Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851105 - Número de Diario 35
(L53A1P1oN035F19851105.xml)Núm. Diario:35ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LIII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, él 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., martes 5 de noviembre de 1985 TOMO I.
NUM. 35
SUMARIO
APERTURA...................................................................
ORDEN DEL DÍA.............................................................
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. CON UNA ACLARACIÓN SE
APRUEBA.....................
ARTICULO 84 REGLAMENTARIO
El C. Juan de Dios Castro Lozano solicita se aplique, al C. Blas Chumacero Sánchez, presidente de esta Cámara. Aclaración de la presidencia al respecto....................................................................... DIRECTIVA DEL SENADO PARA NOVIEMBRE
La Colegisladora comunica su elección.
De enterado...................................................................
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN OCTUBRE
Informe relativo, que manejan las comisiones permanentes y especiales de esta Cámara. De enterado.................................................
....... INICIATIVA DEL EJECUTIVO
BANCO DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA
De la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Se turna a comisiones................................
DEVALUACIÓN MONETARIA
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu hace consideraciones sobre él particular y propone comparezca a nivel comisiones él C. Lic. Luis Miguel Mancera Aguayo, director del Banco de México. Interviene, en pro, él C. Jorge Alcocer Villanueva, y en contra, él C. Agustín Leñero Bores. Se desecha. El C. Jorge Amador Amador protesta él procedimiento dado a la proposición. Aclaración del C. Jorge Montúfar Araujo al respecto y propone se turne a comisiones la proposición. ............................................................... Continúan con este asunto los CC., Graco Ramírez Garrido Abreu, Pablo José Pascual Moncayo y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se turna la propuesta a comisión. .............................................................
.... DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
Proyecto de decreto que reforma dicha ley. ........................
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE
MEXICANA
Proyecto de decreto que reforma la ley de referencia......................
GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS
El C. José Luis Sánchez González se refiere a estos conceptos que dice son violados y a la reunión de la Comisión de Justicia de esta Cámara con la procuradora del Distrito Federal, de quien opina debe renunciar. En apoyo de lo dicho interviene la C. Rosario Ibarra de Piedra; para precisar conceptos, él C. Francisco Berlín Valenzuela; para hechos, los CC. Pedro José Peñaloza y Manuel Terrazas Guerrero....................................................
ACTA DE INDEPENDENCIA
Los CC. Humberto Salgado Gómez y Martín Tavira Urióstegui, recuerdan
que él 6 de noviembre de 1813 fue suscrito él documento citado.............. DEUDA EXTERNA
El C. Eduardo Valle Espinosa comenta las declaraciones del C. diputado Reyes Medrano sobre la deuda externa. Manifiesta la decisión del PDM y del PMT de retirarse de la Organización del Foro Nacional de Consulta y Análisis sobre la Deuda Externa. También hablan del asunto los CC. Jorge Alcocer Villanueva, Roberto Calderón Tinoco, Ricardo Andrés Pascoc Pierce, Hildebrando Gaytán Márquez, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jorge Amador Amador y Luis Manuel Orcí Gándara.....................................................................
HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE LA FSTSE
Rendido por él C. Manuel Monarres Valenzuela, organismo establecido él 2 de noviembre de 1938...............................................
SITUACIÓN QUE VIVE EL PAÍS
Consideraciones de la C. Cecilia Romero Castillo al respecto................
SOLICITUD PARA QUE SE DICTAMINE INICIATIVA
La C. María Esperanza Morelos Borja se refiere a la que presentó él PAN en 1984 sobre la Ley de Amparo. Excitativa de la presidencia al respecto........
AYUDA EXTRANJERA A LOS DAMNIFICADOS
El C. Manuel María Bribiesca Castrejón denuncia malos manejos en la ayuda expresada y propone se vigile su distribución. Se turna a comisión.........
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA PRESA DE LA
BUENA MUJER
El C. Salvador Landa Hernández se refiere al donativo que entregó él pueblo de Baja California Sur. Además señala malos manejos en él fondo popular para la construcción de la presa nombrada.......................
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión. Pasa a sesión secreta.......
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ
(Asistencia de 370 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Primer período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
5 de noviembre de 1985
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la H. Cámara de Senadores.
De conformidad con el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de octubre por las comisiones permanentes y especiales.
Iniciativa del Ejecutivo
De la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Dictámenes de primera lectura
de las comisiones unidas de Comercio y de Marina con proyecto de decreto que reforma la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
De las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Marina con proyecto de decreto que reforma la Ley para él Desarrollo de la Marina Mercante mexicana.
Sesión secreta»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada él día treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.
Presidencia de la C. Beatriz Paredes Rangel
En la ciudad de México , a las once horas y quince minutos del jueves treinta y uno de
octubre de mil novecientos ochenta y cinco, con asistencia de trescientos setenta y ocho ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba él acta de la sesión anterior llevada a cabo él día veintinueve de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Legislatura del estado de Aguascalientes comunica la clausura del segundo período extraordinario de sesiones, correspondientes al segundo año de su ejercicio. De enterado.
La C. María Aurora Munguía Archundia, presenta y da lectura a una iniciativa de decreto que deroga él artículo 7o. de la Ley de Amparo. Túrnese a la Comisión de Justicia.
El C. Pablo Alvarez Padilla, a nombre de la diputación del Partido Acción Nacional, Fundamenta y da lectura a una iniciativa que adiciona él artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En seguida hacen uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:
Edmundo González Llaca, para hacer comentarios en relación a la tragedia que sufre nuestro país, a causa de los sismos de septiembre pasado, y proponer que en los libros de texto gratuito y en los programas de educación media, se incluyan explicaciones científicas sobre los temblores, y en los mismos textos se agregue una descripción amplia de la reciente participación ciudadana en las tareas de salvamento.
Que la Comisión de Salud informe en qué consiste él programa psiquiátrico y psicológico de la Comisión Metropolitana de Emergencia.
Que se promulgue una ley general de sociedades cooperativas, ya que la actual data de 1939. Túrnense las proposiciones a las comisiones unidas de Educación Pública; de Ciencia y Tecnología; de Salud, y de Trabajo y Previsión Social.
Alejandro Gascón Mercado, para hacer reflexiones cobre la reunión efectuada en la Comisión de Hacienda de esta Cámara, con funcionarios de la e Hacienda, en la que se trató lo relativo a la deuda externa.
Martín Tavira Urióstegui, también para hacer comentarios sobre dicha reunión y sobre la deuda externa.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para dar lectura a una iniciativa de decreto, por él que se ordene se practiquen auditorías a los capitalistas privados que defraudan al fisco y saquen la economía nacional. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Juan de Dios Castro Lozano, para dar lectura a una iniciativa de reformas al artículo 126 de la Constitución General de la República. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Ricardo Andrés Pascoe Pierce, para referirse a la huelga de hambre que llevan a cabo desde hace once días los maestros Otilio López Melchor y Ariel Barcenas, para que se les respeten sus derechos de trabajo y él derecho a opinar sobre política, y solicite que esta Cámara de Diputados intervenga par que resuelva la petición de los mencionados maestros. Túrnese a las comisiones unidas de abajo y Previsión Social; de Educación Pública y de Información Gestoría y Quejas.
Carlos Arturo Acosta González, para proponer que la Cámara de Diputados solicite a las autoridades del Departamento del Distrito Federal, la creación de un monumento dedicado a los muertos en él sismo de septiembre y a los héroes del rescate. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para proponer se levante un plano regulador con él objeto de descongestionar él Valle de México. Túrnese a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; de Ecología y Medio Ambiente y del Distrito Federal.
Enrique Gabriel Jiménez Remus, para presentar una iniciativa de adición al artículo 92 del Reglamento para él Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Jaime Delgado Herrera, para presentar una iniciativa de reformas a varios artículos de la Ley del Servicio Militar. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Francisco Hernández Juárez, para dar lectura al mensaje enviado al Presidente de los Estados Unidos y al Primer Ministro de la Unión Soviética, por los mandatarios de México, Argentina, India, Suecia y Grecia y por él ex Presidente de Tanzania, donde proponen suspender todos los ensayos nucleares por doce meses, que podría extenderse permanentemente.
Propone que esta Cámara de Diputados salude y apoye firmemente este histórico mensaje y dirigirse, asimismo, a todos los parlamentos del mundo, pidiéndoles que también den su respaldo al mensaje en cuestión.
Se considera él asunto de urgente resolución. Se aprueba la proposición. Manifiéstese la voluntad de esta Cámara de apoyar él comunicado de referencia.
Antonio Tenorio Adame, para expresar que él día de hoy, 31 de octubre se cumplen diez años de la cobarde invasión perpetrada por él Gobierno de Marruecos, contra él Sahara Occidental.
Hace comentarios sobre él particular y reitera él apoyo a la posición del Gobierno de México por la independencia del pueblo saharaui.
Da lectura a la solicitud formulada por él Gobierno de ese país, para que México y otros
países partidarios de la paz, patrocinen en la Asamblea General de la ONU él ingreso de la República Árabe Saharaui Democrática y promuevan la creación de un instituto Internacional de la ONU para él Sahara Occidental. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Hildebrando Gaytán Márquez, para externar consideraciones en torno a la deuda externa de los países de América Latina y proponer que esta Cámara se dirija al Parlamento Latinoamericano, a efecto que se promueva la solidaridad con él Gobierno y él pueblo de Perú, en su derecho soberano de planear y ejecutar la política económica de su país, especialmente en relación con su deuda externa. Túrnese a la comisión de Relaciones Exteriores.
José Ángel Aguirre Romero, para referirse a los varios casos de intoxicación por inhalación de gases y polvos tóxicos que están sufriendo los habitantes del Mineral de San Francisco del Oro del estado de Chihuahua, por él funcionamiento de una planta procesadora de metales, ubicada dentro del poblado
Solicita que esta Cámara haga una excitativa a la SEDUE y a la Secretaría de Salud, a fin de que con la urgencia del caso se tomen medidas para que desaparezcan las causas de la intoxicación colectiva, asimismo, que las autoridades correspondientes intervengan, a fin de que se deslinden las responsabilidades del caso.
Para hechos, y para dar sus puntos de vista sobre este asunto, interviene él C. Jorge Acedo Samaniego.
Después de la lectura de la proposición, se considera él asunto de urgente resolución. Se aprueba la proposición. Procédase a realizar la excitativa en los términos planteados por él documento.
Se continúa con los asuntos en cartera:
El C. Presidente de la República, por él debido conducto, envía iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio.
En virtud de que dicha iniciativa ha sido ya empresa y distribuida entre los ciudadanos diputados, la secretaría por instrucciones de la presidencia le da este trámite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo que establece él artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección, por medio de cédula, de presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, para él próximo mes de noviembre.
Llevada a cabo la votación y hecho él escrutinio correspondiente, arroja él siguiente resultado
Doscientos catorce votos para la planilla integrada por los CC. Blas Chumacero Sánchez como presidente y Miguel Osorio Marbán, Elíseo Rodríguez Ramírez, Héctor Mejía Gutiérrez, Máximo de León Garza y Manuel Fernández Flores como vicepresidentes.
También se registraron un voto, un voto, un voto, un voto, un voto, un voto, tres votos, cuatro votos, ocho votos, doce votos, para otras tantas planillas, así como treinta y cinco abstenciones.
En virtud de lo anterior, la presidencia hace la declaratoria correspondiente.
Durante él curso de la votación, él C. Miguel Eduardo Valle Espinosa considera que esta votación debe ser secreta.
En virtud de lo anterior, la secretaría por instrucciones de la presidencia da lectura al artículo 154 del Reglamento para él Gobierno Interior del Congreso.
Continúan en él uso de la palabra los ciudadanos diputados:
Rubén Aguilar Jiménez, para dar lectura a una invitación de los comités de damnificados, a la ceremonia luctuosa que él día 2 de noviembre, llevarán a cabo en él Zócalo de esta ciudad de México, a las diecinueve horas, en memoria de los muertos que produjo él sismo.
Rosalía Peredo Aguilar, para denunciar nuevamente la situación política que priva en él estado de Puebla, que atenta contra los intereses de amplios sectores de la población.
Relata una serie de hechos en los que no ha regularizado la tenencia de la tierra y respetado y conocido la dotación de bienes comunales del número de presos y perseguidos políticos, así como de cinco asesinatos por ideas políticas, todo ello según ella, por órdenes del gobierno del estado.
Para hechos y para precisar conceptos en torno a este asunto, intervienen los CC. Melquiades Morales Flores, Rosalía Peredo Aguilar, Pablo Ventura López, Melquiades Morales Flores, Rosalía Peredo Aguilar y Alejandro Cañedo Benítez, quien propone una comisión de diputados que investigue la denuncia presentada por la C. Rosalía Peredo Aguilar, sobre la violación de los derechos humanos en él estado de Puebla.
En los términos del artículo 58 del reglamento, usan de la palabra, en contra, él C. Víctor Hugo Islas Hernández, y en pro, él C. Javier Paz Zarza.
La asamblea, en votación económica, no admite a trámite la proposición y en consecuencia se da por desechada.
El C. Héctor Morquecho Rivera, reitera la denuncia del Partido Popular Socialista, sobre los hechos que su juicio se han repetido por él clero político, que violan la Constitución General de la República.
Da lectura a una carta que sobre él particular dirigió su partido al C. secretario de Gobernación y al C. regente del Distrito Federal.
Germán Sierra Sánchez, interviene para rendir homenaje al precursor de la Revolución, Aquiles Serdán, con motivo del CVIII aniversario de su natalicio.
La C. Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados, expresa conceptos relativos a la evolución democrática de nuestra vida institucional y manifiesta que
en este mes de octubre se dio uno de los debates más ricos sobre las piedra angular que cimienta al Estado Mexicano contemporáneo en la Cámara de Diputados más plural de la historia de nuestro país.
Finaliza con lo siguiente: "Concluimos él mandato por ustedes estregado, manifestando a nombre propio y de los ciudadanos vicepresidentes, nuestra sincera gratitud, compañeros diputados, por su confianza, su consejo, su respeto y su camaradería. Reconociendo los esfuerzos realizados por los profesionales de la información masiva, por difundir él trabajo parlamentario".
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, él C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, rinde testimonio de reconocimiento a la magnífica labor desarrollada por la C. Beatriz Paredes Rangel, como presidenta de la Cámara durante él mes de octubre.
Por su parte él C. Jorge Cárdenas González, a nombre de su partido, él Auténtico de la Revolución Mexicana, hace entrega a la C. Beatriz Paredes Rangel de un ramo de flores.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura a la orden del día de la sesión próxima.
A las dieciséis horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para que tendrá lugar él martes cinco de noviembre, a las diez horas horas.»
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Señor presidente, para una aclaración . Yo dije que esta votación debe ser secreta.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - La secretaría toma nota del ciudadano Eduardo Valle Espinosa, porque dice un negativo que debe ser corregido. "Que esta votación debe ser secreta"... Está a discusión él acta con esa aclaración... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada, señor presidente.
ARTICULO 84 DEL REGLAMENTARIO
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Pido la palabra para hacer un pedimento a la presidencia.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: De todo pleno es del conocimiento que él señor diputado Blas Chumacero ha sido nombrado presidente de la Cámara.
EL Reglamento para él Gobierno Interior del Congreso, establece que en las ausencias del presidente podrá sustituirlo él secretario. Pero no es aplicable cuando él presidente esté inhabilitado en los términos del artículo 84.
Por esa razón, pido a la presidencia haga la proposición correspondiente para que se nombre, por este mes, presidente de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El señor secretario de la Comisión de Trabajo y de Previsión Social, se ha encargado del despacho de la comisión, puesto que su servidor, como presidente de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 84, no intervendrá en ningún asunto de esa comisión a partir de esta fecha. (Aplausos.)
Continuamos con la orden del día.
DIRECTIVA DEL SENADO PARA NOVIEMBRE
La C. secretaría Rebeca Arenas Martínez:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes
Para conocimiento de esa honorable Colegisladora, tenemos él honor de comunicar a ustedes que la H. Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente Mesa Directiva que funcionará durante él mes de noviembre próximo.
Presidente: senador Héctor Vázquez Paredes
Vicepresidentes: senador Roberto Casillas Hernández y senador Gonzalo Pastrana Castro.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D.F., 31 de octubre de 1985.
Senador, Guillermo Mercado Romero, secretario: senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
Trámite: - De enterado.
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN OCTUBRE
La misma C. Secretaria:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Trámite: De enterado.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
BANCO DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA ARMADA
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República con él presente envío a ustedes iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, documento que él propio Primer Magistrado de la Nación somete a consideración del H. Congreso de la Unión por él digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 30 de octubre de 1985.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
La apertura revolucionaria iniciada en 1910 logró su consolidación con él licenciamiento del antiguo Ejército Federal en la firma de los Tratados de Teoloyucan, dando así paso a la consolidación del Ejército Constitucionalista, él Ejército del Pueblo. El nuevo Ejército Popular surgió de la Revolución Mexicana, consolidada con la promulgación de la Carta de Querétaro del 5 de febrero de 1917, ha sido pilar fundamental en él sostenimiento de las libertades públicas y de la independencia política y social de los mexicanos.
Dentro de este contexto, resultaba obligatorio para él estado mexicano dotar a nuestro glorioso Ejército Nacional, de auténticos instrumentos que proporcionaran a sus miembros los beneficios constitucionales garantizados a todos los mexicanos, en un país decididamente resuelto a penetrar por él camino de la concordia y él trabajo hacia la modernidad.
Al efecto, él gobierno de la República instituyó él Banco Nacional del Ejército y la Armada, S. A de C. V., bajo él amparo de su Ley Orgánica publicada en él Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1946, que en aquella época dada respuesta a las necesidades del financiamiento de los miembros del Ejército mexicano, ya que su objetivo principal consiste en otorgar créditos a los miembros del Ejército y la Armada Nacionales y apoyar a las sociedades mercantiles
integradas por elementos militares. Con acierto, él Constituyente Permanente se plateó la necesidad de atender los nuevos y justos reclamos a que tiene derecho la clase castrense dentro de una sociedad permeable y dinámica. Así surgió la vigente Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S. A., del 27 de diciembre de 1978, que además de ampliar su cobertura hacia los miembros de la Fuerza Aérea, en consideración a que él Instituto Armado ha presentado históricamente un factor esencial para la tranquilidad y prosperidad de nuestra patria, asimismo, incorporó dentro de la operativa bancaria, funciones de banca múltiple tendientes a fortalecer su apoyo y servicios de manera particular al Ejército mexicano, en paralelo con la población civil que requiera de sus servicios.
El nuevo esquema financiero mexicano, emanado con la nacionalización de la banca, nos obliga a replantear acciones y estrategias dentro de la banca de desarrollo, ajustándola a las directrices sustantivas que señalan en él Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Planeación, Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo y la vigente Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. La adecuación de la vigente Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, constituye una necesidad inaplazable dentro del esfuerzo global de armonizar nuestras estructuras financieras en concordancia con la realidad nacional.
Con fecha 13 de enero del presente año, fue publicada en él Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito, que sustituyó formalmente a la expedida él 31 de diciembre de 1982, que lleva su mismo nombre. Esta ley surge ante la necesidad de contar con una legislación adecuada y moderna, lo que propiciará la participación más eficiente del sistema financiero para que así, la banca, pueda definir un orden de prioridades a su operación y naturaleza propias, que a su vez dará rumbo a la contribución bancaria en los planes y programas de desarrollo.
Con fecha del 12 de julio del presente año y con fundamento en los dispuesto por los artículos segundo y noveno transitorios de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, él Ejecutivo Federal a mi cargo, expidió él decreto mediante él cuál se transformo él Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Anónima, en Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca y desarrollo.
En cumplimiento a los establecido por la Ley Bancaria referida y su correspondiente decreto de transformación, él Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de institución de banca de desarrollo y en apoyo a las políticas de desarrollo nacional y de la protección de los intereses al público, procurando la satisfacción de su sector encomendado por esta Ley Orgánica, continuará realizando las actividades y operaciones que por su naturaleza le son propias dentro de los propios de rectoría económica del Estado, economía mixta y planeación democrática consagrada en la Carta Magna.
Asimismo y dentro del marco referido a la iniciativa de la ley, se han integrado en su texto, los objetivos de carácter general que persigue la nueva ley bancaria, como lo son, él fomento al ahorro nacional, la canalización eficiente de los recursos financieros, así como la promoción y financiamiento de las actividades que corresponden a su sector. Así también, de manera específica, se regulan aquéllas operaciones que le han sido características y que realiza en beneficio de las fuerzas armadas, además de que se conservan, en sus órganos de gobierno, las modalidades y particularidades que le han sido propias y que requiere especialidad sectorial.
Como objetivo general de la política de financiamiento, según se ha expresado en él Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, es él de apoyar la estrategia económica y social del Plan de Desarrollo, tomando en cuenta las existencias de recursos, las prioridades del país y la visibilidad de los procesos de los proyectos de inversión. Por lo que él Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, se refiere, le corresponde canalizar eficientemente y equitativamente sus recursos a efecto de alcanzar una distribución igualitaria para él bienestar de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos. Por ello, él proyecto que se presenta impone a la Sociedad Nacional de Crédito la obligación de sujetar la prestación de sus servicios a las directrices del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Acorde al sistema financiero actual y a fin de satisfacer participativamente la atención de los requerimientos de la economía nacional, en la época de crisis como una planeación hacia él futuro, se establecerá la coordinación de la institución, como banca de desarrollo, con los fondos de fomento, a fin de promover él cambio estructural para apoyar él desenvolvimiento de la infraestructura productiva de las actividades y regiones prioritarias en respuesta al Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo.
El entorno normativo contemplado en esta iniciativa y la consecuente actividad de la institución, definen, respecto a los objetivos y operaciones consignados en los artículos 6o. y 7o., respectivamente, una nueva organización en la que se revalúa su carácter promocional busca fortalecer su operación financiera, de tal suerte que no se limite su capacidad de promoción y muestre, por un lado su eficiencia, no sólo en resultados financieros,
sino también en la atención expedita y oportuna de la demanda de créditos para él desarrollo del sector militar, fundamentalmente.
La actividad de la institución, se inscribe como se señala en los artículos 2o. y 3o., en él esquema del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en tanto que es imprescindible procurar él bienestar del sector catastrense. La programación financiera es pues, imperativa y condición para él logro de las aspiraciones nacionales.
El artículo 56 apoyado en él 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que a su vez se relaciona con la facultad que la ley de Planeación otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para estimar y obtener los recursos y orientar la transformación del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, en institución de banca de desarrollo, en términos del artículo 1o. del proyecto, incorpora la decisión del Estado Mexicano que al servicio público de banca y crédito, que proporcione la sociedad, se realice con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar sus actividades, y como lo señala en él artículo 3o., de la iniciativa se orienten a procurar él bienestar de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicana.
Al autorizarse dentro de los objetivos y operaciones del banco él compromiso de propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y privado, propiamente se fortalecen de un esquema de planeación los lineamientos de la política que estatuye él Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
En congruencia con la nueva política financiera de armonizar programas y responsabilidad pública, con la necesidad de la flexibilidad autonomía de gestión de las instituciones, soslayando esquemas y normas rígidas, fácilmente superables por las variantes económicas y sociales del país, él nuevo ordenamiento refiere las condiciones y requisitos de los créditos al Reglamento Orgánico, a los acuerdos del Consejo Directivo y desde luego a las determinaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Al asumir él Gobierno Federal él compromiso de responder en todo tiempo de las operaciones concertadas por la institución con personas físicas o morales nacionales, o de los depósitos obligatorios, se garantiza a los ahorradores y a los usuarios de crédito, no solamente una sana utilización de los cursos financieros manejados por él banco, sino que además, frente a cualquier evento imponderable él Estado mexicano responde del óptimo ejercicio del servicio público de banca y crédito.
En él artículo 19 de la iniciativa, se establece que los fondos de ahorro y de trabajo son inembargables e intransmisibles y que sólo podrán reducirse por disposición judicial en caso de pensión alimenticia, además de que él derecho de reclamarlos es de naturaleza imprescriptible. Sobre él particular, al sujetar los fondos de referencia a lo que resuelva él órgano jurisdiccional en casos de alimentos, se garantiza a los menores de edad, y a quienes concurran este derecho, a su exacto cumplimiento en concordancia con la legislación civil.
El artículo 25 de la iniciativa, hace extensivo a derecho de préstamos hipotecarios para adquirir o construir casa para habitación militares en servicio activo, que anteriormente sólo eran objeto de tratamiento por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). La adición de este derecho a militares en activo, constituye un sólido avance social en observancia de la garantía constitucional del derecho de la vivienda que en caso de los beneficiarios de este derecho, estarán en aptitud de cubrir sus amortizaciones en forma mensual y no quincenalmente como viene ocurriendo en cumplimiento de la ley vigente.
En lo relativo a la conformación del capital social del banco, se establece la iniciativa que estará representado por certificados de aportación patrimonial, en un 66 por ciento de la serie "A" y sólo podrá ser suscrita por él Gobierno Federal, y de que la serie "B" podrá ser suscrita por él Gobierno Federal, por las entidades de la administración pública paraestatal, por las sociedades mercantiles formadas por los miembros de las Fuerzas Armadas, por los miembros de que esas que tengan él grado de generales, jefes o sus equivalentes en la Armada y por personas físicas o morales mexicanas. De manera formal, se está garantizando él control y la adecuada conducción del banco por parte del Gobierno Federal, como tenedor de los certificados de aportación patrimonial de la serie "A" y con la concurrencia participativa de otros sectores detentadores de certificados de la serie "B", los intereses del público usuario de los servicios bancarios.
Lo anterior, independientemente de que en esta forma se está cumpliendo con lo ordenado por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Como corolario de los comentarios aportados anteriormente, se puede concluir en que la iniciativa de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de desarrollo responde a las necesidades contemporáneas del servicio público de banca y crédito, al que legítimamente tiene acceso él sector militar, y desde una perspectiva jurídica, su articulado y funciones sustantivas se ajustan al ordenamiento constitucional y a su ley reglamentaria. En este entorno, en él universo de principios generales sobre la filosofía del financiamiento
para él desarrollo, que se hace esbozado en líneas anteriores, la iniciativa que somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, consta de cinco títulos, en 57 artículos y 5 disposiciones transitorias.
El título primero trata de la denominación de la sociedad, su objeto, domicilio y duración: en términos generales, precisa él nuevo carácter del banco como sociedad nacional de crédito e institución de banca de desarrollo; como tal, se consigna al imperativo de vincularse al Sistema Nacional de Planeación Democrática y en especial al Plan Nacional de Desarrollo en él Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Como objetivo fundamental del banco, se establece él sector militar hacia él que él banco, debe orientar él servicio público de banca de crédito para satisfacer este ámbito las necesidades financieras prioritarias de este vital segmento de la población nacional.
El título segundo, de los objetivos y de las operaciones, en donde se inscribe realmente, la nueva estructura y concepción de la sociedad como banca de desarrollo. A este respecto conviene recordar que la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito , en su artículo 3o., autoriza al Congreso de la Unión par que las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, consignen los objetivos específicos que impriman su naturaleza definitiva, promocional y de fomento.
En él título tercero , se tratan él capital social y él capital neto, a diferencia de la ley vigente, tomando en consideración lo expuesto por él Reglamento Orgánico, se integra él capital social con certificados de aportación patrimonial de las series "A" y "B", la primera de ellas que representa un 66% del total capital, sólo será suscrita por él Gobierno Federal; la serie "B" que representa él 34% del capital, podrá ser suscrita por él Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o por sus respectivas a entidades paraestatales. Todo lo referente a la forma, proporciones y otras condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de estos últimos certificados, se atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por cuanto al capital neto, él precepto correspondiente faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que está lo determine, oyendo la opinión del Banco de México, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
La administración y la vigilancia de la sociedad, son tratadas en él título cuarto, se reitera que la administración de la sociedad, corresponderá al Consejo Directivo y al Director General, en sus respectivos ámbitos de competencia. Aquel se integra por 9 consejeros, 5 representantes de la serie "A", que serán los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como él Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. La serie "B", se integrar por 4 consejeros de la siguiente manera: uno de la Secretaría de la Defensa Nacional y uno de la Marina, así como dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los requisitos para ser consejero y él quórum de asistencia y de votación del Consejo se contemplan, respectivamente, en los artículos 42 y 43. A efecto de evitar repeticiones innecesarias él artículo 44 del proyecto, remite al artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que a su vez establece las facultades de este órgano, en él precepto siguiente se le otorga la facultad de aprobar él informe anual de actividades que presente él director general, así como los programas específicos y reglamentos internos que formule dicho funcionario, previa sanción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con él propósito de garantizar una administración eficiente y profesional de la sociedad, se exige él director general reúna las condiciones que establece él artículo 24 de la Ley Reglamentaria multicitada.
En lo que se refiere a las facultades del director general, se conservan las de la ley vigente, sin perjuicio de que él Reglamento Orgánico o él Consejo Directivo, otorgue o delegue otras diversas para la mejor administración de la institución.
En él artículo 48 se prevé la vigilancia de la sociedad con la existencia de dos comisarios, uno designado por la Secretaría de Contraloría General de la Federación, en mérito a la atribución genérica que a esta dependencia le compete; él otro comisario será designado por los consejeros de la serie "B". En él cumplimiento de su encargo, los comisarios tendrán todas las facultades y obligaciones consignadas por la Ley Reglamentaria aplicable y por él Reglamento Orgánico de la sociedad.
La Comisión Consultiva a que se refiere él artículo 27 y del ordenamiento que regula él servicio público de banca y crédito, se introduce él proyecto en él precepto 50, con una referencia a la norma sustantiva.
En él título quinto se agrupan diversas disposiciones generales que comprenden supuestos diferentes. El régimen de supletoriedad legal, remite, en su orden, a la legislación financiera y las disposiciones aplicables sin hacer una referencia exhaustiva de la misma.
En él artículo 53 se faculta a la Secretaría de Hacienda para dictar los lineamientos conforme a los cuales se formulan los programas, presupuestos y estimaciones de la sociedad. Se concede atribución específica a dicha dependencia para autorizar las asignaciones de recursos dentro de la filosofía de la flexibilidad y autonomía de gestión indispensable para él eficaz funcionamiento del banco. Finalmente, se reitera la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
interpretar la ley y expedir las disposiciones que exija su adecuada aplicación
En los artículos transitorios se prevé él inicio de la vigencia de la ley en cuestión; la abrogación del ordenamiento vigente y la obligación de publicar él Reglamento Orgánico en un término de 180 días.
En ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo Federal a mi cargo, él
artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo estipulado por los artículos 28, párrafo quinto y 73, fracción X del mismo ordenamiento, vengo a someter al H. Congreso de la Unión, la presenta iniciativa de LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL EJERCITO, FUERZA
AÉREA Y ARMADA
TITULO PRIMERO
De la Sociedad, denominación, objeto y domicilio
Artículo 1o. La presente ley rige al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. La sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará él servicio público de banca y crédito de sujeción a los objetivos prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especialidad del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar las actividades y sectores que les son encomendados en la presente ley.
Artículo 3o. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea , como institución de banca de desarrollo tendrá por objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos.
La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar él servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en él artículo 3o. de la Ley Reglamentario del Servicio Público de Banca y Crédito
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será él que se fije en su Reglamento Orgánico, pero podrá, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer o clausurar en él país sucursales, agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en él país o en él extranjero.
Artículo 5o. La duración de la sociedad será indefinida.
TITULO SEGUNDO
Operación general de la sociedad
CAPITULO I
Objetivo y operaciones
Artículo 6o. La sociedad, con él fin de procurar él desarrollo y competitividad del sector encomendado en él ejercicio de su objeto, estará facultado para:
I. Apoyar la creación, organización, desarrollo y transformación de empresas, sociedades mercantiles y civiles integradas por miembros de las fuerzas armadas;
II. Actuar como agente financiero de las empresas y sociedades con las que opere; III. Administrar los fondos de ahorro y de trabajo de los militares;
IV. Promover asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en las fracciones II y III de este artículo, con él objeto de propiciar él incremento de la producción, y
V. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito con los sectores social y privado.
En él ejercicio de sus atribuciones, él Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, ajustará sus programas a las políticas financieras que establezca él Gobierno Federal y se coordinará en sus actividades con las entidades que tengan a su cargo la elaboración y ejecución de dicha política.
Artículo 7o. Para él cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere él artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca Y Crédito
II. Otorgar créditos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos que se encuentren en servicio activo o en situación de retiro, siempre y cuando estén percibiendo haberes con cargo del Erario Federal.
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con vista de facilitar a los beneficiarios de sus actividades, él acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos él hábito del ahorro y del uso de los servicios que presta él sistema bancario nacional, de manera que no se produzca desajustes en él sistema de captación de recursos del público, en los términos del artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito;
III. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar él desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional, y serán susceptibles de colocarse entre él gran público inversionista, caso
en el cual le serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
IV. Financiar la adquisición, construcción, ampliación y reparación de casas habitación para los miembros de las fuerzas armadas;
V. Efectuar preferentemente con los militares y personas morales de los cuales aquéllos formen parte, las demás operaciones activas y pasivas de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito autorizadas para las instituciones de banca de desarrollo;
VI. Efectuar el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión, y
VII. Las demás análogas y conexas al objeto de la institución, que le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inclusive la de agente financiero del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8o. Con excepción a lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
determinará las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la sociedad para cumplir los objetivos que se le han encomendado en su carácter de banca de desarrollo, en los artículos 3o. y 6o. de esta ley. Asimismo, corresponde a la propia Secretaría la determinación de las características de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público. Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 9o. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. I. Con personas físicas o morales nacionales y de los depósitos obligatorios a que se refiere el artículo 56 de esta ley, y
II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
Artículo 10. Como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los contratos de fideicomiso que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario.
CAPITULO II
Fondos de Ahorro y de Trabajo
Artículo 11. Para constituir el fondo de ahorro, los generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la armada, en servicio activo, deberán aportar una cuota quincenal equivalente al 5% de sus haberes. Para el mismo fin, el Gobierno Federal efectuará una aportación de igual monto. Estos fondos generarán un interés a favor de los titulares acumulable anualmente que será fijado y, en su caso ajustado a propuesta del Consejo Directivo y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 12. Los titulares tendrán derecho a disponer totalmente de sus fondos de ahorro, en el momento que se obtenga licencia ilimitada o que queden separados del activo.
Quienes continúen en el activo, tendrán derecho a disponer del importe de sus descuentos cada seis años, contados a partir de la fecha de su primera aportación al fondo.
Artículo 13. Podrán disponer del fondo de ahorro, las personas que los titulares hayan designado como beneficiarios, en caso de fallecimiento, y a falta de designación, sus familiares de acuerdo con la prelación que en seguida se señala:
I. El cónyuge, o en su defecto, la persona con quien haya hecho vida marital durante los cinco años inmediatos anteriores a su muerte en concurrencia con los hijos del occiso a partes iguales;
II. La madre;
III. El padre, y
IV. Quienes justifiquen su parentesco con el titular del fondo; los más próximos excluirán a los más remotos, en caso de controversia resolverá la autoridad judicial.
Artículo 14. El fondo de trabajo estará constituido con las aportaciones que el Gobierno Federal realice a favor de cada elemento de tropa o sus equivalentes en la Armada, a partir de la fecha en que se cause alta o sea reenganchado, hasta que obtenga licencia ilimitada, quede separado del activo o ascienda a oficial, más un interés a favor de sus titulares, acumulables anualmente, que será fijado y en su caso ajustado en los términos del artículo 11 de esta ley.
Artículo 15. La aportación que el Gobierno Federal realice en los términos del artículo anterior, será equivalente al 10% de los haberes anuales del personal de tropa o sus equivalentes en la Armada.
Artículo 16. Podrán disponer del fondo de trabajo los elementos de tropa o sus equivalentes en la Armada, que queden separados del activo, obtengan jerarquía de oficiales o se les conceda licencia ilimitada, y
Las personas que los elementos de tropa o sus equivalentes en la Armada hayan designado como beneficiarios en caso de fallecimiento, y a falta de designación, sus familiares de acuerdo con la prelación señalada en el artículo 13 de esta ley.
Artículo 17. Las aportaciones del Gobierno Federal destinadas a los fondos de ahorro y de trabajo, se ministrarán a la sociedad en los términos que fijen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Programación y Presupuesto, dentro de la esfera de sus respectivas competencias.
Artículo 18. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, proporcionarán a la sociedad los datos para la formación del registro necesario para la administración de los fondos y deberán comunicarle oportunamente las altas y bajas del personal, de generales, jefes, oficiales y tropa, o sus equivalentes en la Armada.
Artículo 19. Los fondos de ahorro y de trabajo son inembargables e intransmisibles. Sólo podrán efectuarse por adeudos exigibles a cargo del militar, que sean consecuencias de las operaciones previstas en esta ley, o por disposición judicial en el caso de alimentos. El derecho a recamarlos no prescribirá.
Artículo 20. El Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, administrará los recursos afectos a los fondos de ahorro y de trabajo, sujetándose a las reglas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las disposiciones de esta ley.
Artículo 21. Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo.
Artículo 22. Los préstamos se harán de tal manera que los abonos correspondientes para reintegrar la cantidad prestada, sumados a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deban hacerse sobre cualquier otro adeudo con la sociedad, no excederán del 50% del haber de retiro o pensión en su caso.
Artículo 23. El Banco Nacional del Ejército, fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, administrará los recursos afectos a los fondos de ahorro y de trabajo, los cuales se destinarán al otorgamiento de préstamos hipotecarios y a corto plazo, con los requisitos previos en esta ley. Las cantidades no utilizadas serán invertidas, para fomentar y financiar las actividades que le han sido encomendadas a la sociedad en su carácter de banca de desarrollo.
CAPITULO III
Préstamos con Garantía Hipotecaria
Artículo 24. Los militares que se encuentren percibiendo haber o haber de retiro con cargo al Erario Federal, podrán obtener del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, préstamos con garantía hipotecaria en primer lugar sobre inmuebles urbanos, en la medida de los recursos disponibles para este fin. Dichos créditos deberán destinarse para:
I. Adquirir casa para habitación familiar del militar;
II. Adquirir terrenos en los que deberá construirse la casa para habitación familiar militar;
III. Construir casas para la habitación del militar;
IV. Efectuar mejoras o reparaciones en las casas para habitación familiar del militar, y
V. Redimir los gravámenes que soporten dichos inmuebles provenientes de las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores.
Artículo 25. Los préstamos hipotecarios se sujetarán en lo conducente a las reglas que al efecto expida el Consejo Directivo.
Artículo 26. Las casas adquiridas o construidas por los militares para su habitación familiar, con fondos suministrados por el banco quedarán exentas, a partir de la fecha de su adquisición o construcción, de todos los impuestos federales y los del Distrito Federal, durante el término que el crédito permanezca insoluto. Gozarán también de exención los contratos en que se hagan constar dichas adquisiciones o créditos. Este beneficio cesará cuando los inmuebles fueran enajenados o destinados a otro fin.
CAPITULO IV
Préstamos a corto plazo
Artículo 27. La sociedad podrá otorgar préstamos a corto plazo, de acuerdo con los recursos disponibles para este fin
I. A los militares con haber o haber de retiro, y
II. A los pensionistas.
Artículo 28. El importe de los préstamos a corto plazo que se otorguen a generales, jefes y oficiales o en su equivalente en la Armada, no podrá exceder de cuatro meses de su haber o haber de retiro y en caso de los pensionistas de su percepción.
Artículo 29. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, informarán al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la fecha en que se generen, las siguientes situaciones:
I. Las altas y bajas del personal de las Fuerzas Armadas;
II. Las licencias que se concedan sin goce de haberes;
II. Los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite, y
IV. Los nombres de los familiares que los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley les concede, incluso cuando el militar cause baja o cambie de beneficiarios.
Artículo 30. El personal de tropa o sus equivalentes en la Armada sólo podrá obtener préstamos a corto plazo con importe hasta de dos meses de haber, si Tiene de seis meses a dos años de servicio y hasta cuatro meses de haber si Tiene dos años o más de servicio. Tratándose de personal militar retirado o pensionado, hasta cuatro meses de su haber de retiro o pensión .
Artículo 31. Los préstamos a corto plazo se otorgarán a las reglas que al efecto expida el Consejo Directivo.
Artículo 32. No se otorgará otro préstamo mientras el anterior permanezca insoluto. Solamente podrá renovarse un préstamo a corto plazo cuando haya transcurrido la cuarta parte del plazo por el que fue concedido y cubiertos los abonos de dicho período.
Artículo 33. Los adeudos por concepto de préstamos a corto plazo que no fueran cubiertos por los militares después de seis meses de su vencimiento, se aplicarán a sus fondos de ahorro o de trabajo y en cuanto a los militares con haber de retiro y a los pensionistas, los mismos se aplicarán a los haberes de retiro o percepciones que disfrute.
TITULO TERCERO
Capital social
Artículo 34. El capital social del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial en 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico. La serie "A" solo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por las entidades de la Administración Pública Paraestatal, por las sociedades mercantiles formadas por los miembros de las Fuerzas Armadas, por los miembros de éstas que tengan el grado de generales, jefes o sus equivalentes en la Armada y por personas físicas o morales mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar qué entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Artículo 35. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 36. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 37. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
TITULO CUARTO
Administración y vigilancia
Artículo 38. La administración del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 39. El Consejo Directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma:
I . Cinco consejeros que representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial y que serán cada uno de las siguientes dependencias, de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El Ejecutivo Federal designará dentro de los consejeros de la serie "A" al presidente del Consejo Directivo, y
II. Cuatro Consejeros que representarán a la serie "B" designados de la siguiente manera, uno por cada una de las secretarías: de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y de Crédito Público y uno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año, podrán ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
Las reuniones de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo de la Sociedad,
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 40. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 41. En caso de audiencia del presidente del Consejo, será sustituido por el consejero que la Secretaría de la Defensa Nacional haya designado en primer lugar. En ausencia de ambos, los consejeros designarán al que habrá de sustituirlo.
Artículo 42. No podrán ser consejeros: I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito;
II. Las personas que ocupen un puesto de elección popular, mientras estén en el ejercicio del mismo;
III. Dos o más personas hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad, y
IV. Los funcionarios o empleados de la institución .
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores a que se refiere este precepto, será sustituido por su suplente, por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del nuevo consejero propietario.
Artículo 43. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 20 y además relativo de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte, respecto a las operaciones precistas en las fracciones VI y XI de artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 44. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:
I. Aprobar el informe de actividades que le presente el director general, y II. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos que le presente el director general, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III. Nombrar y remover a propuesta del director general, a los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquél, quienes deberán ser generales o jefes del Ejercito, Fuerza Aérea o sus equivalentes en la Armada y que reúnan los requisitos que se establecen en el artículo 24 de la ley de la materia.
Artículo 45. El director general será designado por el Ejecutivo Federal, debiendo recaer ese nombramiento en un general o jefe del Ejercito, de la Fuerza Aérea o su equivalente de la Armada.
Artículo 46. El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicios de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad. Contendrá para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun para aquellos que requieran de autorización especial según disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitro y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para acto de dominio.
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social.
IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico, y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 47. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.
Artículo 48. Los consejeros, el director general, los directores, los subdirectores, los gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
Artículo 49. En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá una Comisión consultiva.
TITULO QUINTO
Disposiciones generales
Artículo 50. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efectos administrativos
la presente ley podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 51. Las operaciones y servicios de la sociedad se regirán por lo dispuesto en la presente ley y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México, y por las demás disposiciones aplicables.
Artículo 52. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de los programas y presupuestos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público y Banca y Crédito, la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución, en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 53. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos, no se consideran remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
Artículo 54. El Gobierno Federal aportará al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones que impone esta sociedad, respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajador, a cuyo efecto, la Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará que el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, se incluyan las partidas respectivas.
Artículo 55. Deberán hacerse en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, los depósitos en efectivo que están obligados a constituir los alumnos que causan alta en las escuelas militares, a fin de garantizar su aprovechamiento.
Artículo 56. Los servidores públicos de la sociedad, independientemente de lo señalado en esta ley, serán preferentemente militares.
TRANSITORIO
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de fecha 27 de diciembre de 1978.
Artículo tercero. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamentos en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes.
Artículo cuarto. El Reglamento Orgánico de la sociedad deberá expedirse en un plazo no mayo de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley. En ese lapso, continuará en vigor el expedido el 29 de julio de 1985.
Artículo quinto. El domicilio social del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Sociedad Nacional de Crédito institución de banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal, en tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 30 de octubre de 1985.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»
El C. Presidente: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
La c. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional.
DEVALUACIÓN MONETARIA
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Pido la palabra, para una propuesta señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Señor presidente: compañeros diputados: Todos nosotros nos hemos enterado de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, sobre todo a partir del día 11 de octubre en que fue publicado el decreto del Ejecutivo Federal con respecto a la expropiación de 7 mil predios en el Distrito Federal.
A partir de ahí, apareció y aparecieron un conjunto de declaraciones de grupos empresariales, entre ellos los de Nuevo León, que textualmente afirmaron: "que en virtud de ese decreto, se rompía la confianza de los
empresarios de Nuevo León y quedaban ellos en libertad en virtud de que calificaron como medida arbitraria dicho decreto del Ejecutivo, que se aprobó en la discusión de su legalidad y de su justeza política; dichos empresarios señalaron que ellos plantearían una posición de desconfianza y que harían uso de su derecho con respecto a la fuga de capitales.
A partir de ahí, es evidente que se desprenden propuestas de los empresarios, como la propuesta de Alfredo Sandoval, de la Confederación patronal de la República Mexicana en donde exige una reprivatización total de la vida económica del país, y también se empieza toda una escalada de rumores, entre otros el de la posible encautación de los ahorros en virtud de la grave situación que Tiene el gobierno con respecto a su deuda interna y esos rumores también tienen que ver con la definición de los empresarios y de las fuerzas políticas que lo representan para emprender toda una ofensiva política en contra del hecho político, compañeros diputados, que significó el haberse promulgado un decreto para enfrentar un problema como ha sido reiteradamente señalado, pero además el hacerlo el Presidente en el marco de una difícil situación económica que para nadie es desconocida sobre todo el de que se realice, a la mitad del sexenio del Presidente Miguel de la Madrid.
Nuestro partido valora grandemente, como también lo hace la derecha, por distintas razones por supuesto, el hecho de que este decreto sea realizado y promulgado a la mitad del sexenio del Presidente Miguel de la Madrid. Nosotros, incluso, pensamos que el Presidente había desechado de las posibilidades de su régimen el hacer uso de esa facultad que le otorga la Constitución pero, compañeros diputados, la situación que prevalece nuestro país nos demuestra, como anticipadamente lo hemos señalado los miembros del Partido Socialista de los trabajadores, la necesidad de emprender tareas de reconstrucción nacional que a partir de los sismos del 19 y 20 de septiembre han ratificado esta necesidad y han planteado que otras fuerzas políticas - incluso el Presidente - compartan la necesidad de la reconstrucción nacional.
Evidentemente estamos ante condiciones políticas favorables, no coincidimos con algunas fuerzas acerca de que lo que ha ocurrido en estos últimos días no es necesario valorarlo y considerarlo muy seriamente, sobre todas las fuerzas socialistas y revolucionarias en nuestro país.
Frente a todo esto, evidentemente la derecha, los empresarios, las fuerzas políticas valoran esta acción del Ejecutivo y se han planteado toda una ofensiva de carácter ideológico que se ha materializado ahora también con un hecho económico que demuestra aquí, evidentemente, algo que hay que considerar. Compañeros diputados, estamos ante la eminencia de perder la reserva, que se tienen reservas en el Banco de México, de continuar esta escalada. Y se comprueba además que los famosos ladrones que gritan constantemente que agarren al ladrón, los que hablan siempre de la corrupción del gobierno, cuando son los promotores de la corrupción y los socios de los políticos del gobierno que hacen grandes negocios privados con bienes públicos, pero finalmente negocios privados y se incorporan a la nómina de empresarios privados, posteriormente, y copartícipe con ellos en importantes inversiones de negocios.
Creo que a esas alturas, seríamos ingenuos, los diputados, la mayoría de ellos me supongo, seríamos ingenuos de pensar que la fuga de capitales de 1976 y de 1982 y de 1984, son simplemente actos de corrupción oficial. Son también expresiones, por las fechas en que se dieron estas fugas, acciones políticas deliberadas para determinar en 1976 la política del régimen que encontraba y para determinar en 1982 también la política del régimen que comenzaría.
Pero como ahora como el Presidente De la Madrid ha roto con la confianza de los empresarios al promulgar este decreto expropiatorio, evidentemente a la mitad del sexenio y abiertamente, públicamente los empresarios anuncian que harán uso de su fuerza y plantearán la fuga de capital, y estamos ante una evidente fuga de capital. Es más, si revisamos la cronología de la tendencia devaluatoria del peso ésta se acrecienta y se acelera a partir del día 11 al 12 a la fecha.
Es evidente, pero lo más grave de todo esto es que, compañeros diputados, estamos ante una cuestión de hecho muy delicada porque conocemos las consecuencias que Tiene para el país y ahora con la situación financiera que se Tiene con respecto a la deuda externa, si tenemos la posibilidad de que en las próximas semanas la reserva federal en manos del Banco de México se vaya con los especuladores y se acreciente la fuga de capitales.
Ya andan algunos dirigentes priístas más preocupados por aclarar que el decreto expropiatorio no afecta la propiedad privada que el propiciar que este decreto expropiatorio se amplíe y se use como instrumento de reparación y justicia para muchos sectores de la población, cuando que no hay que conceder a la gran campaña de las fuerzas de la derecha con respecto a que el decreto expropiatorio es totalmente incorrecto, en antijurídico y es una muestra innecesaria del Ejecutivo para sacar problemas de la reconstrucción.
Frente a todo esto no hace falta decirles que Gavin, el embajador norteamericano, hace pocos días estuvo en Monterrey y prometió ser promotor de créditos para los empresarios directamente, el embajador de Estados Unidos de Norteamérica.
Frente a todo esto, compañeros diputados, creo que es necesario que esta soberanía asuma su responsabilidad y está dentro de las facultades efectivamente vigilar, acordar, aprobar los montos que debe tener nuestra moneda, la autorización de casas de cambio,
en fin, son facultades de esta Cámara, el vigilar, el aprobar, el enfrentar esos problemas de soberanía.
Pero lo más grave es que el director del Banco de México cuyos antecedentes son que este señor director no firmó el decreto expropietario de la Banca Nacionalizada, que se negó a firmar y en consecuencia el Ejecutivo tuvo que nombrar otro director del Banco de México que firmará el decreto y que apareció firmado el decreto, es actualmente el señor director Miguel Mancera, el director del Banco de México, quien también siempre se negó al control de cambios y se ha declarado enemigo del control de cambios; y se habla que si hay control de cambios hay mayor fuga de capital.
Pero señores diputados, estamos ante un evidente saqueo de las divisas de nuestro país por parte de especuladores privados y particulares, que mediante manipulación o concertados, están en una campaña para convertir al peso en polvo. Y estamos hablando ya de 500 pesos por dólar, y eso es acrecentar la deuda externa en pesos, eso es disparar a todas luces el problema de la economía nacional y ponerla en graves aprietos. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesario lo siguiente, y aquí nuestra propuesta:
El C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Presente. Es conocido por esa H. Cámara de Diputados, que en los últimos días la Nación ha sufrido una escalada especulativa que ha llevado a nuestra moneda nacional a devaluarse en un 50% más con respecto a la divisa norteamericana. Esta devaluación se agudizó a partir del día 11 de octubre, fecha en que fue publicado el decreto del Ejecutivo Federal, a fin de expropiarse 3,000 predios urbanos en el Distrito Federal.
Esta legítima acción Federal, propició por parte de los círculos empresariales privados una ofensiva abierta para combatir y desvirtuar dicho acto del Ejecutivo. Es evidente que a partir de ese hecho, se propició nuevamente una campaña de rumores y se promovió la especulación financiera que ha propiciado la devaluación galopante del peso. Existe de hecho dolarización del mercado financiero y se está propiciando la fuga de dólares por parte de grupos empresariales y especuladores vinculados a dichos círculos.
Para todo es conocida también, la difícil situación que Tiene nuestro país para contar con divisas suficientes, al fin de financiar el comercio exterior y mantener la reserva adecuada en las arcas nacionales depositadas en el Banco de México.
Para todos es claro que la devaluación está perversamente dirigida, ya que públicamente los grupos y organismos empresariales privados lo han señalado por diversos medios. Es claro también que esta soberanía cometería una grave omisión política y patriota de permitir que esta situación se agrave al hacer caso omiso de ella, sabiendo además de las peligrosas consecuencias que Tiene para la nación de seguir esta situación.
En la sesión del 22 de octubre del presente año, esta fracción parlamentaria propuso la comparecencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, del director general de Crédito de dicha dependencia, así como también del director del Banco de México. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública ya acordaron y realizaron la comparecencia de los primeros funcionarios ya señalados el día 30 de octubre del presente.
Nos parece entonces necesario que se resuelva citar para que comparezca ante las Comisiones Unidas al director del Banco de México, quien en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la estructura financiera nacional, Tiene atribuciones que lo obligan a responsabilidades de vital importancia sobre todo en la cotización de la moneda nacional, el control de la reserva federal y del funcionamiento de las sociedades nacionales de crédito y de casa de cambio
Por todo lo anterior, y en base a los artículo 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General, se considera de urgente y obvia resolución a fin que se cite a la mayor brevedad al director del Banco de México, licenciado Miguel Mancera Aguayo, a fin de que comparezca ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública e informe de la situación que guarda la reserva federal en esa institución, de las causas que han motivado la acelerada devaluación de la moneda nacional y del funcionamiento, del sistema de mercado de libre cambio de divisa y del sistema controlado, así como al funcionamiento de las casas de cambio, así como de la medidas que esta institución propone para corregir la actual situación. Atentamente. Por un Gobierno de los Trabajadores, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Encarezco a la secretaría tenga la bondad de dar lectura al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
1o. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueron varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
2o. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
3o. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a la Comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada".
El C. Presidente: - Con este motivo y con fundamento en el propio artículo 58, se abre el registro de oradores, uno en pro y otro en contra.
En pro, el compañero Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; compañeros diputados: Nos parece a nosotros que la propuesta que acaba de presentar la fracción parlamentaria del PST, es digna de todo apoyo por razones que nosotros queremos dejar explícitas en esta tribuna.
Es del dominio público que durante las últimas tres semanas, particularmente, hemos vivido, presenciado, una nueva oleada de especulaciones contra la paridad del peso. Apenas ayer, según información periodística, el precio del dólar en el aeropuerto de la ciudad de México y en las casas de cambio de la zona fronteriza, tocó ya los 550 pesos por dólar.
Nosotros nos preguntamos qué lógica o racionalidad económica hay detrás de esta absurda alza en el precio del dólar.
Es evidente que lo que estamos viviendo es una oleada especulativa que a uno se le antoja concertada por las fuerzas que ya conocemos y que en otras situaciones han destacado oleadas similares para así lograr desestabilizar aún más la precaria economía mexicana, someter a nuestra economía a un proceso de mayor deterioro y obtener desde luego pingües ganancias.
Es obvio que para este núcleo de especuladores la confianza se mide en el bolsillo, ahí es donde Tiene la confianza, y están actuando para llevar al peso mexicano a una situación en la cual cada día va perdiendo valor frente a la moda extranjera, en particular frente al dólar norteamericano, y esto obviamente se traduce en ganancias injustificadas para este grupo de especuladores.
Es cierto que al asistir a la reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, interrogado por el compañero Pablo Pascual, particularmente sobre este punto reconoció que en los últimos movimientos de la paridad estaban predominando elementos claramente especulativos, y él sostuvo ahí que las divisas estatales, las provenientes de las ventas de petróleos y de otras exportaciones del sector público, así como las que se obtienen de manera limitada de la deuda externa, no se verían afectadas por este fenómeno, puesto que se mantendría la política de deslizamiento gradual del tipo de cambio controlado.
Esto puede ser cierto, puede ser cierto que el Banco de México no esté comprometiendo las divisas de la reserva, pero lo que también es cierto es un movimiento especulativo con la brutalidad que estamos presenciado en las últimas semanas dañan gravemente al aparato productivo, pero sobre todo dañan gravemente a la economía popular.
Para nadie es un secreto que debido a las condiciones de dependencia y subordinación de nuestra economía, nuestra estructura de precios es altamente sensible a los cambios en la paridad, y aquí tenemos que preguntarnos cuáles son las consecuencias de esta oleada especulativa, porque resulta que muchas empresas siguen necesitando de importaciones y no cuentan con divisas. Tienen que comprar esas divisas y ese mayor costo del dólar norteamericano lo van a trasladar desde luego a sus precios. Esta oleada especulativa es una fuente de graves presiones inflacionarias que obviamente se traducen en el bolsillo de los trabajadores.
Pero daña el aparato productivo también, porque muchas de estas empresas tienen créditos contratados en dólares y tienen que estar a cada momento revaluando esos créditos y tienen que estar por tanto también transfiriendo a los precios la elevación en el precio del dólar.
El dólar, todos lo sabemos, actúa en nuestra economía jalando los precios. Cada que hay una devaluación, ese es el pretexto o es la razón en algunos casos que aducen los industriales y los comerciantes para subir los precios. Entonces no es cierto que baste con proteger las divisas estatales para que la especulación pueda seguir y pueda desatarse sin ningún control.
Es evidente que estamos ante una situación que no puede proseguir, si se piensa en un comportamiento mínimamente sano de nuestra economía, y si se piensa en un comportamiento que no esté determinado por este grupo de grandes especuladores.
Pero entonces, lo que hay que preguntarse es qué está haciendo el Gobierno Federal, qué está haciendo la Secretaría de Hacienda, qué está haciendo el Banco de México, que son las autoridades responsables de aplicar la política de control cambiario. Porque el Congreso de la Unión, de acuerdo al artículo 73 - me parece que es la fracción 18- , Tiene la facultad de fijar el precio relativo de la moneda extranjera. Y el Congreso de la Unión emitió una Ley Reglamentaria de esta facultad en la que da al Banco de México las facultades para determinar el valor relativo de la moneda extranjera, y más aún, en la Ley Orgánica del Banco, de México establecen las características que segura el control de cambio y la fijación del valor de la moneda extranjera, y se establece que el Banco de México deberá informar a más tarde el 15 de noviembre de cada año del uso que haya hecho de las facultades que la Cámara le ha conferido.
Por tanto hay plena atribución de la Cámara para requerir cuanto antes mucho más, porque estamos a 10 días de que se cumpla
el plazo, legal establecido en la ley Orgánica del Banco de México, para que se nos informe de qué está haciendo el Banco de México en esta materia. Porque lo que ya hizo y que está propiciando esta situación ya lo sabemos; el Banco de México y las autoridades hacendarías, el Ejecutivo Federal, tomó la decisión en 1982 de volver a privatizar las casas de bolsa, y tomó la decisión a principios de este año, en julio, cuando vivimos una oleada especulativa similar de permitir la apertura de casa de cambio privadas; y esas casas privatizadas y esas casas de cambio privadas son hoy los principales agentes, a través de los cuales se realiza la especulación. Ese es el resultado de la política que ha seguido el Ejecutivo Federal. Ese es el resultado del retroceso de la nacionalización de la banca. Si no cualquiera de ustedes puede ir a las casas de cambio privadas para ver cómo, cuando la casa de cambio bancaria pone la cotización de dólar en 475 pesos, la casa de cambio privada, que está prácticamente cruzando la calle, lo pone a 478. Y esa es la dinámica que está determinando esta brutal especulación y estas continuas devaluaciones del peso, la existencia de casas de bolsa privadas y de casas de cambio privadas autorizadas en el mes de julio.
Ese es el resultado de una política de retroceso en materia de nacionalización de la banca. Y se dice por parte de los empresarios que han perdido la confianza, y diario salen declaraciones de las cámaras de Nuevo León, de las cámaras del estado de México, diciendo que se ha vuelto agredir a la propiedad privada y que el gobierno ha vuelto a entrar por la ruta del populismo. Y resulta que el gobierno se la pasa ahora de manera patética, al igual que lo hizo en 1982, queriendo dar muestras de que quiere recuperar la confianza de estos especuladores.
Y para eso, yo quiero recordarlo aquí, cuando aquí discutimos el decreto de expropiación de los predios urbanos de la ciudad de México, yo dije un poco en son de broma, que ojalá no fueran a regresar el 34%, como había regresado el capital de las sociedades bancarias. Pues, regresaron el 35%, lo quitaron del decreto expropietario para buscar, entre otras cosas, congraciarse con la iniciativa privada, con los grandes empresarios, con los grandes especuladores.
Y ahí están los resultados, estos especuladores no entienden este tipo de medidas, porqué ellos están midiendo sus ganancias, porque ellos están actuando en función de imponer una ruta aún más antipopular, aún más antinacional de la que ya estamos sufriendo en materia económica. Y esto no puede continuar. El Congreso de la Unión no puede ser indiferente ante esa oleada especulativa, primero porque Tiene facultades constitucionales, porque la ley establece la obligación del Banco de México qué está haciendo en esa materia, y porque tenemos un compromiso frente al pueblo de México que es el que en última instancia, y por desgracia en esta primera instancia, es el que se ve afectado por esta oleada especulativa. Y vean ustedes cómo se están reetiquetando los precios de las medicinas, de los alimentos, de los productos básicos porque el dólar está subiendo y porque la perspectiva es que a fin de año estemos en 600 o 700 pesos. ¿A dónde vamos a ir a parar con esta oleada especulativa y con esta incapacidad del director del Banco de México, que por otro lado, como lo confiesa públicamente, no cree en el control de cambios, y sueña con volver, ¡oh!, gran anhelo, a la "libertad" cambiaría, la libertad de los especuladores, la libertad de los que se llevan sus capitales, esa es la libertad en la que piensa el señor Mancera?, ¿qué está haciendo el señor Mancera para parar esa oleada especulativa?, ¿qué está haciendo la Secretaría de Hacienda que es la autoridad jerárquica, superior del Banco de México?, y entonces que no se nos venga a decir aquí que no hay facultades, porque como ya nos estamos acostumbrados a las interpretaciones de la Constitución, ahora nos va a decir que no hay facultades, sí hay facultades y estamos a 10 días de que venza el plazo legal para que el Banco de México, informe y entonces nosotros apoyemos la propuesta del PST, para que en vez que nos informe sólo por escrito, comparezca ante la Comisión de Hacienda y las otras que se considere conveniente los funcionarios del Banco de México, que puedan explicar lo que está ocurriendo, porque tenemos la sospecha de que el señor Mancera de esto no sabe nada. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En seguida hará uso de la palabra el señor diputado Agustín Leñero Bores, en contra.
El C. Agustín Leñeros Bores: - Compañeras diputadas y diputados: Considera la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional que, a mayor abundamiento de información, se podrá tomar medidas más precisas y adecuadas para resolver la situación actual del país.
En días pasados en la Comisión de Hacienda tuvimos la oportunidad de recibir información oportuna del subsecretario de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, del director general de Crédito, José Ángel Gurría, y del director general de Planeación Hacendaría, Jesús Reyes Heroles.
En su exposición, así como en las contestaciones a nuestra pregunta, durante un período de más de ocho horas, entramos en detalles metodológicos y estadísticos, así como en tesis económicas. De ello podemos derivar una serie de conclusiones que deseo plantear en este pleno.
Es claro que en lo que va del año la autorización que la LII Legislatura le dio al Ejecutivo sobre la deuda externa e interna, se está cumpliendo y muy particularmente la parte correspondiente a los recursos provenientes del exterior.
Los márgenes son amplios porque no se han usado en base a las informaciones de la Secretaría de Hacienda, a través de sus voceros, al igual que en los años 1983 y 1984, el tope máximo del endeudamiento externo no se alcanzará.
En 1983 se autorizo el equivalente a 5 mil millones de dólares y se ejercieron 4 mil 300, y en 1984 lo autorizado fue de 3 mil y lo ejercido únicamente fue de 2 mil 300 millones.
Recordarán, ustedes, que algunos partidos políticos temían que el Ejecutivo excediera y violara en este año la autorizaba del Congreso de la Unión de endeudamiento externo. Nosotros en diversas ocasiones indicamos que en base a los datos a julio, esos temores eran absolutamente infundados.
Ahora, en base a la información complementaria, más reciente que incluye lo que se programa de desembolso y contratación externa para el resto del año, se confirma que lo autorizado para 1985 el equivalente de cerca de mil millones de dólares, tampoco se alcanzará. Aún así continuará nuestra actitud vigilante como representantes del pueblo, en este campo tan sensible y tan importante que nos llevó a pedir la comparecencia de dichos funcionarios del Ejecutivo, para que ampliaran nuestra información y ayudara a resolver nuestras dudas, algunas metodológicas, que algunos legisladores tenían. Por ejemplo, algunos compañeros diputados sostenían en tribuna que el externo era bastante más grande de la cifra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido y les preocupaba una cifra que no entendían, de algo más de 4 mil millones de dólares.
Se aclaró, cosa que ya se había hecho en uno de los últimos informes de la LII Legislatura, que se trataba de una reclasificación estadística, que eleva en esa cantidad la deuda del Gobierno Federal y reduce en ese mismo monto la deuda al exterior de la banca mexicana.
Esto, porque antes de 1982 esos 4 mil millones de dólares eran deuda del Gobierno Federal a la banca mexicana que a su vez se habían financiado en el exterior reestructuración reciente, y dado que la banca comercial es parte ahora del sector público, esos 4 mil millones se contabilizaban como deuda directa del Gobierno Federal al exterior y se disminuye en la misma cantidad lo que se consignaba a la banca privada.
Por otra parte, diversos voceros de los partidos políticos acusaban en esta tribuna de que funcionarios del Ejecutivo estaban asumiendo compromisos en materia de deuda externa para 1986, sin que esta soberanía lo hubiere autorizado. En esos planteamientos también sostenía que México estaba ya llegando a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para 1986, y que inclusive ya una comisión de dicho organismo en México para ese fin.
En la sesión de la Comisión de Hacienda de la semana pasada quedó claro que en lo que concierne a las informaciones de prensa y a los comunicados entre la Secretaría de Hacienda y los bancos acreedores, dichos contactos corresponden, por una parte, a las negociaciones para la suspensión del pago de cerca de un mil millones de dólares que vencía el pasado mes de octubre, y por la otra a los continuos y de rutina que son connaturales en los procesos de identificación de opciones, de disponibilidad de recursos y alternativas de financiamiento, y que nada de ello podría implicar compromisos, dado que le corresponde al Congreso de la Unión autorizar la Ley de Ingresos para 1986, en la que se incluirán las fuentes de financiamiento para cumplir cualquier desequilibrio en las cuentas fiscales.
En lo que corresponde al Fondo Monetario Internacional, se nos informó que no hay misión negociadora en México de ese organismo para armar un programa de apoyo para 1986; que por supuesto continúan los contactos de rutina entre el Fondo Monetario Internacional y México, como entre dicho organismo y sus demás países miembros, especialmente dado el hecho de que hay un convenio vigente y que cualquier eventual decisión para 1986, tendría que ser en base al programa económico que autorice el Congreso de la Unión.
Otra cosa fue la discusión que se sostuvo en dicha reunión de la Comisión de Hacienda sobre la estrategia del endeudamiento externo del gobierno mexicano; es obvio que varios partidos han expresado su tesis de moratoria, cancelación o desconocimiento de la deuda externa; estos temas ocuparon una parte importante de la sesión, con los funcionarios que nos acompañaron de la Secretaría de Hacienda. Allí, la tesis que sustentó el subsecretario del ramo, fue de que los 95 mil millones de dólares de deuda externa a finales del año pasado, 79 mil 378 corresponden al Gobierno Federal; 18 mil al sector privado y unos 7 mil a la Banca y Fondo Monetario Internacional para apoyo monetario.
Indicó que en lo que va del año ha bajado la deuda externa de México, se ha dado una amortización neta de cerca de 2 mil millones de la deuda privada y de unos 600 millones de la pública y que dicha devolución ha sido, en parte, importante consecuencia de que se ha observado una escasez de recursos externos para México.
Expresó que el problema de la deuda externa es complejo y que involucran flujos del exterior hacía México y de México hacia otros países, pero que en el fondo, tanto la deuda externa como la interna pertenecen al mundo de las finanzas públicas. Insistió en que los múltiples problemas del subdesarrollo y de la crisis que afronta México no son originados por la deuda externa, fenómeno que tampoco ha sido el escollo medular de la política económica. La deuda externa, dijo, no es responsable de nuestra todavía insuficiente capacidad de exportación, de las limitaciones de ahorro interno, de la inflación, de la
deficiente productividad y del desequilibrio y de las finanzas públicas.
Por ello la importancia de no cejar en el programa económico que tiene como objetivos claves seguir luchando contra la inflación, fortalecer la producción y la generación de empleos; sanear las finanzas externas de México, requiere a través de las exportaciones de bienes y servicios, todo el ello un medio internacional, difícil y complejo.
Rechazó lo que llamó falsos dilemas, ni la pagatoria a ultranza se ha seguido por el Gobierno Federal que ha negociado y reestructurado 50 mil millones de dólares, ha negociado suspensiones de pagos en 1982 por cerca de 20 mil millones de dólares y de nuevo el mes pasado por unos mil millones de dólares, ni recomienda tampoco la moratoria unilateral que consideró irresponsable, ingenua y simplista.
Como es fácil suponer, esos comentarios indujeron reacciones de algunos miembros de la Comisión de Hacienda, Suárez Dávila discutió lo que llamó falsa y simplista disyuntiva, ya que, dijo, el problema no es el de decir, entre pagar y no pagar, porque la deuda en términos comerciales es en efecto impagable. Ningún país ni desarrollado ni en vías de desarrollo, paga la deuda. El sacrificio de pagar la totalidad de la deuda sería elevado y además los acreedores tampoco lo esperan.
En efecto, los créditos pasados para proyectos diversos de desarrollo, se van liquidando. Pero se van requiriendo nuevos recursos para iniciar nuevos proyectos y programas de inversión para el desarrollo.
En su exposición a la Comisión de Hacienda, que este pleno instruyó, el subsecretario de Hacienda indicó que la posición de México ha contribuido a impulsar el diálogo político entre los propios países deudores, para apoyar las negociaciones que cada país enfrenta en función de sus circunstancias específicas.
Señaló que es necesario enfrentar y examinar nuevamente el problema de los intereses, porque el del capital ya ha sido renegociado. De los que se pagarán 10 mil millones este año, 8 mil por la deuda pública y dos mil por la deuda privada y buscar fórmulas que aseguren una transferencia de recursos compatibles con las necesidades de crecimiento.
Aquí, el principio de que la deuda es un problema político y no meramente económico; y que existe una clara corresponsabilidad de deudores y acreedores, son tesis básicas de México y de los otros países deudores del continente.
En este sentido, reconoció que a pesar de las limitaciones, es necesario también reconocer que el proceso de negociación ha avanzado. Informó que en este año los ingresos de nuestras exportaciones serán de alrededor de 25 mil millones de dólares y que los intereses del sector público serán de 8 mil millones y los del privado 2 mil millones.
Finalmente, se apuntó que México requiere de recursos externos complementarios para la reconstrucción y que debemos aprovechar lo que en condiciones favorables nos llegue del exterior, abriéndonos márgenes mayores, no cerrándonos opciones frente a las restricciones de recursos internos.
Por esta razón pedimos a esta H. Legislatura que la comparecencia del director general de Crédito venga a aclarar estos puntos ante la comisión respectiva, por razones que resultan obvias. La facilidad de una mayor información, la posibilidad de un diálogo más directo y permanente con el funcionario, nos hará abrir nuevas vías de expectativa y nuevos caminos de un mayor conocimiento sobre la situación de las finanzas y de la situación cambiaria de nuestro país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría, si es de aceptarse la proposición, sometiéndola a discusión.
Voces: - ¡Primero pedimos la palabra para hechos!
El C. Presidente: - Eso cuando lleguemos al turno de oradores, inmediatamente, pero que consulte la secretaría si es de aceptarse a discusión.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se admite la proposición... Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie, por favor... Los que estén por que se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Se desecha la proposición. Sin embargo como se ha hecho una proposición concreta por los ponentes, hablando uno en pro y otro en contra, y de haber sometido a la consideración de la Cámara si era de aceptarse a discusión, hay una proposición de que se considere este asunto de urgente y obvia resolución...
Esta desechada, pero concedemos la palabra para hechos a los compañeros que lo soliciten.
Tiene la palabra el compañero Jorge Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Jorge Amador Amador: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Con todo el respeto que a nuestra fracción parlamentaria le merece la institución de la presidencia de esta H. Cámara, y con todo el respeto que en lo personal el compañero diputado Blas Chumacero también nos merece, queremos dejar sentada aquí una enérgica protesta por el procedimiento que se ha seguido en la discusión de la proposición que hiciera el compañero diputado Graco Ramírez.
La proposición no tiene ningún elemento de frivolidad y por lo tanto no merece un tratamiento frívolo. Y qué bueno que existe el Diario de los Debates, porque la frivolidad
que imputo al procedimiento hasta aquí seguido, constará objetivamente por escrito. Por escrito se hace una proposición solicitando la presencia ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, del señor Miguel Mancera Aguayo, director del Banco de México. ¿Con qué motivo? Motivo: la situación de crisis monetaria agudizada que está viviendo el país. ¿Con qué base legal? Las facultades que esta H. Cámara tiene de citar a los miembros del ejecutivo para que informen sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de corresponsabilizarlos, como lo manda la Constitución, de este aspecto fundamental de política económica. Pero no sólo de este aspecto de política económica, sino de política, simple y sencillamente, que es más que simplemente política económica y monetaria.
¿Y cuál es la respuesta a esta proposición? El orador en contra - entiendo yo que conscientemente y no por error- viene y comparece y nos lee una ficha que sí es de la letra D, pero que nada tiene que ver con el precio del dólar. Es de la letra D y tiene que ver con deuda, y como es público y notorio, la proposición no tenía para nada qué ver con el tema de la deuda. La proposición, fundamentalmente, se refería a la paridad cambiaria.
Y hay constancia por escrito de un largo discurso que habla a favor de la Secretaría de Hacienda, quizás a favor de la política de endeudamiento, pero no a favor o en contra de la proposición del Partido Socialista de los Trabajadores.
Esta es una intervención para hechos. Quise hacer notar el hecho de que el procedimiento violentado es incorrecto. Quise asentar el hecho de que la argumentación en contra de la propuesta ni siquiera tenía que ver con el tema de la propuesta. Y, finalmente, quiero asentar el hecho de que son sólidos los argumentos que hace necesaria la comparecencia, aquí en comisiones del director del Banco de México.
Y no sólo en materia de política económica cambiaria, sino en materia de política, simple y sencillamente.
¿Cuál es el reto de los empresarios?, contestando así al Presidente Miguel de la Madrid a su Decreto de Expropiación de Predios Urbanos en la ciudad de México.
Este es un reto histórico. Quieren decirle al Estado que ya no tiene posibilidades de acción que históricamente el Estado mexicano tenía. Quieren decirle que los empresarios privados mexicanos y la propiedad mexicana es intocable. Que en el artículo 27 constitucional cuando dice "que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la propiedad privada de imponerle las modalidades que demande el interés público", que eso será letra muerta. Que cada vez que el Estado asuma actitudes expropiatorias para beneficiar al pueblo, recibirá un castigo, aun si este castigo no solamente va sobre el Presidente, sobre el Gobierno, sino sobre la nación entera.
Aquí hay un reto político. Y por eso, compañeras y compañeros diputados, lo menos que podemos hacer es traer aquí al funcionario directamente responsable de la política monetaria, no sólo para que nos informe como tiene obligación de informarnos, sino para discutir ese informe en comisiones y luego informarle a esta soberanía.
Compañeras y compañeros, la situación es seria; la propuesta nuestra es seria, demandemos una actitud y una respuesta seria de toda la Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: Honorable Cámara de Diputados: Vamos a reordenar esta discusión. La presidencia ordenó a la secretaría que preguntara si se admite la proposición para ponerla a discusión. Con el objeto de que todos estemos en lo cierto de lo que debemos de hacer, el artículo 58 del reglamento establece lo siguiente:
"Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los siguientes trámites:
1o. Se presentará por escrito y firmada por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
2o. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
3o. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición; en el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada."
Suplico a la secretaría reordenar la discusión, preguntando si se admite o no a discusión la proposición, para que el resultado de la votación preguntemos si es de aceptarse o no la proposición.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se reordena la discusión de este punto. En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Oiga, qué pasa, señor presidente? Ya estaba votado.
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jorge Montúfar Araujo. El C. Jorge Montúfar Araujo: - Con la venia el señor presidente: Hay dos circunstancias en la proposición, el bloque parlamentario de mi partido quiere manifestar que de ninguna manera de opone a que tenga curso
la proposición; nos oponemos a que sea de obvia y urgente resolución. Queremos, proponer el bloque parlamentario de mi partido, que se pase a comisiones la proposición para que en comisiones se determine quién debe acudir a esta Cámara a responder las inquietudes razonables que contiene la proposición.
(Interrupciones desde el salón.)
El C. Jorge Montúfar Araujo: - Sí, en la lectura está propuesto como de urgente y obvia resolución; nosotros queremos que los aclare, por favor de pie el diputado Graco Ramírez, ¿Está propuesto como de obvia y urgente resolución, sí o no?
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - En base al artículo 59, efectivamente está planteado así y compartimos el criterio de que vaya a comisiones.
El C. Jorge Montúfar Araujo: - Perfecto, esa es la posición del bloque parlamentario de mi partido. Muchas gracias diputado Graco Ramírez por aceptar que vaya a comisiones para que determine en comisiones y se proponga a esta soberanía el funcionario que deba venir a contestar nuestras inquietudes. Ojalá que coincidamos en darle curso a esta inquietud del Partido Socialista de los Trabajadores con cuya proposición coincidimos en parte.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. Diputado Graco Ramírez.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Quiero aclarar lo que ha planteado aquí el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. La propuesta nuestra es muy clara, que comparezca el director del Banco de México que está reiterando una propuesta que hicimos anteriormente y que se cumplió en parte cuando propusimos que compareciera el subsecretario de Hacienda, el director de Crédito y el director del Banco de México. Solamente han comparecido el director de Crédito y el subdirector de Hacienda.
Yo no quiero entender mal que quizá en la intención de la mayoría esté ya - y por lo que aquí dijo el diputado- que se invite a comparecer a otro funcionario. Pero yo no puedo permitir, ni nosotros como autores de la propuesta, que está se desvirtúe y que aquí en pleno aceptemos que venga otro funcionario.
Nosotros, efectivamente compartimos, si se quiere en beneficio - y saludamos la actitud de la mayoría- de que se vaya a comisiones para que esto no sea desechado, aunque la pretensión nuestra de obvia y urgente resolución, es por la magnitud del problema, por la situación tan grave que se está observando. Pero si hay una actitud positiva para que las comisiones dictaminemos rápidamente sobre esta propuesta, estamos de acuerdo en retirar que sea de obvia y urgente resolución pero que no sea reformada, diciendo que se cite a quien se acuerde. No, que se cite a quien se propone, tal como lo planteamos nosotros. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El compañero Pablo Pascual Moncayo.
El C. Juan Pablo Moncayo: - Compañeros: De entrada, nosotros estamos de acuerdo en que se turne a comisiones para que comparezca el señor Mancera, el director del Banco de México. Pero quisiéramos hacer algunas consideraciones aquí en torno a cómo se ha dado la discusión y también en el fondo de la discusión
. Nosotros, compañeros, insistimos en la comparecencia de funcionarios, y en particular el director del Banco de México en esta ocasión no para conocerlo y no para tener la posibilidad de intercambiar, nosotros como diputados, algunas opiniones con los funcionarios a los cuales pensamos que se debe convocar.
Pensamos que es un problema de respeto hacia la opinión pública, sobre todo cuando se están tratando de problemas tan importantes y tan graves que afectan directamente y al resto de la población.
Creo que muy respetuosamente le podemos decir diputado Leñero que evidentemente equivocó el planteamiento y la discusión de lo que se estaba presentando aquí. No estamos haciendo una glosa de la entrevista que tuvimos en comisiones con el subsecretario Suárez Dávila, ni tampoco de las diferentes interpretaciones que tenemos de esa presencia, de esa presentación, dado que esperamos que nos presentes la versión estenográfica para que podamos efectivamente aquí confrontar diferentes versiones en torno a las preguntas que se hicieron a las respuestas que recibimos, muchas de ellas satisfechas francamente.
Pero creo que aquí decía, el problema es otro el que estamos tratando. El problema es que a una presentación de una situación tan grave como la que se está viviendo, en la cual hay una permanente devaluación, vemos que hay una situación y una política errática por parte de las autoridades que tienen que ver con la política monetaria y se nos responde a través de diferentes mecanismos, son problemas con mediaciones que no confrontan el problema.
Creo que nos podemos estar de acuerdo en que al menos en los últimos días podemos presenciar y hemos presenciado una política errática, en torno al problema de nuestra relación con el dólar. Abren y cierran casas de bolsa de parte del sector público, se cierran las casas de bolsa que están en el aeropuerto y no encontramos que haya de parte de las autoridades competentes y de este caso del director del Banco de México, una información hacia la opinión pública, y lo único que podemos desprender es que hay un gran desprecio hacia la opinión pública de parte de
estas autoridades, y de ahí que pretendamos citarlos aquí a la Cámara de Diputados para que vengan e informen aquí y se use este canal como información a través del interrogatorio que se les haga sobre la política que están llevando a cabo, y por eso pensamos que no se debe de dar este trato, no se debe de dar ese tratamiento a las diferentes propuestas que se presentan.
Consideramos, por lo tanto, que está bien que se turne a comisiones, pero como no se de carpetazo, porque de inmediato volveremos a plantearlo, porque es necesario que en este caso el director del Banco de México, Miguel Mancera, se presente, y es necesario que se presenten todas aquellas autoridades que esta Cámara considere que sea necesario que lo hagan, para informar a la opinión pública satisfactoriamente. Gracias.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: El problema de la devaluación de nuestra moneda es un problema en verdad grave que está desangrando la economía del país. Este problema ha sido adornado en esta tribuna por distintas fracciones parlamentarias, mi partido la trató hace algunos días, el día 29 de octubre pasado; es un problema serio, muy serio, la moneda nuestra se deprecia de manera acelerada, no se ven medidas concretas para frenar ese proceso.
Hoy, los compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores han venido con una propuesta y lo lamentable en este planteamiento serio y honesto del Partido Socialista de los Trabajadores, fue la torpe, pobre, insensata respuesta del señor diputado Leñero.
El señor diputado Leñero, de manera, que nada tiene que ver con la lógica, nos vino a leer un documento extremadamente elogiosos en honor del señor Suárez Dávila y para nada se refirió al planteamiento del compañero Graco Ramírez. No es fácil entender la mecánica de ese procedimiento; porque viene ese señor a leernos un documento escrito por funcionarios de la Secretaría de Hacienda, hablando de un tema que nada tiene que ver con el que planteaba el diputado Ramírez.
Nosotros nos lo explicamos en función de la lucha interna por la sucesión presidencial. Hace tiempo que se sabe, no sólo al interior de nuestro país, sino también al exterior, sobre todo al exterior de nuestro país, que Jesús Silva Herzog es el precandidato del Fondo Monetario Internacional y de otras fuerzas monopólicas, para ser promovido hacia la Presidencia de México. Y por esa razón, aquí quienes trabajan en torno a la candidatura de Silva Herzog están tratando de cuidar su imagen; probablemente eso explica tamaña torpeza, la precipitación. Antes de enterarse bien de qué estaba hablando Graco Ramírez, fueron a buscar qué había a la mano para defender la imagen de Silva Herzog y las gentes de su equipo entre ellos Mancera Aguayo. Sólo eso puede explicar tamaña torpeza; en verdad la proposición es seria, qué bueno que se decida turnarla a comisiones; qué lamentable que se decidiera dejarla en comisiones largo tiempo. Hace días se presentó la de mi partido, coincidente; la leyó aquí en la tribuna el compañero Gaytán Márquez; una proposición que fue turnada a comisiones, cuya parte propositiva en concreto decía:
"Por las razones anteriores, en base al artículo 58 del Reglamento de este honorable Congreso, hacemos la propuesta de que la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados analice a la brevedad posible la política seguida por el Banco de México en torno a las divisas del país y que demande del director de la mencionada institución que informe a esta representación popular acerca de las medidas que se piense tomar, a efecto de frenar en forma tajante la fuga de divisas existente, que es de graves consecuencias para la economía del país".
Esto entró el 29 de octubre y fue turnado a comisiones; de acuerdo con el Reglamento se ha vencido el plazo y no ha habido dictamen, de la Comisión de Hacienda, y no sólo no ha habido dictamen, sino que ni siquiera la comisión se ha reunido a estudiar este problema que, repito, está desangrando la economía del país. Es de desearse que no corra igual suerte la propuesta que hoy hace el Partido Socialista de los Trabajadores y no sólo es de desearse, es de reglamento que no corra esa suerte, hay un plazo normal de 5 días para dictaminar.
En esta virtud, señor presidente, solicito a usted respuetuosamente que en base a lo establecido en el Reglamento, en el artículo 21, fracción XVI del mismo. Se sirva la presidencia de esta Cámara excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que estudie y dictamine la propuesta del PPS y a la vez del Partido Socialista de los Trabajadores, la que hoy sin duda será turnada a esa misma comisión. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tenemos inscritos además al compañero López Zepeda, a Reyes Medrano del PRI y a Gaytán del Partido Popular Socialista. Han hablado tres compañeros defendiendo la proposición en la que coinciden. El compañero diputado Montúfar también ha hecho la proposición. Por lo tanto, si la proposición original es de turnarla a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, esta presidencia sugiere a la asamblea se dé por aceptada esa proposición y se turne a las Comisiones Unidas de Programación y Presupuesto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Consulte la secretaría la opinión de la asamblea.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse se pase la proposición de la fracción del PST a las comisiones tal como está propuesto... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor presidente.
El C. Presidente: - Por lo tanto, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, estudien este asunto y lo dictaminen en el menor tiempo posible.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: «Comisiones Unidas de Marina y de Comercio.
Honorable asamblea: A las comisiones unidas de Marina y de Comercio, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que el Ejecutivo Federal, en su ejercicio constitucional, somete a la consideración de esta soberanía con el objeto de reformar el artículo 8o. de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Una vez que ambas comisiones analizaron la iniciativa en cuestión, así como los fundamentos del C. Presidente de la República y la adaptación del ordenamiento a la realidad existente, los integrantes de estas comisiones unidas hemos formulado el presente dictamen con apoyo en los siguientes
CONSIDERANDOS
La iniciativa citada pretende subsanar el problema de la obsolescencia de las sanciones pecuniarias establecidas en la vigente Ley de Navegación y Comercio Marítimos, derivada o surgida como consecuencia de haber sujetado tanto al mínimo como al máximo de las referidas sanciones a una cantidad fija sin posibilidades de variar con la realidad cambiante monetaria del país producida por la inflación y otros fenómenos de naturaleza económica.
Que para disponer permanentemente de un ordenamiento legal dinámico y congruente con la actual situación económica nacional, es conveniente establecer sanciones pecuniarias con bases móviles capaces de posibilitar la adecuación de dichos correctivos a las fluctuaciones monetarias para que no pierdan su carácter disuasivo, requerimiento que es posible conseguir si se toma como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, área metropolitana, pues por su naturaleza cambiante en el curso del tiempo, permite la actualización de las sanciones sin acudir a constantes reformas legislativas.
De acuerdo con los considerandos anteriormente expresados, las comisiones unidas que suscriben, consideran conveniente y adecuada la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar el criterio conforme al cual deberá fijarse el monto de las sanciones económicas. Sin embargo, estas comisiones estiman pertinente dar a dicha iniciativa mayor claridad y precisión a fin de evitar posibles problemas de interpretación por lo que proponen a esta soberanía limitar hasta 45 días naturales el plazo en que el infractor tiene como máximo para ofrecer las pruebas que estime convenientes, en lugar de dejarlo abierto como aparece en la iniciativa.
Por otra parte, estas comisiones también proponen incluir un artículo transitorio en donde se disponga que seguirán vigentes que seguirán vigentes, en todo lo que no se oponga a la presente reforma, las disposiciones que se contienen en el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Marina y Comercio someten a la consideración y aprobación de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS
Artículo único: Se reforma el artículo 8o. de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:
Artículo 8o. Las infracciones a esta ley y sus reglamentos, excepto las que expresamente estén encomendadas a otras autoridades y que no constituyan delito, serán sancionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previa audiencia del infractor, con multas de diez hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y área metropolitana en el momento en que se cometa la infracción. Al efecto, al tenerse conocimiento de una posible infracción se notificará debidamente al responsable, emplazándolo para que ofrezca las pruebas que estime convenientes, dentro de un término de 15 días, que puede ampliarse a juicio de la autoridad si la circunstancia así lo requiere, hasta un máximo de 45 días naturales. El monto de la multa será fijado teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las condiciones económicas del infractor. En caso de reincidencia, que se considerará como la repetición de un acto de la misma
naturaleza en un lapso de 6 meses, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Seguirán vigentes, en todo lo que no se oponga a la presente reforma, las disposiciones que se contienen en el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Artículo segundo. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 4 de noviembre de 1985.
Comisión de Marina, diputados Rafael García Anaya, presidente, Gerardo Gómez Castillo, secretario; Miguel Angel Barberena Vega, Héctor Sen Flores, Manuel Urrutia Castro, Manuel Terrazas Guerrero, José Lucia Escalera, Pedro López Vargas, Jesús Zamora Flores, José Felipe Flores Gutiérrez, Vicente Calvo Vázquez, Eduardo Hernández Mier, Alfredo López Ramos, Félix Liera Ortiz, Leobardo Ramos Martínez, Emérico Rodríguez García, Eugenio Rosales Gutiérrez, Carlos Smith Veliz, Héctor Yúnes Landa, Humberto Ramírez Rebolledo, Héctor Pérez Plazola, Rodolfo Linares González.
Comisión de Comercio: diputados: Javier Garduño Pérez, presidente; Alfonso Reyes Medrano, secretario; Porfirio Camarena Castro, Janitzio Mújica Rodríguez, José de J. Padilla Padilla, Carlos Palafox Vázquez, Cirilo Rincón, Aguilar, Rafael Sainz Moreno, David Serrano Acosta, Félix Torres Haro, Germán Sierra Sánchez, María Luisa Solís Payán, Almicar Aguilar Mendoza, Justino Delgado Caloca, Marciano Aguilar Mendoza, Rodolfo Budib Lichtle, Homero Díaz Córdova, Javier Lobo Morales, Rodolfo Menéndez Menéndez, Pedro Ortega Chavira, Jesús Martínez Alvarez, Francisco Contreras C., Juan Manuel Tovar Estrada, Juan C. Velasco Pérez, Pedro Zamora Ortiz, Edeberto Galindo Martínez, Humberto Ramírez Rebolledo, Alejandro Gazcón Mercado, Héctor Pérez Plazola, Jorge Cárdenas González, Roberto Calderón Tinoco, Lorenzo Serrano Gutiérrez, César del Angel Fuentes, Soledad del Río Herrera, Adner Pérez de la Cruz, Dante Delgado Rannauro, José Valenzuela Camilo, Graciano Bortoni Urteaga, Jesús Alcántara Miranda, Pedro Zamora Ortiz, Pastor Munguía González.»
Trámite: - Primera lectura.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE MEXICANA
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Comisiones Unidas de Marina y de Comunicaciones y Transportes.
Honorable asamblea: A las Comisiones Unidas de Marina y de Comunicaciones y Transportes, fue turnada para su análisis, estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que remitió el C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, para reformar el artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.
Después de haber analizado las razones y fundamentos del Ejecutivo Federal, así como las opiniones de los diputados integrantes de ambas comisiones, se formula el presente dictamen con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
La iniciativa citada pretende subsanar el problema de la obsolescencia de las sanciones pecunarias establecidas en la vigente de ley para el desarrollo de la marina mercante mexicana, derivada o surgida como consecuencia de haber sujetado tanto al mínimo como al máximo de las referidas sanciones a una cantidad fija sin posibilidades de variar con la realidad cambiante monetaria del país producida por la inflación y otros fenómenos de naturaleza económica.
Que para disponer permanentemente de un ordenamiento legal dinámico y congruente con la actual situación económica nacional, es conveniente establecer sanciones pecuniarias con bases móviles capaces de posibilitar la adecuación de dichos correctivos a las fluctuaciones monetarias para que no pierdan su carácter disuasivo, requerimiento que es posible conseguir si se toma como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y área metropolitana, pues por su naturaleza cambiante en el curso del tiempo, permite la actualización de las sanciones sin acudir a constantes reformas legislativas.
En lo posible, las leyes deben ser redactadas con la mayor claridad y precisión a fin de evitar problemas de interpretación. Al respecto, debe señalarse que la parte final del último párrafo del artículo 26 cuya modificación se propone, expresa: "En el momento de la ejecución de la infracción" y como jurídicamente en el concepto ejecutar se emplea por lo general con otra connotación distinta a la de la iniciativa, con el propósito de evitar problemas en la aplicación de un aspecto tan importante de la ley y para otorgar al citado vocablo un significado preciso, estas comisiones unidas estiman que esa parte del dispositivo debe modificarse de la siguiente manera:... "En el momento en que se cometa la infracción."
Por lo anteriormente expuesto y con base en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General y 87, 88 y demás relativos del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, las comisiones unidas de Marina y Comunicaciones y Transportes someten a la consideración de la H. asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS PARA LA LEY DEL DESARROLLO DE LA MARINA
MERCANTE MEXICANA
Artículo único. Se reforma el artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana quedando como sigue:
Artículo 26. Las infracciones a esta ley, serán sancionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la siguiente manera:
I. A quien encomiende cargas a buques no protegidos por las reservas de carga a que se refieren los artículos 14 y 15, con multa de veinte a quinientos días de salario, y hasta mil días de salario en caso de reincidencia. II. La infracción al artículo 18 de la ley, con multa de diez días de salario.
III. La infracción al artículo 19, con multa de cincuenta a mil días de salario
Para la fijación de las sanciones económicas se tomará el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, área metropolitana, en el momento en que se cometa la infracción."
TRANSITORIOS
Artículo único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 4 de noviembre de 1985.
Comisión de Marina, diputados: Rafael García Anaya, presidente; Gerardo Gómez Castillo, secretario; Miguel Angel Barberena Vega, Héctor Sen Flores, Manuel Urrutia Castro, Manuel Terrazas Guerrero, José Lucia Escalera, Pedro López Vargas, Jesús Zamora Flores, José Felipe Flores Gutiérrez, Vicente Calvo Vázquez, Eduardo Hernández Mier, Alfredo López Ramos, Félix Liera Ortiz, Leobardo Ramos Martínez, Emérico Rodríguez García, Eugenio Rosales Gutiérrez, Carlos Smith Veliz, Héctor Yúnes Landa, Humberto Rice García, Humberto Ramírez Rebolledo, Héctor Pérez Plazola, Rodolfo Linares González.
Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputados: Guillermo Fonseca Alvarez, presidente; Oscar Aguirre López, secretario; Miguel Angel Barberena Vega, Manuel Morres Valenzuela, Humberto Cervantes Vega, Gonzalo Castellot Madrazo, Federico Durán y Liñán, Rodolfo Linares González, Rogelio Preciado Cisneros, Jacinto Gómez Pasillas, Jorge Acevedo Samaniego, Jesús Alcántara Miranda, Esequiel Espinoza Mejía, Pedro Goytia Robles, Luis López Moctezuma, Alberto Mercado Araiza, Francisco Morales Aceves, Diego Navarro Rodríguez, Luis Pérez Díaz, Ignacio Ramos Espinoza, Serafín Romo Cortéz, José Nerio Torres Ortiz, Juan Manuel Tovar Estrada, Gaspar Valdés Valdés, Francisco Villanueva Castelo, Arnulfo Villaseñor Saavedra, Alonso Aguirre Ramos, Rafael Ruiz Béjar, Arturo Ruiz Morales, Víctor G. Alvarez Herrera, Demetrio Vallejo Martínez, Consuelo Botello de Flores, Enrique Bermúdez Olvera, Alejandro Cañedo Benítez, Vicente Calvo Vázquez, Magdalena García Rosas, Héctor Calderón Hermosa.»
Trámite - Primera lectura.
GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS
El C. Presidente - Ha solicitado el uso de la palabra el C. diputado José Luis Sánchez, del PSUM, para una proposición.
El C. José Luis Sánchez González: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Un prócer de nuestra patria cuyo nombre está escrito con letras de oro en los muros de este recinto legislativo, aquel que con gran dignidad declinara el tratamiento de Alteza Serenísima que le confiriera el Congreso de Chilpancingo y prefiriera el nombramiento de Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón, decía: "La esclavitud y la tortura en el cuerpo y en el espíritu son negación de la dignidad del hombre, son prácticas deleznables y ruines. ¡Ay de aquellos que las permiten y las solapan! ¡Ay de aquellos que incluso las instigan ..!"
Han transcurrido desde que este pensamiento fuera escrito en los "Sentimientos de la Nación", y estas palabras fueran pronunciadas con emoción revolucionaria, no digamos 10 ó 20 años, sino 100 ó 150 años o más, estamos celebrando el CLXXV aniversario del Movimiento de Independencia, y pareciera que esta máxima estuviera concebida y dedicada a la realidad de ahora. La tortura en nuestro país aunque está prohibida constitucionalmente, se ha convertido en la práctica en el instrumento de ablandamiento de voluntades y conciencias mediante el cual los guardianes del orden obtienen confesiones "voluntarias" conforme a sus intereses, pisoteando los derechos y la dignidad humana. Esto lo afirmo no por los cadáveres del Río Tulas; no por las confesiones de José González, ex colaborador de Durazo Moreno; no por el judicial implicado en el caso de Camarena que muriera en Guadalajara a consecuencia de las torturas que sufrió; no por las múltiples denuncias y testimonios por el Frente Nacional contra la Represión que dirige la compañera Rosario Ibarra de Piedra, ni siquiera por su esposo, a quien le que quebraron la columna vertebral como consecuencia de las torturas de que fue víctima. Lo digo por el caso de los colombianos, cuyos cuerpos fueron encontrados con evidentes
huellas de tortura, a raíz del sismo que sembró destrucción y muerte en nuestro país. Y lo digo también, por lo declarado el día 23 del mes pasado al periódico E
l Universal, por el titular del Juzgado 10o. del Distrito en Materia Penal, licenciado Julio Chávez Ogesto, el cual manifestó que las policías mexicanas sí acostumbran torturar a los detenidos para que se declaren culpables de delitos no cometidos; con el afán de que la procuradora del Distrito Federal, Victoria Adato de Ibarra, explicara el por qué de estas torturas y respondiera a múltiples interrogantes que la ciudadanía tiene sobre este particular, el caso de los colombianos, y sobre otras cuestiones de suma importancia relacionadas con la justicia, la fracción parlamentaria del PSUM, a través del compañero Manuel Terrazas, demandó la comparecencia ante esta Cámara de Diputados.
La propuesta que presentamos fue turnada para su estudio a la Comisión de Justicia, donde sería dictaminada.
Dicha comisión integró un grupo de trabajo que se entrevistó con la procuradora del Distrito Federal, con el afán de recabar información y verificar así la existencia de tortura.
La procuradora, que días antes había ofrecido una conferencia de prensa en la que se negó terminantemente a dar respuesta a los cuestionamientos de los periodistas, convenció a los diputados integrantes de esta subcomisión después de algunas explicaciones y con la sola presentación de los certificados del servicio médico forense, de que los cuerpos de los colombianos y del propio abogado penalista Saúl Ocampo Abarca, no habían sido objeto de tortura.
Esencialmente en esa información oficial, se sustenta el informe que se presentó ante el pleno de esta Comisión de Justicia y que seguramente es el preludio de los términos en que será formulado el dictamen que, tal vez, el jueves sea sometido a la consideración de esta soberanía. El cual rechaza la solicitud de comparecencia presentada por nuestro partido y que a nuestro juicio de ninguna manera proporciona los elementos convincentes y necesarios para declarar improcedente dicha solicitud.
Nosotros rechazamos categóricamente este informe, por considerar que el mismo ha sido formulado y está concebido para encubrir las violaciones a la Constitución y los derechos humanos que se han registrado, así como para proteger a la procuradora del Distrito Federal. Lo reprobamos porque sólo recoge la versión oficial soslayando las evidencias, testimonios y declaraciones de periodistas con ética profesional y solvencia moral, así como de familiares de las víctimas que vieron los cuerpos torturados.
Impugnamos este informe, que seguramente será la base para la elaboración del dictamen que posteriormente será sometido a la consideración de esta soberanía, porque deliberada e irresponsablemente pasa por alto no sólo la existencia de tortura, sino también las demás violaciones a la Constitución en sus artículos 14 y 16, entre otros, derivados de estos hechos.
Votaremos en contra de este informe y también del dictamen de elaborase de estos términos, porque mañosa y malintencionadamente se circunscribe a los hechos denunciados en la solicitud de comparecencia a pesar de que es evidente la comisión de otros delitos y no obstante no ser ese espíritu de la propuesta, cuyo alcance es en realidad mayor. Y también porque al rechazar esta Cámara la solicitud de comparecencia de procuradora, en la práctica se está cancelando la posibilidad de saber cuál es el estado que guardan las investigaciones en torno del asesinato del periodista Manuel Buendía, y cuál es la situación por la que atraviesa la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
La Comisión de Justicia no debe, por ningún motivo, avalar la justicia y la ilegalidad, y lamentablemente lo hace cuando sólo atiende y da crédito al dicho de la procuradora y a los certificados del SEMEFO, no obstante que hay testimonios y testigos que demuestran lo contrario. Tal es el caso de los periodistas Guillermo Valencia, de El Universal; Fernando Ramírez de Aguilar, de unomásuno; Javier Rojas, de El Heraldo de México; Francisco García, de un unomásuno; Pascual Saranueva, de La Jornada, quienes cubren la fuente de la Procuraduría del Distrito Federal y tuvieron la oportunidad de ver los cuerpos de los colombianos, los cuales presentaban huellas de tortura, según lo han declarado los propios reporteros y están dispuestos a ratificar ante quien sea necesario, incluso ante esta Cámara de Diputados; los periodistas Guillermo Valencia de El Universal; Javier Rojas, de El Heraldo de México, observaron directamente el estado que guardaba el cadáver del colombiano Juan Hernández Valencia, alias "El Jonny", 24 horas después de su rescate.
Afirman estos reporteros que el cuerpo presentaba lesiones ocasionadas por el derrumbe, pero también evidentes muestras de torturas en las muñecas, los ojos y la nariz donde tenía costras de sangre que pudo comprobar también el médico legista, doctor Luna.
El diarista Fernando Ramírez de Aguilar, sostiene que el colombiano Héctor Montoya tenía principios de estrangulamiento, lo cual fue contratado también por el médico legista, doctor Luna; pero si la palabra de estos periodistas no bastara para demostrar los actos delictivos en que incurrió la Procuraduría y la responsabilidad de su titular, entonces habría que recoger el testimonio de Marlene Valencia Guiraldo, hermana de Miriam y tía de "El Jonny", quien declaró a la revista Proceso, textualmente lo siguiente: Fui al otro día al juzgado y ahí vi a Miriam de lejos, pero cuando la vi yo no podía reconocerla, estaba muy aporreada, los ojos no se le veían, toda esta parte de la cara la tenía completamente
negra y la frente toda aporreada, la vi tan hinchada y aporreada que no la podía reconocer, fue hasta después que la interrogaron cuando pude hablar con ella, estuvo desaparecida 18 días antes del terremoto, 18 días, señores diputados, estuvo secuestrada, incomunicada, privada ilegalmente de la libertad porque no existía orden de aprehensión y esto, señores diputados, no lo refiere el informe que presentó la subcomisión al pleno de la Comisión de Justicia.
Continúa diciendo Marlene Valencia: "Mi hermana me contó que a ella le avisaron que su hijo "El Jonny" había tenido un problema en una discoteca y a que como otros colombianos, se encontraba detenido. Cuando pude por fin hablar con ella, lo primero que me pidió fue que no me metiera en esto, que me volviera con sus hijos para Colombia. Le pregunté por qué si ya había pasado el peligro del terremoto. No, me dijo, es que a mí ya me van a matar.
Miriam me contó, dice, que la tuvieron atada de pies y manos, con los ojos vendados, desnuda que le habían puesto cigarrillos prendidos en el cuerpo, que la habían vejado muchas veces, me dijo que la llevaron a un gimnasio en el cuarto piso de la Policía Judicial del Distrito Federal y que ahí por los gritos se dio cuenta de que también estaba "El Jonny", su hijo. Que también "El Jonny" la oyó gritar a ella y el muchacho le gritaba: ¿mamá, qué te están haciendo, mamita qué te hacen? No podían verse porque los tenían vendados a los dos.
Mi hermana fue sacada ilesa de los escombros al día siguiente del terremoto y ella vio que a su hijo lo sacaron también con vida porque a "El Jonny" lo sacaron con vida, ella vio que le aplicaron una inyección y se agarró a gritar: ¿Qué le hacen a mi hijo? Por favor, qué le hacen, qué están haciendo. Nada, le explicaron. Al día siguiente a mí me entregaron su cadáver".
Si estos testimonios, señores diputados, no valen para ustedes, entonces esperen hasta que alguno de ustedes o de sus hijos caiga en manos de las blancas palomitas que están al servicio de la Procuraduría, muchos de los cuales son en realidad delincuentes con placa.
Se argumentará en esta Cámara de esta tribuna, quizá no ahora, pero sí seguramente el jueves, que somos legisladores y no agentes del Ministerio Público y es cierto, porque si lo fuéramos en vez de estar discutiendo con los elementos de que disponemos, más de alguno de nosotros ya hubiera procedido y encarcelado en consecuencia a la señora Adato de Ibarra; se dirá también que no somos inquisidores, y estamos de acuerdo con esta afirmación, porque los inquisidores son los que se oponen a los derechos de las libertades elementales, los que ven en la revolución científico- técnica un peligro, y por lo que a nosotros respecta nos pronunciamos a favor del proceso social y por eso luchamos por el socialismo.
Estamos en contra, por lo tanto, de los inquisidores de ayer y ahora, pero habría que decir también que si bien es cierto que no somos agentes del Ministerio Público ni inquisidores, también es cierto que sí somos representantes populares que al prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, estamos obligados a velar siempre por el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. Derechos y garantías que se han violado en el pasado y que están transgrediendo aún por quienes quieren institucionalizar la tortura y la ilegalidad.
Finalmente, señores diputados, es necesario decir que lo que está permitido para los ciudadanos conforme a la Constitución, no puede estar prohibido para nosotros como puede ser el derecho de petición, de ahí que nos neguemos a caer en la trampa jurídica que nos quieren tender aquellos que hacen una interpretación mecánica, caprichosa y convenenciera de la ley y que quieren reducir a esta Cámara de Diputados a la importancia, tratando de que cumpla funciones meramente ornamentales, o en el mejor de los casos, actúe como instancia legitimadora de la voluntad y deseos del Ejecutivo de la Nación.
La señora procuradora del Distrito Federal, que hace cinco días se reunió con los que integramos la Comisión de Justicia, lo hizo, no por un mandamiento expreso de la Constitución en ese sentido, sino más bien, por razones políticas; formuló una invitación a esta comisión para que tuviera lugar esa entrevista que se celebró bajo la forma de un desayuno y que nosotros aceptamos.
Destaco lo anterior porque hay quienes consideran que esta Cámara está imposibilitada constitucionalmente para hacer peticiones respetuosas y responsables a los miembros y titulares de otros poderes, como pueden ser el Ejecutivo y Judicial, y en el colmo del absurdo no faltan los que creen que ni siquiera una invitación amable podemos formular.
La señora Victoria Adato de Ibarra, que sin lugar a dudas es una mujer inteligente y culta, utilizó su inteligencia y capacidad para eludir dar respuesta a cuestionamientos fundamentales; no respondió sobre la incomunicación de que es objeto hasta la fecha Miriam Valencia, incomunicación que por cierto un grupo de diputados pudimos comprobar, porque nos presentamos al Centro de Rehabilitación Femenil con ese propósito y nos negaron terminantemente el acceso.
Segundo. Intencionalmente se limitó el cuestionamiento por parte del presidente de la Comisión de Justicia al caso de los colombianos, impidiéndose en consecuencia saber cuál es el estado que guardan las investigaciones en torno al asesinato del periodista Manuel Buendía y aceptó que no hubo orden de aprehensión en el caso de los colombianos. Además de que no respondieron estas interrogantes que eran la causa de la solicitud de comparecencia surgieron al calor de las
informaciones ahí vertidas nuevos cuestionamientos tan graves o más graves que los originales, puesto que implican criterios jurídicos y líneas de conducta general en relación con todos los ciudadanos del Distrito Federal.
Se planteó en el desayuno por parte de la Procuraduría que se puede detener a un ciudadano sin orden de aprensión al margen de lo que establece el artículo 16 constitucional. Se sostuvo la tesis de que además de detener a un ciudadano sin orden de aprehensión, se le puede mantener incomunicado todo el tiempo que dure la investigación. Se dijo que se puede privar de la libertad a un ciudadano e incomunicarlo durante todo el tiempo que a criterio del Ministerio Público de la Policía Judicial sea necesario para llevar a cabo una supuesta investigación sin tener obligación ni término para presentarlo ante un juez competente.
Estas acciones y criterios violan de manera flagrante de los artículos 14, 16, 19 y 107, fracción XVIII, de la Constitución General de la República y violentan los derechos humanos; las violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos antes denunciada, no son de ninguna manera una cuestión aislada o meramente accidental, sino que forman parte de una cadena de hechos y de una práctica sistemática por parte de la Procuraduría del Distrito Federal, de la Policía Judicial y de otras corporaciones policiacas que se han convertido en una amenaza real para la ciudadania. Por lo que la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, recogiendo el sentir de la ciudadania del Distrito Federal y en base en los elementos de responsabilidad disponibles, considera que todo ello no solamente cuestiona la impartición de justicia de nuestro país. No solamente ha sacado a flote las lacras que existen en el funcionamiento de los órganos de justicia, sino que también ha puesto de manifiesto que la señora Victoria Adato no puede seguir al frente de la Procuraduría del Distrito Federal y que, por lo tanto, debe ser destituida. Pero no hacemos la proposición que a esta Cámara, porque sabemos el destino que correría, dado que incluso se ha coartado el derecho de reclamar la comparecencia de estos funcionarios.
Queda entonces toda la responsabilidad en el Ejecutivo Federal. A él corresponde responder por las violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos frente a la ciudadanía. Muchas gracias.
El C. Presidente - Tiene la palabra la C. Rosario Ibarra, quien ha solicitado hacer uso de la palabra.
La C. Rosario Ibarra de Piedra: - Mi nombre es Rosario Ibarra de Piedra. Señoras y señores diputados: Es vergonzoso que haya transcurrido tanto tiempo y que haya tenido que haber un terremoto, para que llegara a discutir en esta Cámara de Diputados el grave problema de la tortura y de la incomunicación.
La prensa aquí presente y quizá todos, recordarán cuántas veces en este recinto, en el antiguo de Donceles, estuvimos por ahí paradas en la puerta o aquí arriba porque no nos permitía la entrada, diciendo que en este país se tortura, se incomunica y se desaparece a la gente. Pero en fin, más vale tarde que nunca. Y ahora estamos tratando este caso y no lo vamos a dejar pasar. Tenemos que ser muy categóricos. Estamos de acuerdo en todas las palabras expresadas por el compañero del PSUM.
Queremos agregar que el Frente Nacional contra la Represión cuenta con un doloroso acervo de denuncias, de hechos sucedidos en la Procuraduría del Distrito Federal. No acabaríamos probablemente en una semana de leer todos los datos de denuncias de este tipo de violaciones a las garantías individuales, de tortura y de incomunicación, y la mañana del viernes nos sentimos profundamente molestos ante las palabras de la señora procuradora y ante las palabras del subprocurador Paz Horta. Creo que fue un atentado a la inteligencia de todos los que ahí estábamos.
Atendidos, como dice el compañero, una invitación, aunque la atendimos incompleta. Nosotros no comimos, pensamos que esos famosos desayunos de trabajo no deben de existir porque no creemos que se pueda compaginar la comida con el trabajo, y menos con el trabajo cruel y doloroso de estar escuchando hablar de tortura, de cárcel injusta, de incomunicación y de violaciones a la ley, por lo tanto, aceptamos la invitación a ir, pero no comimos.
Queremos agregar que respaldamos la petición de que cese en sus funciones la procuradora y todos sus ayudantes, pero no nada más eso; queremos que sean castigados conforme lo marca la ley todos los funcionarios que resulten responsables. Yo pediría al ciudadano presidente que instruya a quien deba para que dé lectura a este documento recibido por mí, y que es otra muestra de denuncia de estas graves violaciones a las garantías individuales.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al documento.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - "Señora Ibarra de Piedra Conociendo su infatigable y decidida lucha en favor de los derechos humanos, nos dirigimos a usted solicitándole su intervención a fin de evitar que los mexicanos seamos víctimas de los abusos de funcionario públicos; además se haga justicia y se castigue a los responsables de los hechos que a continuación exponemos:
Los suscritos somos propietarios y choferes de camionetas Combi de servicio colectivo, "peseras" de la ruta 9, que el pasado 23 de julio fuimos detenidos en forma violenta por
agentes judiciales del Distrito Federal, adscritos a la Segunda Comandancia, unos en nuestros hogares, otros en la zona de trabajo.
Los agentes nos señalaron a varios de ser compradores de camionetas robadas, compradores de "chueco" y a otros de ser los ladrones. A todos nos llevaron a las instalaciones de la mencionada Segunda Comandancia de la Procuraduría del Distrito Federal, en donde a golpes, torturas y con amenazas de encarcelar a nuestros familiares nos exigían confesarnos culpables de dichos delitos, mientras, afuera, presionaban a miembros de nuestras familias.
A cerca de 40 detenidos nos tuvieron encerrados durante cinco días bajo el régimen disciplinario que en seguida relatamos; a las cinco de la mañana nos obligaban a desnudarnos y a bañarnos con agua fría en un pequeño baño, por lo cual teníamos que hacer largas filas ya que no era posible hacerlo en grupo. A eso de las 16:00 horas nos daban de comer huevos en mal estado y pan duro. Dentro de las galeras se sentía un calor insoportable y para mitigar la sed nos daban a beber agua caliente, que los agentes extraían de un boiler, a las dos de la madrugada cuando hacía mucho frío, nos llevaban agua casi congelada.
En los interrogatorios se reanudaban las presiones y amenazas. A algunos nos ponían bolsas de plástico en nuestra cabeza hasta sentir la angustia y desesperación de la asfixia. Querían que confesáramos ser responsables de los delitos que los propios agentes nos imputaban.
Nuestros vehículos y refacciones también fueron recogidos y no obstante que demostráramos ser los propietarios y que la documentación estaba en regla, los agentes judiciales exigieron a nuestras familias dinero para no cargarnos la mano a la hora de ponernos a disposición del Ministerio Público.
La cantidad mínima que entregaron nuestros familiares fue de 100 mil pesos; en el caso del señor Miguel Cárdenas fue de un millón. Lo que en estos momentos ignorábamos puesto que nos tenían encerrados e incomunicados. Al fin el día 27 del mismo mes nos pusieron a disposición de la agente del Ministerio Público de la Vigésima Agencia Investigadora relacionada con el acta 60/85 por denuncia de hechos, misma que se levantó a los agentes de la Segunda Comandancia.
En dicha agencia investigadora nos dejaron salir libres, luego de que los agentes de la Novena Comandancia aclararon que ninguna de las camionetas robadas lo eran, informe anexo a la averiguación previa.
En estos días, varios no nos atrevimos a denunciar las vejaciones, abusos, torturas y extorsiones de que fuimos víctimas por temor a represalias y amenazas que nos hicieron los judiciales, otros sí lo hicieron.
Sin embargo, desde hace semanas varios agentes judiciales se dedicaron a perseguirnos y atemorizarnos, al grado de que el compañero Porfirio Hernández Hernández fue golpeado en forma brutal por cinco o seis sujetos que viajaban en un auto sin placas en el crucero de la avenida Texcoco y Sor Juana Inés de la Cruz, en los límites del Distrito Federal con Nezahualcóyotl.
Señora Rosario Ibarra de Piedra, ignoramos los resultados de nuestra denuncia, sí ya fueron detenidos los judiciales que nos privaron de nuestra libertad y nos torturaron, presionaron a nuestros familiares y extorsionaron, a los superiores que se los ordenaron o consintieron. De ahí su valiosa intervención para que se haga justicia y más que nada que otros mexicanos sufran los abusos de todo tipo de funcionarios.
Agradecemos de antemano su atención a la presente y quedamos como sus servidores y admiradores de lucha en todos los derechos humanos que desde hace años lleva a cabo.
Aparecen unas firmas."
La C. Rosario Ibarra de Piedra (continúa):
- Hoy en la mañana me llamó la hermana de Oscar Zamorano Angeles; este joven fue detenido el 15 de septiembre por un ex agente de la Procuraduría del Distrito, según propias palabras de ese señor de nombre Samuel Monroy Laborde. El señor le dijo a su madre: Lo entregué a la Procuraduría porque me estaba robando y lo golpeé hasta que me cansé. El joven fue visto todo golpeado frente a su domicilio precisamente el 15 de septiembre. Hoy en la mañana me comunicó su hermana que lo encontraron, que encontraron una fotografía que le proporcionaron en la Procuraduría del Distrito Federal, en donde aparece el joven muerto, y que les dijeron en la Procuraduría que los demás papeles se les perdieron, pero que al parecer el joven fue atropellado en el periférico.
Nosotros, la fracción parlamentaria del PRT, el Frente Nacional contra la Represión exige la investigación de todos y cada uno de estos hechos denunciados y de todos los que hemos llevado a esa Procuraduría, incluyendo los desaparecidos de la Preparatoria Popular Tacuba, que estuvieron en manos de la Procuraduría Adato de Ibarra. Y reiteramos la petición de su destitución de todos los funcionarios y su castigo ejemplar. Y repetimos con el compañero Sánchez: Si hay voluntad política del Ejecutivo que dé una muestra, y que todos los demás cuerpos policiacos puedan decir: "Cuando vean las barbas de tu vecino pelar pon las tuyas a remojar". Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Berlín Valenzuela.
El C. Francisco Berlín Valenzuela :- Honorable asamblea: en torno al asunto que se está tratando en este día, quisiera pedir en primer lugar, con el propósito de aclarar algunos puntos a la presidencia, fuera tan amable de ordenar y de instruir ºa la secretaría
para que lea este documento de la Comisión de Justicia.
El C. Presidente:- la secretaría dé lectura al documento.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:- "Comisión de Justicia. México, D.F. a 4 de noviembre de 1985. C. diputado Renán Solís. Presente.
El próximo miércoles, 6 del presente, a las 9:00 horas, tendrá lugar una reunión de trabajo- desayuno que esta comisión realizará en el salón de protocolo, por lo cual rogamos a usted su puntual asistencia.
Atentamente, diputado licenciado Fernando Baeza M., presidente; diputado doctor Francisco Berlín Valenzuela, secretario."
El C. Francisco Berlín Valenzuela (continúa): - Gracias. Comisión de Justicia, me extraña mucho que habiendo recibido el compañero José Luis Sánchez y la compañera Rosario Ibarra este mismo citatorio, puesto que son miembros de dicha comisión, no hayan apreciado que precisamente será el día de mañana, tal como se hizo el citatorio a partir de las 9:00 horas del día de hoy, cuando se dé a conocer el dictamen que el grupo de trabajo ha venido formulando en torno a este asunto, por eso me extra que se estén adelantando vísperas en torno a un documento que ni siquiera ha sido formulado todavía y que no saben ellos mismos lo que dicho documento va a contener; es cierto como aquí se ha expresado que la Comisión de Justicia ha venido trabajando intensamente alrededor de este asunto como consta a todos y cada uno de los señores diputados miembros de la comisión, ha habido varias reuniones donde se ha venido agotando paso a paso, la comisión misma que nos entregó y nos dio el pleno de esta asamblea para investigar lo más profundamente posible, las características que rodean a este asunto. De tal manera que el grupo de trabajo que fue formado para llevar adelante la investigación del mismo, presentó primeramente un informe a la Comisión de Justicia, informe que fue ampliamente debatido por los compañeros de las distintas fracciones parlamentarias, que ellos mismos opinaron debía ser enriquecido con mayores elementos a fin de que hubiera la posibilidad de emitir un juicio lo más apegado a la realidad.
Así en esas condiciones, se rehizo ese informe, lo cual se dio a conocer la semana pasada a los miembros de la Comisión de Justicia, informe que fue aprobado por mayoría. En virtud de que los miembros de la comisión fueron invitados a una reunión de trabajo, por la C. procuradora Victoria Adato de Ibarra, hubo necesidad de esperar a que pasara dicha reunión, a fin de tomar a consideración nuevos elementos que pudieran permitir con un alto sentido de responsabilidad a los miembros de la Comisión de Justicia, elaborar un dictamen que estuviera apegado lo más profundamente - como he dicho- a la verdad.
Luego, entonces, no veo por qué razón los compañeros que me han antecedido están adelantando vísperas trayendo a discusión en este momento, el posible contenido de un dictamen que todavía no se ha elaborado y que esperamos que el día de mañana, como ha sido dado a conocer en este citatorio, conozcan todos los miembros de la Comisión de Justicia, lo debata y en su caso lo aprueben para venir a traerlo el próximo jueves al seno de esta asamblea para que ustedes digan la última palabra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el C. diputado Pedro Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: - Antes de intervenir, quisiera decirle al presidente que tratara de convocar al orden de día a esta asamblea porque no se puede discutir.
El C. Presidente: - Se ruega a la asamblea mantener el orden y escuchar al orador; y en los pasillos los señores que no sean diputados, despejen el pasillo y no distraigan la atención.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Nosotros creemos que no es posible que se siga creyendo que es necesaria una discusión minuciosa del seno de la Comisión de Justicia para que los miembros de partidos opositores asistan a este pleno y den su punto de vista de lo que sucedió el viernes pasado en un desayuno- reunión con la procuradora de Justicia del Distrito Federal.
A nosotros nos parece que no se vale aquí venir a señalar que solamente se puede hablar en esta tribuna con autorización, cuando la Comisión de Justicia en este caso se haya avocada a discutir el caso en cuestión. Nosotros no aceptamos este criterio. Nosotros decimos que los diputados tienen el pleno derecho y lo deben ejercer además por obligación, de venir a informar a este pleno acontecimiento que involucran la postura y el punto de vista de cada partido, y es obvio que está claro que para el partido mayoritario en esta Cámara no le interesa citar a la procuradora, es un hecho, aunque aquí Berlín Valenzuela venga a decir que todavía no está el dictamen. Si quiere inventar cosas están en su derecho, pero es claro que el día de mañana les informo a todos, les permito hacer futurismo, el día de mañana en el seno de la Comisión de Justicia el PRI y algunos otros que les gusta aliarse con el PRI presentarán un dictamen donde se diga que la procuradora no debe venir a la Cámara.
Si ustedes creen que todavía hay posibilidad de reflexionar y analizar y que posiblemente no suceda eso, bueno, ojalá, quisiera verlo, quisiera ver ese acontecimiento extraordinario de que el partido del Gobierno citara a la procuradora. Ojalá. Yo creo que no
va a ser así, como ha sido así con otros funcionarios que protegen de manera extraña, no sé por qué los protegen, seguramente porque se acerca algún año importante en este país, que cada subgrupo quiere, pues, apuntarse.
Pero entonces yo insisto, señores diputados, lo que está sucediendo en este país se le quiere dar un trámite burocrático, resulta que se violan los derechos humanos de México con la mayor impunidad, se detiene sin orden de aprehensión a ciudadanos colombianos, como lo admitió la procuradora, la procuradora admitió el viernes que no hubo orden de aprehensión y se viene aquí a decir que hay que esperar un trámite de la Comisión de Justicia, ¿no
? La opinión pública de nuestro país y de esta ciudad está expectante de lo que suceda en torno a la comparecencia de la procuradora, de la responsable de este acontecimiento, de tal suerte que nosotros insistimos en que la procuradora ya dijo su versión y su versión es la Comisión de Justicia en que no hubo orden de aprehensión. ¿Qué argumentan a ello los teóricos del derecho? ¿Qué argumentan a ello los defensores de la indefendible? ¿Qué argumentan a ello los burócratas incorregibles? ¿Qué hay que esperar a que la Comisión de Justicia analice y reflexione sobre este hecho, no?
Nosotros no aceptamos ese criterio, la procuradora ya dijo su versión se enfrenta a la Constitución General de este país. Y la Cámara no puede permanecer al margen de este hecho, por eso nosotros, al igual que los compañeros del PSUM, sostenemos, ratificamos la idea de que la procuradora debe ser destituida, debe ser destituida porque ha demostrado incapacidad, ineptitud y complicidad con la violación de los derechos humanos en México.
Ese es el hecho, señores diputados, pueden evadirlo, pueden teorizarlo y pueden votarlo como lo hacen con permanencia extraordinaria, pero la opinión pública aquí afuera, afuera de este recinto, seguirá sosteniendo que en esta ciudad de México la procuradora es responsable, junto con sus ayudantes, de la violación permanente a los derechos humanos en este país y en esta ciudad. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Terrazas.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: El diputado Francisco Berlín Valenzuela se ha extrañado del contenido de la intervención del compañero José Luis Sánchez. Hay que decir que no hay ninguna razón ni motivo para ninguna extrañeza, la intervención del compañero José Luis Sánchez inclusive, a sabiendas de que iba a ser presentado el dictamen de la Comisión de Justicia el próximo jueves, está bien justificado, hay razón para que se haya presentado esta intervención, plenamente, plena razón, en esta plenaria de la Cámara de Diputados.
Se ha seguido con mucha frecuencia la costumbre de hacer comentarios de las reuniones a las que asisten, yo no les llamaría comparecencias de funcionarios públicos: se ha comentado, incluso, a destiempo, comparecencias de funcionarios de distintas secretarías, era un comentario, un comentario político del compañero José Luis Sánchez del desayuno llamado ahora desayuno- trabajo con la procuradora que se le dio el carácter, primeramente de entrevista, de encuentro privado, de reunión privada de la procuradora con los integrantes de la Comisión de Justicia.
Por eso mismo se requería este comentario; además porque se han hecho algunas afirmaciones muy serias y graves, por ejemplo, se dijo que la procuradora reconoció que había habido aprehensión sin órdenes judiciales al respecto. Sobre eso nosotros no quisiéramos hacer más comentarios, porque los señores juristas nos van a decir que una autoridad, en esta caso como la procuradora, puede hacer órdenes de aprehensión en caso de urgencia, por ejemplo, y que la señala que debe haber en este caso motivo y si al criterio de la procuradora o del procurador hay urgencia de hacer una aprehensión, puede hecerse la aprehensión. Se ha puesto en duda también y aquí hay un motivo de legislación, el término de las 72 horas y se dice que es a partir de la presentación del detenido, el que comienza a cursar el término de las 72 horas
Nosotros queremos decir categóricamente que el problema fundamental que se ha violado aquí, aparte de muchos derechos humanos, es que no se hizo la presentación como la ordena la ley, a las 24 horas. Y aquí nos encontramos con un problema fundamental: todo detenido debe ser puesto inmediatamente, inmediatamente bajo las órdenes del juez, a las 24 horas. Y eso esta establecido terminantemente. Pero podríamos referirnos a otras violaciones. La señora procuradora ha reconocido que en caso de los colombianos que se necesitaba la tortura, admitiendo que podía habérseles torturado porque eran muchas las evidencias. Plena evidencia, no se requería la tortura. Y otras afirmaciones más. El problema principal a que queremos referirnos es que hay un informe a la Comisión de Justicia. Un informe de la Dirección de la Comisión de Justicia. En este informe se dice: "por lo cual se justifica plenamente la intervención del compañero José Luis Sánchez, se dice lo siguiente: Igualmente conforme a lo expresado en el numeral 93 de la Constitución y en los artículos 53 y 54 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, es de estimarse que no ha lugar a solicitar la comparecencia de la ciudadana Victoria Adato de Ibarra, procuradora general de Justicia del Distrito Federal, por no darse ninguno de los supuestos en tales artículo contemplados, en particular por no
estar mencionados los procuradores como funcionarios a los que el Congreso o alguna de las cámaras pueda solicitar su comparecencia para informar sobre la marcha de los asuntos a su cargo. No es suficiente razón. No hay plena justificación para la intervención del compañero José Luis Sánchez, aunque se diga que este no es el dictamen, que no es el informe. ¿Acaso podemos suponer que con base en este informe, iba a probarse, iba a probarse la comparecencia de la C. procuradora?, evidentemente no; hay plena, pues, justificación.
Por otra parte, y por último, nosotros quisiéramos señalar: está visto que va a ser muy difícil en este caso, solicitar la comparecencia. Quizá sea inútil, no estéril, porque lo que aquí se debate respecto a los manejos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal están en los ojos y en los oídos de la opinión pública nacional, y esto tiene que ver con el problema no sólo del respeto a los derechos humanos, sino con la cuestión de la necesidad de la expedición rápida de la justicia, porque los manejos de la Procuraduría de Justicia en el Distrito Federal son una negación de la justicia. Eso está claro; no resultaría fructuoso desde el punto de vista de objetivos y de resultados prácticos insistir en la comparecencia de la procuradora, aunque en otros casos habrá la necesidad de discutir nuevamente en esta tribuna el problema de la procuradora en los términos en que sea necesario presentarlos, concretamente como lo ha dicho el compañero José Luis Sánchez, en el caso no esclarecido de Manuel Buendía.
Pero por otra parte también quisiéramos decir que es necesario que tome cartas en el asunto en este problema quienes son responsables de los manejos, de la actitud de la señora procuradora, o cuando menos los responsables para sancionar, para rectificar los manejos de la señora procuradora, o sea, el secretario de Gobernación y el Presidente de la República.
Demandamos políticamente que en el caso de la procuradora tome cartas en el asunto aquellos funcionarios que precisamente tienen que ver, por el canal administrativo y gubernamental correspondiente, porque son asuntos de su incumbencia los altos funcionarios mencionados. Pedimos que tomen cartas en el asunto y que hagan los correctivos necesarios. Muchas gracias por su atención
. ACTA DE INDEPENDENCIA
El C. Presidente: - Ha pedido hacer uso de la palabra el C. diputado Humberto Salgado, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Humberto Salgado Gómez: - Con su permiso, señor presidente: honorable asamblea: En este solemne recinto legislativo, preservado a servir de un foro deliberativo, he querido venir a hacer uso de la palabra para recordar un hecho histórico muy significativo y trascendente en la vida de todos los mexicanos. Oportunidad generosa que hace posible que podamos presentar algunas breves reflexiones en voz alta ante esta pluralista representación ciudadana de ideas y de opiniones.
Para ello, requiero y necesito dejar honroso testimonio de la satisfacción de haber sido electo por la ciudadanía del I Distrito Electoral con cabecera en la ciudad de Chilpancingo, residencia de los poderes de Guerrero, que es estado asociado ancestralmente por voluntad soberana al pacto federal, cuyo compromiso no se limitó a rubricar cómodamente, sobre la mesa de los acuerdos, el acta de protocolo que proclamaba como fruto del pensamiento y de la acción de los constituyentes reunidos en esa ciudad, el Acta de Independencia que declaraba la autonomía política de este territorio de la América Septentrional.
Abundantes razones y méritos hicieron al estado de Guerrero distinguirse además por la singular y activa participación de sus hombres en el encuentro con otros hombres identificados con la misma causa.
Estos al igual que sus compañeros de ideal, rechazaban las teorías elaboradas por los dominadores, que buscaban hacer del color de su raza y de sus rasgos étnicos una cualidad y de su supuesta ascendencia real la justificación de un fueron imperialista de sometimiento, olvidando que la única jerarquía moral discernible a los hombres y a las naciones, deriva de su actitud para ser más justos en su incansable anhelo libertario.
Cierto, el aprendizaje de la libertad así como el de la solidaridad, no son de obra de pocos años. Requieren del persistente esfuerzo conjugado de muchas generaciones y, sobre todo, disposición social de entendimientos para suscitar este elevado sentimiento en todo momento y no sólo ante el desastre, el peligro o el infortunio.
La periódica lectura de los anales nacionales nos permiten una vez más repasar el valioso contenido ideológico y político del Acta de Independencia, suscrita en Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813 por Quintana Roo, Rayón, Herrera, Bustamante, Verduzco, Liceaga y Ortiz de Zárate.
Quiero señalar que invocamos al pasado no como un simple punto de referencia, sino como una ordenada sucesión de acontecimientos sociales recogidos en las crónicas de su época, "Los Sentimientos de la Nación", dictados por la inspiración de Morelos, que sirvieron de antecedente inmediato al documento aludido.
Hay plena congruencia en el desarrollo de este proceso. El ideal se transforma en acto legislativo; el movimiento insurgente en meta de organización social, y la decisión de un puñado de hombres de paso a la manifestación libre y espontánea de todo un pueblo.
Lo anterior, constituye el espíritu que refrenda una alianza de identidad y fraternidad
social en lo anterior y el bosquejo del proyecto que anticipa en el siglo XIX el diseño de un Estado soberano que aspiraba a ingresar por derecho propio al concierto internacional de las naciones libres.
La codificación de estas fórmulas jurídicas políticas representaban la instancia que sucede a la confrontación armada, liquidadora de tres siglos, no de simple coloniaje, sino de opresora dominación. El documento independentista de Chilpancingo, que abonó el terreno para la expedición en 1814 del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, definió la esencia de la nueva nación y su forma de organización política. Fue esta ilustre generación de conductores sociales que se anticipan a su tiempo los que contribuyen a darle sustancia ideológica al modelo nacional, no sólo con carácter de precursores sino en muchos casos de consumadores, los cuales a su vez enriquecen con sus valores individuales y colectivos nuestra experiencia política y nos inducen o persuaden con su fidelidad al cumplimiento del deber y por su vocación para el sacrificio al colocarnos a la altura que demanda nuestra circunstancia.
Generalmente en una sociedad donde se cumple menos de lo que se exige, el consejo de su voz y el testimonio de su clara conducta cobran insospechada vigencia en estos momentos difíciles de prueba o de etapa de urgencia, la cual demanda un mayor rigor reconstructivo de la voluntad nacional.
Agitados protagonistas de los años turbulentos cuya actitud valerosa suprimió vacilaciones y exceptisismo en su conducta para superar toda forma de servidumbre enmascarada opuesta de manifiesto por ilusorios afanes.
Con claridad advertimos el preciso señalamiento, consecuencia de los derechos de la libertad de hablar, de discurrir o de opiniones como respuesta a los planteamientos y demandas de un régimen colonial, en transición hacia la vida republicana independiente; en el valor intrínseco de sus postulados recobramos en el tiempo presente lo que para otros podría ser el tiempo perdido. Germinación y maduración forman parte de un mismo proceso social. En ellos reposa nuestra legítimidad o razón histórica. Muchas gracias, señores diputados.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente: señoras y señores diputados: La fecha del 6 de noviembre, a la que se ha referido el diputado Humberto Salgado Gómez, es muy importante, es la Declaración de Independencia de México, es la síntesis de muchos documentos que en el transcurso de la Revolución se vinieron forjando.
En realidad, si nosotros repasamos los papeles de nuestra gesta de 1819 y años siguientes, nos daremos cuanta que la riqueza enorme, de la luz que nos da y que nos alumbran para seguir avanzando por la ruta de nuestra independencia, no tan sólo política, sino por la ruta de nuestra independencia económica.
Parece que hemos olvidado algunos documentos de gran trascendencia o han permanecido escondidos en las colecciones, en los archivos, o no hemos logrado sacar su sustancia. Desde nuestra gesta libertaria, los documentos relativos a la autodeterminación, y a la no intervención, están presentes y son muy claros.
Ya nos hemos referido en esta tribuna sobre las ideas tan avanzadas de Miguel Hidalgo y Costilla sobre el principio de autodeterminación; ya hemos hablado de cómo Hidalgo refiriéndose a este principio decía: "Nos conmueve pensar que sólo a los países civilizados como los europeos tienen el derecho en este momento de darse el régimen que quieran, de gobernarse por sí mismos; sólo a nosotros se nos niega este derecho.
Y yo he dicho en esta tribuna: hasta la Resolución 15- 14 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha recogido este pensamiento nítido del Padre de la Patria, de que el derecho de autodeterminación corresponde a todos los pueblos, independientemente del grado de su desarrollo económico, social, político o cultural.
Los Sentimientos de la Nación, el documento clave para entender el movimiento insurgente y sus consecuencias, también nos habla del derecho de autodeterminación de los pueblos y especialmente del mexicano, cuando prohibe que vengan tropas extranjeras a nuestro país no que un poder extraño venga a poner en peligro nuestra soberanía.
El artículo 9o. de la Constitución de Apatzingán que todos recordamos, prohibe que una potencia pueda intervenir en los asuntos de otra, y esa potencia que ose pisar el suelo de un país debe recibir el castigo, de acuerdo con "el derecho convencional de las naciones", como dice la propia Constitución de Apatzingán.
Pero hay que recordar, compañeras y compañeros diputados, que el movimiento de Independencia, como lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo aquí, no tan sólo reclamaba la autodeterminación política de la Nación mexicana, sino su soberanía económica, porque era un país que había sufrido saqueos de sus recursos naturales, el saqueo de su dinero, como lo dijeron muchas veces los insurgentes, en el transcurso de tres siglos. Un país saqueado es un país que defiende su independencia económica, un país saqueado es un país que proyecta el futuro, su desarrollo económico independiente, frente a los poderes extranjeros, y eso es la Revolución de Independencia.
Ya hemos dicho en esta tribuna cómo los documentos de la insurgencia, cómo Hidalgo y cómo Morelos hablaron de defender nuestros recursos naturales; cómo Morelos decretó
varias veces la prohibición del saqueo de nuestro dinero; como Morelos declaró canceladas las deudas de los mexicanos frente a los gachupines; cómo Morelos al ordenar la acuñación de moneda dijo: prohibimos estrictamente que este dinero salga de nuestras fronteras.
Todo esto es el resplandor, compañeros diputados, que debe seguir alumbrando el camino de México hacía su independencia total. Por eso, si somos patriotas, si queremos nuestra patria, si queremos nuestro pueblo, si queremos que nuestro país siga la ruta de su independencia verdadera, tenemos que seguir combatiendo con las mismas armas que los insurgentes, frente a las potencias extranjeras, reclamando la soberanía de nuestro país, el derecho de nuestra patria para aprovechar sus recursos, el derecho de México para expropiar los bienes de empresas extranjeras, el derecho de México para seguir una política soberana frente a las potencias que lo quieren encadenar a través de la deuda.
Por eso tiene importancia la fecha del 6 de noviembre, reafirmar más, una vez más, nuestro credo revolucionario, nuestro independentista, nuestro credo para que nuestro pueblo, guiado por sus héroes, guiado por su historia, pueda caminar hacia adelante, pueda el enrumbar hacia el futuro sus pasos, con la seguridad de que preservará sus soberanía económica, su independencia política y que ninguna potencia extranjera, ningún poder económico exterior, será capaz de doblegar las mejores fuerzas de nuestra patria. Muchas gracias.
DEUDA EXTERNA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Eduardo Valle.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, ciudadano presidente: El día de hoy sucedió una cosa curiosa, el secretario de la Comisión de la Deuda Externa hizo declaraciones sobre el problema de la deuda externa. En primer lugar quizá valga la pena citar a un clásico del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Reyes Heroles padre, decía que en política la forma es el fondo y ahora estamos viendo las versiones de forma que quizá tengan una enorme repercusión en el fondo.
En Las declaraciones del diputado Reyes Medrano se suplica en seis o siete periódicos, son coincidentes y el diputado el PRI, secretario de la Comisión de Deuda Externa, reconoció que actualmente la deuda es impagable y por ello se gestiona su renegociación no obstante, precisó, dicen los diarios, la moratoria es inaceptable porque ello nos conduciría a una acumulación de intereses, a incrementar nuestros compromisos económicos con el exterior y a heredar a nuestros hijos un problema que conforme crece se vuelve más insoluble.
Estas declaraciones tienen importancia no sólo por la enorme libertad, la absoluta libertad que todo legislador tiene para expresar sus puntos de vista: dónde y cuándo consideren necesario y conveniente, sino sobre todo porque tiene una relación directa con la organización del foro de consulta y análisis de la deuda externa y sobre todo también porque están en relación con otras declaraciones. Por ejemplo, una declaración del licenciado Mendoza Berrueto, que es el dirigente de la mayoría; el diputado Mendoza Berrueto señaló en Aguascalientes unos cuantos días después de haber acortado por unanimidad que celebraríamos el foro de la deuda externa, que había que escuchar qué decía el pueblo, que había que escuchar a la población, a los trabajadores, que se manifestaran con responsabilidad en una reflexión libre, acerca del asunto de la moratoria acerca del asunto de la deuda.
Inmediatamente después de estas declaraciones del licenciado Mendoza Berrueto en Aguascalientes, el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog, declaró que la posición del Ejecutivo era considerar a la moratoria como un asunto de ingenuidad y prácticamente contrarrevolucionario.
El estableció ya la posición del Ejecutivo Federal, esa es la posición del Ejecutivo Federal que puesto que incluso el Presidente de la República que es el Titular del Poder Ejecutivo Federal ha tenido mucho tiempo para corregir o al menos matizar las declaraciones de Silva Herzog, y esto no ha sucedido. Es, pues, entonces, la posición del Ejecutivo Federal. Muy bien que tenga una posición el Ejecutivo Federal; ahora sí que simple y llanamente se tome en cuenta. Supongo que se toma en cuenta muy en serio porque al final de cuentas es el Poder Ejecutivo y los poderes son poderes cuando pueden, como decía el Constituyente.
Después de la declaración de Jesús Silva Herzog, avalada por el silencio del Presidente de la República, se vinieron en masa una serie de declaraciones empezando por ejemplo con la de Fidel Velázquez en la CTM; y después continúo Barragán Camacho en petróleos. La Quina no la hablado, es extraño que la Quina no haya hablado, quizá está ocupado en asuntos de Minatitlán o de algún otro lugar. Pero el hecho concreto es que muchas declaraciones se dieron después y todas serán coincidentes. La moratoria es inaceptable. Hay que pagar lo impagable, y una serie de contrasentidos lógicos que se presentaron a la discusión del país. Pero ahora vienen las declaraciones del diputado Reyes, que es secretario de la Comisión Organizadora del Fondo de Consulta y Análisis, acerca del problema de la deuda externa.
Nosotros creemos y por nosotros hablo a nombre de los partidos pequeños, hablo a nombre del Partido Demócrata Mexicano y del Partido Mexicano de los Trabajadores, que como ustedes saben son partidos de
distinto signo ideológico y con muchas posiciones discrepantes en muchas ocasiones.
Nosotros creemos que se están violando las formas. En función de eso y porque creíamos, considerábamos, esperábamos que el foro fuese un foro libre, un foro responsable, un foro en donde la reflexión colectiva de la Nación se manifestarse con propuestas, nosotros hemos hecho propuestas, no solamente la de la redocumentación de la deuda, especialmente en términos de capitalización de intereses. Ahora estamos planteando el problema de considerar los activos líquidos y financieros y físicos de los nacionales en el exterior. Y hay una serie de propuestas que hemos hecho. Y que creíamos, esperábamos, deseábamos poder expresar de una manera reflexiva, responsable y seria, en el foro de la deuda. Pero por lo que vemos, por la planteación de formas, esto ya va mucho más allá.
En función de eso, la declaración del Partido Demócrata Mexicano y del Partido Mexicano de los Trabajadores, en relación con el foro de deuda externa en la siguiente y me permito darle lectura: Al pueblo de México. La deuda externa nacional llega a cien mil millones de dólares, es si por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional se debieran 50 mil dólares, o cada familia mexicana tuviese una deuda con los bancos y organismos financieros del exterior de 6,400 dólares.
Mientras tanto hay decenas de miles de millones de dólares que se han fugado del país descapitalizándolo, y lastimando gravemente nuestro desarrollo como nación.
El gobierno y su partido, el Revolucionario Institucional, lo que han atinado a hacer en relación con este trascendental problema en recurrir al endeudamiento interno, a la impresión de moneda que se desvaloriza día con día, a la explotación de recursos naturales especialmente el petróleo, y a capitalizar intereses, todo esto para responder a los requerimientos de una banca transnacional que aplica intereses que están muy por arriba del crecimiento de los precios en los países desarrollados.
Los intereses de la deuda reportaron más de 10 mil millones de dólares anuales; son ganancias líquidas de la banca mundial, y pérdida neta de la nación; mientras tanto los grandes problemas nacionales se agudizan, más todavía si se toman en cuenta el crecimiento demográfico y la estructura de las edades de la población. Sobre los jóvenes la gran mayoría de los mexicanos, y las futuras generaciones, recae un pesado fardo del cual hay que librarnos usando la inteligencia y el patriotismo.
La Cámara de Diputados al Congreso de la Unión decidió por unanimidad realizar un Faro Nacional de Consulta y Análisis sobre la Deuda Externa. La III Legislatura buscaba la responsable reflexión de la sociedad y su libre expresión frente a este fundamental e histórico asunto, que hablara el pueblo de México era la intención reconocida del foro. Pero cuando se iniciaban los trabajos de organización del mencionado foro, desde el Poder Ejecutivo Federal se determinó la conducta y los objetivos fundamentales en relación con la deuda.
Se ha ido más lejos, calificando y condenando posiciones, los funcionarios gubernamentales encargados de la Hacienda Pública no sólo han indicado ya cuáles serían las conclusiones del foro, sino que han descalificado en principio cualquier reflexión o propuesta que discrepe de la del gobierno. Todo está dicho, ya lo dijeron altos funcionarios federales, quizá como voceros del Presidente de la República, puesto que éste, nada ha hecho o dicho para corregir o desmentir a sus colaboradores inmediatos.
Por si fuera poco, el Secretario de la Comisión Organizadora del Foro, ha declarado ya cuál es su punto de vista coincidente por supuesto con el de los funcionarios del gobierno federal. Quienes presiden la Comisión Organizadora del Foro, dan a conocer su posición cuando ni siquiera se ha celebrado una de sus sesiones. En esta sesión, nuestros partidos, el Demócrata Mexicano y el Mexicano de los Trabajadores, hemos decidido retirarnos de la organización del Foro Nacional de Consulta y Análisis sobre la Deuda Externa. Otros partidos, aunque están conscientes de la connivencia entre funcionarios del gobierno federal con quienes presiden la comisión, han decidido participar y usarán el foro nacional como tribuna, para dar a conocer mejor sus razones y proposiciones.
Nosotros creemos que el gasto de la celebración del Foro Nacional sobre Deuda Pública será inútil, puesto que el gobierno federal y quienes presiden la organización del foro ya han dado a conocer su posición. Grupo parlamentario del PDM y grupo parlamentario del PMT".
Queremos señalar dos cuestiones por último: pareciera que ya estamos prejuzgados.
Se dirá: a priori están señalando qué es lo que va a pasar en el foro. Al tiempo, ciudadanos diputados.
Ya se declara, ya se declara unilateralmente y por arriba de la Comisión de la deuda, que de las 600 ponencias que se presentarán en Tijuana sólo se leerán 50. Ya veremos, ciudadanos diputados, cuáles serán coincidentes con la posición del Ejecutivo Federal y cuántas discrepantes.
Nosotros deseamos que este avión cargado de diputados que va a recorrer el país, no sea solamente un avión de redilas. Esperamos sinceramente que este elegante avión que se utilizará en épocas de austeridad, tenga algún resultado mas positivo para la nación y positivo para la dignidad, ya que tanto se ha hablado de la dignidad de la Quincuagésima Tercera Legislatura que simplemente una expresión de aquiescencia con la conducta del Ejecutivo.
Solamente queremos señalar por último que lamentamos que en esta violación de las
formas políticas, se lleven no diremos entre las patas, pero sí podemos usar el expediente de que se lleven entre los pies una decisión que al menos el dirigente de la mayoría había expresado para que se escuchara la voz del pueblo de México y no solamente para que se escuchara a aquellos que tiene la idea de que con connivencia con las autoridades hacendarias se pueden resolver los problemas políticos fundamentales de nuestro país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El C. diputado Alcocer tiene la palabra.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señores diputados: Nosotros respetamos profundamente las posiciones y opiniones que vierten los grupos parlamentarios. Respetamos, en consecuencia, la decisión que ha tomado el grupo parlamentario del Partido Demócrata y el grupo parlamentario del Partido Mexicano de los Trabajadores.
Pero no podemos aceptar, mi amigo Eduardo Valle va a tener que estar de acuerdo conmigo, que en un documento de dos fracciones parlamentarias se opine por nosotros. No aceptamos, como no aceptaríamos que ningún otro partido opine por nosotros, por que aquí estamos para dar nuestra propia opinión. No aceptamos que otros partidos, y ahí nos sentimos incluidos, puesto que el documento que acaba de leer Valle no aclara qué partidos están conscientes de la connivencia entre funcionarios del gobierno federal con quienes presiden la comisión. No lo podemos aceptar esto, porque si estuviéramos conscientes de esta connivencia, estaríamos firmando este documento. Esto no lo aceptamos
. No aceptamos tampoco, que hayamos decidido participar y usar el foro nacional como tribuna para dar a conocer nuestras razones y proposiciones. Vamos a ese foro a escuchar proposiciones, vamos a ese foro a escuchar lo que piensan organizaciones sociales y políticas del país.
Y en función de ello daremos nuestra opinión. Por eso nos mantenemos en el foro. Por eso pedimos con todo respeto a los grupos parlamentarios que no opinen por nosotros. Eso es lo que queríamos aclarar.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Roberto Calderón.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Señor presidente, con su permiso; señores diputados: la posición que hemos asumido las dos fracciones parlamentarias inscritas en el documento al que dio lectura el diputado Eduardo Valle, se fundamenta sobre todo en algo que de antemano sabemos caerá dentro de lo que consideramos nosotros como estéril su realización y el tiempo que implica el llevar a cabo estas consultas.
Creemos que por principio, cuando se decidió en este pleno realizar esta consulta y análisis sobre la deuda externa, era para que el pueblo, al igual que los diputados de esta Cámara, tomarán conciencia del problema tan grave que pesa sobre nuestro país en materia de deuda. Y creíamos de buena fe que esta consulta daría luces a nuestro gobierno para una toma de decisión oportuna con relación al problema que nos ocupa, pero sí es extraño y esto lo manifestamos en lo particular ante los medios de comunicación del país, que en vísperas de la realización de esta consulta, se adelanten opiniones oficiales sobre lo que es ya el criterio del Ejecutivo como es de dominio público con relación al problema; nosotros hacemos las siguientes consideraciones: este adelanto de criterio, con qué objeto es, nosotros creemos que es para tranquilizar a nuestros acreedores, que quienes al conocer que se está sometiendo a consulta este asunto de la deuda pudiera adelantar la posibilidad de que se decidiera a un no pago o a lo que se ha mencionado al fijamiento de la moratoria.
Por otro lado, creemos también que es para dar línea a las diferentes corrientes que son consustanciales a la posición del Ejecutivo y que predomine ese criterio en las consultas que van a llevar a cabo.
Por esa razón vemos nosotros lo ocioso que sería participar en este foro, aparte de que de antemano se entiende que esto implica un gasto que viene a agravar en alguna forma la economía del país, como partido, como fracción parlamentaria creemos que no debemos nosotros participar en este foro por estas razones y por eso mismo aceptamos la coincidencia con el PMT de retirarnos de esta consulta que sin duda de todas maneras va a ser realizada. Muchas gracias
. El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señoras y señores diputados: En efecto, creemos que es importante esclarecer las posiciones planteadas frente a la asistencia al foro sobre la deuda externa, justamente creemos nosotros por la ambigüedad , desde nuestro punto de vista y la implicación que pudiera tener en su momento, el documento que ha sido leído aquí y firmado por el PDM y el PMT.
Nosotros creemos, en primer lugar, que la afirmación o la reiteración de la posición del gobierno ni nos sorprende, ni nos asusta, ni nos preocupa dentro de la lucha política. En todo caso pudieran sorprenderse aquellos que posiblemente hayan pensando que el foro sería en última instancia un auténtico instrumento para hacer avanzar propuestas distintas, planteamientos distintos frente al problema de la deuda externa. Nosotros no creemos esto. Por lo que nosotros sí creemos, es que el foro nos va a servir a mi partido, a otros partidos a organizaciones políticas y sociales, como una plataforma más para divulgar y difundir posiciones respecto a por qué creemos que
es no solamente impagable la deuda externa, sino por qué nuestro país tiene que adoptar una posición enérgica y decisiva de cancelación de la deuda externa.
No tenemos ilusiones en cuanto a un foro sobre la deuda externa que pudiera convocar la Cámara de Diputados en este momento preciso, pero sí creemos que estas organizaciones obreras, campesinas, de colonias populares que por cierto algunas ya han inscrito sus ponencias en el foro, están fundamentalmente interesadas en concertar una fuerza popular, una fuerza de corrientes progresistas y revolucionarias en torno al debate de las alternativas que tenemos los trabajadores.
Nuestra corriente política considera que hemos salido, este último 23 de octubre, a la calle, para protestar con obreros, campesinos, organizaciones de las colonias populares y de las mujeres, nuestra posición de rechazo y repudio a la política gubernamental en cuanto a la deuda externa. Y creemos que la participación en este foro es otra instancia más para difundir esta proposición popular de repudio a la propuesta del gobierno y el manejo que le está dando el gobierno a la deuda externa. Pero estas son las proposiciones y el contenido concreto que nosotros le damos a la participación en el foro. Ni es un problema de ilusión, ni es un problema de sorpresa es una cuestión de organizar una fuerza popular para efectivamente hacer ejercer una presión sobre un gobierno que no ha sabido responder a las demandas populares, a la demanda concreta de repudio a la política en materia de deuda externa.
Las organizaciones de damnificados aquí en el Distrito Federal incluso han avanzado de sus primeras demandas sobre vivienda, seguridad, agua, salud, etcétera, han avanzado rápidamente en su lucha y han llegado a una conclusión: para lograr sus demandas el país debe repudiar la deuda externa; y esta dinámica de los movimientos populares no lo podemos frenar, todo lo contrario, queremos hacer que avance una demanda de repudio a la deuda externa, y por esto entre otros elementos mi partido ratifica su decisión de participar en el foro sobre la deuda externa. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Hildebrando Gaytán.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados: Podemos ver un propósito sano en los puntos de vista del diputado Valle, pero acaso no son del todo válidos respecto a la dinámica que puede seguir la consulta del foro y al sentido mismo que lo inspiró al haberlo aprobado aquí por la Cámara de Diputados.
El hecho de que esta Cámara haya aprobado este Foro Popular Nacional ya es una medida importante. Está la reflexión sobre este problema no en forma pequeña, cerrada, sino en forma pública, abierta, como problema que está apasionando a todas las instituciones gubernamentales o no, sociales, de diferente tipo y el mismo pueblo.
Que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda se han empecinado en llevar adelante una actitud de pagar a toda costa los intereses y seguir por ese camino del endeudamiento, tengan el interés de manipular este foro, de hacer prevalecer sus puntos de vista de una o de otra manera, es algo que está en juego, sí, pero que no va a cerrar el paso, la oportunidad a que las fuerzas democráticas nacionalistas y patrióticas, de dentro o de fuera de poder público, lleven adelante sus puntos de vista en defensa del interés nacional y del desarrollo del país; por que este problema de la política económica y en particular de la deuda externa, es hoy por hoy el problema fundamental en la discusión política de México, porque de él está dependiendo su desarrollo inmediato y futuro.
Nosotros sabemos que si se profundiza en lo que fue y ha sido en sus principios ideológicos de la Revolución Mexicana, tiene que llegarse al convencimiento de que por esta doctrina nacionalista, antiimperialista, popular, debe llevarse adelante una actitud frente al pago de la deuda que responda a los intereses del país, tiene que surgir de la Revolución Mexicana una actitud política que difiera por completo del planteamiento de la derecha, del planteamiento del imperialismo, del planteamiento de los sectores de la burguesía reaccionaria, porque de otra manera sería suponer que solamente hay diferencia de aspecto cuantitativo, pero no diferencias de fondo entre lo que la Revolución Mexicana señaló para el futuro de México o lo que quieren los sectores de la derecha reaccionaria y en este sentido la línea de la Revolución Mexicana es definitivamente por la independencia económica y no se seguirá ese camino con la política que señalan los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de seguir pagando a toda costa esta deuda. Tenemos que armar al pueblo, eso sí y los estudios que se llevan al foro que sobre esta materia aprobó la Cámara, nosotros sabemos que tienen que ser, para tomarse en cuenta, estudios con base en la ciencia de la economía, en la ciencia de la política internacional y la ciencia de la historia de México y si los estudios, para ser consecuentes como tales, se fundamentan en razones de estas materias, tendrán que llevar a una sola conclusión, y es la que México no puede seguir obedeciendo estas directrices del Fondo Monetario Internacional y que debe de sumarse a los países que están demandando una política en beneficio y apoyada en sus intereses nacionales. Se trata de argüir tesis de tipo ético para frenar la aspiraciones y apremios del pueblo; se trata de decir que puesto que fue un compromiso que hay que cumplirlo a toda costa; pero esto es un planteamiento falso.
¿Qué hizo el presidente Nixon en 1971, cuando echó abajo por una declaratoria del
gobierno norteamericano la paridad del dólar con el oro en los términos que habían sido aceptados desde 1944 y que en virtud de eso los papelitos verdes tenían una equivalencia a determinadas onzas de oro?, y cuando el gobierno norteamericano no tenía el oro para poderlo entregar en cambio de los papeles verdes, sencillamente por un plumazo señaló que esa paridad ya no existe. Ahora, van a ser más dólares en equivalencia al oro. Y esto constituyó toda una maniobra financiera que golpeó el poder económico de los países del mundo, porque quedó de esta manera lo que tenían en dólares con otro valor para el exclusivo beneficio económico de los Estados Unidos. Y en esto se tiene que tomar en cuenta todas las reglas que están en el comercio internacional. Los mismos pagos de intereses que ha hecho nuestro país en estos últimos años y que con esa misma cantidad ya casi se cubre la deuda externa. Este problema no va a quedar circunscrito seguramente a pagar o no. Motivará estudios profundos para fundamentar la única posición que beneficie al desarrollo de la nación mexicana y a las condiciones del pueblo nuestro. Y tendrá que llevarnos a la reflexión de la necesidad de incidir en nuevas medidas que en el programa nacional revolucionario deben llevarse a efecto para complementar toda una política nacionalista, antiimperialista y popular, que pueda defender nuestra soberanía y el desarrollo independiente de México.
Por eso, el foro es una medida que tenemos que vigilar las fuerzas democráticas, para poder, con argumentos, derrotar a los que estén por el neocolonialismo y darle armas a la Revolución, al Estado mexicano para que cumpla como lo exige el desarrollo económico del país en estos momentos. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Compañeros del presidium; compañeras y compañeros diputados: Se ha hablado de un optimismo respecto a la celebración de este Foro de Consulta sobre la Deuda de México, y se hace acento especial en que el Foro es sobre la deuda externa de México.
Yo recordaba hace un momento una frase que me voy a permitir leer a ustedes de aquel extraordinario pensador sudamericano, el primer gran antiimperialista de América Latina en este siglo, José Enrique Rodo. Decía que lo que debe importar a América, y él se refería a nuestra América Latina, es salvar contra toda negación pesimista u optimista, no tanto la idea de la relativa bondad de lo presente, sino de la posibilidad de llegar a un término mejor. Si a la luz de esto se estuviese contemplando la posibilidad de llegar a un término mejor en los planteamientos de la deuda de México, este foro tendría sentido de salvación para México.
Nosotros no venimos ni con optimismo ni con pesimismo, sino con realismo, a sostener una vez más que estamos en la lucha política desde hace muchos años porque queremos encontrar los caminos para la salvación de México.
No es cierto que la moratoria del 85 sea la moratoria de este país. Se nos olvidó ya que la moratoria comenzó desde 1982 y que en procedimientos anticonstitucionales y antijurídicos se ha renovado y renovado la deuda sin la aprobación del Congreso, y sin que este Congreso lo haya señalado, con excepción de la fracción de Acción Nacional.
¿No es cierto que todas las renovaciones que se hacen cuando no están aprobados esos sistemas de renovación por esta Cámara de Diputados, son anticonstitucionales? Nos interesa platear el tema de fondo y no este problemita de que ya sabemos que a la deuda y al Foro de la deuda se van a llevar las mismas razones y se van a exportar para fines internacionales las ideas que el gobierno de México tiene sobre la deuda.
Esta deuda no comenzó en 85, porque antes de 85, lo que sucedió en este país sigue sucediendo: el resultado de una deuda impagable como se le ha señalado, tiene su origen en un gobierno que no ha sabido manejar las finanzas nacionales. Ya no es una docena trágica lo que tenemos que lamentar, es una quincena trágica en la que el gobierno está demostrando que con su programa nacional revolucionario que aquí se ha mencionado, no se llega más que a la misma bancarrota, a la misma corrupción y al mismo sistema incompetente que queremos terminar de eliminar de este país. Ese es el fondo del problema, señores de la izquierda y de la derecha. Siéntense a pensar que necesitamos cambiar los métodos de este gobierno, las fórmulas fundamentales de manejo de la economía y que la deuda externa y la deuda interna solamente son, como ya se ha señalado, una simple calentura que no nos va a resolver el problema. (Aplausos.)
El C. Presidente: - El C. diputado Jorge Amador, tiene la palabra.
El C. Jorge Amador Amador: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Muy brevemente sólo para fijar la posición de nuestra fracción parlamentaria sobre las posiciones del Partido Demócrata Mexicano y del PMT, respecto del Foro de la deuda externa.
Quiero recordarles que la famosa acusación de connivencia, que el diccionario describe como amafiamiento, desde luego no es aceptable por mi partido. Y quiero recordarles también que la iniciativa del foro no fue en esta ocasión de la mayoría de esta Cámara.
La iniciativa del Foro la presentó el Partido Socialista de los Trabajadores, con el respaldo de las demás fracciones de izquierda y debo decir también aquí con la resistencia de influyentes sectores de la mayoría priísta.
Quiero recordarles a ustedes que el foro se dirigió principalmente contra una realidad y con un propósito de cambiar esa realidad. La realidad es que el problema de la deuda, como los grandes problemas nacionales, se habían convertido en problemas de expertos y de funcionarios de alta política. Y un problema que afecta a todas las familias mexicanas, un problema que afecta a esta y a las siguientes generaciones no podía seguir siendo tratado al nivel de las cúpulas políticas y económicas de este país.
Por eso la iniciativa tenía una profunda orientación democrática y popular, y así nos explicamos nosotros que la iniciativa haya sido aceptada y adoptada por aquellos que comprendiéndola pudieron convertirla en realidad. Iba dirigida fundamentalmente a convencer a la mayoría sobre la generosidad de este procedimiento para abocarnos al problema de la deuda.
El foro ahora es una realidad, está convocado, se está comenzando a realizar; las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los centros económicos se disponen a participar en ese foro. Esto ya fue una victoria de las fuerzas nacionales y populares, no de las fuerzas socialistas todavía pequeñas en nuestro país. Insisto, de las amplias fuerzas democráticas de nuestro país.
En medio de esta situación, se da el hecho de las declaraciones desafortunadas del diputado Reyes Medrano. Por las declaraciones desafortunadas de un diputado o por las declaraciones del secretario de Hacienda, los funcionarios públicos defendieron el punto de vista del Gobierno. Y el diputado Reyes Medrano también defendiendo el punto de vista del Gobierno. ¿Hay razón suficiente para desautorizar este importante foro? Nosotros pensamos, compañeras y compañeros, que no, que hay una exageración, que hay desproporcionada sensibilidad de parte de los compañeros que se retiran del foro frente a esta circunstancia.
La historia dirá más tarde si el PDM jaló al PMT o el PMT jaló al PDM. Pero nosotros desde ahora percibimos que poner obstáculos a la realización del foro no favorece a las fuerzas progresistas. Desautorizar una decisión importante de la Cámara no es para bien de la Nación. Nosotros particularmente por la posición ideológica que tenemos frente a los señores del PDM creemos que esta iniciativa, es decir retirarse del foro, si es congruente con sus intereses. El prejuicio, como regla de la política, sí es congruente con los intereses que representa. PoR qué prejuzgar antes de realizar el foro, cuál será el resultado final del foro ¿Qué es el foro? El foro es un foro nacional, lo convoca la Cámara de Diputados como representación popular y convoca a todas las fuerzas, incluidas las fuerzas gubernamentales.
El Gobierno es una fuerza nacional, y si el Gobierno tiene ahora una posición tiene derecho de expresar esa posición, de argumentar esa posición y de defender esa posición. Pero esa posición tendrá que ser debatida en el seno del mismo foro, porque el foro está abierto a fuerzas no gubernamentales, a fuerzas como la nuestra que no coincide con los puntos de vista del Gobierno respecto a la deuda y el foro coloca las distintas posiciones a la luz pública frente a la opinión pública para que todo el pueblo juzgue las posiciones de unos y de otros, incluidas las posiciones del Gobierno.
Colocarse en un foro el Gobierno como parte de ese foro, eso es un avance democrático, tiene el sentido de un avance popular y no valorarlo, así pensamos nosotros, representa con todo respeto miopía política; nosotros reconocemos el derecho que cada fracción tiene de acertar o de extraviarse y desde luego reconocemos el derecho que los compañeros tienen de manifestar su punto de vista y de conducirse en consecuencia, pero nosotros, compañeras y compañeros, no podemos apoyar este punto de vista y pensamos nosotros que es políticamente muy equivocado, muy desafortunado. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el C. diputado Luis Orcí Gándara.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso, señor presidente: compañeros diputados: El foro de la Deuda Externa que esta Legislatura ha creado y que ha instruido y que está en proceso de llevarse a cabo, es de gran importancia para la vida política de nuestro país, todos estamos obligados a mantener una actitud plural y abierta. Este foro que se definió hace varias semanas y para el que se creó una comisión organizadora, compuesta de 31 diputados federales, ha tenido una serie de sesiones a lo largo de estos días, en las que se han definido ya, como es del conocimiento de todos ustedes, dos ciudades sedes para dos regiones del país, la primera es la ciudad de Tijuana, Baja California, el próximo viernes y sábado para la zonas de los cinco estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, y la siguiente semana, el siguiente viernes y sábado 15 y 16, en la ciudad de Toluca para los siete estados de México, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo y San Luis Potosí, y es oportunidad y serán oportunidades para que nosotros, los diputados, que es el objetivo de este foro recibamos planteamientos, escuchemos el sentir de los diferentes sectores, de las diferentes áreas del país y que podamos de esa forma conformar mejor nuestro punto de vista para lo que son las obligaciones de esta Cámara de Diputados, las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir en este sentido.
Ha habido a lo largo de las últimas semanas muchas opiniones sobre la deuda externa, todos los partidos políticos han opinado. Ha habido planteamientos de diferente índole por todos los sistemas de comunicación. Hemos tenido especial cuidado de cuidar mucho las formas, en ningún momento, por ejemplo,
en mi presentación como presidente de esa comisión, he externado mi punto de vista.
Son cosas que son normales de lo que son las responsabilidades en estos sentidos.
Se han publicado en todos los periódicos principales de las ciudades de la zona regional en donde van a ser los foros, e inclusive, a la media hora que concluya esta sesión de hoy, la Comisión Organizadora tendrá una reunión más para ultimar ya los detalles, detalles finales para efecto de la sesión de Tijuana del próximo viernes y sábado.
Yo exhorto, exhortamos a todos y apelamos a la madurez de todos los partidos y todas las personas para que entendamos de la importancia de este foro y que no dejemos de participar en un proceso tan importante para nuestra Cámara y en una visión tan clara que esta Cámara de Diputados ha hecho al respecto. Muchas gracias.
HOMENAJE A LOS FUNDADORES
DE LA FSTSE
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Monarres.
El C. Manuel Monarres Valenzuela: - Con su permiso, señor presidente; señoras y señores diputados: Al iniciar hoy las sesiones correspondientes al mes de noviembre de 1985, de esta LIII Legislatura y cuando las mismas serán presididas por un compañero diputado, ejemplo de sindicalista, los diputados federales surgidos de las filas de los trabajadores al servicio del Estado que dirige el compañero diputado Manuel Germán Parra Prado, nos permitimos solicitarles su valiosa atención y autorización, señores diputados, para recordar este día y rendir respetuoso homenaje a nuestros compañeros sindicalistas que después de una lucha ejemplar el día 2 noviembre de 1938, hicieron posible el surgimiento de nuestra Central Sindical, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, comentando que el año de 1825, por la instrucción del general Guadalupe Victoria, hay por primera ocasión la preocupación formal del Gobierno para el pago oportuno de salarios a los servidores públicos.
En 1852 el Presidente Mariano Arista ordenó que los empleados de los oficios de la Federación fuesen inamovibles y que tuvieran derecho al empleo; la Ley de Lares de 1853 incluye la remuneración y la distribución de los empleados públicos y establece un tribunal de justicia, antecedente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; también en 1853 se inicia la formación de sociedades mutualistas de los servidores públicos; en 1906, con una estructura más fuerte, surge la sociedad mutualista de los empleados públicos quienes identifican su lucha con la ideología revolucionaria de los hermanos Flores Magón; en 1917 la clase trabajadores avanza en sus aspiraciones cuando el Constituyente le otorga y define una más amplia participación, hablando ya la Constitución de reglamentar las prestaciones de los servidores públicos, pero los servidores del Estado sintieron estar al margen de las legítimas conquistas a que tenían derecho como trabajadores, situación que les permite intensificar los trabajos de organización sindical, buscando un mejor encauzamiento de sus luchas para reclamar, ya bien organizados sus derechos por ser un sector laboral permanentemente amenazado por el jefe, injustificada la reducción y cancelación de sus sueldos, pasando del aspecto meramente organizativo a la acción y práctica dentro de la actividad sindical, en 1922, cuando se forman entre otros, el Sindicato de los Trabajadores del Estado el de Maestros en Veracruz y de Limpia en la ciudad de México y surge este mismo año en Veracruz la primera huelga por el adeudo de varios meses de sueldo a los servidores públicos, destacándose en este movimiento una gran coordinación y apoyo en favor de nuestros compañeros de la Confederación de Trabajadores de México y especialmente por sus principales dirigentes, Vicente Lombardo Toledano y el compañero Fidel Velázquez Sánchez.
El más cercano antecedente de nuestra central sindical, es la Federación de Trabajadores del Estado, misma que nació fuertemente ligada a la Confederación de Trabajadores de México, teniendo como primer dirigente a un joven obrero, al compañero Joaquín Barrios Rivera.
Una de las principales metas del constituyente de la Federación Nacional, era la incorporación de los trabajadores del Estado a la Ley Federal del Trabajo, existencia de la organización sindical, problema de carácter económico y social, consideración como integrantes del proletariado nacional, unificación de los trabajadores y posición de los trabajadores al servicio del estado frente al imperialismo. La alianza de los trabajadores al servicio del Estado con el gobierno de la República, no es ocasional, la misma quedó suscrita desde la Casa del Obrero Mundial donde se formaron los batallones rojos en defensa de la revolución y el gobierno se compromete a expedir leyes en favor de los trabajadores.
El general Lázaro Cárdenas del Río, reconoce el valor de la función realizada por los servicios públicos y lo que esto ha representado para el desarrollo y la economía nacional; por ello impulsa y promulga el estado jurídico donde logra el trabajador al servicio del Estado, protección jurídica y social, así como el derecho a la sindicalización, por ello el 2 de noviembre de 1938 nace nuestra central sindical para defender los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Los servidores públicos, nos integramos en marzo de 1929 en el proyecto de Desarrollo y Justicia Social que hace posible la creación del Partido Nacional Revolucionario, fortaleciendo nuestro instituto político en 1930; con el apoyo económico de los trabajadores del Estado, participando y así desde esa época en el sostenimiento de nuestro partido, nuestra militancia
que se identifica cuando el día 2 de noviembre de 1938 bajo la Presidencia del licenciado Rafael Llamosa, la convención declara formalmente constituida la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, eligiendo como primer secretario general al compañero Francisco Patiño Cruz, del Sindicato de Comunicaciones y Obras Públicas. La característica y panorama actual de la Federación de Sindicatos, bajo la responsabilidad del diputado Parra, es que cuenta al respecto a sus principales conquistas del Gobierno Federal y el apoyo directo en las gestiones, del primer trabajador al servicio del Estado, el señor Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Situación que sirve de un impulso extraordinario en las luchas y planteamientos de los sindicatos. Al respecto total de la FSTSE a la autonomía de los comités ejecutivos.
En marzo de 1983, pertenecíamos a la Federación 70 organizaciones; y al concluir el actual período, el próximo año su número estará llegando a 100 organizaciones, con una representación de más de dos millones de trabajadores.
Nuestra central sindical participa en la casi totalidad de las actividades de la vida nacional y resulta muy satisfactoria para los trabajadores sindicalizados el que un representante nuestro, forme parte de la Comisión Intersecretarial, donde se analizan las prestaciones de nuestros compañeros.
Cabe señalar también que ante el actual trienio, la Dirección Nacional de la FSTSE, ha tenido una muy destacada participación a nivel internacional. Nuestra alianza permanente y convencida con los gobiernos revolucionarios, la sostenemos. No solamente por el antecedente histórico, por ser la decisión de la mayoría de los trabajadores que representamos y respetando la libertad que nos señalan nuestros estatutos, de participación política, somos y continuaremos siendo militantes activos y convencidos del Partido Revolucionario Institucional, por considerarlo ayer la formula para la unidad de los grupos revolucionarios y hoy la fuerza para que unidos pueblo y gobierno de México, se logren las metas de solidaridad nacional para que sea una realidad la sociedad igualitaria que anhelamos. Y todos los trabajadores al servicio del Estado, como lo desearon sus fundadores, continuar la lucha dentro de nuestras organizaciones sindicales, para ir superando de acuerdo a las posibilidades de la nación, las carencias de nuestros representados, y que de suplir modificaciones del apartado B del 123 constitucional, al que hace el Servicio Civil de Carrera, sea respetando las prestaciones que ya tiene el trabajador y ampliando aquellas que mejoren su actual situación, siendo preocupación de su actual secretario nacional el obtener para la mejor prestación de los servicios que los trabajadores ocupen dentro de la administración el mayor número de puestos de alto nivel, donde sean factores de calificación su capacidad y derechos adquiridos en el trabajo.
Ahora, 47 años después de constituida nuestra Federación, los trabajadores del Estado vivimos en un momento muy diferente al de nuestros compañeros de 1938; se tiene una organización sindical legal y formalmente constituida, con su representación surgida de la base que la conforma, y durante los tres últimos años, gracias a la alianza permanente entre los trabajadores y el gobierno, hemos podido contar en el apoyo del Presidente, quien ha dado respuesta inmediata, de acuerdo a las posibilidades del gobierno, a los planteamientos presentados por nuestro dirigente nacional, el licenciado Germán Parra Prado.
Reforma a la Ley del ISSSTE durante la LIII Legislatura, se reformó la ley y se elevaron de 14 a 20 las prestaciones a que tiene derecho el trabajador al servicio del Estado.
Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, especialmente los artículos 32, 43 y 65. Se incrementa el sueldo de los trabajadores conforme los recursos del erario, han sido incrementados nuestros sueldos, siendo motivo de especial preocupación de la dirigencia nacional y un acto total de justicia el obtener mejores prestaciones, especialmente en lo económico para los compañeros jubilados, quienes durante muchos años fueron prácticamente abandonados a su suerte.
Basificación del personal de lista de raya, logró la Federación el acuerdo del Ejecutivo Federal, para basificar en 4 años al personal de lista de raya, autorizando el señor Presidente que en tanto se lograra esa basificación, los compañeros disfruten desde principios de 1985 del mismo sueldo que el resto de los compañeros que desempeñan funciones iguales.
Nivelación del sueldo al personal médico y paramédico. La FSTSE viene brindando todo su apoyo a los sindicatos del ISSSTE, Salud, Departamento del Distrito Federal y Comunicaciones, para que los compañeros del área médica de esas instituciones lograran nivelar sus sueldos con aquellos que ya recibían el personal del Seguro Social, con desempeño de funciones similares
. Seguro de vida o retiro. Ha tenido especial preocupación la dirigencia nacional de la FSTSE en lograr la elevación de la póliza del Seguro de Vida y Retiro de los Trabajadores del Estado, situación que permitió a los familiares de nuestros compañeros que desafortunadamente fallecieron con motivo de los sismos del 19 y 20 de septiembre pasado, se les cubriera la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos a cada uno de los deudos de nuestros compañeros de trabajo.
Al rendir hoy nuestro cálido y respetuoso homenaje a los que hicieron posible la fundación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, hacemos propicio el momento para manifestar hoy en la presencia de ustedes, compañeros diputados, nuestro especial reconocimiento al Congreso de la Unión que aprobó el Estatuto Jurídico
y nuestro recuerdo especial a los diputados de la XXXVII Legislatura y particularmente a los diputados Salvador Ochoa Rentería, Fernando Amilpa, Celestino Gasca, Margarito Ramírez, Jesús Yurén, Francisco Mora Plancarte, Francisco Arellano y Rafael Molina Betancourt, que defendieron apasionadamente los derechos de los trabajadores del Estado, desde esta alta tribuna de la Cámara de Diputados, señalando al final de esta modesta intervención que la Federación de Sindicatos continuará luchando en todos los frentes y en nuestro radio de acción, ampliando al máximo los cauces democráticos de participación dentro de nuestras organizaciones sindicales, impulsando políticamente a sus sindicatos en el ámbito nacional, estatal o municipal, siendo motivo de especial preocupación hacer realidad en nuestro medio la decisión del señor Presidente de la República para que la descentralización de la vida nacional, procurando que esto se haga para el bien de México y como es la determinación del licenciado De la Madrid, cuidando que se respeten íntegramente los derechos de nuestros compañeros, los trabajadores al servicio del Estado al cumplir 47 años de iniciar formalmente su actividad en la FSTSE, aspiramos a lograr el mejoramiento económico, el incremento de nuestras prestaciones y luchamos porque se aumento el número, la cantidad y sea menor el tiempo de trámite en el otorgamiento de préstamos a corto plazo y luchamos porque el incremento en el número de viviendas construidas por el ISSSTE, así como la reducción en el tiempo en los trámites de las pensiones y jubilaciones. Muchas gracias.
SITUACIÓN QUE VIVE EL PAÍS
El. C. Presidente: - La C. diputada Cecilia Romero, tiene la palabra.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Con el permiso de la presidencia, diputados y diputadas aquí presentes: No podemos dejar pasar por alto en esta sesión, hacer un comentario importante sobre lo que se está diciendo fuera de esta Cámara de Diputados, porque en última instancia nuestra razón de ser en este Congreso es precisamente la representación de los ciudadanos mexicanos, que afuera de la Cámara se cuestionan y se preguntan: ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿De qué manera se están resolviendo los problemas en este país?
No cabe duda que en todas esas preguntas y en todas esas dudas, nos damos cuenta de que vivimos como todos lo hemos constatado una crisis de confianza. Pero esta crisis de confianza es un efecto de la situación que ya se está haciendo crónica en nuestro país. La crisis de confianza no es la causa de los problemas. La causa de los problemas es, como ya lo hemos dicho muchas veces y durante mucho tiempo, es la ineptitud y la corrupción que existen en muchas dependencias del gobierno.
Y para solucionar los problemas en este caso hay que atacar las causas y no los efectos. El Ejecutivo Federal se ha decidido a atacar los efectos y por lo pronto ha implementado una serie de programas para tratar de recuperar la confianza a toda costa. La confianza no se va a recuperar si no atacamos las causas fundamentales de esta pérdida de confianza. Es decir, para atacar el cáncer que está atacando a la sociedad mexicana, el gobierno actualmente se ha dedicado a administrar aspirinas.
Por ejemplo, en vez de pedir la renuncia de funcionarios ineptos, se han creado superestructuras de reconstrucción para maquillar estas mismas ineficiencias y por lo tanto se ha agravado el cáncer, se ha agravado la desconfianza. En vez de aceptar y organizar la participación ciudadana en la reconstrucción, se la ha obstaculizado mediante la burocratización de ayuda a damnificados que también ya aquí hemos denunciado.
En vez de agotar instancias válidas para solucionar el problema de la vivienda se ha dado un golpe a los ciudadanos expropiando, como también ya lo hemos dicho, sin cuidado y sin criterio, y se ha creado un nuevo ejército de damnificados.
En vez de comparecer ante la representación nacional en respuesta a las justas exigencias de los partidos independientes, se acude a la solución de una "comparecencia", porque es una comparecencia televisada, donde no ha habido réplica y donde solamente se ha dado "respuesta" a un pequeño porcentaje de las muchas preguntas hechas por los televidentes, esto en caso de que por buena suerte el televidente haya podido implementar la llamada telefónica, que ciertamente estuvo bloqueado el número telefónico por las miles de llamadas que los televidentes, que los candidatos quisieron hacer.
Se agrava el cáncer con las aspirinas, se agrava la desconfianza, esto se hace cuando los propietarios injustamente afectados se encuentran con que los inquilinos están siendo instruidos y manipulados para no permitirles la entrada a la casa en que tienen su vivienda y que todavía les pertenece mientras no se determine el resultado de las revocaciones que se han interpuesto.
Se agrava la desconfianza también, cuando los propios inquilinos se empiezan a dar cuenta de que no son dueños de la casa en que están habitando, de que no han entendido y se les ha fomentado el no entender cuál es el espíritu del decreto de expropiación, los inquilinos ahorita se están dando cuenta de que tienen que buscar un lote valdío cercano a su casa para que ahí se les instale una casa de campaña a la cual tendrán que irse a vivir, mientras se reconstruye la casa donde ellos estaban y entonces, posteriormente se les dará un derecho preferente para que puedan comprar la casa, quién sabe a qué costo y quién sabe si en ese lugar; los inquilinos ya están
también encontrando que no son los dueños de la casa que habitan y que no tranquilamente pueden decidirse a seguir viviendo ahí porque la expropiación ha hecho dueño de esas casas al gobierno; ya no pueden entenderse con los dueños de la casa, llegan personas de la delegación, llegan personas de SEDUE, llegan peritos, llegan otros peritos y la desconfianza y el temor se acrecienta en la ciudadanía.
También se acrecienta este cáncer con aspirinas cuando los damnificados no aceptan retirarse de los camellones frente a sus viviendas, porque saben que la policía no les está garantizando el cuidado de sus exiguas pertenencias.
Se está acrecentando la desconfianza cuando no se da respuesta concreta a los cuestionamientos sobre el destino de las erogaciones realizadas por el Fondo de la Reconstrucción, se sigue agravando la desconfianza cuando el secretario de la SEDUE afirma que aunque protesten los afectados, el pago de predios se hará a largo plazo y se hará con intereses menores a los bancarios y que no me vengan a decir nada, esto se hace así, les guste o no les guste.
Hay datos también que nos hacen realmente desconfiar de las informaciones que se nos están dando. En esa "comparecencia" que tuvo lugar el domingo, se nos ha informado que hubo 4 mil 287 muertos por el sismo, cuando todos sabemos que este número de ninguna manera es cierto, que es mucho mayor la realidad y que quizá nunca estaremos enterados de cuantos ciudadanos mexicanos, de cuántos niños mexicanos perdieron la vida en el sismo.
Cuando los funcionarios asistentes a esta "comparecencia" responden con frases grandilocuentes y evasivas y muchas veces sarcásticas a las preguntas que les hizo el público. También entonces se está grabando la desconfianza, es decir no se está ni siquiera pudiendo solucionar el problema de la falta de confianza. No se está yendo al fondo, no se están atacando las causas profundas de ineficiencia y corrupción que han propiciado como efecto, la desconfianza popular.
Otra cosa muy importante que está sucediendo aquí fuera y quienes estamos tomando nota de ello, es que se está instigando una artificial lucha entre los mexicanos, se está queriendo dividir a la población poniendo a los inquilinos contra los propietarios, a los damnificados contra los no damnificados, olvidando que todos somos mexicanos y que todos de una forma o de otra, como nación, fuimos víctimas del sismo y que para salir adelante necesitamos fundamentalmente la unión y el respecto a la dignidad de cada individuo sin importar si es inquilino, propietario, damnificado o no, porque cada quien en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra responsabilidad - y cabe decir aquí que la responsabilidad de los legisladores es muy grande- necesitamos colaborar a la superación del problema del sismo y de los problemas que se vienen ya acumulando y que el sismo ha detonado y entonces nos encontramos ahora con problemas más graves o hemos descubierto problemas que no conocíamos antes.
Es decir, para restaurar la confianza hay que ir al fondo. El cáncer no se cura con aspirinas televisadas; el mal de fondo no se alivia comentando la división y el enfrentamiento; estamos jugando con fuego al querer acallar a la opinión pública con decretos expropiatorios mal pensamos y peor implementados; estamos jugando con fuego al proporcionar información incompleta y parcial sobre el destino de los donativos; jugamos con fuego al enfrentar a los mexicanos unos contra otros; jugamos con fuego al provocar el sufrimiento de unos aumentando el de los otros.
Y es México el que sufre mientras comisiones van y comisiones vienen; es México el que sufre mientras programas se estudian y se aprueban; es México el que sufre mientras funcionarios responden a medias y presupuestos trabajan a medias. Necesitamos curar el cáncer, ir al fondo, extirpar y sanear, sólo así se recuperará la confianza con gobierno eficiente y honrado, con funcionarios comprometidos con el pueblo y no con sus patrones, con representantes de todos los mexicanos y no sólo con aquellos que por temor o por consigna se afilian a las centrales del partido en el poder. Somos, señores diputados, representantes de la nación. Aquí no hay el diputado de un distrito o el diputado de una circunscripción, todos representamos a México y a todos los mexicanos, necesitamos defenderlos pues a todos, independientemente de la situación en que vivan, por supuesto tomando especial preferencia por aquellos que más lo necesitan.
Seamos entonces dignos representantes de este gran pueblo de México; seamos capaces de curar el cáncer, eliminando la aspirina del populismo y de los discursos huecos y de los aplausos fáciles; sepamos enfrentar la realidad porque tenemos en la mano la posibilidad y la gravísima responsabilidad de cumplir con nuestra misión de corregir el rumbo; sabemos que el efecto que ha provocado el problema grave de la ineficiencia y de la corrupción y que aquí han sido denunciados por varios partidos políticos, el efecto de la falta de confianza sólo puede curarse cuando estemos dispuestos como Poder Legislativo a actuar verdaderamente cumpliendo nuestra misión y nuestra responsabilidad de ser representantes del pueblo. Seamos congruentes en esta nuestra misión. Gracias.
SOLICITUD PARA QUE SE DICTAMINE INICIATIVA
El. C. Presidente: - La C. diputada María Esperanza Morelos, tiene la palabra.
La C. María Esperanza Morelos Borja: - Señor presidente: En los términos de lo dispuesto por la fracción 16, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, solicito emplace a la Comisión de Justicia para que dictamine la iniciativa de reforma referida a la modificación de la Ley de Amparo, que en fecha del 29 de noviembre de 1984 presentó ante la LII Legislatura, la entonces diputada Florentina Villalobos de Pineda, y cuyo contenido - substancialmente- es el mismo de la que con fecha 31 de octubre de 1985 presentó la C. diputada María Aurora Munguia Archundia.
Para el caso de que se hubiera extraviado el proyecto del que hablo, me permito anexar fotocopia del Diario de los Debates. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se excita a la Comisión de Justicia para que dictamine en el menor tiempo posible.
AYUDA EXTRANJERA A LOS DAMNIFICADOS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Bribiesca. EL C. Manuel Bribiesca Castrejón: - Con su venia señor presidente; señores diputados: El 8 de octubre pasado, desde esta tribuna hice una proposición para que la Comisión de Emergencia investigara e informara sobre la ayuda no pecuniaria recibida del extranjero, motivada por el sismo del 19 de septiembre. Aquella proposición dio origen a una andanada de explicaciones, declaraciones e inclusive la comparecencia del subsecretario de la Contraloría para informar sobre la cuantía y forma de distribuir la ayuda extranjera, pero a decir verdad, aquellas explicaciones no me convencieron. En consecuencia deseando corroborar la efectividad de esos reportes hice varias visitas a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca en la cual según el subsecretario de la Contraloría, se hacían repartos de alimentos y ropas previa presentación de vales de los damnificados. El sábado 2 del actual me dirigí a la Sala de Armas donde encontré 15 trailers procedentes de los Estados Unidos con capacidad de 6 1/2 toneladas cada uno y entre ellos uno en particular estaba sellado con etiquetas autoadheribles visiblemente hechas con un sello improvisado, como la que me permito mostrar a ustedes y cuyo texto dice: 9 Kusa Our Lady of Guadalupe, México reliefe, Father Miguel Concha, Mártires de la Conquista No. 65, Tacubaya, México City, tel. 515- 20- 48. Este trailer había sido abierto. Y ante la extrañeza de que no correspondía a la ayuda enviada a las autoridades, sino a un particular me puse a buscar entre los desperdicios y encontré muchas cajas y etiquetas similares. Entre ellas y como ejemplo traigo a ustedes esta caja, en la que pude ver que seguramente un mexicano norteamericano pensó en sus hermanos de México; empacó algunas cosas en forma improvisada y con su puño y letra escribió en forma sencilla y enternecedora: send to México reliefe. Envíese a México como ayuda. Y sobre etiquetaron la remisión al Padre Concha.
Deseando investigar a fondo esta anomalía, logré localizar al Padre Concha, quien me informó que toda esa ayuda era resultado de un discípulo suyo, el padre Marshall, de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Denver, Colorado, que al enterarse de la tragedia ocurrida en México, organizó una colecta, contando con los medios de difusión de aquella ciudad, gracias a la cual el día 21, dos días después del sismo, había enviado ya a nuestro país cien mil libras de aportaciones en especie.
El padre Marshall, haciéndose eco de los México- norteamericanos que viven en Colorado, lo único que pedía era que el padre Concha se ocupara de que toda la ayuda llegara a los damnificados más necesitados. Sin embargo, no ocurrió así y así en sucesivos embarques que le hicieron los mexicanos de aquella ciudad, le pusieron muchísimas dificultades para hacer la entrega de los mismos, según pude comprobar en los basureros de la Magdalena Mixhuca, hubo envíos que no le fueron entregados.
A mayor abundamiento el Padre Concha fue informado que iban a enviarle cinco trailers más, cargados con ayuda; tres de ellos pidió que los enviaran a ciudad Guzmán, que también tenían necesidad. Espero, que los hayan recibido, los otros a la ciudad de México.
Sin embargo esa ayuda no sólo no llegó sino que fue objeto de boletín por parte de los administradores de la misma. En efecto, el día de ayer fui por la mañana a la Sala de Armas de la Magdalena, y encontré la pista llena de depósitos o botaderos con alimentos principalmente de procedencia mexicana, y en cambio en uno de los últimos botaderos había bolsas llenas de unas 20 latas cada una de procedencia americana, como cuando las viejitas hacen su guardado, o dicen las sirvientas que se llevan el bocadito para su familia.
A mayor abundamiento vi esa mañana mucha ropa americana en muy buenas condiciones, entre ellas un blazer como el que traigo puesto, pero en mejores condiciones. Cuando regresé a hacer una segunda visita ayer por la tarde, unas bolsas con latas americanas habían desaparecido, y también el blazer entre otras cosas.
En una segunda visita pude ver la irresponsabilidad criminal con que se manejaba la ayuda. Los empleados se dedicaban ya febrilmente a destruir las cajas que eran evidencia de que esa ayuda no pertenecía al departamento sino al padre Concha. Como símbolo de descuido pude ver tirado en el piso tres cuellos terapéuticos llamados Minerva, como el que estoy usando, porque los empleados, los trabajadores de ahí no sabían ni para qué era ello, y creían que se trataba de algún calcetín non o de un zapato impar. Estos cuellos valen ahorita más de 4 mil 500 pesos.
He venido a presentar esta denuncia porque a través de este mes y medio después del sismo, se ha repetido que la voluntad del donador es sagrada, que quien hace una donación en condiciones, debe tener la seguridad de que ésta se respete y en consecuencia, al disponer las autoridades de una ayuda que no era para ellas, se burlaron de la buena voluntad de cientos o miles de familias mexicanas en el extranjero. Adicionalmente resulta imperdonable también que quienes administran y distribuyen la ayuda, sean las primeras beneficiadas de ella.
Por todo lo anterior someto a esta asamblea la siguiente proposición:
Que la Comisión Especial Pluripartidista de Emergencia tome todas las providencias necesarias a fin de que se haga una vigilancia más acuciosa respecto a la distribución de la ayuda en especie, y que en caso de que se encuentren los culpables, se les persiga con todo el rigor de la ley.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1985. Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Manuel María Bribiesca Castrejón. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - La proposición que ha sido presentada, por disposición de la presidencia, se turne a la Comisión Especial.
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA PRESA DE LA BUENA MUJER
El C. Presidente: - El último orador, C. diputado Salvador Landa Hernández.
El C. Salvador Landa Hernández: - Señor presidente, señoras y señores diputados: El sismo que padecimos hace ya 45 días, cimbró no sólo las estructuras y aun los cimientos de muchos edificios, sino que cimbró, agrietó derrumbó y desnudó de paredes protectoras y encubridoras a muchos altos funcionarios públicos e instituciones del gobierno capitalino, funcionarios e instituciones que todavía antes del terremoto parecían enhiestos y fuertes.
Pero vino la catástrofe y jalando el tapete destapó, desnudó y exhibió brutalmente los viejos vicios de las instalaciones y de sus funcionarios principales, vicios que no por viejos y tradicionales, no dejaron aflorar el estupor, el miedo y la indignación popular.
Las palabras prepotencia, ineptitud, irresponsabilidad, sin razón, demagogia, arrogancia, desvergüenza, aplicadas a altos funcionarios aparecían en la prensa con la misma frecuencia que las palabras desaparecido, incendio, muerte, miedo, sangre, reconstrucción, heroísmo, deuda interna, deuda externa, moratoria, etcétera, etcétera. Y no es que con el temblor, señores diputados, se hayan iniciado estos vicios ni que el sismo los haya descubierto, pues se practicaban de antaño; fue sólo que la naturaleza los desnudó y los exhibió con toda brutalidad.
En una forma reiterada y aún repetitiva, desde esta misma tribuna, diputados de la oposición han denunciado cosas, casos, y personas que demuestran la práctica de estos viejos vicios.
El caso y la persona que desde esta tribuna voy a señalar y denunció, no es más que uno de los cientos y aún de los miles que se han dado en nuestra patria.
El martes antepasado, el gobernador del estado de Baja California Sur, Alberto Alvaro Arámburo, entregó, en la residencia oficial de los Pinos, al Presidente de la República un donativo consistente en 152 millones de pesos y 10,000 dólares que, según el decir del propio gobernador, era del producto de los donativos que el pueblo surcaliforniano aportaba al fondo de la reconstrucción.
La generosidad de los surcalifornianos siempre ha sido proverbial, parte del monto de esos 152 millones de pesos es la demostración de esa generosidad. La otra parte no es más que un saludo con sombrero ajeno. Y digo que sólo parte de ese donativo, porque han llegado ante mí ciudadanos surcalifornianos para manifestarme su enojo y su inconformidad, porque el gobernador Alvarado Arámburo dispuso indebidamente de 42 millones de pesos de un fondo popular que fue creado para la reconstrucción de la presa de la Buena Mujer, en la parte sur de la ciudad de La Paz, capital del estado. Dispuso de 42 millones que no eran de él, que eran del pueblo.
Baja California Sur es un estado que no sólo padece los problemas que le son comunes a otros estados de la República, sino que sufre en especial un problema grave que la naturaleza nos ha heredado, y es la fatal escasez de agua. Este problema se agrava por el clima mediterráneo que tenemos, a veces inclemente por la ausencia de lluvias, por el agotamiento de los mantos acuíferos y el desorden y lo indiscriminado del uso del agua, etcétera.
Hace 3 años el gobierno estatal en coordinación con el Gobierno Federal creó e instituyó un programa hidráulico llamado "Plan Hidráulico Estatal", mismo que comprende una serie de acciones y obras de infraestructura para solucionar este pequeño problema estatal.
Dentro de este plan hidráulico está la construcción de la presa de la Buena Mujer en el valle de La Paz.
La programación de esta obra despertó no solamente el interés y la esperanza de todos los surcalifornianos y en especial de los paseños, sino que también desató la generosidad del pueblo y a una invitación del mismo gobernador para crear un fondo pro construcción de la presa. Todo el pueblo acudió a hacer su donativo para la iniciación de la obra, misma que al cabo de 3 años lleva apenas un avance de un 30% por incumplimiento de compañías constructoras. Pero esto es otro asunto.
Quiero puntualizar señores diputados que no sólo no estoy en contra de la ayuda hacia el fondo de la reconstrucción, sino que quiero que esta ayuda sea pronta y laudatoria, lo que señaló y aún más, denuncio y condeno enérgicamente desde esta tribuna, es que se disponga indebidamente y se desvíe irresponsablemente dinero de un fondo que fue creado para un fin tan encomiable y tan urgente y necesario como es la ayuda al fondo de la reconstrucción.
Esos 42 millones son del pueblo que los donó para una obra que es urgente y necesaria; su desvío no lo consultó el gobernador con ellos, si el dueño de ese dinero es el pueblo surcaliforniano, él y sólo él puede disponerle otro destino distinto, insisto, amigos, la voluntad del donante es sagrada y debe respetársele siempre. Si el gobernador de Baja California Sur es tan generoso le pido yo y le piden estos surcalifornianos que él disponga de otros fondos opcionales sobre los cuales no necesita consultar ya que él si tiene facultades sobre ellos, le sugiero la transferencia de la partida de gastos del orden social que tiene el presupuesto, que es un eufemismo en el que se ocultan partidos sin comprobación.
El C. Víctor Manuel Liceaga Ruibal: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Salvador Landa Hernández: - Al final diputado... (continúa)...puede también disponer de otras partidas como la que le aplica la difusión y relaciones públicas del propio gobiernos a sus negocios particulares que los tiene, o de su propio bolsillo.
Creo, amigos diputados, que no se vale donar lo que no es propio ni saludar con sombrero ajeno.
Finalmente deseo, con mucha firmeza, que en otros estados de la República no surjan estos generosos afanes indebidos que algunos gobernadores suelen hacerlo con frecuencia. Ahora sí, con mucho gusto, señor diputado.
El C. Víctor Manuel Liceaga Ruibal: - ¿Tiene algún documento comprobatorio de lo que está diciendo del desvío de fondos?
El C. Salvador Landa Hernández: - Tengo documentos comprobatorios aparte del escrito de la petición. Yo mismo me apersoné en la ciudad de La Paz, y tuve oportunidad y se los voy a mostrar a usted en el momento en que lo requiera. Gracias.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
«Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
7 de noviembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Iniciativa del Ejecutivo
De la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Miguel Quintana Morales, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla por Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Por el que se solicita permiso constitucional necesario para que los CC. Rafael Leyva Leyva y Sandra Luz Franco Orozco, puedan prestar servicios en consulados de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. José Rafael Sánchez, pueda prestar servicios en la Embajada de Venezuela en México
Dictámenes a discusión.
De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo, relativo a la proposición del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, para que comparezca la licenciada Victoria Adato de Ibarra.
De las Comisiones Unidas de Comercio y de Marina, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Marina, con proyecto de decreto que reforma la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.»
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente nos anunciaron en la Comisión de Justicia que se iba a presentar un dictamen y no aparece en la orden del día de la próxima sesión.
El C. Presidente: - Se tomará en cuenta su proposición.
El mismo C. Presidente (a las 15:40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 7 de noviembre, a las 10:00 horas. Se pasa a sesión secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES