel de subocupación que existe actualmente en la planta productiva nacional.
DETERIORO EN LOS NIVELES DE BIENESTAR
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NIVEL DE SUBOCUPACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y POTENCIAL DE RECUPERACIÓN
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En esta situación, la política económica del actual gobierno, en lugar de intentar enfrentar la crisis con medidas que protegieran los niveles de bienestar de los trabajadores y de las empresas pequeñas y medianas, ha dejado que el mercado sea el rector de la crisis. En otras palabras, en la búsqueda por establecer supuestos equilibrios financieros, el gobierno ha abandonado a su suerte a los más débiles, lo que ha redundado en una mayor concentración del ingreso y en una planta productiva delimitada. El gobierno actual ha perdido la capacidad de autocrítica y en especial, de análisis de una realidad diferente y se ha conformado con la aplicación de una política de corte ortodoxo en perjuicio de la nación.
La política ortodoxa también fracasó en su intento de eliminar la inflación que aún hoy se mantiene a niveles demasiado elevados, y su descenso se explica más por la estabilización de los costos que por la caída de la demanda. En el frente externo, la mejoría en la cuenta corriente se logró reduciendo las importaciones a través de un cambio de la dinámica exportadora, manteniendo la misma estructura dependiente que ha vivido el país desde la postguerra. De esta forma la política de la actual administración no sólo ha prolongado la crisis, sino que ha ocasionado una mayor desigualdad en la sociedad, acentuando también la dependencia del país respecto al exterior al frenarse el proceso inversionista.
II Una política procíclica
La actual administración en vez de actuar en contra de la crisis, utilizó el marco de las finanzas públicas para lanzar al país a un ajuste con un alto costo social. La propuesta gubernamental consistió en atender como prioridad el problema financiero, relegando los aspectos sociales y productivos, con lo cual se desdeño la posibilidad de utilizar las finanzas públicas como instrumento anticíclico. En esta perspectiva las finanzas públicas durante los años de crisis, lejos de ser el principal factor que permitiera a la población por lo menos mantener sus niveles de bienestar, se convirtieron en un elemento que promovió activamente la agudización de la ya por sí grave desigualdad de la sociedad mexicana.
a) El gasto público.
En el empobrecimiento de la mayoría de la población mexicana, ha tenido una responsabilidad fundamental el comportamiento del gasto y los ingresos públicos. La política de gasto ha sido orientada con criterios de corto plazo, recortando programas con el fin de abrir un espacio más allá de lo necesario al pago del servicio de la deuda, con lo que redujo la participación del gasto programable dentro del total.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO
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Al dar prioridad al servicio de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto social, pese a que se prometió proteger los niveles de vida y empleo, y pese a que se aseguró que se apoyaría el desarrollo social, la infraestructura básica y la calidad de la vida.
El gasto público de hecho propició la situación que más atrás se ha descrito, al no poner en práctica programas que atacaran directamente las manifestaciones del deterioro social en el que hoy se encuentra la mayor parte de la población. En particular se prometió que la política de gasto tendría como criterio fundamental la equidad: "Equidad en el ajuste de las finanzas públicas, que significa reorientar prioridades de inversión para atender obras con mayor impacto en el empleo", y Equidad en la contención del gasto corriente..."*
A la política de gasto se le hizo jugar el papel más activo en el ajuste de la economía mexicana. El programa propuso y llevó a la práctica lo que desde la concepción gubernamental es el saneamiento de las finanzas públicas: la reducción del déficit del sector público. Su argumentación se basó en la idea de que el gasto público desestabiliza a la economía, y resta fuerza a la inversión privada que es el principal agente de equilibrio. Tal idea de desplazamiento de la inversión privada fue llevada al extremo de argumentarse que el déficit público es la causa de la inflación y del desequilibrio externo.
Bajo esta perspectiva la política de gasto fue reducida a un simple trámite administrativo, en ves de utilizarla para preservar los niveles de bienestar de la población.
I. Los efectos macroeconómicos de la reducción del gasto.
Esta política se exageró, provocando una caída en el gasto público programable de casi 24 porciento en estos tres años de crisis, al grado que hoy éste se encuentra por abajo de los niveles de 1980. Dada la alta interrelación que existe entre el gasto público y las principales variables macroeconómicas se produjo una caída de la economía. De esta forma se actuó en contra de la planta productiva nacional y contra los niveles de bienestar de los trabajadores.
* Presidencia de la República "Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación para 1983".
GASTO PROGRAMABLE Y SUS EFECTOS MACROECONÓMICOS
(Miles de millones de Pesos)
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2. Los efectos sectoriales de la reducción del gasto.
El comportamiento del gasto programable afectó principalmente los gastos de sueldos y las compras de éste al sector privado, y la realización de las obras públicas, principalmente durante 1983, aunque todavía en 1984 se observó un crecimiento real negativo de algunos rubros.
Uno de los sectores que más se vio afectado por tal comportamiento y que a su vez ocasionó masivos de trabajadores, fue la industria de la construcción, por el hecho de que al menos el 80% de su demanda depende del sector público, principalmente del paraestatal. Las obras de PEMEX, por ejemplo, significan el 18% de la demanda de toda la construcción, las ferroviarias y carreteras el 12% las de riego y servicios públicos el 15% de la construcción total y las de electricidad y comunicaciones el 10% de la demanda del sector. De ahí que las restricciones en las obras públicas aunadas a la pasividad en el otorgamiento de créditos para
la vivienda durante 1983, haya sido el factor principal en el despido de poco más del 20% de los trabajadores de la construcción. Esto muestra, además, que la política de gasto, lejos de proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, provocó desempleo y reducción directa del ingreso real, además de la reducción causada por la política salarial.
Pero la contracción real del gasto tendrá consecuencias para el futuro y no sólo en lo inmediato, pues a los efectos recesivos se agrega el hecho de que están comprometiendo y estrechando las posibilidades de crecimiento futuro en algunas áreas, o al menos posponiendo la realización de acciones que ya en lo inmediato eran necesarias. Por ejemplo en lo que se refiere a la infraestructura, entre 1983 y 1984 se ha acumulado un rezago que si bien por ahora no ha tenido mayores consecuencias puede ser grave en el futuro mediato. En el caso del sector agrícola la incorporación de hectáreas al cultivo ha disminuido especialmente en las zonas de temporal, y esto se debe a las restricciones presupuestales que afectaron los programas normales. Las obras de infraestructura agrícola para 1984 en muchos casos son inferiores a las de 1982, año en el que ya se habían resentido los efectos de la reducción del gasto público.
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
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En cuanto a la infraestructura para el transporte la situación es similar. La construcción de nuevas carreteras durante el presente año se encuentra prácticamente detenida, lo mismo que la reconstrucción y modernización.
En los ferrocarriles, la construcción de puentes, medida en metros, durante 1983 fue 23 por ciento inferior a la de 1981, y las obras de terracería y drenaje de vías realizadas fueron menos en la mitad. Tal situación no cambió en lo esencial para 1984.
INFRAESTRUCTURA CARRETERA - Kilómetros -
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3. El gasto social en la crisis.
En lo que se refiere a la infraestructura para la educación, durante el presente año se están construyendo casi 200 aulas y 1,630 anexos menos que en 1982, con lo que se está arriesgando la impartición de educación básica. Asimismo al reducirse el gasto en términos reales destinados a este sector se afectaron los niveles de ingresos de los maestros, constituye la mayor parte de los trabajadores públicos, con lo cual no sólo se deterioró el nivel de vida de estos servidores públicos, sino también la calidad de la educación al obligarlos a buscar ingresos de otras fuentes, o tener que trabajar doble jornada.
De igual forma se ha reducido el apoyo al consumo básico al eliminarse subsidios a algunos productos, como la tortilla de maíz, el pan, el frijol, el arroz y otros. Con el argumento de que no existe transparencia en la aplicación de algunos subsidios, se han adoptado medidas que en los hechos empeoran las condiciones de alimentación de la población. Durante 1984 se ha duplicado el precio de la tortilla de maíz, que es un alimento fundamental en la dieta de millones de mexicanos.
La reducción del gasto en términos reales en el sector salud, provocó un incremento de la población no cubierta por ninguna de las instituciones del sector. Para 1984 al menos 14 millones de mexicanos no tuvieron acceso a la atención médica, y para treinta millones más los recursos asignados sólo eran suficientes para la atención de primer nivel. Además, el gasto destinado al IMSS, al ISSSTE, y a la SSA, continúa orientándose preferentemente a la atención curativa, descuidándose las acciones de tipo preventivo, así como el problema de las pensiones y jubilaciones, que continúan a niveles inferiores del salario mínimo en su gran mayoría.
Por lo que se refiere a la vivienda, al reducirse el gasto real se contrajo la construcción, con lo que se incrementó el déficit que ya en 1982 era de casi cinco millones de viviendas. Al reducirse el programa de construcción de nuevas viviendas se afectó también el nivel de empleo global de la economía.
COMPORTAMIENTO DEL GASTO SOCIAL EN LA CRISIS
(Crecimiento real %)
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b) Los ingresos públicos: la inequidad social
La política de ingresos también fue diseñada bajo el objetivo de reducir drásticamente el déficit público, para lo cual se hicieron una serie de modificaciones en las tasas de los impuestos, en las cuotas de los derechos y en los precios y tarifas de las empresas paraestatales. El objetivo de una mayor captación de ingresos no estuvo acompañado de una modificación sustancial en la composición de los mismos, por lo que, lejos de alcanzar la anunciada equidad en el ajuste de las finanzas públicas, se propició una mayor desigualdad al gravar fundamentalmente al consumo y no al ingreso y a la riqueza.
Entre las medidas más importantes por sus efectos para la gran mayoría de la población destaca el aumento de la tasa de impuesto al valor agregado del 10 al 15 porciento, la revisión de las cuotas de los derechos con aumentos que fluctuaron entre 30 y el 400 por ciento y que incluían entre otras tarifas de correo, telégrafos, pasaportes, carreteras y puentes, así como un derecho adicional por consumo de energía eléctrica. Los precios y las tarifas, particularmente de los energéticos han tenido desde diciembre de 1982 una serie de ajustes periódicos.
Pese a que el objetivo de reducir el déficit ha estado asociado a otro más general como lo es el combate a la inflación, hasta ahora y por la vía elegida para incrementar los ingresos se puede afirmar que el efecto ha sido precisamente el contrario, ya que en el caso de los precios y tarifas al no tomar en cuenta la naturaleza de quienes pagan el bien o el servicio y al introducir los incrementos en forma discriminada, se desencadenaron presiones inflacionarias, sobre todo en el caso de insumos estratégicos que afectan una serie de productos. Si a lo anterior se suman los incrementos en los impuestos indirectos son claras las repercusiones negativas sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Pero además de sus efectos sobre el consumo de la población y sobre el nivel de precios, la política de ingresos públicos ha hecho más agresiva la estructura tributaria, ya que los impuestos directos, principalmente el impuesto sobre la renta, representa una menor proporción de la captación total, tendencia que se ha agudizado sobre todo a partir de 1983.
En sólo un año, entre 1982 y 1983 el impuesto sobre la renta perdió 8.5 puntos porcentuales dentro de los ingresos tributarios del Gobierno Federal para seguir esa tendencia hasta la fecha. En cambio el IVA presenta un comportamiento contrario, elevando su participación. Esto significa que los consumidores sacrificaron una parte mayor de sus ingresos para destinarlos al pago de impuestos en sus compras, proceso que se ve retroalimentado con el crecimiento de los precios que a su vez implican una proporción mayor de IVA. Sin embargo, debe añadirse que al decretarse un incremento de los impuestos en épocas de crisis no necesariamente conduce a un aumento de lo captado por esa vía, ya que al disminuir el gasto público se reduce el nivel de actividad económica y las ventas, y por lo tanto, la recaudación.
También es necesario señalar lo que no se hizo en materia de impuestos. Pese a las numerosas reformas y adecuaciones que en los últimos años se han introducido al impuesto sobre la renta, no hay un avance real en materia de reforma fiscal integral, manteniéndose sin cambios fundamentales el esquema de deducciones injustificadas y la misma estructura tarifaria de la ley. En general,
tampoco se ha avanzado hacia la globalización integral de los ingresos de las personas físicas, lo que explica en parte la pérdida de dinamismo de este tributo.
Lo anterior también explica, en parte el hecho de que los ingresos petroleros aún sigan jugando el papel central dentro de los recursos gubernamentales, ahora clasificados dentro del renglón de derechos.
Igualmente, la política de precios y tarifas ha tenido como resultado un impacto negativo para los ingresos de gran parte de la población ya que los incrementos no sólo se han dado en los bienes y servicios que adquieren los consumidores de altos ingresos, como es el caso de tarifas eléctricas en donde, aún después de los incrementos, el consumo doméstico sigue siendo más caro que el de alta tensión general y para minas y el de más de 5,000 kw./h. Los principales incrementos en precios y tarifas han sido de diciembre de 1982 a la fecha en gasolina nova (300%) y en diese (375%). Tan sólo en 1983 subieron el combustóleo y el gas natural en 250%; los petroquímicos básicos, 120%; fertilizantes, 100%; gas L.P., 51%; y la carga ferroviaria, 110%. Durante 1983 y 1984 ha habido realmente un incremento en los ingresos públicos en cerca de dos puntos porcentuales del producto interno bruto, pero el costo para la población ha sido excesivo, y la recaudación no siempre se ha dado en los niveles esperados.
c) El problema de la deuda
Por lo que respecta a la deuda. El énfasis de la política económica se centró en el pago de la misma, sin considerar los efectos negativos de una propuesta de este tipo. Dentro de este marco, la política de deuda interna del sector público ha comenzado a apoyarse en la emisión de valores gubernamentales, a la vez que ha ido reduciendo el financiamiento obtenido a través del encaje legal. Tal planteamiento, reforzado por las modificaciones realizadas en la legislación bancaria, conducirá a la reducción de las fuentes y al incremento de los costos del financiamiento del sector, multiplicando así las restricciones impuestas al gasto público.
De hecho, la situación descrita se verá reflejada en la reducción aún mayor de las posibilidades de financiamiento estatal de la actividad productiva, pondrá límites a la reducción del costo promedio de captación, favorecerá los intereses de los intermediarios financieros privados no bancarios y no conseguirá detener el proceso inflacionario. Todo ello en detrimento de las potencialidades y actividades de la banca nacionalizada.
La negociación de la deuda externa por su parte, no puede ser considerada como satisfactoria. Para 1985, el servicio de la deuda externa requirirá al menos tres billones de pesos, en su mayoría por intereses; sólo los organismos paraestatales controlados presupuestalmente tendrán que pagar casi un billón y medio de pesos por el servicio de 1985, monto que será superior de acelerarse de nueva cuenta el ritmo del deslizamiento cambiario y de revertirse la débil tendencia actual de descenso de las tasas de interés.
Las repercusiones de estas contingencias obligaron en 1984 a canalizar la reserva para la recuperación económica para financiar el alza de las tasas de interés, aún actuando en contra de lo que el propio decreto aprobatorio del presupuesto establecía.
Durante 1983 y 1984 el servicio de la deuda es el renglón que más atención recibió para autorizar los ajustes requeridos en esos años. En 1983, el gasto realizado fue casi 12% mayor al aprobado, lo que significó una erogación de 837 mil millones de pesos adicionales. De este gasto adicional el servicio de la deuda ocupó el 80%, ya que dicho servicio fue 22% superior a lo previsto. Para 1984, la situación lejos de corregirse se agravó: el servicio de la deuda en 1984 fue un 26% superior a lo previsto, lo que representó una erogación adicional de más de un billón de pesos.
En esos dos años la proporción del servicio en el gasto total ha resultado mayor a la prevista. La reciente negociación que sólo alcanzó a prorrogar los gastos de capital, sacrificó la negociación sobre los intereses, así como las prioridades sociales y productivas que debería atender la política económica en un país con tan grandes carencias como éste. No se empezó por definir las verdaderas necesidades de financiamiento de las actividades productivas, ni las grandes necesidades sociales que hay que atender, para, a partir de allí definir cuáles serían nuestras posibilidades de pago. Por el contrario, como ha sido la práctica común en la presente administración, se privilegiaron ilusorios equilibrios financieros y los intereses de los bancos acreedores, coartando la posibilidades de negociación que como gran deudor México tiene.
III. Elementos de una política alternativa.
Ante la pérdida en los niveles de vida de la sociedad mexicana en especial de los trabajadores, y la decisión de la actual administración de mantener una política de corte antipopular, proponemos un cambio en la política económica orientado por los siguientes elementos:
a) Pleno empleo de los recursos humanos y materiales.
b) Iniciar la recuperación de la economía a través del impulso a la demanda de los trabajadores y del gasto del Estado.
c) Transitar hacia un cambio en la producción que permita alcanzar una mayor igualdad en la sociedad mexicana.
d) Evitar una mayor reconcentración del ingreso estableciendo políticas expresas que garanticen ciertos consumos mínimos a los trabajadores, y reducir la reconcentración del ingreso introduciendo una reforma fiscal que
grave no solo el flujo de recursos sino también la riqueza acumulada.
En este contexto es necesario antes que nada garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, en términos de empleo y de niveles de consumo para una familia. Por ello la política que los socialistas proponemos para 1985, no es una política expansionista en abstracto, sino una de crecimiento en los niveles de producción, de forma que estos a su vez puedan elevar los niveles de vida. Para ello hemos establecido las siguientes metas macroeconómicas:
METAS MACROECONÓMICAS PARA 1985
(Tasa de crecimiento)
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La propuesta programática de los socialistas parte del principio de elevar los niveles de bienestar de la sociedad en su conjunto, por ello fija su meta de crecimiento en base al producto interno bruto por habitante, y con ella interrelaciona el resto de su estrategia.
Para lograr esta meta de crecimiento proponemos fortalecer el mercado interno mediante la expansión del gasto programable del sector público y el aumento en el consumo privado, cuyo principal componente es el consumo de los asalariados. Asimismo con el fin de no inhibir la recuperación de la inversión privada, es necesaria una política monetaria expansiva con una reducción en el costo del crédito y un crecimiento del financiamiento a los sectores productivos en términos reales, para apoyar principalmente a las empresas pequeñas y mediana. Tal fortalecimiento del mercado interno debe realizarse en forma ordenada por lo que se requiere el establecimiento de controles, de suerte tal que se precise el uso de divisas disponibles, se mantenga un estricto control de precios, y se programen en forma eficiente los desembolsos públicos. Es decir, el sistema de controles sobre la economía garantizarían que el esfuerzo productivo se tradujera efectivamente en mayores niveles de bienestar para el conjunto de la sociedad evitando con ello que el crecimiento resulte en mayor bienestar solo para unos cuantos.
En este contexto, una política económica acorde con los planteamientos señalados implica en primer lugar, el ejercicio de una política presupuestal cuyos elementos básicos sean un gasto programable selectivo, y una política de ingresos que garantice la redistribución del ingreso y permita la operación adecuada de las empresas públicas. No se trata de un presupuesto público que dé igual prioridad todas las actividades sino de un presupuesto selectivo dentro de la crisis. Para ello se propone los siguientes elementos:
a) Supeditación del pago del servicio de la deuda a las necesidades nacionales.
b) Garantía de empleo y mínimo de bienestar a los trabajadores.
c) Inicio del cambio en la producción, a través de una reorientación del gasto gubernamental.
Estos elementos se podrían conjugar en el contexto presupuestal de 1985, pero no de la forma tradicional con las restricciones de la propuesta gubernamental. Un ejercicio del gasto público que realmente tuviera impacto en los niveles de vida, con acciones directas en beneficio de la población desprotegida, implicaría modificaciones sustantivas a algunos de los programas más importantes, particularmente en los sectores agropecuario y bienestar social. Enseguida especificamos cómo se podría reasignar o modificar el
presupuesto para iniciar en 1985 cambios en la política de gasto que beneficiaran a la población más desatendida. En el caso del sector agropecuario planteamos una reorientación del gasto para asignarlo directamente a las organizaciones sociales de productores, a partir de los montos del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1985; en el sector educación mostramos cómo debería incrementarse el gasto para poder recuperar durante el próximo año el salario real que los maestros de educación básica tenían en 1981, y a cuánto se debería incrementar el presupuesto para incorporar a la población no protegida, elevar el gasto por habitante a los niveles existentes en el IMSS, y para elevar las pensiones y jubilaciones de esta institución para igualarlas con el salario mínimo.
A. Proposiciones programáticas para el Gasto de 1985
1. Sector Agropecuario y Forestal: una propuesta de reorientación
En el marco presupuestal, dado que la SARH no interviene directamente en la producción agropecuaria y forestal, su función debe ser canalizar recursos presupuestales directamente a las organizaciones de productores*. Dicho de otra forma, su papel de fomento a la producción del sector agropecuario y forestal sólo puede cristalizar en la medida que asuma como las protagonistas del desarrollo rural a las propias organizaciones. En función de lo anterior, los objetivos de la estrategia programática sectorial son:
a) Fortalecer y promover la organización de productores con el doble propósito de elevar su nivel de bienestar social y apoyar el proceso de recapitalización del sector agropecuario y forestal en la perspectiva de modificar los términos de intercambio para el sector agropecuario forestal, a través en este caso de la inyección de recursos fiscales; y
b) Garantizar un crecimiento del producto agropecuario y forestal interno superior al de la población, poniendo especial énfasis en el incremento de la oferta interna de maíz, frijol, trigo y arroz.
*Ver cuadros 5 y 8 en el Anexo 2.
Complementariamente se plantean los siguientes objetivos subsectoriales:
a) Incrementar al producto agrícola sobre la base del aprovechamiento intensivo de la frontera agrícola actual a partir de la elevación de los rendimientos;
b) Aumentar la producción de carne bovina a partir de un mejor aprovechamiento de los agostaderos ejidales;
c) Incrementar la producción de leche, a partir de apoyos fiscales directos a los productores rurales que desarrollan esta actividad;
d) Apoyar un programa masivo de reforestación, y de estudios dasonómicos a efecto de evaluar adecuadamente el potencial forestal del país; y promover en forma selectiva, con organizaciones de productores ejidales, proyectos de transformación agroindustrial;
e) Trasladar progresivamente el costo de operación y mantenimiento de los distritos de riego a través de cuotas diferenciadas según el número de hectáreas por productor cobrando sobrecuotas - en base a los precios internacionales - a aquéllos que se orienten a productos de explotación y sobrecuotas diferenciales a aquéllos que se orienten a productos agrícolas que no estén incluidos en los cuatro prioritarios ya señalados anteriormente;
f) La construcción de infraestructura hidráulica priorizará el desarrollo de proyectos de pequeña irrigación, reduciendo paulatinamente el ritmo de desarrollo de las obras de grande irrigación, particularmente en el estado de Sinaloa. (Ver el cuadro 6 en el anexo 2)
g) Trasladar progresivamente el manejo y operación de los distritos de temporal a los propios productores, apoyando lo anterior con los recursos fiscales.
Las metas fijadas a través de este planteamiento alternativo en el ejercicio del gasto público de la Secretaría de Agricultura para 1985 son:
a) Concertar acciones con 1185 uniones de ejidos, comunidades y asociaciones rurales de interés colectivo, registradas que agrupan a 11 500 ejidos y comunidades, es decir el 43.4% de los núcleos agrarios que constituyen la propiedad social de la tierra, con una superficie aproximada de 43 millones de hectáreas y un total de alrededor de 1.300,000 productores.
b) Incorporar 120 mil hectáreas al cultivo en zonas de temporal y 98 mil en zonas de riego.
d) Operar y conservar la infraestructura existente para mantener bajo riego 5.140,000 hectáreas.
d) Apoyar la producción de 21.5 millones de toneladas de granos - misma que representaría un incremento de 6.2% frente a la producción de granos de 1984 -, de 1.8 millones de toneladas de oleaginosas que representaría un incremento de 3.4% frente a la esperada de oleaginosas de 1984, y 1234 millones de litros de leche.
La líneas de acción de este planteamiento alternativo son las siguientes:
1. La columna vertebral de esta proposición es la concertación de acciones con las organizaciones de productores del sector social de la economía rural, que en términos programáticos corresponde al programa FF - Concertación de apoyos para el desarrollo rural integral mismo al que se asegura el mayor peso presupuestal entre el conjunto de programas de la SARH, con un total de 33.7% del total del presupuesto sectorial.
2. La concertación de acciones se realizaría bajo la forma de contratos de producción y productividad, derivados de las disposiciones
contenidas en la Ley de Planeación. Dichos contratos establecerán por un lado el compromiso de las organizaciones de productores cristalizadas en metas de producción y productividad por cultivo y por ciclo agrícola, y por otro lado, el compromiso del Gobierno Federal, a través de la SARH, de otorgar recursos mediante los paquetes de apoyo al desarrollo rural integral;
3. Los paquetes de apoyo al desarrollo rural integral (PADRI) comprenden recursos etiquetados en los siguientes renglones: (01) Asistencia Técnica Agrícola; (02) Sanidad Vegetal; (03) Prácticas de Conservación; (04) Asistencia Técnica Pecuaria; (05) Sanidad Pecuaria; (07) Asistencia Técnica Forestal; (08) Sanidad Forestal; (09) Conservación y mejoramiento de bosques y selvas; (001) Infraestructura para el desarrollo forestal; (002) Infraestructura para el desarrollo Pecuario; (003) apoyo al desarrollo agroindustrial; (004) Apoyo a la comercialización y distribución de productos agropecuarios y forestales; (005) Apoyo a bienestar social rural; (006) Capacitación a productores agropecuarios y forestales; (007) apoyo a la formación de mutualidades de seguro agropecuario y forestal; (008) Consolidación de organizaciones de productores; (009) Operación de distritos de temporal; (0001) Programación y evaluación de actividades productivas. Para efectos de la canalización de dichos recursos en cada contrato de producción y productividad deben clasificarse los montos destinados a gasto corriente y a los gastos de capital. Todos los recursos de los PADRI serán administrados directamente por las organizaciones de productores rurales, contratando su propio personal técnico. Tendrán prioridades para la contratación aquellos empleados de la SARH que así lo deseen y que las propias organizaciones de productores lo soliciten, sin que pierdan derechos de antigüedad, ni opción a trabajar en la propia dependencia. La SARH establecería un mecanismo permanente para el seguimiento y evaluación de los recursos canalizados a través de los PADRI;
4. Se establecerían tres niveles de prioridades para la implantación de los PADRI: un primer nivel estaría constituido por organizaciones de productores rurales en zonas temporaleras de alta marginalidad social; un segundo nivel estaría constituido por organizaciones rurales en zonas relativamente desarrolladas. En este último caso los PADRI tendrían un carácter complementario a recursos de carácter crediticio también concertados a través de contratos de producción y productividad con la banca de desarrollo y las sociedades nacionales de crédito;
5. Los PADRI en todos los casos estarían apoyados con recursos de las dependencias gubernamentales ligadas al bienestar social en el medio rural;
6. La segunda línea de acción que se deriva de este planteamiento se refiere a una ampliación moderada en la frontera agrícola existente, lo que se expresa presupuestalmente a través de los programas FX - Desarrollo de áreas de riego y FW - Desarrollo de áreas de temporal representan en conjunto el 33.98% del total del presupuesto sectorial.
7. La tercera línea de acción es el fomento a la investigación agropecuaria y forestal, al desarrollo experimental y a la formación de recursos humanos, que se expresa presupuestalmente a través de los programas UM - Investigación y Desarrollo Experimental en el sector agropecuario y forestal y 5A - Desarrollo de recursos humanos que representan en conjunto el 7.8% del total del presupuesto sectorial;
8. Finalmente, la cuarta línea de acción corresponde al apoyo administrativo que requiere la SARH para operar en estas nuevas condiciones y que representa el 10.93% del total del presupuesto sectorial a través de los programas FE - Administración y FK - Planeación, y
9. El programa 3D - Captación y Conducción del Agua para usos múltiples que representa el 11.02% del total del presupuesto sectorial, no forma parte de esta estrategia ya que la mayor parte de sus recursos están destinados a surtir de agua potable a las tres grandes ciudades del país; aunque por razones de competencia legal y de prioridad social se considera necesario mantenerlo en esta estructura presupuestal alternativa.
2. El gasto social: algunas propuestas alternativas
El gasto en los sectores de bienestar social durante el periodo 1982 - 1984 ha tenido caídas reales para 1983 fueron superiores a las del gasto programable general y a la del gasto total. Para 1984, mientras que en el gasto programable se espera un crecimiento real positivo de 2.4%, el gasto per cápita de salud tendrá todavía una caída de 22% y el de educación una reducción real de 5.9%. Es decir, pese al objetivo declarado de dar prioridad a la atención de las necesidades sociales sobre los objetivos de carácter financiero lo cierto es que los resultados del gasto confirman lo contrario. El deterioro que esta contracción del gasto representa para la sociedad se expresa mejor observando la evolución real del gasto social per cápita durante la crisis.
GASTO PER CAPITA EN LOS SECTORES SOCIALES
Crecimiento Real %
e) 1981 1982 1983 1984
Educación 20.4 2.6 - 27.8 - 5.9
Salud y S. S. 6.0 - 4.4 - 22.5 - 22.3
e) Esperado.
Fuente: Cuenta Pública 1982 y 1983; Proyecto ...1985.
Otra manifestación de la prioridad secundaria que el gasto social ha recibido en estos años en relación a otros rubros del gasto, es la disminución de su proporción sobre el producto interno bruto y sobre el gasto total.
En el caso de sector educativo, la proporción sobre el PIB bajó de 3.7 en 1981 a 2.7 en 1984; en salud la caída es más aguda: de 3.6 en 1981 a 2.2 en 1984.*
*Ver los cuadros 11 y 12 en el anexo 2.
GASTO SOCIAL, PIB Y GASTO TOTAL
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El hecho que el gasto programable en su conjunto haya disminuido como proporción del producto como proporción del gasto total no justifica por sí mismo que el gasto en los sectores sociales haya tenido tal relación. Por lo contrario, los retrasos en cuanto a cobertura por las instituciones de salud, la necesidad de ampliar los programas de alfabetización para adultos, de mejorar la calidad de educación básica, de elevar los salarios reales de los trabajadores de la educación, de mejorar y ampliar la infraestructura tanto para la salud como para la educación, exigía que el presupuesto de estos sectores al menos se hubiera mantenido en términos reales, lo que hubiera significado sostener su proporción en el gasto total y en el producto.
Este tratamiento para el gasto social ha tenido consecuencias negativas no sólo en lo que se refiere a los trabajadores del sector público, sobre cuyos salarios ha recaído una parte muy alta del ajuste, sino sobre la infraestructura, la calidad de los servicios y la atención directa de la población. Para 1984, por ejemplo, se construyeron y equiparon 7898 aulas, cuando en 1982 se habían alcanzado 8075; los anexos escolares construidos durante el presente año fueron 6889 y los de 1982 llegaron a 8521. Durante estos años, también, se incrementó el número de personas que no son atendidas por las instituciones de salud: entre 1982 y 1984, la población considerada como no cubierta, junto con la atendida por los programas IMSS- Coplamar, y la atendida teóricamente por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se incrementó en 1,329,000 personas. la cubierta por el programa IMSS - Coplamar sufrió incluso una reducción. En el caso de algunas instituciones, se ha elevado el coeficiente de atendidos/cama, y se ha reducido el de médico/paciente.
Donde más se ha reflejado el efecto de la reducción del gasto ha sido en los salarios de los trabajadores de estos sectores. En el caso de los maestros, por ejemplo, entre el primer semestre de 1980 y el último de 1984, el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido 45% el promedio para los de educación básica en el Distrito Federal, siendo mayor la reducción para los profesores con más de 25 años de servicios. *
SALARIO REAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL D.F.
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A la luz de este comportamiento del gasto social, es necesaria una reorientación del presupuesto que tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Modificar la política salarial de los trabajadores del sector, con el fin de incentivar la mejoría en la calidad del servicio, recuperar su capacidad adquisitiva e influir en el consumo general;
*Ver cuadros 14 y 15 en el anexo 2.
b) Elevar la asignación a los programas de infraestructura (3Z, "Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa" de la SEP; YV, Sp. 01, "Consulta Externa Educativa General" y 03 "Hospitalización General" de la SSA.)
c) Elevar el presupuesto en los programas de mayor incidencia social, tanto por el monto de sueldos que dependan de ellos como por sus efectos en las condiciones de vida de la
población (4M "Integración de la Educación Básica" de la SEP; YU "Atención Preventiva" de la SSA e IMSS; 1A "Atención Preventiva" del ISSSTE; y los diferentes programas de asistencia social (ZC - SSS), protección al salario (1M - ISSSTE) y prestaciones económicas y sociales.
En el caso de la salud y seguridad social, la atención prioritaria debe estar en la población no atendida por ninguna institución, en la elevación del gasto por habitante tanto de esta población como de la que actualmente se registra como atendida por la SSA, y en la aplicación de medidas que indican directamente en la nutrición, principalmente de los niños y madres embarazadas. En el IMSS e ISSSTE una acción prioritaria sería elevación de los montos de pensiones y jubilaciones, la ampliación de los programas de tiendas y distribución de dietas alimenticias y el desarrollo de más programas de viviendas. Para el sector educativo, el énfasis debe ponerse en la elevación del presupuesto para el capítulo de servicios personales, particularmente en sueldos, sobresueldos y sueldos diferenciales por zona.
Dada la dificultad para detallar un presupuesto alterno a niveles de subprograma y metas, presentaremos estimaciones en algunos programas para observar la repercusión en el presupuesto de la dependencia u organismo, en el sector correspondiente y en el gasto programable. Es necesario insistir en esta propuesta pretende mostrar que el desarrollo de acciones que realmente tengan impacto directo o indirecto sobre los niveles de bienestar, requeriría de un gasto substancialmente mayor al actual, distribuido de otra forma entre las dependencias y programas, y aplicado con el curso de otros mecanismos que involucren a las organizaciones sociales.
3. Sector Educativo: los sueldos y la infraestructura
La Secretaría de Educación Pública es una de las más alta relación tienen entre su gasto de servicios personales y su presupuesto toral, dado de servicios personales y su presupuesto para inversión. En el proyecto de Presupuesto para 1985, los servicios personales en la dependencia representan el 55% del total, destacando el programa 4M "Integración de la Educación Básica", que absorbe el 40.5% del presupuesto propuesto para 1985. De tal programa dependerá, de acuerdo al proyecto, 532,446 plazas magisteriales, que significa el 78% de las 683,322 plazas de la SEP y el 43% del total de plazas de la Administración Pública Central, que ascenderían a 1.247,352. De estas relaciones se desprende la importancia que para los trabajadores del sector público tiene el presupuesto de servicios personales de la SEP, y explica la razón de la drástica caída de los salarios reales de los maestros a partir del segundo semestre de 1982, puesto que para contener el crecimiento del gasto educativo se tiene que contener principalmente el capítulo de servicios personales. De hecho los servicios educativos fueron mantenidos a costa del salario real de los maestros.
Un presupuesto educativo que se planteara para 1985 una política de salarios que permitiera que la mayoría de los trabajadores del sector recuperaran su poder adquisitivo de diciembre de 1981, requeriría una modificación de varios programas, principalmente el 4M "Integración de la Educación Básica". Más aún, una política salarial diferente del Gobierno Federal tendría que considerar un cambio fundamentalmente en tal programa, ya que, como atrás se mencionaba, de él depende casi la mitad de las plazas de la Administración Pública Central. Para 1985, el presupuesto global del sector público destinado a los servicios personales propone un incremento de sólo 31.9% en relación al esperado para 1984, y aún de aplicarse la reserva para aumentos salariales no se recuperaría el próximo año de salario real de los trabajadores públicos de 1982. En el caso de los maestros de educación básica, para que en 1985 se recuperara su poder adquisitivo de diciembre de 1981, se requeriría aumentar el gasto en servicios personales del programa 4M, de 395 mil millones que proponen el Proyecto de Presupuesto, a 996 mil millones de pesos de 1985. Con esto se tendría que elevar el presupuesto del programa en 131% (de 457.5 a 1 057.8 millones), el de la SEP en 52%, y el de todo el sector educativo en 42%.
En el caso de la planta física educativa, el programa 3Z "Aplicación y mejoramiento de la planta física educativa" propone un gasto de 98 378 millones para 1985. Este monto es inferior en 14.5% en términos reales al presupuesto para el mismo fin de 1981, es decir, para el próximo año se está proponiendo un gasto en infraestructura para la educación que no supera siquiera en valores reales al de 1981. Para recuperar al menos el nivel de este año, el gasto del programa 3Z en 1985 debería ser de 114586.4 millones, un 16% superior al que se propone en el Proyecto de Presupuesto. Tomando en cuenta sólo estas dos modificaciones, el gasto de la SEP y del sector educación para 1985 se tendría que incrementar en la siguiente forma:
Programas Monto Monto Incremento %
propuesto alternativo
Pr. 4M "Integración de la educación básica 457.5 MM 1,057.8 MM 600.3 MM 151.4
% del total SEP 40.2 60.9
P. 3Z "Ampliación y mejoramiento de la planta física" 93.4 MM 114.6 MM 16.2 MM 16.5
Total de la SEP 1,136.5 MM 1,736.8 MM 616.5 MM 54.2
Total del sector educativo 1,432.1 MM 2,032.4 MM 616.5 MM 43.0
El nuevo gasto para el sector educativo representaría 4.6% del PIB en 1985, en lugar del 3.2% que representa el monto presupuesto en el Proyecto de Presupuesto. Cabe aclarar que para recuperar en 1985 la proporción gasto educativo/ PIB que tenía en 1981*, se requería un monto que sería 14% superior al propuesto. Con el nuevo gasto educativo, la proporción del sector en relación al total del gasto programable, manteniendo el que se propone, sería de 19.8%. El proyecto propone una relación de 14% entre el sector educación y el total programable.
* Ver cuadro 13, Anexo 2.
4. Sector Salud: Elevar el gasto para la población no cubierta.
En el gasto para las instituciones de salud es donde se refleja con mayor claridad cómo durante estos años no sólo se realizó una política restrictiva sino que tampoco se introdujeron cambios que mejoraran la asignación del gasto. También se muestra nítidamente cómo la reducción del presupuesto afectó aquí negativamente los niveles de bienestar, ya que en la mayoría de los casos empeoraron los índices relacionados con la salud. Pese a que el presupuesto propuesto para 1985 en materia de salud y seguridad social tiene un incremento real de 14% sobre el esperado de 1984, no se modifica el carácter desigual de su asignación ni se reinvierte el rezago que durante 1982 y 1984 se acumuló. En este lapso aumentó la proporción que de la población total no está incluida en algún sistema de seguridad social, y dado que aumentó la población formalmente atendida por la SSA, también se agravaron las diferencias ente la población atendida en la medicina privada, la que recurre a los servicios abiertos y de las instituciones de seguridad, y la no atendida. Esta última alcanza todavía en 1984 los 14 millones de personas, sin contar que una proporción relativamente alta de la población de hecho no es atendida por la SSA. Esta desigualdad se expresa en las relaciones entre población atendida y gasto. (Ver cuadro 9, Anexo 2).
% del gasto % población
en salud cubierta
IMSS 62 38.3
ISSSTE 13 8.3
SSA 22 37.7
IMSS - COP. 3 15.7
Total 100.0 100.0
El IMSS cuenta con el 62% de los recursos para la salud y atiende al 38.3% de la población amparada; la SSA atiende al 37.7% de la población con el 22% del presupuesto y el programa IMSS - Coplamar sólo cuenta con el 2% del gasto para atender al 15.7% de la población.
Habitantes Habitantes
(1984) por cama* por medico*
IMSS 948 961
ISSSTE 1,056 733
SSA 1,390 1,808
IMSS - Coplamar 7,024 2,949
* Ver cuadro 10, Anexo 2
Lo anterior se traduce en una distribución marcadamente diferente de los recursos físicos y personales por habitante dentro del sistema de salud.
Para el próximo año esta situación de hecho de mantendrá, ya que el gasto para el IMSS, por ejemplo, crece más que el se la SSA. La distribución por programas, además, sigue manteniendo una concentración en la atención que se otorga en la curación. En el caso de la SSA, por ejemplo, para 1985 se propone que el 41% del gasto se asigne a la atención curativa y sólo el 13% a la preventiva.
Una política de gasto de salud que realmente empezara a atender a la población más desprotegida de nuestro país, debería plantearse al menos lo siguiente:
a) Destinar recursos a la Secretaría de Salubridad para que la población actualmente desatendida fuera incorporada a la atención preventiva, curativa y a los otros servicios;
b) Elevar el gasto para que el presupuesto por persona alcanzara los mínimos indispensables para una atención completa. Al menos
tal relación debería igualarse a la existente el IMSS; c) Incrementar los recursos para que algunos sectores de la población que actualmente son teóricamente protegidos, tuvieran una atención real, como es el caso de los ancianos;
d) Crear programas para la seguridad social de la población no protegida por el IMSS, el ISSSTE o alguna de las otras instituciones.
Para que la SSA dispusiera un presupuesto suficiente para atender a la población cubierta, con el gasto por persona para salud que actualmente tiene el IMSS, se le debería elevar el presupuesto de 163 mil millones, que es lo que propone, a 345 mil millones. Para incorporar a los trece millones de personas desatendidas, la SSA debería contar adicionalmente con 166 mil millones , lo que haría un presupuesto total de la SSA, de 674 mil millones, lo que representaría un incremento de cuatro veces lo que se propone. Como se ve, el esfuerzo para igualar los recursos para la población no cubierta o atendida por la SSA, con los recursos por persona en el IMSS, implicaría una modificación drástica del gasto. El monto necesario representaría el 19% del gasto programable que el Gobierno Federal está proponiendo a la Cámara de Diputados, lo que delata la insuficiencia del presupuesto a la luz de las necesidades a cubrir. Además, el hecho de igualar el gasto no representaría por sí mismo una solución ya que es posible que aún en el IMSS el gasto por persona sea suficiente.
Estos recursos adicionales, 511 mil millones, tendrían que canalizarse, en parte, a los subprogramas 01 y 03 del programa YV "Atención Curativa" para la construcción y rehabilitación de centros de salud, clínicas y hospitales, pero preferentemente al programa YU "Atención Preventiva", principalmente a los subprogramas 01 (Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación), 02 (Control de Enfermedades Transmitibles), 03 (Detención Oportuna de Enfermedades), 04 (Nutrición) y 05 (Consulta a Sanos), modificando el contenido de algunos de estos subprogramas, principalmente el de Nutrición. En este, por ejemplo, el objetivo que se plantea en el Proyecto de Presupuesto es loable "Mejorar el estado nutricional de la población, mediante la orientación y la alimentación complementaría, particularmente del núcleo materno infantil que habita en áreas rurales y urbanas marginadas". Sin embargo, el gasto asignado es de sólo 854.5 millones, para otorgar 20 millones de raciones alimenticias, un costo de 42 pesos por ración. En este programa, la SSA, en coordinación con Conasupo y las organizaciones sociales que se involucraran, debería proponerse la distribución de raciones completas de alimentos a toda la población considerada en una situación nutricional crítica, la que según documentos oficiales, rebasa los seis millones de personas. Se debería proponer, además, la distribución complementaria de raciones para el resto de la llamada población "objetivo" compuesta por otros 25 millones de personas. Se deberían canalizar también preferentemente esos recursos, al subprograma 03 (Alimentación Complementaria) del Programa ZO " Prestaciones Sociales", que se propone "Proporcionar a las familias de escasos recursos los complementos alimenticios que les permitan mejorar su nivel nutricional". La meta que se propone el proyecto de presupuesto en este caso, tampoco guarda relación alguna con el objetivo, pues asigna sólo 8.7 millones de pesos para otorgar 149 000 raciones de alimentos, a un costo de 58 pesos por ración. Otro subprograma que se debería atender prioritariamente es el de " atención a la vejez".
Una entidad más que debería ser favorecida con estos recursos es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para incrementar la distribución de desayunos escolares, de los que actualmente se reparten para sólo 424 mil niños.
En cuanto a seguridad social, deberían incrementarse el presupuesto destinado al otorgamiento de pensiones y jubilaciones por parte de las instituciones. Los recursos que se proponen para el IMSS en el subprograma 02 (Pensiones y jubilaciones) del Programa 1E "Prestaciones Económicas", sólo alcanzan para cubrir durante 1985 un 44% del salario mínimo, suponiendo que este se incremente en 35% el año próximo. Igualar estas pensiones y jubilaciones para los casi 700 000 pensionados del IMSS para 1985, implicaría recursos adicionales por 100 mil millones de pesos, lo que acumularía un presupuesto del IMSS de 800 mil millones, 14% más de lo presupuesto. Con esto, el sector salud requeriría aproximadamente 611 mil millones más de lo que se propone en el proyecto de Presupuesto, lo que haría un monto de 1,698 miles de millones. Esto significaría un 16.5% del gasto programable propuesto, y un 3.9% del PIB, es decir, una proporción aún menor que la de 1979.
Lo anterior, tanto en el caso del presupuesto para salud y seguridad social como en el de educación, muestra que el gasto que el Ejecutivo propone para 1985 es insuficiente en términos de las necesidades a cubrir, y que sólo para mejorar los salarios de los maestros de educación básica, para ampliar el gasto en infraestructura educativa, incorporar a la población no cubierta por las instituciones de salud, elevar el gasto por habitante en este sector e igualar pensiones y jubilaciones del IMSS con el salario mínimo, se requeriría un gasto programable mayor en 1,227.5 miles de millones al que se propone el proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación para 1985. Estos requerimientos implicarían elevar en 12% el gasto programable propuesto, de 10,238 miles de millones a 11,465, lo que representaría una proporción de por lo menos 26% del PIB, tres puntos más que la propuesta del Ejecutivo.
b) Programa de deuda pública.
Para dar cumplimiento al objetivo de impulsar la producción y el empleo, se requiere modificar el programa de deuda pública. En el contexto interno, la colocación de deuda requiere una coordinación puntual con la política monetaria, puesto que no puede entenderse que dos instancias diferentes decidan sobre un problema de financiamiento que al conjugarse ha derivado un alto costo financiero para el sector público. La perspectiva socialista para impulsar el crecimiento, demanda de una reducción en las tasas de interés para reducir a la vez el monto del servicio de la deuda interna que durante los últimos años ha sufrido un incremento desproporcional. Esta reducción efectiva de la tasa de interés implica fortalecer los controles internos sobre el movimiento de capitales, ya que de lo contrario el movimiento de la tasa de interés tendrá que seguir ligado a factores externos, ante el temor de un recrudecimiento de la especulación. De esta forma, nuestra propuesta demanda una reducción de la tasa de interés pasiva y activa, de suerte tal que el costo porcentual promedio alcance, al finalizar 1985, un nivel no superior al 30%. Con ello se reduciría la carga de la deuda pública interna y se permitiría una recomposición del gasto en favor de los sectores productivos. Nuestra propuesta tendría efectos antiinflacionarios, ya que el costo financiero ha resultado una barrera para que la inflación continué reduciéndose.
En lo que hace a la deuda externa es necesario reducir los montos destinados al pago de intereses y eliminar los pagos de amortización no requeridos, con el fin de liberar divisas para usos productivos. En este programa proponemos iniciar una nueva renegociación de la deuda cuyo propósito principal sea diferir el pago de intereses. Dados los programas propuestos de incremento a la producción y a la inversión, de requiere de un monto mayor de divisas para realizar nuevas inversiones y dar mantenimiento de emergencia a la plata productiva, que en los últimos años ha sufrido un fuerte deterioro en sectores estratégicos, como es el caso de las plantas de refinación y procesamiento petroquímico de Petróleos Mexicanos. Considerando estos requerimientos se estima necesario reducir en al menos dos mil millones de dólares el pago de intereses externos y a la vez eliminar los pagos de amortizaciones por anticipado que se han pactado por parte del Gobierno Federal. Estos recursos se utilizarían para aumentar las importaciones de materias primas y bienes de capital y para garantizar un incremento industrial compatible con la meta global del 5%.
c) Reforma fiscal integral.
Para financiar una expansión del gasto público que garantice un incremento de 5% del PIB, es necesario un cambio sustancial en la política de ingresos puesto que la actual ha mostrado su agotamiento y sus efectos desestabilizadores sobre la economía, al mismo tiempo que ha inducido una mayor desigualdad en la sociedad al basarse casi en forma exclusiva en revisiones a los impuestos indirectos.
En este sentido nuestra propuesta enfatiza que si bien es necesario elevar los ingresos del Estado, esto debe realizarse contemplando en cada momento los efectos distributivos de cada medida. Por ello los socialistas proponemos una reforma fiscal integral que se inicie con los impuestos directos y en particular con los impuestos al ingreso de las personas y a la riqueza acumulada, a través de estas medidas sería posible incidir en la modificación del patrón de distribución del ingreso, promover las actividades económicas vinculadas a la atención de las necesidades sociales y contribuir a desarrollo independiente del país, permitiendo al Estado aprovechar la capacidad tributaria de las personas de más altos ingresos. Nuestra propuesta de reforma fiscal contempla los siguientes elementos:
a) Impuesto Patrimonial. Se requiere gravar la riqueza acumulada, buscando evitar con ello criterios rentistas en el proceso de acumulación de capital. Por esta razón se propone establecer un impuesto patrimonial sobre activos no reproducibles (bienes inmuebles y bienes de lujo), buscando con ello entre otras cosas, realizar una reforma de redistribución en la propiedad urbana.
b) Globalización total de los ingresos de las personas físicas y morales para fines de impuestos sobre la renta. Para ella es necesario ampliar los conceptos sujetos a acumulación y eliminar el esquema cedular o capitular presente que ha permitido diferenciar los ingresos, siendo una de las principales trabas para completar el proceso de acumulación.
c) Eliminar tratamientos fiscales especiales. Se requiere eliminar los actuales tratamientos especiales que aún subsisten para dar mayor generalidad al impuesto cumplir con ese principio constitucional.
d) Eliminación de deducciones injustificadas. La derogación de todas aquellas deducciones que no tienen justificación económica y social, buscando con ello alcanzar una base gravable acorde a los ingresos efectivos del causante.
e) Mayor progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta. Modificación de las tarifas aplicables a las personas físicas y a las sociedades mercantiles dándole una mayor progresividad a los últimos renglones, calzando por esa vía tarifas superiores al 60 por ciento sobre el margen, para garantizar la equidad distributiva.
f) Simplificación en el impuesto a las empresas productivas. En la actualidad a las empresas productivas se les obstaculiza el proceso de inversión y producción debido a la falta de un esquema tributario transparente
por lo que se propone sujetar a las empresas a una tasa única de contribución federal progresiva, buscando con ello eliminar la evasión fiscal.
g) Revisión de los precios y tarifas públicos. Es imprescindible que la revisión de precios y tarifas se haga no como respuesta a presiones coyunturales financieras sino buscando subsidiar el consumo popular y elevando los precios en aquellos renglones en donde un aumento realmente se traduzca en una verdadera elevación de los ingresos.
IV. Consideraciones finales
Con los "Lineamientos para una Política Alternativa de Gasto Público" el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México no pretende presentar una alternativa global para la economía aunque en los planteamientos del PSUM tal alternativa esté delineada y se haya expresado en diferentes ocasiones en la Cámara de Diputados a través de intervenciones y documentos diversos. En esta ocasión hemos tratado de demostrar que para realizar acciones que realmente eleven los niveles de bienestar de la mayoría de la población se requiere no sólo un gasto público al que el Poder - Ejecutivo propone para 1985 sino también un gasto asignado en forma diferente a la tradicional, que es la que impera en la propuesta gubernamental. Pero no sólo el monto y la distribución del Proyecto de Presupuesto se ha realizado conservadoramente; su preparación y discusión se mantiene alejada de los intereses de los grupos más desprotegidos de la población, pues el presupuesto sigue siendo en su diseño, discusión, aprobación y ejecución un simple trámite burocrático ajeno a la intervención de las organizaciones sociales representativas y a una verdadera participación parlamentaria. En esté, como en los otros casos, se desdeñan las posiciones diferentes y más alla de modificaciones menores y formales, y en ocasiones ni siquiera eso, se impone acríticamente la iniciativa del Ejecutivo.
Después de tres años de crisis, el gasto público sigue sin responder a las demandas más urgentes que plantea el deterioro de la vida de la mayoría de los mexicanos. Primero, la contracción del gasto agudizó la crisis, pues, dada su importancia como motor del crecimiento junto con él se desplomaron un sin número de actividades de las cuales dependen los ingresos y el empleo de millones de mexicanos. Después, para 1984, el tímido crecimiento del gasto no permitió la recuperación más dinámica que se requería para evitar se siguiera acumulando en número de desempleados, para impedir que se deteriora aún más la planta productiva y para no permitir que se rezagara más nuestra capacidad para atender las cada vez mayores y complejas necesidades de la mayoría de la población. Ahora, para 1985, se ha propuesto un gasto que tampoco atiende suficientemente los requerimientos productivos y de carácter social, y que se deja llevar por las inercias administrativas al continuar con una asignación tradicional que ha mostrado ser ajena a las necesidades más inmediatas de la población.
Para iniciar un crecimiento económico con sentido diferente es necesario superar los actuales criterios de programación del gasto, que parten de metas financieras macroeconómicas, como la de déficit público, y de compromisos como el pago de la deuda. Es necesario partir de las necesidades concretas de la población y a ellas supeditar lo que actualmente el Gobierno mexicano ha tomado como sus principales prioridades; el pago de la deuda y las correcciones financieras. Como hemos querido mostrar con algunos programas de desarrollo rural, educación, salud y seguridad social, para atender acciones que se encuentran ligadas directamente al bienestar de la mayoría se requeriría gasto público muy diferente al propuesto en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985. Este sólo representa la continuidad en la política de finanzas públicas que durante estos años de crisis ha promovido la profundización de la desigualdad social y el retraso productivo.
Un gasto más alto y aplicado más eficientemente es posible si se desechan los actuales esquemas de programación y si se modifica la política de ingresos públicos. Para financiar un gasto que realmente empiece a satisfacer los requerimientos de bienestar, directamente o por medio de sus efectos sobre la economía, es necesaria una reforma fiscal como la hemos esbozado, que descargue los costos de la recaudación gravando progresivamente la riqueza, y una política de deuda pública que supedite su servicio al cumplimiento interno de objetivos productivos y de bienestar en lugar de seguir comprometiendo nuestro futuro con los pagos tan altos que se hacen y a los que se ha comprometido el Gobierno para los próximos años. También es posible una distribución y una aplicación del gasto diferentes si en su programación intervienen directamente las organizaciones sociales y si en su diseño global participa la Cámara de Diputados; si en su discusión se toman en cuenta las opiniones de las fuerzas de oposición, y si en su ejecución se responsabiliza e involucra sin condicionamientos a los receptores del gasto. Si esto no se realiza, si el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 se aprueba en las términos en que lo ha presentado el Poder Ejecutivo, la política presupuestal continuará siendo un ejercicio tecnocrático y no lo que hoy la sociedad requiere: un ejercicio democrático al servicio de la mayoría de los mexicanos.
Anexo 1
SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 1985
Consideraciones generales
El gasto bruto total que el Gobierno Federal propone para 1985 asciende a 18 billones 318 mil millones de pesos (18 mil 390 miles de millones), que significan un 38.3% más de lo que se espera será el gasto total durante 1984. Para este año se había aprobado un presupuesto de 11 mil 706 miles de millones, más una reserva de 277 mil millones que también se gastó; el gasto realizado ascendió, según lo estima el Gobierno Federal, a 13 mil 295 miles de millones, es decir, 10.9% más de lo autorizado. Este gasto superior al aprobado se debió principalmente a un servicio de la deuda superior en 26% al previsto, ya que el gasto programable sólo se desvió 6.7% (ver cuadro 1 del anexo 2).
El incremento de 38.3% propuesto para 1985 sólo sería 3.5% mayor al índice inflacionario que el Ejecutivo estima para el próximo año, lo cual habla de que se mantiene todavía una política de gasto restrictiva, pues el incremento real del gasto total apenas sería positivo por un pequeño margen, y eso si se logra la meta inflacionaria, lo cual no es muy probable a juzgar por la experiencia de 1983 y 1984. Pero más que el gasto global, importa ver cuál es el crecimiento del gasto programable, el que junto con las participaciones a estados y municipios es el que tiene más impacto en el comportamiento de la economía. Esto es así ya que en el gasto programable queda comprendido el presupuesto para sueldos y salarios, compras de bienes y servicios, obras públicas, etcétera. Este gasto, el programable, deflactado con el índice de precios del producto tendría apenas un crecimiento real de 2.4% durante 1985, lo cual resulta muy bajo si se considera que durante 1982 y 1983 su caída real fue de 25% y si se considera que el crecimiento de la población será entre 2.2 y 2.3 el próximo año. Es decir, prácticamente no habría un crecimiento real de 1 gasto per cápita por cuarto año consecutivo. Con el crecimiento real de 2.4% en 1985, el gasto programable sería todavía inferior al de 1981.
GASTO PROGRAMABLE
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Es importante aclarar que no todos los rubros del gasto tendrán un crecimiento real positivo. El gasto de capital, por ejemplo, de ajustarse a lo propuesto, tendría un crecimiento real negativo en el caso de los organismos y empresas, y lo mismo sucedería con su gasto corriente. También el rubro de servicios personales, que incluye principalmente los sueldos y salarios, tendría un crecimiento real negativo. Solo si se utiliza la reserva o paquete para revisión salarial del Gobierno Federal, incluida en las erogaciones no sectorizables, el aumento real sería positivo, pero aún así los trabajadores del sector público estarían lejos de recuperar el poder adquisitivo de 1981 e incluso el de 1982. Este crecimiento tan bajo del gasto programable tendrá como consecuencia que las obras realizadas por el Gobierno Federal en la mayoría de los casos queden por debajo de las de 1982, lo cual acentuará el rezago que existe en muchos sectores.
La principal restricción que tendrá el gasto durante 1985 será de nuevo el servicio de la deuda. Aunque su proporción disminuye ligeramente, continúa ocupando una parte sumamente elevada del gasto público, con lo cual la deuda sigue siendo el principal freno a la recuperación global de la economía, ya que no solo obstaculiza el crecimiento del gasto sino que restringe también las importaciones necesarias para mantener, incrementar o dar mantenimiento a la planta productiva. En 1985, de acuerdo al proyecto, el servicio de la deuda ocuparía el 37.3% del gasto total, el gasto programable representaría 55.7% y las participaciones a estados y municipios y otros el 7%.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO
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El peso del servicio de la deuda sigue mostrando que se requiere otra solución al problema del endeudamiento, y que las renegociaciones no han constituido una alternativa que ofrezca mejores perspectivas para nuestro desarrollo. Para el próximo año, el servicio de la deuda externa será cercano a los tres billones de pesos, la mayor parte por intereses; a partir del proyecto de presupuesto no puede conocerse la proporción exacta que le corresponde a la deuda externa, lo que constituye una de sus lagunas informativas más importantes, pero sólo los organismos paraestatales controlados presupuestalmente tendría que pagar casi un billón y medio de pesos por servicio externo en 1985, monto que podría ser mayor por la política de deslizamiento del tipo de cambio y por las alzas eventuales en las tasas de interés externas. A contingencias de este tipo, ya no tan imprevisibles, sigue estando atacado el gasto, como lo mostró la experiencia de 1984, pues de hecho la mayor parte de la reserva que se previó para la recuperación económica, fue absorbida por el intercambio de las tasas externas de interés desplazando las prioridades que el decreto de presupuesto establecía. El propio proyecto presupuestal para 1985 reconoce que la urgencia de la deuda en 1984 "también implicó dejar de atender rubros de gasto programable" y significó un detrimento en la prestación de servicios públicos y en la producción de bienes estratégicos. Incluso se propone ahora la aprobación de una reserva especial de 200 mil millones de pesos para atender alzas en las tasas de interés externas, lo cual hará más rígida la estructura del gasto aunque resulte más manejable cualquier contingencia financiera. En 1985, aunque el crecimiento del servicio de la deuda será inferior el del gasto total, los recursos adicionales que requerirá representarán más de una tercera parte del incremento presupuestal, lo cual de nuevo muestra las restricciones que la deuda aún sigue imponiendo al gasto.
CRECIMIENTO DEL GASTO PARA 1985
(Miles de millones)
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Visto como proporción del producto, el gasto programable continuará disminuyendo. En 1985 será ocho puntos del PIB menos que en 1981, y los ingresos serán poco más de cinco puntos superiores, también como proporción del producto. Con una modificación así se ha llegado de hecho a un superávit financiero antes del pago de intereses, muestra elocuente de que la mayor parte de la sociedad ha resentido el esfuerzo para liberar excedentes destinados al servicio de la deuda a cambio de una reducción de los niveles. Esto está muy lejos de ser un saneamiento del gasto como la sociedad lo requiere. El bajo crecimiento del presupuesto para el próximo año sólo muestra y ratifica que ante lo que nos encontramos es ante un raquitismo de las finanzas públicas, que como contrapartida tiene un retroceso social de graves consecuencias.
En lo que se refiere a la distribución sectorial del gasto, para 1985 no se advierte una modificación sustancial. Los sectores sociales tendrán una participación menor dentro del gasto total que en 1982. (Ver cuadro 2 del anexo 2).
ANEXO 2: CUADROS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS
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CUADRO A2 - 1
COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN 1983 Y 1984
(Miles de millones y %)
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CUADRO A2-2
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO 1982-1984
(%)
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CUADRO A2-3
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(%)
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CUADRO A2-4
INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL
(%)
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CUADRO A2-5
TABLA COMPARATIVA POR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO SECTORIAL DE SARH.
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CUADRO A2-5 (continuación)
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CUADRO A2-6
DESGLOSE COMPARATIVO DEL PROGRAMA FX:
Desarrollo de Áreas de Riego.
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CUADRO A2-7
DESGLOSE COMPARATIVO DEL PROGRAMA FW:
Desarrollo de Áreas de Temporal.
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CUADRO A2-8
INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA FF, A PARTIR DE PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1985.
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CUADRO A2-9
SECTOR SALUD
COBERTURA INSTITUCIONAL EN 1984
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CUADRO A2-10
GASTO, RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS DEL SECTOR SALUD POR INSTITUCION EN 1984
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CUADRO A2-11
GASTO EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL PERCÁPITA Y % DEL PIB. 1977 1985
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CUADRO A2-12
GASTO PÚBLICO FEDERAL, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO EN EL SECTOR EDUCATIVO
1976-1985
(Millones de pesos a precios corrientes)
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CUADRO A2-13
E D U C A C I Ó N
GASTO PÚBLICO FEDERAL POR HABITANTE
1977 - 1983
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CUADRO A2-14
SALARIO REAL PROMEDIO MENSUAL
DEL MAGISTERIO EN EL D.F.
NIVEL PRIMARIA Y PREESCOLAR
( PESOS DE 1978 )
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CUADRO A2-15
SALARIOS MAGISTERIALES EN EL D.F.
NIVEL: PREESCOLAR Y PRIMARIA. ÍNDICE SEMESTRAL.
PRIMER SEMESTRE de 1980 = 100
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El C. Presidente: -Tiene la palabra en contra el ciudadano diputado Ignacio Vital Jáuregui.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Señor Presidente, con su venia.
Honorable Asamblea: Nuevamente y por tercera vez, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano sube a esta tribuna, la más alta de la República, a expresar su inconformidad con la inconveniente manera de manejar las finanzas nacionales en esta discusión del Presupuesto de Egresos de 1985.
Nuestro desacuerdo se basa en el hecho de que se sigan implementando los mismos dispositivos financieros, fiscales y administrativos que dieron tan desastrosos resultados en los dos sexenios anteriores, en "La Docena Trágica", y que nos seguirán manteniendo en el desorden administrativo, en la crisis y en la miseria nacional.
Nos constituimos en el clamor nacional que se puede expresar en la frase que todo mexicano bien intencionado expresa: Esto ya no puede seguir así.
Desde diciembre de 1982, así como en 1983, expresamos aquí mismo que el ejercer billonarios déficits presupuestarios trastorna la economía nacional y precipita al país por la senda del desbarajuste administrativo, del endeudamiento interno y externo y el desaliento total de las fuerzas productivas.
El esquema funcional del desorden económico nacional es el mismo que se observa cada año, cual si fuera horrible pesadilla, desde 1970. El déficit presupuestario conduce al endeudamiento externo. Este año será de mil millones de dólares: también conduce al endeudamiento interno, que este año será de 6 billones 662 mil millones de pesos.
El endeudamiento externo merma considerablemente nuestra independencia y soberanía, al convertirnos cada día en dependientes del extranjero y en molestos pedigüeños del ahorro externo, en lugar de buscar nuestro nacional y acelerada impresión de papel
El endeudamiento interno se cubre con la venta de CETES, petrobonos, bonos del ahorro nacional y acelerada impresión de papel moneda, que trastorna la economía al aumentar la inflación y el desorden cambiable. Los CETES y bonos en general a su vez son otras fuentes de inflación que aumenta también el desorden de la economía e impiden su saneamiento y fluidez.
La inflación induce a la carestía porque cada día hay más dinero en circulación para adquirir los mismos bienes y servicios. Y esta carestía golpea a todo el pueblo consumidor, pero principalmente a las clases medias y humildes que son la mayoría del país, porque sus aumentos salariales nunca alcanzan a los precios de los servicios y de las mercancías.
La planta productiva a su vez sufre una parálisis en cadena, por el encarecimiento de los insumos que se tendrán que adquirir en el extranjero, y por la escasez y carestía de las divisas internacionales. Esta parálisis industrial produce a su vez desempleo con los consiguientes problemas de vagancia, desesperación e inseguridad pública. Para cubrir estos desmesurados déficits, el aparato gubernamental recurre a elevar al máximo los impuestos, los derechos productos y aprovechamientos.
El total de los ingresos federales, por los conceptos antes señalados, alcanzará la fantástica suma de 7 billones 683 millones de pesos. Si dividimos esta cantidad entre 12 millones de familias mexicanas, veremos que en promedio cada una pagará al fisco 640 mil pesos en al año de 1985.
¡Qué caro le resulta al pueblo de México el mantener en el poder a una oligarquía cuyo programa es "mantener hasta sus últimas consecuencias el proyecto histórico de la Revolución"!
Como si el proyecto histórico por el que perdieron la vida más de un millón de mexicanos hubiera sido el encumbramiento de una casta oligárquica que se mantuviera en el poder a base del engaño, la mentira, la injusticia y la burla contumaz al sufragio efectivo del pueblo mexicano.
Es tal desajuste económico de la Nación, que ni elevando al máximo los impuestos alcanzará para el pago de la administración. También habrá que elevar hasta lo imposible el precio de los bienes y servicios de las empresas del Estado. Este año que estamos contemplando, los ingresos de las paraestatales será de 8 billones ochenta y cuatro mil millones, que por cada mexicano equivale a 112 mil 277, o a otros 674 mil pesos, por año y por familia.
¿Serían estas exacciones injustas el proyecto revolucionario de Madero, Pino Suárez, Carranza y Vasconcelos?
Pero ni con todos los ingresos antes señalados y que suman ya 15 billones 767 mil millones alcanzaremos a cubrir el gasto del Presupuesto de 1985. Su monto será de 18 billones 390 mil millones de pesos.
El resto, el diferencial lo tendremos que pagar con endeudamiento, inflación, carestía, desempleo, improducción, bracerismo y desnutrición del pueblo de México.
El endeudamiento neto de 3 billones 415 mil 700 millones de pesos, que equivale en un sólo año a 17 mil millones de dólares, irá a engrosar la abultada cuenta de la deuda pública, nacional y extranjera, como una muestra bien clara del fracaso de los programas, de la renovación moral y del reordenamiento económico.
El servicio de la deuda pública alcanzará este año, la escandalosa suma de 6 billones 861 mil 700 millones de pesos. A cada mexicano nos costará un promedio de 95 mil pesos, pago injusto producto del derroche y corrupción de los que provocan el desorden administrativo para medrar en río revuelto.
Porque unos fueron los que obtuvieron mansiones versallescas en el país, feudales castillo en el extranjero y cuantiosas fortunas en bancos internacionales, y otros, los más, tendremos que pagar amargamente en ésta y quien sabe cuántas más generaciones, los frutos de la corrupción de una oligarquía que desvió la senda de la Revolución que se hizo, precisamente, para que no fuera una sola casta o facción, la usufructuaría de los esfuerzos de todos los mexicanos productivos.
Esto demuestra a las claras que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente; Por eso, el pueblo tendrá que seguir pagando los amargos frutos del desbarajuste económico - administrativo de los logreros de la Revolución desviada.
Porque mientras sigamos navegando en las aguas del unipartidismo, la antidemocracia y la impunidad, la corrupción seguirá inundando y hundiendo cada día más la nave de los destinos nacionales.
Una prueba más de lo anteriormente aseverado, es la pesada carga que para México significa el sostenimiento de las empresas paraestatales. Anualmente le cuestan al pueblo millonarias inversiones para cubrir los desfalcos y saqueos de malos administradores, que con criterio más político que administrativo o técnico, arriban a estas empresas, como amargo premio a sus obsequiosos servicios al sistema injusto que detenta el poder.
En 1985, este año habrá que apuntalar con 2 billones 252 mil millones de pesos el desfalco de estas empresas, en partidas disfrazadas de apoyos, inversiones, transferencias y subsidios.
Esta cantidad, antes señalada, es el precio del servicio de la deuda pública de organismos y empresas del Estado que nos endeudaron y nos seguirán endeudando, mientras nuestra economía esté en manos de los economistas keynesianos que a pies juntos piensan que mientras más se gaste el dinero en cualquier cosa, más se mejorará el sistema económico nacional.
Los desastrosos resultados están a la vista, pero ellos insisten en el desorden y el derroche de las finanzas nacionales. Bien decían los antiguos griegos: "Los dioses primero ciegan a los que quieren perder".
Por último, queremos dejar asentado en esta alta tribuna del país nuestro parecer con relación a éste y otros presupuestos de egresos. Queremos un Estado impulsor o rector de la actividad económica, pero nos oponemos a un Estado totalitario que ahoga la iniciativa de sus gobernados.
Queremos un gobierno que norme las relaciones comerciales del país y no se meta a abarrotero, perdiendo 378 mil 100 millones de pesos en un solo año. Queremos un Estado que construya con los impuestos de los gobernados la infraestructura pesquera, haciendo buenos puertos, almacenes, frigoríficos; dragando las marismas y lagunas litorales, pero que no se meta a pescador, transportista y comerciante de los productos pesqueros, perdiendo 181 mil 200 millones de pesos en estas actividades que encarecen por este medio los productos del mar.
Ciertamente hay actividades prioritarias del Estado en la economía, como son las de producción de energéticos, electricidad, infraestructura agrícola, redes caminera y ferroviaria, infraestructura pesquera y marítima, los correos, los telégrafos, la infraestructura minero - metalúrgica.
Pero las pérdidas de billones de pesos anuales en las diferentes ramas económicas del Estado, que lo mismo es cinematografista que hotelero, cabaretero, abarrotero, fundidor, maderero, urbanizador, transportista, comunicador y hasta vendedor de aguas gaseosas, merman todas estas perdidosas actividades, la eficacia del Estado en la prestación de servicios primordiales que debe dar a la ciudadanía como son el orden, la educación, la buena impartición de la justicia, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, y la buena administración en general, que conllevan al progreso y al desarrollo mediante la plena realización de todos y cada uno de los gobernantes y gobernados.
Pero todos estos sueños se realizarán solamente cuando en México impere el orden institucional manifestando en un verdadero estado de derecho, en el que las autoridades sean realmente electas por el pueblo en limpias e imparciales elecciones. Aspiramos a un Estado en que la ley sea suprema norma de convivencia humana, por encima de los intereses de secta o fracción; donde el gobernante se amolde al mandato constitucional y no amolde la legislación a su capricho personal o al de su partido.
Por considerar que los mexicanos no tenemos un gobierno que reúna las condiciones virtuosas arriba enumeradas, y que éstas anomalías funcionales impiden una buena y honesta administración de los egresos que se ejercerán en 1985, y por considerar además que este presupuesto es deficitario, inflacionario, empobrecedor del pueblo, y que aumentará desmesuradamente la deuda pública y que inducirá más a la carestía, al desempleo, al bracerismo y al desorden general de las finanzas públicas, nuestra fracción parlamentaria votará en contra, y al hacerlo, lo hará interpretando el sentir nacional de todo el pueblo mexicano.
México, D.F., diciembre 28 de 1984.
Diputado Ignacio Vital Jáuregui."
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El C. Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados: El día de hoy en que analizaremos el Presupuesto de Egresos del año próximo, conviene hacer algunas reflexiones sobre su contenido básico, para, en su momento, examinar algunos aspectos parciales que nos preocupan, como es el caso del programa de abasto de la Conasupo, como es el caso de la inversión
industrial y de la inversión en ciencia y tecnología, que trataremos en lo particular.
Para nosotros, el presupuesto de 1985 es, en sus rasgos esenciales, muy parecido al presupuesto del presente año y, por lo tanto, muchas de nuestras reflexiones y opiniones, tienen que ser reiterativas de las que aquí sostuvimos por estas fechas el año pasado.
En primer lugar, nosotros encontramos una limitación presupuestal derivada de un sistema tributario, anquilosado, obsoleto, atrasado, que sigue descansando, fundamentalmente, en la venta de petróleo y en el Impuesto al Valor Agregado. Es decir, en los impuestos al consumo. Mientras. éstas sean las bases del sistema tributario, esto repercutirá, como es obvio, en una limitación en el presupuesto de la Federación. Porque por el lado del endeudamiento externo, nos enfrentamos ahora a tremendas limitaciones, porque, de acuerdo con el presupuesto, solamente México se endeudará el año próximo en mil millones de dólares.
Por lo tanto, si el camino del endeudamiento se encuentra agotado y paralizadas las fuentes de ingreso ordinarias del Estado, nos enfrentamos con que cada año, el monto global del presupuesto, no corresponde, no se ajusta a los requerimientos del desarrollo económico nacional.
De esta manera, observamos que todas las magnitudes del presupuesto, se elevan a una tasa menor a la tasa inflacionaria. Esto quiere decir que en una sociedad complicada y deteriorada por la inflación, el presupuesto que debería convertirse en un instrumento para remover las causas de la inflación, ésta por el contrario corroe, merma desde su inicio la aplicación del presupuesto. Sin embargo, al Partido Popular Socialista le preocupa que en este presupuesto la inversión pública apenas represente el 3% en términos generales, y que la gran mayoría de los recursos presupuestales se destinen a los gastos de operación del Estado, de sus empresas y también el pago del servicio de la deuda. Tan sólo por el pago del servicio de la deuda se va el 37% del presupuesto. Esto quiere decir, en términos más accesibles, que en la práctica este presupuesto no está orientado hacia la promoción de la producción industrial, hacia la producción de bienes y servicios y solamente se concibe para atemperar o para disminuir algunos de los efectos más graves de la crisis actual.
El otro aspecto del Presupuesto es su reducción en lo que se refiere a la inversión productiva una vez más la mayor parte del presupuesto se destina al fomento, a la infraestructura, a la salud y esto si bien es cierto atiende a un problema real del momento presente, trata de superar un conflicto que tiene la economía nacional en este momento, más grave que en el pasado inmediato, no podrá transformar o modificar las causas más profundas del desempleo en nuestro país.
¿Cuáles son esas causas que el presupuesto no toca, que el presupuesto no pretende transformar? En primer lugar, un grave deterioro o estancamiento de la planta productiva. El Gobierno está consciente de este deterioro de la planta productiva que se transforma o se convierte en menos empleo para los mexicanos, pero el presupuesto ni por su monto ni por su orientación tiene el propósito de remover o de activar la planta industrial de nuestro país.
Se plantea la continuación del programa de apoyo a la planta productiva, tal y como fue concebido en el primer año del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, pero a dos años de distancia de este programa conviene hacer una reflexión, conviene hacer un balance para comprobar, para demostrar que las esperanzas o las expectativas que había para modificar el comportamiento a la planta productiva, se han frustrado en una medida considerable, la mayoría de los indicadores económicos de las ramas industriales que se benefician con el programa de apoyo a la planta productiva, son índices sumamente bajos que revelan que los supuestos beneficios o alternativas que se tenían no se han cumplido.
Este programa, desde nuestro punto de vista, debería revisarse con la misma escrupulosidad con que se pretende revisar la política de subsidios y de tarifas del sector público, porque no comprendemos, o mejor dicho, no aceptamos que mientras se elabora una política más o menos complicada acerca de los subsidios, de los precios y de las tarifas por el lado de los subsidios a la empresa, a la planta productiva, no haya la misma rigurosidad, la misma selectividad y sí, por el contrario, continúe una política indiscriminada que hasta hoy, desde nuestro punto de vista, no ha dado los resultados deseados.
En primer lugar, debemos señalar que la producción no se ha elevado como se esperaba y que no se ha generado el número de empleos que se calculaba; la mayor parte de los empleos creados, de los empleos transitorios, son creados por el Programa de Emergencia del Empleo del Gobierno Federal, y de una manera tangencial o secundaria tenemos la presencia de la inversión privada en la generación de empleos.
Nosotros no compartimos la idea de que invirtiendo el presupuesto en el fomento en lo que se llama la actividad de fomento, pueda la economía recuperarse, esta tesis del Partido Popular Socialista la sostuvimos desde el primer año del Gobierno actual, porque la experiencia económica del país y la de otros países como México, demuestra que la inversión en el fomento, en la infraestructura, no resuelve los problemas cardinales de la economía nacional y tan sólo supera algunos aspectos sumamente críticos de la economía, o resuelve algunos conflictos que se dan en la crisis económica, pero que por su impacto en la economía no va al fondo, no va a la causa de la crisis económica.
Nosotros recordamos la inversión en el gobierno de Cárdenas, en el gobierno de López Mateos, en el de Díaz Ordaz, para
llegar a la conclusión de que la inversión que estimuló el crecimiento de la economía, fue la inversión en los sectores productivos, en los sectores industriales, en los sectores energéticos fundamentalmente. Y esa experiencia surgía de la realidad mexicana, se ignora, se hace a un lado en el presupuesto y sólo se atiende a problemas de coyuntura, a problemas, si bien es cierto son graves, lo es más grave aún tener una economía estancada y sumamente deteriorada.
Desde nuestro punto de vista, la inversión del presupuesto en su monto mayor, en sus grandes números, debe destinarse, en primer lugar, al sector industrial; en segundo lugar, al sector agropecuario, con el objeto de eslabonar, de vincular la industria con la agricultura, para lograr que la industria y la agricultura se conviertan en las espinas, en las bases fundamentales de la economía nacional y en tercer lugar el abasto de productos básicos fundamentales. Pero si analizamos el presupuesto, vemos que las prioridades son exactamente a la inversa, son exactamente distintas a la que nosotros pensamos y proponemos.
Naturalmente que surge una preocupación: este presupuesto es muy limitado; pero surge otra preocupación ¿de dónde obtener recursos adicionales para elevar el presupuesto a 20 billones de pesos?, ¿de dónde obtener recursos para un presupuesto mayor? Y aquí nos enfrentamos a la íntima relación que hay entre la Ley de Ingresos que aprobamos hace unos días y la Ley de Egresos, nos enfrentamos entonces a un problema económico por un lado y jurídico por el otro, pero fundamentalmente debido a que el Estado mexicano teniendo a su disposición recursos de origen interno, no los ha querido captar fundamentalmente por motivaciones de orden político y de sus relaciones con capas y sectores de la burguesía nacional.
Esta situación nos conduce a plantear la otra objeción que hacemos al Presupuesto. El Estado retrocede en la economía nacional. Al parecer este retroceso es deliberado, es calculado o planteado por sectores del Estado, y para justificar este retroceso se elaboran teorías, se elaboran juicios, tesis, unas y otras conducen exactamente al propósito de reducir la presencia del Estado en la economía nacional, y eso lo vemos muy claramente en su relación con el sector estatal de la economía.
En la práctica, en este presupuesto como en el anterior, se abandona al sector estatal de la economía a sus propios recursos, a los recursos que generen sus actividades, la venta de sus servicios y de sus bienes y eso nos conduce a plantear una política que se llama de eficiencia o de modernización del sector público de la economía que consiste o se expresa de una manera clara en una elevación sistemática de las tarifas de los servicios y de los bienes que presta el sector público.
Nos parece a nosotros que esta tesis o estas tesis, porque son varias, de la modernización y de la eficiencia del sector estatal de la economía, también está separada o está divorciada, tanto del origen de las empresas estatales, como de sus finalidades económicas y sociales. Y también del hecho de que fue el Estado el que por una vía o por otra, creó esas empresas y ahora se separa y se les dice que si quieren crecer, si quieren tener más inversión, deben valerse por sus propios recursos. Lo que quiere decir es que se introduzcan criterios de tipo mercantil en la operación de la mayoría de las empresas, empezando por Petróleos Mexicanos y pasando por la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, nos encontramos con que toda la fase de subsidios a la industria, que había sido fuente de descapitalización de las empresas estatales, se mantiene y se consigna en el presupuesto, una suma de 325 mil millones de pesos por concepto de subsidios. Creemos nosotros que en su mayor parte al sector privado. Se olvida, se ignora, desde luego en forma deliberada, que mientras permanezca esta política de subsidios a la empresa privada, mientras se siga premiando la fuga de capitales, la ineficiencia, la corrupción, en esa medida las empresas públicas tendrán menos recursos de inversión y menos recursos de operación. Y nos encontraremos con la situación paradójica de que habrá más aumentos de las tarifas, de tarifas que causan daño a la economía popular por un lado, pero por el otro se mantienen más o menos inalterables los subsidios referentes al capital.
Lo que nos parece a nosotros sumamente condenable en el presupuesto, es que éste se ajuste al Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior. Este programa, como ya se había analizado en otro momento, persigue como propósito fundamental, trastocar la función rectora del Estado en la economía, y dejar áreas prioritarias de la economía en manos del capital privado nacional y extranjero, y ahora ese programa sectorial trata de ser el programa que inspire la ejecución del presupuesto que estamos nosotros examinando, y ahora criticando desde nuestro punto de vista.
Esto quiere decir que el Gobierno tiene el propósito de entregar áreas de la economía que tienen una alta productividad, una alta rentabilidad y en las cuales estará el futuro de la Nación mexicana. Nos referimos a las áreas en las cuales pronto ya habrá una tecnología muy avanzada.
La tecnología avanzada prácticamente se deja en manos del Sector Privado nacional y extranjero, argumentando que el Estado no dispone de recursos para la inversión en las áreas de la tecnología avanzada, y se deja por lo tanto a la inversión pública nacional y foránea. Pero nosotros nos hacemos la siguiente reflexión: si el estado tiene en sus manos el petróleo, la energía eléctrica, el uranio, con el sector industrial y con el sector energético, de continuar esta tendencia,
podría proporcionarse el fenómeno de que las áreas estratégicas serían complementarias de las áreas privadas de la tecnología avanzada, y eso nos preocupa, poniendo los ojos hacia el porvenir. Porque si bien es cierto que la inversión en las áreas de tecnología moderna requiere cuantiosos recursos, observamos nosotros que éste es el camino por el cual debe transitar nuestro país, de ahora hacia el futuro, con el objeto de impedir que se acentúe la brecha de la dependencia tecnológica y del atraso de México con respecto a otras naciones de carácter capitalista.
¿Qué ocurriría, qué ocurriría si el Estado abandona la inversión industrial, la inversión en la tecnología moderna y la deja en manos del Sector Privado? Nos encontraremos con que los monopolios que detentan el control de la tecnología van a apoderarse, se han apoderado o se están apoderando de este sector de la economía para después cercar, acorralar a todo el sector estatal de la economía y tratar de imponerle una camisa de fuerza, que es insostenible desde nuestro punto de vista.
Aunque esta inversión es a largo plazo, por ejemplo, una planta nucleoeléctrica requiere un plazo de maduración de ocho a diez años, incluso quince años, una inversión en la siderurgia requiere plazos largos de maduración; la inversión en la investigación científica requiere largos períodos de maduración, no obstante eso, ese es el camino que postula el Partido Popular Socialista, porque de no seguir este camino, de no seguir esta inversión, el Estado irá retrocediendo en áreas en las cuales ya estaba presente, como es el caso de la Conasupo.
Para nosotros, la Conasupo se creó con la finalidad de regular el mercado de productos básicos, pero andando el tiempo y por razones de la insuficiencia del comercio privado, la Conasupo fue creciendo y fue ampliando su acción de la regulación del mercado al campo del abasto de productos básicos. Y durante mucho tiempo los ataques que sufrió la Conasupo se debieron a esta transformación de su entrada al campo de abasto de las poblaciones medianas y pequeñas y grandes de nuestro país. Encontramos con que todos los presupuestos aumentan, excepto el presupuesto de la Conasupo en lo que se refiere al abasto de productos básicos.
Para nosotros , el comercio privado no tiene expectativas, no puede, no quiere abastecer al pueblo en los lugares pequeños, en las poblaciones de menos de cinco mil habitantes; pero ahí está la clase obrera ahí están los campesinos y, por lo tanto, la presencia de la Conasupo como una entidad que abastece de productos se impone con absoluta necesidad, y por eso no entendemos la razón por la cual se recortan estos programas de abasto que consideramos fundamentales.
Finalmente, y hacemos ver este aspecto con mayor detalle, consideramos nosotros que este presupuesto no se inclina a favor de las masas populares, sino pretende sólo superar problemas de coyuntura, entre ellos, los quehaceres hieren a una minoría, como es la minoría exportadora, nos referimos a que el presupuesto está prácticamente sometido a los vaivenes del mercado internacional del petróleo, y ya muy claramente se establece la posibilidad de utilizar una reserva ante la eventual, ante la inminente caída de los precios del petróleo en el mercado internacional.
Además, el presupuesto está muy ligado a la continua devaluación de la moneda, que se da en llamar "deslizamiento del peso". Estos dos fenómenos nos indican cuán endeble, cuán deleznable es el presupuesto por estar ligado a factores internacionales que escapan a la voluntad y a la soberanía de nuestro país. Nunca antes México había estado tan comprometido en lo que se refiere a su presupuesto, a los vaivenes de la economía internacional como en la actualidad.
Si los conflictos en el seno de la OPEP, no se resuelven con la creación de un comité de vigilancia, y con medidas disciplinarias a los miembros de la OPEP que violan los acuerdos del organismo, eso repercutirá en la economía mexicana y, por lo tanto, en el Presupuesto de Egresos de 1985.
Por lo tanto, consideramos que este presupuesto no debe ser aprobado por la Cámara de Diputados Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Antonio Govela Autrey.
El C. Ricardo Antonio Govela Autrey: - Señor Presidente; compañeros diputados: Coincidimos con algunas de las opiniones que se han dado en el sentido de que las fracciones parlamentarias deberían de tener la posibilidad de un mejor estudio del Presupuesto de Egresos por lo que esto implica.
Y en ese sentido nos parece positivo el esfuerzo que han realizado los compañeros del Partido Socialista Unificado de México al presentar un presupuesto alternativo. Sin embargo, queremos señalar que no estamos de acuerdo en algunos de los aspectos de este presupuesto, fundamentalmente en lo que se refiere a su presentación.
Los compañeros del Partido Socialista Unificado de México señalan que el proyecto de Presupuestos de Egresos representa la continuidad de una política de gasto restrictiva que, buscando el establecimiento de equilibrios financieros, principalmente a través de la disminución del déficit público, ha reducido en términos reales las erogaciones públicas sin tener en cuenta la función social que en estos años de crisis debió de haber cumplido el gasto gubernamental.
Afirman que el Gobierno se ha conformado con la aplicación de una política ortodoxa de gasto público en perjuicio de la Nación, que esta política presupuestal ha tenido como resultado directo un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos, que esta política provocó que la crisis se agravara durante 1983 y que la
recuperación de 1984 haya sido tan lenta e insegura. En el empobrecimiento de la mayoría de la población mexicana, afirman los compañeros del PSUM, ha tenido por lo tanto una responsabilidad fundamental el comportamiento del gasto público. Para 1985, el proyecto de presupuesto no ofrece un panorama muy diferente al descrito.
El partido Socialista de los Trabajadores no ha estado de acuerdo en estos años en la postura que ha señalado al Gobierno y señala al Gobierno como el principal responsable de la crisis por la que atraviesa el país, y el principal responsable de la situación que enfrentan los trabajadores en su situación económica. Y no hemos estado de acuerdo con esta postura, primero, por una consideración fundamentalmente política, por el peligro que pensamos representaba y representa todavía para México el que la crisis económica pudiera derivar en una crisis política y por la consideración de a quién beneficiaría una crisis de este tipo.
Pensamos en la necesidad, por lo tanto, de un Gobierno fuerte que pudiera evitar la disolución social y política y pudiera de esta manera enfrentar y superar la crisis. Tampoco estamos de acuerdo en esa visión del Gobierno como responsable de la crisis, porque nos parece que no es verdad; no podemos dejar de ver la crisis económica en su conjunto y hemos, durante este tiempo, ya hablado demasiado de esta crisis, sus manifestaciones, la inflación el crecimiento negativo, el desempleo, la carestía, la falta de divisas, la descapitalización, sus causas internas; un aparato productivo desequilibrado, ineficiente, independiente de la importación de tecnología, insumos, y bienes de capital: una balanza comercial desfavorable, la falta de ahorro interno, el financiamiento en base al endeudamiento externo, la concentración de la población y de la actividad productiva, etcétera.
Hemos también coincidido, casi todos, en señalar las causas externas de esta crisis, la elevación de las tasas de interés, la baja del precio del petróleo y las materias primas, las medidas proteccionistas al comercio por parte de las grandes potencias. Estamos indiscutiblemente frente a una crisis general de la estructura económica del país, estamos frente a un agotamiento del modelo de desarrollo adoptado en las últimas décadas y esta crisis general, es el problema que estamos todos los mexicanos enfrentando.
¿Qué hacer frente a este problema? ¿Cómo enfrentar esta situación que es producto de una gama de causas complejas que no podemos dejar de ver?
Frente a esta realidad, frente a esta realidad económica nacional e internacional, manejada por factores que no siempre podemos modificar a nuestra decisión, el realismo económico, consideramos nosotros, se convierte en una categoría indispensable.
¿Cómo poder actuar dentro de esta realidad compleja y cómo poder ir logrando los cambios que nos permitan avanzar hacia las transformaciones que el país requiere? El gobierno del Presidente Miguel de la Madrid ha tratado de enfrentar esta situación y ha tratado de controlar las crisis para mantener fundamentalmente la soberanía del país. La política económica del Gobierno se propuso combatir la inflación, la inestabilidad cambiaria y la escasez de divisas, proteger el empleo y la planta productiva, corregir los desequilibrios de la balanza de pagos y sanear las finanzas públicas.
Nosotros consideramos que la aplicación de esta política ha logrado al menos corregir los aspectos más graves de la crisis, se ha atacado la inflación, se ha avanzado en corregir el déficit fiscal, la caída de la producción y el empleo, y en este sentido nosotros consideramos que la política de egresos ha sido una política correcta. Y hay que valorar lo que significa el que los aspectos más agudos de la crisis hayan sido controlados; y en este mismo marco de crisis que seguimos ahora enfrentando, volvemos a plantear el proyecto de un nuevo presupuesto de egresos; no pensamos que ese presupuesto pueda abandonar de ninguna manera los objetivos de combatir la inflación y los objetivos de sanear las finanzas públicas, para poder empezar a sentar las bases de un desarrollo económico de nuevo tipo.
Este nuevo proyecto de Presupuesto de Egresos plantea cuatro objetivos: continuar abatiendo la inflación, apoyar la reactivación de la actividad económica, inducir un aumento del salario real, el empleo y los niveles de bienestar, avanzar en el ajuste estructural de las finanzas públicas y en la reducción del déficit financiero del Sector Público.
La política del Presupuesto de Egresos, según lo declara el Presidente en el Criterio General de la Política Económica, trata de incidir en las tareas de transformación aún pendiente, sin vulnerar el saneamiento financiero que está siendo alcanzado y considerando un manejo del déficit público, acorde a la capacidad real de la economía en condiciones de endeudamiento decreciente.
No podemos nosotros pasar por alto el que estemos también contemplando el frasco de una política populista en la economía, que ha buscado un financiamiento artificial del desarrollo económico y que ahora estamos viendo revertirse en contra del bienestar de las grandes mayorías. Tenemos que buscar un nuevo estilo de financiamiento, que parta de la capacidad interna del ahorro del país y se dirija fundamentalmente a la reactivación de la actividad productiva.
El Presupuesto de Egresos plantea continuar el combate a la inflación, con una expansión gradual de la demanda agregada, acorde con la capacidad actual de la economía, a la vez que se promueve un crecimiento de la oferta y se reducen las presiones por el lado de los costos. Además del
esfuerzo de ahorro público, privado y social se busca el fortalecimiento de las exportaciones, la reactivación del mercado interno y se trata de crear las comisiones para avanzar hacia un cambio estructural. Este Presupuesto de Egresos señala, como algunos de los objetivos del cambio estructural, el profundizar los programas públicos de carácter social.
Los cambios estructurales en el Sistema Nacional de Abasto, de transporte y comunicación de desarrollo o científico y tecnológico, de desarrollo rural integral y mejoramiento del sector industrial, y apoyar el desarrollo regional.
Nosotros consideramos que la política del gasto público que mantiene la lucha contra la inflación, que se mantiene dentro de las posibilidades reales de un financiamiento sano y que al mismo tiempo trata de sentar la base para un cambio estructural, es una política que merece ser apoyada.
Este Presupuesto de Egresos habla ahora y trae a la discusión el problema del cambio estructural que la economía del país requiere. Nosotros consideramos que es en este aspecto del cambio estructural donde ahora y en los próximos años se dará el debate más importante de nuestro país.
Hace algunos días el diputado Rolando Cordera presentaba públicamente una propuesta alternativa de desarrollo desde la izquierda; en esta propuesta alternativa señalaba el diputado Rolando Cordera: "hay que buscar un cambio que tiene que ser en rigor algo más que un simple cambio de piel. El tema que aquí se propone como central podría resumirse en la noción de la cuestión social del desarrollo. Poner por delante la cuestión social y en nuestro caso, sigue dominada por las necesidades básicas insatisfechas de las mayorías. Sí es posible en una situación como la que vivimos imaginar los grandes planos de una estructura económica distinta que asegure un crecimiento sostenido y relativamente alto y que responda a las necesidades y objetivos que surgen de ubicar la cuestión social en el centro de la elaboración estratégica.
"Los cambios en los objetivos y las prioridades del desarrollo, junto con la reestructuración productiva y social que implica, supone a la vez cambios políticos de indudable significación global. Se concibe el proceso de cambio como una revolución planeada , esta revolución se iría concretando en la creación de nuevas formas de existencia social donde predomine la seguridad y las garantías al acceso colectivo de los bienes y servicios sociales junto con la ampliación masiva de capacidades y una progresiva gestión de carácter participativo y democrático".
Nosotros, los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, coincidimos en lo fundamental con esta propuesta alternativa de desarrollo. Pensamos que la política económica del Estado mexicano debe orientar el desarrollo del país por un rumbo cada vez menos dependiente y vulnerable a los impactos de la crisis de la economía mundial.
Por ello debe buscar sobre todo el desarrollo del mercado interno en una política horizontal de crecimiento que busque mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la población, fomentando las medianas y pequeñas empresas en el Sector Social de la economía.
Con la nacionalización de la banca y su elevación a rango constitucional, con las adiciones y modificaciones a los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución del Estado, de la Constitución Mexicana, el Estado ha elevado cualitativamente su capacidad de asumir su papel, como rector de la economía. Deberá por ello canalizar todo ese caudal de recursos a desarrollar empresas de propiedad social. Tanto en el campo como en la ciudad.
Reorganizar la producción industrial y agrícola apoyando a la pequeña y mediana industria con crédito barato, y asegurándole el mercado interno y externo. Desarrollar las cooperativas de producción y las sociedades de solidaridad social asociadas y asesoradas técnicamente por el Estado que debe aliarse con ellas para la producción, garantizándoles mediante la creación de un sistema estatal de comercialización, que podrán vender sus productos sin las trabas de la intermediación innecesaria y sin la competencia de los monopolios nacionales e internacionales.
La solución al problema del desempleo no consiste simplemente en ocupar fuerza de trabajo, sino sobre todo en organizarla, para que no sea objeto ni de la explotación ni de la utilización improductiva . El Estado debe convertirse en el rector de la economía nacional y enfrentarse con éxito a los grandes monopolios transnacionales.
Consideramos que es necesario financiar y apoyar la organización de las formas sociales de producción con empresas propiedad de los trabajadores, que ocupen fuerza de trabajo bien remunerada, cuyo gobierno y vigilancia esté en manos de comités obreros de fiscalización y administración. Miembros de los sindicatos nacionales por ramas de industria. Fortalecer el Sector Público de la economía, por lo que ve a las empresas estatales, paraestatales y descentralizadas que deben ser ampliadas a nuevas ramas de la producción, desplazando a las empresas transnacionales, reorganizando y saneando su economía, otorgando a los trabajadores el derecho a participar en la dirección y administración de todas las empresas mediante comités obreros. Desarrollar un sistema nacional para impulsar y apoyar con todo tipo de incentivos a la pequeña y mediana industria que es fuente de empleo más dispuesta a respetar los derechos de los trabajadores cuando el Estado vigila y hace uso de sus facultades tutelares.
Pensamos que, en estos momentos, la lucha contra el desempleo se dará con mayor éxito si se organizan los desempleados en comités de obreros sin trabajo, promotores
de cooperativas y empresas de propiedad social que reciban asesoría y crédito del Estado.
Sólo mediante una profunda política que desarrolle las formas sociales de propiedad, incluyendo grandes empresas, será posible liquidar el desempleo y subempleo, y hacer realmente efectivo el derecho constitucional al trabajo.
Estamos a favor de poner la cuestión social como motor de un nuevo desarrollo económico en el país, por eso insistimos también en la necesidad de crear una Secretaría de Abastos Populares, y el desarrollo de un sistema estatal de comercialización de los productos de consumo básico, instrumentos mediante los cuales el Estado asumirá la coordinación de empresas estatales, paraestatales, descentralizadas y de propiedad social que se relacionen con la producción y comercialización de artículos de primera necesidad, como la Conasupo, Inmecafé, Impesca, etcétera, y otros de tal forma que se liquide la intermediación innecesaria, el acaparamiento y la especulación sobre estos productos, que abastezcan al pequeño comercio y lo liberen de las garras de los grandes mayoristas que contribuyen a la organización y defensa de los intereses de los consumidores y que sirvan de reguladores y consoladores de los precios.
Artículos tan indispensables como la leche, la carne, el pan y las tortillas deben de ser producidos y comercializados bajo el control y la intervención directa del Estado. El Gobernador debe crear y organizar comedores públicos y, por ley, entregar un litro de leche diaria y gratuitamente a cada niño miembro de una familia trabajadora.
Ya basta de que por la culpa de un puñado de grandes ganaderos e introductores de leche del país esté liquidando su futuro, creando niños desnutridos y con deficiencias orgánicas por la falta de una alimentación adecuada. El Estado debe asociarse con ejidatarios para la creación de grandes establos de propiedad social y decretar la ganadería intensiva para organizar las cuencas lecheras indispensables para un abasto total de leche a la población.
Pensamos también en la necesidad de una reorganización en el campo; una reorganización de producción agrícola que se base en el trabajo colectivo de los ejidos y comunidades y en una remuneración adecuada a las materias del campo.
Esas son algunas consideraciones que nosotros también hacemos en el sentido de la búsqueda de los cambios que la estructura del país requiere. Estamos de acuerdo en una nueva alternativa. Estamos abiertos a la alternativa. Estamos abiertos a la alternativa propuesta por los compañeros del PSUM en muchos de cuyos aspectos coincidimos. Y pensamos también que en este presupuesto de Egresos, el Gobierno de la República presenta también un programa en la búsqueda de los cambios estructurales.
En el documento de Criterios Generales de Política Económica, el Presidente Miguel de la Madrid propone a la Nación un programa de cambios estructurales y señala los siguientes aspectos: una nueva dinámica al campo, reducir el proceso industrial, redirigir el proceso industrial para su mejor integración y competitividad con el exterior; consolidar la capacidad exportadora y el turismo, aumentar la producción y distribución de alimentos, descentralizar el progreso económico y social en el territorio nacional, modernizar el sistema de abastos y de comercialización, ordenar el crecimiento urbano y aumentar la generación de empleos y combatir la desigualdad económica y social.
Nosotros pensamos que los socialistas podemos, a través de esta proposición, expresa en el Presupuesto de Egresos para el próximo año, podemos pensar nosotros, marchar en una alianza con todas las fuerzas nacionalistas y democráticas, incluyendo a las fuerzas del Gobierno, incluyendo a las fuerzas del Partido Revolucionario Institucional, en una alianza para promover los cambios que la estructura económica del país requiere; cambios que estamos de acuerdo deben estar dirigidos por poner la cuestión social en primer plano y convertirla en el motor de estos cambios.
Y por que sentimos que este Presupuesto de Egresos abre la puerta, crea las bases para esta gran alianza de fuerzas políticas, democráticas y nacionalistas para avanzar a las soluciones de fondo, pensamos que nuestro partido debe votar a favor. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Manuel Cavazos Lerma.
El C. Manuel Cavazos Lerma: Con su permiso, señor Presidente.
Honorable asamblea: Vengo a esta tribuna en nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a defender el dictamen que nos ocupa. Ello exige a dar respuestas a algunas de las impugnaciones que aquí se han esgrimido, obliga también a destacar las razones esenciales que nos impulsaron a dar nuestro voto aprobatorio y, finalmente, obliga a hacer algunas precisiones doctrinarias.
Las impugnaciones son básicamente de dos tipos: las que se refieren más bien al debate en lo particular y las que debieran ser el objetivo de esta discusión, las impugnaciones en lo general las que se refieren al espíritu del dictamen sobre el documento que hoy nos ocupa. Sin embargo, queremos suponer que las impugnaciones en lo particular de hacen con la sana intención de darle apoyo a las impugnaciones en lo general.
Y en lo particular, nos han dicho los compañeros del PPS que hay una cifra por ahí de más de 300 mil millones de pesos que no saben, pero que suponen, que se destina a estímulos del Sector Privado. Y es importante precisar, porque está en el dictamen, que solamente 40 mil millones de pesos de los 18.3 o 4
billones de pesos se destina de estímulos a la iniciativa privada, es decir, estamos hablando del .002% del presupuesto. Y de una cifra, brincarse a conclusiones que van en con del espíritu de este presupuesto, hay una gran distancia. Si la premisa es falsa, la conclusión forzosamente es falsa.
Hablan también por ejemplo, de que la inversión es un porcentaje pequeño del presupuesto. Sin embargo, el dictamen también es muy claro. Son más de tres billones de pesos en inversión pública y eso da algo así como el 18%, y además se dice que la mayor parte de esta inversión va al abasto, después a la agricultura y luego a la industria y que esto debería ser al revés.
Sin embargo, los datos no confirman esta apreciación. El cuadro 63 es muy claro. La mayor parte de inversión va precisamente al sector industrial. No puede ir la mayor parte de la inversión al abasto, porque la mayor parte del gasto en abasto es gasto corriente y se refieren al gasto, el cuadro 61 puede despejar las dudas que existan. Pero lo que sí va contra la lógica, es partir de argumentos en lo particular, que no están bien fundamentados, a impugnaciones en lo general que se acompañan de adjetivos que envenenan o contaminan el debate como deleznable y condenable, atribuyéndole esas características al presupuesto.
Pero también ese razonamiento es falso, dicen que el presupuesto es condenable, por que se ajusta al Programa Nacional de Fomento a la Industria y al Comercio Exterior, el famoso Pronafice. Esto quiere decir que no se leyó con cuidado el dictamen. El dictamen en el primer capítulo es muy claro, cuando ubica este presupuesto dentro del sistema nacional de planeación democrática y nos dice con toda precisión, "hay un proyecto nacional que tiene una expresión sexenal, que es el Plan Nacional de Desarrollo, de él se deriva una estrategia y más de veinte programas sectoriales, regionales y especiales, uno de los cuales es el Pronafice y todos ellos tienen una expresión anual, en este presupuesto". Pero ninguno de ellos está por encima de los demás. Y si de jerarquía se trata, en todo caso hablaríamos de los programas globalizadores, como es el caso de Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
De manera que este adjetivo contaminante no tiene razón de ser, porque no tiene una base en qué sustentarse. Se hablaba también de que ni por su nivel, ni por su monto, ni por su orientación, el Presupuesto reactiva la planta productiva. Y está bien claro, en el Presupuesto y en los diferentes programas que lo integran, que uno de los propósitos es precisamente la reactivación de la planta productiva, pero dentro de márgenes tolerables que nos permitan avanzar en la reactivación sin perjudicar los objetivos de saneamiento financiero y de combate a la inflación, y también sin perjudicar la necesidad y el compromiso político ineludible de aumentar el salario real de los trabajadores.
De manera que una apreciación así deja bien claro que no se leyó cuidadosamente este dictamen. Se dice "el Presupuesto no va a la base de los problemas", y señala uno en concreto, el empleo. En el Presupuesto hay programas concretos de productividad, y eso significa ir a las bases para atacar el problema del desempleo. En el proyecto hay programas específicos para promover la reactivación, y eso quiere decir aumentar la demanda del empleo. En el proyecto hay un programa de adquisiciones y hay un programa de adquisiciones y hay un programa de inversiones públicas que da preferencia a todos aquellos proyectos y a todos aquellos insumos y compras que son intensivos en el uso de mano de obra. Y eso es ir a las causas del problema del desempleo.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación que nos ocupa, hay un programa específico para la creación de empleos permanentes, y eso es ir, también, a las raíces del problema. Se dice también, con la misma falta de fundamento, que el Presupuesto no va al fondo de la crisis y que sólo atiende problemas de coyuntura. En este sentido, no cabe hablar solamente del Presupuesto, que, repetimos, es expresión anual de un plan y de un proyecto. En este sentido tendremos que hablar de toda la estrategia de reordenación y de cambio estructural que en el nombre mismo lleva su misión; es una estrategia para ir a las manifestaciones de la crisis, pero también a sus causas, que ataca por un lado la superficie, pero que no se olvida del fondo. Y esta incapacidad de ubicar el Presupuesto en el contexto global es lo que da origen a este tipo de impugnaciones. Pero el Presupuesto es muy claro, el dictamen también esclarece estos conceptos y por eso la necesidad de ubicar este proyecto en ese contexto global.
Hay otra impugnación del PPS, donde habla de la empresa pública y este argumento doctrinario lo dejaremos para más tarde.
Finalmente, referente a lo particular hablaban de Conasupo. Hay siempre en algunas mentes la idea de que si se reduce el presupuesto de un sector se descuida ese sector. Curiosamente, los que habla que sólo se atiende la superficie y la coyuntura, son capaces de profundizar en los aspectos estructurales y es, el aspecto estructural, precisamente, lo que va a permitir que Conasupo y que el sector abasto con un 9% menos del presupuesto cumpla de mejor manera su función reguladora y su función de abasto.
¿A qué se debe esto? Se debe, básicamente, por un lado, a que el saneamiento financiero de esa paraestatal, le permite reducir sus gastos por intereses, se debe también a que Conasupo va a seguir siendo importadora, va a seguir siendo compradora de granos pero a cuenta y a cargo de la empresa privada que necesita como insumos, precisamente, los bienes que regula, Conasupo, es decir, sigue comprando la misma cantidad pero transfiere
esa carga a la empresa privada que requiere de esos insumos, y para ello, hay una serie de convenios de concertación que incluyen el aspecto financiero, que incluyen la utilización integral de la capacidad de acopio y de almacenamiento en la República y además se relacionan, se hacen transparentes, se hacen temporales y se sujetan a compromisos los subsidios de Conasupo, con el objetivo de que, efectivamente, beneficien a quienes más necesitan de ese subsidio.
Y es ese cambio en la estructura, es ese saneamiento de la empresa, es esa reordenación en el sector paraestatal lo que permite cumplir de mejor manera, de manera más eficaz, más eficiente y más equitativa, su función con menor presupuesto.
Los compañeros del PDM, hablaban de que el desarrollo nacional debiera sustentarse en el ahorro interno, y eso está bien claro en el dictamen, eso es parte del saneamiento financiero, y ahí se dan los datos como de 1982 a 1985 pasamos de un desahorro del Sector Público de más de 400 mil millones de pesos a un ahorro público en 1985, que es superior al billón de pesos; es decir, ha habido cumplimiento a este cumplimiento político expreso de financiar nuestro desarrollo nacional con recursos propios. Estoy hablando del ahorro corriente; obviamente si tomamos en cuenta la inversión y el gasto de capital llegamos a un déficit de un billón 700 mil millones de pesos, que es lo que marca el nivel de endeudamiento para 1985, no los 6 billones de pesos que ustedes mencionaban; eso es otra cifra, es otro concepto del endeudamieno neto del sector sujeto a presupuesto, es de 1.720 billones.
Si tomamos en cuenta las empresas que están fuera de presupuesto, este déficit crece hasta 2.1 billones de pesos, que es el 5.1% del Producto Interno Bruto esperado para el año entrante. Y esto nos lleva al problema general de la deuda; es cierto que es un problema que asfixia, que angosta y que incluso amenaza con cancelar posibilidades de desarrollo; qué mejor para el Gobierno; qué mejor para el partido que no existiera gasto de la deuda; qué mejor que se minimizara en uno o dos o tres billones, como algunas propuestas alternativas sugieren, pero la pregunta esencial para un gobierno emanado de un partido que tiene la responsabilidad histórica del ejército revolucionario del poder, la pregunta ineludible es: ¿es posible no incurrir en este gasto de la deuda? ¿Podemos incurrir en una moratoria del pago de la deuda externa o dejamos de pagar la deuda interna? Y la pregunta que le sigue es la siguiente: ¿Qué es lo que queremos? Si lo que queremos es la desestabilización, el desorden, el retroceso, la regresión, entonces sí pudiera ser una solución la moratoria en el pago de la deuda externa y eso libera más o menos un treinta y tantos por ciento de los 6 billones; es decir, eso podría liberar hasta casi dos billones de pesos. La pregunta es: ¿Es esto posible? ¿Qué pasaría? Nos hemos hecho esta pregunta y hemos intentado una respuesta en ocasiones anteriores, ¿qué pasaría si mañana mismo declaramos una moratoria del pago de la deuda externa?
Inmediatamente se cancelarían los flujos financieros y comerciales con el exterior, y eso implicaría parálisis de los sectores agrícolas, ganaderos industriales, de servicio, que requiere de la importación de insumos. Eso profundizaría la crisis y elevaría el costo social de la misma.
El otro camino: ¿podemos cancelar parte de la deuda interna? ¿Qué es lo que queremos, sacrificar el sistema financiero nacional, inducirlo a la quiebra? Eso es lo que significaría dejar de pagar, ya no digamos los 3, 4 billones de pesos de deuda interna, uno o dos de ellos; sin embargo, es una preocupación constante y queremos dejar claro que esta preocupación ha sido manifestada en todos los foros internacionales, dentro de una política de solidaridad activa y ahí hay propuestas concretas.
En la reunión de Quito, o en la reunión de Cartagena, o en la Reunión de Costa Rica, o en la reunión de Mar de Plata, ahí hay propuestas concretas de la delegación mexicana para ver la posibilidad, por ejemplo, de que un aumento en las tasas de interés externas no provoquen semejantes presiones sobre el gasto necesario, productivo y social para el desarrollo nacional.
Ahí hay la propuesta de que en los organismos financieros internacionales se creen ventanilla de auxilio, cuando se presentan estos aumentos indeseados en la tasa de interés externa. Ahí hay propuestas concretas de la delegación mexicana para que se alivie esta pesada carga a través de apoyos financieros de los países industrializados. Desde luego que nos gustaría que el gasto de la deuda fuera menor, y desde luego que angustia y duele que tenga que enfrentarse esta rigidez que impone la deuda externa y que advierte el dictamen de manera explícita, por que sabemos que eso reduce los márgenes de maniobra de la política económica, social, sectorial y regional.
Por otro lado, los compañeros del PDM usan el término keynesiano, no sabemos si realmente entienden lo que quiere decir semejante término y hablan de la corrupción, del desvío de la senda de la Revolución, de que las empresas son un desfalco y que el Estado asfixia la iniciativa individual. Afirmaciones todas ellas desde luego falsas, pero vamos a fundamentarla. Esa recurrencia, esta reiteración en el caso aislado en la corrupción nos da la impresión de que se comportan como un partido que no actúa para la historia si no para la crónica; que gozan con la descripción de fallas, desatinos, calamidades y que si hoy no hay delito qué perseguir ni escándalo ni catástrofe o insensatez, pierden interés en la vida nacional o en el debate de esta Cámara.
Con ello no hacen más que destacar siempre lo excepcional, siempre lo escandaloso y siempre lo estridente; y quiero recordarles que así como en Grecia lo excepcional fue la infracción a la ley, y lo normal, lo común, lo corriente, respecto a las normas, así también en México lo característico no es la corrupción o el desencanto, ni el enfado, sino el empeño de ser libres, independientes, democráticos y justos y eso es precisamente lo que explica que nosotros, ante el mundo, defendamos siempre la autodeterminación y la justicia como un reflejo de nuestra forma de ser nacional.
Quiero recordarles también, compañeros del PDM, que ninguna nación ha sido forjada o transformada por almas mezquinas; no hay tal desvió de la senda revolucionaria, ha habido, eso sí, fallas, desviaciones, claudicaciones que nosotros mismos hemos sido los primeros en denunciar, en criticar, pero junto a esa crítica y a esa denuncia, junto a esa sombra oponemos la claridad de un programa que rectifica, renueva, remoza y permite esta identificación permanente, constante, que nos conduce por la senda que ha trazado la Revolución Mexicana. Es un movimiento social que se ha trasformado a este país como ningún otro movimiento social y eso es lo que hay que entender. Somos un partido de autocrítica. Somos un partido de denuncia a esta sociedad y a sus estructuras injustas. Precisamente por eso una consigna central es la búsqueda de una nueva sociedad, de una sociedad diferente. Y eso que acredita el nombre de revolucionario en nuestro partido. De revolucionario y de Institucional. Pero no es cualquier institución, son las instituciones que han surgido de ese movimiento revolucionario. Son las instituciones democráticas y populares que se han arraigado precisamente porque surgen de un movimiento de honda raigambre popular. No podemos desligar ninguno de los dos nombres, el partido es revolucionario y es institucional, y es el encargado de mantener a la Revolución en el Gobierno. No con engaños, no con mentiras, como dolorosamente aquí lo han manifestado. No es ese el camino. Ningún partido, repito, puede transformar a una sociedad, como lo ha transformado el Partido Revolucionario Institucional. Y sus impugnaciones sobre la empresa pública las dejamos también para más tarde.
Los compañeros del PSUM presentaron sus puntos de vista basados fundamentalmente en el documento que entregaran el día de antier a la prensa y que repartieron el día de ayer. Y al igual que en el año anterior, les damos la bienvenida y agradecemos este esfuerzo y este intento por contribuir a la discusión. A nosotros también nos gustaría que todos los partidos presentaran su proyecto alternativo. Que lo presentaran en Comisión y que hubiera una auténtica discusión.
Comentarios al documento del PSUM. "1985: Lineamientos para una política alternativa de Gasto Público".
I. Comentarios generales
1. El documento no hace mención a la situación en la que se encontraba el país al inicio de la presenta administración. A pesar de incluir un apartado llamado "La Crisis", ni en éste ni en la presentación, se señalan las causas o factores que propiciaron la crisis actual.
2. Si no se comprende o se minimiza la la gravedad de la crisis de 1982, ni se señalan las causas que la generaron, no pueden evaluarse adecuadamente los esfuerzos y acciones contenidas en el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE).
3. El PSUM hace un inventario incompleto, y en algunos casos distorsionado, de los efectos que la crisis económica ha causado al país y no de los resultados del PIRE. Al soslayarse la gravedad de la situación económica a finales de 1982, no se comprende que de no haberse implementado el programa de reordenación económica, en la actualidad enfrentaríamos una situación crítica en extremo con inflación galopante, quiebra generalizada de empresas, caídas espectaculares en la producción, niveles alarmantes de desempleo y pérdida de soberanía en los mercados cambiarios y financieros.
4. La evaluación general de la situación económica que se realiza en el documento es incompleta ya que no menciona los sectores y áreas en las que el PIRE ha logrado avances sustantivos, tales como haber evitado el riesgo de una hiperinflación y mantener hacia la baja el ritmo de crecimiento de los precios, recuperar la soberanía del país en materia de política cambiaria, reversión al proceso de desintermediación financiera y aumento del ahorro interno con la consecuente reducción de la dependencia del ahorro externo, reconstitución de las reservas internacionales del país, mayor racionalización en las importaciones y avance en la diversificación de nuestras exportaciones, etcétera.
Asimismo, en algunas áreas, el análisis es distorsionado, como en lo referente al problema del empleo y la reordenación de las finanzas públicas, tal como se verá más adelante.
II. Comentarios a la propuesta alternativa de Presupuesto 1985
5. En primer lugar debe señalarse que el planteamiento del PSUM sobre una política alternativa de gasto público para 1985 constituye un esfuerzo serio y loable por tratar los problemas económicos del país más allá de la manera denuncia verbalista o del ataque sin fundamentos o sin propuestas alternativas.
6. Sin embargo, a pesar del importante esfuerzo analítico realizado, el documento pierde objetividad al recurrir a la diatriba como ocurre cuando se señala que la política económica busca "el establecimiento de equilibrios financieros", ha privilegiado el pago de
la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto", "se ha supeditado el pago del servicio de la deuda a las necesidades nacionales" y así repetidamente. Conviene señalar que estos mismos calificativos dominaban la anterior propuesta presupuestal alternativa del PSUM presentada el año anterior.
7. El planteamiento básico del documento del PSUM consiste -al igual que en su propuesta del año pasado - en un gasto público para 1985 superior al planteado al Congreso por el Ejecutivo. Este mayor gasto según lo propuesto, redundaría en un crecimiento del PIB de alrededor del 5% (frente al 3 - 4% de la meta gubernamental) con un mayor déficit financiero del Sector Publico (7.0% del PIB en lugar del 5.1% propuesto), en tanto que la inflación sólo sería superior en 5 puntos porcentuales a la planteada por la actual administración (40% frente a 35%).
8. Los principales elementos que conforman la propuesta se pueden dividir el los siguientes apartados:
a) En materia de gasto público, se propone que el monto de gasto programable ascienda a 28.2% del PIB, 5 puntos más que lo indicado en el presupuesto de egresos. Mediante este nivel de gasto se pretende conseguir una mayor reactivación de la economía con sus consecuentes efectos favorables en el empleo.
b) Para sostener este gasto, se propone un déficit de 7% del PIB y un nivel de ingresos públicos de 34% del PIB, 2.7 puntos más que señalados en el presupuesto. Para conseguir este incremento en los ingresos se plantea una reforma fiscal, cuyo punto nodal lo constituye la creación de un impuesto a la riqueza.
c) El déficit propuesto de 7% de PIB se plantea sin señalar cómo deberá financiarse. Únicamente se propone seguir una política monetaria expansiva, lo que hace suponer que se considera una fuerte emisión primaria de dinero, como fuente de financiamiento.
d) Para el sector externo, se estima un superávit comercial por 8 mil millones de dólares una cuenta corriente equilibrada. Estas estimaciones parecen congruentes con el esquema global indicado.
e) En materia de inflación, se proyecta una tasa de 40%, sólo 5 puntos más que la meta señalada en la política económica que se está implementando. Se proporciona el dato de 40%, aunque no se señala cómo se pretende alcanzar dicha tasa, únicamente se menciona un mayor control de precios y del mercado de divisas.
9. El planteamiento de un mayor gasto público aparenta ser el más sólido, ya que supuestamente, a través de éste se conseguiría un mayor crecimiento, una elevada creación de empleos y un incremento general en el bienestar de la población. Sin embargo, se olvida que en las circunstancias actuales una política expansiva de gasto público podría generar efectos desequilibradores, tal como lo muestra la experiencia reciente del país y lo sucedido en otras latitudes. Los efectos negativos que generarían estos desequilibrios como mayor inflación, inestabilidad cambiaria, desahorro interno, etcétera, se revertirían y anularían el buscado impacto positivo sobre el bienestar de la población.
10. La propuesta de mayores ingresos públicos es controvertible, ya que una reforma fiscal como la propuesta no se puede ni se debe improvisar en el corto plazo, y el pretender incrementar la recaudación en la magnitud señalada parece ilusorio en una situación como la que aún atraviesa la economía.
11. En el planteamiento de un mayor déficit público se aprecia una ausencia de todo cálculo financiero. Si se financiara el mayor déficit público propuesto con crédito primario, se crearía un desajuste tal que presionaría los precios al alza, perdiendo lo ya ganado en el control de la inflación, además de los efectos adversos que se observarían en el mercado cambiario, eliminando la estabilidad lograda hasta ahora. Sin embargo, no se hace explícita ninguna estimación sobre el crecimiento probable de los agregados monetarios.
12. Las estimaciones sobre el sector externo parecen congruentes, pero sólo si la producción y la inflación se comportaran como se proyecta. Una mayor inflación seguramente se traduciría en déficits mayores en las cuentas con el exterior.
13. La estimación de la inflación es quizá el punto más frágil. Pretender una inflación de 40% mediante controles de precios es sencillamente descabellado. Una política expansiva como la señalada conduciría a un repunte de la inflación y probablemente al reinicio de una dinámica hiperinflacionaria. Debe destacarse que la propuesta implica un crecimiento de alrededor de 83% en el gasto programable del Sector Público en 1985, y se pretende que este crecimiento sea congruente con una meta de inflación de 40%.
14. En síntesis, la aparente congruencia macroeconómica de la propuesta del PSUM no es tal. Todo parece indicar que las experiencias recientes no han sido asimiladas, lo que limita la compresión y adecuada evaluación de la política económica seguida por la actual administración. Volver a proponer esquemas ya superados, además de ser insensato pondría en grave riesgo los logros y avances alcanzados a la fecha.
III. Comentarios específicos
15. El documento señala que "la caída de gasto (público) ha operado como elemento desalentador de la inversión productiva" (p. 11, párrafo primero). Al respecto, conviene destacar que de acuerdo a información del Banco de México, la inversión fija bruta en el período enero - agosto de este año ha crecido a una tasa promedio anual de 2.5% (respecto a igual período de 1983).
16. Se señala en la nota que la tasa de desempleo abierto pasó de 8.1% en 1982 a 12.6% en 1983 y 14.8% en 1984 (cuadro No.
6) y que " el país no puede garantizar a la población suficientes ocupaciones remuneradas" (p. 2, párrafo segundo).
La información de que se dispone en materia de empleo contradice totalmente las anteriores afirmaciones y señala claramente por un crecimiento en los niveles de empleo en lo que va 1984. Por una parte, las tasas de desempleo abierto de la encuesta continua sobre ocupación del INEGI para las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey muestran una tendencia hacia la baja durante 1984 (registran tasas promedio de 5.3, 7.4 y 10.9% respectivamente, en los dos primeros trimestres del año, frente a las tasas promedio de 6.3, 7.5 y 9.6% en igual período de 1983). Por otra parte, la encuesta industrial mensual del INEGI, que capta información sobre empleos permanentes y adecuadamente remunerados en empresas grandes y gigantes, señala hasta el mes de agosto un crecimiento de 1.8% en el nivel de ocupación total de agosto con respecto a diciembre de 1983, destacando en aumento de 2.4% en el número de obreros contratados.
Finalmente, el indicador del empleo elaborado en base al número de asegurados permanentes al IMSS en el sector moderno -manufacturas, comercio, servicios y transporte - registró un crecimiento de 7.8% de diciembre de 1983 a octubre de este año. (El aumento octubre - 1984 - octubre - 1983 fue de 8.7% pero se utilizan las comparaciones a diciembre del año anterior para ver la tendencia de más corto plazo).
Como último comentario, cabría señalar que si la tasa de desempleo abierto hubiera aumentado de 8.1% en 1982 al 14.8% en 1984, tal como señala el PSUM, esto hubiera significado un aumento aproximado de casi un millón 700 mil personas en el número de desempleados, lo cual hubiera tenido notables implicaciones de desorden social que definitivamente no se perciben en la situación actual.
17. Sería conveniente analizar las fuentes de información de que se dispuso el grupo parlamentario socialista para afirmar que "existen mil empresas o más a punto de quebrar". La tendencia a la reactivación en la producción y el crecimiento en el empleo y en el número de aseguradores contradicen tal información. Adicionalmente, se dispone de información directa que señala que las empresas pequeñas y medianas han resistido mejor la crisis que las empresas gigantes.
18. En relación a los esfuerzos de diversificación de las exportaciones nacionales, el documento señala " que el supuesto éxito del crecimiento de las exportaciones manufactureras es una falacia gubernamental", ya que, según se señala, este crecimiento ha sido propiciado por las ventas externas de derivados del petróleo.
Al respecto, cabría señalar que si bien es cierto que los derivados del petróleo han registrado un notable dinamismo, también el resto de las exportaciones manufactureras han mostrado elevadas tasas de crecimiento. Por ejemplo, las exportaciones de textiles y de las industrias del cuero y del vestido crecieron a una tasa anual de 66.1% en el primer semestre de 1984, las de la industria del papel y editorial aumentaron en 108.3%, las de la industria siderúrgica en 76.6%, etcétera.
Es importante destacar que a diferencia de lo sucedido en 1983, el superávit de 13 mil millones de dólares estimado para este año en la balanza comercial externa, se logrará a pesar de que las importaciones crecen a una tasa anual de 29.5% por lo que es falsa para 1984 la afirmación de que "la mejoría en cuenta corriente se logró reduciendo la importaciones " (p. 7, párrafo segundo).
19. No deja de parecer contradictorio que a pesar de que el documento reconoce que "existe un alto nivel de subutilización de la capacidad productiva, la cual habla de las posibilidades de recuperación que tiene el país, sin necesidad de grandes inversiones" (p. 5, último párrafo ), se proponga un mayor gasto público para lograr un mayor crecimiento de la producción y el empleo.
20. Para justificar el mayor gasto público propuesto, se señala que uno de los sectores más afectados por el comportamiento del gasto público ha sido "la industria de la construcción, por el hecho de que al menos el 80% de su demanda depende del Sector Público". Al respecto, debe señalar que de acuerdo a información del Banco de México, la industria de la construcción creció a una tasa promedio anual de 2.1% en el lapso enero - septiembre de 1984, con respecto a igual lapso del año anterior.
21. El PSUM dramatiza y exagera la reducción del gasto social cuando hace referencia a las tasas de crecimiento reales (cuadro en p. 15), debido a que el procedimiento de conversión a términos reales utilizaron el deflactor de la economía en su conjunto, el cual considera un sinnúmero de actividades y productos que no tiene que ver ni influyen en los gastos de tipo social. En este tipo de gastos tienen una elevada proporción los gastos en sueldos y salarios, los cuales crecieron por debajo del índice implícito del PIB.
De acuerdo a la información del Sistema de Cuentas Nacionales de la SPP, el deflactor del consumo público, que es el más adecuado para deflactar el rubro de gasto social, creció en 1983 en 52.4%, en tanto que el deflactor del PIB lo hizo en 92%. Tomando en cuenta estas consideraciones, el gasto social en términos reales se reduce en sólo 8% durante 1983, en tanto que la reducción estimada por el PSUM es de 20% .
22. Al utilizarse una metodología inadecuada para evaluar impacto real del gasto en salud, se distorsionan los resultados y se obtienen conclusiones erróneas sobre los servicios otorgados por el estado en la materia. Así los resultados de la Cuenta Pública 1983 muestran que los servicios de educación y salud no se deterioraron en ese año e incluso se mejoraron en muchos casos. De acuerdo a los resultados programáticos , se
pueden citar los siguientes logros en materia.
a) Educación
- El nivel preescolar incrementó en 7% la atención a niños de 4 a 5 años por medio de la apertura de turnos vespertinos y la reubicación del personal.
- A nivel educación primaria, se cubrió la totalidad de la demanda.
- En educación secundaria general, se atendieron a más de 2 millones de alumnos en el ciclo 1983-1984, 8% más que el ciclo anterior. En educación secundaria técnica el aumento fue de 14%.
- La construcción y equipamiento de espacios educativos fue superior en 49% respecto a lo alcanzado en 1982.
- En el nivel medio superior se atendió 1.4 millones de alumnos, 6% más que el año anterior.
b) Salud
- En el programa de atención preventiva se aplicaron 58.8 millones de dosis (vacunas), 22% más que el año anterior. Además se dieron más de 60 millones de consultas para el control de enfermedades transmisibles, 10% más que en 1982.
- En el programa de atención curativa, las consultas externas generales, en 1983, fueron superiores en 12% a las del año anterior, en tanto que las consultas especializadas aumentaron en 26%.
- El número de hospitalizados en clínicas del IMSS, ISSSTE y SSA creció en 7% (generales) y en 5% (especializadas).
Diputado Manuel Cavazos Lerma".
Los compañeros del PAN se preguntaban por qué no. ¿No podrá ser esta situación diferente? ¡Claro que puede ser diferente! Nosotros preguntamos: ¿Sí? ¿Cuál es la opción, cuál es la alternativa? Aquí hay una alternativa y lo agradecemos, lástima que sea una formulación de última hora, y lástima que esté irreconciliablemente reñida con la congruencia y en eterno conflicto con el análisis integral que asegura la coherencia y la viabilidad de los proyectos.
Lástima también que se presente una visión parcelada en el tiempo, y que no se ubique en una estrategia general; lástima que presenten propuestas sin haber hecho antes la pregunta esencial, ineludible. ¡Es esto factible, es esto posible?
Lástima que sólo capten las sombras de la reordenación económica y que les haya ganado el dogma y que se encadenen al uso indiscriminado de etiquetas que dificultan o cercenan las posibilidades de discusión.
Lástima también que haya incoherencia incluso dentro de los mismos párrafos del mismo documento; lástima que insista en que se atendió prioritariamente lo financiero, fundados tal vez en los resultados del coto plazo, cuando es claro que la nueva estrategia busca la restauración de todos los equilibrios perdidos, tanto en los mercados financieros como en los mercados reales, y es de elemental conocimiento de la teoría política y de la política económica dinámica, que los efectos de las políticas financieras maduran en el corto plazo mientras que las políticas que se destinan a los sectores, a los mercados reales, se observan con mayor nitidez en el mediano o en el largo plazo.
Lástima que no se hayan hecho otra pregunta esencial, ¿cuáles serían los resultados de no atender esos compromisos financieros? ¿Son realmente eludibles? La respuesta es clara y la volveremos a repetir: se hubiera profundizado la crisis y la concentración del ingreso, y la caída del ingreso per cápita, y la disminución en los salarios, y la reducción en los niveles de bienestar; todo eso hubiera sido aún mayor.
Lástima que en su afán de criticar a la política de finanzas públicas la califiquen de procíclica, cuando es precisamente lo contrario, como lo prueban las variaciones de la producción desde fines de 1983 y los datos más recientes que confirman que dicha recuperación es firme y sostenida.
Lástima que distorsionen los datos y que se desconozcan sus fuentes de información que contradicen los gastos públicos. Y qué lástima que inventen fantasmas al decir que el "Gobierno - y cito textualmente - se basó en la idea de que el gasto público desestabiliza la economía" - página 10 - ; idea que nadie ha expresado ni en nuestro partido ni en el Gobierno. Pero si esa es su interpretación, y si la creen a pie juntillas, entonces se contradicen claramente cuando califican a la política de procíclica, porque entonces es lógico que una disminución del gasto público en términos reales es precisamente anticíclica, con base en la tendencia del ciclo económico, que no se refiere más que a las fluctuaciones de la producción nacional.
Lástima que propongan disminuir la concentración del ingreso y al mismo tiempo postulen una mayor inflación que el proyecto de presupuestos que hoy discutimos, y eso significaría una mayor concentración del ingreso que no se compensaría con las medidas que proponen, si es que fueran viables.
Lástima que califiquen al gasto público de ejercicio tecnocrático, y que propongan una alternativa elaborada en la comunidad de las oficinas, sin recurrir a la intemperie. Pero tiene razón, la propuesta no puede ser tecnocrática, no puede ser nada, "tecnonada", porque no dominan la técnica de la programación - presupuestal.
Y prueba de ello es que el presupuesto no se elabora como ustedes se imaginan que se formula. No parte, como ustedes dicen, de un marco macroeconómico y de techos financieros. No. El presupuesto es de formulación continua. Parte desde la colonia popular, desde el barrio, cuando hay demanda que le manifiestan al presidente municipal o cuando
los capta el mismo gobierno municipal; una parte se satisface ahí en el municipio, otra parte se satisface con recursos del Estado y otra parte con recursos de la Federación en el seno de los Coplades. Ahí se engarza el gasto de la Federación con el gasto del Estado y de los municipios, ahí se forman los convenios de coordinación y ahí van a dar las demandas, las aspiraciones, las necesidades sentidas, que surgen el comisariado ejidal o en las reuniones de las agrupaciones populares, o que se incuban en las asambleas de los sindicatos.
Estos mecanismos de participación se están afinando y son estas formas de participación social, esta movilización comunitaria precisamente lo que da forma y perfil a un presupuesto de egresos, como éste que aquí presentamos, no como el que se imaginan. Y qué lástima que el tiempo corra tan aprisa y, señor Presidente, quiero dejar a la Secretaría una copia de un documento que profundiza en estos comentarios, a fin de que sea incluido el Diario de los Debates, para que usted gire las instrucciones adecuadas, una vez que termine mi participación, por que me gustaría tocar otro tema que ha quedado para estos comentarios finales.
El tema de la empresa Pública. El Estado no es abarrotero, el Estado participa para cumplir fines políticos. El estado no puede estar sujeto a criterios mercantiles, los números rojos de la empresa pública forzosamente son números negros de la empresa privada. Pero son otros criterios que determinan la participación, la independencia, por ejemplo, el Estado tiene que participar en la producción para diversificarla nacionalmente y para diversificar el comercio exterior; precisamente para incrementar la independencia económica y para disminuir la vulnerabilidad del exterior, y ese criterio jamás está presente en la empresa privada, no puede estarlo.
El estado tiene que participar para democratizar la sociedad, para combatir el monopolio o las prácticas oligopólicas, y este criterio no puede estar presente en la iniciativa privada. El Estado tiene que participar con empresas, o con mecanismos concretos de política monetaria, financiera, de gasto sectorial o de transferencias para promover la justicia social, o para mitigar los efectos injustos de una crisis que estamos padeciendo y eso jamás va a modificar a la iniciativa privada a la participación.
El Estado tiene también que participar para evitar la penetración del capital extranjero y que esa economía se canalice o se transnacionalice.
Estos criterios no están, no pueden estar de la empresa privada. El Estado tiene que participar para estabilizar, porque la estabilidad y la reordenación son instrumentos de justicia social y esa estabilidad no puede estar en manos de la empresa privada. Por eso participa, por eso rige y conduce los destinos del desarrollo nacional; pero no ahoga la iniciativa privada. Eso, en el mejor de los casos, es un sofisma.
Por otro lado, los compañeros del PAN hacían referencia a latigazos de reproche y de remordimiento, haciendo referencia a comparaciones entre 1949 y 1984 y 1985. Y dentro de esos latigazos, obviamente que el dolor jamás puede hacer que se vislumbren rayos de aurora. Pero la aurora no se dedica solamente en el presupuesto, ni tampoco se vislumbra recurriendo a la añoranza; para ver esos destellos de aurora es necesario ver todos los avances que ha logrado toda la reordenación económica y el cambio estructural y no limitarse a un solo instrumento de esta estrategia mayor. Cuando se habla de un optimismo razonado, cuando se habla de que ya se desliza la salida del túnel, estamos hablando de ese logro importante de haber revertido la presión inflacionaria, estamos hablando de haber cambiado la tendencia de la inflación de cifras del orden 50%, a cifras que en 1985 andarán en el orden del 35%, estamos hablando de que ya se observa una recuperación firme y sostenida de la actividad económica nacional, estamos hablando de que ya se crearon 800 mil empleos en 1984 y se crearán 850 mil en 1985; estamos hablando de que no hubo quiebra financiera internacional, por que se reestructuró y se renegoció y se sigue renegociando la deuda externa, estamos hablando de la mejoría en las cuentas con el exterior, estamos hablando del saneamiento de las finanzas públicas, estamos hablando de la mejoría en el ahorro público y por lo tanto de las posibilidades de incrementar la inversión y la potencialidad futura de la economía. De eso estamos hablando, cuando hablamos, de los rayos y no de los diamantes de la aurora, como diría el compañero Jardón.
Yo creo que sí hay motivo para el optimismo, pero razonado. Estamos muy conscientes de las rigideces, de los reducidos márgenes de maniobra de política económica y social y por eso es que el optimismo es razonado. Estamos muy conscientes y nos preocupa sobremanera los efectos de la crisis en el bienestar de la población; y eso es lo que modera el optimismo.
Por otro lado, se habla también de Conasupo, de CFE, hablaban los compañeros del PAN de cuadros desoladores. Pero hay que hacernos esta pregunta: ¿el cuadro es desolar visto desde ahorita o visto en un panorama de mediano y largo plazo? Hay que tomar en cuenta que los aumentos de precios y tarifas no son políticas aisladas, como alguien dijera por aquí; los aumentos de precios y tarifas están ligados necesariamente, inevitablemente a compromisos de productividad, de mejoramiento en las finanzas y también en el uso de los recursos físicos y humanos, eso es lo que permiten también un optimismo razonado; y respecto a que si eso corre paralelo, la respuesta es sí, corren de manera paralela y cuando esto se entendió, entonces sigue
vigente la pregunta y habrá otra manera de hacer las cosas.
Aquí ha habido una propuesta pero ésta coincide con lo que ya se está haciendo, creemos que si hay otra manera de hacer las cosas y desde el primer dictamen de cuenta pública, esta comisión propuso que hubiera un equipo que se ocupara de hacer investigación económica y que tuviera la posibilidad de analizar con mayor profundidad documentos como la cuenta pública a los presupuestos de egresos o las leyes de ingresos, y esto quiere decirles que ya se ha avanzado, ya se está conformando un equipo de asesores económicos en la Contaduría Mayor de Hacienda, ya se están adquiriendo las computadoras y los discos que tienen el manejo de los datos para facilitar nuestra tarea, y es una lástima que no hayamos visto los frutos de esta propuesta que, repetimos, está muy avanzada, de manera que cuando se preguntan ¿habrá otra manera?, nosotros les preguntamos, compañeros del PAN, ¿cuál es esa otra manera que proponen, cuál es la propuesta alternativa, concreta, que podamos llevar al seno de las comisiones para discutirlas.
Paso al tercer punto de mi intervención, compañeras y compañeros, para hacer un resumen de los aspectos esenciales que nos hicieron aprobar este presupuesto, y queremos, en primer lugar, que quede muy claro las disminuciones del nivel de la vida de la población y del salario real del ingreso per cápita y de la inversión de la producción del empleo, así como el combate a la concentración del ingreso y de la solución de las necesidades más sentidas de la población, son preocupación central de la nueva estrategia y del presupuesto que hoy nos ocupa. Por eso para 1985 buscan disminuir la inflación, instrumento concentrador del ingreso, aumentar el ingreso per cápita, crear 850 mil empleos, iniciar de manera firme y sostenida la reducción del desempleo; elevar el salario real, incrementar el gasto social en 66% elevar el gasto en desarrollo rural, en desarrollo urbano, en vivienda, en ecología y en infraestructura básica en más del 50%; racionalizar las transferencias y los subsidios para que beneficien más a quienes menos tienen; descentralizar, modernizar y simplificar la Administración Pública, elevar la eficiencia en el gasto público y elevar así su poder para satisfacer necesidades sociales y productivas; aumentar el ahorro y la inversión pública, sobre toda la vinculada a la generación de empleos y a la producción de bienes básicos y estratégicos, para diversificar y fortalecer la producción y el comercio exterior.
Y finalmente, me gustaría hacer algunas precisiones de naturaleza doctrinarias e ideológicas compañeras y compañeros: ni nuestro proyecto nacional, ni la estrategia ni el presupuesto a discusión que forman parte de todo un integrado, ninguno de ellos, representa el diseño de un nuevo edén, ni de un flamante paraíso ni el troquel de una desairada profecía, ni un dogma frágil, ni un desliz utópico o demagógico, ni un motivo más para el entretenimiento académico, ni un alivio superficial, ni un mitigador de dolencias y ni un maquillaje de estructuras injustas, este presupuesto, la estrategia y nuestro proyecto nacional no pueden ser eso, por que entonces provocaríamos una gravísima frustración en el pueblo de México.
El proyecto nacional, la nueva estrategia y el presupuesto son instrumentos para la reordenación, para corrección, para la transformación de estructuras, son medios que permiten acceder gradual, pero firme y sostenidamente a una nueva sociedad; este proyecto tiene perfiles precisos que han decantado en el curso de nuestra historia, está condicionado por la realidad interna y externa de México, por las peculiaridades de nuestra historia, por nuestras costumbres, por nuestra situación regional, por nuestras tradiciones, por nuestras aspiraciones nacionales y, sobre todo, es resultado de una consulta popular permanente que le permite remozarse y mantenerse a la imagen y semejanza de México moderno, del México moderno y a la medida de sus desafíos.
Todo ello acredita su naturaleza democrática y revolucionaria y explica la adhesión y el respaldo de la mayoría de la población, y todo esto, a su vez, suele irritar a los opositores de oficio o a los portavoces del inmovilismo o a quienes sienten nostalgia por las juntas de notables o por los liderazgos mesiánicos o por los gobiernos mandarinescos.
Por eso, ni el proyecto nacional, ni la estrategia, ni el presupuesto, pueden privilegiar intereses minoritarios, ni nacionales ni extranjeros, ni pueden soslayar los problemas sociales fundamentales, ni ajustarse a prejuicios dogmáticos, ni someterse a esquemas rígidos, ni fundarse en análisis mutilados en el tiempo y en el espacio.
Por todas estas consideraciones, compañeras y compañeros diputados, hemos votado a favor del dictamen y los exhortamos a votar en pro. Muchas gracias.
El C. Presidente: -...el diputado Ignacio Vital Jáuregui, ¿con qué objeto, señor diputado?
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Para una segunda intervención.
El C. Presidente: - Tiene la palabra su segunda intervención.
El C. Ignacio Vital Jáuregui: - Con su venia señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Queremos referirnos a algunos asuntos que se han tocado en esta tribuna con relación a nuestra intervención anterior.
En primer lugar, por lo que dice nuestro compañero Cavazos, creo que no estuvo bien entendida nuestra aseveración. Nosotros no
dijimos que el endeudamiento fuera de más de 6 billones de pesos. El endeudamiento, entendemos perfectamente bien, que es el diferencial entre los egresos y los ingresos, entre la entrada y la salida, entre los gastos y lo que se está cobrando por impuestos y por servicios y bienes que venden las paraestatales, y entonces decíamos que si el Presupuesto de Egresos era de 18.39 billones de pesos, y el de Ingresos era de algo así como un poco más de quince billones, claro que ese diferencial era endeudamiento y que ese endeudamiento podría ser externo o interno, y que el endeudamiento externo era de mil millones de dólares; claro que ese diferencial era el endeudamiento interno, y así manejamos nosotros, nosotros dijimos que era un poco más de seis billones de pesos el servicio de la deuda, que es muy diferente.
Nosotros aseveramos y sostenemos que este sistema injusto que padece el país, y que es injusto porque es una desviación de la Revolución que le dio entrada al movimiento este gobierno. ¿Por qué?, porque los postulados de la Revolución han sido desviados. ¿Cuáles eran esos postulados? Sufragio Efectivo. No Reelección; todavía, a más de setenta años de esa Revolución que costó más de un millón de muertos, todavía no tenemos sufragio efectivo y con relación a la nueva elección, pues pregúntenle a don Fidel y a sus corifeos a ver si existe la nueva elección en este país.
También uno de los grandes postulados de los campesinos con los cuales ya no se olvida, fue la tierra en propiedad, no era tierra en ejido y mientras se siga sosteniendo la tierra en poder de los políticos, en poder de los gobernantes, será una nulidad ese principio de la tierra en propiedad por el cual dieron su vida muchos, cientos de miles de campesinos de México y que si vivimos en un estado democrático, pues, ahí estamos viviendo las elecciones que acaban de pasar en Coahuila, en Hidalgo, en el estado de México, ¿cuál democracia? No existe democracia en el país, por lo tanto, se están violando los principios del sufragio efectivo, por los cuales perdieron la vida muchos mexicanos. Por eso decimos que es un sistema injusto, porque está negando, está pisoteando los principios por los cuales dieron su vida muchos cientos de miles de mexicanos.
El compañero Cavazos hablaba de que no era que el Estado, que el Gobierno había desviado los fines de la Revolución, simplemente había habido fallas, desviaciones y claudicaciones. Pues, eso mismo fue lo que dijimos nosotros, que gracias a esas fallas, a esas desviaciones, a esas claudicaciones, que no es lo excepcional, sino que es lo que constantemente estamos viendo desde hace más de 50 años. Por eso decimos y sostenemos que esas desviaciones, que esas fallas, que esos desvíos, que esa traición a los principios de la Revolución, han dado como resultado el endeudamiento nacional y el fracaso del sistema político que desgobierna a este país.
Y por decir todo eso, nos han dicho aquí, acaba de repetirlo otra vez nuestro compañero Cavazos, que nosotros vamos contra la historia. Bueno, pues nosotros esperamos impasibles, no la historia sino el fallo de la historia. ¿Qué va a decir la historia de nosotros que venimos aquí a defender los principios que le dieron auge a esta Revolución? ¿Y qué va a decir de ustedes que violaron esos principios? La historia tiene que ser justa en el fallo. La historia va a decir que ustedes gobernaron a este país. Ustedes, el gobierno seudo revolucionario del PRI, va a decir que gobernaron a este país; y lo sostenemos, porque lo estamos viendo todos los días. No es una cosa excepcional. Gobernaron a este país a base precisamente de injusticia, de mentira, de engaño al pueblo, de violación a sus derechos constitucionales. Uno de esos derechos es el derecho de elegir libremente a sus representantes. Y de una dosis terrible de cinismo por venir a decir aquí negro a lo que es blanco o viceversa. Eso va a decir la historia de ustedes y a ese juicio de la historia nos atenemos nosotros. Muchas gracias.
Presidencia del C. Jorge Canedo Vargas
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Samuel Meléndez Luévano.
El C. Samuel Meléndez Luévano: - Señor Presidente: compañeros diputados: Una vez más hemos escuchado al orador de la mayoría, venir aquí a distribuir admoniciones, no exponer, a desarrollar los argumentos de su partido o de la Comisión a nombre de la cual habló y en las cuales se funda su apoyo al dictamen.
Pero luego, aparte de admoniciones, denigra los puntos de vista y las pruebas de algunos de nosotros. Yo creo que éste constituye un ilegítimo recurso en la polémica parlamentaria.
Nosotros hemos presentado una propuesta y hay que entender bien, compañero Cavazos, el carácter de esta propuesta; hemos presentado un documento que titulamos "Lineamientos para una política alternativa de Gasto Público"; no hemos presentado un nuevo, un presupuesto de egresos alternativo; no somos tan audaces, pero lo que sí hemos hecho y lo que hemos estado en capacidad de hacer y lo que pueden hacer otras fracciones parlamentarias, es formular lineamientos de política en torno al gasto, y lo bueno sería también hacerlo en torno a muchas otras cuestiones que ocupan el debate en esta Cámara.
Y nos felicita por haber hecho este esfuerzo, pero en seguida vienen, vinieron sus lastimas, y lástima de tanta lástima que ha proferido aquí el compañero Cavazos. Yo digo: lástima que el representante de la mayoría que responde a la oposición denigre un esfuerzo y una opinión con planteamientos que se apartan de la argumentación
fundada en lo que debe él venir aquí a defender.
Nosotros lo hemos hecho porque nos parece que es necesario enriquecer la discusión e ir mucho más allá de la apología a la iniciativa presidencial. Porque conociendo cuál es la mecánica del procesamiento de estas cuestiones en la Cámara, no queremos que esto se reduzca, como ya se decía aquí, a un sinnúmero de monólogos y luego se ejerza el voto mecánico de la mayoría.
Nosotros seguiremos haciendo esfuerzos por elaborar propuestas alternativas en este terreno y en otros, y creo que había que tener presente que esta en nuestra segunda experiencia; en cambio, los priístas tienen por lo menos 60 años haciendo experiencias semejantes y veamos cuál es el estado del país.
Yo creo que debe tener claro el diputado Cavazos que por lo que se refiere al Partido Socialista Unificado de México, lo que postulamos en lo que se refiere a una política de pago de la deuda externa, es de que ésta debe de partir considerando los intereses nacionales. En primer lugar, los intereses sociales, vale decir, que los trabajadores, de las clases medias, que constituyen la absoluta mayoría de la población de nuestro país, y en segundo lugar, o al parejo de esto, debe tenerse en presente las necesidades del desarrollo productivo de nuestro país.
Por eso impugnamos una política de deuda externa, que parte de que ésta debe de pagarse a toda costa, para no desestabilizar el sistema financiero internacional. No postulamos, por lo tanto, la tesis de que no debe de pagarse la deuda exterior. Postulamos una política diferente de pago de la deuda exterior, y lo que criticamos e impugnamos de la conducta del Gobierno, es que sin la menor resistencia se lleven y se traigan borradores de Cartas de Intención, se peregrine por las capitales de Occidente negociando, hablando, convenciendo; a veces da la impresión de implorando a los capitostes de los centros financieros en otorgamiento de la oratoria relativa y de créditos para pagar los intereses.
Esta débil ausencia de resistencia, eso es lo que nosotros criticamos. Y se nos va a decir: no hay otra alternativa, o pagamos o en este país estalla el caos, porque se cerrarán los núcleos de capital, porque habrá embargos y este pueblo sufrirá consecuencias todavía más graves.
Pero hay ejemplos en América Latina de otros gobiernos que han resistido a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y han impuesto condiciones del pago de la deuda o siguen negociando sin someterse de primera a las demandas de estos centros financieros. Pero esto ocurre porque en esos países hermanos se ha erigido un valladar a los designios del Fondo Monetario Internacional y ese valladar lo han erigido los trabajadores, la clase obrera. Y esos gobiernos han tenido en cuenta esa fuerza social y política y han resistido a los designios de los centros financieros internacionales, y la tragedia es, compañeros, que en nuestro país no tenemos por hoy y no ha surgido esa fuerza que imponga cambio en esa política.
Yo rechazo el conjunto de adjetivos descalificadores de un esfuerzo por elaborar propuestas de políticas que constituyan, en la Cámara ahora, a elevar el debate sobre esta cuestión. Pero nos esforzamos también por llevar este debate a los trabajadores al seno de la sociedad, para que estas cuestiones que afectan a nuestro pueblo sean derimidas en el seno de él, y hacer llegar una posición, una demanda, un reclamo a las instancias del poder de la República. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Raymundo León Ozuna para hechos.
El C. Raymundo León Ozuna: - Señor Presidente; ciudadanos diputados: Al inicio, esta mañana, del debate sobre Presupuesto de Egresos para 1985, y escuchando las intervenciones de los diferentes oradores de todos los partidos que integran esta Cámara Plural, abrigábamos la esperanza de un debate de altura, de un debate que fuera al fondo del Presupuesto de Egresos, que se debatieran con seriedad los planteamientos de cada partido, con su propio estilo, su propia base ideológica y su base programática, fueran discutidos aquí por la mayoría; pero el representante de ella, quizá ya como colofón de términos de legislatura y tratando de hacer pingües ganancias políticas, para la colocación próxima al ver ya muy cercano el convertirse en desempleado político, vino aquí a darnos lecciones de política económica, tal como si los que componemos los partidos independientes y de oposición fuéramos unos párvulos. No se vale tratar aquí de hacer malabarismos de político - técnico para ganar pingües ganancias políticas en el sistema político a que pertenece.
Se utilizaron poses verdaderamente demagógicas, que no tienen ningún fundamento sólido y que no resisten la más ligera crítica.
Afirmaba el diputado Cavazos que su partido ha luchado por evitar la entrada del capital extranjero a nuestro país; hay que recordarle que es un solo partido político el que ha gobernado a este país por más de sesenta años, y si en México existe una inversión extranjera, califíquese de buena o mala, son ellos, los que se han sostenido en el país, los responsables de que exista inversión extranjera en México. Y quiero recordarle que después del susto de 1982, en los primeros meses de 1983, allá por febrero o marzo, se celebró una reunión en Puerto Vallarta, Jalisco, la cual fue presidida por el secretario de Programación y Presupuesto en Puerto Vallarta, en que se trataba de obtener nuevas inversiones extranjeras. Y qué podemos decir, diputado, de lo que nos dicen ustedes que el Estado tiene que deshacerse de los negocios no prioritarios, y lo único que han hecho después de dos años de
escuchar esta historia es vender únicamente el Grupo Vam Renault, pero fue vendido a la inversión extranjera, la que usted dice que tratan de evitar.
Y claro, en la otra empresa únicamente fue la Cóndor, que se la vendieron a la CTM. ¿Qué acaso una deuda externa, un endeudamiento neto de más de 95 mil millones de dólares no es inversión extranjera, diputado? ¿Qué acaso no es eso depender de otra nación en lo financiero y en lo alimenticio? ¿Qué acaso un presupuesto de egresos en que se está discutiendo que casi la mitad de él se va a dedicar a amortizar la deuda y al pago de los intereses? ¿Qué acaso eso no es dependencia extranjera? Yo creo que es irresponsabilidad política venir a este debate de Presupuesto de Egresos en plena crisis financiera y de confianza en el país, venir a discutirlo con poses demagógicas.
También nos decía que lo característico de la Revolución no ha sido la corrupción, que éstos son casos aislados. ¡Ah, claro!, es caso aislado si usted se está refiriendo al informe de resultados de la Cuenta Pública de 1982 en que por decreto únicamente han hecho cinco consignaciones de pecesillos pequeños, pero se les ha olvidado consignar a los peces gordos que se pueden deducir de un análisis honesto y responsable de este informe de resultados.
Nos está presentando, pues, el diputado Cavazos, una nueva noticia, de que la corrupción se puede controlar por decreto; la corrupción no se puede controlar en este país por decreto, porque la vemos en todos los ámbitos de la vida social. Si se pudiera controlar por decreto, ¿qué caso tendría la renovación moral de la sociedad?, ¿qué caso tendría lo que el pueblo, y es de fama pública, sabe lo que se hace con sus impuestos?
Ya para finalizar, nos decía él que su partido es de autocrítica y de denuncia, esto de la autocrítica ha sido uno de los instrumentos que han utilizado en este sucio juego del arrebate de las banderas políticas ideológicas, porque ellos son como el péndulo del reloj, que van de un lado a otro conforme a la ideología o a la "onda" que tenga el Presidente de la República en turno; ese arrebate de bandera, esa autocrítica de que él nos hablaba, se quiere presentar como una exculpante de los fracasos en materia política, en materia social y en materia financiera. Qué fácil sería que un ladrón, que un criminal se presentara ante el juez y le dijera: "reconozco que maté, reconozco que robe, por lo tanto debe de dejarme libre, debo de quedar absuelto porque pude decirle, perdone usted". No, diputado, no queremos autocrítica, queremos un nuevo gobierno que ame y quiera a su pueblo, queremos un gobierno que venga a renovar la raíz, que venga a renovar las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro país, queremos un cambio verdadero, no queremos el ensueño de la autocrítica para que ustedes traten de jugar curarse en salud y a través de ella quieran congraciarse con el pueblo de decir: te hice el daño, pero discúlpame. Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: -En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general...Los ciudadanos diputados que estén por al afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
El C. Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 238 votos en pro y 61 en contra.
El C. Presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 238 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 1o., 2o., 4o., 6o., 14 y 29.
Se habré el registro de oradores para la discusión de los artículos 1o., 2o., 6o. y 14...
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 1o., los diputados Astolfo Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional y el diputado Raúl Rea Carvajal del Partido Socialista Unificado de México; y para hablar en pro del mismo artículo, el diputado Manuel Cavazos Lerma y el diputado Genaro Borrego Estrada, por la Comisión.
Tiene la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar Consulte la Secretaría a la Asamblea si está de acuerdo en que discuta conjuntamente los artículo 1o., 2o., 6o., y 14, el C. Vicencio Tovar.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: -En votación económica, y por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se autoriza al orador que trate
en esta intervención los artículos 1o., 2o., 6o., y 14... Los ciudadanos diputados que estén en la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aceptado, señor Presidente.
El C. Astolfo Vicencio Tovar: - Honorable Asamblea: Ya el diputado Hinojosa, en forma elegante y contundente como él acostumbra, explicó el por qué Acción Nacional votará en contra del Presupuesto.
Desgraciadamente el diputado Cavazos no entendió el mensaje de debatir el Presupuesto con altura de miras, olvidando por un momento la pasión partidista en beneficio de México, y en su intervención lanzó una serie de insultos que quisieron ser elegantes y que se quedaron en el ramplón. ¡Qué diferencia, señor diputado, qué diferencia!
Y me he inscrito en contra de los artículos 1o., 2o., 6o., y 14, únicamente para tener tema de hablar en contra del Presupuesto, puesto que prácticamente en todos los artículos del decreto, con que se le escarbe un poquito, sale tema para hablar en contra; pero como el tiempo está reducido, únicamente voy a tocar unos botones de muestra.
El artículo 1o. del proyecto de decreto precisa que el ejercicio y control del Gasto Público Federal y las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán, según el proyecto de decreto, a las disposiciones del mismo y a las aplicables a la materia.
Este artículo es el improductivo del articulado en todos los presupuestos y aparentemente no tiene mayor problema, sólo que a pesar de la obligación de sujetarse a las disposiciones citadas, esa obligación nunca se cumple, puesto que cuando se presenta a esta Cámara la Cuenta Pública, de un presupuesto ya aprobado, invariablemente trae modificaciones sustanciales en el ejercicio del gasto que desvirtúa en gran parte los programas de los presupuestos aprobados. Por ejemplo, se nos ha informado que el déficit de 1984 será del 6.7% en relación con el Producto Interno Bruto, o sea, aproximadamente dos billones de pesos; pero al programar los egresos por deuda pública, aparecen 550 mil millones de Adefas, los famosos adeudos fiscales anteriores que corresponden al ejercicio de 1984 y deberán pagarse en 1985.
Esto quiere decir que lo que se reporta como déficit de 1984 es una verdad a medias, o sea, que se practica el arte de ocultar números rojos, ya que si se toman esos 550 mil millones dentro del déficit presupuestal, éste atenderá a 2 billones 550 mil millones aproximadamente, que equivale al 8.2% del PIB y no al 6.7 reportado.
En 1985 se pagarán por concepto de deuda pública 6 billones 862 mil millones de los cuales corresponden al gobierno Federal 4 billones 610 mil y al sector paraestatal, 2 billones 252 mil en la siguiente forma: por concepto de intereses, 4 billones 241 mil, por amortización de capital 2 billones 70 mil más los famosos 550 mil millones de Adefas correspondientes a 1984.
A este respecto queremos hacer varias consideraciones:
1o. En 1984 se abusó de la emisión de CETES y en la actualidad existen en circulación 1 billón 500 mil millones de estos valores que incrementan en forma considerable la deuda interna y que se tiene que pagar a corto plazo.
2a. Lógicamente el aumento en el desliz del ya tan deslizado peso a 17 centavos diarios, no se pudo prever en este Presupuesto, por lo que habrá necesidad de ajustar lo destinado al pago del servicio y amortización de la deuda, al que hemos hecho referencia.
Por otro lado, los pronósticos para la inflación han sido un fracaso; como todos sabemos, en 1982 subió hasta el 100%. En 1983, hasta el 81% y para 1984, que se había calculado un 40%, subió hasta el 55%. Para 1985 se tiene previsto en el presupuesto una inflación del 35%, aun cuando todo indica que la inflación del año entrante será del 48 al 50%.
Respecto al artículo 2o. del proyecto de decreto, nuevamente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, aparece un renglón extraordinariamente cuantioso: 681 mil 740 millones 800 mil pesos, bajo el rubro de erogaciones no sectorizables, que no indica claramente cuál será su destino. Creemos que con parte de esa cantidad podrían incrementar actividades tan importantes como la pesca, a la que sólo se le destinan 43 mil 596 millones.
Todos sabemos que México cuenta con 10 mil kilómetros de litorales y que es necesario incrementar esta actividad con astilleros, flotas pesqueras de primera, para llenar las necesidades alimentarias de la población y que podrían convertirse en una gran fuente de captación de divisas.
Por otro lado, podría incrementarse el número de buques de nuestra armada para defender nuestras costas y desterrar a los piratas norteamericanos, japoneses, rusos, noruegos y de otras nacionalidades, que asolan nuestras aguas territoriales y patrimoniales.
Aunque estén programados como erogaciones no sectorizables, podría darse más atención y dinero al sector salud. Es de sobra conocido y especialmente por los enfermos, que la mayoría de los hospitales del ISSSTE o de Salubridad, carecen de los recursos indispensables a veces hasta par las más sencillas operaciones. Faltan aparatos modernos de diagnóstico e instrumental quirúrgico. Los médicos, a pesar de su noble misión y de sus largos años de estudio, están pésimamente pagados. Se podría también incrementar la investigación, en México casi no existe, etcétera. En fin, no podemos aceptar que en un renglón de casi 700 mil millones de pesos, pueda destinarse, en forma nebulosa, a dependencias o programas que quizá no sean los más adecuados para el bien común.
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para los organismos descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria, necesitan estudiarse a fondo.
Pemex como siempre merece un renglón especial. Se nos dice que nuestra economía no está petrolizada puesto que los ingresos de Pemex representan sólo el 13% del PIB, pero los ingresos de Pemex en 1984 representaron el 43% de los ingresos del Gobierno Federal. En 1985, sus ingresos serán de casi 5 billones de pesos, lo que significa un equivalente al 66.6% de los ingresos del Gobierno Federal.
En base a estos cuantiosos ingresos, el Gobierno le ha impuesto derechos de extracción de hidrocarburos altísimos, que en 1985 importarán 2 billones 800 mil millones, y se considera que en este mismo año, a pesar de todos sus gastos obtendrá un superávit alrededor de 600 mil millones.
Qué bueno que Pemex esté resolviendo sus problemas económicos, pero consideramos que para que su operación sea más eficiente, debe racionalizarse la extracción de hidrocarburos por el vaivén e inseguridad del mercado internacional y dar prioridad a la industria petroquímica básica para disminuir las importaciones en este renglón; debe eliminarse a todo el personal que cobra sin trabajar, y reconsiderar las concesiones económicas a los sindicatos que significan una erogación multimillonaria y ocasión de enriquecimiento ilícito de muchos líderes voraces.
Por otro lado, Pemex soporta toda la ineficiencia de las demás paraestatales, que insistimos una vez más deben desaparecer todas aquellas que no representen un área prioritaria para el Gobierno y un beneficio para la comunidad, sobre todo la gran mayoría de las empresas que no están sujetas a control presupuestal.
Y si Pemex es tan suficiente y puede obtener cuantiosas utilidades ¿por qué se siguen programando aumentos considerables en los precios de sus productos?
Para 1985 se piensa aumentar nuevamente el precio de la gasolina, del diesel y del gas, lo que significará un duro golpe al consumidor que ha sido castigado en forma implacable en los últimos tiempos, y a la ciudadanía en general, ya que se traducirá en un nuevo aumento general de precios.
Comisión Federal de Electricidad. La inquietud que externo aquí el diputado Hinojosa la tenemos todos. Definitivamente esta es la empresa que nos causa mayor preocupación. Su ineficiencia y el exceso de personal han causado su total bancarrota. En 1985 tendrá un billón 428 mil millones como ingresos para poder atender sus gastos. De esos ingresos, sólo 595 mil millones, o sea el 42% del total serán ingresos propios, ya incluidos los aumentos programados, y el 58% lo recibirá en subsidios por 551 mil millones, y aumentará su endeudamiento en 282 mil millones. Esto quiere decir que para lograr solventar sus gastos se tendrían que triplicar las tarifas eléctricas de 1985. Y nos preguntamos ¿qué nunca existieron planes adecuados para evitar el desastre? ¿Qué piensa hacer el Gobierno al respecto?
En el dictamen no se contempla ningún programa ni recomendación que lleve a la rehabilitación de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que pedimos se nos diga cómo se resolverá esta situación que cuesta tanto al país, y que por cualquier lado que se le vea dentro del mismo sistema económico, no tiene solución.
Sobre el artículo 14, insistimos en lo que hemos dicho en otras ocasiones: el artículo 14 es el que faculta al Ejecutivo, el que autoriza erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, pero el segundo párrafo de su fracción III, como siempre, dice lo mismo: "Asimismo se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
Nuevamente la discusión de este presupuesto no tiene ningún caso. Nuevamente se le entrega al Ejecutivo un cheque en blanco para que disponga de él como le venga en gana. Parece que se pierde la memoria, yo quisiera que todos los señores diputados recuerden que esta disposición de autorización al Ejecutivo en un solo año aumentó la deuda en 20 mil millones de dólares. Yo quisiera que se recordara que nuestra Cámara al momento de aprobar esta fracción III, segundo párrafo del artículo 14, está renunciando a uno de sus principales derechos que es el de autorizar, la propia Cámara, y no delegar esa autorización en el Ejecutivo.
También este Presupuesto tiene una parte de gran injusticia social, en esta época de crisis, de falta de empleos y de falta de credibilidad, consideramos que los primeros en dar ejemplo de austeridad debían de ser los servidores públicos. Para 1985 el aumento en los sueldos de los altos funcionarios será exagerado, sobre todo si los comparamos con el de todos los demás trabajadores del Estado y con el salario mínimo que se acaba de aprobar de mil 80 diarios. Se nos informa que los directores y secretarios particulares de un secretario de Estado ganarán la bonita suma de 679 mil pesos mensuales, antes de impuestos; los coordinadores generales 836 mil pesos mensuales; los oficiales mayores 996 mil pesos mensuales; los subsecretarios un millón 280 mil pesos mensuales; los secretarios de Estado un millón 597 mil pesos mensuales, y el Presidente de la República 2 millones 746 mil pesos mensuales. Y este último, aun deduciendo sus impuestos, todavía le quedan cerca de dos millones de pesos al mes.
Si estuviéramos en época de vacas gordas, quizá pasara desapercibido el considerable sueldo de esos funcionarios que realmente puede servir para evitar tentaciones mayores. Pero en estos tiempos tan difíciles para la mayoría de los ciudadanos, cuyo salario con trabajo les alcanza a medio vivir, en estos tiempos de carencia de empleo y apremiantes necesidades para el pueblo en general, eso no debe ser. Y si hacemos comparaciones en 1985, un trabajador ganará un poco más de 30 mil pesos mensuales contra 28, 33, 53 y 91 veces más que ganarán los funcionarios citados.
Simplemente aquí en la Cámara, que puede ser reflejo de los demás trabajadores del Estado, los empleados en su mayoría ganan sólo 24 mil pesos, los de base; y un mínimo de 20 mil pesos los supernumerarios. Si ustedes hacen comparaciones verán que es una injusticia intolerable.
¿En dónde quedó la sociedad igualitaria ante estas desproporciones y desigualdades? Esa es una injusticia que debe meditarse y corregirse y por esta razón y por todo lo expuesto, la diputación de Acción Nacional votará en contra del dictamen. (Aplausos.)
Presidencia del C. Enrique Soto Izquierdo
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Genaro Borrego Estrada.
El C. Genaro Borrego Estrada: - Señor Presidente; honorable Asamblea: El diputado Astolfo Vicencio Tovar ha hecho uso de esta tribuna para impugnar diversos artículos del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, se refirió, en primer lugar, al artículo 1o. del proyecto de decreto en el que presenta la suspicacia de que el Gobierno Federal no cumple con sus propias disposiciones y no se ajuste a los términos del decreto que aprueba este Congreso.
Para ello, su argumento es hacer referencia a las distintas diferencias que en los grandes indicadores económicos y en algunas de las partidas se presentan una vez que se tienen los elementos para hacer la evaluación de los resultados de un ejercicio presupuestal conforme a todos los elementos de que dispone esta propia Cámara de Diputados e internamente el propio Poder Ejecutivo.
Habremos de señalar que el presupuesto es eso, un presupuesto que señala aquellos objetivos y metas a las que aspira llegar en base a una relativa certidumbre de una realidad y de lo que es previsible en el entorno y en el contexto en el que se va a dar ese propio ejercicio, y en el que se hace el propio proceso de planeación y de programación y de presupuestación.
Aún así, vemos que todas las diferencias a las que se ha referido el diputado, que se han encontrado en ejercicios presupuestales anteriores respecto a la realidad, han tenido una clara explicación, una explicación cierta, una explicación razonable, una explicación que presenta argumentos que justifican la razón del porqué de esa diferencia, pero no entraña esa posibilidad el hecho de una voluntad implícita de lograr resultados diferentes a los que se propone. Son circunstancias cambiantes, sí, pero siempre hacia una meta y hacia un propósito claro que señala en un programa y en un presupuesto.
La inflación. Para 1983 se señaló un índice de inflación, para 1984, otro, se llegó a indicadores ciertamente diferentes, pero como dije antes, la incertidumbre del entorno en que se está dando el ejercicio presupuestal y la explicación que se está dando en cada uno de los casos, han resultado para nosotros convincentes las razones por las cuales no se han logrado estos propósitos.
Sin embargo, yo quiero advertir que en el caso de la inflación, lo importante es que sea revertido y eso es un hecho irrebatible, la tendencia creciente a la inflación, sobre todo si tomamos en cuenta la manera como se encontraba, la situación en la que se presentaba en 1982 y a principios de 1983.
Si nosotros analizamos el índice de inflación mensual y lo anualizamos, vemos que el indicador que sirvió de punto de referencia y de meta de aspiración de los presupuestos de estos años corresponde con la realidad. Es un propósito claro, vehemente el combatir la inflación y eso ha estado presente en esos presupuestos y en el proyecto de decreto de presupuesto que hoy discutimos.
Se refirió también a las Adefas; quiero decirle que estos adeudos fiscales anteriores sí se programan, se consideran y se asignan a programas concretos para poder utilizar esos recursos que de acuerdo con un ritmo de ejercicio presupuestal no fueran realmente ejercidos. En cualquier presupuesto que hagamos vamos a encontrar que puede haber algunas diferencias entre los ingresos y los egresos y los ritmos de acuerdo con la capacidad de gastos que tienen las propias entidades a las cuales se asigna el presupuesto, pero aún a sí, esas Adefas tienen una precisión clara de su destino.
También se refirió a las erogaciones no sectorizables que se señalan en el proyecto de presupuesto y que antes eran las erogaciones adicionales.
Aquí quiero señalar que en el propio dictamen está claramente señalado es destino de esas erogaciones no sectorizables, y precisamente se les cambió el nombre para evitar esas suspicacia de que son erogaciones a partir de las erogaciones presupuestales que aquí se autorizan, se trata de erogaciones que no puedan encajonarse o que no puede etiquetarse, que no pueden asignarse a un programa específico, a un programa concreto; son cifras, son presupuestos, son recursos que inciden en los distintos sectores y que aún así en el cuadro número 27 del dictamen que discutimos, están claramente señalando cuáles son los destinos que tienen estas erogaciones no sectorizables,
y dentro de ésos, por cierto, está el Programa Especial de Protección al Empleo.
Respecto a Pemex, se ha referido a que nuestra economía se encuentra petrolizada. No confundamos la participación de un organismo tan importante, estratégicamente tan importante, para el desarrollo del país como Pemex, hacia el interior del presupuesto gubernamental y hacia el resto de la economía. La participación de Petróleos Mexicanos en el conjunto de la economía, no llega al 10% del Producto Interno Bruto. Tiene Pemex, sí, una enorme importancia hacia el interior del propio Presupuesto de Egresos de la Federación por la gran capacidad que tiene de generación de recursos, por sus volúmenes que maneja, por sus niveles de exportación y también por la magnitud del organismo. Y aquí se presentó el argumento de que por qué Pemex hace ajustes a los precios de sus productos cuando se presenta, reporta superávit o utilidades en sus resultados.
Queremos decirle que un organismo fundamental para el desarrollo del país, para la independencia nacional, para el desarrollo equitativo de la Nación, tiene ciertamente la posibilidad de redistribuir esos recursos para poderlos orientar hacia otros programas por la vía del pago de sus impuestos, hacia otros programas específicos del propio presupuesto.
Ahora, para mantener esa estabilidad financiera, estructural de la empresa, para garantiza su equilibrio financiero, también para racionalizar su consumo, toda vez que no olvidemos que el consumo de los productos que genera Petróleos Mexicanos los utilizan los mexicanos de mayores ingresos y esta es una posibilidad para que manteniendo el equilibrio financiero del organismo racionalizando el consumo, pueda ser, sí, Pemex, una posibilidad de transferir recursos hacia programas de desarrollo social.
Respecto a la Comisión Federal de Electricidad, la generación y abasto suficiente y oportuno del fluido eléctrico, es de suma importancia para apoyar la actividad económica en general, y por tanto, su dinámica de crecimiento debe responder al desarrollo del país.
Lograr los niveles de generación y comercialización que ha requerido en los últimos años, ha implicado montos importantes de inversión que no ha sido posible cubrir sólo con la generación de ingresos propios, debido en forma importante al rezago de las tarifas respecto de los costos y del nivel general de precios, situación que en el marco de la política de precios y tarifas del Sector Público, busca corregirse gradualmente con el propósito de evitar un impacto negativo en el usuario, industrial y doméstico.
Puede observarse que la Comisión Federal de Electricidad ha logrado generar ahorro corriente antes de interés. Este ahorro apenas cubrirá el 20.6% de los intereses a pagar en 1985, que en 1984 representó el 16.3% de manera que su generación de ahorro crece en menor medida que su carga financiera.
El gasto total de la Comisión Federal de Electricidad comprende un billón 279 mil millones de pesos. Se destinará en 28% a gasto corriente, 33% a pago de intereses, 29% a inversión y 9% a la amortización de pasivos.
En función de lo anterior, la mayor parte de las transferencias con las que se ha apoyado a la entidad, aunque han aumentado, se han canalizado precisamente al pago de intereses e inversión. Por ello, para corregir gradualmente la situación financiera de la entidad, el programa de saneamiento financiero contempla no sólo ajuste de precios y tarifas, sino además de incremento a la productividad bajo las siguientes políticas:
Continuar los programas de productividad de la fuerza de trabajo y aumento en el rendimiento de combustible, en función de la energía generada que se traduce en ahorros de costo de suministro; modular el ajuste a las tarifas eléctricas para alcanzar un equilibrio en la relación precio medio, costo medio; continuar con la política de estructura de financiamiento de la inversión en 50% con créditos, 25% con recursos propios y 25% con transferencia del Gobierno Federal, y la asunción gradual de pasivos por parte del Gobierno Federal.
El aumento de la productividad de la mano de obra se ha logrado mediante el control de la tasa de crecimiento del personal de nuevo ingreso, y la mejoría en la eficiencia de conversión de energía se ha logrado a través de la asignación eficiente de los recursos de generación térmica e hidroeléctrica disponibles.
Cabe señalar que en materia de inversiones se continuará con el programa de diversificación de fuentes. Por su parte, el gasto corriente reforzará los programas de mantenimiento de las centrales generadoras, subestaciones, líneas de transmisión y normalización de equipos, incidiendo en una utilización más eficiente de las instalaciones. Se procurará también racionalizar el uso de los inventarios y la utilización en el uso de combustibles.
La situación de la Comisión Federal de Electricidad, que también es una entidad fundamental y estrategia para el desarrollo del país, presenta un desequilibrio financiero que está implícito en el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos, y vemos que una parte muy importante de los recursos que se les asignan vía transferencias son para el pago de intereses; para aliviar su situación y, de esta manera, aliviar también parte de su estructura financiera y de esta manera ir avanzando de una manera gradual en la corrección del rezago de los precios y tarifas que la energía proporciona para el desarrollo nacional.
Con esto quedan resueltas las inquietudes presentadas por el diputado Astolfo Vicencio Tovar. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Raúl Rea Carvajal.
El C. Raúl Rea Carvajal: - Con permiso, señor Presidente.
Después de haber escuchado la tesis y la réplica acerca del artículo 1o., declinaré hablar sobre éste, pero me he anotado para hablar también en contra del artículo 2o. del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, porque considero que deben discutirse con mayor detalle los aspectos relacionados con el gasto en bienestar social y en particular con el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública y el de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
También me he reservado el artículo 6o., por contener éste el presupuesto asignado a las instituciones de seguridad social, parte muy importante del gasto social y del artículo 14 que habla de la disposición de los excedentes de los ingresos ordinarios, por lo que para tratarlos en una sola intervención, ruego a usted, señor Presidente, consulte a la Asamblea si me otorga su permiso.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si le permite al orador abordar las cuestiones relativas a los artículos 2o., 6o. y 14 del proyecto, conjuntamente.
El C. prosecretario Nicolás Orozco Ramírez: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le permite al orador tratar en una sola intervención los artículos 2o., 6o. y 14 del proyecto de decreto... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El C. Raúl Rea Carvajal: - Gracias.
En diferentes partes el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 sostiene que el ejercicio del gasto se ha ajustado a criterios sociales. Se afirma concretamente que a través del sector desarrollo social, se realizan acciones prioritarias para mejorar el bienestar social y elevar el nivel de vida de la población.
Se insiste también en que se ha buscado una reorientación del gasto hacia el sector de bienestar social y para hacer encajar todo con todo, así se de la manera más forzada, se asegura que la política de gasto social contribuirá a la estrategia de cambio estructural.
El dictamen que se nos ha entregado, por su parte, en la treceava de las 21 razones concretas que da para pronunciarse en pro del Presupuesto, dice que éste "constituye un contribuyente eficaz para elevar los niveles de vida de la población proporcionando servicios básicos como los de salud, seguridad social, educación, agua potable, drenaje, etcétera".
A la luz de lo que afirman tanto el proyecto de Presupuesto y el dictamen, estamos sin lugar a dudas en el mejor de los caminos posibles, lo cual no es solamente discutible, sino también criticable por la complacencia con que analizan uno de los aspectos más desfavorecidos y descuidados en estos años de crisis. Después de otra de sus prolijas enumeraciones, el dictamen sostiene que los costos sociales de la crisis habrían sido mayores sin no se hubieran controlado, dice, los aspectos más severos de la crisis.
Creo que es conveniente recordarle a la mayoría, o por lo menos a la que firmó el dictamen, que los aspectos más severos de la crisis, al menos para la población más desprotegida, son precisamente los efectos sobre la alimentación, la salud y los niveles de vida en general. Y no lo que desde la ortodoxa visión financiera se considera como lo más severo, es decir, los llamados desequilibrios hacia los que se orientó realmente el esfuerzo de este Gobierno.
A la mayoría de la población no le convence en lo absoluto el argumento de que primero había que vencer los llamados desequilibrios como el del déficit público y dejar para después la atención a las necesidades más urgentes, pues aquí no se pueden posponer acciones, ya que los efectos de lo que se deja de hacer en lo inmediato, son irreversibles y afectan a generaciones enteras, a la mayoría de la población tampoco le convence el llamado a esperar pacientemente los años en que el bienestar pueda elevarse, después de que el ajuste haya concluido, por eso tampoco puede aceptarse la afirmación del dictamen que recomienda, cito textualmente: "...que se persevera en la estrategia iniciada sin claudicaciones o desviaciones que no arrojen al peor de los mundos posibles, aquél que acentúe los costos de la crisis y revierta los progresos alcanzados" - termino el entrecomillado.
Por lo visto es necesario hacerles ver a los firmantes que apoyaron el dictamen, que según este criterio nuestro país está ya en el peor de los mundos posibles, pues en estos años precisamente se han acentuado en los costos, sino los efectos sociales de la crisis entre paréntesis, hay que decir que se nos ha impuesto la expresión de costo social de la crisis como si a cambio de la caída de los niveles de vida, es decir a este costo, estuviéramos obteniendo o fuéramos a conseguir después algo mejor, lo cual está muy lejos de ser real, por eso tenemos que hablar de efectos sociales de la crisis, no de costos.
Ya hemos visto en esos años un retroceso social muy grande, y por eso resulta lamentable que el dictamen sólo acierte a otorgar un voto de confianza al Presupuesto de 1985, que confirma la voluntad política de no retroceder, según la mayoría, en la lucha contra la crisis y los costos que acarrea.
Resulta también lamentable que se recomiende perseverar en la estrategia del actual Gobierno, ya que ésta ha provocado un cúmulo de males para la mayoría de la población a nombre del ajuste, que lo único que
garantiza es el puntual y comedido cumplimiento de compromisos financieros con la banca internacional.
Tanto el proyecto de Presupuesto como el dictamen, debieron haber sido más críticos o autocríticos, pues falta mucho por reconocer sobre los efectos que la crisis ha tenido sobre los niveles de vida; a partir de un examen no autocomplaciente sino objetivo sobre esto, no se puede concluir que el gasto está cumpliendo con los objetivos y funciones sociales. Todo lo contrario, su comportamiento ha tenido una responsabilidad fundamental con el empobrecimiento de la mayoría, tanto indirectamente, pues el atraso productivo no es más que empobrecimiento social, como directamente al reducirse tan drásticamente en términos reales el presupuesto para la salud, la seguridad social, la educación y otros rubros.
El gasto en educación, en salud y en seguridad social ha tenido durante 1983 y 1984, una caída real superior a la del gasto programable total. Aún más, para el presente año se espera un crecimiento real positivo del gasto programable total, mientras que para aquellos dos sectores todavía habrá un crecimiento negativo. Esto no es dar atención prioritaria a los sectores que más impacto tienen en el nivel de vida, y no se puede recomendar persistencia en una estrategia que tiene estas consecuencias.
Para el próximo año, se afirma que los sectores de bienestar social recibirán una atención prioritaria. Antes de conformarse con el crecimiento absoluto del presupuesto, convendría observar aunque fuera brevemente cuál es la situación actual en relación al gasto para los principales sectores sociales.
Una de las manifestaciones de la prioridad secundaria que este gasto ha recibido en los últimos años en relación a estos rubros del gasto, es la disminución de su proporción sobre el Producto Interno Bruto y sobre el gasto total. En el caso del sector educación, por ejemplo, la proporción sobre el Producto Interno Bruto cayó del 3.7% en 1981, al 2.7%, en 1984; en el caso del gasto para la salud y seguridad social, la disminución fue más aguda; del 3.6% al 2.2%, también entre 1981 y 1984.
Lo mismo se observa comparando contra el gasto total, la relación ha disminuido.
Puede decirse que las urgencias de la crisis obligaban a tomar medidas que llevaron a lo anterior, pero eso de ninguna manera es justificable. El hecho de que el gasto programable haya bajado con proporción del producto y como proporción del gasto total, no justifica por sí mismo que el gasto social haya tenido tal reducción, al contrario, los retrasos en cuanto a cobertura por parte de las instituciones de salud y seguridad social, la necesidad de ampliar los programas de alfabetización para adultos, de mejorar la calidad de los programas de educación básica, remunerando mejor a los maestros, la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura educativa y de salud, etcétera, exigía que el presupuesto de estos sectores, al menos se hubiera manteniendo en términos reales, lo que hubiera significado sostener o elevar su producción en el gasto total o en el producto. Pero al contrario, como ya he mencionado, la disminución en términos reales fue muy drástica, lo mismo que la caída en relación al producto y gasto total.
La consecuencia de esta política de gasto ha sido que se hayan acumulado más rezagos en estas áreas, que se les haya pagado cada vez peor a los cientos de miles de maestros y que no hayan mejorado los índices de bienestar de nuestra población.
Visto así el presupuesto asignado para 1985, a estos sectores, es insuficiente, pues no logran siquiera recuperar los niveles que se tenían antes de la crisis. Ya no digamos ser suficientes para atender todas las necesidades que tiene la mayoría de la población mexicana, pues es evidente que ya antes de la crisis los recursos eran insuficientes. El caso de la salud, por ejemplo, el gasto real por habitante que se tendría en 1985, es inferior incluso al de 1977; lo mismo que la proporción del gasto total del sector en relación al producto. En el caso del sector educativo, el gasto constante por persona apenas igualaría al de 1979 y la relación con el producto sería inferior a la de 1977.
Todo esto indica que pese al crecimiento real de estos sectores, tendrían para el año entrante, si es que se cumplen las metas de inflación, se estaría muy lejos de alcanzar lo que tenía hace seis o siete años.
Esto no puede mover a nadie a triunfalismos, ni mover a elogios hacia el presupuesto, sosteniendo que éste mantiene una orientación social; tampoco puede hablarse de que ya se ha avanzado mucho en la orientación sectorial del gasto, pues los sectores de educación y salud tendrán para 1985, según lo presupuestado, una participación menor que la de 1983 y que la de 1982, para no hablar de años de las décadas pasadas.
En el caso del sector educativo esta política presupuestal ha tenido efectos negativos, principalmente sobre la construcción de infraestructura y sobre los ingresos de los trabajadores de la educación.
Para el caso de la planta física, el programa 3 - Z, Ampliación de la Planta Física, que se incluye en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, propone un gasto de cerca de cien mil millones de pesos, pero que es inferior en 15%, en términos reales, al de 1981.
Con el presupuesto de servicios personales de toda la Secretaría, la situación es similar. Aquí hay que hacer notar que el Gobierno Federal ha logrado contener el crecimiento del gasto, principalmente conteniendo los sueldos y salarios de los empleados públicos y dentro de esta política ha jugado un papel central el control de los salarios de los maestros, ya que éstos representan, junto con los demás trabajadores del sector educación
federal, más de la mitad de las plazas del Gobierno Federal. En particular, la política salarial para los maestros ha castigado sobre todo a los que más años tienen en el servicio.
Para el caso del Distrito Federal, una investigación directa que hemos realizado, muestra que para los maestros que tienen entre 25 y 30 años de servicio, su ingreso se ha deteriorado en términos reales en un 50% entre el primer semestre de 1980 y el segundo de 1984; y para los otros grupos, el deterioro fluctúa entre el 42 y el 48%. Esto sin duda alguna ha deteriorado no sólo las condiciones de vida de los maestros, sino también la calidad de la educación. En lo que hace al presupuesto de salud, por más cuentas millonarias que se hagan, por más cifras absolutas que se presenten, las cuales sin un marco de referencia adecuado no nos dicen nada, es un hecho la insuficiencia de los recursos que se destinarán en 1985, ya no sólo para mantener los niveles de salud de la población, mucho menos para mejorarlos, sino que éstos ni siquiera alcanzarán para evitar el deterioro nutricional registrado al parecer en estos últimos años. En el gasto de las instituciones de salud se reflejó con más claridad cómo durante 1983 y 1984, no sólo no se realizó una política restrictiva, sino que tampoco se introdujeron cambios que pudieran mejorar la tradicional asignación del gasto.
La reducción del presupuesto afectó directamente a los niveles de bienestar de grandes capas de población, ya que en la mayoría de los casos empeoraron los índices relacionados con la salud. Es importante subrayar que en este caso no se trata de una simple posposición de acciones que pudieran ser subsanadas posteriormente; se trata, para decirlo claramente, de una política que en los hechos está provocando daños irreparables en la población, que hoy necesita con más urgencia atención médica, alimentación adecuada, acciones en materia de salud pública, prevención y nutrición.
¿Qué nos propone el proyecto de Presupuesto de Egresos que ahora discutimos en materia de salud y de seguridad social? Una continuidad en la orientación seguida hasta el momento; a pesar de que el presupuesto para la salud y seguridad social del año entrante tiene un aumento real de 14% sobre lo esperado para 1984, no se modifica el carácter desigual de su asignación ni tampoco se revierte el rezago que se acumuló en estos últimos tres años. Por una lado, no hay ningún cambio importante en la distribución de los programas, siendo el de atención curativa el que ocupa la mayor parte de las tres instituciones.
Además de lo anterior, siguen desatendidos renglones importantes, como la atención preventiva, la investigación y la formación de recursos humanos, en el mismo Programa Nacional de Salud, consigna lo anterior de entre 1978 y 1984 la atención preventiva no sólo aumentó su participación dentro de gasto sectorial en salud por programas, sino que disminuyó pasando de 6.8% del total en 1978 al 4.6% en este año.
El Programa de Investigación tenía en el primer año el 1.1% del total en el primer año, representando ahora el 0.5%; en cambio, los recursos destinado a la atención curativa han crecido sin que esto haya implicado una cobertura más amplia de la población, ya que en la actualidad, según el mismo Programa Nacional de Salud, 14 millones de mexicanos carecen de atención médica.
Tampoco se ha avanzado en la igualdad de la calidad de los servicios, ya que continúa la desproporción en la forma de distribuir no sólo el presupuesto, sino también los recursos físicos y humanos, situación que se mantiene para 1985. Sobre esto último, habría que decir que no hay en el presupuesto ninguna acción que permita hablar del tan trillado Sistema Nacional de Salud, ya que permanece la diferenciación de usuarios y la profunda desigualdad en el acceso a los servicios. Estamos aún muy lejos de poder cristalizar el derecho constitucional a la protección de la salud, que en el papel supuestamente tenemos todos los mexicanos, como muchas otras garantías y derechos. Una muestra de ello es que en el caso de la Secretaría de Salubridad: su Programa de Nutrición sólo representa el 3.9% del Programa de Atención Preventiva y no llega a significar ni el 1% del gasto programable. Otro programa que en rigor es de mucha importancia por su incidencia directa en los niveles de bienestar, es el de higiene de trabajo y prevención de accidentes, no obstante sólo representa el 0.1% de la atención preventiva que ya de por sí tiene una baja proporción dentro del total. Ante tal inercia programática, los objetivos anunciados son con todo muy ambiciosos ya que se pretende para este mismo año de 1985, modificar estructuras, programas y funciones a fin de racionalizar el uso de los recursos disponibles.
Como puede verse, no hay correspondencia entre los objetivos declarados y la asignación real del gasto para el año que entra. En contrapartida, las necesidades sí siguen creciendo y de no modificar la actual política de salud, se agudizará más la brecha entre necesidades satisfechas y necesidades insatisfechas, lo que no puede llamarse más que un retroceso en la situación de salud de la población.
Un ejemplo más de este deterioro, incluso en la seguridad social, según el informe presidencial de Seguro Social, ha registrado una mayor proporción de accidentes, lo que se ha traducido en un aumento de incapacidades permanentes por día. En 1980, éstas fueron, en promedio, 40 diarias, en 1982 ascendieron a 47, en 1983 siguieron aumentando hasta llegar a 60 y se estima que en 1984 llegarán a 79 incapacidades permanentes por día. Por otro lado el presupuesto destinado al otorgamiento de pensiones y jubilaciones por parte del Seguro Social, sólo alcanza para cubrir 44%, aproximadamente, del salario mínimo para el año próximo.
Habría que decir también que en la fijación de metas cuantitativas no están presentes tampoco las necesidades de hoy y las futuras de la población, que no hay una planeación adecuada de los recursos y el crecimiento de la infraestructura que más bien parece haberse estancado.
Es por todo lo anterior y por muchos otros elementos, que sería muy largo enumerar aquí, que no sólo es necesario destinar más recursos al sector salud, sino que es urgente un cambio en la política seguida hasta ahora, lo que tendría que expresarse, entre otras cosas, en una asignación suficiente de los programas de las tres instituciones más importantes de la salud.
Las modificaciones administrativas, como las que hace unos días se aprobaron aquí para cambiar el nombre de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, resultan irrelevantes, y más aún, carentes de contenido en tanto no haya un cambio importante en la política de salud.
Hoy volvemos a plantear aquí un problema que ya se ha presentado en años anteriores y que consiste en que se le quite al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la elemental autonomía presupuestal, a diferencia de la que justamente se reconoce al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit.
En efecto, en el artículo 14 del proyecto de decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, se autoriza disponer para fines diversos de los excedentes que resulten de los ingresos ordinarios del ISSSTE y ISSFAM, lo mismo que de otras entidades públicas. A diferencia de las otras entidades públicas, las de seguridad social funcionan sobre la base de aportaciones de los trabajadores y de las que en su nombre deben hacer sus empleadores y los llamados ingresos adicionales son totalmente habituales, como son los que resultan de la recuperación de préstamos, ventas en las tiendas de interés social y otros.
De esos ingresos que en muchos son simples recuperaciones, sólo en parte y con retraso de devuelven, por ejemplo, al ISSSTE. En años anteriores los adeudos por este concepto fueron muy grandes y quedaron, a fin de cuentas, como reserva técnica, inutilizable para los fines sociales de la institución.
En 1982 y 1983, se trató de 35 a 40 miles de millones anuales, estos datos fueron suministrados por el propio ISSSTE, en reunión con comisiones de esta Cámara, el 17 de agosto de 1984, en la cual se informó que en el presente año quedaban pendientes de entregar 10 o 16 mil millones de pesos, quedaba claro que aun en el supuesto de que todavía se entregara total o parcialmente esos recursos alrededor de octubre, el retraso impediría su mejor aprovechamiento.
Otra causa de que haya ingresos adicionales es el aumento de los salarios que en los últimos dos años se ha dado de manera adicional a la presupuestada, a partir de la diferencia entre los aumentos de índice de precios previstos y los reales. Esto podría volverse a repetir, dado que ya se ha convenido un aumento a los salarios mínimos a mediados de año, adicionales al 30% que surtirá efectos al 1o. de enero.
Todos esos recursos originarios de los trabajadores usuarios del ISSSTE pueden ser destinados, según el artículo 14 del decreto, a otros usos que en la práctica implica que ese dinero queda en la gran bolsa, de donde se toma para todo, desde los subsidios al capital financiero reprivatizado, hasta el pago de la deuda externa.
Por lo anterior, consideramos que al ISSSTE y al ISSFAM deben dárseles el mismo trato que se ha estado dando al IMSS y al Infonavit, respetándoles el empleo de sus recursos para el cumplimiento de las funciones sociales que las leyes les encomiendan.
Por tal razón, proponemos modificación a la fracción I del artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que quede:
"Artículo 14, fracción I Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación II de estos ingresos, etcétera".
Formulo la citada propuesta con base en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Palacio Legislativo el 28 de diciembre de 1984.
Por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, diputado Raúl Rea Carvajal.
Entrego esto a la Secretaría, señor Presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. Diputada Julieta Guevara Bautista.
La C. Julieta Guevara Bautista: - Con su permiso, señor Presidente.
Honorable Asamblea: Ha llamado la atención de los miembros de mi partido que los diputados de la oposición, aquí representada y que han hecho uso de la palabra para criticar al Gobierno y oponerse a su gestión, lo hayan hecho con tanta falta de realismo, porque, por una parte, admiten la existencia de la crisis; y por otra, responsabilizan al Gobierno de sus inevitables como dolorosos efectos.
De no producirse estos efectos, obviamente no habría crisis y nos encontraríamos ante una situación inexplicable para la ciencia, en que habiendo tantas, no se presentarán efectos.
Se habla, señores diputados, de que esta crisis tiene costos sociales, o como decía el compañero Rea, efectos sociales; y yo me pregunto: ¿cómo podría no tenerlos?, sería muy difícil que el costo de la crisis económica dejara de ser también social. Esto me ha llamado especialmente la atención, en el caso
de los compañeros del PSUM, porque sabemos que las concepciones marxistas definen a la economía como el nivel fundamental que determina a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo explicarse que una crisis económica no tuviera efectos sociales?
Creo que el análisis del presupuesto, en este caso a lo que yo me voy a referir que es el presupuesto destinado al desarrollo social, debe de partir del siguiente marco: la aceptación de la crisis, como la aceptación de sus efectos, y no la aceptamos como algo deseable, sino como un hecho. Y por otra parte, también la aceptación de que la situación actual no es producto solamente de esta crisis, sino de nuestra situación histórica en un contexto internacional determinado. Situarnos como un país subdesarrollado, o como otros lo clasifican, un país en vías de desarrollo.
Creo que si nosotros tomamos este marco para discutir este presupuesto, nuestras apreciaciones serían muy diferentes a la que ha hecho aquí otros miembros de la oposición.
Se dice que la política actual, especialmente la política económica, agrava los problemas. Quiero proporcionar algunos datos. Unos en términos absolutos, diputados Rea, y otros en términos relativos.
Dice el diputado Rea, que hay complacencia por nuestra parte. No, diputado, no hay complacencia ni triunfalismo. Ninguna de las dos cosas. Simplemente aceptamos esto como un hecho. Para darnos cuenta de la importancia que el Gobierno le ha atribuido al desarrollo social, yo quisiera señalar que en 1981, lo voy a dar en términos absolutos, el Presupuesto era 444 mil millones de pesos; que en 1982, sube a 714 mil, en 1983, a un billón 21 mil; en 1984, a un billón 500 mil y en 1985 a 2 billones 520 mil. Su participación en el gasto programable es cierto que descendió del año pasado, pero este año tiene un aumento considerable, ya en términos relativos.
Por otra parte, los compañeros del PSUM en la propuesta que hicieron, a nosotros nos hubiera gustado que esta propuesta la hubiéramos podido discutir en al Comisión, en el seno de la Comisión, que hubiera sido entregada a ella en el tiempo debido, para que hubiéramos podido analizar con más cuidado esta propuesta.
No voy a hacer más que algunas apreciaciones al respecto en lo que tratan ellos de desarrollo social. Nosotros pensamos que sus conclusiones en este ramo son equivocadas, porque ellos toman el deflactor, el índice para reflexionar el PIB nos parece que con ese mismo, no estamos seguros, suponemos, es el que utilizan para deflacionar el gasto social, y nosotros creemos que esto es indebido, porque desde nuestro punto de vista el deflactor del consumo público debería de ser el utilizado para deflactar el rubro del gasto social; ya que éste creció en 1983 en un 52.4% en tanto que el deflactor del PIB lo hizo en 92%.
Tomando en cuenta estas consideraciones, el gasto social, en términos reales, se reduce en sólo 8% durante 1983, en tanto que la reducción estimada en la propuesta del Partido Socialista Unificado de México es de 20%.
Nosotros pensamos que al utilizarse una metodología inadecuada para evaluar el impacto real del gasto en salud, se distorsionan los resultados y se obtienen conclusiones erróneas sobre los servicios otorgados por el Estado de esta materia. Así, los resultados de la Cuenta Pública de 1983 que ellos analizan, muestran que los servicios de educación y salud no se deterioran en ese año e incluso se mejoraron en muchos casos, de acuerdo a los resultados programáticos.
Y aquí me gustaría citar algunos de los logros en esta materia para ese año de análisis: el nivel preescolar se incrementó, por ejemplo, en un 7%, en la atención de los niños de 4 y 5 años. Al nivel de educación primaria, se siguió cubriendo la totalidad de la demanda. En educación secundaria, se atendieron más de dos millones de alumnos en el ciclo 1983 - 1984, que significa un 8% más que en el ciclo anterior. En educación secundaria técnica aumentó en un 14%. La construcción de equipamiento de espacios educativos fue superior en 49% respecto al alcanzado en 1982. En el nivel medio superior, se atendió a un millón 400 mil alumnos, 6% más que el año anterior.
En el sector salud, en el programa de atención preventiva, se aplicaron 58 mil millones de dosis de vacuna, 22% más que el año anterior, y se dieron más de 60 millones de consultas para el control de enfermedades transmisibles, 10% más que en 1982.
Solamente doy estos datos como muestra de que sí se incrementaron los servicios, y reitero que nos hubiera gustado tener esa propuesta más a tiempo para ser discutida en el seno de la Comisión.
También se hablaba de la baja del presupuesto en relación con el Producto Interno Bruto. Al respecto, podemos decir que en el año de 1985 aumentará un punto porcentual respecto al de 1984, y medio punto en salud.
Respecto al gasto programable, también, que era en 1984 el 12%, en 1985 subirá al 14%, y en salud de 9.6% que era en 1984 será de 10.6% respectivamente.
En términos reales, la educación para el presupuesto de 1985 tiene un incremento del 68.4% respecto al gasto esperado, no programado sino esperado en 1964. En salud, será del 61.8% también respecto a lo esperado, o sea, ya tiene un aumento al presupuestado para 1984.
Otra de las razones por las cuales los miembros de mi partido apoyamos este presupuesto presentado para 1985, está en el rubro de la inversión. Para el ramo de salud y seguridad social, el presupuesto de inversión tendrá un incremento del 76%; y en el sector de educación y cultura, la inversión será superior al 75.7%.
Nos decía el diputado Rea que no quería números absolutos. Es cierto, a veces nos dicen poco, si no los situamos en un marco en
el cual comparar. Pero yo creo que en esta parte de la inversión, diputado Rea, hay cosas que son indiscutibles, en 1984 las aulas construidas fueron 7 mil 585, y para 1985 las aulas construidas serán 10 mil 929, es un dato que no s puede dar una idea acerca del mejoramiento, de la ampliación de la planta física en educación.
En talleres, laboratorios y anexos, en 1984 fueron 9 mil 615, y para 1985 serán 29 mil 564.
Por otra parte, quisiéramos decir que es la primera vez que en el gasto de inversión de la Secretaría de Educación Pública, habrá una partida especial de 3 mil millones de pesos para el mantenimiento de los planteles. Se calcula cubrir con esta cantidad estas acciones de mantenimiento en el 30% de los planteles. Esto lo resalto, porque en discusiones pasadas en esta misma Cámara, habían los diputados manifestado un interés muy especial porque hubiera, por parte del Gobierno Federal, alguna partida destinada al mantenimiento, esta es la primera vez que aparece una partida de este tipo para la reparación de planteles.
La ampliación de la planta física, con el presupuesto que se está dando, se pretende reducir el rezago de años anteriores en un 38%. Y para resaltar, ya que aquí se señalan las cosas menos significativas, yo quisiera señalar las más significativas, para profundizar más en el apoyo razonado que mi partido da al presupuesto que se presenta. En el impulso al sistema del Colegio de Bachilleres, su presupuesto aumentará en un 130%; en la atención rural e indígena, en un 65.6% y en la educación de adultos, en 43.4%. En atención a la cultura, recreación y deporte de la juventud en presupuesto se incrementa en un 62% respecto al de 1984. Y un renglón que nos parece muy importante: el de publicaciones y bibliotecas el presupuesto aumentará en 94.4%. Y para hablar de los niveles, especialmente el de la educación básica, creo que hay un dato muy significativo también y que nos evita entrar al presupuesto destinado para cada uno de los niveles, es de la creación de las plazas. Serán para el sector educativo de 45 mil 113 plazas para docentes y para personal administrativo de apoyo a los planteles, creo que es un dato, una cifra muy importante, la cual nos permite suponer que no mantenemos la situación existente, sino que mejorará la cantidad o aumentará la cantidad de alumnos atendidos.
El diputado Rea también nos habla de la calidad de la educación. Diputado, en este rubro no forzosamente tiene que verse lo significativo de las acciones especiales para estos rubros.
Pero quiero señalar algunas de las acciones más importantes que se realizarán para elevar la calidad de la educación. Dentro de ellas está la revisión de la enseñanza normal, la revisión de los planes de estudio para mejorar la calidad que se imparte ahí. También se están revisando los planes y programas de estudio para la educación básica para integrarlos pedagógicamente; la revisión y mejoramiento de los libros de texto gratuito, el apoyo a los programas de elevación del nivel académico de las universidades y escuelas técnicas, en la cual se fomentará también la racionalización del esfuerzo de educación e investigación, el impulso a programas para igualar la calidad de la enseñanza en el medio rural.
Todos sabemos que desgraciadamente en el medio rural todavía tenemos gran cantidad de escuelas unitarias a las que es necesario destinar más maestros y más inversión, también para la construcción de esos planteles.
Precisamente hay acciones encaminadas al impulso de los programas para igualar la calidad de la enseñanza en el medio rural y también destaca así para mejorar la calidad de la enseñanza, la creación de la red nacional de bibliotecas, repito, sólo cito algunas de las acciones que desde nuestro punto de vista son más significativas en el campo de la educación.
En el ramo de salud y seguridad social, también quisiera resaltar algunos de los aspectos de que nos hablaba, también de la reorientación del gasto en esta materia, este presupuesto da prioridad a la atención del primer nivel, y nosotros sabemos, todos sabemos que en este nivel es donde se pueden resolver el 80% de los problemas de salud, para este primer nivel de atención existe un crecimiento del 75% del gasto, éste va a propiciar que se disminuya el déficit de población no cubierta a la que usted se refería, diputado, y se calcula que con este impulso todavía, desgraciadamente, tendremos 10 millones de población no cubierta.
Por eso no puede haber triunfalismos, por eso no puede haber complacencia en nosotros, porque lamentablemente todavía esa cantidad de mexicanos quedarán sin este tipo de servicios, pero se ha disminuido el número de población abierta que no tiene servicios en el campo de los institutos de seguridad social. Creo yo que es muy significativo y volvemos a nuestro contexto, en mi contexto de crisis, disminuimos la cantidad de personas que antes no estaban atendidas, repito, lamentablemente todavía nos quedan 10 millones de habitantes, pero también, repito, son problemas históricos, no son problemas que se hayan quedado, no se generaron esos diez millones de habitantes por la crisis, sino que existían, como usted lo señalaba, 14 millones de población no atendida.
Los recursos asignados a esta atención, suben en un 49% y algo también significativo, en los programas de IMSS - Coplamar, que como todos sabemos, atienden a la población rural dispersa, a la población más marginada de nuestro país, su presupuesto para IMSS - Coplamar aumentará en un 99.2%.
También se aumentara significativamente la atención preventiva. Demos el dato solamente de la vacunación: 72 millones de vacunas serán
aplicadas y se producirán 85 millones de ellas, en número más alto en la historia de nuestro país.
Existen muchos otros programas muy importantes para la población como el Subprograma de Saneamiento Básico. Nosotros sabemos que actualmente en muchos estados de la República se ha agravado el problema de paludismo y del dengue.
Actualmente se dará una atención prioritaria en 20 estados de la República para hacer fumigaciones y rociamientos que también son la mayor cantidad que se ha propuesto en estos últimos años.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia tendrá un presupuesto, el presupuesto, el presupuesto de la coordinadora del sector de 142 mil millones de pesos.
Tenemos aquí muchos otros datos acerca de la atención que da el Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, pero por todo lo que nos queda discutir, yo creo que he proporcionado los elementos indispensables suficientes para dar, para razonar el apoyo de los miembros de mi partido al gasto destinado en desarrollo social. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. Diputado Raúl Rea Carvajal para su segundo turno.
El C. Raúl Rea Carvajal: - Con permiso, señor Presidente.
Ante la exquisita dulzura poética de los sofismas de la compañera diputada Julieta Guevara, no me queda otra cosa más que confesar mi ignorancia, que cada vez se enriquece más. Yo pienso que en unos años más las próximas generaciones tendrán que juzgarnos, así como nosotros juzgamos a quienes nos han precedido.
Y a propósito, leyendo los Diarios de los Debates de las últimas cuatro décadas, encontramos, cuando se refieren los diputados de la mayoría a los presupuestos de egresos, frases tan encomiables, juicios tan elogiosos, que si de su lectura desprendiéramos los hechos, tendríamos que concluir que estábamos en el lumbral cada vez de una vida idílica, edénica y que en esos momentos éramos gobernados por seres de excepción, por superhombres; nada más que la realidad es más terca que los juicios vertidos por los diputados de la mayoría del PRI en todos estos años, y la realidad nos despierta con una crisis que fue cocinada por la torpeza, por la rapiña de la burguesía gobernante y que, claro, se ha agudizado hoy más por las causas externas que todos conocemos y que llegó incluso hasta deteriorar fuertemente los intereses de la pequeña y mediana burguesía.
Indudablemente, pues, lo que aquí hemos expresado tendrá que ser juzgado dentro de poco, por lo pronto qué bueno que la compañera diputada Guevara acepta que hay un decremento. No acepta que sea el 20%, dice que es el 8%, pero se ha decrecido. Me preocupa porque ha expresado juicios contrarios a los expresados por Reyes Heroles hace apenas unos días, en el campo de la educación.
Y en cuanto al campo de la salud, quiero ser muy breve, parece que estamos en jauja, pero pienso que los datos nominales que ella ha dado aquí, con la inflación se neutralizan y el verdadero valor real es mínimo.
La experiencia que yo tengo y que me hace pensar en lo expresado por la señorita diputada, es que he visto cómo por decreto las instituciones de seguridad social cada vez abarcan a mayor número de derechohabientes sin que se amplíen los locales ni quienes deban impartir estos servicios.
Si esta es la política adecuada, yo pienso que debiéramos aprobar antes de que terminara este periodo de sesiones, un decreto en donde esos 10 millones de mexicanos también fueran incorporados a la seguridad social y ya no tendríamos ese problema mental.
Por otra parte, he recibido opiniones de muchos médicos, tanto del ISSSTE como del Seguro Social y de Salubridad, que ahora el cuadro básico no mantienen ni siquiera el 60% de lo que eran los productos hace apenas diez años. Esto no son datos más que para felicitar a la compañera diputada por su fidelidad partidista que le hace mantener esfuerzos tan grandes como desmentir lo que hace la propia realidad.
Yo no quiero dar argumentos serios, esos ya se han dado muchos años, aquí mismo también en 1982 - 83 y ahora mismo. Pienso que tiene que ser el pueblo y tiene que ser la historia, ya no lejos sino muy pronto, la que tenga que juzgarnos, y entonces, compañera Julieta, vamos a ver cuáles son los juicios más veraces. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra C. Diputado José Dolores López.
El C. José Dolores López Domínguez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Esta discusión creo que es de las importantes de esta Cámara. Yo no me arredro y digo que independientemente de las lastimosas letanías beligerantes del diputado Cavazos, existe mucho qué decir y qué hacer; y digo incluso que está muy bien que el diputado Cavazos no sea poeta y sí economista, porque quedarían muy mal las letras mexicanas, pero también digo qué malo que sea economista y no poeta, porque la política económica que define está deteriorando gravemente al país. Por lo demás, no sé si el hecho de la fecha de hoy, 28, Día de los Inocentes, sea una pura casualidad o una acción premeditada para probar lo del gasto público.
Estamos por terminar tres años de trabajo, tres periodos de vida legislativa, independientemente de algunas discusiones lamentables, convivimos en la conciencia y en la discrepancia: para algunos, entre ellos el que habla, puedo decir que mucho hemos aprendido; conocimos el comportamiento del Congreso en su multifacética actividad, más para mal
que para bien de las clases desposeídas del país. Comprendimos cuán largo y sinuoso es el camino para la implantación de una real democracia donde el pueblo trabajador sea verdadero partícipe de su propio destino; experimentamos cómo en los medios masivos de comunicación también se establece una orientación objetiva y a la vez en algunos casos no logra incidir en la conformación de una opinión pública que propicie la veracidad de lo que pasa, de lo que se dice y de la realidad que nos rodea. La comparecencia de varios Secretarios de Estado, donde la televisión, y aclaro que no estoy en contra de ella, produjo por parte de ellas, reprodujo parte de ellas con una tónica donde el pueblo escuchaba todo lo que el Secretario en cuestión contestaba y presentaba a los diputados interrogantes, como en los mejores tiempos del cine mudo de Charles Chaplin. Ello, lógicamente, presenta al Congreso y en particular a esta Cámara, con bonos muy rebajados como representación popular.
En estos tres años experimentamos a la vez un sometimiento atroz de la Cámara de Diputados y el Congreso en su conjunto, al capricho, actividad e interés del Poder Ejecutivo. La montaña de iniciativas de diciembre de 1982, para adecuar el actual sexenio a la dinámica del grupo gobernante, la del pasado año y el paquete bancario y otros del presente así lo demuestran.
Escuchamos con qué obligatoria vehemencia los representantes del partido gobernante esgrimen argumentos de dudoso valor parlamentario, aun en contra de su fuero interno y así sea para mantener un asesinato político, como lo fue en el caso del SUTIN, donde la ominosa consigna se consumó nada menos que en el recinto de lo que hemos considerado representación popular.
La crisis económica está clavando tan salvajemente sus garras en el cuerpo de la Nación, que los hombres se vuelven locos, cambian los términos o se tergiversan al máximo, siempre con la intención de embellecer, defender y mantener la continuidad del despótico y ahora derechista rumbo sexenal en que nos encontramos.
Una enseñanza más es que la fracción parlamentaria del partido gobernante se resiste con prepotencia a la inclusión de ideas, opiniones, que vengan de otras fracciones parlamentarias sean del número que sean. Falta mucho que hacer para que la capacidad e inteligencia individual y colectiva sea patrimonio de todo el pueblo que requiere etapas elevadas en su desarrollo.
Hoy, este debate sobre el dictamen del proyecto de Presupuesto de Ingresos de la Federación para 1985, muestra mucho de lo antes dicho. En el mismo la Comisión Dictaminadora establece que tal dictamen no es un instrumento aislado, sino elemento fundamental del Sistema Nacional de Planeación Democrática; que el mismo orienta el rumbo de la economía, se dice, ordena los esfuerzos de la administración y promueve la participación de la sociedad.
Se sostiene a la vez que el sistema tiene un proceso de consolidación de marcha, que está muy avanzado en formulación y se expone como ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, y que la vinculación de los programas de mediano plazo con los operativos se resumen en el proyecto que se dictamina. Ello cuando menos en lo referente a la política sectorial del gasto no se atiende a la realidad, ya en el documento alternativo del Partido Socialista Unificado de México entregado ayer a esta representación nacional, denominado Lineamientos para una Política Alternativa de Gasto Público, establecemos claramente que el proyecto de presupuesto de egresos para 1985 representa la continuidad de una política de gasto restrictiva que buscando el establecimiento de equilibrios financieros, principalmente a través de la disminución del déficit público, ha reducido en términos reales las erogaciones, públicas, sin tener en cuenta la función social que en esos años de crisis debió haber cumplido el gasto gubernamental.
En el documento de referencia el PSUM propone en el Sector Agropecuario y Forestal, la central función debe ser canalizar recursos presupuestales directamente a las organizaciones de productores. Dicho en lenguaje entendible, y no puramente técnico, para avanzar en el desarrollo agropecuario y forestal, en las condiciones de nuestro tiempo, se requiere que se considere a los pequeños y medianos productores protagonistas principales del desarrollo rural.
El Gobierno en su discurso hacia el campo no está en contra de ello según se dice, pero la práctica nos muestra todo lo contrario cuando se canaliza la mayor cantidad de recursos presupuestales a sectores que no son precisamente a los productores pobres y explotados y sus respectivas organizaciones.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985, expuesto recientemente ante esta Cámara de Diputados para su aprobación y que hoy discutimos, señala en sus objetivos de política económica cuatro ejes centrales: la disminución de la inflación, mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, un crecimiento de la producción nacional que permita después de cuatro años un incremento del producto por habiente, la creación de nuevos empleos y finalmente, reducir el déficit financiero del sector público.
Como se ve, aquí también los tiempos cuentan en el quehacer gubernamental, pues después de cuatro años, lo que venga no importa. Se podrá, incluso, estar en la cárcel, pero ello ya será el resultado del juego de la rueda de la fortuna como política.
En el cumplimiento de estos objetivos de política económica, las prioridades de la política económica, las prioridades de la política de gastos, se dice, que su orientación es mantener y asegurar el abasto de productos de alimentos básicos, satisfacer la demanda de
los servicios sociales y acciones tendientes a fomentar el desarrollo social y regional.
Del gasto programable para 1985, que asciende a 10 mil 238 billones de pesos, el sector desarrollo rural integral sólo representa el 9.2%, es decir, es menor que en 1982, que fue de 13.4%, y para el año que entra continuará cayendo hasta representan menos de una décima parte. En ese orden discriminatorio las asignaciones a la producción alimentaria en conjunto son verdaderamente limitadas, enanas, lo cual no estimula la autosuficiencia alimenticia ni combate la dependencia del país en tratándose de granos.
Hace apenas unas semanas nuestros trabajadores de los puertos descargan barcos con miles de toneladas de sorgo argentino, pagado a 42 mil pesos la tonelada, mientras a nuestros agricultores se les regatea un precio de garantía que equilibre los gastos en costos de producción. ¿Cómo se puede hablar entonces de planificación económica? Ello no sirve al sector social de la producción y por ello decimos que existe fuerte incongruencia y sostenemos con absoluta convicción, independientemente de las descalificaciones arrogantes que vino a hacer y a esgrimir el diputado Cavazos.
La tendencia de la política de gasto público no ha cambiado de rumbo y se ha orientado en los años que van del actual Gobierno en establecer la confianza del capital financiero, nacional y extranjero, mediante la reducción de las finanzas públicas y contradiciendo los propósitos expresados en la justificación de la política económica. Esta política ha sostenido como criterio central, privilegiar el pago de la deuda externa sin importar el impacto que ello provoque en la planta productiva y sobre todo en las condiciones de vida del pueblo mexicano.
Se dice que en la estrategia de política económica del Gobierno, el impulso al desarrollo rural integral constituye uno de los ejes fundamentales para lograr lo que se ha denominado el cambio estructural, y se asegura que se busca reducir el equilibrio entre la relación desigual que da entre el campo y la ciudad, objetivo que no es congruente con lo presupuestado.
Es la Ley de Egresos de la Federación se establece como objetivo de este sector, las siguientes prioridades: impulso a zonas de temporal, producción de granos básicos y pesqueros generación de empleo y mayores ingresos para los productores rurales. En el caso de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos el gasto programado se dice se orienta a romper con la dependencia del exterior en la relación a la importación de alimentos. Por tal motivo se asegura los objetivos establecidos se orientan al abatimiento de los desequilibrios regionales y sociales y a producir en forma suficiente los granos alimenticios básicos de mayor demanda. Promover la orientación de los productores, incrementar el producto agropecuario y forestal interno, aprovechamiento nacional de la frontera agrícola y nacionalizar el aparato administrativo.
Los recursos asignados para 1985, son insuficientes y muy mal distribuidos, si tenemos en cuenta un dato que se reproduce y en acción negativa a todos los productos y en particular a los básicos y los que cuentan con precios de garantía. Si por ejemplo, la hectárea de trigo se le consideró en 1984 un costo de producción de 80 mil pesos, para 1985 costará 120 mil pesos. Es decir, aumentará un 50% más debido al aumento de los combustibles, renta de maquinaria, insumos y otros elementos que conforman el costo de producción.
Por ello, nosotros no caemos en la trampa del Secretario de Programación y Presupuesto y del de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otros funcionarios del régimen, que en su comparencia, o en sus declaraciones del presente año, destacan varias veces el aumento de precios de garantía sin decir una sola palabra, ni menos compararlos en su retraso, respecto a los costos de producción que andan en más de un 70% arriba en relación a los precios de garantía.
En los lineamientos de política actual de Gobierno hacia el campo, lo que se advierte son múltiples contradicciones y ambigüedades, que incluso impiden apreciar con claridad el proyecto de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, para poner solo un caso, mantiene la misma inercia programática existente desde 1981 que, de los 25 programas, nueve de ellos FX, desarrollo de áreas de riesgo; FE, administración; 3D, capacitación y conducción de aguas para usos múltiples; FW, desarrollo de áreas de temporal; FB, fomento a la producción y a la productividad; BT, canalización de recursos presupuestales y crediticios, a las actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras por regiones económicas; FX, planeación, UM, investigación y desarrollo experimentales en el sector agropecuario y forestal; GK, fomento a la producción y productividad, capten el 86.44 del presupuesto total de la SARH, y más aún la concentración bárbara y arbitraria es tan salvaje que los primeros tres, el FX, FE y 3D, concentran más del 50% del total del presupuesto.
Como se puede apreciar, lo que se canaliza para los otros 16 programas sólo es el 13.53%.
Y así tres programas de fomento a la producción y productividad agrícola pecuario y forestal que debiera asignárseles recursos suficientes en la propuesta de egresos, son verdaderamente limitados.
Los anteriores datos muestran claramente que la planeación de que se habla no es ni popular ni democrática, ni prioriza los sectores más marginados, no impulsan las zonas de temporal ni la producción de granos básicos, no cubre las necesidades de empleo ni estimula mayores ingresos a los productores rurales,
cuyos datos oficiales y reproducidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 no tiene cercana con la realidad, por tanto no orienta el rumbo de la economía agropecuaria y forestal, desordena la propia administración y no promueve la participación de los productores directos.
Lo presupuestado no disminuye la dependencia ni aumentara la autosuficiencia, y por ello decimos a la vez que los objetivos de la estrategia económica en general y los de la SARH para la alimentación en particular no tienen la mayor correspondencia con la distribución y orientación del gasto público del sector.
En síntesis, mejorar las condiciones de vida, educación, salud y seguridad social del campo, así como de los trabajadores agrícolas, superar la endeble estructura agrícola que empeora la existencia de al mayoría de los hombres del agro, producir los alimentos necesarios, avanzar en la democratización de la vida rural y implantación verdadera, de hecho y no de dicho, de la libertad y la justicia agraria, no puede ser con un presupuesto de Egresos hacia el campo limitado y mal distribuido como el que estamos discutiendo para 1985.
En otras palabras, la miseria que viven millones de marginados, indígenas, pobres y explotados del campo no disminuirá con los presupuestos que discutimos, que repito son deficientes y anárquicamente distribuidos. Las metas que establecen y la relación que en la SARH debe de mantener con otras dependencias, Banrural, Anansa, Secretaría de la Reforma Agraria , Fira, etcétera, para su cumplimiento muestran por si fuera poco una fuerte dosis de confusión. En la política agraria, agrícola del régimen se encuentra la falta de congruencia entre propósitos, metas y formas de evaluación, la presente administración ha propuesto el camino de la eficiencia productiva sin importarle los intereses de los productores del campo y así recuperar el consenso político en sector industrial y agroindustrial. En el Sector Agropecuario no se han saldado viejas cuentas, la debilidad del sistema político persiste y el proceso acelerado de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores del campo puede llegar a extremos no predecibles. La idea tecnocrática del gobierno en torno a la planificación, así como la necesidad de presentar a la sociedad un programa en torno al cual crea los nuevos acuerdos y consensos en el campo dieron lugar a la revisión del SAM, ahora PRONAL, pero la diferencia es que este no cuenta con los recursos financieros que sí tuvo aquél, por lo cual el PRONAL se vuelve importante en su proyección.
Este no se ha concretado como el proyecto único y de consenso en la democracia política persisten y surgen en esta democracia política, y de consenso en la democracia política, persisten y surgen en esta las posibilidades contrarias. Es muy ilustrativa la posición del actual Secretario de la Reforma Agraria que prefiere el impulso a la ganadería en lugar de la producción de granos y de quienes desde el Gobierno se inclinan por la política de viejas compartidas, es decir, importar del exterior los granos básicos que sena necesarios en lugar de intervenir en la infraestructura agrícola para producirlos en el país. La lucha del PSUM por un programa alternativo de política agraria, de presupuesto suficiente para el campo, para la construcción de una nueva sociedad rural democrática se apoya en al capacidad de cambio que se ha acumulado en los ejidos, las comunidades en los auténticos pequeños propietarios y en los obreros agrícolas que con diferentes intereses actualmente cuentan con la capacidad de generar un cambio en las relaciones de producción en la agricultura orientado a satisfacer las necesidades esenciales de la población.
Nuestro proyecto de transformación para el sector agropecuario se apoya fundamentalmente en el sector social del campo y no en la desigualdad y anárquica tenencia de la tierra y su explotación capitalista que deforma el patrón de cultivos y de consumo de la población. Para un desarrollo rural profundo que modifique sustantancialmente la vida de los hombres del campo, es necesaria la aceptación de los latifundios ganaderos y de las grandes propiedades ubicadas en los distritos de riesgo y de temporal, reduciendo la pequeña propiedad, derogando el párrafo tercero de la fracción 14 del artículo 27 constitucional, integrado una nueva ley agraria acorde con el desarrollo alcanzado en el país; entrega de toda la tierra repartible en forma colectiva de producción a quienes la solicitan; y en general apoyando en unidades de producción a quienes la solicitan; y en general apoyando en unidades de producción campesina mediante proceso autogestionarios que permitan reestructurar la actividad agrícola, pesquera, ganadera y forestal.
Una real política agraria y forestal y de ejercicio del gasto del sector, debe orientarse a romper con lazos de la dependencia alimentaria. Ella debe apoyarse, entre otros factores, en el fomento de la producción de cultivos básicos, prácticamente, y no sólo en el discurso; ella debe sustentarse en los siguientes aspectos centrales en nuestra opinión:
a) Que el Estado y las organizaciones campesinas productoras, de ejidatarios comuneros y auténticos pequeños propietarios, se conformen en los ejes de la promoción, organización y ejecución de la producción de granos alimenticios.
b) El fomento a la producción de cultivos básicos, debe apoyarse en una política agraria que permita revertir los términos de la acumulación de capital en la agricultura, es decir, que debe impulsar proyectos productivos agropecuarios y forestales de comercialización y agroindustriales, dirigidos por las propias organizaciones, que les permitan retener el excedente generado en el campo, y así poder afrontar las necesidades esenciales de la población rural.
c) El fomento a la producción de cultivos básicos, debe basarse en una coordinación
real de las instituciones orientales al agro y de éstas con las organizaciones campesinas para bajar los costos de producción agrícola, de incrementar la producción y productividad de las tierras.
Al ejido, a las comunidades y la auténtica pequeña propiedad, deben apoyarse con los puntos siguientes, en nuestra opinión:
1. Una política de precios de garantía que cubra realmente los costos de producción agrícola, el trabajo campesino y la necesidad de bienestar social de los productores.
2. Establecimiento del sistema de comercialización y abasto organizado y dirigidos por las organizaciones campesinas productoras, o bien con las organizaciones sindicales y populares de los centros urbanos.
3. Incremento de los montos de crédito destinados al campo y reducción de los intereses que cubra Banrural y las instituciones financieras; además, que el crédito de avío proporcionado a los campesinos, debe corresponder a los costos reales de producción que estos realizan.
4. Que el seguro agrícola, aparte de proteger las inversiones a los cultivos de manera integral, debe asegurar el valor del trabajo que los campesinos realizan en cualquier parte de los ciclos agrícolas.
5. El establecimiento de una política de subsidios que abarate los costos de semillas, fertilizantes, combustibles, electricidad y otros insumos a los ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios.
6. La asistencia técnica necesaria a las organizaciones campesinas productoras para que cuenten con sus propios cuerpos de asesoría tecnológica y sea junto con los ejidos, las comunidades, donde se tomen las decisiones en torno a las cuestiones técnicas de los ciclos agrícolas.
7. El fomento de agroindustrias integradas a la producción y administradas por los productores, orientadas a la producción de alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales esenciales de la población.
8. La creación de centrales de maquinaria agrícola del Estado de o su combinación con los ejidos, comunidades y pequeños propietarios para hacer más eficiente la explotación de los cultivos y bajar los costos de producción.
El fomento a la producción de granos básicos también se sustenta en el fortalecimiento y respecto a las organizaciones campesinas, cualquiera que éstas sean, en base a los siguientes mecanismos: Control campesino del proceso productivo y de los determinaciones relacionadas en los aspectos técnicos, financieros y de distribución de la producción respeto y reconocimiento del Gobierno Federal, estatal y municipal a la independencia de las organizaciones campesinas.
Concluyo. Un presupuesto capaz de realizar cambios profundos en el drama campesino que ascienda en la dimensión que lo necesita la producción agrícola, pesquera, ganadera y forestal, requiere de un presupuesto 3 o 4 veces más del programado. El actual , además de deficiente y mal distribuido se enmarca en el estrecho y reducido marco tecnocrático del actual equipo gobernante que miran con miopía hacia el campo y en todo caso con incongruencia por no decir la pisoteada palabra demagógica.
Señores legisladores, se pueden decir miles de frases y palabras floridas sobre el campo, pero siempre serán huellas si no tienen congruencia con la realidad y naturalmente si el presupuesto es limitativo, insuficiente y mal distribuido. Muchas gracias. Y no me pasé de tiempo. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado David Lomelí.
El C. David Lomelí Contreras: - Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Nos hemos inscrito para hablar en contra del artículo 2 del proyecto de Decreto y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 en el que se prevén las erogaciones para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones de la seguridad Social y erogaciones no sectorizables para el año de 1985.
La fracción parlamentaria del partido Demócrata Mexicano, al reiterar su demanda de la reducción del gasto público como una de las medidas impostergables para el saneamiento de la economía mexicana, expresa por mi conducto, que anexa a esa medida, debe de ir la correlativa de limpiar los canales a través de los cuales fluyan los recursos del erario, para evitar las perniciosas filtraciones y obstrucciones que los afectan mermándolos y retardando la llegada a su destino, con las consecuencias negativas para la buena marcha del aparato gubernamental en el terreno económico.
Está claro que nos referimos a la necesaria labor profiláctica a fondo, de limpieza general que erradique la corrupción y haga una realidad el advenimiento de la eficiencia y la honestidad en el ámbito oficial, para que sirva de ejemplo de conducta en todas las esferas de la vida nacional.
El dinero que seguramente se logrará salvar de esta manera habrá de redundar sin duda en un mayor beneficio social. En el resumen por objeto del gasto del Gobierno Federal, leemos que el correspondiente a servicios personales asciende a la cifra de 1200 miles de millones. Mayor que el gasto de capital que será de 846.3 miles de millones de pesos.
El comentario que nos merece la anterior comparación, es que en la medida en que se continúe manteniendo tal desproporción, se estará frenando el correcto funcionamiento de la economía mexicana, que la lleve al progreso. Toda vez que no crea obra de infraestructura y sí en cambio, se sigue incrementando el ejército burocrático improductivo,
en lugar de propiciar la creación de plazas para trabajadores en planta productiva.
Si bien es cierto que el año próximo está previsto un aumento de 60 mil nuevas plazas burocráticas en números redondos, menor al registrado en años anteriores, esto significa que se están quitando oportunidades a trabajadores que en forma más directa y eficiente pudieran contribuir al incremento de la producción tan necesaria actualmente de las áreas primaria y secundaria de nuestra economía.
Una de las dependencias del Ejecutivo que mayor aumento de plazas registra es la de Gobernación, con un 13.3% mayor en relación al año actual. Tal vez este incremento obedezca a la necesidad de más y mejores trabajadores para cocinar algún fraude electoral próximo.
En está como en muchas otras dependencias gubernamentales, creemos que el aumento de plazas puede suplicarse ampliamente con un aumento de eficiencia, de productividad del personal empleado.
A juzgar por las estadísticas relativas a infraestructura para el desarrollo agrícola, concretamente en lo que desarrollo agrícola, concretamente en lo que respecta a las tierras incorporadas al cultivo, los resultados son desalentadores por cuanto a lo que ello podría contribuir al logro de la autosuficiencia alimentaria.
En efecto, mientras que en 1983 las hectáreas de tierras de riego abiertas al cultivo fueron 71 mil 585, en el presente año se abrieron 96 mil, aumento no significativo. Las hectáreas de temporal abiertas al cultivo en 1983 fueron 139 mil 943, y en 1984, sólo alcanzó la cantidad de 79 mil. En el primero de los años citados, las hectáreas rehabilitadas fueron 34 mil 391, mientras que en 1984, fueron sólo 21 mil.
No obstante que en la lucha en el surco veamos como el cangrejo, la secretaría responsable, de la Agricultura y Recursos Hidráulicos, contará con un presupuesto de 541,808 millones 754 mil pesos.
El hecho de que México ocupe uno de los primeros lugares entre los países importadores de alimentos, está avalando, está dando la razón a nuestro aserto.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le ha asignado un propuesto tan millonario como el anterior: 566,600 millones. La construcción de carreteras, tanto troncales como alimentadoras, disminuyó en el presente año en la relación con anterior. De las del primer tipo, en 1983 se construyeron 245 Kms, y de las segundas, 174, mientras que el corriente año sólo se construyeron 175 y 40 Kms,., respectivamente.
Señores diputados, para el tamaño de nuestro país, para la magnitud de sus necesidades de comunicación, este aumento de carreteras es ridículo. También en este renglón vamos para atrás.
La hasta ahora inútil y onerosa Secretaría de Pesca, Cómo podrá justificar los 43,596 millones de presupuesto asignado para el próximo año, cuando los números nos están indicando la insuficiencia de la producción pesquera y los hechos de la ineficiencia de sus titulares que por ella han pasado. Aquí quisiéramos llamar la atención a nuestro órgano técnico fiscalizador, la Contaduría Mayor de Hacienda, porque nos parece ver en la Secretaría de Pesca un nuevo barril sin fondo. No podemos los diputados demócratas aprobar una disposición que establece un gasto público que, en última instancia, irá en contra de la economía de la Nación, era lugar de favorecerla.
Vamos a dar ejemplos, unos cuantos, de cómo a través de un mecanismo de transferencias que no es la exepción, sino que cubre un amplio horizonte se duplican innecesariamente organismos burocráticos y se opera con irracionalidad, y con ello, finalmente, se tira y se despilfarra el dinero del pueblo o simplemente no rinde todos los frutos que fueran de desear en una estructura más racional aunque fuese menos nacionalista - revolucionaria.
Nos preguntamos por qué la Secretaría de Programación y Presupuesto y no la de Educación Publica, por ejemplo, hace transferencias por 26,600 millones, suma superior a los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial. Dentro de esa gruesa suma se incluye una transferencia, entre otras, de 269 millones a un centro de investigación de Yucatán, otra por 55 millones a un centro de estudios de la Revolución Mexicana, otra más de 463 millones para el centro de investigaciones biológicas de la Paz, y la destinada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que otorga becas a supuestos estudiantes en universidades extranjeras, que concretan a recibir los cheques, aquí en México, de donde nunca han salido esos seudoestudiantes, y que son enviados al país donde se supone deberían estar estudiando, preparándose para mejor servir a su patria. No se ejerce a nuestro ver ningún control eficiente que acabe con esta anarquía.
La Secretaría de Turismo también efectúa transferencias, como la del fideicomiso Caleta - Sheil Ha, y la ciudad turística portuaria Cabo San Lucas, sumando ambas 1,010 millones de pesos, con proyectos abandonados, incluso; dinero que sólo se dedica al pago de la burocracia encargada de vigilar a esos elefantes blancos dormidos.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Hace transferencia como la del fideicomiso de Puerto Vallarta, por 161 millones. No hay razón para seguir subsidiando a un organismo que 10 años de sus creación, con el fin de regularizar la tenencia de la tierra, es bien sabido que por las regularizaciones de terrenos ejidales o urbanos, cobró altos precios por metro cuadrado, pagando en cambio una bicoca a los ejidatarios. ¿Qué acaso este fideicomiso todavía no puede generar recursos propios? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Quién los controla? La propia SEDUE otorga una transferencia de 1605 millones al fideicomiso
de Acapulco, supuestamente para regenerar ese puerto del Pacífico en beneficio de la clase marginada y todos sabemos que buena parte de ese dinero sólo se destina a hacer y deshacer la costera Miguel Alemán al capricho del administrador del fideicomiso en turno.
La Secretaría de Pesca hace una trasferencia de 2,100 millones al fideicomiso para el fomento y apoyo al desarrollo pesquero, Injustificable también, ante el desarrollo pesquero, Injustificable también, ante el desastre en que dejó el señor titular de esta secretaría en el sexenio pasado a las instalaciones pesqueras y las cooperativas que, como lo dijo el licenciado Farell, aquí en esta Cámara, hay en ellas un alto grado de deshonestidad y deficiencia.
El fideicomiso de Bahía de Banderas recibe una trasferencia de la Secretaría de Reforma Agraria por 1,301 millones, obra tirada, dinero despilfarrado, toda vez que el hotel Buserías permanece abandonado, rincón de Guayabitos y el fraccionamiento Cruz de Huanacaxtle corren también la misma suerte.
Otro buen ejemplo de cómo se tira el dinero en transferencias es el sector agrícola y recursos hidráulicos con un monto de 153 mil millones de los que una promotora del maguey y del nopal obtiene una parte. Estamos de acuerdo que se promueva el cultivo del nopal y del maguey, pero es inaceptable que esos fondos sólo estén beneficiando a los burócratas encargados de ese programa y no a los campesinos que los cultivan.
En lo referente al gasto programable financiado con subsidios, se nos informa que el sector eléctrico por ejemplo, por cada peso de su gasto, 63 centavos son financiados con subsidios. Fertimex, 51 centavos de cada peso y aeropuertos y servicios auxiliares 47 centavos de cada peso de sus gastos también son financiados con subsidios. Esta situación señores diputados es bastante irregular, merecedora de nuestra atención, en vista de los precios y tarifas que cobran estos organismos citados tanto por bienes, como por los servicios que venden solo de los más altos del mundo.
Las transferencias se canalizan en su mayor parte a gasto corriente y no al de capital, de ahí que este último alcance el monto de 106 miles de millones, mientras que el gasto corriente es de 253.8 miles de millones, esto es el doble del primero. Las transferencias en 1985, serán mayores al déficit, en efecto, las primeras ascienden a 3.2 billones, mientras que el déficit será de 2.4 billones.
Es esta política o mecanismo de transferencia una especie de antítesis de lo que debe ser un presupuesto, ya que en la práctica vemos que es un instrumento que reparte caprichosamente fondos del erario propiciando con ello la indisciplina y el derroche de los dineros del pueblo.
Tengamos presente que el 80% del déficit del sector público lo generan las paraestatales y que mientras no se eliminen cargas como la que representan tales empresas el gasto público continuará en sobre giro y las transferencias vemos que cada vez están alcanzando poco.
Los del Partido Demócrata Mexicano seguiremos clamando porque la sensatez y el criterio realista de los presupuestadores conduzcan a esa reducción del gasto público que ya muchos exigen complementando con el ataque serio, frontal, a la corrupción y a la ineficiencia que acabe con los despilfarros, para que el ahorro obtenido de esa manera, se dedique realmente a beneficiar a la mayoría de nuestro pueblo con gastos de inversión y sociales no sea sólo una insensible, inconmovible minoría la que esté resultando la beneficiada con la critica situación por la que continua pasando nuestro país.
Por lo expuesto, la fracción del Partido Demócrata Mexicano votará en contra de esta disposición. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra por la Comisión de C. Diputado Antonio Murrieta Necoechea.
El C. Antonio Murrieta Necoechea: - Con su permiso, señor presidente: vamos, en primer término, señor presidente: vamos, en primer término, de acuerdo con lo que escuchamos de nuestro compañero y amigo José Dolores López, en cuanto a analizar en una forma muy simplista que puede ser muy contundente, que dentro de la aplicación del presupuesto que estamos analizando se ha considerado en forma prioritaria el desarrollo rural y particularmente a lo vinculado con la producción que corresponde a lo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Unas cuantas comparaciones muy sencillas. Dentro del resumen sectorial del gasto programable, nos encontramos en el incremento entre 1984 y 1985 es de un 45 para el sector de desarrollo rural es de 54.6% algo más casi un 20%. En particular para Secretaría de Agricultura, comparándolo con el gasto del Gobierno Federal, se incrementa el del Gobierno Federal, en un 56.3% y el de la secretaría en un 71.1%.
Es interesante destacar, en el caso particular de la Secretaría, lo que corresponde al gasto corriente sólo es un 32 contra un 67.8 en razón de gasto de capital.
En cuanto a las inversiones, la inversión pública presupuestal se incrementa en un 51% y el del sector se incrementa en un 59.4%, y comparando exclusivamente lo de la secretaría con la inversión pública del Gobierno Federal, el incremento de la inversión del gobierno es del 49.4 y el de la secretaría es 60.8%.
Con estas sencillas comparaciones podemos considerar que dentro de lo posible, porque una cuestión es lo deseable, dentro de lo posible de los incrementos que se presentan en este Presupuesto, el sector desarrollo rural y en particular lo vinculado con la producción responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ha tenido incrementos superiores.
En cuanto la orientación de ese gasto hemos escuchado como siempre, con mucho interés y además habíamos leído el documento que los compañeros de la fracción parlamentaria del PSUM nos hicieron el favor de distribuir el día de ayer, y veíamos que en la página número 12 se señala que en el caso del sector agrícola la incorporación de hectáreas al cultivo ha disminuido, especialmente en las zonas de temporal.
Realmente yo quisiera que a través de un juego de cifras, a través de lo que probablemente haya sido un error intencionado, me apoye para demostrarles que su fundamentación está equivocada, porque esto lo resaltan en el transcurso del texto.
Y les quiero señalar que en áreas de temporal de acuerdo con el documento de Cuenta Pública que revisamos aquí, ya hace algún tiempo, Cuenta Pública de 1982, en el programa que tiene la relación de la incorporación de hectáreas al cultivo, en la gran irrigación , el 01, son 63,320, en el 02 26 589 y en el fideicomiso candelillero 220, lo que da 90 mil 129 hectáreas de temporal, y que en 1984 se presupuestaron 96 mil de temporal y que ahora en el programa FX se están presupuestando 120 hectáreas. Lo que quiere decir que de 1982 a la fecha ha sido un incremento en áreas de temporal, que yo entiendo que probablemente haya sido una apreciación equivocada, pero como está señalado en el propio texto y en general están dentro del contenido de ese documento, por eso fue necesario aclararlo.
Pero en lo personal yo creo que es un poco relativo que estemos hablando de este detalle de hectáreas. Hay que entender realmente cómo se llega a la realización de esta incorporación. Las mayores cantidades están vinculadas con la grande irrigación, no con la pequeña irrigación, 63 mil contra 26 mil en lo que mencionábamos, en 1983, 61 mil nada más de grande irrigación, en 1984, las 96 mil son en grande irrigación.
Son hectáreas que se abren al cultivo en temporal, pero como parte de una obra de infraestructura hidráulica, que obviamente tiene un gran tiempo de realización. A mí se me hace un poco contradictorio que posteriormente en el análisis de alternativa que se presenta, no se quiere quitarle recursos a la parte de infraestructura; en el análisis de alternativa que se presenta, pues vamos siquiera quitarle recursos a la parte de infraestructura, que es lo que proponen y cuando por otra parte habían mencionado de que es lamentable que no se estén abriendo suficientes áreas al cultivo.
En un poco aleatorio, en términos de calendario el cómo se van presentando, porqué y aquí podemos entrar un poquito al análisis de ese renglón presupuestal del FX Desarrollo de Áreas de Riego que ha sido tan comentado y se habla de que en el presente ejercicio presupuestal que estamos considerando, se llegarán en hectáreas de riego, en grande irrigación a 36,000 Has; en pequeña irrigación, áreas de riego estoy diciendo, 62,000 lo que dan 98,000, pero es interesante analizar, a vía de ejemplo, esas 36,000 y lo voy a realizar con algo que dentro del ámbito de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos conocimos personalmente y que nos dieron una información que realmente vale la pena tomarla con objetividad y con un sentido constructivo. La conocimos en Sinaloa, si nosotros dentro de las obras que están señaladas en ese Programa, vemos por ejemplo Ocoroni y vemos el "Opitleaxtla" que tienen partidas 5,000 y pico de miles de millones, y 4,000 y pico, pues son obras que el primer ejercicio presupuestal lo tiene desde 1980, son obras que van a incorporar hectáreas ya en este ejercicio de 1985, pero esas dos, junto con las otras 6 que se señalan, tienen un renglón adicional a que se refieren otros proyectos, que representan 25 proyectos más que son los que nos conducen a las 36,000 Has., y aquí vemos obras en Durango como de Río Florido de 325 Has., nada más o la de "Netza" en Guerrero de 2,400 y debemos de entender que son obras repartidas por todo el territorio nacional, que en una circunstancia de culminación de una obra, pues puede haber un incremento sustancial de áreas de cultivo en riego, pero por haberse concluido la obra ese año, pero que son obras que vienen con una remota realización de muchos años atrás.
Se menciona en el mismo texto la posibilidad de disminuir las obras de Sinaloa. Están efectivamente seis obras en proceso. Nosotros cuando estuvimos por allá conocimos y a todos los diputados presentes nos agradó realmente la información que nos proporcionaron. Y es interesante el que ahorita se tienen en construcción siete presas en Sinaloa, que sólo van a incorporar finalmente 227 mil hectáreas más en riego, contra 7 presas ya realizadas que en su tiempo incorporaron 643 mil. Y contra 8 presas que están en proyecto, que sólo van a incorporar, están en proyecto apenas, 134 mil hectáreas. ¿Cuál es la conclusión? Obviamente las primeras presas que se llevaron a cabo, se hicieron donde era más eficiente la aplicación del recurso financiero. Obras que como todas las de los distritos de riego, tengamos presentes que en términos de distritos de riego, de la última estadística de que dispongo, se cuenta con 71% de usuarios ejidatarios, contra sólo 29% de pequeños propietarios.
No hay realmente que estar por sistema atacando las obras de infraestructura. Hay que comprender que se requiere que finalmente son utilizadas de acuerdo con las normas que señala la Ley Federal de Aguas y en general todas las normas existentes al respecto, que tiene un claro sentido de apoyo al pequeño productor, de apoyo al ejidatario.
También vale la pena de una vez dejar asentado un punto de vista porque constantemente cuando se critican estas obras, se menciona mucho el que se hace una aplicación indebida de las áreas de cultivo para productos de exportación.
Nosotros conocimos y tuvimos la información de que siguiendo con el caso de Sinaloa, de un total de un millón 346 mil hectáreas que se programaron sólo 81 mil, son de hortalizas, lo que representa un 6%, pero que en cambio eso permite que exista una ocupación hasta para cerca de 200 mil trabajadores, con una ocupación promedio de unos siete meses en el año.
Creo que son reflexiones que debemos hacernos para efectos de tener una adecuada interpretación de lo que en relación a la infraestructura que el Gobierno de la República lleva a cabo es adecuadamente utilizada y que es importante que se siga impulsando.
También se hablaba de en ese conjunto, en esa combinación mágica de programas; creo que al hablar de programas, primero tengamos presente que ha venido un proceso sistemático de reducción, de programas dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que de la primera Cuenta Pública que aquí conocimos se relacionaban más de 50 programas; ahorita nada más son 25 que van compactando, que se van orientando, porque se requiere una adecuada reorganización programática, pero con su adecuada estructura, y aquí entraríamos a uno de los tres programas mencionados en forma extraordinaria por nuestro compañero José Dolores, el de administración.
Efectivamente, siempre molesta cuando hay un gasto de administración. Qué deseáramos todos de que fuera lo más reducido posible. Aquí, en términos cuantitativos, yo simplemente resaltaría, ya que en valores absolutos me costaría trabajo, y puede ser que no sea el caso, es un análisis detallado de renglón por renglón, pero en términos comparativos, tengamos presente que el incremento del presupuesto de 1983 - 1985 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, fue de un 207.5%, y el del Programa de Administración solamente de 1983 a 1985 se incrementaron en 177%. O sea, que se va por abajo del incremento general aplicado a la secretaría.
Lo importante es la adecuada aplicación de ese recurso, y ahí conocemos en qué términos se está violentando la reestructuración, una reestructuración que probablemente aún permita tener una aplicación en partidas presupuestales más clara para muchos de los compañeros. Pero sobre todo, lo transcendente es el esfuerzo descentralizador que en la secretaría se está llevando a cabo, el hecho de que va muchas de las obras de pequeña irrigación, de las llamadas de pequeña irrigación, vayan a ser llevadas a cabo directamente en las representaciones de la secretaría. El hecho de que se haya, dentro de la reestructuración, fortalecido a una dirección general que está vinculada estrechamente con el concepto de distritos agropecuarios a los cuales, en otras ocasiones aquí en esta tribuna se han referido gentes muy autorizadas. Pero sobre todo, esa descentralización, ese fortalecimiento de los distritos agropecuarios, lo importante es que nos lleva a una coordinación operativa en el propio campo, que es lo verdaderamente transcendente. Eso es lo que nos debe de preocupar y es a lo que debemos de estar vigilantes que se lleve a cabo.
El tercer programa al que destacaba nuestro compañero Dolores, pues es el relativo al agua potable. Aquí también es importante que tengamos presente que es algo que un grupo de técnicos, un equipo profesional de servidores públicos tiene que llevar a cabo. Y se está realizando donde existen las personas más indicadas para ello y eso puede pretender que se vayan esa funciones de la secretaría y que el recurso económico se vaya a quedar para poderse distribuir a estos programas.
Ahora también tengamos presentes, porque en alguna ocasión se ha criticado, de que esa aplicación presupuestal tan excesiva de 59 mil 743 millones de pesos en este caso, pudiera estar dejando sin atender otro tipo de mexicanos que requieren los servicios de agua potable y alcantarillado. Para ello tengamos presente que existen otras instancias del Gobierno y puede ser conveniente que de una vez hacer notar que existe un programa de aplicación presupuestal 1984 - 1988 para agua potable y alcantarillado, que nos lleva a 487 mil millones de pesos. En 1984 se aplicaron en ciudades medias 30 mil, en centros de apoyo 12 mil 200 millones de pesos y en el ámbito rural 20 mil millones de pesos, lo que dan un total de 62 mil millones de pesos, que no pasan por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos sino por otras instancias de Gobierno. En 1985 están considerados para esos programas 87 mil millones de pesos.
Podríamos ampliarnos en fundamentar la importancia de lo que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos corresponde en cuanto a partidas presupuestales correspondientes al Cutzamala, al Colorado, Tijuana, Chapala, Guadalajara, etcétera. No pensamos que es agua para gentes acomodadas, sino que viene a resolver un problema social, importante, de un servicio básico en nuestros grandes centros de población, donde precisamente si el agua llega a escasear en muchas ocasiones, la podamos hacer llegar a las zonas suburbanas, y ese es el problema. Por eso la importancia de este tipo de programas se continúen con gran eficacia y con la adecuada aplicación presupuestal.
Por último en términos de programas, creo que es importante resaltar que en cuanto a organización de los productores de un presupuesto original, de 2 mil 98 en 1964, se pasa a 4 mil 445 en 1985, lo que da un incremento de 111.9% muy por arriba del incremento promedio de la secretaría. Lo que resalta la importancia que efectivamente se le da a la organización de los productores.
En la intervención del diputado Lomelí, además de su referencia que hizo a aspectos de las áreas de riego de temporal que en
alguna medida considero que pueda tener respuesta en función de lo que hemos comentado, se mencionaban particularmente aspectos vinculados con la poca producción o la baja producción al concepto de él.
Se hablaba de las importantes y ahí es importante señalar que para 1985, las importaciones se van a reducir considerablemente. Un 30% es lo que se espera de la reducción de importaciones y que si hablamos de producción, pues consideramos que las perspectivas son realmente positivas. Que el incremento que se tiene de producción, de acuerdo con las estimaciones, comparadas con 1983, tenemos un 23.88%, y si fuéramos más atrás, comparadas con 1982, es de 37.9%. Realmente se está haciendo un serio esfuerzo para incrementar la producción en el campo mexicano. Y podemos decirle al compañero Dolores, que no nada más es frase, sí se considera a los medianos y pequeños productores, a los ejidatarios, los actores principales del desarrollo rural y particularmente de la producción agropecuaria. Son ellos, definitivamente , los principales actores. Y el aspecto que tanto preocupa en cuanto sus ingresos, tengamos presente con qué objetividad se vienen manejando las variaciones a los precios de garantía, y lo repetiremos cuantas veces sea necesario porque es realmente un logro del Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, el haber establecido dos revisiones anuales de los precios de garantía, el haber establecido, también, los precios de referencia. Eso nos permite que si tomáramos simplemente el precio de maíz en el año de 1976 con base 100, estaríamos en 1982 con un 378%, y estamos ahorita con un 1,429.5% en comparación a 1976; pero se puede hacer la comparación entre 1982 y 1984 y se ve que es varias veces al pasar de 378 a 1,429; o en el trigo que mencionaba Dolores, 396 en 1982 y 1,560 en 1984. Y si vamos al campo de las oleaginosas tendríamos en el caso de la soya pasando por 437 a 1,600%.
Pero él mencionaba, y tiene razón, cuál es en relación a los costos. Un simple dato que creo que podría ser significativo y se podría hacer un análisis más detallado.
Si nosotros hacemos un comparativo con uno de los insumos más importantes, el fertilizante, en 1976, cuando el precio de garantía del maíz era de 2,340, se podrían adquirir 2.6 toneladas de fertilizantes, con ese ingreso. En 1984 con un precio de garantía de 33,450 se pueden adquirir 4.7 toneladas de fertilizante. Quiere decir que el poder adquisitivo de lo que producen del insumo uno de los más importantes es un incremento muy claro y qué bueno que el fertilizante, gracias a esas políticas del Gobierno de la República de desarrollo a pesar de la crisis de empresas tan importantes del sector paraestatal como Fertimex, nos encontramos que se ha venido incrementando en su disponibilidad, que la superficie fertilizada se incrementa considerablemente, podríamos tomar nuevamente el ejemplo, 7 mil 684 de 17.1 a 13.2, un incremento del 85.92%, pero sobre todo que la superficie fertilizada de la total cosecha pasó de un 48% a un 63%, o sea, que hay un incremento de superficie cosechada, pero hay incremento de superficie fertilizada dentro de esa cosechada.
También es importante destacar el que reconociendo en épocas pasadas los problemas de comercialización del fertilizante a veces han afectado a los productores, es interesante el dato que precisamente conocíamos allá en Pajaritos y en las reuniones que hemos tenido con esa institución Fertimex, de que en términos de agencias directas, comisionistas o ventas directas, solamente tienen ventas por el 12.6, 3.9 y 3.7 lo que son un 20.2 lo que quiere decir que por canales directos del Gobierno o del sector social, es prácticamente el 80% de la distribución del fertilizante .
Para ello, compañero Lomelí, esto es lo que se requiere que se aplique, no ésta en particular, pero sí en general en las paraestatales las transferencias. Teniendo presente y repito no en éste particular, que son instituciones las del sector paraestatal, que tienen un claro sentido de atender áreas prioritarias, áreas que corresponden ser atendidas por el Gobierno de la República de acuerdo con las políticas nacionalistas y revolucionarias.
Hay una preocupación que yo estoy cierto que todos tenemos, de que empresas que por circunstancias remotas que se presentaron, que el Gobierno adquirió cuando en ese entonces se pensó que era importante proteger a la fuente de trabajo, pero que no son de un contenido prioritario, sabemos que es el propio Gobierno el primero que está interesado porque esas instituciones, esas empresas pasen al sector privado si no van a cumplir áreas prioritarias. Pero en cambio, aquellas que lo requieren, aquellas que están vinculadas con aspectos de producción de básicos, con aspectos de abasto y con áreas transcendentes como la de los energéticos al respecto estamos convencidos de que son adecuadamente administradas y que serán siempre una preocupación permanente que irán recibiendo los apoyos que el Gobierno de la República debe irles otorgando para que cumplan las funciones para las que fueron consideradas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra el C. Diputado José Dolores López.
Señor diputado, ¿es para su segundo turno?
El C. José Dolores López Domínguez: - Es una intervención.
Señor Presidente; compañeros diputados: En primer lugar, yo quiero establecer que los datos que establecemos en el documento alternativo del Partido Socialista Unificado de México, se refieren principalmente a los que estamos discutiendo, es decir, al
Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985.
Nosotros tomamos, además, no arbitrariamente, los datos sino los que establece la propia secretaría y en este caso los de la Comisión Dictaminadora.
Cuando nosotros referimos que tres programas, el de gran irrigación, o sea, el FX, FE, Y 3D, estamos haciendo alusión no a la crítica en sí misma de estos programas, sino en función de que el discurso gubernamental establece que a dar prioridad a los sectores más desprotegidos de la población rural, y nosotros decimos, con qué recursos si en el caso concreto, de FX se canalizan principalmente, es decir, en las cuestiones de irrigación, a programas muy establecidos como éste que se mencionó en Sinaloa. Nosotros decimos: con un presupuesto deficiente, cómo es posible que el 31% del total del programa, 168 mil millones, se canalicen sólo a programas del estado de Sinaloa. Y nosotros establecemos, además , no el sentido de estar en contra de los programas de agua hacia la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sino que a estos programas se canalizan cantidades muy fuertes del sector, que disminuyen otras áreas y que hacen congruente el discurso de que se va a tender a los más desprotegidos del campo.
Nosotros establecemos claramente, y lo pedimos a la Comisión, cuál es la opinión de la Comisión con respecto al planteamiento central del documento alternativo de PSUM, en relación a si se debe o no, a través de convenios, de concertación para canalizar la mayor parte de recursos presupuestales, de la SARH a las organizaciones de productores rurales para que éstos las ejerzan directamente.
Cuando nosotros, compañeros, hablamos incluso de la nacionalización en algunos otros aspectos y en otras ocasiones de los distritos de riego, precisamente para aumentar la producción de alimentos, para canalizar esos distritos a esta producción, nos referimos a que el 80% de éstos están en manos de particulares y tan sólo el 20 cuando mucho, de los distritos, o sea, de la tierra de riego se encuentra en ejidales y los particulares producen no para el mercado interno en el globo de su producción, sino para la exportación para ganar más dólares y eso afecta también directamente a la producción de alimentos.
Ahora bien, seguimos en las mismas condiciones, se habla mucho de los precios de garantía y se establecen parámetros muy elevados, pero compañeros, seguimos en las mismas condiciones, cómo están esos precios de garantía en relación a los costos de producción, que es donde nos define si realmente los precios de garantía son suficientes y si además esos precios de garantía sirven para capitalizar al campo, ¿o no? Porque se trata de que los datos mismos de la SARH establecen claramente que de 1974 a la fecha los precios de garantía están en un 700% debajo de los costos de producción; entonces no se trata de adornarnos aquí de que el señor Presidente ha hecho que aumenten los precios de garantía; ya en la, misma campaña presidencial nuestro candidato del PSUM, Arnoldo Martínez Verdugo, estableció claramente nuestro criterio, nuestra propuesta, respecto a los precios de referencia para precisamente hacer incluso, decíamos, una escala móvil de precios de garantía y naturalmente que nos congratula que ahora eso se establezca incluso dentro del partido gobernante como una realidad, pero yo digo, el caso concreto, verídico, real del cual no se puede aquí echar demagogia ni hacer ningunas consideraciones absurdas o bien equivocadas, es que los costos de producción por los que han luchado todos los años los campesinos pobres y explotados, son todavía bastante bajos en relación a los costos de producción, porque aumenta el combustible, el mismo fertilizante de que se habló aquí aumentó este año en un 50%. Aumentan los insumos, las semillas, porque incluso semillas, fertilizantes y otros insumos, los estamos comprando a los Estados Unidos y a otros países a precios muy elevados, lo cual aumenta también los costos a los productores, y por tanto, los costos de producción, dejando a los precios de garantía en una situación verdaderamente endeble. Eso es a lo que nosotros nos referimos en esas condiciones.
Finalmente, compañeros, nosotros establecemos nuestro criterio alternativo, teniendo en cuenta, subrayo, el actual estado de cosas de este país. En el campo mexicano y en general en el país en su conjunto. No estamos planteando un programa ni un proyecto alternativo en una estructura socialista, sino en una estructura capitalista. Pero de mejor distribución, racionalizada para la mayoría de nuestro pueblo y no para una minoría. Porque el propio Banco Rural, por ejemplo, en Sinaloa a nosotros nos dice: no, nosotros aquí no trabajamos ejidatarios porque no producen.
Y da unas grandes cantidades de créditos a pequeños productores, a grandes productores. Y el seguro agrícola, campesino que no levanta un acta para que le paguen el siniestro equis, no le paga el seguro. Pero a los grandes productores sí les paga. Y, compañeros, hay una serie de hechos concretos de esta naturaleza que muestran que la política gubernamental y no por criticarla a grosso modo, no por criticarla por principio, sino porque es la verdad. No corresponde a las mayorías del pueblo trabajador. No corresponde a las mayorías de los campesinos. Y cuando nosotros entonces planteamos una propuesta alternativa es en esa dirección. Para que corresponda incluso en esta misma estructura, en esta mismas condiciones, pero que corresponda a los trabajadores, que corresponda a los campesinos pobres y explotados porque, compañeros, el presupuesto, ya decía yo en mi intervención, no corresponde.
Decía aquí el compañero del PAN, desde 1949 él está viendo que los presupuestos son
muy halagadores según eso, pero los millones de indígenas viven en la miseria, los millones de obreros agrícolas no se les paga el salario mínimo y viven en la miseria, millones de campesinos que no cubren con los costos de producción sus necesidades.
Compañeros, este es el eje principal, este es el nervio vital de lo que nosotros planteamos, que sirva un presupuesto real, eficiente a la mayoría de nuestro pueblo. Es todo. ¿Aplausos).
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los artículos 1o., 2o., 6o y 14 del proyecto de decreto.
El C. Secretario Arturo Contreras Cuevas: - En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los artículos 1o., 2o., 6o y 14 . . . Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo . . . Suficientemente discutidos, señor Presidente.
En consecuencia se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 1o., 2o., 6o., y 14 en sus términos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El C. Presidente: - Ruego a la Secretaría que previamente a la toma de la votación, en relación con estos artículos, habiendo presentado una proposición de modificación a la fracción I del artículo 14 el diputado Raúl Rea Carbajal, con las salvedades ya muy repetidas de esta Presidencia en cuanto a la oportunidad procesal para su presentación, se suplica consulte a la Asamblea si se acepta a discusión o se rechaza esta proposición.
El C. Secretario Arturo Contreras Cuevas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el C. Diputado Raúl Rea Carbajal, al artículo 14 del dictamen . . . Los ciudadanos que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo . . . Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo . . . Desechada, señor Presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 1o., 2o., 6o., y 14 en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
Señor Presidente, se emitieron 258 votos en pro y 44 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 1o., 2., 6o. y 14, en sus términos, por 258 votos.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 4o. . . .
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra el diputado Gabriel Salgado Aguilar y el diputado Francisco Ortiz Mendoza, y para hablar en pro, por la Comisión, el diputado Rogelio Carballo.
Tiene la palabra el diputado Gabriel Salgado Aguilar.
El C. Gabriel Salgado Aguilar: - Señor Presidente, ruego a usted autorice que la Secretaría consulte a la Asamblea si se nos permite en una misma votación la intervención de su servidor y del otro compañero del PPS que pidió el uso de la palabra y se resuelva nuestra intervención y probablemente en una sola respuesta.
El C. Presidente: - ¿Quiere usted decir, señor diputado, que se le permita abordar las cuestiones relativas a los artículos 4o y 29 en una sola intervención?
El C. Gabriel Salgado Aguilar: - Así es, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se permite al orador abordar las cuestiones relativas a la discusión sobre los artículos 4o. y 29 del proyecto de Decreto en una sola intervención.
El C. Prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se permite al orador abordar los artículos 4o. y 29 en una sola intervención . . . Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo . . . Aprobado, señor Presidente.
El C. Gabriel Salgado Aguilar: - Muchas gracias. Honorable Asamblea. Me he inscrito en contra de lo establecido en el artículo 4o. del proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación por las siguientes razones:
Hay en México un Órgano mayor de fiscalización, tenemos aquí en esta ciudad una Comisión de Vigilancia de las actividades de este organismo cuya denominación es Contaduría Mayor de Hacienda. Su servidor es miembro de dicha Comisión de Vigilancia y por ese motivo estoy enterado plenamente de algunas circunstancias que privan y que considero muy urgente que tomemos conciencia de ello y que la conozcamos.
El Presupuesto asignado para el Poder Legislativo, en este proyecto, es de 8 mil 738 millones de pesos y esto incluye a ambas Cámaras; esto es, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. De esa cantidad 7 mil 479 millones de pesos, quedan para ejercerlos la Cámara de Diputados. De esta misma cantidad, se desglosan aproximadamente mil millones para la continuación de la construcción de este Recinto Parlamentario y, por otra parte la Contaduría Mayor de Hacienda, por informes recibidos de la misma, tenemos
entendido que se le asignará la cantidad aproximada a los mil 500 millones de pesos.
Debemos saber todos nosotros, los miembros de esta Cámara de Diputados, que la Contaduría Mayor de Hacienda, cuyas funciones están, de hecho constituye el órgano mayor de fiscalización y obviamente están muy por encima de cualquier otro órgano, de cualquier otro organismo de fiscalización en el Gobierno Mexicano, incluyendo, obviamente a la Contraloría General de la República y con esta jerarquía, dicho organismo tiene la necesidad de enviar elementos al extranjero, a diversas partes del extranjero, obviamente con el costo a su cargo, para preparar a dichas personas que vengan a desempeñar lo mejor posible la alta responsabilidad de las funciones que se le tienen encomendadas, acorde a la propia Ley Orgánica de este organismo y a la Constitución General de la República Mexicana. ·
Ahora bien el costo es alto. Pero lo que pasa no es eso nada más, sino que esas personas que se van al extranjero, o que de alguna manera están dentro de ese organismo prestando sus servicios, tomando conocimientos, tomando mucha experiencia, se da el caso de que en un momento dado alguna empresa privada o alguna empresa paraestatal o incluso el gobierno central les ofrece una cantidad mayor de sueldo y obviamente esas personas con todo lo antecedente, con toda la riqueza que adquirieron en los lugares a donde se fueron a preparar o el tiempo que duraron desempeñando sus actividades y que les dio esa experiencia, valiosa, pues obviamente abandonan nuestro órgano técnico la Contaduría Mayor de Hacienda. Eso lógicamente va en detrimento de los resultados necesarios que se requieren acorde con sus atribuciones y acorde con las necesidades de fiscalización que tiene en nuestra patria el ejercicio del dinero del pueblo.
Pero hay algo más, la causa, podríamos decir, característica o eterna a través de la vigencia de la vida de este organismo Contaduría Mayor de Hacienda, cuyas facultades es sobradamente conocidas por todos nosotros, una causa real para que no funcione en toda la extensión de su palabra o a mayor profundidad o en un grado mejor, que es muy deseable y muy necesario, es la falta de recursos humanos, recursos materiales y concretamente recursos económicos.
Quizás muchos de nosotros nos habremos dado cuenta que este organismo a través de los 160 años de vigencia, de vida que tiene en la historia de México, ha venido alojándose en diversos edificios, a veces en forma fragmentada, y obviamente también a veces en lugares poco aceptables, poco propios para el buen o por lo menos regular desempeño de sus funciones. Es cierto que actualmente la Contaduría Mayor de Hacienda acaba de "estrenar" instalaciones nuevas, nuevas porque son remozadas, pintadas, pero además rentadas y es cierto que es notorio que está adecuado a las funciones que estas personas tienen que desarrollar, pero también es cierto que no es suficiente su capacidad materia, económica, humana para realizar la actividad operativa necesaria que requiere el buen funcionamiento de una Contraloría General de la República como atinadamente se le iba a denominar cuando se modificó o se estableció la última Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, pero que por usos, por tradición, por costumbre, se optó por dejarle el nombre de Contaduría Mayor de Hacienda a riesgo de que se confunda con cualquier dependencia de 2a., 3a., y 4a. clase subordinada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Seguramente que el nombre no ayuda mucho a que nosotros mismos los diputados superiores jerárquicamente a este organismo fiscalizador, seguramente que ese antecedente de ese nombre poco apropiado no ayuda para que nosotros mismos lo entendamos en toda la extensión de la palabra, cuál es su función histórica y cuál es su influencia decisiva en la buena marcha de la administración del dinero del pueblo, pero en fin eso es otra cosa, lo cierto es que es muy necesario, que hagamos una reflexión, que hagamos hincapié y que tenemos en cuenta que si bien es cierto el Congreso General tiene asignado un presupuesto de cerca de los 9 mil millones de pesos incluido la Cámara de Senadores y el Órgano Técnico y la continuación de la obra de este edificio.
También es cierto que por otra parte, está una nueva Secretaría, un nuevo organismo que tiene de los 9 mil millones de pesos de presupuesto a gastar, a ejercer y con las mismas funciones a desarrollar por la Contaduría Mayor de Hacienda y me refiero concretamente a la Contraloría General de la República. Obviamente todos tenemos presente que dicho organismo es una ayudantía del Poder Ejecutivo y que además sus facultades se constriñen en su jurisdicción a las dependencias administrativas del Ejecutivo, esto es, a la administración centralizada, descentralizada y paraestatal y en todas aquellas en que haya fondos federales aún cuando estén operando en los estados.
Pues bien, compañeros, yo me pregunto: el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados para efecto de responderles a nuestros representados, al pueblo, a quién corresponde, o a quién vamos a recurrir a exigirles que nos dé los datos, que nos dé la eficiencia, que nos dé los resultados, que nos dé los resultados que el pueblo necesita acerca de la administración de su dinero.
Obviamente no hay duda, tenemos que recurrir a la Contaduría Mayor de Hacienda porque es el órgano mayor de fiscalización constitucionalmente representante de esta honorable Cámara de Diputados y representante, porque la forman personas peritas, versadas en todo lo que les es posible en la materia
del manejo fiscal del ejercicio de los presupuestos y de la prevención, también, de la buena realización de los programas y todas las actividades inherentes al gasto público.
Es obvio que con estos brevísimos antecedentes, compañeros, en mi concepto no existe la menor duda de que tenemos que dar la importancia, tenemos que dar, procurar el lugar que corresponde a este órgano, especial de fiscalización, que vaya como aclaración su jurisdicción, su ámbito es los tres poderes. No es ayudantía de un poder.
Ahora bien, compañeros, estas son algunas de las razones por las cuales he decidido oponerme a lo establecido en el artículo 4o. de este proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación porque considero, necesario considero urgente que se aumente el monto asignado para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en una cantidad que oscila entre los mil quinientos millones de pesos más que se aplicarían directamente para ejercerlos la Contaduría Mayor de Hacienda, exclusivamente. No sería para aumentar sueldos de diputados ni de senadores ni tampoco para acelerar más los trabajos, de este edificio que no es tan urgente, pero sí considero necesario y considero además urgente puesto que la medida está por aprobación de este Proyecto de Egresos, considero necesario, pues, que lo reflexionemos, que tomemos una decisión reposada, de la manera más respetuosa se propone con el fin exclusivo de que este organismo aumente su capacidad operativa tanto en materia humano como económico y como en diversos equipos propios de sus actividades.
Seguramente que se va a comentar aquí que se ha mejorado y de antemano lo acepto y lo reconozco, se ha mejorado no solamente la capacidad material de nuestro órgano técnico de tan histórica y transcendental responsabilidad, se ha aumentado también su calidad en el ejercicio del desarrollo de sus funciones y obligaciones, es cierto, pero quién puede negar que también ha aumentado en muchos cientos porcientos el costo de estas operaciones las necesidades de los miembros de este organismo.
Cabe aclarar que tengo la certeza, la información directa, obviamente, de que los miembros de este organismo colegiado, para los efectos del desarrollo de sus funciones, tienen salarios los más al nivel de las empresas centralizadas, esto es del Poder Ejecutivo, pero a la vez tienen salarios niveles que hay mucha diferencia en inferioridad con salarios que tienen muchos funcionarios de las paraestatales y además, también, mucho menor cantidad que los salarios que tienen muchos funcionarios y empleados de empresas particulares.
No es justo que estos recursos humanos, que estos recursos económicos que cuestan casualmente al pueblo, se empleen de esta manera, que nuestras gentes valiosas, que nuestros cerebros se fuguen y que si bien es cierto que México y la administración del dinero del pueblo también es necesario que estas gentes estén ubicadas en otros organismos que al fin de cuentas llevan el mismo objetivo, también es cierto que México los necesita más en el organismo mayor de fiscalización, que es la representante, el representante de la soberanía popular.
Estos antecedentes me ha inducido, compañeros, a proponerles de la manera más respetuosa, no sin antes ofrecerles mi más respetuosa disculpa a los miembros de las comisiones respectivas que revisaron y dictaminaron el proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación, por la razón de no haberlo propuesto en su oportunidad en comisiones, y no de última hora como se está haciendo en este momento. Pero quizá pudiera ser entendido, aun cuando no justificado, todos sabemos que en estos días precisamente del mes de diciembre, por prácticas sobradamente conocidas, que se nos acumulan a todos las exigencias de lo poco o mucho que podamos hacer, de lo que nos corresponde hacer por nuestra función.
Así pues, compañeros, me permito leer esta pequeñísima proposición que sería la de adicionar un pequeño párrafo al artículo cuarto de este proyecto predicado y que dice lo siguiente:
"Párrafo único. Proposición de adición al artículo 4o. del proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación en el año de 1985. Párrafo único: Se aumenta o se adiciona el Presupuesto de Egresos para el Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, esto es de la Federación, por una partida de 1,500 millones de pesos para incrementarse en esa cantidad los fondos para el Órgano Técnico de la Cámara de Diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda, a efecto de que amplíe y supere la cobertura fiscalizadora y demás funciones que le son propias, aumentando esencialmente los ingresos y estímulos a sus funcionarios y empleados, así como también para la adquisición de equipo y material necesario. Por último solamente quisiera hacer notar que seguramente se va a argumentar que la Contaduría Mayor de Hacienda cuenta con plazas vacantes, es cierto, pero cuenta con plazas vacantes porque no hay quien las cubra, no porque no haya dinero, el dinero que tiene le ajusta para pagar esas plazas vacantes, pero el problema es que hay una fuga de cerebros, el problema es que no hay gentes que reúnan los requisitos, el problema es que la gente que se envía a prepararse fuera o que se tiene ya trabajando determinado tiempo, que adquieren los conocimientos, la pericia, la preparación, bueno pues llega cualquier representante o una empresa privada o una empresa estatal o paraestatal, le ofrece un poco más de dinero o de estímulos, o de ingresos, o de seguridades en su trabajo y obviamente aceptan, está en su derecho, creo que está en su derecho. Hay muchas razones compañeros para que veamos esta situación.
Yo solamente les ruego que si es posible se le dé el tratamiento correspondiente,
reglamentario, a los de urgente y obvia resolución. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista.
El C. Francisco Ortiz Mendoza: - Señor Presidente, honorable Asamblea: Antes de entrar directamente al tema, quisiera yo recordar que a principio de este periodo de sesiones que está por concluir, se inició un interesante e importante debate que nos condujo a abordar cuestiones ideológicas, cuestiones de principios y tal parecía que la mayoría de la Cámara inducidos por el jefe de su partido, y de sus mejores fuerzas, estaban resueltos a darle una batalla enérgica a la derecha, preparando las elecciones de 1985, pero tal parece también que con el tiempo se intentó, se fue desgastando por parte de la mayoría, no así de la derecha. Y hoy a primeras horas de la mañana, de esta sesión, la derecha lanzó una fuerte ofensiva con su método acostumbrado, la diputada a agredir con violencias e incluso utilizando palabras gruesas, fuertes y duras para una diputada, contra la Cámara de Diputados. Y claro, después vino la elegante voz parlamentaria porfiriana a querer calmar las cosas. Y las fuerzas democráticas cayeron en la trampa redondamente. Y tengan la seguridad que la derecha de ese discurso que dijo la compañera diputada lo van a usar durante la campaña electoral para lograr su objetivo estratégico: desprestigiar al Poder Legislativo y tratar de aislar al pueblo del Gobierno de México y del propio Poder Legislativo. Ese es un viejo objetivo que tiene la derecha y que lamentablemente las fuerzas de la mayoría se lo han ido tragando. Pero recordando lo dicho aquí con esa parsimonia versallesca de la mañana, de Bernardo Shaw, de que ven las cosas que pasan y se pregunta por qué. Y ven o sueñan con las cosas que no han sucedido y se preguntan por qué no. Y nos invita a que dentro de quince años, así cuando esté alboreando el inicio del tercer milenio, estemos discutiendo aquí nuevos caminos y nuevos procedimientos. Pues se sigue soñando porque se quiere. Lo que pasa es que hace dos mil años están equivocados, esos caminos seguidos, el nuevo camino que estaremos discutiendo aquí el año 2000 ya será el del socialismo y otras cosas con las que tiene derecho, claro, de no darse cuenta y verlas como un sueño, nada más que hay soñadores que están con los pies en el suelo y van avanzando, entonces el tema es interesante pero será bueno que los compañeros de la mayoría no se vayan a ablandar y en la campaña de 1985 se dejen dominar por esa táctica doble de pegar y después tender la mano, y recibirla tranquilamente.
Al tema. El año de 1950 México entró por la primera vez a una producción industrial que era mayor que junta la agrícola y minera. A partir de entonces entramos en la etapa de la industrialización prácticamente.
La gente que se dedica a los trabajos rurales cada vez es menos, no porque se haya industrializado el campo sino por razones de persecuciones, de mil problemas que aquí se han planteado de los problemas de la agricultura, por esa razón los temas de los que hemos venido hablando estos últimos días todavía no ocupan mucho tiempo en el discusión del presupuesto, pero puesto que han sido sumamente valiosas las tres sesiones en que se ha hablado de la ciencia y la tecnología, y ya habíamos previsto que cuando llegáramos al presupuesto tendríamos que tratar una cuestión de importancia para vincularla con las otras dos, pues hemos pedido la palabra para el artículo 14 o el 29, no para estar en contra, sino para . . . pues no vaya a tomarlo como un desacato la Legislatura, para referirme más que nada a los Asesores de la Secretaría del Patrimonio y Programación y Presupuesto que espero que no se hayan ido todavía, porque todavía no se vota, y entonces ojalá haya la posibilidad de que le lleven un recado al Secretario del Patrimonio, de Programación y Presupuesto, porque uno no puede pedir nada en el presupuesto, ni en Comisiones ni en ninguna parte. Hasta ahora que yo sepa, nunca se ha modificado un renglón del presupuesto, porque cuando se argumenta suficientemente de por qué se debe elevar uno de los renglones, entonces: muy bien, tiene usted razón, vamos a . . . tenemos que aumentarle mil millones a tal renglón, pero a quién se los quitamos. Dígame usted a qué renglón se lo quitamos para dárselo a él. No, pues a ninguno, se van a enojar lo demás. Entonces, qué impuestos ponemos para buscar el millón que usted quiere. Pues no, pues ya se aprobaron los ingresos. ¡Ah!, pos entonces ya no vale. Pasa aprobado.
Pero resulta que hay un catorce y veintinueve artículos, que se refieren a Erogaciones Excedentes y a Transferencias. Es decir, estamos facultando al Ejecutivo para utilizar las erogaciones, para autorizar erogaciones excedentes que se reúnan por tres motivos que vienen en el propio articulado y que se puedan hacer transferencias. Y para eso está autorizada, lo estamos autorizando, a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Por eso, con todo respeto de los señores diputados, esta vez nos estamos dirigiendo al Secretario de Programación, que es el que puede autorizar, y tendiendo la mano, o más bien, tratando o pidiéndole que "somos mano" en eso de las transferencias. Porque resulta que hace poco nos enteramos que el mundo entero se asombró por nuestra puntualidad en los pagos de la deuda exterior, y no sólo esto sino que nos adelantamos, y mil millones de dólares que se juntaron por ahí los utilizamos para pagar. Yo quisiera sugerir a quienes son responsables de esto, procuremos no ser tan puntuales, mejor que nos vengan a tocar y jineteamos un poco el dinero para poder desarrollar otras ramas de nuestra producción en México, y una de ellas es la
que hemos estado tocando de manera permanente.
Aquí nuestro diputado del Partido Popular Socialista que preguntó al Secretario de Educación Pública, nuestro compañero Quiroz, acerca de porqué el Politécnico tenía un presupuesto de menos de la mitad del que tenía la Universidad, si el presupuesto del Politécnico, que es una institución creada por el Estado y que tiene la tarea de desarrollar los cuadros técnicos y científicos del país. La respuesta fue muy superficial, que tiene menos estudiantes, no vamos a discutir aquí por qué tiene menos, después dijo que no tenía ni la séptima, ni la octava parte sino simplemente la mitad. ¿Por qué tiene la mitad de alumnos? Es un problema de otras características.
Nos va a suceder lo mismo con el sistema de ciencia y tecnología, con los científicos, que según las categorías que ha puesto el Estado se darán tres veces el salario mínimo a los científicos que realicen mayores investigaciones; dos veces a los que hagan publicaciones y una vez a los que realicen trabajos teóricos. Y claro, los que pueden realizar mayor investigación científica son los que tienen más elementos, más instrumentos en la mano, entonces los científicos se van lógicamente donde hay más dinero y consecuentemente crecerá su número.
Así sucedió con el Politécnico; el Politécnico nació pobre y perseguido como el pueblo mexicano, por una resolución del Presidente Cárdenas. Nació sin siquiera tener acta de nacimiento, en ningún momento, ni siquiera decreto hubo, simplemente se amplió la partida de la dirección de escuelas técnicas y organizaciones de científicos y artes manuales o algo así se llamaba.
Así nació el Politécnico, se agruparon escuelas y así empezó. Y como se hizo para el pueblo y el general Cárdenas dijo "damos esta Institución para los hijos de obreros campesinos y soldados", que no tienen compromisos con burguesía ni con el exterior, para prepararse técnica y científicamente y sustituyan en las grandes fábricas y en el desarrollo industrial de México a los extranjeros, pues el primer día de inscripciones estaban, tuve la fortuna de presenciarlo, más de 300 jóvenes hijos de campesinos todavía con sus ropas normales de campesinos, hijos de obreros y de soldados con más instrumento en su mano que el certificado de primaria.
El director del Politécnico Juan de Dios Bátiz abrió la puerta de su oficina, vio el patio lleno de muchachos y les preguntó: "Bueno y ustedes qué quieren", pues venimos al Politécnico a inscribirnos y sólo traemos aquí está nuestro certificado de primaria. Y Bátiz no tenía que hacer porque no llevaban dinero, no llevaban más que su carta del presidente municipal o del ejido y abajo del estadio Camino Díaz, ahí se habilitó el internado, se trajeron muebles, si así se les puede llamar del Ejército, ya de desecho, prácticamente, camas, peroles para alimentos, platos divididos en 3 partes, no había tenedores, se servía de un lado la avena y de otro lado los frijoles, algo como aquí y se los tenía uno que comer así.
Y así surgió el Politécnico. Y así surgió el internado. Y así muchos funcionarios y dirigentes actuales pasaron por esta escuela, pero se les fue olvidando, y el hijo de la Revolución se convirtió en el entenado, y el que renunció al gobierno y a la dirección revolucionaria con la famosa autonomía se convirtió en el hijo predilecto, y de esa manera el presupuesto grande se fue para un lado y el presupuesto pequeño para el otro. Así surgió la enorme ciudad universitaria, qué bueno que la tenemos, se dice que la mejor del mundo, no que le achiquen un poco, pero de todas maneras una gran universidad, grandes laboratorios, un enorme estadio, un gran centro cultural para escuchar música selecta, una extraordinaria biblioteca con miles y miles de libros, todo muy bueno, qué bueno que tenemos eso. Pero por qué se olvidaron del hijo verdadero de la Revolución. Se le mandó a Zacatenco, ahí se llamó el "Desierto de Zacatenco", 200 hectáreas. Sería conveniente irlo a visitar, ya la tasajearon todita, avenidas por todos lados, camiones y coches por todas partes, y para ir de una escuela a la otra hay que estar pasando calles con todos los riesgos. Acá no, acá a una hora determinada se cerca y tiene su propia policía, sus propias patrullas y todo listo para atender, y qué bueno que esté así. Pero ¿Por qué no el Politécnico? Hasta el regente de la ciudad, el metro le hace llegar dos grandes estaciones del metro a la puerta de la universidad, hasta una de ellas es la terminal de todos los camiones que vienen del sur para que todos los estudiantes la mayoría de la burguesía, o hijos de trabajadores del estado, etcétera, qué bueno que no tenga problemas, al Politécnico allá en una estación del metro chiquitita a 3 kilómetros del Politécnico, ¡ah! por que esos del Poli son desastrosos, destruyen todo, antes teníamos un trolebús que daba a la vuelta, pero con el conflicto del 68 todos ahora hay que irse a pie, 2,3 kilómetros, el Metro pasa lejecitos y por qué acá es la Universidad y allá el Politécnico, pero no sólo eso, hasta el director del Politécnico, la sala de espera del rector de la Universidad o del secretario particular del rector de la universidad con alfombras de este tamaño, está muy superior a la oficina de despacho del director del Politécnico, por qué, a qué se debe que ésta Cámara de diputados, producto de la Revolución Mexicana le dé ese trato al Instituto Politécnico Nacional y en investigación científica, ahí están las declaraciones del Conacyt, dos de las instituciones más respetables con premios nacionales de ciencia como son escuela nacional de ciencias Biológicas, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, con 4 millones de pesos al año para realizar investigaciones científicas.
El Politécnico se pasó decenas de años sin presupuesto para investigación científica, hasta el año pasado otorgaron 400 millones de pesos al Politécnico para todo el trabajo de investigación científica y a la Universidad le entregaron 3 mil millones de pesos, por qué, a qué se debe y es muy bueno que esté la Universidad en estas condiciones, pero hemos dicho mil veces por qué acá tenemos una extraordinaria biblioteca nacional orgullo de los mexicanos y en el Politécnico no se tiene sino una biblioteca en el viejo correo de ahí de Santo Tomás, un cuadro de 20 por 20 con viejos libros de texto y no existe en México la mejor biblioteca técnico - científica para el país. ¿Por qué no hacerlas? Por eso le tendemos la mano al Secretario de Programación y Presupuesto. Por favor, señores asesores que están aquí presentes, seguramente, llévenle este mensaje, este llamamiento, los primeros ingresos extras que haya, dedíquenlos a lo que tanto proclamaron hace dos días, la investigación científica y tecnológica.
El artículo 15 de la Ley que aprobamos ayer, 9 obligaciones a la Secretaría de Educación Pública para impulsar, desarrollar la investigación científica y tecnológica con laboratorios, etcétera y con qué ojos. Nada más con el puro artículo 15 o con qué lo vamos a hacer.
A la Comisión Federal de Electricidad se acuerda que construya las plantas nucleoeléctricas, las diseñe y las construya. Perfecto, y con qué, y con qué técnicas, y con qué dinero.
Al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se le aumentó su presupuesto, qué bueno. Pero al Politécnico . Por qué se le conserva esa red, se le aumentó un poco, hay que reconocerlo, pero falta muchísimo para el Politécnico, muchísimo. Se han hecho escuelas tecnológicas en todo el país, institutos tecnológicos, muy bueno pero debemos crear eso que dijo la ley ayer no los institutos como ahí dice, ni siquiera saben que en el Politécnico se llaman centros de investigación, no institutos de investigación y le dicen al Politécnico que cree institutos, ni siquiera saben cómo se llaman los del Politécnico. Tenemos tres o cuatro, cinco centros de investigación de muy buen nivel pero sería muy bueno que los diputados los fueran a visitar.
Acá de este lado, qué bueno que lo tenemos para cuando vienen turistas y vayan a ver los cuadros, los mosaicos italianos, etcétera, acá no, acá son de concreto y puro fierro pintado; no le hace, y pisos de cemento, no de alfombra, de cemento; no le hace, con eso ha trabajado el Politécnico y no se quiere más, no se quieren lujos, pero lo que se quiere es dinero para investigar y dinero para formar al Estado Mayor de nuestro país, técnico y científico. Ese es el recado para el secretario de Programación y Presupuesto. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En virtud de haber presentado una proposición para el aumento presupuestario de la Contaduría Mayor de Hacienda . . . Perdón, falta todavía que haga uso de la palabra el señor diputado Rogelio Carballo Millán; mis disculpas.
El C. Rogelio Carballo Millán: - Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: Quisiera referirme en primer lugar, si ustedes me lo permiten, a la participación del ciudadano diputado Ortiz Mendoza.
Yo creo, señor diputado Ortiz Mendoza, que debemos estar conscientes de que la Secretaría de Programación y Presupuesto habrá de acatar lo que esta soberanía ha aprobado o apruebe en este documento que ahora se discute. Creo que todos nosotros estamos conscientes de la necesidad de estimular y de pugnar por la preparación de técnicos nacionales.
El día de ayer este tema fue motivo de un debate muy amplio y del cual se determinaron una serie de conclusiones que creo que en su oportunidad habrán de contribuir a estas aspiraciones que tiene el señor diputado Ortiz Mendoza.
Y para referirme ahora a la propuesta del señor diputado Salgado, a mí me da mucho gusto que en esta ocasión venga a apoyar las tareas de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta honorable Cámara de Diputados, ya que si mal no recuerdo hace tres meses vino a proponer lo contrario: la destitución del Contador Mayor, creo que el diálogo que se ha tenido en las comisiones correspondientes, la información de que se ha hecho acopio, le han dado una nueva perspectiva de lo que significa ahora la participación de esta Cámara a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, y antes de pedirle al señor Presidente que someta a su propuesta a esta H. Asamblea, yo quisiera únicamente, con su permiso, hacerle una pequeña rectificación. El presupuesto que ahora se incluye, en el Presupuesto General de Egresos de la Federación, para nuestra Contaduría Mayor, no es de mil 500 millones de pesos, sino que es de mil 732 millones de pesos y esto significa que con este fondo disponible no sólo satisfacerá los requerimientos que hasta ahora habíamos venido haciendo a través de las diversas reuniones que se han celebrado no sólo por la Comisión de Vigilancia a la que los dos pertenecemos sino a través de los requerimientos que le han venido haciendo las demás comisiones de esta H. Cámara.
De tal manera que con este motivo la Contaduría Mayor podrá en 1985 disponer no sólo de las cien plazas que él ha mencionado, sino que tendremos alrededor de doscientas quince plazas si mal no recuerdo, en función de la información que nos dieron recientemente, la semana pasada, que en un momento dado permitirán que tenga una mayor cobertura nuestro órgano técnico.
Y también deseo recordar como lo hicimos en esa ocasión, que todos estamos de acuerdo y así lo manifestamos en consenso en esa
reunión última de la Comisión de Vigilancia con la Contaduría Mayor de Hacienda, tuvimos el consenso en el sentido de que se requiere que nuestro órgano técnico o mejor dicho los técnicos de nuestro instrumento de fiscalización, tengan una percepción adecuada que en un momento dado impidan, como lo hemos estado observando hasta ahora, la deserción de nuestros técnicos, una vez preparados por la Contaduría Mayor. Y por si esto fuera poco, quiero recordar también que además de la participación que tiene en la elaboración de los documentos que debe rendir a esta honorable Asamblea o sea en el informe previo, el informe de resultados, después de realizar todas las tareas de fiscalización en función de auditorías financieras, de la obra, de sistemas, etcétera, como ya en otras ocasiones lo hemos dicho, también habrá de tener la oportunidad, como lo ha venido haciendo recientemente, de auxiliarnos como un verdadero apoyo técnico a esta Legislatura o a las siguientes, en función de lo que se requiere para analizar algunos aspectos importantes de la gestión pública. Cito por ejemplo la opinión que nos ha dado respecto al Plan Nacional de Desarrollo, cito también la participación que ha tenido para analizar los informes trimestrales. En fin, que con esta nueva estructura y este apoyo que esta Legislatura le ha otorgado a la Contaduría Mayor, ha podido venir desarrollando todas las tares que se han requerido no sólo por la diputación perteneciente a la mayoría, sino a todos los grupos parlamentarios que están representados en la Comisión de Vigilancia.
Yo creo que este motivo, en función de que tendríamos no sólo los mil 500 millones de pesos que mencionaba el diputado Salgado, sino más de mil 700 millones de pesos, satisface por ahora los requerimientos que tenemos para solicitar, ya sea, insisto mucho, por esta Legislatura o por la siguiente, la participación que debe tener un órgano de fiscalización como el que tiene o debe tener una Asamblea como a la que hemos pertenecido en esta ocasión.
Esto, señores, yo creo que aclara esa inquietud de nuestro compañero Salgado, y volviendo al tema del presupuesto general que ahora se ha discutido por esta Asamblea, yo solamente quisiera reiterar que este instrumento permitirá a nuestro juicio perseverar o tener un instrumento con el cual se persevere en el abatimiento de la inflación.
También en el aspecto de salarios, aun cuando haya opiniones controvertidas, impulsará, o fomentará la generación de empleos permanentes y adecuadamente remunerados, y habrá de enfatizarse en la atención de los aspectos que determinan la calidad de vida, los servicios sociales básicos, la alimentación, la ecología y la seguridad ciudadana.
Creo que también esto permitirá continuar con el esfuerzo de mejoramiento de las finanzas públicas, reduciendo el déficit financiero como porcentaje del producto, disminuyendo aún más la participación relativa de la deuda pública.
También, a nuestro juicio, habrá de propiciar un crecimiento de la producción nacional con aumento de productividad, y no nos debe quedar la menor duda, de que con ello se profundizará en el cambio estructural previsto por el sistema nacional de planeación democrática.
Y qué bueno que la discusión del dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1985 haya despertado y despierte pasión entre todos nosotros como representantes populares que somos. Y no podía ser de otra forma: este documento año con año es también motivo de una atención especial de todos los sectores de la población, porque contiene la proyección del gasto federal que de acuerdo con demandas específicas y las necesidades de desarrollo y crecimiento del país, fue estructurado por el Ejecutivo y enviado al seno de este pleno, para su estudio y en su caso, para su aprobación.
Esta pasión que todos y cada uno de nosotros hemos puesto a lo largo de este leal y transcendente debate, es el resultado de la responsabilidad manifiesta por encuadrar los rubros de este proyecto de presupuesto a la realidad que esta viviendo el pueblo de México. Y todo ello, como un impulso a mediano plazo, ubicado en lo que tantas veces hemos mencionado en esta Asamblea, el Plan Nacional de Desarrollo. Al haber expresado todos estos argumentos y todos los de los compañeros diputados, señor Presidente, solicito a usted se someta a la consideración de la Asamblea los artículos en debate, ya que han sido suficientemente discutidos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Previamente a pesar de las objeciones, nuevamente dé oportunidad procesal en su planteamiento, puesto que la proposición formulada por el diputado Gabriel Salgado Aguilar se refiere a uno de los artículos debatidos en este turno, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión o se desecha su propuesta de aumento presupuestario a la Contaduría Mayor de Hacienda en el marco de la asignación del Poder Legislativo.
El C. Prosecretario Jesús Murillo Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se prueba o desecha la proposición del ciudadano diputado Salgado Aguilar... Los ciudadanos diputados que acepten la propuesta, sírvase manifestarlo... Los ciudadanos diputados que estén por que se despeche, sírvase manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Consulte entonces la Secretaria a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 4o. y 29 del proyecto de ley.
El C. Prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
- En votación económica se pregunta a la Asamblea si están suficientemente discutidos los artículos 4o. y 29... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutidos.
En consecuencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 4o. y 29 en sus términos.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
El mismo C. Prosecretario: - Se emitieron 259 votos en pro y 44 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 4o. y 29 por 259 votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1985.
El. C. Prosecretario Jesús Murillo Aguilar:
- Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales .
El C. Secretario Manlio Fabio Beltrones Rivera: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
"Tercer Periodo Ordinario de Sesiones.
'LII' Legislatura.
Orden del día.
29 de diciembre de 1984.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los CC. Diputados Luis René Martínez Souverville, Raúl Velez García, José Lucio Ramírez Ornelas.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal .
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Comisiones de cortesía".
El C. Presidente (a las 21:40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, 29 de diciembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES