Legislatura LIII - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19860204 - Número de Diario 7
(L53A1PcpN007F19860204.xml)Núm. Diario:7ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., martes 4 de febrero de 1986 NÚM.. 7
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA 2
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
SUMINISTRO DE GAS DOMESTICO EN EL D. F.
La C. senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, comenta el problema que a últimas fechas sufre esta ciudad.
CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
El C. diputado Jorge Alcocer Villanueva hace consideraciones en torno al desplome indicado. Solicita se llame a comparecer a tres Secretarios de Estado. Se desecha.
RESOLUCIÓN A DOS DENUNCIAS DEL PAN
El C. diputado Jesús González Schmal se refiere a la emitida por las comisiones que conocieron de los casos del Gobernador de San Luis Potosí y del Titular de la Suprema Corte de Justicia, que se declararon improcedentes.
En torno al asunto, hablan los CC. diputados Fernando Ortiz Arana, Jesús González Schmal, Juan Moisés Calleja García, González Schmal, Santiago Oñate Laborde y González Schmal.
PETRÓLEO Y DEUDA EXTERNA
El C. diputado Heberto Castillo Martínez opina sobre el mercado internacional del petróleo y acerca de la situación de México con motivo de su deuda externa.
ACUERDO QUE CONDENA LA DICTADURA EN HAITI
El C. diputado Martín Tavira Urióstegui se refiere al que suscriben todas las fracciones parlamentarias de la Comisión Permanente. Se aprueba.
INVITACIONES
Dos a los actos cívicos conmemorativos del LXIX aniversario de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar el 5 del presente, en esta ciudad y en Querétaro. Se designan las comisiones respectivas.
COMUNICACIONES
De los Congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo, relativas a sus funciones legislativas. De enterado.
APROBACIÓN DE REFORMAS POR CONGRESOS ESTATALES
Referentes a los artículos 106 y 107 fracción II, así como de los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución General de la República. Se turnan a comisión.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PENSIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Concerniente a la C. María T. Crespo viuda de Yáñez y del menor
Marcelo H. Yáñez. Se turna a comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Tres proyectos de decreto que permiten prestar servicios en Embajadas acreditadas en nuestro país, a la C. Leticia Curiel Riva Palacio, Manuel Valencia Vargas, María de Arce Delgadillo, María G. Gómez Grijalva y Rebeca Lomelí Morales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que autorizan a los CC. Constantino Martínez Feliciano, Martín F. Meza Sánchez y Lilian H. Slobotzky y Hofbauer, así como al C. Ramón Castro Ledesma para que puedan prestar servicios en la Embajada de E.U.A., en México. Sin discusión se aprueban. Pasan al Ejecutivo.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ELISEO MENDOZA BERRUETO
(Asistencia de 26 ciudadanos legisladores)
APERTURA
-EL C. presidente: (a las 12:10 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña:
"Comisión Permanente.
Primer receso de la LIII Legislatura.
Orden del día
4 de febrero de 1986.
Sesión solemne para conmemorar el CXXIX y LXIX aniversarios de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.
Termina la sesión solemne. Apertura de la sesión ordinaria.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que, para conmemorar el LXIX aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que tendrá lugar el próximo 5 de febrero.
Invitación del Ejecutivo Federal al acto que para conmemorar el LXIX aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 tendrá lugar el próximo 5 de febrero, en la ciudad de Querétaro.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo.
Los congresos de los estados de Aguascalientes Chiapas, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, comunican haber aprobado las reformas a los artículos 106 y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Querétaro y Tabasco, comunican haber aprobado las reformas y adiciones a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Con el que remite el dictamen de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de pensión de la C. María Teresa Crespo Viuda de Yáñez y el menor Marcelo Joaquín Yáñez.
Dictámenes de primera lectura.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Leticia Curiel Riva Palacio, para que pueda prestar
servicios en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México.
Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Manuel Valencia Vargas, Ma. Dolores Arce Delgadillo, Ma. Guadalupe Gómez Grijalva y Rebeca Lomelí Morales, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyectos de decreto por el que se concede permiso a los CC. Constantino Martínez Feliciano, Martín Fernando Meza Sánchez y Lilian Helene Slobotzky y Hofbauer, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Román Castro Ledesma, para que pueda prestar sus servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. secretario:
"Acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y seis. Presidencia del C. diputado Eliseo Mendoza Berrueto
En la ciudad de México, a las once horas y quince minutos del miércoles veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y seis, la presidencia declara la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de veinticuatro ciudadanos legisladores.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior verificada el día veintidós de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
El C. senador Angel Aceves Saucedo hace uso de la palabra para referirse a la caída de los precios internacionales del petróleo que a México, como país productor y exportador, afectará sensiblemente para el alcance de los objetivos y metas de la política económica y social del país, expresando, a nombre de sus compañeros priístas su apoyo razonado y comprometido a la política económica y social del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Para hacer una serie de reflexiones y comentarios sobre el tema, así como para hechos, aclaraciones y precisar conceptos, hacen uso de la palabra los CC. diputados Martín Tavira Urióstegui, Heberto Castillo Martínez, Roberto Calderón Tinoco, Jorge Alcocer Villanueva, Jesús González Schmal, senador Angel Aceves Saucedo, diputado Jorge Alcocer Villanueva, diputado Jesús González Schmal, senador Angel Aceves Saucedo, diputados Graco Ramírez Garrido Abreu, José Angel Pescador Osuna y Jorge Alcocer Villanueva, quien en razón a lo expresado en sus intervenciones, presenta y da lectura a la siguiente proposición:
La Comisión Permanente del Congreso acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información sobre la forma como el Gobierno Mexicano ha cumplido o cumplirá los compromisos adoptados con la Federación Internacional de Futbol, en el cuaderno de cargos para el mundial de futbol 1986, en su punto 3.4, transaciones bancarias y de divisas".
Solicita se considere de urgente y obvia resolución su propuesta. Previa lectura del artículo 58 del Reglamento, usa de la palabra en pro el C. diputado Martín Urióstegui. La asamblea, en votación económica, no considera de urgente y obvia resolución la proposición.
En votación económica, la asamblea admite a discusión la propuesta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, por conducto del C. senador América Villareal Guerra, informa sobre los trabajos que se han desarrollado hasta la fecha sobre el estudio de la contaminación ambiental y la revisión del grado de operatividad, en la práctica, de la Ley Federal de Protección al Ambiente.
Solicita que la presidencia reproduzca los documentos relativos y se entreguen como información a los integrantes de la Comisión Permanente.
La presidencia instruye a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, para que proceda a sacar las copias y a la distribución de los documentos en cuestión. Túrnese a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Ecología de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, el informe correspondiente para que continúen atentos a este asunto.
El C. senador Celso Humberto Delgado Ramírez aborda la tribuna para referirse a la tragedia del Challenger registrada el día de ayer, que ha consternado a la opinión pública mundial y en particular a la opinión pública nacional.
Hace comentarios al respecto y propone que la H. Directiva de esta Comisión Permanente envíe mensaje de condolencias al pueblo norteamericano, a través del Congreso de esa misma nación, en el que se expresen los sentimientos de pesar de los legisladores mexicanos, solicitando se considere el asunto de urgente y obvia resolución.
En los términos del artículo 58 del Reglamento y no habiendo oradores en pro ni en contra, la asamblea en votación económica aprueba y admite a discusión la proposición, la que en votación económica se aprueba.
El C. diputado Jesús González Schmal usa de la palabra para expresar que las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en la sesión de veintidós de enero actual, en que se resolvió la improcedibilidad del juicio político en contra del gobernador de San Luis Potosí, incurrieron en diversas violaciones al procedimiento y al fondo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en particular, a lo dispuesto por el artículo de la propia ley.
En virtud de lo anterior, solicita que se exhorte a las Comisiones Unidas, para revisar el caso y reponer el procedimiento obteniendo la votación nominal de los integrantes de las Comisiones.
También reitera la solicitud de juicio político presentada por el Partido Acción Nacional en contra del C. presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar, en relación a la destitución del juez administrativo licenciado Efraín Polo Bernal. En los términos del artículo 58 reglamentario, usan de la palabra, en pro, el C. diputado Jorge Alcocer Villanueva, en contra, el C. diputado Santiago Oñate Laborde, para hechos, el C. diputado Jesús González Schmal y para contestar alusiones personales el C. diputado Santiago Oñate Laborde.
En votación económica la asamblea no admite a discusión la proposición, y en consecuencia se da por desechada. Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Congreso del Estado de Jalisco suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el próximo primero de febrero, en la que el C. licenciado Enrique Alvarez del Castillo, gobernador constitucional de la entidad, dará lectura al Tercer Informe de su gestión administrativa.
Para asistir a dicha sesión en representación de la Comisión Permanente, la Presidencia designa a los CC. senador Gonzalo Salas Rodríguez y diputado Roberto Calderón Tinoco.
Invitación del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa que, con motivo del CLXXII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros, se llevará a efecto el día tres de febrero en el Hemiciclo a los Niños Héroes, del Bosque de Chapultepec.
La presidencia nombra en comisión para que, en representación de este cuerpo legislativo concurran a la ceremonia mencionada, a los CC. diputado Juan Moisés Calleja García, senador Hugo B. Margáin, senador Celso Humberto Delgado Ramírez y diputado Alfonso Reyes Medrano.
Los congresos de los estados de Aguascalientes, Campeche, Sinaloa y Tabasco, comunican actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.
Comunicación del C. diputado Antonio Brambila Meda, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, sobre la propuesta suscrita por el C. senador Américo Villareal Guerra, la cual hicieron suya todos los partidos políticos representados en la Comisión Permanente, relativa a los problemas de contaminación ambiental en la ciudad de México, señalando que el C. arquitecto Guillermo Carrillo Arena, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, entregó a esa Comisión un documento con catorce anexos sobre las propuestas de las distintas fracciones parlamentarias.
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión. La diputación federal del estado de Baja California, a través de la C. diputada Margarita Ortega Villa de Romo, invita al Foro Regional de Consulta Ciudadana sobre modificaciones a la Ley Monetaria, que tendrá lugar el próximo día tres de febrero. Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados.
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Leticia Curiel Riva Palacio, Manuel Valencia Vargas, María Dolores Arce Delgadillo, María Guadalupe Gómez Grijalva, Rebeca Lomelí Morales, Graciela Solís Chávez, Magdalena Garibay Hernández y Ramona Alicia González Domínguez, puedan prestar servicios como
empleados a gobiernos extranjeros. Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
La H. Cámara de Senadores remite el expediente que contiene minuta Proyecto de Decreto de reformas y adiciones a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
La H. Cámara de Senadores remite expediente con minuta Proyecto de Decreto, que reforma los artículos 106 y 107 fracción II, de la Constitución General de la República. Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
Dos dictámenes con sendos proyectos de decreto, emitidos por la Primera Comisión, que conceden permiso a los CC. Constantino Martínez Feliciano, Martín Fernando Meza Sánchez, Lilian Helene Slobotzky y Hofbauer y Román Castro Ledesma, para que puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Son de primera lectura.
De la Tercera Comisión, dictamen con proyecto de decreto que concede permiso al C. Mauricio Schleske Sánchez para aceptar y usar la condecoración de la Legión de Mérito que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América. Es de segunda lectura. A discusión el Proyecto de Decreto. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por diecinueve votos en pro, tres en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las quince horas y treinta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita a sesión solemne para conmemorar el CXXIX y LXIX aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, para el martes cuatro de febrero a las diez horas y al terminar, a sesión ordinaria de Comisión Permanente".
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
SUMINISTRO DE GAS DOMESTICO EN EL D.F.
La C. senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete: - Pido la palabra señor presidente.
El C. presidente: -¿Con qué objeto senadora?
La C. senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete: - Para hacer comentarios sobre un asunto de interés general.
El C. presidente: - Tiene usted la palabra senadora.
La C. senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete: - Señor presidente; compañeros legisladores: El tema que voy a tratar, es el del problemático suministro de gas a todos los usuarios y no quiero hacerlo desde un enfoque técnico, sino desde uno real y palpitante, que materialmente está trastornando el ritmo normal de nuestras actividades en todo el país, aunque nos parece que en mayor intensidad lo padecemos los habitantes de esta ciudad capital.
Como representantes y voceros de la opinión pública, venimos a manifestar a esta asamblea, que la especulación que se hace con la venta y distribución del gas natural, resulta siempre y sobre todo en esta época tan crítica, una actitud muy negativa y hasta pudiéramos denominarla criminal. Es por eso que condenamos la especulación que distribuidoras y compañías particulares hacen con el gas, que según Petróleos Mexicanos surte en condiciones normales. Y cuando éstas no se dieran, debe prevenir la fase de comercialización de este producto que es patrimonio nacional.
Quiero remarcar que existen una serie de irregularidades e inmoralidades que se cometen por parte de esas compañías distribuidoras o particulares, desde sus empleados de más alto nivel, al tolerar y propiciar la especulación, esperando el incremento del precio del gas. Y a sus empleados de bajo nivel, quienes propician el mercado negro del producto y esquilman a quienes como ellos, son trabajadores.
Desde esta tribuna exhortamos a Petróleos Mexicanos para que controlen debidamente a las compañías distribuidoras y particulares, exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones como son, entre otras la distribución correcta y al precio autorizado.
Ya que Petróleos Mexicanos ha sido severamente criticado, en el cumplimiento de esta tarea que es servir al pueblo de México, es necesario que deslinde responsabilidades y haga uso de los recursos legales a su alcance, para que esta situación se normalice y que deseamos no se repita. Y de manera enérgica, aplique las sanciones correspondientes a los concesionarios en sus contratos correspondientes. Asimismo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, deberá vigilar adecuadamente la normalización del suministro y el
precio correcto del gas natural y, desde luego, sancionar y en caso de que proceda cancelar las autorizaciones correspondientes a quienes violen las disposiciones relativas.
Nosotros los legisladores, nos solidarizamos con toda la población afectada y estaremos pendientes hasta lograr la total solución de este problema. Gracias
CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Diputado Jorge Alcocer Villanueva. - Señor presidente; señores legisladores: La semana pasada en esta misma Comisión Permanente, estuvimos discutiendo por algunas horas el problema de la caída en los precios del petróleo, su impacto sobre la economía nacional y las eventuales medidas que tomarían el Gobierno Mexicano para hacer frente a una situación que se presenta ya, hace una semana como particularmente crítica. Hoy ya no se avisora como crítica, es crítica. Se ha desplomado el precio del petróleo, estamos 4 dólares abajo del promedio y el país, como ya lo reconocen los secretarios, no tienen para pagar. Le faltan 2 mil 500 millones de dólares para cerrar su presupuesto de divisas
Yo recuerdo lo que dije aquí la semana pasada: Funcionarios de la Secretaría de Hacienda nos informaron a los diputados de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Programación y Presupuesto que todos los supuestos que contenía el presupuesto estaban articulados en torno a un límite mínimo en el precio de petróleo que era 22 dólares por barril. Eso ha quedado atrás, ha quedado destrozado por la baja en los precios del petróleo. Y el petróleo sigue bajando, es lo peor, sigue bajando y cada nueva reducción nos deja en peor situación. Y bueno, en esa situación, en la que ya estamos metidos, proliferan las declaraciones, parece que los secretarios de estado, no han terminado en ponerse de acuerdo por dónde va a transitar la política económica para hacer frente a la coyuntura crítica. El señor Cervantes dice que le da frío, bueno, está muy bien que le de frío, pero qué se va a hacer. Silva declara que ya no se puede seguir sacrificando y se niega a ir a la reunión de hoy en Nueva York. ¿Por qué no va a la reunión de Nueva York?. Pues hay una versión, cuando menos que nosotros tenemos, de que el país está solicitando una ampliación de crédito de los 4 mil 100 millones de dólares, programados originalmente a 2 mil 500 millones de dólares más. ¿Por qué?, porque ustedes saben que el Congreso le pone ahí al presidente el cheque en blanco para que endeude al país en todo lo que quiera. Y bueno, pues el problema está en que los banqueros no quieren soltar 2 mil 500 millones de dólares más. Y por eso, aclaro, es una versión, parece que el señor Silva Herzog no quiere ir a Nueva York, pues, hasta que los banqueros no se dispongan a negociar ampliación de los créditos.
Pero este puede ser el camino para sortear la situación, pedir 2 mil 500 millones de dólares adicionales. Eso es lo que va a hacer el gobierno o qué va hacer, porque ya han pasado varios días desde que se desplomó el precio del petróleo. En la Secretaría de Programación hablan unos de ajustes, otros de que ya no se puede ajustar; y lo que la gente se pregunta es: ¿qué va hacer el gobierno? ¿va a seguir recortando el gasto?, ¿se van a reducir las exportaciones? ¿se va a pedir más?. Lo de la moratoria y que podemos o no podemos pagar es "petate del muerto", o lo van hacer, porque ya el país necesita explicaciones, requiere claridad de sus gobernantes, respecto de cuál es el rumbo que se va a seguir para que los mexicanos sepamos a que atenernos y cómo actuar. Estas confusiones que propicia el silencio gubernamental, por un lado respecto a definiciones precisas y la proliferación de declaraciones, por otro, en el que finalmente nadie es responsable de lo que declara, pues sólo contribuyen a ennegrecer más el panorama.
Y bueno, uno esperaría que siquiera el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, pues tuviera la amabilidad de darle algo de información. Porque yo me imagino que a la mayoría de mis compañeros legisladores les pasa, la gente le pregunta a uno: "oiga qué va hacer el gobierno, qué van hacer ustedes", porque hay gente que todavía cree que nosotros podemos hacer algo. Pero, ¿qué vamos hacer como colectivo, como nación, qué va hacer el gobierno? nadie lo sabe. Y pasan los días y se sigue desplomando el precio del petróleo, y ayer, Gran Bretaña declara que cinco dólares lo aguantan, porque la señora Tatcher está dispuesta hasta donde haya que llegar. Y bueno,, ¿cuál es la perspectiva de nueva cuenta?. Tenemos demasiadas preguntas ya sobre esto, necesitamos que alguien nos las conteste, que alguien conteste con claridad para que la gente de este país sepa a que atenerse y cuál es el camino por dónde la va a conducir el gobierno y, pues, en última instancia, al menos tenga el derecho del pataleo, porque no se ve claro, señores.
Por eso nosotros queremos hacer una propuesta que quiero aclarar, como este supuesto supone que vengan aquí los secretarios de estado, no voy a invocar ningún artículo constitucional porque van a decir que no tenemos facultades. Lo que quiero proponer es que invitemos cordialmente a los secretarios de estado a que vengan y nos
expliquen lo que van hacer, para que entonces quien me vaya a venir a contestar, si es que hay alguien de la mayoría que no quiera, pues no me diga que la Comisión Permanente no tiene facultades para citar un secretario de estado porque eso corresponde a las Cámaras.
Entonces, la propuesta es un punto de acuerdo, que dice así:
CONSIDERANDO
1. Que la caída de los precios del petróleo ha alterado drásticamente las perspectivas económicas del país para el presente año.
2. Que tal alteración también los planes y programas contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986, aprobado por la Cámara de Diputados, la previsión de endeudamiento externo contemplado en ese mismo presupuesto, así como las previsiones de ingreso por exportación contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación para 1986.
3. Que diversos funcionarios públicos de alto nivel han venido expresando opiniones diversas sobre las consecuencias que en materia de política económica tendrá la caída de los precios del petróleo, y que ello atañe directamente al Congreso de la Unión, en tanto que fue éste el que aprobó la política fiscal para el año en curso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda:
Único. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, acepte cordial invitación para que en su representación los ciudadanos secretarios de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, concurran ante esta Comisión Permanente para explicar a esta representación nacional las medidas que el gobierno mexicano proyecta adoptar para hacer frente a la coyuntura actual, así como para responder las preguntas que al respecto deseen realizar los legisladores integrantes de la Comisión Permanente".
Creo que es tiempo de que el gobierno le explique a alguien lo que piensa hacer, a ver si se puede que nos lo explique aquí. Dejo la propuesta por escrito, en términos del Reglamento.
El C. presidente: -En trámite del artículo 58, pregunte la Secretaría si hay oradores registrados en pro o en contra.
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña - Por instrucciones de la presidencia y en términos del artículo 58, se pregunta a la Asamblea si algún orador quiere hacer uso de la palabra en pro o en contra.
El C. presidente: - No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a la asamblea si es de considerarse de obvia y urgente resolución.
El C. diputado Jorge Alcocer Villanueva: - Señor Presidente, pedirá que la propuesta se turne a una de las tres comisiones de la Comisión Permanente, con excitativa de la presidencia de que resuelva en el menor tiempo posible.
El C. presidente: - Pregunte la Secretaría si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña: - Por intrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se admite a trámite la proposición Presentada por el señor diputado Jorge Alcocer Villanueva. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Rechazado, señor presidente.
RESOLUCIÓN A DOS DENUNCIAS DEL PAN
EL C. presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Jesús González Schmal.
El C. diputado Jesús González Schmal: -Pues este rechazo nos dejó sorprendidos, a una petición tan razonable y tan procedente en la mínima lógica de las responsabilidades de los funcionarios públicos, para que con la información que deben al pueblo en materias tan delicadas como la suerte de la nación, frente a las contingencias en que se ha visto sujeta por la caída de los precios del petróleo. Pero también, a propósito de la Constitución, de la responsabilidad de los funcionarios públicos, y a partir de su texto, vengo a hacer una denuncia de hechos que no puede ser pasada por alto en ninguna fecha, mucho menos en ésta, en que recientemente hemos sido testigos de la abdicación que ha hecho esta Cámara, de su función jurisdiccional y con ello de la renuncia de su calidad de poder soberano en el concepto constitucional de la división de poderes. En ocasión de las dos denuncias que se han presentado por responsabilidades oficiales, la del gobernador de San Luis Potosí, Florencio Salazar Martínez y la del presidente de la H. Suprema Corte de Justicia, Jorge Iñárritu, han sido declaradas improcedentes por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, que "excediéndose en las facultades que le confiere la Constitución y torciendo el recto sentido del derecho, han consumado el agravio a las instituciones constitucionales". En el caso del gobernador de San Luis Potosí, el dictamen llega al extremo de reconocer los hechos punibles,
sangrientos y a identificar a sus actores materiales y, en una conclusión absurda , exonera de cualquier posibilidad de apertura del proceso político en el que pudiera resultar responsables el gobernador de San Luis Potosí, de acuerdo con las pruebas objetivas presentadas y contundentes, que de acuerdo también con la prueba de ley, con la Constitución Federal y Local del estado de San Luis Potosí, se pudieran inferir responsabilidades precisas y determinadas al gobernador del estado.
Pero por si fuera poco, en la denuncia segunda no sólo no se recurre a la alteración y tergiversación del derecho, sino que se llega al extremo vergonzoso de citar a una sesión a las Comisiones Unidas intencionalmente no se constituye en ella quórum necesario, se recogen fortuitamente los documentos del expediente que se habían circularizado entre los asistentes y se convoca a una nueva a dos días de distancia, y en esta nueva junta sorpresivamente, también se modifica el orden del día retractándose del procedimiento seguido del primer caso y aceptando como parte de la maniobra el procedimiento que inicialmente había propuesto el PAN, de desahogar en una sola sesión la procedibilidad del juicio, aunque desde luego cambiando sustancialmente lo que había pedido el PAN, en cuanto a que debería sujetarse a lo dispuesto del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades para entrar en esa sesión exclusivamente a las consideraciones de procedibilidad, verificándose la existencia del sujeto y del objeto y, de ahí, debería haberse turnado a las Comisiones Instructoras para el desahogo del proceso.
En cambio, en esta sesión, que más correctamente debería llamarse celada, se aprobó un dictamen de descargo a la responsabilidad del licenciado Iñárrita consagrándolo, por tanto, con la impunidad para el futuro en relación con sus actos de autoridad. Cuanto en el seno de la sesión de las Comisiones Unidas se cuestionó el por qué de la precipitación y premura que se quería dar al asunto, se nos contestó que, porque ya se había manoseado mucho en la prensa y en la opinión pública y que ello estaba afectando al buen nombre y prestigio del máximo tribunal de la República. He ahí el punto donde existe una diferencia de concepto fundamental. Cuando se habla y cuando a los presidentes de las Comisiones Unidas les molesta que en la opinión pública se ventile un punto de tanta trascendencia para la nación, es rechazable y, por lo tanto, hay que impedir que este proceso de participación cívica siga su curso. En tanto que en el mejor concepto democrático sería deseable y para cualquier pueblo saludable, el que estos casos se ventilaran en la opinión, tanto del público en general, como de los ciudadanos calificados para emitir una opinión y, por lo tanto, algunas aportaciones de solución fundadas en derecho. Tan estábamos en la razón, desde el punto de vista técnico de la procedibilidad del juicio político, que el día de hoy justamente, sin intimidarse por esa limitación que las Comisiones Unidas hacen a la posibilidad de la procedibilidad del juicio político, sin limitarse por ello, surgen hoy comentarios públicos en una inserción en un desplegado que firman el doctor Burgoa y que consigna las conclusiones a que llegaron los miembros del Instituto Mexicano del Amparo, en cuanto se reunieron el 21 de enero para, justamente estudiar los aspectos técnicos y las facultades de la Suprema Corte de Justicia, en relación con la destitución de un Juez Federal.
En este desplegado se dice, en el punto dos, la tesis que sostuvo por consenso general de los participantes en el citado acto, fue en el sentido de que, la Suprema Corte carece de competencia constitucional y legal para destituir a los jueces de distrito y a los magistrados de circuito, cuya inamovilidad garantiza el invocado artículo 97 de la Constitución de la República; esa tesis se funda, primordialmente, en el principio de que la competencia de toda autoridad del Estado debe ser expresa, según lo determina en relación a los órganos estables federales el artículo 124 constitucional y lo reitera la misma jurisprudencia del propio alto tribunal en cuanto a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite publicar en todos los apéndices del Semanario Judicial de la Federación. Sería absurdo, por tanto, que la misma Suprema Corte como órgano judicial federal, contradiciendo su propia jurisprudencia, pudiese hacer lo que la ley no le permite, sobre todo, tratándose de la competencia que es un presupuesto indispensable para la validez de los actos de todas las autoridades del país.
Esto confirma las consideraciones y argumentos de derecho emitidos en el seno de la Comisión y, en forma breve, suscinta, también ante esta soberanía en el sentido de que Acción Nacional mantuvo la tesis de que existe usurpación de funciones de parte del pleno de la Corte, tanto en tratándose de una falta, de un delito político de trastornar el funcionamiento normal de las instituciones, como por el extremo de que pudiera ser también una falta administrativa, en cuyo caso la competencia sería, según la tesis de Burgoa, según nuestra propia consideración, la Secretaría de la Contraloría y el órgano interno que no ha creado la propia Suprema Corte de Justicia en los términos del transitorio de la Ley de Responsabilidades y que era el único facultado para desahogar la instrucción del procedimiento y preservar así, de un agravio tan serio como el que hoy se ha inferido al principio de inamovilidad por parte de nada menos que del Presidente de la Suprema
Corte de Justicia y de los ministros que con él actuaron en esa transgresión. Por tanto, dejo el testimonio claro, en este momento en que estamos celebrando un aniversario de la Constitución de 1917, que si este órgano, de la Cámara de Diputados, no es el primero, el que compromete y seriamente se ciñe a los términos constitucionales, va a ser muy difícil que en el futuro exijamos a toda la patria este comportamiento legal y constitucional.
El C. presidente -Tiene la palabra el diputado Fernando Ortiz Arana.
El C. diputado Fernando Ortiz Arana: - Con su autorización señor presidente; compañeros legisladores: Ha traído nuevamente a esta tribuna el señor diputado Jesús González Schmal, el asunto relativo a la solicitud presentado por su partido respecto a dos juicios políticos que pretendieron que se entablara.
Respecto al primero de ellos, al que él hace una referencia de paso, el que resolvieron las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, respecto al gobernador de San Luis Potosí, solamente quiero apuntar y recordar que cada procedimiento es autónomo. En consecuencia, la Cámara de Diputados y sus comisiones, procedieron apegados a derecho y de acuerdo con las facultades que las leyes les confieren.
Vino a señalar, dando sus puntos particulares, que es a los que voy a referirme, al desahogo del preprocedimiento seguido en las Comisiones de Gobernación y de Justicia, respecto a la solicitud de juicio político que presentaron en contra del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante que es muy reciente el desahogo de este procedimiento, no vale la pena que hagamos memoria respecto a los hechos que él ha referido brevemente en esta tribuna.
Es cierto que en una reunión citada por las Comisiones de Gobernación y de Justicia, no se contó con el quórum suficiente para que ésta sesionara legalmente. Pero también es cierto y hay que aceptarlo, que los propios presidentes de las comisiones solicitaron al Partido Acción Nacional, que se ampliara el término de espera, con objeto de que se procurara contar con el quórum suficiente para sesionar. Esto por sí sólo, demuestra que existía la voluntad manifiesta de la mayoría parlamentaria para que lleváramos a cabo, en ese día, que se habían citado las comisiones la reunión a la que exprofeso se había convocado.
No puede, en consecuencia, afirmarse válidamente que se trataba de una dilatoria el hecho de que no se contara con el quórum suficiente para la reunión de comisiones. A mayor abundamiento ese mismo día se permitió que quienes asistimos a las comisiones tuviéramos a la vista y pudiéramos dar lectura al acuerdo del pleno de la corte, referido al asunto de la destitución del juez Efraín Polo Bernal.
En virtud de que después de una espera de cerca de dos horas y no contarse con el quórum necesario para sesionar, se decidió que no era factible, desde el punto de vista reglamentario, llevar a cabo la reunión de Comisiones. Y en ese entendido se solicitó a los diputados de todos los partidos presentes, regresáramos los documentos que constituían la prueba ofrecida por Acción Nacional y que las Comisiones habían solicitado formalmente a la corte para obsequiar la solicitud planteada en la denuncia por el Partido Acción Nacional.
Hay que también hacer notar, que hubo ausencia de diputados, también de los partidos de oposición para que pudieran sesionar las Comisiones Unidas. No solamente de los miembros de la Fracción Parlamentaria, sino también hubo ausencias considerables de los diputados de los partidos de oposición.
Por otro lado, en esa misma sesión, no fue factible, como es entendible, que se autorizara orden del día alguna. Nos limitamos, simplemente, a esperar si el quórum establecido por la Ley se cumplía y poder iniciar la sesión, teniendo como punto primero, como es lógico, poner a disposición y a consideración de los miembros de las Comisiones la Orden del Día. En consecuencia, no hubo orden del día que pudiera sujetarse la reunión, porque no fue factible iniciar la misma.
Se cita posteriormente a reunión de Comisiones Unidas para conocer de la denuncia presentada por Acción Nacional. En esta segunda reunión, en la que hubo el quórum suficiente, la presidencia de la Comisión de Justicia pone a consideración de los diputados, miembros de las Comisiones ahí presentes una orden del día. Es cierto, esa Orden del Día no consideraba la posibilidad de que se formara un grupo de trabajo. Sin embargo, durante la discusión previa a la orden del día, hubo proposiciones en tal sentido y se incluyó un punto en la Orden del Día para que en su oportunidad fuera sometido a discusión y a votación, lo que ocurrió posteriormente. Se votó por los miembros de la Comisión considerando innecesario para ese asunto la integración de un grupo de trabajo, y digo para ese asunto porque también se señaló con claridad que lo habría de discutirse en las Comisiones Unidas se limitaba a lo señalado como sustantivo en la denuncia de Acción Nacional.
Acción Nacional no objetaba en sí el procedimiento que ahora se viene a mencionar que si correspondería a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y si no se había desahogado adecuadamente. Acción Nacional fundamentó su denuncia en considerar que el Presidente de la Corte violaba la Constitución al haber dado turno a la documentación recibida por el Seguro Social al pleno de la Cámara.
En este hecho, Acción Nacional hacía consistir las violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como consecuencia, a la solicitud e instauración de juicio político.
Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia se expresaron varios diputados en el sentido de que el caso que estábamos tratando, difería en cuanto a los hechos notoriamente del que habíamos tratado respecto a San Luis Potosí; que por ser la discusión un punto normativo respecto a si el turno dado por el Presidente de la Corte se ajustaba o no a la Constitución, por tratarse solamente de este hecho, no era indispensable proceder a integrar un grupo político que analizara una serie de hechos, como ocurrió con San Luis Potosí y que valorara los hechos con una serie de pruebas presentadas.
Quiero también referirme a lo que ha apuntado el señor diputado González Schmal, para que veamos si se es consecuente en las posiciones que se adoptan desde el punto de vista jurídico. Cuando se presentó inicialmente la denuncia en el caso de San Luis Potosí, Acción Nacional - y ya lo señalo aquí el diputado González Schmal- se pronunciaba abiertamente por considerar innecesaria la formación de un grupo de trabajo. Se decía en el seno de las Comisiones: hay que entrar de inmediato a la materia que estamos planteando en el juicio político y hay que resolverla aquí desde luego. En esa ocasión, en virtud de haberse acompañado diferentes pruebas, una de ellas dos documentales fílmicos que hubo necesidad de que apreciáramos con el visto bueno de Acción Nacional, todos los miembros de las comisiones, se consideró prudente que se integrara el grupo de trabajo y presentara posteriormente un proyecto de dictamen.
En esa ocasión Acción Nacional señalaba, en principio, que no era indispensable ninguna valoración por mínima que fuera, de los hechos. Que bastaba, a criterio de ellos, respecto al artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades, que viéramos si la correspondencia era literal en la conducta que ellos atribuían al denunciante, a quien denunciaban con el texto de la Constitución y que siendo ésto así, era suficiente para que pasáramos el juicio político y se iniciara la sección instructora de gran jurado. Sin embargo, en la sesión posterior en el caso de San Luis Potosí, Acción Nacional insistió incluso en afirmar que al producirse el dictamen se había violado el principio de regulación de la prueba.
Diputados de Acción Nacional, insistieron en que debían de haberse considerado más profundamente las pruebas que ellos habían aportado. Esto, en franca contradicción con la afirmación inicial, de que era innecesario cualquier elemento probatorio y que bastaba simplemente la correspondencia literal para que se decidieran las Comisiones Unidas.
En el caso del Presidente de la Corte, se ofrece una prueba documental, consistente en el acuerdo emitido por el pleno de la Corte. Las Comisiones admiten la prueba ofrecida y tramitan su obtención. Se recibe el documento.
Posteriormente, en el desarrollo de la reunión en la que se dictaminó sobre este asunto, Acción Nacional presenta dos pruebas documentales más y solicita que una testimonial, que ofrece en ese momento, le sea aceptada y se determine su desahogo posterior. Varios compañeros diputados, intervienen haciendo notar que las dos pruebas documentales no tenían ninguna relación con los hechos que estaban cuestionándose y, por supuesto, lo mismo ocurría con la prueba testimonial, que ni siquiera se relacionaba con ninguno de los hechos, y que era totalmente irrelevante para la cuestión que tenía que resolverse en el fondo del asunto.
Desechadas las pruebas por votación mayoritaria de los miembros de las Comisiones, se continúa la sesión, y se pone a consideración de los miembros de las Comisiones Unidas, un proyecto de dictamen. Pero antes de esto, tenemos también que señalar que Acción Nacional, en virtud de no haberse integrado el grupo de trabajo, anuncia su retirada de la sesión, no sin antes solicitar y dejar en la presidencia un voto particular, oponiéndose a un dictamen que en ese momento ni siquiera se había conocido. Estos son los hechos, y a ellos quiero referirme. Las cuestiones de orden jurídico que ahí fueron planteadas por Acción Nacional, diferían notoriamente del contenido de la denuncia presentada. Ahí se discutía más bien el procedimiento que nunca había sido objetado en el documento planteado por Acción Nacional. Tanto más, que el diputado, compañero nuestro y reconocido jurista, Juan Moisés Calleja, en una intervención muy afortunada señalo que discutir un procedimiento implicaría para las Comisiones, y para la Cámara y para el Congreso convertirse prácticamente en un tribunal de
apelación o tribunal de alzada que por supuesto no es el papel que le corresponde.
Es muy seria la imputación que se hace de que las Comisiones se excedieron. Las Comisiones actuaron apegadas a las disposiciones legales que norman y regulan funcionamiento. Es muy delicado que se afirme que por el hecho de que una denuncia presentada por un partido político, o ajustada a derecho y resuelta en estos términos por no estar ajustada a derecho, se diga que se viola gravemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Jesús González Schmal, dio lectura a un documento llevado a cabo en alguna reunión. A ello no habremos de referirnos. Se refiere al procedimiento que es una cosa diferente a lo que fue el soporte jurídico planteado en la denuncia por los miembros del Partido Acción Nacional.
Yo quiero decirles finalmente, compañeros legisladores, que las comisiones, y quienes en ellas participamos, nos ajustamos en este caso, como fue el caso de San Luis Potosí, a un análisis objetivo y honesto de los hechos narrados, y si en este segundo caso no era indispensable la formación de grupo de trabajo, se debía esencialmente a que solamente en un punto de orden estrictamente normativo era materia de la discusión para determinar en el preprocedimiento si se consideraba o no la posibilidad de que se iniciara el juicio político.
Yo quería hacer estas declaraciones ante ustedes por haber participado en todas las reuniones que han llevado a cabo las Comisiones como miembro que soy de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y para que no queden hechos en el aire que no correspondan a la realidad de lo ocurrido ni menos aún que se impute a las comisiones o algunos miembros de ellas deliberadamente acciones que nunca estuvieron en la mente de ninguno de nosotros. Gracias.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal.
El C. diputado Jesús González Schmal: - Creo que debemos precisar, para conocer la verdad, cómo es posible que ahora se sostenga que la Comisión de Trabajo Especial, para elaborar un preproyecto de dictamen, no fuera necesario, si cuando se desahogó el primer asunto, el de gobernador de San Luis Potosí, se sostuvo, contra lógica, que era un elemento indispensable y que sería una práctica a seguir en el futuro.
Pero por si fuera poco, este mismo criterio se reitera en la primera convocatoria que se hace a las Comisiones Unidas.
Después, respectivamente, se llega a la conclusión de que no es necesario, pero en el transcurso del tiempo intervienen muchas razones; primero, es una decisión que se abroga, que toman los miembros o los presidentes de las Comisiones, que no se consulta con los miembros de las Comisiones y que se lleva un Orden del Día preparada con la garantía de su aprobación por la mayoría oficial en la composición de estas Comisiones. Y se incurre en la misma contradicción y se incurre en el mismo sentido antijurídico en este aspecto, como también lo revela el hecho de que también en esta segunda sesión de las Comisiones Unidas se solicita el voto nominal de los componentes de las Comisiones, cuando aquí rechazaba una solicitud del PAN para reponer el procedimiento en el caso del gobernador de San Luis Potosí, precisamente porque había adolecido del vicio de no haber sido obtenida la aprobación del dictamen mediante el voto nominal. Resulta que ahora sí se nos da la razón, tanto en el procedimiento que originalmente solicitamos para el caso de San Luis Potosí, como incluso, en la forma de obtener la votación para la aprobación formal del dictamen.
Esto, realmente, por más que se quiera tratar de defender, no contiene por ningún concepto una razón fundada, una razón comprobada del por qué se llevaron acabo esos sorpresivos cambios, pero independientemente de esto, está el fondo del asunto; es decir, aquí se ha exonerado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de cualquier responsabilidad, porque se dice que la Corte tenía competencia para remover a un juez de Distrito, este desplegado al que tan despectivamente, el compañero y diputado Fernando Ortiz Arana se refirió.
El C. diputado Fernando Ortiz Arana: -Objeta el término "despectivo".
El C. diputado Jesús González Schmal: -Pues no quiso hacer referencia a los elementos técnicos jurídicos que aquí se desarrollaron con acierto y que llegan a la conclusión - y retiro lo de despectivo- me refiero, no le dio importancia que tenía este documento y aquí se llega a la conclusión, dice "como corolario lógico de lo anteriormente expuesto, se concluye que el acto destitutorio del juez Efraín Polo Bernal, violó la Constitución de la República a través de las siguientes infracciones:
1. A la garantía de legalidad instituida en sus artículos 14 y 16 por no haber aplicado su artículo 101, sin tener facultades constitucionales ni legales la Suprema Corte para decretar la destitución o pérdida del cargo.
2. A la misma garantía y a la competencia constitucional consagrada en el señalado artículo 16, por haber usurpado las facultades destitutorias que legalmente tiene la referida Secretaría, en este caso sostiene el criterio de que es la Secretaría de la Contraloría la facultada.
3. Al artículo 14 de la misma Constitución, por no haberse observado el procedimiento defensivo y probatorio, que regula el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades.
4. Al artículo 124 constitucional por haber asumido el mencionado alto tribunal una facultad que la Ley Fundamental del país no le confiere, y
5. Al artículo 103 de la Constitución por no haber respetado las disposiciones procedimentales y competenciales de la referida ley como reglamentariamente de tal precepto.
Y yo le pregunto a las Comisiones: ¿Es o no objeto de juicio político, la transgresión, la violación a la Constitución, como lo señala clarísimamente el artículo 7o. de la Ley de Responsabilidades y el mismo título IV de nuestra Carta Magna?
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Moisés Calleja.
El C. diputado Juan Moisés Calleja Garcia: - Señor presidente; honorable asamblea: Le pido a usted permiso para dejar la Secretaría transitoriamente con el objeto de venir a - tribuna y agradeciendo la amabilidad de su parte, vengo ante la comparecencia de los que integran esta asamblea, a expresar mi pensamiento en relación con el problema planteado por el diputado González Schmal.
Antes que otra cosa exprese, doy las gracias de manera sobresaliente al diputado Fernando Ortiz Arana, porque con una claridad que siempre le distingue, ha hecho una relación de los hechos relativos a los casos San Luis Potosí y, particularmente, en relación con la acusación contra el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en verdad lo correcto y lo indicado era dejar de hacer cualquier comentario al respecto.
Siento y entiendo que, dentro de la conciencia general, perfectamente se han compenetrado de cómo ocurrieron los acontecimientos, la razón y el apego al derecho por parte de las Comisiones. Pero seguramente también inspirado por las magníficas palabras del senador Hugo Margáin, cuando habló de la Constitución y señaló las bondades de la misma, que todos reconocemos, también de mi parte considero y estimo que dentro de todos esos aspectos positivos que tiene nuestro texto fundamental, indiscutiblemente existe un principio que es señero y derrotero en las relaciones colectivas, que es el respeto al derecho: el principio de legalidad. Y dentro de eso me inspiro para considerar, con la atención y el respeto que me merece el diputado González Schmal, que en verdad su intervención en esta tribuna, no es más que una simple determinación de resonancia, porque en modo alguno se compagina y creo que él esté compenetrado de lo mismo, de la legalidad de un procedimiento llevado hasta el extremo, para llegar a una resolución que se ajusta perfectamente a los cánones de la legislación vigente.
Yo diría en unas cuantas palabras, para justificar la aseveración de que estamos propiamente en un caso que se busca solamente la resonancia, de que el caso relacionado con la Suprema Corte de Justicia, como ocurrió también con el caso de San Luis Potosí, representan desde la conciencia de todos, y muy particularmente que tiene sobresalientemente la de abogado de jurista, que éstos dos casos analizados debidamente, ajustado a los caminos de la Ley, marcando los pasos de los procedimientos indicados, han sido perfectamente resueltos.
En consecuencia, si estamos convencidos de que en estos dos casos el órgano competente ha dictado la resolución que corresponde, considero que en modo alguno corresponde a esta Comisión Permanente y menos a esta tribuna, tratar de revivir estos casos como si no hubieran sido tocados. Por eso insisto y afirmo que propiamente en esto se trata de una tribuna de resonancia. Posiblemente en las comisiones, dentro de cuatro paredes que estuvieron reunidos todos los representantes de los partidos, integrando las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Gobernación, en la que se analizó con profundidad en que los acusadores denunciantes estuvieron presentes, que hicieron uso de la palabra tantas veces lo desearon y lo quisieron, que aún más, se estuvo considerando probanzas que no fueron ofrecidas, el resultado es que este órgano constituido por las Comisiones, sujeto a la ley y sin perderse en modo alguno violación procesal, finalmente dictó una resolución. De tal manera que yo diría que por respeto a las instituciones existentes, de acuerdo con la ley, a las instituciones a las que nosotros, esta Comisión turnamos como corresponden en confianza una resolución, deberíamos desechar cualquier otro comentario que se haga al respecto, porque sencillamente es perderle el respeto y la autoridad que, de acuerdo con la Ley, corresponde en esas comisiones y cada vez a nuestro gusto, a nuestro criterio, a nuestro desahogo tomemos esta tribuna para hacer comentarios que ya no corresponden.
Yo solamente diría como un agregado a las palabras del compañero diputado Fernando Ortiz Arana: para mi, el problema relacionado con la presidencia de la Corte, fue simple en todos sus aspectos. Lo menciono no por ser contradictorio con lo que estoy manifestando, se acusa al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y todo mundo estuvimos conscientes y el mismo denunciante lo hace así en su escrito que el acuerdo dictado en relación con el Juez que no cumplió con su deber, fue dictado por el pleno de la Suprema Corte, de tal manera que el Presidente de la Corte no tenía ninguna responsabilidad, de tal manera que sin entrar al fondo del problema válidamente pudo haberse resuelto. Sin embargo, la Comisión le dio entrada, analizó los cargos hechos en relación con el presidente, y finalmente, dictó su resolución.
Por esa razón y por lo anteriormente señalado, por respeto a esta Comisión Permanente, yo pediría a la presidencia que ponga a consideración, que habiendo sido resuelto este asunto, no cabe que se siga comentando en este lugar. Muchas gracias.
El C. diputado Jesús González Schmal: - Para hechos.
El C. presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado Jesús González Schmal, para hechos
El C. diputado Jesús González Schmal: - Precisamente por respeto a esta Comisión Permanente, señor diputado, tenemos que ventilar estos asuntos porque son de trascendencia y de importancia nacional. Qué más quisiera usted, porque repetidamente nos ha dicho, que usamos esta tribuna para resonancia nacional y qué más quisiera, es cierto, porque definitivamente creemos que estos asuntos de trascendencia nacional deben ventilarse en la opinión pública, deben conocerse por el pueblo de México; qué más diera usted porque guardáramos silencio frente a estas afrentas al derecho, frente a estas convivencias del Poder Legislativo ante el Poder Judicial.
Venimos a señalar la responsabilidad del Presidente de la Corte porque le dio turno al asunto sin excluir de ello la responsabilidad de los ministros que sabiendo de ello también concurrieron a la consumación del ilícito.
Tenemos que decir, como lo consagra el artículo 108 de la Constitución, que el Presidente de la Corte y los ministros de la Corte serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones y serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las Leyes Federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En este caso se agravió el principio de inamovilidad, en este caso se están tergiversando procedimientos perfectamente establecidos en las Leyes Federales y en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y en la Constitución de la República.
Reiteramos que es saludable para la democracia, que es saludable para un pueblo conocer de éstos aspectos, que los ciudadanos calificados para ello emitan su opinión en los órganos de información y que los diputados entendamos que es nuestra función y nuestro deber vibrar y representar las aspiraciones nacionales de la vigencia del derecho por encima de cualquier intento de acallar nuestras voces, de someternos al servilismo y a la incondicionalidad del sistema. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Santiago Oñate Laborde, para hechos.
El C. diputado Santiago Oñate Laborde: - Señores legisladores; señor presidente, con su venia. Hoy de nueva cuenta el diputado Jesús González Schmal han hecho uso de esta tribuna para traer al seno de la Comisión Permanente asuntos internos al funcionamiento de las Comisiones.
Acaba de decirnos que lo hace por respeto a la Comisión Permanente, que lo hace considerando la trascendencia nacional de hechos que tiene, y yo celebro que lo haga porque efectivamente, en este momento, tiene trascendencia nacional el que el pueblo de México conozca la verdad sobre las denuncias de acusaciones que Acción Nacional ha venido haciendo de nuestras instituciones, muy en particular, de los hechos en contra del señor Presidente de la Corte. La vehemencia de las palabras con que aquí fue denunciado el señor presidente de nuestro más alto tribunal, la vehemencia de sus intervenciones posteriores, sólo encuentran parangón en la falta de solidez y seriedad de sus argumentos jurídicos. Es bueno que el pueblo de México lo sepa, es bueno que el pueblo de México se entere de que hay quienes alegando un respeto a las formas constitucionales, tan sólo pretender subvertir su sentido y pretenden caer en un gran abuso de las formas e instituciones de control democrático en un afán de demostrar y de desprestigiar y no como se pretende hacer creer, de buscar una efectiva vigencia de la Constitución, es el artículo 101 y apelo a lo que decía usted al final de su intervención en la sesión solemne, cumplamos ya con las normas, se cumplió con el 101 Constitucional, pero hay un motivo de
indignación que aparece en forma ya tardía. El señor diputado Jesús González Schmal cuestionaba también aquí, el que las Comisiones hubiesen actuado con premura, en una celada, afirma él, al resolver en una sesión celebrada el viernes, sobre las pruebas y sobre el fondo del asunto. No hay dilación cuando se aprecia que los hechos materia de esta discusión, sucedieron en el mes de noviembre, que no fue sino hasta enero cuando Acción Nacional tomó la bandera de acusar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no hay un lapsus en lo que acabo de decir, no tomó la bandera de defender la dignidad del Poder Judicial, tomó la bandera de atacar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Quiero que eso quede claro.
Cuando se actuó durante la segunda semana de enero, se estuvo a lo largo de dos semanas ventilando por parte del Congreso, por parte de su Cámara de Diputados, y de las Comisiones correspondientes, el asunto de referencia. No me parece que haya premura en un trabajo conducido en dos semanas pero sí infiero que así como él acusa de que había una intención en no tener el quórum, intención no probada, por cierto, había también una intención en dilatar todo lo más posible la solución de este asunto cuando en la sesión del viernes pasado se presentan pruebas que fueron calificadas por el pleno de las Comisiones como notoriamente irrelevantes.
Acción Nacional quería entonces que se aportaran documentos en donde se probase que el señor juez IV de Distrito, que lo fue, Efraín Polo Bernal, había sido nombrado juez y había sido ratificado a los cuatro años. Hechos que en forma y en modo alguno, han sido cuestionados por nadie. ¿Por qué estas pruebas?, ¿por qué este nuevo impacto?, ¿por qué este nuevo tiempo? A mayor abundamiento, estando acusado el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, se solicitaba una testimonial del infractor del artículo 101, a quien se quería darle acceso ante las Comisiones para que explicase, en detalle, qué era lo que había ocurrido, con lo cual aparecía muy claramente un propósito de desvirtuar la naturaleza de un juicio político que pretendían instaurar los señores de Acción Nacional para convertir a la Cámara de Diputados en un órgano, como lo dijo Juan Moisés Calleja, en un órgano de apelación que revisase el procedimiento.
Así como el senador Hugo B. Margáin hubo de recordarles a Inocencio II hace un rato, creo que sería bueno recordarles también ahora las decretales de Graciano. Hay quienes siguen funcionando con el antiguo ordeum judicorum y quieren que toda instancia se convierta en un juicio ex - novo, en el cual vuelvan nuevamente a ventilarse la totalidad de las pruebas, pueda escucharse la totalidad de los testigos. Con eso desde el siglo XVI terminamos los países civilizados.
El C. diputado Jesús González Schmal: -¿Me permite una interpelación?
El C. diputado Santiago Oñate Laborde: -Sí señor, si el presidente tiene a bien, porque es él quien las concede.
El C. presidente: - Adelante, señor diputado.
El C. diputado Jesús González Schmal: -Durante estas dos semanas que usted habla, que conoció las Comisiones Unidas, ¿cuántas sesiones hubo plenarias en donde los miembros de la Comisión tuvimos acceso a los documentos?
El C. diputado Santiago Oñate Laborde: -Sesión formal de omisiones no hubo una sola, hubo la sesión del viernes. Al referirme que hubo un conocimiento de los hechos, es a que los medios de comunicación, a que la opinión pública nos mantuvo enterados de cuáles eran las vertientes, cuáles eran las aristas y cuáles eran los elementos del asunto.
Pero vuelvo al punto: también aquí se habló de esquizofrenia refiriéndose a nuestro gobierno, y se decía que una es la cosa en lo interior y una en lo exterior. A mí me parece que resulta mejor ejemplo de esquizofrenia aquellos que han venido a esta tribuna a invocar las cartas y pactos de Naciones Unidas que evidentemente forman parte de nuestro sistema jurídico, pero al mismo tiempo consideran culpable a una persona por el sólo hecho de haberla acusado. Esta práctica, señor, también la destierra nuestra Constitución de 1857, y lo reafirma aún más el artículo 20 vigente, pero hay todavía algunos que por el sólo hecho de haber presentado una denuncia, independientemente de los elementos probatorios de su eficacia, lo consideran ya culpable, y es por eso que uso el término esquizofrenia porque han dicho que la resolución de las Comisiones se exoneró de responsabilidad.
¿Qué quiere decir exonerar de responsabilidad? Quiere decir privarla a quien la tenía o es por el contrario una declaración en la que se asienta que la denuncia es improcedente por no reunir los requisitos que la Constitución, ésa que se pide que se cumpla, establece para el caso concreto. No me parece, en consecuencia, que se haya procedido en este caso con esa seriedad y con ese respeto que se afirma se tiene a la tribuna de la Comisión Permanente. Larga ha sido la discusión en torno a si se creó o no se creó un grupo de trabajo, si se dio o no razón a lo que una sesión
había pedido el PAN; primera consideración en las reuniones de Comisiones ni se da ni se quita razón, se forma voluntad por el consenso de los ahí presentes.
Lamento que se ría, señor diputado, porque ese es el funcionamiento parlamentario; su risa nos indica su desprecio a esta forma de trabajo parlamentario, como lo es también la flexibilidad, la flexibilidad cuando la norma no establece o no señala una forma concreta y determinada de proceder, ésa es característica del trabajo parlamentario.
Concluyo, señor; se afirma también que la votación en un caso fue una votación económica y en otro nominal. Ya en sesión anterior argumentamos aquí en pro del artículo 148, la votación realizada en ausencia de los señores de Acción Nacional quienes abandonaron la reunión de Comisiones antes de pasar a discutir el fondo y una vez que conocieron la resolución sobre las pruebas por ellos ofrecidas y por la Comisión rechazadas, pruebas del todo irrelevantes, fue en esta ocasión una votación nominal porque así lo solicitó y así lo prevé el Reglamento. En consecuencia, no creo que podamos hablar de esa convivencia del legislador, frase que me parece sumamente grave, ni tampoco que podamos hablar de que sea sistemáticamente violado el principio de legalidad. Quizá lo que hay aquí es una falta de interés en entender la legalidad constitucional vigente. Gracias.
El C. presidente: - El diputado Jesús González Schmal pide la palabra para hechos, por tanto tiene la palabra.
El C. diputado Jesús González Schmal: -Quiero referirme justamente a esta práctica parlamentaria objetiva y tan elogiosa a la que se refiere el diputado Santiago Oñate.
Aquí hace unos minutos, se dio una muestra incuestionable de lo que es la práctica legislativa, como ocurrió en las Comisiones Unidas ante una proposición razonable del diputado Jorge Alcocer de conocer, en cumplimiento de nuestra función y nuestra obligación como diputado, el estado que guarda el problema financiero de México, el problema económico, se rechazó por esa abierta, por esa democrática parlamentaria.
Quiero dejar constancia de estos hechos para que ustedes a su vez lo trasladen a lo que pasó en el seno de las Comisiones Unidas. Muchas gracias.
PETRÓLEO Y DEUDA EXTERNA
El C. presidente: - Para otro asunto tiene la palabra el diputado Heberto Castillo.
El C. diputado Heberto Castillo: -Compañeros legisladores: Me trae a esta tribuna la preocupación creciente por la situación que priva en el mercado internacional del petróleo y por la situación que padece México con motivo de su enorme deuda externa.
Las últimas declaraciones de los funcionarios de gobierno también mueven a preocupación porque revelan hechos que habíamos estado señalando desde hace muchos años, nueve años y tres, con referencia al problema del endeudamiento de nuestro país. Ha habido declaraciones al menos que recuerde de tres secretarios de estado, que son una señal que debiéramos nosotros captar para reflexionar y para proponer alternativas desde este Congreso, desde esta Comisión Permanente.
En primer lugar el Secretario de Comercio expresó: que no sabía qué hacer si los precios del petróleo siguen bajando y que, ya se recordó aquí, pues le daba frío esta situación. Hablaba él de una pérdida según la prensa, de 7 mil millones de dólares con motivo de la baja anunciada por el Gobierno de México, de cuatro dólares el barril de nuestro petróleo. Y esos siete mil millones de dólares yo no entiendo de dónde salen porque estamos exportando 550 millones de barriles en números redondos, que multiplicados por cuatro dólares, dan 2 mil 200 millones de dólares nada más. A mí me da escalofrío pensar siquiera, que se esté ocurriendo aumentar la producción de petróleo a niveles tales que perdiéramos 7 mil millones de dólares. Espero que sólo sea una falta del sentido aritmético del Secretario de Comercio, debido al frío que le causó la noticia.
Pero también el Secretario de Hacienda ha hecho declaraciones referentes al problema que enfrenta el país, con una disminución en el precio del petróleo de este rango. Porque si sumados a los dos dólares que se han perdido antes o que en los últimos meses o con respecto a 85, sí tendríamos faltante de divisas por el orden de 3 mil 100, 3 mil 200 millones de dólares. Y el Secretario de Hacienda había expresado ya, que el Gobierno de México no podía seguir una política de sacrificios de los intereses de las mayorías, para atender los problemas de la deuda, cosa que pensamos es racional, es correcta. Pero al mismo tiempo, ya se habla de un crédito puente para que podamos salir del atolladero. Si se está pensando en que vamos nosotros a reemplazar las divisas que perdemos por la venta de petróleo, con nuevos créditos, tendríamos que considerar que ya como señalaba el compañero diputado Jorge Alcocer, el Ejecutivo hará uso de esta carta blanca que se le extendió para contratar nuevos créditos. Pero estos créditos van a hacer que la situación del país se vuelva cada día más dramática, porque
implicaría que a los 4 mil 100 millones de dólares autorizados se tendrían que sumar 3 mil 200 más, o sea 7 mil 300, 7 mil 500 millones de dólares de nuevos préstamos, cuando la realidad muy concreta es algo que ya señalaba también el Secretario de Energía y Minas. El expresaba que la baja en el precio del crudo estaba trayendo ya a colación el problema de la incosteabilidad de producir petróleo, que también nosotros habíamos dicho ya desde esta tribuna.
Entonces, puede llegar el momento, está llegando a que el costo de producción del petróleo de México esté por debajo del precio que rige en el mercado internacional. ¿Qué vamos a hacer entonces? La más elemental lógica indicaría que habría que dejar de exportar petróleo, pero desgraciadamente la relación comercial aquí no es tan simple, no basta con dejar de producir el petróleo para que ya no tengamos problemas, porque hay un argumento que se está manejando, según ha trascendido en el gabinete económico, y es que aun cuando el precio del petróleo sea inferior al costo de producción, como nosotros al producir petróleo pagamos salarios, pagamos equipo, pagamos equipo nacional por supuesto, pagamos asesorías, pagamos contratistas en pesos mexicanos y sólo una parte pequeña, tal vez la tercera parte se tiene que cubrir en dólares para importar bienes de capital, entonces seguiría siendo conveniente para México vender petróleo por debajo de su costo de producción para obtener divisas. Esto sería sumamente grave. Yo he estado teniendo charlas, pues, extraoficiales, con trabajadores petroleros, con técnicos petroleros y tenemos a la mano los costos de producción; esto es, los conocemos y podemos afirmar que no son inferiores a los 18 dólares si se toma en cuenta el costo financiero. Es muy importante y ya lo señalaba el Secretario de Energía y Minas el costo de exploración, porque esa baja en el precio de petróleo está haciendo que sean menos redituables las otras energías. Esto es, que se abandone, que se deje de lado el uso de energías como la del sol, como la eólica, como la geotérmica y como la hidroelectricidad. Está haciendo que se olvide, por ejemplo, que los países del Tercer Mundo, como lo demostró un estudio que hizo el fallecido ingeniero Bernardo Quintana cuando entró a la academia de Ingeniería, el 5% solamente de la energía primaria del mundo subdesarrollado se ha aprovechado con hidroelectricidad, o sea que hay un 95% desperdiciado. Países como Ecuador que tienen en su seno nacimientos de ríos como el Amazonas, están quemando el petróleo, incluso pensando en comprar paquetes de producción de energía nuclear, cuando no han aprovechado su energía hidroeléctrica.
Bien, esta baja del petróleo, del precio del petróleo está produciendo ya un desaliento en la exploración de nuevos pozos; claro, México puede ahorrar y puede abatir su costo de producción simplemente disminuyendo sus gastos de exploración, pero manteniendo el ritmo que ha sostenido en los últimos años, ese costo es de ese orden. Creo que llegar a estos límites es avanzar en una trágica, yo diría, carrera por hacer de México un país dependiente de Estados Unidos y Alemania, de Japón, de los países desarrollados. Entonces, algunos legisladores al hablar yo del precio de los 18 dólares pues mueven la cabeza, no, pero nadie, ninguno de ustedes me podría demostrar que el precio del petróleo es otro porque no lo conoce. Por ello cuando leía la proposición del compañero Alcocer, y claro la negativa a que la Comisión Permanente invita a los Secretarios de Estado de Hacienda, de Energía y Minas y el Director de Pemex, y que se les invitara, yo les quería proponer desde esta tribuna a los compañeros diputados que quisieran hacerlo, porque somos de criterio abierto, para que invitáramos a comer al Secretario de Hacienda, al Secretario de Energía y Minas y al Director de Pemex, nosotros pagamos para no lastimar el presupuesto, pero pagaríamos todos la comida para que nos dijeran algo, porque cómo es posible que los miembros de la Comisión Permanente no tengan interés en saber cómo es que nos estamos colocando la soga al cuello y cómo es que estamos comprometiendo tan dramáticamente el presente y el futuro de nuestra patria.
Yo creo que las formas y los procesos y lo que aquí se ha mencionado pues está bien que se respete. Pero la inquietud que como ciudadanos mexicanos simples tenemos para saber qué se está haciendo con nuestro más precioso producto minero, el petróleo, pues debiéramos conocerlo. Por otro lado, yo quisiera, y en este sentido también lo planteaba, expresar mi inquietud, mi preocupación porque se dé esta salida tan institucional, tan legal, a esta preocupación que muchos mexicanos tenemos de que a los jueces, como el juez Polo Bernal, se les pueda privar del ejercicio de sus derechos individuales, puesto que entendamos como neófitos que somos en este asunto, que no se le permitió un juicio, una defensa, y esto la Constitución de la República lo establece con toda claridad. Es una proposición, una sugestión a los compañeros de la Comisión Permanente, platiquemos con los responsables de la producción de energía en México y con el responsable de Hacienda en México, para que al menos sepamos de qué nos estamos muriendo. Muchas gracias.
ACUERDO QUE CONDENA LA DICTADURA EN HAITÍ
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Martín Tavira.
El C. diputado Martín Tavira Urióstegui: -Señor Presidente; señores y señoras senadores y diputados: Tengo el honor de venir a expresar a ustedes este hecho que se da por primera vez en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Todas las fracciones parlamentarias presentes en esta Comisión, por acuerdo unánime, han formado un documento de condena a las represiones que está sufriendo el hermano pueblo haitiano. Como todos sabemos, Haití es el pueblo que se independizó antes que todos los demás de América Latina, porque es un pueblo latino de habla francesa. Es un pueblo que en el transcurso de su vida no ha conocido prácticamente los regímenes democráticos. Se dice que es el pueblo más atrasado de nuestro subcontinente.
La dictadura de Jean Claude Duvalier, no tan sólo es una vergüenza para la democracia, es una vergüenza para la conciencia de la humanidad. Aquí tuvimos un dictador que se hizo llamar "Alteza Serenísima" y que también se proclamó dictador perpetuo y en sobre cerrado debería dejar el nombre de su sucesor: Antonio López de Santa Ana, en su última dictadura, porque de ahí la Revolución de Ayutla, lo echó del Palacio Nacional. Los pueblos latinoamericanos tenemos que contribuir a que este pueblo maravilloso conquiste la libertad, conquiste la democracia, pueda decidir su destino. Ahora mismo amenazado por el intervencionismo de la potencia imperialista más poderosa.
Señor Presidente, quisiera rogar a usted autorizara a la Secretaría de la honorable Comisión Permanente, para que leyera el documento de proposición firmado por todos los representantes de las diversas organizaciones políticas que están en esta Comisión, en este organismo. Muchas gracias.
El C. presidente: -Proceda la Secretaría a dar lectura al documento de referencia.
La C. secretaria diputada Blanca Esponda de Torres:
«C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
Las fracciones parlamentarias abajo firmantes, nos permitimos elevar a la consideración de la H. Comisión Permanente la proposición siguiente:
En estos últimos días, la opinión internacional ha recibido un gran flujo de informaciones sobre la situación imperante en la República de Haití. Aun cuando es bastante conocida la dramática situación de esta nación, oprimida por uno de los regímenes más despiadados del hemisferio, las noticias respecto a la lucha democrática de este pueblo llaman la atención sobre algo terrible que ocurre en esta isla antillana. A raíz de las masivas manifestaciones de repudio a la dictadura que se vienen dando, encabezadas por la iglesia y la juventud, el gobierno haitiano ha desatado contra la población una represión sangrienta que obliga a los pueblos de América Latina a sensibilizarse sobre la suerte de este país.
El 31 de enero, se anunció que el gobierno de Haití había decretado la ley marcial; los cables y las imágenes de la televisión testimonian de una represión despiadada.
Más allá de la noticia, cualquier aproximación a la situación actual de Haití revela hechos que chocan la conciencia universal. El 28 de noviembre pasado, una pacífica manifestación popular en la ciudad de Gonaives, fue intervenida por las fuerzas represivas con numerosos heridos y 4 muertos (3 de ellos estudiantes de secundaria, entre 13 y 17 años de edad). Las protestas que suscitó tal matanza producen cada día un rosario de víctimas. Según informes recibidos de Haití, se vienen produciendo también arrestos masivos.
Se afirma que las radioemisoras del país han sido clausuradas, lo que constituye una violación más a la libertad de expresión. También se dice que a las protestas estudiantiles, el gobierno ha respondido, desde el 8 de enero, con el cierre de todas las instituciones educativas. Tal medida, en un país conocido mundialmente por sus bajos niveles de escolaridad, constituye una afrenta a la cultura y el derecho de este país a la educación. Un clima de verdadero terror vive Haití desde que el presidente vitalicio, atrincherado en su palacio convertido en bunker, ejerce el derecho de vida o muerte sobre los 6 millones de haitianos. Con tal actitud la dictadura duvalierista desafía cínicamente la opinión internacional así como los principios y convenios internacionales.
Para entender la situación de no vigencia de los derechos más elementales del pueblo de Haití bajo la dictadura, es preciso recordar el trasfondo político de este régimen que ya duró 28 años y cuya naturaleza bien se conoce. El gobierno haitiano viola, sistemáticamente los derechos humanos y desconoce los principios de los derechos de los pueblos.
1. Jean Claude Duvalier heredó el poder el 22 de abril de 1971 a la muerte de su padre Francois
Duvalier, quien desde 1957 instauró en Haití un régimen de terror que provocó cerca de 30 mil muertos, miles de desaparecidos y medio millón de exiliados.
2. En estos 28 años que suma la familia Duvalier en el poder, no ha habido ni elecciones presidenciales, ni legislativas, ni municipales. Las supuestamente realizadas han sido simulacros en los que participan solamente los partidarios favoritos del régimen. El mismo hecho de que Jean Claude Duvalier, como su padre, ostenta el título de presidente vitalicio, con derecho a escoger a su sucesor, testimonia la no vigencia del sufragio efectivo, la negación al pueblo de los derechos políticos más elementales y la no existencia en Haití de un régimen de derecho.
3. En Haití no funciona partido político alguno, ni se permite la oposición legal; no hay libertad de prensa. La Constitución es letra muerta. La política gubernamental se fundamenta en el terror y la arbitrariedad. En los últimos años, la lucha de los sectores democráticos y la presión de la opinión pública internacional, han abierto un estrecho espacio político en el que se vienen afirmando la Liga de los Derechos Humanos e intentos de organización de partidos políticos. El poder impone trabas violentas a tales organizaciones.
4. Los derechos sociales del pueblo no son respetados. No existen sindicatos. El derecho a la sindicalización está formalmente negado a los obreros de las factorías maquiladoras. Las organizaciones de estudiantes han sido sistemáticamente reprimidas y sólo en los últimos años, por iniciativa de algunos sectores de la iglesia, han empezado a surgir agrupaciones juveniles cuyos miembros, en general, son intimados.
5. Las condiciones sociales -educación, salud - de la población son de lo más precarias y el gobierno no respeta el derecho a las demandas de carácter social ni los derechos económicos más esenciales. Más del 40% de la población económicamente activa carece de empleo. En la sola capital, más del 70% de la población, o sea 600 mil personas carecen de vivienda decorosa. La dieta del haitiano es inferior en un 50% a los requerimientos diarios de proteínas y sólo el 2.9% de la población del país tiene acceso a la electricidad.
6. El régimen de los Duvalier representa la negación de cualquier legalidad. Tal situación está documentada y denunciada por instituciones internacionales y en numerosos informes de Amnistía Internacional. Pero cualquiera que sean los documentos y testimonios, quedan muy por debajo de una situación horrenda que supera lo que se puede conocer o imaginar.
En el contexto actual de la América Latina, cuando la lucha de los pueblos por la democracia ha hecho notables avances en Uruguay, Argentina y Brasil que han accedido a regímenes de derecho, enfrentados a las dictaduras fascistas, el pueblo de Haití se moviliza por la conquista de sus derechos civiles y políticos que le están negados. Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, los siguientes puntos de acuerdo:
1. Condenar severamente cualquier procedimiento represivo, desatado por el régimen duvalierista y la violación de los derechos más elementales del pueblo haitiano.
2. Dirigirse a los parlamentos latinoamericanos pidiéndoles que hagan pronunciamientos en contra de los métodos antidemocráticos impuestos en Haití.
3. Reprobar todo acto intervencionista tendiente a socavar el derecho del pueblo haitiano a ejercer su autodeterminación.
4. Hacer votos porque el pueblo haitiano conquiste pronto la democracia y su libertad.
Solicitamos que esta proposición sea considerada como de obvia y urgente resolución.
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto (PRI). Diputado Roberto Calderón Tinoco (PDM). Diputado Jorge Alcocer Villanueva (PSUM). Diputado Jesús González Schmal (PAN). Diputado Heberto Castillo (PMT). Diputado Martín Tavira Urióstegui (PPS).»
El C. presidente: - De acuerdo al artículo 58, consulte la Secretaría a la Asamblea, si hay oradores sobre el tema.
La C. secretaria diputada Blanca Esponda de Torres: -De conformidad con las instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si hay oradores en favor de la proposición.
El C. presidente: -Consulte la Secretaría si se admite de urgente y obvia resolución.
La C. secretaria diputada Blanca Esponda de Torres: - De conformidad con el artículo 58 y por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si es de considerarse esta propuesta como de urgente y obvia
resolución... Se considera de urgente y obvia resolución.
Se han manifestado a favor de la proposición. Aprobada, señor presidente.
El C. presidente: - Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
INVITACIONES
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F. Departamento del Distrito Federal.
México, D.F. a 20 de enero de 1986.
C. diputado licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, atentamente invita a usted al acto cívico conmemorativo del LXIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que tendrá lugar el próximo miércoles 5 de febrero, a las 10:30 horas, en el Monumento a la Revolución.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa Comisión Permanente que usted preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Programación y Acción Cívica, licenciado Máximo García Fabregat.»
El C. presidente: - Para atender la invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto conmemorativo del aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia designa a los ciudadanos senador Norberto Mora Plancarte y diputado Juan Moisés Calleja García.
El C. secretario Rafael Cervantes Acuña:
«El Gobierno de la República invita a usted, a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del LXIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con asistencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de la República.
El acto tendrá lugar el próximo día miércoles, 5 de febrero, a las 11:00 horas, en el Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, Qro.
México, febrero de 1986.»
El C. presidente: -Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores:
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, diputado Nicolás Reynés Berezaluce, senador Ángel Aceves Saucedo, diputado Jorge Alcocer Villanueva, diputado Roberto Calderón Tinoco, diputado Heberto Castillo Martínez, senador Rafael Cervantes Acuña, senador Celso Humberto Delgado Ramírez, diputado Marco Antonio Espinoza Pablos, diputada Blanca Esponda de Torres, diputado Jesús González Schmal, senadora Silvia Hernández de Galindo, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, senador Hugo B. Margáin, senador Fernando Mendoza Contreras, senador Juan S. Millán Lizárraga, diputado Santiago Oñate Laborde, diputado Fernando Ortiz Arana, diputado José Ángel Pescador Osuna, diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, senador Heladio Ramírez López, diputado Alfonso Reyes Medrano, senador Gonzalo Salas Rodríguez, diputado Martín Tavira Urióstegui, senador Armando Trasviña Taylor, senador Filiberto Vigueras Lázaro, senador Américo Villarreal Guerra.
El C. presidente: - Esta presidencia instruye a la Oficialía Mayor a informar a los miembros de esta comisión sobre la hora de salida, medio de transporte, así como todas las instrucciones específicas.
COMUNICACIONES
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña:
«La Paz, B.C.S., diciembre 17 de 1985.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
En los términos del artículo 50 de la Constitución Política local, esta IV Legislatura al Congreso del Estado, efectuó el día 13 del presente mes, sesión pública de clausura del segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de Ejercicio Legislativo.
En el mismo acto, conforme al artículo 144 de la Ley Reglamentaria del Congreso, se eligió la Directiva de la Diputación Permanente que fungirá del 13 de diciembre de 1985 al 31 de marzo de 1986 integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputado José Luis Martínez Ledesma; primer secretario: diputado Arcadio Talamantes Fuerte; segundo secretario: diputado Juan Manuel García de Jesús.
Asimismo, conforme a lo estipulado en el artículo 26 del mismo Ordenamiento Legal, se eligió la Directiva que fungirá en el primer período ordinario de sesiones, comprendido del 1o. de abril al 30 de junio de 1986, correspondiente al tercer año de ejercicio legal, integrada de la siguiente forma:
Presidente: diputado profesor Benito Bermúdez Coronado; vicepresidente: diputado doctor y licenciado Ignacio Izquierdo Bravo; secretaria: diputada profesora Ma. Luisa S. de Beltrán; prosecretario: diputado profesor Rubén León.
Lo que comunicamos a ustedes con la mayor atención, reiterándole nuestra consideración más atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de la Diputación Permanente, diputado José Luis Martínez Ledesma.»
Trámite: De enterado.
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Con esta fecha el H. Quincuagésimo Tercer Congreso Constitucional del Estado libre y soberano de Guanajuato, en forma solemne, clausuró las sesiones del primer período ordinario de sesiones de su primer año de ejercicio constitucional.
Al mismo tiempo y de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política del Estado eligió la diputación permanente que fungirá durante el receso, quedando integrada como sigue:
Presidente: diputado Alfonso Macías Luna; secretaria: diputada Josefina Garnica Hernández; prosecretario: diputado Israel González Arreguín; primer vocal: diputado Rafael Sánchez Leyva; segundo vocal: diputado Jesús del Moral Vázquez; tercer vocal: diputado Arnoldo Mondragón Villarreal; cuarto vocal: diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano.
Suplentes: diputado Ezequiel Castellanos Durán; diputado Simeón Mora Martínez; diputado Francisco Morelos González; diputado Tadeo Martínez Sáenz; diputada Cristina Hermosillo de Villalobos.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 14 de enero de 1986.
Alfonso Macías Luna, Rafael Sánchez Leyva.»
Trámite: De enterado.
El mismo C. secretario:
«Pachuca, Hgo., a 27 de diciembre de 1985.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Para su conocimiento y fines correspondientes, me permito el honor de comunicar a ustedes que, en sesión ordinaria, celebrada el día de hoy, se llevó a cabo la Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, habiendo sido electa en dicha sesión la Directiva de la Comisión Permanente, que fungirá durante el receso respectivo del 1o. de enero al 31 de marzo de 1986, de conformidad con los preceptos legales, establecidos en los artículos 38, 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 23, 24 y 128 a 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta entidad federativa, quedando dicha Comisión integrada en la forma siguiente:
Presidente: diputado licenciado Jaime Daniel Baños Paz; vicepresidente: diputado licenciado Gonzalo Rodríguez Anaya; prosecretaria: diputada María Guadalupe Silva de Paz; secretario propietario: diputado Rogaciano Ruiz Vergara secretario propietario: diputado Alberto Franco López; secretario suplente: diputado Leoncio Cruz Flores.
Al suplicar a ustedes, se sirvan tomar debida nota de lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, licenciado Daniel Román Arteaga.»
Trámite: De enterado.
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
La H. IV Legislatura Constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo se permite comunicar que en sesión celebrada el día 24 de diciembre de 1985, procedió a la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputada Ligia Alvarez y Manzano; vicepresidente: diputado Héctor Vallejo Zapata; secretario suplente: diputado Nicanor Ake Avilez.
Al comunicar lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo, diciembre 30 de 1985.
El diputado secretario, profesor Jorge Martín Ángulo.»
Trámite: De enterado.
APROBACIÓN DE REFORMAS POR CONGRESOS ESTATALES
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña:
«Aguascalientes, Ags., 30 enero de 1986.
C. presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. J. Balbuena. D.F.
Legislatura estado de Aguascalientes. En esta fecha aprobó reformas, artículos 106 y 107 fracción II, Constitución Federal.
Profesor Antonio Murillo Adame, diputado presidente.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«Tuxtla Gutiérrez, Chis., enero 24 de 1986.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
H. Congreso estado Chiapas, sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó iniciativa de reformas y adiciones, artículos 106 y 107 fracción II, Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, presentada por un grupo de senadores, ante HH. Cámaras Congreso Unión. Lo hacemos su conocimiento efectos artículos 135 Carta Magna. Correo enviarémosle oportunamente periódico oficial y demás documentos relativo aprobación.
Atentamente.
Presidente, diputado licenciado Cirilo Guzmán Jiménez; secretario diputado licenciado Armando Montoya Cameras; secretario diputado Salvador Tort Cruz.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«Morelia, Mich., a 21 de enero de 1986.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Por acuerdo del H. Congreso del Estado, nos estamos permitiendo comunicar a ustedes que esta Sexagésima Tercera Legislatura, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó las reformas a los artículos 106 y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que fueron aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión.
Hacemos de su conocimiento lo anterior, para los efectos del artículo 135 de la propia Constitución.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado secretario, profesor José Trinidad Ramos Zamudio; diputado secretario químico farmacobiólogo Raúl Reyes Ramírez.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«Tepic, Nay., 28 de enero 1986.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
El honorable Congreso de Nayarit, informa haber aprobado en esta fecha, las reformas de los artículos 106 y 107 fracción II de la Constitución General del país. Por separado enviamos documentación y decreto correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El presidente del H. Congreso del Estado, diputado profesor Alejandro González.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Actuando en los términos del Artículo 135 de nuestra Carta Magna, la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó el día de hoy, la reforma de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que comunicamos a ustedes para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Culiacán Rosales, Sinaloa.
Enero 23 de 1986.
El Oficial Mayor del H. Congreso del Estado licenciado Rafael Quevedo Tejeda.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«El H. Congreso del estado libre y soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO
Artículo único. La Quincuagésima Primera Legislatura del Estado libre y soberano de Sinaloa, aprueba en todas y cada una de sus partes actuando en los términos del Artículo 135 de nuestra Carta Magna, la reforma a los Artículos 106 y 107 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación en los términos de la Ley respectiva, derimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o entre lo de un Estado y los de otro.
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la Ley, de acuerdo con las bases siguientes:
I. ...........................................................
II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución.
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia; pero uno y otra si podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.
TRANSITORIOS
Artículo 1o. Para los efectos constitucionales, hágase saber este acuerdo a las HH. Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los Estados de la República.
Artículo 2o. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial: El Estado de Sinaloa.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Licenciado Octavio Lara Salazar, diputado presidente Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, diputado secretario P.M.D.L. Germán Alejandro Brito Noriega, diputado secretario.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«Aguascalientes, Ags. 28 Enero de 1986.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Legislatura Estado Aguascalientes. Esta fecha aprobó reformas artículos 65, 66 y 69, Constitución Federal.
Profesor Antonio Murillo Adame, diputado presidente.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Esta H. XI Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. Es de aprobarse y se aprueba, el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 65, 66 y 69 y adiciona los artículos transitorios décimo séptimo y décimo octavo de la Constitución General de la República, en los mismos términos que los hiciera el H. Congreso de la Unión, quedando en la forma siguiente
Artículo 1o. Se reforman los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de noviembre de cada año, para celebrar un primer período ordinario de sesiones y a partir del 15 de abril de cada año para celebrar un segundo período ordinario de sesiones. En ambos períodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución. En cada período ordinario de sesiones el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior, pero el primero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año, y el segundo hasta el 15 de julio del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.
Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del País. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la Convocatoria.
Artículo 2o. Se adicionan los artículos décimo séptimo y décimo octavo transitorios de la Constitución, para quedar como sigue:
Artículo décimo séptimo. Los diputados que se elijan a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1991.
Artículo décimo octavo. Los senadores que se elijan a las LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o de Septiembre de 1988 al 31 de Octubre de 1994.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1o. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y las reformas a los
artículos 65, 66 y 69, surtirán sus efectos a partir del 1o. de septiembre de 1989.
Artículo 2o. Los artículos transitorios décimo séptimo y décimo octavo de la Constitución surtirán sus efectos a partir del 1o. de septiembre de 1988".
Segundo. Para los efectos constitucionales, hágase saber así, a las HH. Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como a las HH. Legislaturas de los Estados de la República.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los dieciséis días del mes de enero de mil novecientos ochenta y seis.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, reiteramos a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, B. C. a 16 de enero de 1986.
Profesor Roque Campuzano Ponce, diputado presidente; licenciado Efraín Martínez Camacho, diputado secretario.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«La Paz B.C., 23 de enero de 1986.
«CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Día 23, presente mes, H. Legislatura Estado B.C.S. aprobó por unanimidad Iniciativa de Decreto Reformas y Adiciones artículos 65, 66 y 69 constitucionales.
Atentamente.
Licenciado Héctor Galindo Domínguez, oficial mayor.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de enero 1986.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
H. Congreso Estado Chiapas, sesión ordinaria celebrada hoy, aprobó Iniciativa de Reformas y Adiciones artículos 65, 66 y 69 Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, presentada por ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente República, ante HH. Cámaras Congreso de la Unión. Lo hacemos su conocimiento, efectos artículo 135 Carta Magna, correo enviarémosle oportunamente periódico oficial y demás documentos relativos aprobación.
Atentamente.
Presidente, diputado licenciado Cirilo Guzmán Jiménez. secretario diputado licenciado Armando Montoya Cameras, secretario diputado Salvador Tort Cruz.»
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna, tenemos el honor de remitir a ustedes los puntos de Acuerdo tomados en la Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, relativos a la Iniciativa de Decreto que el C. Presidente de la República enviará a este Cuerpo Legislativo de reformas y adiciones a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Protestamos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Qro., 15 de enero de 1986.
Diputado secretario, profesor José Moreno Escobedo; diputado secretario profesor Cosme López Nieves.
La Cuadragésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, es de aprobarse y se aprueba en los términos propuestos por el H. Congreso de la Unión, el proyecto de Decreto iniciado por el
Titular del Poder Ejecutivo Federal, que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes Términos:
Artículo 1o. Se reforman los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de noviembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 15 de abril de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior, pero el primero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año, y el segundo hasta el 15 de julio del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.
Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del País. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Artículo 2o. Se adicionan los artículos decimoséptimo y decimoctavo transitorios de la Constitución para quedar como sigue:
Artículo decimoséptimo. Los diputados que se elijan a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1991.
Artículo decimoctavo. Los senadores que se elijan a las LIV y LV legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1994.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1o. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y las reformas a los artículos 65, 66 y 69 surtirán sus efectos a partir del 1o. de septiembre de 1989.
Artículo 2o. Los artículos transitorios decimoséptimo y decimoctavo de la Constitución surtirán sus efectos a partir del 1o. de septiembre de 1988.
Segundo. Para los efectos constitucionales, hágase del conocimiento de las HH. Cámaras de la Unión y de las legislaturas de los Estados de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Qro., 15 de enero de 1986.
Diputado presidente, licenciado Enrique Burgos García; diputado secretario profesor José Moreno Escobedo; diputado secretario profesor Cosme López Nieves."
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
El mismo C. secretario:
«Villahermosa, Tab., enero 24 de 1986.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a ustedes el Acuerdo No. 002 mediante el que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Tabasco, en sesión pública de esta fecha, aprobó en todas y cada una de sus partes, las reformas a los artículos 65, 66 y 69 de la Carta Magna.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
H. Congreso del Estado.
Licenciado Gustavo Rosario Torres, diputado presidente; profesor Fausto Méndez Jiménez, diputado secretario.»
La H. Quincuagésima Segunda Legislatura del estado libre y soberano de Tabasco, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 36, fracción XVI de la Constitución Política Local, ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 002
Artículo 1o. El Congreso de la Unión envió a esta Legislatura copia del expediente relativo a las reformas de los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Para dar cumplimiento al artículo 135 de la Constitución General de la República, se aprueban en todas y cada una de sus partes las reformas a los artículos 65, 66 y 69 de la Carta Fundamental, como sigue:
"Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de noviembre de cada año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 15 de abril de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se les presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica."
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior, pero el primero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año, y el segundo hasta el 15 de julio del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.
"Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del País. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria."
Artículo tercero. Se adicionan los artículos decimoséptimo y décimoctavo Transitorios de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:
"Artículo decimoséptimo: Los diputados que se elijan a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1991.
Artículo décimoctavo: Los senadores que se elijan a las LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1994.
Artículo cuarto. Envíese este Acuerdo a la Cámara de su origen y a las Colegisladoras de los Estados. Artículo quinto. Envíese al Ejecutivo Local, el presente Acuerdo, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinticuatro días del mes de enero de mil novecientos ochenta y seis."
Licenciado Gustavo Rosario Torres, diputado presidente; profesor Fausto Méndez Jiménez, diputado secretario."
Trámite: Túrnese a la Tercera Comisión que tiene antecedentes.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PENSIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El mismo C. secretario:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D. F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presente.
El C. presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha dirigido al suscrito con fecha 20 del actual, manifestando lo siguiente:
"Adjunto al presente, me permito enviar a usted testimonio del dictamen aprobado por el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en sesión celebrada el catorce del mes en curso,
respecto de la solicitud de pensión formulada por la señora María Teresa Crespo viuda de Yáñez y el menor Marcelo Joaquín Yáñez. Encarezco a usted que se sirva ser el apreciable conducto para la entrega de dicho documento al señor Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o. y 7o., párrafos segundo y cuarto, del Decreto que establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el original del dictamen a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de enero de 1986.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett D."
Trámite: Recibo y a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 8 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Leticia Curiel Riva Palacio, pueda prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 29 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México serán de carácter administrativo
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del Apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Leticia Curiel Riva Palacio, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 30 de enero de 1986.
Diputado Santiago Oñate Laborde, senador Celso H. Delgado Ramírez, diputado Marco A. Espinoza Pablos, senador Juan Sigfrido Millán L., senador Gonzalo Salas Rodríguez, diputado Jesús González Schmal, diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, senador Armando Trasviña Taylor."
Trámite: Primera lectura.
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 14 de enero del año en curso la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Manuel Valencia Vargas, Ma. Dolores Arce Delgadillo y Ma. Guadalupe Gómez Grijalva, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 29 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Manuel Valencia Vargas, para prestar servicios como ayudante de prensa y encuadernación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ma. Dolores Arce Delgadillo, para prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ma. Guadalupe Gómez Grijalva, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 31 de enero de 1986.
Diputado Santiago Oñate Laborde, senador Celso Humberto Delgado Ramírez, diputado Marco Antonio Espinoza Pablos, senador Juan Sigfrido Millán Lizárraga, senador Gonzalo Salas Rodríguez, diputado Jesús González Schmal, diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, senador Armando Trasviña Taylor".
Trámite: Primera lectura.
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 15 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Rebeca Lomelí Morales, pueda prestar servicios como mecanógrafa en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 29 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como mecanógrafa;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Rebeca Lomelí Morales, para prestar servicios como mecanógrafa en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 31 de enero de 1986.
Diputado Santiago Oñate Laborde; senador Celso Humberto Delgado Ramírez; diputado Marco Antonio Espinoza Pablos; senador Juan Sigfrido Millán Lizárraga; senador Gonzalo Salas Rodríguez; diputado Jesús González Schmal; diputado Graco Ramírez Garrido Abreu; senador Armando Trasviña Taylor."
Trámite: Primera lectura
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 13 de enero del año en curso, la Secretaría del Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Constantino Martínez Feliciano, Martín Fernando Meza Sánchez y Lilian Helene Slobotzky y Hofbauer, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 22 de
enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Constantino Martínez Feliciano, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Martín Fernando Meza Sánchez, para prestar servicios como bibliotecario, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Lilian Helene Slobotzky y Hofbauer, para prestar servicios como editora, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión, México, D.F., a 24 de enero de 1986.
Diputado Santiago Oñate Laborde; senador Celso Humberto Delgado Ramírez; diputado Marco Antonio Espinoza Pablos; senador Juan Sigfrido Millán Lizárraga; senador Gonzalo Salas Rodríguez; diputado Jesús González Schmal; diputado Graco Ramírez Garrido Abreu; Senador Armando Trasviña Taylor."
Segunda lectura:
El C. presidente: -Está a discusión el dictamen en lo general. No Habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos de artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
(VOTACIÓN).
Se emitieron 23 votos en pro, 1 voto en contra y 1 abstención.
El C. presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 6 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Román Castro Ledesma, pueda prestar servicios como técnico de campo, en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 22 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como técnico de campo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Román Castro Ledesma, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estado Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 23 de enero de 1986.
Diputado Santiago Oñate Laborde, senador Celso H. Delgado Ramírez, diputado Marco A. Espinosa Pablos, senador Juan Sigfrido Millán Lizárraga, senador Gonzalo Salas Rodríguez, diputado Jesús González Schmal, diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, senador Armando trasviña Taylor."
Segunda lectura.
Esta a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal.
(VOTACIÓN).
Se emitieron 23 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención.
El C. presidente: -Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos.
El C. secretario senador Rafael Cervantes Acuña: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública Se va a dar lectura al orden día de la próxima sesión.
ORDEN DE DÍA
El mismo C. secretario:
"Comisión Permanente Primer Receso de la "LIII" Legislatura.
Orden del día
12 de febrero de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del 155 Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero, tendrá lugar el próximo 14 de febrero.
Los congresos de los estados de Coahuila, México y Puebla, comunican haber aprobado las reformas a los artículos 106 y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el cuarto trimestre de 1985, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Comunicación del C. diputado Joaquín Contreras Cantú.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el Dictamen de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la solicitud de retiro voluntario del cargo de Ministra Numeraria, de la C. María Cristina Salmorán de Tamayo.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Alejandro Alfredo Torres Toriz, pueda prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. doctor Félix Báez Jorge, pueda aceptar y usar la condecoración del Cóndor de los Andes, en grado Oficial, que le confiere el Gobierno de Bolivia.
Dictamen de primera lectura
De la primera Comisión, con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a las CC. Graciela Solís Chávez, María Magdalena Garibay Hernández y Ramona Alicia González Domínguez, para que puedan prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión con punto de Acuerdo relativo a la solicitud de pensión de la C. Ma. Teresa Crespo Vda. de Yáñez y el menor Marcelo Josquín Yáñez, con motivo del fallecimiento del Ministro de la H. Suprema Corte de Justicia, Manuel Yañez Ruiz.
De la Primera Comisión, con proyecto de Decreto por el que se concede permiso a la C. Leticia Curiel Riva Palacio, para que pueda prestar servicios en la Embajada de la república Islámica de Pakistán, en México.
Dos de la Primera Comisión, con proyecto de Decreto por los que se concede permiso a los CC. Manuel Valencia Vargas, Ma. Dolores Arce Delgadillo, Ma. Guadalupe Gómez Grijalva y Rebeca Lomelí Morales, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México."
El C. presidente (a las 14:15 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de febrero a las 10:00 horas. Se pasa a sesión secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES