Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851029 - Número de Diario 33

(L53A1P1oN033F19851029.xml)Núm. Diario:33

ENCABEZADO

DIARIO DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"LIII" LEGISLATURA

Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921

AÑO I México D. F., martes 29 de octubre de 1985 TOMO I. NÚM. 33

SUMARIO

APERTURA......................................................

ORDEN DEL DÍA .................................................

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

SE APRUEBA ...................................................

PROBLEMA AGRARIO

EN YUCATÁN

El C. Xavier Abreu Sierra se refiere a dicho problema y la agresión y secuestro del dirigente del PAN, Para comentar los conceptos del orador, intervienen los CC. Wilber Chi Góngora y Juan de Dios Colli Mas; para hechos, Abreu Sierra .......................................

INVITACIONES

Al CXII aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero, el 30 del actual en esta ciudad. Se designa comisión ........

A la protesta de ley como gobernador de Colima del C. Elías Zamora Verdusco, el 1o. de noviembre próximo.

Se designa comisión

RESOLUCIONES DE LA SUPREMA

CORTE SOBRE CASOS

ELECTORALES

Relativas a la reclamación del PAN, en contra de las resoluciones del Colegio Electoral, respecto del I y IV distritos de Baja California; III de Jalisco, VII de Chihuahua, XXXVIIII del Distrito Federal y IV de Jalisco, De enterado y póngase a disposición de los interesados

Opinan en todo el asunto los CC. Sergio Teodoro Meza López, Francisco Berlín Valenzuela, Jesús Galván Muñoz, Juan de Dios Castro Lozano, Antonio Brambila Meda, Pablo Alvarez Padilla, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Guillermo Fonseca Alvarez, Martín Tavira Urióstegui, Carlos Arturo Acosta González, Diego González, Diego Valdés Ríos, Heberto castillo Martínez, Gonzalo Altamirano Dimas, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Juan de Dios Castro Lozano y Eduardo Valle Espinosa

DICTAMEN RELATIVO

ARTICULO 11 DE LA LEY

DE RESPONSABILIDADES

Emitido en razón al requerimiento del C. Juan de Dios castro Lozano sobre la vigencia del artículo 76 del reglamento, en relación con los artículos 61, 52 y segundo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General, que establecen el procedimiento para desahogar el artículo citado

Intervienen para hacer consideraciones sobre el tema CC. Juan de Dios Castro Lozano y Arnulfo Villaseñor Saavedra; para hechos, Castro Lozano.

DIPUTADOS DESAPARECIDOS

Proposición de la Gran Comisión relativa a ayuda económica a los familiares de los diputados María Concepción Barbosa Hernández, Ricardo Hernández Casanova y Alberto Sergio Mañueco Guzmán. Se aprueba. Túrnese a la Tesorería

ATROPELLO AL DIPUTADO

AMADO OLVERA CASTILLO

Escrito relativo al caso, acontecido el día 22 próximo pasado en Naucalpan, estado de México, Se turna a comisión.

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CONVENIO CONSTITUTIVO

DE LA ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL

DE FOMENTO

Proyecto de decreto que reforma la Ley que Establece Bases para Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del convenio nombrado. Se turna a comisión .........................

INICIATIVA DE DIPUTADO

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES

Proyecto de reformas que suscribe el C. César Augusto Santiago Ramírez. Se turna a comisión ............

FERROCARRILES Y PEMEX

EN EL PUERTO DE VERACRUZ

Propuesta del C. Juan Manuel Lucia Escalera para que se ubiquen en otro lugar por ofrecer grave peligro. Se turna a comisiones .............

INICIATIVA DE DIPUTADO

INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE

RICARDO FLORES MAGÓN

Que presenta el C. José Luis Díaz Moll para ser inscrito en los muros de esta Cámara. Por su parte, el C. Martín Tavira Urióstegui apoya la iniciativa.

Se turna a comisión ...........................

DEVALUACIÓN DE LA MONEDA

Propuesta del C. Hildebrando Gaytán Márquez para que la comisión correspondiente intervenga sobre el particular. Se turna a comisión

INICIATIVAS DE DIPUTADOS

ARTICULO 3o.

CONSTITUCIONAL LEY

FEDERAL DE EDUCACIÓN

Presentada por el C. Alfonso Godínez López, se turna a comisión ........

VEJACIONES A TRABAJADORES

DEL VOLANTE

El C. Javier Paz Zarza las denuncia.

Se turna a comisiones .....................

HOMENAJE A DON FRANCISCO

I. MADERO

Por parte de los CC. Xavier Abreu Sierra y Píndaro Urióstegui Miranda, en ocasión del CXII aniversario de su natalicio ..........

ORDEN DEL DÍA

De la sesión próxima. Se levanta la sesión. Se pasa a sesión. Se pasa a sesión secreta ................

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA C. BEATRIZ PAREDES RANGEL

(Asistencia de 356 ciudadanos legisladores)

APERTURA

La C. Presidenta (a las 11:05 horas): -Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:

«Primer Período Ordinario de Sesiones.

LIII Legislatura.

29 de octubre de 1985.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico que con motivo del CXII aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero, tendrá lugar el 30 del actual.

El Congreso del estado de Colima, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Elías Zamora Verduzco, rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado, la que tendrá lugar el próximo 1o. de noviembre.

Comunicaciones de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comunicación de la Comisión de Régimen, Reglamentados y Prácticas Parlamentarias.

Propuesta de la Gran Comisión.

Iniciativa del Ejecutivo

De decreto para reformar la Ley que Establece Bases para Ejecución en México, por El Poder Ejecutivo Federal, del Convenio

Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

iniciativa del C. diputado César Augusto Santiago Ramírez

De reformas y adicionales al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Sesión secreta.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .. .. ..

El mismo C. Secretario:

« Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la quincuagésima tercera. Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.

Presidencia de la C. Beatriz Paredes Rangel

En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del jueves veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, con asistencia de treinta y ocho ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión

. lectura del orden del día.

Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior llevada a cabo el día veintidós de los corrientes.

Se da cuenta con los asuntos en cartera:

El C. José Ángel Conchello Dávila hace uso de la palabra para comentar la actuación de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, y en particular la del señor regente don Ramón Aguirre Velázquez, en relación a los días posteriores a los sismos de septiembre, que él considera erráticas. Finaliza pidiéndole al señor regente renuncie a su cargo.

por su parte, el C. Amado Olvera Castillo se refiere al estado de inseguridad que vive actualmente el municipio de Naucalpan, del Estado de México, debido a la falta de tacto político del presidente municipal, señor Martínez Souberville.

Relate los hechos de que fue víctima un miembro de esta Cámara y solicita se envíe una protesta al gobernador del estado.

Para informar que la Comisión de Información Gestoría y quejas está investigando lo expuesto por el C. diputado Amado Olvera Castillo y que en su oportunidad se informará sobre el particular, interviene la C. María Emilia Farías Mackey.

la H. Cámara de Senadores suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, al mexicano que al juicio de la comisión respectiva, se haga merecedor a esta alta distinción.

Para asistir a esta sesión solemne en representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa en comisión a los CC. Elíseo Mendoza Berrueto, Beatriz Paredes Rangel, Eduardo Robledo Rincón, Homero Díaz Córdova, Blanca Esponda Espinosa, Antonio Melgar Aranda, Ylce Sarmiento Gómez Humberto Andrés Zavala Peña. Oscar Ochoa Zepeda, Sergio Armando Valls Hernández, Pedro López Vargas, Jesús González Schmal, Eraclio Zepeda Ramos, José Felipe Flores Gutiérrez, Antonio Monsiváis Ramírez, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Pedro José Peñaloza y para que haga uso de la palabra a nombre de esta Cámara de Diputados, al C. César Augusto Santiago Ramírez.

La Legislatura del estado de Oaxaca invita a la sesión solemne en la cual el C. licenciado Pedro Vázquez Colmenares, gobernador constitucional de la entidad, rendirá el quinto informe de su gestión administrativa, el día 30 de los corrientes.

la presidencia nombra a los CC. Oswaldo García Criollo, Mario Bustillo Villalobos, Mauro Rodríguez Cruz, Jesús Emilio Martínez Alvarez, Alberto Juan Pérez Mariscal, Rodolfo Linares González, Patricia Villanueva Abraham, Francisco Hernández Juárez, Porfirio Leonel Rojas Medina, Gregorio Macias Rodríguez, Alfredo López Ramos, Graco Ramírez Garrido Abreu, Jaime Castellanos Franco y Rubén Robles Catalán, para que en representación de este Cuerpo Legislativo, concurran al acto de referencia.

La Legislatura del estado de Guanajuato comunica la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer período ordinario de sesiones, correspondientes al primer año de su ejercicio. De enterado.

Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, que concede permiso al C. Héctor Gustavo Jiménez Hernández, para aceptar y usar la consideración Navy Commendation Medal, que le confiere el Gobierno de los Estado Unidos de América.

Es de segunda lectura.

A discusión el proyecto de decreto, sin que motive debate, en votación nominal se aprueba por trescientos treinta y ocho votos en pro y veintiún abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

En seguida, para hacer una serie de consideraciones en torno a la Organización de las Naciones Unidas, en ocasión de conmemorarse el cuadragésimo aniversario de su existencia oficial, hace uso de la palabra los CC. Guadalupe López Rincón, Jesús González Schmal, Hildebrando Gaytán Márquez, y Máximo de León Garza.

A nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, el C. Pablo Alvarez Padilla, presenta la lectura a una iniciativa de ley tendiente a reformar el inciso b) de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos, Túrnese a la Comisión de Gobernación y Constitucionales.

Por su parte el S. Efraín Jesús Calvo Zarco aborda la tribuna para externar, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la continua violación de los derechos laborales de los trabajadores bancarios.

Después de relatar varios hechos sobre el particular, propone que esta Cámara de Diputados pida la comparecencia del C. subsecretario de la Banca, señor Carlos Sales Gutiérrez, para que informe sobre las violaciones generales sistemáticas a los derechos de los trabajadores bancarios, y para que explique por qué en el renglón de quebrantos, existen 11 mil millones de pesos a diciembre de 1984 y entregue los datos sobre este renglón, a septiembre de 1985.

Asimismo, para que ningún trabajador pueda ser despedido. Se paguen los gastos de defunción y seguros de los familiares fallecidos a consecuencia del sismo. Se reconozca el carácter de trabajadores de base a los denominados de confianza. Que se convoque a congresos de sindicatos bancarios para la elección de sus dirigentes, y para que se otorguen préstamos hipotecarios a los trabajadores que resultaron damnificados.

Solicita que su propuestas se consideren de urgente resolución.

Consultada la asamblea al respecto, en votación económica, no considera de urgente y obvia resolución las proposiciones.

En consecuencia, en los términos del artículo 58 del reglamento, usan de la palabra, en contra, el C. Rafael López Zepeda, y en pro, el C. Pedro José Peñaloza, para hechos, nuevamente los mismos oradores.

La asamblea, en votación económica, admite a trámite de la proposición, y por tanto, se da por desechada.

En nombre del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, el C. Arnoldo Martínez Verdugo expresa que esta Cámara se ha manifestado de manera unánime por realizar en el marco de su competencia, las medidas necesarias para resolver los problemas que aquejan a la población afectada por el sismo y por colaborar con las autoridades correspondientes en el mejor desarrollo de los trabajos de reconstrucción.

Agrega, sin embargo, que se ha reiterado las quejas y protestas de varias organizaciones de damnificados, respecto ala arbitrariedad, prepotencia e ineficacia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, C. Guillermo Carrillo Arena.

da sus puntos de vista sobre el particular y solicita con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que el Titular del Ejecutivo Federal destituya al citado funcionario, También pide que se considere este asunto de urgente resolución y se vote nominalmente.

La asamblea considera el asunto de urgente y obvia resolución.

Llevado a cabo el registro de oradores, usan de la palabra, en contra, el C. Miguel Osorio Marbán; en pro, los CC. Gerardo Unzueta Lorenzana, y César del Ángel Fuentes; para hechos los CC. Antonio Brambila Meda, María de la Luz Gama Santillán, Jorge Alcocer Villanueva, Santiago Oñate Laborde, Gerardo Unzueta Lorenzana, Alejandro Gascón Mercado, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, José Felipe Flores Gutiérrez, Sergio Armando Valls Hernández, Leopoldo Arturo Whaley Martínez y Manuel Terrazas Guerrero.

Se considera suficientemente discutido el asunto.

Después de la lectura de la proposición, se procede a recoger la votación nominal de la misma, con el siguiente resultado: Sesenta y cuatro votos en pro, doscientos veintiocho en contra y nueve abstenciones. rechazada la proposición

. A continuación, usan de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:

Consuelo Botello de Flores, para solicitar de la presidencia emplace a la comisión a la que fue turnada la proposición de la diputación del Partido Acción Nacional a fin de que se compareciera ante esta Cámara el C. secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, emita el dictamen correspondiente.

Sergio Armando Valls Hernández, para manifestar, en relación al asunto anterior, que se integró un grupo pluripartidista para entrevistarse con el señor secretario Guillermo Carrillo Arena y establecer las bases de su comparecencia.

La presidencia exhorta a la Comisión de Asentamiento Humano y Obras Públicas, a que presente el dictamen en cuestión a la brevedad posible.

Oscar Luis Rivas Muñoz, para solicitar se designe una comisión para que investigue los hechos denunciados por el C. diputado Rubén Aguilar Jiménez, ocurridos en Ciudad Juárez, en Chihuahua. en Delicias, en Meoqui, en Camargo y el Parral. y pedir también se considere de urgente resolución el asunto.

Rubén Aguilar Jiménez, para proponer a su vez otra proposición sobre el mismo tema, pero no en otros términos.

La presidencia ruega a la secretaría consulte a la asamblea si considera de urgente resolución la proposición del C. Oscar Luis Rivas Muñoz. Se considera de urgente resolución.

María del Carmen Jiménez de Ávila, para proponer que la comisión en cuestión sea integrada por ocho ciudadanos diputados, a cuyos nombres da lectura.

Rubén Aguilar Jiménez, para reiterar y aclarar los términos de la proposición del C. Rubén Aguilar Jiménez, y por tanto, se da por desechada,

La asamblea, en votación económica, aprueba la proposición presentada por el C. María del Carmen Jiménez de Ávila.

En tal virtud, la presidencia designa como integrantes de la comisión especial a los CC. Porfirio Cortéz Silva, Juan José Castillo Mota,

Jacinto Gómez Pasilla, Eliseo Rangel Gaspar, Oscar Aguirre López, Gonzalo Altamirano Dimas, Oscar Luis Rivas Muñoz, Rubén Aguilar Jiménez.

Continúan en el uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:

Francisco Hernández Juárez. para hacer reflexiones y consideraciones con motivo de que hoy, veinticuatro de octubre, se conmemora el día Panamericano del Indio. recuerda que en 1940, bajo la jefatura del general Lázaro Cárdenas, se efectuó el pacto de Michoacán del Primer Congreso Indigenista Interamericano. Túrnese la intervención a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Educación.

Beatriz Gallardo Macías, para informar como integrante de la Comisión Especial Pluripartidista sobre los problemas de los trabajadores del comercio del mercado de Jamaica y expresar que es necesario darles una respuesta conforme a derecho.

María Marcela González Salas, para hechos relacionados con el mismo tema.

Juan Antonio Araujo Urcelay, para presentar a nombre de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, un informe sobre las labores da la misma, relativas a los comerciantes de Jamaica.

Edeberto Galindo Martínez y Graco Ramírez Garrido Abreu, para hechos sobre el asunto y para proponer este último, que las comisiones Especial y de Gestoría y quejas, intervengan a fin de que los afectados sean recibidos por el jefe del Departamento del Distrito Federal y poder resolver este problema.

Jesús Alcántara Miranda, para hechos, relativos a este asunto.

Manuel María Bribiesca Castrejón, par dar sus particulares puntos de vista sobre las costureras y sobre lo de Jamaica, dando lugar a que la presidencia le llamara la atención por lo irrespetuoso de sus conceptos y pedir a la secretaría se borren las expresiones consideradas ofensivas de la versión estenográfica. El C. Manuel María Bribiesca Castrejón retira las palabras ofensivas.

Rosa María Armendáriz Muñoz, para hechos, sobre el mismo asunto.

Jorge Amador, para responder alusiones y proponer por escrito que el pleno de esta Cámara, a través de la Comisión de Gestoría y Quejas, de la Comisión Especial, haga una excitativa al señor regente del Distrito Federal para que reciba a los comerciantes del mercado de Jamaica, que se encuentran en el Zócalo de esta ciudad.

María del Carmen Jiménez de Ávila, para apoyar la proposición anterior.

Previa lectura de la proposición de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, presentada a través del C. Jorge Amador, la asamblea petición de varios ciudadanos diputados, considera el asunto de urgente resolución.

A discusión la proposición, no habiendo oradores en ningún sentido, en votación económica, se aprueba en sus términos.

Héctor Morquecho Rivera, para hacer consideraciones y denunciar que el clero político ha insistido en condenar los trabajos de los partidos de izquierda que están contribuyendo con solidaridad en los problemas por los que atraviesan los damnificados y solicitar, a nombre del Partido Popular Socialista, y se haga un llamado a la unidad de las fuerzas democráticas, para detener esa ofensiva clerical. Túrnese a la Gobernación y Puntos Constitucionales para su conocimiento.

Nabor Camacho Nava, para referirse, como miembro de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, a la política forestal, que él considera errática e incongruente, que explota irracionalmente los bosques.

Externa una serie de consideraciones y expresa que es urgente derogar las concesiones y entregarlas a quienes cumpliendo con la ley reforesten primero, beneficien a los legítimos dueños de los bosques y eviten la explotación en laderas y cerros con más de quince grados de inclinación. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

Dictamen suscrito por la Comisión de Defensa Nacional, que concluye con el proyecto de decreto que adiciona y modifica el artículo 51 de la Ley de Ascensos y de Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.

Es de segunda lectura.

A discusión el artículo único de que consta el proyecto de decreto, No Habiendo quien haga uso de la palabra. en votación nominal, se aprueba por doscientos treinta y un votos en pro, uno en contra y tres abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Por su parte, el C. Alonso Aguirre Ramos da lectura a un dictamen signado por la Comisión de Defensa Nacional, relativo a la proposición formulada por la diputación del Partido Acción Nacional, a fin de que compareciera ante esta Cámara, el C. secretario de la Defensa Nacional, con objeto de que rindiera un informe sobre la estructura y funcionamiento del Plan DN - 3 - E, de auxilio a la Población en Casos de Desastre.

El dictamen en cuestión explica en qué consiste el plan de referencia y termina con tres puntos resolutivos, en virtud de los cuales se expresa que esta Cámara se da por enterada de la información contenida con el cuerpo del dictamen. Que no se estima procedente la comparecencia del C. general de división Juan Arévalo Gardoqui, y que en vista de que se ha creado el Comité Civil, que será prescindido por el C. Secretario de Gobernación, resulta conveniente que este comité en sus trabajos, considere el Plan DN - 3 - E y las experiencias que se han obtenido, para que sea una a las demás medidas que se van a tomar relacionadas con la capacitación de la población para casos de desastres.

Previa lectura del artículo 114 del reglamento, hace uso de la palabra, para consideraciones, el C. Eraclio Zepeda Ramos, Integrante de la Comisión Dictaminadora; en contra, el C. Ricardo Francisco García Cervantes; en pro, el C. Jorge Montúfar Araujo; en contra, el C. Franz Ignacio Espejel Muñoz; para hechos, los CC. Hildebrando Gaytán Márquez y Manuel Terrazas Guerrero; en pro, el C. Miguel Osorio Marbán, y nuevamente, para hechos, el C. Ricardo Francisco García Cervantes.

Suficientemente discutido, en votación económica y por mayoría, se aprueba el dictamen en sus términos.

Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.

A las diecinueve horas y veinte minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes, veintinueve de octubre, a las diez horas.»

Está a discusión el acta ....... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba .... Aprobada, ciudadana presidenta.

PROBLEMA AGRARIO

EN YUCATÁN

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Xavier Abreu Sierra.

El C. Xavier Abreu Sierra D - Señores diputados: La situación del campo en Yucatán se ha ido deteriorando a través del tiempo por la dependencia del monocultivo, el henequén y también por la estructura de liderazgo agrario, que no ha permitido los avances del campesino yucateco.

El día 20 del presente mes en el municipio de Chemax, Yucatán, un grupo de campesinos solicitaron a dirigentes del Partido Acción Nacional, asesoría en el ramo de Derecho Agrario, por múltiples arbitrariedades que estaban sucediendo, de las autoridades ejidales de ese municipio.

Se llevó una reunión con 60 ejidatarios de ese municipio y el lunes 21, algunos de los ejidatarios que asistieron a esa reunión, se encontraron que sus nombres estaban fuera de nómina y otros que sus tareas habían sido recortadas.

Por este hecho, volvieron a solicitar una segunda reunión para el martes 22 de mes en curso, Habiéndose llevado a cabo esta reunión en el local de cargadores del municipio de Chemax, mientras los ejidatarios planteaban sus problemas al dirigente Luis Rejón Peraza, un grupo de porros, acompañados por algunos policías municipales agredieron y secuestraron al dirigente de Acción Nacional, Vicente Herrera Petch, y después agredieron también al sustentante Luis Rejón Peraza.

Estos hechos no son hechos de la casualidad, sino son hechos que se conjugan y se conjuntan dentro de un sinnúmero de actos de autoridades que no han entendido que para que este país surja, se requiere del juego de las fuerzas democráticas y de todas las partes aporten lo que tienen para solucionar los diversos problemas del campo. En estos problemas de Yucatán, sin lugar a duda ha intervenido el cohecho y la corrupción sobre todo por parte del procurador de Justicia, señor Sergio Pliego García.

Que queden estos hechos para que se busque la justicia y también para que se entienda que sólo se podrá lograr democracia y solución a los añejos problemas del campo de Yucatán en la medida en que las fuerzas políticas actúen; que no se tache de oportunismo a quienes actuamos en problemas tan añejos; oportunismo es el que actúa sólo para controlar fuerzas políticas, y quien busca soluciones a problemas tan añejos como el del campo en Yucatán no es oportunista, sino está buscando la solución a los problemas que de raíz atañen a nuestro estado. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Wilbert Chi Góngora.

El C. Wilbert Chi Góngora: - Señorita presidenta, con su permiso; compañeros diputados: Es muy lamentable que se pretenda confundir esta alta tribuna da la patria con una Agencia del Ministerio Público, pero ya que el diputado Abreu viene hacer algunas imputaciones aventuradas, yo quisiera invitarlo que si tiene pruebas las presente ante las autoridades correspondientes para su total deslinde.

A manera de comentario en relación con lo que aquí ha venido a aseverar, es conveniente señalar que Temach es la cabecera del III Distrito Electoral Federal donde recientemente se llevaron a cabo elecciones para cambio de autoridades ejidales. El candidato derrotado, ante su impotencia, recurrió a las autoridades estatales del Partido Acción Nacional, para tratar de canalizar su inquietud y sus frustraciones.

El día de los hechos a que se refiere el señor diputado Abreu, se realizaba en el Palacio Municipal una reunión donde asistieron más de 500 personas de esta comunidad, donde se hacían anuncios importantes de beneficios que iban a llegar en forma directa a esta comunidad. Del otro lado, en la reunión panista en donde asistieron 40 personas, no se recibieron más que ofensas a la misma población, a las autoridades constituidas, lo que ocasionó una respuesta enérgica del pueblo y que solamente fue impedida que ocasionase mayores problemas por la intervención inmediata de las autoridades municipales, y consta una declaración del licenciado Rejón Peraza, ex candidato del PAN por ese mismo distrito, donde reconoce la caballerosidad y el buen trato que recibió del señor presidente municipal, y no fue secuestrado.

sino fue protegido del pueblo, que enardecido,, en un momento dado pudo haber tomado acción directa contra estas gentes.

Ante estos hechos protagonizados por el Partido Acción Nacional en el municipio de Chemax, demuestran una vez más que ante su carencia de plataforma política y de aceptación popular en la mayoría de los municipios de Yucatán, no vacila el asumir un comportamiento oportunista y de franca provocación; sin importarle el respeto y bienestar a que tiene derecho la población yucateca.

En Chemax, Acción Nacional, trata de capitalizar un problema interno dentro del ejido. A esta primera muestra de su oportunismo se añade otra: la provocación protagonizada por el señor Luis Rejón Peraza se realizan pocos días después de estas elecciones ejidales, que no obstante haber sido disputadas, transcurrieron en un clima de tranquilidad, misma que ahora tratan de alterar como medio de propaganda.

Asimismo, revela el oportunismo de Acción Nacional el hecho de que acude a causar dificultades y problemas a un municipio en el cual no tiene fuerza ni representatividad alguna, como lo demuestran los resultados electorales que ha tenido. en 1972, Acción Nacional obtuvo en esta cabecera Distrital y en el municipio 30 votos, y en las recientes elecciones del 7 de julio alcanzaron un total de 25 votos.

Los representantes que acreditó en las casillas de este municipio, habrán podido constatar la abrumadora preferencia de los temaschenios por el Partido Revolucionario Institucional.

En síntesis, queda claro que estamos ante un ejemplo de la táctica de provocación de Acción Nacional, ha ejercido en repetidas ocasiones en perjuicio de la Paz social en Yucatán. Es decir, una conducta de provocación y falta de respeto a los ciudadanos, suscitar un hecho violento y luego proclamarse víctimas. Adicionalmente y siempre dentro de la misma táctica panista, está en el intento de justificar su incapacidad política atacando al Ejecutivo del estado.

Ante la falta de argumentos, la diatriba; ante la falta de aceptación popular, la provocación ante la incapacidad para organizar a la población, en torno a un proyecto político, el oportunismo.

He aquí las características generales de las tácticas de un partido que ha decidido vivir a costa de la tranquilidad y la paz de los yucatecos.

La actitud de Acción Nacional contrasta fuertemente con la de las autoridades constituidas que han sabido mantener el respeto a la participación política de la ciudadanía a través de los partidos; pero quien en forma irresponsable adopta actitudes de provocación y ofensa debe ser consciente de las respuestas que puede encontrar.

Condenamos estas tácticas oportunistas y de provocación y manifestamos nuestra convicción de que los campesinos yucatecos también repudian enérgicamente este nocivo proceder de Acción Nacional, que constituye en el fondo una expresión de la impotencia panista ante su incapacidad, para convertirse en la opción política valida por las mayorías en la entidad. Muchas gracias.

El C. Presidenta: - Para hechos sobre el mismo tema, el ciudadano diputado Juan de Dios Colli Mas.

El C. Juan de Dios Colli Mas: - Con su permiso, señorita presidenta, compañeros diputados: Creemos y son muy graves los hechos denunciados en esta tribuna, y creemos que son graves pues estos hechos de agresión hacia un partido político no son nuevos en Yucatán. A raíz de la llegada a la gobernatura de nuestro Estado de Víctor Cervera Pacheco, los partidos independientes y de oposición hemos sufrido una serie de agresiones por parte de grupos que son promovidos por algunos funcionarios de gobierno.

Durante el desarrollo de la campaña electoral para elegir presidentes municipales y diputados locales, desde el inicio de la misma los partidos independientes nos encontramos con una serie de trabas que nos impedían desarrollar nuestra propaganda. Estos hechos iban desde la destrucción de nuestra propaganda hasta la agresión física de los candidatos de los partidos de oposición. En una ocasión fuimos agredidos físicamente por un grupo de choque que era controlado por la policía del Estado, era protegido por los mismos.

Durante el desarrollo de estos hechos un compañero perdió un ojo; denunciamos los hechos en su oportunidad y pedimos el castigo para las personas que participaron en esto y ¡oh sorpresa! las personas que nos agredieron ocupan hoy cargos en el ayuntamiento de Mérida.

Son claros y todos conocidos los hechos lamentables que se desarrollan en algunos municipios de Mérida, Yucatán después de las elecciones, conocimos a fondo de Chemax que independientemente del partido que se haya agredido, consideramos que se agrede principalmente a la población yucateca, en esa ocasión el partido oficial no dudó en llegar hasta el crimen para imponer un gobierno, un presidente municipal que el pueblo rechazaba. A esto debemos agregar las injusticias detenciones que algunos municipios se llevaron a cabo, y señores quizá algún miembro del partido oficial que sea originario de Yucatán, me diga que miento, que la prensa manejaba mal la información, pero quiero decirles algo, a mí no me lo contaron, yo estuve presente en el municipio de Peto, cuando la policía del Estado detuvo arbitrariamente a gente de este municipio, se les encerró, se les torturó para que confesaran cargos, delitos que nunca habían cometido, el único delito que cometieron esas gentes, fue defender sus derechos políticos.

Creemos que los hechos ahora denunciados vienen siendo consecuencia de los

anteriores, nos preocupa que suceda esto en Yucatán, ya decía un diputado del PSUM, que si el partido oficial no entiende que el pueblo ya no los quiere que el pueblo está cansado de muchas actitudes arbitrarias, si no cambia por la buena, decía un diputado del PESUM, el pueblo los va a cambiar por la mala, y esto nos preocupa, por que no queremos que el pueblo los cambie por la mala, por que sabemos que en un clima de violencia, todo México saldría perjudicado queremos hacer un llamado el partido oficial para que entienda que es necesario la apertura democrática en México, que es necesario permitir la participación libre de todos los ciudadanos y no sólo permitirla como se ha hecho y ahora se dice que hay una apertura democrática porque nos dejan participar, no sólo es que nos dejen participar, es necesario que respeten la voluntad de los que participamos en ella; no confundan señores, no confundan hemos sido prudentes hasta ahora, el pueblo de México no quiere la violencia, la rechaza y ha sido prudente, ha soportado agresión tras agresión, y burla tras burla. No confundan, somos prudentes los mexicanos, no somos cobardes.

La C. Presidenta: - Para hechos, tiene la palabra el C, diputado Xavier Abreu.

El C. Xavier Abreu Sierra - Señoras y señores diputados: Tal parece que el sonsonete de las acusaciones contra el Partido Acción Nacional se repiten desde el norte hasta el sur y no es porque el PAN actué de esa manera, sino porque es el único argumento que tienen quienes no entienden razones y quienes no saben dialogar con el pueblo, que les da la autoridad.

Se nos tacha de oportunistas. Problemas agrarios tan añejos en el campo de Yucatán, no se les puede dar una solución por oportunidad. El que se intervenga en un problema que se tiene tantos años de añejamiento, el campesino yucateco cada día es más pobre y con menos perspectivas de vida, ni significa que el que se intervengan por petición expresa de ellos sea oportunista.

Y que nos acusen de utilizar la violencia como método, es perder la perspectiva de lo que somos. No buscamos la violencia contra quienes son profesionales de la violencia, nosotros usamos la razón y la legalidad por que esas son las armas que entendemos y que creemos que se pueden hacer en México, para salir adelante.

Invitamos, ya hemos hecho nuestras denuncias ante las autoridades respectivas de Yucatán e invitamos a que estos problemas se solucionen dentro de la legalidad, dentro del diálogo y dentro de la pluralidad que exige la democracia. Muchas Gracias.

La C. Presidenta: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

INVITACIONES

El C. Secretario Juan Moisés Calleja García:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F.- Departamento del Distrito Federal.

México, D. F., a 16 de octubre de 1985.

C. diputada licenciada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la H. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo. Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha organizado para el próximo miércoles 30 actual, a las 10:30 horas, acto cívico conmemorativo del CXII aniversario del natalicio de don Francisco I. Madero, que tendrá lugar en el monumento a la revolución de esta ciudad.

Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con presentación de esa H. Cámara de Diputados que usted preside.

Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Director de Programación y acción Cívica,

Licenciado Máximo García Fábregas.»

La C. Presidenta: - Para asistir a este acto de representación de esta honorable Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Heriberto Ramos Salas, Santiago Oñate Laborde, Francisco Berlín Valenzuela, Manuel Jiménez Guzmán y Xavier Abreu Sierra.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García:

«CC. secretarios de la Cámara de Diputados. México D. F.

La honorable Cuadragésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano Elías Zamora Verduzco, rendirá la propuesta de ley al cargo de gobernador constitucional del estado para el período 1985-1991. El acto tendrá lugar el viernes primero de noviembre de 1985 a las 18:00 horas, en el Teatro Hidalgo de esta ciudad, declarado para el efecto, Recinto Oficial.

Colima, Col. »

La C. Presidenta: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Alfonso Santos Ramírez, Víctor Liceaga Ruibal, Gonzalo Castellot, José Ángel Aguirre y Cuauhtémoc Amezcua.

RESOLUCIONES DE LA SUPREMA

CORTE SOBRE CASOS ELECTORALES

El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:

«C. licenciada y diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados

del H. Congreso de la Unión. México, D. F.

Para los efectos legales consiguientes, adjunto al presente me permito remitir a esta H. Cámara de Diputados, en diecinueve fojas útiles, testimonio de la resolución dictada por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia en el expediente varios 30/85, formado con el motivo de la declaración que hizo valer el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Colegio Electoral de Cámara de Diputados, respecto a la calificación de la Elección de diputados por mayoría relativa correspondiente al Primer Distrito electoral Federal del estado de Baja California. De igual manera se le devuelve el expediente relativo a las elecciones ordinarias correspondientes y demás constancias que remitió con su oficio de fecha cuatro de septiembre último.

Agradeceré a usted que se sirva ordenar el acuse de recibo respectivo.

Le protesto las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., 23 de octubre de 1985.

El Secretario General de Acuerdos, licenciado José Javier Aguilar Domínguez.

El C. Sergio Teodoro Meza López: - Pido la palabra, señorita presidenta.

La C. Presidenta: -¿Con qué objeto, señor diputado?

El C. Sergio Teodoro Meza López: - Para hechos.

La C. Presidenta: - Para hechos sobre este tema, señor diputado, le podemos hacer una respetuosa solicitud. Son seis oficios, el señor secretario estaba dando lectura al primero, nos permitiría que desahogue la lectura de los seis para después otorgarle el uso de la palabra.

El C. Sergio teodoro Meza López: - Sí, señorita presidenta.

El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:

«C. licenciada y diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión. México, D. F.

Para los efectos legales consiguientes adjunto la presente me permito remitir a esa H. Cámara de Diputados, en diecisiete fojas útiles, testimonio de la resolución dictada por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia en el expediente varios 31/85, formado con el motivo de la reclamación que hizo el Partido Acción Nacional en contra de la resolución emitida por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, respecto a la calificación de la elección de diputados por mayoría relativa correspondiente al Tercer Distrito Electoral Federal del estado de Jalisco, de igual manera se le devuelve el expediente relativo a las elecciones ordinarias correspondientes y demás constancias que remitió con su oficio de fecha cuatro de septiembre último.

Agradeceré a usted que se sirva ordenar el acuse de recibo respectivo.

Le protesto las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F. 23 de octubre de 1985.

El Secretario General de Acuerdos, licenciado José Javier Aguilar Domínguez.

El Mismo C. Secretario:

«C. Licenciada y diputada Beatriz Paredes Rangel de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F.

Para los efectos legales consiguientes, adjuntos al presente me permito remitir a esa H. Cámara de Diputados, en treinta y cinco fojas útiles, testimonio de la resolución dictada por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia en el expediente varios 32/85, formado con

motivo de la reclamación que hizo valer el Partido Acción nacional en contra de la resolución emitida por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, respecto a la calificación de la elección de diputados por la mayoría relativa correspondiente al Séptimo Distrito Electoral Federal del estado de Chihuahua. De igual manera, se le devuelve el expediente relativo a las elecciones ordinarias correspondientes y demás constancias que remitió con su oficio de fecha cuatro de septiembre último.

Agradeceré a usted se sirva ordenar el acuse de recibo respectivo.

Le protesto las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., 23 de octubre de 1985.

El Secretario General de Acuerdos, licenciado José Javier Aguilar Domínguez.

la Oficialía Mayor a disposición de los

interesados.

El mismo C. Secretario:

El secretario General de Acuerdos, licenciado José Javier Aguilar Domínguez.»

De enterado Póngase la resolución en

la Oficialía Mayor a disposición de los

interesados.

La C. Presidenta: - El ciudadano diputado Sergio Meza López ha pedido la palabra, para hechos.

El C. Sergio Meza López: - Señores diputados: señoras y señoritas diputadas: Hace un poco más de un siglo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José María Iglesias, que por cierto asumió la presidencia en el legítimo cumplimiento de la Constitución de 1857, al abordar la capital Sebastián Lerdo de Tejada, hizo un planteamiento interesante sobre la legitimidad de la autoridad por la vía electoral, y la capacidad de calificar en última instancia, tal legitimidad al Colegio Electoral, mismo que consideraba un organismo extraño y le censuraba el ser juez y parte.

Don José María Iglesias manifestó el Poder Judicial ha de ser la última instancia para calificar la legitimidad de la autoridad electa o constituida, pues si se le negara a la Corte tal facultad, la Constitución quedaría relegada al más profundo desperdicio y serviría de escarnio a los usurpadores más descarados.

En otra parte de su alegato, Iglesias censuró la omnipotencia de los Colegios Electorales donde a sus pies naufragan y se estrellan las constituciones, las leyes, las instrucciones, el vínculo federal y los derechos humanos.

Y agregó que una simple mayoría en el Colegio Electoral que legitime a la autoridad, ya no es el pueblo el que elige a sus mandatarios. Hasta aquí con Iglesias.

No hay que olvidar, señores diputados, que el Colegio Electoral convertido en juez y parte en la calificación del voto, fue el instrumento más eficaz para la imposición repetida de Porfirio Díaz.

Hoy, la historia se repite. Y el Colegio Electoral sigue siendo instrumento de imposición y de sus decisiones en cuanto a la calificación de sus miembros. En cuanto a sus decisiones hoy por hoy, sólo cabe el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyas resoluciones sólo tienen el efecto de que el Colegio Electoral vuelva a calificar, mismas que serán definitivas.

Tal atribución de la Cámara es en razón de la teórica composición de la Suprema Corte de Justicia con miembros de calidad moral que apliquen la ley con honestidad y conocimientos.

La Suprema Corte de Justicia reunida en el pleno del pasado 2 de octubre, resolvió sobre los recursos de reclamación que interpuso el Partido Acción Nacional, en contra de las resoluciones del Colegio Electoral, respecto a la calificación de las elecciones del pasado 7 de julio, de los distritos VII de Chihuahua, I y IV de Baja California, XXXVIII del Distrito Federal y IV de Jalisco.

Lejos de buscar la verdad de si hubo o no violación del voto público; lejos de buscar la verdad de si hubo o no violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral; lejos de conducirse los ministros como se esperaba de ellos, con veracidad, imparcialidad y objetividad, lejos de un buen prestigio y reputación que da a quienes actúan en conciencia y conforme a la ley, los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron los recursos interpuestos despreciando a los votantes, legitimando con su voto moral a los diputados que hoy están aquí en lugar de los que debían estar.

Buscó no entrar al estudio del fondo de lo planteado en el caso del primero y cuarto distritos de Baja California; en ellos resolvió que los recursos de queja interpuestos fueron hechos extemporáneamente, estableció un criterio erróneo del artículo 212 de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales al decir que hay dos sesiones de cómputo y no solo una como en forma clara lo dice el propio artículo y como así sostuvo bien el ministro Mariano Azuela y otros dos.

Aún suponiendo sin conceder que fuera cierto el criterio que estableció el pleno, no debía de haberse dejado de estudiar el fondo en el caso primero del Distrito de Baja California por razones que constan en el acta del Comité Distrital Electoral en la que claramente hizo un receso y se continúo posteriormente, de tal manera que de su lectura se desprende que se levantó una sola acta de una sola audiencia en la que se hicieron dos cómputos. En este caso resolvieron sin leer el expediente.

En el Trigésimo Octavo Distrito del Distrito Federal se declaró infundado el recurso de reclamación aún cuando en el considerando cuarto de la propia resolución de la corte se señala que como en el expediente no existen elementos suficientes para determinar que la violación es substancial, esta Suprema Corte carece de elementos para analizar la naturaleza e importancia de las violaciones que pudieran haberse cometido.

En el Cuarto Distrito del estado de Jalisco, se confirmó la resolución que declaraba diputado al que también es presidente municipal con licencia, de Tlaquepaque, en contravención en lo establecido por el artículo 16 de la LFOPPE.

Los diputados de Acción Nacional afirmamos que aun cuando la Suprema Corte no interviene directamente para hacer justicia electoral, sí pudo haber ayudado a que la misma se implantara, pues, si con su actuación como poder hubiera proporcionado elementos para que se corrigieran y castigaran las desviaciones electorales, que a fin de cuentas, son causa y origen de que el orden constitucional que la Corte tiene obligación de salvaguardar, y se vea constante e impunemente violado por quienes que validos de la impunidad de que tradicionalmente ha estado rodeada la violación del sufragio en factor de los grupos que ocupan el poder.

Todavía está en la mente de muchas personas las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia el pasado 2 de septiembre, Jorge Iñarruti, quien declaro que el presidencialismo en México no es perfecto, pero ha dado estabilidad social y política al país en los últimos 50 años, no se han ejercido actos de abuso de este poder y tampoco debe modificarse porque el país no está en el momento de buscar un sistema diferente.

Lo dice un presidente de la Corte, que ha renunciado a su elevada dignidad y que sirve de eterno compañero de viaje al Presidente, quien lo lleva a su lado tan solo como figura decorativa.

En lo personal, estuve presente en el pleno cuando la Corte resolvió sobre los recursos el pasado 2 de octubre, y creo que una vez más, el 2 de octubre marca la huella de la vergüenza en uno de los Poderes de la Unión. Esta vez le tocó al Poder Judicial Federal.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Francisco Berlín Valenzuela.

El C. Francisco Berlín Valenzuela: - Honorable asamblea: La democracia indudablemente es el anhelo político contemporáneo. Sólo el estado democrático es auténtico estado de derecho, por ser éste la organización que surge del pueblo para concretizar la superación material y espiritual de la colectividad.

Significando la democracia más que una estructura de gobierno, una forma de vida basado en un supuesto racional de convivencia, dentro de un orden jurídico que propone la libertad, la igualdad y la solidaridad de sus miembros surgido como resultado del consentimiento y participación del pueblo el que, mediante procedimientos idóneos, expresa la identidad de fines entre gobernantes y gobernados.

Uno de esos procedimientos idóneos para expresar la democracia, la identidad de fines entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, es precisamente el de los procesos electorales.

Los procesos electorales tienen un especial sistema de calificación. Uno de ellos es a través de la calificación, mediante el sistema conocido contencioso jurisdiccional.

Otro es el sistema contencioso político o autocalificación y el sistema de comisiones y organismos autónomos.

En México, debido a la evolución que se ha venido observando en esta materia, hemos llegado a estructurar un sistema mixto por lo que a este tema se refiere, dando lugar precisamente a la intervención de la Corte para que mediante el recurso de reclamación esté en condiciones de resolver los recursos, precisamente de los partidos políticos que no están de acuerdo con las resoluciones emitidas por el Colegio Electoral.

Hemos escuchado aquí un documento no muy bien leído por uno de los representantes del Partido Acción Nacional y que tal vez por eso no alcanzó a hacer un exposición clara, objetiva y realista de lo que significa la resolución de declaratorias de la Suprema Corte, en el sentido de que son infundados los argumentos presentados por el Partido Acción Nacional y que en tal virtud ello obedece al cumplimiento precisamente de la tarea y de la función que tiene que desarrollar la Suprema Corte.

Efectivamente, a lo largo de la historia de México, ha sido puesto en el tapete de la discusión si debía o no ser considerando que la Suprema Corte de Justicia tuviera una participación más activa de los procesos políticos. Durante el siglo pasado y parte de este siglo, se desenvolvió esta idea tratando de mantener sustraída a la Corte de los procesos políticos.

Pero nosotros debemos juzgar en razón de las facultades y del cambio constitucional que se ha operado para darle a la Suprema Corte la facultad de intervenir a fin de que pueda conocer a través del recurso de reclamación del proceso electoral y también, como dice la propia Constitución, de las violaciones al voto público.

Hemos observado de alguna parte a la fecha, de algún tiempo a la fecha que hay una tendencia de algunos partidos minoritarios en contubernio con organizaciones patronales de desacreditar el proceso electoral en México, que como quiera que sea ha sido la forma en que los mexicanos hemos encontrado el camino de la paz y la estabilidad social.

Creemos que estos procesos responden a la votación democrática de los mexicano, y que de la democracia desde este punto de vista constituye un concepto unitario de la vida del hombre del México contemporáneo. Yo considero por consiguiente que quienes se niegan la legitimidad de los procesos electorales se están negando aquí mismo como auténticos representantes populares.

¿Por qué razón consideramos que la Suprema Corte de Justicia ha cumplido con su función y ha cumplido con su obligación? No debemos olvidar que el estado de derecho permitió la convivencia armónica, pacífica, justa, pero además con seguridad y certeza que es un elemento sustancial que se otorga a la convivencia social. La Suprema Corte de Justicia cumple todas estas funciones, en las que ya no acaben consideraciones valorativas de diverso tipo, incluida las políticas, pues en su seno tiene lugar el análisis de casos que implican adecuaciones de conductas al orden jurídico establecido haciendo caso omiso de subjetividades políticas o ideológicas, de ahí que debemos entender el papel que este algo órgano jurisdiccional tiene que desarrollar en la vida del país, interesa en esta suprema instancia como tribuna de derecho que es, el fondo jurídico del asunto sea sopesado con frialdad, con imparcialidad; con serenidad y abstracción, tarea que sí realizan en México un preclaro grupo de hombres, que no obstente ser como diría Unámuno, hombres de sangre, carne, hueso y conciencia son seres poseedores de actitudes excepcionales incluida entre ellos la sapiencia jurídica, pero fundamentalmente para el caso que nos ocupa, son hombres que tienen la actitud de poder despojarse del ropaje ideológico como seres que juzgan jurisdiccionalmente para vestir la toga que simboliza la honrosa función de impartir justicia.

Esta capacidad de hacer a un lado las concepciones subjetivas en aras de la objetividad, conduce a los miembros de la Suprema Corte, de acuerdo con nuestro sistema jurídico político, a poner sus conocimientos solamente al servicio del derecho, no de las pasiones políticas, incluso, más allá para no ser súbditos solamente de la justicia, aunque por antonomasia esto nos pudiera sugerir lo contrario, dado que si pretendiera servir fundamentalmente a la justicia, entendida esa como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, como diría el jurisconsulto Ulpiano, infiltraría en sus decisiones algunas dosis de subjetividad, que neutralizaría la certeza y la seguridad que debe ser inherente a todo estado de derecho.

Se comprende así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir su resolución no haya agregado a los militantes del Partido Acción Nacional, en quienes quiero suponer honestidad y que por ello creen en su verdad y la defienden con insistencia, esgrimiendo argumentos, que si bien para ellos revisten alguna importancia ¿dónde lo sustentan? No dejan de ser apreciaciones interesadas y subjetivas, ajenas a lo que conforme a derecho debe tener en cuenta nuestro supremo órgano jurisdiccional al erigirse en el máximo tribunal de valoración jurídica del proceso electoral en su conjunto, que como ya dijimos, tiene etapas e instancias para conocer la regularidad y la irregularidad de las mismas, por lo que transcurridas éstas, van quedando

firmes los actos que la constituyen por la simple consumación de los mismos precluyendo las posibilidades de impugnarlos con validez jurídica al haberse agotado los términos.

El derecho. señores diputados, por su generalidad, abstracción y carácter apriorístico, no puede describir casuística y detalladamente los hechos que regulan de una manera textual, sino contextualmente en lo que se ha llamado el espíritu de las leyes, por lo que la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de derecho, tiene a su cargo desentrañar dicho contexto, realizando para tal propósito una labor integradora de lo que pudieran ser las lagunas y omisiones con respecto al caso concreto, pero no generando la norma arbitrariamente, sino de acuerdo a la voluntad expresa y táctica del legislador. Es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha acometido a la tarea de substanciar los seis recursos de reclamación interpuestos y de esa manera ha dado cumplimiento a sus funciones constitucionales buscando con toda honestidad y libertad, según se desprende de los debates y decidencias que se dieron en su seno para emitir sus resoluciones, atisbar ese espíritu de la ley a que he hecho referencia y que se encuentra contenido en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

Quienes tuvimos la oportunidad de concurrir a las sesiones de la Suprema Corte de Justicia, en que se debatieron los seis recursos de reclamación, pudimos apreciar el debate que se dio en su seno cuando algunos de los ministros integrantes de este alto cuerpo, manifestaron no estar de acuerdo con las tesis propositivas de los ministros que habían sido encargados de hacer los estudios en cuestión.

Por eso consideramos que dentro de la doctrina misma de la división de poderes, la Suprema Corte ha cumplido su función y los hombres que la integran son merecedores de nuestro respeto y de nuestra más alta consideración ciudadana.

Pero, ¿cuál es el fondo de esta impugnación a los dictámenes, a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia? Pienso que en el fondo existe la tendencia, como lo dije hace un momento, a desprestigiar los procesos electorales del país. El que ahora un partido minoritario pretende enturbiar el sentido democrático de esos procesos, no debe hacernos variar nuestras reflexiones a los que creemos en ellos, como formas de lograr el consenso en una sociedad para trabajar más democráticamente.

Consideramos que las actitudes irresponsables de todos aquellos que así se manifiestan, hacen evidente la necesidad de fortalecer un auténtico pluripartidismo, dado que un auténtico partido político que está constituido por ciudadanos que buscan acceder al poder para concretizar una ideología y ejecutar un programa de acción, deben de estar fuertemente resueltos a apoyar la realización de procesos electorales cada vez más democráticos. Por eso no estamos de acuerdo en las tesis que sostienen quienes han hecho el camino del poder por el poder mismo, utilizando el chantaje como arma política para hacer que los procesos sufran un deterioro y un desprestigio.

El permanente proceso de reforma política que vive el país, como expresión de la lucha del pueblo mexicano que por obtener su libertad política, social y económica inicio en 1810, introdujo a la Constitución Política que nos rige en su artículo 41 el concepto de que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional, de donde es interés de los auténticos militantes de partidos políticos - y aquí hay muchos de ellos-, contribuir a que los procesos electorales se enriquezcan con la participación de toda la ciudadanía abatiendo y luchando por abatir el abstencionismo.

Por ello, falta a su esencia de partido político, un grupo de individuos cuando en áreas de exhibición o ilusamente, pretenden alcanzar o desprestigiar los procesos, violando la voluntad popular y mancillando con falsedades los comicios electorales, pues con ello se contribuye a matar el espíritu cívico de la ciudadanía y la vocación democrática del pueblo mexicano.

Algunos integrantes de esos partidos parecen no conocer o no haber aprendido de la fábula que todos conocemos del pastor de ovejas que por broma gritaba cuando con frecuencia venía el lobo, provocando que vinieran en su auxilio los vecinos, ante su hilaridad por haberlos engañado; hasta que un día en verdad llegó y nadie acudió a su llamado acostumbrados a sus falsas alarmas.

Así el Partido Acción Nacional, por boca de alguno de sus militantes y de sus simpatizantes irresponsables, con frecuencia y por sistema lanzan falsas alarmas calificando de ilegales los procesos electorales que no ganan, que son casi todos, sin darse cuenta de que sus quejumbres y lamentos ya no impactan a nadie, pues el pueblo o no cree en ellos o ya se ha acostumbrado a vivir con el alardeado lobo, situación que constituye toda una generosa aportación del PAN para abonar el terreno al advenimiento de una dictadura y de un régimen totalitario y para generar la nociva sensación en el extranjero de que en México todos somos cívicamente corruptos y que todo está mal y en consecuencia provocar el estado de apatía y falta de solidaridad nacional que se manifiesta con el abstencionismo. Sí, desde esta máxima tribuna nacional debemos señalar con vehemencia que los culpables del abstencionismo son los dirigentes deshonestos de una oposición no responsable que son incapaces de reconocer sus derrotas pitando por la calumnia para desacreditar los procesos electorales, burla la voluntad popular y sugerir la falta de legitimidad

del poder público ante su incapacidad para obtener en buena lid el triunfo electoral apetecido sin importarle que su conducta atropella la conciencia normativa social y al espíritu democrático del ciudadano. Aquí en esta Cámara hay auténticos representantes populares, conscientes desde las diversas trincheras que cada uno tiene, del papel que tienen que jugar en esta conformación pluripartidista del estado mexicano. Por eso consideramos que debe haber una mayor objetividad en el criterio para juzgar de los actos de los otros poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto lo que en derecho correspondía sobre los recursos de reclamación y nosotros no debemos de juzgar de los actos de otros poderes en la forma en que aquí se ha hecho porque tampoco nos gustaría, atendiendo a la regla de otro, que se juzgara con la superficialidad con que se ha hecho al Poder Legislativo que todos nosotros aspiramos a representar con dignidad y con honor. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Para hechos el compañero diputado Jesús Galván.

El C. Jesús Galván Muñoz: - Con su venia, señorita presidenta; señores diputados: Aquí se ha mencionado que hay quienes intentan desprestigiar a la democracia mexicana y al proceso electoral.

De alguna manera se ha dicho muy correctamente lo que aquí se dijo. Se dijo que quienes intentan desprestigiar el proceso electoral, son quienes precisamente violan la voluntad popular. Y quienes violan la voluntad popular no siempre, no siempre aparecen a la luz pública.

Durante el Colegio Electoral se hicieron muchas denuncias y a la Suprema Corte fueron solamente algunas de ellas. Lo que es evidente aquí es que hay una desvinculación entre lo que aquí se viene a decir y lo que realmente se hace. Entre lo que se piensa y lo que se dice. Y así por ejemplo cuando el diputado Berlín Valenzuela habla del desprestigio a la democracia y de la deshonestidad de los líderes -yo quiero hacer solamente dos referencias: la primera al padrón electoral. ¿De quién es culpa que el padrón electoral haya estado adulterado?, tema que siempre se evadió, siempre se soslayó y hasta ahora no se ha dicho quién fue el responsable de que haya estado adulterado.

¿A quién le va creer ahora? Igual que en la fábula del lobo que mencionaba hace un rato del diputado Berlín Valenzuela, tanto se grita, tanto se dice que se está diciendo la verdad. Y como no se actúa consecuentemente, el pueblo ya no cree. Quién desprestigió a la democracia, quién desprestigió al gobierno y quién desprestigió a las autoridades, fueron precisamente quienes no actuaron en consecuencia a lo que se decía.

Y otra muestra más: ahora que está de moda esto de la deuda pública, aquí tengo en la mano una ley que entró en vigor en 1977, expedida por el Presidente López Portillo. En su artículo cuarto no hace más que repetir lo que la Constitución dice, lo que la Constitución manda, pero quiero leer esta fracción cuarta de su artículo cuarto de la Ley General de Deuda Pública que a la letra decía: "...cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público", eso es lo que dice el artículo cuarto, y eso es lo que el lobo, lo que el pastorcito gritó muchas veces pero que nunca hizo.

Yo le voy a suplicar a los compañeros diputados que quieran hacer alguna interpelación, hagan uso de la disposición reglamentaria y no se escondan detrás de su curul. Hay un reglamento y pueden hacer uso de él.

Se hablaba aquí que la Suprema Corte de Justicia se había ceñido al derecho, sin embargo la misma Suprema Corte, en sus propias resoluciones se contradice, y les voy a decir por qué. Hay en una de las resoluciones en donde en los considerandos de la resolución, la Suprema Corte de Justicia dice que no tiene los elementos suficientes para poder formarse un criterio, y a pesar de lo que dice en ese considerando, resuelve. Es el caso de Distrito XXXVIII del Distrito Federal, y está a su disposición como ustedes ya lo han escuchado hace un momento; quien lo quiera leer ahí está, es en la página 18 de los considerandos.

Otra cosa más: en el caso del I Distrito de Baja California en donde se distorsionó la interpretación del artículo 212 y se hace que haya dos sesiones, la Suprema Corte ni siquiera fue a los expedientes, ni siquiera se dio cuenta de lo que en el acta circunstanciada del 14 de julio se decía, toma sencillamente la resolución que el Colegio Electoral le envía, y con eso resuelve. Y eso, señores, yo no lo digo. Lo dijo uno de los propios ministros. Dijo: estamos resolviendo en forma dogmática, sin hacer referencia a las pruebas y a las evidencias que están dentro del propio expediente. Uno de los ministros dijo; yo no lo estoy diciendo, solamente lo repito.

La suprema Corte, así, tuvo una actitud claramente decisionista y voluntarista, y proclamó, igual que el Colegio Electoral que resolvió sobre las elecciones, que era más importante la certeza subjetiva que la verdad objetiva.

Declaró igual que los ilustrados del siglo XVIII: "nec decipit ratio, nec decipitur unquam": la razón ni engaña ni se engaña. Y claro, con razón, independiente de las pruebas que obraban en los expedientes, resolvió. Y así podemos hacer análisis de cada uno de los casos. Nunca se tomaron ni siquiera la molestia de ver los expedientes.

Las resoluciones de la Suprema Corte, entonces, se limitaron, exclusivamente, a reproducir

en forma mecánica las interpretaciones distorsionadas de la ley, que desde aquí, desde el Colegio Electoral se convirtieron en un dogma. O bien se desestimaron las pruebas y las evidencias que estaban dentro de los expedientes, o bien, cuando, como en el caso que he mencionado, se dice: no contamos con las pruebas ni con los documentos para resolver; de todos modos resuelve.

Y esto es importante, porque para los próximos colegios electorales, basta con que el Colegio Electoral no remita el expediente completo, para que el partido que interponga el recurso no tenga nada que hacer puesto que la Suprema Corte de cualquier forma va a resolver.

Lo que se buscaba cuando interpusimos el recurso de reclamación ante la Suprema Corte, era solamente que se investigara imparcialmente la verdad y se dijera a las autoridades que tienen constitucionalmente facultades para resolver, resolvieran y tomaran una decisión que finalmente iba a ser una decisión trascendental, puesto que esa decisión sentaría bases y criterios respecto a las instituciones fundamentales de la vida democrática de nuestro país.

Sin embargo, al avalar con su falta de independencia y su falta de honestidad intelectual la Suprema Corte, esas resoluciones, las resoluciones del Colegio Electoral, en el fondo creo que se plantea una cuestión fundamental y es si en este país es posible el funcionamiento de las instituciones republicanas, representativas, democráticas y federales que son los supuestos de nuestra vida pública. Muchas gracias.

La C. Presidencia: - Para hechos, solicitó la palabra el ciudadano diputado Juan de Dios Castro.

El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señorita presidenta; señoras y señores diputados: El señor doctor Berlín Valenzuela planteó una cuestión doctrinal interesante, sin precisar en detalle la exposición que a ese respecto hizo aquél ilustre ministro de la corte del siglo pasado: don Ignacio Vallarta.

A veces se ha planteado en los litigios la posibilidad de impugnar o cuestionar la legitimidad de la autoridad. Tratándose de los diputados del Congreso, tratar de impugnar cuando se ataca a una ley, la ilegitimidad de quienes en el órgano adecuado el Congreso de la Unión, y en especial la Cámara de Diputados, fueron electos por el pueblo, y cuestionar si fueron electos o no legítimamente.

Vallarta decía que no era lícito en tribunales del orden común o en tribunales federales el cuestionar la legitimidad de la autoridad.

Que ésta tenía que cuestionarse precisamente en el Colegio Electoral por el peligro que existía de invasión del Poder Judicial al realizar una declaración que le vinculara relacionada con la integración del Poder Legislativo.

No toca, decía Vallarta, pues ni es conveniente que al Poder Judicial se le diera la facultad de invadir el Poder Legislativo. Sin embargo, por las razones que señalaba el doctor Berlín Valenzuela, pero imputables al órgano al cual pertenece, que es el gobierno Federal o el gobierno estatal o algo que no constituye partido político, sino que no es más que una dependencia del poder, que es el Partido Revolucionario Institucional. Es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que interviniendo en cuestiones de política partidaria y de línea oficial, ha abandonado la función jurisdiccional que por derecho le corresponde.

¿Por qué decimos esto? Por la conducta de la mayor parte de los ministros que la integran, por la conducta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Iñarritu. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos tiempos no ha mantenido la independencia que la división de poderes, que desde el punto de vista constitucional prescribe la ley, no la ha acatado.

Qué confianza puede merecer a los ciudadanos de México la actitud de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ante una cuestión de orden jurisdiccional, planteada ante los tribunales federales y que eventualmente podían llegar a la corte, el presidente antes del juicio, antes de dictar resolución, antes de aplicar la función jurisdiccional se proclama partidario de la decisión asumida por el Ejecutivo Federal.

Un antecedente tomado en el sexenio anterior, el del licenciado López Portillo, cuando decreta la Nacionalización Bancaria, al margen de si el Estado tiene o no el derecho de expropiar y se el acto del Ejecutivo se ajustó o no a las disposiciones Constitucionales, planteando un amparo por la parte afectada dentro del régimen de derecho y dentro de las facultades y derechos que confería la parte afectada a la ley, el presidente de la Corte proclama su adhesión a la decisión asumida por el Ejecutivo Federal, eso señores, significa ni más ni menos prevaricación, significa ni más ni menos, que la Suprema Corte de Justicia a través de uno de sus miembros y de los más connotados, el presidente, estaba pronunciándose sobre una cuestión que le iba a llegar a la decisión del pleno para su resolución jurisdiccional antes de que esta le fuera planteada, eso no lo hace ni un juez de primera instancia que se respete, ni un miembro de un supremo tribunal de justicia en algún estado de la República y menos debía hacerlo quien tenía la alta investidura de ser presidente del tribunal máximo de la nación, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación: y se dirá qué relación tiene esa decisión del presidente de la Corte con un asunto como esté, en el que se están ventilando las decisiones de la Corte en una cuestión de carácter electoral. Tiene gran importancia y

gran trascendencia, señores diputados, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano, no se pronunció en favor del Ejecutivo, pero su Presidente, con toda su investidura que no se puede privar de ella ni quitar de ella como pudiéramos nosotros quitarnos una prenda de vestir, se proclamó a favor de la línea política del Ejecutivo Federal, lo que establecía un rompimiento y un quebrantamiento a la independencia y a la autonomía que debía tener el Poder Judicial.

No es extraño, pues, que ante un planteamiento de carácter electoral donde va de por medio la decisión del Colegio Electoral, que conforme a las disposiciones legales la decisión de la Corte no vincularía a la Cámara, no por el principio mixto de que hablaba el señor Valenzuela, porque la Corte no tiene capacidad decisoria para vincular a la Cámara en una decisión de Colegio Electoral, sino un pronunciamiento en una cuestión de derecho en que la Corte haría una declaratoria. Sencillamente la Corte siguió el camino fácil de adherirse a la línea oficial de la misma manera como años antes, su presidente apoyó, antes de que estuviera listo para ser resuelto jurisdiccionalmente, la linea que le había trazado el que entonces era depositario del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado José López Portillo.

Esto es peligroso, ciudadanos diputados. Romper el principio de la división de poderes, interviniendo la Corte a favor de la violación de la ley, Sabemos que su declaración la hizo con discrepancia en el voto de algunos ministros, y que esa fue la opinión del órgano colegiado. Pero no dejamos pasar inadvertido el hecho de que la Corte, en este caso como en aquel que mencionábamos, siguió la línea más fácil de apoyo a la política gubernamental del Ejecutivo Federal. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el señor diputado Brambila.

El C. Antonio Brambila Meda: - Con su permiso ciudadana presidenta: En sesión de Colegio Electoral en esta tribuna se dijo que la ley es dura pero es la ley. Efectivamente, es verdad porque vivimos en un estado de derecho. Estado de derecho que obliga a mayorías y a minorías, a gobernantes y a gobernados a subordinarse al imperio de la ley.

Recuerdo el caso del III Distrito del estado de Chihuahua donde el diputado que me antecedió en el uso de la palabra señalaba que ese dictamen estaba apegado a derecho, Y tal pareciera que para el Partido Acción Nacional sólo apegan a derecho aquellas resoluciones que les son favorables.

Bien sabe la diputación panista que en ese caso del III Distrito de Chihuahua, el primer dictamen que se presentó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nosotros objetamos algunas cuestiones de técnica jurídica, que no por ser de forma dejaban de ser también de fondo. Y nosotros participamos en la corrección de ese dictamen y el Partido Acción Nacional sancionó la corrección que nosotros propusimos.

La legalidad en el proceder del Colegio Electoral y de esta Cámara, nos parece están fuera de duda como también la legalidad en el proceder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quiero recordarles, para desvirtuar los sofismas que, con que aquí se han tratado los casos, pues tal parece que cuando se tiene la necesidad de asumir un criterio jurídico se vienen aquí a invocar argumentos de tipo político, quiero recordar cuál es el sentido del recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y dice la exposición de motivos que reforma el artículo 60 de la Constitución:

"Es inherente al estado de derecho la existencia de diversas instancias decisorias en que se ventilen los actos gubernamentales, a fin de someter a jurisdicción diferentes la revisión de la legalidad con que se produjo cierta decisión, y que la ley secundaria determinará los requisitos de procedencia y el trámite a que se sujetará el recurso de reclamación, con la finalidad de que, a través de los mismos, exclusivamente se planteen los casos de violaciones sustanciales cuya trascendencia sea determinante en los resultados de una elección particular, de tal manera que se evite la interposición de reclamaciones notoriamente infundadas, cuyo propósito sea el de entorpecer las instancias de calificación."

Y más adelante, la ley secundaria establece que este recurso procede "siempre que todas las instancias se hayan combatido oportunamente, sin haber omitido ninguna de ellas ante los organismos electorales competentes, en los términos de la ley."

Y vayamos solamente en vía de ejemplo a analizar algunos de los seis casos que hoy nos ocupa. Me voy a referir al IV Distrito del estado de Jalisco.

El PAN impugnó la elegibilidad del candidato del IV Distrito del estado de Jalisco, aduciendo que era presidente municipal del municipio de Tlaquepaque y al ser candidato en un municipio diferente por el municipio de Guadalajara, era inelegible en los términos de la ley; pero que además acudía al recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no existía instancia previa para impugnar o para combatir la inelegibilidad de ese candidato, Nosotros les decimos que sí existían recursos o instancias previas para combatir la inelegibilidad de este candidato, existía el recurso de revocación pues este será precisamente para combatir los acuerdos de los organismos electorales que contravengan la ley, su reglamento o los acuerdos de carácter general tomados por los organismos electorales; ¿pero qué sucedió con el recurso de reclamación del Partido de Acción Nacional? Lo hizo porque no impugnaba el proceso electoral, no combatía las instancias de todo el proceso, no se dio un solo dato

en la campaña electoral que hubiera sido combatido o que tuviera visos de ser combatido; tranquilamente se esperaron hasta presentar el recurso de reclamación porque pensaban que así, de una manera fácil, les podía ser adjudicado un distrito electoral. Estas son argucias falaces y no son argumentos jurídicos; esto es justamente lo que la Suprema Corte de Justicia no entró al fondo del asunto porque eran recursos frívolos y notoriamente improcedentes; este caso y los otros cinco se dan en este contexto, nosotros pensamos que la Suprema Corte de Justicia resolvió apegada a derecho, que aquí lo que se ha venido a señalar son argumentos falaces de carácter político, cuando lo que se necesitaba eran argumentos jurídicos. Por ello lo lamentamos y lamentamos también que se esté desacreditando a uno de los Poderes de la Unión, poder el más alto tribunal de la nación, cuyos miembros son intachables, cuya conducta de todos ellos, incluyendo a su presidente son de una honorabilidad incontrastable. Por todo ello pido, ciudadana presidenta, se considere suficientemente debatido este caso y se le dé el trámite correspondiente. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - El C. diputado Alvarez Padilla ha solicitado la palabra, para hechos.

El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señorita presidenta: compañeros diputados: Es verdaderamente triste ver aquí personalidades de alta estimación como científicos de la ciencia jurídica, como Berlín Valenzuela, y algunos otros compañeros que pasan por esta tribuna, a retorcer intelectualmente argumentos que de hecho válidamente no podrían convalidar ateniéndose al rigor de la aseveración, con suficiencia de elementos de lo que están diciendo.

No es nuevo ni para los de Acción Nacional ni para algunos de los que están presentes en esta Cámara, que la atribución que la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución da al Presidente de la República para nombrar a los ministros de la Corte, es una aberración desde todos los puntos de vista que queremos verla. Es una aberración políticamente hablando, porque queda la preeminencia soberanísima, singularísima del Ejecutivo sobre todos los miembros que integran el Poder Judicial a nivel de alta magistratura como lo debiera ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es claro, dice aquí el 89, las facultades del presidente son las siguientes: Y la fracción XVIII dice: nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter los nombramientos, las licencias y las renuncias de ellos, a la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso

. El Presidente de la República tiene en su mano quitar, poner, licenciar, enfermar, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando se le antoje. Y esta es una verdad que ustedes mismos, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, lo saben. Y en el fuero interno lo aceptan. Y lo grave del asunto es que a pesar de saberlo y de aceptarlo en el fuero interno, en esta tribuna dicen exacta, literal y categóricamente lo contrario.

Yo quisiera preguntar cuánto tiempo tendrá nuestro pueblo que soportar esta política subrealista que estamos viviendo. Una es la realidad, uno es lo que la cosa es en sí y otro es lo que queremos que se sepa o que se entienda o que se deduzca que la cosa es y esa es una aberración tan tremenda como desfigurar, como tratar de trasgiversar la verdad.

Qué pobreza de concepción del derecho tiene el compañero que acaba de hacer uso de la tribuna, antecediéndome, hablando de una "dura lex, sed lex", de una ley dura, de una ley positiva, de una ley que se aplica y que es vigente a pesar de que no sea justa. Qué aberración tan tremenda es negarle el contenido axiológico a la norma, el negarle la necesidad absoluta para que en realidad sea tal, retener un valor que proteja, un alto valor, una alta estimativa que a través de la norma, a través de la estructura científica, técnica y artística de lo que es la estructura de una norma, proteja aquel bien jurídico. Es, podríamos desde otro punto decir, la norma jurídica, lo axiológico son las personas que viven en una vivienda y lo científico, lo técnico y lo artístico es la estructura que permite que aquellas personas vivan. ¿Qué es lo valioso? Lo valioso instrumentalmente hablando pudiera ser tal vez el edificio en que las personas viven, pero lo valioso, el fin último para el cual ha sido creada aquella vivienda es precisamente el ser habitada por seres humanos.

Hemos visto con tristeza que no sólo nuestra moneda está devaluada; hemos visto con tristeza que no sólo la autoridad de la Presidencia de la República como institución está devaluada, y esto lo han referido todos los presidentes, acuérdense de López Portillo cuando hablaba que cada que se devaluaba la moneda también se devaluaba la figura del Presidente de la República. Ahora, innecesaria e injustificadamente también se ha cometido un atentado contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a institución en sí, haciéndola compartir criterios que científica, técnica y jurídicamente de ninguna manera debería compartir con lo que fue el Colegio Electoral que se llevó a cabo en el mes de agosto precisamente de este año.

No estamos aquí para votar si es válido o si no lo es lo que la Corte decidió; ya lo decidió y en la conciencia de cada uno de los ministros pesará para siempre el resultado de esos criterios que sustentó al emitir su voto precisamente en esos resolutivos que le fueron puestos a su consideración.

Y si hablamos de conciencia, hablamos de una verdadera conciencia no simplemente de un estado de insatisfacción psicológico, sino de algo más. Muchas gracias, señores.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos, el ciudadano diputado Eugenio Ortiz Gallegos.

El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Señora presidenta, compañeras y compañeros:

Ya recordábamos no hace mucho aquella frase en el parlamento francés, de Toqueville en el siglo pasado: "No es falta de leyes, sino de voluntad de un gobierno para practicarlas".

Se ha argumentado contra la postura que estamos presentando en esta tribuna, porque se pretende desentender que no estamos contra la existencia de leyes, sino contra el mal ejercicio de la ley. Alguno de los oradores, Alarcón, del partido oficial, invocó el apotegma latino de dura les, ley sed. También se le puede recordar: duro es el crimen e infame, y sigue siendo impune.

Los procedimientos para el empleo de la ley son los que venimos aquí a impugnar. Mencionaba Alarcón que cuando se discutió el caso de aquel presidente municipal de Jalisco, no se le asentó que era inelegible y que por lo tanto no se podía proceder en la Suprema Corte para tener en cuenta ese argumento de inelegibilidad.

En este Colegio Electoral se presentaron las pruebas, y esas son las pruebas que debieron tomarse en cuenta en la Suprema Corte de Justicia para hacer caso a la demanda de Acción Nacional.

Pero ya estamos encontrando y sabemos de memoria cuáles son los procedimientos por los cuales se pretende que nosotros invocamos y pedimos ayuda diciendo que viene el lobo, y después ya el lobo, cuando llega, nos hace pedazos. Aquí sabemos que siempre se usa el procedimiento de que el lobo se coma a las ovejas y se pretenda que no nos damos cuenta de que se las come.

Aquí hay un par de ejemplos:

Padilla Delgado Obregón fue acusado ante la Contraloría de la Federación porque desvió fondos públicos a favor de la campaña del XXXVIII Distrito, el del señor actual diputado Sócrates Rizzo aquí no se le dio curso, en el Colegio Electoral, la denuncia. Pero ya en este instante fue relevado de su cargo y ahora se le envió como Secretario de Obras Públicas al gobierno del estado de Guanajuato. Un gobierno que tiene voluntad política, no para acatar la ley y oír argumentos, sino para desviar la atención y después hacer lo que le parece prudente para seguir sosteniendo a la familia revolucionaria.

Pero todavía más: Aquí impugnamos el caso de Sócrates Rizzo, que también estaba acusado porque había empleado fondos en la campaña y había usado sus recursos para llevar a los alumnos de la academia de Policía a votar subrepticamente por su candidatura. Y da la casualidad que a ese señor, Sócrates Rizzo, se le pone ahora como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda que es la que tiene que encargarse de fiscalizar que no se desvíen los fondos. Curiosa manera de proceder. No se trata de que las leyes funciones; se trata de hacernos crecer que están amparando la ley para salirse con la suya y premiar el delito y dejarlo impunemente.

La C. Presidenta:- Tiene la palabra el ciudadano Guillermo Fonseca Alvarez.

El C. Guillermo Fonseca Alvarez:- Ciudadana presidenta de esta Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:

Este es el capítulo final de la etapa contenciosa electoral. La Suprema Corte ha resuelto los seis recursos de reclamación. Pienso que la discusión de carácter jurídico ha sido expuesta con claridad por los representantes de los dos partidos que han participado. Solamente me voy a referir a dos hechos, uno es en el sentido de que los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son emitidos, como todos lo sabemos, por los ministros que integran ese alto tribunal colegiado, no es un fallo en que la opinión exclusiva del presidente de la Corte sea que decida el fallo mencionado.

No es arbitraria y discrecional la facultad del Presidente de la República para nombrar ministros de la Corte, se requiere la aprobación de la Cámara de Senadores, y por ello se ha seguido en todos los casos este procedimiento, y la verdad es que todos los partidos debemos sujetarnos al derecho y a la voluntad popular donde se obtiene la mayoría. Sin embargo es conveniente reconocer que tenemos también el derecho de seguir una estrategia política. Y, repito, hoy termina, hoy culmina lo contencioso electoral que se inició en el año de 1984 con los primeros pasos del proceso para la elección en el 7 de julio.

dentro del marco de la crisis económica y de lo que ha ocasionado el sismo, yo recuerdo que en aquella época como estrategia política se hablaba de la necesidad de que la democracia mexicana estuviera representada por el bipartidismo. Hubo quienes sustentaron la tesis de que debía ser tripartidismo y la opinión pública nacional se pronunció por un sistema plural y pluripartidista, se habló de que en esas elecciones habrían nuevas mayorías; posteriormentese dijo que la elección estaba viciada en forma general por el fraude y cuando llegamos al Colegio Electoral y a las sesiones de la Cámara nos damos cuenta de que se pretende, primero quitarle legitimidad a la Cámara de Diputados, después tratar de menoscabar la fuerza y la legitimidad del Poder Ejecutivo y ahora también se pretende poner en entredicho y en tela de duda la seriedad del Poder Judicial.

Se ha hablado y se ha aducido que la dependencia del Poder Legislativo del Ejecutivo existe, porque la mayoría parlamentaria del PRI sustenta sus tesis, no solamente en la Cámara que es caja de resonancia del país, sino también la sustenta en el hecho de que somos la mayoría.

Lo anterior demuestra compañeros, que mediante la crítica que es legítima, lo reconozco, se pretende aprovechar junto con la crisis económica y las consecuencias del sismo, destruir la estabilidad política de la nación mexicana, no se busca el respeto entre los poderes, no se busca la colaboración entre los poderes sino el enfrentamiento de los poderes.

La libertad y el pluripartidismo, no indican que haya vacío de poder ni que la línea política de la mayoría esté pulverizada, nosotros nos hemos pronunciado por la unidad dentro de la diversidad, nosotros hemos dicho que la libertad debe prevalecer y que pedimos para México un jefe de Poder Ejecutivo fuerte dentro de la ley y por el apoyo de la mayoría, una organización política como el Partido Revolucionario Institucional, respetuoso de los demás, pero dispuesto a mantener la fuerza de la mayoría con una línea ideológica, nacionalista, conforme a su historia y a la voluntad del pueblo.

Nosotros preguntamos, a quienes piensan que debe destruirse la estabilidad política, ¿qué modelo de país ofrecen al pueblo? El modelo basado en el nacionalismo abierto a las mejores ideas universales o el modelo teórico y utópico sometido a la realidad de las influencias extranjeras.

Aceptamos la crítica porque estamos en el poder, aceptamos que hay fallas y reconocemos aciertos; no prejuzgamos respecto a actitudes personales, pero sí reclamamos que el interés nacional se ponga por encima de los intereses parciales o particulares, porque consideramos que las instituciones que el pueblo se ha dado, con fuerza de nuestro partido apoyando al Presidente Miguel de la Madrid, que es su jefe, pese a los problemas existentes harán que México siga de pie y supere los momentos difíciles.

No debe haber pasividad, no autocontemplación pero deseamos para la nación, no la anarquía, no la contrarrevolución, no el fascismo, mucho menos la intervención extranjera.

Creo que todos los mexicanos coincidimos en que debemos preservar nuestras libertades, justicia y apoyo para las mayorías, el imperio de la ley y la independencia de México. Muchas gracias.

La C. Presidenta:- Diputado Tavira, hechos sobre este tema.

El C. Martín Tavira Urióstegui: - Sí, señora presidenta.

La C. Presidenta: - El diputado Martín Tavira, sobre el tema de referencia.

El C. Martín Tavira Urióstegui:- Señorita presidenta; señoras y señores diputados: En el transcurso, tanto del Colegio Electoral como de las sesiones de esta Cámara, oyendo todos los días disertar a los diputados de Acción Nacional sobre diferentes tópicos de la ciencia jurídica, como son tan dados a nombrar a esa disciplina, yo he reflexionado, mucho y digo yo si alguna vez, o decía yo, si alguna vez llego a tener algún problema de carácter legal, nunca lo he tenido afortunadamente, pueda ser que recurra a un abogado de Acción Nacional porque son muy buenos litigantes.

Sin embargo, ahora tengo muchas dudas sobre su capacidad para litigar, porque últimamente sus alegatos jurídicos han venido a menos. Yo decía, bueno, aunque hay diferencias políticas abismales pueden ser hombres buenos, cristianos y pueden ser imparciales si yo soy cliente suyo. Pero habiéndonos dado cuenta de que últimamente también tienen su corazón para agredir, y los vamos a denunciar oportunamente, vamos a denunciarlos, que también dados a la agresión hasta física, muchos de ellos que se dicen muy buenos cristianos, ahora casi ya los he descartado como abogados.

Vicente Lombardo Toledano dijo alguna vez aquí, advirtió a los diputados de la mayoría:

"El Partido Acción Nacional lo que quiere son concesiones y no van a cesar hasta que no les entreguen todo el poder". Lo que quieren hacer siempre es formal el espectáculo para que la prensa y los medios de comunicación les hagan la gran difusión y luego chantajear; no se conforman con los 41 miembros que por suerte, quizá por designio divino les tocó, ahora quieren más, más concesiones, pero tan sólo se atienen a la argumentación jurídica exclusivamente, siempre enseñan su verdadero propósito, defender los intereses de las clases privilegiadas, defender los intereses de los que deben ser derrotados históricamente.

No se trata de si jurídicamente la expropiación de la banca, la nacionalización de la banca estuvo impecable, se trata de atacar el fondo de la nacionalización de la banca; no se trata de impugnar desde el punto de vista formal, la expropiación que hizo el Presidente de la República para resolver el problema de vivienda, sino se trata de atacar el problema mismo de la expropiación para afectar los intereses ilegítimos de los ricos, de los que tienen el poder y especulan con los terrenos y con las casas y mantienen en la miseria a los explotados.

Ahí está el verdadero propósito. Compañeros diputados, el mejor camino para derrotar a la derecha es el camino revolucionario, el camino, no de las concesiones, sino el camino tantas veces invocado del nacionalismo revolucionario, de quitarle el imperialismo lo revolucionario, de quitarle al imperialismo lo que tiene y de conducir al país por la vía de nuestros conductores de 1910-1917, dándole al pueblo lo que el pueblo necesita, dándole la riqueza que el mismo pueblo ha producido, dándole al pueblo el derecho de trazar su destino de acuerdo son la auténtica democracia, no la formal sino la democracia real, la democracia que consiste en darle a las mayorías lo que las mayorías necesitan; el derecho

a la cultura, el derecho al trabajo, el derecho a elevar sus condiciones de vida y el derecho a participar en la construcción de un México mejor, más avanzado, liberado definitivamente. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Ciudadanos diputados, esta Presidencia estima útil comentar que tenemos registrados para hechos al ciudadano diputados Carlos Arturo Acosta y al ciudadano diputado Diego Valdés. En virtud de que el trámite sobre que han suscitado una serie de comentarios en hechos, ya ha sido dictado, recomendamos respetuosamente a la Cámara que después de que estos ciudadanos diputados hagan uso de la palabra, sin menoscabo de que alguien quiera hacer un señalamiento de hechos, podamos seguir adelante con los asuntos en cartera.

El ciudadano diputado Carlos Acosta.

El C. Carlos Acosta González:- Señores diputados: Quise interpelar al licenciado Fonseca Alvarez que no acepto en uso de sus derechos. Creo que el fondo de esta discusión es la independencia de los tres poderes de la Unión que consagra nuestra Constitución. Ese es el tema fundamental y se han estado presentando argumentos por los diputados de Acción Nacional de que esta independencia no se da de hecho.

Desde la Constitución de 1824 hemos guardado en México las formas de la democracia pero no el fondo, ya don Porfirio Díaz le decía a Creelman que su gran mérito era haber guardado las formas de la democracia y seguimos en ese plan de guardar las formas de la democracia. Yo quise preguntarle al diputado Fonseca, cuando él afirmó que el Presidente no es libre de quitar y poner a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quise preguntarle: ¿cuántas veces el Senado ha rechazado una proposición del Presidente de la República? Porque si no ha rechazado ninguna, es un poco sospechosa la independencia de este poder. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidente:- En el uso de la palabra el C. diputado Diego Valadés.

El C. Diego Valadés Ríos:- Señorita presidenta; ciudadanos diputados: A propósito de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos asistido a un debate que evidentemente estaba prefabricado. Es absolutamente los recursos ante la Corte de Justicia, se sabía de este órgano de la justicia. Por la sencilla razón de que los fundamentos jurídicos aducidos eran en extremo endebles y en esos términos se había acreditado en la discusión que se llevó a cabo en el Colegio Electoral de esta Cámara de Diputados.

Lo que se quiso fue contar con un pretexto más para sembrar la inseguridad, para sembrar el desconcierto, para sembrar la inquietud y para sembrar la desconfianza con relación al sistema jurídico mexicano.

Fue una acción preconcebida. Y fue un acto que evidentemente no pase inadvertido para esta Cámara, ni pasará inadvertido para la opinión pública nacional.

Para justificar lo que digo, tengo que distinguir en primer término, que hay dos formas de hacer oposición en México y en general son dos formas de hacer oposición en todo el mundo. Hay una oposición representativa, creativa, constructiva. Una oposición que desea enriquecer con su aporte el panorama de la discusión y del debate político, y hay otra oposición que desea ensombrecer ese debate político generando, como ya he dicho, la desconfianza en las instituciones.

No deja de ser significativo, ciudadanos diputados, que los únicos casos de extrañamiento con relación a la actitud personal asumida en esta tribuna por algunos de los oradores correspondan a uno solo partido y al mismo partido político precisamente. Es evidente que esa actitud política se traduce en el deseo de zaherir a la opinión pública en el propósito de irritar a este Cuerpo Colegiado y en el deseo de sembrar entre los mexicanos la simiente de la discordia.

Nada más censurable que atacar al Poder Judicial de la Federación del que depende la seguridad jurídica de todos los mexicanos; los mexicanos están convencidos porque empíricamente lo han corroborado que hay una institución solvente por autoridad moral, por su autoridad jurídica y por su autoridad institucional que es el Poder Judicial de la Federación. Solamente en el año de 1984 el Poder Judicial de la Federación otorgó más de 150 mil amparos contra actos de la autoridad; nadie puede afirmar que quienes así procede lo haga a manera de entidad o institución dependiente y sumisa.

Los intereses jurídicos de los mexicanos están bien defendidos, están adecuadamente tutelados a pesar de las sombras de sospecha que un partido de oposición quiera arrojar sobre el Poder Judicial de la Federación.

(Aplausos.)

Por otra parte llama profundamente la atención que justamente desde esta tribuna un orador pregunte si es posible que en esté posible que en este país, y al decir este país lo señala con un cierto dejo despectivo, porque es como se refieren a México aquellos que desprecian a México,

Pregunta que si es posible que en México, o como dice el diputado en este país, funcionen las instituciones republicanas representativas y democráticas. Y yo pregunto: ¿Qué acaso quienes votaron por los diferentes partidos políticos no ejercieron una opción democrática en México? ¿Qué acaso quienes están aquí presentes, representando la voluntad de sus electores, sean de la minoría o de la mayoría, no están justamente corroborando la vigencia de las instituciones democráticas en el país? Llevar a un extremo simplista

solamente para merecer algunos comentarios en la prensa de mañana o en las noticias radiodifundidas o teledifundidas de este día, llevar, repito, al debate la duda acerca de las instituciones democráticas en el país, es fundamentalmente un acto de irresponsabilidad política.

En México, hace mucho tiempo que rebasamos el sólo esquema de la separación de poderes; en México estamos convencidos de que más allá de la separación de los órganos del poder en cuanto a sus funciones y responsabilidades, existe también una opinión pública libre; existen partidos políticos que actúan sin cortapisas; existe un electorado que se manifiesta de manera incondicionada; existen entidades federativas que hacen valer también sus propias prerrogativas y poderes. Por los mismo, estimo que la discusión que se ha dado es una discusión amañada, destinada, orientada, dirigida, a mermar la confianza de los mexicanos en sus instituciones, y esos señores representantes de una fracción del electorado mexicano es hacer un mal uso del poder y de la representación que los mexicanos de buena fe les dieron. Muchas gracias, ciudadana presidenta.

La C. Presidenta: - Ha pedido la palabra, para hechos, sobre este tema, el ciudadano diputado Castillo.

El C. Heberto Castillo Martínez: - Compañeras y compañeros: Hemos escuchado los planteamientos que se hacen respecto a un recurso que la LFOPPE establece.

Nosotros pensamos desde que hemos estado en este recinto, escasos dos meses, que debemos de trabajar muy intensamente por cambiar, por modificar, por reformar la LFOPPE.

Hay hechos cuya evidencia no permite este manejo de falacias, esta condena de recursos, esta calificación de los actos que ejercen los diputados y los partidos para defender lo que ellos piensan en su derecho.

Descalificar no es el mejor camino para avanzar en la construcción de la democracia de nuestro país.

Aquí hay una evidencia: El partido mayoritario obtiene una votación, aceptemos un 40%. Pero los diputados por mayoría son de 300 o 292. No corresponden los hechos.

Hemos presenciado en los últimos días también acciones de parte de los diputados de las mayorías que les hacen parecer más como diputados que deben responder ante el pueblo que nos eligió, como aquí tanto se dice, que parecen responder, digo yo, a los intereses de los funcionarios que se pide que comparezcan. Es la apariencia que se da

Los diputados de la mayoría no llegan aquí, según nuestro criterio, a expresar sus puntos de vista sino tal parece que vienen a expresar los puntos de vista del Ejecutivo.

Hemos escuchado una y otra vez argumentos para impedir que los funcionarios del Ejecutivo vengan a este Congreso a informar sobre los actos que realizan, sobre todo con estos hechos dolorosos del terremoto del 19 de septiembre.

Y uno piensa que quizá lo que preocupa a quienes defienden esta no comparecencia es que los funcionarios vinieran a descubrir aquí las fallas que tiene el Ejecutivo, no a que vinieran aquí a informarnos de los problemas que tiene la población con las causas que produjo el terremoto, sino a tratar de borrar algunas de las fallas que tienen los funcionarios.

Y yo pienso que se rehuye la verdad, no encuentro otra explicación por la cual un funcionario como el señor Ramón Aguirre, un funcionario como el señor Carrillo Arena, un funcionario como el señor Silva Herzog no vengan a expresar aquí lo que expresan en reuniones de otro tipo. Y parece que los diputados estuviéramos conformes con que se nos tratara como gente a la cual no es muy importante informar, es más importante informar por ejemplo a un grupo de senadores, como lo hace el señor Silva Herzog, que a los diputados de este Congreso.

Creemos que es fundamental luchar porque la reforma a la LFOPPE se haga de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia no tenga sólo el derecho de opinión, de comentario, pero claro que tendríamos que pensar en que esa Suprema Corte de Justicia, a la que también se llena de loas, esa Suprema Corte de Justicia es la que ha estado sistemáticamente protegiendo los intereses de los terratenientes en las luchas de los campesinos. Esto nos consta en una larga vivencia de más de 10 años. Y es también esa Suprema Corte de Justicia la que sistemáticamente condena a los obreros, en los juicios laborales es la tradición, ahí cuando llegan los asuntos son para ser condenados a muerte, y hay luchas de compañeros ferrocarrileros, hay luchas de compañeros electricistas, de compañeros mineros, hay luchas de campesinos que van a morir a las playas de esa Suprema Corte de Justicia.

Esta es una realidad que tampoco podemos ni debemos ignorar.

¿Pero a qué se debe esto? Desde aquí hay que señalarlo, la Suprema Corte de Justicia no obedece a los intereses del pueblo y hay una razón por la cual esto pueda ocurrir, porque la Suprema Corte de Justicia, los ministros no son electos por el pueblo, yo diría entonces que no podemos permanecer callados cuando escuchamos que ante un requerimiento de un partido, de un partido contra el cual tenemos muchas cuestiones que discutir y que discrepar, de un partido contra el cual lucharíamos apasionadamente en la calle, en la plaza y que confrontaríamos nuestras ideas con ellos y que les señalaríamos como rivales políticos, pero a los cuales y de los cuales exigiríamos respeto político; nosotros desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, señalamos que mientras la Suprema Corte de Justicia no sea electa por el pueblo tendrá el vicio de origen, mientras la mayor parte

de los diputados de la mayoría sigan pensando que el puesto se lo deben al Ejecutivo o a los funcionarios del Ejecutivo y no se lo deben al pueblo, vendrán aquí a defender los intereses que ellos crean que son del Ejecutivo haciéndole las más de las veces uno de los peores servicios.

En esas condiciones nosotros no podemos quedar callados ante un proceso electoral que vivimos y que de ninguna manera podemos considerar como se ha dicho tantas veces aquí que fue un ejemplo de democracia, para nosotros fue todo lo contrario, pero pues en este reducto, en este escaso reducto que tenemos para actuar y para luchar, vamos a seguir defendiendo el derecho a que se logre que la elección de los diputados sea toda por proporcionalidad, este sistema híbrido pues permite muchos juegos, incluso en los últimos tiempos permite que hasta los diputados de la oposición sean manejados de cierta manera por estos intereses que ejerce el Ejecutivo por muy diversos conductos.

Nosotros lucharemos en esta Legislatura por lograr una reforma política que apunte hacia un proceso democrático en donde en verdad los poderes republicanos sean independientes, no opositores, sí independientes.

Un poder Legislativo con plena dignidad, con la conciencia de todos los diputados de que todos representamos aun cuando sea una pequeña porción de nuestro pueblo, una conciencia de que nosotros venimos aquí a defender esos intereses y no los intereses de algunos funcionarios porque a veces dé la idea de que algunos compañeros diputados son más que diputados representantes de los diversos hombres que en la política de México, sobre todo en la Legislatura, ya están apuntando por la Presidencia de la República.

Quisiéramos un Poder Judicial independiente, guardián de la ley, honorable, que las aches le queden bien y no que le queden grandes y queremos, claro un poder Ejecutivo fuerte y respetuoso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - El C. diputado Altamirano Dimas, para hechos, sobre el mismo tema.

El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señorita presidenta, compañeras y compañeros diputados: Después de este largo debate en el que ya se han esgrimido razones suficientes para oponerse a los informes que acabamos de recibir de la Suprema Corte, todavía quedan algunos cuestionamientos que no han tenido respuesta.

Se ha mencionado aquí por el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Diego Valadés, algunas menciones que vale la pena ocuparse de ellas por la irresponsabilidad con que fueron emitidas.

Se acusa de irresponsable a la oposición porque viene a criticar un procedimiento que se dio en la Suprema Corte de Justicia. ¿Acaso hay irresponsabilidad cuando se ejerce cabalmente el sentido de la crítica? ¿No podríamos llamar actos irresponsables todos estos cuestionamientos que fueron llevados hasta la Corte y que no fueron solucionados en una instancia que se tocó en esta Cámara de Diputados?

La Corte no hubiera tenido por qué intervenir si realmente el proceso electoral se hubiera ventilado democráticamente y si esta Cámara de Diputados hubiera fallado conforme a derecho y en estricta justicia.

Pero hoy se nos viene a acusar de irresponsables cuando llamamos la atención de un poder que no está cumpliendo con las funciones que lo marca la Constitución. Desgraciadamente las decisiones que se están dando en este alto tribunal siguen privando del excesivo presidencialismo que rige en nuestro sistema político.

La Corte no es ajena a las decisiones que se dan desde la cúspide del poder y que orillan a que la mayor parte de sus miembros tengan que plagarse a las decisiones de un engranaje político y que se tenga que consumar todos estos atracos electorales. Y conste que hacemos la distinción de no hablar irresponsablemente de toda la Corte. Afortunadamente todavía hay un aliento, hay una esperanza que nos permite avizorar mejores tiempos para el sistema político mexicano.

Todavía hay ministros de la Corte, y en esta ocasión lo demostraron y no como menciona el diputado Valadés que hay irresponsabilidad con estos argumentos endebles que vienen a esgrimir los diputados de Acción Nacional. ¿Acaso hubo irresponsabilidad de esos ministros que virilmente opinaron en conciencia y que fueron contra la corriente y contra la consigna?

Creemos que este es uno de los momentos más importantes por los que está atravesando el sistema político mexicano; que no todo está corrompido, que no todo tiene una esencia antidemocrática porque todavía hay hombres libres, todavía hay hombres decididos y sobre todo desde el alto tribunal de impartición de justicia que piensa que todavía en México es posible la división de poderes.

No se puede venir a hablar aquí en la tribuna de que con nuestras expresiones estamos generando desconfianza. La desconfianza ya está generada, señores diputados del partido oficial, la desconfianza está generada con esos actos inconsecuentes desde el poder que una y otra vez han consumado atropellos contra el pueblo de México.

Debieran reflexionar seriamente antes de venir a acusar a la oposición de desconfianza y hacer un autoanálisis para que enmienden esta conducta que tanto daño está haciendo al pueblo de México y para que emulen a esos ministros de la Corte que están yendo contra la corriente del sistema político mexicano y quieren cambiar las reglas de juego para México para que sean más justas y más democráticas.

La C. Presidenta: -Ha solicitado permiso a esta presidencia, el ciudadano diputado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, para hacer uso de la palabra, para hechos.

El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Con su permiso, señorita presidenta; compañeros y compañeras diputados:

Un estimable respetado miembro de esta Cámara, ha afirmado hace unos momentos que descalificar no es el mejor camino para avanzar en la democracia del país, pero curiosamente nos llama la atención por provenir estas palabras, repito, de un respetable y respetado miembro de la Cámara, que de entrada llegan también descalificando y negando la ponderación y el alto sentido de justicia de la Cámara y de la Suprema Corte de Justicia.

Siento que estamos contemplando hechos y actitudes muy lamentables, recientemente, y tengo que decirlo, se atribuye a un reducido grupo de diputados de una fracción parlamentaria minoritaria, que según notas periodísticas que han producido increíblemente, negado y descalificando, denigrando y quizás, con esto, perdonen la expresión, cayendo en la propia autodenigración, la función fundamental de esta Cámara de Diputados, llegando al extremo también de negar su indiscutible legitimidad, haciéndose eco incomprensible de algunas voces empresariales irresponsables y tendenciosas.

Los diputados del PRI rechazamos y condenamos estas expresiones, permanecer en silencio, ignorarlas sería tanto como negar nuestra propia dignidad, la personal y la de esta augusta asamblea, plural en ideologías y expresión suprema de la soberanía popular.

Respetando divergencias ideológicas, plenamente identificados con los anhelos populares, aquí hemos sabido unirnos en lo fundamental, fraternalmente, en aras de los intereses de la Nación; nos hemos otorgado y reconocido mutuamente respeto y dignidad, como mexicanos y entre mexicanos. Qué extraño, qué lamentable resulta que faltando a las normas más elementales de la urbanidad política se llegue al extremo de negar la legitimidad de esta Cámara y ahora el alto sentido de honestidad y garantías jurídicas de los mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con todo respeto, no podemos todos los miembros de esta Cámara pasar por alto estas actitudes denigratorias de la dignidad de esta representación nacional.

Nos parece inconcebible por otra parte que haya diputados que renuncien a su función fundamental, legislativa y sólo se pronuncian contra sus electores y contra los principios de su partido en actitudes de pura denuncia, renunciando de antemano al deber político, al deber histórico, al deber de participar responsablemente en el proceso legislativo, para seguir convirtiendo en leyes las decisiones fundamentales del pueblo mexicano.

La C. Presidenta: - Diputado Zaragoza, ¿acepta usted una interpelación? El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - No la acepto, señora. Discúlpeme no la puedo aceptar. (Aplausos.)

El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Muchas gracias, señor diputado.

El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - No olvidemos, señores diputados, que la expresión suprema de la soberanía de esta asamblea es hacer la ley, vivir la ley y cabe recordar que para vivir la soberanía popular debemos revivir, sentir y vivir siempre las palabras de Ponciano Arriaga cuando nos habla que la democracia es el mando, es el poder, es el gobierno, es la autoridad, es la ley, la judicatura del pueblo, el gobierno popular y democrático se funda en la igualdad de los hombres, se manifiesta por su libertad, se consume y perfecciona por la fraternidad. Yo vengo a hacer un llamado a todos mis compañeros de esta Cámara de Diputados, que volvamos los caminos de nuestra solicitud al respeto y a al defensa de la soberanía de los poderes que son los del pueblo; no olvidemos que no podemos entender una división de poderes con criterios estrechos y limitados, hoy la división de poderes, atendiendo a las necesidades que son propias del estado organizado, no puede ni debe ser absoluta en forma que ejerzan funciones aisladas y sin relación alguna entre sí, ya que aun cuando los tres poderes sean independientes, en su forma de organizarse y de actuar, son partes de un todo y se completan para lograr el funcionamiento total del estado, así la división de poderes se perfecciona con la colaboración o coordinación de los mismos. No nos condenamos a espectros que nos dividan y a discordias que nos golpean, la conciencia nacional, el deber nacional, el cumplimiento de la tarea la conciencia nacional, el deber nacional, el cumplimiento de la tarea en este tiempo de crisis es sólo una, compañeros, fraternalmente compañeros diputados: legislar, cumplir nuestra función y olvidarnos de caminos tortuosos, de denigraciones y negociaciones de nuestra propia dignidad. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Para hechos, el C. diputado Juan de Dios Castro.

El C. Juan de Dios Castro Lozano: - El señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que debemos cumplir la función primordial para la que fuimos electos diputados: legislar.

Si sube alguien de los señores diputados de la mayoría relativa, quisiera que explicaran a esta Cámara cuántas iniciativas de ley han presentado los 290 diputados del PRI. Gracias.

La C. Presidenta: - Para hechos, el C. diputado Eduardo Valle.

El C. Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señora presidenta: Escuchamos

con gran atención las palabras de uno de nuestros compañeros de la mayoría del PRI.

Nosotros quisiéramos hacer la siguiente reflexión: hemos estado buscando junto con muchos, restablecer el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.

Hemos buscado que de muchas formas la necesaria, la absoluta independencia de esta Cámara Legislativa, se manifieste en términos de los graves problemas por los que atraviesa la Nación. Y en esta búsqueda, y en esta expresión nuestra, nos hemos encontrado no solamente con problemas y con incomprensiones, sino también con excesos verbales. Ha habido momentos en que se ha hablado de desestabilizar los trabajos de la Cámara. Y recientemente se hablaba también por parte de gente responsable de la mayoría, de desalentar los trabajos de la Cámara e incluso, había diputados y hay diputados que se expresan en términos de la perversidad de las minorías extremas.

Si nos vamos a ir a las declaraciones que se hacen en esta tribuna y que se hacen afuera de esta tribuna, entonces tomemos la responsabilidad política de lo que implican las declaraciones. Si vamos a caer en el juego de la autodenigración de la dignidad del Poder Legislativo específicamente de la Cámara de Diputados, entonces vamos a tomar las responsabilidades que implica llevar a esta autodenigración a sus extremos.

Nosotros no aceptamos que estemos desestabilizando el trabajo de la Cámara; venimos aquí a hacer nuestra propia expresión sobre la base de los intereses que nosotros queremos defender y que creemos representar al menos minoritariamente, y obviamente asumimos la responsabilidad de lo que decimos, y lo asumimos no solamente en términos de tribuna sino en términos de nuestro propio trabajo a todos los niveles en los trabajos de esta Quincuagésima Tercera Legislatura, y decimos que hemos visto actitudes de defensa irracional de integrantes del Poder Ejecutivo Federal, y que no podemos concebir que alguien nos llame al trabajo legislativo cuando se afecta de manera inmediata y sustancial el trabajo legislativo por ejemplo en términos de la Ley de Ingresos de 1986 y al mismo tiempo la mayoría se niega a atender nuestras razones para escuchar los criterios que van a modular la Ley de Ingresos de 1986.

En esta situación nosotros nos desconcertamos, nos desconcertamos porque o hay irresponsabilidad o simplemente hay un trabajo de resonancia, un trabajo de resonancia por parte de la mayoría que quiere de alguna manera descalificar en principio los trabajos legislativos de las minorías, de las minorías porque no sólo habemos una minoría.

En este sentido nosotros reflexionamos y preguntamos con toda responsabilidad: ¿qué denigra más la dignidad del Poder Legislativo, y en particular de la Cámara de Diputados, qué nos denigra más a todos, compañeros diputados de la mayoría y de las distintas minorías, simplemente ser una caja de resonancia del ejecutivo, o asumir plenamente nuestras atribuciones constitucionales, y en ese sentido ser responsables ante la nación y el pueblo? Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría continúe con los asuntos en cartera.

DICTAMEN RELATIVO AL

ARTICULO 11 DE LA LEY

DE RESPONSABILIDADES

El C. secretario Juan Moisés Calleja García:

«Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

C. diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la H. Cámara de Diputados. Presente.

En los términos de la fracción III del artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe desahoga la siguiente

CONSULTA

I. Antecedentes:

El 15 de octubre de 1985 la presidencia de la Cámara de Diputado solicitó a la comisión que suscribe formulará respuesta a la siguiente cuestión:

"En atención al requerimiento hecho a la presidencia de la H. Cámara por el C. diputado Juan de Dios Castro, en la sesión del 3 de octubre próximo pasado, los abajo firmantes integrantes de esta mesa directiva estiman que existe un problema de interpretación jurídica en cuanto a la vigencia del artículo 76 del reglamento, en relación a lo estipulado por los artículos 61, 52 y el segundo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los primeros, establecen el procedimiento para desahogar el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

II. Examen:

1. El Partido Acción Nacional reiteró, en la sesión celebrada el pasado día 10 que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Título IV Constitucional, sobre la Responsabilidad de los Servidores Públicos ("Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", D. O., 31-12-82), la Cámara de Diputados debe proceder a "insacular" a los cuatro miembros que deben integrar la Sección Instructora. Funda igualmente su acerto en el artículo 76 del Reglamento para el Gobierno del Congreso.

2o. La afirmación del Partido Acción Nacional no tomó en consideración que la ley de 1982 substituyó el término insacular por el de designar. La práctica de la insaculación fue tradicional hasta antes de la entrada en

vigor de la Ley de Responsabilidades de 1982, por ello, el reglamento de 1934, habla en su artículo 76 (reformado en 1937) de insaculación. Así ocurre, vgr., con la Ley de Responsabilidades de 1980, artículo 20 que es, presumiblemente, al que el PAN alude.

3. Si se atiende a la experiencia de la LII Legislatura en materia de Sección Instructora, es evidente que el procedimiento seguido fue el de designación y no el de insaculación.

En otros términos, se acató lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades y no el artículo 76 del reglamento, con apoyo evidente en lo dispuesto por el artículo primero transitorio de la citada Ley Orgánica; y que, en su primer párrafo dice: "Esta ley abroga la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito Federal y de los altos Funcionarios de los Estados, de fecha 27 de diciembre de 1979 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley".

4. Al tenor de lo establecido por la práctica parlamentaria de este Congreso, así como a lo fijado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, en sus artículos 5o., 6o., 7o. y 12 es de interpretarse que la Sección Instructora designa una vez que existe causa sobre la cual pronunciarse y no, como pretende el Partido Acción Nacional al momento mismo de integrarse la Comisión Jurisdiccional.

5. Debe sostenerse que la Sección Instructora se designa una vez que se cumplen con los extremos a que alude el artículo 12 de la ley de 1982, esto es, una vez que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, han dictaminado sobre la denuncia al efecto presentada.

6. En vista de la consulta que la presidencia de esta Cámara ha formulado a esta comisión, en relación al tema supra descrito, procede que ésta declare formalmente que la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, ha cumplido con la ley y el Reglamento de la Cámara, al integrar la Comisión Jurisdiccional y que ésta y la Gran Comisión, no han faltado a su deber al no proceder a designar ("insacular") a la Sección Instructora, toda vez que a la fecha, no se ha presentado caso alguno que amerite su integración.

III. Conclusión:

A la vista de los anteriores antecedentes y del examen aquí formulado, la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias declara:

Único. No es de aplicarse el artículo 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, toda vez que el mismo se contrapone a normas posteriores de superior jerarquía, como son las citadas leyes orgánicas del Congreso y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Diputados: Píndaro Urióstegui Miranda, presidente; Javier Pineda Serino, secretario; Juan Carlos Alba Calderón, Gonzalo Altamirano Dimas, Pablo Alvarez Padilla, Santiago Camarena Flores, Ofelia Casillas Ontiveros, J. Trinidad Cervantes A., José Luis Galaviz Cabral, Alfonso Lastras Ramírez, Santiago Oñate Laborde, Margarita Ortega de Romo, Fernando Ortiz Arana, Genaro José Piñeiro L., Ricardo Regalado Hernández, Rubén Robles Catalán, Demetrio Ruiz Malerva, Martín Tavira Urióstegui, Eduardo Valle Espinosa, Arnulfo Villaseñor S., Humberto Zavala Peña.»

La C. Presidenta: - El C. diputado Juan de Dios Castro ha solicitado hacer uso de la palabra, sobre este tema.

El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señorita presidenta; señoras y señores diputados: En mi iniciativa de reformas al artículo 11 de la Ley de Responsabilidades, coincidí en gran parte con el criterio emitido por la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de que en los términos de la ley vigente de responsabilidades, el artículo 76 del reglamento resulta inaplicable por cuanto a la insaculación.

En la exposición de motivos de esa iniciativa, expresé el mismo argumento que emplea la Comisión de Reglamento, de que la anterior Ley de Responsabilidades sí establecía la insaculación de los miembros de la sección instructora. Y que al promulgarse la nueva ley, que no utiliza el término "insaculación", sino que utiliza el término "designará", el artículo 76 del Reglamento resulta ya inaplicable porque no se reformó en el momento y porque al dictarse la nueva ley, la parte relativa de este artículo 76 queda derogada.

Sin embargo, en un considerando no estoy de acuerdo con la consulta desahogada por la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, y ese desacuerdo implica la subsistencia de la obligación incumplida por parte de esta Cámara para integrar la sección instructora.

Voy a fundar mi afirmación brevemente en el contenido de dos artículos de la Ley de Responsabilidades. El segundo párrafo del artículo 11. Que dice: "... que una vez que la Gran Comisión plantee a esta Cámara, entre las diversas comisiones que plantee para esta Comisión, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la Ley de Responsabilidades.

Y dice el segundo párrafo: Aprobada la propuesta a que hace referencia el artículo anterior, por cada Cámara se designarán de cara una de las comisiones cuatro integrantes para que formen la sección instructora".

Dicho de otra manera, cuando la gran Comisión propuso aquí, a esta Cámara, los miembros de una comisión para sustanciar los

procedimientos, la Cámara debió designar de esa comisión, cuatro para integrar la sección instructora.

Se podría alegar como lo hace la consulta desahogada que ese término designará, aunque se refiere concomitante aquel en que la Gran Comisión proponga la Comisión Jurisdiccional, se podría interpretar que eso correspondería hasta que hubiera un asunto en esta Cámara. Por ejemplo: algún diputado que tuviere algún problema de carácter penal, y que en virtud de fuero no pudiera el Ministerio Público ejercitar la acción penal; y hasta que solicitara a esta Cámara el juicio político se integraría la sección instructora.

Sin embargo, señoras y señores diputados, no lo dice así el artículo 12, que es el que sigue. El artículo 12 dice que "una vez presentada la solicitud por algún ciudadano a esta Cámara", digo para no leer la solicitud, "para iniciación del juicio político, la presidencia turnará esa solicitud con los documentos que la acompañan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia", dice el artículo 12, "Esa Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales y de Justicia primero formularán un dictamen en el cual dictaminarán si la conducta corresponde, dice el artículo, a las conductas enumeradas como causa de responsabilidad oficial, y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de la ley, y por lo tanto amerita la iniciación de procedimiento".

Y con esto concluyo, señores diputados, dice: "una vez acreditados estos elementos de denuncia se turnará a la sección instructora de la Cámara", lo que significa que es una sección instructora ya preexistente. No dice que una vez que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia dictamine, se procederá a designar la sección instructora para después turnarla. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Tiene la palabra el C. diputado Arnulfo Villaseñor, por la comisión.

El C. Arnulfo Villaseñor Saavedra: - Con su venia señorita presidenta; compañeros diputados: Creo que este caso en realidad puede hacerse sumamente breve, trataré en aras de las deficiencias jurídicas de ser claro, en primer lugar es conveniente hacer notar que se trató de una consulta, no se trató de una propuesta de voto de reprobación ni de ninguna otra índole; como consulta ni siquiera ameritaba la discusión; sin embargo, se ha hecho mención exclusivamente en lo que respecta a la creación de la Comisión en virtud de que el propio exponente manifestó que en lo demás del dictamen está de acuerdo, como dato adicional quiero también mencionar que el dictamen se tomó por unanimidad de todos los que participaron, incluyendo a los del propio partido de quien me antecedió en el uso de la palabra.

Yo creo que la situación es sumamente sencilla, porque las dos ocasiones se está hablando de que se presume, y cuando una cosa ya se está presumiendo, pues se puede presumir de un lado, se puede presumir de otro; yo creo que en este caso el artículo 52 dice claramente y lo tenemos que realizar con los demás y el reglamento no autoriza tampoco las interpelaciones, licenciado, dígame donde...

La C. Presidenta: - Ciudadano diputado le ruego no establezcan diálogo, usted no permite la interpelación.

El C. Arnulfo Villaseñor Saavedra: - No existe, el reglamento habla de explicaciones no de interpelaciones, lea su artículo.

La C. Presidenta: - Esta presidencia considera que no es de aceptarse la interpelación, en virtud de que se está abriendo un diálogo innecesario, en uso de sus facultades reglamentarias.

El C. Arnulfo Villaseñor Saavedra (continúa). El artículo 52 de la Ley Orgánica relacionado con este mismo caso, menciona de manera muy clara, que las comisiones de Investigación y las Jurisdiccionales se constituyen con carácter transitorio, funcionan en los términos constitucionales y legales y cuando así lo acuerden, la Cámara conocerá específicamente de los hechos que hayan motivado su integración" O sea, que aquí en este caso el artículo no contradice nada de lo que dice la otra ley, de la ley superior, complementa simplemente. Si fuera contradictorio, estaríamos en el caso del artículo 76 que no podría ser aplicado, pero como el propio representante del Partido Acción Nacional ha sostenido que es una estimación, él mismo está reconociendo que no lo dice la ley y en consecuencia sí podemos atendernos a lo que dice la ley en la Ley Orgánica, en el artículo 52 que dice: "Conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración.

Como consecuencia, también podemos interpretar que mientras no se produzcan los hechos no es necesario proceder a su integración, lo que eso está perfectamente cumplido.

Entonces en virtud de ser una consulta, de no ser un tema a debate y de ser simplemente cuestiones de criterio, porque la ley en lo que podemos estar de acuerdo es que no es absolutamente clara, y no podemos llegar a querer establecer una ley conforme a la interpretación que cada uno quiera y en este caso fue una interpretación de toda la comisión, no de un solo diputado.

Considero que con esto queda suficientemente aclarado. Muchas gracias.

La C. Presidenta: -Se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 104 del reglamento.

La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez:

- Artículo 104: "Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos que se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna explicación pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del presidente y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo."

El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Pido la palabra.

La C. Presidenta: -Sí, diputado Castro.

El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Para hechos.

La C. Presidenta: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.

El C. Juan de Dios Castro Lozano: - La interpelación con el objeto de que haya una respuesta. Ese es el objetivo de las interpelaciones, que haya una respuesta, una explicación del orador.

Tenía por objeto preguntarle al señor diputado cómo se va a cumplir con lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades.

El da un argumento que fue el mismo que dio la Comisión de Reglamento para rechazar la insaculación. La insaculación ya no está contenida en la nueva ley, por lo tanto el artículo 76 que se le opone queda derogado.

Y luego dice el artículo 52 que él cita, de una Ley Orgánica promulgada el 23 de mayo de 1979: "Las comisiones de Investigación y Jurisdiccionales se constituyen con carácter transitorio; funcionan en los términos constitucionales y legales; y cuando así lo acuerde la Cámara; y conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración", Nada más que este artículo 52 se opone a la nueva Ley de Responsabilidades, por lo tanto está derogado. Gracias.

La C. Presidenta: - Esta presidencia estima que el pedimento que dio origen a la consulta sobre la que se han hecho comentarios en estos momentos, queda debidamente desahogado en los términos del documento a que se ha dado lectura, y adopta el punto conclusivo que señala: único. No es de aplicarse el artículo 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, toda vez que el mismo se contrapone a normas posteriores de superior jerarquía, como son la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Proceda la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.

El C. Juan Manuel Lucia Escalera: - Señorita presidenta, solicito la palabra.

La C. Presidenta: - El diputado Lucia quiere hacer una proposición. Ciudadano diputado Lucia, lo tenemos registrado para presentar su proposición inmediatamente que concluyan las proposiciones de la Gran Comisión, si usted nos permite.

El C. Juan Manuel Lucia Escalera: -Sí, con mucho gusto.

DIPUTADOS DESAPARECIDOS

La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez:

«Honorable asamblea: Con motivo de la desaparición de nuestra compañera María Concepción Barbosa Hernández y con el objeto de que ante el dolor familiar colaboremos de alguna manera para apoyar su situación económica, la Gran Comisión propone a esta soberanía, para su aprobación el siguiente punto de acuerdo.

Que se haga entrega a la familia de nuestra compañera María Concepción Barbosa Hernández, la cantidad de $4.000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.), los cuales se recaudarán de la manera siguiente: una aportación del presupuesto de esta Cámara del 50% equivalente a $2.000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.), y el restante 50% se descontará a partes iguales a cada uno de los ciudadanos diputados que integran esta LIII Legislatura.

Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario técnico.»

La misma C. Secretaria:

«Honorable asamblea: Con motivo del sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo Hernández Casanova y con el objeto de que ante el dolor familiar colaboremos de alguna manera para apoyar la situación económica de la señora Ana Gloria Villacaña Vda. de Hernández Casanova, la Gran Comisión propone a esta soberanía, para su aprobación el siguiente punto de acuerdo.

Que se haga entrega a la señora Ana Gloria de Villacaña Vda. de Hernández Casanova la cantidad de $4.000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.), los cuales se recaudarán de la manera siguiente: una aportación de presupuesto de esta Cámara del 50% equivalente a $ 2.000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.), y el restante 50% se descontará a partes iguales a cada uno de los ciudadanos diputados que integran esta LIII Legislatura.

licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario técnico.»

La misma C. Secretaria:

«Honorable asamblea: Con motivo de la desaparición de nuestro compañero Alberto

Sergio Mañueco Guzmán y con el objeto de que ante el dolor familiar colaboremos de alguna manera para apoyar su situación económica, la Gran Comisión propone a esta soberanía para su aprobación el siguientete punto de acuerdo.

Que se haga entrega a la familia de nuestro compañero Alberto Sergio Mañueco Guzmán la cantidad $4.000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.), los cuales se recaudarán de la manera siguiente: una aportación del presupuesto de esta Cámara del 50% equivalente a $2.000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n), y el restante 50% se descontará a partes iguales a cada uno de los ciudadanos diputados que integran esta LIII Legislatura.

Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario.»

Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban las propuestas de la Gran Comisión.

Los Que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie... Señorita presidenta, aprobadas. Túrnese a la Tesorería.

ATROPELLO AL DIPUTADO

AMADO OLVERA CASTILLO

La misma C. Secretaria:

«México, D. F., octubre 29 de 1985.

C. diputada Beatriz Paredes, presidenta de la Cámara de Diputados. Presente.

En relación con la denuncia que por mi conducto, hizo el grupo parlamentario de Acción Nacional, en relación a los ataques físicos y verbales, así como el robo de mi automóvil de que fui objeto, con fecha 22 de octubre de 1985, por miembros del consejo de colaboración de la Colonia Ampliación, San Mateo Nopala, acción que fue dirigida por funcionarios del ayuntamiento del municipio de Naucalpan, Estado de México, por la presente confirmamos dicha denuncia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la presidencia de esa H. Cámara, dirigir enérgica protesta al gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo, por el ataque inferido a un miembro del Poder Legislativo.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 29 de octubre de 1985.

Grupo parlamentario de Acción Nacional:

diputado Amado Olvera Castillo.»

Siguen rúbricas.

La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

CONVENIO CONSTITUTIVO

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

DE FOMENTO

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. presidente de la República, con el presente envío a ustedes, iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo, No Reelección.

México, D. F., a 23 de 3 octubre de 1985.

El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

«CC. secretarios de la H. cámara de Diputados. Presentes.

En iniciativas diversas presentadas por el Ejecutivo a mi cargo ante vuestra soberanía, se propone reformas a diversas leyes y decretos del H. Congreso de la Unión que establecen las bases para la ejecución en México de los Convenios Constitutivos de diversos organismos financieros internacionales en los cuales nuestro país es miembro.

Uno de dichos organismos es la Asociación de Fomento (AIF) establecida en 1960 como filial del Banco Intencional de Reconstrucción y Fomento para proveer de asistencia financiera a los países miembros de este último con menor agrado de desarrollo relativo y, por lo tanto, con menor acceso a los mercados internacionales de capital.

México ha sido miembro de dicha asociación desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que establecen bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la misma.

En el artículo 2o. de la ley citada, el H. Congreso de la Unión autoriza las aportaciones que nuestro país hace en el citado organismo, de conformidad con las resoluciones aprobadas por su Asamblea de Gobernadores.

Por decreto del 22 de noviembre de 1934, el propio H. Congreso de la Unión reformó el citado artículo 2o., aprobando la aportación de nuestro país para la Séptima Reposición de Recursos del organismo por el equivalente a 15 millones de dólares de los Estados Unidos de América considerados al tipo de cambio de $129.43 por dólar.

El valor en dólares de las aportaciones para la Séptima Reposición de Recursos de la Asociación de varios países miembros entre ellos México, se han deteriorado significativamente por las fluctuaciones en el tipo de cambio, puesto que se realizan en un período de 10 años, siendo evidente que de no tomar las medidas adecuadas, este hecho se acentuará aún más.

La disminución del valor en dólares de las aportaciones aceptadas por los países miembros del organismo, significa que no podrá llevar a cabo cabalmente los programas de inversión considerados para el período de la Séptima Reposición de Recursos.

En consecuencia, se estima necesario que la aportación de nuestro país mantenga su valor, por lo que resulta conveniente emplear un medio de pago acorde a este propósito.

Los derechos especiales de giro (DEG) son unidades de cuentas internacionales creadas en julio de 1969 con el objeto de complementar los activos de reserva existentes y evitar fluctuaciones bruscas en su valor de cambio.

La Resolución 132 adoptada por la Asociación el 6 de agosto de 1984 permite la opción a los países miembros para elegir los derechos especiales de giro, como medio de pago de la aportación que nos ocupa, basado en el tipo de cambio representativo en los citados derechos y la moneda nacional al 13 de enero de 1984, lo que significa que nuestra aportación será de 12 millones 920 mil derechos especiales de giro.

Las razones anteriores explican la propuesta contenida en la presente iniciativa para reformar el artículo 2o. de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, con el objeto de establecer que la aportación de México a la Séptima Reposición de Recursos, se domine en derechos especiales de giro (DEG) por equivalente a 15 millones de dólares.

De otra parte, la iniciativa propone, en forma semejante a las que se alude al inicio de esta exposición, establecer con claridad la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tratar todo lo concerniente a la citada Asociación Internacional de Fomento y para ejercer al respecto toda clase de facultades.

La propuesta tiene un objetivo principal de congruencia con otras disposiciones legales y con la práctica administrativa en uso, ya que así se establece tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como en la Ley General de Deuda Pública.

Semejantes consideraciones fundamentan la reforma propuesta en cuanto a que el gobernador propietario y el suplente serán los mismos que se acrediten ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, puesto que se busca también armonizar y agilizar nuestra representación ante los citados organismos financieros internacionales, toda vez que la asociación es un organismo filial del banco mencionado y las Asambleas de Gobernadores se celebran simultáneamente.

Por las razones anteriores, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE

SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE

BASES PARA LA EJECUCIÓN EN

MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO

FEDERAL, DEL CONVENIO

CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL DE FOMENTO

Artículo primero. Se reforman los artículos 2o., 3o., 6o., 7o., y 9o., segundo párrafo, de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento y se deroga el artículo 8o. de dicha ley, para quedar como sigue:

"Artículo 2o. El Banco de México hará la aportación de México correspondiente para la Séptima Reposición de Capital de la Asociación Internacional de Fomento en derechos especiales de giro (DEG) hasta por la suma equivalente a 15.000,000 (quince millones) de dólares de los Estados Unidos de América, la cual se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país, en moneda nacional, hasta por el equivalente a 35.539,291 (treinta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil doscientos noventa y uno) dólares de los Estados Unidos de América, considerados a los distintos tipos de cambio autorizados."

"Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la única dependencia autorizada para tratar todo lo relativo a la Asociación Internacional de Fomento y ejercer al respecto toda clase de facultades." "Artículo 6o. Los gobernadores propietario y suplente que representen a México ante la Asociación Internacional de Fomento, serán los mismos que funjan con tal carácter en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento."

"Artículo 7o. El gobernador suplente tendrá las facultades del propietario, en caso de ausencia de éste salvo las restricciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

"Artículo 8o. (Se deroga.)"

"Artículo 9o. ...............................................................

. En ningún caso los tribunales dictarán providencias precautorias sobre los bienes de la

Asociación Internacional de Fomento y sólo podrán dictar mandamiento de embargo o ejecución, cuando exista sentencia ejecutoriada en su contra."

Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a las que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento para cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior.

La aportación de México para la Séptima Reposición de Capital en la Asociación Internacional de Fomento se realizará de acuerdo a la Resolución 132 adoptada por la Asamblea de Gobernadores de la propia asociación el 6 de agosto de 1934.

TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 23 de octubre de 1985.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»

La C. Presidenta: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García:

- Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INICIATIVA DE DIPUTADO

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES

La C. Presidenta: - El ciudadano diputado César Augusto Santiago Ramírez ha pedido el uso de la palabra, para presentar una iniciativa.

El C. César Augusto Santiago Ramírez:

- Señoras y señores diputados: Como seguramente el texto de esta iniciativa será distribuida a todos ustedes, quiero pedir la autorización a la presidencia, para que en vez de leer el texto de la misma, simplemente formule algunos comentario que dan razón de ser a la iniciativa y los elementos más destacados de la misma.

La C. Presidenta: - Está autorizado, ciudadano diputado.

El C. César Augusto Santiago Ramírez:

- Bien. Como seguramente saben, el Código de Comercio que está en vigor, es el instrumento jurídico que seguramente en mayor número de ocasiones ha querido ser reformado. Es un código muy peculiar, porque es la única legislación vigente que data del siglo XIX.

El Código de Comercio en vigor es anterior a la Constitución de 1917. Es entonces un instrumento obsoleto que se ha quedado rebasado no sólo por la práctica comercial y mercantil que regula, sino también por un sinnúmero de ordenamientos mercantiles que han ido surgiendo para atender aspectos que el código ya no trata de manera adecuada.

Deben saber también ustedes señores diputados, que el Código de Comercio básicamente tiene dos grandes ordenamientos: uno de carácter sustantivo que ha sido severamente cercenado. Y uno de carácter adjetivo que extrañamente permanece casi incólume.

La parte sustantiva ha dado motivo a un sinnúmero de leyes ordinarias de carácter mercantil que han ido resolviendo problemas peculiares que en la vida diaria se dan y para los que el código no tiene respuesta. De ahí ha surgido la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Seguros y Finanzas, etcétera.

La parte adjetiva, decía yo, por razones de muy diversa índole, ha permanecido incólume a través de tanto tiempo.

Es verdad que acometer la empresa de revisar el Código de Comercio es una empresa difícil, compleja y seguramente que por eso a través de tanto tiempo no se ha podido concretar una iniciativa viable, se ha optado mejor por ir dando leyes ordinarias y de otro tipo que vayan de manera práctica resolviendo los problemas mercantiles para los que no tenemos un enfoque adecuado.

Esta iniciativa que hoy presento a ustedes se suscribe pues, a esa tesis, no pretende ser una modificación substancial al código, pero sí ataca de manera trascendente el aspecto de procedimiento mercantil que hasta le fecha sigue incólume. Debo decir para eso que en 1889, fecha de promulgación del código, quienes redactaron ese documento decidieron conservar el procedimiento mercantil especial, y para tal fin redactaron el Libro Quinto del Código de Comercio que hasta la fecha sigue en vigor.

Su elección yo creo, y la forma en que lo llevaron a efecto, no pudo ser más desafortunada, pues o bien el procedimiento mercantil se justifica como una entidad autónoma, y en ese caso debiera constituir una legislación especial, o bien, se debió seguir los lineamientos consagrados en las ordenanzas de los antiguos tribunales consulares en cuyo caso con un solo código basta.

Pero es una contradicción evidente afirmar por un lado la especialidad del proceso mercantil, y darle por norma un código procesal civil.

En el año de 1981, durante la LI Legislatura del H. Congreso de la Unión, el tema de la revisión de la legislación mercantil fue

traído al Pleno de la Cámara; se hicieron en ese entonces innumerables esfuerzos, pienso que muy constructivos, para proponer algo en la base de un ordenamiento comercial más moderno; se trabajó en ese tiempo en dos caminos paralelos, por un lado la posibilidad de integrar una iniciativa viable de un nuevo Código de Comercio, y por otro, acatar el aspecto del procedimiento mercantil.

Ambos trabajos fueron concretados y se presentaron al Pleno de la Cámara como un anteproyecto que debiera motivar la consulta y la opinión de los señores diputados. Ninguno de aquellos dos esfuerzos maduró, y se quedó en eso, en un simple anteproyecto.

Yo quise recoger hoy, en esta iniciativa, el texto original del anteproyecto, con modificaciones importantes en su contenido. Y quiero decir que en el proceso de integrar ese trabajo, se ha seguido una línea trazada por el Congreso de Doctores en Derecho, especialmente de un joven talento mexicano, el doctor Jesús Zamora Pierce, que ha sido defensor incansable de la necesidad de actualizar nuestro procedimiento mercantil, con una iniciativa práctica y muy útil.

¿En qué consiste esa iniciativa? Básicamente trata tres aspecto. Uno, propongo que se modifique el nombre del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que si ustedes lo consideran pertinente, de hoy en adelante se denomine: Código Federal del Procedimientos Civiles y Mercantiles.

Como consecuencia de esto, propongo la derogación del Título Quinto del Código de Comercio y la adecuación de varias disposiciones del mismo, para tratar adecuadamente todos los aspectos que en él hay relativos a la competencia concurrente.

Propongo, además que se deroguen diversas disposiciones básicamente de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Seguros y Finanzas y de la Ley de Sociedades Mercantiles, porque el procedimiento mercantil no se agota desgraciadamente en el Título Quinto del Código de Comercio, sino que por sus deficiencias, ha abarcado otras disposiciones de ese carácter.

Esto es en esencia lo que comprende esta iniciativa. Yo quiero decir que pienso que un trabajo consustancial a la participación legislativa, es la acción individual para proponer reformas al orden jurídico constituido. No encuentro ninguna otra expresión de mayor contenido, que hacer un esfuerzo para presentar algo viable y práctico.

Dejo, entonces, este modesto esfuerzo personal con la esperanza de que motive su atención y su respaldo. Muchas gracias.

«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

César Augusto Santiago Ramírez, diputado federal por el II Distrito del estado de Chiapas, en ejercicio de sus derechos, con la debida atención, presenta al pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente

INICIATIVA DE REFORMAS

AL CÓDIGO FEDERAL

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El código de Comercio vigente, es sin duda el instrumento legal que en mayor número de ocasiones se ha tratado de modificar sustancialmente. Hay razón suficiente para ello.

Múltiples intentos han ocurrido en los 100 años que tiene de vigencia el código para proponer un nuevo ordenamiento acorde con la dinámica de la vida comercial del país, sin embargo, por razones diversas esto no se ha podido concretar en un proyecto viable y aunque existen excelentes estudios en la materia, nunca se ha concretado una iniciativa formal para un nuevo código. Debe decirse que en 1981, se presentó en la LI Legislatura un excelente anteproyecto con la propuesta para que fuera sometido a una consulta pública, hecho este que nunca ocurrió.

Es evidente que hay una enorme dificultad para atacar un problema de esta envergadura y quizá por sus dificultades se ha optado, a través de los años y con gran sentido práctico, de ir cercenando temas del código para crear Legislación especial mercantil de positiva utilidad, relegando un poco la tarea para acometer la modificación del instrumento general.

Este es el sentido de la iniciativa que hoy presento a la Cámara, para atender un aspecto del código que a mi juicio ha permanecido por muchos años ahí, sin fundamentos teóricos ni razones prácticas que justifiquen su permanencia. Hablo del libro quinto del Código de Comercio que se refiere al procedimiento mercantil. En 1981, paralelamente a la redacción del anteproyecto del Código de Comercio que ya he dicho, trabajamos en otro camino, conociendo las dificultades enormes para proponer un nuevo código, para concretar algún avance sustancial en materia del procedimiento mercantil, que pensamos se inscribe en la línea de medidas prácticas y efectivas, que han ido atendiendo aspectos parciales que de otra manera no hubiesen sido atendidos globalmente.

Gracias al talento del distinguido jurisconsulto mexicano, doctor Jesús Zamora Pierce, pudo integrarse un anteproyecto que también fue presentado en 1981.

Ahora, después de que aquel anteproyecto ha sido consultado ampliamente y motivado su perfeccionamiento, merced a la consistencia del doctor Zamora Pierce, que ha llevado esta inquietud a los foros más distinguidos, estimo de justicia proponer esta iniciativa que materializa todo el esfuerzo anterior y las múltiples discusiones que han habido en la materia, y que de contar con la aprobación de ustedes, señores diputados, contribuiría a la modernización de nuestra Legislación mercantil: dando una aportación práctica para unificar los procedimientos mercantiles; permitiendo indirectamente aclarar la investigación aplicada a resolver y proponer una

nueva estructura de la materia sustantiva aún vigente, dentro del Código de Comercio.

Permítaseme apuntar brevemente la razón de ser la iniciativa y sus fundamentos teóricos:

El Código de Comercio de 1989 reúne dos ordenamientos, uno sustantivo y otro adjetivo.

El primero ha sido derogado en su mayor parte por leyes que han venido a actualizar nuestro derecho mercantil en materia de títulos de crédito, sociedades, seguros, etcétera, hasta convertirse, según Mantilla Molina, "en algo así como un esqueleto del que penden sólo unos jirones, pues le han arrancado las materias más importantes". Rodríguez no duda en calificarlo de "Código de Comercio Muerto". El día de hoy, es más grande el número de artículos vigentes de carácter procesal que el de aquellos de naturaleza sustantiva y, en este sentido, podemos decir que es un código procesal mercantil. Pero, si el código sustantivo está muerto, el procesal promete ser el más longevo que ha conocido la historia del México Independiente. Es el único código mexicano que data del siglo XIX. El único, también, que antecede a nuestra Constitución de 1917.

Los autores del Código de Comercio mexicano de 1989 decidieron conservar el procedimiento mercantil especial, y para tal fin redactaron el Libro Quinto, copiándolo del código de procedimientos civiles del Distrito Federal de 1984. Su elección, y la forma en que la llevaron a cabo, no pudo ser más desafortunada, pues, o bien el procedimiento mercantil se justifica como una entidad autónoma y diferente del civil, y en ese caso su reglamentación debió seguir los lineamientos consagrados en las ordenanzas de los antiguos tribunales consulares; o bien ambos procedimientos son idénticos, caso en el cual un solo código basta. Pero es una contradicción evidente afirmar la especialidad del proceso mercantil y darle por norma un código procesal civil

. Al permitir la aplicación supletoria de los códigos de procedimientos locales en el juicio mercantil, los autores del código introdujeron un elemento de incertidumbre que constituye el principal obstáculo con el que tropiezan quienes deben aplicarlo, y produjeron como consecuencia obligada el que haya modalidades locales en un procedimiento federal que debería ser único, uno y el mismo en toda la República. Y, en fin, para decirlo todo de una vez, destruyeron en forma cabal el máximo logro de los tribunales consulares: la brevedad de los juicios, timbre de gloria de la justicia mercantil.

El Código de Comercio dispone (artículo 1051) que el procedimiento mercantil deberá regirse por las siguientes normas:

a) Preferentemente, las que en forma convencional pacten las partes;

b) A falta de convenio expreso de las partes interesadas, las disposiciones del Libro Quinto del Código de Comercio, y

c) En defecto de las dos anteriores, se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.

Esta enumeración normativa es criticable por las razones que expongo a continuación.

La importancia de las formalidades procesales es tan grande y evidente que nuestra Constitución eleva su observancia a la jerarquía de garantía individual, al disponer (artículo 14) que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El Código de Procedimientos Civiles, congruentemente, ordena que las normas del procedimiento no pueden alterarse, modificarse o renunciarse por convenio de los interesados (Artículo 55).

El Código de Comercio, en cambio, afirma que el procedimiento mercantil preferente a todos es el convencional. Mediante esta norma, el enjuiciamiento mercantil se opone al espíritu de los artículos 13, 14, 16 y 17 constitucionales.

Afortunadamente, los tribunales no han tenido que pronunciarse sobre esta crítica, en virtud de que, en la práctica, los litigantes no acostumbran pactar convencionalmente las normas procesales.

Por lo que hace a las disposiciones del Libro Quinto del Código de Comercio, Ruiz Abarca, después de comparar cuidadosamente su articulado con el del Código Procesal del Distrito, concluye que 222 artículos del ordenamiento civil tienen equivalente, exacto o aproximado, en el mercantil. Lo cual deja un saldo de 751 artículos del proceso civil sin equivalente en el mercantil. Si de esta cifra deducimos los artículos reglamentarios de procedimientos esencialmente civiles, tales como la tutela, el divorcio voluntario, la adopción, las sucesiones, el apeo y deslinde, etcétera, restan aún 572 artículos del procedimiento civil que no corresponden a artículo alguno en el Código de Comercio. Todos ellos pueden, potencialmente al menos, ser fuente supletoria del enjuiciamiento mercantil. Y bien puede decirse, en consecuencia, que el orden en que se aplican las normas mencionadas en el artículo 1051 del Código de Comercio, es, en la práctica, inverso al señalado por dicho artículo: en primer término las leyes locales de procedimientos, cuyas disposiciones resuelven el mayor número de cuestiones procesales; en segundo lugar el articulado del Libro Quinto del Código de Comercio, numéricamente inferior, luego menos frecuentemente aplicado; y por último, el procedimiento convencional, "preferente a todos" en teoría e inaplicado en la práctica.

En defecto de las disposiciones del Código de Comercio, el propio código (artículo 1051), nos remite a la aplicación supletoria de la ley de procedimientos local respectiva. Salta a la vista la incongruencia de semejante disposición. Siendo el procedimiento mercantil de orden federal, la legislación supletoria

debió tener este mismo carácter, so pena de destruir la uniformidad del procedimiento en la República, al permitir que se le apliquen todos y cada uno de los códigos procesales de las entidades federativas, con todas y cada una de las reglas contrarias y aún contradictorias que contengan o puedan contener en el futuro. Amén del efecto negativo que tiene la competencia concurrente de los tribunales locales sobre la deseable uniformidad de este proceso nominalmente federal.

En el siglo transcurrido bajo la vigencia del Código de Comercio de 1989, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han coincidido en afirmar que el procedimiento mercantil carece de individualidad propia y que es necesario promover la unificación de los procedimientos civiles con el proceso mercantil.

Este criterio se ha consolidado con la opinión de la doctrina nacional; el Congreso mexicano de derecho procesal en 1976; diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia y la consulta nacional sobre administración de justicia y seguridad pública.

Para lograr este propósito, esta iniciativa propone, derogar el Libro Quinto del Código de Comercio y modificar la denominación de la ley aplicable, a fin de que, en lo porvenir, se le conozca como Código Federal de Procedimientos Civiles y Mercantiles.

Se propone además la reforma de algunos artículos, impuesta por el principio de competencia concurrente. En efecto, conforme a la Constitución de 1917 (Artículo 104, fracción I), corresponde a los tribunales de la Federación conocer de toda controversia, del orden civil que se suscite sobre el cumplimiento y la aplicación de leyes federales, pero, cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los estados y del Distrito Federal. Quiere esto decir que de las controversias que se suscitan con motivo del cumplimiento y aplicación de la legislación mercantil (leyes federales) pueden conocer, indistintamente, los tribunales de la Federación y los de las diversas entidades federativas.

Luego entonces se impone la reforma de ciertos artículos cuya redacción actual únicamente supone la aplicación por tribunales federales.

Por otra parte, el proceso mercantil rebasa los límites del Código de Comercio. También encontramos normas procesales en las diversas leyes mercantiles especiales. Esta pulverización del proceso mercantil es contraria a las normas de una sana técnica legislativa, y dificulta innecesariamente el conocimiento de la norma procesal aplicable a cada caso concreto. Aplicando los criterios de simplificación y unificación que son medulares, en esta iniciativa se propone derogar los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones de Seguros y 340, 341 y 342 de la Federal de Instituciones de Fianzas y reglamentar el procedimiento de ejecución sobre bienes dados en prenda, que hasta ahora se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Debemos, por último, referirnos a los conflictos de mínima cuantía en materia mercantil. Los códigos locales de procedimientos civiles establecen para dichos conflictos un procedimiento breve, preferentemente oral, y al que denominan "justicia de paz", "justicia municipal" o algún término equivalente.

Es discutible la legalidad de semejantes procedimientos, por cuanto son establecidos por un código local para ser aplicados a una materia federal, como lo es el litigio mercantil. Esta iniciativa conserva las ventajas de la justicia de paz en materia mercantil, y a fin de eliminar toda impugnación a la legalidad de tales procedimientos, dispone que los de mínima cuantía de los que conozcan los tribunales del orden común, por tratarse de controversias que sólo afecten intereses particulares, se tramiten conforme a las disposiciones de los códigos locales de procedimientos civiles para la justicia de paz, bajo cualquier nombre que se le designe en los códigos locales, sin desatender lo dispuesto por el artículo 238 para la apelación.

Por todo lo anterior, se propone la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

QUE REFORMA EL CÓDIGO FEDERAL

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

II. TÍTULO

Se modificará el título, a fin de que, en lo porvenir, se llame Código Federal de Procedimientos Civiles y Mercantiles.

III. ARTÍCULOS MODIFICADOS

O AGREGADOS

Se modificarán o agregarán los artículos que se señalan a continuación, a fin de que, en lo porvenir, tengan el texto que se transcribe:

"Artículo 13. A falta de los jueces, magistrados o ministros normalmente competentes, conocerán del negocio los que deban substituirlos conforme a la ley."

"Artículo 29. Cuando, en el lugar en que haya de seguirse el juicio, hubiere dos o más tribunales, será competente el que elija el actor."

"Artículo 36 - bis. Los tribunales superiores de las diversas entidades federativas y el Ministerio Público Local tendrán las facultades que los artículo anteriores otorgan a la Suprema Corte de Justicia y la Ministerio Público Federal, en el caso de contiendas de competencia que se susciten entre tribunales del orden común de una misma entidad federativa que conozcan de controversias que sólo afecten intereses particulares.

"Artículo 44. Si el impedimento está comprendido en cualquiera de las dieciséis primeras

fracciones del artículo 39, la resolución en que el juez, magistrado o ministro se declare impedido será irrevocable, y, en su lugar, conocerá del negocio quién deba substituir al impedido, conforme a la ley."

"En los casos de las mismas fracciones, si el impedido fuese el secretario o ministro o ejecutor, propondrá su excusa al tribunal que conozca del negocio, para que resuelva quién debe substituirlo."

"Artículo 45. Si el impedimento se fundase en la fracción XVII del artículo 39, sólo será irrevocable la resolución si se conformaren con ella las partes; en caso contrario, resolverá la oposición quién deba conocer de la excusa, acompañando, para el efecto, un informe sobre el particular, el excusado."

"Con el informe del que se declaró impedido, y con el escrito de oposición, resolverá el tribunal, y remitirá en su caso, los autos a quién deba conocer, según el sentido de su resolución."

"Si la excusa fuere de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, se procederá, desde luego, a substituirlo en el conocimiento del negocio, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin admitirse oposición de las partes."

"Si la excusa fuere de un secretario o ministro ejecutor, la propondrá al tribunal del conocimiento, el que con audiencia de las partes, resolverá si se acepta o no, designando, en caso afirmativo, a quién deba substituir el impedido."

"Artículo 58. (Se deroga.)"

"Artículo 77. (Se deroga.)"

"Artículo 146. La parte que desee rendir prueba pericial deberá promoverla por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de acuerdo."

"El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adiciones el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda y manifiesten ni están o no conformes con que se tenga un perito tercero al propuesto por el promovente."

"Sí, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramiento pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso."

"Artículo 170. A las personas de más de setenta años y a los enfermos, podrá el tribunal, según las circunstancias, recibirles la declaración en la casa en que se hallen, en presencia de las partes, si asistieren."

"Artículo 172. (Se deroga.)"

"Artículo 214. (Se deroga.)"

"Artículo 215. (Se deroga.)"

"Artículo 216. (Se deroga.)"

"Artículo 238. Sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de veinticinco mil pesos, y en aquéllos cuyos intereses no sean susceptibles de valorarse en dinero."

"Artículo 318 - bis. En los procedimientos que se tramiten conforme a este código ante los tribunales del orden común, por tratarse de controversias que sólo afecten intereses particulares, todas las publicaciones que, conforme a este código, deban hacerse en el Diario Oficial, se harán en la publicación oficial del gobierno de la entidad federativa en que tenga su sede el tribunal que conoce del procedimiento. Además, todas las modificaciones que, conforme a este código, deban hacerse por rotulón, se harán mediante publicación en el boletín judicial, bajo cualquier nombre que se le conozca, si existe en la entidad federativa."

"Artículo 337. Transcurrido el término para contestar la demanda o la reconvención, en su caso, el tribunal abrirá un período de ofrecimiento de pruebas de diez días, comunes a las partes. Transcurrido éste, el tribunal ordenará la recepción de las pruebas que admita, y concederá para ello un término de veinte días.

"Artículo 351. No podrán los tribunales, bajo ningún pretexto, aplazar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio."

"Artículo 390. La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior se concederá si el interesado justifica la necesidad de la misma. Si aún no se instaura el juicio, el interesado deberá fijar el importe de la demanda. La resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse."

"Artículo 407. Motivan ejecución."

I. Las sentencias ejecutorias y las arbitrales que sean inapelables;

II. Los documentos públicos que, conforme a este código hacen prueba plena;

"III. Los documentos privados reconocidos ante notario o ante la autoridad judicial, y"

"IV. Los demás documentos que, conforme a la ley, traigan aparejada ejecución."

LIBRO TERCERO

Procedimientos especiales

TITULO TERCERO

Procedimientos especiales mercantiles

CAPITULO I

De la ejecución sobre bienes

dados en prenda

"Artículo 543. De la demanda del acreedor para que se vendan los bienes dados en prenda, una vez vencida la obligación garantizada, se correrá traslado al deudor para que,

dentro de los tres días, exhiba el importe del adeudo, los intereses y las costas."

"Si no lo hiciera, el juez mandará que la venta se efectúe al precio de bolsa o de mercado, por medio de corredor o de dos comerciantes establecidos en plaza."

"Artículo 544. Si el juez considerase que para ello hay notoria urgencia, podrá, bajo la responsabilidad del acreedor, autorizar la venta aún antes de notificar al deudor."

"Artículo 545. Con el producto de la venta se hará el pago al acreedor."

CAPITULO II

Del juicio arbitral

SECCIÓN PRIMERA

De la preparación del juicio arbitral

"Artículo 546. Cuando en escritura, privada o pública, sometieren los interesados a la decisión de un árbitro las diferencias que surjan, y no estando nombrado éste, debe prepararse el juicio arbitral por el nombramiento del mismo por el juez."

"Artículo 547. Al efecto, presentándose el documento con la cláusula compromisoria por cualquiera de los interesados, citará el juez a una junta dentro del tercer día para que se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía."

"Artículo 548. En la junta, el juez exigirá a las partes reconozcan las firmas del convenio compromisorio, apercibiéndolas de tenerlas por reconocidas si se rehusan a contestar. si las firmas fueren reconocidas, expresa o tácitamente, a continuación el juez procurará que las partes elijan árbitro y, en caso de no conseguirlo, designará en su lugar."

"Lo mismo se hará cuando el árbitro nombrado en el compromiso renunciare y no hubiere substituto designado."

"Artículo 549. Con el acta de la junta a que se refieren los artículos anteriores, se iniciarán las labores del árbitro emplazando a las partes."

SECCIÓN SEGUNDA

Del juicio arbitral

"Artículo 550. Las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral."

"Artículo 551. El compromiso puede celebrarse antes de que haya juicio, durante éste y después de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre."

"El compromiso posterior a la sentencia irrevocable, sólo tendrá lugar si los interesados la conocieren."

"Artículo 552. El compromiso puede celebrarse por escritura pública, por escritura privada o en acta ante el juez, cualquiera que sea la cuantía.

"Artículo 553. Todo el que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comprometer en árbitros sus negocios."

"Los tutores no pueden comprometer los negocios de los incapacitados ni nombrar árbitros, sino con la aprobación judicial, salvo el caso en que dichos incapacitados fueren herederos de quien celebró el compromiso o estableció cláusula compromisoria."

"Artículo 554. Las albaceas necesitan del consentimiento unánime de los herederos para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para nombrar árbitros, salvo el caso en que se tratara de cumplimentar el compromiso o cláusula compromisoria pactados por el autor."

"Artículo 555. Los síndicos de los concursos y quiebras sólo pueden comprometer en árbitros con unánime consentimiento de los acreedores."

"Artículo 556. El compromiso designará el negocio o negocios que se sujeten a juicio arbitral y el nombre de los árbitros. Si falta el primer elemento, el compromiso es nulo de pleno derecho, sin necesidad de previa declaración judicial."

"Cuando no se hayan designado los árbitros, se entiende que se reservan hacerlo con intervención judicial, como se previene en los medios preparatorios de juicio arbitral."

"Artículo 557. El compromiso será válido aunque no se fije término del juicio arbitral y, en este caso, la misión de los árbitros durará 120 días hábiles. El plazo se cuenta desde que se acepte el nombramiento.

"Artículo 558. Durante el plazo del arbitraje, los árbitros no podrán ser revocados, sino por el consentimiento unánime de las partes."

"Artículo 559. Las partes y los árbitros observarán en el procedimiento las disposiciones de este código, si las partes no hubieren convenido otra cosa. Cualquiera que fuere el pacto en contrario, los árbitros siempre están obligados a recibir pruebas y oír alegatos si cualquiera de las partes lo pidiere."

"Las partes podrán renunciar a la apelación."

"Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio en grado de apelación, la sentencia arbitral será definitiva, sin ulterior recurso."

"Artículo 560. El compromiso produce las excepciones de incompetencia y litispendencia, si durante él se promueve el negocio en un tribunal ordinario."

"Artículo 561. El compromiso termina:

"I. Por muerte del árbitro elegido en el compromiso o en cláusula compromisoria, si no tuviere substituto. En caso de que no hubieren las partes designado al árbitro, sino por intervención del tribunal, el compromiso no se extinguirá y se proveerá al nombramiento del substituto en la misma forma que para el primero."

"II. Por excusa del árbitro o árbitros, que sólo puede ser por enfermedad comprobada que les impida desempeñar su oficio."

"III. Por recusación por causa declarada procedente, cuando el árbitro hubiere sido designado por el juez, pues al nombrado de común acuerdo no se le puede recusar."

"IV. Por la expiración del plazo estipulado o del legal a que se refiere el artículo 557."

"Artículo 562. Los árbitros sólo son recusables por las mismas causas que lo fueren los demás jueces."

"Artículo 563. Siempre que haya de reemplazarse un árbitro, se suspenderán los términos durante el tiempo que pase para hacer el nuevo nombramiento."

"Artículo 564. El laudo será firmado por cada uno de los árbitros, y, en caso de haber más de dos, si la minoría rehusare hacerlo, los otros lo harán constar y la sentencia tendrá el mismo efecto que si hubiere sido firmada por todos. El voto particular no exime que la obligación a que este artículo se refiere."

"Artículo 565. En caso de que los árbitros estuvieren autorizados a nombrar un tercero en discordia, y no lograren ponerse de acuerdo, acudirán al juez de primera instancia."

"Artículo 566. Los árbitros decidirán según las reglas del derecho, a menos que, en el compromiso o en la cláusula, se las encomendará la amigable composición o el fallo de conciencia."

"Artículo 567. De las recusaciones y excusas de los árbitros conocerá el juez ordinario, conforme a las leyes y sin ulterior recurso."

"Artículo 568. Los árbitros pueden conocer de los incidentes sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal. También pueden conocer de las excepciones perentorias, pero no de la reconvención, si no en el caso en que oponga como compensación hasta la cantidad que importe la demanda, o cuando así se haya pactado expresamente."

"Artículo 569. Los árbitros pueden condenar en costas, daños y perjuicios, a las partes, y aún imponer multas: pero para emplear los medios de apremio deben ocurrir al juez ordinario."

"Artículo 570. Notificado el laudo, se pasarán los autos al juez ordinario para su ejecución, a no ser que las partes pidieren aclaración de sentencia.

" "Para la ejecución de autos y decretos, se acudirá también al juez de primera instancia."

"Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, lo admitirá el juez que recibió los autos y remitirá éstos al tribunal que deba conocer de dicho recurso, sujetándose, en todos sus procedimientos, a lo dispuesto por este código."

"Artículo 571. Es competente, para todos los actos relativos al juicio arbitral en lo que se refiere a jurisdicción que no tenga el árbitro, y para la ejecución de la sentencia y admisión de recursos, el juez designado en el compromiso; a falta de éste, el del lugar del tribunal de arbitraje, y, si hubiere varios jueces, el de número más bajo."

"Artículo 572. Los jueces ordinarios están obligados a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros."

"Artículo 573. La apelación sólo será admisible conforme a las reglas del derecho común."

"Contra las resoluciones del árbitro designado por el juez, cabe el amparo, conforme a las leyes respectivas."

IV. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

"Artículo 1o. Las reformas a este código entrarán en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial."

"Artículo 2o. Se deroga el Libro Quinto del Código de Comercio."

"Artículo 3o. Se derogan los artículos 135 y 136 de la Ley General de Instituciones de Seguros."

"Artículo 4o. Se derogan los artículos 340, 341 y 342 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito."

"Artículo 5o. Se derogan los artículo 93 y 94 de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas."

"Artículo 6o. Todos los negocios en tramitación al entrar en vigor estas reformas, continuarán rigiéndose por las leyes anteriores, con excepción de la caducidad, la que operará en todos ellos, debiendo comenzar a contarse el plazo a partir de la fecha señalada en el artículo 1o. transitorio."

"Artículo 7o. Los procedimientos de mínima cuantía que se tramiten ante los tribunales del orden común, por tratarse de controversias que sólo afecten intereses particulares, se tramitarán conforme a las disposiciones de los códigos locales de procedimientos civiles para la justicia de paz municipal, pero observándose lo dispuesto por el artículo 238 de este código."

México, D. F., a de octubre de 1985.

Diputado licenciado César Augusto Santiago R.»

La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Comercio, para su estudio y dictamen.

FERROCARRILES Y PEMEX

EN EL PUERTO DE VERACRUZ

La C. Presidenta: - El ciudadano diputado Lucia nos ha solicitado el uso de la palabra para presentar una proposición.

El C. Juan Manuel Lucia Escalera: - Con vuestra venia, señorita presidenta; compañeras y compañeros diputados: Principalmente a la diputación veracruzana y, en particular, a los compañeros diputados del Puerto de Veracruz.

Vengo a suplicar a todos los diputado sin ideologías, simplemente como diputados de la patria, en favor de México.

En la LI Legislatura, cuando fui diputado, presenté una proposición. Esa proposición

fue turnada a las comisiones y de ahí no salieron; como no venían del sol ni de la luna se quedaron a dormir el sueño eterno.

Compañeros diputados, vengo ante ustedes en representación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a solicitar su atención a esta proposición que traemos en beneficio de la comunidad y del pueblo veracruzano

. La proposición es la siguiente: la terminal y patios del ferrocarril de la terminal de Veracruz divide al Puerto en dos partes, impidiendo automáticamente el progreso del Puerto de Veracruz.

Si a esto agregamos que junto a dichos patios se encuentran los tanques de petróleos Mexicanos, quiero decirles, esos tanques fueron hechos posteriormente al haberse fundado el Puerto de Veracruz. El Puerto de Veracruz, considerado como el primer puerto de la República, ha dado infinidad de dinero a la Federación, en cambio, se encuentra abandonado totalmente. Es importante que la terminal de Veracruz que divide a la ciudad en dos partes e impide el progreso, lo mismo que los tanques de Petróleos Mexicanos, que ya ocasionaron una catástrofe en San Juanico, sean sacados del lugar donde están.

No vayamos a decir que "después del niño ahogado, tapen el pozo". En muchas ciudades importantes de la República se han sacado las estaciones del Ferrocarril, se ha sacados los patios, se han modernizado los edificios. Veracruz, después de haber sido la primera estación ferroviaria que se instaló en la República, sigue abandonada, ocasionando, como antes dije, grandes perjuicios a la estación ferroviaria, al Puerto de Veracruz.

Compañeros diputados especialmente a la diputación veracruzana y en particular a los diputados del Puerto de Veracruz, veamos por nuestra patria, por nuestra patria chica, Veracruz.

Solicito, señorita presidenta sea turnada esta proposición a las comisiones de Gestoría y Quejas, Energéticos y Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias por su atención compañeros diputados.

La C. Presidenta: - Se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 58 del reglamento.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -"Artículo 58: Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los términos siguientes:

1o. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición proyecto.

2. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro: otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.

3o. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición, en el primero caso o se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda, y en el segundo, se tendrá rechazada."

La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea si hay oradores en pro y en contra de la proposición presentada.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si hay oradores en pro o en contra de la proposición presentada.

La C. Presidenta: - Consulte a la secretaría si es de aprobarse el turno a comisiones de la proposición presentada.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta si es de turnarse a la comisión que corresponde la proposición presentada... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Aprobado.

La C. Presidenta: - Túrnese a las comisiones unidas de Información, Gestoría y Quejas, de Comunicaciones y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

INICIATIVA DE DIPUTADO

INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE

DE RICARDO FLORES MAGÓN

La C. Presidenta: - Para presentar una iniciativa ha solicitado la palabra el C. diputado diputado Díaz Moll.

El C. José Luis Díaz Moll: - Con el permiso de la presidencia.

En múltiples ocasiones en esta Cámara de Diputados hemos honrado a próceres que han participado en la construcción de la Nación Mexicana. Ahora voy a referirme a alguien a quien en algunas ocasiones se ha subestimado como ideólogo de las luchas populares llevadas a cabo por el pueblo mexicano.

«Honorable Asamblea: Recordar y hablar de los grandes hombre, tienen su valor en la medida en que somos capaces en los hechos de imitar su ejemplo en torno a la Nación que nos vio nacer y nos contiene a todos los mexicanos.

En los momentos claves de la historia de nuestra patria, han existido grandes hombres, precursores de la nación libre, independiente y soberana, esa que todos aún deseamos.

Hoy nos ocuparemos especialmente de un gran hombre, el patriota, el revolucionario que entregara su vida a la construcción del México "donde todos tendrán derecho a tomar

todo lo que necesiten según sus necesidades"; ese mexicano insigne es don Ricardo Flores Magón, el periodista, el escritor, el político fundador del Partido Liberal Mexicano.

Cuando hablamos de Ricardo Flores Magón y del Partido Liberal Mexicano, hablamos como ya se dijo anteriormente, en alguna ocasión en esta Cámara "del Partido que en su programa señala rumbos y aspiraciones sociales que posteriormente hizo suyos la Revolución de 1910", como son: educación obligatoria, pago de buenos sueldos a los maestros, jornada de trabajo máximo de 8 horas, pago de salario mínimo, reglamentación del trabajo a domicilio, prohibición del trabajo a niños menores de 14 años, condiciones de salubridad y seguridad mínima en fábricas y talleres, indemnización por accidente de trabajo, prohibición del pago de satisfactores que no fuera dinero, supresión de las tiendas de raya para campesinos, el descanso dominical obligatorio, creación de un banco agrícola que preste a los agricultores pobres, gravar el agio, los artículos de lugo y los vicios, disminuir los impuestos a los artículos de primera necesidad, así como un capítulo denominado para tierras, destacando así su lucha a favor de los campesinos y obreros. Hablar de Ricardo Flores Magón, es hablar también del periodista, del comunicador, quién negaría el valor que tuvieron en la lucha revolucionaria periódicos como el Demófilo, el Hijo del Ahuizcote, el Padre del Ahuizcote y muchos otros. Quién negaría la trascendencia histórica del periódico Regeneración, en el cual se hizo análisis y caracterizó el proceso revolucionario y que, además, fue medio de comunicación y convocatoria de los revolucionarios de principios de siglo, desde el 7 de agosto de 1900 hasta 1918 en que apareció por última vez. Ricardo Flores Magón, durante su vida, recibió muchas tentadoras ofertas por parte de sus enemigos para que abandonara la lucha, sin embargo, ni vejaciones, ni cárcel lo hicieron claudicar por lo que es la creación de una patria libre y justa para todos los mexicanos.

Ejemplos de su conducta heroica y de su visión clara y objetiva sobre lo que pasaba en nuestro país hay muchos, como muestra citaré sólo uno, dando lectura a parte de su discurso del 14 de febrero de 1914. Decía así Ricardo Flores Magón en esa fecha memorable:

La Revolución social existe en México, allí vive abierta, allí arde con todos sus honores y todas sus excelsitudes, porque las revoluciones tienen resplandores de infierno y aureolas de gloria; porque las revoluciones son azote y son beso, lastiman y acarician: son el amor, el odio y conflicto; son la justicia y la arbitrariedad librando el formidable combate del que resultará muerta una de las dos, y del cadáver nacerá la tiranía, si la justicia es vencida, o la libertad, al resultar victoriosa.

"La Revolución Mexicana no se incubó en los bufetes de abogados, ni el las oficinas de los banqueros, ni en los cuarteles del Ejército: la Revolución Mexicana tuvo su cuna donde la humanidad sufre, en esos depósitos de dolor que se llaman fábricas, en esos abismos de tortura que se llaman minas, en esos ergástulos sombríos que se llaman talleres, en esos presidios que se llaman haciendas. La Revolución Mexicana no saló de los palacios de los ricos, ni alentó en los pechos cubiertos de seda de los señores de la burguesía, sino que brotó de los jacales y ardió de los pechos curtidos por la intemperie de los hijos del pueblo.

"Fue en los campos, en las minas, en las fábricas, en los talleres, en los presidios, en todos los sombríos lugares en que la humanidad sufre, donde el hombre y la mujer, el anciano y el niño tienen que sufrir la brutalidad del amo y la injusticia del gobierno, donde alentó la Revolución Mexicana durante siglos y siglos de humillaciones, de miserias y de tiranías.

"Para dar muerte a esas condiciones de miseria y de tiranía se levantó el pueblo mexicano, decidido a conquistar su libertad económica y con admirable buen sentido ha comprendido que la garantía de su libertad y de su bienestar debe consistir en la posesión de la tierra por el que la trabaja.

"Centenares de los mejores de los nuestros han perdido la vida en esta prolongada contienda en el cumplimiento del sagrado deber de velar por el bienestar y la libertad de la clase trabajadora, y, sin embargo, hay corazones ruines, hay espíritus pequeños que aprovechan toda oportunidad que se les presenta para desfigurar ante las miradas de los trabajadores de todo el mundo, la verdadera significación de la Revolución de la Revolución Mexicana, y de lodo los sacrificios del Partido Liberal Mexicano, cuya historia es una trágica historia de luchas, de dolores, de penalidades, de martirios sufridos con abnegación y con valor para conquistar, para todos, pan, tierra y libertad."

Jamás Ricardo Flores Magón dio marcha atrás en sus planteamientos y acciones. Al igual que en el caso de los grandes próceres de la nación, la vida de Ricardo Flores Magón es historia viva. Bajo ese argumento y poniendo como pruebas irrefutables los hechos, es que planteamos la siguiente:

INICIATIVA PARA QUE SE INSCRIBA

CON LETRAS DE ORO EN EL RECINTO

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL

NOMBRE DE "RICARDO FLORES

MAGÓN"

Es el momento ahora que conmemoramos el 75 aniversario de inicio de la Revolución y que se acerca el 21 de noviembre, aniversario luctuoso de la muerte de Ricardo Flores Magón, de honrarlo y reconocer en su vida el ejemplo que impulsó muchas de las reivindicaciones del Movimiento Revolucionario de 1910

«Independencia Económica, Soberanía Nacional y Revolución.»

El grupo parlamentario del Partido Mexicano de los Trabajadores: Eduardo Acosta Villeda, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Oswaldo Harris Muñoz, Eduardo Valle Espinosa y Alejandro García.

La C. Presidenta: - Por favor, en términos del artículo 58 consulte si hay oradores en pro o en contra de esta proposición.

La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - En términos del artículo 5o. se pregunta a la asamblea si respecto a esta propuesta hay oradores en pro o en contra.

La C. Presidenta: - El diputado Tavira, se registra en pro. No hay registro de oradores en contra. tiene la palabra el C. Tavira, en pro.

El C. Martín Tavira Urióstegui: - Quiero hablar muy brevemente sólo para hacer un informe a la honorable asamblea.

En la LI Legislatura se integró una comisión especial que estudiara la vida y la obra de Ricardo Flores Magón, con el objetivo de proponer que se inscribiera con letras de oro el nombre tan ilustre mexicano.

Esta comisión se reunió varias veces, invitó a distinguidos historiadores, inclusive a un viejo amigo de Ricardo Flores Magón, Nicolás, se me escapa el apellido en estos momentos. Se elaboró inclusive el dictamen y lo firmamos todos los miembros de esa comisión.

En esa comisión estaba un diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que lleva el nombre de Ricardo Flores Magón, un descendiente de este líder de la clase obrera mexicana de aquel tiempo.

De manera que la proposición del compañero del Partido Mexicano de los Trabajadores es muy oportuna.

Yo solicitaría que se juntaran, digamos así los documentos que se manejaron en la LI Legislatura, junto con esa proposición que hace el diputado, para que se hubiera elementos, ya de juicios maduros y se pudiera hacer rápidamente un nuevo dictamen, si así es posible, o aprobar el anterior; no sé, sería cuestión de estudiar el problema con el propósito de que la Cámara de Diputados tome el acuerdo. Estamos conmemorando el 75 aniversario de nuestra Revolución y Ricardo Flores Magón es columna de este movimiento social y él fue, con sus compañeros del Partido Liberal, el que a través del programa de San Luis, Misouri, dio la luz para que surgiera el Artículo 123 que engrandece la Carta Magna que nos rige.

De tal manera, pues, que yo llamo la atención de esta ilustre asamblea, para que se avoque a atender esta solicitud, esta vieja solicitud de hacerle justicia al gran Ricardo Flores Magón. Muchas gracias.

La C. Presidenta: - Consulte la secretaría en votación económica, si es de aprobarse el turno a comisiones de la proposición de referencia.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta, en votación económica, si es de aprobarse que se turne la proposición a comisiones... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... De conformidad.

La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, e instrúyase para que se reconozcan los antecedentes sobre el tema.

DEVALUACIÓN DE LA MONEDA

La C. Presidenta: - Para presentar una iniciativa, tiene la palabra el ciudadano diputado Hildebrando Gaytán.

El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Señorita presidenta; señoras y señores diputados: La experiencia histórica ha demostrado con creces que los países semicoloniales y en vías de desarrollo tienen en situación indefensa el valor de su moneda, respecto de la metrópolis imperialistas, con el ejercicio del libre cambio de sus divisas.

En las devaluaciones que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, esa situación fue determinante en dichas fluctuaciones; en los meses del año en curso, el cauce acelerado que ha registrado este fenómeno requiere sin duda alguna del estudio y aplicación inmediata de las medidas que sean necesarias para detener esta depreciación tan acentuada que sufre el peso mexicano frente al dólar.

La gran pérdida que ocasionó el sismo del mes de septiembre, aparte de las vidas y la salud de miles de compatriotas, la constituyen los bienes materiales que en su conjunto significan elevadas inversiones para poder subsanar lo destrozado. En todas las dependencias del Ejecutivo, de una u otra manera se ha reaccionado en las esferas de su competencia para agilizar sus trabajos y ponerlos a tono en la situación de emergencia que vive el país, verdaderamente preocupante.

No es posible, pues que una institución que es clave en la vida económica de la nación, como lo es el Banco de México, en una materia como es el valor de nuestra moneda en el ámbito internacional, siga manejada por su director con una actitud indolente, cruzado de brazos y empecinado en sostener un criterio, una tesis, un mecanismo que a todas luces sigue perjudicando toda la economía y el desarrollo económico y social del país. La paridad de nuestra moneda frente al dólar, según el Banco de México, ha llegado el día 28 de octubre a 452 pesos a la venta y 448 pesos a la compra, y así la diferencia del valor que tenía hasta el viernes anterior y la

actualidad, ha sido de 14 pesos. Esta devaluación acelerada que sufre nuestra moneda está conectada en vicioso círculo con la libertad de cambios que predomina. Por un lado se presenta como atractivo para determinados sectores la compra de divisas y esta situación, a la vez, incide para profundizar la devaluación.

La situación existente es verdaderamente indignante y más si pensamos en el porvenir que tenemos si sigue este estado de cosas. Desde que tomó en sus manos la dirección del Banco de México el licenciado Miguel Mancera y se implantó de nueva cuenta la libertad cambiaría, junto con el dólar controlado en las operaciones del Estado, nuestra moneda ha descendido de los 170 pesos que tenía en diciembre de 1982 a 452 que tiene en la actualidad.

Un 265% de pérdida. Además ha significado la fuga de divisas por varios miles de millones de dólares. Algunas informaciones de la prensa contienen datos de 3 mil 500 millones en los meses recientes.

El Partido Popular Socialista invariablemente ha expresado su juicio categórico de que el licenciado Miguel Mancera, nada tiene que hacer al frente del Banco de México, y de ninguna institución del Estado de México, y de ninguna institución del Estado Mexicano dada su formación ideológica personal de clara tendencia para alentar la política neocolonialista en México. Este funcionario, para nadie es secreto, se ha manifestado desde siempre, a los cuatro vientos, como un ferviente defensor del libre cambio y enemigo del control de éstos. Sus argumentos para oponerse al control de cambios, ubicados en formalismos técnicos, en donde se advierte su menosprecio a la capacitación profesional de los trabajadores ligados con esta materia y su convicción, falsa y condenable, de la imposibilidad de erradicar situaciones supuestamente proclives a la corrupción, encierran una concepción de vencidos, de impotencia, de resignación impasible frente a estos graves hechos.

Para el PPS no hay duda que los pretextos que formula el licenciado Mancera en contra del control de cambios son simples argucias para mantener una actitud política económica que sirve a los intereses del grupo de mexicanos que quieren encadenar por completo la economía del país a los intereses norteamericanos.

No cabe duda al PPS que la solución de fondo, verdaderamente de raíz, para detener esta descapitalización permanente que seguirá golpeando el ideal histórico de contar con una patria independiente en su desarrollo económico requiere, además del control de cambios integral, la nacionalización del comercio exterior y otras medidas también importantes.

El Partido Popular Socialista considera que esta LIII Legislatura no debe caer en una complicidad con su silencio sobre estos hechos, y dejar que siga esta situación conduciendo a un estado de cosas cada vez más grave. Se insiste en que el dólar llegará a 500 pesos en esta semana, y que a principio de 1986 valdrá un mil pesos cada dólar. ¿Simples exageraciones? Lo cierto es que la dinámica que toma la devaluación es cada vez más pronunciada.

Es realmente ingenuo pensar que con llamados al patriotismo se va a detener esta inclinación a la compra de dólares que vienen haciendo los sectores económicamente poderosos, que ven sólo sus interese personales, y fomentada esa conducta con las actitudes y declaraciones de los propios funcionarios que tienen en sus manos la responsabilidad de estos negocios, como es el caso que nos ocupa del licenciado Mancera, director del Banco de México.

Por las razones anteriores y en base al artículo 58 del Reglamento de este H. Congreso, hacemos la propuesta de que la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados analice a la brevedad posible la política seguida por el Banco de México en torno a las divisas del país, y que demande del director de la mencionada institución que informe a esta representación popular acerca de las medidas que se piensen tomar a efecto de frenar en forma tajante la fuga de divisas existente, que es de graves consecuencias para la economía del país.

A 29 de octubre de 1985. Firma la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Gracias.

La C. Presidenta: - Consulte la secretaría, en términos del artículo 58, si hay registro de oradores en pro o en contra de la proposición presentada.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Siguiendo instrucciones de la presidencia, en los términos de la fracción III del artículo 58, se pregunta si hay oradores en pro o en contra de la proposición presentada. No hay oradores, ciudadana presidenta.

La C. Presidenta: - Consulte la secretaría, si es de aprobarse el turno a comisiones de la proposición.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta si es de aprobarse que la proposición se turne a comisiones... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INICIATIVA DE DIPUTADOS

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN -

La C. Presidenta: - El C. diputado Godínez ha solicitado el uso de la palabra, para presentar una iniciativa.

El C. Alfonso Godínez López: -C. presidenta, con su permiso, señores diputados: Durante las campañas políticas de los candidatos en ese entonces a diputados federales del sector obrero, detectamos un clamor muy popular ya en el sentido y relacionado con la drogadicción y con el alcoholismo.

Esta situación grave que repercute en la niñez mexicana, nos ha preocupado sobremanera porque es muy triste ver deambular a jóvenes anestesiados por las calles de México, afortunadamente pocos todavía, atacados por esta moderna enfermedad que penetra más dentro de las causas de la sociedad mexicana.

Nos sentimos profundamente preocupados al conocer altos índices de drogadicción y de alcoholismo, sobre todo en las clases de la juventud mexicana. Por ese motivo, y en consecuencia de estas situaciones, que padece nuestra sociedad mexicana, me he permitido, por conducto de mis compañeros, presentar la siguiente iniciativa:

«H. Cámara de Diputados: En uso de las facultades que nos brinda la fracción segunda del artículo 71 de nuestra Carta Magna, así como el inciso segundo del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de esta LIII Legislatura, miembros del sector obrero de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentamos a su consideración la siguiente iniciativa de adición al artículo 3o. constitucional y a la Ley Federal de Educación vigentes.

ANTECEDENTES

1o. En la época moderna la sociedad en México ha mostrado ante circunstancias adversas y críticas una serie de valores humanos que le identifiquen rigurosamente como nacionalidad independiente.

2o. Los valores que los ciudadanos han extrovertido en su conducta cotidiana, son una consecuencia de las actitudes que en el seno familiar se inculcan como dignas de observancia en nuestra vida colectiva.

3o. Es necesario preservar y fomentar la conservación de los valores morales que nos identifican como grupo nacional específico.

4o. Es necesario y conveniente contrarrestar las influencias extranjeras que tienden a sustituir nuestros valores morales tradicionales.

5o. Aun dentro de un proceso de cambio acelerado a nivel mundial, México debe conservar su valiosa esencia ética moral.

6o. La sociedad mundial y por ende la nuestra que cambia a ritmo acelerado, no podrá subsistir sin la permanencia de valores que conserven y fomenten la unidad familiar.

7o. Por lo mismo compete a la legislación vigente, establecer una serie de normas que protejan a la familia de los efectos desintegradores que suscitan las prácticas viciosas de consumo de enervantes y substancias que crean dependencias y adiciones perjudiciales a la salud del individuo y de su entorno social.

Considerando, que nuestro actual artículo 3o. constitucional y la Ley Federal de Educación no se abocan al tratamiento de ninguno de los riesgos que conllevan las adiciones perjudiciales a la salud del individuo y de la colectividad.

Proponemos:

Agregar la siguiente fracción al artículo 3o., fracción I, después del inciso c).

Inciso d). Contribuirá al mantenimiento de la integridad del núcleo social familiar dando a conocer a los educandos, en forma gradual y sobre bases psicopedagógicas, los riesgos que conllevan las adiciones a prácticas viciosas que atentan contra la salud individual y colectiva.

Agregar a la Ley Federal de Educación vigente, en su capítulo III, artículo 24, una nueva fracción que llevará el número IX.

IX. Difundir a través de los textos educativos, el conocimiento preventivo y graduado, según el nivel de desarrollo psicológico y social de los educandos, los riesgos que conllevan las adicciones a prácticas viciosas que atentan contra la salud individual y colectiva como son la drogadicción y el alcoholismo

Observación: las fracciones IX, X, XI, XIII y XIV actuales, en consecuencia, correrían su numeración una unidad más.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 29 de octubre de 1985. Diputados miembros del sector obrero de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

Blas Chumacero, Sánchez, Alfonso Godínez López, Juan Moisés Calleja García Agustín Bernal Villanueva, José Delgado Valle, Alfredo González González, Pedro López Vargas, Gaspar Valdés Valdés, Alfonso Santos Ramírez, Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, Jorge Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano C., Alfonso Reyes Medrano, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristóbal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Fabián Carrillo F., Porfirio Camarena Castro, Félix Liera Ortiz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heriberto Serrano Moreno, Juan Carlos Velasco Pérez, Abimael López Castillo, Raúl Ramírez Chávez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinoza Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solís Payán, Renato Vega Alvarado, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Pliego, Diego Navarro Rodríguez, Emilio Jorge Cordero García, Luis Nájera Olvera, Emérico Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, Rafael García Anaya, José

Nerio Torres Ortiz, Leobardo Ramos Martínez, José Luis Galaviz Cabral, Federico Durán y Liñán, Jorge Acevedo y Marcelino Rodríguez Silva.»

La C. Presidenta: -Túrnese a la Comisión de Educación Pública.

VEJACIONES A TRABAJADORES DEL VOLANTE

La. C. Presidenta: -Para presentar una proposición el ciudadano diputado Javier Paz.

El C. Javier Paz Zarza: -C. presidenta: señoras y señores diputados: El pasado 24 de octubre se celebró un aniversario más de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

Y en dicha fecha, en el foro de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, después de hacer una enumeración de los fines del organismo, hizo un reconocimiento a los resultados obtenidos en 40 años, en especial, su promoción a favor de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, aquí, en esta tribuna, diputados de los diversos grupos parlamentarios hicieron y levantaron loas a las tareas de dicho organismo.

Y, apenas el día de ayer, el titular del Poder Ejecutivo expresó que "El Estado de Derecho es la norma invariable del gobierno de la República y siempre nos apegaremos, estrictamente a las leyes, respetando los derechos legítimos de todos los mexicanos".

¿Pero cuál es la amarga realidad?

Tengo a la mano un documento firmado por 40 ciudadanos que, dentro de las instalaciones de la segunda comandancia de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, cuya titular es la señora Victoria Adato, fueron objeto de detención arbitraria, incomunicación, torturas y extorsiones.

Cuarenta trabajadores del volante que después de tenerlos más de 200 horas detenidos, fueron extorsionados sus familiares con cantidades que van de 40 mil a un millón de pesos.

Cuarenta trabajadores que viven en Ciudad Netzahualcóyotl, a los cuales en la Procuraduría se les obligaba a desnudarse y bañarse con agua helada a las 5 de la mañana; se les interrogaba poniéndoles bolsas de plástico en la cabeza hasta que sentían angustia y la desesperación de la asfixia; los azotaban con una tabla de un metro de largo y un grosor de 15 centímetros que los agentes en forma burlona llamaban "detector de mentiras". E independientemente de la violación a la soberanía del Estado de México por los judiciales del Distrito Federal, después de las 200 horas de estar incomunicados fueron remitidos al Ministerio Público de la 20a. Agencia Investigadora, por denuncia de hechos, misma que levantaron los propios agentes de esta 2a. comandancia.

En dicha agencia los dejaron libres, después de que se aclaró que no había delito que perseguir.

Pero varios de los trabajadores se atrevieron a denunciar las vejaciones, abusos, torturas y extorsiones y levantaron el acta con el número SC-6287-985

. Sin embargo, se ha desatado hoy mismo en contra de ellos por esta denuncia persecuciones y golpizas.

Señoras y señores diputados: no podemos ni debemos permitir que estas violaciones a las garantías que consagran nuestra Carta Magna.

Hoy día, hay reiteración verbal, ditirambos, loas y elogios a los derechos humanos y a las garantías individuales.

Pero hoy día esta denuncia, como muchas hay, es algo sistemático a nuestra Carta Magna.

Esta manera de ejercer el poder por parte de la autoridad que le corresponde respetar la ley lo único que está provocando es que nuestra patria tiene el aspecto de un país ocupado por un enemigo interno. Esto le da a nuestro país la imagen que la forma y el fondo constitucional, tan citado y tan invocado, es totalmente incumplido.

Por lo tanto esperamos todavía, que la Procuradora de Justicia del Distrito Federal en atención a las funciones que le corresponden:

1o. Deslinde responsabilidades, se destituya a los responsables y se les consigne.

2o. Se restituya las cantidades y bienes del que fueron extorsionados.

3o. Se les rinda la protección a que como ciudadanos tienen derecho y cesen las represalias.

Asimismo, solicitamos, señorita presidenta, se turne esta denuncia a las comisiones que correspondan.

Salón de sesiones, a 29 de octubre de 1985. Por el grupo parlamentario de Acción Nacional: Javier Paz Zarza.»

La C. Presidenta: -En términos del artículo 58, consulte la secretaría si hay oradores en pro y en contra, en relación a la propuesta presentada.

La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: -Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si al respecto de la propuesta presentada hay oradores en pro o en contra.

La C. Presidenta: -Consulte la secretaría en votación económica, si es de aprobarse el turno a comisiones.

La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: -Por instrucciones de la presidencia se consulta a la plenaria si es de aprobarse que se pase a comisiones esta propuesta... Aprobado, señorita presidenta.

La C. Presidenta: -Turnése para su conocimiento a las comisiones unidas de Justicia y de Información, Gestión y Quejas.

HOMENAJE A DON FRANCISCO I. MADERO

La C. Presidenta: -El ciudadano Xavier Abreu había solicitado el uso de la palabra, para hechos.

El C. Xavier Abreu Sierra: -Señoras y señores diputados: Mañana 30 de octubre se conmemora el 112 aniversario del nacimiento de don Francisco I. Madero, apóstol de la democracia en México.

Nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda de Rosario en Parral, Chihuahua hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño.

Fue pionero en México de la mecanización en la agricultura, formó en 1905 el Partido Demócrata Independiente en cuyo órgano, el Demócrata se inició como escritor con el artículo "Vox Populi" "Vox Dei", a partir de una entrevista hecha al dictador Díaz en febrero de 1908, durante la cual dijo que vería con gusto la aparición de otros partidos, se dedicó a escribir el libro "La Sucesión Presidencial de 1910" en donde planteaba la urgente participación del pueblo para dar una salida democrática a 30 años de dictadura.

El 22 de mayo consiguió que se fundara el Centro Antirreeleccionista de México, cuyos principios fueron los del Sufragio Efectivo y la No Reelección que presidió Emilio Vázquez Gómez y que tuvo como vicepresidente al propio Madero, a Toribio Esquivel Obregón, como secretarios a Filomeno Mata, Paulino Martínez, Félix Palavicini y José Vasconcelos; y como vocales a Luis Cabrera, Octavio Beltrán, Bonifacio Guillén y Félix Xochigua.

Desde la tribuna del Centro Antirreeleccionista recorrió el país para estimular la actividad cívica de la población. En su primer viaje recorrió Veracruz, Progreso, Yucatán donde conoció a José María Pino Suárez, Mérida, Campeche, Progreso, Tampico y Monterrey.

En el curso de sus viajes empezó a encontrar dificultades por parte de las autoridades que se oponían al despertar de la conciencia democrática del pueblo mexicano, muy a pesar de que muchos delegados estaban presos y de que otros fueron detenidos cuando viajaban hacía la capital, el 15 de abril de 1910 se inició en la ciudad de México la Convención Nacional Independiente en la cual fue electo candidato a presidente de la República el señor Madero, por 159 votos, frente a 23 de Toribio Esquivel Obregón y 3 de Fernando Iglesias Calderón.

Muchos datos históricos más llenan de riqueza la vida de Madero quien inicia el movimiento revolucionario de México con el fin de darle a nuestra patria un régimen en donde la democracia fuera el sistema de vida. La democracia que propuso Madero no fue la simple fórmula electoral aritmética. Reconoció que la democracia tenía un fondo y una forma, una forma que venía enmarcada por el sufragio efectivo porque la mayoría participara, expresara y decidiera sobre los rumbos políticos del país, pero reconoció también Madero que la democracia tiene un contenido, que viene dado por la dignidad de la persona humana y de la justicia social.

Por eso la forma democrática no puede ni debe ir nunca en contra de la dignidad de la persona humana y de la justicia social.

Ese es el ideal que en la lucha de nuestros próceres defendieron con su sangre ese es el ideal que quienes defendieron exclusivamente sus intereses particulares traicionaron ayer y traicionaron hoy.

Dice Madero en su libro "La Sucesión Presidencial": "En cambio el actual régimen de gobierno nos presenta un pasivo aterrador. Acabó con las libertades públicas, ha hollado la Constitución, desprestigiado la ley que ya nadie puede cumplir, sino evadir o atormentar para sus fines particulares, y, por último acabó con el cinismo de los mexicanos".

Para apreciar nefastamente labor del absolutismo veamos cuál es el ideal que debe perseguir todo gobernante, y parafraseando a José María Morelos, dice: "soy el ciervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo; quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales pues del mismo origen procedemos; que no hay abolengos ni privilegios; que no es racional ni humano ni debido que haya esclavos; que se eduquen a los hijos del lavador y del barretero como a los del más rico hacendado y dueño de minas, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario; que tengamos fe en una causa y una bandera bajo la cual juremos morir antes que ver a nuestra patria oprimida, como lo está, y que cuando ya sea ésta libre, estemos siempre listos para defender con toda nuestra sangre esta libertad preciosa.

Decía Madero en estas sencillas palabras: Están pintados con elocuencia conmovedora, los grandiosos ideales con que soñaron quienes no vacilaron en derramar toda su sangre para legarnos las preciosísima conquista de nuestra independencia.

Ese es el ideal en el que aún alienta a todos los pechos generosos que sobreponen el amor a la patria a las ruines pasiones.

Pues bien, el poder absoluto de Díaz, ha creado en México una situación muy distinta a la soñada por Morelos. El Jefe de la Nación, en vez de ser siervo y acatar los decretos del pueblo, se ha declarado superior a él y desconocida su soberanía. Así como el gobierno

actual no está nombrado por el pueblo ni sostenido por él, su fuerza dimana de las bayonetas, que lo llevaron de Tecoac al Palacio Nacional, en donde lo sostienen todavía.

La nobleza de la virtud, del saber y del patriotismo, es completamente desconocida por la actual administración, que sólo premia las acciones de los que le sirven y adulan y persigue a todos los que se les doblegan. La instrucción pública es tan desigual que mientras en la capital de la República y en las grandes ciudades se construyen costosos y espléndidos edificios dedicados a la enseñanza, se mandan a educar a Europa muchos de los afortunados, permanece aún el 80% u 84% de la población sin conocer las letras. Todos estos ideales enmarcados en el rumbo de la democracia, fueron los que inspiraron a Francisco I. Madero para emprender la lucha por la Revolución Mexicana, para que el sufragio fuera efectivo, para que la democracia se manifestara como sistema de vida, para que la democracia fuera el fin del sistema político mexicano. Por eso, en honor a Madero señores diputados, esforcémonos por hacer de México un México más democrático. Muchas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: -Esta presidencia comenta que no se utilizó el criterio del artículo 102 para normar el tiempo en que hizo uso de la palabra el ciudadano diputado Xavier Abreu, considerando que más que una intervención para hechos, fue un comentario de efemérides.

Sobre el mismo tema el ciudadano diputado Píndaro Urióstegui.

El C. Píndaro Urióstegui Miranda: -Señorita presidenta: México honrará mañana, sin lugar a dudas, a uno de sus hijos más preclaros; comentado, discutido, es en el fondo, el iniciador indiscutible de la Revolución Mexicana

Con Madero, se gesta, se da proyecto y se encauza la gesta revolucionaria de un pueblo sediento de justicia y de libertad.

Se insiste en las diversas etapas del proceso revolucionario. Madero fue un enamorado indiscutible de la vida democrática. Creyó en la democracia porque creía en la acción reivindicadora del pueblo. Y el pueblo creyó en Madero, porque creía igualmente en la Revolución como el único medio, como el único camino para derrumbar no solamente una aberrante dictadura de más de 30 años, sino para iniciar un auténtico y veraz camino que permitiera la renovación de las instituciones nacionales; que abriera cauce a una nueva forma de vida; que significara básicamente la vida democrática.

Madero llegó al gobierno merced al apoyo solidario de los grandes núcleos populares. Su gran gesta de la toma de Ciudad Juárez, permitió que en una modesta casa de adobe, conformara el primer gabinete de la Revolución. Ahí, estuvieron con él, desde un principio, los hermanos Emilio y Francisco Vázquez Gómez, don Venustiano Carranza, José María Pino Suárez, Juan Sánchez Azcona y toda una pléyade que supieron ofrendar lo más generoso de su pensamiento, lo más íntegro de su lealtad al país, su pensamiento, su acción y aún su vida.

Madero, con el sacrificio de su vida, en uno de los momentos crispantes y decisivos de la etapa revolucionaria, entregó un legado que ha sido a partir de entonces, la columna vertebral de la vida pública de este país. No fue un sacrificio en vano. No fue un sacrificio estéril. Fue, una sangre derramada que sirvió para inspirar lo más limpio, que después recogió el Constituyente de 1917, para plasmarlo en el seno de la Constitución como son las instituciones democráticas y republicanas de este país.

Hoy, esta Cámara de Diputados, hace suya la obra, el recuerdo, el testimonio, la herencia de este ilustre mexicano; reconoce su trascendencia, su aportación como hombre de acción, pero también como ideólogo y como político de su tiempo. Hoy lo homenajeamos, lo hacemos presente en la vida pública de este país, día a día, en un propósito unísono de todas las corrientes políticas nacionales para perfeccionar nuestra vida democrática, y hacemos votos porque la herencia de un político y de un ideólogo como Madero, continúe guiando los destinos y el rumbo de este país. Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La C. Presidenta: -Señor secretario, tengo entendido que se han agotado los asuntos en cartera.

El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Señora presidenta, en efecto se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública, en consecuencia se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DÍA

El mismo C. Secretario:

La C. Presidenta (a las 15:45 horas): -Se levanta la sesión pública y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 31 de octubre, a las 10:00. Se pasa a sesión secreta.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES