Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851112 - Número de Diario 37
(L53A1P1oN037F19851112.xml)Núm. Diario:37ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LIII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración local de correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D. F., martes 12 de noviembre de 1985. TOMO I. NÚM.. 37
SUMARIO
APERTURA.......................................................
ORDEN DEL DÍA............................................
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA.....................................................
BIENVENIDA A LA DIPUTADA SILVA ALVAREZ
Quien resultara lesionada en el sismo del día 19 de septiembre...
INICIATIVAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURIPARTIDISTA
El C. Sergio Armando Valls Hernández informa de las últimas actividades de la comisión citada y presenta y da lectura a las siguientes iniciativas:
Reformas y adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a comisiones................................................................
Reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Se turna a comisiones................................................
Reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para la República en materia federal. Se turna a comisiones....
Reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas. Se turna a comisiones................................................................
Reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a comisiones...
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CONTROL GENERALIZADO DE CAMBIOS
Que presenta la C. Beatriz Gallardo Macías, que establece el control indicado en el país. Se turna a comisiones...............................
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL
El C. Amado Olvera Castillo presenta reformas al artículo mencionado. Se turna a comisión...................................................
INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PLURIPARTIDISTA
En relación a este rubro tratado en esta misma sesión por el C. Diputado Valls Hernández, usan de la palabra los CC., para hechos, Gerardo Unzueta Lorenzana; para aclaraciones, Armando Valls Hernández; para hechos, Efraín Calvo Zarco; para consideraciones, Martín Tavira Urióstegui..............................................
DESALOJO DE CAMPESINOS DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
Que denuncia el C. Jorge Amador Amador, pertenecientes de la ex hacienda de Obrajuelo. Propone se haga una excitativa tendiente a la resolución de este caso. Hablan sobre el particular, en pro, el C. Ramón Danzos Palomino y, en contra, el C. Mario Niebla Alvarez. Se turna a comisión. Finalmente, para hechos, interviene el C. César Augusto del Ángel Fuentes........................................
INICIATIVAS DEL PAN RELATIVAS AL SISMO
Solicitud del C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos para que éstas, así como las proposiciones relativas, se dictaminen. Excitativa de la presidencia a las comisiones.......................................
COMENTARIO AL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURIPARTIDISTA
Por parte del C. Manuel María Bribiesca Castrejón, que rindió en esta sesión el diputado Valls Hernández...................
CAMPESINOS DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO
Llamado del C. Víctor Manuel Jiménez Osuna en relación a este asunto tratado por el diputado Amador Amador..............................
DONATIVO A DAMNIFICADOS
La C. Jarmila Olmedo de Garcilita se refiere a los provenientes del extranjero y de connacionales. A su vez, el C. Javier Paz Zarza exhorta a esta Cámara fiscalice directamente la ayuda externa.........
VECINOS DE LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO
El C. Arnoldo Martínez Verdugo da lectura a escrito de peticiones concernientes a la solución de los problemas de damnificados. Exhorto de la presidencia a la Comisión Especial. También tratan el asunto los CC. Martín Tavira Urióstegui, José Trinidad Cervantes Aguirre y Efraín Calvo Zarco.........................
COMUNICACIÓN A LOS PARLAMENTOS DEL MUNDO
El C. Juan José Bremer Martino da lectura al texto que esta Cámara les hará llegar, acerca de la solidaridad y ayuda dada a nuestro país con motivo de la destrucción sísmica...................
MINUTO DE SILENCIO
En memoria de los magistrados y los ciudadanos muertos el 7 del actual en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia. El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez propone se envíe un mensaje de condolencia. Se turna a comisión..........................
INVITACIONES
Al cuarto informe de gobierno del C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gobernador de Coahuila, el 15 del actual. Se designa comisión...................................................
Al quinto informe de gobierno del C. Antonio Toledo Corro, gobernador de Sinaloa, el 15 del presente. Se designa comisión.............................................................
OFICIOS DEL SENADO
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Para que el día 13 del actual lo haga el C. licenciado Héctor Hernández Cervantes, secretario de Comercio y Fomento Industrial, en relación al GATT. De enterado......................................
REUNIONES INTERPARLAMENTARIAS MÉXICO-ESPAÑA
Acuerdo de la Colegisladora para participar en dichas reuniones.
De enterado...........................................................
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Proyecto de la ley de referencia. Se turna a comisión...............
LEY DEL MERCADO DE VALORES
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley citada. Se turna a comisión...................
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANRURAL
Proyecto de la ley nombrada. Se turna a comisiones................
BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
Proyecto de la Ley Orgánica del banco mencionado. Se turna a comisiones............................................................
MINUTA DEL SENADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la institución citada. Se turna a comisión......................................
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO
Informe sobre la operación de las sociedades aludidas correspondientes a 1985. se turna a comisión......
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. Miguel Ángel Quintana Morales aceptar
y usar la que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.............................................................
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que autorizan a los CC. Rafael Leyva Leyva y Sandra L. Franco Orozco, para que puedan prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo y Ciudad Juárez, respectivamente, y para que el C. José Sánchez pueda hacerlo en la Embajada de Venezuela en México..................
COMPARECENCIA A NIVEL COMISIONES
El C. José Eduardo Beltrán Hernández se refiere a la proposición del PST para que compareciera el director del Banco de México. Propone se lleve a cabo en fecha posterior a la comparecencia de los secretarios de Hacienda y el de Programación y Presupuesto. Se aprueba............................
HOMENAJE A CARMEN SERDÁN
Rendido por las CC. Guadalupe López Bretón y María Luisa Mendoza Romero, en ocasión al CXII aniversario de su natalicio.....
HOMENAJE A LOS EMPLEADOS POSTALES
Rendido por el C. Oscar Aguirre López, con motivo de celebrarse hoy el día del cartero..................................................
DIPUTADOS Y DAMNIFICADOS ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL
El C. Federico Ling Altamirano informa de lo acontecido en la solicitud de audiencia al Ejecutivo............................
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima..................................................
DIPUTADOS Y DAMNIFICADOS ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL
En torno a la intervención que sobre este asunto tuvo el C. diputado Ling Altamirano, intervienen los CC. Juan Maldonado Pereda, Eduardo Valle Espinosa, Juan de Dios Colli Mas, Maldonado Pereda que propone nueva audiencia, Pedro José Peñaloza, César Augusto del Ángel Fuentes, Arnoldo Martínez Verduzco y Maldonado Pereda que reitera su propuesta. Se turna a comisión. Se levanta la sesión...............................
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ
(Asistencia de 328 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
12 de noviembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión Especial Pluripartidista.
El Congreso del Estado de Coahuila, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gobernador del Estado rendirá su cuarto informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
El Congreso del Estado de Sinaloa, invita a la sesión solemne en la que el C. Antonio Toledo Corro, gobernador constitucional del Estado, rendirá el quinto informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Comunicaciones de la H. Cámara de Senadores.
Iniciativas del Ejecutivo
De Ley de la Casa de Moneda de México.
De decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
De Ley Orgánica del Sistema BANRURAL.
Del Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Minuta
Con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe sobre la operación de la Sociedad Nacional de Crédito, correspondiente a 1985.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Miguel Ángel Quintana Morales, para aceptar y usar la condecoración por Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Rafael Leyva Leyva y Sandra Luz Franco Orozco, para que puedan prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. José Rafael Sánchez, para que pueda prestar servicios en la Embajada de Venezuela en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.
Presidencia del C. Blas Chumacero Sánchez
En la ciudad de México, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del jueves siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, con asistencia de trecientos sesenta y cuatro ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior llevada a cabo el día cinco de los corrientes.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía comunica los acuerdos tomados en relación a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que le fue turnada, enviada por el Ejecutivo de la Unión.
Los acuerdos expresan que se aplaza la elaboración del dictamen, para analizar con detalle la iniciativa. Demandar información complementaria sobre la misma e integrar un grupo de trabajo plural para aplicarse al estudio y a la redacción del dictamen. De enterado.
El C. Presidente de la República, por el debido conducto, envía iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
En virtud de que esta iniciativa ha sido ya impresa y distribuida entre los ciudadanos diputados, la secretaría, por instrucciones de la presidencia, le da el siguiente trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que el C. Miguel Ángel Quintana Morales, pueda aceptar y usar una consideración que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La propia Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario, para que los CC. Rafael Leyva Leyva y Sandra Luz Franco Orozco, puedan prestar servicios como empleados en los consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La misma secretaría antes mencionada, solicita la autorización necesaria para que el C. José Rafael Sánchez pueda prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Venezuela, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
A continuación, hacen uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados:
Gabriela Guerrero Oliveros, para hacer consideraciones en ocasión a que la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas conmemora en este día, el 68 aniversario de la Revolución de Octubre y proponer a esta Cámara, saludar a los parlamentarios del Soviet Supremo de la Unión Soviética, con motivo de la conmemoración de la Revolución de Octubre y demandar de los mismos, den su solidaridad y apoyo al llamamiento de los seis jefes de Estado y de Gobierno, para lograr la paz y el desarme total y completo. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Juan de Dios Castro Lozano, para presentar y dar lectura a una iniciativa de decreto que reforma al párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 constitucional y varios artículos de la Ley de Expropiación vigente para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola, para rendir homenaje a Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, en el LXXVIII aniversario de su heroico sacrificio.
Arturo Ruiz Morales, también para rendir homenaje al héroe Jesús García Corona, en el LXXVIII aniversario de su muerte, y proponer a nombre de la Asociación Jesús García del Estado de Sonora y del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se inscriba en este recinto parlamentario, el nombre de Jesús García Corona. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Gerardo Unzueta Lorenzana, para dar lectura a un escrito de los maestros y alumnos de la Escuela Normal Superior de México, dirigido a esta Cámara de Diputados, en el que formulas una serie de peticiones a las autoridades correspondientes a fin de resolver todos los problemas que afronta dicha escuela. Expresa que las fracciones parlamentarias del PMT, del PRT y del PSUM, hacen suyas las demandas contenidas en el documentos en cuestión. Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y de Información. Gestoría y Quejas.
Pablo Alvarez Padilla, para fundamentar y presentar una iniciativa de ley, tendiente a modificar el artículo 15 de la Ley General de Población. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
José Trinidad Cervantes Aguirre, para referirse a la muerte de un consejero de la Embajada de México en Moscú, que no ha sido debidamente aclarada, y propone que la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esclarezca debidamente este asunto. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se continúa con los asuntos en cartera:
El C. Fernando Baeza Meléndez, presidente de la Comisión de Justicia, da a conocer el informe enviado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la Secretaría de Gobernación, relacionado con los hechos a que el mismo documento se refiere.
El propio C. Fernando Baeza Meléndez, da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Justicia, relativo a la proposición presentada por el C. Manuel Terrazas Guerrero, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, para que compareciera ante esta Cámara de Diputados la C. Victoria Adato de Ibarra, Procuradora de Justicia del Distrito Federal, a fin de que informara sobre hechos relacionados con la dependencia a su cargo.
Por las consideraciones expuestas en el cuerpo del dictamen, la Comisión de Justicia somete a consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo:
"Único. No ha lugar a solicitar la comparecencia ante esta Cámara de Diputados, de la ciudadana Victoria Adato de Ibarra, Procuradora General de Justicia del Distrito Federal."
Para dar lectura a un voto particular en contra del dictamen, interviene el C. Genaro José Piñeiro López, miembro de la Comisión Dictaminadora.
A discusión el dictamen.
Hacen uso de la palabra, en contra el C. José Luis Sánchez González, en pro el C. Francisco Berlín Valenzuela, en contra el C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en pro la C. María Luisa Mendoza Romero, en contra el C. José Luis Díaz Moll, en pro el C. Juan Antonio Araujo Urcelay, en contra el C. Manuel Terrazas Guerrero, en pro la C. Elvia Lugo Becerril, en contra el C. Pablo Alvarez Padilla, en pro el C. Néstor Raúl Luna Hernández, en contra el C. Federico Fernández Fariña, en contra el C. Demetrio Vallejo Martínez, en pro el C. Melquiades Morales Flores, para hechos los CC. Jorge Alcocer Villanueva y Gregorio Macías Rodríguez, en contra el C. Ricardo Francisco García Cervantes, para hechos los CC. Reyes Fuentes García y Heberto Castillo Martínez, en pro el C. Renán Solís Avilés, en contra el C. Enrique Gabriel Jiménez Remus, para hechos el C. José Ángel Conchello Dávila, en pro el C. Juan José Castillo Mota, para hechos el C. Alejandro Gascón Mercado, en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano, en pro el C. David Jiménez González, para hechos el C. Eduardo Valle Espinosa, en contra la C. Rosario Ibarra de Piedra, en pro el C. Santiago Oñate Laborde, quien contesta interpelaciones del C. Santiago Oñate Laborde, quien contesta interpelaciones del C. Eduardo Valle Espinosa, para hechos los CC. Pablo Ventura López y Genaro José Piñeiro López.
La secretaría, por instrucciones de la presidencia da lectura a una proposición suscrita por el C. Pablo Alvarez Padilla y cinco diputado más a fin de que el dictamen en discusión sea devuelto a comisión para un nuevo estudio y resolución.
La asamblea en votación económica y por mayoría no admite la proposición y en consecuencia se da por desechada.
Suficientemente discutido el dictamen, a petición de las fracciones parlamentarias del PAN, PSUM, y PRT, se procede a la votación nominal del mismo, resolutivo, por doscientos quince votos en pro, cincuenta y dos en contra y diez abstenciones.
El C. Javier Paz Zarza protesta el resultado de la votación.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Dictamen con proyecto de decreto presentado por las comisiones unidas de Marina y de Comercio, que reforma la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate en votación nominal a prueba por doscientos veintitrés votos en pro y cinco abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Las comisiones unidas de Marina y de Comunicaciones y Transportes suscriben un dictamen con proyecto de decreto, que reforma el artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana. es de segunda lectura.
A discusión el artículo único de que consta el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por doscientos veintisiete votos a
favor y dos abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La secretaría de lectura a un dictamen signado por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, relativo a la proposición del C. Carlos Arturo Acosta González, miembro de la diputación del Partido Acción Nacional, a fin de que comparezca ante esta Cámara el C. secretario de desarrollo Urbano y Ecología Guillermo Carrillo Arena, a efecto de que informe sobre asuntos relacionados con la Secretaría a su cargo.
El dictamen en cuestión concluye con un punto resolutivo que determina que con base en lo expuesto y fundado en el cuerpo del mismo, la comisión decide realizar en lo inmediato, un cambio de impresiones con el C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en el pleno de la misma comisión. A discusión el punto resolutivo.
Con una aclaración del C. Manuel Terrazas Guerrero sobre el particular, en votación económica se aprueba el punto resolutivo.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las veinte horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes doce de noviembre, a las diez horas.»
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
BIENVENIDA A LA DIPUTADA SILVA ALVAREZ
El C. Presidente: -Esta presidencia toma nota de la presencia de la compañera diputada del Partido Acción Nacional, María Esther Silva Alvarez, quien resultara lesionada el pasado 19 de septiembre.
Nos complace que esté nuevamente con nosotros, le damos la más cordial bienvenida. (Aplausos.)
Continúe la Secretaría
INICIATIVAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURIPARTIDISTA
EL C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Sergio Armando Valls.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Honorable Asamblea: Procedo a dar cuenta de las últimas actividades de la Comisión Especial Pluripartidista, creada con motivo de la secuela de los sismos de septiembre pasado.
«Honorable Asamblea: A nombre de la Comisión Especial Pluripartidista me permito informar a usted que el pasado 18 de octubre, con el Subsecretario de la Contraloría General de la Federación, Robles Segura, realizamos un recorrido por centros de acopio y distribución de donativos en especie así como una visita al albergue ubicado en el deportivo Venustiano Carranza.
En primer lugar fuimos al almacén de medicamentos, materiales de curación y equipo médico del Departamento del Distrito Federal, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, percatándonos de que existe un control de inventarios y una mecánica operativa ágil para la distribución de este tipo de material. Encontramos que los medicamentos que así lo requieren se encuentran concentrados en áreas refrigeradas. Inmediatamente después nos trasladamos a la Sala de Armas en la Magdalena Mixhuca, en donde en esos momentos se realizaba la clasificación de ropa, víveres y artículos diversos para proceder a su distribución a personas que resultaron damnificadas. La distribución se efectúa con base en censos y trabajos de servicio social y mediante el reparto anticipado de vales por los administradores o representantes de los albergues y campamentos de los damnificados. Así también nos fue comunicado que se ha enviado apoyo a zonas damnificadas se los estados de Jalisco, Guerrero y Michoacán. Nos fue informado que en el Distrito Federal se ha distribuido esta ayuda a esta fecha, a los 73 campamentos y 125 albergues que existían en ese día.
También hicimos una visita al centro de almacenamiento de herramientas, maquinaria y vehículos, ubicado en la calle de Xocongo, donde nos fue informado que a esa fecha existía aproximadamente el 5% del total de la ayuda recibida, lo que indicaba que se había distribuido el 95% del total.
Finalmente, acudimos al albergue del deportivo Venustiano Carranza, en donde se nos explicó el sistema operativo para montar distintos tipos de casas de campaña y la dotación de servicios indispensables por parte de las autoridades de la Delegación correspondiente. En este albergue encontramos casas de campaña donadas por Estados Unidos, Hungría e Israel, en un número aproximado de 156.
Por otra parte, informo a esta soberanía que el viernes 25 de octubre, por segunda ocasión y a solicitud expresa de la Comisión compareció ante el seno de la misma el C. Contador Público Raúl Robles Segura, Subsecretario B de la Contraloría General de la Federación con objeto de actualizar la información sobre la procedencia y aplicación de donativos en especie y proporcionar datos sobre donativos en efectivo.
Por lo que se refiere a donativos en especie el C. Subsecretario proporcionó información al 22 de octubre , señalando que a esa fecha habían arribado 252 vuelos, distribuyéndose por destinatarios en 100 vuelos para la Cruz Roja, 85 para el Gobierno Federal, 41 a embajadas y 26 a particulares, procedentes todos ellos de distintos países.
En lo que toca a envíos terrestres y sus destinatarios expresó que el 16 de octubre
Se habían recibido 35 envíos, procediendo 29 de Estados Unidos y 6 de nuestro país. Los destinatarios de esos envíos terrestres fueron el Gobierno Federal en número de 17, particulares en número de 16 y la Cruz Roja Mexicana
El detalle de los donativos recibidos tanto por cía aérea como terrestre, a que se ha hecho mención, se contienen en el anexo que fue entregado a la Presidencia de esta Comisión Especial y que está a disposición de cualquier ciudadano diputado que desee consultarlo o ampliar la presente información.
En lo que toca a donativos en efectivo, el Contador Público Robles Segura nos hizo saber al 18 de octubre, habían ingresado 16,341 millones, 612,727 pesos, de los cuales habían sido entregados a esta fecha 2,500 millones de pesos, por lo que se registraba un saldo de 13,841 millones 612,727 pesos. La procedencia de dichos donativos en pesos mexicanos se detalla en anexo entregado a la Presidencia de la Comisión y que está a disposición de esta asamblea.
Por otra parte, en moneda extranjera, al 18 de octubre se habían recibido donativos por 3 millones 644,839.40 dólares, cuya procedencia se detalla en el documento anexo.
La aplicación de los donativos en moneda nacional, por un importe de 2,500 millones de pesos se desglosa en dos grandes rubros, correspondiendo 1,500 millones en entrega para instalaciones hospitalarias y 1,000 millones (un mil millones) para la reconstrucción de instalaciones educativas.
Es de hacerse notar que esta segunda comparecencia del contador Robles Segura en el seno de la comisión, ratifica la disposición que ha habido del Ejecutivo Federal para mantener informada a esta soberana asamblea del manejo de los donativos especie y en efectivo. El subsecretario Robles Segura contestó con amplitud las preguntas que le fueron formuladas por los ciudadanos diputados representantes de los distintos partidos que integran esta honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, el jueves 7 de noviembre en curso, la Secretaría de la Contaduría General de la Federación, envió actualizada la información de los donativos en especie recibidos al día 6 de noviembre, así como la documentación relativa a los envíos remitidos a un sacerdote de apellido Concha, explicando al mismo tiempo la situación de referencia. Ambos documentos se ponen a disposición de los ciudadanos diputados que deseen consultarlos.»
Solicito permiso a la presidencia para dar lectura a un documento relacionado con una propuesta de la fracción parlamentaria de mi partido.
El C. Presidente: - Lo tiene, señor diputado.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Los abajo firmantes diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la Comisión Pluripartidista, hemos elaborado las iniciativas de reformas y adiciones de ley que a continuación enumeramos, con motivo de los terremotos acaecidos los días 19 y 20 del mes de septiembre pasado:
Primero. Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos.
Segundo. Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Tercero. Iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Cuarto. Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas.
Quinto. Incitativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Las iniciativas enunciadas creemos responden a los aspectos prioritarios del documentos programático que en su oportunidad fue elaborado por la Comisión Especial Pluripartidista, y aprobado por el Pleno de esta Cámara.
Las iniciativas anteriormente mencionadas se adjuntan a fin de que sean turnadas para el análisis correspondiente a las comisiones respectivas para los trámites a que haya lugar. Atentamente.
Firman este documentos: su servidor, así como la diputada María Emilia Farías, Adrián Mora, Gilberto Nieves, Fernando Ulibarri, Juan José Bremer, Miguel Osorio Marbán, Guillermo Fonseca Alvarez, Alonso Aguirre Ramos, Rafael García Anaya, Blas Chumacero Sánchez, Santiago Oñate Laborde, Javier Garduño Pérez, Luis Donaldo Colosio, Luis Orcí Gándara, Manuel Germán Parra Prado, Jesús Alcántara Miranda, Guillermo Altamirano Conde, Fernando Baeza y Antonio Brambila Meda.
Señor presidente, solicito su autorización para dar lectura a las iniciativas de referencia.
El C. Presidente: - Tiene el permiso, señor diputado.
El C. Sergio Armando Valls Hernández:
«Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos.
Los graves acontecimientos recientes que provocaron un estado de desastre en grande zonas de la capital de la República Mexicana y en otras ciudades de gran densidad demográfica, acreditaron la ausencia de preceptos específicos en la legislación en materia de Asentamientos Humanos para casos de emergencias urbanas, haciéndose necesaria su adecuación para prever tanto la protección de zonas deterioradas por causas de fenómenos naturales o producidos artificialmente, cuanto la reordenación de los centros de población congestionados o expuestos a riesgos que ponen en peligro la vida, la salud o los bienes de sus habitantes, debiéndose propiciar la descentralización o desconcentración de
Las grandes urbes. Se proponen para estos casos, con la presente iniciativa, modificaciones a los artículos 14 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Legislar, en los momentos de crisis, significa también tomar la adversidad como oportunidad de cambio y circunstancia de superación en tanto que enfrentamos a la urgencia de adoptar medidas trascendentes que acerquen los servicios y oportunidades a las ciudades medias y que aseguren la preservación y aprovechamiento correcto de las tierras, aguas y bosques, para dar a los mexicanos de obtener suelo para vivienda digna en un marco ecológico equilibrado.
La distribución inequitativa de los recursos materiales y financieros y de la actitud pública y privada en el territorio nacional, es un fenómeno que demanda una acción decidida por la sociedad en su conjunto, sus efectos negativos se reproducen en todos los aspectos de la vida política, económica y social, incluyendo las formas de pensamiento y de la cultura. El gigantismo urbano y la irracional subutilización y abandono de amplias regiones del territorio, son sólo algunas de las expresiones del centralismo que entorpecen e impiden el aprovechamiento pleno de los recursos humanos y materiales.
Las adiciones que se proponen a la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de descentralización nacional, buscan acelerar este proceso entendido como responsabilidad conjunta de los sectores público, social y privado. Con tal propósito se establecen las bases a las que deberán sujetarse las acciones en ese sentido se realicen, preservando siempre el régimen Democrático, republicano y representativo y fortaleciendo al municipio libre.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete en consideración del H. Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Reformas y adiciones a la
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Artículo primero. Se reforman el artículo 14 del capítulo II y el artículo 33 del capítulo IV, para quedar como sigue:
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
I. Implementar y conducir las políticas generales de asentamientos humanos. urbanismo, vivienda y ecología.
II. a la XIII. Sin modificación.
Artículo 33. El mejoramiento es la acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente de un centro de población.
Para la ejecución de acciones de mejoramiento...
I a V. Sin modificación.
VI. Concurrir a la protección de las zonas deterioradas por causas de fenómenos naturales o producidos artificialmente, que pongan en peligro inminente la salud o la vida de la población, así como sus bienes.
VII y VIII. Mismos textos de las fracciones VI y VII vigentes, respectivamente.
Artículo segundo. Se adiciona el capítulo IV, con el artículo 33-bis, para quedar como sigue:
Artículo 33-bis. La descentralización nacional es responsabilidad de los sectores público, social y privado, y se sujetará a las bases siguientes.
I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal revisarán de manera permanente sus atribuciones, funciones y programas, a fin de determinar las acciones que hagan posible su descentralización.
II. En materias concurrentes o de interés común, el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados podrán celebrarse convenios para tal efecto.
III. Los sectores social y privado concurrirán a la descentralización nacional, inseminando sus acciones en los programas regionales que al efecto se elaboren.
IV La descentralización nacional tenderá a preservar y perfeccionar el régimen democrático, republicano, federal y representativo y a fortalecer al municipio libre; por ello todas las acciones que se emprendan para su realización se fundamentarán en la coordinación, la concertación y la inducción de acciones.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.»
Atentamente.
Diputados Sergio Valls Hernández, María Emilia Farías Mackey, Adrián Mora Aguilar, Gilberto Nieves Jenkin, Fernando Ulibarri Pérez, Juan José Bremer Martino, Miguel Osorio Marbán, Guillermo Fonseca Alvarez, Alonso Aguirre Ramos, Rafael García Anaya, Blas Chumacero Sánchez, Santiago Oñate Laborde, Javier Garduño Pérez, Luis Donaldo Colosio M., Luis Orcí Gándara, Manuel Germán Parra Prado, Jesús Alcántara Miranda, Guillermo J. Altamirano Conde, Fernando Baeza Meléndez, Antonio Brambila Meda.»
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y Especial Pluripartidista.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Procedo a dar lectura, a la siguiente
«INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSIDERANDO
Que el proceso de urbanización que ha vivido la ciudad de México, particularmente a raíz de la conflagración mundial de los años cuarentas, es producto en buena medida, tanto del crecimiento natural de la población cuanto de movimientos migratorios del campo a la ciudad.
Que el crecimiento urbano no había sido encauzado conforme a un plan previo. Su localización más intensa en unas cuantas ciudades, es el reflejo de la desigualdad regional del crecimiento económico de México. Estas desigualdades dan lugar a la formación de grandes urbes, en donde se pierde la identidad del ser humano, convirtiendo a estas zonas de deterioradas en su medio ambiente.
Que por la construcción de grandes edificios, en donde se pueden albergar a un mayor número de usuarios, y en los que por prácticas viciosas en la construcción, se violan las más elementales normas ecológicas y de edificación, se han convertido estos edificios en un peligro para sus moradores, como recientemente se pudo constatar en la capital de la República.
Por lo que debe adecuarse la legislación en materia de desarrollo urbano del Distrito Federal, con objeto de prever la obligatoriedad del Seguro de Vivienda Contra Siniestros o malas construcciones.
Que se considera necesario incluir en la ordenación y regulación del desarrollo urbano y ecológico, la protección para el reestablecimiento del territorio y la salvaguarda del bienestar de sus habitantes frente a desastres naturales o artificialmente producidos.
Así también, se otorgan facultades expresas al Departamento del Distrito Federal para enfrentar con eficacia y celeridad los casos de desastre. Para ese efecto, el Departamento del Distrito Federal estará en posibilidad de identificar, clasificar y evaluar las calamidades públicas; coordinar las acciones para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y proceder a la rehabilitación urbana.
Que es pertinente, adicionar la atribución del Departamento del Distrito Federal para la celebración de contratos y bases de coordinación o entendimiento para el desarrollo urbano y ecológico con los sectores público, social y privado.
Que es recomendable la inclusión en el programa director de los elementos para elaborar el inventario de inmuebles disponibles que propicien la solución de problemas de salud, beneficencia pública, cultura, recreación o cualquier otra utilización para fines públicos.
Que se deberá incorporar en el proyecto de programa parcial el inventario de los muebles disponibles para vivienda popular y de interés social e insertar a los sectores social y privado como promoventes de proyectos de programas parciales.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de reformas y adiciones a
LA LEY DE DESARROLLO URBANO
DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma y adiciona el capítulo I en sus artículos 2o, 3o., 5o., 6o., 6o. bis y 11 para quedar como sigue:
Artículo 2o. Se declaran de utilidad pública e interés social la planeación, ordenación y regulación del desarrollo urbano y la ecología en el territorio del Distrito Federal, así como la determinación de sus usos, reservas y destinos.
Artículo 3o. La ordenación y regulación del desarrollo urbano y la ecología del Distrito Federal, tendrán a:
I. Preservar y mejorar el medio ambiente.
II.............................................................................
III............................................................................
IV.............................................................................
V..............................................................................
VI.............................................................................
VII............................................................................
VIII...........................................................................
IX.............................................................................
X..............................................................................
XI. Procurar que todos los habitantes del Distrito Federal puedan contar con una vivienda digna.
XII. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración y aplicación de los programas de vivienda.
XIII. Desalentar los asentamientos humanos irregulares en su territorio.
XIV. Proteger y regenerar los elementos naturales de su territorio, así como salvaguardar el bienestar de sus habitantes frente a desastres producidos natural o artificialmente.
Artículo 5o. El jefe del Departamento del Distrito Federal será la autoridad competente para planear y llevar a cabo el desarrollo urbano. Procurar el equilibrio ecológico y determinar los usos, reservas y destinos del territorio y sus elementos.
Artículo 6o...................................................................
I. Integrar el programa director para el desarrollo urbano.
II.............................................................................
III............................................................................
IV.............................................................................
V. Celebrar contratos, convenios y bases de coordinación o de entendimiento para el desarrollo urbano y la protección del medio ecológico.
VI.............................................................................
VII............................................................................
VIII. Participar en la elaboración de los programas sectoriales de desarrollo urbano y de vivienda.
IX.............................................................................
X..............................................................................
XI.............................................................................
XII............................................................................
XIII...........................................................................
XIV............................................................................
XV. Participar en la operación administrativa del sistema nacional de suelo y reservas territoriales.
XVI. Elaborar un programa permanente de protección y restablecimiento urbano para casos de desastre.
XVII. Determinar, en su territorio, las áreas de desarrollo urbano y conservación ecológica, dividiéndolo en zonas con el fin de asignar en ellas los destinos, usos y reservas.
Artículo 6o. -bis. El Departamento del Distrito Federal, en casos de desastre deberá:
I. Identificar, clasificar y evaluar las calamidades que se presenten dentro de su territorio.
II. Coordinar las acciones tendientes a la protección de la vida y bienes de sus habitantes, así como el rescate de quienes se encuentran en peligro.
III. Tomar las medidas necesarias para la rehabilitación urbana.
IV. Ejercer las atribuciones que en la materia le confiere la ley y las demás disposiciones legales.
Artículo 11. Los notarios...
No se podrá registrar ningún acto, contrato o afectación que no se ajuste al programa director a las declaratorias de usos, destinos y reservas en vigor. En caso de contravención a esta disposición, el Departamento del Distrito Federal cancelará las inscripciones así realizadas y aplicará las sanciones correspondientes.
Artículo segundo. Se reforma y adiciona el capítulo II en sus artículos 15, 17, 22, 24, 26, 30 y 36, para quedar como sigue:
Artículo 15. El programa director contendrá:
I. Las determinaciones relativas a:
a)............................................................................. b)............................................................................. c) Las políticas encaminadas a lograr una relación conveniente entre la oferta y la demanda de vivienda, así como las de constitución de reservas territoriales para vivienda popular.
d)............................................................................. e)............................................................................. f)............................................................................. g)............................................................................. h)............................................................................. i)............................................................................. j)............................................................................. k)............................................................................. l)............................................................................. m)............................................................................. n).............................................................................
II.............................................................................
III. Las estipulaciones que correspondan a las bases de coordinación o convenios que llegue a celebrar el Departamento del Distrito Federal con:
a) Las entidades federativas, las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como instituciones de los sectores social y privado, para la solución de problemas que afecten el desarrollo urbano y la ecología.
b).............................................................................
Artículo 17. El programa director contendrá la información que se proporcionará a las autoridades para:
I..............................................................................
II.............................................................................
III............................................................................
IV.............................................................................
V..............................................................................
VI.............................................................................
VII............................................................................
VIII. Elaborar el inventario de inmuebles disponibles para vivienda popular.
IX. Elaborar el catálogo de inmuebles para ser utilizados en la solución de problemas de salud, beneficencia pública, cultura, recreación o cualquiera otra finalidad pública.
Artículo 22. Una vez aprobados... Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que no gestionen la publicación e inscripción del programa, previstas en el párrafo anterior.
Artículo 24. Los anteproyectos de programas parciales, presentados al Departamento del Distrito Federal, deberán reunir los requisitos que señale el reglamento respectivo y podrán ser propuestos por:
I..............................................................................
II.............................................................................
III............................................................................
IV.............................................................................
V..............................................................................
VI.............................................................................
VII............................................................................
VIII...........................................................................
IX Los miembros de los sectores social y privado.
Artículo 26...................................................................
I a la VIII....................................................................
IX. En inventario de inmuebles disponibles para vivienda popular y el catálogo de inmuebles para ser utilizados en la solución de problemas de salud, beneficencia pública, cultura, recreación, o cualquiera otra finalidad pública.
Artículo 30. Los programas parciales podrán ser modificados o cancelados cuando:
I..............................................................................
II.............................................................................
III............................................................................
IV.............................................................................
V. Por causas de fuerza mayor, lo solicite la mayoría de los propietarios de los inmuebles afectados o sus causahabientes .
VI.............................................................................
Artículo 36. Todas las obras, construcciones, explotaciones, utilización de inmuebles y otras actividades consideradas en el programa director o en las declaratorias correspondientes, deberán sujetarse a lo dispuesto en dicho programa o declaratorias, así como a lo que determinen las disposiciones reglamentarias.
No se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión si no se da cumplimiento a lo que dispone el párrafo anterior. Los que se otorguen en contravención a las leyes, reglamentos, programas o declaratorias, serán nulos sin perjuicio de sancionar a los servidores públicos responsables.
Artículo tercero. Se reforma el capítulo III en su artículo 75, para quedar como sigue:
Artículo 75. Las autorizaciones de vivienda plurifamiliares y conjuntos habitacionales contendrán las siguientes menciones:
I..............................................................................
II.............................................................................
III............................................................................
IV.............................................................................
V..............................................................................
VI.............................................................................
VII. Constancia de haber asegurado los inmuebles contra siniestros o malas construcciones.
Artículo quinto. Se reforma el capítulo IV en su artículo 92, para quedar como sigue:
I. ............................................................................
II. Multa de 100 veces hasta 1000 veces al importe del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
III. ..........................................................................
VI. ...........................................................................
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto
Tercero. Cuando en esta ley se refiera a los planes, se entenderá a los programas que prevé la Ley de Planeación, y en cuanto a las unidades administrativas adscritas al Departamento del Distrito Federal serán las competentes a su Ley Orgánica y Reglamento Interior.
Cuarto. Los artículos 63 y 83 de esta ley que se refieren a tarifas o aportaciones económicas deberán ajustarse a valores actualizados.
México, D.F., 12 de noviembre de 1985.
Atentamente
Diputados: Sergio Valls Hernández, María Emilia Farias Mackey, Adrián Mora Aguilar, Gilberto Nieves Jenkin, Fernando Ulibarri Pérez, Juan José Bremer Martino, Miguel Osorio Marbán, Guillermo Fonseca Alvarez, Alonso Aguirre Ramos Rafael García Anaya, Blas Chumacera Sánchez, Santiago Oñate Laborde, Javier Garduño Pérez, Luis Donaldo Colosio M., Luis Orcí Gándara, Manuel Germán Parra Prado, Jesús Alcántara Miranda, Guillermo J. Altamirano Conde, Fernando Baeza Meléndez, Antonio Brambila Meda. »
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, del Distrito Federal, y Especial Pluripartidista.
El C. Sergio Armando Valle Hernández: - Procedo a dar lectura a la siguiente
«INICIATIVA DE REFORMAS AL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA COMÚN
Y PARA TODA LA REPÚBLICA
EN MATERIA FEDERAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 19 de septiembre las fuerzas de la naturaleza sacudieron violentamente nuestro territorio nacional, dejando una secuela de dolor y de conmoción en todo el pueblo de México. Una vez más nuestra nación pudo experimentar, conmovedoramente, los valores más acendrados de los mexicanos ante situaciones de crisis: la solidaridad, el nacionalismo, la reciedumbre de su carácter y lo indómito de su espíritu. fueron sólo algunas de las prendas que nuestros compatriotas refrendaron en los momentos más severos después del trágico acontecimiento.
La experiencia que hemos vivido hizo aflorar, asimismo, las bases inconmovibles de nuestro Estado social de derecho: México y el mundo atestiguaron que los poderes de la República y las instituciones emanadas de nuestra Constitución, demostraron que su razón de ser está en la entraña del pueblo, al que sirvieron sin reserva, poniendo en juego toda su capacidad y recursos para contender con las consecuencias del movimiento telúrico.
El Poder Legislativo de la Unión fue sensible ante los mencionados acontecimientos, dictando una serie de medidas solidarias y de corresponsabilidad con los demás poderes públicos. Entre estas medidas se puede destacar la creación inmediata de una Comisión Especial Pluripartidista cuyo objetivo sustancial ha sido el de hacer acopio de la información necesaria acerca de las consecuencias de la tragedia pasada y formular las proposiciones pertinentes para que dentro de su competencia, la Cámara decida las medidas legislativas necesarias.
De la información que esta Cámara obtuvo a través de a referida comisión especial, se puede concluir que había varios aspectos prioritarios sobre los cuales el Congreso debía legislar, no sólo para ayudar a quienes sufren los efectos del sismo pasado, sino a todos los que en el futuro puedan padecer la severidad de algún otro siniestro.
Una de las materias sobre las cuales deben introducirse modificaciones para proteger la
seguridad de las personas por los efectos del derrumbe de edificios, es la referente a las garantías y acciones que hasta ahora son exclusivas del vecino de una propiedad que, por su mal uso, ponga en peligro la seguridad de los predios contiguos y, en consecuencia, la de sus propios ocupantes, materia que está contenida en el artículo 837 del Código Civil objeto de esta iniciativa.
Esta materia ya se encuentra regulada en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sin embargo, el Código Civil, en las disposiciones que más adelante se señalan, debe modificarse con el propósito de que la acción correspondiente pueda ser ejercitada no sólo por los arrendatarios o propietarios del predio vecino, sino además, por los ocupantes, cualquiera que sea su carácter como poseedor. Asimismo, por la importancia del interés jurídicamente tutelado, se estima necesario que, en ausencia de parte interesada, el Ministerio Público como representante de la sociedad, pueda ejercer la acción legal correspondiente a efecto de evitar un eventual peligro.
Al supuesto al que el Código Civil se refiere en su artículo 837, debe agregarse aquellos que se refieran al peligro de un edificio que ha sufrido deterioros por el transcurso del tiempo, no obstante que haya sido construido observando las reglas de edificaciones correspondientes, pues dichos deterioros pueden amenazar la seguridad física de sus ocupantes, vecinos y de la población en general.
En vista de que un número importante de ciudadanos del Distrito Federal satisfacen sus necesidades de vivienda mediante el arrendamiento de fincas urbanas, debe introducirse las prevenciones necesarias a fin de garantizar eficazmente la seguridad de los arrendatarios, respecto de los deterioros que los inmuebles arrendados sufran por negligencia de sus propietarios. Al respecto, se propone incluir, en el artículo 2412, la obligación del arrendador de cuidar su buen uso y mantenimiento y, en su caso, para que realice las reparaciones y modificaciones necesarias conducentes a garantizar la seguridad de quienes ocupen las habitaciones de que se trate.
Por lo que corresponde a la reforma al artículo 2416, se ha considerado conveniente incluir el supuesto de la obligación, derivada de las reparaciones para garantizar la ya referida seguridad de los ocupantes de un inmueble arrendado.
Por último y en el supuesto de hacer obligatorios peritajes periódicos para verificar el buen estado y la condición de las construcciones es pertinente introducir modificaciones en materia de registro público de la propiedad para que se prevea la obligación de anexar a las escrituras por las que se transmita la propiedad de un inmueble la información concerniente al peritaje
Por las consideraciones anteriormente expresadas, se presenta ante vuestra soberanía el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUE SE INDICAN DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 837, 2412 2416 y 3042 para quedar como sigue:
Artículo 837. El propietario o poseedor de un inmueble tiene derecho a ejercer las acciones que procedan para impedir que, por el mal uso o el deterioro de la propiedad del vecino, se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habiten, ocupen o laboren en él.
Esta acción podrá ser ejercida por los inquilinos de una propiedad que por su mal Estado represente peligro a su seguridad.
En los supuestos a que se refiere los párrafos anteriores. El Ministerio Público podrá ejercitar la acción correspondiente.
Artículo 2412. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso.
1-.A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias en el estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso para aquél a que por su misma naturaleza estuviere destinada;
II. A conservar la cosa arrendada en el mismo estado, durante el arrendamiento haciendo para ello las reparaciones necesarias:
III. A cuidar por el buen uso, mantenimiento y, en su caso, realizar las modificaciones necesarias para garantizar la seguridad del arrendatario y de los ocupantes del inmueble;
IV. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.
V A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato, y
IV. A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento.
Artículo 2416. Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinada la cosa o para garantizar la seguridad de los ocupantes derivada del buen estado del bien arrendado, que dará a elección del arrendatario, rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al cumplimiento de su obligación mediante el procedimiento rápido que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 3042................ I............................
II...........................
III................
IV.................
No se inscribirán las escrituras en las que se tramita la propiedad de un inmueble en arrendamiento, a menos de que en ellas conste expresamente que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 2448 fracción I y 2448 J. de este Código en relación con el derecho del tanto correspondiente al arrendatario.
Tampoco se inscribirán en caso de que no se exprese la información relativa al peritaje actualizado sobre el estado material del inmueble.
México D. F. a 12 de noviembre de 1985.
Atentamente.
Diputados: Sergio Valls Hernández, María Emilia Farias Mackey, Adrián Mora, Aguilar, Gilberto Nieves Jenkin, Fernando Ulibarri, Pérez Juan José Bremer Martino, Miguel Osorio Marbán, Guillermo Fonseca Alvarez, Alonso Aguirre Ramos, Rafael García Anaya Blas Chumacero Sánchez Santiago Oñate, Laborde, Javier Garduño Pérez, Luis Donaldo Colosio M., Luis Orcí Gándara Manuel, Germán Parra Prado, Jesús Alcántara Miranda, Guillermo J. Altamirano Conde, Fernando Baeza Meléndez, Antonio Brambila Meda>
El C. Presidente: Trámite.- Túrnese a las comisiones unidas de justicia del
Distrito Federal y Especial Pluripartidista.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Procedo a dar lectura a la siguiente
CONSIDERANDO:
Que con el propósito de evitar dentro de lo previsible, la destrucción o deterioro de edificios públicos y de las obras públicas en general como consecuencias de fenómenos naturales como los ocurridos en la ciudad de México y en otras zonas del país el pasado mes de septiembre, es necesario incorporar dentro del Capítulo IV, del Título Segundo de la Ley de Obras Públicas, disposiciones que establezcan con precisión la obligación de cumplir requisitos mínimos de orden técnico, que se requieran en la ejecución de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por administración directa o por contrato
Que con la inclusión de las disposiciones mencionadas se perfeccionará el sistema de las obras públicas, al obligar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal como los particulares que intervengan como contratistas, a cumplir con normas y especificaciones que garanticen la seguridad y calidad de las mismas, estén contenidas o no en los contratos respectivos evitándose así dichas normas sean fácilmente conculcadas por estar previstas en disposiciones administrativas expedidas por la dependencia competente en esta materia.
Que a través de la experiencia administrativa se han observado deficiencias en la interpretación y aplicación de la ley en lo que se refiere a la impuntualidad que establece respecto de la resolución que contiene el fallo mediante el cual se adjudique un contrato, por lo que es aconsejable que se adicione la disposición correspondiente del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley, para precisar la procedencia de la acción de nulidad en contra de la resolución emitida en contravención de los requisitos establecidos en la ley,
Que las violaciones graves a algunos de los preceptos de la ley, pueden traer consecuencias que afectan seriamente el patrimonio del Gobierno Federal por lo que resulta necesario actualizar las sanciones administrativas de carácter económico previstas en el Capítulo Único del Título Tercero de la ley y típificar como delito determinadas conductas, tanto de los servidores públicos como de los contratistas, a fin de sancionar violaciones graves a la ley.
Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la ley de Obras Públicas.
Artículo primero. Se adiciona el capítulo IV, del título segundo con el artículo 29 bis que quedará como sigue:
Artículo 29 bis, Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realicen obras por administración directa o mediante contrato y los contratistas con quienes aquéllas contraten, deberán cumplir los requisitos técnicos que para cada tipo de obra pública se establezcan en el reglamento de esta Ley el que con precisión señalara las normas mínimas de construcción de calidad y de seguridad que deberán observarse en la ejecución de las mismas.
La violación de esta disposición, independientemente de la responsabilidad penal y administrativa a que diera lugar para los servicios públicos. y los contratistas, originará la nulidad de pleno derecho del contrato celebrado para la ejecución de la obra de que se trate.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 36 de la ley con un párrafo que quedará como sigue:
Artículo 36............
I......................
II.....................
III....................
La resolución que contenga el fallo, dictada en contravención de los requisitos establecidos en este precepto, será nula de pleno derecho. Esta nulidad podrá ser declarada por la secretaría de oficio, o a petición de parte interesada.....
Artículo tercero. Se adiciona el capítulo único del título tercero de la ley con el artículo 66 bis, que quedará como sigue:
Artículo 66 bis. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior, se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de veinte a dos mil veces el equivalente al salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal a los servidores públicos o contratistas cuando:
I. No se cumpla lo dispuesto en el artículo 29 bis de la presente ley.
II. La obra no se ajuste al proyecto aprobado o a las medidas de seguridad y demás protecciones que haya establecido el ejecutivo federal en el reglamento de esta ley.
III. No se hayan cumplido los requisitos exigidos para su ejecución y se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad de la obra, por dictamen técnico que emita la dependencia o entidad competente a solicitud de la secretaría.
IV. Sin reunir los requisitos mínimos establecidos en las normas de construcción, calidad y seguridad fijadas por el reglamento, el servidor público reciba total o parcialmente la obra contratada.
México. D. F. 12 de noviembre de 1985
Atentamente.
Diputados: Sergio Valls Hernández, María Emilia Farias Mackey, Adrián Mora Aguilar, Gilberto Nieves Jenkin, Fernando Ulibarri Pérez, Juan José Bremer Martino, Miguel Osorio Marbán, Guillermo Fonseca Alvarez, Alonso Aguirre Ramos, Rafael García Anaya, Blas Chumacero Sánchez, Santiago Oñate Laborde, Javier Garduño Pérez, Luis Donaldo Colosio M. Luis Orcí Gándara , Manuel Germán Parra, Prado, Jesús Alcántara Miranda, Guillermo J. Altamirano Conde, Fernando Baeza Meléndez Antonio Brambila Meda>
El C. Presidente: Trámite. - Túrnese a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y Especial Pluripartidistas.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Procedo a dar lectura a las siguientes
Introducción.
El compromiso contraido por la Cámara de Diputados respecto a la conveniencia de estudiar y proponer distintas normas jurídicas que permitan una mejor protección de la ciudadanía frente a desgracias como la ocurrida el pasado 19 de septiembre, así como las consecuencias del mismo sobre numerosos, trabajadores, determinan la oportunidad de considerar varias reformas a la ley Federal del Trabajo.
En primer lugar, es preciso manifestar, en contra de lo que algunos medios de difusión han afirmado que nuestras relaciones laborales vigentes contienen numerosos mecanismos para la protección de los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo con motivo del sismo, Como es bien sabido la ley se ocupa de tal circunstancias, entre otros, en los capítulos VII Y VIII del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo. No obstante parece necesario ampliar el contenido protector de algunas normas y el desarrollo de nuevas instituciones en materia de seguridad.
A continuación se señalan posibles reformas en materia de suspensión y terminación de las relaciones laborales y en relación a seguridad e higiene.
Suspensión y terminación de las relaciones de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito.
Los artículos 427 y 434 de la ley, contemplan como causa de suspensión temporal y terminación de las relaciones de trabajo a la fuerza mayor a al caso fortuito no imputable al patrón.
Igualmente los artículos 430 y 436 establecen el sistema de indemnizaciones mediante el cual se protege a los trabajadores.
En concreto el artículo 430 de la ley, establece en los casos de suspensión la facultad de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para fijar la indemnización que deberá pagarse a los trabajadores cuyas relaciones de trabajo se suspenden por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón. Como límite a indemnización que pueda fijar la Junta se señala el importe de un mes de salario.
Si se considera que la fuerza mayor o el caso fortuito son circunstancias del todo independientes a la voluntad del patrón y del trabajador, no se aprecia la razón por la cual sea éste último quien tenga que sufrir de un modo más directo el impacto económico de la suspensión de actividades. A mayor abundamiento, si el mismo artículo 430 otorga a la junta la facultad de considerar el tiempo probable de la suspensión de los trabajos y la posibilidad de que el trabajador encuentre una nueva ocupación, es de justicia que el límite de un mes taxativamente señalado se amplíe. Por lo anterior sometemos a su consideración la siguiente propuesta de reformas:
Artículo 430......
La junta de Conciliación y Arbitraje, al autorizar la suspensión, fijará la indemnización que debe pagarse a los trabajadores, tomando en consideración entre otras circunstancias, la causa que originó la suspensión el tiempo probable de la misma y la posibilidad de que el trabajador encuentre nueva ocupación. La indemnización no podrá exceder del importe de tres meses de salario."
Por lo que hace ala terminación colectiva de las relaciones de trabajo, es conveniente examinar la posibilidad de adoptar las siguientes reformas.
Artículo 435. En los casos señalados en el artículo anterior se observarán las normas siguientes:
I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la determinación a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta, mediante los procedimientos consignados en el capítulo 18 del título 14 de esta ley, la aprueba o desapruebe:
II..................
La reforma que se propone consiste, simplemente, en adecuar la referencia normativa a los procedimientos aplicables subsanando la omisión actual.
Artículo 436........
"En casos de terminación de los trabajadores señalados en el artículo 434, salvo el de fracción IV, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario, y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162."
"En los casos de los casos del fuerza mayor o el caso fortuito de indemnización podrá ser hasta seis meses a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje."
Seguridad.
De conformidad con lo ordenado por la fracción XV del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo desarrollo el derecho de los trabajadores a prestar sus servicios en locales seguros o higiénicos. Empero, las normas no contemplan de un modo preciso de seguridad de los inmuebles y su uso para las funciones edificados. En tal virtud se propone:
Artículo 51.....
"Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador.
VIII. Comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él así como usar el establecimiento para fines diversos de los contemplados en su construcción y en la licencia correspondiente; y..."
Artículo 132......
"Son obligaciones de los patrones: XXIX. Practicar, anualmente, una revisión estructural de los establecimientos donde se preste el trabajo a fin de garantizar la estabilidad y seguridad de la edificación correspondiente."
Artículo 133........
"Queda prohibido a los patrones:
XII. Usar para fines distintos de aquellos para los que fueron constituidos los inmuebles en que se presta el trabajo."
Artículo 502..........
"En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponde a las personas a que se refiere el artículo anterior, será la cantidad equivalente al importe de 730 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido el régimen de incapacidad temporal.
Si la muerte tuvo como causa la inobservancia de cualquier norma de seguridad e higiene por parte del patrón la indemnización será de 1825 días del salario.
Las reformas que aquí se proponen deben contemplarse como medidas protectivas en caminadas a ampliar los derechos de los trabajadores así como respuesta a algunos de los problemas que con claridad se han apreciado por la opinión pública a raíz del fenómeno sísmico del pasado 19 de septiembre.
México, D. F. a 12 de noviembre de 1985
Atentamente.
Diputados: Sergio Valls Hernández, María Emilia Farias Mackey, Adrián Mora Aguilar Gilberto Nieves Jenkin, Fernando Ulibarri Pérez, Juan Bremer Martino, Miguel Osorio Marbán, Guillermo Fonseca Alvarez, Alonso Alonso Ramos, Rafael García Anaya, Blas Chumasero Sánchez, Santiago Oñate Laborde, Javier Garduño Pérez, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Orcí Gándara, Manuel Germán Parra Prado, Jesús Alcántara Miranda, Guillermo J. Altamirano Conde, Fernando Baeza, Meléndez, Antonio Brambila Meda.>
El C. Presidente: Trámite. - Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión de Social y Especial Pluripartidista.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CONTROL GENERALIZADO DE CAMBIOS.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Con su permiso, señor presidente. >C. diputado Blas Chumacero Sánchez, presidente de la H. Cámara de Diputados Presidente.
Señores diputados, considerando que nuestro país enfrenta en estos momentos la peor crisis económica que se ha conocido en la historia de México.
Que esta crisis ha puesto de manifiesto graves fallas estructurales en la vida económica del país, expresadas en una enorme e impagable deuda que asfixia y paraliza nuestro desarrollo y crecimiento económico déficit y falta de liquidez en el sector público; graves dificultades para el financiamiento del aparato productivo: una inflación galopante y una cada vez mayor imposibilidad de respuestas a los derechos constitucionales de las masas trabajadoras, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a la recreación.
Que esta situación se ha venido agravando en los últimos quince años por la devaluación del peso frente al dólar, que entre 1970 y 1985 se ha devaluado en cerca de 4000%. Mientras que en 1970 se cambiaba un dólar.
por 12.50 pesos, en 1985 se cambiaba un dólar por 500 pesos, lo que significa que un peso de ahora vale 40 veces menos que en 1970.
Que el peso mexicano está dejando de cumplir paulatinamente su función de reserva de valor dentro de la economía, lo que ha redundado en una creciente dolorización del ahorro.
Que la inflación de los precios de la economía y la devaluación del peso frente al dólar conducen a que cada vez la masa monetaria del país representa un mayor volumen de productos y servicios dentro de la economía.
Que la situación se ha agravado peligrosamente por la actitud antipatriótica de un puñado de empresarios y funcionarios oligarcas que han acelerado de la fuga de capitales. Para señalar un ejemplo, según cifras de la reserva del Estado Unidos, los despóticos bancarios de mexicanos en aquel país sobre pasan los 13 mil millones de dólares, cantidad suficiente para pagar los intereses de la deuda externa en un año. Se considera que la fuga de capitales en los últimos cinco años, ha alcanzado cifras a los 70 mil millones de dólares.
Que la brutal especulación de que ha sido víctima el peso mexicano en las últimas semanas, pone en evidencia que la reciente política de flexibilizar en control cambiario, que supuestamente debía crear confianza, ha provocado la voracidad de los especuladores financieros.
Que a partir del 13 de diciembre de 1982, fecha en que se deroga el decreto del 1o. de septiembre de 1982 que establecía el control generalizado de cambios se abrió la puerta para la especulación dejando en manos de la oferta y la demanda la fijación de la paridad del peso frente al dólar. Aunque dicha medida, se argumentaba que establecería un tipo de cambio realista, la realidad es que el dólar se ha mantenido sobrevaluado en relación con el peso.
Que los argumentos que esgrimen los ahorradores inversionistas para sacar sus capitales del país, se fundamentan en la desconfianza frente a ciertas políticas del Estado como la imposibilidad de alcanzar las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el alto costo de la reconstrucción de los daños causados por los sismos y de manera muy especial la decisión gubernamental de expropiar siete mil predios en beneficio de las familias trabajadoras que perdieron sus hogares, medida, esta última que califican de "estatizante" y "socializante."
Que este argumento de la desconfianza fue utilizado también a finales de 1982 provocando unas exorbitantes fugas de capitales con el propósito de influir en el rumbo político y económico que tomaría el país en el sexenio que daba principio.
Que la fuga de capitales, la dolarización de la economía y la especulación cambiaria se están convirtiendo en una soga que amenaza con ahorcar a la economía nacional en momentos cruciales como estos en los que todas las fuerzas y todos los recursos deben ser colocados al servicio de la tarea más importante que es la reconstrucción nacional en todos los órdenes.
Que la creación de casas de cambio privadas ha contribuido a la especulación con las divisas y la descapitalización del país, convirtiéndose en caballos de troya que han influido decisivamente en la generación del desorden financiero que prevalece actualmente en el mercado cambiario, destacando una guerra de cotización ficticias, y que a pesar de que teóricamente controlan sólo el 20% del mercado, han logrado desarrollar una influencia decisiva en la fijación de la paridad del peso frente al dólar.
Que la política de deslizamiento seguida por el Banco de México, primero de diez centavos diarios después trece, posteriormente diecisiete y finalmente veintiún centavos por día, han demostrado su fragilidad al grado de ser rebasados totalmente por la voracidad de los especuladores de toda laya.
Que ante la gravedad de la situación se hacen necesario por parte del Estado la aplicación de una política radical en materia monetaria y de divisas con la finalidad de impedir que las fuerzas oligárquicas y antinacionales, sigan saqueando impunemente la riqueza nacional que finalmente ha sido esfuerzo y trabajo de millones de mexicanos.
Por los anteriores consideramos y con fundamento con el artículo 71, fracción II, artículo 73, fracciones VIII, X y XVIII y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8o, de la Ley Monetaria, artículo 8o, fracción I de la Ley Orgánica del Banco de México; propongo a esta soberanía el siguiente.
DECRETO
Artículo primero. La única moneda que tendrá curso legal dentro del territorio de la República Mexicana, será el peso mexicano.
Artículo segundo. La exportación e importación de divisas sólo podrá llevarse a cabo por conducto del Banco de México, o por cuenta y orden del mismo.
En ningún caso las personas físicas podrán vender divisas o monedas extranjera.
Artículo tercero. Cualquiera exportación o importación de divisas que pretenda llevarse a cabo en forma distinta a los establecido en el artículo anterior, será considerada contrabando, sin prejuicio de las sanciones que correspondan los infractores.
Artículo cuarto. Las obligaciones de pago en moneda extrajera o divisas contraidas dentro o fuera de la República Mexicanas para ser cumplidas en esta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago, de conformidad con lo que disponga el Banco de México.
Artículo quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo primero del presente
decreto, se prohibe el funcionamiento de casas de cambio particulares y todas las transacciones relacionadas con divisas extranjeras deberán realizarse mediante las sociedades nacionales de crédito y las instituciones bancarias autorizadas exprofeso por el Banco de México.
Para el cumplimiento de este ordenamiento el Banco de México deberá expedir en un plazo que no exceda de 15 días, las reglas generales a las que deberán sujetarse el flujo de divisas tanto del interior del país hacia el exterior y viceversa.
Artículo sexto. La secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, proveerán lo necesario para que el sistema nacional crediticio, no capte ahorros o inversiones, a través de depósitos bancarios denominados en moneda extranjera y de que no se otorgue crédito en moneda extranjera por las instituciones de crédito del país.
Artículo séptimo. Todas las divisas que se capten en el exterior por las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjeras residentes en México, sea cual fuere el acto que haya originado su captación o ingreso, deberán ser canjeados en el Banco de México o en el Sistema Nacional Bancario y Crédito, que actuará por cuenta y orden de aquel, los términos de este decreto al tipo de cambio ordinario fijado por el Banco de México.
Artículo octavo. Todas las divisas que capten el Banco Nacional de México conforme al presente decreto, pasarán automáticamente a formar parte de la reserva nacional y cualquier disposición de fondos en divisas de dicha reserva deberá ser autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las prioridades que para tal efecto se establezcan por la citada dependencia, sin menoscabo de la disposición de fondos en las cantidades razonables para la actividad turística, diplomática y comercial para lo cual se establecerá un registro nacional de partidas hacia las cuales se podrán destinar divisas al tipo de cambio que establezca el Banco de México.
Sobre este particular, el Banco de México tendrá la obligación de rendir mensualmente un informe circunstanciado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Artículo noveno. Los extranjeros que incursionen al país por cualquier motivo, deberán depositar todas las divisas en las agencias del sistema bancario nacional autorizadas para tal efecto en todos los puntos de acceso por tierra, mar y aire, canjeándose por moneda nacional y expidiéndose el certificado correspondiente, de tal suerte que importe no utilizado en el territorio nacional, le deberá ser devuelto a su salida del país.
Artículo décimo. Los residentes en el territorio nacional que salgan del país por cualquier motivo, dispondrán de una cantidad en divisas para la realización de sus viajes, igualmente establecida en las reglas generales a que se hace mención en el artículo quinto.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abrogara el decreto de control de cambios publicados el día 13 de diciembre de 1982 y todas aquellas disposiciones legales que impiden el cumplimiento de este decreto.
México D. F., 12 de noviembre de 1985.
Atentamente.
"Por un Gobierno de los trabajadores."
Por la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.
Diputados: Graco Ramírez G. Abreu, Doctor Máximo de León Garza, Beatriz Gallardo Macías César del Miguel Fuentes, Soledad del Río H. Magdalena García Rosas, J, Heriberto Noriega, C. José A. Aguirre Romero, José Felipe Flores, Genaro Piñeiro López Miguel, Alonso Raya, Jorge Amador Amador.>
El C. Presidente : - Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Amado Olvera, del PAN.
El C. Amado Olvera Castillo: - Con el permiso de la presidencia: señores diputados: Por tener directa relación con la reforma y adición que vengo a proponer, me permitiré hablar de una filosofía jurídica, de un principio de eficiencia y ordenamiento social: se llama subsidiaridad y es uno de los principios del PAN.
Una gran parte de los problemas sociales, económicos, morales y políticos que padecemos hoy día, radican en el desconocimiento y falta de observancia de la subsidiaridad.
Es la subsidiaridad una filosofía jurídica, un principio de eficiencia social, que de practicarse, nos hubiese apartado del paternalismo negativo que conduce a los pueblos a la indolencia y a la apatía.
No hay observancia de subsidiaridad, cuando la autoridad mayor pretende hacer lo que le corresponde a la autoridad menor, corta toda la iniciativa de esta como cuando un padre le hace la tarea escolar a su hijo y le abrocha los zapatos cuando este tiene ya quince años.
No hay observancia de la subsidiaridad. cuando los gobiernos de los estados no dejan ser autónomos a los municipios y éstos siguen como hace décadas, miseria, ignorancia y mugre. Porque no se ha permitido ser ciudadanos a sus habitantes.
Una vida mejor y más digna para todos, exige el destierro de prácticas viciosas que falsifican la vida pública y degradan por igual a gobernantes y gobernados.
Todos los mexicanos debemos luchar hasta lograr encauzar a México hacia una vida institucional plena que permita a todos los ciudadanos participar en la ida política nacional estatal y municipal.
El municipio es la célula básica de nuestra estructura política y económica; es aquí en donde se da el primer contacto entre pueblo y gobierno. El artículo 115 establece el municipio libre, etcétera, como base de la división territorial y de la organización política y económica de los estados.
Debemos rescatar el municipio como unión de convivencias, y producción, pues esto nos ayudará a ser autosuficientes en la alimentación y ayudará a abatir el desempleo, iniciándose así la regeneración nacional.
Las reformas al artículo 115 constitucional en 1983, significaron un avance pero la letra y el espíritu de las mismas, fueron desvirtuadas por los gobernadores de los estados, pudiendo pensarse que se trataba de valores entendidos, pues ante tal actitud, el Gobierno Federal no dijo ni ha dicho nada.
El artículo 2o. transitorio del decreto que reforma el artículo 115 no ha sido cumplido íntegramente, ya que la fecha no se han reformado ni adicionado las leyes federales, ni las constituciones, ni las leyes locales.
Es muy importante, remitirnos a la historia de los municipios para comprender su trascendencia y en tal virtud:
En ejercicio de las garantías y el derecho que me confieren respectivamente los artículos 61 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estando dentro del período de sesiones ordinarias a que se refieren también sus propios artículos 65 y 66 y con la representación de diputado federal y para todos los efectos del proceso legislativo, me permito presentar la siguiente iniciativa de reformas y adiciones de un párrafo a la base III del artículo 115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia y considerando:
1o. Que el primer ayuntamiento fundado en tierras mexicanas fue el de la Villa Rica de la Veracruz, en 1519, que otorgó a Hernán Cortés, en nombre del rey de España, los títulos de capitán general y justicia mayor de la Villa. Este acto lo desligó de la autoridad del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y se la concedió para iniciar la Conquista, al crear los primeros gobernantes de lo que después sería la Nueva España.
Durante la dominación española en México, los ayuntamientos representaron la única muestra del gobierno de los pueblos, aun cuando la participación de los gobernadores fue en verdad reducidísima, pues sólo el alcalde ordinario lo era por elección popular, por lo menos, teóricamente . Y es que para entonces también en España, Carlos V y sus sucesores habían acabado con las libertades municipales y con el espíritu de los ayuntamientos.
Tal vez recordando la astucia política de Cortés en el acto inicial de la Conquista, el ayuntamiento de la ciudad de México, en 1808, formaron por criollos que ambicionaban la emancipación política de México, sostuvo la tesis de que, cautivo el rey de España, correspondía al órgano municipal asumir el ejercicio de la soberanía, pues afirmaron que "es contra los derechos de la Nación, a quien ninguno puede darle Rey, si no es ella misma por el consentimiento universal de sus pueblos". El intento fracasó en aquella fecha, pero las inquietudes libertarias no tardarían en iniciar la Guerra de Independencia, que después de once años habían de poner fin al régimen colonial.
Lograda la Independencia, y pese a que el municipio pudo haber sido el primer elemento y el principio básico de la democracia mexicana, no fue objeto de consideración fundamental y de hecho no alcanzó la debida importancia en la vida política del país.
El general Díaz, durante su prolongado gobierno, a fin de que desapareciera totalmente la autonomía municipal y lograr así una mayor centralización del poder que disfrutaba, agrupó a los ayuntamientos en demarcaciones administrativas, que se llamaron partido, distrito, jefatura o cantón, y sus dirigentes -los jefes, políticos - fueron los agentes de gobierno del centro, quienes a las órdenes de los gobernadores borraron todo indicio de libertad municipal.
Se pretendió con tal sistema guardar la paz y el orden, aun para su logro hubieran de utilizarse medios ilegales o crueles.
Estos fueron los motivos por los que el pueblo de México odió a los jefes políticos, pilares de la dictadura y la razón histórica que explica la consagración, por parte del movimiento revolucionario del municipio libre, base de la democracia política por cuya implantación se luchaba.
Venustiano Carranza, en el Plan de Veracruz - que adicionó al de Guadalupe- de 12 de diciembre de 1914 (artículo 2o.), ofreció expedir y poner en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas en caminadas al "establecimiento de la libertad municipal." Y para cumplir esa promesa, se promulgó la ley del municipio libre el 25 de diciembre de 1914, precedente inmediato del artículo 115 de la Constitución en vigor.
La asamblea de Querétaro trató por tercera vez, en su última sesión - declarada permanente, los días 29, 30, y 31 de enero de 1917-. el tema del municipio libre.
Los diputados constituyentes de Querétaro en este asunto, como en tantos otros, acertaron al concebir al municipio libre como primera escuela de la democracia. Tuvieron conciencia, como sostuvo ante la asamblea el licenciado Fernando Lizardi, de que: "el municipio es la expresión política de la libertad individual y la base de nuestras instituciones sociales".
En efecto, el régimen municipal constituye la base de nuestra democracia,
como forma
de gobierno y la primera manifestación de las voluntades ciudadanas para de designación de las autoridades con las que tiene contacto inmediato por eso el texto de este artículo ordena: "..no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste (el municipio) y el gobierno del Estado" (base I).
La Carta de 1917 ha alentado el desarrollo de la descentralización; en la esfera administrativa a través de organismos a los que se les otorgan funciones específicas, que antes se encontraban diseminadas en diversos campos de la administración pública, y en lo político, al otorgar funciones de gobierno a los municipios.
La República Mexicana está constituida por estados libres y soberanos (artículo 40.), y estos por municipios libres y autónomos. Pero mientras las entidades federativas, se otorgan libremente su Constitución y leyes derivadas (señalándose sus atribuciones, sin más limitación que las materias y facultades reservadas a los órganos y funcionarios federales los municipios no son por completo libres en todo lo concerniente a su régimen interior ya que su patrimonio está formado por las contribuciones que le señalan las legislaturas de sus respectivos estados.
Los municipios (base II) tienen personalidad jurídica, o sea, son sujetos de derechos y obligaciones, por tanto pueden contraer compromisos económicos y están facultados para administrarse.
2o. Que conforme al contenido de los artículos 27, 115, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la transformación y avance social y político de la Revolución Mexicana. Por lo que la situación agraria, la situación jurídica del trabajador frente al patrón y el medio político en que se gesta la acción de los individuos, son los tres grandes vértices del actual pueblo mexicano generados con la sangre y la muerte de nuestros antepasados, que ofrecemos sus vidas en la lucha de la Revolución Mexicana para hacer un México mejor Pero en materia municipal, no ha sido entendida cabalmente dicha ofrenda, por lo cual es de la vital importancia se garantice y se respete el disfrute de los derechos del pueblo para lograr un desarrollo genuino, orgánico, coherente e institucional de los servicios públicos municipales.
3o. Que la fracción X del artículo único del decreto de fecha 2 de febrero de 1983, expedido por el C. Presidente de la República que reforma y adiciona al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé con toda precisión por parte de los estados, la asunción de la prestación de los servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario y mediante la celebración del convenio respectivo y a su vez los estados pueden convenir con sus municipios la asunción de la prestación de los servicios públicos.
De lo anterior se advierte el acicate al poder jurídico y político de la autoadministración municipal.
4o. Que la base III del artículo único del decreto antes mencionado, vulnera, detracta, transgrede y viola flagrantemente el espíritu y la esencia de la voluntad del legislador y del propio texto del artículo 115 de la propia Constitución y de su base 1, ya que se somete el desarrollo socio-político, económico y cultural al poder y voluntad de los estados, transgrediendo así en su autonomía, soberanía y libertad que el Congreso Constituyente de 1917 quizo darle al municipio.
5o. Que en abuso de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 135 de la Constitución; ya sea por ignorancia o consigna o falta de vocación de servicio a la comunidad, se reformó y adicionó el artículo 115 en forma lírica y por demás peregrina, obteniendo con dichas reformas, la castración de la superación política y económica del municipio, estimando que las mismas se efectuaron con prepotencia deliberada del ejercicio del poder que apuntara al nepotismo y a la oligarquías que por sucesión institucional e ininterrumpida, se ha venido transmitiendo por consigna, acuñando así la amalgama de la corrupción .
Por los antecedentes y considerados de referencia, me permito proponer que el primer párrafo de la base III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente se lee así:
"Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos."
Se reforma para que quede como sigue:
"Los municipios tendrá a su cargo los siguientes servicios públicos."
También se propone se adicione un párrafo a los ya existentes a la propia base III y que en el caso es el siguiente:
"Los estados celebrarán los convenios para la prestación de los servicios públicos municipales, cuando así lo soliciten los propios municipios.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 12 de noviembre de 1985.
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Amado Olvera Castillo.>
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INICIATIVAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURIPARTIDISTA
El C. Presidente: - El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana tiene la palabra, para hechos.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Compañeros diputados: El primer hecho al que habría que referirse en este momento, es el de que la presidencia no ha ordenado adecuadamente la intervención de el diputado
Valls y en el curso de el desarrollo inmediato se han introducido dos iniciativas, lo cual hace que la discusión sobre el planteamiento del diputado Valls quede un poco en suspenso y de hecho enfriándose la materia de su intervención.
Aquí lo primero que yo quisiera señalar, es que la intervención del diputado Valls la Comisión Especial que nombró esta Cámara el día 20 ha sido en la práctica hecha a un lado; esta comisión no ha funcionado durante 18 días, su presidente que es el obligado a citarla de acuerdo con el artículo 92 del reglamento, no la ha citado, y los días anteriores, las dos semanas anteriores, la comisión lo único que ha hecho es ser escuchada de la Contraloría con lo cual simplemente hemos ido a recibir número, cifras que no estamos en condiciones de comprobar.
De esta manera hoy, el diputado Valls viene a esta tribuna, informa de los últimos datos que nos fueron allegados por la Contraloría y presenta a continuación, cinco iniciativas que son parte del trabajo que debió realizar la comisión bajo su jefatura durante todo este tiempo.
No nos disgusta, ¿cómo no nos vamos a alegrar de que los diputados del PRI comiencen a legislar? Pues sí. nos alegra ¿Cómo no nos va a alegrar que presenten iniciativas? Claro que nos alegra. Está muy bien que presenten iniciativas.
Pero lo que está muy mal es que estas iniciativas no hayan sido el resultado del trabajo de la acción colectiva de la Comisión Especial. Esta Comisión Especial tenía, supongo que sigue teniendo, habrá que saber si finalmente esta Comisión Especial ya fue finalmente esta Comisión Especial ya fue eliminada de la actividad de esta Cámara: tenía la comisión de estudiar de investigar las consecuencias del sismo y presentar proposiciones.
Hizo un - me parece a mí - muy buen trabajo hasta el día 3 de octubre, al traer aquí a esta Cámara una propuesta en la cual se encuentran incluidos los proyectos de ley. cinco de los cuales han sido presentadas por el diputado Valls. Pero ahora. al margen de la comisión, y básicamente como acuerdo de un grupo de diputados del PRI.
No es la primera vez que se le encomienda trabajo sucio el diputado Valls, no es la primera vez. Ya antes el diputado Valls vino a presentar a esta Cámara la recomposición de la Comisión Especial para hacer una mayoría evidente con los presidentes de 15 comisiones, y con lo cual la integración inicial de la comisión, quedó completamente descompuesta.
Nosotros queremos protestar por esta forma en que se ha procedido por parte del presidente de la Comisión Especial.
Queremos pedir a la presidencia y a la Cámara que subrayen el papel, la importancia y las tareas que encomendó esta Cámara a la Comisión Especial.
Estas iniciativas que han sido presentadas aquí son iniciativas de las que habían sido discutidas ya en la Comisión Especial; son de aquellas que se encuentran entre el listado de 20 leyes que proponíamos en el documento del 3 de octubre para que fueran revisadas y modificaciones por esta Cámara
Nos parece que la forma en que se ha procedido en relación a la Comisión Especial es muy característica de los métodos antidemocráticos que se siguen por la mayoría en la Cámara de Diputados. Consideramos que la comisión tuvo mucha importancia; consideramos que la Comisión ha trabajado durante un período muy intensamente y con buenos resultados, pero consideramos también que ahora está en riesgo, y la Cámara debiera ser consecuente y clara al respecto.
¿Esta comisión debe seguir existiendo aparte de tener como tarea la de ser oyente de la Contraloría? ¿Esta comisión debe tomar en sus manos el impulso a la actividad legislativa en función de los cambios que son necesarios en las leyes que tienen que ver con la situación que han sufrido los damnificados después del sismo? Pensamos que la comisión es útil, pero pensamos también que la comisión no puede estar al arbitrio de las decisiones de la mayoría, pueden estar al arbitrio de las posiciones y de las conductas del presidente de la comisión: esta comisión debe ser un órgano de la Cámara de Diputados para impulsar la discusión, la investigación, la presentación de propuestas para que esta Cámara desenvuelva su labor legislativa.
Hemos dicho que no nos inconforma, no nos disgusta que un grupo de diputados del PRI haya presentado propuestas; la estudiaremos atentamente, pero el funcionamiento de la Comisión Especial tiene que continuar y en caso concreto consideramos que es necesario que esas, iniciativas pasen primero en primer término por el estudio y la discusión de la Comisión Especial que fue nombrada por la Cámara el día 20 de septiembre.
Pensamos también que otras propuestas y no solamente la que aquí ha traído en un albazo el diputado Valls: que otras propuestas como las que presento el Partido Socialista Unificado de México, como las que ha presentado el Partido Popular Socialista como las que han presentado otros partidos, deben también de la discusión y del impulso legislativo de la Comisión Especial.
Consideramos que hoy, este trabajo de la Comisión Especial, no debe cesar sino por el contrario debe reforzarse y fortalecerse, cuando está en riesgo que la solución de los problemas de los damnificados se dé en los marcos del autoritarismo que es característico a la forma de gobernar en México Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Sergio Valls, por la comisión.
El C. Sergio Armando Valls Hernández: - Con su permiso, señor presidente: honorable asamblea: De la lectura que se dio hace un momento de cinco iniciativas de ley, que la fracción parlamentaria de mi partido , el
Revolucionario Institucional, presenta la fracción parlamentaria en el seno de la Comisión Especial Pluripartidista, nosotros entendemos que en el turno dado por la presidencia de esta asamblea a las comisiones respectivas, así lo entendemos, incluye a la Comisión Especial Pluripartidista, con el objeto de que en el seno de la misma se conozca y se obtenga el consenso, de ser posible, respecto de estas iniciativas.
Ruego a la presidencia se haga la aclaración correspondiente, que el turno incluye a la Comisión Especial Pluripartidista. Muchas gracias.
El C. Presidente: -En ese sentido fue como se turnaron las iniciativas a las comisiones respectivas, se incluye a la Comisión Especial. Tiene la palabra el diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Jorge Ortiz Gallegos:- Moción a la presidencia. Yo tenía pedida la palabra desde antes, señor presidente, por lo tanto quisiera saber, si fuera tan gentil, de decirnos en qué orden estamos.
El C. Presidente: Están escritos Efraín Calvo, Manuel Bribiesca y para proposiciones Ortiz Gallegos y Graco Ramírez y el diputado Jorge Amador, todos son para hechos. En consecuencia tiene la palabra el diputado Calvo Zarco.
El C. Efraín Calvo Zarco: -Señor presidente; señores diputados: La verdad es que el informe presentado por el diputado Valls, yo diría, el informe del peita comité de la Comisión Especial Pluripartidista sí preocupa, aquí hay un problema de voluntad política, lo mismo pasó cuando se planteó por parte del PRI un documento que no se quería discutir en la comisión, que no se presentó allá por el 1o. de octubre, a las 10 de la mañana se dio un receso para que lo discutiéramos y cuando nos regresamos a discutirlo resulta que ya se había dado a conocer a la prensa. Si no nos hubiéramos puesto enérgicos ese documento hubiera pasado así cuando en el momento se estaba hablando de que los partidos no tenían que capitalizar políticamente las cuestiones de la desgracia. Ese era el objetivo y ese es el objetivo hoy con esta serie de iniciativas que presenta el PRI sin consultarlas con nadie y sin pasarla por la Comisión Especial Pluripartidista que es una comisión especial congelada.
No voy a repetir lo que ha dicho Gerardo aquí, me quiero referir a una discusión muy importante que hubo en el seno de la Comisión Especial Pluripartidista. En una de sus reuniones cuando hablamos por primera vez con el subcontralor, un diputado Javier Garduño habló de que en la calle se estaba soltando una serie de rumores sobre la recepción y distribución de la ayuda internacional; Javier manejo este problema como toda una conjura de fuerzas políticas oscuras perfectamente identificadas que lo que querían era desestabilizar al gobierno mexicano, debilitar el ejercicio del poder para entonces introducir ideas extranjerizantes tal vez.
Esta cantaleta ya la hemos oído muchas veces y no nos extraña ni mucho menos nos asusta, parece que se refería a algunos partidos como el nuestro que hemos hecho señalamientos muy críticos al respecto tanto de la recepción como de la distribución de la ayuda internacional. Y miren ustedes, sí es cierto que en el pueblo mexicano hay una enorme preocupación sobre este problema de la recepción y la distribución de la ayuda internacional. Y sí es cierto, hay rumores terribles por todos lados al respecto de ese uso y ese manejo de la ayuda. Pero no los inventó nadie. No crean que somos tan poderosos como para andar inventando toda esa serie de comentarios que la gente hace suyos en las calles de la ciudad de México.
Aquí lo que está sucediendo es que ha habido irregularidades. Ya el diputado Bribiesca la vez pasada, en una de las sesiones de esta Cámara de Diputados vino aquí y nos demostró con hechos muchas de esas irregularidades
. Cuando el subcontralor nos presentaba los fríos números de su reporte, nosotros decíamos que era difícil saber si esos reportes eran verídicos o no. Pero ya hay muchas más denuncias respecto de como se han manejado estos fondos internacionales. No solamente las del compañero Bribiesca, si no muchísimas otras denuncias más. Pero hay otro problema adicional que es el número serio desde mi punto de vista.
Supongamos, supongamos sin conceder, que el informe de la Contraloría sea completamente verídico. De todas maneras persiste un problema muy grave. ¿Saben ustedes por qué la gente en la calle habla de que la ayuda internacional ha sido mal manejada?, por que no le ha llegado. Por que a la mayor parte de la gente afectada, la que sigue viviendo en las calles, la que se negó a ir a los albergues, la que ganó la expropiación, la que ganó la apertura del Hospital General y la que ha conquistado tanto con su movilización, a esa gente, a esa gente no le llegó la ayuda internacional. Y no les llegó ¿saben por qué?, porqué está almacenada, el mismo señor subcontrolador nos lo dijo que había seis grandes almacenes en donde había concentrada una parte muy importante de los más de 250 vuelos que han llegado con solidaridad internacional. Y nosotros pudimos ver un fenómeno. Lo dijimos en la comisión. Lo dijimos aquí en tribuna. Lo hemos denunciado por todos lados. ¿Que empezó a pasar después del sismo?, muchísima gente que trataba de llevar ayuda a la gente que estaba viviendo en las calles no podía pasar porque no tenía un permiso de la delegación. Lo obligaban a ir en los albergues a llevar la ayuda internacional. Y cuando llegaba a los albergues le decían que ya no había cupo por que ya estaba totalmente repleto. Y mucha de esa comida, y muchas de esas cobijas y muchos de esos
materiales que la gente espontáneamente llevó a los albergues, se echó a perder o se perdió por otro lado, porque jamás pudo llegar a la propia gente que estaba necesitándolo, sobre todo a la gente que estaba viviendo en la calle.
¿Por qué el gobierno se negó a que la ayuda internacional y la ayuda nacional llegara a la gente que estaba viviendo en la calle?, por una simple y sencilla razón : por que desde el principio funcionarios obtusos, con mentalidad cuadrada se hicieron a la idea de que lo único que se tenía que hacer con los damnificados era meterlos a los albergues, pero afortunadamente los héroes de los barrios, aquellos tlatelolcas, aquellos de la colonia Morelos, aquellos de Tepito que se negaron irse a los albergues, esos compañeros no recibieron la ayuda internacional, y la ayuda internacional de esta manera fue utilizada como un chantaje, como una presión, como un medio de coerción para obligar a la gente a que se fuera a los albergues, y la gente no se fue, y la gente no se fue y sigue viviendo ahí, y sigue careciendo de todo, y sigue sin recibir la ayuda oficial, todavía hasta hoy, señoras y señores.
Quiero que se den una vuelta por las colonias populares, y quiero que vean lo que está pasando ahí; lo poco que se ha logrado sacar de la ayuda internacional han sido unas casas de campaña que han donado, no el gobierno, sino la Cruz Roja Internacional, que los compañeros y las compañeras le han solicitado a la Cruz Roja y se las han dado. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que está pasando con la ayuda internacional; se está pasando como un objeto político para obligar a que la gente siga los lineamientos de este gobierno a como de lugar.
Pero el problema también es otro: hay rumores, es cierto, se fundan en esto, pero también se fundan en muchas otras cosas más. Este pueblo, señoras y señores, ya está desesperándose en más de un lugar porque faltan iniciativas que realmente resuelvan los problemas.
En más de un lugar o las casas se están tardando mucho en llegar, o las promesas no se han cumplido, y no es gratuito que la gente vuelva otra vez a las calles a reclamar sus derechos, a reclamar sus viviendas perdidas. Esta bien que aquí en esta Cámara de Diputados estudiemos lineamientos y ordenamientos legales, pero ya la Comisión Especial Pluripartidista había rebasado este mismo marco al elaborar la declaración del 3 de octubre. Ahí no solamente se hablaba de la necesidad y la posibilidad de redactar nuevos ordenamientos legales, de revisar líneas existentes; también se hablaba de la necesidad de buscar caminos para la resolución de los problemas y entre ellos, por cierto me acuerdo de uno muy importante, el que se buscaría respetar los títulos de propiedad de las personas de Tlatelolco que perdieron sus casas y que se buscaría también por otra parte respetar la identidad de los barrios, y afortunadamente este pueblo mexicano no se ha esperado a que aquí en esta Cámara de Diputados se reúna la Comisión Especial Pluripartidista para ver que es lo que se le ocurre hacer en un momento determinado, para hechar a andar esas declaraciones que no se quedaron más que en eso.
El pueblo mexicano está movilizado, se sigue moviendo y va a seguir por esa vía para conquistar plenamente lo que le corresponde. Muchas gracias . (Aplausos).
El C. Presidente: _Para hechos, tiene la palabra el C. diputado Martín Tavira
. El C. Martín Tavira Urióstegui: _Señor Presidente, señoras y señores diputados:
En realidad la Comisión Especial entró en receso hace mucho tiempo. En un período de graves problemas para nuestra nación. El pueblo mexicano especialmente en la ciudad de México, abrigó grandes esperanzas respecto del trabajo de esta Comisión Pluripartidista.
¿Pero qué fue lo que pasó? Se presentó un programa muy importante, que debió servir para que la comisión se siguiera reuniendo, si era posible diariamente, y seguir bordando sobre los puntos fundamentales de este programa
. El programa tiene una riqueza tal que si nosotros ponemos formular proposiciones, iniciativas, en fin, habría trabajo para todos y para mucho tiempo. El pueblo de la ciudad de México especialmente, compañeros diputados, tiene grandes problemas. La comisión no debería ser solamente receptora de quejas de los ciudadanos que quedaron en situación difícil con motivo del sismo, si no diríamos la comisión debería hacer trabajo de campo: ir a la realidad estudiar los problemas en las diferentes áreas, en diferentes niveles, dar cuenta, hacer las proporciones, y por qué no, discutir iniciativas de ley para mejorar la situación y resolver los graves problemas que aquejan a la capital de la república.
Señoras y señores diputados, el decreto de expropiación fue la gran campanada, el inicio de un camino que no debe tener regreso. De ir hacia adelante, de ampliar este decreto como se ha propuesto aquí. De hacer un proyecto de reforma urbana. Es el momento, han aflorado los gravásemos problemas que tienen las urbes y que tiene, especialmente, la ciudad de México. Así como hay una Ley de Reforma Agraria, debe haber una Ley de Reforma Urbana que limite las propiedades en grandes ciudades; una Ley de Reforma Urbana que afecte los terrenos ociosos; así como se da el derecho de los campesinos de solicitar las tierras ociosas para ponerlas en cultivo, en acción , debe haber una Ley de Reforma Agraria, de Reforma Urbana, perdón, que prevea todas estas circunstancias, que vaya al fondo de los problemas.
Mucha gente se quedo sin vivienda, pero es necesario atacar el problema a fondo, implementar
una política de vivienda de renta barata para la clase trabajadora, quitarnos de la cabeza la idea burguesa de que solamente se va a poder resolver el problema de la vivienda con la intervención de la iniciativa privada, con el contratismo, con el propietarismo, etc. Debemos ir a los intereses del pueblo, a los intereses de la clase trabajadora si realmente queremos llamarnos diputados del pueblo, diputados de las masas, diputados que van a venir aquí a hacer un trabajo que finalmente repercuta en la solución de los problemas que aquejan a nuestro pueblo, a nuestro pueblo más desprotegido.
Esta es la gran oportunidad, señoras y señores diputados, que tenemos los representantes populares de demostrar que realmente estamos cumpliendo con nuestra misión, que realmente nos hacemos eco de las demandas del pueblo. Hay que poner a funcionar la comisión, todos los días si es posible; hay que emprender todas las iniciativas que sean necesarias para hacer cambios: es la gran oportunidad y la historia de nuestro pueblo no nos van a perdonar nunca si la Cámara de Diputados y la Comisión que fue designada permanecen al margen de los problemas, esperando pasivamente que nos reclamen y olvidando nuestros deberes primordiales.
En nombre de la Fracción Parlamentaria del PPS, yo hago un llamado a la Comisión Especial, hago un llamado a los diputados de la corriente democrática para que demostremos que tenemos la voluntad de servir, de mejorar las condiciones de nuestro pueblo pobre, de hacer reformas afondo, trascendentales, que aunque afecten los intereses de los poderosos, los intereses de los ricos, vengan en beneficio de las amplias masas populares. Muchas gracias.»
DESALOJO DE CAMPESINOS DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
El C. Presidente: _Continúa el uso de la palabra el C. Jorge Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Jorge Amador Amador: _Señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Voy a agradecer mucho de antemano su atención para unos hechos que voy a denunciar, unas reflexiones que voy a realizar sobre esos hechos y finalmente una proposición que sobre la base de los mismos voy a plantear a esta soberanía.
Esta intervención la hacemos en el marco del 75 aniversario de la Revolución Mexicana, en el marco de la política del Presidente Miguel de la Madrid de gobernar buscando la producción y justicia en el campo, y en el marco de la nueva época de la vida nacional que se llama precisamente de la reconstrucción nacional.
El pasado miércoles 6 de noviembre mientras en la ciudad de México más de 60 diputados de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos dialogábamos con los funcionarios del sector agropecuario acerca de la situación del desarrollo rural en nuestro país y sus perspectivas, en los terrenos dela exhacienda de Obrajuelos, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato , se realizaba un desalojo de campesinos. Cerca de 200 elementos armados unos de civil, otros uniformados de las llamadas fuerzas de seguridad publica del Estado de Guanajuato, al mando de los cuales iba una persona conocida públicamente como General Víctor Barbas Cisneros, se dedicaba a intimidar, a insultar, a gasear y finalmente a golpear y desalojar a cerca de 300 campesinos, entre ellos jefes de familia, mujeres y niños.
Los campesinos tenían posesión pública, pacífica, de buena fe de los predios donde se asentaba. Además tenían a su favor una suspensión provisional, otorgada por el Juez Primero de Distrito de la Ciudad de Guanajuato, en el juicio de amparo No. 2do. 585-85.
El general al mando de estas fuerzas no quiso admitir ninguna razón, no pudo exhibir una orden judicial por escrito que lo facultara para realizar el desalojo, dijo que tenía órdenes verbales de sus superiores, no quiso reconocerle validez al documento donde constaba la suspensión provisional dijo que a su juicio los campesinos habían sorprendido al Juez de Distrito y por lo tanto él no le reconocía validez. Afortunadamente los campesinos estaban orientados por el diputado Rodrigo Pérez Guevara, del Estado de Tamaulipas que funge como secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que yo jefaturo.
El dirigente nuestro , invitó a los compañeros campesinos a asumir una actitud de resistencia pasiva, no admitir el desalojo porque no había base legal para ello, pero tampoco contestar ninguna de las agresiones de los policías, comenzaron las amenazas, luego los gases y finalmente tuvieron que desalojar a culatazos y golpes a cada uno de los compañeros campesinos incluido el diputado Rodrigo Pérez Guevara.
La responsabilidad de nuestros compañeros campesinos, evitó que se realizara una tragedia, el balance de la batalla del valiente general arrojó un 100% de golpeados, 5 de gravedad hospitalizados en el ISSSTE del Estado de Querétaro, de la Ciudad de Querétaro, destruidas las casas del campamento campesino, 5 desaparecidos y un botín de 8 armas y de 2 millones de pesos que los campesinos tenían para la futura siembra; las armas y el dinero se quedaron en los morrales de los campesinos que no tuvieron oportunidad de recogerlos y que no tuvieron voluntad de usar las armas en esa situación.
Compañeras y compañeros; ¿Cuál es fondo del problema? evidentemente estamos ante un conflicto agrario, ese es el fondo del problema. El Gobierno del Estado de Guanajuato no es la autoridad principalmente responsable en materia agraria
.
Nos explicó el señor Gobernador del Estado, que él desautorizaba ese hecho que él no lo había ordenado, que se trato sin duda de una provocación política, en primer lugar en contra de él mismo.
Nos explico que uno de los motivos de la salida de su secretario general de gobierno anterior, que se salió precisamente la víspera de los hechos, era precisamente ésa, la infidelidad política interna; nos explicó que nos daría seguridades para que se reparara este hecho y nos garantizaría la recuperación de la posesión de los campesinos sobre las tierras de que fueron desalojados. De hecho , nuestros campesinos estén otra vez en el mismo campamento, otra vez las mismas tierras.
Sin embargo, nosotros pensamos que aquí ha habido delito, que el desalojo constituye toda una serie de abusos de autoridad, de violaciones a un amparo, a una autoridad federal y que hay elementos suficientes para que el sujeto que todavía hoy jefatura las fuerzas de seguridad del gobierno del estado, no solamente sea cesado, sino también consignado, de acuerdo con la Ley Federal y me imagino también, las leyes locales del Estado de Guanajuato.
No lo vamos a pedir, no pensamos que este tipo de delitos se persigan a petición de parte. Dejamos en manos de Gobierno del Estado, lo conducente sobre este aspecto del problema.
Pero el problema del fondo, es un problema agrario. Se trata de un caso de justicia diferida. Los campesinos son herederos de varias generaciones de trabajadores de la Hacienda de Obrajuelos que no pudieron, después de la Revolución, afectar totalmente esta hacienda.
Estos herederos de los viejos luchadores por la tierra , de los viejos peones de la Hacienda de Obrajuelos, han insistido una y otra vez de que allí se da la situación de simulación del latifundismo privado y por lo tanto de que debe ser aplicado el artículo 27 Constitucional por las autoridades agrarias. Varias veces en 1940, en 1946, en 1950, se les dijo que no había tierra. Ganaron los terratenientes influyentes y se les dijo por resolución presidencial que no había tierras; pero la realidad es necia y no se acalla por decreto o por resoluciones que no corresponden a la realidad.
Por herencia los compañeros campesinos han insistido planteando nuevas solicitudes a la Reforma Agraria. En este caso, se trata de tres pueblos: del pueblo de San Juan Bosco, que solicita por la vía de nuevo centro de población ejidal; del pueblo de Caleras de Obrajuelo que solicita por vías de dotación; y del pueblo de Obrajuelos también por la vía de dotación.
La más antigua de estas tres solicitudes data de 1940, la más reciente de 1969; llevan 16 años, 30 años solicitando la tierra. Finalmente, a la llegada del actual régimen, en 1983, se les reconoció que sí había tierra. El 22 de junio de 1983 el cuerpo consultivo agrario aprobó un dictamen positivo reconociendo el derecho de estas comunidades a un total de 2675 hectáreas de la Hacienda de Obrajuelos; a San Juan Bosco se le reconocieron 1121 hectáreas, a Caleras 882 y Obrajuelos 672.
Los señores consejeros escucharon el planteamiento del consejero Rubén Aguirre Elquezabal y encontraron que efectivamente era justa la petición de los campesinos. Pero qué pasó después de esto: legalmente un expediente agrario se tiene que resolver en menos de un año, así lo dice la ley; habían pasado en algunos casos 30 años; ¿ qué pasó después de junio de 1983? Señoras y señores diputados: Pasó lo que pasa en muchos expedientes agrarios, que el poder político y económico de los terratenientes, amparados en la propiedad privada, se atraviesan, difieren la solución y luego desvían la solución cuando no pueden finalmente eliminarla.
En este caso el proyecto fue firmado por el secretario de la Reforma Agraria, se envió a la oficina de asuntos jurídicos de la Presidencia y fue regresado aparentemente con un argumento jurídico válido, que los certificados de inafectabilidad, por las dudas, para que el propietario no se amparara, fuesen cancelados; que el secretario de la Reforma Agraria tenía facultades para cancelar los certificados.
Este requisito fue cumplido. El secretario de la Reforma Agraria canceló los certificados y regresó el proyecto para firma, pero de entonces a la fecha se han dado dos, tres, cuatro y suponemos que cinco idas y vueltas; un juego de ping pong entre la Secretaría de la Reforma Agraria y la Oficina del Jurídico de la Presidencia.
¿Cuál es el argumento ahora? Ya no hay argumentos jurídicos, ya no se esgrimen abiertamente , ya se dicen subrepticiamente; el argumento ahora es un argumento económico, que en esas tierras se producen forrajes para producir leche, que luego se introduce en el Distrito Federal con la marca de Alpura, que los señores empresarios de Obrajuelos son productivos, producen leche y la industrializan como leche Alpura; que hay una nueva causal de inafectabilidad y que esa causal no dicha, no es escrita en ésta, la de la productividad de las tierras; que por lo tanto se obligue a los campesinos que algún día, no sabemos cuándo, reciban una nueva resolución presidencial, no sobre las tierras que siempre han trabajado, sino sobre otras tierras y los campesinos ya se dieron cuenta de que esos propietarios que deben ser afectados andan comprando la hacienda de Caleras de Ameche o la hacienda de Marroquí, una hacienda de pedregales, para compensar a los campesinos solicitantes de Obrajuelos.
Compañeras y compañeros diputados: este es el fondo del problema, éste es el fondo del problema que causa justas movilizaciones de
los campesinos, porque la Secretaría de la Reforma Agraria, si al principio se portó consecuente con los intereses de los campesinos y los establecido por la ley, finalmente acabó aparentemente, siendo convencida por los argumentos del jurídico de la Presidencia de los propietarios privados.
Han ordenado con fecha 18 y con fecha 26 de octubre, nuevas investigaciones sobre predios y han ordenado investigaciones sobre la capacidad agraria del núcleo , es decir, han regresado 30 años el expediente en un caso y 16 años el expediente en otro caso.
¿ Eso se llama legalidad? ¿Eso se llama constitucionalidad? ¿Eso se llama fidelidad a los intereses campesinos? Nosotros definitivamente pensamos que no; los núcleos no aceptan esta maniobra; mi organización y mi partido no acepta esta maniobra y los invitamos a ustedes a que sean solidarios con los campesinos en este caso del municipio de Apasco el Grande y yo digo del conjunto de campesinos de nuestro país, -porque esta clase, motor de la Revolución de 1910 no merece este trato, ni de los propietarios privados ni de la Reforma Agraria, ni de nadie.
Por eso, compañeras y compañeros, queremos proponerles a ustedes que se adopte un punto de acuerdo, en el que, por conducto de la Comisión de la Reforma Agraria, se cite al secretario del ramo para que resuelva a brevedad posible este problema agrario conforme a derecho; los campesinos no exigen privilegios que vayan más allá de la ley, simple y sencillamente conforme a derecho por lo pronto esperan el perfeccionamiento de su derecho allí sobre las mismas tierras que siempre han sembrado.
Ruego a la presidencia sobre la base de esta argumentación, disponga que la Secretaría lea la proposición concreta en la que la solicito este punto de acuerdo. Por su atención y por su solidaridad, muchas gracias señoras y señores diputados.
El C. Presidente : Ruego a la secretaría dar lectura al documento.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -Por instrucciones de la presidencia se dará lectura a la proposición del C. diputado Amador.
"México, D.F., a 12 de noviembre de 1985. C. Presidente de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con motivo de los hechos denunciados por el diputado Jorge Amador Amador, los cuales entrañas graves violaciones a la ley y a los derechos constitucionales de ciudadanos mexicanos, así como graves riesgos para la política de la reconstrucción nacional en el campo, y con fundamento en los artículos 52 de la Ley Orgánica y 58, 59,60, 65, y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, propone a la honorable asamblea, se adopte el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
" Único. Por conducto de la Comisión de Reforma Agraria, hágase una excitativa al secretario del ramo para que a la brevedad posible resuelva conforme a derecho los expedientes de Obrajuelo, Caleras de Obregón y San Juan Bosco, municipio de Apasco el Grande, Guanajuato. por la gravedad del caso, solicitamos se considere esta proposición como de urgente y obvia resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento.
Atentamente.
Por un gobierno de los Trabajadores.
"La tierra y su producto para quienes la trabajan".
Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.
Diputados: Graco Ramírez G. Abreu, Jorge Amador Amador, Miguel Alonso Raya, María Soledad del Río H., Genaro Piñeiro López, César del Angel Fuentes, Magdalena García Rosas, Beatriz Gallardo Macías, José Felipe Flores G., Máximo de León Garza, J. Heriberto Noriega C., José Angel Aguirre".
El C. Presidente: -Se somete a discusión.
Oradores en pro y oradores en contra...............
El C. Ramón Danzos Palomino: -Señores diputados, la denuncia y la proposición que ha hecho el diputado Amador frente a una flagrante violación a los derechos constitucionales de los campesinos solicitantes de la tierra y con las argumentaciones que aquí se han dado de la razón que existe a este grupo que ha sido groseramente atropellado por las fuerzas policiacas del Estado de Guanajuato, nos sumamos conscientemente a la protesta que aquí se hace de esta violación, de esta manera de golpear a los campesinos que solamente ejercen su derecho al reparto de tierra.
Desde que se discutía en esta Cámara en la sesión anterior al problema de los derechos humanos, de la tortura y de las violaciones, quisimos intervenir para refutar los argumentos de algunos diputados de que en este país no hay violación a los derechos humanos no hay torturas, no hay violaciones a los derechos constitucionales. Por eso hoy reafirmamos que en este país no solamente en el caso de Apaseo el Grande hoy, si no en muchos lugares del país, los campesinos por sus luchas en cuanto a la tierra por los derechos que tienen a reclamar precios justos a sus cosechas, se están movilizando hoy más que nunca.
En días pasados una marcha de más de cinco mil campesinos de Sonora, se resolvieron a participar tanto en Ciudad Obregón como en la carretera hasta los límites de Sinaloa, para reclamar un precio justo a las cosechas en este caso del soya.
En La Piedad, Guanajuato, frente al ayuntamiento de esta ciudad se concentraron más de mil campesinos representando a más de 80 ejidos de Jalisco, Michoacán, y Guanajuato, protestando por el precio fijado al sorgo, que lo consideraron injusto y los aumentos en el precio del agua.
El día de anteayer en Nayarit, tuvimos contacto con productores de tabaco que van a movilizarse en marcha protestando por el precio que le fijaban a el tabaco.
Y así en cada lugar del país desde el norte hasta el sur, los campesinos hoy más que nunca se están sintiendo afectados en sus intereses, no solo aquello que pretenden un pedazo de tierra, si no aquellos que ya lo han conquistado, se siguen moviendo por que la reforma agraria no es sólo tierra, si no es agua, es crédito, es asistencia técnica, es participación en la comercialización de sus productos y es organización. Por esto en está ocasión y frente a esta denuncia que ha hecho el diputado Amador, nosotros la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, y la organización que represento, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y campesinos, se solidariza plenamente con este hecho, y daremos nuestro más consciente apoyo tanto a sumarnos a la protesta por está agresión de la fuerza pública que muchos a veces la niegan, si no también nos sumamos a la proposición de que se exija a las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Comisión que esta Cámara tiene la Comisión de Reforma Agraria, que se le dé una resolución pronta y rápida, expedida a este caso de campesinos que tienen todo el derecho de la posesión de sus tierras, así como muchos otros casos que presentaremos en lo sucesivo frente a estos problemas de carácter agrario. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: _Tiene la palabra el C. diputado Mario Niebla.
El C. Mario Niebla Alvarez: -Ciudadano presidente; compañeros diputados: No vengo en contra de la proposición que se hiciera mi compañero diputado del PST. Estamos a favor del espíritu de la misma. Sin embargo estoy en contra del procedimiento que se está solicitando aquí.
Esta debe turnarse a la Comisión de la Reforma Agraria, y está debe estudiar en detalle y a fondo el planteamiento de los hechos que han hecho al compañero del PST, y ya que haya analizado de fondo y estudiado en detalle el mismo, verá la comisión si procede la excitativa o no. Por lo tanto, mi solicitud es que se turne a la comisión correspondiente para su estudio y dictamen. Esta es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Ruego a la secretaría dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:- "Artículo 58. Las proposiciones que no se han iniciativas de la ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán en los trámites siguientes:
1o. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
2o. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
3o. Inmediatamente se preguntará a la Cámara , si admite o no a discusión la proposición, En primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quién corresponda, y en el segundo, se tendrá por desechada."
El C. Presidente:- Ruego a la secretaría pregunte si se admite o no la proposición.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si se admite o no la proposición...Los que estén por que se admita, sírvanse expresarlo levantando la mano... Admita.
El C. Presidente:- Se ruega a la secretaría consultar a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:- En cumplimiento a lo dispuesto por la presidencia, se pregunta si la proposición está en los casos de urgencia u obvia resolución... Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse expresarlo poniéndose de pie... Negada.
El C. Presidente:- No habiéndose aceptado como de urgente resolución, se turna a la Comisión de la Reforma Agraria.
El C. Presidente:- Tiene la palabra, para hechos, el C. diputado César del Angel, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. César Augusto del Angel Fuentes: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Los hechos denunciados por el compañero diputado Jorge Amador Amador, obedecen a un recurso y a una obligación que tenemos como diputados, cuando las reglas del juego, del juego del sistema rebasan las condiciones de gestión y trámite que como diputados y como dirigentes políticos
realizamos en nombre de nuestros representados.
Nuestra preocupación principal, es que los gobernadores de los estados, ante la constante demanda de tierra de un sistema político que no ha podido dar respuesta a los campesinos dando ocupación, y la única alternativa es el reparto de tierra, nos encontramos que los gobernadores, en la mayoría de los casos, observan criterios diferentes y en la actualidad ya contamos con criterios definidos de que es más importante el desarrollo agrícola que cumplir con una demanda histórica de justicia social que es el reparto agrario.
En el caso de Guanajuato, bien podrían las autoridades locales haber llegado a una negociación para finiquitar un expediente que ya se en encuentra en poder de la Presidencia de la República. Pero en la actualidad, quienes estamos dedicados diariamente a la promoción de la entrega de tierras, nos hemos encontrado que a pesar de que existen acuerdos y dictámenes aprobados por un cuerpo colegiado autorizado y en representación del Presidente de la República, nos encontramos que la dirección jurídica de la Presidencia de la República con cualquier pretexto de redacción regresa los expedientes congelándolos hasta un año o más.
Nuestra preocupación es este caso de Guanajuato es de que los campesinos requieren una respuesta definitiva pues se encuentra en el filo de la navaja, y al criterio de un ejecutivo local, y nos preocupa porque estos casos sirven de ejemplo si nosotros dejamos que continúen.
Todas las organizaciones campesinas, todos los grupos campesinos que pugnaron por la entrega de la tierra, nuestra función se ha concretado en hacer cumplir la Constitución, en hacer cumplir el 27 constitucional; cuando un gobierno que se dice agrarista no debe necesitar el espoloneo de organizaciones campesinas, sino que en cumplimiento de sus funciones y de sus compromisos políticos debe de resolver los expedientes agrarios sobre todo aquellos que son positivos.
Al turnarse a la Comisión de la Reforma Agraria, solicito a esta comisión que atienda este asunto, además de nutrirse de información, lo atienda con la celeridad que el caso requiere. Los campesinos han vuelto a tomar posesión de las tierras y tenemos una nueva represión.
Y una exhortación también al Ejecutivo de que la rigidez de la dirección jurídica de la Presidencia de la República debe tener más vocación agrarista para ser congruente con los planteamientos que hace el Presidente de la República. Gracias.
INICIATIVAS DEL PAN RELATIVAS AL SISMO
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Compañeros diputados del presidium; compañeras y compañeros: hay un dicho muy común que dice que llueve sobre mojado y al diputado Valle le ha llovido y le va a seguir lloviendo sobre mojado, nada más que cuando uno se moja sobre mojado tiene que buscar protegerse no nada más de la lluvia, sino del aguador que está caminando por la tierra y al diputado Valle no le alcanza la cobija de la comisión para ocultar que se equivocó, vino aquí a decir que acudía como presidente de la comisión a informar de la Comisión Especial Pluripartidista, e informar de lo que había hecho en esa comisión, dijo textualmente: procedo a dar cuenta de las últimas actividades de la Comisión Especial Pluripartidista creada con motivo de la secuela de los sismos de septiembre pasado, y acabó queriéndose cobijar con unas propuestas de ley de su grupo parlamentario de la fracción del PRI, qué le podemos decir al diputado Valle, que puede pedir la palabra para dos asuntos diferentes, pero que no le conviene seguirse cobijando por arriba, porque por abajo se va a seguir mojando, dejando aparte los comentarios específicos lo que aquí vino a decir el diputado Valle, queremos hacer una propuesta a la Presidencia con todo respeto, y voy a proceder a leerla.
«C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo.
Leído que fue el breve informe de la Comisión Especial Pluripartidista, y expuestas que fueron diversas iniciativas de la ley que se proponen a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985, los que suscribimos, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, atentamente solicitamos que:
En virtud de que con anterioridad fueron presentadas diversas iniciativas de ley y proposiciones relacionadas con el mismo hecho, las cuales son:
1. Decreto para la reubicación de la Administración Pública Federal y presentada el 1o. de octubre de 1985.
2. Iniciativa de ley de Defensa Civil presentada el 30 de octubre de 1985.
3. Reformas al artículo 27 de la Constitución y a la Ley de Expropiación, presentada el 27 de noviembre de 1985.
4. Iniciativa de Reforma al artículo 15 de la Ley General de Población, presentada el 7 de noviembre de 1985.
5. Propuesta para la erección de un monumento a las víctimas del terremoto y a los voluntarios en el salvamento, de fecha 22 de octubre de 1985.
6. Propuesta sobre la investigación y análisis del subsuelo y la planeación de los asentamientos humanos en el Valle de México del 31 de octubre de 1985.
7. Propuesta sobre vigilancia por parte de la Comisión Especial Pluripartidista sobre los
donativos internacionales en especie, del 1o. de noviembre de 1985.
Solicitamos que también a estas iniciativas del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se les turne a las comisiones respectivas y se les dé pronto curso ya que por su materia deben ser tratadas con las que en estos momentos presentó la comisión por cuenta de la diputación del Partido Revolucionario Institucional.
Rogamos a la presidencia que al dar el turno correspondiente a nuestras iniciativas, se exhorte a las comisiones para que procedan a darles estudio y trámite.
Protestamos lo necesario.
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, E. Gabriel Jiménez Remus, Xavier Abreu Sierra, Humberto Rice García, Héctor Terán Terán, Germán Tena Orozco, Eduardo Turati Alvarez."
El C. Presidente: -Como lo piden, se recomienda a las comisiones a las que se han turnado las proposiciones de esta mañana, procedan de inmediato a rendir su dictamen y conforme a las proposiciones que se han hecho por el Partido de Acción Nacional.
COMENTARIO AL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURIPARTIDISTA
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Manuel Bribiesca Castrejón
. El C. Manuel María Bribiesca Castrejón: -Señoras diputados: He pedido la palabra para hechos y voy a tratar de hilvanar en un lenguaje lo más correcto mi exposición.
Primero. El señor diputado Sergio Valle, al dar el informe de la Comisión Pluripartidista, ya no digo que mintió por que ya no debo decir que mintió, simplemente puedo decir que faltó un poco a la verdad o dijo verdades a medias.
Realmente eso del informe de las comisiones ordinariamente no se traduce, sino que las comisiones la mayoría priísta es la que toma la ultima decisión para dar el informe Total que no es informe de la ciudadanía, se informa de la fracción del PRI.
Señores, hablaron ustedes de que las remesas del extranjero en objetos no en dinero, habían llegado a las gentes pobres; que en la Magdalena Mixhuca estaba todo en orden; y que también al Padre Concha se le habían dado toda clase de satisfacciones.
Yo puedo decirles que ayer estuve de nuevo en la Magdalena Mixhuca y pude encontrar lo siguiente: que como si hubiera sido un aspirador electivo para encontrar todas las etiquetas de las remisiones al Padre Concha, ninguno de los restos de las cajas tenía ya ninguna etiqueta como en la pasada ocasión.
En cambio si pude ver los altos, los cerros de zapatos que había ahí, en lugar de haber sido cuidadosamente seleccionados para repartirse entre las gentes pobres, estaban tirados como si no tuvieran ningún valor, puros zapatos nones de la mejor calidad y en muy buen estado, tirados como basura, por que las personas que en forma mercenaria estaban haciendo el trabajo de selección de todas las prendas para ser donadas a los damnificados, realmente estaban haciendo un trabajo peor que el que se usa en Zamora para seleccionar la papa de primera, segunda y tercera ; simplemente era un trabajo mercenario en que no estaban poniendo ni cuidado a la persona que dio el par de zapatos ni a la persona que debió haberlos recibido, simplemente era basura, no se aprovechó.
Yo les había dicho que si requerían o que si necesitaban ayuda de jovencitas o jovencitos que con cariño hicieran los pares de zapatos, me dijeron que no necesitaban ayuda, que ellos se bastaban; también les dije cuando estaban descargando costales de harina de frijol de muy buena clase, lo estaban descargando como quien descarga la cal o el cemento, simplemente aventándolo al suelo y desparramando la harina de frijol, la harina de arroz, de trigo, y cuando ayer escarbaba yo entre los zapatos, encontré una capa suficientemente grande de harina de arroz revuelta con harina de papa, revuelta con harina de frijol. Para no engañarme de que era polvo de construcción o algo, tomé con mis manos y probé con mi boca, eran harinas que debieron haber dado a los damnificados y que eran harinas y alimentos que se habían tirado como cosa sin ningún valor.
Yo reclamo y le pido al compañero Valle, que me acompañe en este momento a la Magdalena Mixhuca y le puedo decir cuánta, perdón, voy a poner palabras porque si no diría algo más, cuánto desinterés, cuánta falta de honestidad cuánta irresponsabilidad, cuánta ineptitud, cuánto descuido y cuánta incapacidad hay para manejar esos bienes, mexicanos y extranjeros, que no llegan en su debida forma a los damnificados y quiero acordarme _aunque les vaya a molestar a los compañeros del PPS_ que cuando una novia recibe las arras dice: -Y yo las recibo en señal de que trataré de hacer rendir el gasto para que no falte nada en nuestro hogar, y es lo que falta, señores, en esas comisiones pluripartidistas, comisiones que nomás van a llenar un expediente, les falta tener honestidad y tratar de que el bien que va allegar a esos pobres llegue bien, pronto y en buena forma, Muchas gracias, señores. (Aplausos).
CAMPESINOS DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
El C. Presidente: _Para hechos el diputado Víctor Manuel Jiménez del Partido Popular Socialista.
El C. Víctor Manuel Jiménez Osuna: _Con permiso, señor presidente. Yo quiero decirle al que me antecedió en el uso de la palabra, de que los diputados del PPS que estamos en las comisiones, nuestros actos los supeditamos a principios y no a posiciones de politiquerías; hacemos planteamientos serios como lo que hizo el compañero Martín Tavira Urióstegui hace un momento en está tribuna. Pero a lo que me ocupa, va a cumplirse en próximos días el 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, hecho histórico en que los campesinos de México fueron los principales actores y que las razones de sus luchas quedaron plasmadas en el artículo 27 constitucional. pero qué desagradable en estos momentos escuchar en voz del compañero diputado Amador la forma en que a esos campesinos se les viene tratando injustamente, golpeándolos. En cierta forma hasta negándoles los derechos que tienen en la propia Constitución Política de nuestro país.
Muchos de los terratenientes de este país se amparan en certificados de inafectabilidad ganadera. No utilizan el terreno que tienen amparado en esos certificados de inafectabilidad ganadera. No utilizan el terreno que tienen amparado en esos certificados para lo que está explícito. Es decir, para producción ganadera. Tenemos muchos ejemplos, pero sólo basta uno.
En el caso de Sinaloa, en su región sur, hay elementos con certificados de inafectabilidad ganadera que solo les sirven como ampara y los utilizan para fines agrícolas, en sembrar chile por ejemplo. Y ese es el caso concreto de una familia Watson en el sur de Sinaloa, que en lugar de dedicarse a la ganadería. Como tienen su amparo de certificado, lo dedica a sembrar chiles. Pruebas tenemos y están en la reforma agraria. Y ahí están durmiendo el suelo de los justos los expedientes de los campesinos para que se resuelva su problema.
Por eso compañeros y amigos diputados de la corriente democrática, hacemos un llamado para que el caso planteado por el diputado Amador en la Comisión de Reforma Agraria, se analice con la seriedad y con la profundidad que amerita para hacer justicia a los campesinos. Muchas gracias.
DONATIVO A LOS DAMNIFICADOS
El C. Presidente: -Se concede el uso de la palabra a la C. diputada Jarmila Olmedo.
La C. Jarmila Olmedo de Garcilita: -Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados: En está Cámara no nos vamos a dejar guiar por rumores. La seriedad de la Cámara de Diputados requiere de pruebas, y si los diputados que se han referido a irregularidades tienen esas pruebas, pruebas sólidas que apoyen esas afirmaciones con esas pruebas.
Como diputada por un distrito severamente afectado por los sismos, he estado perfectamente interiorizada con lo que se ha venido haciendo con los donativos, tanto los donativos provenientes de nuestros connacionales, como aquellos que nos han llegado a México gracias a la fraternidad de personas de otros países. Hemos escuchado que en los albergues no se está dando uso adecuado a los donativos. Yo he estado personalmente en muchos de estos albergues y me consta como regla general se están administrando debidamente esos recursos. Si ocasionalmente como dice "hay un pinto en el arroz", esa no es la regla y creo que nosotros nos vamos a dejar guiar por la regla.
Ha habido interés, el interés es evidente, desde el Presidente de la República hasta los integrantes de la Comisión Especial Pluripartidista que se formó a raíz del sismo. Sí habido interés; ha habido responsabilidad también. Se ha trabajado cuidando que cada donativo tenga el mejor uso posible. Ha habido la mejor capacidad dentro de lo posible, dentro de la urgencia...
(Muchas voces.)
...Se ha dicho, y es verdad, que no estábamos preparados para esta circunstancia. En ningún lugar, en ningún país habría habido una preparación para la magnitud de la desgracia que sobrecayó en nuestra ciudad
. No ha habido descuido tampoco como regla general, y ha habido hasta donde es posible, se ha cuidado que todo se distribuya con honestidad.
(Muchas voces en las tribunas.)
El C. Presidente: -Un momentito, compañera, diputada, le ruego no pierda su hilación. Ruego a la secretaría dar cuenta, leer los artículo 207 y 209 del Reglamento.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -"Artículo 207. Los concurrentes a las galerías, se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
Artículo 209. _Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto. Pero si la falta fuese grave o importante delito, el presidente mandará detener al que la cometiera y consignarlo al juez competente.
El C. Presidente: -Se suplica a las galerías guardar compostura para que la presidencia no se vea en el penoso caso de desalojarlas.
La C. Jarmilla Olmedo de Garcilita: -Prosigo mi intervención. En relación a la Comisión Especial Pluripartidista, que se estableció con prontitud a raíz del sismo, ha estado trabajando e informando debidamente. Su trabajo a sido institucional; sus informes han sido detallados y realmente todas las inquietudes que cualquier partido hubiera podido
manifestar, creo que el lugar adecuado era en el seno de Comisión Pluripartidista, en donde ha habido apertura.
Los donativos se asignaron, se llevaron hacia donde iban dirigidos. Sabemos que algunos de los donativos iban directamente asignados al gobierno mexicano, otros a la Cruz Roja o a algún organismo especial y así ha llegado. La Contraloría General, La Secretaría de la Contraloría ha tenido el cuidado el cuidado de verificar minuciosamente que estos donativos lleguen a donde deben de llegar, y se cuenta inclusive, han estado informando por los medios masivos de difusión, incluyendo desde luego la prensa, cuidadosamente, cuál ha sido el monto de los donativos y cuál ha sido su destino. Así que yo creo que esta alta tribuna no debe utilizarse para dar una idea equivocada acerca de cuál ha sido la actitud con los donativos.
La Comisión Especial Pluripartidista tuvo, desde su origen, cuando fue creada, dos objetivos principales: la investigación sobre el fenómeno sísmico, y también las propuestas en vista de la situación de emergencia. La Comisión Especial Pluripartidista, ha informado debidamente, inclusive ha rebasado los objetivos iniciales. Ha estado en el lugar donde se está haciendo la distribución de los donativos. Y creo que la propuesta que se ha hecho aquí, en el sentido de ir a ver en la Magdalena Mixhuca la distribución de los donativos, no debe de quedar para uno o dos diputados, todos tenemos derecho a ir y debemos ir para que no nos cuenten, porque es fácil que nos cuenten personas que ya tienen un interés en aprovechar está circunstancia para llevar como se dice " agua a su molino".
Yo creo que en estos momentos, antes que cualquier interés político debemos anteponer una profunda conciencia social y no hacer de esta alta tribuna un lugar en el que se expresen rumores, suposiciones o se trasmitan como veraces muchos hechos que son fáciles de inventar y que la voz pública puede oír llevando.
Así pues vamos a ver como se está haciendo está distribución de donativos. Yo ya he estado, no todos han estado en esto. Vamos a verlo con nuestros propios ojos, porque aquí no podemos aceptar verdades a medias. como ya se dijo ni tampoco versiones como si fueran veraces cuando no tienen, en muchos casos, el menor sustento real.
Así pues, creo que la Contraloría, así como lo ha venido haciendo va a seguir informando debidamente de lo que se hace con los donativos. A todos nos interesa tanto dentro del país como fuera del país.
Y cuando se habla también de que ha habido desperdicio, no lo creo. La mayor parte de los donativos no han sido fácilmente perecederos, entonces no se puede decir que se han desperdiciado, que se han tirado.
Es fácil venir aquí a decir que ha habido incapacidad, pero ha sido lo contrario, los esfuerzos se han unido y aquella entrega inicial en forma voluntaria que gran parte de la población hizo de sus esfuerzos ha continuado y ahora en forma más organizada nuestras autoridades han venido cuidando que las cosas se hagan como deben ser en forma limpia, en forma honesta y que los donativos lleguen a quienes deben llegar.
Se habló aquí también de los donativos provenientes del extranjero. En su oportunidad nosotros también preguntamos cuál iba a ser el destino. Ustedes saben que había que ser especialmente cuidadosos con la distribución de estos donativos, tanto porque provenían de fuera y había de tener especial cuidado, como también porque por ser extranjeros era más fácil que se prestara su distribución a algún mal manejo, no ignoramos aquí que hay gente que a menudo se deja llevar por se afán de tener productos de fuera. Entonces por eso se ha cuidado, se distribuyó inicialmente aquellos donativos provenientes del país, se atendieron las urgencias y se empezó a hacer una estrategia de distribución de aquellos provenientes de otros países.
Aquí vamos a escuchar pruebas que las hay de deshonestidad o de desperdicio o de desinterés, pero vamos a ser muy cuidadosos para que cualquier cosa que se diga tenga un pleno fundamento.
Muchas gracias por escuchar esto y creo que a todos nos va a interesar ir a donde se están distribuyendo los donativos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Para hechos, tiene la palabra el C. diputado Javier Paz.
El C. Javier Paz Zarga: -Señores de la Cámara de Diputados, un Presidente de la República en algún país donde cuando había problemas de inmediato fideicomisos. Y aquí en México ante un problema de tal gravedad se nombran comisiones de todo tipo, comisiones de toda naturaleza que nada más sirven para estorbar a los damnificados. El diputado Bribiesca dijo claramente, vamos en este momento a la Magdalena Mixhuca para ver como se está administrando la ayuda externa. Ya los damnificados están cansados, se están cansando de está burocracia que pretende meter entre lo cánones priístas a todo el pueblo de México, no podemos permanecer callados. En está Cámara de diputados, ante estos hechos, hubo un subsecretario, el de la cancillería, Víctor Flores Olea que informó que había llegado al país 480 vuelos y en el mismo momento hubo otro, el subsecretario de la Contraloría indicó que era 630 vuelos, ni uno ni otro se ponen de acuerdo, lo más grave de todo es que constantemente a los damnificados se les tiene marginados por la toma de decisiones, se les quiere controlar para manipularlos, se les quiere tener damnificados de por vida. Exhortamos a está o a otra comisión pluripartidista que se ponga a trabajar en serio, que se cumpla lo que el Partido de Acción Nacional solicitó desde el 1o. de noviembre, que haya fiscalización de
la ayuda externa directamente por esta Cámara, y que no aceptemos dócilmente, servilmente la actitud del Ejecutivo. Muchas gracias.
VECINOS DE LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO
El C. Presidente: -Para hechos, tiene la palabra el C. diputado Arnoldo Martínez Verdugo.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo: - Señores diputados: Han transcurrido 54 días desde el momento de la tragedia que sucedió a la ciudad de México.
Numerosos testimonios e informes difundidos desde entonces revelaron la magnitud de los daños sufridos. En este tiempo, surgieron o se consolidaron diversas organizaciones en las que se agrupan ya la mayoría de los damnificados, las cuales comenzaron a elaborar sus propias propuestas de solución a sus problemas y a los de la ciudad y a demandar su participación en todas las instancias donde se toman las decisiones que atañen a su futuro.
La Cámara de Diputados reaccionó con oportunidad frente a la magnitud de la la tragedia, creando una Comisión Especial Pluripartidista, con el objeto de ejercer una intervención directa en todos los asuntos derivados del desastre, y formulando dos resoluciones que recogían en los aspectos esenciales, los puntos de vista colectivos de todos los partidos representados en esta Cámara
. En una de esas resoluciones, la del 3 de octubre, adoptada por unanimidad, se estamparon acuerdos de gran importancia que abren una amplia perspectiva a la Cámara de Diputados, tanto para auxiliar a los damnificados, por el terremoto, como para legislar en materia de reforma urbana integral.
Entre otras decisiones relacionadas con la vivienda, la resolución del 3 de octubre estableció la necesidad de que este órgano interviniera activamente "para resolver la situación de los propietarios de viviendas en condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria afectadas por el siniestro a fin de garantizar sus derechos; respetar los derechos adquiridos por los damnificados, respecto a las viviendas destruidas o dañadas por el sismo, oyendo a los interesados en toma de decisiones". Hasta aquí la resolución.
Sin embargo, ha sido evidente para todos que el trabajo de la Comisión Especial Pluripartidista, ha disminuido sensiblemente en la últimas semanas y no se han promovido algunas de las conclusiones más importantes aprobadas el 3 de octubre.
No queremos en esta ocasión formular juicios sobre las causas del retroceso, porque nuestro propósito está orientado en esta ocasión a promover una intensificación inmediata de las actividades de la Cámara en su conjunto y de la Comisión Especial de modos directos, en torno a las tareas no resueltas derivadas de los sismos de septiembre.
Nos preocupa de modo muy especial que después de que han transcurrido cerca de dos largos meses no se haya encontrado una solución a los problemas de la Unidad Habitacional de Nonoalco, Tlatelolco, sin duda uno de los lugares donde la población sufrió uno de los mayores daños.
Esta situación se expresa en un texto que las organizaciones representativas de los vecinos de este Centro Habitacional nos han pedido que demos a conocer en el pleno de esta Cámara y cuyo texto dice así:
"Los residentes informan: Los nudos de la SEDUE en Tlatelolco. Desde que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología intervino en la administración de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, Tlatelolco declaró que junto con la Unidad Juárez eran las zonas de primera prioridad.
"Han pasado más de 50 días de los sismos que alteraron y quebrantaron nuestro ritmo normal de vida y nuestro patrimonio, y durante este tiempo se han añadido importantes complicaciones psico - sociales y además de ello una larga cadena de deficiencias, ineficiencias y acciones dolosas de quien se erigió en el responsable para atender los problemas de los habitantes de Tlatelolco.
Hasta hoy, 30 edificios permanecen evacuados, la mayoría de ellos por la disposición de la SEDUE; unas 30,000 personas padecemos con mayor agudeza las consecuencias de esa atención prioritaria de la secretaría encargada de atender los problemas de Tlatelolco.
En otras zonas de la ciudad, por la organización y movimientos de los ciudadanos damnificados, se han abierto vías de solución a sus problemas de atención urgente y de vivienda; la expropiación, la atención en albergues y las conversaciones que la Coordinadora Única de Damnificados ha sostenido con distintos Secretarios de Estado, son indicios alentadores, pero en Tlatelolco no sólo hay estancamiento, sino un sinfín de complicaciones del problema de fondo, la restitución de nuestros derechos como residentes que la actuación de la SEDUE quiere eliminar.
Hasta el momento ninguna de las asociaciones adquirentes y residentes de vivienda en Tlatelolco , ha recibido dictamen técnico que indique la situación real de sus inmuebles evacuados, menos del 10% ha dispuesto de las viviendas que se ofrecieron en venta y la inmensa mayoría se ha negado a aceptar los pagos que la SEDUE ofrece, para que cedan sus derechos y evacuen la unidad, a pesar de que la dependencia, con auxilio de priístas sin solidaridad vecinal, se ha dedicado a cazar vecinos desesperados para que acepten esos ofrecimientos.
Si los tlatelolcas no aceptamos esos pagos, a pesar de que con ello se haya prolongado
nuestra dolorosa situación, es porque estamos ciertos que tenemos derechos que defender; no queremos como se ha dicho dolosamente, regalos o privilegios, estamos defendiendo la vigencia del estado de derecho y un patrimonio que se pagó durante muchos años; tenemos el apoyo de análisis de abogados que confirman la obligación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de reparar o reconstruir nuestras viviendas. A la letra, estos estudios de abogados sostienen: en caso de que las condiciones de los edificios permitan su reparación, Banobras deberá destinar íntegramente el monto de lo que pague la compañía aseguradora a ese propósito y deberá además cubrir, con cargo a su patrimonio propio, la diferencia hasta completar el costo de la rehabilitación del inmueble, ya que si existe esa diferencia, se habrá originado en un ilícito y negligente manejo de Banobras.
En el caso de que los dictámenes periciales confiables indiquen que los edificios no admiten reparación y deban ser demolidos, la responsabilidad patrimonial de Banobras se incrementará considerablemente, pues tendrá que ser a su cargo la construcción de un nuevo edificio en la superficie del suelo que ha quedado o en otro equivalente, con deducción solamente de la suma que cubra la empresa aseguradora.
En cualquier caso - y esta es la opinión de la asesoría jurídica-, no son la opinión del Presidente de la República ni la del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología ni la de funcionarios de Fonapo la que debe prevalecer, sino la de la asamblea de tenedores de certificados de participación inmobiliaria, no amortizables, fundada en dictámenes periciales confiables; pero la SEDUE quiere desconocer estas obligaciones de Banobras y protegerla al promover la aceptación de pagos que además están muy por abajo del valor real de la superficie, inmuebles, espacios comunes de los inmuebles y las zonas que habitamos.
Las asociaciones vecinales hemos entregado al Presidente de la República, al titular de la SEDUE, al Jefe del Departamento del Distrito Federal y a la Cámara de Diputados nuestras peticiones .
Ahora, casi dos meses después las reiteramos íntegramente. Más con el fin de facilitar la solución del conflicto creado por la SEDUE para que salga del estancamiento, enlistamos aquellas medidas que al atenderse ayudarían a crear otras condiciones para nosotros y para la solución de los problemas en forma conveniente para las partes.
Primero. Es urgente la reubicación temporal de los tlatelolcas que se encuentran desalojados en viviendas bajo el régimen de comodato, en unidades habitacionales no entregadas a derechohabientes, en hoteles. O que en última instancia se les proporcione prestación en especie para subsistir durante el tiempo que tarde la solución de su desalojo obligado.
Segundo. Continuaremos esperando los peritajes y en todos los casos que podamos, buscaremos peritajes comparativos a los oficiales, para que cualquier decisión por edificio o por las cinco asociaciones, tenga como base los dictámenes técnicos confiables y seguros, tanto para rehabitar nuestros inmuebles, debidamente reparados, o para aceptar su demolición. Tercero. Insistiremos en demandar y si es necesario por la vía judicial, el cumplimiento de las obligaciones de Banobras, para que repare o reconstruya los inmuebles afectados por los sismos.
Cuarto. En caso de que se demuelan construcciones y los estudios técnicos determinaran la imposibilidad del suelo para reconstruirlos en el mismo sitio, insistimos en que se levanten construcciones que se erijan en los terrenos aledaños en la parte norte de la unidad, hoy semiocupados por instalaciones del Departamento del Distrito Federal, por Conasupo y algunos particulares.
Quinto. Para resarcir la vivienda a quienes la perdieron de ese modo, el Gobierno Federal debe desterrar el acaparamiento de particulares de los departamentos de la unidad y ofrecerlos a los derechohabientes, incluso garantizar la compra justa de quienes decidieron abandonar Tlatelolco y cedan sus derechos en inmuebles no afectados para entregarlos a los que hubieran decidido quedarse y requieran de esas viviendas.
Sexto. Para los tlatelolcas que habitan en los cuartos de azotea se debe garantizar su ubicación en los proyectos de vivienda reparada, en la zona centro y áreas circunvecinas.
Séptimo. Demandamos que de persistir la actitud de la SEDUE y su titular en el trato de Tlatelolco, su responsabilidad sea delegada a otras instancias del Ejecutivo Federal. Sostenemos que no habrá afectación de convenios que afecten nuestros derechos y mucho menos bajo presión.
Firman: La Asociación de Residentes de Tlatelolco, el Consejo de Edificios en Autoadministración, el Frente de Residentes de Tlatelolco, la Coordinadora de Edificios del ISSSTE, y la Coordinadora de Cuartos de Azotea.
Compañeros diputados: Consecuentes con los objetivos que se trazo esta misma Cámara en sus sesiones del 26 de septiembre y del 3 de octubre, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México, demandamos del Presidente de la Cámara que exhorte a los integrantes de la Comisión Especial Pluripartidista a reanudar de inmediato su actividad, y que en particular tome en sus manos el impulso de soluciones a los problemas de los damnificados de Tlatelolco. Y vienen las firmas de los Coordinadores
de los grupos parlamentarios que he mencionado.
Finalmente, quisiera informarles que los 6 grupos parlamentarios que se han mencionado, resolvieron salir en este momento en una manifestación a Palacio, acompañando a los damnificados que están aquí observando las labores de esta Cámara, con el objeto de entregar una solicitud de audiencia al Presidente de la República , a las que asistirían todos los integrantes, todos los diputados miembros de los 6 grupos que ya se han mencionado.
Y a continuación, una comisión de diputados se dirigirá, integrada por un representante de cada uno de los grupos, e irá a la Secretaría de Gobernación con el mismo objeto. Son acciones que en nuestra opinión corresponden íntegramente al espíritu de las resoluciones que tomó esta Cámara en septiembre y a principios de octubre. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Les suplico a los de las galerías guarden compostura.
Se excita a la Comisión Especial Pluripartidista atienda este asunto con la diligencia que requiere.
Para hechos, tiene la palabra el compañero Martín Tavira.
Se suplica al personal de servicio de la Cámara desalojen las galerías.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: insistiremos una vez más en que se excite a la Comisión Especial para que atienda todos estos problemas derivados del sismo del 19 de septiembre. En Tlatelolco hay problemas graves, al igual que en otras zonas de la ciudad, que necesitan ser atendidos de manera inmediata.
El objetivo inicial de Tlatelolco, compañeros diputados, se fue desvirtuando paulatinamente. Como todos sabemos, la unidad fue construida durante el Gobierno del Presidente López Mateos, principalmente para personas pertenecientes a lo que generalmente llamamos clase media: maestros, empleados, profesionistas, técnicos, maestros universitarios, etcétera. No eran los residentes dueños de los edificios ni de los departamentos; cada uno de ellos adquiría un documento que se llama "Certificado de Participación Inmobiliaria no Amortizable". Significa que los usufructuarios no tenían la propiedad.
Pero este objetivo social que impedía especular con los departamentos, se fue perdiendo, se comenzaron a vender los departamentos, gente interesada en enriquecerse con ellos fue comprando, hasta que ocurrieron hechos que es necesario que la Cámara los conozca.
En la Unidad Tlatelolco hay edificios en los que varios departamentos han sido acaparados por una o dos personas; muy conocido es el hecho de la torre, por ejemplo, que se llama Tecpan, y así otros edificios.
Tlatelolco fue abandonado, compañeros diputados, los edificios quedaron a su suerte, a la suerte de los malvivientes, de la delincuencia, sin servicio de policía, sin centros de cultura, sin campos deportivos, una juventud que no puede canalizar sus energías, claro, puede entregarse la vicio. Y Tlatelolco, que es una unidad dentro de la gran metrópoli, fue abandonada desde hace muchos años.
Esto obligó a los residentes a buscar la autoadministración de los edificios y así un gran número de edificios son administrados por los propios residentes, quienes contratan el personal y en algunos de ellos ha habido necesidad, ante la carencia de vigilancia, de contratar policías en las entradas.
Entonces, compañeros diputados, es necesario tomar en consideración estos hechos para que podamos tomar soluciones adecuadas.
El sismo vino a descubrir una serie de cosas en Tlatelolco, vino a descubrir este abandono de que les hablo, vino a descubrir el acaparamiento de departamentos, violando los certificados y violando la ley; vino a descubrir que no hay trabajo de parte de las autoridades correspondientes para impulsar en Tlatelolco una vida sana, una vida de cultura, una vida de esparcimiento, una vida fructífera.
La Comisión Especial debe comenzar a actuar inmediatamente, debe ir a Tlatelolco, debe ir al sitio de los hechos, hablar con los vecinos, reunirse con los dirigentes, oír sus quejas, tomar nota de sus necesidades; en fin, como dicen los arqueólogos, debe estar in situ para que la comisión pueda hacer las recomendaciones que considere necesarias, evocarse de lleno al problema, convertirse en comisión gestora ante las autoridades correspondientes, para darle solución a estos graves problemas.
Debe estudiarse a fondo la documentación relativa a los certificados de participación inmobiliaria no amortizable, para enterarse del alcance de estos documentos y de los derechos que tienen los residentes, los usufructuarios de los departamentos.
La comisión debe demandar dictámenes técnicamente bien elaborados de cada uno de los edificios, para que los residentes sepan a qué atenerse, porque hay edificios en los que no se sabe realmente si los mismos están en condiciones de ser habitados o deben ser desalojados.
Debe pues, la comisión, avocarse a buscar los caminos para que los residentes de Tlatelolco, si su edificio es inservible, adquieran su vivienda, se les pague lo justo, sean reubicados o en el mismo lugar se les pueda dar vivienda pero que esas familias de esa ciudad no sigan sufriendo las inclemencias del tiempo; porque hay muchos residentes que están viviendo en improvisadas casas de campaña sin servicios, con una serie de carencias, es necesario que la Comisión vaya a Tlatelolco, recorra una ciudad, platique con los vecinos y proponga las mejores soluciones, informe a esta Cámara cómo se van solucionando los problemas de Tlatelolco. Pero no tan sólo
son los problemas de Tlatelolco, son los problemas de toda la ciudad; la comisión debe trasladarse a las diferentes zonas de la metrópoli para que conozca en el sitio preciso los problemas que han surgido e informe a la Cámara delos mismos, proponga, haga las gestiones y así vayamos resolviendo, con nuestra combatividad revolucionaria, los problemas derivados del sismo del 19 de septiembre de este año. Muchas gracias, compañeros diputados.
El C. Presidente: -Para hechos, tiene la palabra el C. diputado José Trinidad Cervantes.
El C. José Trinidad Cervantes Aguirre: -Con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados: En representación de mi partido, el Demócrata Mexicano, desde el 19 de septiembre, poco después en la sesión que empezó pocas horas después del temblor; formo parte de la Comisión Especial Pluripartidista y me he conservado en ella atento a los problemas señalados por el mismo pleno de esta Cámara, derivados del siniestro ocurrido ese día y luego el siguiente.
He estado pues, preocupado por la situación originada en esos acontecimientos, en esos temblores de los días 19 y 20, y en sus consecuencias.
Como miembro de la Comisión Especial Pluripartidista, algunas veces llegué a objetar el hecho de que alguien tratara de hacer labor partidista en el seno de ellos; estaba la comisión, había sido la comisión designada como representante de la Cámara para atender en forma unitaria, en forma colegiada, sin distingos partidistas, los problemas derivados del siniestro. En esa inteligencia, estuvimos trabajando durante las primeras semanas. En las últimas semanas hemos sentido en receso a esa misma comisión de la que formamos parte.
En esta sesión, la presencia de mucha gente en las galerías y mucha gente a la cual habíamos comenzado a ver a la entrada de este recinto, a esta sesión, se estaba indicando que hay vivos, que hay presentes, que hay en forma acuciante muchos problemas que reclaman la atención de los legisladores y de manera especial de los integrantes de esta Comisión Especial Pluripartidista.
La sola presencia de la gente que había en las galerías y que fue desalojada, está demostrando que hay muchos problemas palpitantes, quemantes en estos momentos fuera de la Cámara, y que también tienen que preocuparnos a nosotros como representantes populares.
Cuando el presidente de la Comisión Especial Pluripartidista presentó aquí en este mismo sitio su informe, atentamente fui siguiendo la relación de hechos ocurridos varias semanas atrás, y esperaba yo alguna relación de hechos más recientes de los cuales me sintiera culpable de no estar participando; y en lugar de eso escuché la lectura de varias iniciativas presentadas por los diputados miembros de la mayoría, miembros del Partido Revolucionario Institucional, que eran presentados por el presidente de la Comisión Especial, en cierto modo como si fueran expresión de la misma y me dije que retrocedíamos a las primeras actividades en que se quería hacer labor partidista en el seno de esta comisión.
Estoy, pues, manifestando públicamente, ante todos ustedes, mi inconformidad, mi inconformidad con el hecho de que un grupo de legisladores miembros de una comisión que debía ser imparcial, que debía no ser expresión partidista, estuvieron presentado, dando a conocer una serie de iniciativas relacionadas con la secuela del siniestro.
Entonces, creo yo, señores, que necesitamos recapacitar, necesitamos devolverle a esta Comisión Especial Pluripartidista su carácter unitario, su carácter no partidista, no de fracciones y menos de facciones, de manera que podamos en el seno de ella examinar problemas, cotejar puntos de vista, buscar el consenso y entonces presentarlo aquí como expresión unitaria de toda la comisión, porque, señores, los problemas no vamos a resolverlos jalando cada quien por su hebra, no va a resolverlos cada chango en su mecate, vamos a unirnos todos o no resolvemos nada. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene palabra, para hechos, el C. diputado Efraín Calvo.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: -Con su venia, señor presidente, señoras y señores diputados: Yo quiero aclarar dos cosas e informarles una más que acaba de pasar hace un ratito.
Bien, el problema de Tlatelolco es muy sencillo, yo ya sé lo que va a decir Carrillo Arena cuando venga a comparecer aquí a la Comisión de Obras Públicas, va a decir lo mismo que ha venido diciendo en la prensa todos los días, que en Tlatelolco se están resolviendo los problemas, y pues sí, sí están empezando a llevar a cabo una serie de resoluciones, pero es una solución un poco salvaje, desde mi punto de vista; la solución que está dando Carrillo Arena a los problemas es una especie de solución de táctica de guerra, diría yo, porque de lo que se trata es de derrocar a los tlatelolcas; ya veo a Carrillo Arena con sus pistolas, con sus comandantes avanzando sobre los tlatelolcas, muriéndose de la risa, porque los está derrotando, según él.
Porque aquí el problema en Tlatelolco es muy sencillo, ciertamente lo de los títulos de participación inmobiliaria es una figura un poco extraña, pero es un poco extraña porque beneficia ampliamente a quienes los poseen, los beneficia tanto que en una de las cláusulas de esos títulos de participación
n
inmobiliaria se dice clara y específicamente, exactamente se dice de que si las personas pierden sus viviendas por sismos, esta vivienda les va a ser recuperada y eso es precisamente lo que Carrillo Arena no ha querido reconocer; en vez de esto están utilizando la desesperación de miles de gentes que está viviendo en la calle, de estar padeciendo las enfermedades de sus hijos para chantajearlos, para obligarlos, para ejercer coacción sobre ellos para que acepten una serie de indemnizaciones que tampoco corresponden a la restitución de la vivienda y no corresponden, señoras y señores, por que no valen 2 millones ni 3 millones las viviendas que va a ir a ocupar la gente y eso es lo que está dando de indemnización la SEDUE; ese es el problema, imagínense qué pasaría si ustedes adquieren un seguro de vida que a la mera hora se los hacen chanchullo, ¿verdad que se van a molestar?, pues eso es lo que les pasa a los tlatelolcas, quieren que se les reconozcan sus derechos y esa es su petición fundamental.
Ahora sobre una cosa que vino a decir una compañera diputada aquí, a la tribuna, quiero que quede muy claro sobre la ayuda internacional. Yo vine aquí a decir, porque no tengo los suficientes elementos como para decirlo aunque lo sospecho, yo no vine aquí a decir que se las están robando, yo dije que supusiéramos, pues, que los informes que dio el subcontador eran ciertos, supongamos que son honestos los manejos del gobierno, el problema no está ahí, el problema está en el manejo político que se está dando a todos esos fondos internacionales que están llegando a México y lo que yo señale, que no me han contestado y no creo que me contesten , es que lo que está pasando que todo lo mandan a los albergues y eso quien sabe por qué ya empezó a fallar, hay muchas noticias al respecto, pero no lo mandan a las calles, no lo mandan a donde la gente lo está necesitando, allá en las calles de la colonia Morelos, allá en las calles de Tepito, allá en el mismo Tlatelolco, allá no está la solidaridad internacional y por eso, por eso obviamente los rumores nacen, crecen y se desarrollan en esas cuestiones.
Y quería informarles finalmente, un hecho que acaba de pasar; ya en una ocasión cuando yo fui comisionado por mi partido para acompañar al señor licenciado De la Madrid, de aquí, al Palacio Nacional algunos guaruras trataron de sacarme de la columna y lo denuncié aquí en tribuna; hace un rato cuando los señores de Tlatelolco querían introducir sus mantas aquí, que no venían a gritar ni venían a decir nada, querían introducir sus mantas porque es una forma de expresión legítima, este señor Pacheco, que es el jefe de seguridad de esta Cámara de Diputados se los impidió. Cuando yo fui a tratar de que se comprendiera de que esta es una expresión legítima de la gente, el señor Pacheco me dijo que no: Como yo tomara la manta en mis manos y la introdujera, el señor Pacheco me dijo que nos veíamos dentro de tres años. Apúntenlo para ver qué pasa.
COMUNICACIÓN A LOS PARLAMENTOS DEL MUNDO
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Juan José Bremer.
El C. Juan José Bremer Martino: -Ciudadano presidente; compañeros diputados: hace días esta honorable Cámara de Diputados en sesión plenaria aprobó por unanimidad una propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la propia Cámara, para que ésta se dirigiera a todos los parlamentos de los países con los que México tiene relaciones y que han expresado su solidaridad a nuestro país, ofrecido u otorgado ayuda con motivo de los lamentables sismos ocurridos los días 19 y 20 del pasado mes de septiembre.
Es, en consecuencia, esta resolución de la Cámara de Diputados, ciudadano presidente, que con sus venia doy lectura a esta asamblea, del texto de la comunicación que la Cámara de Diputados de México hará llegar a los parlamentos del mundo que han sido solidarios con nuestro país.
Leo a continuación el texto que ha sido aprobado, compañeros diputados por todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias aquí representadas:
Honorable asamblea, a continuación el texto a los parlamentos del mundo:
En el marco de la solidaridad internacional, y dentro del respeto en que se fincan las relaciones de nuestros países, esta Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó remitir el presente comunicado a ese Parlamento con el propósito de precisar la información respecto de los hechos y consecuencias sucedidas con motivo de los sismos ocurridos los días 19 y 20 del pasado mes de septiembre, que afectaron fundamentalmente el área central de la capital de la República y algunas zonas de tres estados del interior del país.
Deseamos puntualizar el alcance de los hechos ocurridos a este respecto.
A las 7:30 horas del día 19 de septiembre los mexicanos fuimos sorprendidos por un movimiento telúrico, que dejó una estela de muerte y destrucción que afectó en grado mayor al Distrito Federal y en menor medida algunas otras poblaciones de los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Las vidas humanas cuya pérdida hemos lamentado hasta la fecha, ascienden a varios miles, existiendo damnificados por varias decenas de miles, y se atendieron alrededor de 10 mil heridos. Los daños materiales, aún cuando hasta el momento no ha sido posible cuantificarlos, comprenden cerca
de 5,728 edificios deteriorados de 1.400,000 edificaciones que existen en la capital de la República.
Resultaron afectados servicios públicos tales como el agua potable, energía eléctrica, transporte público, teléfonos, y que en su mayoría se encuentren restablecidos y operando normalmente.
Ante este drama nacional el Gobierno de la República y el pueblo mexicano, en conjunción de esfuerzos con organizaciones civiles y partidos políticos, encaminaron las acciones necesarias otorgando prioridad al rescate de vidas humanas en las que destacó de manera ejemplar la voluntad, entereza y decisión de a juventud.
Esta tarea se vio fortalecida por la expresión solidaria y la invaluable ayuda de la comunidad internacional que se expresó con el más sentido de la coexistencia y la amistad.
Ahora, pueblo y gobierno emprendemos las acciones de reconstrucción de las zonas dañadas, resaltando el hecho de que el orden público constitucional ha permanecido inalterable. En estos momentos en que nuestro país fue impactado por este fenómeno natural, contamos con la ayuda del gobierno y del pueblo de su país, cuyo auxilio invaluable expresa el alto espíritu de amistad y solidaridad que tienen hacia México.
De estimarlo procedente, de conformidad con sus disposiciones internas y prácticas parlamentarias, hemos de reconocerles su amable disposición a efecto de que el texto de la presente pueda ser conocido por los integrantes de ese honorable órgano colegiado.
Firmarían la comunicación: el presidente de la Cámara de Diputados.
Firman: por la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Eliseo Mendoza Berrueto; por la Fracción Parlamentaria del Partido de Acción Nacional, el diputado Jesús González Schmal; por la Fracción del Partido Socialista Unificado de México, el diputado Arnoldo Martínez Verdugo; por la Fracción Parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, el diputado Antonio Monsiváis Ramírez; por la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores , el diputado Graco Ramírez Abreu; por la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, el diputado Indalecio Sáyago; por la Fracción Parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Carlos Cantú Rosas; por la Fracción Parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores, el diputado Heberto Castillo; por la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el diputado Pedro Peñaloza.
México, D. F., noviembre de 1985.
Muchas gracias, ciudadano presidente.
(Aplausos.)
MINUTO DE SILENCIO
El C. Presidente: - Se le concede el uso de la palabra al C. diputado Arturo Whaley Martínez, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez: -Señor presidente: Quisiera solicitar atentamente dé instrucciones a la secretaría, a efecto de que esta Cámara y los que en este recinto se encuentran, guardemos un minuto de silencio por los magistrados, los juristas, los luchadores sociales, los ciudadanos que fallecieron el 7 de noviembre pasado, en la toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, Colombia.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -Por instrucciones de la presidencia se guardará un minuto de silencio en memoria de los caídos que ha mencionado el señor diputado.
(Se guarda un minuto de silencio.)
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez: (Continúa su intervención). - La violencia en Colombia, particularmente del ejército, cobra su máxima intensidad el 9 de abril de 1948, en aquel golpe de Estado famoso, el bogotaso, que tuvo un saldo de más de 250 mil muertos.
Este mismo ejército, los que entonces tal vez eran tenientes y ahora son generales, han entrado al Palacio de Justicia de Bogotá a sangre y fuego, ocasionando pérdidas cercanas a los 200 fallecidos.
La violencia en Colombia, donde existe un estado de sitio declarado y virtual desde hace 37 años, lleva, concita a la necesidad de luchar también con la violencia en torno a la defensa de los intereses del pueblo, de los campesinos, de los trabajadores.
Aquí en México hablar de guerrilla es hablar, tal vez, de aventurerismo y provocación en las condiciones actuales.
En Colombia hablar de lucha electoral o de lucha parlamentaria es como se ha demostrado un suicidio.
Ya en 1953 fueron asesinados más de 10 mil guerrilleros liberales que habían aceptado el ofrecimiento gubernamental de entregar las armas y de pasar a la legalidad.
Esto mismo ha venido sucediendo a los largo de estos años, más recientemente después de la Ley de Amnistía de 1982, que fueron acogidos a ella o se acogieron a ella dirigentes del Ejército de Liberación Nacional y de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, dirigentes que fueron asesinados a pesar de ello.
La violencia en Colombia surge de la violencia que ha desatado un ejército que es proporcionalmente el más grande del Cono Sur.
Pero la relación de represión del ejército no sólo se da contra los grupos que como el M-19 sostienen populares o de izquierda.
Esta actitud represiva toca incluso a otros poderes. La relación entre el ejército y el
poder judicial ha sido históricamente una relación conflictiva.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia falló en contra del ejército una denuncia por tortura y condenó al gobierno al pago de indemnizaciones a las víctimas. Entre los acusados, y por ende entre los condenados tácitamente estaba el general Miguel Vega Uribe, actual ministro de defensa.
En el momento en que fue incendiado el palacio de justicia por el ejército colombiano estaban procesándose más de 150 denuncias por violaciones a los derechos humanos contra el ejército colombiano.
Es evidente, entonces, a la luz de esta situación de este cuadro histórico que la decisión gubernamental de incendiar y de toma el palacio por la fuerza no sólo tenía que ver con la relación o con el enfrentamiento contra los guerrilleros que hace unos pocos meses el propio gobierno de Betancourt dada un estatuto de fuerza deligerante, y que hoy simplemente llama terrorista.
También tiene que ver con toda una serie de contradicciones entre los grupos en el poder. Todas la versiones actuales concuerdan en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió una tregua el presidente Betancourt alto al fuego, que le fue negado.
Ello ha motivado la condena de muchas personalidades colombianas, de Humberto Murcia Vallen, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sobreviviente del atentado perpetrado por el ejército, del senador Emilio Urrea, quien acusó al Gobierno de desestimar la petición de cese al fuego del titular del Poder Judicial al declarar que estos hechos representaban la virtual desaparición de la comisión de paz.
La condena también del Tribunal Superior de Bogotá, que deplora que se haya decidido utilizar la fuerza en vez del diálogo, no acepta este tribunal superior de Bogotá, las manifestaciones compungidas de dolor enmedio del alarde truinfalista a despecho del trágico saldo y no se deja conmover por las expresiones de fingida pesadumbre quienes desde otras ramas del Poder Público no han sido otra cosa que francotiradores permanentes contra el testamento judicial; esta es una declaración oficial de este tribunal.
Estos graves hechos han significado mayor división entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.
La Asociación Nacional de Empleados Judiciales está en huelga, hay un rechazo al intento de entierro colectivo que pretendía llevar el Gobierno por los familiares de los magistrados y de las víctimas en general de estos hechos sangrientos. Existen 14 mil magistrados, jueces y empleados y miles de abogados y profesores universitarios en huelga en repudio a la actitud gubernamental.
Es claro ahora que los cerca de 200 muertos, 12 de 24 magistrados, jueces, consejeros, abogados, guerrilleros, fallecieron por el incendio que provocó el propio ejército.
Todo esto visto desde México debe analizarse en primer lugar con mucha prudencia y sobre todo sosteniendo 2 principios fundamentales que han sustentado la política exterior de nuestro país; el primero de ellos es la no intervención en los asuntos que competen, resolver a otros estados y a otros pueblos. Que más garantía de guardar la Constitución y la legalidad que la del propio Poder Judicial de cada país, aún en un lugar en donde existe estado de sitio desde hace 37 años.
La política exterior de México debe cuidar mucho estas formas. Para nosotros los socialistas no sólo las formas, sino también los contenidos. Recordemos, señores diputados, que las instituciones hoy estables, la República Mexicana, que las instituciones que hoy podemos llamar que tienen vida democrática en nuestro país, fueron generadas por la violencia de las masas trabajadoras mexicanas, y que en ese sentido la violencia tiene dos contenidos: esta del ejército colombiano a la que me he referido, y que ha servido para reprimir las causas populares y la otra, la que encuentra como respuesta todavía endeble en ese país, pero que transforma las sociedades.
En virtud de todas estas consideraciones, el Partido Socialista Unificado de México, por mi conducto, pone a consideración la siguiente propuesta:
"Compañero presidente de la honorable Cámara de Diputados. Presidente: En relación a los hechos que tuvieron lugar el día 7 de noviembre próximo pasado en la Ciudad de Bogotá, Colombia, donde murieron magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia, consejeros de Estado y más de un centenar de ciudadanos colombianos, empleados y luchadores sociales, se solicita poner a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:
"Unico. Enviar al Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República de Colombia un mensaje en los términos siguientes:
"La H. Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos expresa, a través de vuestra excelencia, sus más sentidas condolencias a los miembros del Poder Judicial de este país y en general al hermano pueblo de Colombia.
"Al mismo tiempo, ratificamos nuestra convicción de que es el diálogo y la negociación el mejor camino para que nuestros caminos superen el atraso, la la desigualdad y la dependencia, y logren una verdadera convivencia democrática y pacífica".
Compañeras y compañeros diputados: Toda vez que el asunto que se presenta es de obvia y urgente resolución, se solicita que se apruebe en los términos que establece al artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del PSUM, diputado Arturo Whaley Martínez.
Hago entrega de la propuesta a efecto de que sea puesta a su consideración.
El C. Presidente: -Se abre el turno de oradores. Conforme al artículo 58 hablará uno en pro y uno en contra.
No habiéndolo, pregunte la secretaría si se acepta o no la proposición.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si es de aceptarse o no la proposición que acaba de hacerse en estos momentos... Los que estén por que se acepte, sírvanse levantar la mano... Aceptada.
El C. Presidente: -pregunte la secretaría si se considera de urgente y obvia resolución.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si es de urgente y obvia resolución... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, expresen levantando la mano... No es de urgente y obvia resolución.
El C. Presidente: -Se turna a la comisión de Relaciones Exteriores.
Continúe la secretaría con el orden del día.
INVITACIONES
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
-«La "L" Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila, invita a usted a la sesión Solemne en la que el C. licenciado José de la Fuentes Rodríguez, Gobernador Constitucional del Estado, rendirá su Cuarto Informe de Gobierno.
La ceremonia se efectuará el día 15 de noviembre a las 11:00 horas en el Teatro de la Ciudad, declarado Recinto Oficial.
Saltillo, Coahuila, noviembre de 1985.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Eliseo Mendoza Berrueto, Heriberto Ramos Salas, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Daniel Castaño de la Fuente, Rodolfo Jiménez Villareal, Gaspar Valdés Valdés, Gonzalo Padilla Fuentes, Ricardo Francisco García Fernández, Héctor Morquecho Rivera, Magdalena García Rosas y Leonardo Durán Juárez.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. México, D. F.
La Quincuagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se complace en invitar a usted a la Sesión Solemne que se celebrará a partir de las 10:00 horas del día 15 de noviembre del presente año, en el Cine Diana de esta ciudad, declarado Recinto Oficial, en la que el C. Antonio Toledo Corro, Gobernador Constitucional del Estado, rendirá ante esta representación popular su Quinto Informe de Gobierno.
Culiacán de Rosales, Sinaloa, 1985.»
El C. Presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Salvador Robles Quintero, Salvador Esquer Apodaca, Marco Antonio Espinoza Pablos, Mario Niebla Alvarez, Diego Valadés Ríos, José Angel Escobar Osuna, Ma. Luisa Solís Payán, Adrián González García, Renato Vega Alvarado, Genaro Piñeiro López, Gustavo Valenzuela Santeliz y Víctor Manuel Jiménez Osuna.
OFICIOS DEL SENADO
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: «CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento, que en sesión celebrada el día de hoy, se acordó, en base en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , solicitar al ciudadano Presidente de la República, licenciado Miguel del Madrid Hurtado, la asistencia del ciudadano licenciado Héctor Hernández Cervantes, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, a la sesión del próximo día 13 del actual, a fin de dar sus puntos de vista, sobre las implicaciones que tendría que iniciar negociaciones con el GATT y, en su caso la eventual adhesión del país a esa organización de comercio internacional.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F. a 8 de noviembre de 1985
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario.»
Trámite: -De enterado.
El mismo C. Secretario:
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Por acuerdo de esta fecha, a proposición de la Gran Comisión, el Senado de la República aprobó los siguientes puntos:
"Primero. El Senado Mexicano participará anualmente en la celebración de las reuniones interparlamentarias México-España.
Segundo. Las reuniones interparlamentarias México-España serán anuales se celebrarán alternada y sucesivamente en cada uno de los dos países.
Tercero. Las sedes y fechas de celebración de las siguientes reuniones Interparlamentarias México-España, se determinarán oportunamente por los Congresos de ambas naciones, así como la agenda a que se sujetarán.
Cuarto. Se faculta a la Gran Comisión del Senado de la República para que designe los delegados senadores que participarán en las reuniones interparlamentarias México-España.
Quinto. Hágase del conocimiento de la honorable Cámara de Diputados este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar.»
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 8 de noviembre de 1985.
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario.»
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
LEY DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal. -México, D. F. -Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Anexa al presente, envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de Ley de la Casa de Moneda de México, documento que propio Primer Mandatario somete a la consideración de esa H. representación nacional por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 5 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
El Congreso de la Unión, a quien tengo el honor de dirigirme por el digno conducto de ustedes, tiene facultad para establecer las casas de moneda encargadas de acuñar las piezas metálicas que tendrán poder liberatorio en el país.
La trascendente función de acuñar la moneda nacional es considerada, por mandato constitucional, como una actividad estratégica que corresponde ejercer de manera exclusiva al Estado.
Esta función se ha venido desempeñando con eficacia, calidad y suficiencia, con base en los decretos que expide el propio Congreso de la Unión y en las políticas y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal, a través de una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominada Dirección General de Casa de Moneda.
El prestigio de las monedas acuñadas en México, producto de la capacidad técnica y artística de operarios mexicanos, ha trascendido desde hace largo tiempo nuestras fronteras, al grado del reconocimiento internacional a los cuños mexicanos de la mayor autenticidad, la ley y pureza metálicas.
La estrategia nacional de desarrollo contempla, entre sus prioridades, el fortalecimiento del aparato productivo del país, la generación de empleos, la autosuficiencia en la producción de bienes básicos y la operación eficiente de las empresas públicas en base a una situación favorable de sus finanzas.
En el contexto de esta estrategia se considera conveniente y razonable que la estructura orgánica a la que se encomienda el desempeño de esta significativa función del Estado, debe responder a la dinámica de operación fabril y tecnológica y adaptarse con mayor agilidad a los adelantos que se observan en este campo.
En congruencia con los programas que el Gobierno Federal promueve para descentralizar funciones, se estima, asimismo, que dicha estructura debiera permitir mayor autonomía operativa y presupuestaria que la actual, a fin de impulsar y promover con amplitud el mejoramiento del proceso de acuñación y de las instalaciones, equipos y tecnología aplicados al mismo.
Las consideraciones anteriores apoyan la presente iniciativa de la ley que propone establecer la Casa de Moneda de México con el carácter de organismo descentralizado de la administración pública federal.
La iniciativa se inspira en la disposición constitucional que sobre el particular establece que el Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo.
El organismo descentralizado que se propone será heredero de una valiosa experiencia histórica de 450 años de acuñación de moneda en nuestro país, por lo que su denominación como Casa de Moneda de México es consecuente con esa tradición.
Se propone que su domicilio sea el Distrito Federal con la posibilidad de establecer plantas en otros lugares de la República, como actualmente ocurre.
Su objeto será la acuñación de la moneda de curso legal en el país, independientemente de que, también, podrá realizar otras actividades relacionadas con la fabricación de piezas y medallas metálicas, así como promover el desarrollo de técnicas y nuevos procedimientos de acuñación.
La iniciativa prevé que el patrimonio del organismo se constituya con los bienes, derechos y demás activos que actualmente se destinan al desempeño de esta función, así como los que en el futuro adquiera por cualquier título.
La administración se encomienda a una Junta de Gobierno, compuesta por cinco miembros propietarios, siendo el primero de ellos el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los demás, designados, dos de ellos, por la propia Secretaría y los dos restantes, por al Banco de México,
así como por un director general que habrá de ser designado por la citada junta.
Las facultades básicas de la Junta de Gobierno se refieren a la aprobación de los programas de acuñación, de los presupuestos y de la estructura orgánica de la Casa de Moneda de México, así como a su representación legal.
Las atribuciones del director general, previstas en la iniciativa, le permitirán realizar la administración general del organismo y resolver los asuntos cuyo conocimiento no esté reservado a la Junta de Gobierno.
La iniciativa prevé también un Comité Técnico a fin de opinar sobre los programas de acuñación y de proponer las medidas para el mejoramiento del equipo y la tecnología aplicada por el organismo, así como verificar el avance y resultados de los programas en ejecución.
También se dispone que el organismo cuente con dos comisarios para cuidar de la marcha eficaz del organismo y de un contralor interno.
Las relaciones laborales habrán de regirse como hasta ahora, por el apartado "B" del artículo 123 constitucional, acorde con la naturaleza de la función de acuñación de moneda que, como ya se ha recordado, es una función exclusiva del Estado.
Las disposiciones transitorias prevén la necesidad de que los bienes, instalaciones, equipos y demás recursos destinados a la acuñación de moneda, queden transferidos, mediante medidas del Ejecutivo, a la Casa de Moneda de México.
Se previene que, con oportunidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público levante el inventario de los bienes antes mencionados para proponer al Ejecutivo Federal las medidas que correspondan.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, por el conducto de ustedes, la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO
CAPITULO I
Objeto, domicilio y actividades.
Artículo 1o. La acuñación de moneda es una función que ejerce de manera exclusiva el Estado en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes y decretos del Congreso de la Unión, y conforme a las políticas y lineamiento establecidos por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 2o. Para el ejercicio de la función de acuñación de moneda, se crea un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Casa de Moneda de México.
El símbolo de la Casa de Moneda de México será M.
Artículo 3o. La Casa de Moneda de México tendrá su domicilio en el Distrito Federal y podrá establecer u operar plantas y oficinas en otros lugares de la República.
Artículo 4o. La Casa de Moneda de México tendrá por objeto la acuñación de la moneda de curso legal en el país.
En la realización de su objeto, procederá a la acuñación conforme a las características y denominaciones que establezcan los decretos del Congreso de la Unión y a las órdenes de acuñación del Banco de México, en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de este último.
Artículo 5o. La Casa de Moneda de México realizará, además, las siguientes actividades:
I. Diseñar y producir las medallas que otorga el Gobierno Mexicano, conforme a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como otras medallas conmemorativas que determinen la leyes o para fines oficiales y particulares.
II. Elaborar piezas y placas de metales preciosos, conforme a los programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Banco de México.
III. Guardar y custodiar la moneda y los metales que se entreguen en depósito al Banco de México y, en su caso, otras instituciones.
IV. Diseñar y fabricar, en su caso, monedas extranjeras, en cumplimiento de convenios y contratos que celebre el Gobierno Federal o que hubiere contratado directamente.
V. Promover el desarrollo de tecnología y la fabricación nacional de equipos y materiales destinados a la elaboración de monedas y medallas.
VI. Celebrar convenios y contratos y realizar las operaciones necesarias, para llevar a cabo su objeto y actividades, conforme a esta ley y a los ordenamientos de observancia en la materia.
VII. Administrar el Museo Numismático Nacional.
VIII. Administrar a su personal, así como los bienes y recursos financieros que constituyen su patrimonio, para el cumplimiento de su objeto de actividades.
IX. Las demás que le fijen las leyes, sus reglamentos y el Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias y entidades competentes.
CAPITULO II
Patrimonio
Artículo 6o. El patrimonio de la Casa de Moneda de México lo constituyen:
I. Los derechos, bienes y demás activos que el Gobierno Federal tiene destinados a la acuñación de moneda, así como los que, por cualquier título, adquiera en el futuro.
II. Las aportaciones que, además, reciba del Gobierno Federal.
III. Los ingresos provenientes de su operación y los que perciba por la realización de sus actividades.
IV. Los derechos y las obligaciones, que le correspondan, por las operaciones que realice y que contraiga o adquiera.
CAPITULO III
Órganos de gobierno y de vigilancia
Artículo 7o. Administración de la Casa de Moneda de México, recaerá en la Junta de Gobierno y en el Director General.
Artículo 8o. La Junta de Gobierno estará integrado por cinco miembros propietarios, siendo el primero de ellos el titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y los demás designados, dos de ellos, por la propia Secretaría y, los dos restantes, por el Banco de México. Por cada miembro propietario la Secretaría y el Banco mencionados designarán también a un suplente para que lo sustituya en sus ausencias temporales.
Artículo 9o. La Junta de Gobierno será presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y en sus ausencias, por el suplente que designe. El Director General asistirá a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto.
Artículo 10. La Junta de Gobierno tiene las siguientes facultades:
I. Aprobar los programas de acuñación de moneda y de operación anual, a proposición del Director General, y someterlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II. Aprobar los presupuestos de ingresos y de egresos, a proposición del Director General y, en su caso, someterlos a la autorización de las autoridades competentes.
III. Recibir y aprobar, en su caso, los informes de operación y de resultados y los estados financieros, que se rendirán por el Director General.
IV. Designar el Contralor Interno y, a propuesta del Director General, a los directores, administradores de planta y titulares de las demás unidades básicas de actividad, conforme a la organización autorizada, así como fijar las remuneraciones y los tabuladores del personal con su sujeción a los lineamientos de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
V. Aprobar la estructura orgánica.
VI. Aprobar, en su caso, los programas de administración de personal y de desarrollo tecnológico, a proposición del Director General.
VII. Examinar y aprobar las condiciones generales de trabajo.
VIII. Representar legalmente al organismo ante las autoridades o los particulares con la suma de facultades que se requieran conforme a las leyes para la realización del objeto y actividades previstos por ésta y para administrar su patrimonio, así como para otorgar y revocar poderes con base en dichas facultades.
IX. Resolver sobre los asuntos que sean de su competencia conforme a las leyes o que se sometan a su consideración cualquiera de sus miembros, los comisarios, el Director General o el Contralor Interno, así como sobre los demás asuntos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto y de las actividades del organismo.
Artículo 11. El director general será designado por la Junta de Gobierno, a propuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y sus facultades serán:
I. Ejecutar las resoluciones de la Junta de Gobierno y los programas que hubiere aprobado la propia junta.
II. Representar legalmente a la Casa de Moneda de México ante terceros y toda clase de autoridades administrativas, judiciales y del trabajo, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la ley para pleitos y cobranzas y actos de administración, así como para actos de dominio en los términos y con las limitaciones que expresamente señale la Junta de Gobierno.
III. Otorgar y revocar poderes generales o especiales con base en las facultades a que se refiere la fracción anterior.
IV. Formular, para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas de acuñación de moneda y de operación anual.
V. Promover el desarrollo de técnicas de diseño y acuñación de moneda.
VI. Administrar los asuntos propios del organismo y sus bienes, celebrando los convenios y contratos que sean necesarios y ejecutar los actos que se requieran para el mejor desarrollo de su planta productiva y aprovechamiento de sus recursos.
VII. Rendir a la Junta de Gobierno el informe anual y los demás que la misma le solicite, en los que dará cuenta de la operación, resultados y en general, de la administración.
VIII. Proponer, para aprobación de la Junta de Gobierno, las condiciones generales de trabajo, en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
IX. Nombrar al personal del organismo de base o de confianza, así como autorizar los contratos de servicios profesionales por honorarios y dar por terminada la relación de trabajo y contractual respectivamente, por sí o por el representante autorizado por el organismo, con sujeción a las condiciones
generales de trabajo y demás disposiciones aplicables.
X. Otorgar estímulos y recompensas al personal, y en su caso, aplicar sanciones administrativas; conceder permisos, licencias y vacaciones, de conformidad con lo previsto en las condiciones generales de trabajo y demás ordenamientos aplicables en la materia.
XI. Resolver los demás asuntos cuyo conocimiento no está reservado expresamente a la Junta de Gobierno y todos aquellos necesarios e implícitos para el cumplimiento de sus facultades.
Artículo 12. La Casa de Moneda de México tendrá un comité técnico integrado por tres miembros designados, uno por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otro por el Banco de México, siendo el tercero el director general del organismo. Por cada uno de ellos se designará un suplente.
El comité tendrá a su cargo:
I. Opinar sobre los proyectos de programas de acuñación de moneda y de operación anual, presupuestos por el Director General, así como de las proyecciones formuladas al respecto por el Banco de México.
II. Verificar el avance y resultados de los programas en ejecución y formular los informes y sugerencias relativas a la junta de gobierno y al director general.
III. Estudiar y opinar sobre el uso y mejoramiento de las instalaciones, equipos y tecnología del organismo.
Artículo 13. El organismo contará con dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el otro, por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. El titular de cada secretaría designará un suplente. Los comisarios podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto.
CAPITULO IV
Disposiciones Generales
Artículo 14. El personal de la dirección, administración, inspección y los demás trabajadores que concurran directamente en el proceso productivo o que utilicen metales y demás material necesario en dicho proceso, deberán caucionar debidamente su manejo, mediante fianza otorgada por una institución de fianzas legalmente autorizada, u otra garantía eficaz, por el monto y en los términos y modalidades que fija la Junta de Gobierno.
Artículo 15. La Casa de Moneda de México establecerá, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Comité Mixto de Productividad con la participación de los trabajadores y de la administración del organismo.
Artículo 16. Los actos, convenios y contratos en que intervenga la Casa de Moneda de México, se ajustarán a las leyes federales conducente y las controversias en que sea parte, serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que se exigen a los particulares.
Artículo 17. Las relaciones de trabajo entre la Casa de Moneda de México y sus trabajadores, se regirá por el apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria.
TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Al entrar en vigor esta ley, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la misma.
Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá con oportunidad a levantar el inventario de los bienes, derechos y recursos que asumirá el organismo para proponer al Ejecutivo Federal las medidas que correspondan. Con base en el inventario y en la transferencia de dichos bienes, derechos y recursos, al constituirse la Junta de Gobierno del organismo determinará el patrimonio inicial de operación de la Casa de Moneda de México.
Cuarto. El Ejecutivo Federal dictará las medidas que sean necesarias para que los bienes , instalaciones, equipos, derechos y demás recursos que están destinados al servicio público de acuñación de moneda queden transferidos a la Casa de Moneda de México a partir de la vigencia de esta ley.
Quinto. El personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adscrito a la Dirección General de Casa de Moneda, a la fecha de la vigencia de esta ley, pasará a prestar sus servicios a la Casa de Moneda de México y se mantendrán los derechos salariales y de antigüedad que hubiere adquirido.
Reitero a ustedes CC. Secretarios las seguridades de mi consideración. México, D.F., a 5 de noviembre de 1985.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»
El C. Presidente: -En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL MERCADO DE VALORES
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal. -México, D. F. -Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Anexa al presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 8 de noviembre de 1985.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. Secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con objeto de apoyar la expansión y desarrollo del mercado de valores del país, las medidas legislativa aprobadas en los últimos años se han orientado a crear una estructura institucional y de servicios que permita otorgar eficiencia y seguridad a la actividad de intermediación en el mercado de valores, transparencia a las operaciones y que estimule la confianza del público inversionista. En este contexto y acorde con los objetivos específicos de la política de financiamiento del desarrollo, el Ejecutivo a mi cargo promovió reformas legales para regular el uso de información privilegiada relativa a sociedades emisoras de valores y, más recientemente, definir el papel que corresponde al mercado de valores en el sistema financiero mexicano, así como su participación en el logro de los grandes propósitos nacionales.
No obstante haberse cumplido gran parte de la tarea básica de reformular los principios esenciales del orden jurídico aplicable a nuestro sistema financiero, la evolución, que suele ser muy rápida, del mercado de valores, aunada al surgimiento de nuevas circunstancias, han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar a la legislación, disposiciones tendientes a mejorar la organización administrativa y los servicios que prestan al público las casas de bolsa; reforzar los controles de las autoridades competentes para prever y corregir fenómenos indeseables que pueden presentarse en el mercado de valores, con el propósito de consolidarlo como alternativa de financiamiento e inversión; establecer la institución del fondo de contingencia del mercado de valores y, finalmente, realizar diversas adecuaciones para facilitar la aplicación de la ley y ofrecer mayor certidumbre a los particulares.
En cuanto a la organización de las casas de bolsa, el régimen legal que se propone concreta los sistemas y procedimientos de contabilidad que deben seguir a las obliga expresamente a registrar todos y cada uno de los actos, contratos u operaciones que realicen; sienta los principios a los que deben sujetarse en la estimación de sus activos; delimita la temporalidad con la que deben efectuarse los asientos contables; reconoce la posibilidad de que se utilicen métodos más avanzados en el manejo y conservación de los documentos que deben llevar con arreglo a las leyes y asegura el conocimiento general de su situación financiera.
Por lo que se refiere a la inclusión de medidas preventivas y correctivas de situaciones anómalas que pueden presentarse en el mercado de valores, se otorga nuevas y bien definidas facultades a las autoridades competentes y se establece un régimen de delito, respectivamente.
En efecto, se faculta a la Comisión Nacional de Valores para establecer, mediante disposiciones de carácter general, índices que relacionen la estructura administrativa y patrimonial de las casas de bolsa, con su capacidad máxima para realizar las operaciones que les autoriza la ley. Esta modificación es una de las más importantes que se consideran en la iniciativa y, de ser aprobada, servirá de guía para ordenar el crecimiento de las casas de bolsa a partir de una correlación entre el tamaño y eficiencia de su organización con el riesgo y volumen de sus operaciones.
Tratándose del régimen de delitos, se pretende sancionar penalmente la realización de diversas conductas lesivas a los intereses económicos tanto de la clientela como de las casas de bolsa y que, en última instancia, pueden afectar severamente el grado de confianza pública que es indispensable para el desarrollo del mercado.
Respecto al fondo de contingencia del mercado de valores, que ha venido funcionando merced a una convención celebrada entre la bolsa de valores y las casas de bolsa, se propone institucionalizar la figura para asegurar su permanencia y el cumplimiento de sus funciones de apoyo preventivo para preservar la estabilidad financiera de la intermediación organizada e instrumento de garantía común de los inversionistas afectados por el incumplimiento de obligaciones que las casas de bolsa hayan contraído con ellos, provenientes de operaciones y servicios propios de su actividad profesional. En esencia, se trata de suprimir riesgos distintos al de la aleatoriedad que significa operar en este mercado, protegiendo a los inversionistas de posibles actos ilícitos de alguna casa de bolsa.
Adicionalmente, se plantean algunas reformas necesarias para regular acontecimientos novedosos como es el caso de la inscripción de acciones representativas del capital social de casas de bolsas en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios; reducir el plazo en el que debe quedar documentado el capital social de los emisores cuyos títulos que representan dicho capital se operen en el mercado de valores; perfeccionar el régimen de inspección y vigilancia al que se encuentran sujetas las casas de bolsas, así como simplificar las labores administrativas de la Comisión Nacional de Valores e introducir ajustes técnicos que, como se ha expresado, redundarán en la mejor aplicación de la ley y en mayor certidumbre a los particulares.
Por lo expuesto y en ejercicio de la facultad que otorga el Ejecutivo Federal la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la Soberanía del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Artículo único. Se reforman los artículos 15, segundo párrafo; 20, fracción VIII; 22 fracción V último párrafo; 41 fracción XVII; 45 fracción III; 51 fracciones II y V; 52 primer párrafo, y 87 primer párrafo, de la Ley del Mercado de Valores; se adicionan los artículos 14 con las fracciones VIII y IX; 17 con una fracción VII; 41 con una fracción V; así como los artículos 26 bis; 26 bis 1; 26 bis 2; 26 bis 3; 26 bis 4; 26 bis 5; 26 bis 6; 26 bis 7; 52 bis; 52 bis 1; 52 bis 2 y 89 de la ya citada Ley del Mercado de Valores y se deroga a la fracción III y el último párrafo del artículo 52 de la propia Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:
"Artículo 14. ...............................................................
. I a VII. .....................................................................
. VIII. Que los emisores de valores representativos de su capital expidan los títulos definitivos correspondientes dentro de un plazo no mayor de 180 días naturales, contando a partir de la fecha de la constitución de la sociedad o de aquélla en que se haya acordado su emisión o canje.
IX. Que tratándose de acciones representativas del capital social de casas de bolsa, se observen además las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores. Tales disposiciones tendrán los siguientes objetivos:
a) La prevención de operaciones en que se produzcan conflictos de intereses;
b) El desarrollo ordenado de este mercado;
c) La capitalización adecuada de las casas de bolsa, y
d) La continuidad de una organización con altos niveles de eficiencia técnica y administrativa.
..............................................................................
" "Artículo 15. ...............................................................
. Cuando se trate de acciones o de certificados de aportación patrimonial de sociedades nacionales de crédito, deberá cumplirse con lo señalado en las fracciones I, III, V, VI y VIII del artículo 14.
..............................................................................
" "Artículo 17. ...............................................................
. I a VI. ......................................................................
. VII. Participar en el fondo de apoyo y garantía previsto en el artículo 69 de esta ley......................................................................
. ..............................................................................
" "Artículo 20. ...............................................................
. I a VII. .....................................................................
. VIII. Asimismo, si son disueltas o entran en procedimientos de suspensión de pagos o quiebra, salvo que el procedimiento respectivo termine por el levantamiento o la rehabilitación y la Comisión Nacional de Valores resuelva favorablemente el mantenimiento del registro.
La disolución y liquidación se regirá por lo dispuesto en los capítulos X y XI de la Ley de Sociedades Mercantiles o, tratándose de la suspensión de pagos y de la quiebra por la Sección Primera del Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, debiendo observarse lo siguiente:
a) La Comisión Nacional de Valores tendrá las mismas atribuciones que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en la suspensión de pagos o quiebra de las instituciones de crédito;
b) El cargo de Síndico y Liquidador siempre corresponderá a una institución de crédito;
c) La Comisión Nacional de Valores ejercerá, respecto a los Síndicos y Liquidadores, las funciones de vigilancia que tienen atribuida en relación a las propias casas de bolsa, y
d) La Comisión Nacional de Valores podrá solicitar la suspensión de pagos y la declaratoria de quiebra, en los términos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
IX a X. ......................................................................
. ..............................................................................
. ..............................................................................
" "Artículo 22. ...............................................................
. I a IV. ......................................................................
. V. ...........................................................................
. a) a f) ......................................................................
. Las operaciones a que se refieren los incisos a) y c) anteriores, sólo podrán tener por objeto valores aprobados para tal efecto por la mencionada comisión, con la salvedad de que dichas casas de bolsa no podrán comprar ni vender por cuenta propia los valores que les hubieren sido confiados para su venta o que les hubieren sido perdidos en compra. Esta misma salvedad se aplicará a las personas comprendida en el mismo inciso d), en relación a las operaciones por cuenta ajena y por cuenta propia, en este orden, que realicen las casas de bolsa.
VI a VIII. ...................................................................
" " Artículo 26-bis. Todos y cada uno de los actos, contratos u operaciones que realicen las casas de bolsa, cualquiera que sea su origen, deberán ser registrados en su contabilidad, la que podrá llevarse en libros encuadernados o en tarjetas u hojas sueltas que llenen los requisitos que fije mediante disposiciones de carácter general la Comisión Nacional de Valores. Dichas tarjetas u hojas sueltas tendrán en juicio el mismo valor probatorio que otorgan las leyes a los libros encuadernados.
Las casas de bolsa podrán microfilmar todos aquellos libros, registros y documentos en general que están obligadas a llevar con arreglo a las leyes y las leyes que mediante disposiciones
de carácter general señale la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación, su manejo y conservación establezca la misma.
Los negativos originales de cámara obtenidos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados."
"Artículo 26-bis 1. Las cuentas que deban llevar las casas de bolsa, se ajustarán estrictamente al catálogo que al efecto autorice la Comisión Nacional de Valores. Previa autorización de la misma comisión, las casas de bolsa que lo necesiten podrán llevar nuevas cuentas, indicando en su solicitud las razones que tengan para ello. En este caso, se adicionará su catálogo."
"Artículo 26-bis 2. Las casas de bolsa deberán llevar el sistema de contabilidad que establece el Código de Comercio y los registros y auxiliares que ordene la Comisión Nacional de Valores, los cuales se ajustarán a los modelos que al efecto señale la misma comisión, mediante disposiciones de carácter general.
En dichas disposiciones se determinará también cuales son los libros, registros o documentos integrantes de la contabilidad de las casas de bolsa que deben ser conservados; cuáles pueden ser distribuidos previa microfilmación que de los mismos hagan las casas de bolsa en los rollos autorizados por la propia comisión y cuáles pueden ser destruidos sin necesidad de microfilmación. Igualmente fijará los plazos de conservación de los mencionados libros, registros y documentos de las casas de bolsa que, en su caso, hayan sido liquidadas."
"Artículo 26-bis 3. Los libros de contabilidad y los registros a que se refiere el artículo 26-bis, deberán conservarse disponibles en las oficinas de la casa de bolsa. Los asientos en los libros deberán efectuarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se realicen los actos, contratos u operaciones respectivas; los asientos en los auxiliares deberán llevarse al día".
"Artículo 26-bis 4. Las casas de bolsa deberán formular sus estados financieros el día último de cada mes. La Comisión Nacional de Valores queda facultada para establecer las reglas de agrupación de cuentas conforme a las cuales las casas de bolsa deberán formular y publicar, cuando menos en un periódico de circulación nacional, sus estados financieros mensuales y anuales, que habrán de serle proporcionados junto con la demás información que determine la propia comisión.
Tales publicaciones se harán dentro del mes siguiente que corresponda al de su fecha y quince días después de que hayan sido aprobados por la asamblea general de accionistas, respectivamente.
La publicación de los estados financieros será bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de la casa de bolsa que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados contables, debiendo cuidar que éstos y su publicación revelen la verdadera situación financiera de la sociedad. En el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta disposición, los citados administradores y comisarios quedarán sujetos a la aplicación de las sanciones correspondientes.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de Valores, al revisar los estados financieros ordenará modificaciones y correcciones que, a su juicio fueren fundamentales para ameritar su publicación y podrá ordenar que se publiquen con las modificaciones pertinentes, en la inteligencia de que esta publicación deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo respectivo. En ningún otro caso podrán efectuarse segundas publicaciones.
La revisión que la Comisión Nacional de Valores realice no tendrá efectos de carácter fiscal."
"Artículo 26-bis 5. Los auditores externos que dictaminen los estados financieros de las casas de bolsa, deberán reunir los requisitos que determine la Comisión Nacional de Valores y suministrarle, a su requerimiento, los informes y demás elementos de juicio, en los que se sustenten sus dictámenes y conclusiones."
"Artículo 26-bis 6. Las casas de bolsa no podrán pagar los dividendos decretados por las asambleas generales de accionistas, antes de quedar concluida la revisión de los estados financieros que realice la Comisión Nacional de Valores, la cual no deberá de exceder de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan iniciado. Transcurrido este plazo sin que se notifique la resolución correspondiente, se considerará que no existe impedimento para proceder al pago de dichos dividendos.
Cuando se requiera a la casa de bolsa que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para concluir la revisión, el plazo comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Los pagos de dividendos afectados con contraversión a los dispuesto en el presente artículo, deberán ser restituidos a la sociedad en un plazo no mayor de treinta días hábiles.
Serán solidariamente responsables de esta restitución, los accionistas que los hayan percibido y los administradores y funcionarios que los hayan pagado.
" "Artículo 26-bis 7. La Comisión Nacional de Valores señalará, mediante disposiciones de carácter general, las bases a las que deberán sujetarse las casas de bolsa en la estimación de sus activos, conforme a los siguientes principios:
I.- Los valores y documentos inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores en Intermediarios, se estimarán a su valor de mercado.
II. Las acciones representativas del capital de las sociedades que les prestan servicios o cuyo objeto sea auxiliar o complementario de
las actividades que realicen, se valuarán de acuerdo al método de participación, cuando las casas de bolsa sean propietarias del 25% o más de sus acciones ordinarias, o al costo cuando sean propietarias de menos del 25% de dichas acciones, respectivamente.
III. La acción de la bolsa de valores se valuará de acuerdo a su valor contable, determinado en los últimos estados financieros dictaminados de la bolsa correspondiente.
IV. Las demás acciones fijas se estimarán a su precio de adquisición y, en su caso, a su valor actualizado conforme, a su avalúo realizado por valuador independiente autorizado por la citada comisión."
"Artículo 41.................................................................
. I a IV. ......................................................................
. V. Dictar las disposiciones de carácter general relativas al establecimiento de índices que relacionen la estructura administrativa y patrimonial de las casas de bolsa, con su capacidad máxima para realizar las operaciones que les autoriza la presente ley, tomando en cuenta el volumen y riesgo de dichas operaciones, los intereses del público inversionista y las condiciones prevalecientes en el mercado.
VI a XVI. ....................................................................
. XVII. Actuar como conciliador o árbitro en conflictos originados por operaciones que hayan contratado las casas de bolsa con su clientela, conforme a esta ley.
XVIII y XIX. .................................................................
. ..............................................................................
"Artículo 45. ...............................................................
I y II. ......................................................................
III. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno, con la facultad de delegar en funcionarios de la comisión el encargo de notificar dichos acuerdos.
IV a XI. ....................................................................."
"Artículo 51. ...............................................................
. I. ...........................................................................
. II. Multa de 200 a 2,000 días de salario a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que no cumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 14 de esta ley, o cuando proporcionen informaciones falsas o que induzcan a error, sobre su situación económica o sobre los valores que emitan.
III y IV. ....................................................................
. V. Multa de 2,000 a 4,000 días de salario, a las personas que dirijan propaganda o información al público sobre valores, o sobre los servicios u operaciones de las casas de bolsa de valores, en contravención a lo dispuesto por el artículo 5o. de esta ley, así como a los administradores o funcionarios de casas de bolsa que hayan pagado dividendos, en contravención a lo ordenado por el artículo 26-bis 6 del mismo ordenamiento.
VI a X ......................................................................"
"Artículo 52. Serán sancionadas con prisión de dos a diez años y multa de de mil doscientos a doce mil días de salario:
I y II...............................................................
III. (Se deroga.)
Ultimo párrafo. (Se deroga.)"
"Artículo 52-bis. Serán sancionadas con prisión de dos a diez años y multa de mil doscientos a doce mil días de de salario, los administradores, funcionarios, empleados o apoderados para celebrar operaciones con el público, de una casa de bolsa, intencionalmente disponga de los fondos o de los valores, títulos de crédito o documentos a que se refiere el artículo 3o., recibidos de la clientela, aplicándolos a fines distintos de los contratados por la misma."
"Artículo 52-bis 1. Serán sancionadas con prisión de uno a diez años y multa de mil a diez mil días de salario, los administradores, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos, de una casa de bolsa:
I. Que, a sabiendas, omitan registrar en los términos del primer párrafo del artículo 26-bis de esta ley, las operaciones efectuadas por la casa de bolsa de que se trate, o que mediante maniobras alteren o permitan que se alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, efectuando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados.
II. Que intencionalmente inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad o que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos o informes que deban proporcionarse a la Comisión Nacional de Valores, conforme a los artículos 25, 26-bis 4, 26-bis 6 y 27, fracciones I y II de esta ley.
III. Que otorguen los préstamos o créditos previstos en la fracción IV, inciso b) del artículo 22 de esta ley, a personas físicas o morales que no constituyan las garantías correspondientes."
"Artículo 52-bis 2. Los delitos previstos en los artículos 52, 52-bis y 52-bis 1, solamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional de Valores.
Las multas previstas en los artículos 52, 52-bis y 52-bis 1 de esta ley, se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se realice la conducta sancionada.
Lo dispuesto en los artículos citados en el párrafo anterior, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueron aplicables."
"Artículo 87. En caso de reclamación contra una casa de bolsa, con motivo de la contratación de operaciones con su clientela, deberá observarse lo siguiente:
I a IX. ......................................................................
" "Artículo 89. Las bolsas de valores y las casas de bolsa, deberán establecer un fondo de apoyo preventivo para preservar su estabilidad financiera y garantizar el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por las casas de bolsa con su clientela , provenientes de operaciones y servicios propios de su actividad profesional.
La Comisión Nacional de Valores, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalará mediante disposiciones de carácter general, las bases para la constitución, organización, integración patrimonial y funcionamiento del citado fondo, así como lo términos y condiciones en que se podrá otorgar su apoyo y garantía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, considerando los siguientes lineamientos:
I. Las bolsas de valores y las casas de bolsa estarán obligadas a cubrir al fondo aportaciones ordinarias y extraordinarias para el cumplimiento de su objeto.
Las aportaciones ordinarias y extraordinarias serán por los importes resultantes de aplicar al monto de las operaciones autorizadas por esta ley, que se manejen con intervención de dichos aportantes, la proporción correspondiente para cada tipo de aportaciones que fije la cita comisión.
La proporción relativa a la aportaciones ordinarias se determinará semestralmente, considerando los antecedentes que se tengan a cerca de los apoyos y garantías requeridos por las casas de bolsa, las condiciones del mercado de valores y, en su caso, al saldo de los financiamientos a que se refiere la fracción siguiente.
Cuando los recursos del fondo no permitan hacer frente, tanto a los apoyos o garantías que se requiera otorgar, como a las amortizaciones de los financiamientos a que se refiere la fracción siguiente, las bolsas de valores y las casas de bolsa deberán cubrir aportaciones extraordinarias para solventarlos.
Las aportaciones ordinarias y extraordinarias correspondientes a un semestre natural, no excederán de 2.5 al millar para cada tipo de dichas aportaciones:
II. En caso de que el fondo necesite recursos adicionales a los previstos en la fracción anterior, podrá obtenerlos de financiamientos;
III. El fondo podrá recibir aportaciones de terceros distintos a las bolsas de valores y casas de bolsa;
IV. En la administración del fondo participarán representantes de las dependencias y organismos que se señalen en las disposiciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el número y términos que en las mismas se establezca. En todo caso, deberán estar representados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Valores, el Banco de México, Nacional Financiera, S. N.C., las bolsas de valores y la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, A.C;
V. El fondo en cumplimiento de su objeto, podrá adquirir acciones representativas del capital social de casas de bolsa, aun con exceso de límite establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley, pero deberá proceder a su venta tan pronto como las circunstancias sean propicias para ello. Al efecto, el fondo deberá someter a la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, las adquisiciones y ventas de dichas acciones que lleva a cabo, y/o
VI. El fondo estará sujeto a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, debiendo proporcionar a ésta toda la información y documentación que, en ejercicio de dichas funciones, le sea solicitada en relación con las operaciones que celebre."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los emisores de acciones inscritas en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que no tengan representado su capital social en títulos definitivos de acciones cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 14, fracción VIII de la Ley del Mercado de Valores, deberán cumplir con dicho requisito dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que se entre en vigor este decreto.
Reitero a ustedes CC. secretarios, las seguridades de mi consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 8 de noviembre de 1985.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»
Trámite: -Recibido y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANRURAL
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D.F. -Decretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío Iniciativa de Ley Orgánica del Sistema Banrural.
Al manifestar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 8 de noviembre de 1985.
El Secretario, Licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con la nacionalización de la banca, el 1o. de septiembre de 1982, se inicio el proceso
de transformación estructural del sistema financiero mexicano y de la política financiera que lo orientará; para su instrumentación, el día 31 de diciembre del mismo año se publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en la que se estableció que el servicio sería prestado por instituciones de crédito constituidas como sociedades nacionales de crédito y por las instituciones nacionales de crédito existentes.
Posteriormente, el día 14 de enero de 1985, se publicó la vigente Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que derogó la de 1982, así como la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
EL nuevo régimen jurídico establecido, unificó la estructura de las instituciones a través de las cuales el Estado presta, en forma exclusiva, al servicio público de banca y crédito, dando a todas ellas el carácter de instituciones de crédito constituidas como sociedades nacionales de crédito, caracterizando a unas como instituciones de banca múltiple y otras como instituciones de banca de desarrollo.
De esta manera se crea un nuevo concepto de banca especializada, que con iguales mecanismos de captación de recursos que los otros de la banca múltiple tiende a financiar solamente las actividades y sectores que le señala a cada institución la Ley Orgánica respectiva.
En la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en vigor, se estableció en el artículo noveno transitorio que el Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días, expedirá los decretos mediante los cuales se transformarán en instituciones nacionales de crédito en sociedades nacionales de crédito.
Instituciones de banca de desarrollo y en cumplimiento a esa instrucción, se expidieron los decretos correspondientes a las entidades del Sistema de Bancos Banrural, a fin de que la transformación de que se trata surtiera efectos con números al cierre del día 31 de julio próximo pasado.
Por su parte, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expidió oportunamente los reglamentos orgánicos que de igual forma entraron en vigor el mencionado 31 de julio.
Por lo anterior, el objeto de esta iniciativa es el de someter a la consideración de vuestra soberanía el proyecto de ley que regule la organización y objetivos del Sistema Banrural. Así, el Banco Nacional de Crédito Rural y los doce bancos regionales seguirán funcionando como un sistema integrado para la atención del sector rural, pudiéndose ostentar con el carácter de Sistema Banrural y publicar estados contables donde se consoliden las cifras de los balances individuales de las instituciones que lo conforman.
Antes de hacer una presentación general del capitulado del proyecto, el Ejecutivo a mi cargo estima conveniente hacer una breve referencia retrospectiva de la sociedades que se pretenden regular, a efecto de que el legislador cuente con un panorama completo de ellas.
Es sabido que en los últimos decenios se ha observado un marcado desequilibrio en el grado de desarrollo de diferentes grupos sociales, caracterizado por un menor crecimiento económico del sector rural en comparación con los demás sectores del país, con graves consecuencias de subempleo y desempleo en el campo, emigración a las ciudades, baja producción agropecuaria, mercados restringidos y, en general, carencia de oportunidades para que la población campesina pudiese lograr un mejoramiento real de su nivel de vida.
Ante esta situación, en los últimos años se han esta adoptando las medidas necesarias para revertir esa tendencia e impulsar el desarrollo social y económico de los campesinos, mediante políticas vigorosas y sostenidas de inversión y de gasto social en el campo, fortalecimiento de la organización y la capacitación campesina, y mejoramiento de los términos de intercambio del sector rural en relación a las demás actividades económicas.
En este sentido, en 1975, mediante acuerdo del Ejecutivo Federal, se determino la integración administrativa y operativa de las tres principales instituciones que formaban el sistema nacional de crédito al campo. los Bancos Nacionales de Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, y el Banco Nacional Agropecuario. Por decreto presidencial del 5 de julio del mismo año, se crearon doce bancos regionales para integrar un sistema unificado de de canalización de recursos financieros al sector rural.
La evolución que han experimentado las instituciones bancarias, la expansión de la economía y la creciente necesidad de crédito para el desarrollo agropecuario, agroindustrial y de comercialización, han exigido que el banco amplíe e intensifique su actividad.
Por ello, a iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión promulgo una nueva Ley Orgánica de la Institución, con fecha 15 de octubre de 1976.
Con la presente iniciativa de ley se recogen las experiencias anteriores de la legislación sobre crédito agrícola, la que se ha venido adecuando a las condiciones imperantes en las diversas etapas del desarrollo del país.
El ordenamiento que se presenta a vuestra soberanía, se orienta por los principios de rectoría económica del Estado, economía mixta y planeación democrática consagrada en la Carta Magna. Aún, cuando se incorpora, por imperativo legal, al régimen general de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito, establece normas que reflejan su especialización para la promoción y financiamiento del sector agropecuario.
El objetivo general de la política de financiamiento, según se ha expresado en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, es de apoyar la estrategia económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las restricciones de recursos financieros, las prioridades del país y la viabilidad de los procesos y proyectos de inversión. Por la que el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito se refiere, le corresponde canalizar eficiente y equitativamente sus recursos a efecto de alcanzar una distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo rural. Por ello, el proyecto que se presenta impone la sociedad la obligación de sujetar la prestación de sus servicios a las directrices del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo es la opción de viabilidad de los objetivos económicos y sociales del Plan Nacional de Desarrollo. En lo que respecta a la Sociedad Nacional de Crédito, cuyo ordenamiento se presenta a esa alta consideración le corresponde, en esencia, el aspecto más trascendente desde una perspectiva social. La promoción del desarrollo rural integral y la eficiencia en el manejo del crédito preferencial para mejora las condiciones de vida de los mexicanos de menores ingresos.
La actividad de la institución se inscribe en el esquema del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en tanto que es imprescindible racionalizar el desarrollo. La programación financiera es pues, imperativa y condición para el logro de las aspiraciones nacionales y se relaciona con la facultad que la Ley de Planeación otorga a la Secretaría de Hacienda para estimar y obtener los recursos y orientar la utilización del crédito público; la facultad para autorizar las asignaciones de recursos tendientes a poner en práctica los programas financieros dentro de la filosofía de flexibilidad y autonomía.
Importa destacar la prioridad del financiamiento del sector rural, conformado por los ejidatarios comuneros y pequeños propietarios minifundistas, dedicados a la producción de básicos para la satisfacción de las necesidades alimentarias del pueblo mexicano.
Por ello y para ello, el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito y sus bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural así como sus fondos y fideicomisos especializados, congruentes con el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, participarán en el cumplimiento de los grandes propósitos nacionales.
En el universo de principios generales sobre la filosofía del financiamiento para el desarrollo que se ha expuesto en líneas anteriores, la iniciativa que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión consta de 54 artículos distribuidos en cuatro títulos y 6 disposiciones transitorias.
En una apreciación general puede decirse que sus títulos, capítulos y artículos llevan una secuela lógica en cuanto a la actividad y a la organización de la Sociedad Nacional de Crédito, con la ventaja consiguiente para su interpretación. Las remisiones constantes al Reglamento Orgánico de la Institución que habrá de emitirse con posterioridad, responde al principio de flexibilidad y autonomía de gestión que debe privar en la estructura, en la administración y en el que hacer financiero de la banca de desarrollo.
En el título primero de la iniciativa, se conserva un sistema integrado de sociedades con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se establece que dicho sistema lo forma el Banco Nacional y los bancos regionales de crédito rural, mismos que presentarán el servicio público de banca y crédito son sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. En este título, asimismo, se establecen las obligaciones y facultades de las instituciones integrantes del sistema.
Por lo que se refiere al título segundo, denominado "Del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito", se señalan la naturaleza y objeto de esta institución.
El objeto del Sistema Banrural básicamente es igual al que establece la vigente Ley General de Crédito Rural y solamente se adecúa para que pueda pueda realizar las actividades y operaciones propias de su carácter de banca de desarrollo del sector rural. Se añaden las facultades para que la sociedad pueda financiar la adquisición de insumos, maquinaria y equipo que requieran para las actividades productivas, con objeto de aprovechar las condiciones del mercado, así como el auxiliarlos en la comercialización de sus productos; actuar con el carácter de corresponsal de los bancos regionales; efectuar inversiones en capital de riesgos; emitir bonos de desarrollo y administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades.
A fin de mostrar interna y externamente la solvencia de las instituciones que se regulan, se recoge el principio de que el Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas.
En cuanto a la composición del capital social del Banco Nacional de Crédito Rural, se adecúa a lo que establece la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; y por otra parte se contempla la posibilidad de que entidades de la administración pública federal y gobiernos de las entidades federativas y municipios puedan adquirir certificados de la serie "B" en una proporción mayor de la establecida por la ley de la materia.
Por lo que se refiere a la administración, se señala que estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, en la esfera de sus respectivas competencias. En la integración del órgano de gobierno, se mantiene el sistema vigente, en el sentido de que los consejeros serán ex oficio. Por la serie "A" los titulares de dependencias y otras entidades del sector público federal, relacionadas
con el objeto de la sociedad. Por la serie "B" las organizaciones campesinas que tienen mayor representación en el sector.
En el Título Tercero se consigna la naturaleza y propósitos de los bancos regionales del Sistema Banrural, siendo en esencia los mismos que se fijan al Banco Nacional y los que éste y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su vez le establezcan.
El capital social de cada uno de los bancos regionales estará representado por certificado de aportación patrimonial de igual valor, en 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B", la primera de las cuales será suscrita por el Gobierno Federal y la segunda por el propio Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, por los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como por entidades del sector público federal, local o municipal y por agrupaciones campesinas y de productores. Al igual que el Banco Nacional de Crédito Rural, la Administración se asignará a un Consejo Directivo y a un gerente general, en sus respectivas esferas de competencia .
Cada Consejo Directivo de cada banco regional estará integrado por doce consejeros siendo el director general del Banco Nacional de Crédito Rural el que presida, tal como lo hace actualmente. Se establece la modalidad de que para que las sesiones sean validas deberá contarse con asistencia de seis consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentren el representante de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entre más de los nombrados por la serie "A".
En el título cuarto se agrupan diversas disposiciones generales que comprenden supuestos diferentes. El régimen de supletoriedad legal, remite, en su orden, a la legislación financiera, a la Ley General de Crédito Rural y a las disposiciones aplicables sin hacer una referencia exhaustiva de la misma. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dictar los lineamientos conforme a los cuales se formulen los programas, presupuestos y estimaciones de la sociedad. Se concede atribución específica a dicha dependencia para autorizar las asignaciones de recursos dentro de la filosofía de flexibilidad y autonomía de gestión indispensable para el eficaz funcionamiento del Sistema Banrural.
Finalmente se reitera la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para interpretar la ley y expedir las disposiciones que exija su adecuada aplicación.
En los artículos transitorios se prevé el inicio de la vigencia de la ley en cuestión; la derogación de los artículos a que se refiere la ley en cuanto a la organización y funcionamiento del Sistema Banrural vigente y la obligación de publicar el Reglamento Orgánico en un término de 180 días.
En virtud de lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo preceptuado por los artículos 28, párrafo quinto y 73, fracción X del propio Ordenamiento Supremo, por el digno conducto de ustedes someto a la consideración del H. Congreso de Unión las siguientes, que lo integran:
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANRURAL
TÍTULO PRIMERO
Artículo 1o. La presente ley rige la organización el funcionamiento del Sistema Banrural y de las sociedades nacionales de crédito siguiente, que lo integran:
1o. Banco Nacional de Crédito Rural.
2o. Banco de Crédito Rural del Centro.
3o. Banco de Crédito Rural del Centro Norte.
4o. Banco de Crédito Rural del Centro Sur.
5o. Banco de Crédito Rural del Golfo.
6o. Banco de Crédito del Istmo.
7o. Banco de Crédito Rural del Noreste.
8o. Banco de Crédito Rural del Noroeste.
9o. Banco de Crédito Rural del Norte.
10. Banco de Crédito Rural de Occidente.
11. Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte.
12. Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur.
13. Banco de Crédito Rural Peninsular.
Todas ellas instituciones de banca de desarrollo, cada una con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. Las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural, en su carácter de instituciones de banca de desarrollo, prestarán el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar las actividades y sectores que les son encomendados en la presente ley.
Artículo 3o. El Sistema Banrural, tendrá por objeto el financiamiento a la producción primaria agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de beneficio, almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización que lleven a cabo los productores acreditados.
La operación y funcionamiento del Sistema Banrural se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar del sector rural los objetivos de carácter general, señalados en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito.
Artículo 4o. Las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural, en el ejercicio de su objetivo estarán facultadas para:
I. Procurar que los apoyos y recursos que canalicen, propicien el desarrollo integral de los productores acreditados;
II. Promover y realizar proyectos que tiendan a satisfacer necesidades del sector rural en las distintas zonas del país o que propicien el mejor uso de los recursos de cada región;
III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación y el incremento de la productividad de las empresas del sector rural;
IV. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones permisos y autorizaciones para la prestación de servicios públicos o para el aprovechamiento de recursos naturales, con el fin de aportarlos a empresas cuya creación promueva. En igualdad de circunstancias, gozará del derecho de preferencia frente a los particulares u otras instituciones, para obtener dichos permisos, autorizaciones o concesiones, excepción de lo que ese sentido señala las disposiciones legales aplicables;
V. Adquirir y financiar, la adquisición de los insumos, maquinaria y equipo que requieran los acreditados para sus actividades productivas, con objeto de las condiciones del mercado;
VI. Actuar con el carácter de corresponsales de los bancos del propio sistema en las operaciones que conforme a esta ley les competen;
VII. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector, conforme a las disposiciones legales aplicables; y
VIII. Llevar a cabo todas aquellas actividades que el Gobierno Federal le encomiende, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la promoción y desarrollo del sector rural del país, inclusive el financiamiento de programas de vivienda campesina.
TITULO SEGUNDO
Del Banco Nacional de Crédito Rural
CAPITULO I
De la sociedad, denominación , objeto y domicilio
Artículo 5o. El Banco Nacional de Crédito Rural, es una institución de banca de desarrollo, constituida con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 6o. EL Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto, además de los señalados en el artículo 3o de la presente ley, los siguientes:
I. Organizar, reglamentar y supervisar el funcionamiento de los bancos regionales rural;
II. Apoyo a los bancos regionales de crédito rural mediante el otorgamiento de líneas de crédito y operaciones de descuento y redescuento de su cartera;
III. Auspiciar la constitución, organización y capacitación de los sujetos de crédito, en los términos de las disposiciones aplicables;
IV. Adquirir y financiar con base en programas operativos, a fin de proporcionarles a los acreditados para sus actividades productivas, los insumos, maquinaria y equipo que requiera; o bien, apoyar los para que realicen directamente dichas adquisiciones;
V. Fijar las bases de los programas operativos de los bancos regionales podrán autorizar la adquisición o financiamiento de insumos y
VI. Contratar créditos cuyo recursos se canalicen hacia el sector rural, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 7o. El domicilio del Banco Nacional de Crédito Rural , Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que fije su Reglamento Orgánico, pero podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 8o. La duración de la sociedad será indefinida.
CAPITULO II
Objetivos y operaciones
Artículo 9o. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o., 4o. 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banco y Crédito
Las operaciones señalan en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito de ahorro y del uso de los servicios que presta el Sistema Bancario Nacional, de manera que no produzcan desajustes en el sistema de captación de recursos de público, en los términos del artículo 31 de dicha Ley Reglamentaria;
II. Emitir bonos bancarios de desarrollo.
Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
III. Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades, y
IV. Las demás actividades análogas y conexas relacionadas con sus objetivos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 10. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Crédito, institucional de banca de desarrollo:
I. Con personas físicas o morales nacionales; y
II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
CAPITULO III
Capital social
Artículo II. El capital social del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico.
La serie"A"soló será suscrita por el Gobierno Federal, se omitirá en un título que no llevará cupones, el cual será instransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y por personas físicas o morales mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades federativas y municipios puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito .
Artículo 12. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
Artículo 14. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figuren cláusula de exclusión, directa e indirecta de extranjeros. Las personas que contravengan lo dispuesto en este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate..
CAPITULO IV
Administración y vigilancia
Artículo 15. La administración del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, instituto de banca de desarrollo, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 16. El Consejo Directivo estará integrado por doce consejeros, distribuidos de la siguiente forma:
I. Ocho consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo.
b) Los titulares de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria y de Programación y Presupuesto, así como el director general de Banco de México, el director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, el director general de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., y por el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Los secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el de la Reforma Agraria, tendrán el carácter de vicepresidentes.
Cada consejero de la serie "A", titular de una Secretaría, designará su suplente. En caso distinto, se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y
II. Cuatro consejeros de la serie "B" que serán: uno por la Confederación Nacional Campesina y uno designado por los consejeros de la serie "A" que será seleccionado de entre diversas organizaciones campesinas.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año y podrán continuar en el mismo hasta que sean sustituidos.
Por cada consejero propietario de la serie "B" se nombrará un suplente, en la forma y término en que lo sean los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Directo de la sociedad Los miembros que se designan para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 17. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de siete consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentren por lo menos cuatro de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 18. No podrán ser consejeros:
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y
II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el
impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 19. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 20 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad.
Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y IX del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 20. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes
I. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el director general
II. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la sociedad que le presente el director general, a efecto de someterlo a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
III. Aprobar el Programa General de adquisición de insumos y autorizar los informes sobre su ejecución cuando adquiera el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
Artículo 21. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 22. El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional de Crédito Rural, D Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de su atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud, y de manera enunciativa, podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otrorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros, y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competen; aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General;
V. las que le señale el Reglamento Orgánico, y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 23. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente.
Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.
Artículo 24. En los término del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá una Comisión Consultiva.
Artículo 25. Los consejeros, el director general, los directores, los subdirectores, los gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, soló estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonios en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficios, el que contestarán por escrito dentro del termino que señalen las autoridades respectivas.
TITULO TERCERO
De los bancos regionales de crédito rural
CAPITULO I
Naturaleza, objeto y domicilio
Artículo 26. Los bancos regionales de crédito rural son sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, y filiales del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con el cual formará el Sistema Banrural, pudiéndose ostentar con ese carácter y publicar estados contables en que se consoliden las cifras de los balances individuales de las instituciones que lo integran.
Artículo 27. El Consejo Directivo del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, determinará las áreas geográficas de operación de cada banco regional.
Artículo 28. Los bancos regionales de crédito rural tendrán por objeto los señalados en los artículos 3o, 4o. y 6o., fracción III, IV y VI de la presente ley, los siguientes :
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y del uso de los servicios que presta el Sistema Bancario Nacional, de manera que no produzcan desajustes en el sistema de captación de recursos del público, en los términos del artículo 31 de dicha Ley Reglamentaria;
II. Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades, y
III. Las demás actividades análogas y conexas relacionadas con sus objetivos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 29. El domicilio de cada uno de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, será el que se establezca en su respectivos reglamentos orgánicos, pero podrán establecer o clausurar sucursales o agencias, o cualquier otra clase de oficinas en la región, previa autorización del Consejo Directivo del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 30. La duración de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, será indefinida.
Artículo 31. El Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, con personas físicas o morales nacionales.
CAPITULO II
Capital social
Artículo 32. El capital social de cada banco regional estará representado por certificados de participación patrimonial de igual valor, en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en sus respectivos reglamentos orgánicos.
La serie "A" soló será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones el cual será in transmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere el propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el propio Banco Nacional de Crédito Rural Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, por los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como por entidades del sector público federal, local o municipal y por agrupaciones de productores conforme a las reglas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, pueden adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 33. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 34. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital social de los bancos regionales, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto en este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 35. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
CAPITULO III
Administración y vigilancia
Artículo 36. La administración de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un gerente general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 37. El Consejo Directivo de cada uno de los bancos regionales estará integrado por un mínimo de doce consejeros, distribuidos de la siguiente forma:
I. Un mínimo de ocho consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) El director general de Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo , quien presidirá el Consejo Directivo y en su ausencia su suplente .
b) Un representante de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria y de Programación y Presupuesto. Así mismo, un representante del Banco de México, de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A.
c) Un representante por cada una de las entidades federativas en que opere el banco regional de que se trate.
II. Tres consejeros de la serie "B" que serán: dos por la Confederación Nacional
Campesina, uno por la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año y podrán continuar en su cargo hasta que sean sustituidos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo de la Sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 38. El Consejo Directivo de cada uno de los bancos regionales se reunirá por lo menos seis veces al año y sesionará válidamente con la asistencia de seis consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre por lo menos el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tres más de los nombrados por la serie "A",
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 39. Son aplicables a los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, las disposiciones que establecen los artículos 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y el 18 de la presente ley, con respecto a las personas que integran el Consejo Directivo de cada uno de ellos.
Artículo 40. Los consejos directivos funcionarán , cada uno en su ámbito de competencia, con base en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Consejo Directivo o el director general del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y podrá llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios dada su naturaleza y objeto, en los términos del artículo 20 y demás relativos de Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Los consejos directivos podrán acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de las sociedades. Los acuerdos que en su caso dicten respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y IX del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar las propuestas del gerente general del banco regional de que se trate.
Artículo 41. También serán facultades del Consejo Directivo de cada uno de los bancos regionales:
I. Aprobar los programas sobre el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, para someterlos a la autorización del Banco Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y de la secretaría de Hacienda y Crédito Público;
II. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el gerente general
; III. Aprobar el programa operativo de adquisición o financiamiento de insumos, que formule el gerente general y autorizar los informes sobre su ejecución, y
IV. Proponer al Banco Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las modificaciones al Reglamento, Orgánico, a fin de someterlas a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 42. El gerente general será designado por el Consejo Directivo a propuesta del director general del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establecen el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 43. El gerente general de cada banco regional tendrá a su cargo la administración y la representación legal de la sociedad, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, tendrán las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitro y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le comprometen, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico, y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 44. La vigilancia de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, estará encomendada a dos comisionarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejos de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente.
Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adeudo
cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.
Artículo 45. Los consejeros, el gerente general, los subgerentes y los delegados fiduciarios de los bancos regionales, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficios, el que contestarán por escrito dentro del término que señales las autoridades respectivas.
TITULO CUARTO
CAPITULO ÚNICO
Disposiciones generales
Artículo 46. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente ley y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 47. Las operaciones y servicios de los bancos integrantes del Sistema Banrural, se regirán por lo dispuesto en la presente ley y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito Rural, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 48. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará las tasas de interés, comisiones, permisos, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y servicios que realicen las sociedades integrantes del Sistema Banrural para cumplir el objetivo que se les han encomendado en su carácter de banca de desarrollo, en los artículos 3o., 4o., 6o., 9o., y 28 de la presente ley. Asimismo, corresponde a la propia Secretaría la determinación de las características de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público.
Corresponde al Banco de México, en los términos de la Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 49. El Banco de Crédito, institución de banca de desarrollo, formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gasto e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de los programas y presupuestos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaría del Servicio Público de la Banca de Crédito, la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la autonomía de gestión, requerida para su eficaz funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 50. Los bancos regionales que integran el Sistema Banrural formularán los programas financieros presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos, de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, trasmita, a efecto de que éste lo integre a los del Sistema Banrural y someta a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 51. En los fideicomisos que se constituyan para garantizar los derechos de los bancos integrantes del Sistema Banrural, sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, éstos podrán actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario.
Artículo 52. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y los bancos regionales que integran el Sistema Banrural, deberán constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta ley les encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se consideran remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley deroga los artículos de la Ley General de Crédito Rural, de fecha 27 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 1976, que se opongan a las disposiciones de aquella.
Artículo tercero. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en los artículos de la ley que se deroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes.
Artículo cuarto. El Reglamento Orgánico de cada una de las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural,
deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley. En ese lapso, continuarán en vigor los expedidos del 26 de julio de 1985.
Artículo quinto. El domicilio social del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal, en tanto que se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior.
Artículo sexto. Los domicilios sociales de los bancos regionales que integran el Sistema Banrural, en tanto no se expidan los reglamentos orgánicos a que se refiere el artículo cuarto transitorio, serán:
Banco de Crédito Rural del Centro, Querétaro, Qro.
Banco de Crédito Rural del Centro Norte, Torreón, Choah.
Banco de Crédito Rural del Centro Sur, Puebla, Pue.
Banco de Crédito Rural del Golfo, Veracruz, Ver.
Banco de Crédito Rural del Istmo, Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Banco de Crédito Rural del Noreste, Cd. Victoria, Tamps.
Banco de Crédito Rural del Noroeste, Cd. Obregón Son.
Banco de Crédito Rural del Norte, Chihuahua, Chih.
Banco de Crédito Rural del Occidente, Guadalajara, Jal.
Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte, Mazatlán, Sin.
Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, Zamora, Mich.
Banco de Crédito Rural del Peninsular, México, Yuc.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 8 de noviembre de 1985.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»
El C. Presidente: -En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
-Recibo y túrnase a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Reforma Agraria, de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal.- Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal. -México, D. F. -Decretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente envío a ustedes. por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 8 de noviembre de 1985
El C. secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
"CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Durante el período post-revolucionario, de 1917 a 1930, México presentó una situación de inestabilidad económica que motivó que el capital tanto privado como público se apartara del financiamiento a las actividades pesqueras, portuarias y navieras.
Esta situación de Fomento Cooperativo, S. A., antecedente del actual Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
De este tiempo a la fecha, ha sido innegable la importancia que en la integración y desarrollo de las economía nacional, ha tenido la Institución, al coadyuvar en el mejoramiento del nivel de vida de los pescadores en el desarrollo de los sectores pesquero, portuario y naviero.
La evolución que han experimentado las instituciones de crédito, la expansión de la economía del país y la creciente necesidad de crédito para actividades pesqueras, portuarias y navieras, exigieron que la institución ampliara e intensificara su actividad; por ello, a iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión promulgó una nueva Ley Orgánica de la Institución en el año 1979.
En este nuevo ordenamiento se efectuó a la institución a realizar operaciones propias de la banca múltiple; se incorporó como facultad el otorgar garantías y, en su caso, conceder financiamiento a empresas mexicanas y a las sociedades cooperativas para el desarrollo del proyecto.
El sistema financiero de fomento ha sido el principal medio para canalizar el crédito preferencial, que se caracteriza por costos y condiciones más favorables y que constituye un instrumento esencial para dirigir el desarrollo. Sin embargo, la estructura de tasas de interés y los mecanismos para canalizar el crédito preferencial se fueron haciendo cada vez más complejos, restando eficacia, equidad y transparencia a las operaciones financieras de fomento.
La insuficiente difusión de los programas de crédito de fomento, así como de los servicios complementarios que proporcionaban las diversas instituciones, no facilitó el acceso de
usuarios potenciales y, en algunos casos, propició la concentración de la cartera en un número reducido de acreditados. La falta esquemas funcionales para las inversiones en capital de riesgo impidió la capitalización adecuadas de algunas actividades. El financiamiento de las instituciones de fomento también se utilizó discrecionalmente para apoyar empresas que por diversos motivos como controles de precios, escalas de producción subóptimas y cuotas en la utilización de insumos no podrían ser rentables en esas condiciones. Esto coadyuvo a que el crédito preferencial no necesariamente respondiera a las prioridades en materia de inversiones y en ocasiones se utilizara para apoyar erogaciones corrientes de las empresas.
A los bancos de desarrollo y los fondos de fomento se asignaron unilateralmente funciones que excedían su ámbito de acción original. Esto se reflejó en que buena parte de los recursos de las instituciones de fomento se destinaran a financiar unidades productivas y proyectos que no les correspondían.
Por otro lado, y el objeto de sentar las bases estructurales de un nuevo sistema bancario, el Ejecutivo Federal a mi cargo, sometió en el pasado período de sesiones a la consideración de esa H. soberanía, un paquete de iniciativas de nuevas leyes, y de reformas a otras, en materia financiera, de las que sobresale la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Bancas y Créditos, que constituye el marco jurídico del sistema bancario mexicano.
En este ordenamiento, se prevé el establecimiento de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, mismas que sujetarán su operación a las modalidades que al efecto determine esa representación popular, en las leyes orgánicas respectivas.
Así, establecido el orden normativo ordinario, es indispensable que las instituciones de banca de desarrollo cuenten con su propia regulación, reflejo de su particular filosofía del financiamiento, por lo que someto a vuestra soberanía, la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
La iniciativa, que se integra a una legislación más adecuada y moderna, reguladora del sistema financiero nacional, responde a los principios generales de la Ley Reglamentaria, de la que es complementaria, y se define en su naturaleza y objetivos la concepción que el Estado mexicano tiene de la banca de desarrollo en el ámbito específico de los sectores de competencia de la nueva institución.
Aplicando el criterio del legislador, manifestado en la legislación bancaria a que ya se ha hecho referencia, el proyecto tiende a regular una estructura moderna, una operación eficiente y accesible, evitando requisitos dispositivos rígidos que son fácilmente rebasados por las constantes y variables condiciones económicas del país que podrían tornar nugatoria su acción social financiera.
La iniciativa que se presenta a esta soberanía, se orienta desde luego por los principios de rectoría económica del Estado, economía mixta y planeación democrática consagrados en la Carta Magna. Aun cuando se incorpora, por imperativo legal, al régimen general de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, establece normas que reflejan su especialización para la promoción y financiamiento de los diversos sectores y actividades asignadas. La expansión de la economía del país y la creciente necesidad de crédito para actividades pesqueras, portuarias y navieras, concomitantes a nuestro desarrollo, ha requerido cada vez más imperiosamente que el banco amplíe e intensifique su actividad.
El objetivo general de la política de financiamiento, según se ha expresado en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, es el de apoyar la estrategia económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuanta las restricciones en materia de recursos, las prioridades del país y la viabilidad de los procesos y proyectos de inversión. Por lo que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, se refiere, le corresponde canalizar eficiente y equitativamente sus recursos a efecto de alcanzar una distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo pesquero, portuario y naval, atendiendo claro está, a las desigualdades socio-económicas y territoriales de la geografía nacional.
El sistema financiero de fomento reestructurado en su conjunto, debe responder con eficiencia a los nuevos requerimientos de la economía; reafirmado sus naturales funciones, precisándolas a nivel de cada institución e incorporándolas en su esquema de congruencia y coordinación entre los bancos de desarrollo y los fondos de fomento; de esta manera la banca de desarrollo y los fondos de fomento destinarán la mayor parte de sus recursos a apoyar la expansión de la infraestructura productiva de las actividades y regiones prioritarias.
El combate a la crisis y la promoción de un cambio estructural que propicie una mejor distribución del ingreso, el equilibrio regional del territorio y la elevación de la eficiencia productiva y aproveche el potencial económico de la nación, constituyen la teología fundamental del quehacer financiero de la institución.
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo es la opción de viabilidad de los objetivos económicos y sociales del Plan Nacional de Desarrollo. En lo que respecta a la Sociedad Nacional de Crédito, cuya iniciativa de ley se presenta a su alta consideración, le corresponde, en esencia, el aspecto más
trascendente desde la perspectiva social. La promoción del desarrollo pesquero, portuario y naval para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
El cuerpo normativo contenido en esta iniciativa y la consecuente actividad de la institución, definan, en torno a los objetivos y operaciones respectivamente, una nueva organización en la que se revalúa su carácter promocional y se busca reestructurar su operación financiera de tal suerte que una cartera inmovilizada no limite su capacidad de promoción y muestre, por otro lado su eficiencia, no sólo en resultados financieros sanos, sino también en la atención expedita y oportuna de la demanda de crédito para el desarrollo pesquero, portuario y naval.
La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito previó la transformación de las instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas a sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo; al efecto, se expidieron el mes de julio del presente año, el decreto correspondiente y el Reglamento Orgánico del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. transitorio de la ley citada.
Incorporada al Sistema Nacional de Planeación, se pretende que la Sociedad Nacional de Crédito, dotada de flexibilidad y autonomía de gestión, conserve funciones que le permitan reasignar de mejor manera, recursos para financiar las actividades prioritarias de su ámbito. De ahí la facultad consignada en el artículo 28 tanto para la institución como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así, Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Créditos, tendrá un efecto detonador que atraerá mayores recursos para áreas prioritarias.
A través de las disposiciones contenidas en la iniciativa, se pretende apoyar el patrimonio de los acreditados para hacer frente a sus responsabilidades en la producción alimentos, así como su capacidad administrativa y financiera.
Importar destacar en el renglón del financiamiento social, la altísima prioridad del sector pesquero a la economía nacional, cuyo financiamiento debe asegurarse interrumpidamente. El Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, con sus fondos y fideicomisos, en congruencia con el programa respectivo, participará en el abatimiento de esta necesidad crediticia, en aquellos ámbitos que no sean de la competencia de instituciones de apoyo a trabajadores.
En su calidad de agente financiero del Gobierno Federal, la institución atendiendo las indicaciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, habrá de procurar utilizar principalmente crédito bilateral de largo plazo y condiciones preferenciales de tal forma que su servicio no exceda de un porcentaje razonable de los ingresos de exportación. De esta manera, habrá congruencia con la tesis financiera del Gobierno Federal, en el sentido de promover la captación del ahorro interno, a efecto de que le crecimiento se sostenga e incremente con suficientes recursos propios para evitar la inflación y la dependencia financiera del exterior.
En cuanto a las relaciones económicas de México con el exterior, el sistema financiero mexicano, del cual forma parte el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, procurará reducir al desequilibrio de la cuarenta corriente, racionalizando la deuda externa, mejorando se manejo y rehabilitando la capacidad crediticia de México con el exterior. La política de financiamiento del desarrollo de la deuda externa al mínimo indispensable: buscar una mayor participación de financiamiento de fuentes multilaterales y bilaterales en condiciones preferenciales, así como diversificar la deuda por instrumentos y mercados y reducir el costo total del financiamiento externo.
En el universo de principios generales sobre la filosofía del financiamiento para el desarrollo, que se ha pergeñado en líneas anteriores, la iniciativa que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión consta de 30 artículos, distribuidos en cinco capítulos y cuatro disposiciones transitorias.
En una apreciación general, puede decirse que la estructura de la iniciativa obedece a una técnica depurada, y que sus capítulos y artículos llevan una secuela lógica en cuanto a la actividad y a la organización de la sociedad nacional de crédito, con la ventaja consiguiente para su interpretación.
Las remisiones constantes del Reglamento Orgánico de la Institución, que habrá de adecuarse con posterioridad, responden al principio de flexibilidad y autonomía de gestión que debe privar en la estructura, en la administración y en el quehacer financiero de la banca de desarrollo, como ya lo hemos expresado en párrafos precedentes y como acertadamente se propone en el Programa Nacional Financiero del Desarrollo en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El capítulo primero trata de la denominación de la sociedad, su objeto, domicilio y duración; en términos generales precisa el nuevo carácter de la institución como Sociedad Nacional de Crédito e instituciones de banca de desarrollo; como tal se consigna el imperativo de vincularse al Sistema Nacional de Planeación Democrática, al Plan Nacional de Desarrollo y en especial, al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Como objetivo fundamental de la institución se establecen los sectores hacia los cuales debe prestar el servicio público de banca y de crédito para satisfacer, en ese ámbito, las necesidades financieras prioritarias de los sectores público, social y privado cuyo ámbito de actividad incide en las ramas pesquera, portuaria y
naval. Se reitera, como en el texto que se abrogaría, la posibilidad de abrir o clausurar agencias, delegaciones, representaciones, etcétera, en una clara intención de proseguir con la política de desconcentración.
En el capítulo segundo denominado "De los Objetivos y las Operaciones", es donde se inscribe la nueva estructura y concesión de la sociedad como institución de banca de desarrollo. A este respecto, conviene recordar que la Ley Reglamentaria de Servicio Público de Banca y Crédito establece que las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, consignarán los objetivos específicos que impriman su naturaleza distintiva, promisional y de fomento. En el proyecto, se pretenden diferenciar los objetivos de las operaciones que la ley vigente confunde y regula con poca precisión.
En este contexto, la iniciativa hace referencia a la promoción, a la asistencia técnica y a la inducción para crear empresas de importancia estratégica, en función de los sectores que atiende la institución. Son estos objetivos los que revelan y dan contenido a la vocación del Banco Nacional Pesquero y Portuario como institución de banca de desarrollo. La resolución del problema de la alimentación es meta preferencial en los programas de Gobierno; el financiamiento a ese sector de trabajadores no asalariados, es objetivo del quehacer de la institución en el pretérito y consignado nuevamente en el proyecto.
Dentro del mismo capítulo segundo se consignan las operaciones que la institución realizará para el logro de sus objetivos, las cuales se estima deben vincularse a los objetivos específicos de la propia institución, por la estrecha relación, de causas y efecto, que existe entre ambos; de igual forma, se reafirman operaciones que contempla la ley vigente; sin embargo, se distinguen, según su finalidad, las actividades de carácter crediticio y financiero que la institución puede realizar.
Respecto a la emisión de instrumentos de captación y la operación de créditos pasiva por excelencia, mediante las cuales se allegan recursos que permiten financiar las operaciones y servicios públicos o de interés social que constituyen su objeto primordial, se establece un régimen amplio, en cuanto a la naturaleza del instrumento de captación de recursos de que se trate, sujeto únicamente a las disposiciones que en el ejercicio de sus facultades dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por otro lado, se contempla las medidas viables para que la institución alcance los objetivos financieros de apoyo y fortalecimiento a las actividades pesqueras, portuarias y navieras; y para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de los mismos, se prevé la posibilidad de practicar operaciones diversas que autorice la dependencia coordinadora de sector, o el consejo directivo.
En otros aspectos, se consagra la excepción a la prohibición general que rige en materia de fideicomisos, autorizándose a la sociedad para que pueda tener la doble cantidad de fideicomisario y funcionario, en los fideicomisos que constituya para garantizar sus derechos.
Con el propósito de facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos u otros conceptos análogos, mostos, plazos y demás características de las operaciones activas que realiza la sociedad en el cumplimiento de su objetivo como banca de desarrollo, se consigna la atribución correspondiente. Este régimen de excepción debe fijarse expresamente, en virtud de lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley Orgánica de Banco de México, y 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
No está por demás insistir en que las medidas que se dictan en ese ámbito, se sujetarán a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo y a las directrices de política y crediticia que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes respecto a la dirección de dicha política, así como para planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario.
Finalmente, se ratifica la responsabilidad del Gobierno Federal ante personas físicas o instituciones gubernamentales, o privadas, nacionales o extranjeras, en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la actividad financiera de la institución .
En el capítulo tercero se prevén los aspectos relativos al capital social y al capital neto; a diferencia de la ley vigente, y tomando en consideración lo dispuesto por el Reglamento Orgánico, se establece que el capital social se integra por certificados de aportación patrimonial de las series "A" y "B"; la primera de ellas, que representa un 66% del total del capital, sólo será suscrita por el Gobierno Federal: la serie "B", que representa el 34% restante podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y por personas físicas o morales mexicanas. Todo lo referente a la forma, proporciones y otras condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de estos últimos certificados, se atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo que respecta al capital neto, el precepto correspondiente facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta lo determine, oyendo la opinión del Banco de México.
La administración y la vigilancia de la sociedad son tratados en el capítulo cuarto. En éste se reitera que la administración de la sociedad corresponderá al consejo directivo y al director general, en sus respectivos ámbitos de competencia. Aquél se integra por los consejeros, 10 representantes de la serie "A", que serán los titulares de las secretarías
de Hacienda y Crédito Público; y de Pesca; de Energía, Minas e Industria Paraestatal; de Comunicaciones y Transportes; del Trabajo y Previsión Social de Comercio y Fomento Industrial, y de Marina, más dos representantes de las dependencias citadas en primer término, en la inteligencia que el secretario de Hacienda y Crédito Público presidirá dicho consejo.
Posteriormente, se contemplan diversas disposiciones referentes a los requisitos para ser consejero; al quórum de asistencia en las sesiones y a la votación que se deben reunir. A efecto de evitar repeticiones innecesarias, el proyecto remite al artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que a su vez establece las facultades del consejo directivo, al cual se le otorga la facultad de aprobar el informe anual de actividades que presente el director general, así como los programas específicos y reglamentos internos que formule dicho servidor público, previa sanción a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo que se refiere a las facultades del director general, se conservan las de la ley vigente, sin perjuicio de que el Reglamento Orgánico o el consejo directivo le otorguen o deleguen otras diversas para la mejor administración de la institución.
En cuanto hace a la vigilancia de la sociedad, se prevé la existencia de dos comisarios, uno designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en mérito a la atribución genérica que a esta dependencia le compete; el otro comisario será designado por los consejeros de la serie "B". En el cumplimiento de su encargo, los comisarios tendrán todas las facultades y obligaciones consignadas por la ley reglamentaria aplicable y por el reglamento orgánico.
La comisión consultiva a que se refiere el artículo 27 del ordenamiento que regula el servicio público de banca y crédito, se introduce en el proyecto con una referencia a la norma sustantiva. La última disposición de este capítulo, conserva el régimen procesal aplicable a los servicios públicos superiores de la institución, de absolver posiciones y rendir testimonio en juicio cuando se formulen por oficio, al que se dará respuesta por escrito.
En el capítulo quinto se agrupan diversas disposiciones generales que comprenden supuestos diferentes. El régimen de supletoriedad legal, remite, en su orden, a la legislación financiera y a las disposiciones aplicables sin hacer una referencia exhaustiva de la misma.
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dictar los lineamientos conforme a los cuales se formulen los programas, presupuestos y estimaciones de ingresos de la sociedad. Se concede atribución específica a dicha dependencia para autorizar las asignaciones de recursos dentro de la filosofía de flexibilidad y autonomía de gestión, indispensable para el eficaz funcionamiento de la institución.
Se conserva con mayor claridad la obligación de destinar los recursos que capta la institución, provenientes de las reservas que deben constituir las instituciones de crédito, de seguros, de fianzas y otras diversas, al financiamiento de las obras y servicios de los sectores competencia de la sociedad.
Finalmente, se reitera la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para interpretar, a efectos administrativos, los preceptos de la ley, y para expedir las disposiciones que exija su adecuada aplicación .
En los artículos transitorios se prevé el inicio de la vigencia de la ley en cuestión; la abrogación del ordenamiento vigente y la obligación de publicar el Reglamento Orgánico en un término de 180 días.
En virtud de lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo preceptuado por los artículos 28, párrafo quinto y 73, fracción X del propio ordenamiento supremo, por el digno conducto de ustedes someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO
CAPITULO I
De la Sociedad, Denominación, Objeto y Domicilio
Artículo 1º. La presente ley rige al Banco Nacional y Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2º. La sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial el Programa Nacional de Financiamiento del desarrollo para promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley.
Artículo 3º. El Banco Nacional Pesquero y Portuario como institución de la banca de desarrollo, tendrá por objeto la promoción y financiamiento del desarrollo económico nacional y regional de las actividades pesqueras, portuarias y navieras.
La operación y funcionamiento de la institución, se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar el servicio público de la banca y crédito, los objetivos de carácter
general señalados en el artículo 3º. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 4º. El domicilio del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su Reglamento Orgánico, pero podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5º. La duración de la sociedad será indefinida.
CAPITULO II
Objetivos y Operaciones
Artículo 6º. La sociedad, con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del sector encomendada en el ejercicio de su objeto, estará facultado para:
I Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades particulares de las distintas zonas del país o que propicien el mejor uso de cada región;
II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales;
III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, asistencia técnica y el incremento de la productividad:
IV. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de servicios públicos o para el aprovechamiento de recursos naturales que aportará a empresas cuya creación promoverá. En igualdad de circunstancias, gozará del derecho de preferencia frente a los particulares u otras instituciones para obtener dichos permisos, autorizaciones o concesiones, a excepción de las que señala las disposiciones legales aplicables;
V. Dar apoyo financiero para:
a) La creación, reparación, ampliación y modernización de unidades económicas, tanto del sector privado, social o mixto, que desarrollen actividades pesqueras, portuarias o navieras.
b) Sociedades cooperativas destinadas a la compra de insumos que se apliquen a la producción pesquera, y
VI. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomentos, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado.
Artículo 7º. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3º. y 6º. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con vista a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y del uso de los servicios que presta el sistema bancario nacional, de manera que no se produzca desajuste en el sistema de captación de recursos del público, en los términos del artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
II. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo de mercado de capitales y la inversión institucional, serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual serán aplicables las disposiciones legales respectivas:
III. Participar en el capital social de empresas:
IV. Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades;
V. Contratar crédito cuyos recursos se canalicen hacia el sector, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
VI. La demás análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del Gobierno Federal en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8º. Con excepción a lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la sociedad para cumplir el objetivo que se le ha encomendado en su carácter de banca de desarrollo en los artículos 3º. y 6º. de esta ley. Asimismo, corresponde a la propia secretaría la determinación de las características de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 9º. Con excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, en los contratos de fideicomiso que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario.
Artículo 10. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones
concertadas por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institucional de banca de desarrollo:
I. Con personas físicas o morales nacionales, y
II. Banca de desarrollo, con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
CAPITULO III
Capital social
Artículo 11. El capital social del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo estará representado por certificados de aportación patrimonial en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su reglamento orgánico.
La serie "A" sólo será inscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere el propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y por personas físicas o morales mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 12. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 13. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
CAPITULO IV
Administración y vigilancia
Artículo 15. La administración del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un consejo directivo y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 16. El Consejo Directivo estará integrado por catorce consejeros distribuidos de la siguiente forma:
I. Diez consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo directivo.
b) Dos consejeros por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos consejeros de la Secretaría de Pesca, un consejero por cada una de las secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal; de Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión Social; de Comercio y Fomento Industrial; y de Marina.
El secretario de Pesca tendrá el carácter de vicepresidente.
Cada consejero de la serie "A" titular de una secretaría designará su suplente. En caso distinto se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
II. Cuatro consejeros que representarán a la serie "B" y que serán designados en los términos que se establezca en su Reglamento Orgánico.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año, podrán ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del consejo directivo de la sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 17. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de nueve consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentren por lo menos siete de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 18. No podrán ser consejeros:
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y
II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente, por todo el tiempo que dure el
impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 19. El consejero dirigirá a la sociedad en los términos relativos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 20. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:
I. Aprobar el informe anual de actividades que les presente el director general:
II. Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refiere la fracción III del artículo 7º. y el artículo 29 de la presente ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere conveniente, y
III. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la sociedad, que le presente el director general, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 21. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 22. El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito. querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitro y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico, y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 23. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.
Artículo 24. En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá una comisión consultiva.
Artículo 25. Los consejeros, el director general, los directores, los subdirectores, los gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
CAPITULO V
Disposiciones generales
Artículo 26. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente ley y podrá expedirlas disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 27. Las operaciones y servicios de la sociedad se regirán por lo dispuesto en la presente ley, y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones aplicables.
Artículo 28. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de los programas y presupuestos corres-
corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 29. La participación en el capital social de empresas a que se refiere la fracción IV del artículo 7º. de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Ejecutivo Federal podrá, considerando la naturaleza y objeto de las propias empresas, emitir el acuerdo que las considere sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 30. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevando a dichas reservas y fondos, no se consideran remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponde pagar por el impuesto respectivo, y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A., de fecha 29 de diciembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de Federación el 31 de diciembre de 1979.
Artículo tercero. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes.
Artículo cuarto. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley. Hasta en tanto, continuará en vigor el expedido el 26 de julio de 1985.
Artículo quinto. El domicilio social del Banco Nacional y Pesquero y Portuario Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal, hasta en tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 8 de noviembre de 1985.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Miguel de la Madrid.»
El C. Presidente: -En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. Secretario Juan Moisés Calleja García: -Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Pesca.
MINUTA DEL SENADO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., 8 de noviembre de 1985.
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo único. Se reforman los artículos 5, 7, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21 y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:
Artículo 5º...................................................................
I. ............................................................................
II. ...........................................................................
III. ..........................................................................
Los coordinadores de sector y, por acuerdo de éstos las entidades paraestatales, deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República de los casos en que dicha entidades figuren como parte o como coadyuvantes, o de cualquier otra forma que comprometa sus funciones o su patrimonio, ante órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales. En estos casos, la Procuraduría General de la República se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio del Procurador el
asunto reviste importancia para el interés público, formulará las observaciones o sugerencias que juzgue convenientes.
IV. ...........................................................................
V. ............................................................................
VI. ...........................................................................
Artículo 7º. .................................................................
I. ............................................................................
Cuando el Ministerio Público Federal tenga conocimiento, por sí o por conducto de sus auxiliares, de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará, por escrito y de inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querella o cumplir el requisito equivalente, a fin de que resuelvan con el debido conocimiento de los hechos, lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. La autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público Federal la determinación que adopten. En caso de que el Ministerio Público Federal o sus auxiliares tengan detenidos a su disposición así lo harán saber a las autoridades legitimadas para formular la querella o cumplir el requisito equivalente y éstas deberán comunicar por escrito la determinación que adopten, en el lapso de 24 horas.
II. ...........................................................................
III. ..........................................................................
Artículo 12. La Procuraduría General de la República estará presidida por el Procurador, jefe de la Institución del Ministerio Público y de sus órganos auxiliares directos, conforme a lo señalado en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Procuraduría contará con servidores públicos sustitutos del procurador en el orden que fije el Reglamento, y con los órganos y unidades técnicas y administrativas, centrados y desconcentrados, necesarios para el despacho de los asuntos que los artículos 2 a 10 de esta ley ponen a cargo de la dependencia, en el número y con la competencia que determine el reglamento.
El Ejecutivo determinará las entidades que deban quedar sujetos a la coordinación de la Procuraduría General de la República.
Artículo 13. Los servidores públicos sustitutos del Procurador auxiliarán a éste en el despacho de las funciones que la presente ley le encomienda, por delegación que haga el titular, tanto los servidores públicos sustitutos del Procurador, como los que expresamente faculte el reglamento, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que el Ministerio Público Federal formula o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley prevenga, respecto a la omisión de formular conclusiones en el término legal a propósito de conclusiones; presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia.
Artículo 15. El procurador será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República y deberá tener las cualidades que se requieren para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los sustitutos del procurador, deberán reunir iguales calidades y serán designados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Artículo 17. Para el ingreso de agentes del Ministerio Público Federal y de peritos adscritos a los servicios periciales, es condición indispensable la presentación y aprobación de examen de oposición, en los términos y con las características que fijen el reglamento de esta ley.
Artículo 19. El procurador o, por delegación de éste, otros servidores públicos de la dependencia, podrán adscribir discresionalmente al personal en el desempeño de las funciones que corresponden a la institución, y encomendar a sus subordinados, según su calidad como agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como peritos, el estudio dictamen y actuación que en casos especiales estimen pertinentes. Cuando se trate de personal de base, se observará lo previsto por las normas correspondientes a las relaciones laborales de que se trate.
Artículo 20. El personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de dicho personal, sin quedar comisionados o adscritos a otras dependencias o entidades y previo acuerdo del procurador o, por delegación de éste, de los servidores públicos que el titular señale. Dicho acuerdo se emitirá discrecionalmente, tomando en cuenta las necesidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad que requirió el auxilio.
Artículo 21. .................................................................
En los términos de los acuerdos que el Procurador expida, los miembros de la Policía Judicial Federal, en todos su niveles, que se hallen adscrito a una circunscripción territoral determinada, quedarán sujetos a la autoridad y el mando inmediato y directo del funcionario del Ministerio Público Federal que, por tener atribuciones desconcentradas, se encuentre a cargo de los asuntos que competen a la Procuraduría en dicha circunscripción. El procurador determinará la coordinación pertinente entre las unidades policiales desconcentradas, a cargo del órgano técnico administrativo central que prevea el reglamento, del que también dependerán. según se establezca, las unidades policiales necesarias para el eficaz desempeño de las atribuciones que la Policía Judicial Federal tiene como auxiliar del Ministerio Público.
Artículo 30. Se podrá imponer al personal de la Procuraduría, por las faltas en que incurra
en el servicio, las correcciones disciplinarias previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el procedimiento que dicha ley previene. En el caso de la Policía Judicial Federal, se aplicarán las mismas sanciones administrativas. El servidor público encargado del mando o la supervisión de dicha policía, podrá imponer las sanciones administrativas, de arresto constitucional, retención en el servicio o privación de permisos de salida hasta por quince días, si la gravedad de la falta lo amerita.
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República entrarán en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D.F., 8 de noviembre de 1985.
Senador Héctor Vázquez Paredes, presidente; senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, secretario.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO
El C. secretario Juan Moisés Callejas García:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal. -México, D.F.- Secretaría de Gobernación.
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, el informe sobre la operación de las sociedades nacionales de crédito, correspondientes a 1985, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4º. de la Ley Reglamentario del Servicio Público de Banca y Crédito, presento a este honorable Congreso de la Unión el informe sobre la operación de las sociedades nacionales de crédito correspondientes a 1985.
Con la aprobación que esa soberanía popular otorgara a la nueva legislación financiera, se da cumplimiento al compromiso del Ejecutivo Federal de modernizar al Sistema Bancario Mexicano y dotarlo de una regulación adecuada a sus nuevos objetivos y estructura.
En enero y febrero de este año se publicaron nuevas leyes: Reglamento del Servicio Público de Banca y Crédito. Orgánico del Banco de México, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Sociedades de Inversión: así como importantes Reformas a las Leyes del Mercado de Valores, General de Instituciones de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas.
En apego al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos el campo de la intermediación bancaria se ha reservado a las sociedades nacionales de crédito.
Con ello, el Sistema Bancario Mexicano queda integrado por estas sociedades, constituidas como instituciones de banca de desarrollo y de banca múltiple.
La nueva estructura del sistema bancario establece una clara división del trabajo entre estos dos tipos de instituciones. La banca múltiple, al prestar el servicio público, procura el incremento del ahorro interno y la satisfacción de las necesidades financieras de todos los sectores productivos del país y del público en general.
La banca de desarrollo es un instrumento del Gobierno Federal que tiene por objeto esencial, coadyuvar al cambio estructural, mediante la promoción y fomento de las actividades y sectores económicos catalogados como estratégicos y prioritarios en los planes y programas de carácter nacional, regional y estatal.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Reglamentaria, en julio de este año, se decretó la transformación de las instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas a sociedades nacionales de crédito.
Así, Nacional Financiera, los bancos nacionales de Crédito Rural; Pesquero y Portuario; el Pequeño Comercio del Distrito Federal; de Comercio Exterior; de Obras y Servicios Públicos; del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y la Financiera Nacional Azucarera asumen el carácter de sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo.
También, en julio de este año se dictaron los reglamentos orgánicos de todas las sociedades nacionales de crédito, así como las reglas sobre la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B" y las bases para la designación de los consejeros correspondientes.
Estos instrumentos incluyen las modificaciones necesarias para adecuarlos a las nuevas disposiciones de la ley vigente en la materia.
En su debida oportunidad serán sometidas a esa soberanía las iniciativas de leyes orgánicas de la banca de desarrollo, a fin de precisar las disposiciones que les permitan un mejor cumplimiento de sus funciones en la transformación económica y social del país.
La operación bancaria se lleva a cabo dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y las directrices generales de política para la intermediación financiera.
Esas directrices recogen los requerimientos financieros del desarrollo sectorial y establecen las orientaciones y estrategias para que las sociedades nacionales de crédito formulen e incrementen su contribución al desarrollo social, al cambio estructural de los sectores productivos y a la descentralización de la vida nacional.
En la reordenación del sistema bancario destacan la reestructuración del número de instituciones mediante fusiones; la racionalización de la red de sucursales; y la contribución de la banca al programa de ajuste del gusto y del empleo.
Con los programas operativos anuales, que por primera vez se formularon en 1985, se consolida el proceso de incorporación de la banca al Sistema Nacional de Planeación Democrática. En atención al Pronafide, estos programas han tenido como orientaciones fundamentales la consolidación institucional, el fortalecimiento del ahorro interno, la canalización eficiente y equitativa de los recursos captados y la reorientación de las relaciones económicas con el exterior.
Esta programación institucional considera las implicaciones de la nueva legislación e incorpora las acciones necesarias para que la banca se adapte de manera rápida y creativa al nuevo marco jurídico. Los programas se inscriben en la experiencia y tradición que los bancos tienen en el diseño de objetivos, metas, estrategias y acciones institucionales para obtener los resultados propuestos. Su consistencia con los grandes propósitos nacionales se propicia con las orientaciones del Sistema Nacional de Planeación, que le dan rumbo al quehacer bancario, a la vez que preservan la identidad y autonomía de gestión de la banca.
Se ha dado un avance significativo en la reestructuración del sistema bancario Con las funciones decretadas en 1983, las instituciones nacionales se redujeron de 60 a 29. Con el proceso de fusiones puesto en marcha este año quedarán sólo 19 instituciones de banca múltiple.
Seis de ellas tienen cobertura nacional, los bancos fusionados aparecen entre paréntesis: Banco Nacional de México, Bancomer, Serfín (Continental Ganadero), Multibanco Comermex, Banco Internacional y Banco Mexicano Somex.
Ocho tienen cobertura multiregional: Banco del Atlántico (Banco Monterrey), Banco BCH (Banco Sofimex), Banpaís (Banco Latino), Banca Cremi (Promoción y Fomento), Multibanco Mercantil de México (Bancam), Banco de Crédito y Servicio, Banca Confía y Crédito Mexicano.
Cinco instituciones tienen cobertura regional: Banco del Noroeste (Unibanco), Banco Mercantil de Monterrey (Banco Regional del Norte), Banca Promex (Banco Refaccionario de Jalisco), Banco del Centro (Banca de Provincias), y Banco de Oriente.
Con esto se logran importantes economías de escala, racionalización de estructuras administrativas, consolidación de infraestructuras bancarias y aplicación de capacidad financiera que permitan la prestación más eficiente del servicio bancario y la expansión autosostenida de las instituciones.
Los bancos de cobertura nacional se distinguen por tener sucursales en todo el territorio del país y proporcionar financiamiento a los grandes proyectos de inversión.
Los bancos de cobertura multiregional son reserva esencial de crecimiento y competencia. No tienen oficinas en toda la República, pero atienden regiones donde se concentra gran parte de la actividad económica.
Los bancos de cobertura regional son punta de lanza de la estrategia bancaria para apoyar la descentralización de la actividad económica.
Se da prioridad al programa de racionalización de la red de sucursales. Acorde con la política de austeridad la infraestructura existente se utiliza con mayor intensidad.
Se enfatizan las reubicaciones sobre la apertura de nuevas oficinas, se promueve la desconcentración y fortalecimiento de la banca regional, se prohibe la construcción de sucursales lujosas y se busca un óptimo en la combinación de imagen, seguridad y funcionalidad en la prestación del servicio bancario.
La red de sucursales pasó de 2,639 oficinas en diciembre de 1976 a 4,438 en diciembre de 1982, un incremento absoluto de 1,799 sucursales, equivalente al 68%. En virtud del esfuerzo realizado, a junio de 1985 sólo se contaba con 4,454 oficinas, cifra similar a la de diciembre de 1982.
En tres años prácticamente no ha habido crecimiento en el número de oficinas Sin embargo la red de sucursales ha mejorado cualitativamente, las oficinas se modernizan y se ofrecen mejores servicios al público, se responde a las necesidades de la sociedad y se compatibilizan los requerimientos de cada institución y los de la banca múltiple en su conjunto.
En atención al Programa de Ajuste, se reducirá el gasto corriente y de inversión por
un total de 46,503.00 millones de pesos, de los cuales 9,197.00 millones corresponden a la banca de desarrollo y 37,306.00 a la banca múltiple.
Esta reducción no afectará la prestación del servicio bancario; se busca mejorar los índices de eficiencia; el ajuste en la inversión no impactará el gasto asociado al necesario cambio tecnológico y al avance de la modernización de la infraestructura bancaria.
Las entidades coordinadas cancelarán 6,775 plazas, de las cuales 2,066 corresponden a la banca de desarrollo, todos y fideicomisos y 4,709 a la banca múltiple. La disminución en el empleo se llevará a cabo aprovechando al máximo la rotación normal del personal, no cubriéndose las vacantes que se generan. En todo caso, existirá absoluto respeto a los derechos laborales de los trabajadores bancarios.
En la banca de desarrollo se está aplicando un programa de reducción significativa de sucursales tanto en el interior de la República como algunas ubicadas en el extranjero. Esto obedece a la división del trabajo con la banca múltiple aludida anteriormente.
Estas medidas no han puesto en riesgo la operación de las instituciones ni afectado sus programas operativos. Se aprovechan las posibilidades de coordinación con la banca múltiple, así como su amplia red de sucursales y ventanillas.
Se ha fortalecido a Nacional Financiera y al Banco Nacional de Comercio Exterior, agentes financieros del Gobierno Federal, incrementándose el capital social de la primera, de 10 mil a 35 mil millones de pesos y del segundo de 1,200 a 20 mil millones de pesos.
Asimismo, en el contexto de un esfuerzo permanente de racionalización de las estructuras de las instituciones de banca de desarrollo, se ha ordenado que se inicie la extinción de 5 fideicomisos en operación: Fideicomiso para Estudios y Planes de Desarrollo Agropecuario y Programas de Crédito Agrícola (FEDA); Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria (FFAA); Fideicomiso para Otorgamiento de Crédito a Cooperativas Escolares (FOCCE); Fideicomiso de Promoción Rural (FIPROR); y Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, Distribución y Consumo de Productos Básicos (FOPROBAR). Conviene informar que el programa de la leche, que ha estado a cargo del FOPROBA y que ha dado magníficos resultados en apoyo de este importante sector, está siendo atendido ahora por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO-FIRA), en los términos establecidos.
En todos los casos, las funciones de las entidades que se liquidan serán asumidas por aquéllas que posean una mayor afinidad, garantizando la continuidad de los proyectos y programas que así lo requieran.
Igualmente, se concluirá el proceso de extinción del Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Minería (FOGAMIN) y del Fideicomiso para Anticipos a Contratistas de Obras Públicas, por haber cumplido con sus objetivos; y también del Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda de Interés Social (FOGA), cuyas funciones han sido absorbidas por el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI).
Se acelera la extinción de 14 fideicomisos que carecen de asignación presupuestal, para depurar el registro de entidades paraestatales. Esta medida, por tanto, no implica ahorro alguno. Tal es el caso de los fideicomisos: Consolidar Adeudos a Agricultores de Diversas Regiones del Estado de Chihuahua; para Consolidar Adeudos a Agricultores de Matamoros, Tamaulipas; para Otorgar Crédito a Agricultores de Matamoros, Tamaulipas; para Otorgar Crédito Agropecuario en San Pedro de las Colonias, Coahuila; para Otorgar Crédito a Agricultores de Diversas Regiones del Estado de Chihuahua; para la Rehabilitación de la Industria Platanera de Tabasco y Norte de Chiapas para la Rehabilitación de Agricultores de la Comarca Lagunera; para el otorgamiento de un Crédito a las Comisión Nacional Coordinadora de Puertos; para el Puerto Madero: para Obras de Ampliación y Mejoramiento de Agua Potable de la ciudad de Veracruz; para Trabajos de Explotación y Bombeo de los Centros de Población de Vizcaíno, B.C.; para el Otorgamiento de Crédito a Mexicali, Baja California; para el Otorgamiento de Crédito al Estado de Guanajuato, y para el Otorgamiento de Crédito al Estado de Yucatán.
Finalmente, se concluirá el proceso de liquidación de los bancos Nacional Cinematográfico y Nacional de Turismo, los cuales ya no han tenido asignación presupuestal desde hace más de dos años.
En la nueva Ley Reglamentaria está plenamente reconocido el principio de antonomía de gestión que requieren las instituciones. Los Consejos Directivos de los bancos están funcionando con eficiencia. Los indicadores de gestión sobre captación, financiamiento, rentabilidad y productividad que mensualmente se elaboran, cumplen ya más de un año de instrumentación. Han acreditado de manera amplia su utilidad para evaluar el quehacer bancario, facilitando la función de los Consejos Directivos al permitirles mayores elementos para formular sus orientaciones.
En el informe anterior señalamos la creación de 500 Comités Regionales, Consultivos y de Crédito, integrados por 4,500 representantes de los sectores sociales y privados y funcionarios bancarios. El proceso de funciones que está en marcha y que dará lugar a bancos de cobertura nacional, multiregional y regional está acompañado de una reestructuración de dichos comités a fin de maximizar sus aportaciones al desarrollo económico y social de las localidades en que operan.
Con la expedición de la Ley Laboral Bancaria se inició la formulación de las condiciones generales de trabajo, por parte de las instituciones de crédito, en comunicación
con las autoridades responsables y los sindicatos, a través de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB).
La mayoría de las instituciones de crédito han remitido sus proyectos, los cuales están en procesos de revisión y aprobación. Se ha plasmado en ellos las disposiciones que garantizan los derechos y obligaciones de los trabajadores bancarios. Se da cauce legal a una relación básica en la prestación eficiente del servicio bancario.
Los compromisos de indemnización y de enajenación de activos no crediticios y no indispensables para la prestación del servicio público de banca y crédito, están prácticamente cumplidos.
A la fecha, se han emitido resoluciones indemnizatorias de 48 instituciones. En los informes de 1983 y 1984, se notificó a esa soberanía de las resoluciones de 16 y 24 instituciones respectivamente. Las 8 nuevas resoluciones de que ahora se informa corresponden a: Banco del Noroeste, S.A., Banco Longoria, S.A. Banco Occidental de México, S.A., Banco Popular, S. A., Multibanco Comermex, S.A., Banco Continental, S.A., Banco Ganadero, S.A., y Crédito Mexicano, S.A.
El capital contable ajustado al 31 de agosto de 1982 de las 48 instituciones de las que se han emitido la resolución de indemnización, asciende a la cantidad de 92,945 millones de pesos y representa el 99.5 % del total del capital contable de las instituciones nacionalizadas.
Los intereses correspondientes al período comprendido entre el 1º. de septiembre de 1982 y el 31 de agosto de 1983 implicaron un monto de 53,211 millones de pesos. Ambas cantidades suman 146,156 millones de pesos. Sólo faltan por indemnizar los ex-accionistas de 2 instituciones: Banco Aboumrad, S.A. y Probanca Norte, S.A.
Por otra parte están 6 instituciones que a la fecha de la nacionalización se encontraban intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y que son: Banco Regional del Pacífico, S.A., Financiera de Crédito Mercantil, S.A., Financiera de Industria y Construcción, S.A., Financiera del Noroeste, S.A., Sociedad Financiera de Industria y Descuento, S.A., y Financiera de León, S.A.
Los activos no indispensables para la prestación del servicio bancario puestos en venta ascendieron a 41 mil millones de pesos, valuados al 31 de agosto de 1982. Se ha procedido en estricto apego al acuerdo del 12 de marzo de 1984, que fija las bases para la enajenación de los activos no crediticios de la banca nacionalizada.
A la fecha se ha logrado colocar más del 91% de las acciones ofrecidas en venta, lo que representa un monto de 85 mil millones de pesos, que incluye los intereses devengados el 31 de agosto de 1982 a la fecha que vengan a la tasa aplicable a los bonos de indemnización bancaria.
Igualmente a través de la Bolsa de Valores y de acuerdo a los lineamientos expedidos por la Comisión Nacional de Valores para este fin, se ha logrado vender, a través de ofertas públicas, activos no bancarios por un monto de 5,500 millones de pesos.
Las acciones que restan por ofrecerse en venta son las de los dos bancos que a| un no han sido indemnizados que representan menos del 1% de los activos no crediticios.
El 4 de marzo de 1985 se anunció, entre otras medidas, la decisión de liquidar, extinguir, fusionar, transferir o vender entidades paraestatales como parte de la política de racionalización del sector paraestatal. La banca nacional participa en este proceso de reestructuración.
Fueron designadas cuatro sociedades nacionales de crédito: Banco Nacional de México, Bancomer, Banca Serfín y Nacional Financiera para promover y realizar la venta de 39 empresas no prioritarias conforme al procedimiento establecido por el Grupo Intersecretarial, creado para este propósito. Estas instituciones han realizado los estudios y análisis necesarios, y establecido contacto con los sectores social y privado interesados. El 15 de abril pasado fue publicado el aviso de venta . De estas 39 empresas a la fecha han sido vendidas las acciones de 12 por un monto de 3,561 millones de pesos; 7 se encuentran en negociación; 2 en estudio; y se esperan propuestas para las 18 restantes.
En el mes de julio pasado se llevó a cabo la Segunda Reunión Nacional de la Banca, participaron las autoridades financieras, los directores y funcionarios de las sociedades nacionales de crédito y de los fondos y fideicomisos y los diversos sectores de la actividad económica del país. Se reafirmó el carácter participativo y abierto de la nueva banca en el quehacer nacional.
En esta ocasión se integraron cuatro grupos de trabajo, abocados al análisis del financiamiento al comercio exterior e interior, a la industria y al turismo Las tareas realizadas destacan la preocupación fundamental de los participantes en consolidar el funcionamiento de la banca en apoyo a las políticas de desarrollo nacional, a través de un acercamiento todavía mayor entre las actividades bancarias y las necesidades financieras de los sectores productivos.
La política bancaria ha coadyuvado a reducir los altos niveles de liquidez en el sistema en un contexto de mayores necesidades de financiamiento del sector público, adoptando medidas compensatorias para abatir el gasto global. Se ha realizado una colocación de bonos de regulación monetaria por 250 mil millones de pesos, habiéndose concertado con las sociedades nacionales de crédito, ajustes marginales al encaje para absorber parte de los aumentos en la captación de recursos que se produzcan a partir del mes de julio. Esto ha implicado una intermediación bancaria menos dinámica.
Durante enero-septiembre de este año la captación de recursos del público por parte de la banca asciende a 1 billón 922.5 mil millones de pesos. Se estima que en todo el año la captación será de alrededor de 3 billones, cantidad inferior a la programada, lo que expresa el efecto de los programas de austeridad y control de liquidez.
Destacan los esfuerzos que la banca de desarrollo está realizando para captar recursos con características adecuadas a la operación de estas instituciones Se ha iniciado la emisión y promoción de bonos bancarios de desarrollo de largo plazo. Hasta septiembre se habían efectuado las primeras emisiones de los Bonos Bancarios de Desarrollo Marítimo y de Desarrollo Agropecuario.
Durante enero-septiembre de este año, el financiamiento a empresas y particulares, se incrementó en 766 mil millones de pesos. Se estima que para todo el año, el financiamiento será de alrededor de 900 mil millones de pesos El menor dinamismo en la captación y el control de la liquidez ha afectado el monto de los recursos prestables.
Con las medidas adoptadas no se redujo la canalización de crédito preferencial a los sectores prioritarios de vivienda, exportación, pequeña y mediana empresa, y ejidatarios. Si en cambio, se han dictado medidas para racionalizar el otorgamiento de crédito a empresas con otras opciones viables de financiamiento, tales como el mercado de valores, la reinversión de utilidades o las nuevas aportaciones de capital de los socios nacionales o extranjeros, sobre todo en el caso de empresas transnacionales.
Conscientes de que el apoyo a las empresas productivas y de servicios con problemas financieros pero intrínsecamente viables, es condición fundamental para la defensa de la planta productiva, mantener las fuentes de empleo y para recuperar el ritmo de crecimiento de la economía, una de las principales tareas emprendidas por la banca ha sido la de reestructurar la deudas bancarias de estas empresas.
Durante el período de 1983_1985, la banca ha efectuado 1, 944 reestructuraciones de crédito, por un monto aproximado de 331 mil millones de pesos.
En 56% de los casos, éstas se documentaron para liquidarse a plazos mayores de tres años y corresponden a medianas y pequeñas empresas de los sectores industrial, agropecuario y de servicios.
A través de la Comisión de Estudios de Apoyos Financieros Especiales de la Asociación Mexicana de Bancos, se han analizado quince casos de reestructuraciones de adeudos bancarios de grandes empresas, su monto total asciende a 321 mil millones de pesos, de los cuales 62 mil millones están contratados con la banca nacional y el resto con instituciones bancarias del exterior.
Así, a través de la banca, se han realizado cerca de dos mil reestructuraciones de crédito, por un monto global de 652 mil millones de pesos
Con ello, se mejoran las expectativas de rentabilidad y expansión de estas empresas, a la vez que se mantiene en funcionamiento la planta productiva del país y se protegen los niveles de producción y empleo.
También destacan las políticas crediticias de la banca de desarrollo en apoyo a los sectores estratégicos y prioritarios de la economía.
Se han mantenido los apoyos fiscales al crédito preferencial del sector agropecuario, estimulando la producción, transformación agroindustrial y comercialización de productos primarios.
Asimismo, se ha canalizado un monto importante de recursos financieros para la explotación, conservación, refrigeración y comercialización de la producción pesquera.
Continúa el apoyo a la industria nacional con recursos crediticios preferenciales. Se ha dotado de paquetes integrales de apoyo a la pequeña y mediana industrias.
Las relaciones comerciales con el exterior han recibido en los últimos dos años un apoyo importante del sistema bancario, dada su posición destacada en la política económica. Se han incorporado nuevos mecanismos que comprenden el descuento de letras documentarias para el transporte de mercancías dentro y fuera del territorio nacional; facilidades para el almacenamiento de dicha mercancía en el país o en el exterior; el redescuento de documentos de avío tratándose de actos conexos con el exterior; promoción de sustitución de importaciones y un programa de crédito al comprador.
El crédito preferencial canalizado al sector comercial, se ha orientado principalmente a los pequeños comercios, proporcionando asistencia técnica y propiciando la organización de empresas vinculadas a la producción y abasto.
Se atienden las necesidades crediticias de los efectivos de las fuerzas armadas. Los préstamos quirografarios y el financiamiento de unidades habitacionales han constituido las operaciones preponderantes en la consecución de un mayor bienestar para los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
La expansión de la infraestructura urbana y productiva de las actividades y regiones prioritarias ha recibido especial apoyo credicticio; al ser canalizados a este fin la mayor parte de los recursos crediticios de las instituciones financieras especializadas en el desarrollo urbano.
Destacan las operaciones de descuento que la banca de desarrollo realiza con las instituciones de banca múltiple para apoyar diversos programas de vivienda
Las transferencias fiscales del Gobierno Federal a las instituciones financieras de desarrollo han permitido operar estos programas en condiciones preferenciales. Para 1985 se estimaron 338 mil millones de pesos que se comparan con los 224 mil millones ejercidos en 1984; de los cuales, después de los
respectivos ajustes, se aplicarán 335.6 mil millones de pesos.
En 1984 las utilidades de las instituciones de banca múltiple fueron de 68 mil millones de pesos, el 67% del monto de capital y reservas.
A agosto de 1985 se han generado utilidades por 57, 816 millones de pesos. Se estima que a diciembre ascenderán a 90 mil millones de pesos; sin embargo, esta estimación podría alterarse una vez que se tenga la cuantificación de los daños causados al sistemas bancario por los sismos ocurridos en el mes de septiembre pasado.
La banca nacional no tiene como objetivo último la obtención de ganancias, al cumplir responsabilidades sociales procura mantener niveles adecuados de rentabilidad que le permitan la autosuficiencia financiera y el capital necesario para su expansión y operación.
La banca continúa operando con eficiencia y responsabilidad. Se mantiene la solvencia financiera a la vez que se contribuye a una mejor instrumentación de la política económica. Con las utilidades obtenidas en este año se fortalecerá su estructura, se aumentará el capital y se crearán las reservas necesarias que permitan una expansión sana de las sociedades nacionales de crédito.
Los sismos del 19 y 20 de septiembre afectaron la infraestructura bancaria, no obstante, la prestación del servicio público de banca y crédito no se interrumpió. La banca ha sido medio para captar las aportaciones al Fondo Nacional para la Reconstrucción y contribuye los programas de reconstrucción, destacando el financiamiento a la vivienda y los sectores productivos afectados
De las 851 sucursales en el área metropolitana de la ciudad de México, 50 resultaron totalmente dañadas, otras 56 se encuentran inhabilitadas, por encontrarse en zonas de desastre con acceso limitado, aunque posteriormente estarán en condiciones de ofrecer servicio al público.
Existen daños en edificios que albergaban oficinas administrativas y operativas, estimándose un déficit de espacios del orden de 200 mil metros cuadrados. También fueron afectados los equipos de cómputo de cuatro instituciones. No obstante lo anterior, la infraestructura y la capacidad operativa del sistema bancario funciona normalmente; los daños están en proceso de reparación.
Las sociedades nacionales de crédito coadyuvan de manera decidida a solucionar el problema de vivienda de los damnificados por el sismo. Se han establecido prioridades para que la vivienda disponible financiada a promotores con recursos de la banca sea destinada a los afectados en condiciones de crédito preferencial.
Por otra parte se ha puesto en operación un programa especial de apoyo financiero para la reconstrucción de instalaciones hoteleras dañadas, en la ciudad de México, Ixtapa_Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas. El programa asciende a un monto de 15 mil millones de pesos.
También se están articulando, en consulta con los sectores afectados, programas especiales de apoyo a la industria del vestido, así como para la reconstrucción y reubicación de establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
Se estudian las medidas para avanzar en la descentralización del sistema financiero y lograr una mayor aportación a las tareas de la reconstrucción nacional.
La banca se ha transformado, el ser banca de Estado, le significa una mayor responsabilidad social y un mayor compromiso con los propósitos nacionales. Durante el período que se informa, se ha consolidado su estructura institucional, su operación y resultados reflejan cada vez más su adaptación a los requerimientos del país. Al administrarla con eficiencia se reafirma el compromiso de profundizar su contribución al desarrollo nacional.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional a 7 de noviembre de 1985.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H. »
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA.
CONDECORACIÓN
EL C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario, para que el ciudadano coronel intendente Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Ángel Quintana Morales, pueda aceptar y usar la Medalla por Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano coronel intendente Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Ángel Quintana Morales, para aceptar y usar la Medalla por Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 8 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés Ríos, Nicolás Reynés B., Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza(*)Miguel Herrerías Alvarado, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis Ramírez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.»
Támite: -Primera lectura.
_____ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 24 de octubre del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rafael Leyva y Sandra Luz Franco Orozco, puedan prestar servicios de carácter administrativo en consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 7 de noviembre se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesado prestarán en consulados de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, respectivamente.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Rafael Leyva Leyva, para prestar servicios como asistente en visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Sandra Luz Franco Orozco para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 8 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés Ríos, Nicolás Reynés B., Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza (*) Miguel Herrerías Alvarado, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiadez Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis Ramírez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.»
Támite: -Primera lectura.
_____ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 23 de octubre próximo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Rafael Sánchez, pueda prestar servicios administrativos
en la Embajada de Venezuela en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 7 de noviembre se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b)Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Venezuela en México, serán de carácter administrativo;
c)Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Rafael Sánchez, para prestar servicios administrativos en el Embajada de Venezuela en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 8 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés Ríos, Nicolás Reynés B., Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza(*)Miguel Herrerías Alvarado, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsivaís Ramírez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo."»
Trámite: _Primera lectura.
_____ *Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
COMPARECENCIA A NIVEL COMISIONES
EL C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Eduardo Beltrán.
El C. José Eduardo Beltrán Hernández: - Señor presidente; honorable asamblea: Ante la proposición hecha por el diputado Graco Ramírez, del Partido Socialista de los Trabajadores, en el sentido de que el Director General del Banco de México comparezca con los miembros de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de explicar todo lo relacionado con la evolución de los mercados cambiarios y tomando en cuenta que:
Primero. Es de llamar la atención la manera en que han venido evolucionando dichos mercados de cambio, incluyendo las medidas tomadas por el Banco de México; y
Segundo. Que en fechas próximas se turnará a esta Cámara de Diputados un informe al respecto, el Ejecutivo presentará antes del 15 de noviembre del año en curso.
Por lo tanto, en reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Programación, y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, efectuada el día de hoy en la mañana, se acordó presentar al plano de esta honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo:
Invitar al Director General del Banco de México a que se reúna con los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados en fecha próxima, posterior a la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
Firman el punto de acuerdo los siguientes diputados:
Hesiquio Aguilar de la Parra, Rebeca Arenas Martínez, José Eduardo Beltrán Hernández, Porfirio Camarena Castro, Gonzalo Castellot Madrazo, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres, Jorge Flores Solano, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Marcela González Salas, Ángel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, José Ángel Pescador Osuna, Eduardo Robledo Rincón, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Carlos Barrera Auld, Roberto Calderón Tinoco, José Ángel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, Jorge Ortiz Gallegos Luis Manuel Orcí Gándara, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Graco Abreu Ramírez Garrido, Rubén Rubiano Reyna, Héctor Terán Terán.
Dejamos en la secretaría la propuesta a la consideración de este pleno Muchas gracias.
El C. Presidente: -Está a discusión. Se abre el turno de oradores. No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a recabar la votación.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a esta asamblea si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por el ciudadano diputado que acaba de hacer uso de la palabra.... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....Aprobado, señor presidente.
HOMENAJE A CARMEN SERDÁN
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Guadalupe López Bretón.
La C. Guadalupe López Bretón: -Con su permiso señor presidente; distinguidos Diputados integrantes de la mesa directiva; honorable asamblea; señoras y señores:
Inscrito en los muros de este solemne recinto por considerar relevante su participación en la historia del país; por contribuir con su aliento moral y material a la edificación de la patria y por ser acreedora al reconocimiento de la posteridad, el nombre de Carmen Serdán Alatriste quedó grabado aquí y en la conciencia nacional como símbolo del más puro patriotismo.
La diputación federal poblana por mi voz rinde homenaje de admiración y respeto a la insigne heroína con motivo del CXII aniversario de su natalicio, acaecido, el 11 de noviembre de 1873; en la ciudad de Puebla.
Setenta y cinco años de Revolución, cuya llama encendieran ella y sus hermanos Aquiles y Máximo Serdán, dan renovado significado a nuestra raíz y vocación política y nos motivan a reflexión: Puebla es inseparable de las causas de la República.
Presente en la Independencia con Morelos, Matamoros y los hermanos Serdán; en la Reforma con Zaragoza, Negrete, González Ortega, los Xochiapulcas y los Zacapoaxtlas: "Las armas nacionales se cubren de gloria".
Y es Puebla cuna de la Revolución con los Serdán; escenario del vehemente sentimiento libertario del país; falso bastión del porfiriato, que ve nacer al movimiento social de 1910 sobre brasas candentes de descontento dispuesto a la protesta, a la conjura generalizada en torno al dictador Díaz para lo que se dan cita en su suelo los grupos más antagónicos, lo mismo anarcosocialistas que liberales, obreros, campesinos quedan todos conscientemente unificados, dan el paso precipitado sí, a destiempo, pero definitivamente encaminado a aliviar la insostenible situación política social y económica de principios de este siglo.
El 18 de noviembre en Puebla, en la calle de Portería de Santa Clara número 4, suenan disparos, se escuchan gritos, el espanto enmudece las gargantas, sólo una voz cálida con emoción arenga: "Aquí hay armas vengan, por ustedes lo hacemos; la libertad vale más que la vida, ¡viva la no reelección!" y a esta arenga un silencio sepulcral responde, sin embargo, su eco resonó y aún resuena en todos los confines de la patria donde se halle un mexicano amante de la libertad.
Frágil, transfigurada la de la cálida voz, encarnando el coraje y la dignidad humana fusil en mano, la heroína poblana pretende derribar el régimen oprobioso de 30 años que se había vuelto ciego ante la miseria de los desposeídos, enfrentándose temerariamente a la dictadura tan llena de errores como falta de sentimientos humanitarios.
Es el momento culminante en el que nuestro pueblo reinicia el camino hacia sus grandes metas: la creación de un régimen democrático con justicia y libertad, ciertamente el camino a recorrer fue arduo, azaroso y agobiante como lo fue la acción de Carmen Serdán.
Provenían los Serdán de abolengo espiritual, moral y heroico, y Carmen, su digna descendiente hereda el temple de sus nobles antepasados, nieta del valeroso general Miguel Cástulo de Alatriste sacrificado en el cumplimiento del deber por los intervencionistas franceses y bien amado gobernante de nuestro Estado; e hija de Manuel Serdán participante en la batalla del 5 de Mayo.
Forjan el carácter responsable y firme de nuestra heroína, una esmerada educación, la lamentable pérdida de su padre la obliga a ejercer como hija mayor responsabilidades no comunes para su condición ni para su época, sin menoscabo de su feminidad; estos antecedentes nos hacen comprender el desarrollo en ella del don de mando y la entereza más tarde puesta al servicio de la gran causa.
La revolucionaria Serdán haciendo honor a su linaje de heroicidad comprobada cumple su cita con la historia. Predestina a ser heroica y heroína.
Heroica, por ser voluntaria participante en la gesta en favor de los desheredados que clamaban el fin de una paz humillante y el restablecimiento de sus derechos; heroica por su toma de decisión consciente en la conjura pues Carmen con el seudónimo de Marcos Serratos es el eje y motor del movimiento reivindicador, espíritu providente que lleva y trae dinero, armas, mensajes; es en suma la organizadora lúcida de la defensa y el ataque en la casa de los Serdán. Y es heroína por el valor, el arrojo y la generosa espontaneidad con que arriesgó su vida luchando en la epopeya sangrienta y dramática de Santa Clara.
Se ha dicho que el héroe no se crea, surge como surgió Carmen Serdán del poema épico de la Revolución, proyectando en la aureola de su estoicismo su matizada personalidad, crisol, en el que se fundieron las más genuinas
virtudes de nuestra mexicanidad, con su hazaña, contribuye a forjar una patria independiente y soberana y a alentar nuestra lucha por el ejercicio pleno y la liberación de nuestros derechos. Al romper el patrón de conducta impuesto por una sociedad retrógada de siglos: viaja, habla convence, toma las armas y en su apertura se hace acreedora a la censura, a la afrenta y a la critica, toda su vida se convierte en sacrificio, pero sacrificio que fructifica y logra el milagro de la entusiasta participación femenina, intrascendente por aquel tiempo, pero hoy constituye la importante fuerza moderadora de la fisonomía nacional.
Así, en esta mujer símbolo, se halla la prefiguración de miles de soldaderas que siguieron a sus soldados fusil al hombro y cruzadas sobre el pecho las cananas, y asimismo representa la decisión moderna de nosotras de estar a la altura de los presentes desafíos. Decisión de sumar nuestra capacidad y voluntad al esfuerzo transformado de México.
Hoy, al hacer remembranza de esa noble vida confirmamos que para bien de nuestra patria las páginas luminosas de su historia las han escrito conjuntamente hombres y mujeres a pesar del tradicionalismo, la mujer ha compartido en todo tiempo y lugar la lucha por alcanzar niveles superiores de vida y ha cimentado su amor patrio en verdades profundas y en acciones fecundadas; valor cívico derecho a derribar tiranías, coraje de luchar contra la injusticia, contra la opresión o la pérdida de la dignidad.
En esta conmemoración exaltemos a la genial precursora, no sólo como heroína de Puebla, sino como heroína de México, del México nuevo, fruto de esa Revolución que amó y a la que sirvió; del México nuevo que soñaron nuestros héroes y heroínas entre las que pasan lista de presente las revolucionarias poblanas: Paulina Maraver, Celsa Magno, María Espíritu, hermanas Narváez y Vázquez, así como las cigarreritas, mujeres anónimas que expusieron sus vidas en aras de un ideal.
Al evocar a la ilustre poblana aquilatemos la magnitud de su proeza, reafirmemos nuestra vocación revolucionaria y aceptemos el reto de nuestras actuales circunstancias.
Ayer, Carmen Serdán enarboló la bandera de la insurgencia armada, hoy nos corresponde la insurgencia de las ideas en una nueva sociedad que nos ha concedido plenitud de derechos para que los ejerzamos, no como privilegio, sino como compromiso irrenunciable para atender las necesidades de un pueblo con grandes carencias acumuladas de siglos, un pueblo al que consagremos una eficiente acción política, cívica y asistencial que dé verdadero sentido al papel de la mujer revolucionaria de nuestra época.
Abatidos los viejos esquemas de la discriminación y los absurdos de identificar como únicos atributos del hombre; el valor la inteligencia y el arrojo; y de la mujer: abnegación, el sufrimiento, la pasividad y la resignación. La República espera de sus hombres y de sus mujeres por igual su vocación nacionalista, para defender con celo indomable nuestra soberanía interna y externa.
Atendamos la convocatoria del Presidente De la Madrid de reconocer con honestidad política, nuestros errores y desviaciones que en la realidad se han producido del proyecto revolucionario. Ahora más que nunca, finquemos nuestros actos en un renovado nacionalismo sustento de una solidaridad activa y eficiente, dirigida a los que menos tienen que son los más para que disfruten de una vida digna, garantizada contra la enfermedad, el desempleo, la ignorancia, la injusticia y preservémoslos del efecto desquiciante que producen los fenómenos económicos del mundo convulso de nuestros días...En la unidad sin egoísmos ni agresividad, fruto del modernismo con sus hacinamientos humanos y sus tensiones psíquicas. Consolidemos nuestro devenir histórico inspirado en la trayectoria del pueblo y de sus héroes, como Carmen Serdán, entreguemos a las generaciones futuras un legado de responsabilidad y patriotismo.
Martes 12 de noviembre de 1985.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada María Luisa Mendoza.
La C. María Luisa Mendoza Romero: -Con su venia señor presidente, señoras diputadas, señores diputados: Hay un espejo en la calle de Santa Clara, en Puebla de los Ángeles, que es viejo y sabe más que ninguno de nosotros y es otra de las páginas de la historia mexicana donde los tiros rotundos entraron, estrellaron el 18 de noviembre de 1910, para desatar los intrincados nudos de la Revolución. La tragedia está allí y nos enseña lo que fue el 18 de noviembre de 1810 en la sala de la casa de la familia Serdán. Enfrente el templo de Santa Clara, a la derecha, San José y Santo Domingo, a la izquierda San Cristobal y San Pedro, Algarabía de cúpulas y campanadas. Es ya la mañana y la gente de apellido Serdán por parte de padre, y Alatriste por parte de madre, se prepara a vivir el día definitivo de su historia. Gente que lee libros subversivos, que se junta para planear la destitución de un tirano mientras les llega el perfume de las fiestas del Centenario desde la capital, y la tristecidad de las oscuras cárceles donde se pudren los enemigos del régimen. Don Profirió Díaz mandaba matar a los que no estaban de acuerdo y la muerte se acostaba en las banquetas, se columpiaba desde los pirules o iba siguiendo emboscada a los desterrados; todos los días se lapidaba una imprenta y los periódicos clausurados callaban: La Tierra, de Mérida; La Libertad, de Guadalajara; La Hoja Suelta, de Torreón: Yucatán Nuevo, La Defensa Nacional, El Diario del Hogar, etc. Mientras, la voz de John Kenneth Turner
escribía México Bárbaro para decir la verdad que desmentía míster Randolph Hears en su poderoso órgano de comunicación norteamericano. Carmen Serdán se indignaba, junto a sus hermanos Aquiles y Máximo, de la desaparición de a libertad de la palabra. Minas y petróleo tierras y aguas, comida y cobijas, todo estaba en manos extranjeras; la paz ficticia se expresaba en los poderes que con el tiempo iban a denominarse en toda América Latina "transnacionales".
Persecución y lucro, encarcelamientos y crueldad de prisioneros a Quintana Roo, Valle Nacional, donde las flores del mal fueron el paludismo, la tuberculosis, la lepra y la hambruna feroz. Ocurrían Río Blanco y Cananea; y las tinajas de San Juan de Ulúa se apretaban.
Hubo en mi patria ochocientos treinta hacendados, seis mil veintitrés haciendas, catorce mil quinientos setenta y cinco ranchos. En esos lugares vivían los amos de mi patria, que hablaban en francés y a quienes servían mujeres jóvenes y viejas y niñas, mujeres embarazadas y vírgenes, envejecidas y dobladas; y niños y jóvenes castrados o sin compañera, o que se iban a casar con la primera concubina del patrón; y criados mayores, y lacayos y mayordomos, y caballerangos, y caporales, y peones, y aparceros, y medieros, y jornaleros y así. Y hubo setecientos cincuenta mil esclavos y cinco millones de peones, ciento cincuenta mil trabajadores mineros y fundidores, que recibían de sueldo en un mes, menos que un trabajador norteamericano en un día, treinta mil operarios de fábricas de algodón que ganaban menos de sesenta centavos diarios y doscientos cincuenta mil sirvientes cuyo salario iba de dos pesos, a diez cuando más mensualmente.
Y por eso los patrones enterraban a sus siervos en la tierra dejando la cabeza del esclavo al ras, mientras iba consumiéndose, siendo visitado por los verdugos vestidos de charros, para ser si confesaba en dónde había escondido el real, el medio kilo, el cuarto de harina, o decía el nombre del que iba de noche a hablarles de rebelión y derechos humanos, de unos hermanos Flores Magón o de un Francisco I. Madero. El indio moría como nopal o maguey y el hoyo se llenaba con otra siembra igual.
Tantas cosas así sabía Carmen Serdán. Ya andaba en los treinta y siete años y pasando la edad de merecer. Nació en la ciudad de Puebla de los Ángeles el 11 de noviembre de 1873, ayer hace 112 años. Su familia, prócer, le enseño a amar a la patria sobre todas las cosas y ella y sus hermanos Natalia Aquiles y Máximo aprendieron a ser mexicanos libertarios.
¿Contra qué se alzó Carmen y se alzaron sus hermanos aquella mañana de noviembre de 1910, adelantándose al 20 del mes, 2 días, por la delación de unos traidores que señalaron la casona de Santa Clara como arsenal de armas y cuartel clandestino de revolucionarios?
Contra el empeño del dictador Díaz por entregar a los capitalistas extranjeros la explotación de las minas, de petróleo, de las comunicaciones, la industria de hilados y tejidos. Contra la situación en Puebla, su estado, tapete verde hacendario y campesino. Contra la desproporción tributaria, mucha para los modestos, poca para los poderosos. Contra el miserable nivel de vida de la mayoría; contra la política de "orden y progreso", de la leva de la deportación de los hombres a tinajas varias; el acaparamiento de la tierra y el fortalecimiento del latifundismo, contra los atroces hacendados que de explotadores de hombres se convirtieron en defraudadores del fisco, federal y estatal, su famosos falsos avalúos escritos en servilletas del Jockey Club o del Café Colón; contra la burla crítica cínica de la Constitución.
Carmen Serdán, heroína mayor de la patria. Tris de Sol porque su vida transcurrió en dos oscuridades y un momento luminoso, el instante mismo en que arrojada salió al balcón de su casa a arengar al pueblo: "¡Más vale morir de pie que de rodillas!" En ese breve lapso fulgurante Carmen culmina sus obra de conspiradora, organizadora de la rebelión, corrió para llevar y traer armas, entre cajas de zapatos que vendía su familia, o canastos de fruta, horquillas, pasadores, listones, caminante del costillar de México, viajera por la causa hasta los Estados Unidos de Norteamérica, aliada de sus hermanos: Máximo, muerto esa mañana en la azotea de su casa y de Aquiles, quien perdió la vida al emerger de un escondite donde había guarecido su jefatura del gran movimiento, que así, bajo la duelas de su recámara avanzó dos días antes de lo previsto. A continuación Carmen Serdán penetra y vuelve a la oscuridad de una existencia dedicada a estar junto a su madre Carmen Alastriste, su cuñada Filomena del Valle ya viuda de Serdán, y sus sobrinos los hijos del bienamado Aquiles, al lado de quien todos jugaron un papel decisivo en las novedades de la patria.
Carmen Serdán defendió tercamente, inteligentemente, sus ideales de no reelección y democracia; escribía bajo el seudónimo de Marcos Serrato, y fue la respuesta femenina al Plan de San Luis, por ello su heroísmo ejemplar junto a las mujeres de su casa y sus amigas revolucionarias, tal las hermanas Guadalupe y Rosa Narváez Bautista, nos exalta, alienta y conmueve. La diputación guanajuatense les rinde, por mi voz, homenaje.
Fue pues, una mexicana educada en la severidad clásica de la provincia de antes, y que pudo no obstante, y sin duda ayudada por su gentedad, ser el coraje y la valentía, el valor al rojo vivo.
La Revolución se preparó con tiento, sin premura, con información y el contacto
directo y la respuesta del que sería el gran mártir, Francisco I. Madero. Las mujeres tuvieron un papel relevante en los pasos primeros, ya no digamos a lo largo del movimiento armado que dio a luz y a fuego a las Adelitas, suaves y fieras figuras secundarias alimentando con amor a sus parejas. Y habrían de ser las mujeres las que habríamos, después de la Revolución, las cerradas puertas de los saberes, estares e igualdades. Gracias a Carmen Serdán, la que no reclamó para sí nada, herida durante la batalla de su casa, apresada sangrante y llevada a la cárcel con su madre viuda y su cuñada, embarazada de Aquiles, viuda ya. Las tres mujeres amanecieron a la nueva desolada situación; al salir de la celda rumbo a la mesa de las declaraciones, sus guardias les ordenaron mirar a la derecha del patio que atravesaban... La madre siguió adelante sin voltear, Carmen digna y alta vio su lado izquierdo, solamente Filomena obedece y ve los cadáveres de Aquiles, su esposo y Máximo su cuñado.
La historia de México sobrevive en los fuegos y los resplandores incendiarios. Carmen Serdán en su "soledad en llamas" continúa de pie enseñándonos a ser patriotas; mujer de sol, tris de sol en su perfección heroica. Recordémosla, está en el espejo.
HOMENAJE A LOS EMPLEADOS POSTALES
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Oscar Aguirre.
El C. Oscar Aguirre López: -Señor presidente; compañeros diputados: Hoy 12 de noviembre es fecha que en las celebraciones mexicanas hemos consagrado a recordar la labor del cartero y del empleado postal. En el servicio a la patria no hay trinchera modesta, y por ello queremos que no pase inadvertido el onomástico de estos servidores públicos.
El correo, como todos sabemos es un medio de comunicación que existe en México desde la época prehispánica, y que desde entonces ha cumplido con eficiencia la misión fundamental de vincular a los mexicanos a través de los servicios que ofrece según las distintas épocas históricas.
El servidor postal desde sus orígenes se ha significado por su identificación permanente con el pueblo al que sirve, por su abnegada vocación de servicio y por su lealtad al país. El empleado postal, particularmente el cartero, junto con los telegrafistas jugaron trascendental papel en las gestas revolucionarias, y su concurso fue vital para enlazar a los grupos de revolucionarios que libraban batallas en diferentes regiones del territorio nacional.
El avance alcanzado por nuestro país en materia de comunicaciones, al impulso de los gobiernos emanados de la Revolución, puede equipararse al que tienen los pueblos más desarrollados del mundo. Sin embargo, el servicio postal sigue siendo vínculo insustituible de comunicación, particularmente para las clases más humildes de la población, y para aquellas regiones de nuestra agreste geografía aún no incorporada a los modernos sistemas de comunicación, pese a los ingentes esfuerzos gubernamentales.
El Sistema Postal Mexicano da empleo a 26 mil trabajadores distribuidos por todo el territorio nacional, quienes nos sirven sin importar climas ni horarios. La más contundente evidencia de esta afirmación la constituye el hecho de que cuatro días después de los sismos que alteraron tan dramáticamente la vida de nuestra capital, y de la destrucción de sus oficinas centrales, los carteros recorrían, distribuyendo correspondencia, desde y hacia todos los confines del territorio nacional y aquí mismo en la ciudad capital.
En razón de su invaluable concurso en la vida nacional, es que el Gobierno de la República del Presidente De la Madrid ha determinado fortalecer y modernizar los servicios postales para hacerlos más eficientes y disminuir considerablemente los tiempos de entrega de la correspondencia, propósito apoyado sin reservas por esos ejemplares servidores públicos y su organización sindical.
Sirvan las anteriores consideraciones para fundamentar nuestro más cabal reconocimiento a los empleados postales mexicanos, a quienes desde esta alta y serena tribuna de la patria rendimos sencillo, pero emotivo homenaje. Muchas gracias. (Aplausos.)
DIPUTADOS Y DAMNIFICADOS ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL
El C. Federico Ling Altamirano: -Señor presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: -Tiene usted la palabra, señor diputado.
El C. Federico Ling Altamirano: -Ciudadano presidente; señores diputados: La comisión de ciudadanos diputados de cinco fracciones parlamentarias que decidió, como ustedes están informados, encabezar una marcha hasta Palacio Nacional, junto con diversas asociaciones de vecinos damnificados, especialmente con el objeto de ver la posibilidad de ser recibidos por el ciudadano Presidente de la República, hoy mismo o en fecha próxima, desea informar a este pleno de los siguientes, y a nuestro juicio, graves hechos:
Primero. La marcha se llevó a cabo tal como se anunció con todo orden. Doce diputados de diversas fracciones, concretamente cinco fracciones encabezaron a numerosos vecinos y damnificados llegando a Palacio Nacional cuando faltaban seis minutos para las tres de la tarde.
Segundo. Los elementos de guardia pertenecientes al Ejército, procedieron a cerrar todas las puertas de Palacio en cuanto la
columna desembocó en la Plaza de la Constitución.
Tercero. La puerta central fue entreabierta para dejar salir algunos empleados y ciudadanos, el grupo de diputados entonces aprovechamos para pedir a un empleado, que parecía de nivel elevado, explicara a las autoridades correspondientes el objeto de nuestra visita.
Cuatro. Dicho empleado nos dijo que con gusto seríamos recibidos si designábamos una comisión de diputados y vecinos. Estuvo de acuerdo en que podría ser esa comisión que podía estar compuesta de los 12 diputados que íbamos y unos 10 vecinos y nos dijo que saldría en seguida para hacernos pasar y que algún alto funcionario nos recibiera.
Quinto. Tras una espera de 25 minutos al rayo del sol y estando cerradas a piedra y lodo y no habiendo indicios de que se nos recibiera, decidimos los diputados que fuimos objeto de semejante grosería de parte de altos o bajos funcionarios del Ejecutivo, regresar a este recinto legislativo e informar al pleno que al parecer se sigue con la misma actitud en el Ejecutivo de puertas cerradas, cuando no hay servilismo por parte de los diputados.
Queremos recordar a altos y bajos funcionarios del Ejecutivo que somos los diputados de la Nación, pocos o muchos en el poder o en la oposición que tenemos una alta investidura, que tenemos una dignísima representación popular y que no admitimos ser tratados con semejante descortesía y con semejantes groserías. En esta forma se demuestra una vez más que altos y bajos funcionarios del Ejecutivo siguen teniendo o la más grande responsabilidad y responsabilidad ante los problemas urgentes de la población o tienen miedo a la organización civil o tienen un desprecio absoluto por todo lo que no es facción y por todo lo que no es grupo adherente al gobierno.
Deben saber estos altos o pequeños funcionarios del Ejecutivo que no admitimos ser tratados como empleados del Ejecutivo. Tal vez algunos aquí en este recinto se sientan comprometidos o tal vez de hecho sean incondicionales de oficinas, secretarías de Estado.
Al menos los diputados de las cinco fracciones que fuimos a Palacio Nacional hace unos momentos no nos sentimos parte del rebaño, no nos sentimos parte incondicional de ningún empleado del Ejecutivo. No quisiera usar estos términos, me ciño al tema. Quede constancia aquí, y estoy seguro que los diputados que todavía no han tenido que firmar este escrito lo harán en un momento más, quede constancia aquí que seguimos luchando al lado de la civil, ante el poder, frente al poder si es necesario hasta rescatar los derechos íntegros por los que sigue luchando el pueblo mexicano.
El C. Presidente: -Continué la secretaría.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
- Esta secretaría ratifica que se han terminado los asuntos en cartera. En consecuencia va a dar lectura al orden del día de la sesión próxima.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
14 de noviembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de ciudadano diputado.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXV aniversario luctuoso de Aquiles Serdán, tendrá lugar el próximo 19 de los corrientes.
Oficios de la Secretaria de Gobernación
Con el que se remite el informe acerca del uso que durante el presente año ha hecho el Ejecutivo Federal de las facultades que tiene concedidas en materia de control de cambios.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Edgardo Antonio Hicks Gómez, Pastor José Fernando Covián Vílchis y María Teresa Estébanes Hernández, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y que reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del citado Convenio Constitutivo.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma la que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma al que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que Establece Bases para su Ejecución en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto
por el que se concede permiso al C. Miguel Ángel Quintana Morales, para aceptar y usar la Condecoración por Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Rafael Leyva Leyva y Sandra Luz Franco Orozco, para que puedan prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. José Rafael Sánchez, para que pueda prestar servicios en la Embajada de Venezuela en México.»
DIPUTADOS Y DAMNIFICADOS ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL
El C. Juan Maldonado Pereda: -Pido la palabra.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Juan Maldonado Pereda.
El. C. Juan Maldonado Pereda: -Señor presidente; honorables y distinguidas compañeras y compañeros diputados de esta LII Legislatura: Es cierto que estábamos dando por terminados los asuntos en cartera correspondientes a la sesión de este día y no menos cierto es mi renovado reconocimiento a todos los miembros de los grupos parlamentarios y con todo comedimiento a usted señor presidente, por la deferencia con que distinguen al de la voz, al permitir un breve paréntesis, para hacer un comentario, una reflexión en torno a lo expuesto por mi respetable compañero, el señor diputado Ling Altamirano.
La desgracia que acaba de sufrir nuestro país por los efectos devastadores con que la fuerza de la naturaleza nos azotó, estimo con todo respeto debiera hacernos a todos los mexicanos sin excepción mucho más entendidos porque la adversidad impone la sensatez y ésta nos conduce al conocimiento de los hombres y sin duda al conocimiento de las cosas. Cuando la fortuna asesta al corazón sus más duros golpes, es necesario una noble magnanimidad para hacer a un lado el temor y la desconfianza porque la desgracia debe desarrollar nuestra inteligencia y con ella nuestra fuente de energía para resolver los problemas difíciles que a todos sin excepción nos compromete.
Cuando tuve el honor de servir como secretario del Departamento del Distrito Federal, ustedes saben que la oficina de la secretaría ocupa el ala izquierda del edificio del Departamento y mira sobre el Zócalo de la ciudad de México.D. F. Fui testigo de una manifestación y no me dejarán mentir aquí mis respetables compañeros, los señores diputados, fui testigo de alguna manifestación de protesta en busca del reconocimiento de legítimos derechos de un grupo de trabajadores, miembros de algún partido político distinto en membresía a mi partido. No voy a prejuzgar sobre las circunstancias justas o injustas del hecho, sino sólo me referiré a los acontecimientos que tuve la oportunidad de ver.
Las puertas del Palacio Nacional permanecieron abiertas y muy a pesar del orden, del respeto, sin duda alguna quiero subrayar la responsabilidad de los líderes de los organismos representativos que iban acompañados de sus institutos políticos, personas extrañas, con otros intereses distintos, arrojaron dentro del Palacio lo que pudo ser una bomba Molotov que hizo que inmediatamente la guardia del Palacio se movilizara y sólo la prudencia en este caso, del Ejercito, y la decisión, tremenda decisión y angustia, porque lo viví, de los líderes de los partidos, evitó que hubiera existido un primer disparo y hubiéramos tenido una consecuencia que lamentar, no porque estemos -y aquí se dijo por un distinguido miembro del Partido Socialista Unificado de México-, no porque estemos viviendo instituciones represivas. Vivimos en un marco de libertad, vivimos en orden, pero libertad no significa, en las condiciones actuales, no tomar en beneficio de todos los mexicanos las precauciones que en manera alguna significan atentar contra el respeto, la dignidad, la profunda significación que merecen los honorables, respetables y distinguidos miembros de la LIII Legislatura como representantes auténticos del pueblo de México.
Si las circunstancias en este caso señaladas por lo que toca al cierre de las puertas puede dar estar impresión, definitivamente en nombre de mi partido y como mexicano rechazo una afirmación de tal magnitud que tuviera por pretexto y circunstancia responder con el cierre de las puertas al pueblo y a sus representantes que son quienes sostienen en la libertad al Gobierno institucional del Presidente De la Madrid.
Sin duda alguna, si existió alguna descortesía de segundas personas, suponiendo sin conceder en buena hora, señor diputado Ling, que tengamos conocimiento en el pleno de estas circunstancias, para que sea por los caminos, con el apoyo y el respaldo conjunto de que dispongamos, como planteemos lo que a todos nos interesa, señor diputado Ling Altamirano.
Sabemos que estamos en circunstancias difíciles de solución y que exigen apremios para la solución de estos problemas. No somos sordos, no podemos serlo al reclamo de las grandes angustias, pero sería prudente, y exhorto a la conciencia, al respeto, a la unidad nacional y a mis compañeros miembros de mi partido al apoyo unánime para que estos problemas que a todos nos interesan, encontremos en el camino adecuado la urgente solución que están mereciendo, pero que no aportemos, dentro de las circunstancias difíciles que el país vive, una gota más de
desconfianza, que lejos de mantener la unidad y la armonía, nos orientan hacia la división, hacia lo que no es concordia.
De nosotros todos depende el equilibrio fundamental de la libertad, el orden y la solución de estos problemas, y como mexicanos a todos en esta hora difícil nos duelen los acontecimientos y estamos obligados a darle soluciones para ver en las acciones efectos reales y positivos más que en las palabras.
Hago este señalamiento respetuoso porque aveces las palabras nos resultan demasiado pequeñas, o aveces resultan imposibles de utilizar frente a razonamientos superiores plenos de imaginación que gustamos escuchar y que aveces no resuelven como quisiéramos, las cosas.
Recordemos que invocando la libertad, invocando el orden, invocando la justicia invocando lo más respetable de la dignidad humana, los jacobinos en Europa instauraron de alguna manera una hecatombe, echando por tierra los principios de la Revolución.
Hagamos que los principios de la Revolución en su conjunto, la Revolución nueva y la Revolución que deseamos y hacemos y debemos hacer todos los días para modificar lo que sea necesario modificar y para no afirmarnos a las cosas que puedan retraer los principios fundamentales del país, luzcan esplendentes, en el marco de la inteligencia, en el marco del orden, en el marco de la libertad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Eduardo Valle, para hechos.
El C. Eduardo Valle Espinosa:- Con su autorización, señor presidente.
Escuchamos con mucha atención las sensatas palabras del diputado Juan Maldonado, son palabras que llaman a la reflexión, a la unidad, palabras serias; pero frente a estas palabras tenemos un hecho simbólico en un país de símbolos, el hecho es que frente a la manifestación, a la manifestación de la adversidad, frente a una situación de angustia, frente a una condición humana lastimada, el día de hoy se ha dado una circunstancia que no solamente puede entenderse, aunque muchos quisieran entenderlo así, como un incidente administrativo.
El Palacio Nacional con las puertas cerradas frente a las demandas de un grupo de habitantes del distrito Federal. En el Colegio Electoral, alguna vez cité a Sor Juana Inés de la Cruz, de un soneto de Sor Juana traté de hacer referencia a la necesidad de una reflexión colectiva; dijimos en aquella ocasión:- Escúchame sordo porque hablo muda, pero ahora estamos en una situación más difícil porque la condición nacional, el ser de la Nación está también lastimado y nosotros tenemos la responsabilidad, incluso con medidas espectaculares, de hacer ver que el ser de la Nación se encuentra en un difícil trance, y la respuesta es un Palacio cerrado, un Palacio cerrado que no tendría por qué estar cerrado, no solamente porque en la marcha, cuidadosa, ordenada y respetuosa, se manifestaban mexicanos, sino porque también iban representaciones de esta representación popular. Pudiera ser que fuesen alguno o algunos grupos parlamentarios representados ahí, pero iban representaciones de esta representación popular.
El incidente puede ser entendido y consignado simple y llanamente como un asunto administrativo y como un descuido, pero en este país de símbolos el Palacio cerrado tiene una implicación más profunda, tiene una implicación de que aquellos que debieran hablar y aquellos que debieran escuchar no solamente pudieran estar hoy sordos y mudos, sino también ciegos; ciegos no solamente ante el resultado de la adversidad; ciegos no solamente frente a la expresión de una condición humana, lastimada y que en un momento determinado pudiera expresarse con odio, pudiera expresarse con rabia, pudiera expresarse con violencia. Es posible que muchos de nosotros no lo entendamos, pero la situación del país es una situación muy difícil; el hambre de la gente generalmente termina en rabia, termina en odio, termina en violencia y ahora el pueblo de México no solamente tiene hambre, sino se encuentra lastimado hasta en la piel, hasta en sus manifestaciones cotidianas más sencillas, hay mucha gente en la calle fuera de esta Cámara de Diputados que no entiende ni de PRI, ni de PAN, ni de PSUM, ni de PMT, ni de PPS; que lo único que ve es su hambre y es su condición humana.
Quizá en Palacio Nacional esto tampoco se vea. Y en este país de símbolos que el Presidente no solamente no vea, sino que también se niegue a escuchar y pero todavía a ver, eso, compañeros de la LIII Legislatura, es un llamado expreso al renacimiento, al resurgimiento, a la emergencia del México bronco que todos deberíamos de estar preocupados por evitar que surja, se manifieste y nos lastime más aún de lo que ya estamos lastimados. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. Juan de Dios Colli.
El C. Juan de Dios Colli Mas:- Compañeros diputados: Valoramos en lo que se merece la intervención del diputado Maldonado Pereda en el sentido de no sembrar más el clima de desconfianza que prevalece. Sin embargo, creemos que los responsables de que este clima de desconfianza crezca, no somos los miembros de los partidos independientes o de oposición, sino aquellos miembros del partido en el poder, que adoptan actitudes de cerrazón.
Aceptamos el hecho de que se pretenda proteger la persona del Ejecutivo Federal y que por ese motivo se hayan cerrado las puertas de Palacio Nacional. Sin embargo, creemos que la organización que esta marcha tenía y el hecho de que no iban a entrar todos,
sino que únicamente iba a entrar una comisión de diputados - y no creemos que los diputados seamos gente subversiva o gente desordenada - garantizaba la seguridad del Ejecutivo.
Ahora bien, no fue un momento de reflexión el que nos hizo abandonar las puertas de Palacio. Ya lo decía el diputado Ling Altamirano, permanecimos bajo el sol durante cerca de media hora, esperando se nos diera respuesta. Y este hecho demuestra que sí existe cerrazón por parte de algunos funcionarios, por parte de algunas personas.
Ahora bien, el hacho de cerrar las puertas de Palacio Nacional, señores, es que le tiene miedo el gobierno al pueblo, es que ese clima de desconfianza que ellos han promovido les hace temer ahora represalias. Esto es algo simbólico, ya decía el que me antecedió en el uso de la palabra, el hecho de que nos cierren las puertas.
Señores, si no es a través del diálogo, si no es a través de la participación de todos los grupos políticos que pretendemos dar solución a los problemas de nuestra patria, no veo yo cómo podemos hacerlo. Hay que entender que la solución de los problemas de México debemos tratarlos de resolver entre todos los mexicanos. Vamos a devolverle la confianza a este pueblo de México.
El pueblo de México ya está cansado, ya no nos cree a los políticos: vamos a devolverle esa confianza, y esperamos que haya una respuesta del Ejecutivo y una justificación plena de esta actitud que han adoptado y que el Partido Demócrata Mexicano rechazó, pues confirma una vez más la política de cerrazón del sistema. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- El C. diputado Juan Maldonado continúa con el uso de la palabra.
El C. Juan Maldonado Pereda:- Señor presidente; compañeros diputados: Agradezco, en primer término, las palabras de los compañeros, nuestros compañeros que me antecedieron en el uso de la tribuna, al subrayar el reconocimiento a una intención que en nombre de mi partido expresa el de la voz, en el tono de conciliación, moderación y respeto con que debemos ver esta difícil circunstancia.
Quisiera solo decir que no tenemos en la Presidencia de la República a un presidente sordo ni a un Presidente ciego; tenemos un Presidente que esta de pie, erguido respetuosamente sin soberbias. Preocupado, el primero en su preocupación, como todos nosotros, por enfrentar difíciles, serios problemas como los que estamos viviendo actualmente en la vida de nuestro país.
La puerta de Palacio, insisto, no se cerró porque se le tenga miedo al pueblo. En cualquier lugar del mundo se toman siempre medidas de previsión, sin que eso signifique, por quienes tienen a su cargo en el desempeño de su función, el guardar el orden, que sea tono fundamental para calificar de represivo un sistema.
Tampoco justificamos el hecho de que no sean los señores diputados recibidos en su momento con la explicación pertinente que en su caso, ya no como diputados sino como simples ciudadanos mexicanos, tienen derecho. Pero sería injusto afirmar que hay cerrazón por parte de quienes muchas veces, en segundas, en terceras manos- no nos referimos a los altos niveles-, que aveces ni siquiera los niveles medios toman decisiones que ciertamente deben preverse.
Pero si bien es cierto que los responsables de esto no son los partidos de oposición, también perdonen ustedes que les diga que en todas partes, perdonando la expresión del vulgo "se cuecen habas" y no necesariamente nosotros, los miembros de la mayoría, también somos responsables de una desatención. Sería injusto, a partir de un hecho, prejuzgar una circunstancia de orden mayor. Tampoco me parece justificado que los miembros de la mayoría vengamos aquí a sentarnos en el banquillo de los acusados. Todos por igual somos diputados; todos tenemos un valimento, un respeto y una dignidad. Y todos juntos, en lugar de encontrar culpables, buscamos entre todos hacernos más responsables, seguramente que vamos a encontrar en su conjunto el objetivo fundamental que unen nuestras disidencias que es México y con él la resolución de los ingentes problemas que aquí con toda certidumbre inteligencia se han señalado, esperan solución. Porque el hambre no aguarda, porque el frío no aguarda, porque se quieren soluciones para gente que ha perdido su casa, su hogar, sus hijos y que entendemos con un profundo sentido humano, sino negaríamos nuestra condición de políticos, haciendo de la política una actitud suprema de servicio y no confundiéndola con la politiquería ni presumiendo de ser político sin emoción de pueblo.
Por esas razones yo me permito, señor presidente, con todo respeto, sugerir al pleno si fuera aceptable por los compañeros diputados que para de una vez procurar encontrarle solución definitiva a esta circunstancia que fue del conocimiento de la asamblea se dirijan ala comisión respectiva, a la Comisión Pluripartidista Especial que está viendo estos asuntos y de inmediato la comisión, con el apoyo de todos exija a quien corresponda que sean recibidos los señores diputados para hacer valer lo que en su derecho corresponde y para que con la comisión respectiva que se señale se puedan definir de inmediato soluciones concretas, fijas a este problema. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- El C. diputado Peñaloza tiene la palabra.
El C. Pedro José Peñaloza- Señor presidente; señoras y señores diputados: Yo creo que es bueno que en esta tribuna se hagan reflexiones como las del diputado Maldonado.
Yo creo que así es posible discutir y es posible escuchar y es posible reflexionar.
Que bueno que el diputado Maldonado admita tácitamente que hay un problema hoy en la sociedad mexicana. Hay un problema de primera importancia, grupos enteros de mexicanos han realizado un peregrinaje en busca de vivienda , han tocado muchas puertas, han recurrido ha muchos funcionarios, han hablado en muchos tonos, han venido hace unas horas aquí a esta tribuna a gritar su rabia y su descontento, a plantear su inconformidad por la lentitud, torpeza, ineptitud de muchos funcionarios. Esas expresiones que escuchamos hace un rato son eso y hay que entenderlas en esa dimensión. Y no hay que entenderlas de otra manera porque estamos en presencia, señores diputados, de que en esta ciudad muchos mexicanos vean en las instituciones del Gobierno el sinónimo del burocratismo, el sinónimo de la incapacidad es lo que está sucediendo.
Y no podemos echar en saco roto el hecho de que un movimiento tan importante como los damnificados producto del sismo del 19 y el 20 vengan a las puertas de esta Cámara a solicitar a los partidos que les den voz, que actúen en función de sus demandas. Y en respuesta encontramos puerta cerrada en Palacio Nacional.
Yo no quiero teorizar si es un funcionario de primera o de segundo nivel, este es un hecho, el hecho es de que las puertas de Palacio Nacional se cerraron para impedir siquiera que un grupo de diputados y un numeroso grupo de colonos entregara la solicitud formal de entrevista con el Presidente. Ese es el hecho, señores diputados. No sabemos quién cerró la puerta, quién ordenó cerrar la puerta pero estuvimos ahí media hora en espera de respuesta, y la respuesta, señores diputados, fue esta descortesía.
Y no se puede ignorar, perdónenme, que había ignorancia de que íbamos asistir ahí, ha sido publicitado el hecho de que partidos que quieren compartir la demanda de los trabajadores y de los damnificados iban a ir ahí a solicitar la audiencia.
Yo me pregunto, y quiero que todos nos preguntemos, que acaso en este país de hoy en adelante cualquier demanda de trámite para hablar con el Presidente va a encontrar puerta cerrada o qué acaso solamente habrá puertas abiertas cuando no sea la oposición la que demande una entrevista con el Presidente, no debe ser así, porque la sociedad mexicana, como se ha dicho aquí, está en una situación delicada, muy delicada, hoy vinieron a tocar las puertas de esta Cámara, y algunos nos solidarizamos, fueron a tocar las puertas de Palacio, mañana no sabemos que va a pasar, entonces, yo creo, señores diputados, que ustedes pueden encontrar muchas explicaciones a este hecho; el simbolismo del que no se haya abierto la puerta del Palacio Nacional tiene una connotación política, muy bien dice Maldonado, queremos soluciones, yo les propongo una cosa muy sencilla, señores diputados, no que recurramos a esa comisión que ya no existe, sino que este pleno, haber si hay voluntad, quiero probarlo, que este pleno acuerde, entonces yo quisiera decirles que si este pleno está de acuerdo en las soluciones, pues que lo hagan, que lo manifiesten a través que la Cámara se pronuncie porque se solucionen los problemas de los damnificados, es lo que queremos y ustedes pueden chiflar, es su profesión predilecta, pero ese no es el problema, el problema es de que estamos discutiendo aquí un problema de gran magnitud, que estamos hablando en un tono extremadamente respetuoso y responde con el nivel que tienen algunos; yo insisto, señores diputados, en que la postura que se adoptó ahora por parte de un funcionario menor o mayor o de abstracta personalidad, es una visión de cerrazón y de antidemocracia del Gobierno. Gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado César del Ángel.
El C. César Augusto del Ángel Fuentes:- Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Hay dos instituciones que en nuestro sistema político, a diferencia de otros conservan el respeto del pueblo, me refiero al Ejército y me refiero a la Institución Presidencial.
Es peligroso, no es conveniente, compañeros diputados, debilitar estas instituciones. Yo estoy por su fortalecimiento.
El día de hoy, el incidente que no deja de ser serio y grave, lesiona a estas dos instituciones. Quisiera referirme a que quizás el cierre de las puertas obedeció a un sistema de seguridad que yo no lo varía ajeno, pero que en este momento que íbamos una comisión de diputados, estas dos instituciones no se deterioren a costillas del Poder Legislativo. Muchas gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra el C. diputado Martínez Verdugo.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo:- Nada más para pedir que ya cerremos este incidente. Los diputados que fuimos a solicitar, a formalizar, mejor dicho la solicitud de una entrevista de seis grupos parlamentarios con el señor Presidente de la República, como ya se ha dicho, no fuimos recibidos, nos cerrarón las puertas. Yo creo que ningunas palabras van a cambiar éstos que son hechos, me parece por lo tanto, que la cosa debe quedar ahí y yo no admitiría, cuando menos no me sumo a ninguna petición, para que la comisión o el pleno avalen esta solicitud que sigue siendo una solicitud de un grupo de diputados, nada más y que por lo tanto no le corresponde al resto de la Cámara y yo cuando menos digo, no creo, pido que no se insista en esto, la solicitud que ya hicimos debe seguir su curso; si el Presidente de la República va a decidir dar una entrevista a este grupo de diputados para simplemente apoyar unas posiciones y
canalizar unas demandas, cuestión que nosotros consideramos de nuestra responsabilidad como diputados para que sea alguien, algunos grupos los que no cierren las puertas, sino que los que se encarguen de buscar una solución política a estos problemas, pues son los que la deben seguir buscando.
Por lo tanto, pido que esta cuestión quede ya cerrada y no se haga de una cuestión como la que estamos viviendo, materia para cierta retórica que yo creo que no viene al caso.
El C. Presidente: - El C. diputado Juan Maldonado Pereda ha hecho una proposición.
Que este asunto se turne a la Comisión Especial Pluripartidista para que gestione la audiencia del grupo de diputados que ha acompañado a un grupo de damnificados al Palacio Nacional.
Ruego a la secretaría pregunte si es de aceptarse esta proposición.
(Voces de protesta.)
Se ha hecho una proposición verbal para, así como se han presentado un incidente verbalmente, no se ha hecho por escrito.
El C. Pablo Alvarez Padilla: -Diga el fundamento del reglamento en que usted basa su decisión, por favor.
El C. Presidente: -Seguiremos entonces el camino que marca el estatuto de que haga la proposición por escrito. Sin embargo, hay otra proposición:
Que esto se dé por terminado como un incidente improvisado. No porque se haya negado la audiencia a los señores diputados que acompañaron a un grupo de ciudadanos al Palacio Nacional, sino que estimamos que fue por motivo de seguridad. Ustedes saben lo que ha ocurrido en Colombia; eso no ocurrirá en México.
Tiene la palabra nuevamente el señor diputado Maldonado.
El C. Juan Maldonado Pereda: -Señor presidente, compañeros diputados: En efecto, expuse aquí una proposición de carácter personal, cumplimentando directamente los términos que establece sobre ese particular el artículo 58 del reglamento, está aquí por escrito lo que ahora es una propuesta formal firmada por el número de diputados que establece el propio Reglamento.
La intervención del compañero Arnoldo Martínez Verdugo, deja en claro, por lo menos así lo entiendo, que un grupo de respetables diputados, representando sus legítimos respetables intereses de los grupos parlamentarios que con tanta dignidad presiden, fueron ajenos al contexto de la Cámara en su conjunto como Poder Legislativo, a hacer esta solicitud de audiencia a la que tienen derecho.
El informe rendido aquí por el señor diputado Ling Altamirano, lo entendimos no solamente como una particular atención al pleno para el conocimiento de la circunstancia en la que se había desenvuelto los hechos y en un acto de solidaridad, de unidad, los miembros de mi partido hicimos nuestra la actitud de solidarizar esfuerzos con quienes fueron a hacer esta petición.
Deseo subrayar aquí la buena fe y la intención de los miembros de la mayoría parlamentaria en un análisis interno de su conciencia y como corresponsables para que debido a eso surgiera la proposición que me permití, primero a título personal y ahora oficialmente ponerla a la consideración del pleno, robusteciendo la necesidad de ser oídos.
En tal virtud, entrego a usted, señor secretario, que se turne a la Comisión Especial Pluripartidista la gestión, para que el grupo de diputados parlamentarios sean recibidos por los funcionarios que ellos definan y juzguen necesarios.
Entrego a usted debidamente firmada por los miembros, la solicitud.
El C. Presidente: -Sírvase la secretaría dar lectura y proceda con el trámite correspondiente.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por indicaciones de la presidencia esta secretaría da lectura a la siguiente proposición presentada por la fracción de diputados del Partido Revolucionario Institucional. "Único. Que se turne a la Comisión Especial Pluripartidista la gestión para que el grupo de diputados de cinco fracciones parlamentarias que encabeza a un grupo de damnificados sea recibido por el funcionario que se juzgue necesario".
El C. Presidente: -Proceda la secretaría a preguntar a la asamblea, en votación económica, si se acepta la proposición .
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a esta asamblea, si es de aprobarse o rechazarse la proposición...Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor presidente.
El C. Presidente: -Se turna a la Comisión Especial Pluripartidista para que haga la gestión.
El mismo C. Presidente (a las 17:00 horas):-Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 14 del presente, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES