Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851015 - Número de Diario 29
(L53A1P1oN029F19851015.xml)Núm. Diario:29ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LIII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., martes 15 de octubre de 1985 TOMO I. NÚM.. 29
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR SE APRUEBA
SENADORES A LA COMISIÓN NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
La Colegisladora comunica su designación. De enterado
RESPALDO AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
El C. Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Gran Comisión de esta Cámara, da lectura a una proposición con motivo de las actividades y resoluciones tomadas por el Jefe del Ejecutivo Federal a raíz del terremoto del 19 de septiembre
En torno al asunto hablan los CC. Ricardo Francisco García Cervantes, Miguel Osorio Marbán y Juan de Dios Castro Lozano
Continúan en el uso de la palabra los CC., en contra, Gonzalo Altamirano Dimas; en pro, Salvador Robles Quintero; en contra, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos; en pro, Guillermo Fonseca Alvarez; para un voto particular, Pablo José Pascual Moncayo; en pro, Juan Moisés Calleja García; en contra, Enrique Gabriel Jiménez Remus; en pro, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; para un voto particular, Jorge Alcocer Villanueva; en pro, Graco Ramírez Garrido Abreu: para hechos, José Angel Conchello Dávila, Genaro José Piñeiro López y Martín Tavira Urióstegui; para un voto particular, Efraín Calvo Zarco; en pro, Francisco Berlín Valenzuela; para una proposición, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola; para hechos, Amezcua Dromundo; en contra, Héctor Terán Terán; en pro, Diego Valadés Ríos; para hechos, Pablo Alvarez Padilla; en contra, Antonio Monsiváis Ramírez; en pro, Jorge Cárdenas González; en contra, García Cervantes; para hechos, Ortiz Gallegos; en pro, Pindaro Urióstegui Miranda
A su vez, el C. Jorge Montúfar Araujo hace consideraciones al respecto y propone, a nombre de los coordinadores de las distintas diputaciones, excepto la del PAN, se modifique el primer punto de la proposición. Se aprueba el documento con la modificación propuesta. Difúndase
INFORME DE LOS DONATIVOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN SÍSMICA
Presentado por el C. Sergio Armando Valls Hernández, donativos recibidos hasta el día 3 de octubre. De enterado.
ARTICULO 11 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
La nueva directiva informa sobre el requerimiento hecho por el C. diputado Castro Lozano, relativo al desahogo del contenido del artículo citado. De enterado
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY FEDERAL DE RADIO Y TV
Proyecto de reformas de la ley de referencia. Se turna a comisión
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
Proyecto de reformas de la ley citada. Se turna a comisiones
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE
Proyecto de reformas de la ley mencionada. Se turna a comisiones
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Proyecto de reformas de la ley nombrada. Se turna a comisión.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
Que presenta y da lectura el C. Manuel Fernández Flores, que adiciona la ley expresada. Se turna a comisiones.
ESTÍMULOS POR SERVICIOS A DAMNIFICADOS
Iniciativa que da lectura el C. Homero Díaz Mota, para que se premie a los que prestaron servicios en favor de los damnificados. Se turna a comisión
REGISTRO DE CANDIDATOS DEL PARM
El C. Reyes Fuentes García denuncia la negativa a registrar candidatos de su partido para la renovación de ayuntamientos en el estado de Nuevo León. De enterado
DECRETO EXPROPIATORIO DEL EJECUTIVO FEDERAL
Propuesta sobre el particular, presentada por diputados del PAN, Se turna a comisión.
MINUTAS DEL SENADO
CONDECORACIÓN
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Rafael Ibarra Consejo y Fernando Castro y Castro aceptar y usar las que les confiere el Gobierno de Francia
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que autoriza al C. Héctor Cárdenas, para que pueda aceptar y usar la que le otorga el Gobierno de Senegal
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite a los CC. Rutilio T. Laguna Morales, María, de Lourdes Soto Trán, Nabor Hernández Martínez y Roberto S. Jaimes Domínguez, prestar servicios en la Embajada de Irán en México.
ASESINATO DE PRESUNTO DIPUTADO LOCAL CHIAPANECO
El C. Eduardo Robledo Rincón informa al respecto. Se turna a las autoridades competentes
PROBLEMA DE LAS COSTURERAS
La C. Ofelia Casillas se refieren a ellos, como consecuencia de los sismos del 19 y 20 de septiembre se turna a comisión. A su vez, la C. Consuelo Botello de Flores comenta el asunto
DELIBERACIONES DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO SOBRE LA DEUDA EXTERNA
El C. Francisco Hernández Juárez hace comentarios sobre el particular. Expresa que las diputaciones socialistas y el PMT se solidariza con ellas
Por su parte el C. Juan José Bremer Martino comenta al respecto y expresa el apoyo de los diputados del PRI en relación a lo manifestado por el diputado Hernández Juárez
VISITA A TEPITO
Los CC. Genaro José Piñeiro López y Ricardo Francisco García Cervantes, informan al respecto
RECLAMOS SOBRE EL DECRETO EXPROPIATORIO
La C. María Marcela González Salas Petriccioli propone que sea la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la que atienda dichos reclamos. Se turna a comisión
DECRETO DE EXPROPIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE JAMAICA
La C. María del Carmen Jiménez de Avila solicita que el citado decreto se publique en los diarios y, acerca de los comerciantes mencionados se refiere a la grave situación por la que atraviesan y al informe en este sentido que se conoció en la sesión del día 10 del presente. Propone se investigue este caso y se proceda en consecuencia. Se turna a comisiones
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA C. BEATRIZ PAREDES RANGEL
(Asistencia de 360 ciudadanos legisladores)
APERTURA
la C. Presidenta (a las 11:15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
15 de octubre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la H. Cámara de Senadores.
Comunicación de la Gran Comisión.
Informe de la Comisión Especial.
Comunicación de la Mesa Directiva.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
De decreto para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión.
De decreto para reformar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
De decreto para reformar la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.
De decreto para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Rafael Ibarra Consejo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Fernando Castro y Castro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Francia.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Héctor Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del León, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Senegal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Rutilio Trinidad Laguna Morales, María de Lourdes Soto Terán, Nabor Hernández Martínez y Roberto Socorro Jaimes Domínguez, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria: «Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diez de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.
Presidencia de la C. Beatriz Paredes Rangel
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta minutos del jueves diez de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, con asistencia de trescientos cincuenta y un ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior verificada el día ocho de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación al acto cívico que tendrá lugar el día 12 del actual, en el Monumento
a Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, con motivo del CDXCIII aniversario del Descubrimiento de América.
Para asistir a dicho acto en representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa en comisión a los CC. Manuel Gurría Ordóñez, Ofelia Casillas Ontiveros, Alma Guadalupe Salas Montiel, Manuel Urrutia Castro, Héctor Aguilar Barragán, Héctor Yunes Landa, Ricardo García Cervantes, Héctor Morquecho Rivera, Magdalena García Rosas y Jesús Zamora Flores.
Los congresos de los estados de Nuevo León y Oaxaca comunican actos inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.
La secretaría da lectura al informe que rinden los CC. Gaspar Valdés Valdés y Gerardo Unzueta Lorenzana, que asistieron con la autorización de esta Cámara de Diputados a la audiencia pública organizada por la H. Cámara de Senadores sobre el tema La Industria Maquiladora y su relación con los trabajadores migratorios, que tuvo lugar en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el pasado 17 de septiembre. De enterado.
El C. Juan de Dios Castro Lozano a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, tendiente a reformar los artículos 31 y 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, y en lo conducente, que participe el Comité de Administración.
Por su parte, el C. Carlos Barrera Auld, por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, fundamenta una iniciativa que reforma los artículos 52; 53; 54; 55, fracción III y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A sus vez, el C. Manuel Terrazas Guerrero reitera la demanda formulada hace tres sesiones, por la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, para que compareciera la señora procuradora de Justicia del Distrito Federal, a fin de que informe sobre los hechos descubiertos al levantar los escombros de la Procuraduría de Justicia a su cargo. Solicita que la presidencia haga una exhortación al respecto a la Comisión de Justicia.
El C. Fernando Baeza Meléndez, a nombre de la Comisión de Justicia, manifiesta que en relación a lo expuesto por el C. Terrazas Guerrero, que por tratarse de que la señora procuradora forma parte de otro de los poderes de la Unión, la Comisión de Justicia tomó la resolución de integrar un grupo plural de trabajo, a efecto de reunirse con la señora Victoria Adato de Ibarra y con los funcionarios que sean necesarios, a fin de recabar la información sobre los hechos que se denuncian, para presentar en su oportunidad al pleno el dictamen correspondiente.
Para requerir nuevamente a la presidencia la integración de la Insaculación de la Sección Instructora del Gran Jurado, de conformidad con el artículo 76 del reglamento y para los efectos del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, interviene el C. Juan de Dios Castro Lozano. La presidencia se da por enterada.
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados expresa que el C. Presidente de la República reiteró en el acto de instalación de la Comisión Nacional de Reconstrucción, la invitación para que una representación de diputados participe en dicha comisión en calidad de observadores, propone a treinta y ocho ciudadanos diputados para que participen en los distintos comités y coordinaciones de la Comisión Nacional de Reconstrucción.
La asamblea, en votación económica, aprueba la proposición por unanimidad. Comuníquese al Ejecutivo.
La H. Cámara de Senadores remite minuta de proyecto que adiciona y modifica el artículo 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejercito y Fuerza Aérea Nacionales. Recibió y a la Comisión de Defensa Nacional.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que concede permiso al C. Hans Rudolf Bittorf Schmitz, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite un dictamen con proyecto de decreto, que concede permiso al C. Jorge Julio Vivó Laurent, para aceptar y usar la condecoración Cuarenta Años de la Victoria de la Gran Guerra Patria, Años de 1941 - 1945, y la condecoración de la Orden de la Guerra Patria en Segundo Grado, que le confiere el Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba éste y el anteriormente reservado, por trescientos cincuenta y dos votos en pro y una abstención. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Para tratar los asuntos que a continuación se mencionan, hacen uso de la palabra sucesivamente, los siguientes ciudadanos diputados:
Luis Manuel Orcí Gándara, para dar lectura a los diversos acuerdos tomados por las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, en relación a los planteamientos hechos por los nueve partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, para que se convoque a un Foro
Nacional de Consulta y Análisis sobre la deuda externa.
La asamblea, en votación económica aprueba en sus términos los acuerdos en cuestión.
Héctor Morquecho Rivera, para comentar y rechazar las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América y del secretario del Tesoro, aparecidas en los diarios de hoy, en relación a la deuda externa y a la política financiera y económica de México, las cuales considera, que violan claramente nuestra soberanía nacional.
Ignacio Ramos Espinoza, para rendir homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México, en ocasión a que en este año de 1985, celebra el LXXV aniversario de su establecimiento.
José de Jesús Padilla Padilla, para referirse al ciclón que abatió la isla del Puerto Rico el día 8 del presente mes, causando fuertes daños materiales y humanos. Expresa su solidaridad al pueblo de Puerto Rico y dice, con seguridad que ese país al igual que México, seguirá de pie.
Elvira Rebeca Arenas Martínez y Gustavo Valenzuela Santelis, para hacer diversos comentarios y reflexiones, con motivo de que el próximo sábado, 12 de octubre, se conmemora el CDXCIII aniversario del descubrimiento de América, por Cristóbal Colón.
Amado Llaguno Mayaudón, para rendir homenaje al Presidente Caballero, don Manuel Avila Camacho, en ocasión de que el día 13 del actual se cumplirán treinta años de su fallecimiento.
Mario Murillo Morales, para rendir homenaje al heroico Colegio Militar que mañana, 11 de octubre, cumplirá 162 años de haberse establecido. por decreto del Gobierno de México.
Jesús Alcántara Miranda, para informar, como miembro de la Comisión Especial Pluripartidista, la situación de los locatarios del Mercado de Jamaica, que afrontan graves problemas a raíz de los mismos ocurridos en nuestro país el pasado día 19 de septiembre.
Víctor Manuel Jiménez Guzmán, para dar lectura al mensaje enviado al Parlamento Latinoamericano, por las fracciones parlamentarias de los partidos Popular Socialista, Socialista Unificado de México, Socialista de los Trabajadores y Mexicano de los Trabajadores, que está reunido en estos momentos en la ciudad de Montivideo, Uruguay, y cuyo tema central es el de la deuda externa.
Agotado el número de oradores, la secretaría da lectura a la proposición de la Gran Comisión de esta Cámara, en la que se propone a los ciudadanos diputados para integrar la Comisión Organizadora de que habla el punto de acuerdo votado en forma unánime por la asamblea, para la realización del Foro Nacional de Consulta y Análisis de la deuda externa.
La asamblea, en votación económica, y por mayoría aprueba la proposición.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las catorce horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes, 15 de octubre, a las 10:00 horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señorita presidenta.
SENADORES A LA COMISIÓN NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Por acuerdo de fecha 9 de octubre del presente año, la Gran Comisión del Senado de la República en atención a la invitación presidencial designó a los siguientes senadores como observadores:
a) Ante el Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana los ciudadanos senadores: Abraham Martínez Rivero y Rafael Armando Herrera Morales;
b) Ante el Comité de Descentralización a los ciudadanos senadores: Américo Villarreal Guerra y Rafael Cervantes Acuña;
c) Ante el Comité de Asuntos Financieros a los ciudadanos senadores: Hugo B. Margáin y Raúl Salinas Lozano;
d) Ante el Comité de Auxilio Social: para Asuntos de Salud, a la ciudadana senadora Yolanda Sentíes; para Asuntos de Educación, el ciudadano senador Ramón Martínez Martín; para Asuntos de Empleo, el ciudadano senador Juan Sigfrido Millán Lizárraga, y para Asuntos de Vivienda, el ciudadano senador Alberto Villanueva Sansores;
e) Ante el Comité de Coordinación de Auxilio Internacional, los ciudadanos senadores: Raúl Castellanos Jiménez y Celso Humberto Delgado Ramírez, y
f) Ante el Comité de Prevención de Seguridad Civil, a los ciudadanos senadores: Salvador J. Neme Castillo y Francisco José Madero González.
Nos permitimos hacer de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 11 de octubre de 1985.
Senador Luis José Dorantes Segovia, secretario; senador Guillermo Mercado Romero, secretario.»
Trámite: - De enterado.
RESPALDO AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La C. Presidenta: - Para desahogar el siguiente punto del orden del día, ha solicitado el uso de la palabra el señor licenciado Eliseo Mendoza Berrueto.
El C. Eliseo Mendoza Berrueto: - Señorita presidenta; honorable asamblea: Deseo dar lectura a un documento que ha sido elaborado por los integrantes de la Gran Comisión y que dice de esta manera:
Diputados Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario. Firman todos los demás miembros de la Gran Comisión.»
«Honorable Asamblea: El pueblo de México vive uno de sus momentos más difíciles. El siniestro ocurrido en la mañana del día 19 de septiembre y su secuela causó daños personales y materiales de desproporcionada magnitud a muchos de nuestros compatriotas. Fue en la capital de la República donde el fenómeno natural exhibió su mayor violencia destructora. Sus efectos no tienen paralelo alguno en la historia reciente. Es un evento que marcará sensiblemente nuestro tiempo.
No obstante el número de víctimas y la gravedad de los daños materiales producidos, la acción del pueblo de México y su Gobierno permitieron - dentro de las numerosas limitaciones que el mismo siniestro imponía - ofrecer una respuesta adecuada a las manifestaciones inmediatas del fenómeno telúrico. La ejemplar solidaridad de numerosos mexicanos se fortalece por la acción firme y serena de las autoridades. Frente a la adversidad, México muestra la madurez y el carácter generoso de su pueblo, la solidez de sus instituciones, y la preeminencia de su régimen de derecho.
La solidaridad del pueblo y Gobierno frente a los compatriotas en desgracia, ha evitado el mayor deterioro de la situación. La tragedia nos ha dejado una invaluable experiencia: el valor de la unidad nacional.
Es urgente proceder a la solución de los problemas en sus manifestaciones más profundas: la reconstrucción. La cuestión de la vivienda adquiere un carácter prioritario, sin ignorar los numerosos y graves problemas que aún hay por resolver.
La magnitud de la tarea a realizar en materia de vivienda no es menos ardua que la de emergencia y de rescate. Exige una colaboración de toda la sociedad; igualmente, requiere de una acción firme y decidida de las autoridades. El decreto del C. Presidente Miguel de la Madrid del día 11 de octubre, por el que se expropian inmuebles de propiedad particular, representa una medida a la altura de las necesidades y de los problemas de los habitantes de la capital de la República. Al respecto, la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados manifiesta lo siguiente:
El artículo 27 constitucional determina el sentido y función social debe tener el derecho de propiedad. Consecuente con este principio revolucionario, la Nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
La voluntad de la Revolución fue establecer las limitaciones al derecho de propiedad con propósitos de justicia social y proyecto nacionalista.
El Estado, en su carácter de representante del interés colectivo y como institución comprometida a satisfacer las necesidades populares, debe intervenir con la energía y rapidez del caso, con el propósito de atender los intereses y necesidades de la comunidad.
De conformidad con la Ley de Expropiación y el Código Civil en su parte conducente, la utilidad pública del decreto expropiatorio presidencial del 11 de octubre es incuestionable. Con él queda de manifiesto el alto interés social al que se dirige la acción del Gobierno de la República: proveer de vivienda digna, decorosa y segura a numerosas familias de modestos recursos. Además, dicha medida permitirá la pronta reparación de daños y orientará los esfuerzos dirigidos a la regeneración urbana del Distrito Federal. De esta forma, se procede a la solución de los problemas de infraestructura básica y servicios adecuados que permitan una mejor calidad de vida para los habitantes.
La orientación social que tiene el derecho individual de propiedad, constituye uno de los elementos más relevantes de nuestro régimen social y político. La expropiación no constituye condena o castigo; tampoco es un cuestionamiento al legítimo derecho de propiedad. Mediante la expropiación jurídicamente definida y regulada, el Estado tiene el mandato y la obligación de su ejercicio cuando se presenten las circunstancias que así lo exijan.
Constituiría un acto de insensibilidad social querer paralizar al Estado en su tarea de tutelar los intereses de los grupos sociales en dificultad, aduciendo que así se perfila un proceso adverso a la seguridad jurídica de los propietarios mexicanos. Tampoco sería válido el argumento de que la expropiación vulnera la confianza de los mexicanos en sus autoridades. En nuestro Estado social de derecho no es permisible demandar una supuesta y dudosa seguridad, a cambio del dolor y sufrimiento de los mexicanos en situación de desgracia. No hay peor pérdida de confianza que aquella que pudiera originarse en una irresponsable pasividad e indiferencia.
Por encima de intereses reaccionarios están los de la mayoría y en su defensa estamos, con dignidad y orgullo al lado del Presidente de la República.
La responsabilidad política en el cumplimiento del deber no se regatea y por lo mismo, en el seno de esta representación popular, manifestamos nuestro decidido apoyo político a la medida adoptada por el Gobierno de la República.
Los actos del Ejecutivo de deben ser desvirtuados para generar confusión en el seno de la sociedad. No ignoremos la mejor de las lecciones de la experiencia vivida: la fuerza de la unidad. En mala hora que a los infortunios de la naturaleza se agregaran los de la
pasión. La solidaridad no es una actitud declarativa ni estado de contemplación; es un reflejo de la equidad: las necesidades de muchos tienen que ser satisfechas con el esfuerzo de todos.
La sociedad y el Estado no pueden permanecer indiferentes ante los millares de mexicanos que se vieron afectadas por el sismo. Es obvio que nadie resarcirá a quienes perdieron el bien supremo de la vida. Nuestros compatriotas de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal, seguirán contando con nuestro apoyo.
La medida expropiatoria abre cauces importantes para la solución de los problemas inmediatos causados por el sismo y es la oportunidad para brindar a numerosos mexicanos en dificultad, un mejor nivel de calidad de vida mediante las acciones de regularización y titulación de la tenencia de la tierra, de reconstrucción de vivienda de fraccionamientos populares y, en general, de regeneración urbana.
El Poder Legislativo no ha permanecido ni deberá permanecer en ningún momento al margen de la gran movilización nacional dirigida por el C. Presidente de la República.
En efecto, el documento de planteamientos básicos elaborado por la Comisión Especial Pluripartidista de esta Cámara, y posteriormente, el documento programático, ambos sometidos al pleno de la asamblea y adoptados por consenso de las fracciones parlamentarias, fijan la posición de esta soberanía ante la tragedia de septiembre pasado.
Los representantes populares, sin distinción de partidos, hemos sido congruentes con nuestras propias decisiones: visitamos las zonas afectadas; aportamos nuestra cooperación económica; realizamos actos de gestoría a través de comisiones y del voluntariado de la Cámara. Vigilamos cercanamente los actos del Ejecutivo y dimos pública cuenta de ellos; designamos observadores ante los diferentes comités constituidos por el Ejecutivo y, por encima de todo, auspiciamos una amplia participación de la opinión pública en la solución de los muchos problemas que se derivaron del sismo.
Es por todo lo anterior que, con motivo de los decretos del Ejecutivo de fechas 11 y 14 de octubre, retomamos la palabra con la dignidad de la representación que el pueblo nos ha conferido, para declarar que nos hacemos solidarios del decreto expropiatorio y de todos aquellos damnificados a quienes este acto habrá de beneficiar.
La Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados integrada por miembros del Partido Revolucionario Institucional, propone al pleno de esta soberanía:
Primero. Que así como se sugirieron en su momento políticas y decisiones al Ejecutivo Federal para enfrentar en forma inmediata las consecuencias dramáticas del evento al que aludimos , hoy que esté ha tomado resoluciones correspondientes a los problemas que viven los damnificados y a perspectivas ambiciosas como la reordenación y descentralización, exprese en esta oportunidad, su respaldo firme y decidido al programa serio, enérgico y revolucionario del Gobierno de la República.
Segundo. Que en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior se considere esta propuesta de urgente y obvia resolución.
Sala de Sesiones, Palacio Legislativo.
México, D. F., a 15 de octubre de 1985.
La C. Presidenta: - Antes de proceder al registro de oradores, le rogaría a la secretaría consulte a la asamblea en términos del artículo 60, si es de considerarse este asunto de urgente y obvia resolución.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición que acabamos de conocer... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución.
La C. Presidenta: - Se procede a abrir el registro de oradores.
Diputado Altamirano Dimas; diputado Robles Quintero; diputado Guillermo Fonseca; diputado Ortiz Gallegos, en contra entiendo; diputado Pascual, voto particular del PSUM; diputado Jiménez Remus, en contra; diputado Cuauhtémoc Amezcua; Alcocer, particular; Berlín, en pro; Calvo, Terán... Ruiz Malerva, en pro.
La presidencia sugiere le permitan agrupar el registro de oradores en función de los planteamientos que nos han hecho nuestros compañeros, en el transcurso de las primeras intervenciones, a efecto de poder dar a conocer a esta asamblea el orden correspondiente.
En tal virtud, y para no interrumpir el desarrollo de la sesión, yo le rogaría al señor diputado Altamirano Dimas hiciese uso de la palabra, en contra.
El C. Jesús González Schmal: - Señorita presidenta, atentamente solicito dé lectura a los oradores que se han inscrito.
La C. Presidenta: - Con todo gusto, señor diputado. En virtud de esta observación, a la brevedad daremos lectura.
Se registraron, en contra, el señor diputado Altamirano Dimas; en pro, el señor diputado Robles Quintero; en contra, el señor diputado Ortiz Gallegos; en pro, el señor diputado Guillermo Fonseca; en contra, o especificamente con un voto particular, el señor diputado Pablo Pascual. En contra, el señor diputado Jiménez Remus. En pro, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua; con voto particular, el señor diputado Alcocer; en pro, el señor diputado Berlín Valenzuela; voto particular, el señor diputado Calvo;
en pro, el señor diputado Lulio Valenzuela; en contra , el señor diputado Terán Terán; en pro, el señor diputado Valadés Ríos; en contra, el señor diputado Monsiváis Ramírez; en pro, el señor diputado Tavira Urióstegui; en pro, el señor diputado Campos Bravo; en pro, el señor diputado Graco Ramírez; en pro, la compañera diputada Gama Santillán; en pro, el señor diputado Salgado; en pro, el señor diputado Castillo Mota; en pro, el señor diputado Piñeiro; en pro, el señor diputado Alonso Raya; en pro, el señor diputado Ruiz Malerva; en pro, el señor diputado Urióstegui y, en pro, el señor diputado Montúfar.
La presidencia estima oportuno recordar a la asamblea que este pleno determinó por acuerdo de la misma que por cada uno de los diputados registrados en contra de una proposición, el partido mayoritario registrado en pro, podría designar un orador. En tal virtud reitera su solicitud. para que en el transcurso del discurso del señor diputado Altamirano Dimas, podamos hacer el ordenamiento correspondiente.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - ¿Podría aclarar el acuerdo al cual usted hace referencia si tiene aplicación permanente? ¿Así lo interpreta usted?
La C. Presidenta: - Es evidente que esta presidencia interpreta en este sentido el acuerdo.
En tal virtud rogamos a la secretaría dé lectura a la propuesta aprobada por la Cámara, cuyo texto presentara el señor diputado Jorge Montúfar.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia se da a conocer la proposición en cuestión: "Se propone que la mayoría parlamentaría integrada dé respuesta al orador de cada bloque parlamentario con un orador. Firmaron cinco compañeros de la fracción parlamentaria del PRI."
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Pido la palabra, para hechos.
La C. Presidenta: - Para hechos, en relación al tema, señor diputado.
El C. Miguel Osorio Marbán: - Para hechos.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Con permiso, señorita presidenta; compañeros diputados: En relación a un acuerdo que ahora pretende incorporarse al cuerpo del reglamento, que debe regir a esta asamblea, sin que hayan sido cubiertos todos los procedimientos para ello marcado, significa entonces que de ahora en adelante cualquier acuerdo que pretenda dársele vigencia permanente se incorporará al cuerpo del reglamento y deberemos sujetarnos. Sin embargo, en este momento estamos en presencia de una violación a los procedimientos reglamentarios y en este momento es necesario puntualizar que no podemos estar modificando el reglamento, simple y sencillamente por acuerdos que no hayan seguido todo el trámite para ello marcado.
Creo que algún compañero diputado va a abundar sobre este asunto. Por lo pronto quiero consignar que este acuerdo al que pretende dársela una vigencia permanente no está incorporado a reglamento al cual debe ceñirse esta asamblea y, por lo tanto, no tiene vigencia permanente como se le ha interpretado. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Para hechos, el diputado Osorio Marbán.
El C. Miguel Osorio Marbán; Señorita presidenta; señoras y señores diputados: Venimos a reiterar la proposición que la mayoría parlamentaria hizo a través del señor diputado Montúfar, con base en la soberanía de la propia asamblea, y en la práctica parlamentaria, que da a la mayoría la posibilidad de ir reiterando sus tesis, frente a la oposición, en cada uno de los casos, y porque así fue aprobado por esta asamblea.
En consecuencia reiteramos nuestra postura: por cada orador de la oposición contestara un diputado de la mayoría del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro, para hechos.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señorita presidenta; señoras y señores diputados: Creo, no quiero creer que existe el propósito de parte de la presidencia de darle vigencia permanente a todos los acuerdos que para normar la discusión se han tomado en las sesiones de esta Cámara. Si ello fuera así los acuerdos tomados por esta cámara cuando la presidió el señor licenciado Juan Maldonado Pereda tendrían también vigencia para la discusión del día de hoy.
Es indudable que el acuerdo planteado por el señor diputado Jorge Montúfar fue para normar la discusión del día en que se planteó; hacerlo valer para la discusión de este día implica incorporar dicho acuerdo al reglamento que rige las discusiones de esta Cámara, y ello mismo implicaría una violación flagrante al Reglamento. No puede esta Cámara incorporar al Reglamento una proposición sin que está haya pasado a discusión o bien sin que ésta haya pasado a comisiones para que éstas hubiesen planteado un dictamen, ese dictamen fuera aprobatorio y se siguiera además el trámite que la ley determina para incorporar modificaciones al Reglamento, no es posible que se tome como válido el acuerdo planteado por el señor diputado Jorge Montúfar para plantearlo como vigente en el debate de este día; podía
incluso haberse cubierto la forma de plantear la proposición a esta Cámara, pero ni siquiera se cubrió la forma señores diputados, plantea dársele vigencia permanente e incorporación vigente al reglamento, a una proposición aprobada para regir la discusión y el debate de este día únicamente.
Si se persiste en esa postura, si la presidencia encargada de cumplir con el reglamento vigente insiste en mantener esa postura, entonces se abrirá la puerta para que en esta Cámara se hagan valer todos los acuerdos que se tomaron el mes pasado para regir las discusiones que son contradictorios unos con otros, porque cada uno de ellos fue aprobado para el caso particular, no para regir los debates de todas las sesiones de esta Cámara.
Si se quiere plantearlo con carácter permanente, que se haga la propuesta, pase a comisión o se discuta como de urgente y obvia resolución. para que quede incorporada al reglamento de esta Cámara; insisto, que de persistir la presidencia en esa postura, está violando el reglamento vigente que rige las discusiones de esta Cámara. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría dé lectura a los artículos 96 y 98 del reglamento vigente.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - "Artículo 96. El Presidente formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra de los que la pidan en pro, las cuales leerá íntegras antes de comenzar la discusión.
Artículo 98. Los miembros de la Cámara hablarán alternativamente en contra o en pro llamándolos el presidente por el orden de la lista comenzando por el inscrito en contra."
La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría dé lectura a la fracción V del artículo 21.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - "Artículo 21, fracción V. Son obligaciones del presidente, conceder la palabra alternativamente en contra y en pro a los miembros de la Cámara en el turno en que la pidieren."
La C. Presidenta: - La presidencia estima que es indispensable precisar que el tono de su proposición al pleno no tuvo en ningún momento el propósito de violar el Reglamento establecido, por el contrario, en atención a facilitar la agilidad en la discusión se solicitó respetuosamente el que se permitiera a la presidencia ordenar el turno de los oradores en la primera intervención para después presentarlo al pleno. Cito simplemente mis palabras.
En atención a las observaciones aquí vertidas, y en virtud de los artículos reglamentarios citados, yo le rogaría al señor diputado Altamirano Dimas hiciese uso de la palabra en virtud, por otra parte, de que ya se dio lectura atendiendo a la solicitud del señor diputado González Schmal, del turno en que los señores diputados se han inscrito para este debate.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Ciudadano presidenta, le ruego tener en cuenta el 123 del reglamento, por favor.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señorita presidenta; compañeras y compañeros diputados: Ojalá y en sesiones futuras pudiéramos ordenar de alguna manera las discusiones porque en el fondo pareciera que se trata realmente de entorpecer una discusión libre y razonada, al inscribir el Partido Oficial a un número desconsiderado de oradores.
Estas prácticas violan flagrantemente un Reglamento obsoleto, pero también son el asomo de una intolerancia peligrosa que debemos desechar a tiempo.
El C. Eliseo Rangel Gaspar: - Diputado, ¿me permite una interpelación?
La C. Presidenta: - ¿Permite una interpelación, ciudadano diputado?
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Una vez que termine podrán hacer uso de la palabra, tal y como hemos sido tolerantes nosotros bastante tiempo.
Para referirme al Decreto Expropiatorio de fecha 11 de octubre, quisiera precisar la posición de mi partido respecto al concepto de propiedad.
Para nosotros la garantía de propiedad no tiene otros límites que el interés público, apreciado conforme a los principios del bien común.
El principio de propiedad privada no es el principio supremo que regula la justa distribución de la riqueza. Por encima de ese principio está el destino universal de los bienes materiales de tal manera que es radicalmente injusta la organización de una sociedad en la que se imposibilita a sus miembros la propiedad en la que no es posible que los bienes materiales cumplan con su destino universal.
Los que sostienen el individualismo liberal defienden un concepto de propiedad privada sin límites y con una franca negación al destino universal de los bienes materiales. El reto para la persona humana consciente y que busca el bien del pueblo, sin demagogia, consiste en conciliar, mediante la técnica y la justicia, la propiedad privada en manos de las personas concretas y el destino de los bienes materiales; en promover un sistema de distribución y de difusión de la propiedad que termine con las acumulaciones excesivas y que facilite el acceso a la propiedad de todos los que ahora están desprovistos de ella.
Es falsa la disyuntiva que se presenta entre individuo y sociedad, el desafío propio
de nuestra existencia histórica consiste precisamente en tratar de coordinar y de conciliar en forma constructiva, la persona individual con la sociedad formada por personas.
El humanismo político que sostiene Acción Nacional, basado en la solidaridad responsable entre la sociedad y la persona individual, la persona que cumple con la justicia social, es decir da a la sociedad lo suyo, lo que debe dar a la sociedad para mantener y promover el orden, la justicia el progreso y la cultura, y la sociedad que protege y promueve los bienes auténticos de la persona.
Con solidaridad responsable entre persona y sociedad, Acción Nacional ha tratado desde hace muchos años de despertar la conciencia política de los mexicanos, evitando las falsas disyuntivas que agreden la dignidad de la persona.
Mantenemos de esta manera el principio de la persona humana, la solidaridad responsable entre persona individual y sociedad o colectividad y como elementos básicos que se siguen de los anteriores, el bien común de la sociedad, entendido éste como el conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo de las personas y de las comunidades y la cooperación social de las personas en servicio de la sociedad.
Si el bien común, elemento fundamental de la filosofía política de mi partido, es el conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales para el desarrollo de la persona y de las comunidades, el derecho a la vivienda es un elemento indispensable para que toda persona pueda realizarse completa, en nuestro país el derecho a la vivienda existe solamente en letra de la Constitución, ya que millones de compatriotas carecen de ella a pesar de las promesas que en cada sexenio se hacen para enfrentar este difícil problema que agobia al país. El Decreto de Expropiación de fecha 11 de octubre pasado, no resuelve de manera importante el problema de la vivienda y si en cambio causa confusión y desconcierto en los momentos en los que el Ejecutivo solicita el concurso de los distintos sectores sociales para enfrentar el problema habitacional. La expropiación es una institución administrativa de derecho, derecho público y necesario para que el Estado pueda atender el funcionamiento de los servicios públicos y sus demás fines. El maestro Andrés Rojas en su obra de Derecho Administrativo dice: "que la expropiación por causa de utilidad pública es un procedimiento administrativo en virtud del cual se procede en contra de un propietario para la adquisición forzada de un bien mediante indemnización y por una causa de utilidad pública".
De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la expropiación es un acto extremo del Estado y que toma en algunos casos después de agotar otros medios jurídicos como el caso del que nos ocupa, poder haber agotado por ejemplo la compraventa, el poder haber dialogado de alguna manera, tal y como se había asentado aquí a través de distintos diputados de otros tantos partidos; en esta medida, legisladores de distintos partidos habían planteado con anterioridad que en el caso de damnificados de escasos recursos, el gobierno debería de mediar para la reparación de viviendas de créditos y materiales de construcción. En su caso, para que los inquilinos pudieran adquirir en propiedad los inmuebles y que en caso de negativa de arrendadores, el gobierno pudiera expropiar.
No me dejarán mentir los diputados que especialmente intervinieron en la redacción de los distintos documentos de la Comisión Especial. Concretamente el que nos fue presentado en días pasados. Este documento especial afirma en el inciso c), que en el caso de inquilinos con rentas congeladas garantizar su derecho a seguir ocupando la vivienda, integrando su reconstrucción o reparación a los programas de vivienda popular o de autoconstrucción.
La Cámara procurará que en esta materia quede resuelto el viejo problema de la propiedad y el uso del suelo de las viviendas con renta congelada. En el inciso e), el documento dice que de ratificarse el uso habitacional del suelo, la Cámara de Diputados realizará las reformas legales o emitirá los decretos que procedan a fin de garantizar que los propietarios de viviendas destruidas o dañadas puedan disponer de créditos blandos y facilidades fiscales para reedificar.
Agrega, que si el propietario optara por no reedificar, las autoridades podrán, previa declaratoria de expropiación, en operación de compra venta del terreno, destinar el área a programas de vivienda popular. Más adelante en el número dos dice que con la finalidad de definir criterios y las acciones para el apoyo del Gobierno Federal a los propietarios de viviendas destruidas o dañadas por los sismos.
El documento de la Comisión Especial aprueba que el Gobierno intente en primera instancia dialogar con los propietarios que se les dieran facilidades a los inquilinos a través de créditos blandos. ¿Y qué es lo que pasa? A pesar de las recomendaciones del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo sigue actuando de manera inconsulta. Si el Poder Ejecutivo está pidiendo de manera insistente el concurso de todos los sectores, de todos los mexicanos, y así se ha creado una Comisión Especial de Reconstrucción, si los diputados y los senadores se han incorporado a estas comisiones como observadores, ¿qué caso tiene seguir realizando planes y proposiciones si el Ejecutivo sigue actuando de manera unilateral, y en este caso desoyendo las observaciones del Poder Legislativo?
Yo creo, señores diputados, que nosotros debemos de asumir nuestra función de Poder Legislativo de una manera tajante; no podemos seguir con recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo cuando éste sigue tomando decisiones al margen de todo lo que se diga. Yo
creo que tenemos facultades suficientes para poder legislar ante una cerrazón que se está dando por parte de la administración.
Ante estas situaciones de confusión, ante un decreto que están provocando desconcierto dado que no hubo una afectación generalizada, no hubo un censo concreto para saber a qué personas se iban a afectar. Ustedes leen a través de la prensa que muchos, muchas familias fueron afectadas en su domicilio, que no tenían ningún otro inquilino y que era su única propiedad.
También se tiene conocimiento de otros predios que se vinieron abajo, que se deterioraron y que funcionaban como fábricas, como talleres, y sin embargo, de una manera ciega se decretó una expropiación que no llena los requisitos que manda nuestra Constitución.
¿Cuál es el bien que se va a promover con este Decreto Expropiatorio? Existen confusiones sobre el número de vivienda, porque no existe claridad siquiera en los programas que se están ejecutando; es una actuación a ciegas que no tiene rumbo.
Se hablaba de 7 mil predios afectados, y hoy se habla de una fe de erratas de dos mil y anoche, en un programa televisivo, se decía que aparecieron en el Diario Oficial 5 mil y tantos.
¿Con qué orden y con qué visión se está haciendo este tipo de expropiaciones, señores diputados? Creemos que es momento de asumir nuestra responsabilidad como legisladores, y no seguir permitiendo que se agredan de esta manera derechos individuales que de ninguna manera pueden convertirse en un bien generalizado para la sociedad.
Con estos decretos, el gobierno esconde en el fondo su incapacidad para resolver el problema de la vivienda. ¿Qué se dijo con la creación del INFONAVIT hace algunos años?
Que se acabaría con el problema de la vivienda en 15 años. Y ¿qué ha sucedido ahora?
Existe una multiplicación de organismos que atienden el problema de la vivienda y que lo han agudizado en lugar de resolverlo. Y ahora, el gobierno, mediante una medida populista, porque esa es la palabra, una medida populista, que en el fondo no va a resolver el grave problema de la vivienda del Distrito Federal, trata de aparentar una solución a fondo en este grave conflicto.
Yo creo, señores diputados, que debemos de rechazar nuestro apoyo a estas medidas que afectan seriamente el orden jurídico, que causan desconfianza en estos momentos en que muchos sectores sociales desean invertir y desean participar en el problema de la vivienda, que agreden garantías consagrada en nuestra Constitución y que van a dejar en la indefensión a muchas familias que han confiado de alguna manera en las medidas que el gobierno ha tratado de implementar.
No permitimos que regrese el populismo a la administración pública. Seamos sensatos en el arte difícil de gobernar. Discutamos con altura este problema tan grave que aqueja al pueblo de México, y no descalifiquemos desde antes el debate al llamar reaccionarios a los que se oponen a esta medida. Seamos conscientes con la responsabilidad que el pueblo de México ha conferido a esta representación nacional, y si realmente vamos a legislar en bien del pueblo de México, rechacemos esta medida que en el fondo lesiona los valores jurídicos de México y que no resuelve en el fondo el problema de la vivienda. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Salvador Robles Quintero. El C. Salvador Robles Quintero: - Señora presidenta; honorable asamblea. En nombre de la diputación campesina que forma parte de la mayoría parlamentaria, vengo a esta tribuna a expresar el punto de vista nuestro, sobre el decreto de expropiación y las medidas consecuentes con esta importante decisión del gobierno del Presidente De la Madrid.
He escuchado con suma atención las opiniones en contra que aquí ha expresado un vocero del Partido que se ha opuesto siempre al avance revolucionario de México. Por eso, quiero recordar aquí rápidamente que este partido de Acción Nacional, desde su origen, se opuso al avance de la reforma agraria en nuestro país, que después se opuso a la expropiación petrolera, que en seguida se opuso al avance de los derechos laborales, siguió oponiéndose así a todas las medidas nacionalistas y revolucionarias de este país; y ahora viene aquí a filosofar, viene aquí con su tradicional reglamentismo, con su tradicional vocación para confundir medidas claras y contundentes, demandados por el pueblo, a oponerse, sin ningún argumento válido, a una medida popular y democrática como la que estamos comentando aquí. Nuevamente nos toca recordarles que la observancia de ley y de los principios revolucionarios permitirá resolver los grandes problemas del país, buscando siempre satisfacer las necesidades y las carencias del pueblo de las mayorías nacionales y no de las minorías privilegiadas.
Nuevamente necesitamos repetir que debemos sacudir la conciencia de estas minorías enriquecidas, que han perdido todo concepto social de la propiedad que les permite la Constitución General de la República. Que la Constitución General de la República establece que la propiedad tiene una función social y que la propiedad es originariamente de la nación, la cual la cede a los particulares, siempre y cuando no olviden que por encima del interés particular está el interés colectivo, está el interés de las mayorías, está el interés del pueblo mexicano.
Nuevamente tenemos que repetir aquí que la concentración de la riqueza y del ingreso es un proceso ascendente tanto en la ciudad como en el campo, y que es por la vía de la especulación con la tierra, urbana y rural, como ese proceso de concentración de la
riqueza y del ingreso tiene una de sus manifestaciones más dolorosas para nuestro pueblo.
Nuevamente tenemos que repetir aquí que estas no son medidas ni populistas, ni demagógicas, ni ilegales, sino que son medidas consagradas y previstas por nuestro sistema jurídico y político, y, además, periódicamente puestas en práctica por el Gobierno de la República cada vez que se hace necesario resolver un problema del pueblo, o cada vez que se hace necesario defender el interés de la nació vamos a recapitular, no las razones que acaba de expresar el orador antagónico, sino las razones que algunos de sus voceros han expresado en la prensa nacional: ¿Por qué se oponen, y no lo dicen claramente, al decreto expropiatorio? Se oponen porque lo consideran contrario a la sagrada propiedad privada, en el concepto de ellos; no al respeto razonable a una propiedad privada que cumpla una función social. Se opone, también, con el fácil argumento de que la medida es demagógica y populista, que adolece de graves deficiencias y que no cumple con las disposiciones legales; también vienen a picar el amor propio de sus propios seguidores diciendo que el Poder Ejecutivo está violando los acuerdos de esta asamblea nacional. No, señores, ni en este caso, ni en los anteriores, han tenido razón; porque contra el pueblo jamás tendrán razón.
Quiero reiterar que esta decisión tiene fundamento no sólo en la Constitución General de la República, sino también en la Ley de Planeación, en la Ley de la Administración Pública Federal, en la Ley de la Vivienda y en una serie de leyes y reglamentos consecuentes acordados por esta soberanía. ¿Qué diríamos si el Poder Ejecutivo no cumpliera con las leyes que de aquí emanan?
¿Qué reclamaríamos a quien protestó cumplir la Constitución y sus leyes si no acatara las disposiciones de este Poder Legislativo?; entonces sí tendríamos razón para reclamar violaciones a nuestra decisión soberana. Pero no. Escudados en esto, olvidan que estamos viviendo una situación de emergencia nacional, que hay más de 180 mil habitantes en delegaciones populares que quedaron dañados por las consecuencias del sismo del 19 pasado. Y esto reclama medidas urgentes. Mientras estuvimos haciendo declaraciones generales aquí, incluyendo la declaración tan importante que todos los partidos firmamos, el Partido de Acción Nacional estuvo de acuerdo, pero bastó una sola medida concreta, jurídicamente fundada y además consecuente, con la gran tradición revolucionaria de este país consecuente con los compromisos del Partido Revolucionario Institucional con el pueblo, consecuente con las obligaciones de un Poder Ejecutivo emanado de dicho partido, para que inmediatamente las fuerzas contrarrevolucionarias, las fuerzas reaccionarias se opusieran a dicha medida. ¿Por qué se oponen a dicha medida? Porque por fin se les puede ver el verdadero rostro, el rostro de defensores a ultranza de las fuerzas internas y externas que están empeñadas en detener el avance democrático de este país, el avance revolucionario de este país.
Nosotros, en nombre del sector campesino, del Partido Revolucionario Institucional, tenemos la experiencia, quienes hemos militado en los movimientos agrarios de todas las argucias legales de que se pueden valer para impedir nuestro avance, querían, por ejemplo, que primero les avisaran que se les iba a expropiar, por qué no hubo anuncio previo, por qué no hubo censo anticipado, por qué no hubo anticipos claros de que el Gobierno de la República les iba a expropiar; consecuentemente en ese momento hubiera habido una negociación y los dueños de la propiedad urbana en las zonas afectadas, graciosamente hubieran cedido sus derechos en favor de los damnificados, pero yo pregunto, en la historia de México, ¿cuándo ha ocurrido que en una expropiación se avise a los expropiados? ¿Cuándo ha ocurrido que los expropiados estén de acuerdo?, yo pregunto aquí, en esta tribuna, con plena responsabilidad si vamos a seguir permitiendo esta confusión y esta alteración de la lógica y de la razón histórica.
Siempre se argumenta que hay razones de seguridad y de certidumbre en la inversión o en la ley para no dar ningún avance, pero a qué incertidumbre y a que seguridad se refieren, a la certidumbre de quienes están constantemente elevando, en este caso las rentas de las viviendas deterioradas por muchos años, más bien debiera de ser al revés, debiéramos de exigir responsabilidades por haber descuidado tanto tiempo una vivienda que les estaba dando un beneficio pecuniario; la medida es auténticamente revolucionaria porque tiende a terminar con abusos y a aprovechar los predios inhabilitados para darles un uso racional, sea de tipo habitacional o para la regeneración urbana; es una respuesta concreta a los trastornos naturales que dañaron vidas y propiedades de gente humilde y de ninguna manera es dádiva o populismo, sino una muestra clara de solidaridad y de apoyo del Gobierno de la República a los ciudadanos afectados por el terremoto.
Aquí se habló del concepto de propiedad como si fuera una entelequia no referida a realidades concretas. Para nosotros el derecho de la propiedad en términos constitucionales no es absoluto ni intocable, nadie es intocable en México cuando se trata de defender al pueblo o a sectores afectados de ese mismo pueblo; ni siquiera los señores diputados de la oposición por si tienen alguna propiedad que les afectó el decreto expropiatorio. (Aplausos.)
Ahora que el Gobierno actuó, dicen: No, que se espere y que nos avise, que nos tomen en cuenta. !Ah, pero si el Gobierno no actuara dirían: Oigan, el Gobierno no actuó, ¿qué hace la mayoría parlamentaria ante eso? Nada, o bien muestra su responsabilidad y su
solidaridad política como ahora apoyando por la vía del estímulo positivas medidas como la que estamos examinando.
Nosotros queremos reiterar que todo avance revolucionario tendrá siempre el apoyo de las fuerzas mayoritarias del pueblo agrupadas en el Partido Revolucionario Institucional y quisiera yo expresar como una constancia pública, que los campesinos de México no han sido ajenos al dolor de los habitantes de esta ciudad, ni tampoco al dolor de los habitantes de otras ciudades del interior de la República, que conviene mencionar, y que también fueron afectadas por el sismo, con la solidaridad característica de esa humilde clase campesina, de su cultura y de su generosidad mostrada a lo largo de la historia; las organizaciones de productores filiales de nuestra central mayoritaria y también las ligas de comunidades agrarias han acordado numerosas aportaciones al Fondo de Reconstrucción. Yo pregunto, ¿estas voces discordantes de la oposición qué han aportado al Fondo de Reconstrucción, excepto el mes de sueldo que aquí, por mayoría, nosotros acordamos?
Señores, la cooperación y la solidaridad no se escatiman, los campesinos a pesar de la modestia y precariedad de sus recursos, bien saben que la fuerza de nuestra nacionalidad se nutre de la capacidad solidaria entre todos los mexicanos, y por encima de actitudes egoístas o individualistas a ultranza, han reiterado en todos los frentes su disposición de sumarse al esfuerzo del Gobierno de la República y de la sociedad entera, para participar activamente en la reconstrucción nacional y en la ayuda a los damnificados de la ciudad de México.
En nombre de ellos y en nombre de ese propio pueblo, pido a esta soberana asamblea que apruebe en sus términos la propuesta hecha por el C. presidente de la Gran Comisión de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - En uso de la palabra el señor diputado Eugenio Ortíz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: El orador que me antecedió en la palabra ha hecho una acusación que representa una mentira anacrónica.
Acción Nacional no pudo oponerse ni adherirse a la Expropiación Petrolera porque todavía no nacíamos a la vida pública cuando se hizo la Expropiación Petrolera.
Dice que nosotros nos oponemos a la Reforma Agraria, y quiero recordarle al diputado que nosotros sostenemos la Reforma Agraria con derechos patrimoniales para cada uno de los ejidatarios y que quienes se oponen a este sistema que nosotros proponemos, a esa Reforma Agraria, son los miembros del partido de la fracción mayoritaria.
También quiero recordar que Acción Nacional sí se ha opuesto a muchas cosas que la fracción revolucionaria ha impuesto en esta Cámara; Acción Nacional se ha opuesto a la contratación de una deuda pública que está ahogando la economía del gobierno y los recursos económicos de la Nación; Acción Nacional se opuso a que se respaldase en esta Cámara, cuando Luis Farías era presidente de ella, al entonces Presidente, nos opusimos a que se respaldase la matanza de Tlatelolco.
Una voz: - Tema.
Con mucho gusto, señor diputado, era tema el que este señor había enunciado y los temas que él había enunciado y por eso me vi obligado a referirme a ellos.
Dijo el diputado anterior que nosotros habíamos pedido que se avisara a los dueños de predios antes de indeminizárseles o expropiárseles; dice el texto de la Comisión Especial que formuló un dictamen que se leyó en esta Cámara, lo siguiente: si el propietario optara por no reedificar, las autoridades podrán, previa declaratoria de expropiación en operación de compra - venta del terreno, destinar el área a programas de vivienda popular.
Nosotros nos propusimos esto, fue el pleno de la Cámara el que aprobó en este mismo recinto, hace apenas unos días, este texto.
Pero vamos al fondo de esta discusión, debo subrayar y ojalá que esto sirva para que el dictamen no se preste a afirmaciones demagógicas y a las calumnias tradicionalmente emitidas aquí con tanta facilidad por la fracción mayoritaria, nosotros no nos oponemos a la expropiación, de acuerdo con los términos de la Constitución, lo que estamos objetando es la forma como este decreto expropiatorio reza, las implicaciones y fundamentos en lo que está asentado. Venimos a oponernos, no porque consideremos que no es oportuna y necesaria una expropiación de predios dañados o no dañados para los fines de reconstrucción de vivienda, sino porque este decreto no está suficientemente fundamentado y clarificado, de acuerdo con la ley y la Constitución.
El profesor Mendoza Berrueto leyó aquí un dictamen que comienza por señalar la negación de la discusión del decreto cuando dijo: "los actos del Ejecutivo no pueden ser desvirtuados por la confusión." Cabalmente la confusión está en el cuerpo mismo de los hechos que operan en torno a este decreto en sus basamientos y en sus conclusiones. ¿Qué es lo que se está expropiando? Ya se mencionó aquí la confusión de que se habla primero de 9 mil, luego de 7 mil y luego de que se pretende hacer una fe de erratas.
Independientemente del monto de los predios, resulta que hay predios que están afectados efectivamente por el temblor y hay otros predios que no están afectados por el terremoto. Hay unos predios que pertenecen a rentistas, dueños de vecindades antiguas o dueños de vecindades no antiguas, en donde los arrendatarios son en este momento damnificados.
Pero hay muchos otros predios que son propiedad de gente que los habitaba como
dueños únicos o como dueños condóminos. Por otra parte, cuando se habla de una especie de preferencia para los ocupantes de los inmuebles no se está estableciendo una garantía clara y uno de los requisitos de las leyes en México es que sean precisamente claras, es, pues, confuso el Decreto Expropiatorio, se refiere a muchas diferentes propiedades sin establecer y definir cuál es el criterio con el cual se está haciendo esa lista de expropiación. Se habla de que se indemnizará a los propietarios en un plazo de 10 años y no se definen los términos económicos de ese pago, sino se habla que de acuerdo con las posibilidades del erario nacional. Vuelve a haber un elemento de confusión.
Evidentemente que la expropiación en las leyes mexicanas es un recurso legítimo de utilidad pública, pero el decreto es por su indefinición no adecuado, no equitativo para los afectados. Alguien preguntará que por qué no se ejemplifica un poco mayor claridad; vamos a poner unos breves ejemplos, tomados al acaso dentro de la poca información que es posible tener en estos momentos de confusión; en Torquemada 108 de la colonia Obrera, existe una fábrica pequeña que está en perfecto estado, está expropiada.
En Varsovia 40 de la colonia Cuauhtémoc, hay una casa desocupada que está en venta desde hace dos años. ¿Por qué se expropia una fábrica que está en uso y por qué no se expropia un predio que está en venta con su casa? En colonia Río Blanco, vive una familia propietaria de la vivienda. No hay inquilinos. La casa no sufrió daños. ¿A qué expropiar una casa que no sufrió daños?
En Labradores 39, vive una familia que también es propietaria de la vivienda y que no está dañada.
En Alacrán número 13 de la Morelos, vive una pequeña propietaria y renta el departamento por mil pesos mensuales y no está dañada.
Y podríamos continuar con otros ejemplos.
Si se trata de afectar inmuebles baldíos o inmuebles en uso, nos preguntamos - - y que me perdonen la alusión los diputados que se puedan sentir ofendidos - ¿por qué no se expropia la colonia del Perro? ¿Por qué no se expropian las mansiones que no se usan más que en fin de semana en el Ajusco y que pertenecen también a políticos importantes del pasado?
Se requiere resolver un problema de vivienda o ¿qué es lo que se quiere con este decreto?
Hay, sin embargo otro aspecto muy trascendente, una consideración fundamental que debe ser examinada por estos señores estudiosos importantes técnicos cuya capacidad no ponemos en duda, pero cuyo criterio está subordinado a los intereses de esta oligarquía que nos gobierna.
Se ha recordado ya en estos días en la prensa y no es necesario ser historiador, que en el año de 1845, cuando México contaba con 300 mil habitantes, hubo un terremoto de la escala parecida a la que ahora nos aquejó en septiembre 19. Toda zona que se afectó entonces estaba en torno al Zócalo, cerca de la Alameda y cerca de lo que ahora comienza a ser el Paseo de la Reforma. El número de viviendas destruidas fue probablemente semejante, ¿qué sucedió en 1845?, el gobierno cometió el mismo pecado ecológico que este sistema faraónico mexicano que no nació con el partido oficial; que viene desde los tiempos de la Colonia cuando se pretendió asentar una ciudad desecando un lago, se siguió con ese pecado ecológico y ahora se ha dicho y se ha hablado mucho de que el gobierno ya tiene conciencia de que no es posible continuar con este proceso.
¿Por qué se están expropiando esas 250 hectáreas precisamente en aquellas zonas que son típicamente afectables por el sismo? ¿No es cierto que se está cometiendo una injusticia con aquellos trabajadores profesionistas, simplemente inquilinos a quienes se les va a construir una nueva vivienda exactamente en los terrenos que tienen condición de sismo permanente? ¡No es cierto que se está pretendiendo reconstruir una ciudad en aquellos territorios que deben ser condenados para que no se vuelva a construir en ellos?
Si se ha hablado de una descentralización de la ciudad de México, ¿no es esta la oportunidad de que se piense en serio en una descentralización?
Se ha hablado con elogios y admiración del amor de los vecinos por su barrio de Tepito y por los barrios donde tradicionalmente se vive. Claro que es una consideración justa, una consideración razonable el respetar esos aspectos y esos intereses personales, pero por encima del interés personal, y eso tiene sentido en un decreto expropiatorio, debe considerarse el bien futuro de esas personas.
¿Dónde está, pues la conciencia ecológica, a menos de un mes de que este sismo nos hizo el tremendo dañó que estamos viviendo?
También señaló el profesor Mendoza Berrueto que el decreto del Presidente no vulnera la confianza de los ciudadanos, cuando un decreto está fundado en muchos elementos que no tienen explicación, que plantean una serie de interrogantes y cuestionan la seriedad con que se ha llevado a cabo la preparación de este decreto.
¿Cómo se puede conciliar la confianza de un ciudadano con un hecho de expropiación que es improvisado y que adolece de todos estos vicios que pueden ser profundizados?
Pero más a fondo, ¿no se fundó hace 15 años el instituto denominado INFONAVIT y prometió que la vivienda iba a ser resuelta, no sólo en el área del Distrito Federal, sino en la República Mexicana? Y a pesar de que se le arrebató y se le expropió, por vía, no de decreto, sino por vía de hecho, 10 años de ahorros a los trabajadores mexicanos que ahorraban en el INFONAVIT, el INFONAVIT no ha resuelto el problema de la vivienda.
Se reconoce en términos oficiales que el 50% de los habitantes del Distrito Federal, viven por lo menos aquejados porque en un solo cuarto viven dos y tres familias. Se calcula que hay un millón de viviendas como déficit que afecta a cerca de seis millones de habitantes en el Distrito Federal. ¿A dónde conduce el que se haga todo un mecanismo de expropiación de este tamaño, cuando ni siquiera se está resolviendo el 5% del problema tradicional del INFONAVIT de la vivienda en la ciudad de México y en la metrópoli? Y todavía pudiéramos agregar, ¿cómo puede despertarse la confianza cuando todos somos testigos y se está hablando de que la corrupción creó la destrucción, ya que muchos de los edificios que se cayeron en la ciudad de México, se cayeron porque no estaban construidos con las características técnicas que establecen los reglamentos de construcción del Distrito Federal, cuando se sabe que es necesaria una investigación a fondo para encontrar quiénes construyeron esos edificios; cuando se ha dicho, por ejemplo, que nada menos que el permiso para la construcción del Hospital Juárez, que fue construido en 1979, está signado por el actual secretario de SEDUE, el arquitecto Carrillo, ¿Cómo se puede tener confianza que un arquitecto que está, y se piensa que fue responsable de un dañó tan grave, resulte ahora el señor que va a administrar todos esos recursos de la Nación para reconstrucción de viviendas?
No, señores, no nos estamos oponiendo a que exista una expropiación que construya viviendas en el Distrito Federal. Pero con dos condiciones fundamentales: que se tenga un criterio sólido respecto a qué es lo que se expropia, que se tenga un criterio abierto y claro sobre las condiciones en que se va a construir, en las que se va a indemnizar a la gente, y en que se le van esas viviendas a los damnificados que habitarán esos predios.
El decreto, pues, profesor Mendoza Berrueto, no es incuestionable. Por respeto a esta Cámara conviene no señalarlo de esa manera.
Esta Cámara está aquí para cuestionar los decretos y las leyes emanadas del Ejecutivo, tenemos todo el derecho de cuestionar al Ejecutivo y al Presidente de la República.
Y tampoco se vale que a lo que se avecinaba como un debate en esta Cámara se le llame intereses reaccionarios. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión en un recinto como éste no representa intereses reaccionarios, cuando venimos a razonar nuestra oposición, nuestro enjuiciamiento del sistema que se está sacando adelante con el decreto.
Finalmente, no es posible ignorar la repetición de aquel hecho, cómo calificarlo, teatral de las lágrimas de un primer mandatario en esta Cámara. Nuevamente surgen las lágrimas, esta vez en la persona del regente de la ciudad, conmocionado, emocionado, decidido a expresar en forma decidida su emoción por saber del decreto de expropiación y puso a rodar sus lágrimas a propósito de dicho decreto.
Creo que el decreto está resultando un parto de los montes. En previsión, como otras veces ha sucedido con las ideas de nuestros compañeros expuestas en este recinto, queremos señalar hacia el futuro. El tiempo ha de correr y así como en otras ocasiones a propósito de asuntos muy importantes en la Nación, nos hemos opuesto y hemos señalado los vicios del sistema, señalamos que con este decreto si se lleva a cabo no se van a cumplir los objetivos que en este instante reclama el proceso de la vivienda ni siquiera para servir a 180 mil damnificados.
Y, finalmente decimos, si se hace necesaria una claridad, un toque emocionado para que el pueblo suscriba las acciones del gobierno federal, no es esta la vía, no es ésta. Creo que al gobierno le está saliendo un toque destemplado por su falta de previsión, por su falta de profundización, por su capacidad de hacer las cosas improvisadamente al margen de un estudio sereno de los hechos, de los objetivos y de las necesidades del país. Por eso nos oponemos a este decreto en particular, no a que haya expropiaciones para los fines que se está hablando de resolución de la vivienda de MÉXICO. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Guillermo Fonseca. El C. Guillermo Fonseca Alvarez: - Señorita presidenta; compañeras y compañeros diputados: El documento que fue leído por el presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, es una propuesta de la Gran Comisión, integrada por miembros del Partido Revolucionario Institucional y que se somete a la consideración de esta soberanía.
Pienso que debemos encuadrar nuestros puntos de vista retrotrayéndonos un poco a los terremotos del 19 y 20 de septiembre que causaron serios y graves problemas en el Distrito Federal y otras entidades. Estos problemas no solamente son sociales, materiales, económicos; son también, generaron también problemas sicológicos en la población de las zonas dañadas de todo el Distrito Federal y del resto del país. No sólo fue una catástrofe que sacudió a toda la Nación, es un parteaguas en la vida de nuestro pueblo, en la que podemos señalar que hay un México que estaba atrás del 19 de septiembre y existe un México posterior al 19 y al 20 de septiembre.
Con motivo de estos acontecimientos el Ejecutivo creó los comités de emergencia nacional y metropolitano de rescate y reconstrucción, dedicado básicamente o dedicados básicamente a tareas de salvamento y auxilio a los damnificados.
La Cámara de Diputados aprueba el día 26 de septiembre un documento con planteamientos básicos, de los que me voy a permitir leer unos cuantos.
La Cámara declara entonces su compromiso indeclinable de actuar con la mayor decisión dentro del ámbito de su competencia en la solución de los graves problemas que hoy enfrenta el pueblo de México. Afirma su decisión de impulsar todas las acciones que contribuyan a la reconstrucción de las zonas afectadas y al mejoramiento de las condiciones debidas de los mexicanos, velando por la protección de la salud, la garantía del trabajo y el derecho de toda la familia a contar con una vivienda digna y decorosa.
Dice, además "la elaboración de un programa de vivienda para los damnificados procurando mantener la identidad de los barrios urbanos y la relación entre éstos y sus habitantes, reconstruyendo las viviendas dañadas, fomentando la autoconstrucción y restableciendo el equilibrio ecológico en un marco de seguridad en el que se puedan prestar servicios adecuados."
En otro punto aprobamos: "promover y realizar los estudios necesarios para legislar sobre la reforma urbana integral que asegure a toda la familia mexicana del campo y la ciudad, una vivienda digna y decorosa en los términos del artículo 4o. de la Constitución y las leyes al efecto expedidas por el Congreso.
Además, nos pronunciamos en ese documento por proseguir los esfuerzos tendientes a la descentralización de la vida nacional fortaleciendo el desarrollo regional y fomentando la más amplia participación de la población.
El 3 de octubre, espero no aburrirlos, pero es necesario que insistamos en lo que hemos aprobado, presentamos un documento programático que también aprobamos y que voy a plantear siete puntos de ese documento programático: 1o. Combatir la especulación con la vivienda en arrendamiento.
2o. Incorporar a los arrendatarios damnificados y a los de vivienda, sujetas al decreto de congelación de rentas a programas de vivienda popular y de autoconstrucción, manteniendo sus derechos a salvo cuando la reparación o la reconstrucción sea posible.
3o. Realizar estudios del suelo y peritajes de las viviendas ubicadas en las zonas afectadas por el sismo, para que en los casos que así se determine se reconstruyan viviendas en el mismo sitio, respetando los derechos de los ocupantes damnificados.
4o. Propiciar una política crediticia, fiscal, registral y notarial en términos preferenciales para la adquisición, reconstrucción y reparación de viviendas afectadas es especial de aquellas habitadas por los jubilados, no asalariados y trabajadores con salario mínimo.
5o. Resolver la situación de los propietarios de vivienda en condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria afectados por el siniestro a fin de garantizar sus derechos, y de este tenor siguen varios puntos; además en ese documento programático se habló de trabajo y de seguridad social, abasto, salud, educación en cultura, justicia, economía y programas de defensa civil.
El 4 de octubre, el Ejecutivo crea la Comisión Nacional de Reconstrucción, auxiliada ésta por seis comités en los que la Cámara nombró observadores, ante las necesidades, repito, necesidades sociales, surgidas por los sismos y las que ya teníamos, porque yo quiero saber si la sociedad más avanzada tiene resueltas todas sus necesidades, el pueblo y sus representantes populares, hicimos notar al Ejecutivo la necesidad de tomar medidas urgentes inmediatas, esto, con lo que hemos leído, constituye algo más que un foro de consulta.
Con apoyo en el artículo 27 constitucional, la Ley de Expropiación, así como en el artículo 4o. de la Constitución, el 11 de octubre se publica el decreto expropiatorio de 7 mil predios, básicamente vecindades, lotes baldíos e inmuebles dañados. Digo, básicamente, para satisfacer necesidades de las mayorías. El 14 de octubre se publica el decreto por el que se aprueba el programa emergente de renovación habitacional popular del Distrito Federal y la creación del organismo que los manejará con dos finalidades fundamentales: vivienda popular y regeneración urbana.
Los decretos del Ejecutivo recogen las demandas populares mayoritarias y las proposiciones de los representantes populares. Se apegan a derecho conforme a la Constitución, al Código Civil, a la Ley de Expropiación, a la Ley Federal de Vivienda y a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Aquí se ha señalado y se objeta la forma del decreto porque no está suficientemente fundamentada, porque hay confusión respecto al objeto de la expropiación, la preferencia no define derechos respecto a los ocupantes de los predios expropiados.
El segundo decreto despeja imputaciones incorrectas al espíritu que campea y dirige el criterio de expropiación. El gobierno federal pretende, junto con la reconstrucción o construcción de viviendas, regenerar urbanísticamente algunas áreas de la ciudad que resultaron afectadas por los sismos. Esto implica un objeto de característica la protección por nuestras leyes y justifica la expropiación.
Se han escuchado voces aquí y fuera de aquí, señalando que se requiere una atención rápida y suficiente a los damnificados; atención justa y oportuna a los afectados por la expropiación; transparencia en el manejo de los fondos; y se ha legado que esta medida constituye estatización. Nos pronunciamos porque el organismo creado y las dependencias y entidades involucradas resuelvan los problemas de los damnificados a la mayor brevedad posible; porque la atención a los afectados por el decreto de expropiación sea justa y casuística dentro de la ley y obedeciendo a estudios socio - económicos. Queremos transparencia en el manejo de los fondos y estamos en contra del burocratismo, la corruptelas o las prepotencias.
Manifestamos que los decretos del 11 y 14 del mes en curso no propenden a la estatización porque están apegados a la Constitución y a la ley, porque presupone esta a favor de la vivienda popular para las clases más necesitadas, lo que será no solamente un acto de justicia, sino de redistribución de la riqueza nacional.
No hay populismo cuando se cumple y se obra conforme a la ley para servir a las mayorías.
Yo me pregunto si en estas condiciones algún mexicano puede oponerse a estas medidas de carácter eminentemente justiciero y revolucionario. Con ellas el Presidente Miguel de la Madrid ha realizado un acto de justicia que lo coloca como un dirigente nacional que ha sabido afrontar con valor y decisión una de las circunstancias más graves por las que ha atravesado en su historia el pueblo de México.
Como ciudadano aplaudo y apoyo las medidas del Ejecutivo; como representante de los diputados del sector popular, me pronuncio por el respaldo a la población más necesitada y como miembro del Partido Revolucionario Institucional reconozco que estas medidas están ajustadas a su Declaración de Principios y Programa de Acción. (Aplausos.)
Compañeros diputados de todas las fracciones: los convoco a que, haciendo a un lado las diferencias ideológicas, apoyemos las acciones del Presidente de la República, para demostrar y reiterar a propios y extraños, que ante la adversidad estamos unidos y que México seguirá de pie.
En consecuencia, pido a la presidencia de la Mesa Directiva, que cuando se juzgue oportuno, la propuesta leída por el compañero Eliseo Mendoza Berrueto sea sometida al pleno, en votación nominal. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Pablo Pascual, para un voto particular.
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Señorita presidenta; compañeros diputados: Creemos que como señalo en su intervención el licenciado Mendoza Berrueto, efectivamente la expropiación es una medida a la altura de las necesidades; consideramos que dicha expropiación constituye una medida de justicia que abre posibilidades para que los damnificados puedan rehacer parte de su patrimonio.
Lo señalamos aquí varios oradores en el curso de los días que sucedieron al terremoto, cómo acudimos emocionados, sorprendidos en parte, a la gran movilización de la sociedad, a la gran movilización del pueblo mexicano en la ciudad de México, de la zona urbana, y cómo esta movilización logró atemperar en parte los estragos de la catástrofe; y así la magnitud del temblor y la actitud de la gran mayoría de la población mexicana y particularmente de la del Distrito Federal nos lleva a concluir que son necesarias el llegar a encontrar soluciones de fondo para esos problemas que se enfrentan y que por lo tanto esta solución, esta medida de la expropiación es parte de estas soluciones de fondo y está acorde con la magnitud de las necesidades que se enfrentan.
Pensamos que a partir de esta expropiación se puede llegar a una remodelación de la ciudad que responda efectivamente a las necesidades de los habitantes; esta medida debe sentar las bases de la estrategia de reconstrucción que definan nuevas prioridades y objetivos en esta ciudad, nuevos objetivos que pongan en el centro las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.
Pensamos que esta reconstrucción, que esta remodelación, que esta reestructuración de la ciudad debe partir de escuchar en primer lugar a los directamente afectados, debe partir de escuchar a las organizaciones de los damnificados a escuchar sus propuestas, atenderlas y encontrar soluciones a allas.
Pensamos que en esta reconsideración de las prioridades por parte del gobierno se debe reconsiderar el problema del gasto público, de la asignación de este gasto, cuál es el destino del gasto público a partir del grueso de las necesidades de la población y evidentemente debe esto completarse con poner en un segundo o tercer lugar sus compromisos internacionales, nuestros compromisos financieros internacionales.
En el marco de la estrictamente expropiación, que nosotros apoyamos, debe revisarse puntualmente cada uno de los predios expropiados para que no se vaya a afectar a aquellos que no se requería afectar para esta remodelación. Así, pues, nosotros consideramos, apoyando la expropiación, que la reconstrucción debe darse en el plano de encontrar nuevos cauces de participación ciudadana, nuevos cauces de participación de la sociedad mexicana. Porque fue evidentemente, compañeros, en el curso del día 19 y los días que siguieron, en el curso de esa gran movilización, que nos encontramos con una expresión de incompetencia acompañada de autoritarismo, de algunas de las autoridades que requería a partir de ser eso, autoridades, enfrentar al desastre y tratar de paliarlo y resolverlo.
Nos encontramos, muchos de nosotros asistimos a las delegaciones a ponernos a la disposición de los delegados, que era imposible ponerse a la disposición de los delegados, porque no había cómo asignar, porque es una estructura que está concebida antidemocráticamente y que responde en estas situaciones de emergencia, estas situaciones límites, responde esencialmente al origen antidemocrático de esa estructura de gobierno que tiene el Distrito Federal.
Nos encontramos en esta situación límite, en esta situación excepcional, que la expresión antidemocrática del gobierno del Distrito Federal, expresaba puntualmente su esencia y expresaba también dramáticamente, el que somos ciudadanos de segunda. El que somos ciudadanos que no tenemos canales de participación; que no tenemos formas, mecanismos
que podamos expresar como ciudadanos nuestra inconformidad y nuestros deseos de participación como fueron los días que siguieron al desastre. Y ahora nos encontramos en esta situación en la cual pensamos que se pueden sentar las bases efectivamente, para una reestructuración democrática y justa de la ciudad. Nos encontramos que hay que romper con estas formas antidemocrática y buscar nuevas formas de participación.
No podemos concebir que la reestructuración se dé a partir de mantener estas estructuras, estas formas rígidas, una gran vena antidemocrática, porque esto impedirá una remodelación, una nueva forma, una nueva fórmula de convivencia en esta ciudad.
Nos encontramos también ahora, y hay que señalarlo, con actitudes prepotentes y antidemocráticas de algunos representantes del Ejecutivo. Es el caso del responsable del ramo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que se ha convertido en los hechos, al menos a través de sus declaraciones se puede desprender, en un impedimento, en un freno, para la solución de los problemas en el caso de muchos damnificados. Porque obedece también a una vieja forma que concibe la autoridad y el ejercicio de la autoridad como el autoritarismo y que concibe las relaciones con los ciudadanos, como mecanismo despótico y no como una forma de difusión para encontrar la solución a los problemas.
Nosotros concebimos, pues, que esta medida sienta las bases para encontrar nuevas fórmulas de convivencia, sienta las bases para encontrar efectivamente la solución profunda, no solamente a la convivencia en la ciudad, sino a la convivencia de todos los mexicanos.
Nosotros apoyamos abiertamente el decreto expropiador e insistimos en que debe ser el inicio de una nueva etapa donde esta nueva etapa conciba fundamentalmente como la primer prioridad, el atender las necesidades ingentes del grueso de la población por alcanzara los mínimos de bienestar; que es una nueva etapa que deba atender los requerimientos de justicia.
A la luz y en el marco de los resultados del sismo han surgido numerosos problemas, entre otros, de una buena parte de la población que está al margen de la legalidad mexicana. El caso de las costureras, expresa dramáticamenate la situación de un número importante de mexicanos que están al margen y por abajo de la legislación laboral, y es un sector que se debe atender en sus requerimientos de justicia, y pensamos que esta nueva situación debe también iniciar la discusión de la búsqueda de nuevas fórmulas de participación democrática para el grueso de la sociedad.
Así, pues, nosotros proponemos, como resolución, que así como esta Cámara ha sugerido en su momento decisiones al Ejecutivo Federal para enfrentar las consecuencias de los sismos de los días 19 y 20, ante el decreto expropiatorio dictado el pasado viernes 11 que afecta numerosos predios de las zonas dañadas en favor de los damnificados, este Cuerpo Legislativo resuelva expresar su respaldo firme y decidido a la mencionada acción del Poder Ejecutivo de la Unión.
Segundo. Que en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, se considere esta propuesta de urgente y obvia resolución. El grupo parlamentario del PSUM. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Moisés Calleja. El C. Javier Paz Zarza: - Señorita presidenta, el señor diputado Moisés Calleja no estaba inscrito; me permito pedir que se respete el orden tal como se leyó en su oportunidad.
La C. Presidenta: - Diputado, el señor Moisés Calleja es, como usted lo sabe, secretario de esta Mesa Directiva. El había pedido permiso a la presidencia de no fungir el día de hoy como secretario, con el propósito de participar en este debate. En ese sentido, esta presidencia recibió la solicitud directamente.
Por otra parte, el señor diputado Campos, quien por la fracción parlamentaria del PRI era el siguiente enlistado, ha cedido el uso de la palabra al señor diputado Calleja, en atención a los acuerdos que con la Mesa Directiva pueden celebrar las fracciones parlamentarias, en función de lo establecido en los artículos de la Ley Orgánica.
Yo le rogaría que en virtud de estos antecedentes, a menos que tuviese una objeción de carácter grave, permitieran al señor diputado Calleja, que está en la tribuna, hacer uso de la palabra.
El C. Javier Paz Zarza: - Quisiera pedir a la presidencia, por favor, que se lea el artículo 114 del reglamento, parte final.
La C. Presidenta: - En atención a la solicitud del señor diputado Paz, se ruega a la secretaría lea el párrafo final del artículo 114.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores:
- El párrafo final del artículo 114, dice: "en los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que ésta acuerde ampliar el debate."
El C. Javier Paz Zarza: - Le voy a pedir a la presidencia por favor, que la Cámara acuerde que siga el asunto a discusión en el orden en que estaba. La C. Presidenta: - Señor diputado, con todo gusto, en su oportunidad haremos el planteamiento para someter a juicio de esta asamblea si acuerda ampliar el debate.
En ese sentido, quiero informarle que como es evidente, en pro de la propuesta sólo han hablado los señores diputados Robles Quintero y Guillermo Fonseca. Por tal virtud, no
se ha agotado el planteamiento de numerales que establece el artículo 114, con el que usted nos ha hecho favor de ilustrarnos.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
- Señorita presidenta; compañeras y compañeros de Cámara: En realidad no debe de haber preocupación por parte del sobresaliente diputado de Acción Nacional que haga uso de la palabra, en primer lugar porque desde que se inicio esta discusión, estábamos atentos para hacer uso de la palabra, porque en verdad es un tema de una preocupación profunda porque a esta tribuna han llegado por parte de mi partido las gentes representativas de la entra del alma nacional.
Hemos escuchado la palabra de la representación de los trabajadores del campo, hemos escuchado la palabra del representante de las clases populares de nuestro país y hoy, permítaseme a mí, tratar de expresar el pensamiento de una clase profundamente preocupada, profundamente herida a consecuencia del sismo que siempre su actitud y determinaciones son en busca de una auténtica justicia social. De tal manera que si el colega de Acción Nacional también siente la justicia social como la sentimos los integrantes del partido de la Revolución, creo que bien vale la pena que escuchen aunque sean palabras deshilvanadas de lo que representa o de lo que siente la clase trabajadora de México.
Si hay un problema que afecta profundamente a los trabajadores, sin duda alguna, es el que estamos en este momento comentado, pero antes de hacer mención específica en relación con esas preocupaciones verdaderamente me he sentido algo descontrolado, porque cuando el diputado Mendoza Berrueto vino a esta tribuna con toda su entereza, con toda su responsabilidad, a dar lectura a un documento que indiscutiblemente ha de señalar caminos, ha de señalar pautas, ha de señalar determinaciones que fijen la postura de esta Cámara de Diputados, sin duda alguna, repito, de mi parte pensé que la Cámara en pie iba a expresar su respaldo, porque a través de ese documento se está reconociendo la obra magnífica de un gran Presidente, que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles para su pueblo ha tomado determinaciones justas y equitativas apegado a los cánones de la ley. Y creo que todos los que nos sentimos vinculados, desde el punto de vista de las organizaciones magníficas, los que sentimos que actuamos dentro de los cánones de la ley y cuando encontramos una determinación que viene a dar satisfacciones las clases populares de este país, independientemente del pensar particular de una bandería, la consecuencia, necesariamente, tiene que ser que todos estamos unificados alrededor de una determinación y por esa razón pensaba, hoy creo, un poco ilusoriamente, que iba haber más sentimiento completo de esta asamblea, en relación con la proposición realizada por la Gran Comisión.
Pero mi desconcierto se aumenta cuando no hace mucho tiempo en esta tribuna escuchamos también la voz de la oposición, que vino a proponer algunas reformas a la legislación del trabajo. A pesar de lo discutible que puedan ser las mismas, podemos decir que desde el punto de vista positivo, daba la impresión que había una conjugación con los intereses de las clases populares. Más hoy, cuando hay disentimiento en relación con algo que todos sentimos de auténtica justicia, como la expropiación decretada por el Jefe del Ejecutivo, verdaderamente no pensamos que vinieran dentro de ese pensamiento, que vinieran dentro de esa tesis, que vinieran dentro de esa actitud acreditar determinaciones contrarias, porque ello significa, creo yo, que las aguas vuelven a su cauce, cada quien a defender lo suyo; los campesinos a defender lo de los campesinos; las clases populares a defender lo de las clases populares; y la clase trabajadora a defender lo que le pertenece a la clase trabajadora; otros defensores con lo que estamos en esta ocasión escuchando no son posibles, no pueden estar compaginadas con los intereses porque su tendencia y su corriente significa ser contrarios precisamente a los intereses populares.
La historia determina y señala si hay una lucha constante del pueblo para mejorar sus condiciones de vida, una lucha eterna para alcanzar mejores niveles y mejores condiciones, y en lo que toca a la clase trabajadora hemos de encontrar que no ahora solamente, sino desde siempre en sus luchas de ayer, y cuando esas han culminado ha señalado como una determinación fundamental y categórica que entre otras de las cosas necesita para elevarse, para exaltar su dignidad humana, indiscutiblemente que lo es, la habitación donde a de vivir con su familia, cuando la clase trabajadora, cuando las clases populares, cuando las clases campesinas no se encuentran en tales condiciones podemos decir que algo les falta para poder llegar a un encuentro con su propia dignidad humana.
Y de esto en el antecedente encontramos que fue determinación de la clase trabajadora a través del constituyente lograr la determinación de la habitación obrera. Y en su lucha va marcando pasos de avance, ya logrando instituciones que sí están resolviendo el problema; y aunque se haya dicho en esta tribuna que el INFONAVIT no responde a tales determinaciones, podemos decir con absoluta seguridad, con experiencia forjada a través de la vida, que esta institución, fruto de la Revolución, viene dignificando a la clase trabajadora a través de sacar aspiración, de tener una habitación en donde pueda vivir con su familia en forma digna.
De tal manera y tan cierta es esta aseveración que podríamos decir, haciendo un poco de historia que desde la Constitución de 1917, hasta antes de la reforma que dio como resultado la creación del Instituto de la Vivienda, la clase trabajadora reiteradamente
en su lucha, reclamaba del sector empresarial a quien se le había fijado la obligación, la entrega de casas para poder vivir con decoro y esta lucha a través de la oposición sistemática no había tenido culminación, de tal manera frente a los resultados actuales del INFONAVIT, que representa un patrimonio para la clase trabajadora, objetiva y cierta, tenemos una historia en donde los patrones jamás cumplían con obligación tan necesaria y tan indispensable para la propia clase trabajadora; de tal manera que hoy en los resultados de esta institución, lo estamos cotejando, lo está viviendo la clase trabajadora y sigue luchando para mejorar la institución, a fin de que más mexicanos tengan precisamente su casa habitación; y de este antecedente, sin estar en el momento del constituyente, en relación con la casa habitación, podemos decir y en esta satisfacción de la clase trabajadora, en relación con la expropiación ordenada por el señor Presidente de la República, en el sentido de que estamos viviendo una etapa profundamente revolucionaria, porque frente a un acontecimiento, el Presidente de la República, responde como el Constituyente de ayer, responde dentro de los canales de la Revolución, responde dentro de los lineamientos de la ley y también ha dictado medidas con el objetivo fundamental de dar casas habitación a las gentes que carecían de las mismas y los que las tenían viviendo en construcciones verdaderamente inhumanas. El decreto, la expropiación lleva como doctrina, como principio una causa de beneficio colectivo: evitar la especulación de la vivienda y mejorar las habitaciones a fin de dotar a todos los desposeídos de lo que está haciendo falta. No es posible sentarnos a esperar por medidas de carácter ordinario a que venga la especulación en relación con la casa habitación, no es posible esperar que se derrumben definitivamente los muros que han quedado para que el propietario proceda a edificar a fin de obtener ganancias con las rentas.
Esto era necesario y fundamental para proteger a una clase que se encontraba desprotegida. Los que andamos por la colonia Obrera, los que andamos por la colonia de los Doctores, los que hemos recorrido las zonas donde sucedieron las consecuencias del sismo, no podemos menos que venir a esta tribuna y a nombre de la clase trabajadora que hoy sí pasa lista de presente por sí misma, decir a viva voz "estamos con la expropiación, respaldamos el documento leído por nuestro jefe de control político y la del movimiento obrero ha de pedir a esta soberanía se apruebe este documento en todas sus partes.
Muchas gracias.
La C. Presidenta:- Proceda la secretaría, en términos del párrafo final del artículo 114 del reglamento, a consultar a la asamblea si estima que el debate puede ampliarse, según el registro de oradores.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Falta uno, el señor era de la comisión. El C. Jesús González Schmal: - Respetuosamente, ciudadana presidenta, han transcurrido dos oradores en contra y tres en pro, falta uno en contra. La C. Presidenta: - No hay ningún inconveniente, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, inscrito en contra, el señor diputado Jiménez Remus.
El C. Enrique Gabriel Jiménez Remus:
- Ciudadana presidenta; compañeros diputados: Yo debo iniciar mi intervención confirmando lo que anteriores oradores de mi partido han sostenido en esta tribuna.
Aceptamos que la propiedad privada debe limitarse por causas de interés común. En segundo lugar, que respetamos la institución de derecho público, que es la expropiación, como una medida extraordinaria para que el Ejecutivo conserve en un momento dado el bien común de la Nación.
Yo creo que lo que está a discusión no es la facultad que tiene el Presidente de la República para hacer uso de esta institución.
La fracción VI del artículo 27 constitucional expresamente le concede dicha facultad, y es esta norma constitucional, como limitación a la acción del poder del Ejecutivo, remite a la Ley Secundaria las causas de interés público o las causas de utilidad pública, concretamente la Ley de Expropiación en los artículos y fracciones citadas y su correlativo del Código Civil en el decreto mencionado.
Yo empezaría por sostener que falta una definición jurídica, que hasta la fecha no se ha dado, de lo que significa acciones de vivienda. Estará fresca en nuestra memoria todavía declaraciones del entonces secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Marcelo Avelli Girard, quien en alguna ocasión manifestó que el gobierno emprendería mil acciones de vivienda al día.
Luego afirmó que no debería entenderse mil acciones de vivienda al día con mil unidades habitacionales al día, que se refería a cuartos o recámaras de unidades de habitación.
Y finalmente, habló de que esas acciones de vivienda no eran otra cosa que reedificar, reconstruir o adecentar. Entonces, debemos convenir con rectitud de criterio, que hasta la fecha no existe una definición jurídica de lo que significa acciones de vivienda.
Esto, si lo adminiculamos con el sentido de decreto expropiatorio, nos va a llevar a una indefinición en cuanto al destino de los bienes expropiados y esta indefinición en cuanto al destino de los bienes expropiados y esta indefinición traerá como consecuencia final, también, la falta de confiabilidad en las personas damnificadas respecto a las acciones de vivienda que pretende emprender el gobierno del Distrito Federal.
Y empezamos leyendo el artículo primero del decreto ya tantas veces mencionado por su servidor; en el artículo primero, repito, se establecen las causas de utilidad pública como
inmediatas; en cambio, al no establecer plazo para revertir la propiedad, queda en un estado de indefinición el destino de los inmuebles expropiados.
Y por lo que se refiere a la ley que marca el máximo de cinco años, yo preguntaría, señores diputados, si con toda honestidad no creen ustedes que cinco años es un lapso demasiado largo para que los beneficiados de la explotación tengan acceso a los bienes expropiados.
Por otra parte, aceptando la legitimidad y el efecto en beneficio colectivo que este decreto expropiatorio va a producir en la sociedad mexicana, no debe repugnarnos al sentido común y a la inteligencia y al sentimiento de solidaridad nacional, el que tenga defectos este decreto expropiatorio a la luz de la norma constitucional y de la ley secundaria. No se habla, ya dije, de tiempo para hacer estas acciones de vivienda; no se establece con toda precisión la preferencia en la igualdad de condiciones en que a título oneroso deberán adquirir los damnificados. No se razona con una relación de causa efecto el daño producido a estos cientos de miles de predios dañados por el sismo del 19 de septiembre. Tampoco se habla de las posibilidades de la obtención de créditos oportunos intereses, llamaría yo, quizá, de excepción por el momento de crisis que vive el país.
Por otra parte, decía el diputado Robles Quintero, que en cierta forma el PAN exigía, o bien le hubiera gustado que el señor Presidente de la República anunciara su inmediata medida. Aun así, señor diputado Robles Quintero, tampoco nos debe producir inquietud esa eventual comunicación anterior al Presidente de la República, porque en primer lugar, porque evidentemente nacería el derecho de los supuestos expropiados al iniciar el juicio de amparo en contra del aviso de la próxima expropiación. Pero esto produciría finalmente una mayor legitimidad en el acto expropiatorio porque el órgano de vigilancia de la vigencia de la Constitución estaría aprobando, mediante este juicio de garantía, la constitucionalidad del acto del señor Presidente de la República.
Hablaba también del peligro que existía en el anuncio de dicha medida de las negociaciones de los afectados, pero fue omiso el diputado Robles Quintero en decir con quién iban los afectados a negociar; yo debo entender que con el gobierno. Acción Nacional, no en esta tribuna, sino en sus documentos de doctrina y plataformas políticas, ha denunciado y ha repudiado los arreglos corporativos que se hacen directamente entre afectados y poder público, precisamente porque se basa y se pasa al Poder Legislativo de la República. Evidentemente las fuerzas de negociación con el poder público son lícitas en su oportunidad y en la materia a tratar. Pero cuando atañe al bien público nacional, para eso está el Congreso de la Unión y específicamente la Cámara de Diputados.
Ahora bien, en el decreto expropiatorio debemos entender que la expropiación es una venta forzosa, por causa de utilidad pública, repetimos, pero no se establece en el decreto expropiatorio la posibilidad que tuvo el Poder Ejecutivo de haber solicitado previamente su venta.
En segundo lugar, no existe la afirmativa de la negociación de los propietarios a venderla.
En tercer lugar, no se habla de la posibilidad de que existan terrenos alternos que puedan sustituir a los ya dañados.
En cuanto al plazo de indemnización, a diez años, siendo en principio de buena fe la intención del Ejecutivo desde esta indemnización, no obstante puede entrañar profundos actos de injusticia.
Ya don Luis Cabrera establecía que la indemnización en la expropiación, en los términos de la Constitución de 1857, era previa indemnización.
En los términos de la Constitución de 1917, es mediante indemnización. Pero en el sentido en que se está dando en el presente decreto, queda el estado de indefensión del expropiado, porque queda a criterio de las posibilidades del público.
Yo creo que al no tener facultades el Congreso de la Unión y específicamente esta Cámara, para efectos de pedir la abrogación o la derogación del decreto, yo haría una modificación a la proposición del diputado Mendoza Barrueto. Yo creo que también la sugerencia respetuosa y fundamentada en normas constitucionales y en normas secundarias, es una forma de solidaridad al Presidente de la República y al pueblo de México.
Que quede claro, no estamos en contra de la facultad del Presidente para expropiar; tampoco negamos la bondad de la medida en los hechos presentes, en la coyuntura actual, pero una sugerencia respetuosa para que se adecúe el decreto a las normas constitucionales y legales, señores diputados, no es repudiar el principio de expropiación que está haciendo el Presidente de la República, sino pedirle que se adecúe y se adhesione para que cumpla la causa de utilidad pública. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, de conformidad con el párrafo final del artículo 114 del reglamento, esta secretaría consulta a la asamblea, en votación económica, si se acuerda ampliar el debate sobre el tema de conformidad con el registro que se ha realizado... Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie... Debe continuar de debate, señorita presidenta. La C. Presidenta: - En tal virtud se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Compañera presidenta; compañeras y compañeros, integrantes de esta Cámara. Un solo partido político ha estado cuestionando el decreto del Ejecutivo del 11 de octubre, y este partido político que ha estado presentando sus objeciones ha ido de más a menos. La primera intervención, la de Altamirano Dimas, la hizo todavía con algo de enjundia; el segundo orador procuró disminuir el tono, dejar de lado el fondo, entrar a argumentos de forma, procurar aparecer conciliador, y en tercero abundó y subrayó más esas características.
Hay algunas expresiones que han manejado los de la fracción parlamentaria que inpugna, que vale la pena comentar, así sea brevemente:
Altamirano Dimas dijo: por ejemplo, que ellos, los de Acción Nacional, aquí en los debates de esta Cámara, suelen ser tolerantes. Cuando lo dijo, visualizaba yo, por ejemplo, al compañero diputado Juan de Dios Castro, sus gestos, su tono, su vehemencia, y decía, hay una gran incongruencia en lo que dice Altamirano Dimas.
Se ha dicho también - También lo dijo Altamirano Dimas- , que el decreto expropiatorio se hizo por parte de el Ejecutivo desoyendo las recomendaciones del Poder Legislativo.
Recordaba yo, cuando él decía esto, las constantes y reiteradas intervenciones de la gran mayoría de los diputados aquí presentes, de los Compañeros del Partido Socialista Unificado de México, de los compañeros del Partido Mexicano de los Trabajadores, de los compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, de los compañeros de la fracción obrera del PRI, de muchos compañeros avanzados, progresistas, integrantes del sector campesino, del sector popular del PRI y desde luego de los del Partido Popular Socialista. Fue una reiterada y permanente exigencia, demanda, planteada aquí en la tribuna, planteada en el seno de la Comisión Especial pluripartidista en el sentido de que se retomara el camino revolucionario y se abandonara el camino formal marcado, en circunstancias en las que el camino formal de mercado conduciría necesariamente a una mayor especulación, a un mayor lucro, como está produciéndose todavía no sólo en el campo de la vivienda, a pretexto del problema del mismo, sino en el campo de la comercialización de alimentos, de medicinas, de materiales de construcción.
Se demanda, pues, expropiación, reiteradamente. Cuando yo escuché a Altamirano Dimas decir que el decreto se produjo desoyendo las recomendaciones del Poder Legislativo, nuevamente saqué la conclusión: hay una enorme incongruencia. y luego escuché aquí a otro de los oradores que vino a plantear la necesidad de que las soluciones a los problemas del sismo se dieran no con medidas que suscitan desconfianza y que crean problemas entre distintos sectores de los mexicanos, sino que se buscarán soluciones armoniosas, y recordaba yo en ese momento, cuando escuchaba con expresión, cuántas veces le he escuchado aquí en la tribuna, cuántas veces la he escuchado expresada de los foros, de las asambleas, de las reuniones de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuántas veces las he escuchado en las reuniones de la CONCAMIN o de la CONCANACO, cuántas veces el Poder Ejecutivo ha aceptado ese llamado a la solución armoniosa y cuántas veces, todas diría yo, sin una sola excepción, han llevado a la trampa de lucro, a la trampa de acelerar la descapitalización del la gran mayoría del pueblo, a la trampa de enriquecerse cada vez más los de la pequeña minoría opulenta, los de la gran burguesía, a la trampa de saquear esos capitales ilegítimamente amasados y enviarlos al exterior, a la trampa de descapitalizar al país y hundirlo cada vez más en sus problemas. Todo eso lo han hecho mientras han estado hablando de soluciones armoniosas. Y llegaba yo a la conclusión: qué gran incongruencia.
Escuchaba yo a otro de los oradores que decía de esta medida, el decreto expropiatorio del 11 de octubre, que es una medida populista, y recordaba yo cómo se objetivó exactamente en término iguales a la nacionalización de la banca; cómo se adjetivó exactamente de la misma manera a las acciones más positivas del gobierno de Luis Echeverría Alvarez; cómo se adjetivó con las mismas características a las acciones más avanzadas del gobierno de López Mateos o de Lázaro Cárdenas, y de otros mandatarios que todos han tenido en algún momento acciones positivas. Y toda acción positiva que ha tomado en cualquier momento el Poder Ejecutivo, para las fuerzas de la derecha - de algunas décadas a esta parte que se puso de moda esa expresión- ha merecido ese mismo calificativo: medidas populistas. Y, además de pensar en la incongruencia, pensaba yo en esta ocasión en que: qué mejor elogio, si viene de la derecha para cualquier acción de corte avanzado, progresista, del Poder Ejecutivo, de merecer ese adjetivo de parte de las fuerzas de la derecha:
"Medidas populistas".
Y otra objeción que se planteaba: ¿Se va a volver a construir vivienda en los lugares de naturaleza sísmica? Y había yo escuchado, leído declaraciones pocos días antes, de las mismas fuerzas, donde lo que se objetaba era que se estuvieran desarrollando jardines en los baldíos. ¿Cuál es el problema por fin? ¿Nos oponemos al decreto porque se va a construir vivienda en los baldíos? ¿O nos oponemos al decreto porque se van a hacer jardines en los baldíos?
Creo que ese problema es totalmente secundario. Creo que se pueden eludir las necesidades de carácter técnico, científico; pero creo que no es, de ninguna manera, esa la razón de la objeción, sino uno de tantos, eufemismos que se han manejado para justificar una objeción que parte de los problemas de mucho mayor fondo .
Escuchaba yo en esta tribuna decir a los oradores de Acción Nacional que el decreto
expropiatorio del Ejecutivo vulnera la confianza de los ciudadanos. Otro viejo argumento, el control generalizado de cambios también vulneraba la confianza de los ciudadanos la nacionalización de la banca también vulneraba la confianza de los ciudadanos. En verdad, toda medida que afecte los intereses económicos, no sólo ideológicos, a los intereses de la gran metrópoli imperial de nuestros días, toda medida que afecte esos intereses, desde luego vulnerará la confianza de ese pequeño grupo de malos mexicanos, pero en cambio suscitará la respuesta entusiasta de la gran mayoría de los obreros, de los campesino, de los intelectuales progresistas, de los trabajadores del Estado, de todas las capas populares de la población.
Es verdad que aquello de gobernar para todos en una sociedad dividida en clases no pasa de ser una declaración utópica; o se gobierna para la gran mayoría del pueblo de manera unilateral, lesionando los intereses de la pequeña cúpula de explotadores y por lo tanto se suscita la desconfianza, y no sólo la desconfianza, la animosidad y la oposición enérgica de ese pequeño grupo, o se gobierna para ese pequeño grupo y entonces se suscita la desconfianza, se suscita el rompimiento de relaciones con la gran mayoría del pueblo.
Se habló en esta tribuna de corrupción y destrucción; la corrupción generó la destrucción; se dijo. La corrupción parte en su esencia de la existencia de la propiedad privada de los medios de producción y del cambio; la corrupción eleva su tono, alcanza proporciones gigantescas en la etapa en que la propiedad privada de los medios de producción y del cambio llega a su máxima expresión de acumulación, de concentración económica y política a nivel mundial, cuando se genera el imperialismo. La corrupción la genera fundamentalmente el imperialismo y los agentes del imperialismo nacionales en cada país penetrado por el imperialismo. La corrupción se refleja en el contratismo, en el hecho de que empresas privadas construyan. Y yo no sé de un solo edificio derrumbado que haya sido construido directamente por el Estado. Dice la fracción parlamentaria que impugna que el decreto no es incuestionable; objetivamente no lo es puesto que lo ha venido ha cuestionar una fracción parlamentaria. Pero también en este caso el calificativo de incuestionable tiene un contenido clasista; es incuestionable para quién y es cuestionable para quién. Las grandes mayorías de este país apoyan este decreto expropiatorio; se han puesto con vehemencia las fuerzas de la derecha, las organizaciones patronales, y qué lamentable que su brazo electoral, el Partido de Acción Nacional no haya tenido la enjundia para venir a manejar los argumentos claros, pero enérgicos, interesados, muy vulnerables, pero claros y enérgicos que ha manejado la CONCAMIN o la CONCANACO, qué lamentablemente que tenga que venir, carente de toda autoridad y respaldo moral, carente de solidez en los argumentos a refugiarse en pequeñas cosas de carácter formal; tal parecería después de oír a los dos últimos oradores de Acción Nacional que equivocaron su posición y que venían en pro, pero simplemente demandando algunas adiciones o modificaciones para mejorar las cosas.
No, la posición de Acción Nacional no es esa, no impugnan el decreto por razones de forma, de ninguna manera; lo impugnan por razones de fondo, lo impugnan por intereses de clase, lo impugnan por que muchos de los más connotados integrantes del Partido Acción Nacional y dirigentes de ese mismo partido político son a la vez dirigentes de despachos prestigiados de abogados y apoderados de muchos casatenientes, de muchos propietarios en gran escala, de muchos terratenientes propietarios de múltiples edificios en esta ciudad y en muchos otros lugares del país y porque se ven afectados sus intereses de clase, los intereses de la clase social que representan, por esa sola razón. Y sus intereses de clase los vinculan a las fuerzas que hemos venido denunciando siempre, de dentro y fuera del país; y este decreto expropiatorio sin duda merecerá, está mereciendo ya, así se ha visto públicamente, el rechazo de esas mismas fuerzas.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista por el contrario, expresa su solidaridad con el decreto expropiatorio de 7 mil predios ubicados en la ciudad de México, los que se indica se utilizarán para construir viviendas para los sectores populares, afectados durante los recientes sismos.
Declaramos que el decreto expropiatorio expedido por el Ejecutivo constituye una respuesta a las necesidades y demandas de los sectores populares damnificados y que su orientación corresponde a las mejores tradiciones surgidas de la Revolución Mexicana. Este es el fondo del Problema, qué rumbo deben tener las acciones; ¿medidas de economía de mercado, estímulos a los capitales para resolver los problemas del sismo y los que había antes del sismo? O las medidas surgidas del programa de la Revolución Mexicana, de la intervención directa del Estado; este es el fondo del problema, por esto se han preocupado Acción Nacional y todas las fuerzas de la derecha. Es el sentido, es la orientación de la medida, no es la forma ni la relación, ni si faltó algún fundamento o sobró alguno de ellos. Toda medida del Ejecutivo que oriente por los principios del artículo 27 constitucional, o del 130, o del tercero, por los medulares surgidos por la Revolución de 1910- 1917, siempre indefectiblemente, merecerá el rechazo enérgico de las fuerzas que siempre se han opuesto a la vía surgida de nuestra Revolución.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista declara: que este decreto expropiatorio es un acto positivo que requiere ser acompañado por otros de la misma orientación y de igual manera destinados a evitar que un pequeño sector de elevado poder económico aproveche las dramáticas
circunstancias para lucrar con las urgentes necesidades de nuestro pueblo; otras acciones vinculadas con los intereses populares y con el problema de la reconstrucción y sus secuelas, son la protección a los inquilinos en general frente a la visible maniobra especulativa de los casatenientes que ya proceden a intentar por todos los medios un aumento generalizado del precio de los alquileres. La fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, estima que lo procedente es decretar la congelación de rentas o la prórroga de la vigencia de los contratos de arrendamiento o cualquier otra modalidad que produzca resultados semejantes; la fracción parlamentaria del PPS considera indispensable la participación directa del Estado, el que debe tutelar los derechos de los inquilinos, construir vivienda al margen de los mecanismos del lucro comercial, controlar de manera estricta el mercado de los materiales de construcción con precios congelados, proveer todos los apoyos necesarios a las cooperativas populares de autoconstrucción y evitar el contratismo que genera corrupción; de igual manera estimamos indispensable la congelación de precios de los alimentos, medicinas, prendas de vestir de uso popular y demás artículos de primera necesidad, con el propósito de evitar que en estas áreas vitales se desaten la especulación y el lucro, como ha ocurrido siempre que el Estado se abstrae de intevenir o lo hace de manera débil, circunstancia de la que se aprovechan para acrecentar aún más sus riquezas, de manera ilegítima e injusta, los sectores económicamente poderosos.
Otras medidas urgentes y necesarias son también las que se refieren a la protección de los derechos laborales de quienes a causa del siniestro o sus consecuencias perdieron sus centros de trabajo, las orientadas a combatir el desempleo, las relativas al rápido y justo pago de las pensiones e indemnizaciones a que tengan derecho los damnificados y sus familiares.
La fracción parlamentaria de mi partido rechaza la conducta de las organizaciones patronales, de la COPARMEX, de la CONCANACO, de la CONCAMIN y otras, y la de la derecha en general que se ha apresurado a expresar juicios condenatorios con relación al decreto del 11 de octubre, el que adjetivan de manera demagógica al tiempo que replantean las viejas y reaccionarias y demandas de la burguesía más negativa, vinculada a los intereses del imperialismo norteamericano.
La fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista denuncia que la pretensión de estas fuerzas de la derecha, enemigas y explotadoras del pueblo, no es la de cuidar ciertas formas constitucionales, de ninguna manera, sino que es la de ejercer chantaje sobre el poder público en el intento de presionarlo para obligarlo a abandonar una vez más las acciones de corte avanzado, para que desvíe el rumbo hacia las de tipo privatista, de economía de mercado, propias en la actual etapa de la vía capitalista dependiente y neocolonial.
La fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, reitera su solidaridad con el decreto expropiatorio y su apoyo a la propuesta de la Gran Comisión; junto con esto, llamamos a todas las fuerzas del campo democrático progresista y revolucionario de dentro y fuera del poder público, a cerrar filas en defensa e impulso a medidas de carácter popular, avanzando, como ésta y las demás que el pueblo requiere.
Por último compañera presidenta, me permito solicitar se instruya a la secretaría para que dé lectura a un breve texto, en el cual formalizamos la proposición que ya había sido hecha en esta tribuna, de manera verbal, por algún otro compañero diputado, para que se vote de manera nominal, de acuerdo con el artículo 148 del Reglamento, el asunto que estamos discutiendo. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría dé lectura al texto.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:- Dice así: "En virtud de la importancia histórica que tiene el decreto de expropiación del ciudadano Presidente de la República, toda vez que va a la raíz del problema de la vivienda para miles de compatriotas damnificados con motivo de los fenómenos sísmicos recientes, consideramos que la propuesta de la Gran Comisión de apoyo resuelto a esta medida del Ejecutivo sea sometida para la votación de esta Cámara, de acuerdo con el artículo 148 del reglamento, en forma nominal. Firman los diputados: Manuel Fernández Flores, Martín Tavira Urióstegui, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Gabriela Guerrero e Hildebrando Gaytán Márquez."
La C. Presidenta:- En su oportunidad esta presidencia someterá a discusión la propuesta relativa.
En tanto tiene el uso de la palabra el señor diputado Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señora presidenta, compañeros diputados:
Nosotros creemos que el decreto que aquí estamos discutiendo, el Decreto Expropiatorio emitido por el Poder Ejecutivo Federal era y es un decreto necesario, necesario para hacer frente a las circunstancias derivadas de la catástrofe natural, necesario para permitir, colocar un mínimo de orden y de garantía en las tareas de reconstrucción. Nos parece que la fundamentación jurídica del decreto está plenamente fundamentada, se cumplen plenamente las causales señaladas en la Ley de expropiación y en esa materia no podemos entonces aceptar las impugnaciones que aquí se han hecho. Creemos que el decreto da respuesta a una necesidad evidente de parte de los damnificados.
Expropiar significa por
definición afectar propiedad y en este caso, ha habido que afectar propiedad para poder hacer frente a intereses que están por encima de los del individuo que están por encima de los de las personas físicas.
Es entonces el decreto un recurso legítimo de que ha hecho uso el Poder Ejecutivo, para hacer frente a circunstancias extraordinarias.
Nosotros damos nuestro apoyo pleno al decreto expropiatorio. Pero queremos señalar algunas consideraciones en torno al aspecto más general que contempla a la situación en la cual se da.
Primero, queremos ser claros en reconocer que el decreto expropiatorio puede tener errores. Puede haberse afectado viviendas unifamiliares que constituyen patrimonio familiar.
Y decimos claramente que en esos casos el decreto debe dar marcha atrás. Que tratándose de vivienda unifamiliar ocupada por la familia directamente interesada, el decreto no tiene por que mantenerse ni tendremos por que entrar en esa cerrazón. Aceptamos que pudo haber ese error y que debe haber el margen suficiente para corregirlo, para que ninguna familia mexicana, legítimamente poseedora, propietaria de su vivienda, la pierda.
Ese es un principio básico que debe a nosotros unirnos en ese punto. Pero nos interesa también dejar claro que para que esta expropiación pueda tener sentido popular y ubicarse en un rumbo de atención de lo que hoy demandan los miles de damnificados de la ciudad de México y de otras zonas del país, es imprescindible la participación democrática, la participación directa de los damnificados en la gestión, en la toma de decisiones respecto de los programas de reconstrucción. Si queremos que esta medida expropiatoria no tenga trágico, el triste y aveces trágico destino de otras expropiaciones, tenemos que manifestar claramente que es imprescindible un manejo democrático de la medida.
Hay experiencias, hay experiencias de lo que ha ocurrido con otras expropiaciones que no son satisfactorias a la luz de los intereses populares.
No en balde decía o señalaba algún caricaturista de la prensa que no sea que al rato vayan a salir regresando el 34% a los afectados: no queremos retrocesos en este tipo de medidas. Y para que no haya retrocesos se requiere participación, se requiere democracia, y eso es lo que no está, eso es por lo que tenemos que seguir luchando, porque resulta que el día 14 de este mes el Ejecutivo crea un organismo público descentralizado llamado Renovación Habitacional Popular, que al menos por lo que parece en ese decreto es el que se va a encargar de los programas de reconstrucción y de administrar y adjudicar los predios expropiados. Pero si uno ve el decreto que crea este organismo, se dé cuenta de que prevalece en el poder ejecutivo una concepción verticalista, una concepción antidemocrática de la forma de resolver los problemas porque en ese decreto que crea este organismo llamado Renovación Habitacional Popular, se crea una junta de gobierno integradas exclusivamente por funcionarios públicos. La participación popular al nivel de un Consejo Consultivo. ¿Y en dónde está la participación de los damnificados, de los directamente interesados, de los que hoy están en Tlatelolco, de los que están en los multifamiliares Juárez, de los que están en Tepito, de los que están en el Bondojo? ¿Dónde están esos mexicanos que hoy luchan por una reconstrucción democrática de la ciudad?
Eso es lo que tenemos que incorporar a este tipo de medidas para que tengan auténtico sentido popular y no sean desvirtuadas y no se conviertan después en objeto de manipulación y transacciones deshonestas por parte de los funcionarios. Nos preocupa que ese organismo lo dirija el señor ex- diputado de apellido Parcero, conocido por su aportación a la reforma inquilinaria y hoy convertido en el director de este organismo. ¿Qué garantía hay de que habrá un manejo adecuado, congruente con los intereses de los damnificados después del decreto expropiatorio? Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que tenemos que seguir avanzando.
Y queremos señalar otro aspecto que nos preocupa también. Este decreto expropiatorio se da en los marcos de una política más general; que no podemos dejar de lado, que no podemos hacer como si no existiera, y a partir de este decreto expropiatorio todo hubiese cambiado. No. Porque las cosas fundamentales siguen pendientes de cambiar. Nos referimos en concreto a lo que nosotros llamaríamos el lado oscuro de la política gubernamental, que incluye arbitrariedades de la SEDUE, el manejo despótico, autoritario del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, sus declaraciones irresponsables, vergüenza del gobierno federal. Y este señor está ahí metido y parece que lo va a seguir estando.
Nos referimos al tortuguismo en las soluciones a damnificados. Nos referimos a la falta de claridad en el reparto de ayuda. Todo eso tiene que corregirse, pero tiene que corregirse algo escencial, que es la política que se aplica en México , ya lo decía el compañero diputado Pascual: ¿Con que fondos se va a reconstruir la ciudad? ¿De dónde va a salir el financiamiento para las tareas de reconstrucción? Ya el Ejecutivo ha expropiado los predios, bien que los haya expropiado, ¿pero de dónde van a salir los recursos para financiar? ¿De dónde van a salir cuándo aparte, pese a lo que aquí se dijo en la sesión de la semana pasada, cuando el martes discutimos el problema de la deuda externa de que nos anticipábamos a los hechos? Ya hoy nos enterábamos por la prensa de nueva cuenta que la próxima semana llega a México la Delegación del Fondo Monetario Internacional para firmar la nueva Carta de Intención, cuando ya nos enteramos que el señor Guirría ya anunció en Tokio
que México si está solicitando los cuatro mil millones de dólares adicionales. ¿Con esa política se va a atender a los damnificados? ¿Con esa política se va a reconstruir al país? Nosotros decimos que no, que esa política es antipopular, que esa política es contraria a lo que hoy la nación demanda que es una reconstrucción democrática, que es una reconstrucción que atienda lo que es un reclamo popular. Por eso decimos que hay que cambiar la política para que la medida expropiatoria no se convierta en una medida, aislada, porque ese rumbo no está alterado, ese rumbo prevalece y prevalece en lo fundamental que es la política económica que el gobierno aplica.
Nosotros decimos, y perdónenos la metáfora, que hay que atender a los damnificados desde antes del día 19, a los damnificados estructurales, a los que esta política ha dejado sin empleo, sin ingresos, a los que esta política les ha originado profundos daños en su situación de vida y de trabajo. Hay que reconstruirlo todo, no sólo las casas que se cayeron, que hay que reconstruir con democracia, que hay que reconstruir pensando en una solución global para el país, que es lo que hoy requerimos. Pretender regresar a la normalidad de lo que tanto hablan y añoran otros funcionarios es un sueño que nos condeciría a regresiones peores de las que ya hemos vivido.
Finalmente, queremos decir también que a nosotros nos preocupa la pasividad de la Cámara. Nos preocupa que después de dos resoluciones tomadas por consenso una de ellas y la otra por mayoría, la Cámara siga sugiriendo, siga apoyando pero no haga lo que le corresponde, que es legislar. Nosotros quisiéramos preguntar a la Gran Comisión y a la presidencia de la Cámara cuándo se va a organizar el trabajo para hacer efectivas las resoluciones que tomamos en aquel desplegado, en aquella resolución. Cuándo van a empezar las comisiones normales, las comisiones ordinarias legislativas a trabajar en lo que ahí nos comprometimos? ¿O vamos a seguir esperando que el presidente tome las medidas para manifestarle nuestro apoyo?
No podemos aceptar que la Cámara sea reducida a este papel. No regateamos el apoyo a la medida expropiatoria, pero no estamos de acuerdo en que ese sea el papel exclusivo de la Cámara. Queremos que se legisle, queremos que aquí se discutan las leyes que nos comprometimos a emitir, las reformas que nos comprometimos a discutir para que esta Cámara cumpla, efectivamente, el papel que le corresponde en el momento actual de México, y haga honor a su papel de ser parte de uno de los poderes de la Unión.
Por eso, también hemos hecho una propuesta diferente a la de la Gran Comisión. Porque nosotros estamos de acuerdo en apoyar, apoyamos la medida expropiatoria, pero no estamos de acuerdo en generalizar ese apoyo, porque aún hay muchas cosas que cambiar en México, porque aún hay muchas políticas que alterar si queremos entrar en serio y a fondo en la defensa de los intereses populares. Por eso hemos hecho una propuesta distinta a la de la Gran Comisión. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - El señor diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, en el uso de la palabra.
El mismo C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Compañera presidenta: señoras y señores diputados: Hay quienes conceden al sismo de estos días un origen divino, hay quienes incluso piensan que es un castigo de Dios. Por ello también esos mismos consideran que la propiedad es un derecho natural. Otros entendemos que es, los sismos son origen y producto de la naturaleza, naturaleza que está en constante movimiento; plataformas marítimas que chocan en las plataformas continentales, como está la sociedad en constante movimiento, es una permanente lucha de clases entre explotados y explotadores.
Estamos comentado un decreto expropiatorio que no sólo tiene que ver con los hechos ocurridos recientemente, estamos hablando de un decreto expropiatorio que es una vieja demanda de los habitantes del centro de la ciudad de México.
El objeto del decreto señala fundamentalmente en reivindicar los derechos de los habitantes de las colonias de este centro de la ciudad. Se restituye ese derecho a quienes originariamente fundaron, han dado raíz y razón y cultura a la ciudad de México.
En el período gubernamental pasado tramposamente de planteó de limitar el centro histórico de la ciudad de México, acompañada esta medida con la cuadrícula urbana de los llamados ejes viales que atravesaron el centro de la ciudad; delimitado tramposamente el centro histórico, se señaló que el centro de la ciudad, las colonia Morelos, Guerrero, Peralvillo, Doctores y otras no eran parte del centro histórico de la ciudad.
Inmediatamente después de esta medida del sexenio pasado, se planteó por parte de inmobiliarias y la exbanca privada, la adquisición de manzanas enteras para poder plantearse toda una política de desalojo para modernizar el centro de la ciudad de México, se planteaba un modelo ideológico urbano de las características de los países y las ciudades, principalmente desarrolladas, en particular Estados Unidos.
Este decreto tiene historia entonces, a partir de la congelación de rentas, decretada del estado de emergencia por el Presidente Avila Camacho, los propietarios de esos inmuebles, abandonaron a su suerte a los inquilinos, durante años los inquilinos han venido sosteniendo sus viviendas, han mantenido esas vecindades que se encuentran la gran mayoría en estado ruinoso por la actitud de los propietarios que esperan cada período de lluvias, que esperan que con el
tiempo los inquilinos salgan de ahí perdiendo incluso su vida para poder recuperar los predios y empezar a construir y a extraer plusvalías de una de las zonas más equipadas urbanísticamente como es el centro de la ciudad. Muchos propietarios observaron por generaciones que esas vecindades eran malos negocios, que había que esperar que el tiempo las tumbara, las derribara, que había que encontrar abogados que realizaran juicios de desahucio para ir copiando los cuartos de los expulsados e ir cerrando las vecindades y poder entrar a la oferta del mercado de bienes raíces con terrenos de un alto valor. Muchos de los bancos antes privados, repito, adquirieron grandes manzanas y otras inmobiliarias privadas también lo hicieron. Se planteó en tiempos pasados también, el plan de remodelación de Tepito y el dilema de la remodelación de Tepito era para quien se remodelaba, para el que habitaba la vecindad o para el propietario del terreno; se planteó después al Plan Tepito y equivocadamente en lugar de respetar lo que significa la vecindad, se construyeron palomares que por su costo no fueron para los habitantes de Tepito, sino para otro tipo de habitantes de la ciudad.
Se plantearon entonces planes fallidos para el centro, para un centro - compañeros diputados- que le da cultura a nuestra ciudad porque la vecindad y los barrios del centro de la ciudad y en particular Tepito, no son barrios de vergüenza para nosotros, es ahí el origen de la clase obrera urbana del Distrito Federal; es ahí el centro y no en valde el nombre de muchas de sus calles, de los primeros artesanos que aún conservan muchas de sus familias, la tradición artesanal de producir un conjunto de artículos que saben mercadear en ese centro de la ciudad que es Tepito, Peralvillo y la Guerrero. Se trata de un tipo de vivienda cuyo patio central y común enseña la solidaridad de los habitantes, se trata de un tipo de vivienda que por generaciones ha sido defendido por sus habitantes y se trata de una cultura que ha dado prestigio a esta ciudad de México a pesar de las campañas calumniosas que existen contra los habitantes del centro de la ciudad.
Nosotros entonces entendemos que este decreto no solamente parte del hecho de existan damnificados ahora; cada año existían damnificados, en las vecindades cuando se venían abajo los techos y aplastaba familias enteras. Y, repito, los propietarios cada período de lluvias se frotaban las manos haber si la vieja vecindad se venía abajo para recuperar en terreno que por herencia tenían de sus familias.
Se dice que no hubo consulta; la gente del centro de la cuidad ha demandado justicia por muchos años. Se dice que no hubo consulta; dense una vuelta, diputados del PAN, a Tepito, a la Morelos, a la Guerrero y pregúntense por qué las gentes están viviendo frente a sus vecindades, por qué las gentes no se van a los albergues, por qué esas gentes están sufriendo las inclemencias, porque defienden no ahora, por generaciones su barrio, sus vecindades, sus centros de trabajo.
¿Quieren más consulta que esa? ¿Más testimonio que ese? Se dice y se argumenta que no hay base legal. Se resolvía que en este país el Constituyente, visionario, planteó la propiedad nacional, y la propiedad privada es una concesión que otorga la nación, y de acuerdo al interés público esta concesión puede ser retirada.
Señores de Acción Nacional: la propiedad privada no es un derecho natural en este país, la propiedad es nacional, es de la nación y del pueblo en primer lugar.
No solamente con este decreto apegado estrictamente a derecho se cumple con una facultad del Presidente de la República. Este decreto restablece también la legalidad constitucional. ¿Y por qué lo restablece? Porque le da la posibilidad al Ejecutivo de cumplir con su obligación constitucional de dar vivienda, de cumplir con el derecho a la vivienda y con el derecho a la salud de miles de habitantes de la ciudad, que sufrían todos los días, viviendo en vecindades a punto de derrumbarse, sin servicios completos y necesarios, y sobre todo sometimos a acciones de diputados civilistas que estaban constantemente planteando juicio de desahucio y desalojo a los habitantes de esas vecindades. Nosotros tenemos una tradición de trabajo en el centro de la ciudad y nuestros compañeros plantearon la organización del Directorio de Defensa de Damnificados, Vecindades Insurgentes; más de 500 vecindades organizadas ya y estos compañeros, como primera reacción al conocer el decreto, se lanzaron a las calles de la ciudad, se reunieron los representantes del Directorio y como primera medida que tomaron fue colocar una bandera nacional en cada vecindad expropiada, como prueba de que estaba restituyéndoles la nación su derecho a una vivienda digna.
Se plantearon también y se le planteó al Presidente en una marcha celebrada el domingo 13 hacia los Pinos, que la decisión de los habitantes de las vecindades no es que se concesionen a particulares la reconstrucción del centro de la ciudad, sino que mediante la organización de cooperativas, en propiedad social, los habitantes de la ciudad del centro de la zona expropiada, autoconstruyan sus viviendas, pero planteando ante el organismo creado para el efecto, que no queremos que se construyan edificios en el centro de la ciudad, queremos que se respete la concepción urbana de las vecindades, que es orgullo de la gente del centro de la ciudad.
Hemos escuchado aquí que existen compañeros que apoyan el decreto, pero que exijan condiciones o que observan con preocupación problemas del comportamiento político, que tiene dudas de que haya consecuencia con respeto a este decreto. Yo creo que la obligación de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas de la clase obrera, en primer lugar,
en primerísimo lugar, es reconocer el hecho político, la decisión política: planteado esto, en un momento importante del país; planteado esto, en el marco de grandes presiones por parte del gobierno norteamericano, y por parte de los sectores empresariales que privilegiados en la crisis, demandan del gobierno más concesiones.
Valorar este hecho político del decreto es importante, es necesario ser consecuentes. Nosotros no compartimos por ello también el concepto de unidad nacional; no hay unidad nacional entre desigualdades, no hay bien común entre explotados y explotadores; nosotros planteamos por ello la alianza de fuerza nacionales obreras y populares para combatir a los fuerzas que están aliadas y vinculadas al imperialismo norteamericano y que están viviendo gracias a la explotación del trabajo de millones de hombres y mujeres de manera privilegiada. No planteamos por ello la unidad nacional, no compartimos evidentemente el tramposo llamamiento al bien común, en este país hay trabajadores y hay patrones en este país hay explotados y explotadores; en este país hay propietarios y hay inquilinos; en este país no puede haber bien común como plantea el Partido de Acción Nacional. (Aplausos.)
Hemos entrado a un momento político muy importante; en su oportunidad le planteamos al Presidente y al regente la necesidad de este decreto; planteamos también como símil, que así como el sismo había demostrado que las estructuras más solidas habían soportado el terremoto, así iba a ocurrir también con las fuerzas políticas que este período decíamos y dijimos, se ponían a prueba gobierno, partidos políticos, Cámara de Diputados y la sociedad entera. Y nosotros pensamos que el Presidente Miguel de la Madrid ha entendido que su gobierno se puso a prueba estos momentos. Y la respuesta del decreto expropiatorio es un a expresión consecuente importante que nosotros valoramos profundamente ¿por qué?, porque a partir de ahora la relación del Ejecutivo con las fuerzas obreras y populares, tiene un nuevo acento político.
Porque a partir de este decreto, el Presidente cambia un estilo de gobernar y sale a las calles a escuchar al pueblo. Y el Presidente sale a recibir manifestaciones. Y dialoga y debate con las organizaciones políticas. Y eso es lo importante como hecho político y demostración de este decreto expropiatorio.
Y aclaro que molesta profundamente a las fuerzas de la redacción. Y claro que molesta profundamente a empresarios. Y claro que molesta profundamente a sus patrones, el gobierno norteamericano. Claro que molesta profundamente esto. Claro que demuestra a los ojos del pueblo quién es quién, porque mientras el gobierno se plantea negociar la crisis con empresarios, el Partido Acción Nacional puede hablar de corrupción y de honestidad. Cuando el gobierno se plantea pagar la deuda, el Partido Acción Nacional habla de que las empresas descentralizadas están en quiebra. Pero cuando el gobierno toma medidas de apoyo al pueblo y a los trabajadores, Acción Nacional se demuestra como lo que es: una fuerza profundamente reaccionaria y contrarrevolucionaria. Esto es muy importante porque nosotros hemos visto con mucha preocupación mediante la manipulación que ha hecho Acción Nacional, de cómo se engaña a obreros y campesinos. Cómo se engaña a amas de casa. Cómo se engaña incluso a los trabajadores con su propaganda, con sus medios de comunicación. Pero también nosotros sabemos que éstas medidas contribuyen a desenmascarar y a poner en su lugar ante los ojos del pueblo, a quienes representan los intereses de la gran propiedad privada y del capital.
Por ello nosotros entendemos este momento como un momento político muy importante, trascendente, incluso hemos insistido no de ahora, durante toda nuestra campaña electoral, en la lucha por un gobierno popular de reconstrucción nacional, porque es necesario reconstruir la vida política, es necesario reconstruir la economía y es necesario reconstruir la sociedad mexicana.
Efectivamente, en estas tareas de reconstrucción no se trata de reedificar solamente; compartimos la preocupación, y en ese sentido estamos trabajando, para que la reconstrucción nacional favorezca la lucha por la democracia y favorezca la lucha por los intereses mayoritarios que representan los trabajadores.
Nuestro partido no viene a proponer diferencias con la propuesta que ha hecho la Gran Comisión de esta Cámara; nos parece consecuente, nos parece necesaria y en buena hora que esta revitaliza las fuerzas del PRI, sobre todo a las fuerzas obreras del PRI que tienen un papel que jugar muy importante. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 207 del reglamento.
El C. José Angel Conchello Dávila: - Pido la palabra, para hechos.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - "Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración".
La C. Presidenta: - Ha pedido la palabra, para hechos, el señor diputado José Angel Conchello.
El C. José Angel Conchello Dávila: - Señores diputados: He pedido la palabra para desmentir aseveraciones que hizo el diputado que me antecedió el uso de la tribuna, y lo hacemos libremente porque nuestra presencia en esta Cámara no se debe a los fraudes electorales que haya cometido la Secretaría de Gobernación sino a la voluntad del pueblo mexicano.
Dijo el señor diputado que en México no existía el derecho de propiedad.
Están allá arriba don José María Morelos, quien en la Constitución de Apatzingán, en el artículo 24 dice textualmente: "Artículo 24. La felicidad del pueblo y cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad propiedad libertad" y agrega: "La íntegra conservación de estos derechos - entre ellos el de la propiedad- , es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas".
O me respetan el derecho de propiedad que señalaba Morelos, o lo mandan borrar de allí. No queda alternativa.
Pero después, en la revolución, durante la revolución, la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes hizo una Ley Agraria en octubre de 1915, y en uno de los considerandos la Convención Revolucionaria de 1915 dice: "Considerando: Que habiendo el pueblo manifestado su voluntad de destruir para siempre el monopolio de la tierra para realizar un estado social que garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre una extensión de tierra para su propia subsistencia, etcétera. la Convención Revolucionaria reconoce a la propiedad como un derecho natural".
Finalmente, Venustiano Carranza, que ahí está también, al enviar al proyecto de Constitución dice en los considerandos, en octubre de 1916, en los considerandos en los cuales posteriormente se funda la Constitución, dice Venustiano Carranza: "Si se considera que todo esfuerzo, que todo trabajo va dirigido a la satisfacción de una necesidad; que la naturaleza ha establecido una relación constante entre los actos y los resultados, fuerza será convenir - dice Venustiano Carranza- , que la propiedad es un derecho natural". Señores, por encima de los caprichos del diputado Graco está la voz de la historia que no me dejará mentir. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Para hechos, el señor diputado Piñeiro.
La presidencia se permite reiterar a las galerías presten atención al contenido del artículo 207 del Reglamento que ha sido leído por la secretaría. Es obvio de que el señor orador está en la tribuna insistimos en que las galerías guarden respeto a los oradores.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Ciudadana Presidenta; compañeros diputados: Me puse a pensar en la gran indignación que sentiría José María Morelos si estuviera vivo y supiera que un reaccionario lo estaba invocando para defender sus posiciones, un amigo del imperio. Y he subido a esta tribuna para hechos y no en el turno como está señalado para refrescarle a quien así lo necesite la lectura inicial del tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución actual, que voy a solicitar a la presidencia instruya a la secretaría para que se haga.
La C. Presidenta: - Se instruye a la secretaría dé lectura al documento. El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dice el interés público".
El C. Genaro José Piñeiro López: - Tan sólo con este párrafo tan escueto queda claro y señalado que obvio el interés del bien común no representa ni nunca representará el bien de la nación. Y queda claro que a las consecuencias de este decreto hay que enriquecerlas y no dejarlas en el ámbito de señalar el estar de acuerdo o el estar en contra del mismo. Quienes han hablado en contra del decreto, han hablado a favor de quienes durante muchos años han representado esos intereses que se han enriquecido a costa de la miseria, a costa de la especulación con un decreto hoy constitucional, como el de la vivienda. Y es mediante una ley de expropiación, que por cierto señalaban en una intervención que se les decía a los señores del PAN, que ellos habían estado en contra como una organización política de la expropiación petrolera y ellos pues todavía no pudieron manifestarlo en estos términos; ellos ya estaban en contra porque ellos estaban en la placenta de esa clase reaccionaria y antipatriota que enfrentó a la política de Lázaro Cárdenas. Nos reservamos derecho para que en el turno de oradores profundizar y señalar la actitud ya tradicional y reaccionaria de estos compañeros.
Gracias.
La C. Presidenta: - Pidió la palabra, para hechos, el señor diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señorita presidenta: señoras y señores diputados: Terminó el "baile de los disfraces", pero no aquella obra grandiosa, si se quiere, que todos vamos a oír con extraordinario placer a los teatros, sino apenas un vulgar baile de disfraces que ha venido a rebajar, diríamos así, la calidad de lo que debe ser este recinto parlamentario. Defender concepciones viejas para defender intereses ilegítimos, puede calificarse de demagogia pura. Venir a invocar a los héroes nacionales para justificar la posición partidaria es una honestidad intelectual. Y además, cuando se les falsifica, porque el gran Morelos no defendió la propiedad privada a ultraza como lo hace Acción Nacional.
¿Que no recuerdan estos señores diputados, que a veces tienen destello de intelectuales, qué no recuerdan que Morelos hizo suyo el documento de los Guadalupes - parece que era de los Guadalupes- aquel documento que iba al fondo de la estructura de la Nueva España. Dice el documento que hizo suyo
Morelos: "al llegar los insurgentes a los pueblos, a las ciudades, deben informarse de la clase de ricos que hay para despojarlos de toda su riqueza, ganado, tierras, semillas y repartir equitativamente entre los pobres".
Ese es el "Pan de Devastación" que el historiador jesuita reaccionario Cuevas le llama "Plan Comunista". Que lo digan abiertamente, que lo digan cómo calificaron estos historiadores a Morelos de comunista. Ese es Morelos, como dijo el poeta Carlos Pellicer: "Imaginad una espada en un jardín, eso es Morelos; imaginad una llamarada consumiendo almacenes mal habidos, eso es Morelos"; Morelos es el patriota que lucha contra los extranjeros, pero que lucha por destruir lo que los extranjeros hicieron aquí.
Morelos es el líder de las masas oprimidas, Morelos es e brazo y el cerebro de los pobres, de los pobres de México de todos los tiempos. Y no debe ser invocado por un partido reaccionario que se jacta de heredar las tradiciones derechistas del país. Gracias.
La C. Presidenta: - En uso de la palabra el señor diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Diputada presidenta; señoras y señores diputados: Queremos subir a esta tribuna para rendir homenaje a una hermosa lucha, la de los habitantes de las colonias populares que fueron fuertemente afectados por los sismos del septiembre negro mexicano y que hoy celebran con regocijo el triunfo que han alcanzado con el decreto de la expropiación emitido en días pasados.
La historia de este movimiento, sumamente intensa por el período tan corto en que se desenvolvió en su fase inicial, estuvo plagada sin embargo de numerosas angustias y obstáculo, siendo el primero de ellos el anonimato, en efecto, todavía a casi una semana del siniestro la opinión pública no se había enterado de la existencia de una lacerante verdad que se padecía en las colonias como la Morelos, en el barrio de Tepito, en las colonias Valle Gómez, Emilio Carranza y muchas otras, el pueblo no se había enterado que ahí decenas de miles estaban malviviendo en las calles por haber quedado seriamente dañadas sus viviendas, esto fuera así porque la atención de los mexicanos estaba cerrada, sobre todo en las labores de rescate de aquellos lugares en donde desgraciadamente sí hubo que lamenta la pérdida de numerosísimas vidas humanas. El golpe que significó el siniestro como en todos lados la desgracia, como en todos los lugares donde la desgracia pegó con fuerza, dejó pasmada una población que sin organización, sin una dirección acabada, viviendo sólo la ayuda solidaria de miles de brigadas voluntarias que recorrían las calles, no sabía cual iba a ser su futuro.
Poco a poco, sin embargo, comenzó la batalla por hacerse oír primero pequeños grupos comenzaron a organizarse en diversos puntos las colonias para tratar de llegar a las autoridades inmediatas, pues en pocas horas se había aprendido que individualmente no se logra gran cosa; estos grupos acudieron a las delegaciones, a esta Cámara de Diputados, a la Cruz Roja, a los centros de acopio y no encontraron solución a sus demandas principales.
La Cámara de Diputados sólo les pudo ayudar para señalar lineamientos generales y en la apertura de canales de comunicación con las autoridades delegacionales, y estas últimas a su vez tampoco respondieron a sus inquietudes.
Los señores delegados pedían a los afectados que abandonaran las calles y se fueran a los albergues, pero la fuerza del arraigo, sumado a una desconfianza nacida de años y años de mentiras, eran fuerzas poderosas que golpeando sobre una conciencia eminentemente práctica de la masa de afectados les llevaba a la conclusión de que era preferible luchar por su pedacito de vivienda ahí donde había quedado.
De nada valieron las amenazas de que habría desalojos por la fuerza o de que iría la fuerza pública para llevarse a mujeres y niños a los albergues como lo pudimos constatar; de nada valió el chantaje ejercido por varios delegados como parte de la ayuda nacional e internacional que sólo se canalizaban a los albergues y que era negada a la gente que vivía en la calle y que carecía de todo.
Todas estas maniobras, todas ellas fueron desbaratadas tanto por la solidaridad espontánea del pueblo que seguía llevando ayuda al interior de las colonias, como también gracias a la voluntad y a la fuerza de los inquilinos de pelear por su derecho a seguir viviendo donde siempre.
Así, el héroe de la lucha por mantener la identidad de los barrios fue el pueblo mismo. Dudamos que su fuerza hubiera tenido el mismo efecto si se hubieran ido a los albergues como pretendían en un principio las autoridades.
No hablamos de un pueblo en abstracto, estamos hablando de aquel pueblo que decidió juntar más y más gente para ser escuchados con fuerza, de que comprendió en cuestión de días y horas que debiera hacer a un lado viejos antagonismos y comenzó a organizarse hasta llegar al grado de agrupar a los miles que el día 27 de septiembre realizaran una respetuosa y kilométrica marcha, y silenciosa, de 20 mil personas, que partió de la misma Colonia Morelos para llegar hasta los Pinos y que provocó tantos pies llagados. El conjunto de acciones de los habitantes, sobre todo de la colonia Morelos y aledañas, hizo posible que se conociera ampliamente el problema y sirvió también como guía para extender aún más su propia organización.
Esta fuerza, conducida por dirigentes autóctonos de los barrios, muy jóvenes la mayoría con plena independencia de sus acciones y respondiendo sólo a sus reivindicaciones, es la que conquistó el decreto expropiatorio
emitido por el Presidente el pasado 11 de octubre y no otra fuerza. Por nuestra parte, como Partido Revolucionario de los Trabajadores, nos ha quedado la enorme satisfacción de haber sido testigos activos de esta lucha en la que participamos muy modestamente, sí, pero sólo en la medida en que los inquilinos nos lo solicitaron, pero respetando siempre su propia organización y sobre todo su dirección.
Siempre nos ha molestado y por eso hemos descartado, el método priísta de tratar de llegar a controlar forzosamente cualquier movimiento; también nos congratulamos de haber sido lo suficientemente sensible como para recoger de entre el pueblo mismo la demanda de expropiación y plantearle como propuesta de decreto el 24 de septiembre mismo, a unos cuantos días del siniestro.
Esta propuesta decía en su artículo 5o. lo siguiente: Se considera de utilidad pública el aprovechamiento de predios baldíos y de aquellos predios que eran ocupados por edificios destinados al arrendamiento, que sufrieron daños parciales o totales, como consecuencia de los sismos ocurridos a partir del pasado 19 de septiembre, quedando en condiciones de inhabitabilidad, para destinar dichos predios a la construcción de viviendas de interés social en beneficio de sus ocupantes: eso es lo que propusimos nosotros. Sí, fuimos muy lejos al osar hacer esta propuesta primero en esta Cámara de Diputados, luego ante el Regente de la ciudad y también frente al Presidente De la Madrid, así como también en varias reuniones de las comisiones como les constará a los integrantes de estas, es porque el propio pueblo iba muy lejos; hubiera sido bueno señores diputados, muy bueno que esta Cámara se atreviera a hacer un planteamiento de esta naturaleza, pero no sólo en lo general, sino explícitamente y sin limitaciones, pero no, al contrario, cuando nosotros lo hicimos fuimos atacados de oportunistas y de querer capitalizar la desgracia para fines políticos; por cierto, señor Presidente, si es que nos está escuchando, el compañero Pedro Peñaloza que es quien le comentó a usted la necesidad de la expropiación en la reunión que tuvimos con la Comisión Pluripartidista el pasado 3 de octubre, Pedro Peñaloza, señor Presidente, no es ni por equivocación un diputado del PRI y nosotros dijimos, cuando se nos atacó de esta manera en esta Cámara de Diputados, que quienes querían capitalizar políticamente la desgracia eran otros como el PRI que ya fue convenientemente denunciado en la primera plana de El Universal del pasado día 13 de octubre cuando muestra en una fotografía cómo los tanques de agua que fueron conseguidos por parte de la solidaridad nacional, están etiquetados con marcas del PRI.
A aquéllos que nos insultaron por hacer este tipo de propuestas, queremos hoy verles el rostro; no entendemos cómo puede haber gente que hace acusaciones tan a la ligera cuando nosotros proponemos algo emanado de abajo. Pero que aplaude a rabiar y se derrite en lisonjas cuando la misma iniciativa, la misma y no una diferente, viene desde arriba; viene del Ejecutivo.
Por supuesto, la expropiación es un rotundo éxito y la apoyamos completamente. Y si bien apoyamos la medida, al mismo tiempo señalamos que ésta es solamente un primer paso. La tarea urgente para el movimiento de masas que la conquistó, es fortalecer su organización para llegar a un éxito completo.
Nosotros nos permitimos hacer a este movimiento de masas heroico, las siguientes propuestas:
Primero que el decreto se amplíe, pues su cobertura es a veces equívoca como ya se ha señalado aquí o a veces es insuficiente. Hasta hoy, no es posible discernir cuáles fueron los criterios para escoger los predios que debían afectarse y eso debe de darse a conocer a la opinión pública.
Entendemos que la necesidad de dar ese paso rápidamente, conllevó varios errores que deberán superarse. Inexplicablemente por ejemplo, se cubren las vecindades de una calle, pero las del frente. O bien hay colonias en el centro, en donde sólo se expropiar lotes baldíos pero no propiedades propiedad de conocidos casatenientes.
Segundo, para que no sea congruente con la voluntad de que la expropiación sirva realmente a los intereses populares, estamos convencidos de que debe establecerse un régimen de propiedad adecuado.
Desde nuestro punto de vista, el mismo no está claro en el decreto aparecido el día 14, este lunes, y debe ser aquél desde nuestro punto de vista, en el que se entreguen de inmediato, de inmediato, y no dentro de cinco años, los lotes a los habitantes originales en usufructo; esto es con calidad de intransferible, inalienable e imprescriptibles. En pocas palabras, estamos a favor de la creación del ejido urbano para usar una figura que dé la idea de lo que proponemos, así la vivienda dejaría de ser objeto de especulación en este momento, por lo menos la vivienda que ha sido afectada con el decreto.
Tercero. Urge definir las políticas crediticias. Nosotros proponemos que las mismas se planteen muy flexiblemente. Una vía puede ser que previo peritaje se haga una evaluación de los costos de reparación y de reconstrucción por vecindad y que sobre ese costo se hagan de inmediato los préstamos cuyos plazos de pago dependerán en cada caso concreto de la situación socioeconómico del conjunto de los inquilinos de cada vecindad. Si en alguna de ellas la cantidad de desempleados o subempleados es muy alta, las tasas de interés y los planes deberán de ser mucho más blandos, más fáciles para la población.
Cuarto. Una vez que esté solucionado el régimen de propiedad y definidos los créditos, pero solamente hasta que esto ocurra, será indispensable comenzar a estudiar la mejor forma de ubicar temporalmente, en lo que dura la reparación, a los inquilinos. Esto
puede y debe hacerse haciendo uso de los albergues, hoteles o unidades habitacionales desocupados que estén en el área y de los cuales hemos sido testigos que hay muchos.
Quinto. Un problema clave sigue siendo el de los materiales de construcción. Nuestro punto de vista es que los créditos que deben otorgarse para la reconstrucción deben hacerse fundamentalmente en especie, esto es, en cemento, varilla, etcétera, para lo cual urge la instalación de parques de materiales con abasto suficiente.
Nosotros insistimos en que tal abasto no podrá ser cubierto en su totalidad, sin la previa estatización de la industria de los materiales de construcción. Damos por descartado que el problema de la asesoría no debe ser considerado pues la misma debe ser gratuita.
Sexto. Una cuestión que debe respetarse es la autonomía en la participación de los afectados mismos en la tareas de reconstrucción. El señor Presidente Miguel de la Madrid Hurtado ha afirmado que se respetará las propias formas de organización de que se han dado los afectados, así como a sus dirigentes. Nos parece esta una declaración positiva, pero nos preocupa la advertencia que hizo al mismo tiempo en el sentido de no dejar entrar oportunistas que traten de arrebatar las conquistas a la gente. Que nosotros sepamos, hasta ahora quienes han conducido las organizaciones de las colonias Morelos, Tepito, Roma, Doctores y muchas otras afectadas, son quienes han decidido la propia gente que sea. Si hemos encontrado oportunistas y divisionistas, es en Tlatelolco, en donde autoridades y partido oficial han hecho hasta lo imposible por tratar de desacreditar a los tlatelolcas auténticos, a aquellos que residimos aquí en la Cámara de Diputados mediante el conocido método de negarle todo a la organización independiente y dándole el apoyo a la diputación priísta, con objeto de forzar a la gente a que caiga en sus garras.
Si las autoridades no hablan claramente, si no señalan en donde a su juicio hay irregularidades de este tipo, entonces la advertencia se vuelve amenaza, amenaza que pueda estar ligada a las visitas intimidatorias que ya han recibido algunos dirigentes de los afectados por parte de agentes federales de seguridad. Advertimos una vez que cualquier intento de tratar de reformar el control priísta por medio de la cohesión, práctica nefasta y antidemocrática puede traer consecuencias muy peligrosas y sumamente explosivas.
Pero también el señor Presidente habló de que los afectados participarían directamente en la toma de decisiones. Anunció a quienes le fueron a ver el día 12 que el 14 aparecería el decreto explicando los mecanismos concretos de esa participación. Hemos estudiado el decreto y hemos encontrado lo siguiente, el organismo debe llevar a la práctica lo que se ha denominado como Programa Emergente de Renovación Habitacional en el Distrito Federal, es la Junta de Gobierno y el director de tal organismo. La Junta que es presidida por el Regente de la ciudad, tiene como vicepresidente al Secretario de la SEDUE y otros funcionarios. Además la Junta cuenta con un organismo auxiliar, citó; la Junta de Gobierno tendrá un Comité Consultivo integrado por representantes de los trabajadores, de las organizaciones empresariales, de los colegios de profesionales, de las instituciones de educación superior y del Consejo Consultivo de la ciudad de México; y, en el último escalón estatuye. cito: dicho comité podrá integrarse también y al tratarse los asuntos correspondientes con representantes de las comunidades vecinales beneficiarias de los programas específicos, a fin de promover e incorporar su participación. O sea, tal participación esta sólo a nivel de una corporación parcial y transitoria, un organismo de carácter consultivo, el cuerpo que se encargará de tomar realmente las decisiones es otro. Allí no están los damnificados, está todo mundo menos los damnificados. Esto, desde nuestro punto de vista es absolutamente insuficiente, reproduce lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Reconstrucción en donde también está todo el mundo, hay muchos respetables intelectuales, pero no están los afectados, no están los damnificados, tampoco está esta Cámara de Diputados, porque nuestra presencia ahí es en carácter nada más de observadores y como consultivo, y tampoco están las entidades de interés social en este país, que somos los partidos políticos.
Pensamos que la participación debe ser real y en el nivel más alto, de otra forma no se pueden considerar más que muy lejanamente, y eso quién sabe, los verdaderos intereses de los afectados.
Con respecto a los señores del PAN, queremos señalar lo siguiente. Están temblando; están temblando por dos precedentes que se están sentando aquí:
Uno. Por afectar a la propiedad privada ésta se opone al servicio de los intereses populares más afectados.
Ellos no aceptan y ha sido su tradicional posición, que la propiedad privada sea tocada siquiera con el pétalo de una rosa.
Segundo. Porque esta afectación se dio como producto de un poderoso y dinámico movimiento de masas que emergió entre las ruinas. Y si alguien en este país, además del Gobierno, le tiene miedo a la movilización popular, son los señores del PAN. No se pueden utilizar, como hacen los señores del PAN, las numerosas fallas del decreto para demostrar la inutilidad del mismo, pues tiende a beneficiar y no a perjudicar a una enorme masa de afectados por los sismos. Nosotros nos atrevemos a afirmar que tiende a beneficiar a la mayoría de los afectados. Solo TELEVISA y el PAN pueden manipular la información en este sentido y sacar una serie de declaraciones de gente sencilla que fue afectada y no beneficiada
por el Decreto Expropiatorio. No se puede desmerecer esta medida con este tipo de manipuleo de la información.
Al revés de lo que dice el Partido Acción Nacional hoy debe extenderse la medida a otras viviendas afectadas no contempladas por el decreto; y está bien nos unamos a lo que dijo un señor diputado del PAN, que se expropien no solamente la colina del perro, que se expropie también las grandes propiedades de las que ellos y sus aliados son poseedores y que están inutilizados, no están habitadas por nadie y solamente las usan los fines de semana, y eso cuando se le ocurre ir a sus casas.
Pensamos, señores del PAN, que los documentos que aprobó esta legislatura en días pasados solamente apuntaban tendencias generales, pero requerían una concreción. El Decreto no hace sino especificar uno de los puntos de esos documentos de consenso en esta Cámara de Diputados. Esto aprueba que para ustedes se pueden aprobar declaraciones generales, pero siempre y cuando no se lleven a la práctica.
Finalmente el decreto ni está fuera de la ley ni crea desconfianza con la población, al contrario, cimenta la confianza del pueblo mexicano en sí mismo, quien fue quien conquistó esta medida de la expropiación.
Obviamente, señoras y señores diputados, falta resolver muchos problemas tendientes, es más grave tal vez es de los tlatelolcas, a quienes se les ha dado una respuesta por demás absurda, porque se les está diciendo que no se les va a regalar nada. Quién está hablando aquí de regalar, nadie está hablando de regalar; los señores de Tlatelolco eran propietarios, ya eran propietarios, y lo que están reclamando es simple y sencillamente que se les respete esa calidad y que se les reponga su vivienda, no que se les vuelvan a otorgar préstamos blandos ni duros, ni de ningún tipo y menos aún que se les mande hasta allá por el estado de México, cosa que queremos señalar aquí, rompe sus formas tradicionales de vida.
Pensamos que los tlatelolcas, tienen el derecho de seguir viviendo por lo menos en el área en la que estuvieron afectados.
Señoras y señores; no se puede contemplar el problema de Tlatelolco como un problema de utilización política, el señor Secretario de la SEDUE, ha dicho, solió en Proceso, lo sabemos que es cierto, ha dicho que el problema de Tlatelolco era un problema político que había que resolver y que ahora que se tiene enorme oportunidad de empezar a resolverlo, descentrando a toda esa masa de gente que también es necesitada y eso no se vale, nosotros pensamos que esta es la manera más brutal, más arcaica de tratar de resolver problemas políticos.
Nos aunamos, señoras y señores diputados a la propuesta que hicieran los compañeros del Partido Socialista Unificado de México, en la medida en que no estamos de acuerdo en avalar políticas generales de éste gobierno mexicano aunque para todos ustedes ha quedado de por demás obvio, que apoyamos la medida de expropiación, en la medida que fuimos los primeros que la planteamos como propuesta de decreto ante esta propia Cámara de Diputados. Gracias. La C. Presidenta: -En uso de la palabra el C. diputado Francisco Berlín Valenzuela.
El C. Héctor Terán Terán: -Hace mucho tiempo que me apunté y no me ha dado usted el uso de la palabra, señora presidenta:
La C. Presidenta: -En la etapa que se detallan los diputados inscritos en pro y en contra, sin no me equivoco usted es el diputado Terán y es el siguiente en el uso de la palabra.
El C. Francisco Berlín Valenzuela: -Honorable asamblea: Inspirado en una norma de derecho social, consagrada en la Constitución General de la República, en su artículo IV en el que se asienta que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, el ciudadano Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, tomó recientemente una trascendental y revolucionaria medida.
Esta medida de la expropiación, de un número considerable de predios urbanos, ha despertado, como es natural, el apoyo mayoritario de las fuerzas revolucionarias de México, y, por otra parte, como también es natural, las críticas insensibles e insensatas de los grupos minoritarios que no pueden estar de acuerdo en los avances sociales que el pueblo de México va dando.
Ciertamente el Estado es un producto social que ha sido integrado a lo largo de un proceso histórico, en el que se va desarrollando en todos y cada uno de los países de acuerdo con las características propias que le dan sentido y orientación. Así, en el orden jurídico de un país, se define, se regula y se concreta las aspiraciones sociales que cada uno de los habitantes de esa nación va teniendo, planteando en su conjunto en forma específica las bases mismas de su desarrollo y de su evolución.
Son en el Estado y en el orden jurídico donde se dan los elementos que forman un determinado sistema de desarrollo y es el pueblo mismo el que en última instancia determina su forma de gobierno y su sistema.
Por eso grandes y drásticos han sido los cambios que se han producido a través, en ocasiones, de hechos pacíficos y en otras muchas en forma excepcional de hechos violentos, de hechos revolucionarios en los que los pueblos han tenido que sufrir para encausar su propia concepción de la democracia y de las formas de vida como ideales comunitarios, en la cual sus propios hombres han sido formadores de su destino.
En una sociedad moderna y compleja como la nuestra, el Estado mexicano frente a esas
necesidades han tenido que surgir con una finalidad que es la de dar orientación y orden a su sociedad misma; de ahí que ratifica su existencia de acuerdo a los principios surgidos a lo largo de sus grandes movimientos sociales y políticos, a través del movimiento de independencia, de reforma y de revolución, en los cuales han quedado plasmada las ansias reivindicadora del pueblo mismo.
Los fines propios de nuestro Estado se identifican, pues con las exigencias y propósitos de la sociedad mexicana, la compleja actividad de este Estado por salvaguardar los grandes intereses de las mayorías populares y por desahogar los intereses propios de su comunidad, le han determinado ciertos fines esenciales, que han surgido fundamentalmente en el orden político, de la lucha revolucionaria de 1910 y que de manera firme se plasmaron como los elementos necesarios para poder conseguir una planificación, una organización, una dirección que permitiera satisfacer las grandes necesidades del interés público.
Son entonces esas necesidades las que trata de llevar adelante la administración pública, pero para que estas necesidades puedan ser satisfechas, se hace necesario de una serie de elementos que permitan dar una marcha adecuada a la propia administración y que no trabe de ninguna manera el acelerado ritmo del Poder Ejecutivo.
Dentro de estos elementos, tiene especial relevancia el patrimonio que de alguna manera es un requisito indispensable para la existencia de la administración pública. Es así como el patrimonio del Estado se compone de los bienes que son del dominio público y de la Federación, de los bienes de uso común, del mineral, del subsuelo y de las demás riquezas; de las aguas nacionales y básicamente de todos los bienes que son propiedad de la nación y que se encuentran consagrados en el artículo 27 constitucional.
Por eso la Constitución de 1917 ha sido inspirada en una doctrina e eminentemente social; de ahí que para poder concretar los fines que el Estado Mexicano tiene y que no son otros más que los de ordenar el camino del progreso nacional con base en la justicia social y con base en la libertad de su pueblo, tiene funciones específicas que realizar, a saber; las funciones legislativas, las funciones jurisdiccionales y las funciones administrativas. Es dentro de estas mismas, como dicen los tratadistas, que la función administrativa está encaminada a resolver la actividad concreta y tutelar del Estado bajo el orden jurídico que nos rige.
En base a esta función administrativa, el Estado ha desarrollado la administración pública, encargado de los fines que la organización misma le va fijando y es así como ha dado lugar a la institución denominada expropiación.
¿Qué es la expropiación se preguntarán muchos de ustedes desde el punto de vista jurídico? Debemos recordar que el derecho de propiedad es una garantía individual que el Estado Mexicano reconoce y respeta con las limitaciones que tiene dentro de nuestro orden jurídico. Ya nos es desde luego la propiedad como quisieran algunas pequeñas minorías trasnochadas, un derecho absoluto con los tres atributos que el Derecho Romano le daba; el derecho del uso, el derecho a goce y el derecho de disposición.
Las corrientes sociales del pensamiento durante el siglo XVIII y XIX, dejaron sentir su cada vez más avanzada ideología y fueron dando una orientación distinta tendiente a satisfacer aspiraciones sociales, haciendo surgir así la idea del derecho de propiedad función social, originando nuevas instituciones jurídicas para garantizar el cumplimiento de esta institución. Esta idea de derecho como propiedad función social, tiene hondas raíces en muchos países de América y del mundo. Y desde luego en México, sustentándose sólidamente en la Constitución, en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina.
Nuestro sistema jurídico garantiza así el derecho de propiedad como garantía individual. Pero le imprime ciertas modalidades para poder satisfacer necesidades públicas que son inherentes a un estado social de derecho.
Una de esas modalidades es precisamente la expropiación. Acto administrativo de Derecho Público, creado como un medio para la satisfacción de necesidades colectivas. Su importancia social se pone de manifiesto por ser un medio redistribuidor de la riqueza que al servir para satifacer intereses mayoritarios, permite un sano equilibrio entre los diversos grupos comunitarios.
Por eso la expropiación surge en nuestro orden jurídico, como una excepción al derecho de propiedad tradicional que requiere la satisfacción de supuestos para limitar su ejercicio. Y esos supuestos son que se haga por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
Muchos señores diputados son los antecedentes jurídicos de la expropiación. Vale la pena mencionarlo para que se vea el hondo sentido social que ha tenido y la preocupación profunda que a los hombres de las distintas etapas históricas les motivó este institución de la expropiación.
en la Declaración de los Derechos del Hombre, en la Francia de 1789, se dijo en el artículo 17 que el derecho de propiedad tenía un carácter natural e imprescriptible, pero afirma que puede ser privado de él un ciudadano cuando la necesidad pública legalmente comprobada la exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa. La misma Constitución Americana, al haber acortado la Enmienda Quinta en el año de 1791 reconoció esta institución a decir en forma semejante a como lo había hecho la Constitución Francesa, que la propiedad puede ser incautada para su uso público mediante justa compensación.
Y qué podemos decir del Código de Napoleón, un código que influyó de manera extraordinaria sobre el derecho público de muchos países de Occidente, cuando en su artículo 545 manifiesta que nadie puede ser obligado a ceder su propiedad si no es por causa de utilidad pública y mediante una justa y previa indemnización.
La misma Declaración de los Derechos Humanos signada en el año de 1948 por gran número de países, reconoció en sus artículo 17 que nadie podía ser privado arbitrariamente de su propiedad. La expropiación como se ve, señores diputados, no rompe el orden jurídico, al contrario, restablece el equilibrio jurídico, el equilibrio social y político que en algún momento por diversas circunstancias se ve alterado.
La expropiación es una institución constitucional, plenamente legitima y justa. La constitución le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de expropiar con el fin de cumplir uno de los fines más importantes del Estado y de la ley. Realizar el interés público y el interés social. Estos intereses no son la suma de algunos intereses individuales, sino el cumplimiento de los más altos valores de la justicia social y del Estado social mismo del derecho. No se expropia para castigar ni para penalizar, como ha dicho el documento presentado por la Gran Comisión. No se expropia para estatizar, sino para cumplir con uno de los fines más esenciales de la Constitución: imprimirle a la propiedad privada una función social y las modalidades que dicte el interés público.
Los países de Occidente, con economías de mercado, contemplan la institución de la expropiación, pues si bien es cierto que se trata de una medida de conveniencias públicas, cierto es también que se trata de una medida regulatoria en base a la ley. Ningún país con esta economía de mercado ha considerado a esta institución como socializante. Al contrario, muchos de ellos, como Alemania, Italia y los propios Estados Unidos, la han defendido y considerado como indispensable.
La norma constitucional representa el valor fundamental del ordenamiento jurídico, ordenamiento que es la expresión de la voluntad popular, la función social de la propiedad. La expropiación por causa de interés público constituye indudablemente en nuestro derecho una norma fundamental. De su cumplimiento no sólo depende la vigencia constitucional, sino el respeto a la voluntad soberana popular, consignada en la Constitución política a través del Constituyente Permanente.
Si estos son los antecedentes jurídicos de la expropiación, que tiene una profunda tradición jurídico política en México, y que la encontramos ya en la Constitución de Cádiz de 1812. Que está en la Constitución de Apatzingán que aquí se ha mencionado, en donde el genio de Morelos, no tan solo se encuentra inscrito su nombre en este recinto, sino fundamentalmente junto con el de Carranza, el espíritu de estos hombres y de estos héroes se encuentran en este decreto del C. Presidente de la República.
Porque el mismo Morelos en los artículos 34 y 35 de la Constitución de Apatzingán había reconocido que todos los individuos de la sociedad tiene derecho a adquirir propiedad y disponer de ellas a su arbitrio, con tal de que no contravengan la ley, pero agregaba: "Ninguno deberá ser privado de la menor porción de las que posea, sino cuando lo exija la pública necesidad, pero en este caso tiene derecho a la justa compensación". El genio visionario de Morelos citado por el compañero Conchello, daba aceptación plena a la institución de la propiedad regulada y limitada para servir a intereses públicos, porque él si era un auténtico revolucionario social.
También en la Constitución de 1824, en el proyecto mismo de 1856 de Constitución, encontramos regulada la institución de la expropiación. Y vale la pena tal vez repetir ese voto particular que diera el extraordinario Ponciano Arriaga sobre el derecho de propiedad al introducir algunas ideas de marcado contenido social en la Constitución de 1857 y en su discusión. Decía Ponciano Arriaga que no se proponían límites a la propiedad privada con propósitos de lograr una distribución más equitativa de la riqueza; consecuente con ello, Ponciano Arriaga introduce una severa crítica al individualismo posesivo prevaleciente sobre la base de ideas de reforma social y presenta como justos titulares de los derechos económicos a las clases desvalidas. Y es así como encontramos también en las leyes de Reforma esta idea, hasta llegar a la Constitución de 1917, en donde se explica plena y cabalmente el contenido social del artículo 27 constitucional.
Como se ve, señores diputados, una medida de esta naturaleza tenía que ser aceptada por las grandes mayorías de México y, desde luego, cuestionada por algunos pequeños grupos.
Esto no debe de extrañarnos, es natural y consubstancial a la vida pluralista y pluripartidista que vivimos. Porque yo pregunto: ¿A quién debería escuchar un gobierno revolucionario? ¿A quién debe hacer caso el Presidente de la República? A los damnificados que perdieron vivienda y familia, a los pobres que habitan en indignantes condiciones urbanas, o a los reducidos grupos de la sociedad mexicana que insensibles a la marginación social sólo piensan en defender sus anacrónicas tesis ideológicas.
Es que acaso no es razón suficientemente válida para expedir un decreto de expropiación de predios, el dolor. la desesperación y la angustia de los miles de damnificados que se encuentran en camellones, parques y jardines. Por qué oponerse a la revolucionaria medida de un gobernante como Miguel de la Madrid que quiere cumplir con su responsabilidad histórica poniéndose al lado de los
mexicanos que sufren y padecen en estos momentos la carencia de viviendas.
Hay medidas que no pueden detenerse, las condiciones y las circunstancias obligan a una pronta resolución, y si bien es cierto hay que conservar el paso de las jornadas largas y difíciles, no se puede adoptar un pasó tan lento que nos impide avanzar ni tampoco podemos ir tan de prisa que pueda producir tropezones en el camino. Con prudencia y sensatez, como corresponde a un verdadero gobernante, Miguel de la Madrid ha encuadrado sus pasos y sus actos de gobierno al orden jurídico que nos rige. Por eso sabrá dar respuestas oportunas a los problemas presentes y a los problemas nuevos.
No es éticamente valioso, señores del partido Acción Nacional, no es éticamente valioso pretender minimizar con palabras partidistas interesadas el trabajo tesonero y esforzado que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, está llevado a cabo con acendrada vocación de servicio. No es posible pretender descalificar los hechos simplemente con palabras y con un prurito de oposición sistemática, por que esos hechos están a la vista de todos los ciudadanos y reflejan el ánimo presidencial de ir resolviendo y atacando eficazmente los angustiosos problemas que confrontan los habitantes de esta gran ciudad de México.
Por eso convocamos en este momento a la concordia y a la solidaridad con acciones que unifiquen a todos los mexicanos para hacer de esta ciudad y de este país en que vivimos algo digno de ser vivido, que cada quien tome su responsabilidad histórica como lo ha hecho el Ejecutivo de la Unión, que los diputados sepan estar a la altura de este instante revolucionario de México, para así poder resolver los viejos problemas que padecemos, trabajemos juntos en colaboración digna y edificante Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, juntos desde las diversas trincheras ideológicas en que nos encontramos, pensando sólo en la reconstrucción nacional y en el bien de México.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra, para una proposición, el C. diputado Cristóbal Figueroa Nicola.
El C. Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola: Ciudadanas y ciudadanos diputados: Para la siguiente proposición: que dice así: "Los suscritos diputados del
grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos la siguiente proposición fundamentada en las necesidades urgentes de reconstrucción que vive nuestro país.
Todos estamos conscientes de que nuestras aportaciones son valiosas, en esta tarea y que sobre todo aquellos gastos que son superfluos deben ser recortados en estos momentos, por lo tanto proponemos:
Unico. Que todos los partidos políticos que han aceptado el subsidio gubernamental para la realización de sus tareas, cedan el importe total de éste para que se integre al Fondo Nacional de Reconstrucción.
Octubre 15 de 1985.
Firman: Eduardo Turati, diputado Sergio Mesa, Salvador Landa, Héctor Mejía y Cristóbal Figueroa Nicola". Gracias.
La C. Presidenta: -Señor diputado, antes de conceder el uso de la palabra para hechos, quisiera decir que esta presidencia, confiando plenamente de la responsabilidad de los señores diputados tuvo a bien interrogar al señor diputado en cuanto si su proposición era en torno al debate. Quiero recordar a todos los diputados integrantes de esta honorable Cámara que hay el registro de oradores y que este pleno facultó que se desahogara el registro respectivo. Yo quisiera en tal virtud para el caso de que existiesen más proposiciones, que las proposiciones que se relacionen con puntos relacionados con el siniestro de referencia, pero no sean materia del debate en torno a las propuestas presentadas, las presentaran los señores diputados en la oportunidad correspondiente y el término del registro de los oradores de referencia. Quisiera otorgarle el uso de la palabra, para hechos, al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Eran dos propósitos, señorita presidenta, uno está satisfecho, falta el otro. El que está satisfecho era el de llamar la atención a la asamblea sobre el hecho de la maniobra distraccionista que trajo aquí a un diputado de Acción Nacional. Está hecha esa llamada de atención.
El otro es de aceptar, en nombre del PPS. la propuesta que hace el PAN, aceptarla con toda sinceridad y franqueza, con la sola condición de que pongan el ejemplo cediendo la gran cantidad de dólares, que es público y conocido reciben del Gobierno de los Estados Unidos. Demuestren su patriotismo, señores de Acción Nacional. (Aplausos.)
La C. Presidente: -A efecto de desahogar el registro de oradores previstos, se concede el uso de la palabra al señor diputado Terán, en torno al tema de las propuestas presentadas por la Gran Comisión y otros partidos.
El C. Héctor Terán Terán: -Compañeras y compañeros diputados: Propongo una comisión de diputados que se encargue de ejecutar este acuerdo al que llegamos tanto los panistas como los del PPS. Ellos van a ceder su subsidio, nosotros haber que nos compruebe qué es lo que vamos a ceder, pero si no nos comprueban nada ellos tienen que cumplirlo.
Yo creo que gran parte de nuestro problema en la tribuna es de que realmente no conocemos profundamente lo que quiere cada uno de los partidos, de lo que son sus principios de doctrina, sus objetivos, sus
estatutos. El PAN tiene cuatro objetivos fundamentales.
El primero es lograr y decir y afirmar que el interés nacional es preeminente, que todo interés particular deriva de él o a él concurre. Fíjense qué tan importante que todos condicionemos nuestra vivencia en una sociedad de interés general de la Nación.
Y como segundo objetivo busca el respeto eminente de la persona humana en su dignidad, es decir, reconocerle que tiene inteligencia, voluntad y libertad para tomar decisiones que puedan forjar su propio destino personal y el propio destino colectivo, pero en la persona dentro de su dignidad también tiene responsabilidad, no sólo personal, sino con la sociedad donde vive.
Y que todos que el Estado, que todos somos la sociedad, que es el territorio, que son las instituciones, el Estado todo que es la sociedad por excelencia, debe gestionar el bien común, y el bien es crear, señoras y señores, el conjunto de condiciones para que esa persona se pueda desarrollar como una persona inteligente y una persona libre.
Y el cuarto objetivo del Partido Acción Nacional es conseguir la democracia como forma de vida y como forma de Gobierno, la democracia en el sentido de que podemos concurrir aquí a esta asamblea nacional para disentir, para discrepar, respetando nuestra ideología, sin satanizarnos, sin azotarnos con latigazos, insultos y de soberbia, sino que haciendo un consenso podamos conseguir lo que es mejor para ese eminente interés general de la Nación.
Aquí se ha hablado y hablado mucho del Estado, pero no se ha hablado de lo que es la sociedad, y ahí está nuestra diferencia fundamental, compañeras y compañeros, nosotros conjugamos el Estado y la sociedad, nosotros le damos la iniciativa económica, política y social a la sociedad, regulada por las normas jurídicas del Estado; nosotros buscamos un Estado fuerte, pero el Estado fuerte no existe ni existirá jamás con una sociedad débil, y cuando a la sociedad se le van despojando sus derechos que fundamentalmente son derechos naturales, derechos que tiene toda persona por el solo hecho de haber venido al mundo, son derechos naturales que al ingresar a la sociedad naturalmente no puede usarlos absolutamente sin ajustarse a principios jurídicos positivos. Señoras y señores: Nosotros buscamos que los problemas primero los resuelva la sociedad, cuando no los puede resolver la sociedad que les ayude a resolverlos el Estado, pero que el Estado no asuma tareas que son propia responsabilidad de la sociedad, porque estamos destruyendo a la sociedad. Se ha hablado aquí de que el derecho de propiedad que defiende el PAN es una cosa perversa, está fundado en derecho natural y en derecho positivo; defendemos el derecho la iniciativa particular de las personas, para gestionar económicamente el desarrollo de la Nación; buscamos el respeto al derecho a la propiedad privada porque estamos convencidos en esta doctrina que es posible conseguir una sociedad armoniosa donde todos podamos convivir. Nosotros no buscamos usufructuar el derecho de la propiedad, como lo dicen, buscamos que se difunda la propiedad en el mayor número de mexicanos, buscamos que se difunda ese derecho entre el mayor número de propietarios, porque no queremos una sociedad de proletarios, queremos sociedad de gentes propietarias, porque la propiedad de garantía y posibilidad de autodeterminarse personalmente y autodeterminarse colectivamente. (Aplausos.)
Nosotros también queremos para ustedes un hogar y una vivienda, queremos que todo matrimonio, toda esposa y todo esposo y toda familia ambicionan techo digno, decoroso donde vivir, no promiscuidad de viviendas, queremos decoro en la vivienda familiar porque allí está la célula de la sociedad, allí es donde empezamos a integrarnos como sociedad. Si no tenemos una vivienda digna y decorosa, no podemos concebir familias integradas y si no hay familias integradas menos podemos integrar a esta sociedad de mexicanos a la que pertenecemos todos. (Aplausos.)
Nosotros creemos que las diferencias que tenemos con nuestros adversarios políticos, y yo digo adversario político aquel que está dispuesto a dialogar y a llegar a un consenso, pero con reglas limpias; para mí no es adversario político el que juega con reglas sucias, para mí es un enemigo político que es muy distinto al adversario político. ¿Al pueblo cómo se le puede servir? Es precisamente conjugando las diferencias que tenemos. Nosotros pensamos que al pueblo debe dársele iniciativa de formarse en grupos y asociaciones para conseguir resolver los problemas. Muchos, por ejemplo. nos atacaron cuando nos opusimos a la estatización, fuimos los únicos junto con el PDM de los partidos que nos opusimos. ¿Por qué nos oponíamos? Por que el Estado no había demostrado hasta ese momento la posibilidad ni la necesidad de ser dueño de la banca y nosotros decíamos en aquel entonces, y lean los diarios de debates, que esto se iba a convertir en una grabación de la miseria del pueblo de México. ¿Por qué? Porque la inflación subió y los créditos no existen actualmente, el 90% de los recursos los maneja el Gobierno para satisfacer su déficit presupuestal y, ¿qué sucedió, me acuerdo aquella noche que escuchaba en Mexicali a Tello Macías, si mal no recuerdo su nombre que decretaba: Hoy se empieza a cobrar los intereses a los deudores al 50%?, solté una carcajada tremenda porque los intereses jamás se ponen por decreto, ese es un juego económico entre la oferta y demanda. Y, ¿qué es ahora la banca nacionalizada?, ¿de dónde van a tener los fondos para reconstruir al país?, ¿de dónde van a salir los millones?, yo calculaba ahora con
un compañero ingeniero, yo no conozco mucho, los miles de millones de pesos que se requieren para poder construir estas 250 hectáreas. No tenemos dinero, ni tenemos de dónde tenerlo del extranjero. Lo van a sacar de los impuestos del pueblo de México y van a subir todos los productos que vende el Estado mexicano. Hablaba el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, que el temblor había hecho aflorar en los mexicanos la unidad. Sí, es cierto. Le concedo la razón porque yo presencié como miles y miles de jóvenes, de señoras, de señores, se unieron en ese momento. Hay dentro de la integración sociológica dos factores: el dinámico y el estático. Y en ese momento se dio el dinámico y se hicieron florecer lo que pudiéramos llamar las virtudes del bien común, que son lo que dice el diputado: el solidarismo, la cooperación, la participación y la integración del pueblo. Pero hay que decir una cosa también: se llenó el vacío, un vacío que no podía en ese momento llenar el Gobierno con sus instituciones. Fue rebasado. No voy a tratar de decir de su competencia o de su incompetencia. Fue rebasado. Un sismo es una cosa natural que no está predecible y que no podemos nosotros calificar el manejo de las instituciones respecto a eso, Simplemente le concedo a él la razón de que es la unidad.
Nosotros cuando venimos aquí a esta tribuna, venimos con un sentido de unidad. Venimos a hablar aquí también del Estado cuando dice que el Estado debe intervenir. Sí, es cierto, pero debe intervenir subsidiariamente. Lo que no puede hacer la persona que no lo haga el grupo superior. Lo que no pueda hacer el grupo superior que no lo haga el otro grupo. Lo que puede hacer el municipio, que no lo haga el gobierno del estado. Lo que pueda hacer el gobierno del estado que no lo haga el Gobierno de la Federación, respetar el principio de subsidariedad, que es poner las bases precisamente para fijarle responsabilidad a la sociedad y responsabilidad al Estado.
El Estado para nosotros, como lo manejan muchos compañeros, no es el Gobierno, ni es el Presidente de la República; el Estado es la sociedad en donde vivimos integrados todos, la sociedad por excelencia, si no se resuelven los problemas en esa sociedad por excelencia no hay otra sociedad que pueda resolverlos, a menos que se acuda a la Comunidad Internacional.
Si es cierto que a veces se nos crítica y se nos censura, diputado Berrueto. Usted dijo que éramos insensibles, que no teníamos sensibilidad social. Somos mexicanos, nacidos aquí, que amamos entrañablemente a nuestra patria, que reconocemos a los héroes que nos dieron libertad para estar aquí, y por ellos también luchamos para engrandecer la libertad que en espacio se da aquí en México y en posibilidades de habla como en está.
Sí, es cierto, que aparentemente usted pudiera criticarnos de que es insensibilidad; no, es precisamente sensibilidad porque sensibilidad es obrar con inteligencia. Si hay un problema de damnificados lo primero que hay que hacer es investigar, ver quiénes son y cuántos son, cómo están, etcétera, obrar y cuantificar el problema, ver las posibilidades de solución, pero tratar de resolver un problema con un decreto expropiatorio quitándole la casa los que ya tienen casa, multiplicando el problema de los damnificados porque los que antes tenían casa ya no tienen casa, están expropiados. El decreto es oscuro y lo dice así, tendrán derecho a preferencias.
Eso es lo que nosotros creemos que es obrar inteligentemente porque esta situación que viene a sobreponerse ahorita a la crisis que estamos padeciendo, trae crisis de confianza, crisis de solidaridad.
Tengo aquí yo, por ejemplo, el nombre de una colonia que en este día hizo una manifestación; eran dos colonias, la Obrera y la Guerrero, son 700 familias que no están dispuestas a dejar sus casas.
Tenemos aquí, por ejemplo, en la colonia del Parque donde hay empleados federales con 30 años, ya casi todos pagaron su casa unihabitacionales y hay algunos también condominios que también quedaron sin casa, quedaron sin habitación con tanto esfuerzo y con tantos años.
Sin embargo, los medios oficiales, hoy en la prensa, ahí en El Día, dice que se pueden construir 6 mil viviendas y que hay dinero para hacerlo. Yo no creo que exista dinero para hacerlo. Posiblemente se pueda conseguir de algún plan de desarrollo, por allá en el extranjero, pero al 4%. ¿Por qué no se hizo primero eso en lugar de dejar a miles y miles de compatriotas sin casa? El decreto en lugar de disminuir a los damnificados los multiplica. ¿Por qué no se habla de Ciudad Guzman, de los daños que son mayores en proporción a todo lo que aquí ha sucedido en México? ¿Por qué no se expropian bienes, por ejemplo, como de los de la señora Amorita de Merino Rábago?, que es propietaria del edificio que tiene en arrendamiento al Gobierno Federal en las...y quienes quieran comprobarlo vayan al Registro Federal.
Nosotros nos opusimos al decreto por principio de que no estaba hecho en una forma medida, en una forma bien pensada, que había otras posibilidades antes de llegar al extremo que es la expropiación. Nosotros sostenemos que la expropiación es un medio del Estado, lícito, porque primero es el interés prominente de la Nación. Lo que no estamos de acuerdo es que ahorita estemos en ese extremo. Yo pido que este acuerdo que se desea tomar, para que se ajuste a derecho y se ajuste a las leyes secundarias, que se devuelva a la Gran Comisión para que sea estudiado nuevamente. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el señor diputado Diego Valadés.
El C. Diego Valadés Ríos: -Ciudadana presidenta; ciudadanos diputados: Este debate se ha caracterizado por la reafirmación de muchos principios que nos vienen como legado histórico, pero se ha caracterizado también, por lo menos en algunos planteamientos de un partido político, por lo que pudiéramos considerar bandazos injustificados, o por lo menos incomprensibles.
La última expresión que quedó en esta tribuna, señala que se está de acuerdo con la expropiación, pero que no se han dado los términos, que no hemos llegado a los extremos que justifiquen la expropiación. Si el hecho de que haya millares de mexicanos muertos, si el hecho de que haya decenas de millares de mexicanos sin habitación, si el hecho de que hay muchos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre no es una justificación para que se expropie en beneficio de ellos, no sé a qué se puede llegar para que haya quienes comprendan que si es pertinente la expropiación.
En rigor lo que aquí hemos visto es una serie de declaraciones peculiares que corresponden justamente a la autorrelación del subconsciente. El ciudadano diputado que me precedió en el uso de la palabra señaló que el presidente de la Gran Comisión llamó insensible a una fracción parlamentaria de este Congreso. Voy a dar lectura literalmente a lo que se dijo: "...constituiría un acto de insensibilidad social querer paralizar al Estado en su tarea de tutelar los intereses de los grupos sociales en dificultad". No se mencionó a ninguna fracción parlamentaria, pero quien se quiera ponerse el saco que se lo ponga en buenahora.
Es bastante peculiar la situación que estamos presenciando en este momento en el debate político nacional, aquí el ciudadano Cuauhtémoc Amezcua apuntó algunas de las características que han tenido los sucesivos discursos pronunciados por una fracción parlamentaria. Es evidente que esos discursos de curioso matiz en algunos casos no corresponden a las declaraciones que en otros foros han adoptado también otras características, la virulencia verbal de que aquí se ha aspirado mucho en incurrir ha sido el tono de la mayor parte de las declaraciones formuladas en los foros de la prensa. Y es que se sabe, que lo que se dice aquí, está dirigido a la Nación, y se sabe, que lo que se dice en otros foros está dirigido solamente a algún clientelismo que se hace necesario preservar.
De ahí un doble lenguaje, de ahí una ambigüedad que mucho deploramos, de ahí que no haya convergencia ni coincidencia en las argumentaciones que los miembros de una misma fracción parlamentaria han expuesto ante esta tribuna y han expuesto ante otros foros de opinión pública nacional.
Se ha dicho, también, que no existen los recursos para cubrir el gasto social que implica resarcir a quienes fueron afectados por el impacto de sismo. Es bueno recordar que fueron los propios compañeros diputados quienes formularon en un documento de consenso, una exhortación para que el Ejecutivo de la Unión, asignara los fondos necesarios para hacer frente a la magnitud de la desgracia que se abatió sobre millares de mexicanos. Es evidente que el costo del sismo no lo tenemos que prorratear los mexicanos, contribuyendo en la medida que a cada quien corresponda y si a esa contribución deben sumarse los recursos fiscales que todos generamos, qué bueno que todos podamos sentirnos satisfechos de no mantenernos al margen de la reconstrucción de la Nación mexicana y del resarcimiento a los mexicanos del daño que nos ocasionó el sismo del 19 de septiembre.
Se ha dicho, también, que el Estado fue rebasado. ¿En qué medida es rebasado el Estado? El Estado solamente es rebasado cuando se queda atrás de los acontecimientos. El Estado es rebasado cuando no es capaz de ofrecer soluciones a las demandas legítimas. Es Estado es rebasado cuando deja sin satisfacer las expectativas que alienta a la población y en esa medida afirmar que el Estado fue rebasado es una afirmación absolutamente insostenible, se cae por su propio peso. Tan no fue rebasado que ha producido un decreto expropiatorio y tan no fue rebasado que esta soberanía está discutiendo la pertinencia de aprobar un documento que ha sometido a nuestra consideración la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. El Estado, como parte de la sociedad, responde ágil, oportuna y eficazmente a las necesidades de la población necesitada. de la población sacrificada, de la población damnificada.
Es evidente que hay un dejo de nostalgia en algunas de las declaraciones que aquí hemos escuchado. Es evidente, sin embargo, que así como en otras épocas las posiciones conservadoras no necesariamente las de un solo partido, se han manifestado en contra de los grandes avances históricos de la sociedad mexicana, hoy con alguna timidez se ha venido a decir que se está de acuerdo con la expropiación inabstracto, pero que no se está de acuerdo con esta expropiación en concreto. Se pretende así quedar bien o no quedar mal, según con quién se trate y según de quién se trate; se pretende así señalar que no se está en contra de una tendencia específicamente popular, la del derecho a la reivindicación de la propiedad cuando ésta debe tener un carácter social; pero tampoco se dice que se apoya para no descuidar aquellas otras vinculaciones compromisorias que pudiesen verse afectadas y que de hecho ya se han manifestado a través de los medios de opinión pública, porque son adversas porque están en contra de la medida aducida, y adoptada por el Ejecutivo de la Unión.
Se hizo, incluso, referencia a un programa televisivo en la que peculiarmente se estimulaba al televidente para que promoviera recursos ante el Poder Judicial y para que echara mano del juicio de amparo. Curiosamente,
a pesar de que se dice que puede haber algunos errores de carácter técnico o administrativo en el Decreto Expropiatorio, nadie ha recordado que para estas circunstancias la propia Ley de Expropiación prevé el recurso de revocación susceptible de ser interpuesto en el término de 15 días a partir de que se es notificado.
Lo que se quiere es generar una avalancha de amparos, como lo que se quiere es generar una avalancha de opiniones desconcertadas por algunas expresiones aquí ve todas en sentido de que el Estado no es acreedor a la confianza que le debe la opinión pública mexicana; se quiere que la confianza se gane a costa de no actuar, se quiere que la confianza se gane a costa de seguir sacrificando a quienes ya mucho se vieron sacrificados el 19 de septiembre pasado. (Aplausos.)
Y nosotros sí conocemos las tesis de todos los partidos que están aquí presentes, de manera particular voy a hacer referencia a un recuento de los principios de doctrina del Partido Acción Nacional, relativo a la propiedad: dice así:
"La garantía de la propiedad no tiene en general, ni en especial en cuanto a la capacidad de los sujetos individuales o colectivos de ese derecho, otros límites que el interés público apreciado conforme a los principios del bien común y el cumplimiento de los deberes positivos de buen uso y de cooperación social que los mismos principios imponen.
Si se estima que darle la propiedad expropiada ahora a los damnificados del 19 de septiembre, es darle un mal uso a la propiedad, entonces evidentemente ese acto expropiatorio no corresponde ni coincide con lo que se señala en la declaración de principio de doctrina del Partido Acción Nacional, pero si se admite que a favorecer a los damnificados es dar un buen uso a lo que fue expropiado, no hay más remedio que en un acto de congruencia, reconocer que estamos procediendo conforme a derecho y conforme a justicia.
Si de dice además que esta no es una forma de cooperación social, habrá que reedificar los conceptos y en ese caso yo no pediría conocer la declaración de principios de doctrina, sino el diccionario especializado con el cual fue elaborada esta declaración a la que hago mérito. (Aplausos.)
Se ha censurado también que el Ejecutivo procedió de manera inconsulta, ya se ha dicho también que el Ejecutivo procedió de manera inconsulta. Ya se ha dicho aquí que entre las voces levantadas en esta Cámara de Diputados hubo algunas que la exigieron o que la plantearon expresamente. Cree que en este caso la fuente más directa de interpretación es la que nos proporcionan las palabras mismas del Presidente de la República pronunciadas ayer. Dijo "Quiero decir a ustedes que este acto expropiatorio de miles de predios urbanos y el Programa de Renovación de Habitación Popular, en gran parte fue producto de las sugerencias que me hicieron los diputados federales y que se recogieron de las demandas populares". Hay demandas populares y hay voces de diputados que están reconocidos por el Presidente de la República como preludio del acto del pasado 11 de octubre.
Más aún, que nadie se llame a engaño porque ante la presencia de todas las fracciones parlamentarias que componen este Congreso, el Presidente declaró, hace ya casi dos semanas, dentro de la reordenación urbana que podemos derivar de este evento y en atención a la definición del uso del suelo y de la atención de los problemas sociales, el Poder Ejecutivo no excluye ni mucho menos ejercer en términos de ley, la facultad expropiatoria, que nadie se llame a engaño ni se diga sorprendido a última hora. (Aplausos.)
Es evidente que se puede decir mucho acerca de lo que aquí hemos escuchado, pero basten o basten algunas otras puntualizaciones para establecer cuál es la posición en que nos encontramos los diputados que creemos en la bondad de la medida y los diputados que no creen en la pertinencia de apoyar a los necesitados.
Se quiere aprovechar el pretexto aquí planteado por el acto expropiatorio, para mermar la confianza en los actos del Ejecutivo. Hay evidentemente, quienes medran con esa desconfianza porque el diseminar la desconfianza significa dar cumplimiento a las predicciones a los pronósticos catastrofistas que muchos se han empeñado en formular.
Se ha dicho que México jamás superará su crisis, se ha dicho que México está postrado ante el extranjero y ante la adversidad, se ha dicho que carecemos de imaginación y de voluntad y, claro, si a todo eso que se dice es completamente con acciones destinadas a hacer que la riqueza emigre, a asustar al capital, a decir "ahí viene el coco terrible del estatismo", a hacer actos de premonición vana señalando que estamos desviando el objetivo de la propiedad y distorsionando la naturaleza de nuestra Constitución, entonces sí, asustamos a la población incauta, es posible que aquellos que hayan hecho previsiones catastróficas puedan algún día decir que acertaron. Pero cuánto nos va a costar a la mayoría de los mexicanos que algunos, la minoría, puedan decir jactanciosamente que acertaron en sus premoniciones catastróficas. Es lastimoso y lastimoso que se aproveche un acto terrible de la naturaleza y que se aprovechen las respuestas inteligentes y decididas para hacer frente al infortunio, para dividir a los mexicanos. Quepa en todo caso la pertinente aclaración de que no se está poniendo en jaque el derecho de nadie. Aquí se ha dicho que corre riesgos la propiedad, y yo aquí digo que el documento sujeto a la consideración de este pleno expresamente señala expropiación no constituye condena
o castigo y tampoco es un cuestionamiento al legítimo derecho de propiedad".
Que no se distorsionen las palabras de lo que aquí se dijo. El documento de la Gran Comisión en ningún momento, en ningún punto desconoce el legítimo derecho de propiedad, como no lo desconoce ni la Constitución ni este Congreso ni ninguna otra institución pública del país ni ningún mexicano con un poco de inteligencia.
Que no se nos atribuya pues, lo que es ostensiblemente falaz, que se ha constituido para desorientar a la población incauta que afortunadamente no es muy grande.
Tesis sobre la función social de la propiedad hay muchas. Yo solamente voy a leer unas cuantas líneas de Justo Sierra. porque después de todo, siendo un insigne liberal, siendo un grandioso pensador, como también fue colaborador del régimen porfiriano y esto o lo mejor le da tranquilidad a alguno.
Dijo Justo Sierra: el derecho de propiedad es un derecho condicional, la condición es ésta: mientras la sociedad no hace uso de su derecho de expropiar. Esto quiere decir que inmediatamente que la sociedad pone en práctica esta facultad; cesa el derecho de propiedad particular desde el momento en que conforme a las condiciones de una ley, conforme a la ley, una sociedad ha formulado el límite preciso en donde se va a detener la propiedad de un individuo.
Y ahora también quiero hacer referencia al pensamiento de un revolucionario, porque durante los debates que tuvimos con motivo del Colegio Electoral, hubo quienes preconizaron por parte de la oposición, que debíamos de volver a recuperar el pensamiento prístino de don Francisco I. Madero y eso no lo hemos dudado jamás, pero vale la pena escuchar lo que Madero decía en 1911, porque a lo mejor los que fueron tan maderistas hace a penas una cuantas semanas, encuentren un punto de retractación para su opinión entonces claramente favorable a este procer de la Revolución.
Dijo en 1911: A los capitalistas me dirijo para decirles que el pueblo ha conquistado sus libertades y su soberanía, que no esperen ya pretender oprimirlo formando camarillas alrededor de los gobernantes, pues estos legítimos representantes del pueblo inspirarán siempre sus actos, en un sentimiento de estricta justicia, que tengan la seguridad de que les dará protección siempre que la justicia esté de su lado. Y con este postulado ha sido congruente la Revolución Mexicana, pero no cuenten con la impunidad de que en otros tiempos gozaban los privilegiados de la fortuna para quienes la ley era tan amplia como estrecha para los infortunados; que se resuelvan, pues, a entrar francamente por la nueva vía, comprendiendo que la justicia será inflexible para todos.
Por fortuna hoy podemos reconocer que la mayo parte de los mexicanos, propietarios o no propietarios, empresarios o no empresarios, han hecho caso de las palabras de la Revolución y se han avenido a los términos de una Constitución progresista con la mexicana de 1917. Lo demás es minoría, lo demás es excepción y lo demás es ciertamente lamentable, ojalá, porque todavía les queda tiempo, se retracten en su oportunidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidente: -Para hechos, el señor diputado Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: -Señorita presidenta, compañeros diputados: Cuando se recibe un mensaje, es importante no sólo el contenido del mismo, sino también saber la calidad del mismo. Ha venido aquí a esta tribuna el licenciado Diego Valadés ha hacer una serie de calificaciones en relación a posiciones que según él, Acción Nacional ha sustentado desde esta tribuna. Y quiero yo decirles a ustedes que el licenciado Diego Valadés ya ha quedado clasificado dentro de esta Cámara cuando le hicieron aquella interpelación desde esta tribuna, el compañero Arturo Valle y el compañero Pascual Moncayo cuando lo tildaron de esquirol, de rompehuelgas de la UNAM y esa imputación licenciado Diego Valadés usted nunca lo contestó y está ahí para que usted la conteste ahorita cuando lo crea oportuno.
Fundamentalmente he querido subir a esta tribuna para aclarar los conceptos vertidos por mi compañero Héctor Terán en relación a aquel concepto de insensibilidad del que el diputado Eliseo Mendoza Berrueto había hablado desde esta tribuna. Lo hizo el compañero Terán bajo el punto de vista siguiente: que los diputados de la mayoría relativa y algunos otros que también los son en alguna medida puesto que dependen de él, afirmaron que Acción Nacional era insensible ante los graves momentos que esta viviendo el país y esto no fue desmentido por el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, lo cual si él apoya la posición de los compañeros que después de él hablaron en relación al PRI, está bien dicho que lo dijo Héctor Terán; y si no es así, flaco favor le hicieron estos compañeros que trataron de interpretarlo en forma abusiva. Muchas gracias. (Aplausos y siseos.)
La C. Presidente: -En el registro del debate, se concede el uso de la palabra al señor diputado Antonio Monsivais, en contra.
El C. Antonio Monsivais Ramírez: -Señorita presidenta; compañeras y compañeros diputados:
No sé si este es el orden en que me toca hablar. Pero ya estamos aquí en esta tribuna.
Viene a mi memoria aquella sentencia de un escritor que quisiera parodiarla. Dicha sentencia dice textualmente: "Si los que recibieron la investidura de la palabra se callan, ¿quién hablará por los pobres? ¿Quién hablará por los oprimidos ¿Quién hablará por
los desvalidos? Porque el orador que no lo sea por causa de la justicia, será un despojador de los pobres y su crueldad será tanta, como la crueldad de un mal rico".
¿Cómo vamos a oponernos a quienes quedaron sin techo, a los que quedaron sin habitación, se les pueda dar un techo digno de la calidad de seres humanos? ¿Cómo nos vamos a oponer que ante los sucesos telúricos ocurridos en el mes de septiembre, en donde tanta gente quedó sin sus bienes materiales ahora viven en la intemperie? ¿Cómo nos vamos a oponer a que se les dé, a que se les facilite obtener en propiedad una casa digna y una casa económica? Para exponer el voto particular de mi partido nos apoyamos en las siguientes presiones:
1o. El Partido Demócrata Mexicano no está en contra de la institución de la expropiación establecida en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional. Este instrumento jurídico es indispensable para el funcionamiento de cualquier Estado moderno, tanto en circunstancias normales como para afrontar situaciones de emergencia y de desastre. 2o. Admitimos la expropiación, pero ejercida en forma institucional dentro del espíritu, alcance y contornos del artículo 27 constitucional y el resto del articulado de nuestra Carta Magna, así como si Ley Reglamentaria en el renglón, o sea la Ley de Expropiación promulgada por Lázaro Cárdenas en 1938.
3o. Tales posturas están enmarcadas en nuestra consideración de que el bien colectivo de bienes de la misma jerarquía están sobre el bien individual.
Aclarando lo anterior, nos referimos concretamente al decreto publicado en el Diario Oficial del día 11 de octubre,, por el cual se expropian 7 mil predios de la ciudad de México. En caso que nos ocupa podría esta previsto en la fracción quinta del artículo primero de esta Ley de Expropiación en que se considera como de utilidad pública la satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o transtornos interiores. Un indiscutible transtorno interior fueron las consecuencias de los temblores, y darle habitación a los privados de ella por estos sacudimientos, sería sin duda la satisfacción de una necesidad colectiva. Hasta aquí vamos bien.
Pero tan importante como el qué es el cómo se dé en un marco institucional. La Ley de Expropiación, en la cortedad de sus 21 artículos de redacciones esquemáticas, no da mucho material para resolver los múltiples casos controvertidos que se han presentado, pero si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer su jurisprudencia y emitir fallos que constituyen un antecedente judicial normativo, y lo podemos hacer nosotros como cuerpo legislativo, en la exégesis de nuestra Carta Magna, una labor previa y necesaria en que debemos enmarcar todo nuestro quehacer.
En primer lugar, debemos recordar que el derecho a la propiedad privada es una garantía individual establecida en nuestra Constitución. Se admite que nuestro orden jurídico está, es un derecho derivado y transmitido por la nación y que está sujeto a todas las modalidades que dicte el interés público y a las limitaciones que del propio texto constitucional se establecen. Pero es un derecho al fin y su afectación arbitraria ha merecido, en múltiples ocasiones, el amparo y la protección de la justicia federal. Fijémonos en el adverbio "solo", que aparece en el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, en que al aplicarse a las expropiaciones y al vincularlas a la utilidad pública, señala que la afectación de la propiedad privada por parte de las autoridades no es la regla, sino que esta es limitada, excepcional y sujeta a rigurosos requisitos de lógica y de congruencia.
Nuestro más alto tribunal ha establecido que para que se cumplan los requerimientos del artículo 27 de nuestra ley de leyes, no basta que la autoridad expropiante invoque, en términos generales, la utilidad pública, sino que debe precisarlo, tanto en sus fines como en sus medios.
Fundar la necesidad de la medida y establecer la relación de causa efecto en que la privación del bien particular sea el camino idóneo para realizar una obra pública, concreta, o tomar medidas de emergencia bien establecidas y determinadas.
El decreto comentado, en nuestro concepto, no cumple con los requisitos anteriores. Hace alusión ciertamente a los temblores, a los problemas de los damnificados, la necesidad de resolverlos y de la reordenación humana, pero en los mismos términos generales que se pueden encontrar en un artículo periodístico o en los comentarios de las comadres sobre este tema. Puede hacer llorar inclusive a una sensitiva dama o a cualquier diputado, pero no señala, por ejemplo, si en los partidos enlistados se levantarán esos conjuntos habitacionales o en tal edificio sin ocupación se dará albergue temporal a los desalojados.
Si se expropian unos terrenos para construir un camino o para construir una presa, debe haber planos de ese camino y de esa presa, y no expropiar todos los terrenos por si ahí pasará la vía de comunicaciones o por si ahí se construyera dicha presa. Tales obras pública para cumplir con la institucionalidad deben ser objetos de programas gubernamentales y estar incluidas en el presupuesto respectivo.
En el caso que nos ocupa no hay ninguna evidencia de que existan los planos y los proyectos en que se basen la necesidad de afectar la propiedad privada, que debe ser dentro de nuestro orden constitucional, repetimos, excepcional, limitada y sujeta a registros.
Como suprema ironía en el mismo Diario oficial en que se publica el decreto
expropiatorio, se da a conocer el acuerdo en el que se crea la Comisión de Reconstrucción del Distrito Federal, en el que en su artículo 1o. se le define como su órgano de consulta y participación de los sectores del Distrito Federal, encargado de efectuar un programa de reconstrucción de la ciudad, etc. O sea, que todavía no hay un programa de reconstrucción, aunque algunos funcionarios tengan idea de lo que debe hacerse, pero allá en la soledad de sus despachos. Esto equivale a poner la "carreta delante de los bueyes" y es una réplica del revolucionario: "fusílenlos y después virigüen", "expropien y después formulen los planes y programas".
El decreto es muy amplio, es sobre siete mil predios y abarca a cien colonias, por lo que no hay la unidad geográfica mínima para emprender proyectos gubernamentales. En la lista se encuentran lotes de 100 a 200 metros cuadrados y hasta uno de 30 metros cuadrados en calles distintas. En lo que es difícil imaginar un proyecto estatal. En un breve muestreo ocasional, hemos detectado lotes por expropiar que no están afectados por los temblores y que cuando mucho están desocupados. Si alguien exclama que por tal desocupación los propietarios se merecen esta acción, hay que recordarles que la expropiación no es una pena y que como tal está prohibida la confiscación de los términos del artículo 22 constitucional. En todo caso tal no uso merecía la expropiación parcial y temporal, pues debe haber tal tipo de expropiaciones siguiendo el adagio de quien puede lo más puede lo menos, y además el artículo 9o., entre otros, la Ley de Expropiación señala expresadamente que puede haber una declaratoria de expropiación temporal o de limitación de dominio. Además con tales variedades, no se hace posible la reversión a que alude ese mismo artículo 9o., pues no se sabe a qué obra va a ser destinado el inmueble.
Tal variedad de imprecisión da lugar también a que se impidan que se lleve a cabo las acciones previstas en los términos planteados no sólo se trata de que los bienes particulares pasen forzosamente a la propiedad del Departamento del Distrito Federal, o sea, que este es causahabiente de los antiguos propietarios con los cuales los arrendatarios y demás ocupantes, conservan los mismos nexos jurídicos.
Aparte de este comentario, sería bueno que se nos aclarara a esta Cámara, quiénes fueron los abogados que redactaron este decreto: si los de la Presidencia, los del Departamento del Distrito Federal, los de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para calificarlos debidamente en su habilidad.
El que no se señalaron criterios para que los predios fueran afectados, el que no están adminiculados a un programa concreto, real y posible de vivienda, hace aparecer este decreto como una agresión general al derecho de propiedad, no sólo a los que están afectados, sino a los millones de mexicanos que con sus ahorros, su trabajo, han adquirido un solar y construido una casa, los cuales se les deja en una inseguridad jurídica de facto, pues no saben que "tin marín de do pingüe", como lo que aparece en el decreto, puede transformar sus vidas.
No estamos en contra de que los terrenos de determinadas zonas en la ciudad de México sean expropiados mediante una efectiva indemnización, que se nos remonten a unos 10 años y que los pesos se conviertan en centavos por la inflación, ya endémica en nuestro país, pero que estén relacionados con proyectos habitacionales, sensatos, ideas y previos. Queremos que tales decretos sean institucionales, no solo en su forma, sino también en su fondo y en su modo de realización.
Demandamos que el esfuerzo de reconstrucción nacional sea conjunto entre el gobierno y los particulares, que exista una real confluencia de esfuerzos del gobierno y de los particulares, que se dé el diálogo entre ambos y la concertación, aspectos estos últimos negados por el decreto expropiatorio. Sabemos que en la mecánica del grupo en el poder existe la sacralización de sus propias decisiones, y que se expresa en la frase "ni un paso atrás", que elimina toda autocrítica y se parece a la consigna que dio Hitler a sus tropas de resistir hasta el fin, aunque la nación alemana fuera sacrificada.
Pero sin tocar orgullos y vanidades, las autoridades todavía pueden enmendar muchos de los entuertos que se cometieron en ese decreto, ya sea oficiosamente o al resolver las revocaciones administrativas que les presenten los interesados; darle carne de programa de lo ya expropiado y que no se vaya a enmendar con proyectos específicos que estén dentro de un presupuesto aprobado por el Congreso; todavía pueden hacer efectiva la consulta popular y no dejarla como hasta ahora ha sucedido, en una dimensión aparte de la toma de decisiones, en fin, darle a sus actos fondo y forma institucional en pro de México con decisiones tomadas en forma democrática y no en la soledad de un despacho.
Igualmente demandamos en la transmisión de la propiedad de las viviendas que construya el Estado, que aparece como potestativa, se convierte en imperativa y obligatoria para el Gobierno; que se haga efectiva la frase del Presidente de la República, que el Gobierno no se convierta en un estado casero, sino que en esas medidas se contribuya a hacer efectivo el lema de nuestro partido que hemos llevado por todo el solar patrio, frente a un grito de que todos proletarios, siempre hemos opuesto a nuestro grito de todos propietarios.
Apoyados en la posición independiente de nuestro partido, queremos expresar que nuestro voto no será a favor del decreto, ya que en el fondo lo aceptamos, pero sí queremos que sean tomadas en cuenta nuestras consideraciones
hechas en lo irregular en cuanto a la forma y procedimiento, ya que estamos en tiempo de enmendarlas dadas las opiniones expresadas en este sentido por otros compañeros diputados.
Y finalmente, quiero terminar con aquella frase de un ilustre Constituyente de 1817, me refiero a don Ponciano Arriaga, cuando se dirigiera a la generación de su tiempo: El pueblo cree, el pueblo espera, no hagamos ilusoria su postrera esperanza. Muchas gracias.
La C. María de la Luz Gama Santillán -Decido declinar en uso de la palabra y cedérselo a mi compañero Cárdenas González.
La C. Presidenta: -A propuesta de la diputada Gama Santillán del PARM en el registro, sea ocupado por el diputado Cárdenas González., esta Presidencia no tiene ningún inconveniente.
El C. Jorge Cárdenas González -Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Es la primera vez que tengo el honor de pararme ante ustedes y lo hago con mucha seguridad de poderles interpretar lo que siento en este momento en que la ciudad de México está sufriendo las consecuencias del terremoto. La ciudad de México es una ciudad enferma, no tenemos tiempo para estar discutiendo problemas que no nos conducen a ningún lado, tenemos un gran médico, que es el Presidente de la República y tenemos la obligación de apoyarlo. (Aplausos.)
Quiero aprovechar en esta ocasión y comunicarles que mi partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha hecho, con el pueblo de Matamoros una colecta, una pequeña colecta y ha juntado la cantidad de 18 millones 750 mil pesos que esta semana el licenciado Mendoza Barrueto entregará en sus manos para hacérsela llegar al Presidente de la República.
Mi partido, y vengo con la autorización de ellos, de informar que apoyamos en toda la línea la conducta y los decretos del propio Presidente de la República.
La C. Presidenta: -Tiene la palabra, en contra, el señor diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: Con el permiso de la presidencia. Señores representantes de la nación, así definidos por la Constitución; Señores representantes del pueblo, así ostentados en nuestras campañas políticas; señores miembros del Poder Soberano Legislativo, abreviado como esta soberanía. Todo eso somos y todo eso debemos parecer, ese es nuestro compromiso.
Permítanme hacer una breve, prometo que Será breve, disgresión. Existe un mecanismo de defensa en el terreno psicológico denominado transportación, que consiste en llevar a un elemento fuera de sí, todas aquellas características que inconscientemente nos causan repudio de sí mismos, nos causan angustia, nos causan rechazo de nuestra propia personalidad.
Permítanme, señores diputados, representantes del pueblo, miembros de esta soberanía es decir que me encuentro confundido porque no sé a quién se ha referido, porque no sé qué características de la propia personalidad de muchos de los que han utilizado esta tribuna han tratado de ser transportados a elementos ajenos de su personalidad, pero si eso los hace sentirse menos angustiados, si eso los hace sentir más atractivos a sí mismos, valga ese recurso psicológico.
Resulta que en un principio se manifestaban en contra del documento presentado por la Gran Comisión, abiertamente, solamente miembros del Partido Acción Nacional. Pero en el curso del debate resulta que hemos coincidido en nuestras posturas, que hemos coincidido en el hecho de que la medida de expropiación por causa de utilidad pública no solamente es legítima, sino que está contemplado en nuestro marco de derecho y que debe utilizarse dadas algunas condiciones también marcadas en nuestras leyes y fundamentalmente en la Constitución. Resulta que hemos estado de acuerdo en muchas cosas que aparentemente quieren presentarse para dejar bien cubiertas las posiciones, por aparentar que no se está en contra del fondo, que no se está en contra de lo que no puede estarse en contra en este país, de que no se está tocando lo intocable en esta patria nuestra, no, simple y sencillamente no estamos en contra de que se expropie, pero sí estamos en contra, como dijo por ejemplo el diputado Pascual Moncayo, se está en contra de no afectar predios que no sea necesario afectar; dijo el diputado Alcocer que aceptemos que puede haber errores en el objeto o en los predios que han sido expropiados; decía él, que aceptemos que pudo haber errores y que ninguna familia mexicana legítimamente poseedora de su vivienda sea afectada, porque resulta que en el cuerpo del decreto existen muchos predios que constituyen la vivienda de familia que ni arriendan ni siquiera un centímetro de su casa, que ni fueron afectados cuando menos de manera grave por el mismo y que ahora son objeto de expropiación. Esto se dijo aquí.
El orador que me antecedió en el uso de la palabra antes que el diputado del PARM. argumentó perfectamente que hay preceptos violados o incumplidos.
Señores miembros de esta soberanía, representantes del pueblo y de la nación, quien viola un precepto de ley, la viola toda.
Entrando en materia del debate que no ha querido o no ha podido será captado por quienes vienen a hablar en favor de la expropiación, resulta que hay que distinguir
cuál ha sido la materia del debate, si el decreto expropiado o el documento que presenta la Gran Comisión en vez del diputado Mendoza Berrueto; ha habido quienes han venido a esta tribuna a manifestarse en contra de la forma en que fue realizada la expropiación, pero a favor del escrito que presenta la Gran Comisión, fieles a lo intocable, y se ha señalado ya que en muchas ocasiones mi partido, el Partido Acción Nacional, ha tenido que estar sólo en los señalamientos y en las indicaciones que en su debida oportunidad se ha tenido que hacer para plantear verdaderas posiciones reivindicatorias de los derechos del pueblo mexicano; por ejemplo, estuvimos solos contra la política de Luis Echeverría que inició esta caída al abismo de la deuda pública, de la deuda externa que todavía no ha sido suficientemente debatida. También tuvimos que argumentar sobre la expropiación de la banca, como ya se señalaba, porque indicábamos que el costo de esa expropiación lo iba a pagar injusta e indebidamente el pueblo de México porque se iba a encarecer los créditos y no solamente se han encarecido sino que se han agotado.
Los diputados que están solicitando temas me hacen que me brinque algunos otros ejemplos y rapidamente, cuando la CTM despojó a los trabajadores del ahorro que durante 10 años estuvieron señalando en el Infonavit; fueron trabajadores los que depositaron 10 años estuvieron aportando en el Infonavit; les iba a proporcionar una vivienda.
Señores diputados, están poniendo en entredicho la habilidad de la presidencia de hacer respetar el derecho que tengo de expresarme con libertad (aplausos). Vamos al tema, señores diputados representantes del pueblo que ahora sufre por falta de vivienda, representantes de una nación en la que puede decirles y ustedes comprobar que existen municipios como aquel de Viesca en el que la estadística demográfica marca un decremento en la población. Quiere decir que ahí se están quedando viviendas solas, que ahí hay algunas casas que están inhabitadas porque ahí ya no es posible obtener el sustento para la familia, porque ahí no ha llegado el agua, porque ahí los ejidatarios están viviendo en condiciones de miseria,, que aunque hay viviendas no hay posibilidades de vivir ahí. Resulta que el total de las viviendas del Distrito Federal, un millón 754 mil 727 viviendas, el 40.5% de las viviendas constan de uno o dos cuartos, cuartos redondos que no reúnen los mínimos para considerarse como viviendas en los términos de la Organización Mundial de la Salud, la fuente de este dato, señores diputados representantes del pueblo y de la nación, miembros de esta soberanía, es México Social 1984, de Banamex. Según esta fuente, México está entre los países con mayor número promedio de ocupantes por vivienda, junto con Guatemala, Honduras, Colombia y Paraguay.
Los costos de vivienda, señores diputados representantes del pueblo, los costos de edificación, de viviendas de interés social, en septiembre de 1984 fueron 22 veces más altos en pesos corrientes que en 1974. Esto es tema señores diputados.
Resulta que los primeros días posteriores a la tragedia, de fuentes oficiales, se argumentaba que existían en ese preciso momento, siete mil viviendas que podían ser ocupadas por todos aquellos damnificados que se habían quedado como víctimas del terremoto sin la posibilidad de un techo para ellos y su familia.
Resulta ahora que todos nosotros desde ese momento dudábamos, dudábamos que fueran solo siete mil familias y que esas siete mil casas que ya estaban edificadas, estaban edificadas con un programa que de por caro, para dotar de viviendas a trabajadores, a obreros que habían estado haciendo aportaciones para ser dotados de ellas, sin embargo, ¿qué encontramos una defensa encarnizada del Infonavit, porque evidentemente se ha servido y ha prestado para el control político y la manipulación de los sindicatos, y ahora, ahora estas 7 mil casas que estaban asignadas a trabajadores que tenían ya un derecho o que representaban ya un derecho real, resulta que el Gobierno de la República señalaba que serían suficientes para cubrir la demanda que por efectos del terremoto los damnificados representaban.
Señores diputados: nunca hemos señalado que estamos en contra de que aquellos predios que deban ser expropiados para desarrollar en ellos un programa de vivienda, y luego sean entregados en propiedad a los damnificados del terremoto, nunca hemos señalado estar en contra de ello; de lo que señalamos estar en contra es de la carencia del dictamen que nos señala cuándo serán entregadas esas viviendas.
El C. Genaro José Piñeiro López: -¿Me permite una interpelación? El C. Ricardo Francisco García Cervantes: -Si señor diputado.
La C. Presidenta: -La presidencia autoriza la interpelación.
El C. Genaro José Piñeiro López: ¿Nos acompañaría con gusto a las cinco de la tarde a Tepito a explicarle a la gente todo lo que está usted diciendo? El C. Ricardo Francisco García Cervantes: -Si señor.
Lo que hemos señalado, señores diputados, es que el decreto no señala plazo para revertir la propiedad en favor de los damnificados, únicamente dice el decreto que enajenará a título oneroso, pero no dice cuándo.
Sin embargo, señores diputados, ya se ha abundado suficientemente sobre todas aquellas
deficiencias y errores que de no existir una cerrazón, que de no existir una subordinación a ultranza el Poder Ejecutivo, pudiera constituir una verdadera ayuda, una verdadera recomendación para que este Poder Legislativo participara en encontrar aquellos instrumentos que verdaderamente pudieran dar satisfacción a todos nuestros compañeros, a todos nuestros compatriotas que están sufriendo por efectos del terremoto.
Yo creo que si nos abrimos un poco a la reflexión, en conciencia, nosotros tendríamos que concluir que vale la pena hacer recomendaciones; que vale la pena estar sordos a todos los argumentos y que es nuestra responsabilidad encontrar aquellos instrumentos que sean más eficaces para aliviar de alguna manera el dolor de nuestros hermanos. Gracias. (Aplausos.)
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Solicito la palabra, para hechos.
La C. Presidenta: -Con todo gusto, señor diputado. Pero antes le rogaría permitiera que la secretaría diera lectura al inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica, así como al inciso f) del mismo ordenamiento.
La C. Secretaria Consuelo Botello de Flores: -Me permito leer, de las atribuciones del presidente, señaladas en la Ley Orgánica, el inciso c): "Son atribuciones del presidente conducir los debates".
La C. Presidenta: -Proceda la secretaría por favor.
La C. Secretaria Consuelo Botello de Flores: -Son atribuciones del presidente conducir los debates y las deliberaciones del pleno. Inciso f) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello".
La C. Presidenta: -Esta presidencia quiere precisar que además de las exhortaciones hechas, nunca ha sido su criterio en el transcurso de esta sesión imponer el orden. Se han permitido las expresiones tanto de solidaridad mediante el aplauso de las diversas fracciones como otras manifestaciones. Que quede preciso, pues, el criterio de la presidencia en torno a sus atribuciones especificas.
Ha solicitado el uso de la palabra, para hechos, el diputado Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Señorita presidenta; compañeras y compañeros: El diputado Valadés se equivocó de cita cuando habló recordando lo que dijo don Francisco I. Madero al referirse a que los allegados al Gobierno sugerían gozando de los privilegios de estar cerca de la Revolución para enriquecerse. Con esta cita se está recordando la permanente posición del sistema de oligarquía que trabaja detrás y junto al Gobierno.
Y podríamos recordar que los beneficios de la Revolución también alcanzaron a cierto embajador a quien le cerró su periódico Miguel Alemán Valdés y, sin embargo, después se convirtió por cuenta del mismo Gobierno, embajador en Portugal.
Pero finalmente hay dos premoniciones en las que tiene razón el diputado Valadés, habló del catastrofismo y de que todavía había tiempo de rectificar. Señores el decreto que estamos discutiendo es una catástrofe, nos hemos opuesto a él, ya se ha repetido mucho, no porque no estén permitidas las nacionalización y la expropiación de bienes en función del interés público, sino porque el decreto no está hecho razonablemente dentro de los términos de la Constitución. Pero ya es una catástrofe y finalmente ya alcanzó los tiempos que preconizaba el señor diputado Valadés; ya está en proceso de desintegración. Para noticia de ustedes, señores diputados, de los 7 mil predios afectados ya hay 1 mil 500 que fueron desafectados por el Gobierno Federal, porque se había equivocado. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -En uso de la palabra el señor diputado Píndaro Urióstegui, registrado en pro.
El C. Píndaro Urióstegui Miranda: -Señorita presidenta: hemos asistido a un largo y aleccionador debate. Pretendemos, después de haber escuchado tantas, tan diversas y bien fundamentadas interpretaciones, llegar a algunas conclusiones.
El reciente decreto expropiatorio significa una ratificación del pacto entre un pueblo revolucionario y un Gobierno igualmente revolucionario.
Motivó un gran respaldo popular, pero también fue congruente con otros muy contados y señalados casos en que el Estado mexicano ha tenido que acudir a actos expropiatorios; ha sido congruente con esa tradición porque ha afectado, como en aquellas ocasiones, los intereses de grupos elitistas, y ha servido para amparar y proteger a núcleos populares mayoritarios de mexicanos necesitados y urgidos de la protección del Estado revolucionario del que forman parte.
Advertimos en este debate, que está fuera de toda discusión, la función social de la propiedad, comprendida en el artículo 27 constitucional; igualmente, a las causas de utilidad pública que señala para llevar a cabo la expropiación; mismos principios que recoge la Ley de Expropiación, los incorpora y define señalando los transtornos interiores u otras calamidades públicas para justificar los actos expropiatorios.
Afortunadamente, la sabiduría, la clara sabiduría de la Revolución Mexicana, preservó el dominio originario de las tierras y las aguas de la Nación Mexicana. Merced a ello ha sido posible en éstas, como en otras ocasiones, que el Estado Revolucionario actué al servicio de las causas populares.
También quedó claro, que el pasado terremoto del 19 de septiembre enlutó, como ya se ha dicho y comentado aquí, a tantos miles de hogares mexicanos; frente a esta gran tragedia humana, siempre recordada y difícilmente cicatrizable, es justo reconocer, como aquí se ha hecho, la capacidad de respuesta, oportuna y eficiente de las instituciones públicas del país a cuya cabeza, el propio Presidente de la República, asumió la máxima responsabilidad de hacer suyo el lamento del pueblo mexicano y emprender con su personal preocupación la ardua tarea de reconstrucción; primero, con medidas emergentes, como tenía que ser, una respuesta inmediata, casi instintiva a una gran tragedia; medios emergentes básicamente de salvamento de vidas y atención asistencial en general a los damnificados; después, ahora, los programas institucionales de reconstrucción. Para ello, también el propio Presidente de la República convocó e integró la Comisión Nacional de Reconstrucción; aquí también es justo reconocer la importante y decisiva participación, previa a la integración de esta comisión, que desempeño la Comisión Especial Pluripartidista de esta Cámara, que con tanto empeño y dedicación, supo responder a los reclamos del pueblo que representa. Esta Comisión Nacional de Reconstrucción, integró varios comités, el Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de la Ciudad de México, que entre otras cosas, le asigna el encargo de integrar un programa de reconstrucción de la ciudad, que conjugue las acciones públicas y privadas. Igualmente quedó claro que no estamos hablando solamente de un decreto, el expropiatorio, sino también de un segundo decreto, por el que se aprueba el Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal.
Los propósitos que se persiguen con la expropiación de esos males de bienes inmuebles, se llevarán a cabo, ya de no de manera improvisada, ya no de manera precipitada, ya no de manera accidental, sino mediante la obra institucional del Gobierno, a través de este segundo decreto que crea el Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal. Este segundo programa tiene objetivos claros y precisos: reconstruir y reorganizar las zonas marginadas que fueron afectadas por los sismos, establecer una política de desarrollo social, combatir la especulación del suelo urbano, dar congruencia a las acciones, financiamientos e inversiones, en fin, precisa qué es lo que el Estado va a hacer y para ello, para no dispensar funciones, para organizarlas, integrarlas y hacerlas fecundas a través de estas obras al servicio del pueblo, crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica propia, para llevar a cabo todos estos propósitos.
Creo que con estas actitudes del Ejecutivo de la Nación, advertimos no solamente un propósito, sino una realización plena, una respuesta práctica y efectiva; estos hechos son parte de una obra que no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana, ni de manera improvisada. Es una tarea de reconstrucción que como lo anunció el propio señor Presidente de la República, va a llevarse años para que quede concluida.
No es con equivocadas interpretaciones de una democracia inimaginable como vamos a lograr hacerla efectiva. Lo que necesitamos es una eficiente organización que evite la anarquización, que diluya y tergiverse los propósitos reales de reconstrucción nacional.
Nosotros estamos consientes que esta actitud, la del señor Presidente respecto al Decreto Presidencial, fue llevada a cabo dentro de un marco de legalidad, dentro de las propias facultades que le otorga la Constitución de la República y un sinnúmero de leyes subsecuentes.
El decreto expropiatorio, como queda establecido en los preceptos legales, no tenía por qué condicionarse a una consulta previa de aquello a lo que está facultado legalmente y más aún, políticamente obligado en respuestas a un claro y profundo reclamo popular.
Es difícil, ha sido difícil, también quedó claro aquí, para el Partido Acción Nacional decir que está de acuerdo con lo que en el fondo no está de acuerdo. Es evidente que afirmar que está de acuerdo con esta actitud expropiatoria, sería tanto como identificarse con intereses populares a los que en la realidad les dio la espalda pese a que mucho de ellos les entregaron sus votos.
La actitud, pues, del señor Presidente de la República para expropiar primero y después para crear este organismo encargado de la reconstrucción del Distrito Federal, que va a sumar los esfuerzos y acciones del sector público y privado, es una medida revolucionaria y humanista. Revolucionaria porque encaja dentro del criterio que el constituyente precisó en el artículo 27, y humanista porque responde indiscutiblemente a un drama humano y social que dejó a muchos hogares desamparados.
El Presidente actuó, insistimos y hacemos un público reconocimiento desde esta tribuna, dentro de un marco de legalidad, dentro del marco de un Estado de derecho. No es justo, no sería justo de formar la realidad política que afrontamos, por defender intereses de un determinado partido o de un grupo de especuladores de la propiedad urbana, afiliado quizá a ese partido.
Esto es un típico choque de intereses entre poderosos, económicamente hablando y, núcleos populares desposeídos.
Por todo ello, señorita presidenta, después de este análisis, de estas conclusiones, de este reconocimiento a la obra de un Gobierno empeñoso en responder a reclamos populares, después de las definiciones ideológicas de diversos partidos, después de este largo y aleccionador debate, como lo decía al principio de mi intervención, quiero solicitarle a usted
de la manera más atenta, sea tan gentil de consultar a la asamblea si lo considera suficientemente discutido y lo someta a su aprobación.
Igualmente, queremos insistir antes de cerrar este debate, de ser así, que se reconozcan, se apoyen públicamente los propósitos revolucionarios que animaron al Presidente Miguel de la Madrid a emitir este decreto expropiatorio y se apoye igualmente la proposición hecha por el presidente de la Gran Comisión de esta Cámara. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -Consulte la secretaría, en votación económica, si es de agotarse el tema a discusión.
Antes para una precisión el señor diputado Jorge Montúfar.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -Para una proposición en relación al mismo tema.
La C. Presidencia: -Adelante, señor diputado Montúfar.
El C. Jorge Montúfar Araujo: -Ciudadana presidenta, compañeros diputados: antes que todo y a título personal, como abogado, después de escuchar diversas y profundas interpretaciones de tipo legal sobre el problema que hoy ocupa nuestra atención, repito a título personal, quiero establecer que el prurito más insistentemente manejado en contra del espíritu del acto expropiatorio, yo lo encuentro superado por una parte, en que de ninguna manera se puede atentar en contra de los recursos administrativos de revocación contra la expropiación que establece la ley, por una parte; por la otra, el Poder Ejecutivo aportará en su momento a estas alturas debe estar subsanado este aspecto, los expresidentes y estudios técnicos en que se funda esta decisión de derecho público; sin embargo, en esta ocasión, vengo a exponer el espíritu de una negociación en mi concepto trascendental que se ha llevado acabo en el curso de este debate.
El Presidente de la Gran Comisión de esta Cámara, vino a esta tribuna a solicitar el consenso de todos los bloques parlamentarios aquí acreditados en torno a un documento que apoya la decisión del Ejecutivo Federal. En el primer punto resolutivo de este documento el Presidente de la Gran Comisión propuso lo que me voy a permitir leer en este momento:
"1o. Que así como se sugirieron en su momento políticas y decisiones al Ejecutivo Federal para enfrentar en forma inmediata las consecuencias dramáticas del evento al que aludimos, hoy que éste, agrego yo, el Ejecutivo ha tomado resoluciones correspondientes a los problemas que viven los damnificados y a perspectivas ambiciosas como la reordenación y descentralización, exprese en esta oportunidad, es decir esta asamblea, su respaldo firme y decidido al programa serio, enérgico y revolucionario del Gobierno de la República.
Se inició un interesante y apasionante debate como cuando se discute en una democracia sobre el concepto de propiedad y sus limitaciones. Pero señores, el diálogo lo hemos aprendido en esta Cámara, es política creativa porque abre los caminos del espíritu, del razonamiento y de la voluntad a decisiones lúcidas y firmes a esta Cámara es una auténtica catedral al diálogo, al diálogo del pueblo, al diálogo republicano y democrático. Y en el curso del debate se abrió y se dio ese diálogo en un plano racional y elevado.
Hubo una proposición, del PSUM, con un voto particular que decía como está Cámara ha sugerido en su momento decisiones al Ejecutivo Federal para enfrentar las consecuencias de los sismos de los días 19 y 20 ante el decreto expropiatorio dictado el pasado viernes 11 que afecta a numerosos predios de las zonas dañadas en favor de los damnificados, este cuerpo legislativo resuelve expresar su respaldo firme y decidido a la mencionada acción del Poder Ejecutivo de la Unión. Repito, se dio el diálogo, se negoció y vengo a manifestar que el bloque parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha signado un Punto de Acuerdo que propone a esta soberanía para que ese punto primero quede redactado en la forma a cuyo texto voy a dar lectura, para expresar de esta manera la solidaridad y el acuerdo de ocho bloques parlamentarios de esta Cámara que corresponde al Partido Revolucionario Institucional, al PSUM, al PPS, al PMT, al PRT, al PARM, y al PDM, en los siguientes términos:
Primero. Que así como se sugirieron en su momento políticas y decisiones al Ejecutivo Federal para enfrentar en forma inmediata las consecuencias dramáticas de los sismos, hoy que ésta ha tomado resoluciones correspondientes a los problemas que viven los damnificados, este Cuerpo Legislativo resuelve expresar su respaldo firme y decidido al decreto de expropiación promulgando el día 11 de octubre por el Poder Ejecutivo de la Unión.
Voy a entregar a la Secretaría, con la venia de la presidencia, el documento donde figuran las firmas de cada uno de los coordinadores de los ocho bloques parlamentarios. Pido a la presidencia tenga a bien consultar a la Asamblea sobre el hecho de si aprueba el punto primero en la forma en que ahí ha quedado establecido.
Finalmente, para seguir siendo consecuentes con nuestra actitud política, frente al pueblo de México que sufre y trabaja para salir adelante, someto también a la venia de esta presidencia la difusión de este documento en la misma condición en que fueron manejados, a través de los medios que tanto nos han ayudado, tanto el documento general de esta Cámara como el documento programático
que ha dado presencia y contenido a la acción de los legisladores frente a una tragedia de nuestro pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: -Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en el siguiente orden los puntos siguientes: En primer término consulte a la Asamblea en votación económica si se han agotado los asuntos en debate tal y como lo propusiera el diputado Píndaro Urióstegui.
C Presidenta de esta Cámara.
Atendiendo a la importancia del documento que ha sometido la Gran Comisión a la soberanía de esta honorable asamblea, por conducto del diputado Eliseo Mendoza Berrueto, y en virtud del grande interés que el espíritu del mismo representante para el pueblo de México y en especial para los damnificados del sismo del Distrito Federal, en términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a su señoría que la votación sobre este caso sea uninominal.
Palacio Legislativo, Delegación Venustiano Carranza, México, D. F., a 15 de octubre de 1985.
Firmas."
«Es virtud de la importancia histórica que tiene el Decreto de Expropiación del C. Presidente de la República, toda vez que va a la raíz del problema de vivienda para los miles de compatriotas damnificados con motivo de los fenómenos sísmicos recientes, consideramos que la propuesta de la Gran Comisión, de apoyo resuelto a esta medida del ejecutivo, sea sometida para la votación de esta Cámara de acuerdo con el artículo 148 del Reglamento, en forma nominal.
Diputados Manuel Fernández Flores, Martín Tavira Urióstegui, Victor M. Jiménez Osuna, Gabriela Guerrero O., Hildebrando Gaytán Márquez.» México, D. F., a 15 de octubre de 1985.
C. Presidenta Beatriz Paredes Rangel. Presente.
En conformidad con lo establecido en el artículo 148, considerando tercero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted se tome la votación nominal de la proposición presentada por el C. diputado Eliseo Mendoza Barrueto en relación al Decreto Expropiatorio del pasado 10 de octubre, publicado en el Diario Oficial del 11 del mismo mes.
Atentamente.
Diputado Genaro Piñeiro López.
Apoyamos dicha solicitud: diputados Graco Ramírez Garrido A., Miguel Alonso Raya, José Felipe Flores G., Jorge Amador Amador, Beatriz Gallardo Macías y Magdalena García Rosas.
C. Presidente de la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los diputados firmantes pedimos que se realice la votación nominal de la propuesta presentadas por las fracciones parlamentarias de los partidos Socialista Unificado de México, Mexicano de los Trabajadores y Revolucionario de los Trabajadores. Palacio Legislativo, 15 de octubre de 1985.
Diputados Pablo Pascual Moncayo, Gerardo Unzueta, Efraín Calvo Zarco, Pedro Peñaloza, Eduardo Valle, y José L. Díaz Moll.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a esta asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de debate... Los que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido.
La C. presidenta: -En segundo término, y en atención a las diversas proporciones de fracciones parlamentarias para que este asunto fuese votado en forma nominal, que fueron recibidas por esta presidencia, consulte a la asamblea en votación económica si la forma de recoger la votación de la proposición aquí planteada, será de la forma nominal.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -Por instrucciones de la presidencia, informamos a esta Asamblea que la propia presidencia ha recibido diversas solicitudes de varias de las fracciones parlamentarias aquí representadas, del Partido Revolucionario Institucional firmadas por los diputados Nicolás Reynés Berezaluce, Jorge Montúfar, Píndaro Urióstegui Diego Valadés, Juan José Bremer, Miguel Angel Barberena; del Partido Popular Socialista firmados por los diputados Manuel Fernández Flores, Martín Tavira Urióstegui, Víctor Jiménez Osuna, Gabriela Guerrero, Hidelbrando Gaytán Márquez; del Partido Socialista de los Trabajadores, firmado por los diputados Graco Ramírez Garrido, Miguel Alonso Raya, José Felipe Flores, Jorge Amador Amador, Beatriz Gallardo Macías, Magdalena García Rojas, y por las fracciones del Partido Socialista Unificado de México, por el Partido Mexicano de los Trabajadores y por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, firmados los diputados Pablo Pascual Moncayo, Efraín calvo Zarco, Eduardo Valle, Gerardo Unzueta, Pedro Peñaloza y José Luis Díaz Moll, pidiendo que la votación de este asunto se haga bajo el sistema de votación nominal.
Todas estas solicitudes fundadas en los términos del artículo 148 del Reglamento.
En consecuencia, y por instrucciones de la presidencia se pregunta, en votación económica, si es de aprobarse a proceder a recoger
La votación sobre el tema a debate, en votación nominal... Los que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo... Debe procederse a la votación nominal, señorita presidenta.
La C. Presidenta: -Proceda la Secretaría a someter a la consideración del pleno...
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: -Señora presidenta, que se lea la propuesta del diputado Montúfar.
La C. Presidenta: -Señor diputado Valle le ruego tengan ustedes el tiempo necesario para escuchar la instrucción de la presidencia.
Proceda la Secretaría a someter a la consideración del pleno el texto de la proposición planteada por el señor diputado Montúfar y signada por los diputados de diversas fracciones parlamentarias a las que ya se ha hecho referencia.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -Dicen así los puntos propositivos:
"Primero. Que así como se sugirieron en su momento políticas y decisiones al Ejecutivo Federal al enfrentar en forma inmediata las consecuencias dramáticas de los sismos, hoy que éste ha tomado resoluciones correspondientes a los problemas que viven los damnificados, este cuerpo legislativo resuelve expresar su respaldo firme y decidido al decreto de expropiación promulgando el día once de octubre por el Poder Ejecutivo de la Unión".
El segundo punto se encuentra ya votado dice:
"En términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior se considere esta propuesta de urgente y obvia resolución."
Tal es el texto de la proposición firmada por los señores diputados Eliseo Mendoza Berrueto, Cuauhtémoc Amezcua, Graco Ramírez, Reyes Fuentes, Arnoldo Martínez Verdugo, Pedro Peñaloza, Oswaldo Harris y Antonio Monsivais. La C. Presidenta: -En tal virtud proceda a la secretaría con apoyo de los ciudadanos prosecretarios a recoger la votación nominal sobre el texto de referencia.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -En consecuencia llamamos a dos Prosecretarios, los diputados Eduardo Robledo, Miguel Angel Herrerías. Se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Por la derecha rogando se exprese el apellido y el nombre del diputado para que no haya ningún error poniéndose de pie.
(VOTACIÓN.)
Ciudadana presidenta, se emitieron 255 votos en pro y 33 en contra.
La C. Presidenta: -Se aprueba por 255 votos en pro y 33 votos en contra, o sea por mayoría, expresar el respaldo firme y decidido de este cuerpo legislativo al decreto de expropiación promulgado el día 11 de octubre por el Poder Ejecutivo de la Unión.
Désele la difusión a través de los medios masivos de comunicación que sea necesario.
Proceda la Secretaría a continuar con el desahogo de los asuntos en cartera.
INFORME DE LOS DONATIVOS
CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN
SÍSMICA
La C. Presidenta:- A efecto de desahogar el tercer punto del orden del día, ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Sergio Valls.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: -Ciudadana presidenta; honorable asamblea; En la pasada sesión del día 3 de octubre del año en curso, a propuesta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, esta asamblea aprobó que la Comisión Especial Pluripartidista obtuviera en las áreas correspondientes del Ejecutivo Federal la información de los donativos recibidos hasta la fecha, se encargara, además, de mantenerla periódicamente actualizada y recabara lo que se refiere a su aplicación, transmitiendo toda esta información al Pleno de la Cámara.
Para ese efecto, la Comisión Especial Pluripartidista solicitó al ciudadano secretario de la Contraloría General de la Federación la presencia ante el seno de lo propia comisión, del ciudadano Contador Público Raúl Robles Segura, subsecretario B de dicha dependencia, responsable operativo del sistema de control de donativos.
El día 10 del presente mes compareció ante el pleno de la citada comisión el subsecretario B de la contraloría, evidenciándose así una vez más la colaboración responsable y respetuosa que existe entre los Poderes de la Unión.
El subsecretario Robles Segura nos informó que con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre próximo pasado que afectó a la ciudad de México y algunas otras zonas del país, la comunidad internacional y la comunidad nacional expresaron su apoyo al pueblo de México de muy diversas maneras, entre otras, aportando donativos en especie. Entre tales donativos destacan por su importancia y oportunidad los que espontánea y generosamente brindaron los distintos sectores de la sociedad civil, quienes prácticamente desde los minutos siguientes al terremoto empezaron a colaborar en las labores de auxilio y junto con sus servicios y
Esfuerzo personales acercaron herramientas, implementos de trabajo, medicamentos y alimentos, tanto los damnificados como a las brigadas que estaban en rescate. Por su propia naturaleza y por la forma en que se ha brindado este auxilio, que a la fecha aún continúan estas ayudas no son objeto del control que ha establecido la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. La ayuda que pudiera calificarse como institucional arribó a la ciudad de México por las siguientes vías: Vuelos especialmente fletados por tal propósito, o bien en la sección de carga de los vueltos comerciales o por carreteras por ferrocarril.
Aun cuando la primera información que se entregó a la Comisión Especial Pluripartidistas de esta Cámara de Diputados se refiere fundamentalmente a los donativos que llegaron por la vía aérea, ello no significa que no se haya establecido y se mantenga el adecuado control en las circunstancias de los envíos que se hicieron por vía terrestre, según se comentará en detalle más adelante.
En lo que se refiere a los donativos citados en primer término, o sea, los que arribaron por avión, según nos dijo el subsecretario, desde el primer momento se estableció el control por parte de las distintas autoridades con competencia y responsabilidad en la materia, entre ellas la propia Secretaría de la Contraloría.
El contador público Robles Segura, nos proporcionó el diagrama que muestra el procedimiento de control establecido cuya síntesis puede expresarse de la siguiente manera:
En lo que toca a la carga recibida por vuelos regulares, las líneas aéreas, siguen los trámites normales que cada una de ellas tiene establecido, al llegar a suelo mexicano se estableció la separación entre la ayuda consignada a un destinatario específico y la destinada al Gobierno Federal o de manera más amplia al pueblo mexicano, damnificados, etcétera.
En el primer caso, previa intervención de la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hizo la entrega al representante acreditado del consignatario por la entidad paraestatal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la que obtuvo el acuse de recibo correspondiente.
Tratándose de vuelos especiales, la recepción se hizo con la participación de elementos del Ejército Mexicano, así como personal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y de otras entidades y dependencias interesadas.
Se procedió a la descarga, clasificación y verificación contra los documentos de origen y a formular en las hojas de control de entrega y recepción, nuevamente aquí se estableció la separación de los donativos destinados a terceros que se entregaron directamente en el aeropuerto, a representantes autorizados de los mismos y de los canalizados por el Gobierno Federal que fueron controlados en su mayor parte por el Distrito Federal y por otras dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial de Auxilio a la Zona Metropolitana.
Los donativos se entregaron también en el aeropuerto a los representantes del Departamento del Distrito Federal o de la dependencia quienes procedieron a trasladar la carga a los almacenes autorizados. En el caso del Departamento del Distrito Federal, se trata fundamentalmente de cuatro bodegas, tres de ellas que ya existían cubriendo las necesidades propias de la operación de esta dependencia y una más que cuenta con las facilidades de seguridad y protección pertinentes, que fue acondicionada especialmente para este propósito.
En base a la hoja de control formulada al momento de recepción de los artículos y a las notas de entrada a los almacenes, se estableció el sistema de información por medios computarizados que fue diseñado y operado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con el propósito específico de control de los donativos recibidos de cuyas características y productos se hablará con mayor detalle a delante.
Nos comentó el subsecretario Robles Segura, que el sistema de control establecido por la Secretaría de Contraloría se vio reforzado con la creación, por acuerdo presidencial el 3 de octubre de 1985, del Comité Supervisor de los Donativos, el cual persigue establecer un mecanismo de supervisión que asegure la existencia de seguros efectivos que permitan el manejo responsable, honesto y transparente de dichos donativos, propósito para el cual se invitó a participar en dicha supervisión a los sectores social y privado.
Vale la pena mencionar que en dicho comité están representados el Congreso del Trabajo, el Sector Empresarial, el Congreso consultivo de la Ciudad de México, la Cruz Roja Mexicana, la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Contadores Públicos de México habiéndose sumando a estas representaciones figuras de prestigio y trayectoria nacional e internacional, como son don Antonio Carrillo Flores y don Antonio Rocha Cordero.
El propio acuerdo faculta al comité para requerir la información acerca del origen y destino de los donativos, conocer y revisar los instrumentos y mecanismos de control y proponer modificaciones, supervisar los informes de existencias de bienes y la canalización total o parcial del mismos, y proponer verificaciones adicionales, así como para informar periódicamente al Ejecutivo Federal y a la opinión pública acerca del resultado de sus intervenciones.
A la fecha de entrega de la información a la Comisión Especial Pluripartidista, dentro del proceso dinámico que implican las tareas de información y control, la Secretaría de la Controlaría estaba trabajando en recuentos
físicos totales de las existencias, cómputo de salidas, registro de entradas y consumo de la ayuda nacional, previniente sujeta a procedimientos de control en la implantación de medidas adicionales para la localización e inventario de bienes duraderos y en el análisis y verificación de algunos casos especiales, como puede ser lo relativo a tiendas de campaña.
Tratando de establecer una síntesis de lo antes descrito puede afirmarse que la Contraloría ha logrado establecer adecuado control sobre la ayuda recibida, prácticamente desde el momento mismo que está empezó a llegar al país y que dicho control cubre todas las instancias necesarias, habiendo personal destacado a la llegada de los aviones.
Por otra parte, se hizo entrega a cada uno de los señores diputados integrantes de la Comisión Especial, de la información que resume los donativos recibidos, hasta el 6 de octubre de 1985 y a la presidencia de la comisión detallada que se describirá más adelante.
Del resumen de información destacan los siguientes comentarios:
Hasta el 19 de octubre se habían recibido 220 vuelos provenientes de 37 países con ayuda en especie para los damnificados; de dichos vuelos sólo poco más de la tercera parte venían destinados en número de 68, al gobierno federal, y los restantes, por voluntad de los donantes, fueron dirigidos 89 a la Cruz Roja Mexicana, 36 a diversas Embajadas y 17 personas e instituciones particulares.
Desde luego, sólo la ayuda canalizada por el gobierno federal es materia de control directo por parte de la Contraloría.
Además de lo anterior, se cuenta con el detalle de los vuelos en orden cronológico, el cual se especifica el número de vuelo, la fecha de arribo, su procedencia y su destino; también, y con los mismos datos antes mencionados, existe el detalle clasificado de los vuelos que ha recibido el Gobierno Federal, la Cruz Roja Mexicana y los particulares.
En lo que se refiere a información de detalles puesta a disposición de la presidencia de la Comisión, la misma comisión, primero, en el contenido de cada uno de los vuelos destinados al gobierno federal, en el cual se especifica el número de vuelo, la fecha de arribo y su procedencia, que permitan establecer relación con el resumen, así como la descripción pormenorizada y detallada de todos y cada uno de los artículos recibidos con expresión del almacén al cual fueron destinados, la clave que se asignó para efectos de control, la descripción del artículo, la unidad de medida que se refiere a información de detalles puesta a disposición de la y las cantidades recibidas. Igual detalle existe en lo que se refiere a los vuelos recibidos por la Cruz Roja Mexicana, Embajadas y particulares.
b) También se nos entregó la relación detallada de los artículos recibidos por el Gobierno Federal, clasificados por sus distintas claves y con expresión del almacén al cual fueron destinados en primera instancia especificándose asimismo la clave del artículo, el vuelo en que arribó, la unidad de medida y la cantidad relativa.
c) En el mismo paquete de información se incluyó la relación detallada de los artículos que contiene cada uno de los almacenes y los mismos datos de referencia e identificación que antes mencioné.
d) Por último se incluyo la lista de los artículos, principalmente maquinaria y herramienta que por su valor y características están siendo materia de un control más estrechos que los establecidos para la generalidad de los bienes.
Conviene mencionar que los informes antes descritos, gracias a las características de flexibilidad y capacidad del sistema pueden elaborarse con la clasificación y grado de detalle que cualquier interesado en el mismo estime pertinente.
En vista de que el caso de donativos es impráctico e inapropiado utilizar como unidad de medida de su valor monetario, para fines de información - nos informó la Secretaría de la Controlaría - procedió a la determinación de su peso y clasificación por grandes grupos obteniéndose los siguientes resultados.
a) En el período comprendido del 20 de septiembre al 9 de octubre la ayuda para damnificados recibida por el país sumaba 1 mil 336 toneladas.
b) Su clasificación por destinatarios es la siguiente:
Toneladas
Para el Gobierno Mexicano 502
Para la Cruz Roja Mexicana 362
Para embajadas 294
A particulares 97
Y en proceso de clasificación 81
1,336
En lo que toca a líneas de productos, la clasificación de la ayuda es la
siguiente:
Toneladas
Medicamentos 386
Instrumental y equipo médico 59
Alimentos 228
Maquinaria 70
Equipo de rescate 151
Herramienta y equipo 115
Ropa, mantas y equipo campamento 314
Otros productos 13
Con excepción de algunos renglones como el equipo de rescate, herramientas y algunos artículos medicinales, mantas, etc., los consumos de la ayuda recibida del extranjero hasta esa fecha, habían sido relativamente reducidos. Ello se debe, fundamentalmente se nos dijo, a que en una ciudad con más
de 16 millones de habitantes, tiene reservas y las supo movilizar con agilidad para hacer frente a las necesidades emergentes que planteó la catástrofe.
Por otra parte, las características del siniestro originaron el 80% de los heridos quedara atendido dentro de las doce horas siguientes al mismo. Aun antes de que llegara a tierra mexicana el primer vuelo extranjero. En este caso en particular, la Secretaría de la Controlaría según nos fue informado, está procediendo a la clasificación cuidadosa de las medicinas a fin de compenetrarse debidamente de productos y fórmulas conocidas en el país, a fin de proceder con la debida cautela a su prescripción y suministro posterior.
No obstante lo anterior, y a pesar de que se ha logrado sistematizar la ayuda de las personas alojadas en albergues y campamentos sobre los cuales se puede llevar un adecuado control, las autoridades de la Comisión Intersecretarial decidieron poner directamente a disposición de los damnificados los bienes recibidos, para lo cual se abrió precisamente el día de la comparencia del Subsecretario, un centro de distribución en la Sala de Armas de Magdalena Mixhuca en el cual, previa distribución de vales, los beneficiados pueden disponer de prendas de ropa, alimentos y objetos de uso personal.
Se nos informó que ese primer día acudieron alrededor de 6,000 damnificados a dicho centro de distribución.
Finalmente informo a este plenario que el subsecretario Robles Segura contestó amplia y satisfactoriamente a todas las preguntas, e hizo los comentarios pertinentes respecto a todos los planteamientos que le fueron hechos por los ciudadanos diputados de los distintos partidos que integran la comisión especial.
Se solicitó por la propia comisión especial, al citado funcionario que la información que nos fue proporcionada se actualice con una periodicidad mínima de 7 a 10 días, para que la Comisión Especial Pluripartidista diera cuenta de ello a esta asamblea.
Con el permiso de la Presidencia, hago entrega de la secretaría de la información detallada que fue proporcionada a la Comisión Especial Pluripartidista por el subsecretario Raúl Robles Segura, a fin de que esté a disposición de cualquier ciudadano diputado que desee consultar. Muchas gracias.
La C. presidenta: - Muchas gracias, compañero diputado.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se va a dar cuenta con una comunicación.
ARTICULO 11 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Honorable asamblea: en atención al requerimiento hecho a la Presidencia de la H. Cámara por el C. diputado Juan de Dios Castro, en la sesión del 3 de octubre próximo pasado, las abajo firmantes integrantes de esta mesa directiva estiman que existen un problema de interpretación jurídica en cuanto a la vigencia del artículo 76 del reglamento, en relación a lo estipulado por los artículos 61, 52 el 2o. transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los primeros establecen el procedimiento para desahogar el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, en tal virtud y dado el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece:
Artículo 58. "La Comisión de Reglamento, régimen y prácticas parlamentarias, se integra con 20 miembros de entre los diputados de mayor experiencia parlamentaria. Todos los grupos parlamentarios estarán representados en dicha comisión, a la que corresponde:
I.
II.
III. Desahogar las consultas de respeto de la ley de aplicación e interpretación de esta ley, reglamentos prácticas y usos parlamentarios."
La Presidencia ha turnado en uso de las facultades que establece el inciso b del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, el requerimiento presentado por el diputado Juan de Dios Castro a la Comisión de Reglamento, régimen y prácticas parlamentarias para su estudio y dictamen.
Atentamente. Octubre 15 de 1985.
Diputados: Beatriz Paredes Rangel, Jesús Murillo Karam, Salvador Esquer Apodaca, Jorge Cárdenas González, Francisco Hernández, Juárez Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Juan Moisés Calleja García.»
Trámite: - De enterado.
La C. Presidenta: - Proceda la secretaría a continuar con los asuntos registrados en el orden del día.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO LEY FEDERAL DE RADIO Y T. V.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Presentes.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República ya para los efectos constitucionales, Iniciativa de Decreto de Reformas a la Ley Federal de Radio Y Televisión.
Reitero a ustedes esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, no Reelección. México. D. F., a 11 de octubre de 1985.
El secretario. Licenciado Manuel Bartlett Díaz».
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión presentes.
La iniciativa que se presenta a la consideración del H. Congreso de la Unión propone reformas a diversos artículo de la Ley Federal del Radio y Televisión. Dichas reformas están dirigidas a actualizar disposiciones legales en materia de sanciones.
La Ley Federal de Radio y Televisión fue expedida en el año de 1960 y las sanciones que estipula han permanecido estáticas, por lo que hoy día aparecen exiguas e intranscendentes, carentes de los requisitos de ejemplaridad y disuasión que toda pena debe tener; por tanto, resulta urgente y necesario actualizarlas en la medida de los cambios ocurridos, de tal manera que recuperen su calidad de auténtica sanciones.
Además, se ha estimado que, como ha venido sucediendo con otros ordenamientos jurídicos que recientemente han sido reformados en sus disposiciones penales, las sanciones deben ser dinámicas, es decir, guardar relación con una pauta que las haga tener vigencia y actualidad permanente. Dicha pauta es el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana, que conforme a las normas de la legislación laboral deben percibir los trabajadores.
Por lo expuesto y en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, me permito proponer al H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
Artículo único. Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el título sexto, de la Ley Federal de Radio y Televisión, los importes mínimos y máximos establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana, a razón de un día por cada diez pesos, tomando en cuenta la fecha en que se cometió la infracción.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Renuevo a ustedes mi más alta y distinguida consideración.
México, D. F., a 11 de octubre de 1985.
Sufragio Efectivo. No Reelección. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H»
La C. presidenta: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Se recibe y se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Presentes.
Anexa al presente envío a ustedes Iniciativa de Decreto de Reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República.
Reitero a ustedes en esta oportunidad la seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección México, D.F., a 11 de octubre de 1985.
El secretario licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Presentes.
La presente iniciativa que se pone a la consideración del H. Congreso de la Unión, pretende actualizar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos únicamente en su artículo 8o. que prevé las sanciones aplicables en los casos de infracción a las disposiciones de la propia ley.
La reforma que se propone es paralela a las demás que se pretende efectuar a otros ordenamientos jurídicos en sus capítulos de sanciones pues es indubitable la necesidad de actualizar los importes de las penas pecuniarias que hoy día resulta ínfimas dado el tiempo transcurrido desde su implantación; la Ley de Navegación y Comercio Marítimo por ejemplo, tuvo vigencia a partir del día 21 de diciembre de 1963 y desde entonces en su artículo 8o. se estableció la imposición de una multa con limite mínimo y máximo que ya no responden materialmente al escarmiento de que deben ser objeto las conductas violatorias a las normas legales; también se encuentra prevista una sanción especialmente agravada para los casos de reincidencia, pero que tampoco es suficientemente persuasiva y ejemplar.
Es por ello que, sobre la base de una cantidad auto ajustable, deben cambiarse sus montos por otros que estén a torno con las condiciones actuales, y esto se obtiene solamente mediante el uso de un factor en dinero que pueda irse adaptando a dichas condiciones sin que jamás resulte injusto o desproporcionado.
En la gran mayoría de los ordenamientos legales modificados en tal sentido el factor aplicado ha sido el salario mínimo de los trabajadores, el cual periódicamente es revisado y generalmente incrementado para que, bien sea elevado al año o calculado por días, se convierta en la cantidad que con el carácter de multa proporcional como sanción a la falta cometida.
Por lo expuesto y en uso de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer al H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO
MARÍTIMO
Artículo único. Se reforma el artículo 8o. de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo para quedar como sigue:
Artículo 8o. Las infracciones a esta ley y sus reglamentos, excepto las que expresamente estén encomendadas a otras autoridades y que no constituyan delito, serán sancionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previa audiencia del infractor, con multas de diez hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana, en el momento que se cometa la infracción. Al efecto, al tenerse conocimiento de una posible infracción se notificará debidamente al presunto responsable, emplazándolo para que dentro de un término de 15 días, que puede ampliarse a juicio de la autoridad si las circunstancias así lo requieren, ofrezca las pruebas que estime convenientes. El monto de la multa será fijado teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las condiciones económicas del infractor. En caso de reincidencia que se considera como tal la repetición de un acto de las misma naturaleza en un lapso de seis meses, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Renuevo a ustedes mi más alta y distinguida consideración.
México, D. F., a 11 de octubre de 1985.
Sufragio Efectivo. No Reelección. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H»
La C. Presidenta: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
La C. Secretaría Consuelo Botello de Flores: - Recibo y se turna a las comisiones unidas de Comercio y de Marina.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE
«Escudo Nacional,- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal. - México. D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes Iniciativa de Decreto de Reformas a la Ley para el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero esa oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 11 de octubre de 1985.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Presentes.
Mediante esta iniciativa de reforma al artículo 26 de la Ley para el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, se requiere su modificación para adaptarlo a las necesidades actuales de contar con dispositivos eficaces y dinámicos en materia de sanciones.
En efecto, la mayoría de los instrumentos legales que prevén la aplicación de multas, como castigo en contra de quienes infringen la ley, han sido adecuados a la realidad económica del momento ya que actualmente aquellas resultan insignificantes en virtud del incremento del costo de las cosas y de los satisfactores; y no sólo en eso, sino que también se les ha imprimido el dinamismo necesario para evitar su anquilosamiento y rigidez, es decir, el paso del tiempo no debe impedir su actualización automática para que no pierda la vigencia y efectividad que toda norma de esta clase debe tener.
La Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana no debe ser la excepción, y aunque uno solo de sus preceptos previene la imposición de sanciones pecuniarias, en el artículo 26, cuya reforma se plantea, éste debe ser igualmente modificado para hacerlo uniforme con sus análogos de las demás leyes. Un patrón ha prevalecido en las más recientes reformas y éste ha sido la utilización de un valor variable que corresponde a los cambios que ocurren cotidianamente, el salario mínimo, el cual reúne las condiciones de equidad y versatilidad indispensables para el logro de lo que se pretende.
Por lo expuesto y en uso de la facultad que me confiere la fracción 1 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer al
H. Congreso de la Unión por conducto de ustedes la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA
MERCANTE MEXICANA.
Artículo único. Se reforma el artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana; para quedar como sigue:
Artículo 26. Las infracciones a esta ley, serán sancionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la siguiente manera:
I. A quien encomiende cargas a buques no protegidos por las reservas de carga a que se refieren los artículos 14 y 15, con multa de veinte a quinientos días de salario, y hasta mil días de salario en caso de recoincidencia.
II. La infracción al artículo 18 de la ley, con multa de diez días de salario.
III. La infracción al artículo 19, con multa de cincuenta a mil días de salario.
IV. La infracción al artículo 22 y 23 con multa de cincuenta a mil días de salario.
Para la fijación de las sanciones económicas se tomará el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana, en el momento de la ejecución de la infracción.
TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Renuevo a ustedes mi más alta y distinguida consideración.
México, D.F., a 11 de octubre de 1985.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»
La C. Presidenta: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Recibo y se turna a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Marina.
LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
«Escudo nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente envío a ustedes por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, Iniciativa de Decreto de Reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 14 de octubre de 1985.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión. Presentes.
La iniciativa que se presenta a consideración de la H. Congreso de la Unión propone reformas a diversos artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, dirigidas a establecer en forma más precisa las omisiones o lagunas existentes tanto en materia de atribuciones; de procedimiento para declarar el abandono de trámite y las garantías que se puedan otorgar para tal procedimiento, cuanto a actualizar los montos de las sanciones económicas.
La Ley de las Vías Generales de Comunicación expedida en el año de 1940, no prevé el procedimiento a seguir en caso de que un solicitante de concesión o permiso por causas imputables a él la deuda no continuar con los trámites de solicitud, ni tampoco establece la facultad del Gobierno Federal ejercida a través de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, para resolver la declaratoria de abandono de trámite.
Al mismo tiempo, es preciso ampliar la oportunidad a los interesados para que puedan asegurar la continuación de trámites para obtener concesión o permiso contribuyendo garantías como el depósito de la fianza.
La propuesta que invoca pretende suponer laguna u omisiones de la Ley de Vías Generales de Comunicación estimando que se debe determinar en forma expresa la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este procedimiento y sin menoscabo de las que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
Además, se pretende impedir que obstaculice el servicio que presta la Administración Pública por la indiferencia o falta de interés de los solicitantes de concesiones y permisos y propiciar que otros solicitantes para idénticos servicios quedan acceder a la obtención de la concesión o permiso para la explotación del servicio respectivo, cuando el seleccionado abandone el trámite, lo que redundará en el cumplimiento de los programas de desarrollo de los servicios que presentan las vías de comunicación.
Lo anterior implica preservar la actividad de la Administración Pública en la prestación de los servicios a su cargo, dándole validez a los principios de seguridad y certeza jurídicas en beneficio de los gobernantes en defensa, de intereses, así como preservar también el principio de legalidad de los actos del Estado.
Por otra parte, las sanciones previas en la citada ley, han permanecido exiguas y carentes de disuasión lo que hace necesario actualizarlas para que recuperen en su calidad de auténticas sanciones que preserven en primer lugar, el cumplimiento de las disposiciones legales y concurrentemente su calidad de preventiva de infracciones o delitos.
Además se ha estimado que, las sanciones deben ser dinámicas, es decir, guardar relación con una pauta que les haga tener vigencia y actualidad permanente. Dicha pauta es el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana, que conforme las normas de la legislación laboral deben percibir los trabajadores.
Por lo expuesto y en uso de facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer al H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes la siguiente iniciativa de
DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., fracción V y 15 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:
Artículo 3o. Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operen en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal:
I a IV. .......................................................................
V. Declaración de abandonos de trámite de las solicitudes de concesión o permiso, así como declara la caducidad o la rescisión de las concesiones y contratos celebrados con el Gobierno Federal y modificarlos en los casos previsto en esta ley.
VI a XIII. ........................................
Artículo 15. Recibida una solicitud de concesión la Secretaría señalará al solicitante del monto del depósito o de la fianza que deberá constituir para garantizar que se continuarán los trámites hasta que la concesión sea otorgada o negada.
La garantía solicitada será calculada en vista de la importancia de la vía proyectada y se devolverá tan pronto como se otorgue la fianza o se constituya el depósito que garantice el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la concesión y si el interesado abandona la tramitación de la misma, la garantía se aplicará en favor del erario federal.
Procede la declaración de abandono de trámite, cuando el interesado no cumpla con cualquiera de los requisitos técnicos, jurídicos o administrativos dentro del plazo que señale la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Para tal efecto se seguirá el procedimiento a que alude el artículo 34 de esta ley.
En todo caso, el plazo real para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos citados en el párrafo precedente, será de un año; sin embargo, a juicio de la Secretaría, dicho plazo podrá prorrogarse si existen causas que así lo ameriten.
Constituida la garantía de trámites, se procederá a efectuar los estudios técnicos que correspondan de acuerdo con las bases federales señaladas en el artículo 8o., y su el resultado de éstos fuere favorable, la solicitud, con las modificaciones que acuerde la Secretaría, se publicará a costa del interesado, por dos veces, de diez días en diez días, en e Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación, con el fin de que, durante el plazo contado a partir de la última publicación, las personas que pudieran resultar afectadas presenten sus abservaciones.
Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior no se presentan objeciones, o si las que se presenten no fueren de tomarse en cuenta, se podrá otorgar la concesión con las modificaciones de carácter técnico o jurídico que se estimen pertinentes, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y legales que señale la Secretaría.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el capítulo único, libro séptimo, de la Ley Vías Generales de Comunicación, los importes mínimos y máximos establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana, a razón de un día por cada diez pesos, tomando en cuenta la fecha en que se cometió la infracción.
Renuevo a ustedes mi más atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 14 de octubre de 1985.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»
La C. Presidenta: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Se recibe y se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
La C. Presidenta: - Ha solicitado el uso de la palabra, para presentar la iniciativa, el compañero diputado Manuel Fernández, del Partido Popular Socialista.
El C. Manuel Fernández Flores: - Señorita presidenta, compañeras y compañeros diputados. Después de este interesante debate en donde con toda claridad quedaron manifestadas las diferentes posiciones en torno a medida altamente positiva en beneficio del pueblo de México, en donde quedó en evidencia cómo las fuerzas democráticas revolucionarias avanzadas de nuestro país, oponen sus tesis de acuerdo con las principios de la Revolución mexicana a aquellos que definen los intereses de una pequeña minoría que se ha enriquecido a costa del pueblo de México.
El Partido Popular Socialista considera que en vista de una campaña se inicia ya, en donde hay amenazas por ejemplo en Nuevo León, en donde la iniciativa privada dice que va sacar todavía más sus capitales para depositarlos en el exterior para su seguridad; en donde la COPARMEX en Guadalajara señala la inquietante la decisión tomada por el gobierno.
Nuestro partido considera necesario que después de esta medida tan importante, se concrete en diversas formas el proceso de la reforma urbana en el marco de los principios de la Revolución mexicana. Por eso el Partido Popular Socialista se permite presentar a esta honorable Cámara de Diputados una iniciativa de reformas que dice así:
INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
FEDERAL PARA ESTABLECER LA SECRETARIA DE LA VIVIENDA
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Con fecha 7 de febrero de 1983 concluyó el proceso por el que fue adicionado el artículo 4o. de la Carta Magna elevando a rango constitucional el derecho de toda la familia mexicana a disfrutar la vivienda digna y decorosa, con lo que se dio un paso importante dentro de la larga lucha librada por nuestro pueblo, por elevar su nivel de vida.
Los antecedentes inmediatos y concretos de este valioso paso, que constituyó una victoria de todo el pueblo, fueron los siguientes:
El 24 de septiembre de 1981, la Cámara de Diputados conoció una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista en la LI Legislatura, según consta el Diario de los Debates, número 11, año III, Tomo III, al que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En la exposición de motivos de la iniciativa de adición al artículo 4o. de la Constitución que propuso el Partido Popular Socialista se señalaban , entre otros argumentos, los siguientes:
"La lucha librada por el pueblo mexicano a lo largo de su historia ha tenido tres objetivos fundamentales: el logro de la cabal independencia de la nación, la ampliación del régimen democrático y la elevación del nivel de vida. En esté último aspecto incluye la lucha por satisfacer las necesidades elementales: casa, vestido y sustento, así como conquistar el acceso a los bienes de la civilización y la cultura.
"La Revolución Mexicana de 1910 replanteó aquellos viejos propósitos del pueblo y constituyó un renovado vigoroso impulso la lucha por alcanzarlos. Hoy, siete décadas después del estallido revolucionario, podemos afirmar con certeza que hemos avanzado considerablemente en los tres aspectos, pero con todos ellos nos falta todavía un largo trecho por recorrer.
"En el caso de la elevación del nivel de vida de pueblo no hemos alcanzado siquiera la satisfacción de las necesidades mínimas elementales. Elevando porcentajes de compatriotas sufren de subalimentación, carecen de servicios médicos y asistenciales y no tienen acceso a una vida decorosa.
"Este problema en particular, el de la vivienda popular, ha sido motivo de luchas concretas emprendidas por los trabajadores y otras amplias capas sociales. Las acciones del Poder Público frente es urgente necesidad del pueblo han carecido de continuidad. Igual que en otros campos, algunos gobiernos han mostrado mayor sensibilidad que otros; se realizan avances y luego hay estancamientos; medidas positivas son abandonadas; el camino se desvía y nuevamente se retoma.
"Una ligera mirada retrospectiva a las medidas jurídicas y actos administrativos que se han dado en este campo nos permite recordar que la Constitución de 1917 plasmó, en la fracción XII del artículo 123, la obligación para los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas en renta baja, lo que constituyó la primera acción jurídica en la materia. En 1925 se estructuró la primera dependencia pública que construiría vivienda, la Dirección de Pensiones; en 1932 se constituyó el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas y en 1934 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda que debía estudiar el problema habitacional de las capas populares; en 1954 el Instituto Mexicano del Seguro Social inició
un importante programa de construcción de vivienda de renta muy baja para sus trabajadores y en 1956 hizo lo propio Petróleos Mexicanos. Vinieron luego las construcciones de grandes conjuntos habitacionales, como la Unidad Nonoalco Tlatelolco, que no siempre alcanzaron sus objetivos, y de extensas áreas de construcción unifamiliares, como San Juan de Aragón y otras, en diversos lugares de la capital del país. Surgió el FOVI (Fondo de Operación y Descuento Bancario de la Vivienda) y el FOGA (Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda) que son fideicomisos creados para otorgar apoyo financiero para la vivienda popular. En 1970 se creó la Dirección General de Habitación Popular del Departamento del Distrito Federal, hoy desaparecidos, y se creó también el INDECO ( Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular. En 1970 se modificó la ley Federal del Trabajo para fortalecer el derecho de los trabajadores a la habitación cómoda e higiénica, y en 1971 se reforma la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución para dar origen al INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores) cuya ley se expidió en 1972. En ese mismo año se establecieron el FOVISSSTE y el FOVIMI, fondos semejantes al INFONAVIT que atenderían a los trabajadores del Estado y los integrantes de las fuerzas armadas. Por último, en ese mismo año, se formuló la Ley General de Asentamientos Humanos, previas reformas a la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para legislar en esa materia.
"En el balance de todos estos esfuerzos, no siempre congruentes entre ellos ni adecuadamente continuados, arroja este resultado: en total, diversas dependencias públicas creadas para resolver el problema de la habitación popular construyeron en más de medio siglo, desde 1925 a 1978, 598, 542 viviendas.
Las necesidades, sin embargo, son mucho mayores. Las estimaciones más benignas entre el déficit de vivienda popular lo fijan en la actualidad en un millón de unidades, pero otras estimaciones lo elevan a más de siete millones. Uno o otro cálculo aún el menor, muestran la necesidad de multiplicar el esfuerzo de una manera substancial.
'A más de sesenta años de iniciada la Revolución Mexicana se hace indispensable supera la etapa errática y sigzagueante y elevar el nivel del compromiso surgido del gran movimiento popular en cuanto a atacar con mayor firmeza y continuidad del grave problema de la carencia de vivienda digna e higiénica para el pueblo.
"Estimamos que no pueden postergarse el momento de elevar a rango constitucional el derecho de los mexicanos a disfrutar de vivienda digna y decorosa, el que debe ser garantizado por el Estado.
Elaborando el dictamen aprobatorio por la comisión legislativa, fue dado a conocer a la Cámara, en primera lectura, el domingo 20 de diciembre y puesto en discusión en la sesión del lunes 21, fecha en que la Asamblea aprobó la iniciativa del Partido Popular Socialista por 238 votos en pro, 2 en contra y una abstención, según consta en el Diario de los Debates, número 45, III tomo III.
Concluido el proceso operativo del constituyente permanente, la Cámara de Diputados formuló la declaratoria en ese sentido, y el ejecutivo promulgó la reforma constitucional con fecha 7 de febrero de 1983.
Siendo un paso de la mayor importancia el de establecer un derecho fundamental en la ley suprema, es evidente que no basta con eso, sino que requiere después de una serie de medidas concretas de variada indole para alcanzar el propósito.
En ese sentido, después de consumada la elevación a rango constitucional del derecho de la vivienda, no se habían producido nuevas acciones de importancia, congruentes con la vía de la Revolución Mexicana, hasta el trascendente decreto ex propietario de 7 mil presidios, dictado por el Ejecutivo de la Unión con fecha 11 de octubre pasado, que toma el camino nacional revolucionario con el consecuente disgusto del sector patronal y las fuerzas de la derecha, vinculadas a los Estados Unidos.
El Partido Popular Socialista considera que muchas acciones están todavía pendientes de desarrollarse a efecto de avanzar con paso firme hacia a la satisfacción del postulado que se recoge en el artículo 4o. de la Constitución y estima que una de ellas sería la creación de una dependencia del ejecutivo, a nivel de secretaría de Estado, que asuma la responsabilidad de coordinar esfuerzos que hoy se encuentran dispersos en multiplicidad de fondos, fideicomisos, institutos y dependencias de variado carácter, nacional y local .Considera que debe modificarse, por tanto, la Ley Federal de la Administración Pública para crear la Secretaría de la Vivienda, la que deberá planificar, programar y coordinar los esfuerzos para dotar de vivienda digan y decorosa a todos los mexicanos.
En virtud de los expuesto, los suscritos, diputados a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que nos otorga la Constitución de la República nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea al siguiente proyecto de decreto:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
Artículo primero. Se adiciona el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con los siguientes dependencias:
SECRETARIA DE LA VIVIENDA
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:
Artículo 4o. A la Secretaría de la Vivienda corresponde al despacho de los siguientes asuntos: planear, normar, programar, coordinar y evaluar las acciones de las diversas instancias involucradas en la construcción de vivienda en el país con el propósito de avanzar hacia la pronta satisfacción del derecho social consagrado en el artículo 4o. de la Constitución, en el sentido de que toda la familia mexicana debe disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 1985.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: Indalecio Sáyago Herrera, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Martín Tavira Urióstegui, Hildebrando Gaytán Herrera, Adner Pérez de la Cruz, Vicente Calvo Vázquez, Gabriela Guerrero Oliveros, Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Manuel Fernández Flores y Héctor Morquecho Rivera.
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
ESTÍMULOS POR SERVICIOS A DAMNIFICADOS
La C. Presidenta: - En el uso de la palabra el señor diputado Homero Díaz Mota, del Partido Demócrata Mexicano, para una iniciativa.
El C. Homero Díaz Mota: - Con su permiso, señorita presidenta: compañeras y compañeros diputados:
La Sociedad Mexicana tiene la obligación moral ineludible del reconocimiento y la gratitud hacia personas físicas y morales que de alguna manera, en forma espontánea han realizado actos de manifiesto solidaridad humana, para rescatar a damnificados atrapados bajo los escombros de casas y edificios derrumbados por o atroces efectos del sismo telúrico que enlutó miles de hogares el 19 y 20 de septiembre del año en curso, quienes aun riesgo de su vida, pues varios perecieron en esas labores, han dedicado su tiempo libre sin más intención que la de asistir y auxiliar a los afectados, sin esperar recibir recompensa a sus infatigables y en muchos casos heroicos esfuerzos.
Estos actos civiles han demostrado la solidaridad reinante en nuestro pueblo mexicano, acciones que solo se hacen notorias en casos excepcionales como el presente en que la naturaleza se encargó ponernos a prueba, por ello, merecen ser premiados públicamente por conducto de nuestras autoridades en los términos de los artículos 26, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 82, 83, 84, 85, 86 y demás aplicables de la Ley de Premiso, Estímulos y Recompensas en vigor, por lo que, mi conducto, el Partido Demócrata Mexicano, viene ante la soberanía de esta honorable asamblea a solicitar el apoyo y el respaldo para que esta petición se haga llegar a las secretarías respectivas, promoviendo el otorgamiento de las condecoraciones " Miguel Hidalgo", en el grado que el Consejo de Premiación de la Secretaría de Gobernación determine de acuerdo con los hechos heroicos civiles realizados por los voluntarios; como premio, estímulo o recompensa a la conducta ejemplar y servicios relevantes a la humanidad. E igualmente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que de acuerdo con su Consejo otorgue a los merecedores el "Premio Nacional de Servicio a la Comunidad"
De igual manera, consideramos de justicia y digno reconocimiento el esfuerzo y la loable labor realizada en nuestra ciudad por los gobiernos y personas físicas y morales extranjeras, que tan bondadosamente ocurrieron y están ocurriendo desde sus remotos países en auxilio de nuestros damnificados, participando en labores de rescate, apoyando con su conocimiento y equipos a nuestras brigadas de espontáneos, autoridades civiles y militares y encargados de conciliar las maniobras; a los clubes de servicios, a los sindicatos, a los grupos de artistas voluntarios, a los particulares, asociaciones, etc., etc., que han contribuido con grupos de salvamento, con dineros, enviando equipos, artículos de consumo, medicinas, alimentos, etc., etc., todo lo que ha servido para aliviar en algo la pena de los damnificados por el sismo del 19 y 20 de septiembre anterior, recursos que han sido celosamente dedicados a cubrir su cometido por órdenes expresas del C. Jefe de Ejecutivo de la Nación, licenciado Miguel de la Madrid, quien con verdadero tino, preocupación e interés ha instruido en los encargos de la distribución de esos recursos tanto humanos como materiales para que sean empleados prudentemente, en forma positiva y prioritariamente en beneficio de los damnificados verdaderamente más necesitados.
Por todo ello se deberá otorgar a las personas extranjeras que lo ameriten de acuerdo con su participación en las labores de rescate y auxilio de los damnificados, las preseas que los honorables consejos de Premiación y jurados de las secretarías , de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, acuerden otorgar en el grado correspondiente a la
condecoración "Miguel Hidalgo", a la "Orden Mexicana del Águila Azteca", así como la presea del "Premio Nacional de Servicio a la Comunidad", para quien o quienes se hayan hecho merecedores, de acuerdo con los servicios realizados a favor y beneficio de los damnificados.
En consecuencia, habiéndose producido los actos civiles previstos y regulados por la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el Partido Demócrata Mexicano, por mi conducto, en los términos de la fracción III del artículo 30 y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la soberanía de esta asamblea y solicita su respaldo y eficaz apoyo para que se acuerde:
1o. Que nuestro gobierno premie a las personas mexicanas voluntarias que participaron y, o continúan participando en las labores de salvamento y auxilio a los damnificados y de las familias desdichadas que perdieron seres queridos, o sus pertenencias como consecuencia del sismo telúrico que azotó gran parte de nuestro territorio, en especial a esta ciudad el 19 y 20 de septiembre pasado.
2o. Teniendo la ineludible obligación moral de la gratitud y el sincero reconocimiento, a los gobiernos y personas extranjeros que espontáneamente dando verdadera muestra de la más acendrada y manifiesta solidaridad humana, sin importarles en ocasiones la pérdida de la vida, de su tiempo, de sus familiares, de sus bienes, participaron en las tareas de salvamento en beneficio de nuestros damnificados, merecen también premiados en los términos de la ley invocada de acuerdo con el dictamen que al efecto produzcan nuestras autoridades competentes.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, diputado licenciado Homero Díaz Mota.»
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REGISTRO DE CANDIDATOS DEL PARM
La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Reyes Fuentes.
El C. Reyes Fuentes García: - Con su permiso señorita presidenta. Señores diputados: Vengo a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a denunciar la intolerable, ilegal y arbitraria intervención del Secretario General del Gobierno del Estado de Nuevo León, en la vida interna del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en aquella entidad federativa.
Aquel funcionario pretende imponer a sus amigos como candidatos del PAN conforme a sus particulares intereses, se niega en cambio a registrar a los candidatos del Partido Auténtico y su base democráticamente designada. Si se aceptara esta intromisión, cualquier lista de candidatos que quisiera registrar un partido político tendría que contar con el permiso y anuencia de aquel gobernante; ello no es sólo ilegal y arbitrario, sino contrario a la reforma democrática, el pluripartidismo y el más elemental juego democrático de los partidos políticos.
Esta situación no se registra ahora, por cierto, en ningún otro Estado, a excepción con tristeza en Nuevo León. Dicho funcionario gubernamental estatal tampoco ha permitido que se registren los representantes del Partido Auténtico en la Comisión Estatal Electoral y consecuentemente en la Comisión Electoral no hay representantes del PARM.
El funcionario se ha negado a registrar también las planillas que le ha presentado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El PARM denuncia públicamente dicha intervención del secretario general de Gobierno de Nuevo León, rechaza esta intromisión que pretende ser suprema autoridad electora dentro del Partido Auténtico; por cierto que el PARM demanda la inmediata intervención de las autoridades superiores precisamente porque es un partido político nacional, es una institución política reconocida. Debe ponerse coto a esta intervención estatal que de tolerarse haría nugatoria la participación política y democrática en las elecciones de Nuevo León del PARM.
Que con la intervención de las autoridades superiores correspondientes al secretario general de Gobierno registra las planillas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que en cumplimiento de la ley, acepta a los representantes del PARM en la Comisión Estatal Electoral, que se resuelva inmediatamente esta situación que ataca a la vida democrática del país; nos asiste el derecho, nos asiste la razón, defendemos la legalidad de aquel estado.
Muy mal parado deja el secretario general de Gobierno de Nuevo León a los gobiernos anterior y actual que han manifestado en varias ocasiones respetar el derecho ciudadano y la democracia en las elecciones municipales en el estado de Nuevo León.
Si el señor Presidente de la República insiste en que no podemos seguir adelante en el cumplimiento de las grandes tareas nacionales sin el concurso del pluripartidismo y los partidos políticos, con qué derecho un funcionario estatal atenta criminalmente contra conductas generales de la nación. El PARM espera la intervención de las autoridades superiores que correspondan, ante los criticables hechos que tienen lugar en el estado de Nuevo León.
Esta es la petición que hacemos públicamente.
La C. Presidenta: - De enterado.
DECRETO EXPROPIATORIO DEL EJECUTIVO FEDERAL
La C. Presidenta: - En atención a la propuesta presentada por un grupo de diputados de Acción Nacional, Eduardo Turati Alvarez entre otros, en el transcurso de la etapa de la sesión en que se discutió la propuesta de la Gran Comisión, relacionada con el decreto expropiatorio. Esta presidencia turna la propuesta de referencia a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Proceda la secretaría a seguir adelante con los asuntos en cartera.
MINUTAS DEL SENADO
CONDECORACIÓN
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores:
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expedientes con minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Rafael Ibarra Consejo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 11 de octubre de 1985.
Senador Luis José Dorantes Segovia, secretario; senador Guillermo Mercado Romero, secretario.»
"MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Rafael Ibarra Consejo para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D. F., 11 de octubre de 1985.
Senador Manuel Villafuerte Mijangos, presidente; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario; senador Guillermo Mercado Romero, secretario.»
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La misma C. Secretaria:
«CC. Secretarios de la H. Cámara de diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Fernando Castro y Castro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Francia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 11 de octubre de 1985.
Senador Luis José Dorantes Segovia, secretario; senador Guillermo Mercado Romero, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Fernando Castro y Castro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador que le confiere el Gobierno de Francia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, D. F., 11 de octubre de 1985.
Senador Manuel Villafuerte Mijangos, presidente; senador, Luis Dorantes Segovia, secretario; senador Guillermo Mercado Romero, secretario.»
Trámite: - Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Embajador Héctor Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del León, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Senegal.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 8 de los corrientes, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Héctor Cárdenas para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional del León, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Senegal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de octubre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente: Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadez Ríos, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza,* Miguel Herrerías Alvarado, Alberto Mañueco Guzmán, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Maldonado Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis Ramírez, Graco Ramírez Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmall, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.»
* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Trámite: - Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Rutilo Trinidad Laguna Morales, María de Lourdes Soto Terán, Nabor Hernández Martínez y Roberto Socorro Jaimes Domínguez para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 8 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Rutilo Trinidad Laguna Morales para prestar servicios como encargado de mantenimiento en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Soto Terán para prestar servicios como recepcionista, secretaria bilingüe y traductora, en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Nabor Hernández Martínez para prestar servicios como jardinero en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Roberto Socorro Jaimes Domínguez para prestar servicios como portera en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de octubre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente: Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadez Ríos, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan M. Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan A. Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda Reyes R. Flores Zaragoza(*), Miguel Herrerías A., Alberto Mañueco Guzmán, Alejandro Ontiveros G., Sergio Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo Criollo García, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos Enrique Cantú Rosas, Antonio Monsivais R., Graco Ramírez Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo J. Pascual Moncayo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo M., José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza.»
*Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Trámite: - Primera lectura.
ASESINATO DE PRESUNTO DIPUTADO LOCAL CHIAPANECO
La C. Presidenta: - Ha solicitado sobre otro tema, el uso de la palabra el señor diputado Eduardo Robledo.
El C. Eduardo Robledo Rincón: - Compañeros diputados: Ante los hechos ocurridos el pasado día 10 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, asistimos con autorización de la presidencia de esta Cámara, como observadores a esa entidad los diputados chiapanecos Eraclio Zapeda, del PSUM; Homero Díaz Córdova y su servidor del PRI, y elaboramos un informe a la luz del documento unitario presentado ante esta Cámara el pasado día 8. Este es el texto compañeros:
"Por principio debe lamentarse y reprobar explícitamente el asesinato del presunto diputado local, licenciado Ardulio Gálvez, dirigente de la CIOAC y del frente de Abogados Democráticos en Chiapas. Es lo menos que puede hacerse ante una aberración que no sólo va en contra de las instituciones nacionales sino también contra los razonamientos más elementales en cuanto a la práctica de los asuntos políticos.
Fue un crimen que sólo puede ser útil a quienes se reivindican como beneficiarios de la provocación; fue una acción que mueve a la condena y requiere de reflexiones que vayan más allá del simplismo que interfiere la comprensión de los procesos que suelen ser más complicados.
En este marco, los hechos lamentables del 10 de octubre son la resultante de un cuadro social complejo. Esta realidad combinó actitudes provocadoras de elementos extraños a la manifestación por un lado y excesos policiales del otro. Para hablar de violencia regional en Chiapas, se requiere de un análisis más profundo que dé a la historia la jerarquía que le corresponde por encima de los argumentos de Agencia de Ministerio Público.
En Chiapas la violencia en algunas regiones del campo es un problema con antecedentes muy complejos, siglos de violencia en el sentido más pleno del término sentaron las bases para una realidad social de fuerzas contradictorias que difícilmente mantienen el equilibrio.
Tenemos una formación social agro exportadora cuyos soportes son la venta al exterior de satisfactores primarios y la producción de alimentos. Más del 40% del PIB se genera en el campo y el resto se relaciona con las áreas rurales mediante complejas redes comerciales.
En estas condiciones, la tenencia de la tierra constituye un eslabón de equilibrio que se rompe con extrema facilidad. A partir de la década de los 70s, se han agudizado los problemas agrarios. Las razones son diversas, aunque es posible hacer un recuento de las más importantes:
1o. El incremento de la población en el campo es de casi 4% por año. Tal situación da paso a presiones demográficas sin precedentes, de tal manera que comunidades que en 1950 tenían una disponibilidad familiar de 12 hectáreas, en 1980 sólo contaban con cuatro.
2o. La inutilización de casi 300 mil hectáreas de tierras ribereñas por el embalse de las presas, 50 mil más por los efectos del volcán El Chichonal.
3o. El desgaste físico de la tierra, que en un 75% se cultiva bajo formas tradicionales, que ya no corresponden a los niveles demográficos. Las tierras, cansadas, reducen en mayor medida las superficies con que se cuenta.
4o. Las migraciones procedentes de otras entidades con problemas agrarios que se asentaron en las áreas de la selva.
5o. La crisis económica de las ciudades que las limitan, como válvulas de escape, para las presiones rurales. La tierra se ha revalorado, pero también por el ascenso de las exportaciones. Uno y otro fenómeno hacen crecer el número de intensidad de los conflictos agrarios, y
6o. La ganaderización creciente de la economía, que en 1950 utilizaba 350 mil hectáreas para pastos, y que en 1980 insume casi un millón 750 mil hectáreas.
Todo lo anterior, se aúna a una realidad incuestionable: en Chiapas, como en buena parte de América Latina, la explotación de la tierra se ha dado en el marco de una convivencia con abundantes tensiones entre los grupos sociales que participan. La explotación extensiva de la fuerza de trabajo acumuló resentimientos, o por lo menos actitudes defensivas, que con frecuencia se traducen en actos de violencia.
Para mantener un orden desigual, no podrían estar ausentes los mecanismos de control basados en la coacción directa.
Durante años Chiapas fue un territorio con espacios políticos que se personalizaron en cacicazgos. La historia de la entidad está llena de indígenas despojados de patrimonios e identidades, indígenas descapitados, indígenas sin orejas, indígenas encarcelados, ahí están las flores de los frutos que hoy se cosechan, como resultado de una violencia tradicional se presenta la contraviolencia convertida en revueltas y contradicciones más profundas paradójicamente.
Las respuestas violentas abundan más cuando se busca una mayor participación de los indígenas en su propio desarrollo. Las válvulas que se abren a menudo traen riesgos de desatar procesos incontrolables.
El estado mexicano, en mayor o menor medida, ha hecho un esfuerzo sustancial por llevar su presencia a todos los espacios de la entidad. Desde los 70s. intento recuperar los espacios de poder regional para un proyecto nacional de conjunto, romper con estructura casiquil fue un objeto de corto plazo para iniciar un proceso de modernización social insoslayable. Ese resquebrajamiento de los mecanismos políticos que hasta entonces
funcionaban, no es un proceso que puede verse superficialmente, entre otras razones, porque esas fuerzas recreadas a sus propios mecanismos para mantenerse como factores de poder. Al afectarse total o en parte la estructura parcelada de poder, se liberaron fuerzas sociales cuyo encauzamiento no siempre ha sido correspondiente con la legalidad. Se dio una racha de bandolerismo rural que matizaba sus reivindicaciones con expresiones punibles en cualquier grupo humano regido por el derecho.
No es extraño que en Chiapas la respuesta a un proceso injusto sea la acción contraria a las leyes y en conjunto inicien la cadena de irregularidad. En este campo minado intervienen otros factores, tal es el caso del ascenso de nuevos grupos y la conformación de nuevos liderazgos. En este proceso la última instancia es el desdoblamiento de la sociedad tradicional ante factores de cambio económico y cultural. Con los caminos, las presas, las escuelas o las inversiones han llegado nuevos grupos que amenazan directamente a los mecanismos de cohesión comunal. Nuevos grupos económicos dominantes, nuevos grupos políticos o nuevos grupos religiosos se transforman así en amenazas para un estado de cosas, que bien o mal funcionaban; aquí la alternativa es clara: o se dejan las cosas como estaban o se afronta la necesidad de cambios que afecten intereses. La primera opción es el mantenimiento de injusticias y dejar que los beneficiarios cuiden el orden; la otra trae consigo los riesgos de todo privilegio que es amenazado y que reacciona con violencia.
A menudo esa violencia conservadora se disfraza como un lenguaje revolucionario.
En Chiapas como en todo el país, existen tres formas de la tenencia de la tierra claramente definidas por las leyes:
La privada, la ejidal, la social.
La privada, representa en Chiapas el 47% del total. en tanto que las formas sociales absorben el resto. Mantener vigentes los derechos en cualquiera de ellas no es una tarea fácil allá en el terreno de los hechos; sobre todo, porque se encuentran polarizados los intereses de un sector tradicional con la miseria de miles de campesinos que no poseen tierras para subsistir.
Cabe señalar que los conflictos por la tierra no se dan exclusivamente entre propietarios y ejidatarios o comuneros. Por el contrario, la mayoría de los problemas se dan entre ejidatarios contra ejidatarios y entre estos contra comuneros. Para encontrar el camino de salida otra vez se hace necesario olvidar las tablas rasas.
En Chiapas no se puede soslayar el proceso histórico, pero tampoco podemos creer en la milagraría social. En el fondo de los problemas que se hacen violencia, subyace una estructura con contradicciones que es necesario seguir atacando a fondo. La única respuesta es la transformación paulatina pero definitiva de la estructura productiva, que cada vez descanse menos en los renglones primarios, cuya base es la tierra y que definitivamente no va a alcanzar para los 60 mil solicitantes y para los 100 mil que no la solicitan pero que a todas luces la tienen en extensiones insuficientes.
El requisamiento de los excedentes de la producción local y los altos volúmenes de inversión federal no es una meta fácil ni mucho menos. Hoy la crisis económica del país y los recientes acontecimientos de la ciudad de México obligan a pensar en nuestras pautas.
Sin embargo, la comprensión de las verdaderas causas y dimensiones del problema debe preocupar a todos. Los problemas de Chiapas deberán ser afrontados con todas las energías del país. Hoy debe buscarse el entendimiento de los partidos y grupos opositores que canalizan el descontento explicable. No hay respuestas espectaculares, el trabajo debe hacerse día a día; plantear imposibles es provocar fuerzas que pueden tener resultados contraproducentes por tratarse de una entidad que linda con espacios de guerra civil declarada.
En el marco del documento unitario aprobado por el pleno de esta H. Cámara en la sesión del día 8, y con absoluto respeto por la soberanía de la entidad, se hacen las siguientes observaciones:
1o. Reprobar todo acto de violencia que rompa el orden jurídico.
2o. Continuar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones en torno al asesinato del licenciado Andulio Gálvez; continuar el proceso iniciado en contra de Adolfo Trejo Gallegos, cabo de la Dirección de Seguridad Pública del gobierno del Estado, quien asesinó al obrero de la construcción Andrés Pérez Botín, y proseguir las averiguaciones sobre los acontecimientos del 10 de octubre en la capital chiapaneca, condenando todo exceso policiaco y a todas las provocaciones que pudieran proporcionarles.
3o. Los grupos parlamentarios representados en la legislatura observarán el avance del orden democrático de la entidad, cuyas limitaciones se explican con un complejo proceso histórico y por la marginación que es difícil de superarse; se reitera que los partidos políticos registrados tienen plena libertad para revisar sus actividades en el marco de las leyes nacionales vigentes y no deberán existir interferencias a esta libertad.
4o. Crear un comité plural estatal con la participación del gobierno del Estado y representantes de todos los partidos y organizaciones para investigar los principales problemas agrarios de la entidad. Esta comisión podría proponer soluciones ante las autoridades correspondientes y los partidos políticos participantes se comprometen a acatar las disposiciones vigentes en la materia.
Firman este documento por la fracción parlamentaria de mi partido el Revolucionario
Institucional los 9 diputados chiapanecos; el PSUM, el PRT, el PMT, el PPS y el PST.
Por tratarse de un informe que ha obtenido el apoyo plural de todos los firmantes y por tratarse de un asunto de interés para la vida institucional y el desarrollo político del Estado, pido atentamente que la votación económica se autorice a esta presidencia sea turnado a las autoridades competentes para los efectos que correspondan. Gracias.
Consulte la secretaría en votación económica, si es de aceptarse el turno propuesto por el diputado Robledo.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si es de aceptarse el turno propuesto por el diputado Robledo, en relación al documento que acaba de dar lectura... Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie... Se turna a las autoridades competentes.
PROBLEMA DE LAS COSTURERAS
La C. Presidenta: - Ha solicitado el uso de la palabra, en relación a otro tema, la diputada Ofelia Casillas.
La C. Ofelia Casillas Ontiveros: - Señorita presidenta de la honorable Cámara de Diputados; compañeras diputadas y compañeros diputados: Los mismos 19 y 20 de septiembre desencadenaron consecuencias graves de carácter económico y social.
Nunca como en esos momentos, fue tan real la tesis de la historia la escriben los pueblos y que no esperan para hacerla, ni permisos ni pareceres; nunca como entonces México fue más grande, por eso, todas las instituciones públicas están obligadas a crecer y a ponerse al tamaño del pueblo y de sus demandas.
Veamos entonces con toda sensibilidad que los problemas ocasionados por el sismo no son ni pocos ni fáciles de resolver. La tragedia no tuvo preferencias cayó sobre familias enteras, destrozó hogares, talleres, escuelas, oficinas y fábricas. Particularmente me interesa destacar cómo se mostró la grosera epidermis de la justicia laboral, de la situación de trabajo, de la condición social y económica de miles de mujeres proletarias que dejaban sus vidas en las voraces manos de los industriales del vestido. Me refiero a las costureras y aun a pesar de los avances significativos en materia de seguridad social, viven desamparadas; damnificadas de por vida de los beneficios sociales.
La ley en materia laboral precisa y clarifica caminos, pero lo que hoy más que nunca es menester utilizar su fuerza frente a la realidad que nos planteó y dio a conocer las condiciones adversas de miles de compañeras, que hoy reclaman justicia y solidaridad.
Ellas no sólo perdieron a su familia, viviendas, fuentes de trabajo, sino que están a punto de perder la posibilidad de que por una vez la justicia esté a su lado.
Es en este punto donde los legisladores debemos alentar nuestra conciencia para asumir nuestro compromiso de recoger las demandas más sentidas de las trabajadoras del vestido; abanderar con honestidad su lucha. No podemos dejar de lado sus problemas, desdeñar su lucha y mucho menos convertirnos en cómplices de sus desgracias.
Asumamos con decisión el problema, que no nos sorprenda su magnitud. Si ahora la tragedia nos la muestra con suma elocuencia, no es porque antes hubiera existido, el problema de las costureras, sino que ahora se ha agudizado su situación de penuria por la carencia de su centro de trabajo.
Hoy no se vale la manipulación con el hambre y la adversidad. El problema existe y frente a él no hay que olvidar que lo primero es ser y después conocer.
En esta Alta Tribuna de la República venga a proponer algunas medidas que considero fundamentales en función de nuestras elevadas responsabilidades e irrenunciables compromisos:
Primero, apoyar a las compañeras costureras para que se organicen en el marco de la ley en sindicatos bajo la dirección de sus líderes naturales.
Por la renunciación de los centros de trabajo y la condición de la relación laboral, buscando nuevas formas de protección de las trabajadoras de la producción.
Exigimos que los patrones cubran de inmediato los gastos de pensiones por pérdida de vida y familiares, indemnizaciones y pago de prestaciones.
Que sea el Gobierno Federal quien custodie equipo y maquinaria hasta en tanto los patrones no cumplan con sus obligaciones.
Al respecto el secretario de Trabajo y Previsión Social ha manifestado que en el caso que nos ocupa hay una serie de complicaciones muy graves. Inspectores del trabajo, de sindicato y de autoridades, es decir, que existe una monstruosa componenda, que requiere la consignación de los responsables. Eso, señores diputados, debemos apoyarlo.
Seremos y debemos ser vigilantes insobornables de la aplicación de todas las medidas que se acuerden, siempre en favor de nuestras trabajadoras, pues es sabido que la expedición de leyes por si sola no resuelven los problemas, sino que se necesita de su honesta aplicación.
Nuestra solidaridad no quedará en el discurso ni en el apoyo moral sino que estamos determinando acciones concretas de urgente resolución, por lo que demandamos también castigo ejemplar, con la ley en la mano, a quienes conculquen con el dolor humano, frente a la mascarada opondremos la acción, frente a la reacción la fortaleza de la República, y frente a la contrarrevolución la
verdad de un pueblo que está en pie de lucha. Muchas Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Ha pedido la palabra, para hechos, la compañera diputada Botello, quien pidió autorización a esta presidencia para abandonar la secretaría a efecto de pronunciar su planteamiento.
La C. secretaria Consuelo Botello de Flores: - Con su permiso ciudadana presidenta; compañeros diputados: Muy interesante, muy humano, muy digno de ser tomado en cuenta el planteamiento que acaba de hacer la diputada Casillas. Es penoso que haya sido necesario un hecho de la naturaleza tan tremendo y tan brusco como el terremoto, para que haya aflorado a la luz pública este problema tan serio que nos atañe a unas cuantas personas, sino que realmente son cientos de miles de mujeres que han estado trabajando explotadas y desprotegidas por todas las leyes, por todos los organismos que siempre dicen estar muy preocupados por ayudar a los desamparados.
Precisamente yo pertenezco a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y ahí hacía este planteamiento: que deberíamos acudir como comisión ante el secretario de Trabajo para pedirle una seria investigación sobre este problema. ¿Qué hacían durante todos estos años que estas obreras permanecían explotadas y desprotegidas por la ley y por los líderes sindicales? ¿Qué hacían las autoridades de trabajo que siempre han estado preocupadas, según su propio decir y según actuación congruente a eso, por los obreros, por todos aquellos que tienen que prestar sus servicios y que deben estar reconocidos con todas las prestaciones y con todas las protecciones que la ley en este país, que está orgullosísimo de su Ley Federal de Trabajo, desarrollando como ley reglamentaria del 23 constitucional? ¿Qué hacían las autoridades de Trabajo? ¿Qué hacían esos extraordinarios líderes, que los hemos visto, cuando menos en mi ciudad que es muy industrial, en Monterrey, hemos visto su extremado celo, a veces en demasía, para proteger a tres o cuatro personas que no están pidiendo protección porque a veces son dueños, condueños del negocio y que, sin embargo, a nombre de ellos a veces se emplazan a huelga y a cuestionamiento porque no están protegidos por la ley? ¿Qué hacían estos celosos líderes ante una situación como la que se está viviendo no solamente el Distrito Federal, aquí afloró por causas del terremoto y la caída de varios edificios de este tipo, pero que se da en grandes ciudades industriales?
Señores, yo considero que es muy bueno el planteamiento de la diputada Ofelia Casillas, pero también considero que debemos evitar mucha demagogia en nuestras persecuciones a veces de patrones o de líderes, o de obreros en general, que debemos reflexionar para lograr mucho más sanear la vida de trabajo de nuestros compatriotas.
Necesitamos reflexionar como legisladores y darnos cuenta que hay mucho de demagogia en planteamientos que se hacen públicamente donde se dice que se defiende a los desamparados, a los damnificados, a los obreros. Donde se nos acusa a nosotros, los del Partido Acción Nacional, de que no queremos, de que no nos preocupamos por los damnificados, sin separar un cosa de otra de las que estamos planteando. Pero que realmente debe haber mucha más preocupación por los que se llaman realmente líderes obreros. Mucha mayor preocupación por las autoridades del trabajo y por todos aquellos organismos inodados en este problema, para que no se repita este lastimoso cuestionamiento y que a estas obreras que ahora han estado acudiendo a los organismos especializados para resolver su problema, y que se encuentran a veces con que estos organismos para poderles dar la protección de la ley, se les exige la tarjeta, el papelito rosa de alta al Seguro Social o cualquier otro documento que precisamente es lo que básicamente les faltaba porque no estaban cubiertas por ninguna prestación.
Yo invito a mis compañeros legisladores a que reflexionemos sinceramente para evitar estos problemas, que realmente dañan a una población realmente desprotegida como son las mujeres trabajadoras en el ámbito de la costura. Muchas gracias.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Pido la palabra, para hechos.
La C. Presidenta: - ¿Para hechos, sobre este tema, señor diputado Piñeiro?
El C. Genaro José Piñeiro López: - No.
La C. Presidenta: - Le ruego me permita dar el turno correspondiente. Túrnese las proposiciones de la diputada Casillas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DELIBERACIONES DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO SOBRE LA DEUDA EXTERNA
La C. Presidenta: - Ha solicitado el uso de la palabra, sobre otro tema, el profesor Hernández Juárez.
El C. Francisco Hernández Juárez: - Con su permiso, señora presidenta: compañeras y compañeros diputados: Voy a dar lectura a un documento suscrito por varias fracciones parlamentarias integrantes de esta Cámara, para comentar las deliberaciones del Parlamento Latinoamericano sobre la deuda externa, realizada recientemente en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El documento dice lo siguiente:
"Las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista, del Partido Mexicano de
los Trabajadores, del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México, saluda la declaración de Montevideo, histórico documento que recoge el pensamiento del pueblo latinoamericano expresado pluralmente a través de los partidos y naciones que por mandato democrático integran el Parlamento Latinoamericano.
La Declaración de Montevideo suscrita en aquella ciudad el 12 de octubre pasado, expresa la alarma de nuestros pueblos y parlamentos por la gravedad de la crisis que castiga a Latinoamérica, la paralización de su desarrollo y la acentuación de sus seculares deficiencias e injusticias, cuyo peso recae en mayor medida sobre los sectores más pobres y necesitados.
La Declaración de Montevideo toma en cuenta que todos los graves problemas que abruman a los pueblos latinoamericanos, el de la deuda externa es el que demanda un enfrentamiento inmediato y a fondo, pues constituye el más pesado yugo económico que haya conocido América Latina desde el comienzo de la vida independiente.
La Declaración de Montevideo expresa de manera justa que la reciente reunión del Fondo Monetario Internacional en Seúl, defraudó las expectativas que pudieran haberse abrigado respecto a una modificación de actitudes por parte de los países acreedores, escuchándose en cambio iniciativas que por lo tardías, insuficientes y egoístas defraudan totalmente las esperanzas de 300 millones de latinoamericanos y un número mayor de los que pueblan el mundo en vías de desarrollo.
La Declaración de Montevideo considera que el consenso de Cartagena configura un avance significativo el que deberá profundizarce con la participación de todos los países latinoamericanos interesados.
Considera, además, de manera correcta, que América Latina cuenta con fuerzas suficientes, como no la tuvo en los últimos 30 años, para modificar las injustas relaciones comerciales y conseguir avances hacia un nuevo orden económico internacional.
Considero que dada la magnitud de la deuda externa de los países de la región, la potencialidad de las medidas unilaterales que afecten el funcionamiento del sistema financiero internacional, le otorgan a la unidad de los países latinoamericanos un poder de negociación como nunca se tuvo en el pasado.
La Declaración de Montevideo considera que el marco global para la negociación política y colectiva que sirva de base a las negociaciones de cada país, debiera contener:
a) La aceptación de la corresponsabilidad en la gestión y multiplicación de la elevada deuda externa de la región.
b) La necesidad de una negociación más equitativa, que asegure la reactivación y el crecimiento autónomo de la región.
c) La necesidad de revertir sustancialmente la actual transferencia de recursos de los países deudores y subdesarrollados hacia los países acreedores y desarrollados.
La Declaración de Montevideo considera, con toda razón, que es imperativo preservar la autonomía de las políticas económicas de los países de América Latina, en función de sus intereses nacionales, sin condicionamientos que limiten su desarrollo económico y social.
La Declaratoria de Montevideo expresa la resolución del Parlamento Latinoamericano en torno al problema de la deuda, en los siguientes términos:
1o. La deuda externa de América Latina es impagable en las actuales condiciones impuestas por los acreedores. Hacerlo implicaría gran riesgo para la paz social y la estabilidad del sistema democrático de la región.
2o. La deuda externa es un problema fundamentalmente político y la forma como se solucione depende, en gran medida, el futuro de América Latina.
3o. La unidad de los países latinoamericanos es requisito imprescindible para enfrentar la solución de la deuda y para la plena instrumentación de las medidas contenidas en esta declaración y el programa de acción sobre el establecimiento del nuevo orden internacional.
4o. Interesa vitalmente a los países de América Latina resolverla mediante un tratamiento político colectivo al más alto grado del nivel entre los gobiernos de los países deudores y gobiernos y entidades acreedoras. Con tal objeto, se encomienda a la Junta Directiva que promueva una reunión de presidentes democráticos de la región, para coordinar las posiciones que puedan adoptar en común los países latinoamericanos.
5o. Es necesario proponer acciones concretas para solucionar en forma urgente y efectiva el problema de la deuda de América Latina, entre ellos se menciona:
a) Lograr una reducción sustancial de las tasas de interés en congruencia con el marco histórico de la concentración de la deuda;
b) Obtener nuevos plazos para el pago del servicio de la deuda derivados en cada caso por un porcentaje real de las exportaciones sin afectar la atención de las necesidades básicas del desarrollo económico y social de los países deudores;
c) Concertar el flujo de nuevos financiamientos firmados dentro de los principios explicativos y orientados a promover el desarrollo, porque sólo podrá pagarse a través de éste;
d) Eliminar las barreras proteccionistas de los países desarrollados, y
e) Rectificar la política de precios en relación con las exportaciones de los países deudores y en esencial en lo referente a las materias primas.
De no lograrse lo anteriormente expuesto las circunstancias impondrían postergar el cumplimiento del pago de los servicios de la deuda externa.
6o. La unidad de países de América Latina es, además, el camino indispensable con
miras a alcanzar formas más avanzadas de cooperación e integración regional que aseguren el desarrollo económico con justa distribución del ingreso y el respeto de las soberanías de las naciones latinoamericanas.
En razón de ello, remitir la presente para su consideración en el XXI período de sesiones de la CEPAL y el XI Consejo Latinoamericano del SELA. Remitir, asimismo, la declaración al Parlamento Europeo y demás organizaciones internacionales.
Y acuerda:
1o. Rectificar vigorosamente la decisión del Parlamento Latinoamericano de movilizar a los parlamentos nacionales que lo integran y a todas las organizaciones políticas democráticas, a gremios y fuerzas populares en defensa de los intereses de los pueblos de nuestra América para obtener una modificación fundamental de los términos en que actualmente se exige el pago de la deuda externa.
2o. Apoyar la posiciones claras y enérgicas adoptadas por gobernantes latinoamericanos en materia de la deuda externa, y frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. La deuda no puede pagarse al alto precio del retroceso económico, la desocupación masiva, la destrucción de la democracia y el múltiple sacrificio de nuestros pueblos, ya que no es posible que para ellos se cancele el proceso de desarrollo económico y social.
3o. Reiterar la vocación integracionista que inspiró la fundación y justifica la existencia del Parlamento Latinoamericano, considerando que una Comunidad Económica Latinoamericana y los organismos económicos y financieros autónomos regionales que ella implica, son el ideal instrumental cuyo funcionamiento se hace impostergable.
Las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista, del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México declaran su plena coincidencia y solidaridad con las consideraciones, resoluciones y acuerdos tomados por el Parlamento Latinoamericano en su reciente asamblea extraordinaria y expresados en la declaración de Montevideo firmada en aquella ciudad el 12 del corriente mes de octubre, y llaman al Parlamento Mexicano en su conjunto a difundir este histórico documento y a las fuerzas democráticas, patrióticas, progresistas y revolucionarias de nuestro país a luchar por su aplicación enérgica y consecuente.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 1985.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amexcua Dromundo; por la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores, compañero Eduardo Valle Espinoza; por la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, compañero Graco Ramírez Garrido Abreu; por la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, Arturo Whaley Martínez. Muchas gracias.
El C. Juan José Bremer Martino: - Solicito la palabra, para hechos.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos, diputado Bremer.
El C. Juan José Bremer Martino: - Ciudadana presidenta; compañeros diputados: Solamente unas breves palabras en relación con el manifiesto, la declaración del diputado Francisco Hernández Juárez, a nombre de diversas fracciones parlamentarias que acaba de leer.
Damos la más amplia bienvenida a la declaración reciente del Parlamento Latinoamericano reunido en la ciudad de Montevideo. En esta declaración tuvo una activa y distinguida participación la delegación de México. Recoge la declaración de Montevideo una creciente preocupación que se abre paso en los pueblos del continente latinoamericano por plantear de una manera lúcida, de una manera determinante el problema económico de América Latina en sus relaciones con las naciones altamente industrializadas. Recoge, también, la declaración del Parlamento Latinoamericano un hecho significativo en donde al que nosotros, compañeros diputados, debemos darle la más cálida bienvenida, el que se abra paso en la escena internacional la participación creciente y responsable de los órganos representativos, de los órganos populares en la escena internacional, esto viene a darle nuevo oxígeno, a darle nuevos caminos, a darle nuevas alternativas de reflexión a un mundo que luego nos parece viciado por estar encerrado en énclades o circuitos cerradas de poder; la participación de los parlamentos del mundo, como órgano de representación popular en la política internacional es de la mayor importancia en estos momentos para todos los pueblos del mundo.
Por estas dos razones, consideramos altamente significativa esta manifestación de diversas fracciones parlamentarias a la que se une la fracción mayoritaria que represento. Consideramos de la mayor importancia que esta Cámara esté presente cada día, más activamente, cada día más enérgicamente en las deliberaciones de ese nuevo fenómeno internacional que es la diplomacia parlamentaria, bienvenida, pues, la presencia internacional de todos los partidos del mundo. Muchas gracias.
VISITA A TEPITO
La C. Presidenta: - El diputado Piñeiro había solicitado el uso de la palabra, para hechos.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Señora presidenta; compañeros: Si bien el hecho de haberme retirado de la plenaria, no fue en
una comisión especial, si he querido hacer uso de esta tribuna para hacer algunos señalamientos referentes a la visita que hicimos al barrio de Tepito, en Ecuador 116.
Quiero agradecer, en primer término, toda la gentileza del compañero Ricardo Francisco García Cervantes, quien accedió a acompañarme y quien así lo hizo para que fuésemos a esta reunión, donde se estaba instalando, estaban llegando los representantes del consejo de Tepito, que es una de las colonias que con otros consejos de otras diversas colonias conforman el directorio de defensa de damnificados, vecindades insurgentes.
Llegamos, pues, a esta reunión y se presentó al compañero diputado, a un servidor, así como a dos acompañantes más, otro compañero diputado del PAN y un asesor jurídico.
Los compañeros, muchos de ellos que durante varias horas estuvieron en las galerías escuchando las diversas intervenciones, y los trataron, en mi opinión, con mucho respeto, no obstante, a que repito, su incomodidad ante la confusión de ahora escuchar muy buenas intenciones y algunos buenos planteamientos del diputado Ricardo Francisco García Cervantes, fueran no ampliamente bienvenidos porque al fin en Tepito no faltó un compañero que señalara que en su videocasetera había grabado íntegramente la entrevista del diputado González Schmal, que ésta había sido en un noticiero de la mañana y que oficialmente ahí se ofrecía apoyo jurídico o total a los caseros para defenderse contra los efectos del decreto.
Esto, obvio, había una actitud, yo trate, se trató de calmar en ocasiones para evitar que interrumpieran constantemente a los diputados, porque ellos, bueno, en su intención de explicar que ese era el objetivo fundamental, pues la actitud ya receptiva de los compañeros de Tepito estaba ya formada por una serie de declaraciones como esta de la videocasetera hecha por el señor González Schmal, y por las otras que fueron expresadas en esta tribuna y que a viva voz las escucharon los compañeros.
Afortunadamente, quiero señalar, que los compañeros en un sentido democrático, pidieron el que ellos vendrán con sus dirigentes para que las diversas fracciones parlamentarias, los diversos partidos, la totalidad de los aquí representados, podemos en un foro, irles a exponer nuestras tesis, nuestras políticas, nuestros puntos de vista sobre este decreto. Esta fue una actitud que los compañeros propusieron y que aprobamos, porque yo en lo personal con la representatividad de mi partido y como invitado oficial del compañero la acepto y la aceptaron ellos y esperamos que la acepten el resto de los compañeros de los demás partidos para que ahí se expresen las posiciones de los partidos sobre la importancia y la claridad de este decreto.
Quiero señalar que si un compañero del directorio les pidió a los compañeros del PAN que cuando se haga este foro lleven a los caseros para que también estén presentes y escuchemos sus puntos de vista, lleven a sus representados y no únicamente a los compañeros que viven en esta colonia.
Por último, quiero transmitir lo siguiente: Una vez terminado esto de haber acordado, nos retirábamos, yo me esperé uno momentos en lo que llegó un compañero de dicho directorio que llevaba consigo en ese momento una copia de un acuerdo de proposición de que ya había sido votada en forma nominal la proposición del diputado Eliseo Mendoza Berrueto, un acuerdo donde los ocho partidos lo firman, donde apoyan el contenido y el fondo de decreto y me pidieron que transmitiera a la Legislatura la más grande felicitación por esa decisión de apoyo y todo el agradecimiento de los pobladores inquilinos de Tepito. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Había solicitado el uso de la palabra, para hechos, el diputado García Cervantes.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Ciudadano presidenta; señores diputados: Después de agradecer la invitación al diputado Piñeiro, informar a esta asamblea que efectivamente en la colonia de Tepito encontramos a un grupo de ciudadanos tepiteños organizados en un directorio de damnificados que están trabajando, siento yo, efectivamente, muy efectivamente en la, consecución de su propósito de hacerse de una vivienda digna a la que tienen derecho.
Recibieron con mucho respeto, como lo establecía el diputado Piñeiro, la posición de Acción Nacional representado por su servidor, y es verdad que algunos de ellos manifestaron cierta extrañeza, sin embargo, esto es muy explicable por la poca información o la información de alguna manera tendenciosa a la que algunos de ellos probablemente hayan sido sometidos.
Sin embargo, creo que al final se llegó a una conclusión que quiero en este momento solicitar a todos los partidos que en el momento que nos hagan la invitación para participar en un foro, ellos calculan tener pronto organizados entre 500 y mil representantes de vecindades a ese foro, se le pueda dar la difusión que este acto amerite, y creo que será mucha, y en la cual podamos participar todos los partidos políticos probablemente con unas bases que ellos mismos están de acuerdo en venir a platicar y a organizar, para llegar a algo que puede ser histórico, que es abrir de plano el Foro Nacional para ventilar abiertamente los problemas que aquejan al pueblo de México.
Sería un avance histórico el que todos tengamos la oportunidad de expresarnos con la misma, con el mismo derecho de difusión de nuestras ideas y así no habría estas falsas interpretaciones sobre la postura de Acción Nacional, en el sentido de que se está brindando asesoría indiscriminada a caseros; eso
es realmente falso, eso es realmente tendencioso afirmarlo.
Lo que Acción Nacional, y lo ha repetido, ha ofrecido, es la asesoría para garantizar que aquellos inquilinos que han sido sujetos al decreto de expropiación, esto es, que de alguna manera son afectados, tengan la garantía de que van a ser ubicados en una vivienda en el mismo domicilio que habitan, en una vivienda construida con los márgenes de seguridad y con las condiciones de dignidad que se requieren, pero que a ellos mismos que viven allí les serán entregadas, a título oneroso, sí, pero también con título de propiedad.
Y también hemos ofrecido por la voz de nuestro coordinador del grupo parlamentario, la asesoría a aquellos jefes de la familia, a aquellos propietarios de su casa que viven en ella, que no la rentan, que no fue afectada por el temblor y sí afectada por el decreto y a ellos se les está haciendo la invitación a que acudan a defender el derecho que tienen a permanecer en sus viviendas porque no fue afectada, porque no está rentada y porque ahí viven con su familia. Esa es la posición del PAN. Yo espero que todos los partidos, al recibir la invitación del Directorio de Damnificados podamos participar en ese foro con la difusión que este momento histórico y que esa actividad histórica también, nos va a dar la posibilidad de expresarnos en la democracia. Muchísimas gracias, gracias señorita presidenta. (Aplausos).
RECLAMOS SOBRE EL DECRETO EXPROPIATORIO
La C. Presidente: - Sobre otro tema ha solicitado el uso de la palabra la diputada Marcela González Salas.
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - Con su permiso, señora presidenta; honorable asamblea: La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional está de acuerdo, como aquí se ha expresado, en lo general, con el decreto expropiatorio por todos los argumentos ya aquí reiterados; sin embargo, conscientes del régimen de derecho en que vivimos, todo aquel ciudadano que haya sido afectado injustamente, tiene derecho a recurrir a lo que la ley prevé en estos casos.
Por otro lado, a utilizar la representación popular a través de esta honorable Cámara de Diputados para que esta intervenga en los casos que estime que el quejoso tiene derechos que deben ser reconsiderados, previo análisis amplio como los casos que aquí se han ya mencionado.
Por tal motivo, proponemos a este pleno que sea la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la que atienda de manera prioritaria los reclamos, los analice y promueva, lo que corresponda en su justa dimensión; en atención a que esta comisión está integrada por todas las corrientes partidistas.
Por lo tanto, proponemos a esta asamblea, que de ser necesario la Comisión de Información, Gestoría y Quejas amplíe el número de sus miembros para estar en condiciones de atender con prontitud y eficacia todas y cada una de las quejas y reclamos que se presenten es esta H. Cámara de Diputados y que por ser urgente y obvia resolución , se consulte a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno.
Se lo entrego, señora presidenta, a la secretaría para el trámite correspondiente.
La C. Presidenta: - Muchas gracias, compañera diputada, consulte la secretaría en términos del artículo 60 del reglamento, si es de considerarse de urgente y obvia resolución la propuesta que ha sido presentada.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a esta asamblea en los términos del reglamento y de los artículos ya citados, si es de aprobarse esa proposición como de urgente y obvia resolución... Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Aprobado como de urgente resolución.
La C. Presidenta: - En tal virtud túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, a efecto que implemente lo planteado y presente la propuesta de ampliación ante este pleno.
DECRETO DE EXPROPIACIÓN
SITUACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE JAMAICA
La C. Presidenta : - Sobre otro tema, había solicitado el uso de la palabra la diputada María del Carmen Jiménez de Ávila.
La C. María del Carmen Jiménez de Ávila: - Señorita presidenta; señoras y señores diputados: Antes de entrar en materia de mi intervención, quiero remitirme a un punto del decreto de expropiación. Este decreto no ha sido publicado íntegramente mas que en el Diario Oficial, órgano de la información que muy pocas personas tienen a su alcance y por lo tanto lo leen.
Así pues, pido que cuando menos en atención a las personas que van a ser afectadas, se publique ampliamente en todos los diarios, una lista con todos los predios que serán afectados.
Hecho esto, paso a hacer una proposición que fue realmente para lo que subí a esta tribuna.
«Propuesta para exigir y vigilar el cumplimiento de la ley en el caso de los comerciantes y locatarios del Mercado de Jamaica.
El diputado Jesús Alcántara leyó el día 10 de este mes un informe, según el cual, ante la grave situación por la que están atravesando los comerciantes del mercado de
Jamaica, una subcomisión de la Comisión Especial, integrada a raíz del terremoto, se entrevistó el día 1o. de octubre con el director de gobierno del Departamento del Distrito Federal, licenciado Carlos Vega Memige, quien manifestó a la subcomisión que en ningún momento se había pretendido afectar a los locatarios y comerciantes del mercado de Jamaica y que sus intereses serán absolutamente respetados por las autoridades de ese departamento.
Dijo también el diputado Alcántara que ante la inquietud de comerciantes y locatarios, la subcomisión tuvo otra entrevista, el día 10 de este mes con el contador Ramón Aguirre Velázquez, regente de la ciudad de México, quien les manifestó que el Departamento del Distrito Federal había tomado al respecto los siguientes puntos resolutivos:
Primero. Los mayoristas se ubicarán en la Central de Abastos.
Segundo. El mercado de zona permanece en el mismo lugar además se ampliará en un 50%.
Tercero. Los comerciantes ambulantes se incorporarán al mercado de zona mediante el padrón y de acuerdo a la capacidad del mercado, previo sorteo.
Cuarto. El mercado de comidas permanece en su lugar.
Quinto. Para los comerciantes ambulantes que se han desalojado se plantean tres alternativas que ellos discutirán y seleccionarán de acuerdo a sus intereses:
1o. Tianguis con ruta.
2o. Tianguis fijo cerca del mercado de Jamaica.
3o. Ubicación en un mercado que se construirá completamente nuevo en otra zona.
4o. Reubicación en 35 mercados de la delegación.
Sin embargo y a pesar de lo dicho por las autoridades entrevistadas, lo cierto es que sí se han afectado gravemente los intereses de los comerciantes y locatarios de dicho mercado ya que por una parte fueron desalojados con lujo de fuerza pública violando los derechos humanos, decomisándoles sus enseres de trabajo tales como básculas, canastos, etcétera, además de sus mercancías, sin que hasta la fecha nada les haya sido devuelto y por otra hace 25 días que no pueden trabajar y muchos tienen serios problemas de subsistencia.
Sé por voz de los propios locatarios que el acordonamiento y desalojo se efectuó después de que ellos impidieron que en el mercado de Jamaica se tirara el escombro de un edificio cercano que fue destruido por el sismo, para lo cual hicieron guardias permanentes de día y de noche durante tres días.
Los locatarios reconocen que una nave del mercado debe demolerse, pero afirman que la otra está en condiciones de ser reparada y ellos están dispuestos a absorber los gastos de la reparación, conforme lo indiquen las autoridades competentes después de que se practique un peritaje objetivo y verdadero.
Consideran también los comerciantes y locatarios que en los espacios restantes pueden acomodarse todos, sin que ninguno sea trasladado a otro lugar porque es allí donde está su fuente de trabajo, es allí donde están sus raíces y su patrimonio que han logrado a través de 28 o más años de lucha cotidiana y permanente por la vida que continuamente se vuelve más ardua y difícil.
En cuanto al traslado a la Central de Abastos de los mayoristas e introductores, éstos se verán afectados en sus intereses ya que únicamente por entrar a la Central de Abastos los camiones de carga deben cubrir una cuota de mil 500 pesos y en el área de subasta otra que está fuera de cualquier cauce legal pero que, en la práctica si no se aporta, no se puede disponer del espacio requerido.
Por lo anteriormente expuesto y si efectivamente queremos actuar como representantes del pueblo, de conformidad con el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de los miembros de la diputación del Partido Acción Nacional, presento a esta Cámara la siguiente proposición:
Que esta Cámara de Diputados por conducto de la Comisión Especial exija y vigile que:
1o. Se castigue conforme a la ley a quien o quienes resulten responsables de los atropellos que se cometieron, el día 30 de septiembre con los locatarios y comerciantes del mercado de Jamaica, al ser desalojados en forma brutal por la fuerza pública.
2o. Les sean devueltas sus mercancías y enseres de trabajo o que si esto no es posible, por alguna razón, entonces se les indemnice por los daños causados.
3o. Se termine con el coyotaje existente en la Central de Abastos que, favorece a bastardos intereses y lesiona a los legítimos de las personas que viven de su trabajo.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 17 de octubre de 1985. Diputada Ma. del Carmen Jiménez de De Ávila, por el Partido Acción Nacional.»
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión Especial y a la Comisión del Distrito Federal.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Señora presidenta se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
«Primer período ordinario de sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día.
17 de octubre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Colima, invita a la sesión solemne en la que la licenciada Griselda Alvarez Ponce de León, gobernadora del estado, rendirá el VI informe de gobierno, y que tendrá lugar el próximo 19 de octubre.
Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del XL aniversario de la muerte del general Plutarco Elías Calles, tendrá lugar el 19 de los corrientes.
El Congreso del estado Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que el C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador del estado, rendirá el V informe de su gestión administrativa, la que tendrá lugar el próximo 22 de octubre.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que para conmemorar el CLXXI aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el próximo 22 de los corrientes.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Guerrero, Veracruz y Zacatecas.
Comunicación de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Propuestas de la Gran Comisión.
Dictámenes de primera lectura
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Rafael Ibarra Consejo, y Fernando Castro Castro, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Héctor Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del León, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Senegal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Rutilio Trinidad Laguna Morales, María de Lourdes Soto Terán, Nabor Hernández Martínez y Roberto Socorro Jaimes Domínguez, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán, en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
La C. Presidenta (a las 20:05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 17 de octubre de 1985, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES