Legislatura LIII - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19860204 - Número de Diario 6

ENCABEZADO

LIII LEGISLATURA

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registro como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO I México, D. F., martes 4 de febrero de 1986 NÚM. 6

SESIÓN SOLEMNE

SUMARIO

APERTURA

La presidencia declara abierta la sesión que tiene por objeto conmemorar el CXXIX y el LXIX aniversarios de la promulgación de las Constituciones de 1857 y de 1917.

CONMEMORACIÓN

Hacen uso de la palabra los CC. diputados Heberto Castillo Martínez del PMT, Martín Tavira Urióstegui del PPS, Roberto Calderón Tinoco del PDM, Jorge Alcocer Villanueva del PSUM, Jesús González Schmal del PAN y el C. senador Hugo B. Margáin del PRI. Se levanta la sesión.

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

Sin discusión se aprueba.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ELISEO MENDOZA BERRUETO

(Asistencia de 22 ciudadanos legisladores)

APERTURA

El C. presidente (a las 10:25 horas): - Se abre la sesión solemne para conmemorar el CXXIX y el LXIX aniversarios de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

CONMEMORACIÓN

El C. presidente: - Han solicitado el uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados: Heberto Castillo Martínez, Martín Tavira Urióstegui, Roberto Calderón Tinoco, Graco Ramírez Garrido Abreu, Jorge Alcocer Villanueva, Jesús González Schmal y el senador Hugo B. Margáin. Tiene la palabra el señor diputado Heberto Castillo Martínez.

El C. diputado Heberto Castillo Martínez: - Señor presidente; compañeros legisladores: Celebraremos mañana otro aniversario más de la Promulgación de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1857 y la de 1917.

Para el Partido Revolucionario Institucional será otro momento para referir sus logros en el poder que ejerce desde que fue fundado y para festejar los cambios revolucionarios que, en nuestra Carta Magna, se han hecho. Y se insistirá en afirmar lo que dijera el Presidente de la República, según cita de la Secretaría de Gobernación en su edición de nuestro texto fundamental. Cito: "La Constitución sigue siendo un programa por cumplir, pero esa es la constitución moderna y contemporánea de una Constitución. No es una ley que establezca lo que ya pasó, es una ley que

señala por voluntad del pueblo los valores a los que aspiramos en el futuro, los valores que queremos que guíen nuestra acción en el presente para construir el porvenir".

Se dirá que la Carta Magna se ha mejorado, adecuándose a las nuevas circunstancias, porque, como se expresa en la exposición de motivos que presentó el Ejecutivo en sus primeros días de gobierno, para reformar los artículos 16, 26, 27, 28 y 73 constitucionales, muy diferente es la nación de la década del ochenta comparada con la de 1910; se dice ahí, cito: "Las condiciones de aquella época, llevaron al constituyente a adoptar las decisiones políticas fundamentales sobre el régimen de propiedad y los derechos de las mayorías a participar en la vida política y social. Con lo que definió visionariamente las orientaciones políticas y sociales del desarrollo económico. Estas decisiones políticas fundamentales se derivan, en línea directa, del decreto constitucional de Apatzingán, de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, que a lo largo de nuestra historia independiente han sido los ejes que han articulado la voluntad política de las mayorías de México". Acaba la cita.

Pero los hechos difieren de las palabras, a nuestra manera de ver las cosas, cuando se afirma que es una ley que señala, por la voluntad del pueblo, los valores a los que aspiramos en el futuro - discrepamos - . No es verdad que se haya modificado siempre la Constitución por la voluntad del pueblo. Las reformas constitucionales hechas por este régimen en diciembre de 1982, son contrarias a la voluntad del pueblo y al espíritu de la Constitución de 1917, y sirven a los grupos más privilegiados de la sociedad.

Esas reformas no fueron propuestas por los trabajadores obreros, jornaleros, campesinos, pobres, empleados públicos y privados, profesionistas ni amas de casa; representan el sentir de los grandes empresarios y poderosos terratenientes. No se llamó al pueblo a votar para efectuar esos cambios a la Constitución durante el proceso electoral, y se presentaron al Congreso en el mes de diciembre de 1982, para ser aprobadas de inmediato en unos cuantos días sin dar la menor oportunidad de que hubiera reflexión colectiva.

Las reformas lesionan la independencia económica y la soberanía nacional de nuestra patria, porque establecen una limitante al derecho de la nación a dar la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público. En el artículo 28 se estableció; no la propiedad de la nación, sino del gobierno, y sólo con exclusividad; en determinadas y precisas áreas estratégicas.

Destaca en ellas la omisión de la comunicación por televisión, que se ha dejado desde el inicio de sus transmisiones, casi en manos exclusivas del consorcio privado, que ahora constituye un Estado dentro del Estado: Televisa, y al cual se acaba de ampliar su concesión por 10 años más.

Estas reformas - insistimos - se hicieron sin que mediara consulta alguna con la población de la República. Los Constituyentes de 1917 contemplaron, en primer término, la necesidad de preservar la riqueza nacional en manos de mexicanos. Entendían que había que legislar para impedir que los extranjeros más ricos - sin duda - que los más ricos mexicanos, se apoderaran de la economía nacional, de sus minas, yacimientos petroleros, costas, lagos, ríos y tierras húmedas; pero el artículo 27 ha sido reformado una y otra vez después de 1917 en perjuicio de las mayorías para beneficiar cada vez más a las minorías privilegiadas.

La Constitución que ahora conmemoramos, está lastimada, seriamente herida por los gobiernos que sucedieron al de Lázaro Cárdenas, que pudo actuar tan enérgicamente en beneficio de los campesinos pobres, empleados públicos y privados, porque contó con leyes adecuadas. Después, a medida que transcurrieron los años, la Constitución se transformó, pero no por la voluntad del pueblo, sino de los poderosos, no, otra cosa se hizo al restablecer el amparo en materia agraria en beneficio de los latifundistas que ahora están de plácemes con el gobierno, cuando éste declara una y otra vez, la última, en el Congreso de la CCI, que ya no hay tierras que repartir y, por ello, deben instrumentarse métodos para aumentar la productividad y la industrialización de los bienes de consumo que produce el campo; esperan justicia los campesinos, hay 15 millones de hectáreas - cuando menos - en litigio, de las mejores tierras de México.

El gobierno de Miguel Alemán sentó las bases constitucionales para acabar con la reforma agraria por la que lucharon millones de mexicanos, siguiendo a Emiliano Zapata y a Francisco Villa. La reforma a la Constitución, hecha en los primeros días del gobierno de Alemán en 1946, sin que mediara consulta popular y sin que se permitiera reflexionar ni discutir serenamente tan importante medida, concedió el amparo a los latifundistas para que, a 39 años de distancia, alrededor de 15 millones de hectáreas de las mejores tierras, sigan en poder de los grandes terratenientes, muchos de ellos funcionarios y ex funcionarios gubernamentales.

El Presidente José López Portillo, decretó la Ley de Fomento Agropecuario para que los pequeños

propietarios, los latifundistas y los ejidatarios, pudieran asociarse. Logró con esa ley, hacer de los campesinos, peones acasillados en sus propios ejidos. El resultado dramático de estas reformas a la Constitución y a sus leyes reglamentarias, es que los campesinos pobres se desesperan realizando gestiones en las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria y que los más jóvenes abandonan el medio rural y se van a las ciudades para formar cinturones de miseria y de tensión social.

A los obreros y empleados, no les ha ido mejor, las reformas a la Constitución y a sus leyes reglamentarias, han sido hechas para privilegiar - aún más - a los grandes empresarios nacionales y extranjeros en perjuicio de los intereses de la mayoría. En primer lugar, el artículo 123 constitucional contiene ahora dos incisos: a) y b), que hacen discriminación entre los trabajadores, según que se trabaje para la iniciativa privada o para el Estado, ignorando un principio fundamental que no debería jamás ser olvidado: a trabajos iguales, salarios, prestaciones y demás derechos iguales.

Los trabajadores al servicio del Estado, o de empresas de su propiedad, no tienen prácticamente derecho a huelga y hasta se convierten en presuntos terroristas si pretenden ejercerlo de acuerdo a la reforma que el presidente genocida, Gustavo Díaz Ordaz, hizo al Código Penal Federal. El Presidente Luis Echeverría, liberó a los empresarios de su obligación de proporcionar habitación a sus trabajadores, para establecer el Infonavit, haciendo casi imposible resolver el problema de la vivienda popular. Cada año aumenta el déficit de vivienda en la República.

Es inminente ahora la reforma a la Ley Monetaria, para establecer las cuentas bancarias en dólares y hacer en verdad, del dólar, una moneda de cuño corriente en nuestra patria. Y es verdad que los obreros, campesinos y empleados públicos y privados, cuentan cada vez con organizaciones más poderosas, pero el poder que éstas tienen, no se ejerce para defender los derechos de sus agremiados, sino para aumentar los privilegios de sus dirigentes. Evidencian tal cosa los dirigentes petroleros, ferrocarrileros, electricistas, mineros, empleados al servicio del Estado, en especial los maestros, para no señalar sino a los más destacados. Con las incontables reformas a la Constitución, contrarias a los intereses de los trabajadores, se ve que éstos no cuentan en el Congreso con defensores leales y eficientes. Los diputados y senadores priístas, han constituido siempre mayoría absoluta en el Congreso y son ellos los que han aprobado los cambios que perjudican a sus agremiados, siempre declarando que, al hacerlo, se subordinan a los intereses más altos de la nación; pero los resultados muestran que tales intereses no son los de la nación, sino los de los países desarrollados: Estados Unidos de América en especial.

Los últimos hechos en el mercado del petróleo y en la banca internacional, nos enseñan que México está cada vez más subordinado a los intereses de las grandes naciones desarrolladas. Rige en nuestra patria el interés extranjero que no es nacional, entregamos nuestra exportación de petróleo, 550 millones de barriles al año a la banca internacional, sólo para cubrir parte, no el total de los intereses de la deuda. Somos una nación importadora de granos alimenticios, 8 millones de toneladas cada año; estamos alquilando nuestro territorio a las grandes empresas transnacionales, para volvernos maquiladores de sus productos y todo ello, dice el gobierno, se hace a nombre y en nombre de México.

No coincidimos con que la Constitución, es una ley que señala por voluntad del pueblo, los valores a los que aspiramos en el futuro, los valores que queremos que guíe nuestra acción en el presente para construir el porvenir.

La Constitución herida, lastimada por las administraciones que siguieron a la de Lázaro Cárdenas, es ahora mejor instrumento para que el gobierno desarrolle la infausta tarea de continuar entregando la economía nacional al extranjero. Es urgente volver al espíritu de la Constitución de 1917, aquel que campeaba especialmente en los artículos 1o., 3o., 27, 39, 123 y 130; es hora de informar a todos los mexicanos, a los legisladores en especial, a que asuman su responsabilidad para impedir que nuestra Carta Magna siga deformándose y lograr que precise en verdad, los derechos de la mayoría. Es hora de entender, como dice el artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo: "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Las palabras del gobierno, recontando sus innumerables logros para él, no pueden ocultar la realidad que está a la vista de todos; una nación que entrega uno y medio barriles de petróleo al día sólo para satisfacer el agio internacional, víctima de las grandes naciones insaciables, piden todo; un pueblo empobrecido hasta el extremo que debe restringir su limitación casi a la mitad de la que disfrutaba hace una década; un agro incapaz de producir los alimentos básicos para el pueblo y surtiendo de miserables a las ciudades del país y a los centros agrícolas e industriales del vecino país del norte; un pueblo molesto cada vez

más, por la falta de honradez en la administración pública y por los fraudes que se consuman en los procesos electorales; una penetración cultural a través de la radio y la TV que hace cada vez más proclives a más mexicanos a aceptar y aún desear la anexión de México a los Estados Unidos de América.

Hay salidas a la crisis, que el pueblo se organice y se pronuncie por todos los medios a su alcance, por la reconstrucción de nuestra nación semidestruida por los gobiernos antinacionales, que se han sucedido unos a otros durante tantos años.

Es probable, o al menos posible, que el gobierno entienda que es mejor aceptar un mandato popular a través de los instrumentos democráticos que ahora se empeñan en obstaculizar, que hacerlo sólo cuando surja la violencia popular que ya asoma en el horizonte. Entendámoslo todos.

El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui.

El C. diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señor vicepresidente; señoras y señores diputados y senadores de la República: Vicente Lombardo Toledano, sostuvo la tesis de que la política es "la ciencia dedicada a dirigir la sociedad", para transformarla por medio del conocimiento de las leyes que rigen y su aplicación práctica. Pero como el problema central de la política, de acuerdo con la teoría leninista, es el poder del Estado; la política, además, tiene que ver con la conquista o conservación de ese poder, porque sólo así se pueden determinar las formas, el contenido y los objetivos del Estado.

La política como teoría, reclama siempre una concepción jurídica y como lucha para realizar cambios en la sociedad, siempre demanda normas concretas para organizar la vida humana en sus múltiples aspectos, hasta la construcción del Estado. Por eso hay un vínculo dialéctico entre la política y el derecho, de tal manera que se habla de una superestructura jurídico - política, que es una forma de expresión de relaciones económicas determinadas. La política y el derecho reflejan, de una manera nítida, intereses en pugna bien definidos; por eso es que son también armas eficaces para mantener o liquidar los sistemas de la vida social, que se han construido a lo largo de la historia. "El árbol de la vida" produce como frutos la política y el derecho, pero cuando caen en terreno fértil, hace brotar árboles nuevos que crecen sobre la hojarasca de los que envejecieron y murieron. La sociedad dorada que describió Don Quijote en su discurso a los cabreros, no podía conocer, ni practicar la política ni el derecho, porque no conocía las contradicciones. Estas surgen cuando el hombre comenzó a distinguir "lo mío" de "lo tuyo" con respecto a los medios de producción y de cambio. Sólo entonces se planteó el problema del poder, es decir, el problema del Estado y, consecuentemente, de las normas para crearlo y legalizar el dominio de unos hombres sobre otros. Por eso es correcta la tesis que sostiene que el derecho es la expresión de la fuerza social predominante, la que tiene el poder del Estado. Así pues, el derecho está sujeto al devenir histórico y a las leyes que rigen el desarrollo social.

El Derecho Mexicano es el producto de la luchas de nuestro pueblo y, en el pensamiento universal avanzado que prendió en la conciencia de nuestros mejores hombres. Por eso es válido afirmar, que nuestro derecho constitucional ha tenido como fuente fundamental, la Revolución histórica de México y su rico ideario político. Nuestra Constitución actual, es como el remate de todo un proceso que viene de la insurgencia, porque sus normas substanciales han recogido demandas que se plantearon desde la gesta de 1810; la independencia económica y política de la nación, los anhelos de mejoramiento popular y un régimen dimanado del pueblo y puesto a su servicio.

Los primeros documentos que podemos considerar como de carácter constitucional, son los del movimiento insurgente, porque en ellos se proyecta lo que ha de ser el nuevo estado mexicano, libre del colonialismo y negador de una estructura basada en relaciones feudal - esclavistas.

Los decretos de Hidalgo, especialmente el del 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara, los de Morelos, fundamentalmente Los Sentimientos de la Nación del 14 de Septiembre de 1813, el Acta de Independencia de Chilpancingo del 6 de noviembre de ese mismo año, los elementos constitucionales de Rayón, redactados en 1812; la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, establecen los principios de la nueva sociedad mexicana; abolición de la esclavitud y de la discriminación racial, la destrucción del latifundismo y de las diversas formas de servidumbre, una distribución más justa de la riqueza, el mejoramiento de los salarios de los trabajadores, la difusión de la educación y la cultura entre los estratos más empobrecidos de la sociedad; la defensa de nuestros recursos naturales y financieros frente a los apetitos del exterior; el gobierno de tipo moderno, republicano y federal, con división del poder defensor intransigente de los derechos del hombre. Ese ha sido el programa permanente de las fuerzas revolucionarias del país.

En 1821 no triunfó la insurgencia, sino las fuerzas conservadoras que se empeñaban en mantener intacto el sistema que el colonialismo había impuesto, establecieron el imperio iturbidista, cuyo estatuto del 18 de diciembre de 1822, mantenía las prerrogativas de las clases dominantes. Al caer Iturbide, otra vez se entabla el conflicto en torno al tipo de Estado que debía instaurarse. Ahora es el combate entre liberales y conservadores, con plataformas diametralmente opuestas. Aquellos peleaban por un Estado moderno, sin fueros ni privilegios de corporaciones; éstos por el sostenimiento del Estado - Iglesia que la Colonia nos había heredado. Una batalla interminable que duró alrededor de 35 años, sin que la victoria fuera definitiva para una u otra corriente.

La Constitución de 1824 sólo en mínima parte recogió las metas de 1810, la República Federal, pues, era más bien el reflejo del Plan de Iguala, que delineaba los objetivos de la contrarrevolución iturbidista. Las alternativas entre República Federal y República Centralista, nos indican que la correlación de fuerzas, había llegado a cierto equilibrio que sólo fue roto con el triunfo de la Revolución de Ayutla en favor del sector progresista.

El Plan de Ayutla, del 1o. de marzo de 1854, no era ya uno de tantos papeles con que comenzaban los golpes de Estado, sino un instrumento, un documento - compromiso con el que la corriente liberal iniciaba la Revolución de Reforma. En él, se puntualizaba que "las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país", y se adquiría la obligación de convocar a un Congreso Constituyente que enfilara al país hacia el nuevo Estado tantas veces aplazado.

Al comienzo del gobierno de Juan Alvarez, tal parecía que la Revolución naufragaba en las aguas engañosas de las conciliaciones, por la política tibia de algunos liberales moderados como Ignacio Comonfort. Melchor Ocampo pudo, en parte, atajar las desviaciones con sus vehementes protestas en contra de las actitudes vacilantes y traicioneras que son las que siempre frustran los ímpetus renovadores del pueblo.

Reunido el Congreso Constituyente de 1856 - 57, se abrió el debate nuevamente sobre lo que debía ser la nueva sociedad representada en un nuevo Estado. A pesar de que la mayoría de los diputados eran de la corriente liberal moderada, nadie se atrevió a defender las rancias instituciones que amparaban los privilegios coloniales.

El Co ngreso tenía dos caminos: retomar el hilo de la Revolución Democrática Popular de Hidalgo y Morelos, para destruir - de tajo - la base económica o solamente liquidar las instituciones políticas de tipo feudal, que obstaculizaban la fundación del Estado moderno. Los diputados de pensamiento más avanzado querían transformar las relaciones de carácter económico. Ponciano Arriaga, planteó la solución del problema toral con su voto particular: el de la concentración de la tierra en pocas manos. Sus geniales tesis, hablaban con claridad de que la propiedad privada conlleva la explotación del trabajo ajeno.

Con admirable sabiduría, sostenía que un pueblo lleno de miseria no podría arribar a la felicidad con derechos puramente políticos. Era urgente reformar el sistema económico y hacer de la Constitución la "ley de la tierra". Pero la mayoría de aquella memorable asamblea veía esos planteamientos como destellos de un horizonte imposible de alcanzar.

Por razones históricas, el Congreso Constituyente no pudo ir más allá de las teorías del "pacto social", ponderadas por diputados como León Guzmán. La filosofía de la Constitución de 1857 está sintetizada en su artículo primero, que proclama "los derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales". Esto es, el Estado reconoce - no crea - una serie de derechos naturales que el hombre trae desde que nace.

De acuerdo con esta concepción, el Estado se abstiene de intervenir en el proceso económico, el cual corresponde a los particulares. Esta filosofía del Estado como simple guardián del orden, es propia de los albores del sistema capitalista en su primera fase, cuando la libre competencia era considerada como el fundamento para crear la riqueza y la felicidad para el género humano. Pero fue un salto en relación con el Estado colonial.

La Constitución de 1857 reafirmó los principios de la soberanía popular, la república federal y representativa, así como la división del poder. Junto con las leyes de reforma separó a la Iglesia del Estado y lo llevó a la categoría de autoridad suprema. El Estado surgido de la Reforma, no fue abstencionista en su sentido absoluto, ya que intervino por obligación constitucional en la vida del clero, privando a la iglesia católica del derecho de poseer y administrar bienes raíces y de participar en la vida política de la nación, reduciéndola a su papel puramente espiritual. En suma, el Estado - Iglesia fue barrido de la historia nacional.

Hay afirmaciones ingenuas que, ignorando las leyes del cambio social, culpan a Juárez y a la Reforma por haber propiciado el desarrollo del

capitalismo en México. ¿Qué otra cosa había que esperar, que nuestro país "quemando" etapas saltara al socialismo? Era quimérico esperar que en el período inicial del sistema capitalista en nuestro país, sin las condiciones requeridas en el ámbito internacional y en el escenario nacional se tratara de liquidar un sistema en formación. Fue un gran avance histórico que al llevar a la práctica la Constitución de 1857, México destruyera todo un pasado de tres siglos.

Los hombres de la Reforma estaban convencidos de que bastaba con dar libertades en todos los aspectos para que la prosperidad social brotara generosamente. En 1858 escribía Guillermo Prieto: "Procuremos con mano franca toda especie de facilidades, todas las libertades posibles, la religiosa, la mercantil, la industrial, y si lo logramos, si lo planteamos con resolución siquiera, habremos puesto el hacha en la raíz de nuestros infortunios".

El liberalismo económico y la puesta en circulación de los bienes de "manos muertas" contribuyeron a que se abrieran las compuertas para dar cauce al desarrollo de las fuerzas productivas.

Pero la debilidad de la burguesía revolucionaria no hizo posible destruir el latifundismo y las relaciones semifeudales de modo absoluto. Las tierras del clero fueron vendidas por los particulares surgiendo el llamado latifundismo laico. La larga dictadura de Porfirio Díaz llevó a extremos inauditos la concentración de la propiedad agraria: el 1% de la población tenía en sus manos el 97% de las tierras del país. Dio vía libre al capital extranjero que se adueñó de más de la mitad de nuestras riquezas. Por primera vez, la producción manufacturera llegó al 10% de toda la producción nacional; pero el país se convirtió en una semicolonia de las potencias imperialistas.

Los derechos sociales fueron negados, una nueva servidumbre surgió en el campo; los derechos de la clase trabajadora eran desconocidos; la huelga estaba considerada como un delito contra la libertad económica. Los derechos políticos fueron anulados. La militancia política estaba reducida al clandestinaje. Cualquier brote de lucha política era aplastado con métodos sanguinarios. Los derechos del hombre eran letra muerta en la carta liberal. Latifundismo, dependencia y antidemocracia, eran las tres aristas que caracterizaban al porfiriato. Por eso la Revolución Mexicana tenía que ser un movimiento antifeudal, antiimperialista y democrático. Los tiempos habían cambiado. Había medio siglo de distancia entre la Reforma y el inicio del tercer tiempo revolucionario.

La realidad había hecho cambiar la filosofía política. El liberalismo tenía que ceder su lugar al ideario preñado de nacionalismo económico y de anhelos de justicia social.

Los diputados al Congreso de Querétaro, no podían seguir siendo partidarios del abstencionismo del Estado frente al proceso económico, los fanáticos de la libre competencia como Félix F. Palaviccini, desentonaban ya en aquella asamblea llena de inquietudes en favor de las mayorías populares.

Alfonso Cravioto, en nombre del bloque renovador dentro del Congreso Constituyente de 1917, tratando de ubicar a su grupo, expresaba: "Nosotros somos liberales" indudablemente, pero liberales de hoy, liberales evolucionados, liberales con muchas influencias socialistas y que nos encontramos colocados a igual distancia de la escuela demagógica y sentimental de los apasionados, como la vieja escuela liberal, de la vieja escuela que estableció como piedra angular, como base fundamental; el principio de la escuela de Manchester, "dejad hacer, dejad pasar".

Para Cravioto la democracia tenía un contenido nuevo, superior a la democracia liberal. El pueblo - decía - no es una masa compacta, uniforme, el pueblo es una masa de seres humanos dividida en varias clases sociales que persiguen intereses antagónicos. La democracia debe ser, pues, un gobierno del pueblo por la mayoría del pueblo y para la mayoría del pueblo; pero como en todas partes del mundo, la mayoría del pueblo está constituida por las clases populares, resulta que la democracia es el gobierno de la sociedad, por las clases populares y para beneficio de las mismas clases. La democracia no es otra cosa que casi el socialismo.

José Natividad Macías citaba a Carlos Marx para apoyar sus argumentos en favor de los derechos de la clase trabajadoras que se plasmarían en el artículo 123 de la Carta Magna. Heriberto Jara, se pronunciaba por una Constitución que se saliera de los moldes clásicos, para dar cabida a los derechos sociales. Francisco J. Mújica, propugnador desde el surgimiento del Plan de Guadalupe de una revolución con objetivos sociales, fue columna vertebral del Congreso, en favor del pueblo y de la nación.

Los Constituyentes de 1917 tenían que hacerse eco de los reclamos populares plasmados en muchos documentos que salieron a la luz antes de estallar la lucha armada, durante ella y cuando ya se proyectaba el porvenir inmediato, una vez apagados los fuegos de la contienda.

Por eso, la nueva carta política tenía que recoger nuevas tesis y nuevos principios. Una nueva concepción sobre la propiedad, no ya como derecho natural, sino como una prerrogativa de carácter colectivo ejercida por el Estado; las reivindicaciones de las riquezas naturales, como propiedad de la nación para rescatarlas de manos de los extranjeros, es decir, el derecho incontestable del Estado para nacionalizar los bienes y reintegrarlos al patrimonio de la nación.

La nación como titular de la tierra, tenía que darle nuevas modalidades a la propiedad agraria, con el fin de dividir los latifundios, restituir a las comunidades indígenas las tierras de que hubieran sido despojadas, dotar de ejidos a los pueblos y constituir la pequeña propiedad como una concesión del Estado. Prohibición para los extranjeros de poseer tierras en las fronteras y en las costas y de explotar algunas riquezas del subsuelo sin la previa autorización del Estado; condiciones estrictas a los extranjeros que adquieran concesiones para explotar riquezas, de considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y de no invocar la protección de sus gobiernos; prohibición para que el clero adquiera, posea o administre bienes raíces y tenga capitales impuestos sobre ellos; reconocimiento a los derechos propios de la clase trabajadora, los cuales deben ser tutelados por el Estado; desconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y prohibición de intervenir en la política del país; derechos democráticos del pueblo mexicano, derecho al sufragio y respeto a la voluntad popular, educación pública basada en los principios de la ciencia y en los intereses de la nación mexicana.

A lo largo de sus 69 años la Carta Magna ha sufrido reformas negativas y cambios progresivos. El mejor homenaje a ella y a sus creadores es el de ponerla al día, de acuerdo con las demandas del pueblo y de la nación. Es urgente limpiar la Constitución de pegamentos contrarrevolucionarios que la demeritan y hacen nugatorios ciertos derechos del pueblo. Por ejemplo, es necesario derogar el amparo agrario a los terratenientes, introducido por el régimen alemanista en la fracción XIV del artículo 27. Es inaplazable derogar la fracción VIII del artículo 3o. que fue establecida por la LI Legislatura, porque estipula la autonomía universitaria ligada a la libertad de cátedra, principio reaccionario que contradice la esencia de la educación científica, nacionalista y democrática.

En 1965, Vicente Lombardo Toledano, en nombre de la Fracción Parlamentaria del PPS, presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Constitución para crear un nuevo capítulo sobre la economía nacional. La iniciativa fue rechazada y mandada al archivo. En esa ocasión Lombardo dijo: "Aun el pasado no se puede archivar, porque el pasado tiene también instituciones positivas que forman parte del patrimonio del pueblo. Pero lo que es imposible es archivar el porvenir". Andando los años, en 1883, fueron promulgadas reformas a los artículos 25, 26 y 28 constitucionales que de alguna manera recogieron ciertos aspectos de las propuestas que habían sido desechadas. Después de 18 años se le dio la razón a quien la tenía.

Tarde o temprano triunfan las ideas avanzadas. Respetar nuestra Constitución es estudiarla a fondo, cotejarla con la realidad cambiante y con las demandas populares, para hacerle los ajustes requeridos; porque una Ley Suprema no sólo debe reflejar el presente, sino proyectar el porvenir. La Revolución Mexicana abrió la vía del nacionalismo revolucionario, del progreso social y de la democracia real por donde debemos transitar.

La Constitución tradujo esas líneas a mandatos que deben ser cumplidos. La Constitución, señoras y señores diputados y senadores, la Constitución debe ser bandera, escudo y arma de combate para vencer a los enemigos del pueblo mexicano y antorcha para iluminar el porvenir. Muchas gracias.

El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Roberto Calderón Tinoco.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Señor presidente; señores legisladores: hoy en día en una idea unánimemente admitida que las Constituciones para las naciones modernas son un elemento fundamental para su desarrollo y su convivencia. Al exaltarlas caeríamos en lo obvio y en el lugar común; sin embargo, nuestro país tan convulsionado por las guerras civiles y tan herido por las discordias, la promulgación de un código fundamental de una ley de leyes es un hito, un momento memorable para su historia.

La Constitución de 1857 representa, de alguna manera, la liquidación de la lucha de liberales y conservadores, y esta ley suprema no deja de serlo por la irrupción transitoria del imperio de Maximiliano, cualquiera que sea el juicio histórico que nos merezcan los contendientes del siglo pasado y la bondad o las limitaciones de sus respectivas causas, lo cierto es que con este código fundamental se establece un orden público, valedero no solamente para los vencedores, sino también para los vencidos. Un marco en que se reconocen las libertades y los derechos fundamentales del hombre; por ello, a pesar de los reparos que legítimamente se le pudieran oponer

en su tiempo, esta Constitución marca una desarrollo en la vida institucional de los mexicanos.

Lo mismo podemos decir de la Constitución de 1917, que rompe con aspectos de molde liberal y que establece nuevas instituciones para el fomento de la justicia social y trata de conciliar las libertades fundamentales, de las personas con los instrumentos para una mejor distribución de la riqueza. Con ella también se estableció un orden público en que rige lo mismo para los vencedores que para los vencidos.

Las constituciones son obras humanas y, por lo tanto, perfectibles. Se deben adaptar al cambio de los tiempos. Sin embargo, nuestra Constitución, la Constitución de 1917, ha sido objeto de más de 300 reformas y adiciones que no se compaginan con la estabilidad mínima que debe tener este tipo de códigos, que deben ser reflejo de las estructuras políticas y básicas de la nación. Se ha dicho que hay una constitución sexenal y que la misma se reforma según el gusto del Presidente en turno. Nosotros, miembros de la Comisión Permanente, al integrarnos a los periodos ordinarios de sesiones a las respectivas Cámaras, formamos, de alguna manera, el Constituyente Ordinario. Y esta observación es para que en el ejercicio de esta función, si nos toca desempeñarla, lo hagamos con responsabilidad, sin frivolidad y con independencia. Promover los cambios sí, que sean necesarios, pero sin superficialidad, sin apresuramientos y con el oído atento a lo que realmente quiere y siente el pueblo mexicano.

Nosotros, los del Partido Demócrata Mexicano, en nuestros principios y programas proclamamos la aceptación básica de la Constitución que nos rige. Pero también para realizar el proyecto de Nación que implica nuestro programa, vemos necesario el cambio de algunos artículos, entre ellos el 3o., el 28 y el 130. En esa tarea, tomaremos en cuenta los reclamos de seriedad que ya hemos apuntado, e invitamos a las otras formaciones partidarias para que se normen por la misma exigencia.

Las constituciones entendemos, no son para conmemorarlas, sino para cumplirlas y si hay una rememoración de las mismas, como la de hoy, debe ser para recordar su cumplimiento. Desgraciadamente, la Constitución de 1917 que nos rige, no se cumple en su totalidad. Todavía es frecuente que existan arrestos y detenciones sin la orden judicial respectiva. Todavía hay torturas en los cuerpos policiacos y en las Procuradurías. En cuanto a derechos de sufragio, el pueblo no elige a sus autoridades cuando media el fraude electoral que queda impune.

En materia de endeudamientos, nuestra asfixiante deuda externa se agigantó sin que se cumplieran los requisitos constitucionales. Los impuestos no son proporcionales como lo ordena el texto constitucional; muchas de las leyes secundarias que se han aprobado en anteriores y en esta Legislatura, van contra algún precepto de esta Constitución.

Podíamos seguir enumerando violaciones de tal manera que su simple reseña ocuparía todo el tiempo de esta sesión. Sé que hay diferencias en el diagnóstico, pero todos ustedes, señores legisladores, estarán de acuerdo en que esta Constitución de 1917 debe cumplirse y no debe violarse, y que el lograr su total vigencia es una de nuestras tareas comunes como legisladores.

El sentido, pues, de esta intervención es para conmemorar la Constitución de 1917, para que se cumpla cabalmente y que el régimen en que vivimos sea fundamentalmente un Estado de Derecho, en que la Constitución rija a los que ganan y a los que pierden las elecciones, a los gobernantes y a los gobernados, a los que están de acuerdo con la situación actual y a los que están en desacuerdo con ella, en que sea el instrumento fundamental para un continuado desarrollo para el cambio, pero dentro de la paz, para la justicia, pero con libertad. Muchas gracias.

El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alcocer Villanueva:

El C. diputado Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; señores legisladores; señoras y señores: con esta Sesión Solemne de su Comisión Permanente, el Congreso de la Unión conmemora un aniversario más de las dos Constituciones que han regido la vida de México de 1857 a la fecha. Es esta la oportunidad de rendir homenaje a los hombres y mujeres, que a su gestación contribuyeron, así como de plantear algunas reflexiones sobre el momento que vive nuestra patria.

Nuestras constituciones, desde la pionera de 1814 hasta la que hoy norma la vida de México, tiene una singularidad frente a otras constituciones, en otras latitudes: son producto de revoluciones populares, armadas, de la lucha del pueblo mexicano en momentos señores, decisivos de la historia patria.

Primero la Revolución de Independencia, al calor y dentro de la cual surgió la Constitución de Apatzingán. Luego, la Constitución de 1824 que instaura el federalismo como forma de organización política de la joven nación. La unión de estados libres y soberanos, sueño de democracia política todavía por realizar.

La Revolución Liberal, encabezada por Juárez y la pléyade de hombres de la Reforma, engendran, derrotada la reacción conservadora, una nueva Carta Magna que plasma la soberanía nacional como máxima expresión de la voluntad popular y erige al estado nacional como su forma de existencia. Esa Constitución, la de 1857, consagra lo que la lucha del pueblo en armas había conquistado: la abolición de los privilegios de la iglesia y el clero; la separación definitiva e irreversible de la Iglesia y el Estado, condición básica, esencial de un Estado que se pretenda democrático y de la existencia y desarrollo de una vida política fundada en principios civiles. Pero los conservadores no admitieron su derrota y aliados a la Iglesia, buscaron fuera, el apoyo del que adentro carecían. La aventura imperial, el sueño de Napoleón "el pequeño", concluyó en el Cerro de las Campanas. La Constitución de 1857 recobró su plena vigencia, fue respetada y se hizo respetar.

La dictadura de Díaz no suprime ni deroga la Constitución, la anula en su práctica, la convierte en letra muerta y los tecnócratas de aquel entonces, los científicos porfiristas, hablan de la Constitución como de un traje hermoso no hecho a la medida de nuestro pueblo. Por encima de la Constitución, contra la Constitución, se edifica un régimen de privilegios económicos para unos cuantos, y ausencia de libertades políticas. Conforme el dictador envejece, la tiranía se hace más y más afrentosa para el pueblo. En 1910, después de anunciar que el pueblo mexicano está listo para la democracia, Díaz se hace reelegir y enciende con ello - y gracias al genio y la valentía de Madero y sus correligionarios - la mecha de la Revolución.

Los turbulentos años de 1911 a 1916 marcan el desmoronamiento del antiguo régimen. El constitucionalismo de Carranza se inspira en la defensa de la Carta de 1857, pero una nueva Revolución había sacudido a México. Masas de campesinos y obreros armados, derrotan al ejército porfirista, toman las tierras, destruyen las haciendas y el oprobioso sistema de peonaje. La nueva Revolución sacude la nación, trastoca los cimientos del viejo orden social, las masas armadas exigen cambios, reclaman derechos, se colocan en el centro de la historia.

La Constitución de 1917 es expresión de una revolución victoriosa, pero es, en particular, expresión de una fracción triunfante en la Revolución. Los ejércitos populares, campesinos, de Villa y Zapata son derrotados en el campo de batalla, pero las reivindicaciones y demandas por las que lucharon no pudieron ser del todo derrotadas. Así, el Constituyente de Querétaro incorporó en el artículo 27 de la nueva Carta Magna los derechos de las masas campesinas; y en el 123 los derechos de la naciente clase obrera. En 1917 se refrenda el federalismo y la separación de la Iglesia y el Estado. Se instaura la educación laica, gratuita y obligatoria, se perfecciona el régimen de separación de poderes, articulado a un Ejecutivo fuerte, mas no un sistema presidencialista antidemocrático y negación de los otros poderes como el que ahora padecemos.

En suma, 1917 marca la institucionalización del régimen surgido de la Revolución a través de una Constitución que quería ser del pueblo y para el pueblo. Hoy, a 69 años de distancia, la Constitución de Querétaro sigue rigiendo la vida de México. Para nosotros, los Socialistas Unificados, la Constitución no puede ser vista como proyecto o programa. Es Ley que debe cumplirse y hacerse cumplir, en ello radica parte del sentido profundo de nuestra lucha, ello es hoy clamor popular. Nuestra Constitución, la de hoy, la de 1986, es parecida a la que aquellos hombres reunidos en Querétaro aprobaron y entregaron a la nación; parecida sí, pero también profundamente distinta en varios de sus preceptos más avanzados y radicales.

Es cierto, la Constitución es parte de la vida de México, no es pieza de museo, ni motivos de actos de propaganda partidaria, es un documento vivo que como tal requiere cambios que la hagan útil al pueblo de México y a su desarrollo. Pero, desgraciadamente, la mayoría de los cambios trascendentes que la Constitución de 1917 ha sufrido, han sido para retroceder o para limitar derechos fundamentales, económicos o políticos, de nuestro pueblo.

El artículo 27, deformado con el amparo agrario alemanista, que permanece ahí, como ofensa a la lucha campesina y concesión inaceptable a los viejos y nuevos latifundistas. El artículo 123, desnaturalizado mediante esos dos apartados que niegan y violan su sentido original, negación de derechos a trabajadores, supresión del derecho de huelga, y luego, la derogación en el sexenio de Echeverría, de la fracción XII de este mismo artículo que consagraba el auténtico derecho obrero a la vivienda.

Esos son sólo algunos de los casos más dolorosos, pero ahí están también las reformas que hizo aprobar el actual gobierno, que introdujeron a la Constitución la protección a la empresa privada, y colocaron a la propiedad privada en el mismo rango que la propiedad de la nación, que para los Constituyentes de 1917, era la fuente original y legítima de toda forma de propiedad. También es cierto que no todos los cambios

introducidos a la Constitución en el largo período de su vigencia, han sido negativos.

Justo es reconocer que, por ejemplo, los cambios más recientes aprobados por esta LIII Legislatura del Congreso de la Unión que constituyen una reforma positiva, que debe abrir cauce a un proceso de profundas reformas en la legislación electoral, federal y estatal; hacer de las elecciones procesos democráticos, desterrar el fraude como práctica cotidiana del gobierno y de su partido; recuperar la confianza del pueblo en las instituciones políticas, requiere, antes que nada, el auténtico respeto al voto y para ello es necesario introducir cambios profundos en una legislación electoral que obstaculice el desarrollo democrático de México.

Mucho hemos hablado aquí de la violencia que ha acompañado a los procesos electorales recientes, pasemos a discutir las formas que nos permitan desterrarla del panorama político de México, para encontrar los cauces del cambio a través de la auténtica confrontación de partidos y la voluntad de los ciudadanos.

Se ha dicho, con razón, que la Constitución de 1917 fue pionera en el establecimiento de los derechos sociales: educación, vivienda, salud, trabajo, son hoy garantías constitucionales. Pero aún estamos lejos de hacer de esos derechos, realidad en acto y yo digo que en estos tres últimos años, nos hemos alejado más que nunca de ellos. No es sólo la crisis que nos agobia, es también, y de manera principal, la forma en cómo el gobierno de Miguel de la Madrid la ha enfrentado, lo que ha hecho que esos derechos sean letra muerta para millones de compatriotas.

En esta materia, más que reformas, lo que la Constitución requiere, lo que el pueblo exige, es que se cumplan esos derechos y no que, como ayer, se nos diga que la Constitución es programa inconcluso, que es otra forma de decir, como los científicos porfiristas, que nuestra Carta Magna es un hermoso traje para el cual aún no damos la talla.

Con nuestros recursos, con la entereza y el trabajo de nuestro pueblo, podríamos sentar las bases de una vida digna y segura para todos los mexicanos. Hoy que la tiranía del capital financiero internacional y la voracidad de las grandes potencias imperialistas, aprisionan a nuestra maltrecha economía y pretenden imponernos mayores sacrificios; hoy que la deuda externa ya no es agobio, sino auténtico ahogo de cualquier posibilidad de salir adelante, podemos encontrar en la Constitución y en sus mandatos, la ruta para transitar por estos tiempos críticos. Si en verdad el gobierno profesa su dicho de que primero está el pueblo de México, de que ya no se le puede seguir sacrificando, es tiempo, entonces, de tomar decisiones patrióticas a la altura de los tiempos y las circunstancias, es tiempo de suspender el pago de la deuda externa para que, conjugando voluntades y sumando soberanías con otros países, se establezcan nuevas reglas del trato entre las naciones.

Quisiera terminar, expresando la voluntad del Partido Socialista Unificado de México, para hacer de la Constitución un texto a la altura de las necesidades de nuestro pueblo; cumplir y hacer cumplir la Constitución, hemos protestado quienes formamos parte de los poderes de la unión. Para que ello sea un hecho, unamos nuestros esfuerzos para que en México se destierre la violación a las garantías individuales, para que se cumplan las garantías sociales, para que podamos sentirnos orgullosos, no sólo en lo que en la Constitución está escrito, sino sobre todo de la forma en como se cumple. Gracias.

El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal.

El C. diputado Jesús González Schmal: - Señor presidente; señores legisladores: mañana, cinco de febrero, estaremos ante otro ritual litúrgico, que se parece a muchos otros anteriores que suelen hacerse en el ambiente oficial, en donde se celebran efemérides y se proclaman a los héroes o al acontecimiento nacional, sin perjuicio de traicionar en la práctica los valores, ejemplos o ideales que son la esencia y el sentido de la conmemoración.

También estaremos asistiendo tal vez a una mera relación necrológica en la que se considera a la Constitución, que fue anhelo y aspiración del pueblo, y que ha desaparecido en la práctica diaria del ejercicio del poder público.

Tan falso es con esa doble intención, venir a conmemorar la Constitución, como lo fue hace unos días venir a hablar aquí de la paz mundial que hoy constituye el tema del año de las Naciones Unidas, porque hablar de la paz acusando sólo a las potencias internacionales de armamentismo, gastos militares y violaciones del derecho internacional, sin reconocer que aquí en casa, lo que no se gasta en armamentismo y militarismo se gasta en soporte oficial, soporte político oficial y corrupción y que con el mismo énfasis que se exige el respeto al derecho internacional se violan en nuestra propia nación, las más elementales normas de nuestra Constitución y de los derechos humanos, tiene mucho de fariseísmo y de hipocresía que no puede ser

edificante ni constructivo en esta hora de nuestra patria - exijamos sí - , al mundo, justicia y paz con todas nuestras fuerzas, pero exijámonos a nosotros mismos respeto al derecho interno y honradez en nuestras acciones para tener título y capacidad de influir sin demagogia en los destinos de la humanidad, porque este desdoblamiento de nuestro comportamiento político con razón puede llamarse y se ha llamado esquizofrenia política, porque no se puede actuar en dos niveles sin incurrir en desarticulación e incongruencia sistemática que por habitual, ni sus propios actores ya perciben. Somos o no consistentes con nuestras prédicas internacionales, o sepultamos a la Constitución para siempre o la observamos en su sentido y propósito original.

La Constitución no puede adecuarse a los caprichos o conveniencias de cada sexenio, es el titular del cargo, el Ejecutivo Federal el que debe ceñirse a la Constitución y regir todas y cada una de sus acciones en la norma máxima de nuestro derecho tal como se proclama al hacer la protesta a cargo del Presidente de la República. No es la conveniencia o la volubilidad del Presidente en turno quien debe condicionar las modificaciones constitucionales, es en todo caso, sólo el avance político del pueblo el que debe ir consagrando nuevas expresiones de los principios inmutables que reconocen los derechos de la persona humana.

Recuérdese como verdad perenne, que la Constitución, en su concepto moderno nace y se vincula con el derecho de soberanía que arrebatado al derecho divino de los reyes, por Juárez y Victoria, generan todos los movimientos de reivindicación ciudadana que se sintetizan en la revolución francesa, y circundan al mundo para ver la era moderna de los derechos humanos, inalienables e imprescriptibles y anteriores al Estado.

Y a propósito de la paz mundial, después de la segunda guerra, en esa búsqueda del hombre por lograr la paz entre las naciones, a partir de la paz dentro de los propios pueblos, se proclama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que vincula toda la lucha del Renacimiento, en su proyección moderna y vivificante, para alcanzar la tan ansiada paz en la justicia en contraproposición, a la paz de los sepulcros tan ensayada y tan acariciada, por los regímenes antidemocráticos.

Y México fue de los primeros países que concurrieron a tan trascendente Declaración; la Carta de San Francisco en 1948, constituía y constituye los mejores propósitos y compromisos del hombre para con su subsistencia y convivencia civilizada y México fue más allá, con lentitud no con tanta prontitud, fue signando los diversos tratados, acuerdos y protocolos que se derivaban de dicha Declaración y que constituían ya instrumentos jurídicos, efectivos para su vigencia en las naciones que se acogían a ellos y fue la previsión, la visión y el patriotismo de los Constituyentes del 17 quienes consagraron en nuestra Ley Suprema el artículo 133, que recoge ese concepto de la pertenencia a la comunidad internacional y con ello reconoce la fraternidad humana y los derechos primarios del hombre frente a cualquier estructura política. Así, establece el artículo 133 de nuestra Constitución.

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

A partir pues, de este postulado y de la acción internacional de México para vincularse a la suerte y al destino de los hombres en todo el orbe, México llegó a signar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero junto con esta suscripción México también reserva, reserva lamentablemente, diversas posiciones que consagran los derechos humanos.

En el artículo 9o. párrafo 5o., del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho del hombre a obtener la reparación a toda persona ilegalmente detenida, fue reservado por México.

También reservó el artículo 18 del mismo Pacto, que reconoce el derecho de manifestar su religión, tanto en público como en privado, entre otras cosas mediante la enseñanza. También reservó el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen el derecho del extranjero de no ser expulsado, sino por causas legítimas y su derecho de defenderse contra la expulsión ante los tribunales. También reservó el inciso b) del artículo 25, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, posición económica o cualquier otra condición, para participar en las actividades políticas dentro de sus comunidades nacionales y ejercitar el supremo derecho al sufragio universal.

Y, finalmente, reservó del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho que reconoce a toda persona a afiliarse al sindicato de su elección y el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculo.

Parecería que estas reservas tuvieran poca importancia en nuestra vida política, sin embargo, tan sólo para ejemplificar el alcance que tienen dichas reservas, que ha hecho el Gobierno mexicano de los pactos internacionales citados, tendremos que referirnos a la que consagra el derecho a obtener reparación a toda persona ilegalmente detenida. Porque amen de la práctica de detenciones arbitrarias que ocurren cotidianamente en México, obligaría al Gobierno mexicano a cambiar radicalmente la organización y el sentido de la labor policiaca que se usa para toda clase de propósitos, incluyendo los políticos.

También supondría admitir ante el pueblo la responsabilidad de la autoridad en el ejercicio de la función pública en todos los órdenes. Es cierto que en la ley están prohibidas las detenciones ilegales, como se encuentran también establecidas las responsabilidades políticas y administrativas de los servicios públicos. Pero aquí otra vez las detenciones, torturas y procesos indefinidos judiciales, son práctica cotidiana, como también la irresponsabilidad de la autoridad pública, en otros órdenes se encuentra en estado de aceptación tácita, en estado de excepción tácita cuando, como se ha probado, el sistema tiene muchos más recursos que la ley para impedir que ésta se observe.

Aquí el objetivo oculto de las reservas en los pactos internacionales. Qué ciudadano del mundo tiene, en el siglo XX, alguna duda, si es poseedor de derechos frente a las responsabilidades de la autoridad, tanto por detenciones arbitrarias como por cualquier otra transgresión a sus garantías y derechos fundamentales.

Nuestra patria, entre cada día menor número de naciones, se encuentra rezagada en la observancia y respeto pleno a los derechos humanos, ya porque la ley requiere una expresión más precisa en su defensa, ya porque una práctica viciosa de manejo político impide la aplicación de la ley a quien se encuentra en la excepción privilegiada de ser sujeto de un juicio político.

De la ligereza en lo interno y de la falta de compromiso en lo internacional, respecto a la responsabilidad oficial entre otros derechos humanos, se han derivado grandes males a México: Se han institucionalizado como forma de gobierno un acomodo, para entender la ley en todo lo que valga, excepto para los que afecta a los titulares de los centros del poder político y económico.

Este es el riesgo más inmediato en el futuro próximo de nuestra nación. No puede ser positivo ni constructivo el ejercicio del gobierno al margen de la ley o mediante el disimulo crónico de su proclama y simultánea transgresión, sólo para citar los casos más trascendentes que explican el estado de crisis que guarda la nación, señalaremos que se transgredió la Constitución de la República por el mismo Presidente de la República cuando no se ciñó a la letra de la ley en materia de presupuesto y deuda pública, y ello está en la médula de la petrolización y dependencia internacional de nuestra economía. También señalan y tiene efectos muy graves, para la vida de nuestra patria, el desacato a la Constitución en materia electoral, que ha permitido el enquistamiento de los caciques y corporaciones con derechos al cargo público, por encima de la voluntad popular y la constante degradación de la función pública; la inobservación de la división de poderes que consagra la Constitución también ha precipitado la concentración unipersonal del poder y todas las consecuencias que ello acarrea.

Serían muchísimas las citas que podríamos hacer para señalar el trastorno, el daño y el riesgo que supone para el futuro de la nación, el continuar con esta práctica de doble nivel en la apreciación de nuestros documentos fundamentales y en la observancia de los mismos. Tendría que citarse entonces para una conmemoración auténtica legítima, positiva y fructífera para el pueblo de México en este 5 de febrero que sería decisión indeclinable del poder público como de los ciudadanos, atenerse, sujetarse y ceñirse a la letra de la Constitución para de ahí partir y lograr ese México tan ansiado, progresista, justo y pacífico que, sin duda todos queremos para nuestros hijos Muchas gracias.

El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano senador Hugo. B. Margáin.

El C. senador Hugo B. Margáin: - Señor presidente; compañeros legisladores: Hoy es un día de celebración de la Carta Magna que actualmente nos rige, y que corresponde también a la liberal de 1857. Hemos escuchado en esta sesión solemne, una serie de opiniones de distintos partidos, todas ellas confirmando el respeto que la Constitución tiene a la discrepancia. Si no tuviésemos la Constitución de 1917, esto que hoy hemos oído no hubiere existido en nuestra patria. Es curioso lo que acontece, se combate la Ley Suprema, se combaten las realizaciones del movimiento revolucionario y la fuente del derecho de

los partidos que est precisamente en nuestra Carta Magna. Se ha venido haciendo, y me recuerda nuestras clases y cátedras en la Facultad de Derecho de San Ildefonso, un repaso de nuestras distintas leyes constitucionales. La Ley constitucional, forma parte de lo que es un régimen de Derecho; a través de la Ley Suprema, se recogen muchas experiencias del mundo en su lucha por el Derecho, como dijo el tratadista jurídico Rudolf Ihering "la lucha por el Derecho es la esencia de la historia".

Se ha hablado de la Constitución de Apatzingán; de la liberación de los esclavos, que fue lo que hizo el padre Hidalgo en Guadalajara. Es interesante ver cómo aquí se repite lo que en la consulta de los siglos pasados se le había hecho al Vaticano. Paulo III contestó en la Bula "Veritas Ipsa" a mediados del siglo XVI, y señaló que los conquistadores y los conquistados tenían alma y eran iguales. Dicha igualdad no se cumplió y fue necesario que Hidalgo volviera e repetirlo en Guadalajara, tres siglos después, en 1810.

Consideramos, señores legisladores, que se estableció en nuestros documentos constitucionales que el esclavo, por el sólo hecho de pisar territorio nacional, adquiría su libertad automáticamente. Si nosotros formulamos un catálogo, que sería muy grande, de lo que hemos contribuido al mundo con las conquistas mexicanas plasmadas en el derecho constitucional, habría que reconocer, ahora que se habla tanto de los derechos humanos, cómo México se adelanta en proclamar la igualdad del género humano. Es en la Constitución de 1824 y en las subsecuentes, que se establece qué el hombre es libre y que basta con que toque el suelo nacional para que automáticamente sea libre. Recordemos que el vecino país del norte llegó a la guerra de Secesión en 1863 y hasta entonces es cuando logra la igualdad esencial del género humano. A ellos nos adelantamos muchas décadas.

Por ello, también señalaría en los antecedentes constitucionales del país, aparte de la Constitución Federal de 1824, el Decreto de Hidalgo, la Constitución eminente de Apatzingán, y además, como uno de los más directos antecedentes a la Constitución Gaditana de 1812. Ahí ya tuvimos representantes nuestros como Miguel Ramos Arizpe, José de Gordoa y José Ma. Guridi, que luego vienen a influir en el desarrollo constitucional mexicano.

Representantes de la Nueva España, en las Cortes de Cádiz, estudiaron en la isla de León dicho texto. Esa Constitución en una forma precaria diría yo, se aplicó en México, pero es el fruto del restablecimiento en España de lo que eran los cabildos, de lo que eran los fueros que se habían roto con la Revolución Comunera, con la ejecución de Juan de Lanuza, justicia mayor de Aragón, cuando protegió al perseguido Antonio Pérez, secretario de Felipe II; entonces palidecen las libertades españolas de los antiguos fueros; los fueros de Sobrarbe, el fuero viejo de Castilla, el fuero de Aragón y que se retoman, por la invasión napoleónica. Lo importante del documento es que rompe el concepto de la autoridad con base en una decisión divina en favor de los monarcas. La voluntad general es lo que siempre se ha venido siguiendo en las democracias. La voluntad general se impone, y es fuente legítima de toda constitución.

Al lograr nuestra Independencia, viene el efímero -ya se citó - Imperio de Iturbide. Es un ejemplo claro de algo que no tiene raíces en la opinión general, por ello fracasa. En la Constitución de 1824 se establece la Federación; dentro de la lucha de los partidos políticos los borbonistas, los liberales, los conservadores. Los liberales toman el camino de la Federación: los conservadores, que siempre los hemos tenido, toman el camino del centralismo. El centralismo y el federalismo pugnan durante el siglo XIX. ¿Qué es lo que el pueblo de México decide? No solamente los legisladores, no sólo los constituyentes proceden, es el pueblo quien define. Tuvimos dos constituciones centralistas. ¿Dónde están? Dos constituciones centralistas conservadoras: Las 7 leyes de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843. Son dos leyes centralistas y el pueblo se dio cuenta que ellas no correspondían a la realidad nacional. Se añoraba la Constitución de 1824, por cierto, con las leyes centralistas, se pretextó la violación del Pacto Federal y fue entonces, cuando en 1836 México, vuelve a sufrir otra guerra internacional, cuando se agrega Texas a la Unión Norteamericana y perdemos todo el territorio del norte.

Es entonces que se da el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Es un documento eminente: ya hablamos de la libertad, y ahora lo hacemos de la protección a los derechos individuales, pues es ahí donde están las ideas de Mariano Otero y Manuel C. Rejón, los juristas que en el Acta Constitutiva y de Reformas establecen el juicio constitucional de Amparo, cuyas raíces son profundas como todos recordamos y lo recordamos en nuestra Facultad de Derecho, y que viene desde el Imperio Romano con el "tribunam plebis" quien se dedicaba a proteger los derechos individuales, surge más tarde en Inglaterra con el nombre de "habeas corpus". El movimiento romano tiene una influencia extraordinaria en el Derecho Constitucional mundial. Se estable en

el Acta Constitutiva y de Reformas lo que luego los Constituyentes de 1857 aceptan y que acepta el Constituyente de este siglo, en 1916 quedó el Amparo como otra gran contribución del derecho constitucional mexicano.

Cuando queremos ver defectos hay muchos en esta vida, cuando tenemos que señalar aciertos hay que tener la generosidad que nos da nuestra propia historia, en casos como la abolición de la esclavitud, que Hidalgo da la libertad a los esclavos al pisar el territorio nacional; o el derecho constitucional de Amparo, ejemplo de protección de los derechos individuales, frente a los actos arbitrarios. Y nos preguntamos ¿Qué pasó con el centralismo conservador? Los liberales, con el Federalismo, triunfaron. En el Acta Constitutiva y de Reformas se restablece así la Constitución de 1824. Pero estamos en plena guerra, y todavía tenemos que soportar la dictadura criolla de su alteza serenísima, para después de ésta, en la lucha de liberales y conservadores, ver surgir la Constitución de 1857, constitución liberal con ciertos movimientos de timidez, con ciertas dudas. Fue necesario después de las Leyes de Reforma enfrentar la destrucción del Partido Conservador, que desde entonces toma distintas formas de mimetismo, partido que se destruye porque el pueblo de México decide caminar por la Federación.

¿Quién habla ahora de una Constitución centralista? Se habla de una, de los grandes triunfos del pueblo de México, la Federación.

Los derechos del hombre siguen el catálogo que aquí antes expongo, con influencia de la "Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano" de la Revolución Francesa, que tiene la generosidad ecuménica que no tienen los ingleses, ya que, los ingleses en su Carta Magna, en la Constitución del Clarendor, en la Carta Antigua del Rey Enrique I, pero sobre todo en la Carta Magna, de Juan sin Tierra, lo hacen para los ingleses; los franceses son ecuménicos -insisto- al hablar de los derechos del hombre y del ciudadano, y nosotros los recogemos en nuestra Constitución de 1857.

Viene luego la gran equivocación histórica cometida por las fuerzas conservadoras que no aceptan la destrucción de los privilegios. Recordemos que hubo revoluciones en que se gritaba: ¡religión y fueros!, es decir, mis privilegios sobre los derechos de formas degeneradas, que es precisamente la esencia de las descritas por Aristóteles, con las formas puras de gobierno, y las impuras, todas degenerando y continuamente sucediéndose hasta que Nega Polibio, quien habla de la división de poderes en el Imperio Romano, imperio que dura quince siglos, son las formas puras coincidiendo, frenando y compensando la labor del poder. Es de ahí de donde lo toman John Locke y Montesquieu, lo tienen todas las constituciones modernas. Así, en 1857, en una constitución liberal, se agrega lo que aquí ya se ha dicho. Se agregan más tarde las Leyes de Reforma, necesarias e indispensables, que establecen la separación de la Iglesia y el Estado y la secularización de los actos civiles. Todo lo relativo a la vida del individuo controlada por la iglesia, no se ataca el dogma, se ataca su posición política teocrática que venía desde la Colonia, cuando por ejemplo a la ausencia de un virrey, se abría el pliego de mortaja e inmediatamente el arzobispo tomaba el poder. La teocracia se destruye y ese mérito tienen los liberales, se dice en ese momento que los actos de la vida, son de carácter civil. Se desamortizan los bienes de las manos muertas.

Señores, este fue otro de los grandes avances constitucionales, ya estamos dentro de la órbita de lo que hoy celebramos. ¿Qué es lo que se celebra cuando nosotros en lo social hablamos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos?, ¿celebramos sus enfermedades?, ¿celebramos sus errores?, no, señores, la celebración es precisamente señalar que México liquidó en la separación de la Iglesia y el Estado en 1850, posterior a 1857 en la Leyes de Reforma, de Veracruz, se adelantó a todos los que nos siguieron después en las Constituciones latinoamericanas, para nada más hablar de nuestro continente.

La Ley de Separación de la Iglesia y el Estado, nadie la discute ahora; La separación de la Iglesia y el Estado y el respeto a cualquier otra religión. Y como decía un ilustre liberal: "Tener la religión que queramos o ninguna", también eso está protegido.

Entonces es libertad de pensamiento, ninguna imposición dogmática y se separa la Iglesia del Estado. Es otro triunfo del pueblo de México.

La enseñanza que recogemos es la siguiente: cuando las instituciones están arraigadas en el pueblo, triunfan permanecen; de otra manera fracasan, se olvida. Otro olvido frente a las demandas sociales que ya se anunciaban al final del siglo pasado fue el error craso de Porfirio Díaz y de su grupo de científicos que ya aquí han mencionado. Se anquilosó el régimen y lo más grave fue no escuchar al pueblo; sus demandas, sus quejas. Las aspiraciones del campo, de los obreros de la ciudad, nada se escuchaba, se rompió completamente la comunicación entre Gobierno y

pueblo. La Revolución Mexicana el lema del "Sufragio Efectivo y No Reelección,." contra la permanencia en el poder que degenera, y la permanencia en el poder era precisamente la contradicción de las propias ideas de Díaz. En el Plan de la Noria y de Tuxtepec; en los dos se hablaba de que si la reelección de Lerdo de Tejada era la última, la suya sería la última de las revoluciones; "Sufragio Efectivo y No Reelección" en lo político fue el triunfo de Madero, la Revolución está vigente y ¿por qué es tan fuerte?, ¿por qué son fuertes los gobiernos que de ella emanan? Es fuerte porque, porque abre las esclusas cerradas para que se atendieran y oyeran la voz de las mayorías, la voz del pueblo, la voz que exigía reformas sociales, y esto naturalmente afecta a otros círculos, escuchar al pueblo, es la fuerza de la Revolución. En el Plan Zapatista de Ayala, se consagran las aspiraciones de los campesinos de Morelos. El latifundio se había extendido y les quitaban las fuentes del agua durante el porfiriato. El movimiento del zapatismo proclamó; "Tierra y Libertad, pan para todos". Y esto se incluye en la Constitución, es nuestra, no es copia de nadie.

De las ideologías mundiales es legítimo tomar ideas de otras latitudes; sin embargo, la más mexicana de las Constituciones es la de 1917, se incorporan en ella los derechos de los obreros, por primera vez sus representantes contribuyen a la redacción de una Constitución. Recuerdo, por ejemplo, a Gracidas, linotipista, que pide reparto de utilidades.

México está sancionando una revolución social y es la primera de las revoluciones sociales de este siglo, al incluir los artículos relativos a los derechos de los obreros, a los derechos campesinos y el de los grandes latifundios en el movimiento agrario.

Otra aportación más, fue la reivindicación de las fuentes de riqueza del subsuelo, es reivindicación, compañeros legisladores, posteriormente en las Naciones Unidas se proclama. México lo estableció antes y esto se tiene que considerar en el día de la celebración. Hay partes de la Constitución que todavía no se cumplen en su perfección ideal.

La lucha por el derecho debe ser cotidiana, lo hemos proclamado y ahora depende de nosotros que lo llevemos a la práctica. La Constitución de 1917 se criticó aun por mexicanos, el maestro Vera Estañol le llamó, "el almodrote de Querétaro". Actualmente todos nos afianzamos de la Constitución de 1917 para exclamar, ahora sí nos conviene, pero cuando las fuerzas conservadoras se dieron cuenta de los avances sociales de la Constitución entonces la criticaron, y ahí está el libro bochornoso de un gran maestro, Vera Estañol que la combate y denigra ¿por qué la llama almodrote? por haber incluido derechos de los obreros y porque habíamos hecho la reforma agraria en la propia Constitución. En realidad nos salimos de los modelos clásicos y entonces la respuesta: "hay que esperar el tiempo", fue muy clara, después de la primera guerra, después del Tratado de Versalles, la Alemania derrotada tiene la Constitución de Weimar y en ella se sigue el ejemplo, y llevan a su ley fundamental como nosotros, los derechos obreros. Eso también tenemos que celebrar.

Una Constitución se arraiga en la historia de los pueblos. En el artículo 27 se establece lo que se llama "La Cláusula Calvo". Tiene antecedentes mexicanos, pero no constitucionales. José Antonio de la Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Juárez y que había estado también cerca de las finanzas, estableció los principios básicos de los que ya habló aquí uno de los compañeros legisladores que me han antecedido en el uso de la palabra. Todo extranjero, que venga al territorio nacional y adquiera algún bien, primero tiene que pactar con la Secretaría de Relaciones Exteriores que se considerará mexicano por lo que respecta al bien que ha adquirido, y si alguna vez protesta, entonces, perderá en favor de la nación el bien que haya adquirido. Esto representa la lucha del Siglo XIX.

El barón Deffaundis bloquea nuestros puertos durante la "Guerra de los pasteles", como nosotros la bautizamos. Están presentes las reclamaciones, viene a reclamar daños de sus nacionales en la guerra de 1847, y en la compra o robo de la Mezilla. En estos conflictos se habla de las reclamaciones. La tripartita en Europa, se reúne en Londres, España, Francia e Inglaterra, vienen juntas estas potencias a reclamar daños a sus nacionales, se ha escrito un libro famoso de todas nuestras luchas del siglo pasado, con el título, "México y sus revoluciones". Ha dicho, Gómez Robledo que se podría escribir otro libro, como el del doctor Mora, con el título "México y sus reclamaciones". Por varios lados nos vinieron a reclamar daños sufridos por particulares. Llega la tripartita, se apodera de Veracruz, y vienen a cobrar, con los Pactos de la Soledad, permitimos que las tropas suban al altiplano del insalubre Veracruz, a Córdoba y ahí, en un mejor clima, empiezan las discusiones. ¡Qué dura situación para Juárez!, ¡qué terrible no tener en las arcas ni un centavo para pagar las reclamaciones! Pero, sin embargo, Dunlop, el inglés, se retira y Prim, es quien con visión, advirtió a los franceses su fracaso cuando sintió que no se retiraban, que no

había arreglo porque lo que quería Napoleón III, era establecer junto con las fuerzas conservadoras, el Imperio de Maximiliano. Prim les dice, al retirarse las fuerzas españolas, "no conquistarán el suelo de México, mas que el suelo que cubran sus zapatos". Y así fue, las ambiciones imperiales francesas se enterraron en el Cerro de las Campanas.

En Colombia, el Congreso llamó a Juárez "Benemérito de las Américas". Lo llamó así porque evitó que los príncipes que andaban desocupados en Europa intentaran una aventura como la de Maximiliano. Como consecuencia de esas reclamaciones en el artículo 27 constitucional tenemos ya una defensa. La Ley Constitucional establece defensas frente a las agresiones exteriores. Al restablecer en 1867 la Federación, se cancelaron las aspiraciones conservadoras de establecer con el imperio, no volver al centralismo. Así es como se va construyendo el derecho constitucional mexicano.

Carranza proclama en un histórico discurso, la no intervención, proclama la autodeterminación, condena la anexión de territorios por la fuerza, es partidario del arreglo diplomático de las controversias y así empieza a influir el derecho constitucional en el internacional.

Debemos celebrar ahora que nuestro canciller Genaro Estrada, cuando al Secretario de Relaciones Exteriores al servicio del presidente Ortiz Rubio, destruye con su doctrina el arma más querida del imperialismo norteamericano: el arma del reconocimiento. El reconocimiento servía para apoyar a los que ellos querían de entre las acciones, ya no se aplicaba en Europa y; sin embargo, se estaba aplicando en América. La doctrina Estrada señala que compete a los pueblos, el gobierno que se den y no procede el reconocimiento de potencias extrañas. Esto es otro motivo de lo que venimos a celebrar, lo que consideramos fuerte y trascendental en nuestra Constitución.

Por beneficiar a las mayorías con lo cual los gobiernos -acabo de decir al principio de esta intervención- emanados de la Revolución son fuertes. Son fuertes, compañeros, porque se abrieron los cauces a las aspiraciones del pueblo. Tenemos el contacto directo con las mayorías, escuchamos cuáles son sus problemas, no se terminan de inmediato pero se les escucha, y se establecen en la Ley Fundamental las aspiraciones de México contra la injusticia, el abandono y marginación que tuvieron durante toda la época del porfiriato. En resumen, de la lucha por el derecho tenemos a nuestra Constitución.

Como mexicano y recordando la Facultad de Derecho, me da una especial satisfacción haber estado hoy con mis compañeros legisladores, no hubiera estado con ellos escuchándolos con toda libertad si no fuera por la fuerza misma de la Constitución de 1917 y del gobierno revolucionario de Miguel de la Madrid.

El C. presidente (a las 12:05 horas): -Se levanta la sesión solemne.

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

El C. secretario diputado Juan Moisés Calleja García:

"Acta de la sesión solemne de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y seis.

Presidencia del C. diputado Eliseo Mendoza Berrueto

"En la ciudad de México, a las diez horas y veinticinco minutos del martes cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y seis, con asistencia de veintidós ciudadanos legisladores, la presidencia declara abierta la sesión solemne que tiene por objeto conmemorar el CXXIX y el LXIX aniversarios de la promulgación de las Constituciones de 1857 y de 1917. Para tal efecto, solicitan y hacen uso de la palabra los ciudadanos diputados Heberto Castillo Martínez del Partido Mexicano de los Trabajadores; Martín Tavira Urióstegui del Partido Popular Socialista; Roberto Calderón Tinoco del Partido Demócrata Mexicano; Jorge Alcocer Villanueva del Partido Socialista Unificado de México; Jesús González Schmal del Partido Acción Nacional y senador Hugo B. Margáin del Partido Revolucionario Institucional".

Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada, señor presidente.

El C. presidente (a las 12:05 horas): -Se levanta la sesión solemne.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES