Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851128 - Número de Diario 43
(L53A1P1oN043F19851128.xml)Núm. Diario:43ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LIII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I MÉXICO, D. F., jueves 28 de noviembre de 1985 TOMO I. NÚM. 43
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SE APRUEBA
ATENTADO AL DIPUTADO DIONISIO MORENO CORTES
Del cual informa a la C. María Emilia Farías Mackey, acaecido el 9 del actual. Se designa comisión que se informe sobre su estado de salud
INVITACIÓN
Al quinto informe de gobierno del C. Agustín Acosta Lagunes, gobernador de Veracruz, el 30 del actual. Se designa comisión
COMPRA DE LA UNITED PRESS INTERNACIONAL
El C. Manuel Terrazas Guerrero se refiere a la que hizo el señor Mario Vázquez Raña en los Estados Unidos de América. Propone se investigue el caso. Se turna a comisiones
REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO - ESPAÑA
Propuesta de la Gran Comisión de esta Cámara, relativa a la designación de los miembros que representen en dicha reunión, que tendrá lugar en esta ciudad del 2 al 4 de diciembre próximo. Se aprueba
MINUTAS DEL SENADO
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del código citado. Se turna a comisión
LEY FEDERAL DEL MAR
Proyecto de la ley de referencia. Se turna a comisiones
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría mencionada. Se turna a comisión
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Alma Rosa Gurrola González, Elsa Patricia Villarreal Garza, Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, prestar servicios al Gobierno de los Estados Unidos de América en México. Se turna a comisión
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del instituto nombrado
LEY DE LA CAJA DE LA PREVENCIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de la ley de referencia
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS
Proyecto decreto que adiciona la Ley Federal
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permite al C. David Zepeda Torres aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Perú
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Tres proyectos de decreto que autorizan a los CC. José Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, María Esther Durán, Juan Cuevas Acuña, José L. García Macín, Francisco J. Chapa Linares y Xóchitl L. Prince Pimentel, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Voto particular del Partido Popular Socialista en cada uno de los dictámenes
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE RESPONSABILIDADES
El C. Juan de Dios Castro Lozano presenta y da lectura a proyecto de reformas, adición y derogación, de artículos de esta ley. Se turna a comisión
INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE DE SALVADOR ALVARADO
Iniciativas de los CC. Diego Valadés Ríos y Rodolfo Menéndez Menéndez, para que sea inscrito su nombre en los muros del recinto parlamentario de esta Cámara
Intervienen en apoyo de las iniciativas y para exaltar la figura del general Alvarado, los CC. Eraclio Zepeda Ramos, José Felipe Flores Gutiérrez y Eduardo Valle Espinosa. Se turna a comisión
LEY DE AMNISTÍA
La C. Rosario Ibarra de Piedra, a nombre de diversas diputaciones, la presenta y le da lectura. Se turna a comisiones
En torno a la iniciativa intervienen los CC. José Luis Díaz Moll, José Trinidad Cervantes Aguirre, José Camilo Valenzuela, José Luis Sánchez González, Rubén Aguilar Jiménez, Ricardo Oñate Laborde
DESAPARECIDOS APREHENDIDOS Y DETENIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS
Proposición presentada por el C. Leopoldo de Gives de la Cruz, a nombre del PSUM, PRT y PMT, para que se forme una comisión que informe al respecto, Interviene en pro, el C. Eraclio Zepeda Ramos y, en contra, el C. Manuel Jiménez Guzmán. Se admite. Se turna a comisiones
PETICIÓN A PEMEX Y LA SEMIP
La C. María del Carmen Jiménez de Ávila propone intervención que acelere trámite a la petición de varios diputados ante PEMEX y la SEMIP, referente a precio preferencial en el petróleo a los estados norteños. Se turna a comisión
PLAN DE AYALA
El C. Eliseo Gaspar Rangel se refiere a este hecho en ocasión de un aniversario más de su promulgación
INGRESO AL GATT
El C. César Augusto del Ángel Fuentes fija la posición del PST sobre este asunto
REALIZACIÓN DEL EJECUTIVO DE TRES AÑOS
El C. Francisco Contreras Contreras hace un balance sobre el particular. Ocupa la tribuna el C. Federico Ling Altamirano para protestar conceptos emitidos por el diputado Contreras
LEY DE JUÁREZ
El C. Víctor Hugo Islas Hernández se refiere a esta ley así conocida que corresponde a la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación
AYUDA EXTRANJERA A DAMNIFICADOS POR LOS SISMOS
El C. Manuel María Bribiesca Castrejón informa al respecto
PADRÓN ELECTORAL EN CHIHUAHUA
El C. Eduardo Turati Alvarez denuncia obstáculos, puestos al PAN en la entrega del citado padrón
MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO
El C. Víctor Manuel Liceaga Ruibal le rinde homenaje a la educadora
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite a los CC. Edgardo A. Hicks Gómez, Pastor José F. Covián Vílchis y María Teresa Estebanes Hernández, prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se aprueba. Pasa al Senado
ACUERDO SOBRE REUNIÓN CON EL REGENTE DEL DISTRITO FEDERAL A NIVEL COMISIONES
De los coordinadores de las diputaciones de esta Cámara, que establece el procedimiento para la reunión expresada. De enterado
ELECCIÓN DE DIRECTIVA PARA DICIEMBRE
Moción del C. Miguel Eduardo Valle Espinosa. Votación. Escrutinio. Resultado. Declaratoria
RECONOCIMIENTO A LA PRESIDENCIA
Por parte del C. José Ángel Pescador Osuna y Beatriz Gallardo Macías por la conducción de esta Cámara en este mes
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
Agradecimiento y reconocimiento de su parte por la cooperación recibida.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ
(Asistencia de 369 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:35 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez:
«Primer Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día.
28 de noviembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Veracruz, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador constitucional del Estado, rendirá su quinto informe de gobierno y tendrá lugar el próximo 30 de noviembre.
Propuesta de la Gran Comisión.
Minutas.
Con proyecto de decreto que reforma al Código de Procedimientos Penales.
Con proyecto de Ley Federal del Mar.
Con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. Alma Rosa Gurrola González, Elsa Patricia Villareal Garza, Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, para prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Zepeda Torres, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en Grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de ese país.
Dos, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, Ma. Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, para prestar servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Francisco
Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Edgardo Antonio Hicks Gómez, Pastor José Fernando Covián Vilchis y María Teresa Estebanes Hernández, para que puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Elección de Mesa Directiva.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria:
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.
Presidencia del C. Blas Chumacero Sánchez
En la ciudad de México, a las once horas y treinta y cinco minutos del lunes veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos cincuenta y seis ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día del acta de la sesión anterior verificada el día veintidós de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Legislatura del Estado de Chiapas suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día 29 del actual, en la que el C. general Absalón Castellano Domínguez gobernador constitucional en la entidad, dará lectura al tercer informe de su gestión administrativa.
Para asistir a dicha sesión con la representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa en comisión a los CC. Eduardo Robledo Rincón, César Augusto Santiago Ramírez, Homero Díaz Córdova, Blanca Esponda Espinosa, Antonio Melgar Aranda, Ylce Sarmiento Gómez, Humberto Andrés Zavala Peña, Oscar Ochoa Zepeda, Sergio Armando Valls Hernández, Eraclio Zepeda Ramos, Mario Murillo Morales, Germán Corona del Rosal y Jesús Heriberto Noriega.
Para hacer aclaraciones y comentarios en relación a una pregunta formulada al señor Secretario de Hacienda, durante la comparecencia del alto funcionario en esta Cámara de Diputados, hace uso de la palabra el C. José Ángel Conchello Dávila.
Para expresar que lo acontecido en dicha comparecencia se turnó a la Comisión de Hacienda de Crédito Público, donde habrá oportunidad de analizarlo interviene el C. Luis Manuel Orcí Gándara.
Se continúa con los asuntos en cartera:
La H. Colegisladora comunica haber designado a los CC. senadores Gonzalo Pastrana Castro, Ángel Aceves Saucedo, Miguel Borge Martín, Socorro Díaz Palacios, Faustino Alba Zavala y Raúl Salinas Lozano, para que en representación de ese Cuerpo Legislativo asistían a la comparecencia en esta Cámara, del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto. De enterado.
Oficio suscrito por los CC. Secretario de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, al que se anexa el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al tercer trimestre del año en curso. Recibo y a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Encontrándose en el salón de recepción de esta Cámara de Diputados el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, Secretario de Programación y Presupuesto, la presidencia designa en comisión para que lo introduzcan al salón de sesiones, a los CC. Manuel Germán Parra Prado, Jorge Antonio Díaz de León Valdivia, Antonio Monsivais Ramírez, Rodolfo Budib Lichtle, Beatriz Gallardo Macías y Esperanza Morelos Borja.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, la propia presidencia expresa que, de conformidad con la fracción IV, párrafo segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta representación nacional el señor Secretario de Programación y Presupuesto.
A continuación, el C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, hace uso de la palabra con el objeto de profundizar sobre los alcances que se establecen en los anteproyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1986.
Terminada la exposición del C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, de conformidad con el primer punto del acuerdo de práctica parlamentaria aprobado por esa Cámara, usan de la palabra para exponer las tesis de sus partidos y para hacer preguntas relativas al Presupuesto de Egresos para 1986, los CC. Ricardo Andrés Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Oswaldo Harris Muñoz, del Partido Mexicano de los Trabajadores; Reyes Fuentes García, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano; Jorge Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores; Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Socialista Unificado de
México; Humberto Rice García, del Partido Acción Nacional; y Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional.
A todos y cada uno de los cuestionamientos y preguntas de los oradores, el señor Secretario de Programación y Presupuesto, les da respuesta.
La presidencia acuerda un receso de sesenta minutos.
A las dieciocho horas se reanuda la sesión.
En los términos del acuerdo de práctica parlamentaria, se procede a desahogar el segundo punto de dicho acuerdo.
Para el efecto, los CC. Alfonso Reyes Medrano, Amaso Olvera Castillo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Antonio Monsivais Ramírez Jorge Cárdenas González, Eduardo Valle Espinosa, Rosa María Armendáriz Muñoz, Rubén Rubiano Reyna, Ricardo Pascoe Pierce, Manuel Jiménez Guzmán, Máximo de León Garza, Francisco Hernández Juárez y Luis Donaldo Colosio Murrieta, formulan al C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, diversas preguntas relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1986, a las cuales el señor secretario de Programación y Presupuesto da respuesta.
Agotado el número de oradores, la presidencia expresa al C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, lo siguiente:
"La Cámara de Diputados, por mi conducto agradece a usted, señor Secretario de Programación y Presupuesto, su participación y colaboración en esta importante jornada cívica y política.
Los representantes populares al margen de las diferencias políticas e ideológicas, propias y necesarias de la representación de una sociedad plural, reiteramos nuestra voluntad y lealtad al supremo interés de la República".
La misma comisión que introdujo al alto funcionario le acompaña al retirarse del salón de sesiones.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las veintidós horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves veintiocho de noviembre, a las diez horas.»
Esta a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba...
Aprobada, señor presidente.
ATENTADO AL DIPUTADO DIONISIO MORENO CORTES
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Emilia Farías, para un informe y hechos.
La C. María Emilia Farías Mackey:
«H. Asamblea: Me permito informar sobre las gestiones realizadas por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, en relación a la solicitud presentada por la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes solicitan se esclarezca el atentado sufrido por el C. Profesor y diputado Dionisio Moreno Cortés el día 9 de noviembre de 1985.
1o. Con fecha 12 de noviembre fue presentada al C. Presidente de la Gran Comisión la solicitud de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes solicitan se esclarezca el atentado sufrido por el C. diputado, profesor Dionisio Moreno Cortés el día 9 de los corrientes.
2o. Por instrucciones del C. presidente la Gran Comisión se turnó este asunto a la Comisión de Información , Gestoría y Quejas, para que en ejercicio de sus atribuciones y procurando respetar la soberanía de los Estados y la división de poderes establecidas en la Constitución Política, se hicieran las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para resolver este problema.
En atención a lo anterior la C. presidenta de la comisión se entrevistó con los solicitantes, a quienes manifestó el interés de la Cámara de que se aclaren estos lamentables sucesos.
3o. La presidencia de la comisión solicitó a la C. diputada Marcela González Salas, secretaria de la misma, se entrevistara personalmente con el C. Procurador General de Justicia del Estado de México, quien le informó que ya tenía conocimiento de los hechos y que la dependencia a su cargo realizaba las investigaciones respectivas, manifestando que nos mantendría al tanto del resultado de las mismas.
4o. Asimismo, con fecha 15 de noviembre se giró el oficio de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas No. 53 - GQ - 175 al C. licenciado Miguel Basañez E., Procurador General de Justicia del Estado de México, solicitándose se agilice la averiguación previa relativa al atentado del C. diputado, profesor Dionisio Moreno Cortés.
5o. A partir del 18 de noviembre del año en curso el C. licenciado Abel Buitón, subprocurador en Naucalpan ha venido informando a esta comisión lo relativo a la investigación que se realiza para esclarecer el atentado sufrido por el diputado, profesor Dionisio Moreno Cortés, habiéndonos comunicado hasta el momento que el número de averiguación previa es TLA/I/4692/85, misma que está integrando el C. Agente del Ministerio Público, licenciado Hermilo Chorra, por el delito de lesiones de las que tardan en sanar más de 15 días y ponen en peligro la vida.
Igualmente, se informa que esta comisión y la coordinación de la diputación del Estado de México ha estado permanentemente, desde el momento en que sucedieron los hechos, al tanto de la salud de nuestro compañero, el diputado Dionisio Moreno Cortés.
6o. Sin embargo, y a efecto de dar cumplimiento al artículo 52 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General, se solicita a la presidencia de esta Cámara se sirva designar a la comisión de dos diputados, a fin de que visite al profesor Dionisio Moreno Cortés, e informe al pleno de esta Cámara, de su estado de salud.
7o. Esta comisión continuará en contacto con las autoridades competentes con el propósito de poder seguir informando sobre el resultado de las investigaciones. Al efecto, el diputado Juan Antonio Araujo Urcelay ha sido designado representante de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, a fin de que se investigue nuevamente con el Procurador de Justicia del Estado de México.
Atentamente.
Diputada licenciada María Emilia Farías Mackey, presidente.»
El C. Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 52 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, se designa en comisión para que visiten al C. diputado Dionisio Moreno Cortés e informen sobre su estado de salud a esta asamblea, a los siguientes ciudadanos diputados: Miguel Ángel Herrerías y Juan José Castillo Mota.
Continúe la secretaría.
INVITACIÓN
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez:
«La H. Quincuagésima Tercera Legislatura y Soberano de Veracruz - Llave, invita a usted a la sesión solemne en la que el C. gobernador constitucional del Estado, licenciado Agustín Acosta Lagunes, rendirá su quinto informe de gobierno el día sábado treinta a las 11:00 horas, en el Teatro del Estado 'Ignacio de la Llave', declarado Recinto Oficial.
Xalapa Enríquez,, Veracruz noviembre de 1985.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Maldonado Pereda, Guilebaldo Flores del Ángel, Demetrio Ruiz Malerva, Emérico Rodríguez García, Guadalupe Natalia Solares Bauza, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Héctor Yunes Landa, Carlos Roberto Smith Veliz, María Aurora Munguía Archundia, Sergio Roa Fernández, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Isidro Pulido Reyes, Hesiquio Aguilar de la Parra, Sebastián Guzmán Cabrera, Héctor Sen Flores, Héctor Aguirre Barragán, Rebeca Arenas Martínez, Cirilo José Rincón Aguilar, Pastor Munguía González, Rafael García Anaya , Federico Fernández Fariña, Oscar Aguirre López, Francisco Berlín Valenzuela, Nabor Camacho Nava y Ramón Danzos Palomino.
COMPRA DE LA UNITED PRESS INTERNATIONAL
El C. Presidente: - Para una proposición tiene la palabra el C. diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Tiempos han sido éstos, de comparecencias; dificultad de ocuparse de un sucedido del desarrollo nacional que adquiere cierta relevancia. Son ya bien conocidos los hechos. En la Cámara misma, un compañero diputado hizo una referencia lateral a los hechos en cuestión en la sesión del viernes 22 durante la comparecencia del Secretario de Hacienda. Extendiendo sus dominios hasta Washington, el magnate Mario Vázquez Raña, propietario de Organización Editorial Mexicana, que maneja la cadena periodística más extensa en el país, se ha convertido en el principal dueño de la United Press International. La segunda agencia noticiosa más importante de los Estado Unidos, con servicios a más de 5 mil suscriptores en todo el mundo.
Asociado al también potentado norteamericano Joe Russo, corredor de bienes raíces, de Houston, Texas, a partir de que la operación se cerró durante la primera quincena de noviembre, convirtiéndose en un hecho ya la compra de UPI por Vázquez Raña, y socios, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, que tuvo a bien cargar todo peso por Filadelfia, como escenario y sede de los próximos Juegos Olímpicos Panamericanos en lugar de la Habana, exigió una considerable cantidad de dólares constantes y sonantes. La prensa habla de que fueron a cuenta del pago de Vázquez Raña y socios, de 21 millones de dólares.
El que Vázquez Raña se haga dueño también de está, todavía agencia norteamericana de noticias, desde luego que no es lo que motiva el usar de esta tribuna y pedir a ustedes su atención a esas palabras encaminadas a razonar una proposición.
Aunque, compañeras y compañeros, no es posible dejar de plantearnos algunas interrogantes que no dejan de ser de interés general y nacional, algunas de ellas, ya que la adquisición de UPI por cuenta de Vázquez Raña plantea diversas cuestiones políticas que rebasan la simple importancia de una transacción comercial, dada la índole del negocio, el hecho de que Vázquez Raña sea el supuesto o real propietario de una cadena de 70 periódicos, la más grande en número en el mundo, la segunda, la suma de UPI y la Cadena Organización Editorial Mexicana, ya es así explosiva la índole extranjera de la UPI, particularmente de su tradicional obediencia a los intereses políticos transnacionales de Estados Unidos, de la CIA y del Pentágono, ¿no es por tanto oportuno, compañeras y compañeros, que el
Gobierno aclare cómo obtuvo Vázquez Raña los dólares para esa transacción, cuando vivimos graves momentos de crisis, de situación de empobrecimiento del pueblo mexicano, cuando vivimos una situación en la que es creciente la protesta por la fuga de dólares?
¿No es oportuno que el Gobierno aclare los términos en que trasladó a manos de Vázquez Raña la ex Cadena García Valseca? La posesión de la Organización Editorial Mexicana en manos de una sola persona que es propietaria además de la UPI ¿no replantea las mismas prevenciones políticas que obligaron al Gobierno Federal a intervenir en 1973 la Cadena García Valseca cuando está iba a ser vendida al Grupo Monterrey?
Es más, el problema político de fondo es mayor y se repara que la UPI es una empresa extranjera con intereses transnacionales. La Cadena García Valseca fue intervenida a través de Somex hace 12 años, cuando el coronel había negociado la venta de sus periódicos al Grupo Monterrey. Entonces el pretexto gubernamental fue una cuenta por 400 millones de pesos a PIPSA. Hoy podríase argumentar el posible incumplimiento de pagos de Vázquez Raña de las acciones de la cadena, justamente eso es lo que debe dar a conocer el Gobierno. ¿Ha pagado o no Vázquez Raña?
No sería conveniente, compañeras y compañeros, ahora que se habla de descentralización y de desarrollo nacional que esa cadena fuera entregada o vendida a sus trabajadores, para la formación de cooperativas editoriales, tipo de empresas que mejor funcionan y responden a las necesidades de un periodismo profesional y más independiente, en lugar de mantenerlas en manos de una persona cuyo negocio siempre ha sido la venta de muebles.
Las respuestas a esas interrogantes se plantea la confusa facilidad con que Vázquez Raña compró la UPI. Tal vez ayuden a disolver las versiones múltiples que hablan de que esta adquisición tiene un claro objetivo político en las condiciones y futuras circunstancias de nuestro país. Ahora que la asociación económica de Vázquez Raña con altos funcionarios, entre los que se mencionan algunos de ellos en la prensa, hace más necesario que nunca la respuesta.
Por eso mismo, planteamos la proposición concreta de que turnándose este asunto a la comisión respectiva, se aclare en qué condiciones pudo Vázquez Raña disponer de 21 millones de dólares en los Estados Unidos para hacer el pago. Es necesario considerar y que se esclarezca si no hay aquí un acto legal o ilegal. No hacemos afirmaciones, planteamos el problema. La Cámara, recogiendo la inquietud nacional que hay al respecto, está en la obligación de pedirle a la comisión respectiva que a su vez solicite al Banco de México la necesaria indagación para que se esclarezca en qué condiciones, repito, Vázquez Raña ha dispuesto de esa cantidad importante de dinero para convertirse en el propietario principal de una de las cadenas más importantes de agencias de noticias en el mundo con sede en Washinton. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El C. Presidente: - De acuerdo con el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, se abre a discusión, hablará un compañero en pro y otro en contra. Se abre el registro de oradores. No habiéndola, la secretaría proceda consultar si se acepta la proposición.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie... Aceptado, señor presidente.
El C. Presidente: - Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO - ESPAÑA
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez:
«México, D. F., a 28 de noviembre de 1985.
Honorable asamblea de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: El convenio sobre las relaciones interparlamentarias entre México y España de 26 de Octubre de 1984, establece el carácter permanente de las relaciones interparlamentarias entre las dos cámaras, que forman Cortes Generales Españolas y las cámaras de Senadores y Diputados de nuestro país.
La Gran Comisión de esta H. Cámara de Diputados propone a esta asamblea la designación de los diputados que a continuación se indican, a fin de que representen a este cuerpo colegiado en la Segunda Reunión Interparlamentaria México - España, que se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre del año en curso, en esta ciudad de México, Distrito Federal.
En los términos del acuerdo interparlamentario de referencia, las reuniones correspondientes se celebran anualmente en forma alterna en México y España, tocando en esta ocasión a nuestro país la sede del mencionado evento.
Los diputados que al efecto se proponen son: Eliseo Mendoza Berrueto, Juan José Bremer Martino, Romeo Flores Caballero, José Gonzalo Badillo Ortiz, Alfonso Godínez López, Javier Garduño Pérez, Eliseo Rangel Gaspar, Luis Orcí Gándara, Graco L. Ramírez Garrido A., Pedro José Peñaloza, Gabriel Jiménez Remus y José Luis Díaz Moll.
Atentamente.
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados; diputado Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; diputado Jorge Montúfar Araujo, secretario»
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - En votación económica, se pregunta si se acepta la proposición de la Gran Comisión, los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie... Aprobada, señor presidente.
MINUTAS DEL SENADO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados, presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., 19 de noviembre de 1985.
Senador Luis José Dorantes Segovia, secretario; Myrna Esther Hoyos de Navarrete, secretario.»
MINUTA
PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 10, 17, 21, 34, 38, 39, 40, 48, 52, 57, 71, 72, 74, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 94, 96, 101, 103, 104, 107, 113, 115, 134, 144, 145, 147, 148, 150, 160, 188, 191, 197, 364, 367, 372, 373, 376, 388, 398 - bis, 399, 417, 433 y 535 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 1o. El presente Código comprende los siguientes procedimientos:
1. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que es establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;
II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad de inculpado, o bien en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;
III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;
IV. El de juicio, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;
V. El de ejecución, que comprende desde el momento en que causa ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas;
VI. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
Artículo 4o. Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y juicio constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos e imponer las sanciones que procedan con arreglo a la ley.
Dentro de estos procedimientos, el Ministerio Público y la policía judicial bajo el mando de aquel, en su caso, ejercitarán también las funciones que les encomiende la fracción III del artículo 2o.; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas, y de que las resoluciones de aquellos se cumplan debidamente.
Artículo 5o. En el procedimiento de ejecución, el Poder Ejecutivo, por conducto del órgano que la ley determine, ejecutará las sentencias de los tribunales hasta la extinción de las sanciones; y el Ministerio Público cuidará de que se cumplan debidamente las sentencias judiciales.
Artículo 6o. ................................................................
. Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido.
Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos de tales delitos.
Artículo 17. En las actuaciones no se emplearán abreviaturas, no se rasparán las palabras equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura, salvándose con toda precisión, antes de las firmas, el error cometido. En la misma forma se salvarán las palabras que se hubieren entrerrenglonado.
Todas las fechas y datos se escribirán precisamente con letra.
Artículo 21..................................................................
. A cada promoción recaerá una resolución específica que el tribunal fundará y modificará en los términos y plazos establecidos por la ley y de no existir término o plazo, dentro de las setenta y dos horas siguientes.
Artículo 34. Las fianzas que deban otorgarse ante los tribunales se sujetarán a las disposiciones especiales de este Código y, en su defecto, a las del Código Civil aplicable en materia federal, y a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Artículo 38. Cuando esté plenamente comprobado en autos el cuerpo del delito de que
se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlo en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán retenerse esté o no comprobado el cuerpo del delito, cuando a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuera necesaria para la debida integración de la averiguación.
Si la entrega del bien pudiera lesionar derechos de terceros o del inculpado, la devolución se hará mediante caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios. La autoridad que conozca fijará la naturaleza y el monto de la caución, fundando y motivando su determinación, en vista de las circunstancias del caso.
Artículo 39. Cuando durante el proceso se encontrare que el hecho que se averigua tiene ramificaciones, o que se siguen otros con los que tuviere conexión, se dará conocimiento de ello al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda.
Artículo 40. Toda incoacción del proceso será comunicada al tribunal de apelación respectivo.
Artículo 48. ................................................................
. El cumplimiento de los exhortos o requisitorias no implica prórroga ni renuncia de competencia.
Artículo 52. En los casos del artículo anterior, el tribunal requerido tomará la declaración preparatoria al inculpado, resolverá lo que proceda respecto de la libertad caucional, así como sobre su situación jurídica conforme al artículo 19 constitucional y remitirá de inmediato al detenido y las actuaciones, en su caso a quien libró la orden.
Artículo 57. La resolución dictada por el tribunal requerido ordenando la práctica de las diligencias que se la hayan encomendado, admite los recursos que este Código establece.
Artículo 71. Los plazos son inprorrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente.
No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción a proceso, o libertad.
Artículo 72. Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los que se refieren a los tres casos mencionados en la segunda parte del artículo anterior y a cualquier otro que por disposición legal deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento, a partir de la hora que corresponda conforme a la ley.
Los términos se fijarán por día y hora, y salvo los actos a que se refieren el artículo 19 constitucional y otras disposiciones, se precisarán por el tribunal cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora en que hayan de celebrar las actuaciones a que se refieren.
Artículo 74. ................................................................
. La cédula se asentará en papel oficial y deberá ser detallada por el tribunal o el Ministerio Público que haga la citación.
Artículo 80. Cuando no se pueda hacer la citación verbalmente, se hará por cédula, la cual será entregada por el secretario o actuario del Juzgado o, en su caso, por la Policía Judicial Federal o por los auxiliares del Ministerio Público Federal, personalmente, a la persona citada, quien deberá firmar el recibo correspondiente en la copia de la cédula, o bien estampar en ésta su huella digital cuando no sepa firmar; si se negara a hacerlo, el secretario o actuario, la policía judicial o el auxiliar del Ministerio Público Federal asentarán este hecho y el motivo que el citado expresare para su negativa.
Cuando el caso lo permita, podrá enviarse la cédula por correo, en sobre cerrado y sellado, con acuse de recibo.
Artículo 81. ................................................................
. En los casos a los que se refiere el párrafo precedente de este artículo, y el artículo anterior, el secretario o actuario del tribunal o, en su caso, la policía judicial o el auxiliar del Ministerio Público Federal, asentará en su razón los datos que hubiere recabado para identificar a la persona a quien hubiese entregado la cédula.
Artículo 83. ................................................................
. Se agregará al expediente un ejemplar del periódico en la parte que contiene la inserción, de modo que se identifique el periódico, la fecha de publicación y la sección y página en la que ésta aparece.
Artículo 84. La citación a los jurados se hará por medio de cédulas que serán entregadas a los interesados por conducto del secretario o actuario del tribunal, y contendrán:
I. ............................................................................
II. ...........................................................................
III. ..........................................................................
IV. ...........................................................................
V. ............................................................................
Artículo 85. El secretario o actuario del tribunal dará cuenta, por medio de informe en autos, del resultado de la entrega de las citas a que se refiere al artículo anterior, precisamente antes de la hora señalada para la audiencia.
La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el tribunal con multa de hasta diez días de salario mínimo vigente en el lugar de que se trate.
Artículo 86. .................................................................
...............................................................................
Si el acusado tuviere varios defensores, no se oirá mas que a uno de ellos cada vez que toque hablar a la defensa. Cuando intervinieren varios agentes del Ministerio Público, sólo se oirá a uno de ellos cada vez que corresponda intervenir al Ministerio Público.
Artículo 94. ................................................................
.
Toda resolución deberá ser fundada y motivada, expresará la fecha en que se pronuncie y se redactará en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine.
Toda resolución deberá cumplirse o ejecutarse en sus términos.
Artículo 96. Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda precedida de su motivación y fundamentos legales.
Artículo 101. Ningún juez o tribunal unitario puede modificar ni variar sus resoluciones después de formuladas, ni los colegiados después de haberlos votado. Esto se entiende sin perjuicio de la aclaración de sentencia.
Artículo 103. ................................................................
Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y cinco horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código.
Artículo 104. Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes por conducto del secretario o actuario del tribunal.
...............................................................................
Artículo 107. Los actuarios o secretarios del tribunal que hagan las notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en la puerta del tribunal una lista de los asuntos acordados, expresando únicamente el número del expediente y el nombre del inculpado, y asentarán constancia de ese hecho en los expedientes respectivos. En los lugares donde hubiere Boletín Judicial de la Federación, la lista se publicará en él.
Si alguno de los interesados desea que se le haga notificación personal. podrá ocurrir a más tardar al día siguiente al en que se fije la lista o se haga la publicación en el Boletín Judicial de la Federación, solicitándola del actuario o secretario del tribunal. Si no se presentaran los interesados en ese término, la notificación se tendrá por hecha al tercer día de que se fije la lista en la puerta del tribunal o de que se hubiere publicado en el Boletín Judicial.
Artículo 113. Los servicios públicos y agentes de policía judicial, así como los auxiliares del Ministerio Público Federal, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de orden federal de que tengan noticia, dando cuenta inmediata al Ministerio Público Federal si la investigación no se ha iniciado directamente por éste. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los siguientes casos:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público Federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente.
Artículo 115. Cuando el ofendido sea menor de edad pero mayor de dieciséis años, podrá querellarse por sí mismo o por quien esté legitimado para ello. Tratándose de menores de esta edad o de otros incapaces, la querella se presentará por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.
Artículo 134. ................................................................
...............................................................................
En el pliego de consignación, el Ministerio Público hará expreso señalamiento de los datos reunidos durante la averiguación previa que, a su juicio, puedan ser considerados para los efectos previstos en el artículo 20, fracción I, de la Constitución, y en los preceptos de este Código referente a la libertad provisional bajo caución, tanto por lo que toca a la determinación del tipo penal, incluyendo sus modalidades, como por lo que respecta a los elementos que deban tomarse en cuenta para fijar el monto de la garantía.
Artículo 144. ................................................................
De no existir instrucciones expedidas por el tribunal federal, en tratándose de consignaciones con detenidos, el juez del orden común, dará la participación que conforme a esta ley corresponda al Ministerio Público Federal, si en lugar del juicio hay agente de esta autoridad, tomará la declaración preparatoria al inculpado, proveerá lo que legalmente proceda, resolverá lo conducente respecto a la libertad caucional y la situación jurídica de acuerdo a los artículos 161, 162 y 167 de este Código. Cumplidas esta diligencias, el juez del orden común remitirá de inmediato, por conducto del Ministerio Público Federal, el expediente y el detenido al tribunal federal competente, a efecto de que éste continúe el proceso.
Artículo 145. ................................................................
La nulidad y los recursos planteados contra las resoluciones de los tribunales comunes a que se refiere este artículo, cuando actúen en los términos de la fracción VI del artículo 1o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, serán resueltos conforme a lo establecido en este Código, por el tribunal federal que corresponda.
Artículo 147. ................................................................
Los plazos a que se refiere este artículo se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión o del de sujeción a proceso, en su caso. Dentro del mes anterior a que concluya cualquiera de los plazos antes señalados, al juez dictará auto que señale esta circunstancia, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos que aparezcan pendientes de desahogo. En el mismo auto, el juez ordenará se gire oficio al tribunal unitario que corresponda, solicitándole resuelva los recursos antes de que cierre la instrucción, y dará vista a las partes para
que, dentro de los diez días siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga, indicándoles que de no hacerlo resolverá como ordene el artículo 150 de este Código.
Cuando el juez omita dictar el auto al que se refiere el párrafo anterior, cualquiera de las partes podrá recurrir en la forma prevista por este Código para la queja.
Artículo 148. El perdón que otorgue el querellante surtirá sus efectos en los términos que previene el Código Penal.
Artículo 150. Transcurridos los plazos que señala el Artículo 147 de este Código o cuando el tribunal considere agotada la instrucción, lo que determinara así mediante resolución que se notificará personalmente a las partes y mandará poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan practicarse dentro de los quince días siguientes al que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. Según las circunstancias que aprecie el juez en la instancia, podrá ampliar el plazo de desahogo de prueba hasta por diez días más.
Se declarará cerrada la instrucción cuando habiéndose resuelto que tal procedimiento quedó agotado, conforme a lo previsto en al párrafo anterior, hubiesen transcurrido los plazos que se citan en este artículo o las partes hubieran renunciado a ellos.
Artículo 160.........................
Fuera de los casos excluidos en el párrafo anterior, el inculpado puede designar a personas de confianza para que lo defiendan, pero en caso de la designación no recaiga sobre quien tenga cédula profesional de licenciado en derecho o autorización de pasante, conforme a la ley que reglamente el ejercicio de las profesiones, el tribunal dispondrá que intervenga, además del designado, un defensor de oficio que oriente a aquél y directamente el designado, inculpado en todo lo que concierne a su adecuada defensa..........
. Artículo 188...........................
Cuando por la urgencia del caso o gravedad de las lesión se requiera la intervención médica inmediata y no fuese posible recurrir a un hospital que preste servicios al Público en general, se recurrirá, para la atención que corresponda, a los establecimientos de salud de organismos de la Administración Pública más cercanos al, lugar en que se encuentre el lesionado.
...............................................................................
Artículo 191. Los certificados de defunción o de sanidad expedidos por médicos particulares, estarán sujetos a la revisión de los médicos oficiales, quienes rendirán el dictamen definitivo.
Artículo 197. ..............................
Se entenderá que el inculpado queda a disposición para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento que la policía judicial, en cumplimiento de la orden respectiva, lo ponga a disposición de aquél en la prisión preventiva o en un centro de salud. El encargado del reclusorio o centro de salud asentará en el documento relativo a la orden de aprobación ejecutada, que le presenta la policía judicial, el día y hora del recibo del detenido.
Artículo 362. El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna.
El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas se escuchara a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia.
Artículo 364. ..........................
Las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia de primera instancia, deben de ser resueltas por el tribunal de apelación antes de que se emita dicha sentencia.
Artículo 367. ..........................
I. ............................................................................
II. Los autos en que se decrete sobreseimiento en los casos de las fracciones
III. Y IV del artículo 298 y aquellos en que se niegue el sobreseimiento.
III. ..........................................................................
IV. Los autos de formal prisión: los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar, aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba.
V. ............................................................................
VI. Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público.
VII ..........................................................................
VIII ..........................................................................
IX. ...........................................................................
Artículo 372. ................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
En el caso al que se refiere el párrafo anterior al juez remitirá al tribunal de apelación, junto con el testimonio, un informe indicado el estado que guarda el proceso, al momento en que dictó el auto ocurrido. para los efectos de la última parte del artículo 364.
Artículo 373. recibido el proceso, el duplicado autorizado de constancias o el testimonio, en su caso, el tribunal lo pondrá a la vista de las partes por el plazo de tres días: y si dentro de ellos no promovieren prueba, se señalará día para la vista, que se efectuará dentro de los treinta siguientes a la conclusión del primer plazo, si se tratare
de sentencias definitivas, y dentro de cinco días se tratase de autos.
Artículo 376. Si dentro del plazo para promover prueba a que se refiere el artículo 373, alguna de las partes la promueve, expresara el objeto y naturaleza de la prueba. Dentro de tres días de hecha la promoción, el tribunal decidirá, sin más el trámite, si es de admitirse o no.
Cuando se admita la prueba se rendirá dentro del plazo de cinco días. Desahogada, denegada, o pasado el plazo qué se concedió para rendirla nuevamente se citará para la vista de la casa dentro de los plazos que señala el artículo 373.
Artículo 388. Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las causas siguientes.
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V. por no haber sido citada algunas de las partes para las diligencias que se tuviere derecho a presenciar;
VI. Por no haberse recibido a alguna de las partes injustificadamente, las pruebas que hubiere ofrecido, con arreglo de la ley;
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XIV. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes; y
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Artículo 398 - bis. El recurso de queja procede contra las conductas omisas de los jueces de distrito que no radiquen una averiguación o no resuelva respecto al libramiento o negativa de la orden de aprehensión o de comparecencia, en los términos a que alude el artículo 142.
También procede el recurso de queja contra las conductas omisas de los jueces de Distrito que no cumplan en términos con las obligaciones establecidas en los artículos 147 y 433.
En las hipótesis previstas en el artículo 142, el recurso lo interpondrá el Ministerio Público.
La queja podrá interponerse en cualquier tiempo apartir de que hubieran transcurridos los términos establecidos en los artículos 142, 147 y 433, y se interpondrá por escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda.
El Tribunal Unitario de Circuito, en el termino de 48 horas, le dará entrada al recurso y requerirá al juez de Distrito, cuya conducta omisa haya dado lugar al recurso, para que rinda informe dentro del termino de tres días.
Transcurrido este termino con informe o sin él, se dictara la resolución que proceda y si se estima fundado el recurso, el Tribunal Unitario requerirá al juez de Distrito. para que cumpla con las obligaciones determinadas en los artículos 142,147 y 433. La falta de informe a que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y hará incurrir al juez en multa de diez o cien veces el salario mínimo vigente en el momento y lugar en que hubiere ocurrido la omisión:
Artículo 399. Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución si no excede de cinco años el termino medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito imputado, incluyendo las modalidades o agravantes de éste, acreditadas cuando se resuelva sobre dicha libertad.
En la determinación que dicte, el juez fundará y motivará el otorgamiento o la negativa de libertad, así como la revocación de está, en su caso, tomando en cuenta las prevenciones legales aplicables. En lo que respecta a la determinación del monto de caución, se hará señalamiento especifico sobre los daños y perjuicios en la medida en que de las actuaciones se desprendan datos para fijar unos y otros. El juez valorará lo actuado, asimismo para, resolver si se trata de delito intencional, preterintencional, o imprudencial, con propósito de precisar las consecuencias de esta clasificación por los efectos de la garantía debida.
Artículo 417. En los casos del primer párrafo del artículo 414 y de la última parte del artículo 416, la autoridad fiscal conservará en su poder el importe de la caución que se haya echo efectiva. entretanto se resuelve sobre la sanción pecuniaria, para los efectos del último párrafo del artículo 35 del Código Penal.
Artículo 433. El tribunal que reciba las actuaciones que le remita el que se hubiese declarado incompetente, otra al Ministerio Público dentro de tres días y resolverá en el plazo de seis días si reconoce su competencia. Si no la reconoce remitirá las audiencias al tribunal de competencia con su opinión, comunicándole al tribunal, que hubiere enviada al expediente. Si el tribunal que recibe las actuaciones conforme a lo previsto en la primera parte de esté artículo, no resuelve dentro del plazo señalado, se procederá como en la queja.
Artículo 535. Cuando se decrete el decomiso, se estará a lo previsto en el Código Penal para los fines de conservación, destrucción, venta y aplicación de instrumentos objetos y productos de los delitos.
Artículo segundo. Se reformara la denominación del Capítulo VIII del Título Primero, para quedar como sigue;
Plazos y términos
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas entrarán en vigor a los treinta días de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H Cámara de Senadores. - México, D. F., 19 de noviembre de 1985.
Señor Héctor Vázquez Paredes, Presidente: senador Luis José Dorantes Segovia, secretario, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, secretaría."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de justicia.
LEY FEDERAL DEL MAR
- El mismo C, Secretario:
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados, presentes.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de Ley Federal del Mar.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Señora Diamantina Reyes Esparza, secretaría; Senador Luis José Dorantes Segovia secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE LEY FEDERAL DEL MAR
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO 1
De los ámbitos de aplicación de ley
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas.
Artículo 2o. La presente Ley de jurisdicción federal, rige las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable más allá de éste en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones, y otros derechos. Sus disposiciones son de orden público, en el marco de sistema nacional de planeación democrática.
Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son:
a) El mar territorial.
b) Las aguas marinas interiores.
c) La zona contigua.
d) La zona económica exclusiva.
e) La plataforma continental y las plataformas insulares, y
f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.
Artículo 4o. En las zonas enumeradas en el artículo anterior, la nación ejercerá los poderes, jurisdiccionales y competencias que esta misma ley establece de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el derecho internacional.
Artículo 5o. Los estados extranjeros, y sus nacionales, al realizar actividades en la zona marina enumeradas en el artículo 3o., observaran las disposiciones que para cada una de ellas establece la presente ley, con los derechos y obligaciones consecuentes.
Artículo 6o. La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y competencia dentro de los limites de las respectivas zonas marinas, conforme a la presente ley, se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto a;
I. Las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas;
II. El régimen aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su conservación utilización;
III. El régimen aplicable a los recursos marinos no vivos, inclusive su conservación y utilización;
IV. El aprovechamiento económico del mar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras;
V. La protección y preservación del medio marino, inclusive la preservación de su contaminación, y
VI. La realización de actividades de investigación científica marina.
Artículo 7o. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación de esta ley, a través de las distintas dependencias de Administración Pública Federal que, de conformidad con la ley Orgánica de ésta y demás disposiciones legales vigentes, son autoridades nacionales competentes según las atribuciones que confieren a cada una de ellas.
Artículo 8o. El Poder Ejecutivo Federal podrá negociar acuerdos con Estados vecinos, para la delimitación de las líneas divisorias entre las zonas marinas mexicanas y las correspondientes zonas colindantes de jurisdicción nacional marinas de cada uno de ellos, en aquellos casos en que se produzca una superposición entre las mismas. de conformidad con el derecho internacional.
Artículo 9o. No se extenderán las zonas marinas más allá de una línea medía, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de un Estado vecino, salvo acuerdo en contrario con ese Estado.
El Poder Ejecutivo Federal no reconocerá la extensión unilateral de las zonas marinas del Estado vecino, más allá de la línea
media, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial mexicano en estos casos, el Poder Ejecutivo Federal buscará la negociación con el Estado vecino en cuestión, a fin de acordar una solución reciprocante aceptable.
Artículo 10. El goce de los derechos que esta ley dispone a favor de embarcaciones extranjeras, depende de que exista reciprocidad, con el Estado cuya bandera enarbolan, a favor de las embarcaciones nacionales y siempre que se esté dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el derecho internacional.
Artículo 11. El Poder Ejecutivo Federal se asegurará de que las relaciones marítimas con otros Estados se lleven acabo bajo el principio de la reciprocidad internacional, mismo que se aplicará tanto en cuando a las zonas marinas mexicanas como a las establecidas por esos Estados, respecto a cualquier actividad realizada por ellos o por sus nacionales, como estricto apego al derecho internacional.
Artículo 12. El reconocimiento de la Nación a los actos de delímitación de las zonas marinas de otros Estados, se hará con estricto apego a las normas del derecho internacional y con base en la reciprocidad.
Artículo 13. El Poder Ejecutivo Federal se asegurará de que las autoridades nacionales competentes observen las normas internacionales aplicables que reconocen el derecho de los países sin litoral para enarbolar un pabellón.
CAPITULO II
De las instalaciones marítimas
Artículo 14. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no tienen mar territorial propio y su presencia no afecta la delimitación del mar territorial de la zona económica exclusiva o de la plataforma continental.
Artículo 15. La Nación tiene jurisdicción exclusiva sobre las islas artificiales, instalaciones y estructuras en la zona económica exclusiva, en la plataforma continental y en las plataformas insulares, incluida la jurisdicción en materia de los reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios y de seguridad y de inmigración.
Artículo 16. La Nación tiene derecho exclusivo en las zonas marina mexicanas, de construir, así como el de autorizar y reglamentar la constitución, operación y utilización de islas artificiales, de instalaciones y estructuras, de conformidad con la presente ley, le Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Obras Públicas y demás disposiciones aplicables en vigor.
Artículo 17. La construcción, la instalación, perforación, extracción y desarrollo de recursos marinos, o destinados a un servicio público o al uso común en las zonas marinas mexicanas, deberá hacerse observando las disposiciones legales vigentes en materia.
CAPITULO III
De los recursos y del aprovechamiento económico del mar
Artículo 18. la aplicación de la presente ley se llevará a cabo en estricta observancia de la legislación sobre pesca, de las disposiciones emanadas de ellas y otras aplicables, en cuanto a medidas de conservación y utilización por nacionales o extranjeros de los recursos vivos en la zonas marinas mexicanas.
Artículo 19. La exploración, explotación, benéfico aprovechamiento, refinación, transportación , almacenamiento, distribución, y venta de hidrocarburos y minerales submarinos, en las zonas marinas mexicanas, se rige por las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y en materia minera y sus respectivos reglamentos, así como las disposiciones aplicables de la presente ley.
Artículo 20. Cualquier actividad que implique la explotación, uso y aprovechamiento económico de las zonas marinas mexicanas, distintas de las previstas en los dos artículos anteriores del presente Título, se rigen por las disposiciones reglamentarias de los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la presente ley y las demás leyes y reglamentos aplicables.
CAPITULO IV
De la protección y preservación del medio marino y de la investigación marina
Artículo 21. En el ejercicio de los poderes derechos, jurisdicciones y competencias de la Nación dentro de las zonas marinas mexicanas, se aplicarán la Ley Federal de Protección al Ambiente, la Ley General de Salud y sus respectivos reglamentos, la Ley Federal de Aguas y demás leyes y reglamentos aplicables vigentes a que se adopten incluidos la presente ley, su reglamento y las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir reducir, y controlar la contaminación del medio marino.
Artículo 22. En la realización de actividades de investigación científica en las zonas marinas mexicanas, se aplicarán los siguientes principios:
1 Se realizarán exclusivamente con fines pacíficos.
II. Se realizarán con métodos y medios científicos adecuados, compatibles con la presente ley y demás leyes aplicables y con el derecho internacional.
III. No interferirán injustificadamente con otros usos legítimos del mar compatibles con esta ley y con el derecho internacional.
IV. Se respetarán todas las leyes y reglamentos pertinentes a la protección y preservación del medio marino.
V. No constituirán fundamentos jurídicos para ninguna reivindicación sobre parte del medio marino o sus recursos.
VI. Cuando conforme a la presente ley sean permitidos a su realización por extranjeros, se asegurará el mayor grado posible de participación nacional y
VII. En el caso de la fracción anterior, la Nación se asegurará que se le proporcionen los resultados de la investigación y si así lo solicita, la asistencia necesaria para la interpretación y evaluación.
TITULO SEGUNDO
De las zonas marinas mexicanas
CAPITULO I
Del mar territorial
Artículo 23. La Nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada Mar Territorial, adyacente tanto a las costas nacionales, continentales o insulares, como a las Aguas Marinas Interiores.
Artículo 24. La soberanía de la Nación se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al subsuelo de ese mar.
Artículo 25. La anchura del Mar Territorial mexicanos es de 12 millas, (22,224 metros), medidas de conformidad con las disposiciones de esta ley y su reglamento.
Artículo 26. Los límites del Mar Territorial se miden a partir de lineas de base, sean normales o rectas, o una combinación de las mismas, determinadas de conformidad con las disposiciones del reglamento de la presente ley.
Artículo 27. El Límite exterior del Mar Territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está a una distancia de 12 millas marinas (22,224 metros). del punto más próximo de las líneas que constituyan su límite interior, determinadas de conformidad con el artículo 26 de está ley con las disposiciones pertinentes del reglamento.
Artículo 28. Cualquier esclavo que ingrese al mar territorial en una embarcación extranjera alcanzará por ese solo hecho, su libertad y la protección de la leyes, en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 29. Las embarcaciones de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial mexicano.
Artículo 30. Cuando una embarcación de guerra extranjera no cumpla las normas de esta Ley, de su reglamento y de otras disposiciones legales nacionales a paso por el mar territorial, y no acate la invitación que se haga para que las cumpla, podrá exigirse lo que salga inmediatamente del mar territorial mexicano.
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal exigirá la responsabilidad del Estado del pabellón por cualquier pérdida o daño que sufra la Nación como resultado del incumplimiento por una embarcación de guerra u otra embarcación destinada con fines no comerciales, de las leyes o reglamentos nacionales al paso por el mar territorial o de las disposiciones de esta ley, su reglamento y otras normas aplicables de derecho internacional.
Artículo 32. Con las Excepciones previstas en las disposiciones de este título, ninguna disposición de esta ley afectará a las inmunidades a las que tienen derecho las embarcaciones extranjeras de guerra y otras embarcaciones de Estado destinadas a fines no comerciales, por estar sujetas sólo a la jurisdicción del Estado de su pabellón, con base en la reciprocidad, a las embarcaciones de Estado destinadas a fines comerciales.
Artículo 33. El sobrevuelo de aeronaves extranjeras en al mar territorial está sujeto a las leyes nacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos Mexicanos en la materia y en la inspección y competencia del Poder Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y otras disposiciones legales vigentes.
CAPITULO II
De las aguas marinas interiores
Artículo 34. La Nación ejerce soberanía en las áreas del mar denominadas Aguas Marinas Interiores, comprendidas entre las costas nacionales, tanto continentales como insulares, y el mar territorial mexicano.
Artículo 35. La soberanía de la Nación se extiende al espacio aéreo sobre las aguas marinas interiores, al lecho y al subsuelo de esas aguas.
Artículo 36. Son Aguas Marinas Interiores aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el mar territorial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la presente ley y que incluyen:
I. La parte norte del Golfo de Baja California:
II. Las de las bahías internas:
III. Las de los puertos;
IV. Las internas de los arrecifes: y
V. Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar.
Artículo 37. El límite interior de las Aguas Marinas Interiores con la línea de bajamar a lo largo de la costa, cuando esta línea no se toma como base para medir el mar territorial, de conformidad de las disposiciones en el reglamento de la presente ley, tal como aparezca
en las cartas a gran escala reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 38. Para los efectos del límite interior de las aguas marinas interiores, la línea de bajamar es la linea de mayor flujo y reflujo donde llegan las aguas marinas en un momento dado a lo largo de las costas continentales o insulares de la Nación.
Artículo 39. El límite exterior de las Aguas Marinas Interiores coincide idénticamente con las líneas de base a partir de las cuales se mide el mar territorial, tal como aparezca en las cartas a gran escala reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 40. La delimitación de Aguas Marítimas Interiores en zonas de colindancia con zonas marinas de jurisdicción nacional de Estados vecinos se considerará comprendida en la delimitación que sea fijada o acordada para la línea divisoria entre el mar territorial mexicano y el mar territorial u otras zonas marinas de jurisdicción nacional de esos estados vecinos, de conformidad con los artículos 8o. y 9o. de esta ley y con las disposiciones pertinentes de su reglamento.
Artículo 41. Las embarcaciones extranjeras que no naveguen en las aguas marinas interiores quedan sujetas, por ese solo hecho. al cumplimiento de esa ley, de su reglamento y de las demás disposiciones legales aplicables de la República.
CAPITULO III
De la zona contigua
Artículo 42. La Nación tiene en una zona contigua a su mar territorial designada con el nombre de Zona Contigua, competencia para tomar las medidas de fiscalización necesarias con el objeto de:
I. Prevenir las infracciones de las normas aplicables de esta ley, de su reglamento y de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que pudieran cometerse con el territorio, en las aguas marinas interiores en el mar territorial mexicano; y
II. Sancionar las infracciones a dichas normas aplicables de esta ley, de su reglamento y de esas leyes y reglamentos cometidas en el territorio, en las aguas marinas interiores o en el mar territorial.
Artículo 43. La Zona Contigua de México se extiende a 24 millas marinas (44,448 metros), contadas desde las líneas de base a partir de las cuales, de conformidad con el artículo 26 de esta ley, y con las disposiciones pertinentes de su reglamento, se mide la anchura del mar territorial mexicano.
Artículo 44. El límite interior de la Zona Contigua coincide idénticamente con el límite exterior del mar territorial, determinado este último de conformidad con el artículo 27 de la presente ley y con las disposiciones pertinentes de su reglamento y que aparezcan en las cartas reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 45. El limite exterior de la Zona Contigua mexicana, es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de las líneas de la base del mar territorial determinadas en el artículo 26 de esta ley, a una distancia de 24 millas marinas (44,448 metros).
CAPITULO IV
De la zona económica exclusiva
Artículo 46. La Nación ejerce en una Zona Económica Exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste:
1. Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación. conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes, con respecto a otras actividades con miras a la exploración económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos:
II. Jurisdicción con relación a las disposiciones pertinentes de esta ley, de su reglamento y del derecho internacional, con respecto:
1. Al establecimiento y utilización de islas artificiales instalaciones y estructuras;
2. A la investigación científica marina; y
3. A la protección y preservación del medio marino; y
III. Otros derechos y deberes que se fijen está ley, su reglamento y el derecho internacional.
Artículo 47. El poder Ejecutivo Federal se asegurará de que, en el ejercicio de los derechos y jurisdicciones y en cumplimiento de los deberes de la Nación en la zona económica exclusiva, se tomen debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás estados y más se actúe de manera compatible con el derecho internacional.
Artículo 48. El Poder Ejecutivo Federal respetará el goce de los estados extranjeros, en la zona económica exclusiva, de las libertades de navegación de sobrevuelo y de tender cables y tuberías submarinos, así como de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de embarcaciones, aeronaves y cables y tuberías submarinas, y que sean compatibles con el derecho internacional .
Artículo 49. El Poder Ejecutivo Federal vigilará que, al ejercitar los estados extranjeros sus derechos y al cumplir sus deberes en al zona económica exclusiva mexicana, tengan debidamente en cuenta los derechos, jurisdiccionales y deberes de la Nación y cumplan esta ley, su reglamento y otros reglamentos nacionales adoptados de conformidad con la Constitución y normas aplicables de derecho internacional..
Artículo 50. La Zona Económica Exclusiva mexicana se extiende a 200 millas marinas (370,400 metros) contadas desde la línea de
base a partir de las cuales, de conformidad con el artículo 26 de esta ley, se mide la anchura del mar territorial.
Artículo 51. Las islas gozan de Zona Económica Exclusiva, pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.
Artículo 52. El límite interior de la Zona Económica Exclusiva coincide idénticamente con el límite exterior del mar territorial, determinado de conformidad con el artículo 26 de esta ley, con las disposiciones pertinentes de su reglamento y que aparezca en las cartas reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 53. El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva mexicana es la línea cada uno de cuyos puntos está del punto mas próximo de las líneas de base del mar territorial determinadas en el artículo 26 de esta ley, a una distancia de 200 millas marinas (370,400 metros)
Artículo 54. El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva en consecuencia, está constituido por una serie de arcos que unen los puntos cuyas coordenadas geográficas fueron publicadas por decreto en el Diario Oficial, el 7 de julio de 1976, y que aparezcan en las cartas oficialmente reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 55. El Poder Ejecutivo Federal velará por que se respete, con sujeción a las disposiciones pertinentes a esta ley, de su reglamento y de su derecho internacional, las libertades de navegación y sobrevuelo en la zona económica exclusiva mexicana por las embarcaciones y aeronaves de todos los estados, sean ribereños o sin litoral.
Artículo 56. El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración y conservación para que los recursos vivos no se vean amenazados por una explotación excesiva, determinará la captura permisible de recursos vivos en la zona económica exclusiva y sin perjuicio de lo anterior, promoverá a la utilización optima de dichos recursos. Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras de la captura permisible de acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la legislación mexicana de pesca.
CAPITULO V
De la plataforma continental o insular
Artículo 57. La Nación ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental y las plataformas insulares a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales.
Artículo 58. Los derechos de soberanía de la Nación a que se refiere el artículo anterior son exclusivos, en el sentido de que sí México no explora la plataforma continental y las plataformas insulares o no explota sus recursos naturales, nadie puede emprender estas actividades sin expreso consentimiento de las autoridades nacionales competentes.
Artículo 59. Los derechos de soberanía de la Nación a que se refiere el artículo 57 son independientes de la ocupación real o ficticia de la plataforma continental y de las plataformas insulares.
Artículo 60. Los derechos de la Nación sobre la plataforma continental y las plataformas insulares no afectan la condición jurídica de las aguas suprayacentes, ni la del espacio aéreo situado sobre tales aguas.
Artículo 61. El ejercicio de los derechos de la Nación sobre la plataforma continental y las plataformas insulares no deberá afectar la navegación y otros derechos y libertades de los demás estados, previstos en esta ley, en su reglamento y según el derecho internacional, ni tener como resultado una injerencia injustificada en ellos.
Artículo 62. La Plataforma Continental y las plataformas insulares mexicanas, comprenden el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a todo lo largo da la prolongación natural hasta el borde exterior del margen continental, o bien. hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos de que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia, de acuerdo con lo dispuesto por el derecho internacional. la definición anterior comprende la plataforma de islas, cayos y arrecifes que forman parte del territorio nacional.
Artículo 63. Las islas gozan de Plataforma insular, pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.
Artículo 64. El límite interior de la Plataforma Continental y de la Plataformas insulares mexicanas coinciden idénticamente con el límite exterior del suelo del territorial determinado idénticamente con exterior del suelo del mar territorial, determinado de conformidad con el artículo 26 de esta ley y con las disposiciones pertinentes de su reglamento y según aparezca en las cartas oficiales reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 65. En los lugares donde el borde exterior del margen continental de la plataforma continental y de las plataformas insulares no llegue a 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de los cuales se mide el mar territorial, el límite exterior de las citadas plataformas coincidirá idénticamente con el límite exterior del suelo de la zona económica exclusiva, determinado conforme a lo previsto en los artículos 53 y 54 de está ley, y que aparezca en las cartas oficialmente reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente Ley deroga la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 27 Constitucional, relativo a la Zona Económica Exclusiva publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1976.
Artículo tercero. La presente ley deroga todas las disposiciones legales en vigor que se le opongan. Las materias no previstas en esta ley relacionadas con actividades, en las zonas marinas de jurisdicción nacional, se regirán por la legislación nacional en vigor en lo que no se le opongan.
Artículo cuarto. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas por las autoridades nacionales competentes de conformidad con los ordenamientos nacionales aplicables a sus distintas materias.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, D. F., 22 de noviembre de 1985.
Senador Héctor Vázquez Paredes, presidente; senadora Diamantina Reyes Esparza secretaría; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario."
Trámite: - Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Marina.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
El mismo C. Secretario:
«CC. secretario de la H. Cámara de Diputados Presentes.
Para los efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal .
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se reformaran los artículos 9, 10, 13, 18, 19 y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 9o. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estará presidida por el Procurador, Jefe de la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares. La Procuraduría contará con servidores públicos sustitutos del Procurador en el orden que fije el reglamento y con los órganos y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones, con la competencia que fije el reglamento de esta ley, tomando en consideración las previsiones presupuestales.
Artículo 10. Los servidores públicos sustitutos del Procurador, lo auxiliarán en las funciones que esta ley le encomiende y, por delegación que haga el titular mediante acuerdo, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas del agente del Ministerio Público formule o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley establezca, a propósito de conclusiones presentadas en el proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o de la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie la sentencia.
Artículo 13. Los servidores públicos sustituidos del Procurador, serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Los sustitutos del Procurador deben reunir requisitos exigidos para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Artículo 18. El Procurador o, por delegación de éste, otros servidores públicos de la dependencia facultados expresamente por el reglamento, podrán adscribir discrecionalmente al personal de la institución en el desempeño de las funciones que a ésta corresponde, y encomendar a subalternos, según su calidad, como agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como peritos de la institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estimen pertinentes.
Artículo 19. El personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de aquél, sin quedar comisionados o adscritos a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, previo acuerdo del procurador o, por delegaciones de éste, de los servidores públicos que el titular señale. Dicho acuerdo se emitirá discrecionalmente tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría y se hará saber a la autoridad requirente.
Artículo 25. .................................................................
Los servidores públicos sustitutos del Procurador en los términos de los reglamento y el personal dependiente en forma inmediata y directa del Procurador, rendirán la protesta constitucional ante éste.
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, entrarán en vigor a los treinta días de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Senador Héctor Vázquez Paredes, presidente; senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados. del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con minuta de proyecto de decreto, por el que se concede permiso a las ciudadanas Alma Rosa Gurrola González y Elsa Patricia Villarral Garza, para prestar servicios en la embajada y consulado de los Estados Unidos de América, en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Senadora Diamantina Reyes Esparza, secretaría; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Alma Rosa Gurrola González para prestar servicio como bibliotecaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. se concede permiso a la ciudadana Elsa Patricia Garza para prestar servicios, como secretaria de inmigración en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores México, D. F., 22 de noviembre de 1985.
Senador Héctor Vázquez Paredes, presidente: senadora Diamantina Reyes Esparza secretaría; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión Presentes.
Para los efectos constitucionales, con el presente tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente con minuta de proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F. a 22 de noviembre de 1985.
Senadora Diamantina Reyes Esparza, secretaria; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Carmona Ortega para prestar servicios, como mecánico de teléfonos en al Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Guerrero Robles para prestar servicios como operadora de conmutador, en la embajada de los Estado Unidos de América, en México.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores. México, D. F., 22 de noviembre de 1985.
Senador Héctor Vázquez Paredes presidente; senadora Diamantina Reyes Esparza secretaria: senador Luis Dorantes Segovia, secretario.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
«Comisión de Educación Pública.
Honorable asamblea: La Comisión de Educación Pública de esta Cámara ha sometido a examen y debate el proyecto de Decreto de Reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, remitido por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Según se expresa en la exposición de motivos de iniciativa, ésta tiene por objeto actualizar la legislación que sirve de marco normativo a la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo del Gobierno Federal encargado de velar por la protección, preservación, investigación - y enriquecimiento del patrimonio cultural del país en lo que atañe a la Antropología, la Arqueología y la Historia y otras disciplinas afines. Creado en 1939,
el Instituto Nacional de Antropología e historia a cumplido satisfactoriamente los objetivos que se obtuvieron en cuenta al establecerlo. Sin embargo, después de 46 años, la estructura y facultades que le otorga su ley de origen ya no corresponden a la complejidad funcional y administrativa que al organismo le impone el desarrollo de patrimonio cultural de la Nación, así como tampoco a los nuevos retos y responsabilidades que le atribuyen ordenamientos legales posteriores, cuales son básicamente, las disposiciones consagradas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, y algunos instrumentos internacionales suscritos en la materia por nuestro país, todo lo cual hace imperativo actualizar la ley orgánica de la institución a fin de que, sin abandonar los propósitos que le dieron origen, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuente con un ordenamiento legal remozado que le permita cumplir con mayor eficacia sus funciones.
Fundamentalmente, las modificaciones que la iniciativa introduce en la ley orgánica del Instituto se orientan a precisar los objetivos generales y permanentes de la institución y a determinar, con mayor claridad y detalle que en el texto actual, las funciones que ella tiene a su cargo y que le permiten cumplir con sus cometidos; asimismo, se introduce un nuevo esquema de organización interna, adecuado a las circunstancias de su actual desarrollo institucional, que establece un agrupamiento de dependencias por áreas de actividad y una proyección territorial que sobre la base de consagrar en la ley la existencia de centros o delegaciones regionales del Instituto, precise una efectiva des concentración de sus funciones. Al mismo tiempo, se reforma la ley vigente en cuento a desarrollar la existencia de instancias y participación de la comunidad académica y laboral del instituto, consagrando expresamente la existencia de un consejo general consultivo, cuya integración su estructura a partir de la representación de los consejos de área que se generan en cada una de las áreas funcionales del mismo.
Atendidas las consideraciones anteriores y significado positivo que revisten las modificaciones que la iniciativa propugna, esta Comisión de Educación Pública recomienda al horario plenario aprobarla y sugiere algunas modificaciones que tiendan a precisar mejor algunas de sus disposiciones.
Así, en relación con el artículo 2o. de la ley, se propone modificar la relación de su primer párrafo para dejar expresa constancia en el mismo de que el patrimonio arqueológico e histórico forma parte integrante del patrimonio cultural, así como para recoger expresamente el elemento paleontológico como el objeto de la actividad institucional.
En cuanto a las funciones que al instituto se asignaran en este mismo artículo 2o., se sugiere cambiar la redacción de la fracción I, a fin de hacerla acorde a lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
En cuanto a las funciones de investigación científica que lleva a cabo el instituto, se propone cambiar la redacción de la fracción respectiva al artículo 2o., para aludir genéricamente, como materia de investigación, a las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas y para dejar en claro que dicha investigación no sólo se limita al respecto teórico, sino que puede proyectarse a la aplicación de los estudios, a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo.
Respecto a las funciones de exploración y excavación se sugiere incorporar también a los restos paleontológicos como objetos de las mismas.
Por lo que atañe a las atribuciones del Instituto en relación a la prevención y cuidado de los monumentos, se sugiere adicionar la fracción respectiva del artículo 2o. para incluir expresamente la tarea de custodiarlos en los términos prescritos al respecto de la ley sustantiva de la materia.
En cuanto a la función consistente en llevar registro público de zonas y monumentos, se sugiere la conveniencia de incluir, entre éstos a los restos paleontológicos.
También se estima necesario extender las funciones del instituto, en materia de establecimiento y administración de museos especializados a la apertura, sostenimiento y desarrollo de archivos y bibliotecas relativos a la materia documental de su competencia.
Atenta la necesidad de promover la participación de las distintas instancias del gobierno en la protección y conservación de la parte del patrimonio cultural cuya atención se encomienda al Instituto se sugiere atribuirle expresamente la facultad de proponer al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de coordinación en la materia con las autoridades federales, estatales y municipales.
Con el mismo propósito, se sugiere agregar una fracción nueva que expresamente reproduzca, en la Ley Orgánica, la facultad que el Instituto tiene para otorgar los permisos y dirigir las labores de restauración y conservación de monumentos por parte de las autoridades estatales y municipales.
Por otra parte, con el objeto de ampliar y detallar las funciones que se encomiendan al Instituto, se sugiere agregar al artículo 2o., algunas fracciones nuevas destinadas respectivamente a :
1o. Facultarlo para proponer a la autoridad competente la expedición de reglamentos que contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma
coordinada con los gobiernos estatales y municipales.
2o. Autorizarlo para proponer al Ejecutivo federal las declaraciones de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, sin perjuicio de la facultad de dicho ejecutivo para expedirlas directamente.
3o. Atribuirle al Instituto la función de promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y municipios, la elaboración de manuales y cartillas para la protección del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológicos, en el ámbito territorial, que permitan adecuar los lineamientos nacionales de conservación a las condiciones concretas de cada estado o municipio.
4o. Facultar también al Instituto para impulsar, previo el acuerdo del Secretario de Educación Pública a la formación de consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio.
5o. Establecer expresamente la facultad del Instituto para autorizar controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio nacional misiones científicas extranjeras, lo cual tiene por objeto hacer especial énfasis en este aspecto de la protección del patrimonio cultural de la Nación.
6o. Facultar al Instituto en la investigación, identificación, recuperación y protección de las tradiciones históricas, orales y de los usos como herencia de la capacidad creadora y sensibilidad de los pueblos y grupos sociales del país.
7o. Darle la autoridad de formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, de las zonas y monumentos arqueológicos y la carta arqueológica de la República.
8o. Autorizarlo para publicar obras relacionadas con las materias de su competencia, participar en la difusión del acervo cultural de la Nación, haciéndolo accesible a la comunidad y promover el respeto y uso social del patrimonio cultural.
En relación con la organización interna del Instituto, se sugiere sustituir el inciso a) de la fracción I del artículo 5o. del proyecto, en términos de aludir, como primera área de organización, a la de investigación en las disciplinas antropológicas e históricas y en Paleontología.
Por último, en lo que atañe al régimen laboral de los trabajadores del Instituto, tras auscultar distintas opiniones, se resolvió proponer un nuevo texto para el artículo 9o. de la iniciativa que, dejando en claro que la normatividad aplicable en dicha materia es la consagrada por el apartado B) del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, deja al mismo tiempo subsistentes, en sus términos, las condiciones de trabajo vigentes que existe para dicho personal.
La comisión consideró de especial importancia el abrir una amplia consulta en torno al proyecto y al efecto recibir la opinión de sindicatos, personal académico, trabajadores, alumnos y destacados miembros de nuestra comunidad cultural. Asimismo las fracciones parlamentarias de todos los partidos políticos de esta honorable Cámara, expusieron democráticamente su pensamiento tocante al contenido de la nueva ley.
Con mérito en las consideraciones y comentarios precedentes, la Comisión de Educación Pública somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Artículo primero. Se reforman los artículos del 2o al 9o., de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de las competencia del Instituto.
Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones:
I. En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia.
II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de México, a la Antropología y Etnografía de la población del país.
III. En los términos del artículo 7o. de la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar, los permisos y dirigir las labores de restauración
y conservación de los numentos arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades de los estados y municipios.
IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales.
V. Proponer al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la Nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones.
VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de protección del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones concretas del Estado y del municipio.
VII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo.
VIII. Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de conservación de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos del país.
IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos numentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos.
X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país.
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicios de la facultad del Ejecutivo para expedirlas directamente.
XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de los restos paleontológicos.
XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley.
XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del dominio de la Nación, como de los que pertenecen a particulares.
XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y la carta arqueológica de la República.
XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la Nación, haciéndoles accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso social del patrimonio cultural.
XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio.
XVIII. Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico - profesional, profesional, de postgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición de los títulos y grados correspondientes.
XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio nacional misiones científicas extranjeras.
XX. Realizar de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites necesarios para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o históricos que estén en el extranjero.
XXI. Las demás que las leyes de la República le confieran. Artículo 3o. El Instituto capaz de adquirir y administrar bienes, formará su patrimonio con los que se enumeran:
I. Los inmuebles que para sus funciones o servicios le hayan aportado o le aporten los gobiernos federal, estatales y municipales.
II. Los muebles que actualmente le pertenecen y los que se le aporten o adquiera en lo futuro.
III. Los que adquiera por herencia, legado, donación o por cualquier otro concepto.
IV. Las cantidades que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación.
V. Las aportaciones que le otorguen entidades públicas o privadas, nacionales, internacionales o extranjeras.
VI. Los ingresos provenientes de la venta de textos, publicaciones, grabaciones, películas, fotografías, reproducciones, tarjetas, carteles y demás objetos similares.
VII. Los fondos, productos, regalías, cuotas por concesiones, autorizaciones e inscripciones.
VIII. Los demás ingresos que obtengan por cualquier título legal incluidos los servicios al público.
Artículo 4o. Los bienes que el Instituto adquiera de instituciones y personas particulares, o de gobiernos extranjeros, estarán exentos de toda clase de contribuciones, impuestos o derechos.
Artículo 5o. Para cumplir con sus objetivos, el Instituto se organiza:
I. De acuerdo con sus funciones, en las áreas de:
a) Investigación en Antropología, Arqueología e Historia.
b) Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
c) Museos y Exposiciones.
d) Docencia y Formación de recursos humanos en los campos de competencia del Instituto.
II. De acuerdo con su estructura territorial, en Centros o Delegaciones Regionales; y
III. De acuerdo con su estructura administrativa, en las unidades que el reglamento de esta ley establezca para el mejor desempeño de sus funciones.
Artículo 6o. El Instituto estará a cargo de un director general, nombrado y removido libremente por el Secretario de Educación Pública.
Para ser director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de 30 años de edad, con grado académico y méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia del Instituto.
Artículo 7o. Son facultades y obligaciones del director general:
I. Representar legalmente al Instituto.
II. Otorgar, revocar y sustituir poderes.
III. Acordar con el Secretario de Educación Pública en los asuntos de su competencia.
IV. Presidir las sesiones del Consejo General Consultivo y propiciar sus resoluciones.
V. Autorizar y hacer cumplir los programas de trabajo del Instituto.
VI. Nombrar y remover al personal de confianza en los términos de la legislación aplicable.
VII. Proponer los proyectos de reglamentos y aprobar los manuales necesarios para el funcionamiento del Instituto.
VIII. Celebrar contratos y realizar toda clase de actos de dominio.
IX. Presentar oportunamente, a las autoridades federales competentes, el proyecto de presupuesto anual.
X. Presentar al Secretario de Educación Pública un informe anual de actividades del Instituto y el programa de trabajo a desarrollar durante el ejercicio correspondiente.
XI. Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas y con organismos públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros.
XII. Las demás que le confieran las leyes, el Secretario de Educación Pública y las que para el ejercicio de su cargo deba desempeñar.
Artículo 8o. El Instituto con un Consejo General Consultivo que será presidido por el director general y que estará integrado a partir de la representación de los Consejos de Área. Su conformación y funcionamiento serán regulados por el reglamento de esta ley.
Artículo 9o. Las condiciones de trabajo vigentes de personal del Instituto se conservan en sus términos y seguirán regulándose por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
Artículo segundo. Se derogan los artículos 10 al 20 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 27 de noviembre de 1985.
Comisión de Educación Pública: Miguel Osorio Marbán, presidente; Fernando Abarca Fernández, Xavier Abreu Sierra, José Encarnación Alfaro Cázares, Amilcar Aguilar Mendoza, José Ángel Aguirre Romero, J. Ascención Bustos Velazco, Efraín Calvo Zarco Juan Nicolás Callejas Arroyo, Nabor Camacho Nava, Ofelia Casillas Ontiveros, Jaime Castellanos Franco, Norma Elizabeth Cuevas Melken, Leopoldo De Gyvez de la Cruz, José Luis Díaz Moll, Felipe Cruz Domínguez, Cecilia Romero Castillo, Villanueva, Romero Caballero, Félix Flores Gómez, Rodolfo Flores Zaragoza, Alfonso Godínez López, Jacinto Gómez Pasillas, Román González Ayala, Elba Esther Gordillo Morales, Ángel Sergio Guerrero Mier, Manuel Gurría Ordóñez, Jaime Haro Rodríguez, Francisco Hernández Juárez, Manuel Jiménez Guzmán, Guadalupe López Bretón, Luis Ignacio López Moctezuma y T,. Elvia Lugo de Vera, Néstor Hernández, Juan Maldonado Pareda, Dionisio Moreno Cortéz, Margarita Ortega de Romo, Bulmaro Pacheco Moreno, Samuel Quiroz de la Vega, Eliseo Rangel Gaspar, Lauro Rendón Castrejón, Salvador Robles Quintero, Arturo Ruiz Morales, Alma Guadalupe Salas Montiel, María Esther Silva Alvarez, Guadalupe Solares Bausa, Ismael Torres Díaz, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López, Agustín Villavicencio Altamirano, Eraclio Zepeda Ramos.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Es de primera lectura.
LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable asamblea: A esta Comisión del Distrito Federal fue turnada con fecha 1o. de octubre del presente año, la iniciativa de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, propuesta por el Ejecutivo Federal ante esta representación nacional en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 1 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio y dictamen.
Analizada la iniciativa por la comisión se formula a la misma y se someten a este pleno las siguientes consideraciones generales sobre su contenido:
El estado mexicano es precursor de la seguridad social en el mundo y se ubica a la fecha dentro de los primeros que cuentan con regímenes avanzados en la materia, que tutelan y protegen en la forma más amplia posible a los diferentes sectores de su población.
El Plan Nacional del Desarrollo 1983 - 1988 establece la necesidad de estructurar con una visión moderna a los cuerpos encargados de proporcionar la seguridad pública en las distintas comunidades del país, fortaleciendo los programas de superación profesional de los miembros que integran dichos órganos y proporcionándoles las medidas de seguridad social que garanticen su bienestar personal y el de sus familiares con sistemas integrales a cargo de instituciones específicas y bajo un régimen jurídico homogéneo.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, pretende establecer un régimen específico en beneficio de quienes integran la policía preventiva del Distrito Federal, consignándolo en un solo ordenamiento que recoge y unifica las prestaciones y los derechos que en la materia se encontraban dispersos en ordenamientos legales de distinta jerarquía definiendo a la vez naturaleza jurídica y la estructura del órgano encargado de aplicar el régimen y que es la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
El proyecto encuentra su antecedente legislativo inmediato en la Ley que Crea la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal de fecha 31 de diciembre de 1941, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1942 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación en los términos de su artículo 1o. transitorio.
Del estudio de la iniciativa realizado por la comisión resaltan por su transcendencia los siguientes aspectos positivos:
- Se logra integrar en un solo ordenamiento las normas relativas a la seguridad social de los miembros de la Policía Preventiva del Distrito Federal estableciendo en su favor un verdadero régimen mediante un esfuerzo de síntesis legislativa.
- - Se determina la naturaleza jurídica del órgano encargado de aplicar el régimen de seguridad social y que es la caja de previsión queda constituida como organismos descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
- - Se consignan en forma clara y precisa las diferentes prestaciones y servicios que viene otorgando a los miembros de la Policía Preventiva.
- - Se salvaguardan los derechos de los beneficiarios del régimen se establece, mediante la jurisdicción que en la materia se da al tribunal contencioso administrativo del Distrito Federal.
- - Se enumeran los conceptos o renglones que integran el patrimonio de la caja dándole a éste un trato preferencial como si fueran bienes propios del Departamento del Distrito Federal.
- - Se establece los órganos de Gobierno de la caja y se delimitan en forma precisa las atribuciones específicas de cada uno de ellos.
- - Se fija el régimen laboral de los trabajadores al servicio de la caja que quedan protegidos por el apartado B) del artículo 123 constitucional y su Ley Reglamentaria.
- - Se ratifica el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio de la caja quienes continuarán incorporados al ISSSTE.
- - Se estructura en forma lógica y sistemática el contenido del proyecto, integrado la parte orgánica de la caja que se contiene en su ley vigente, con las diferentes prestaciones y beneficios que se consignan en el reglamento de la misma.
Como podrá apreciarse de esta breve síntesis, existe congruencia entre la exposición de motivos de la iniciativa y su contenido, alcanzándose en este último las características que identifican el acto legislativo pleno y que son los principios de abstracción y generalidad.
Queda de manifiesto en la iniciativa, la voluntad política del Estado mexicano de dar plena vigencia a dos postulados básicos que son rectores de su acción progresista y revolucionaria y que consiste en: proporcionar seguridad social integral al mayor número de mexicanos de acuerdo con las características del sector laboral en el que encuentran comprendidos y lograr avances significativos en los programas destinados a renovar y reestructurar los órganos encargados de la seguridad pública.
El proyecto enviado, logra conjugar los dos postulados mencionados al establecer un régimen de seguridad social, integral, moderno y dinámico en beneficio de un sector laboral con características propias y definidas como son los miembros de la Policía Preventiva del Distrito Federal que tiene a su cargo una de las funciones primordiales del Gobierno de nuestra ciudad capital y que es la de preservar la seguridad pública en forma tal que sus acciones tiendan siempre a garantizar a la población los bienes y valores que tutela el estado social de derecho.
Cabe expresar que en el acucioso estudio de esta iniciativa realizado por esta comisión, fue posible remontarse a épocas precortesianas, con el propósito de encontrar los orígenes más lejanos de los guardias del orden de la ciudad quienes siempre tuvieron y han tenido un papel singular dentro de la comunidad por constituir la primera y más inmediata instancia de autoridad dentro del conglomerado social, circunstancia que ha propiciado dotar a los integrantes de los cuerpos policiales preventivos, de prestaciones sociales en alguna forma diversa de las del resto de los servidores públicos e integrando en consecuencia órganos específicos encargados de hacer efectiva la seguridad social para este sector, con fisonomía propia que les permita proporcionar los servicios con oportunidad, eficacia y eficiencia, pero respetando el espíritu gremial que identifica a los guardias del orden público en la ciudad.
Por los expuesto en el mismo orden de ideas, es preciso señalar que, independientemente de los objetivos generales que se alcanzan en la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo Federal, esta comisión en cumplimiento de atribuciones y responsabilidades propias que constituyen su razón de ser dentro de la tarea legislativa de la LIII Legislatura, aprecio observaciones al proyecto tanto de forma como de fondo que habiendo sido ampliamente discutidas dentro de su seno, dan origen a la siguiente propuesta de modificación:
Se consideró que la operación de un fondo para cubrir la reposición por pérdida o destrucción de vestuario o equipo de actos del servicio, con cargo al patrimonio de la caja, no debe ser motivo de un ordenamiento que tiene por objeto consignar prestaciones de tipo social, en virtud de que resulte lesivo para los miembros de la policía preventiva que tenga que aportar un porcentaje de sus remuneraciones, para reparar o reponer equipo o enseres que sufren deterioros o pérdida total con motivo de actos propios del servicio; en estos casos es obligación laboral del patrón cubrir estos conceptos, por lo que debe ser a cargo de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, realizar las respectivas erogaciones con cargo a las partidas presupuestales específicas.
En consecuencia se propone la supresión de la sección décima del capítulo II "fondo de reposición por pérdida o destrucción de vestuario y equipo" que consta en los artículos 37 y 38.
Por lo consiguiente, procede suprimir la fracción VII del artículo 2o., que consigna como prestación con cargo a la caja "el pago por pérdida o destrucción y equipo".
Asimismo deberá modificarse la redacción del artículo 4o, que hace referencia a los pagos consignados en el artículo 37, que será suprimido.
En el aspecto de vivienda se enriquece la iniciativa al considerar que dentro de la enumeración de prestaciones a otorgarse con cargo al patrimonio de la caja y en beneficio de los miembros de la policía preventiva, debe incluirse el concepto de préstamos hipotecarios, por lo que se propone en consecuencia la modificación al contenido de la fracción XI del artículo 2o,. para consignar en sustitución del fondo de la vivienda que no constituye la
prestación, el "préstamo hipotecario" que es la prestación a la que tiene derecho los miembros de la policía preventiva. Subsiste por supuesto en el contenido del proyecto el apartado relativo al fondo de la vivienda.
En este mismo renglón de la vivienda se sugiere modificar el párrafo final del artículo 39 con el propósito de establecer un singular avance a la materia, que consiste en otorgar los préstamos hipotecarios por el 100% del avalúo realizado, teniendo en consideración, que los beneficiarios de esta prestación integran un sector laboral de escasos recursos económicos, así como la gran necesidad que existe de incrementar todo tipo de recursos destinados a la adquisición de viviendas de interés social, por lo expuesto el párrafo con la modificación propuesta quedaría redactado en los siguientes términos:
"El préstamo podrá ser otorgado hasta por un momento del 100% del avalúo por una sociedad nacional de crédito".
En forma complementaria a estos aspectos de la vivienda se estima procedente incluir un supuesto que prevea la cancelación de los créditos hipotecarios en caso de fallecimiento del deudor en beneficio directo de sus familiares derechohabientes, por lo cual se acordó modificar el contenido del artículo 40, para dejarlo con el siguiente texto:
"Artículo 40. La Caja constituirá un fondo de garantía que tenga por objeto liquidar los créditos que se hubieren otorgado en los términos de esta ley y que quedaren insolutos al fallecer el deudor, cancelado a favor de los familiares derechohabientes del mismo y con cargo al citado fondo la parte del crédito no cubierta como consecuencia del fallecimiento, haciendo efectivos únicamente los abonos que no hubieren sido pagados en vida del deudor.
El fondo de garantía se integrará con una prima de aseguramiento que se descontará del valor de cada préstamo en la forma y términos que el reglamento respectivo determine:
Como modificaciones que da aprobarse complementan la iniciativa, se tomó el acuerdo de incluir en el artículo 2o., fracción XII que pasa a ser la XI el aspecto relativo a los servicios deportivos, por estimar estas actividades particulares importantes tratándose de servidores públicos que por razón de la naturaleza de su trabajo demandan una condición física, por lo que al margen de los programas comprendidos en las áreas sustantivas de la corporación, debe incluirse como uno de los renglones susceptibles de fomento con cargo al patrimonio de la Caja . En consecuencia, la fracción citada se amplía en su contenido quedando como sigue:
"Artículo 2o. Se establece en favor de las personas protegidas por esta ley, las siguientes prestaciones:
I a X igual
XI. Servicios sociales, culturales y deportivos".
Asimismo, deberá modificarse el título del capítulo III, así como el artículo 47 para quedar en los siguientes términos:
CAPITULO III
Servicios Sociales, Culturales y Deportivos
"Artículo 47. La Caja, de conformidad con sus posibilidades presupuestales otorgarán prestaciones a los elementos y pensionistas tendientes elevar su nivel de vida y el de su familia, proporcionándoles actividades de sano esparcimiento, deportivos, sociales y culturales; así como ayuda asistencial en su caso".
Se estimó de singular importancia en los trabajos de la comisión la convivencia de modificar el artículo 50 de la iniciativa, con el propósito de incluir dentro del órgano de gobierno de la Caja que es su consejo directivo, la participación de los directos beneficiarios de las prestaciones que se consignan en el proyecto y que son los policías preventivos, en consecuencia se propone la modificación de la fracción II del precepto citado en los siguientes términos:
"Artículo 50. El órgano de gobierno de la Caja será el consejo directivo, integrado por:
I. ............................................................................
II. Tres consejeros designados por el jefe del Departamento del Distrito Federal, que deberán ser servidores públicos del propio Departamento, dos de ellos miembros de la policía preventiva.
Fracciones III a VI igual".
Se consideró que en la forma en que se encuentra redactando el artículo 60, se está creando un delito especial para aquellos casos en que sin tener derecho a las prestaciones y servicios que establece la ley se haga uso de los mismo mediante engaño, siendo la Caja conforme a la iniciativa un organismo descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio tiene la posibilidad jurídica y patrimonio propio, tiene la posibilidad de presentar la denuncia ante los tribunales competentes en caso de conductas ilícitas que atenten contra su patrimonio, por lo que se sugiere el cambio de redacción del precepto para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 60. Se sancionará en los términos a que se refiere el artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal, al que sin tener derecho a las prestaciones y servicios que concede esta ley mediante cualquier engaño haga uso de los mismos".
Otra propuesta trascendente surgida del estudio de la iniciativa realizando por la comisión y que tiene particular relevancia en el aspecto de la técnica legislativa, consiste en llenar el vacío legal que existe en el proyecto por la carencia de normas que regulan la prescripción en el ejercicio de los derechos que en la iniciativa se consignan. Sobre este particular se propone la adición tanto a la denominación como al contenido del Título Cuarto para quedar en la siguiente forma:
TITULO CUARTO
Responsabilidad, sanciones y prescripción
Artículo 60. .................................................................
Artículo 61. .................................................................
Artículo 62. El derecho a las pensiones que esta ley establece, es imprescriptible en cuanto a su otorgamiento. Las pensiones caídas y cualquier prestación económica a que tienen derecho los sujetos a quienes les es aplicable este ordenamiento y que deban ser cubiertas con cargo al patrimonio de la Caja, que no se reclaman dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que fueren exigibles, prescribirán en favor de la Caja.
Artículo 63. Los créditos respecto de los cuales la Caja tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a contar de la fecha en que la propia Caja pueda, conforme a la ley, ejercitar su derecho.
Artículo 64. Las obligaciones que en favor de la Caja señale la presente ley y que sean a cargo de entidades públicas, prescribirán en el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que sean exigibles.
Artículo 65. La prescripción en cualquiera de los supuestos previstos en la presente ley, se interrumpirá mediante gestión expresa formulada por escrito por parte de titular del derecho respectivo.
Como observaciones de forma la comisión acordó la corrección al texto de la fracción XI del artículo 51 de la iniciativa, ya que por un error se usó el vocablo "sanciones" en lugar del correcto que debe ser "funciones" conforme al contenido del precepto. En consecuencia la fracción deberá quedar redactada en la siguiente forma:
"Artículo 51. Al consejo corresponde: I a X.
XI. Las demás funciones que esta ley, ........................................
En la sección IV del capítulo II, denominada pensión por invalidez, se omitió comprender el supuesto de la pensión que se origina por la muerte como consecuencia de un riesgo de trabajo y que es diferente a su vez de la pensión que se otorga como consecuencia de la muerte por causas naturales ajenas al servicio.
En consecuencia la comisión acordó adicionar el Título de la sección IV del Capítulo II para comprender el supuesto citado y dar claridad en los casos de pensiones originadas por el fallecimiento del miembro de la policía preventiva quedando en los siguientes términos:
SECCIÓN CUARTA
"Pensión por invalidez o muerte por riesgo del trabajo"
Como consecuencia de la supresión de la sección décima del Capítulo II, que consta de los artículos 37 y 38 así como la adición de cuatro preceptos destinados a regular la prescripción en el Título del proyecto, deberá reestructurarse el orden numérico progresivo de los artículos que integran su contenido, así como en su caso las secciones de los títulos que fueron modificados.
Concluido el Capítulo de observaciones a la iniciativa, la comisión hace del conocimiento del pleno de la asamblea legislativa el pronunciamiento efectuado en las sesiones de trabajo realizadas en su seno en el sentido de indicar a los órganos directivos de la policías preventiva del Distrito Federal que en los casos de miembros de este cuerpo que perciban salario mínimo, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 123 constitucional en sus apartados A y B, no procede la retención de cantidad alguna ni por concepto de aportación a la Caja de Previsión, por lo que de llegar a concretarse la hipótesis señalada, las aportaciones de quienes perciben salario mínimo deberán ser por cuenta del Departamento del Distrito Federal.
Igualmente se hicieron pronunciamientos tendientes a proteger la permanencia en el servicio de los policías preventivos cumplidos y perfeccionar los planes de estudio de la academia de policía ampliando sus programas en tiempo y en créditos o asignaturas.
En conclusión con fundamento en los dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
TITULO PRIMERO
De las disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia en el Distrito Federal y se aplicará:
I. Al personal de línea que integra la policía Preventiva del Distrito Federal, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de uno y otros, y
II. A las unidades administrativas competente conforme a esta ley, del Departamento del Distrito Federal.
Se exceptúa de la aplicación de esta ley, al personal civil que preste sus servicios en la Policía Preventiva del Distrito Federal y esté comprendido dentro del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo 2o. Se establecen en favor de las personas protegidas por esta ley, las siguientes prestaciones:
I. Pensión por jubilación;
II. Pensión por retiro por edad y tiempo de servicios;
III. Pensión por invalidez;
IV. Pensión por causa de muerte;
V. Pensión por cesantía en edad avanzada;
VI. Paga de defunción;
VII. Ayuda para gastos funerarios;
VIII. Indemnización por retiro;
IX. Préstamos a corto o mediano plazos;
X. Préstamo hipotecario;
XI. Servicios sociales, culturales y deportivos, y
XII. Servicios médicos.
Artículo 3o. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal bajo su nueva denominación mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la presente ley.
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entienden:
I. Por Departamento, al Departamento del Distrito Federal;
II. Por Caja, a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal;
III. Por Consejo Directivo, al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal;
IV. Por Policía Preventiva del Distrito Federal, a los cuerpos policiales comprendidos en el Reglamento respectivo.
V. Por elementos, a los miembros de la Policía Preventiva del Distrito Federal, incluyendo al personal policial que por necesidades del servicio cubra temporalmente las áreas administrativas de la Policía Preventiva;
VI. Por pensionistas, a todo elemento al que esta ley le reconozca tal carácter;
VII. Por familiares derechohabientes a:
a) La esposa o a falta de ésta, la mujer con quien el elemento o pensionista haya vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años anteriores, o con la que tuviera hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio. Si el elemento o pensionista tuviera varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la prestaciones y servicios que establece esta ley;
b) Los hijos menores de 18 años del elemento o pensionista que dependan económicamente de él;
c) Los hijos solteros mayores de 18 años y hasta la edad de 25 años en los términos del inciso anterior, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo remunerados;
d) Los hijos mayores de 18 años en los términos del inciso b) de este artículo incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por los medios legales procedentes.
e) El esposo o concubinario del elemento o pensionista, siempre que fuese mayor de 55 años de edad, o estuviera incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ellos, y
f) Los ascendientes, siempre que dependan económicamente del elemento o pensionista.
Los familiares que se mencionan en este artículo tendrán los derechos que se establecen, siempre y cuando el elemento o pensionista tenga derecho a las prestaciones dispuestas en el presente ordenamiento y que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios o dichas prestaciones, y
VIII. Por actos del servicio, los que ejecuten los elementos en forma aislada o en grupo, en cumplimiento de órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos o en el desempeño de las funciones que les compete.
Artículo 5o. El Departamento está obligado a registrar en la Caja, a los elementos y a sus familiares derechohabientes. Para ello deberá remitir a la propia Caja, en enero de cada año, una relación del personal que integra a la Policía Preventiva del Distrito Federal, sujeto al pago de aportaciones de seguridad social y descuentos correspondientes. Asimismo, pondrá en conocimiento de la Caja, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que ocurran:
I. Las altas y bajas de los elementos;
II. Las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos;
III. La iniciación de los descuentos así como su terminación y en su caso, los motivos y justificaciones por lo que se haya suspendido el descuento, informado en forma inmediata a la Caja sobre cualquier circunstancia que impida o retarde el cumplimiento de las órdenes de descuentos, y
IV. Los nombres de los familiares que los elementos deben señalar a fin de que disfruten de los beneficios que esta ley les concede. Estos últimos dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el propio elemento cause alta en la Policía Preventiva del Distrito Federal.
En todo tiempo, el Departamento proporcionará a la Caja los datos que le requiera y designará a quien se encargue del cumplimiento de estas obligaciones, el cual será responsable de los daños y perjuicios que ocasionen sus omisiones en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Los elementos tendrán derecho a exigir al Departamento el estricto cumplimiento de las obligaciones que le impone este artículo.
Artículo 6o. Los elementos están obligados a proporcionar a la Caja y al Departamento:
I. Los nombres de los familiares que tengan el carácter de derechohabientes conforme a esta ley, y
II. Los informes y documentos probatorios que se les pidan, relacionadas con la aplicación de esta ley.
Artículo 7o. La Caja expedirá a todos los beneficiarios de esta ley un documento de identificación, a fin de que puedan ejercitar los derechos que la misma les confiere, según el caso, En dicho documento se anotarán los datos que establezca el reglamento.
Artículo 8o. Para que los beneficiarios puedan recibir las prestaciones que les corresponde, deberán cumplir los requisitos que esta ley y los reglamentos establezcan.
Artículo 9o. Los elementos que por cualquier causa no percibieran íntegramente su sueldo, sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta ley les otorga en la misma proporción, si pagan la totalidad de las aportaciones que les corresponden.
Artículo 10. La Caja formulará y mantendrá actualizando el registro de elementos en servicio activo o con licencia administrativa o médica que sirva de base las liquidaciones relativas a las aportaciones de dichos elementos y del Departamento.
Artículo 11. LA Caja recopilará y clasificará la información sobre los elementos, a efecto de formular programas con base en escala de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta ley regula y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y oportunamente las prestaciones y servicios que le corresponde administrar.
Artículo 12. El Departamento está obligado a proporcionar a la Caja, los expedientes y datos que le solicite de los elementos en activo, con licencia administrativa o médica, o de aquellos que causaron baja del servicio, así como los informes sobre aportaciones a cargo de los elementos o del propio Departamento, para los fines de aplicación de esta ley y sus reglamentos.
Artículo 13. Las controversias que surjan por resoluciones de la Caja, derivadas de las prestaciones a que se refiere esta ley, serán de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Artículo 14. Los trabajadores de la Caja, continuarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . Las relaciones de trabajo entre la propia Caja y los mismos trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
TITULO SEGUNDO
Prestaciones y servicios
CAPITULO I
Sueldos y Aportaciones de seguridad Social
Artículo 15. El Sueldo que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley, será el sueldo o salario uniforme y total para cada uno de los puestos de los elementos, en sus diferentes niveles, consignados en el catálogo general del puestos del Departamento y fijado en el tabulador que comprende al Distrito Federal, integrados los conceptos de sueldo, sobresueldo y compensaciones.
Las aportaciones establecidas en esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de las pensiones y demás prestaciones a que se refiere esta ley.
Artículo 16. Todo elemento comprendido en el artículo primero de este ordenamiento, deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del seis y medio por ciento del sueldo básico de cotización que se aplicará para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta ley.
Artículo 17. El Departamento cubrirá a la Caja como aportaciones, los equivalentes a los siguientes porcentajes sobre el sueldo básico de los elementos:
I. El 7% para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta ley, y
II. El 5% para construir y operar el fondo de la vivienda.
Artículo 18. El Departamento está obligado a:
I. Efectuar el descuento de las aportaciones de los elementos y los que la Caja ordene con motivo de la aplicación de esta ley;
II. Enviar a la Caja las nóminas y recibos en que figuren los descuentos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debieron hacerse;
III. Expedir los certificados e informes que le soliciten tanto la Caja como los elementos, y
IV. Entregar quincenalmente a la Caja, el monto de las cantidades estimadas por concepto de aportaciones a cargo de los elementos y las del propio Departamento, así como el importe de los descuentos que la Caja ordene que se hagan a los elementos por otros adeudos derivados de la aplicación de esta ley. Para los efectos de esta fracción, se realizará un cálculo estimativo del monto de las entregas quincenales, ajustándose las cuentas y haciéndose los pagos insolutos cada mes.
Artículo 19. Las separación por licencia sin goce de sueldo y las concedidas en casos de enfermedades o por suspensión de los efectos del nombramiento, se computará con tiempo de servicios en los siguientes casos:
I. Cuando las licencias sean concedidas por un período que no exceda de seis meses;
II. Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos de elección popular y siempre que los mismos sean remunerados mientras duren dichos cargos, siendo incompatible la acumulación de derechos y computándose
sólo el sueldo básico que más favorezca al elemento;
III. Cuando el elemento sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras dure la privación de la libertad, y
IV. Cuando el elemento que tenga encomendado manejo de fondos, valores o bienes, fuere suspendido por haber aparecido alguna irregularidad en su gestión y que de la investigación se desprenda una resolución absolutoria, por todo el tiempo que dure la suspensión.
En los casos señalados el elemento deberá pagar la totalidad de las aportaciones que establece esta ley y si falleciere antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, éstos deberá cubrir el importe de esas aportaciones para poder disfrutar de la misma.
Artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los elementos los descuentos procedentes conforme a esta ley, la Caja solicitará al Departamento que descuenten hasta un 27% del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, a menos que el propio elemento solicite y obtenga prórroga para el pago.
CAPITULO II
Prestación y Servicios
SECCIÓN PRIMERA
Generalidades
Artículo 21. Las pensiones que señala esta ley se otorgarán a los elementos y sus familiares derechohabientes que se encuentran en los supuestos que la misma señala.
Para poder disfrutar de una pensión, el elemento o sus familiares derechohabientes, deberán cubrir previamente a la Caja los adeudos pendientes.
Después de que sean cubiertos los requisitos que establece esta ley, el otorgamiento de las pensiones se resolverá en un plazo que no excederá de 90 días.
Artículo 22. Las pensiones sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial y para exigir el pago de adeudos a la Caja.
Será nula toda cesión, enajenación o gravamen sobre las pensiones que esta ley establece.
El elemento que se refiere del servicio sólo tendrá derecho al disfrute de una pensión de las que concede esta ley.
Las pensiones otorgadas por esta ley serán compatibles con otro empleo remunerado, siempre y cuando éste no sea del Departamento o de las entidades agrupadas en el sector que coordina dicha dependencia. En caso contrario, la pensión será suspendida.
Artículo 23. Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en proporción de los aumentos generales a los sueldos básicos que se concedan a los elementos.
Artículo 24. Los acuerdos del Consejo Directivo por los cuales se nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a que esta ley se refiere, podrán recurrirse por los posibles beneficiarios ante el propio consejo dentro del término de 15 días hábiles a partir de que se hagan sabedores o se les notifique dicha resolución. El recurso deberá resolverse en un plazo de 15 días hábiles a partir de día siguiente en que se recibe.
Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de las pensiones.
Artículo 25. El derecho a percibir pensiones se pierde:
I. Al llegar a la mayoría de edad los hijos del elemento o pensionista, a menos que por defectos físicos o enfermedad psíquica se encuentra inhabilitado, según dictamen médico expedido por el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y mientras dure tal inhabilitación;
II. Porque el familiar derechohabiente contraiga nupcias a vivir en concubinato, y
III. Por fallecimiento del familiar derechohabiente.
SECCIÓN SEGUNDA
Pensión por Jubilación
Artículo 26. El derecho a la pensión por jubilación, se adquiere cuando el elemento ha prestado sus servicios en la Policía Preventiva del Distrito Federal por treinta años o más y tenga el mismo tiempo de cotizar a la Caja. La pensión a que tendrá derecho será del 100% del promedio resultante del sueldo básico que haya disfrutado el elemento en los tres años anteriores a la fecha de su baja.
Si el elemento falleciere después de cubrir los requisitos a que se refiere este artículo, sin haber disfrutado de su jubilación, sus familiares derechohabientes se beneficiarán de la misma pensión.
SECCIÓN TERCERA
Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios
Artículo 27. Tienen derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios aquellos elementos que teniendo un mínimo de 50 años de edad, hubiese prestado servicios durante un mínimo de 15 años.
El monto de esta pensión se fijará según los años de servicio y los porcentajes del promedio del sueldo básico, conforme a la siguiente tabla:
% del promedio
Años de del sueldo básico
servicio de los tres últimos años
15 50
16 52.5
17 55
18 57.5
19 60
20 62.5
21 65
22 67.5
23 70
24 72.5
25 75
26 80
27 85
28 90
29 95
SECCIÓN CUARTA
Pensión por invalidez o muerte por riesgo del trabajo
Artículo 28. La pensión por invalidez se otorgará al elemento que se inhabilite física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo, cualquiera que sea su edad y siempre que haya cotizado a la Caja cuando menos durante 15 años.
El monto de la pensión se fijará según los años de servicio y los porcentajes del promedio del sueldo básico conforme a la siguiente tabla:
% del promedio
Años de del sueldo básico
servicio de los tres últimos años
15 50
16 52.5
17 55
18 57.5
19 60
20 62.5
21 65
22 67.5
23 70
24 72.5
25 75
26 80
27 85
28 90
29 95
El otorgamiento de la pensión por invalidez queda condicionado a la presentación de la solicitud del interesado o de su representante legal y al dictamen médico que emita el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Si desaparece la invalidez, el elemento podrá reincorporarse a sus labores, las cuales serán preferentemente las que resulten acordes a su recuperación. En este último supuesto, si el interesado es dado de alta se suspenderá la pensión que estuviese disfrutando.
Artículo 29. La pensión por invalidez total o parcial que sufra algún elemento con motivo del servicio o por enfermedad a causa del mismo, dará derecho a las prestaciones consignadas en el capítulo IV de este título cuando se incapacite al trabajador para el desempeño de sus labores y en tanto se declara una incapacidad permanente, entonces se estará a lo dispuesto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 30. Cuando el elemento fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo por actos de servicios, sus familiares derechohabientes, gozarán de una pensión equivalente al 100% del sueldo percibido por el elemento y conforme al cual estuviese cotizado a la Caja en el momento de ocurrir el fallecimiento.
SECCIÓN QUINTA
Pensión por causa de muerte
Artículo 31. Los familiares derechohabientes del elemento o del pensionista que falleciere tendrán derecho a la pensión que le hubiere correspondido a éste por jubilación, edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada a la fecha de su fallecimiento, en el orden señalado en el artículo 4o, fracción VII de esta ley.
SECCIÓN SEXTA
Pensión por cesantía en edad avanzada
Artículo 32. Se otorgará por cesantía en edad avanzada, al elemento que voluntariamente se separe del servicio activo o quede privado de su trabajo remunerado después de los 60 años de edad y siempre que haya cotizado un mínimo de 10 años a la Caja.
La pensión será equivalente a los porcentajes que en seguida se especifican sobre el promedio que resulte de lo que el elemento recibió como sueldo básico durante los últimos tres años.
Años Años de
de edad servicio %
60 10 40
61 10 42
62 10 44
63 10 46
64 10 48
65 10 50
El otorgamiento de esta presentación excluye la posibilidad de disfrutar posteriormente las pensiones por jubilación, y por edad y tiempo de servicios.
SECCIÓN SÉPTIMA
Indemnización por retiro
Artículo 33. El elemento que sin tener derecho a alguna pensión de las señaladas en esta ley se separe voluntariamente del servicio activo en forma definitiva, tendrá derecho a una indemnización de:
I. El monto total de las aportaciones de seguridad social con las que contribuyó en el servicio activo;
II. Cuarenta y cinco días del sueldo básico que viniese percibiendo y cotizado si tuviese de cinco a nueve años de aportaciones, y
III. Noventa días del último sueldo básico que viniese percibiendo y cotizado, si sus aportaciones fueron de 10 a 14 años.
SECCIÓN OCTAVA
Paga de defunción
Artículo 34. Se considera paga de defunción, la cantidad total que la Caja de Previsión cubrirá a los familiares derechohabientes de elementos fallecidos en el servicio activo y que se encontraren cotizados a la Caja.
El importe de la paga de defunción, será determinado por el Consejo Directivo de la Caja, de conformidad con lo que para ese efecto determinen los reglamentos.
La paga de defunción mencionada se pagará de la siguiente manera:
I. El 50% de la paga de defunción una vez que se acrediten los derechohabientes en la Caja;
II. El 50% complementario, después de sesenta días del primer pago para dar oportunidad a la reclamación del beneficio por otras personas con derecho si los hubiere, previo dictamen de la Caja.
SECCIÓN NOVENA
Ayuda para gastos funerarios
Artículo 35. Se otorgará una ayuda para gastos funerarios a los derechohabientes de elementos en activo, pensionados o jubilados que fallezcan.
La ayuda para gastos funerarios será otorgada a familiares derechohabientes o a las personas que se hubieren hecho cargo de la inhumación de elementos activos, pensionados o jubilados.
El importe de la ayuda para gastos funerarios será determinada por el Consejo Directivo de la Caja, de conformidad con lo que para ese efecto determinen los reglamentos.
Artículo 36. En caso de defunción de algún elemento o pensionista, la Caja proporcionará a sus deudos los gastos de inhumación, de acuerdo a la cantidad que el Consejo Directivo apruebe, de conformidad con lo que determine los reglamentos.
SECCIÓN DÉCIMA
Del fondo de vivienda
Artículo 37. A efecto de facilitar a los elementos la adquisición de inmuebles para vivienda o la construcción o mejoramiento de ésta, la Caja operará un sistema de crédito que tendrá por objeto:
I. Financiar la adquisición de conjuntos habitacionales o la construcción de éstos, para adjudicarlos individualmente a los interesados mediante préstamos con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, pudiendo realizar dichas acciones a través de las instituciones dedicadas a este objeto;
II. El otorgamiento de créditos individuales, a los elementos, mediante garantía hipotecaria para los siguientes fines:
a) Adquisición de terrenos para construir vivienda cuando carezcan de ella en propiedad;
b) Adquisición o construcción de vivienda, cuando no tengan alguna en propiedad;
c) Para efectuar mejoras o reparaciones de los inmuebles que hayan adquirido y habiten, y
d) La redención de gravámenes, sobre inmuebles de los que hayan adquirido en propiedad y habiten.
El préstamo podrá ser otorgado hasta por un monto del 100% del avalúo realizado por una Sociedad Nacional de Crédito.
Artículo 38. La Caja constituirá un fondo de garantía que tenga por objeto liquidar los créditos hipotecarios que se hubieren otorgado en los términos de esta ley y que quedaren insolutos al fallecer el deudor, cancelando a favor de los familiares derechohabientes del mismo y con cargo al citado fondo la parte del crédito no cubierta como consecuencia del fallecimiento, haciendo efectivos únicamente los abonos que no hubieren sido pagados en vida del deudor.
El fondo de garantía se integrará con una prima de aseguramiento que se descontará del valor de cada préstamo en la forma y términos que el reglamento respectivo determine.
Artículo 39. Los créditos para vivienda, se darán anticipadamente por vencidos si los deudores enajenan, arriendan, o no habitan el inmueble motivo del crédito o incurren en alguna de las causales de recisión que en los contratos se estipulen.
Los montos máximos de los créditos para vivienda, sus condiciones y los descuentos a los deudores, serán fijados por el Consejo Directivo, pero en ningún caso el interés será mayor al que se asigne a los préstamos a corto plazo.
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
Préstamos a corto y mediano plazo
Artículo 40. La Caja podrá otorgar préstamos a corto plazo, a los elementos, en los términos siguientes:
I. A quienes hayan cubierto sus aportaciones cuando menos durante seis meses;
II. Mediante la garantía total de las aportaciones señaladas en la fracción anterior;
III. El importe del préstamo será hasta por una cantidad igual a la aportación del elemento, siempre que no se exceda de seis meses del sueldo básico, y
IV. Sólo por acuerdo del gerente general, el préstamo podrá exceder del importe de las aportaciones, si los interesados cubren la prima que fije el Consejo Directivo para garantizar el excedente.
A los pensionistas se les podrá conceder préstamos a corto plazo en los términos y condiciones para que tal efecto fije el Consejo Directivo, con base en lo que se disponga el reglamento de esta ley.
Artículo 41. Los préstamos se concederán a un plazo máximo de 18 meses y se pagarán en abonos quincenales.
Los préstamos se harán de tal manera que los abonos para reintegrarlos, sumados a los descuentos por préstamos para vivienda y a los que deban hacerse por cualquier otro adeudo a favor de la Caja, no excedan del 50% del sueldo básico del interesado.
Artículo 42. Los préstamos a corto plazo causarán un interés no mayor del 9% anual sobre saldos insolutos.
Para garantizar los saldos insolutos de los préstamos se constituirá un fondo de garantía con una prima de aseguramiento que se descontará del valor de cada préstamo, con la cual en caso de muerte del acreditado, queden totalmente cubiertos los adeudos.
Artículo 43. Los préstamos a mediano plazo para la adquisición de uso duradero podrán ser cubiertos en pagos diferidos en un término que no exceda de 36 meses, con garantía prendaria.
Para el otorgamiento de estos préstamos regirán las reglas generales de los préstamos a corto plazo y los lineamientos que expedirá el Consejo Directivo conforme a los reglamentos respectivos.
Artículo 44. Los préstamos a corto plazo para la adquisición de productos de consumo básico serán pagaderos hasta en cuatro quincenas, siendo efectivos por vales en contra de las tiendas que para el efecto contrate la Caja.
CAPITULO III
Servicios sociales culturales y deportivos
Artículo 45. La Caja de conformidad con sus posibilidades presupuestales otorgará prestaciones a los elementos y pensionistas tendientes a elevar su nivel de vida y el de su familia, proporcionándole actividades de sano esparcimiento, deportivas, sociales y culturales: así como ayuda asistencial en su caso.
CAPITULO IV
Servicios médicos
Artículo 46. Los servicios médicos que reciban los elementos, pensionistas y familiares derechohabientes, serán prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con los convenios establecidos y los que en el futuro se celebren con el propio Instituto.
En cuanto a los requisitos y condiciones relativos a la conservación de los derechos de servicios médicos, se observará lo que para ese efecto dispone la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
TITULO TERCERO
De las funciones y organización de la Caja
CAPITULO I
De las funciones
Artículo 47. La Caja en el cumplimiento de los programas aprobados tendrá las siguientes funciones:
I. Otorgar las pensiones y demás prestaciones que establece esta ley;
II. Determinar y cobrar el importe de las aportaciones;
III. Invertir los fondos y reservas de acuerdo con lo que disponga el Consejo Directivo;
IV. Administrar su patrimonio;
V. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines;
VI. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas;
VII. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos necesarios para cumplir sus finalidades, y
VIII. Las demás que le confieran esta ley y sus reglamentos.
CAPITULO II
Órgano de gobierno
Artículo 48. El órgano de gobierno de la Caja será el Consejo Directivo, integrado por:
I. Un presidente, que será el jefe del Departamento, quien podrá delegar su representación en el servicio público del propio Departamento que determine;
II. Tres consejeros designados por el jefe del Departamento del Distrito Federal, que deberán ser servidores públicos del propio Departamento, dos de ellos miembros de la Policía Preventiva;
III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. Un representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto;
V. El gerente general de la Caja, y
VI. Un secretario, designado por el presidente del consejo, que será servidor público del Departamento.
Asimismo, la Caja contará con un órgano de vigilancia que será el comisario que designe la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
El gerente general de la Caja, el comisario y el secretario participarán en las sesiones con voz, pero sin voto.
Por cada integrante propietario del consejo, se designará un suplente.
Artículo 49. Al consejo corresponde:
I. Planear, controlar y evaluar los servicios y operaciones de la Caja y dictar los lineamientos generales para el debido cumplimiento de sus fines;
II. Revisar y, en su caso, aprobar los programas anuales y de mediano plazo de la Caja, así como sus calendarios de trabajo;
III. Dictar los acuerdos que correspondan para el otorgamiento de las prestaciones y servicios establecidos en esta ley;
IV. Decidir las inversiones de los fondos y reservas de la Caja.
V. Determinar los montos máximos de crédito para la adquisición de vivienda, los precios de venta, y los plazos para la amortización de los adeudos;
VI. Expedir y en su caso modificar los manuales e instructivos de organización y de servicios de la Caja.
VII. Revisar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Caja y una vez aprobado enviarlo al Departamento, quien lo hará llegar a la Secretaría de Programación y Presupuesto;
VIII. Examinar y en su caso aprobar, el balance anual y los estados financieros de la Caja;
IX. Analizar y en su caso aprobar el informe que anualmente rinda el gerente general de la Caja;
X. Conocer el dictamen que emita el comisario en relación con el informe anual de labores del gerente general de la Caja, y
XI. Las demás funciones que esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables le señalen y las que sean necesarias para la mejor organización y gobierno de la Caja.
Artículo 50. El presidente, tendrá las siguientes facultades:
I. Programar y organizar las sesiones del Consejo Directivo;
II. Aprobar la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones;
III. Someter a votación de los integrantes del Consejo Directivo las resoluciones a tomar debiendo, en caso de empate, decidir con voto de calidad;
IV. Disponer el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones, previendo su seguimiento y control posterior;
V. Vigilar que se incorporen las observaciones que se presenten al proyecto de acta de sesión y que al ser aprobada, se proceda a su inclusión en el libro autorizado, y
VI. Convocar a las sesiones ordinarias y a las extraordinarias que considere conveniente.
Artículo 51. El gerente general de la Caja será designado por el jefe del Departamento y tendrá a su cargo:
I. Representar a la Caja en todos los actos que requiera su intervención;
II. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo; III. Elaborar los programas así como los calendarios anuales de trabajo y de los de mediano plazo de la Caja, y presentarlos al Consejo Directivo para su consideración;
IV. Presentar al Consejo Directivo un informe anual de labores de la Caja;
V. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Caja;
VI. Formular y presentar al Consejo Directivo, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos, el balance anual y los estados financieros de la Caja;
VII. Proponer al Consejo Directivo las medidas adecuadas para mejorar el funcionamiento de la Caja;
VIII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios, y
IX. Las demás funciones que esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones le señalen.
Artículo 52. Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus cargos el tiempo que subsista su designación como servidores públicos del Departamento o de las dependencias que representen en tanto no sean removidos por quienes los designaron.
Las funciones de los miembros del consejo que no han sido señaladas en la presente ley, serán establecidas en los reglamentos de la misma.
CAPITULO III
Del patrimonio
Artículo 53. El patrimonio de la Caja lo constituirán:
I. Las aportaciones de los elementos, pensionistas y Departamentos, en los términos de este ley:
II. El importe de los créditos e intereses de los préstamos concedidos conforme a esta ley;
III. Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, frutos, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las operaciones que conforme a esta ley haga la Caja, o que produzcan sus bienes;
IV. El importe de las indemnizaciones, pensiones e intereses que prescriban en favor de la Caja;
V. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor de la Caja;
VI. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título adquiere la Caja, y
VIII. Cualesquiera otras percepciones respecto de las cuales la Caja resulte beneficiaria.
Artículo 54. Los elementos y pensionistas no tendrán derecho alguno ni individual ni colectivo al patrimonio de la Caja, sino sólo a disfrutar de los servicios y prestaciones que esta ley les concede.
Artículo 55. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Caja gozarán de las
franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes del Departamento del Distrito Federal. Los bienes de la Caja afecto a la prestación directa de sus servicios serán inembargables.
Artículo 56. La Caja se considera de acreditada solvencia y no estará obligada, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales.
CAPITULO IV
Reservas e inversiones
Artículo 57. La constitución, inversión y manejo de las reservas financieras y actuariales de la Caja serán presentadas en el programa presupuestal anual, para aprobación del Consejo Directivo.
TITULO CUARTO
Responsabilidades, sanciones y prescripción
Artículo 58. Se sancionará en los términos a que se refiere el artículo 386 del Código Penal para el Distrito Federal, al que sin tener derecho a las prestaciones y servicios que concede esta ley y mediante cualquier engaño haga uso de los mismos.
Artículo 59. Los servidores públicos pagadores o encargados de cubrir los sueldos, que no efectúen los descuentos que procedan en los términos de esta ley, serán sancionados con una multa equivalente al 5% de las cantidades, independientemente de las sanciones de responsabilidad civil o penal en que incurran.
Artículo 60. El derecho a las pensiones que esta ley establece, es imprescriptible en cuanto a su otorgamiento. Las pensiones caídas y cualquier prestación económica a que tienen derecho los sujetos a quienes les es aplicable este ordenamiento y que deban ser cubiertas en cargo al patrimonio de la Caja, que no se reclamen dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que fueren exigibles, prescribirán en favor de la Caja.
Artículo 61. Los créditos respecto de los cuales la Caja tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en 10 años, a contar de la fecha en que la propia Caja pueda, conforme a la ley, ejercitar su derecho.
Artículo 62. Las obligaciones que en favor de la Caja señale la presente ley y que sean a cargo de entidades públicas, prescribirán en el plazo de 10 años contados a partir de la fecha en que sean exigibles.
Artículo 63. La prescripción en cualquiera de los supuestos previstos en la presente ley, se interrumpirá mediante gestión expresa formulada por escrito por parte del titular del derecho respectivo.
TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la ley que crea la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal de fecha 31 de diciembre de 1941, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1942 y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Tercero. En tanto se expidan los reglamentos de esta ley, seguirá aplicándose el reglamento de la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal de fecha 30 de agosto de 1977 publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal el 1o. de octubre del mismo año, en cuanto no lo contravenga.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 28 de noviembre de 1985.
Comisión Legislativa del Distrito Federal: presidente, Gilberto Nieves Jenkin; secretario, Manuel Gurría Ordóñez; diputados: Jaime Aguilar Alvarez, Federico Granja Ricalde Luis Manuel Altamirano Cuadros, José Herrera Arango, Gonzalo Altamirano Dimas, Manuel Jiménez Guzmán, Francisco Berlín Valenzuela, Armando Lazcano Montoya. - Agustín Bernal Villanueva, Héctor Ling Altamirano, Juan José Calleja García, Joaquín López Martínez, Efraín Jesús Calvo Zarco, Rafael López Zepeda, Rodolfo Mario Campos Bravo, Rafael Lozano Contreras, Carlos Enrique Cantú Rosas, Manuel Monarrez Valenzuela, Ofelia Casillas Ontiveros, Adrián Mora Aguilar, Gonzalo Castellot Madrazo, Jarmila Olmedo de Garcilita, Juan José Castillo Mota, Santiago Oñate Laborde, Juan José Castro Justo, Manuel Germán Parra Prado, José Trinidad Cervantes Aguirre, Javier Pineda Serino, Federico Durán y Liñán, Antonio Punzo Gaona, Ma. Emilia Farías Mackey, Alfonso Reyes Medrano, Manuel Fernández Flores, Sócrates Rizzo García, Guillermo Fonseca Alvarez, Lorenzo Silva Ruiz, Beatriz Gallardo Macías, Manuel Terrazas Guerrero, Jesús Galván Muñoz, Fernando Ulibarri Pérez, Javier Garduño Pérez, Lulio Valenzuela Herrera, Alfonso Godínez López, Leopoldo Whaley Martínez.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa al dictamen...
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Es de primera lectura
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS
«Comisiones Unidas de Educación Pública y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Honorable Cámara de Diputados: A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Asentamientos Humanos y Obras Públicas, fue turnado para su estudio y dictamen el Proyecto de Decreto de Adiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con un artículo 28 bis, presentado por el Ejecutivo Federal a la consideración del H. Congreso de la Unión.
CONSIDERANDO
1o. Que la necesidad de adicionar la ley mencionada resulta inaplazable, toda vez que no hay un instrumento jurídico específicamente aplicable que asegure la adecuada tutela de las piezas y elementos paleontológicos.
2o. Que la preservación y cuidado de los bienes mencionados ameriten la adopción de medidas legales para impedir su deterioro y destrucción.
3o. Que en ausencia de una legislación completa y actualizada que permita normar satisfactoriamente su rescate, conservación, utilización científica, es conveniente la adición mencionada.
PUNTO RESOLUTIVO
Es procedente la adición a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con un artículo 28 bis, propuesto por el Ejecutivo Federal, por las razones anotadas en los puntos número 1, 2 y 3 de los considerandos. Por lo que sometemos a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el texto siguiente:
Artículo 28 bis. Para los efectos de esta Ley y de su Reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el Presidente de la República".
Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.
México, D. F., 26 de noviembre de 1985.
Licenciado Miguel Osorio Marbán, presidente de la Comisión de Educación; licenciado Sergio Valls Hernández, presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; profesora Elba Esther Gordillo, secretaria; licenciada Jarmila Olmedo de Garcilita, secretaria; Carlos Arturo Acosta, Rubén Aguilar, Aureliano Caballero González, Héctor Calderón Hermosa, Ricardo Canavati Tafich, Rolando Castillo Gamboa, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Justino Delgado Caloca, Homero Díaz Córdova, Leonardo Durán Juárez, Gerardo Fernández Casanova, Cristóbal García Ramírez, Enrique González Isunza, Jesús Gutiérrez Segoviano, Eduardo Hernández Mier, Miguel Ángel Herrerías Alvarado, Luis López Moctezuma, Joel Lleverino Reyes, Javier Michel Díaz, Heriberto Noriega Cantú, Margarita Ortega de Romo, Homero Pedrero Priego, Adner Pérez de la Cruz, Guadalupe Ponce Torres, Leobardo Ramos Martínez, Oscar Rivas, Gustavo Robles González, Rubén Román Sánchez, José Salinas Navarro, José Luis Sánchez González, Manuel Terrazas Guerrero, Manuel Urrutia Castro, Lulio Valenzuela Herrera, Héctor Ximénez González.
La Comisión de Educación Pública: diputados: Miguel Osorio Marbán, presidente; Fernando Abarca Fernández, Xavier Abreu Sierra, José Encarnación Alfaro Cázares, Aguilar Mendoza, José Ángel Aguirre Romero, J. Ascención Bustos Velazco, Efraín Calvo Zarco, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Nabor Camacho Nava, Ofelia Casillas Ontiveros, Jaime Castellanos Franco, Norma Elizabeth Cuevas Melken, Leopoldo De Gyvez de la Cruz, José Luis Díaz Moll, Felipe Cruz Domínguez Villanueva, Romeo Flores Caballero, Félix Flores Gómez, Rodolfo Flores Zaragoza, Alfonso Godínez López, Jacinto Gómez Pasillas, Román González Ayala, Elba Esther Gordillo Morales, Ángel Sergio Guerrero Mier, Manuel Gurría Ordóñez, Jaime Haro Rodríguez, Francisco Hernández Juárez, Manuel Jiménez Guzmán, Guadalupe López Bretón, Luis Ignacio López Moctezuma y T., Elvia Lugo de Vera, Néstor Luna Hernández, Juan Maldonado Pereda, Dionisio Moreno Cortéz, Margarita Ortega de Romo, Bulmaro Pacheco Moreno, Samuel Quroz de la Vega, Eliseo Rangel Gaspar, Lauro Rendón Castrejón, Salvador Robles Quintero, Cecilia Romero Castillos, Arturo Ruiz Morales, Alma Guadalupe Salas Montiel, María Esther Silva Alvarez, Guadalupe Solares Bauza, Ismael Torres Díaz, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López, Agustín Villavicencio Altamirano, Eraclio Zepeda Ramos.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está
distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen...
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Es de primera lectura.
CONDECORACIÓN
El mismo C. Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 15 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano vicealmirante David Zepeda Torres, Agregado Naval de la Embajada de México, en Perú, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en Grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de ese país.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 19 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante David Zepeda Torres, Agregado Naval de la Embajada de México, en Perú, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en Grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de ese país.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés Ríos, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana,* Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan M. Calleja García, Juan José Castillo Mota, José G. Badillo Ortiz, Juan A. Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes R. Flores Zaragoza (*), Miguel Herrerías A., Alejandro Ontiveros., Sergio Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsivais R., Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo J. Pascual Monayo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Germán Corona del Rosal.
* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Trámite: - Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz y María Esther Morales Durán, puedan prestar sus servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 19 de los corrientes, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como técnicos de campo.
c) Que las solicitudes se ajustan a los establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Ángel Santana Hernández, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Gutiérrez Alcázar, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Esther Morales Durán, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 21 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Ordóñez Laborde, secretario; Diego Valadés Ríos Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez, González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza (*), Miguel Herrerías Alvarado, Germán Corona del Rosal, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsivais Ramírez, Greco Ramírez Graco Ramírez Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.
* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
"VOTO PARTICULAR
Desde las denuncias formuladas por el espía Phillip Age. quien fuera destacado miembro de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, hasta los valientes trabajos periodísticos del columnista Manuel Buendía, inmolado de manera proditoría y todavía no aclara, decenas de autores de trabajos serios han señalado a la Embajada de los Estados Unidos en México como el principal centro de actividades de espionaje, desestabilización y terrorismo en América Latina y el segundo más importante en el mundo; se ha denunciado con amplitud de datos, cómo desde las oficinas de esta embajada se planean y organizan acciones ilegales contra el gobierno y el Estado mexicano y muchos otros de la región, con los que nuestro país mantienen relaciones de amistad.
Preocupados por la múltiples denuncias y evidencias al respecto, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista solicitamos desde esta tribuna se investigara lo relativo a los numerosos permisos a connacionales para trabajar en esa embajada, pues su elevado número, visto en el contexto de las denuncias de referencia, abre la posibilidad de que el gobierno norteamericano utilice la vía de los empleos para tratar de capturar compatriotas nuestros y ponerlos al servicio del cuerpo de espionaje, desestabilización y terrorismo denominado Agencia Central de Inteligencia.
La investigación realizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre el número de permisos otorgados por el Congreso de la Unión durante los últimos años, arroja los siguientes resultados:
Permisos otorgados para trabajar en la embajada de Arabia Saudita, 1; Nueva Zelanda, 1; Irán, 1; Finlandia, 1; Dinamarca, 1; Noruega, 2; Países Bajos, 1; Hungría, 4; Suiza, 1. En caso de países latinoamericanos, sólo hubo en el período de tres años los siguientes casos: Brasil, 4; Venezuela, 3; Dominicana, 1; y Ecuador, 1. Sobresalen por su elevado número las embajadas de la Liga de Estados Arabes, con 5; si la India, con 5; Yugoslavia con 6; Israel, con 10. Países tan importante como Italia y Canadá tuvieran 3, 11 respectivamente.
Frente a todo este cuadro sobresale de manera asombrosa el caso de la embajada de los Estados Unidos con 266 permisos, mientras todos los demás países del mundo suman 60.
En esta virtud, considerando que estos datos aportan nuevos elementos de juicio que dan mayor validez a la preocupación expresada con anterioridad, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista expresa este voto particular en contra de los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por lo que se concede permiso a los CC. José Ángel Santana, Eduardo Gutiérrez Alcaráz, María Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, para prestar servicios como técnicos de campo, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
México, D. F., a 28 de noviembre de 1985.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo"
Trámite: - Es de primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de noviembre del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Carlos Acuña y José Luis García Macín, puedan prestar servicios como técnicos de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 19 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como técnicos en campo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Cuevas Acuña, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Luis García Macín, para prestar servicios como técnico de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadez, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan M. Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan A. Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes R. Flores Zaragoza, (*) Miguel Herrerías A., Alejandro Ontiveros G., Sergio Valls Hernández, Germán Corona del Rosal, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos Enrique Cantú Rosas, Antonio Monsivais R., Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo J. Pascual Moncayo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo M., José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza.»
* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
«VOTO PARTICULAR
Desde las denuncias formuladas por el espía Phillip Age, quien fuera destacado miembro de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, hasta los valientes trabajos periodísticos del columnista Manuel Buendía, inmolado de manera proditoria y todavía no aclarada, decenas de autores de trabajos serios han señalado a la Embajada de Estados Unidos en México como el principal centro de actividades de espionaje, desestabilización y terrorismo en América Latina y el segundo país más importante en el mundo; se ha denunciado con amplitud de datos, cómo desde las oficinas de esta Embajada se planean y organizan acciones ilegales contra el gobierno y el Estado mexicano y muchos otros de la región, con los que nuestro país mantiene relaciones de amistad.
Preocupados por las múltiples denuncias y evidencias al respecto, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista solicitamos desde esta tribuna se investigara lo relativo a los numerosos permisos a connacionales para trabajar en esta Embajada, pues su elevado número, visto en el contexto de las denuncias de referencia, abre la posibilidad de que el gobierno norteamericano utilice la vía de los empleos para tratar de capturar compatriotas nuestros y ponerlos al servicio del cuerpo de espionaje, desestabilización y terrorismo denominado Agencia Central de Inteligencia.
La investigación realizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre el número de permisos otorgados por el Congreso de la Unión durante los últimos años, arroja los siguientes resultados:
Permisos otorgados para trabajar en la Embajada de Arabia Saudita, 1; Nueva Zelanda, 1; Irán, 1; Finlandia, 1; Dinamarca, 1; Noruega, 2; Países Bajos, 1; Hungría, 4; Suiza, 1. En el caso de países latinoamericanos, sólo hubo en el período de tres años los siguientes casos: Brasil, 4; Venezuela, 3; Dominicana, 1; y Ecuador, 1. Sobresalen por su elevado número las embajadas de la Liga de Estados Arabes, con 5; la India, con 5; Yugoslavia con 6, Israel, con 10. Países tan importantes como Italia y Canadá tuvieron 3, 11 respectivamente.
Frente a todo este cuadro sobresale de manera asombrosa el caso de la Embajada de los Estados Unidos con 226 permisos, mientras todos los demás países del mundo suman 60.
En esta virtud, considerando que en estos datos aportan nuevos elementos de juicio que dan mayor validez a la preocupación expresada con anterioridad, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista expresa este voto particular en contra de los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. José Ángel Santana, Eduardo Gutiérrez Alcaráz, María Esther Morales
Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, para prestar servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
México, D. F., a 28 de diciembre de 1985.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Trámite: - Es de primera lectura.
El mismo C. Secretario
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel, puedan prestar servicios como técnicos de campo y secretaria bilingüe, respectivamente en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 19 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acrediten su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, serán como técnico de campo y secretaria bilingüe, respectivamente;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Chapa Linares, para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Xóchitl Leonor Prince Pimentel, para prestar servicios como secretaria bilingüe en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 22 de noviembre de 1985
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadez, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan M. Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan A. Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes R. Flores Zaragoza, (*) Miguel Herrerías A., Alejandro Ontiveros G., Sergio Valls Hernández, Germán Corona del Rosal, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos Enrique Cantú Rosas, Antonio Monsivais R., Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Casto Lozano, Pablo J. Pascual Moncayo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo M., José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza.»
* Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
«VOTO PARTICULAR
Desde las denuncias formuladas por el espía Phillip Age, quien fuera destacado miembro de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, hasta los valientes trabajos periodísticos del columnista Manuel Buendía, inmolado de manera proditoria y todavía no aclarada, decenas de autores de trabajos serios han señalado a la Embajada de Estados Unidos en México como el principal centro de actividades de espionaje, desestabilización y terrorismo en América Latina y el segundo país más importante en el mundo; se ha denunciado con amplitud de datos, cómo desde las oficinas de esta Embajada se planean y organizan acciones ilegales contra el gobierno y el Estado mexicano y muchos otros de la región, con los que nuestro país mantiene relaciones de amistad.
Preocupados por las múltiples denuncias y evidencias al respecto, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido popular Socialista solicitamos desde esta tribuna se investigara lo relativo a los numerosos permisos a connacionales para trabajar en esa Embajada, pues su elevado número, visto en el contexto de las denuncias de referencia, abre la posibilidad de que el gobierno norteamericano utilice la vía de los empleos para tratar de capturar compatriotas nuestros y ponerlos al servicio del cuerpo de espionaje, desestabilización y terrorismo denominado Agencia Central de Inteligencia.
La investigación realizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre el número de permisos otorgados por el Congreso de la Unión durante los últimos años, arroja los siguientes resultados:
Permisos otorgados para trabajar en la Embajada de Arabia Saudita, 1; Nueva
Zelanda, 1; Irán, 1; Finlandia, 1; Dinamarca, 1; Noruega, 2; Países Bajos 1; Hungría, 4; Suiza, 1. En el caso de países latinoamericanos, sólo hubo en el período de tres años los siguientes casos: Brasil, 4; Venezuela, 3; Dominicana 1; y Ecuador, 1. Sobresalen por su elevado número de embajadas de la Liga de Estados Arabes, con 5; la India con 5; Yugoslavia con 6; Israel con 10. Países tan importantes como Italia y Canadá tuvieron 3, 11 y 2, respectivamente.
Frente a todo este cuadro sobresale de manera asombrosa el caso de la Embajada de los Estados Unidos con 226 permisos, mientras todos los demás países del mundo suman 60.
En esta virtud, considerando que en estos datos aportan nuevos elementos de juicio que dan mayor validez a la preocupación expresada con anterioridad, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista expresa este voto particular en contra de los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. José Ángel Santana, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, María Esther Morales, Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, para prestar servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
México, D. F., a 28 de noviembre de 1985.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo."
Trámite: - Es de primera lectura.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY DE RESPONSABILIDADES
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Juan de Dios Castro, para presentar una iniciativa.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente: señoras y señores diputados: Con la vigente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y con su aplicación a aquellos señores diputados que no hayan formulado a la Secretaría de la Contraloría el informe de su situación patrimonial, conforme la disposición expresa de la ley puede ser sancionados con la pérdida del cargo de diputados.
Esta iniciativa tiende a establecer un medio de control de situación patrimonial en cada uno de los Poderes de la Unión, para que no sea el Ejecutivo, a través de la Secretaria de la Contraloría, quien reciba la situación patrimonial de los señores diputados o de los señores, de los ministros de la Corte, de los magistrados de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, de los jueces de distrito, de lo secretarios y de los actuarios, porque este es el contenido de la vigente Ley de Responsabilidades, una intromisión desacertada del Ejecutivo en el control de los otros dos poderes de la Unión.
"H. Cámara de Diputados: En la exposición de motivos de la vigente Ley de Responsabilidades se decía que "El Estado de Derecho exige que los servidores públicos sean responsables" y que esa responsabilidad no se da en la realidad cuando "las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad o cuando las sanciones por incumplimiento son inadecuadas".
En esta iniciativa se plantea la necesidad de mantener el respeto entre sí y la independencia entre los Poderes de la Unión. Que sean los Poderes Legislativo y Judicial los que cada cual, dentro de su propio ámbito, tengan a su disposición los mecanismos de control de sus integrantes. Que no sea el Ejecutivo, el que a través de la Secretaría de la Contraloría, mantenga una continua fiscalización e, incluso la capacidad de sancionar a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, la Comisión de Administración de las respectivas cámaras, con auxilio de la Contaduría Mayor de Hacienda e incluso, con la colaboración de la Secretaría de la Contraloría quien controle la situación patrimonial de sus integrantes y que sea el Pleno de la Corte, quien realice una labor similar con los miembros del Poder Judicial.
En mérito, de lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, nos permitimos proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMAS
A los artículos 79, 80 bis, 80 bis 1, 82, 90, adición al artículo 84 y derogación de las fracciones I y VI del artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 79. La Secretaría, y en su caso la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Corte, llevaron el registro de la situación patrimonial de conformidad con esta ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 80. ................................................................
. I. Se deroga.
VI. Se deroga.
Artículo 80 - bis. Tienen obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
I. Los diputados.
II. Los senadores.
III. Los oficiales mayores.
IV. Los tesoreros.
V. Los oficiales mayores.
VI. Contador Mayor de Hacienda.
Artículo 80 - bis I. Tienen obligación de presentar declaración anual de situación
patrimonial ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial Federal:
I. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. Magistrados de Circuito.
III. Jueces de Distritos.
IV. Secretarios Judiciales.
V. Actuarios de cualquier categoría o de asignación.
Artículo 82. La Secretaría, la Comisión de la Administración de la Cámara de Diputados, y el Pleno de la Corte, expedirán las normas y los formatos bajo las cuales el servidor público deberá presentar declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que dedicarán lo que es obligatorio valorar.
Artículo 84. ................................................................
. ...............................................................................
...............................................................................
Tratándose de funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados y el pleno de la Corte, en cada caso, podrán pedir a la Secretaría realice las visitas de inspección y auditorias a que se refiere este artículo.
Artículo 90. .................................................................
La Secretaría, la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados y el pleno de la Corte, con base en la información de que dispongan, harán declaratoria de que el funcionario, sujeto a investigación respectiva, en los términos de la presente ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. La declaratoria en cuestión se hará del conocimiento del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones que procedan.
México, D. F., a los 14 días del mes de noviembre de 1985.
Xavier Abreu Sierra, Carlos A. Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamira Dimas, Víctor G. Alvarez Herrera, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, Manuel M. Bribiesca Castrejón, Alejandro Cañedo Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Ángel Conchello Dávila, Jaime Delgado Herrera, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Cristóbal Figueroa Nicola, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Schmal, María del Carmen Jiménez de Ávila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Héctor Mejía Gutiérrez, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Javier Paz Zarga, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel, Rosas Torres, Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López."
El C. Presidente: - Esta iniciativa túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE DE SALVADOR ALVARADO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Diego Valadés, para presentar una iniciativa.
El C. Diego Valadés Ríos: - "H. Cámara de Diputados: México, en 1915, era un bullir incesante de ideas revolucionarias, de inquietudes cívicas, de esperanzas patrias. El ánimo reciente imprimía vehemencia a la vida nacional. Como respuesta a una sumisión inveterada, los mexicanos habían emergido a la vida democrática, prontamente empeñada por la acción de Victoriano Huerta. Luego, el constitucionalismo forjó la nueva ruta liberadora. Así los mexicanos se empeñaron en la búsqueda de instituciones que dieran permanencia a sus inquietudes reivindicatorias y viabilidad a su vocación transformadora.
Entre esos hombres figuró un sobresaliente individuo, soñador y realizador a la vez; luchador y constructor al mismo tiempo: Salvador Alvarado. El pensamiento de Salvador Alvarado sirvió para orientar la acción revolucionaria en su época y puede servir para otro tanto en la nuestra. Fuente inagotable para la reflexión, también lo es para la inspiración.
Alvarado, nació en Culiacán el 24 de septiembre de 1880, era dueño de un considerable acopio de conocimientos políticos, económicos y sociológicos. Atento a los trabajos de la sociedad fabiana, suscribió la idea de que "la intervención del Estado en las actividades económicas, con objeto de regularlas y encauzarlas, ha venido tomando gran incremento en todos los pueblos desde hace más de cincuenta años, bajo la forma llamada "colectivismo"... (que) en una generación más absorberá la mayoría de la población mundial". De manera especifica aludió a un socialismo de Estado como "la fórmula que nos daría vida para alcanzar el progreso".
Alvarado también se refirió, con señalado entusiasmo, a las ideas de Tolstoi. Impresionado por el místico ruso, el general mexicano adquirió una suprema preocupación por la enseñanza; preocupación que le llevaría, en el corto período de su ejercicio gubernamental en Yucatán, a modificar los sistemas educativos locales. Mucho de lo que en él vituperaban sus adversarios, no fue más que bien intencionada adhesión al tolstoismo. Esto, desde luego, sin poner en duda su profundo agnosticismo.
Alvarado no podía, desde luego, ser un ortodoxo inveterado. Su idea del socialismo de Estado adquiría contornos matizados y aceptaba la existencia de la propiedad privada.
de algunos medios de producción. En verdad, él entendía que la tarea estatal debía reducirse a una adecuada intervención económica y social a efecto de conjurar las situaciones de ostensible injusticia, reduciendo progresivamente el poder plutocrático.
De otra parte, su repulsa por el imperialismo no dejaba lugar a sospecha alguna. En ese sentido enfatizó la convivencia de afirmar el nacionalismo mexicano y, reiterando sus tesis radicales sobre el estatismo, en 1919 preconizaba el derecho de México a nacionalizar su subsuelo:
"El gobierno mexicano tiene evidentemente derecho para reclamar para la nación la propiedad del subsuelo. Es evidente que la nación tiene sobre el subsuelo el dominio radical, como está claramente reconocido en la legislación de minas".
Consecuencia natural de su postura ideológica era la decidida repulsa que mostraba por las formas tradicionales a que la política mexicana vivía adherida. Puede decirse, sin ningún temor, que Alvarado fue de los primeros revolucionarios de 1910 que asumieron una actitud crítica ante los desequilibrios políticos originados en la falta de adecuación entre los postulados y la práctica.
La corrupción le parecía uno de los más siniestros flagelos que azotaban la vida pública mexicana. El enriquecimiento de los funcionarios de manera vertiginosa e inmoral y sus cuantiosas dádivas en aras del "amiguismo", la concepción generalizada según la cual el funcionario honorable era un cretino y la idea de que un puesto público tenía que ser para beneficio privado, era objeto de altísima preocupación para Alvarado.
Alvarado no disociaba la participación del clero de su tiempo de la corrupción social y política. Muy semejantes eran sus ideas, en ese sentido, a las sustentadas por el socialismo científico. Acusaba al clero de intervenir en la vida económica encubriéndose en sociedades anónimas; de distorsionar la historia; de alterar la ciencia; de fanatizar al pueblo; de combatir la solidaridad social; y de servir a intereses ajenos al país. Con todo, era respetuosos, respetuosísimo, de las ideas religiosas de los mexicanos.
De allí que su inclinación liberal le llevase a abogar por una escuela laica. El problema educativo fue comprendido por Alvarado en toda su gravedad. En ningún momento desconoció que entre la ausencia de educación y la vagancia, y entre ésta y la criminalidad, habían nexos de casualidad inocultables.
Preconizó la alta responsabilidad del Estado para sustraer a niños y jóvenes de hogares con deformaciones sociales intensas, y la constitución de escuelas parentales ("donde se forma al niño, vago o delincuente, proporcionándole la disciplina familiar de que ha carecido y lo pone en contacto con todo lo saludable que de otro modo le faltaría. Es el Estado asumiendo la patria protestad, en defensa del niño y en nombre de la sociedad")
Pidió, igualmente, el establecimiento de tribunales juveniles y sugirió una política de "higienización del ambiente", para beneficio de las jóvenes generaciones.
Las páginas que destinó al enjuiciamiento de los sistemas educativos mexicanos, revelan una preocupación muy sincera. Duros eran sus ataques al positivismo de Barrera; muy violentas sus críticas al "verbalismo" escolar que todavía hoy sigue afligiendo a la enseñanza mexicana. A veces apoyaba sus conclusiones en Rousseau, pero también conocía a Froebel y a Pestalozzi. Se preocupó por la inadecuación entre los conocimientos universitarios y la práctica profesional; deploró la suspensión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; se entusiasmó pidiendo la federalización de la enseñanza, que luego el genio de José Vasconcelos haría una realidad; exhorto a las autoridades para que el magisterio adquiriera características de "servicio civil", y estimó fundamental la instrucción cívica desde la infancia.
Salvador Alvarado, pues, abordó los problemas de mayor relevancia nacional. No eludió el trato de algunos temas de suyo comprometedores. Puso en claro que la preocupación de un revolucionario no debía reducirse al manejo de las armas, sino que debía lidiar con las ideas rectoras de la sociedad moderna.
En la Reconstrucción de México, obra en tres generosos tomos publicada en 1919, Alvarado ofrece un catálogo variadísimo de inquietudes y reflexiones. Hemos visto que no es extraño a cuestiones económicas y financieras; sociales, educativas y políticas. Tampoco eludió lo concerniente a la organización del ejercito y la marina, a la vida internacional, a la reivindicación de la mujer y a la estructura del agro. Al estudiar su gestión en el gobierno de Yucatán encontramos que tuvo cuidado en regular la condición de los campesinos; aunque no por ello fue menos trascendental su aportación en el terreno laboral, que habría de influir decisivamente para la concepción y redacción del artículo 123 constitucional.
De otra parte, eran los vaivenes políticos de México una fuente de justa aflicción para él. Llevaba arraigadísimo el concepto de evolución social. Al correr, una a otra, sus páginas van proporcionando un mosaico peculiar de ideas. Su curiosidad, rara y valiosa, le llevó a muchos autores y en no pocas ocasiones la fascinación que ejercían sobre él imprimían variaciones en su acervo conceptual. En él fue una constante la insurgencia contra el autoritarismo, la miseria y el desorden.
Alvaro dio también sobradas pruebas de ser hábil organizador y un insobornable defensor de la igualdad. Pese a haber empuñado las armas, pese a verse lisonjeado por el generalato, pese a haber formado entre la clase vencedora, jamás perdió la vista la proposición del movimiento revolucionario que le había conmovido intensamente.
Nunca consideró que la fuerza armada fuese irreductible. En las lecturas que le sedujeron,
y tales fueron las correspondientes al fabianismo, había aprendido que por sobre los saltos epilépticos de una nación circunstancialmente enfurecida, y por sobre las previsiones comodonas de grupos, oligárquicos refractarios a todo movimiento, existía una natural tendencia y evolucionar. Y la evolución que él concebía llevaba a un socialismo peculiar, también imaginado por él:
"En mi concepto, decía una revolución (no los motines ni los cuartelazos) se produce por el desequilibrio social que originan el conservatismo y la falta de evolución".
Uno de los más serios obstáculos que Alvarado encontraba para la realización de una actividad política de reconstrucción social estaba representado por el caudillismo. Aparejado a este fenómeno, iba la ausencia de partidos políticos organizados. En este sentido, Alvarado vuelve los ojos a la idea de que los partidos son el desiderátum de la vida institucional. El mismo, correspondiendo a esa idea, proporcionaría las bases del Partido Socialista del sureste, junto con el purísimo revolucionario Felipe Carrillo Puerto. El antecedente de ese partido había sido el Socialista Obrero, constituido por alvaradistas el 12 de mayo de 1916, y del que fue vocal Héctor Victoria y más tarde ameritadísimo constituyente que mucho habría de influir en la ya mencionada redacción del artículo 123.
Debe señalarse, por último, que a lo largo de su obra escrita y de gobierno Salvador Alvarado mostró vivo entusiasmo por la libertad municipal, "base de la reorganización política nacional", y con la cual replanteó la vieja controversia anticentralista que nutrió las energías del pueblo mexicano desde su nacimiento como nación independiente.
El hombre de ideas y de ideales fue también generador de realidades. Su labor en el gobierno de Yucatán, iniciada hace exactamente 70 años, y gracias a la cual el constitucionalismo pudo convertirse en movimiento triunfador, atestigua que en la práctica Alvarado fue congruente con sus planteamientos doctrinarios.
Por lo anterior, ante esta soberanía, los diputados de los nueve distritos electorales de Sinaloa formulamos la siguiente iniciativa:
Que el nombre del ilustre luchador e ideólogo Salvador Alvarado sea inscrito con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados, en reconocimiento a sus métodos de revolucionario mexicano y para que se sirva de inscripción y ejemplo a quienes piensen que el desarrollo de las sociedades no tiene más límite que la voluntad transformadora de sus hombres.
Diputados: Salvador Robles Quintero, coordinador de la diputación sinaloense; Salvador Esquer Apodaca, Marco Antonio Espinosa Pablos, Mario Niebla Alvarez, Diego Valadés Ríos, José Ángel Pescador, María Luisa Solís Payán, Adrián González García, Renato Vega Alvarado."
El C. Presidente - Tiene la palabra el C. diputado Rodolfo Menéndez Menéndez.
El. C. Rodolfo Menéndez Menéndez: - Setenta años después de su entrada a Yucatán los perfiles de grandeza que elevan a Salvador Alvarado a la estatura de los más connotados héroes de la Revolución Mexicana, se iluminan y amplifican. Su figura que ha recibido como pocas la agresión de la calumnia, aparece cada vez más nítida no sólo para los yucatecos, sino para los revolucionarios todos: los de ayer, y los de hoy.
Setenta años se cumplieron, del inicio de un gobierno estatal que sacudió profundamente la estructura social yucateca, bajo la bandera puesta en el futuro de un puesto glorioso y entonces oprobiosamente esclavizado.
"Encontré a Yucatán en plena servidumbre. Miles de desgraciados, por la culpa de instituciones tradicionales de vicios sociales tan fuertemente enraizados que parecían indestructibles, languidecían de generación en generación con la vida vendida a los amos". Así describe el propio Alvarado las condiciones en que se encontraba Yucatán al arribo de las fuerzas constitucionalistas.
En efecto, cuando el general Alvarado llega a Yucatán en 1915, encuentra una sociedad envilecida por la tienda de raya, la tortura, el derecho de pernada, la compraventa de seres humanos, e analfabetismo y el hambre, todo esto, en pleno siglo XX, en afrentosa convivencia con la ostentación, el derroche y la mascarada de un extranjerismo sin sentido.
En menos de tres años de gobierno, el insigne revolucionario sinaloense pone los cimientos sobre los cuales comenzaría a construirse no sólo el Yucatán moderno sino el actual Estado Mexicano.
Su acción transformadora se extiende a los más amplios campos de la vida en común y toca las más profundas fibras de la colectividad.
Antes de revisar la obra de Alvarado, debemos recordar que a finales de 1914, nuestra revolución no estaba todavía más que en sus etapas iniciales, faltaban años para que se consolidara el movimiento y todavía no se delineaban con claridad muchos de los planteamientos que cobraría vigor en la Constitución de 1917.
Uno de los grandes méritos de Alvarado, que hoy reconocemos desde esta tribuna, fue que al tiempo que los concibió, puso en práctica cambios radicales en las estructuras sociales y económicas de Yucatán, creando una legislación e instituciones avanzadas para la época, que habrían de marcar los caminos que más tarde recorrería el constitucionalismo, primero al consignarlas en la carta de 1917 y después en las acciones de los gobiernos de Carranza, de Obregón, de Calles y de Cárdenas.
Salvador Alvarado reunió en su persona las características de un conceptualizador que
tubo el vigor y la enjundia para poner en práctica el ideario revolucionario. Fue, - y eso lo distingue - , al mismo tiempo, ideólogo, conductor y ejecutor, fidelísimo, de los propósitos de justicia social que orientaron al movimiento transformador de 1910.
Promotor y protagonista; diseñador y constructor al unísono, que estableció pauta para que otros siguieran más tarde, Alvarado ofreció al carrancismo y a la Revolución Mexicana, con el esfuerzo del pueblo yucateco, una fuente de abastecimiento de recursos económicos que fue pilar fundamental en la conducción del movimiento, que hizo posible nuestro acceso a la democracia.
Esto último, el aporte de este afanoso pueblo yucateco a la Revolución Mexicana, sólo se logra entender con claridad, cuando se advierte la realidad del Yucatán de aquel entonces, realidad que significaba riqueza generada por una sólida industria henequera, que montaba sobre la servidumbre humana de los campesinos mayas, proporcionaba un torrente de divisas que a más de proveer lo necesario para sostener la economía local, resultaba inapreciable para los propósitos del carrancismo.
El Yucatán no se daba, como en la mayor parte de la República, la convulsión revolucionaria. Mientras en otros lugares había seguridad en el tránsito de las personas y tampoco en el tráfico de las mercancías, lo cual ponía serias limitantes a la actividad económica en su conjunto e impedía en buena medida, el acopio de recursos necesarios para alimentar al proceso revolucionario, en la península, la paz existente permitía que la actividad henequera se desarrollara sin dificultad a través de un amplísimo sistema ferroviario complementario por puertos de salida para el producto de exportación, desde donde se embarcaba el henequén cuyas utilidades podían ser cobradas sin tropiezo. En suma Yucatán significaba la existencia de una industria bien organizada de una adecuada infraestructura y de una circunstancia favorable que permitía el buen funcionamiento de ambas, haciéndolas instrumento eficaz de generación de una riqueza indispensable para los propósitos revolucionarios.
En este contexto, en febrero de 1915, y siendo gobernador preconstitucional de Yucatán don Toribio de los Santos, estalló en el Estado un movimiento rebelde que tenía por objeto político el evitar que la revolución fuera conducida hasta ese confín de la patria aislándose a Yucatán de la acción transformadora. Encabezó el movimiento reaccionario un sinvergüenza llamado Abel Ortiz Argumedo, promovido y apoyado por la llamada "Casta Divina", poderosa oligarquía que aterrorizaba ante la idea de que la Revolución le quitará definitivamente sus privilegios, decidió hacer la defensa de sus intereses intentando segregar al Estado de Yucatán del movimiento de renovación nacional.
Al genio militar y político de Carranza correspondió comprender cabalmente la importancia estratégica de aquel jirón del país y de encontrar y designar al hombre que fuera capaz, por un lado y en primer término, de someter a los rebeldes argumentistas, y posteriormente mantener las condiciones para que siguiera funcionando el engranaje económico yucateco, basado en la agroindustria henequera, aplicando al mismo tiempo, las acciones necesarias para avanzar en el proyecto transformador del movimiento social constitucionalista.
Tarea para un titán, tarea para otro genio.
Ese fue Salvador Alvarado.
El 19 de marzo de 1915 entra en la ciudad de Mérida nuestro héroe para poner "las armas de la Revolución al servicio del ideal", como él mismo afirma respecto de los propósitos de su actuación.
Para dibujar la perspectiva que advirtió a su llegada, ningún pincel mejor que sus propias palabras:
"Encontré - dice Salvador Alvarado - que la riqueza de aquel pueblo bueno y fuerte, hechos para mejorar destinos no tenía otro fundamento ni otro origen que el trabajo del indio. Sobre su miseria y sobre su ignorancia, que le convertían en máquina de labor, se habían levantado fabulosos capitales, y se habían labrado fortunas de príncipes.
"En ninguna parte como aquella tierra, que espiritualmente estaba viviendo una vida de tres siglos atrás, era necesaria la renovación de todas las fuerzas y el equilibrio de todos los derechos - continúa diciendo.
" Para esta obra urgente y rápida me dispuse desde el primer momento con todo el brío de que era yo capaz pero quise hacerla en un sentido puro y levantado, que le diera efectividad definitiva y que no convirtiera la obra de la Revolución, que yo estaba obligado a realizar, en un simple removimiento de las cosas, a por favor del cual se levantará un nuevo vértigo de pasiones y de desorden, y entrarán a aprovecharse los ladinos y los logros que siempre están al asecho de que se revuelvan las aguas para echar sus redes..."
Y así expresaba la definición de su voluntad revolucionaria:
"...no podía permitir ya que unos cuantos, considerándose los asistidos de una especie de derecho divino, vivieran del trabajo de los demás y guardarán para ellos una existencia egoísta de acaparamiento y de placeres, de soberbia de casta y de privilegio de sangre..."
Es aquí justo y necesario que acerquemos la lupa del reconocimiento a lo más significativo y trascendente de su obra de gobierno de Yucatán.
La tarea social de Alvarado, podría sintetizarse con la afirmación contundente de que mediante sus acciones, sesenta mil siervos fueron transformados en ciudadanos libres y conscientes de la necesidad de su participación en la renovación colectiva.
Es la libertad condición básica para la felicidad de los pueblos. De aquí que este hombre
se encuentre en el origen de la alegría yucateca.
Por lo que ve a la reforma económica, durante su corto pero extraordinariamente efectivo gobierno, Salvador Alvarado luchó contra los monopolios internacionales para elevar el precio del henequén, cuestión ésta que logró en beneficio del pueblo yucateco trabajador y de su causa: fundó la primera flota mercante yucateca para abaratar las exportaciones; rescató de la quiebra y amplio considerablemente los ferrocarriles yucatecos: construyó sanatorios para obreros; rehabilitó y modernizó la industria cordelera; construyó caminos y creó una comisión encargada de importar y vender a precio de costo los artículos de primera necesidad, antecedente, esta comisión, de Conasupo; adquirió por primera vez en cantidad suficiente, petróleo crudo para disponer de energéticos suficientes en el Estado: financió las primeras explotaciones petroleras en el sureste de México.
Alvarado condujo también una reforma cultural de extraordinario alcance. Recién llegado a la gubernatura expidió la Ley General de Educación Pública que crea la escuela rural, cuya enseñanza debía ser laica, gratuita obligatoria e integral, estableciendo así el antecedente del artículo 3o. de la Constitución. Fundó las escuelas de Agricultura y de Bellas Artes. En 1916 convocó a un Congreso pedagógico bajo la presidencia del profesor Rodolfo Menéndez de la Peña. Fundó el conservatorio de música y el ateneo peninsular - una de las más prestigiadas instituciones culturales desde esa época.
Establece una biblioteca en cada municipio y en cada hacienda henequenera. Al terminar su gestión, en 1918, se habían construido más de 1,000 escuelas, casi a razón de una por día, que atendidas por dos mil maestros y con un presupuesto de dos millones y medio de pesos, equivalentes al 40% del presupuesto total de egresos del gobierno de Alvarado, fueron palanca para rescatar de la ignorancia al pueblo vencido, antaño poseedor de una de las culturas más asombrosas de la antigüedad.
En otro orden de ideas, el revolucionario sinaloense, proscribe la servidumbre doméstica sin salario, en un acto que busca emancipar a la mujer, redimiéndola de lo que él mismo describe... "como un síntoma del extraño retardamiento en las costumbres, que en Yucatán formaba contraste con el desarrollo cultural mercantil de ciertas clases sociales, encontré con dolor que, así como había miles de esclavos en los campos, también había en las ciudades miles de pobres mujeres sometidas a la servidumbre domestica, en una forma que con apariencia de paternidad era de hecho una positiva esclavitud.
"El servicio de las casas ricas y acomodadas se hacía por docenas de pobres mujeres, indias o mestizas, que vivían encerradas trabajando incesantemente, sin más salario que el techo, la ropa y la comida, inútiles para la vida libre, estériles para el amor, muertas para la esperanza".
En enero de 1916, Salvador Alvarado, organiza el primer Congreso Feminista celebrado en la República Mexicana del cual se derivaban algunas conclusiones que hoy todavía parecen inalcanzables en términos del propósito igualitario hacia la mujer.
En materia legislativa, su obra es de trascendencia invaluable. Destacan por su anticipación, por su interés colectivo y por su concepción ideológica profundamente progresista, las leyes agraria, de Hacienda, del Trabajo, del castro y la Ley Orgánica de los municipios del Estado, leyes, estas denominadas "las cinco hermanas" todas, salvo esta última, preconstitucionales y que indudablemente ejercieron decidida influencia sobre el Congreso constituyente de 1917.
En tres años de conducción política expide 753 decretos que crean una verdadera estructura jurídica, parte de la cual sigue hasta la fecha vigente. Los puros considerados de tales leyes, son verdaderos Manuales del buen revolucionario, que proyectan la vocación de un verdadero agente de transformación, profundo conocedor de los vicios sociales que afligían a México y promotor ferviente de un auténtico Estado de derecho.
La Ley Agraria prevé la organización del Banco Agrícola, 11 años antes de que Calles diera vida a una tal institución.
La ley del trabajo estableció las juntas de Conciliación y Arbitraje para resolver las controversias obrero - patronales. Asimismo, establece la jornada máxima en el campo y en la ciudad y el salario mínimo. El 123 constitucional se inspira fundamentalmente de las ideas contenidas en la Ley Obrera de Yucatán.
La ley de Hacienda, por su lado contiene adelantos tan notables como la previsión de un impuesto único al consumo que es el claro antecedente del Impuesto al Valor Agregado.
La ley del catastro se vincula íntimamente con la de Hacienda y contiene la adelantada concepción de un Registro Público de la Propiedad incorporado a la dirección del catastro.
En menos de tres años, Alvarado logra en Yucatán reorganizar el sistema económico y modernizar estructuralmente la Administración Pública, moralizándola.
Lleva a cabo una gran reforma educativa y una importante obra legislativa.
Dignifica a los trabajadores y a la mujer y establece una base cultural para el desarrollo social.
Diseña y conduce todo un proyecto integral en lo político, lo económico y lo social, que no sólo impacta a la sociedad yucateca, sino que habría de extenderse a la nación entera estableciendo en buena medida las bases de modernidad de Estado mexicano.
Queda claro que la acción alvaradista en Yucatán es mucho más que la de un guerrero . Es la de un estadista cabal y visionario; constitucionalista en el más amplio sentido del término; conductor de gente y de ideales
fundados en el humanismo liberal; prácticamente obstinado de la legalidad, de la igualdad entre los hombres y de la honradez a toda prueba.
Fue así y fue por esto, como ingresó el general Salvador Alvarado, con paso firme y redoblado, rumbo a la eternidad de la gratitud yucateca.
De aquí que hoy, la conciencia política de Yucatán, por mi humilde voz, pida a esta honorable asamblea que comparta el honor, con quien el honor merece.
Por todo lo anterior señor presidente, la diputación de Yucatán en esta LIII Legislatura, formula la siguiente iniciativa, rogándole a usted se sirva dar el trámite que corresponde; que se inscriba con letras de oro el nombre del general Salvador Alvarado en el recinto de esta H. Cámara de Diputados.
México, D. F., 28 de noviembre de 1985.
Iniciativa para que se inscriban con letras de oro el nombre del general Salvador Alvarado en el recinto de esta honorable Cámara de Diputados.
Diputados: Rodolfo A. Menéndez Menéndez, Renán Solís Avilés Wilberth Chi Góngora, Nerio Torres Ortiz."
Encontré a Yucatán en plena servidumbre. Miles de desgraciados por culpa de instituciones tradicionales y de vicios sociales tan fuertemente enraizados que parecían indestructibles, languidecían de generación en generación con la vida vendida a los amos. Así describe el propio Alvarado las condiciones en que se encontraba Yucatán al arribo de las fuerzas constitucionalistas.
En efecto, cuando el general Alvarado llega a Yucatán en 1915, encuentra una sociedad envilecida por la tienda de raya, la tortura, el derecho de pernada, la compraventa de seres humanos, el analfabetismo y el hambre. Todo esto en pleno siglo XX, en afrentosa convivencia con la ostentación, el derroche y la mascara de un extranjerismo sin sentido.
En menos de 3 años de gobierno, el insigne revolucionario sinaloense se pone los cimientos sobre los cuales comenzará a construirse no sólo el Yucatán moderno, sino el actual Estado mexicano. Su acción transformadora se extiende a los más amplios campos de la vida en común, y toca las más profundas fibras de la colectividad.
Antes de revisar la obra renovadora de Alvarado, debemos recordar que a finales de 1914 nuestra Revolución no estaba todavía más que en sus etapas iniciales. Faltaban años para que se consolidara el movimiento, y todavía no se delineaban con claridad muchos de los planteamientos que cobraría vigor en la Constitución de 1917.
Uno de los grandes méritos de Alvarado, que hoy reconocemos desde esta tribuna, fue que al tiempo que los concibió puso en práctica cambios radicales en las estructuras parciales y en las económicas de Yucatán, creando una legislación e instituciones avanzadas para la época, que habrían de marcar los caminos más tarde recorrería el constitucionalismo, primero, al consignarlas en la Carta de 1917, y después, en las acciones de los gobiernos de Carranza, de Obregón de Calles y de Cárdenas.
Salvador Alvarado reunió en su persona las características de un conceptualizador que tuvo el vigor y la enjundia para poner en práctica el ideario revolucionario. Fue y eso lo distingue, al mismo tiempo ideólogo, conductor y ejecutor fidelisimo de los propósitos de justicia social que orientaron al movimiento de 1910. Promotor y protagonista, diseñador y constructor al unísono, estableció pautas para que otros siguieran más tarde, Alvarado ofreció al carrancismo y a la Revolución Mexicana, con el esfuerzo del pueblo yucateco, una fuente de abastecimiento de recursos económicos que fue pilar fundamental en la conducción del movimiento que finalmente hizo posible nuestro acceso a la democracia.
Esto último, el aporte de ese afanoso pueblo yucateco a la Revolución Mexicana, sólo se logra entender con claridad cuando se advierte la realidad de Yucatán de aquel entonces. Realidad que significa riqueza generada por una sólida industria henequenera que montada sobre la servidumbre humana de los campesinos mayas, proporcionaba un torrente de divisas que a más de proveer lo necesario para sostener la autonomía local, resultaba inapreciable para los propósitos del carrancismo.
En Yucatán no se daba como en la mayor parte de la República, la convulsión revolucionaria. Mientras en otros lugares había seguridad en el tránsito de las personas y tampoco en el tráfico de las mercancías, lo cual ponía serias limitantes a la actividad económica en sus asuntos e impedía en buena medida el acopio de recursos necesarios para alimentar el proceso revolucionario, en la península la paz existente permitía que la actividad henequenera se desarrollara sin dificultad a través de un amplísimo sistema ferroviario complementado por puestos de salida para el producto de exportación, desde donde se embarcaba el henequén cuyas utilidades podían ser cobradas sin tropiezo. En suma Yucatán significaba la existencia de una industria bien organizada, de una adecuada infraestructura, y de una circunstancia favorable que permitía el buen funcionamiento de ambas haciéndolas instrumento eficaz de generación de una riqueza indispensable para los propósitos revolucionarios.
En este contexto, en febrero de 1915 y siendo gobernador pre - constitucional de Yucatán don Toribio de los Santos, estalló en el estado un movimiento rebelde que tenía por objeto político el evitar que la Revolución fuera conducida hasta ese confín de la patria, aislándose a Yucatán de la acción transformadora.
Encabezó el movimiento reaccionario un sinvergüenza llamado Abel Ortiz Argumedo, promovido y apoyado por la llamada "Casta Divina", poderosa oligarquía que aterrorizada ante la idea de que la Revolución le quitara
definitivamente sus privilegios, decidió hacer la defensa de sus intereses intentando segregar al Estado de Yucatán del movimiento de renovación nacional.
Al genio militar y político de Carranza correspondió comprender cabalmente la importancia estratégica de aquel girón del país, y de encontrar y designar al hombre que fuera capaz, por un lado y en primer término, de someter a los rebeldes argumentistas y posteriormente mantener las condiciones para que siguiera funcionando el engranaje económico yucateco basado en la agroindustria henequenera, aplicando al mismo tiempo las acciones necesarias para avanzar en el proyecto transformador del movimiento social constitucionalista, tarea esta para un tirón, tarea para otro genio, este fue Salvador Alvarado.
El 19 de marzo de 1915, entra en la ciudad de Mérida nuestro héroe para poner las armas de la Revolución al servicio del ideal como él mismo afirma, respecto de los propósitos de su actuación.
Para dibujar la perspectiva que advirtió a su llegada, ningún pincel mejor que sus propias palabras: Encontré, dice Salvador Alvarado, que la riqueza de aquel pueblo bueno y fuerte, hecho para mejores vecinos, no tenía otro fundamento ni otro origen que el trabajo del indio, sobre su miseria y sobre su ignorancia que le convertían en máquina de labor, que habían levantado fabulosos capitales y que habían labrado fortunas de príncipes.
En ninguna parte como en aquella tierra que espiritualmente estaba viviendo una vida de tres siglos atrás, era necesaria la renovación de todas las fuerzas y el equilibrio de todos los derechos, - continúa diciendo - . Para esta obra urgente y rápida me dispuse, desde el primer momento con todo el brío de que era yo capaz. Pero quise hacerla en un sentido puro y levantado que me diera efectividad definitiva y que no convirtiera la obra de la revolución que yo estaba obligado a realizar en un simple removimiento de las cosas a favor del cual se levantara un nuevo vértigo de pasiones y de desorden, y entraran a aprovecharse los ladinos y los logreros, que siempre están al asecho de que se revuelvan las aguas para echar sus redes.
Y así expresa la definición de su voluntad de revolucionario.
No podía permitir ya que unos cuantos, considerándose los asistidos de una especie de derecho divino, vivieran del trabajo de los demás y guardaran para ellos una existencia egoísta de acaparamiento y de placeres, de soberbia de casta y de privilegio de sangre. Es aquí justo y necesario que acerquemos la lupa del reconocimiento a lo más significativo y trascendente de su obra de gobierno en Yucatán.
La tarea social de Alvarado podría sintetizarse con la afirmación contundente de que mediante su acción 60 mil ciervos fueron transformados en ciudadanos libres y conscientes de la necesidad de su participación en la renovación colectiva. Es la libertad condición básica para la felicidad de los pueblos, de aquí que este hombre se encuentra en el origen de la alegría yucateca.
Por lo que ve a la reforma económica, durante su corto pero extraordinariamente efectivo Gobierno, Salvador Alvarado luchó contra los monopolios internacionales para elevar el precio del henequén, cuestión esta que logró en beneficio del pueblo yucateco trabajador y de su causa; fundó la primera flota mercante yucateca para abaratar las exportaciones, rescató de la quiebra y amplió considerablemente los ferrocarriles yucatecos, construyó sanatorios para obreros, rehabilitó y modernizó la industria cordelera; construyó caminos y creó una comisión encargada de importar y vencer a precio de costo los artículos de primera necesidad, antecedente esta comisión de Conasupo; adquirió por primera vez en cantidad suficiente petróleo crudo para disponer de energéticos suficientes en el Estado, financió las primeras explotaciones petroleras en el sureste de México.
Alvarado condujo también una reforma cultural de extraordinario alcance; recién llegado a la gubernatura, expidió la Ley General de Educación Pública que crea la escuela rural cuya enseñanza debía ser laica, gratuita, obligatoria e integral, estableciendo así el antecedente directo del artículo III de la Constitución. Fundó las escuelas de Agricultura y de Bellas Artes.
En 1916 convocó a un congreso pedagógico bajo la presencia del profesor Rodolfo Menéndez de la Peña, fundando además el conservatorio de música y el ateneo peninsular, una de las más prestigiadas instituciones culturales desde esa época.
Establece una biblioteca en cada municipio y en cada hacienda henequenera. Al terminar su gestión, en 1918, se había construido más de mil escuelas, casi a razón de una por día que atendidas por 2 mil maestros y con un presupuesto de 2 millones y medio de pesos equivalente al 40% del presupuesto total de egresos del gobierno de Alvarado, fueron palanca para rescatar de la ignorancia a un pueblo vencido antaño poseedor de una de las culturas más asombrosas de la antigüedad .
En otro orden de ideas, el revolucionario sinaloense proscribe la servidumbre doméstica sin salario en un acto que busca emancipar a ala mujer, redimiéndola de lo que él mismo describe como síntoma de extraño retardamiento en las costumbres que en Yucatán formaba contraste con el desarrollo cultural y mercantil de ciertas clases sociales. Encontré, decía, con dolor que así había miles de esclavos en los campos y así como existía ésto, también había en la ciudad miles de pobres, mujeres sometidas a la servidumbre doméstica en una forma que con apariencia de paternidad era de hecho una positiva esclavitud. El servicio de las casas ricas y acomodadas se hacía por docenas de
pobres mujeres indias o mestizas que vivían encerradas trabajando incesantemente sin más salario que el techo, la ropa y la comida; inútiles para la vida libre, estériles para el amos, muertas para la esperanza.
En enero de 1916 Salvador Alvarado organiza el primer congreso feminista celebrado en la República Mexicana del cual se derivan algunas conclusiones que hoy todavía aparecen inalcanzables en términos del propósito igualitario hacia la mujer.
En materia legislativa, su obra es de trascendencia invaluable, destacan por su anticipación, por su interés colectivo y por su concepción ideológica profundamente progresista las leyes agrarias, la de Hacienda, del Trabajo, del Catastro y la Ley Orgánica de los municipios del Estado, leyes estas denominadas "las cinco hermanas", todas salvo esta última, preconstitucionales que indudablemente ejercieron decidida influencia sobre el congreso constituyente de 1917.
En tres años de conducción política expide 753 decretos que crean una verdadera estructura jurídica, parte de la cual sigue hasta la fecha vigente. Los puros considerados de tales leyes son verdaderos manuales del buen revolucionario, que proyectan la vocación de un verdadero agente de transformación, profundo conocedor de los vicios sociales que afligían al México de entonces y promotor ferviente de un auténtico estado de derecho. La Ley agraria prevé la organización del Banco Agrícola, 11 años de que Calles diera vida a una tal institución. La Ley del Trabajo estableció las juntas de conciliación y arbitraje para resolver las controversias obrero - patronales y así mismo establece la jornada máxima en el campo y en la ciudad, y el salario mínimo.
El 123 constitucional se inspira fundamentalmente de las ideas contenidas en la Ley Obrera de Yucatán. La Ley de Hacienda, por su lado, contiene de adelantos tan notables como la previsión de un impuesto único al consumo que es el claro antecedente del impuesto al valor agregado. La Ley del catastro se vincula íntimamente con la de Hacienda y contiene en la adelantada concepción de un registro público de la propiedad, incorporado a la dirección del catastro.
En menos de tres años Alvarado logra en Yucatán reorganizar el sistema económico y moderniza estructuralmente la Administración Pública, moralizándola y modernizándola; lleva a cabo gran reforma educativa y una importante obra legislativa; dignifica a los trabajadores y a la mujer y establece una base cultural para el desarrollo social ; diseña y conduce todo un proyecto integral en lo político, lo económico y lo social, que no sólo impacta a la sociedad yucateca, sino que habría de extender a la nación entera, estableciendo en buena medida las bases de modernidad del estado mexicano.
Queda claro que la acción alvaradista en Yucatán es mucho más que la de un guerrero, es la de un estadista cabal y visionario, constitucionalista en el más amplio sentido de término, conductor de agente y de ideales fundados en el humanismo liberal. practicando obstinado de la igualdad entre los hombres y de la honradez a toda prueba; fue así y fue por ésto como ingresó el general Salvador Alvarado, con paso firme y redoblado, rumbo a la eternidad de la gratitud yucateca, de aquí que hoy la conciencia política de Yucatán, por mi humilde voz, pida a esta H. asamblea que comparta el honor con quien el honor merece.
Por lo anterior, señor presidente, la diputación de Yucatán es esta LIII Legislatura formula la siguiente iniciativa, rogándole a usted se sirva dar el trámite que corresponde. Que se inscriba con letras de oro el nombre del general Salvador Alvarado en el recinto de esta H. Cámara de Diputados. Firman los miembros de la diputación de Yucatán, este 28 de noviembre de 1985. Muchas gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Eraclio Zepeda Ramos.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Con profunda satisfacción la fracción parlamentaria del PSUM apoya la iniciativa para que el nombre del general Salvador Alvarado esté presente en letras de oro en nuestro recinto parlamentario.
Como chiapaneco, además, no puedo dejar de recordar que hoy es precisamente con el general Alvarado que el principio de la Revolución se inicia en Chiapas; los señores habían mantenido una calma absolutamente artificial en Chiapas, es Alvarado quien lleva la Revolución, es Alvarado quien ha libertado a los peones, es Alvarado quien termina las tiendas de raya, es Alvarado quien empieza la lucha por la reforma agraria al salir Alvarado de Chiapas sus ideas persisten. Y sin embargo, son los finqueros chiapanecos los que se levantan en armas en contra de la Revolución, junto con sus propios peones, y los peones en Chiapas mueren en ese momento, mueren por estar ellos mismos en contra de la tienda de raya; mueren los peones por estar en contra de la libertad de los peones, mueren los peones por estar en contra de la reforma agraria.
Nunca manipulación más grande se dio en México de lo señores, llevando a sus servidores a combatir en contra de ellos y al servicio de los amos. Las idea s del general Alvarado se mantuvieron políticamente en Chiapas. Por desgracia, desde el punto de vista del equilibrio de las fuerzas, no tuvimos la fortuna de ver triunfar sus ideas en Chiapas en aquel momento.
En Chiapas, y esto es conveniente que se recuerde, no triunfa la Revolución. La Revolución pacta con la contrarrevolución. Y el primer gobernador revolucionario y electo democráticamente, es precisamente el caudillo de las fuerzas reaccionarias. Esto explica
el profundo atraso agrario en Chiapas durante mucho tiempo. Por eso es que el nombre del general Alvarado nos sigue inspirando a nosotros en Chiapas para continuar con las luchas que él planteó desde un principio. Y cuando un revolucionario auténtico es honrado, todos los diputados saben que son herederos de un nombre grande y de un revolucionario grande.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: una forma de honrar al glorioso revolucionario, Salvador Alvarado es, en el día de hoy, apoyar las juntas luchas agrarias que en Chiapas se dan, para que sus ideas triunfen definitivamente. Por ese motivo, nosotros apoyamos con entusiasmo la iniciativa aquí presentada. Gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: - Sobre el mismo asunto tiene uso de la palabra el C. diputado José Felipe Flores Gutiérrez.
El C. José Felipe Flores Gutiérrez: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, apoya la iniciativa presentada, porque hablar de Salvador Alvarado, es hablar de educación, de trabajo, y sobre todo, de honestidad.
Pero lo más importante fue la fuerza creadora para la organización del Partido Socialista del Sureste, que posteriormente fue el partido que organizó, en el Estado de Campeche, el Partido Socialista Agrario, dejando una clara visión del socialismo en el Sureste de México, el que Carrillo Puerto tomó como bandera para la defensa de las obras de los obreros, perdón, y los campesinos del Sureste. No podía dejar pasar este momento para venir a esta tribuna y manifestar el reconocimiento de la labor patriótica que llevó a efecto el general Salvador Alvarado.
Los que me antecedieron en el uso de la palabra, fueron ya lo suficientemente explícitos, por lo que creo no hace falta extenderme más en el tema. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Túrnese ambas iniciativas a la Comisión Especial...
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Señor presidente, pido la palabra sobre el mismo tema.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Queremos manifestar nuestra adhesión a la propuesta que han hecho los legisladores sinaloenses.
Salvador Alvarado perteneció a una generación que ha dejado una huella muy importante en las ideas políticas y en la transformación de progresista de nuestro país.
Todo un grupo de generales y de militares que con las armas en la mano primero y con las armas de las ideas después, participaron en esta transformación que ha dado origen al México moderno con todas sus contradicciones, con todos sus problemas. Pero también con todos sus avances. Toda esta generación puede representarse simbólicamente en Salvador Alvarado.
No es posible desligar a Alvarado de su generación. No es posible dejar de hablar de Ángel Flores o de Múgica o de Lucio Blanco, de muchas gentes que entendieron que había que ir a los hechos revolucionarios y que comprendieron que, incluso, había que terminar con lastres, con inercias, con formas que no iban a resolver y a entender, incluso, lo que estaba pasando en nuestro país en esos momentos.
Salvador Alvarado es un hombre de vanguardia, de vanguardia histórica. No Sólo por su lucha a favor de las mujeres, no sólo por su lucha contra las formas feudales, pues más degradantes que padecíamos en ese entonces, sino porque supo comprender y así actuó durante toda su vida, que había que ser congruente con las palabras, y él entendió que al final de cuentas, y por ello actuó durante toda su vida, entendió que la fuerza motriz de los cambios esenciales de la vida del país iban a ser los desposeídos, los humillados, los despolitizado, los desorganizados.
Su labor más preeminente fue precisamente una labor de organización, no tan solo, al menos una labor ejecutiva. El comprendió que había que organizar, que había que politizar, que había que educar para que la gente, la gente más humilde, la gente más sencilla pudiese actuar a favor de sus intereses y por los derechos de nuestro país.
Nosotros, pues, nos adherimos a esta propuesta, y comprendemos que la presencia de Salvador Alvarado permitirá hacer ver alguna que otra contradicción en los propios muros de la Cámara, contradicción, por ejemplo, que podría manifestarse en el hecho de que también en los muros de la Cámara se encuentre presente un gran estratega, un brillante militar, pero que a final de cuentas no supo ser congruente y no comprendió que el fenómeno del sufragio efectivo y la no reelección era una cosa que estaba ya presente para la vida institucional y la vida política de nuestro país. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Ambas iniciativas túrnese e la comisión especial nombrada para estos efectos.
LEY DE AMNISTÍA
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosario Ibarra de Piedra, para leer una iniciativa.
La C. Rosario Ibarra de Piedra: - Señor presidente; señoras y señores diputados:
«28 de noviembre de 1985.
En la historia de nuestro pueblo, y en la América Latina, la expedición de leyes de amnistía no es un fenómeno insólito. Sólo para mencionar los casos más recientes, en
los dos regímenes presidenciales anteriores al actual, se decretaron sendas amnistías. Y eso se debe a que, en determinadas fases de la historia del país, las fuerzas sociales han pugnado por imponer rectificaciones al actuar represivo del Estado.
No obstante que las dos últimas leyes significaron avances del movimiento popular, sus alcances fueron restringidos, porque fueron aplicados en forma desigual, con criterios discriminadores y a diferentes ritmos. Pero sobre todo, se limitaron a presos, perseguidos y exiliados políticos, dejando fuera el grave problema de los detenidos - desaparecidos que permanecen recluidos en cárceles clandestinas.
Se tiene noticia de que la práctica criminal de la detención - desaparición (inaugurada en el sexenio de Luis Echeverría Alvarez y practicada ininterrumpidamente hasta el día de hoy) ha sido aplicada a más de 500 mexicanos. Este delito está considerado en la Organización de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos como de lesa humanidad por las características de su tipología: se ejecuta con plena ventaja del agente sobre la víctima; tiende a anular la voluntad de éste y de quienes comparten con él sus convicciones políticas, y su esencia radica en no dejar rastros.
El tormento es consustancial a este ilícito, y afecta no únicamente a la víctima, sino también a sus seres queridos y partidarios.
Además, la práctica de la detención - desaparición tiene propósitos intimidatorios. Es una acción delictiva que no distingue edad ni condición social y, contra lo que comúnmente se cree, no sólo se ejerce contra militantes políticos - aunque éstos son su objetivo central - , sino contra sus familiares, amigos y conocidos. Se sabe de esos casos en los que la detención - desaparición se debe al apellido (por ejemplo Cabañas) o a la mala fortuna de enterarse de algo que compromete a los autores del hecho delictuoso.
La detención - desaparición sume a los familiares de la víctima en la angustia de la incertidumbre, y tiene el carácter de delito continuado cuya realización - en ocasiones - se prolonga por años.
En las cárceles mexicanas siguen privadas de su libertad personas que no han cometido más delito que luchar por sus derechos elementales: campesinos que reclaman las tierras de que han sido despojados; colonos que exigen servicios dignos de un ser humano; maestros que demandan la democratización de su sindicato.
La represión por motivos políticos ha tenido en México una trayectoria cambiante. Al principio se centró en el intento de liquidar a los grupos armados que proliferaron en la década de 1970, como uno de los resultados de la clausura, por parte del Gobierno, de otros caminos de participación política. Más tarde, al disminuir la incidencia de aquéllos, en la acción represiva se dirigió hacia los luchadores sociales: dirigentes campesinos, de obreros, estudiantiles, de colonos, intelectuales, etcétera. A manera de ejemplo, vale decir que, de 475 desaparecidos, a 400 que se les imputa oficialmente la participación en algún movimiento armado.
Es importante señalar que la cuenta de la represión no puede hacerse por sexenios, ya que la responsabilidad es institucional. No es admisible que se trate de eludir la responsabilidad de administradores anteriores con base en el cambio de funcionarios. La ley que se sugiere, pone fundamentalmente en el Presidente de la República la responsabilidad de resolver este tipo de problemas, debido al carácter de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Jefe de la Administración Pública Federal que el orden jurídico le asigna. Además, la fuerte tradición presidencialista que existe en México, deja en manos de ese funcionario un cúmulo importante de atribuciones.
Para asegurar el cumplimiento íntegro de la amnistía se prevé el establecimiento de una Comisión Especial Permanente, donde estén representadas todas las tendencias políticas existentes, lo mismo que el Frente Nacional Contra la Represión y el Comité Pro - Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. La inclusión de éstos se debe a que son los organismos que, en la práctica, han realizado la labor más permanente y efectiva en defensa de los derechos humanos. Desde su fundación, el Comité Pro - Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México y el Frente Nacional Contra la Represión han intervenido en un sin número de casos, y no es exagerado afirmar que, por sus gestiones oportunas, se han salvado algunas vidas. Las listas que estos organismos han presentado, se consideran el punto de partida mínimo para la aplicación de esta ley.
Esta ley de amnistía se propone después de un largo proceso de lucha. La proceden gestiones, trámites, audiencias con funcionarios y muchos intentos más por conseguir la libertad de los detenidos - desaparecidos y de los presos políticos. La concebimos como un instrumento más de presión para la solución del problema.
La sola expedición de la ley no traerá una respuesta mágica, por lo cual se piensa continuar convocando a la movilización popular para contener la represión. El antecedente de que algunas autoridades han rendido informes falsos - señaladamente el ex procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez - justifica la propuesta de sancionar conductas como esas; lo mismo las autoridades que, debiendo cumplir con la amnistía, se nieguen a aplicarla y persistan en la represión.
Para este proyecto de ley tiene relevancia especial la definición de los móviles políticos. El artículo 8o. considera como tales las acciones desarrolladas con el fin de cambiar las estructuras del Estado o por reivindicaciones
económicas, políticas, democráticas o sociales. Esta nueva ley de amnistía se suma a la lucha histórica del pueblo de México por hacer realidad la vigencia plena de los derechos humanos.
No concebimos la amnistía como un "perdón a los que se equivocaron", sino como la reparación de una injusticia; como uno más de los elementos que debemos crear para frenar el ejercicio despótico de la autoridad; como un propiciador de la libertad y como un motor de la democracia. Al detener a la arbitrariedad se contribuye a la libre participación, a la expresión, a la manifestación. Y éstas son indispensables para avanzar en el camino de la transformación de esta sociedad. Este es nuestro objetivo; esa es nuestra motivación.
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio del derecho previsto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la expedición de la presente Ley de Amnistía en base a la facultad que la fracción XXII del artículo 73 constitucional otorga al Congreso de la Unión.
LEY DE AMNISTÍA
Artículo 1o. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas y superior jerárquico del titular de la Procuraduría General de la República, ordenará al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, a las policías y demás corporaciones de seguridad pública, así como a los elementos a sus órdenes, la inmediata libertad de los detenidos - desaparecidos que se encuentren en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.
Artículo 2o. El Ejecutivo Federal promoverá la libertad de los detenidos - desaparecidos en poder de las autoridades estatales.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por detenido - desaparecido todo opositor, disidente político o participante en luchas y reivindicaciones, económicas, políticas, democráticas o sociales, cuyo paradero se desconoce, recluido en sitios clandestinos, sujeto a incomunicación, tortura y malos tratos, a quien el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y demás organismos de seguridad, mantienen privado de su libertad sin forma legal alguna.
Artículo 4o. Se entiende la caracterización de detenido - desaparecido a la persona cuyo desaparecimiento pueda intimidar, dejar en estado de indefensión o condicionar la actuación de opositores políticos, en particular niños, mujeres gestantes y grupos familiares.
Artículo 5o. Se decreta la extinción de las acciones y sanciones penales, se dejan sin efecto las sentencias condenatorias y se ordena la inmediata libertad de todas las personas que se encuentren presas, detenidas sin proceso, indiciadas, procesadas, sentenciadas, en virtud de acusaciones de delitos derivados de hechos y actos de contenidos y móviles políticos. Igualmente se dejan sin efecto las órdenes de aprehensión o de captura de los perseguidos y se autoriza el retorno al país de los exiliados por causas similares.
Artículo 6o. La amnistía también será procedente si con los delitos políticos concurren otros del orden común, si estos últimos se cometen con el propósito de asegurar la eficacia de aquellos, para procurar medios de ejecución, para facilitarlos, consumarlos o asegurar la impunidad.
Artículo 7o. Para el caso de los presos, perseguidos y exiliados políticos, el Ejecutivo Federal hará las mismas gestiones que prevé el artículo 2o. ante los gobiernos estatales.
Artículo 8o. Se entiende por móviles políticos toda conducta desarrollada con el fin de cambiar las estructuras del Estado, o por reivindicaciones económicas, políticas, democráticas o sociales.
Artículo 9o. Se cancelan las órdenes de aprehensión y se decreta la terminación de todos los procesos y expedientes de averiguaciones previas, sea cual fuere el estado en que se encuentren; se dejan sin efecto las resoluciones judiciales, incluyendo las sentencias condenatorias que hubieren causado ejecutoria, por los hechos referidos en los artículos anteriores.
Artículo 10. Es irrenunciable la aplicación de la Ley de Amnistía, por ser sus disposiciones de orden público y de interés social.
Artículo 11. Para instrumentar y vigilar la aplicación de esta ley, se constituye una Comisión Especial Permanente que se integrará con un representante de cada fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y por igual número de representantes del Comité Pro - Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México y del Frente Nacional Contra la Represión, por las Libertades Democráticas y la Solidaridad. En dicha comisión no podrán participar personas involucradas en la detención - desaparición. El cargo del comisionado especial será honorario. Los gastos del funcionamiento de la comisión serán cubiertos íntegramente por el Gobierno Federal.
Para que una persona considerada como detenido - desaparecido pierda tal calidad, se requerirá:
I. Que obtenga su libertad.
II. Que sea demostrado fehacientemente su paradero.
Artículo 12. Como mínimo, son beneficiarios de esta ley las personas cuyos casos han sido presentados ante las autoridades por el Frente Nacional Contra la Represión o el Comité Pro - Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. La comisión recibirá además, las solicitudes que esos u otros organismos le presenten, o bien los propios interesados.
Artículo 13. Las autoridades administrativas, judiciales y los integrantes de organismos policiacos, militares, parapoliciacos y
paramilitares, o particulares que dependen directamente del Estado, que mantengan detenidas a personas de las que resultan beneficiadas con esta ley, serán sancionadas con la pena correspondiente al delito de plagio o secuestro. También serán sancionadas, con la pena correspondiente al delito de lesiones calificadas, la o las personas que ordenen o ejecuten torturas a los beneficiarios de esta amnistía.
Artículo 14. Se aplicará la pena del delito de encubrimiento a quienes teniendo o habiendo tenido conocimiento de la existencia de cárceles clandestinas, centros de tortura u otros sitios en los que se retenga a quienes tienen derecho a gozar de los beneficios de esta ley, no lo comuniquen a la comisión que establece el artículo 11 de la misma.
Artículo 15. Se sancionará con la pena más alta que corresponda al delito de falsedad en declaración ante la autoridad, a los funcionarios y autoridades que proporcionen o hayan proporcionado información falsa o incompleta o se nieguen a proporcionarla, de tal forma que obstaculicen la liberación de los detenidos - desaparecidos y de los presos políticos, así como el retorno al país de los exiliados.
Artículo 16. Las personas que habiendo sufrido la detención - desaparición y pese sobre ellas las amenazas de los autores, comparezcan a presentar denuncias o a rendir testimonios ante la Comisión Especial Permanente, serán protegidas en el goce de sus derechos y se impedirá todo tipo de represalia. Si el compareciente es un individuo que formó parte de algún cuerpo de torturadores o que tuvo que ver de alguna forma con la detención - desaparición, gozará de la protección a que se refiere el párrafo anterior, pero sin que esto signifique prejuzgar sobre la probable responsabilidad en que hubiere incurrido.
Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Especial Permanente tendrá amplias facultades para recibir denuncias verbales o escritas y para realizar las investigaciones que considere conveniente.
Artículo 18. Todas las autoridades del país están obligadas a permitir a los integrantes de la Comisión Especial Permanente el acceso sin restricciones a las cárceles, reclusorios, casas de detención, penales, penitenciarías, comisarías, demarcaciones, delegaciones, centros de readaptación social, inspecciones de policía, campos militares, estaciones migratorias, retenes militares y policiacos, la Dirección General de Seguridad Nacional y, en general, a cualquier lugar en donde se detengan personas o se les mantenga bajo custodia, cualquiera que sea el nombre o designación que se le dé al establecimiento o lugar. También están obligadas a permitirles el franco y libre acceso a cualquier oficina o lugar bajo la dependencia y control de dichas autoridades, aunque normalmente no sea utilizado para custodiar o detener personas. Igualmente están obligadas a rendirles, dentro de un plazo máximo de cinco días, todos los informes que sobre los hechos investigados, les soliciten.
Artículo 19. Las personas que hayan ejercido cargos públicos y que, durante su desempeño, hubieran estado implicadas en los hechos materia de la presente ley, están obligadas ante la comisión de rendir los informes que les sean solicitados, en los términos del artículo anterior.
Artículo 20. Las autoridades del país, federales, locales y municipales con mando de fuerza pública, están obligadas a proporcionar de inmediato a los integrantes de la Comisión Especial Permanente, el auxilio eficaz y eficiente de la fuerza a su mando, para asegurar que puedan obtener el libre acceso a los lugares donde hayan de practicar sus investigaciones.
Artículo 21. Mientras cualquier persona tenga el carácter de Comisión Especial, no podrá ser detenido por ninguna autoridad ni por ningún motivo. Si alguno fuere detenido durante el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, el Ejecutivo Federal dispondrá su inmediata libertad y, para lograrla, podrá hacer uso de todos los medios de apremio establecido en las leyes federales.
Artículo 22. Todas las autoridades del país con mando de fuerzas auxiliarán al Ejecutivo Federal para lograr rápida y absoluta libertad del comisionado detenido.
Artículo 23. En el desempeño de su cargo, los comisionados especiales no estarán sujetos a restricción alguna por razón de territorio, y podrán practicar sus investigaciones a cualquier hora del día o de la noche, y en cualquier día, inclusive inhábil.
Artículo 24. Para el cumplimiento de sus funciones, los comisionados especiales tienen facultades generales para conocer e indagar sobre cualquier hecho o suceso que sea materia de investigación que estén realizando, sin más limitaciones para los medios que emplee, que éstos no estén reprobados en el derecho, Por tanto, todas las autoridades del país les proporcionarán todos los datos que pidan, y les permitirán llevar a cabo todas sus averiguaciones o inspecciones y sacar u obtener todas las copias y constancias que crean necesarias.
Artículo 25. Si durante el curso de las investigaciones fueran encontradas personas de las que deben ser beneficiadas por esta ley, los comisionados especiales podrán ponerlas discrecionalmente en absoluta libertad, para lo cual las autoridades deberán proporcionarles toda clase de auxilio. Podrán, inclusive, retirar a los detenidos de su lugar de confinamiento llevándolos en el acto consigo.
Artículo 26. Cualquier persona que se considere beneficiada con esta ley, a la que no se le tome en cuenta por los encargados de aplicarla, tiene el derecho de acudir ante la Comisión Especial Permanente para solicitar acogerse a ella por sí o por interpósita persona. Los beneficiados de la Ley de Amnistía gozarán como cualquier ciudadano, de los derechos que consagran las leyes; las autoridades
serán responsables de proporcionar el pleno ejercicio de tales derechos.
Artículo 27. En el caso de los exiliados, las embajadas de México en los países donde los haya, deberán entregarles su pasaporte y comunicarles que tienen derecho a volver al país en el momento que lo deseen.
Artículo 28. Las disposiciones de la presente ley mantendrán su vigencia y beneficiarán a todas las personas cuya situación quede comprendida en alguna de sus hipótesis, hasta en tanto no se decrete una nueva Ley de Amnistía.
Artículo 29. La Comisión Especial Permanente verificará que cada uno de los beneficiados con esta ley, pueda contar con un documento que compruebe el otorgamiento de la amnistía.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La Comisión Especial Permanente se integrará a más tardar en 72 horas a partir de la vigencia de la presente ley, y celebrará su primera reunión en el salón de Protocolo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Rúbricas.»
El ciudadano diputado federal Carlos Enrique Cantú Rosas apoya el presente documento, exclusivamente en cuanto al estricto cumplimiento de las garantías individuales todos los ciudadanos y reprueba cualquier violación a los derechos humanos, universalmente reconocidos, apoyando la solicitud de investigación de cualquier denuncia que se presente relacionada con desaparecidos o presos políticos.
C. diputado Carlos Cantú Rosas.
La C. Rosario Ibarra de Piedra: - Y hay una adhesión que dice así: "el diputado federal Carlos Cantú Rosas apoya el presente documento, exclusivamente en cuanto al estricto cumplimiento de las garantías individuales a todos los ciudadanos y reprueba cualquier violación a los derechos humanos, universalmente reconocidos, apoyando la solicitud de investigación de cualquier denuncia que se presente, relacionada con desaparecidos o presos políticos".
Haremos entrega a esta presidencia de esta ley y una lista de 126 presos políticos y 475 detenidos desaparecidos. Queremos decir, señoras y señores diputados, que pensamos que hay muchísimos más presos y desaparecidos políticos en este país.
Se han externado opiniones y además la práctica nos lo ha dicho que debe haber una cantidad aproximada a los 10 mil desaparecidos en este país. En alguna ocasión en que nosotros pugnamos por la libertad de esos compañeros, en 1978, el Gobierno presionado por organismos internacionales puso en libertad subrepticiamente a tres desaparecidos de nuestras listas, y salieron otros cuatro que no estaban en nuestras listas.
Y siempre que ha habido una medida de fuerza, una movilización como la que pretendemos llevar a cabo, el gobierno ha liberado en la misma forma en que los ha detenido, por allí en algún camino, a compañeros que no estaban en nuestras listas, razón que nos hace suponer que la cantidad de desaparecidos llegue a 10 mil.
Quiero decirles, señoras y señores diputados, que aquí arriba están mis compañeras: madres, esposas y hermanas de los desaparecidos que vinieron de todo México a conocer la Cámara de Diputados. Que vinieron aquí a ver cómo son los señores que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Vinieron, quizá también con el propósito de platicar con cada uno de ustedes y preguntarles en lo particular si estarían dispuestos a luchar verdaderamente porque se cumpla con la Constitución en este país.
Quieren ver ellas, porque no les cabe en su imaginación, no les entra en la cabeza, que los diputados, que son los encargados de velar por la ley, hayan votado aquí en contra de principios establecidos por esas leyes. Hayan votado aquí en contra de comparecencias que hubieran servido para el esclarecimiento de las conductas delictivas del poder público.
Por eso están aquí todas, están aquí para luchar. Vinieron de la Sierra de Guerrero, de Sinaloa, de Chihuahua, de Sonora, muchas son tan viejas como yo, o más viejas, pero dicen que tienen 10 años luchando porque no se desaparezca en este país a la gente. Están luchando, señores diputados, estamos luchando también por los hijos de ustedes. Porque nadie, señores diputados, ni ustedes ni su familia pueden estar libres del peligro de ser desaparecido. Quizás se sienten ustedes muy confiados, pero no lo estén tanto. Nadie sabe cuáles sean los cambios de los gobiernos y qué pueda pasar, y nosotros, por encima del estilo de gobierno, por encima de los gobiernos del tinte que sea, defendemos el derecho a no ser desaparecidos, nosotros no queremos que sean desaparecidos los hijos de los diputados priístas, ni queremos que sean desaparecidos los hijos de los diputados panistas, como no quisimos que fueran desaparecidos los nuestros; nos tocó que fuesen los nuestros y aquí estamos y vamos a luchar por rescatarlos y vamos a luchar porque no desaparezcan a ninguno, ni a ustedes, ni a sus hijos, señores diputados. Muchas gracias.
(Desorden en las galerías.)
El C. Presidente: - Ruego a la secretaría leer el artículo 207 del reglamento
. La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - "Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán
parte en los debates con ninguna clase de demostración".
El C. Presidente: - Túrnese la iniciativa a las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra EL C. diputado Díaz Moll.
El C. Porfirio Cortés Silva: - Moción de orden. Ruego al señor presidente pregunte para qué efecto ha solicitado el uso de la palabra.
El C. Presidente: - La ha pedido para hechos.
El C. Porfirio Cortés Silva: - No es procedente. Ruego a la presidencia y a la secretaría, principalmente, que tenga la bondad de dar lectura al artículo 102, que disipa cualquier duda.
El C. Presidente: - La presidencia ha concedido el uso de la palabra, para hechos, en los términos del reglamento.
El C. José Díaz Moll: - Una vez aclarado, queremos expresar que en el respeto a los derechos humanos está implícita la sobrevivencia de la humanidad. En la medida que logremos el respeto a la integridad y a los derechos humanos, asegurarémos un futuro en donde tenga lugar la esperanza por construir un mundo más justo y más equitativo.
Nuestro país ha manifestado en múltiples ocasiones, en foros internacionales, por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y es aquí donde nosotros vemos nuevamente una incongruencia entre los hechos y entre las palabras.
En esta Cámara de Diputados hemos hablado anteriormente de las arbitrariedades de la policía del Distrito Federal, de las policías de los Estados y de las diferentes corporaciones de policía de la Federación. También hemos hablado y discutido sobre la represión en el campo e inclusive sobre los asesinatos de líderes y asesores de grupos campesinos.
También hemos denunciado la represión en contra de las bandas de jóvenes, utilizando las inconstitucionales razzias en lugar de buscar soluciones viables a sus problemas.
Ahora, en esta ocasión, nos toca abordar uno de los problemas más lacerantes de la sociedad humana y de la cual nuestro país no está exento, no obstante los esfuerzos de algunos por ocultarlo; este problema es el de la detención - desaparición. Se ha presentado aquí hace unos momentos una propuesta que expresa dramáticamente este problema, reconozcamos la existencia del mismo porque este es un problema que avergüenza a todo Estado en el cual se presenta, o cuando menos así debería de serlo.
Nosotros manifestamos que es la hora de ser congruentes de asumir nuestra responsabilidad como miembros del Poder Legislativo acabando de una vez por todas con este problema. Manifestamos aquí, también, a nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores nuestra propuesta presentada aquí por la diputada Rosario Ibarra de Piedra. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Trinidad Cervantes, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Trinidad Cervantes Aguirre: - Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: La humillación y el dolor humano no tienen ideología, donde quiera que aparece un hombre humillado, ofendido injustamente se subleva la dignidad, la propia dignidad humana. La dignidad humana tiene que defender siempre, tiene que defenderla todo hombre, como se ha dicho ya aquí, porque se lucha por la propia supervivencia de la especie humana.
Mi partido, el Demócrata Mexicano, aboga porque se defienda, porque se cultive, porque se propague el bien, lucha por la implantación del bien de donde venga y también lucha y seguirá luchando mi partido contra el mal, contra la injusticia aquí y donde quiera que surja.
Nosotros, los miembros del Partido Demócrata Mexicano, hemos padecido injusticias, hemos padecido persecuciones, hemos sido víctimas de represión, hemos sido víctimas de injusticias y hemos protestado siempre y lo seguiremos haciendo.
Precisamente el día de ayer, poco antes del medio día, en un pueblo de Morelos, Axochiapan, un grupo de empistolados a quienes acompañaba la hermana de un diputado local de apellido Carasa, agredieron, atacaron a Mauro Nájera quien fuera candidato del Partido Demócrata Mexicano a la presidencia municipal de ese municipio, Axochiapan.
De ese recinto, cuando se me comunicó, logré comunicarme a la oficina del procurador general de Justicia de Morelos, con el licenciado Fernando Romano Lugo y con su secretario particular porque el procurador estaba en una reunión, según se me informó.
De aquí mismo puse en conocimiento de los hechos y pedí la intervención de la Procuraduría General de Justicia para que investigara los hechos y para que deslindara responsabilidades y se castigara a quienes resultaran responsables.
Nosotros sabemos lo que es la persecución injusta, lo que es la persecución represiva, lo que es profesar ideas y ser reprimidos y ser combatido y ser rechazado, Por todo eso, mi partido, nosotros los demócratas, nos solidarizamos con la finalidad de la iniciativa que se ha presentado, porque creemos de elemental justicia que se devuelva a los desaparecidos, que no se siga persiguiendo a los presos políticos, que a nadie se esté persiguiendo por las ideas que profesa; en nuestro país que presume de aspirar a una
democracia plena, no hay por qué consintamos en que haya quien sea perseguido por las ideas que profesan.
Apoyamos, pues, la finalidad de la iniciativa que acaba de presentar, aunque estemos totalmente de acuerdo, o estemos totalmente conformes con los términos que en ocasiones parecen ofensivos, que parecen de reacción también no humana, también no apacible, también injusta, también no podremos solidarizarnos con muchos de los términos y con muchas de las expresiones de la presentación de esta iniciativa y con algunos de sus apartados que ya tendremos ocasión de discutir en las comisiones.
Por tanto, hago aquí constar, que el Partido Demócrata Mexicano apoya la finalidad de la iniciativa por cuanto implica fines humanitarios, por cuando mira a la restitución de derechos vulnerados, por cuanto mira a la defensa, a hacer valer la dignidad humana.
Mi partido tiene el deseo vehemente de que se respete cabalmente la expresión de las ideas, de que se respete el ejercicio de la política, el ejercicio político, cívico y político.
Y hacemos votos porque en México no siga persiguiéndose a nadie por las ideas políticas que profesa. Hacemos votos porque las familias que sufren porque no saben el paradero de algunos de sus miembros, los tengan de nuevo en su seno y los tengan sanos y salvos.
Y hacemos votos porque todos los presos políticos que haya en nuestro país, recobren de inmediato su libertad. Muchas gracias.
(Aplausos.)
- El C. Presidente: - Tiene uso de la palabra el C. diputado Camilo Valenzuela, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. José Camilo Valenzuela: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa de amnistía que acaba de presentar la compañera Rosario Ibarra de Piedra, persigue el objetivo fundamental de lograr la persecución y liberación de los desaparecidos políticos de México.
Esta iniciativa se presenta en momentos en que en el país, en la prensa, en esta misma Cámara y en el Senado, se intensifican las discusiones acerca de la magnitud que ha alcanzado el problema de la tortura y la búsqueda de medidas para tratar de erradicarla.
Esta intensificación de la discusión en torno a la tortura, se da en momentos en que la crisis económica en nuestro país, y en que el creciente sacrificio de los trabajadores de México, está agudizando las contradicciones sociales y está engendrando también un ascenso de la inconformidad popular.
Esta inconformidad popular reclama causes democráticos para que se exprese. Esta inconformidad popular reclama que se dé a las luchas sociales un trato político y no una represión policiaca o militar.
Asimismo, esta situación económica y social de nuestro país, reclama que se superen lacras como la tortura, como la represión contra los dirigentes sociales que en nuestro país han dejado como corolario presos y desaparecidos políticos amén de muchos muertos.
Por ello, la humanización de la justicia de nuestro país está reclamando también medidas para acabar con los grupos paramilitares de carácter civil, guardias blancas, porros que se vienen organizando y actúan contra las masas populares, en distintas partes de México.
La humanización de la justicia reclama también, y por sobre todas las cosas, que se libere a los presos y que se presente a los desaparecidos políticos de México. La lucha por la presentación de los desaparecidos políticos que se prolonga ya durante una década, demuestra que no es posible echarle tierra a este problema. Demuestra que puede acabar este sexenio y puede acabarse este siglo, pero la lucha por la presentación de los desaparecidos políticos va a continuar. Y que el Gobierno no puede seguir ignorando la solicitud de los familiares de los desaparecidos políticos y de las fuerzas progresistas y democráticas de este país, de que se presente con vida a esos desaparecidos políticos.
Por ello toda pretensión de humanizar la justicia, toda pretensión de erradicar lacras que se han acumulado en la vida política de México, tiene que partir y tiene que tener presente la solución a la presentación de los desaparecidos políticos. Ello hace que la iniciativa de Ley de Amnistía que aquí se presenta forma parte del esfuerzo que vienen haciendo todas las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias de México por abrir causes para que la inconformidad social encuentre canales para hacerse sentir en el rumbo de este país y en las grandes decisiones políticas nacionales.
Ello es así porque esta búsqueda de causes no se va a alcanzar si no se soluciona, si no se saldan las viejas cuentas que el pueblo tiene pendiente con este régimen, y una de esas cuentas es la presentación de los cientos de mexicanos que han sido desaparecidos y que hoy, esta Cámara, tiene la responsabilidad de reclamar que se presenten con vida. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: - Hará uso de la palabra en seguida el C. licenciado José Luis Sánchez González, del PSUM.
El C. José Luis Sánchez González: - No todos los diputados que integramos esta Legislatura somos insensibles frente al dolor y la angustia que experimentan los familiares de los presos y desaparecidos políticos. Por ello saludamos revolucionariamente su presencia en este recinto legislativo, y les manifestamos nuestra irrestricta e incondicional solidaridad.
El carácter antidemocrático del sistema político de nuestro país y el autoritarismo y la cerrazón del estado han empujado en el pasado a miles de compatriotas nuestros a luchar por sus ideales de justicia y de libertad
al margen del marco legal habiendo abrazado en muchos casos la lucha armada. Algunos de los que lo hicieron pagaron con su vida la osadía de soñar con asaltar el cielo, en el combate por una patria nueva en la que los desposeídos y desheredados pudieran sonreír y vivir, felizmente murieron Arturo Gámiz, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas y miles de héroes anónimos a quienes el pueblo mexicano recuerda emocionado y rinde homenaje todos los días con sus acciones revolucionarias.
Otros luchadores por la transformación social, y el cambio revolucionario, no obstante haberse ajustado al supuesto estado de derecho y a pesar de actuar en estricto apego a los marcos de la democracia burguesa, han sido asesinados también: Arnulfo Córdova, Misael Núñez, Andulio Gálvez Velázquez, recientemente, son algunos de los nombres que forman parte de la larga lista de combatientes por la democracia y el socialismo que han caído en su afán por construir una patria nueva para los mexicanos.
En las cárceles de nuestro país se encuentran presos cientos de mexicanos por haber levantado su voz en nombre y a favor de los campesinos y de los obreros de México. Por haber encabezado las luchas del pueblo mexicano; por haber exigido justicia y reclamado libertad. Estos hermanos nuestros, deben ser puestos en libertad inmediatamente. Hay en nuestra patria cientos de desaparecidos políticos que fueron arrancados de sus hogares y centros de trabajo o secuestrados en plena calle por fuerzas represivas del Estado, cuyo paradero se ignora.
Por su presentación y libertad, han luchado heroica e incansablemente sus familiares los que siguen empeñados en encontrar a sus seres queridos. La lucha por la presentación y libertad de los desaparecidos y presos políticos, es en realidad una lucha por el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas.
Por eso apoyamos el proyecto de Ley de Amnistía, presentado por la compañera Rosario Ibarra de Piedra. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En seguida hará uso de la palabra el C. diputado Rubén Aguilar Jiménez.
El C. Rubén Aguilar Jiménez: - Señores diputados: En cinco minutos pretenderemos contribuir a algo que tiene relación con los hechos que seguramente deberán ser la base en que se analice la iniciativa presentada por la compañera Rosario Ibarra de Piedra, como una iniciativa que representa cuestiones de verdadera trascendencia política para el Estado Mexicano y para la responsabilidad de los diputados y de la representación que jurídicamente sustentamos.
Queremos desde esta tribuna, dirigirnos a la Cámara hacia el interior, porque pensamos que efectivamente habrá necesidad de repetir los hechos que todos conocemos para que se llegue al convencimiento de esta representación, de tener que reconocerlo para fundamentar de alguna manera, darle curso a una iniciativa que es algo que definitivamente se requiere como un acto de justicia en nuestra nación. Queremos dirigirnos también a la opinión pública, porque independientemente lo que suceda al interior de esta Cámara, los hechos que ahora estamos aquí analizando son la expresión de una lucha social que de alguna manera sucede afuera, independientemente de lo que queramos decir o no decir en esta Cámara.
Nosotros buscaremos la manera de que esto efectivamente trascienda hacia afuera. Hay algún aspecto importante que en relación a esta iniciativa debemos de insistir que es el aspecto que se refiere a una actitud persistente desde hace algunos años del gobierno mexicano que de régimen en régimen ha venido siendo característica de la naturaleza de este gobierno en el hecho, efectivamente de repetir en México la práctica de las desapariciones contra los luchadores políticos como un método y un recurso de fuerza que esgrime el Estado y el Gobierno.
Desde esta tribuna queremos acusar al Gobierno Mexicano de ser un gobierno que se ha puesto al margen de la ley de manera consciente y consecuente, abiertamente practicándolo a través de sus hechos, queremos acusar al Gobierno Mexicano de marginarse del régimen jurídico y en este sentido de convertirse en un gobierno nefasto, en una parte de su caracterización general, en el aspecto de la contienda precisamente contra los opositores políticos. Caracterizada de esta manera nuestra acusación, queremos reclamar la responsabilidad de la representación de esta Cámara en el sentido de invertir en el seno del Estado Mexicano para eliminar, para subsanar precisamente esta actitud aberrante e inaceptable en un régimen que debe, de alguna manera, de eludir y erradicar esta práctica.
Hoy señalamos que el Estado Mexicano a través de sus hechos de los actos de la desaparición de opositores políticos, de luchadores revolucionarios en la sociedad mexicana, se ha venido declarando incapaz de sostener que dentro del régimen jurídico, respetando precisamente el Estado de derecho, sea capaz de mantener en su seno la lucha social y política que deriva de la lucha de clases es esta sociedad mexicana. Que de alguna manera esto es una expresión real de una naturaleza ilegal y carnicera del Estado mexicano que se caracteriza así por ser un gobierno burgués, representante de los explotadores que hoy sostienen el sistema capitalista explotador sustentador de la explotación del hombre por el hombre. Un sistema capitalista que en crisis absolutamente temeroso, desesperado, a lo largo de nuestro continente ha puesto en práctica algo que a nuestra sociedad mexicana resulta aberrante; que además de ser violadora de los derechos humanos, de ser moralmente inaceptable para todo el mundo, resulta
una cuestión que debemos discutir hacia el interior de nuestro país.
Nosotros reclamamos a la Cámara de Diputados, que con la representación nacional que exactamente dentro de sus facultades debe aceptar lo inocultable, debe reclamar en su conjunto a través de darle un curso a esta ley de amnistía, el regreso al respeto de la ley y del Estado del derecho. Que de alguna manera debe de reclamar, esta Cámara de Diputados que en México el Estado de derecho debe ser capaz de reglamentar la convivencia de los mexicanos al mismo tiempo que debe ser capaz de regular la confrontación social política de las fuerzas políticas que viven en su seno.
Esta es una responsabilidad de la Cámara de Diputados ineludible, por ello reclamaremos reiteradamente en todas las instancias, exactamente que proceda la emisión de esta Ley de Amnistía. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Compañeras y compañeros diputados: Saludamos el espíritu de la iniciativa presentada porque al señalar que son principios consagrados en la doctrina de nuestro partido, que la democracia requiere participación eficaz de las personas en la actividad colectiva que condiciona su propio destino, porque la democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos. En función de la dignidad y de la libertad, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar no sólo el reconocimiento teórico, sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana. Esto es, de aquellos de que son titulares todos los miembros de la comunidad política sin distinción alguna por el solo hecho de ser hombres. El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, ni proscribir ni tratar de imponer convicciones de cualquier índole. En función de la solidaridad responsable del hombre en el destino de sus semejantes toda persona tiene derecho y obligación de intervenir en los asuntos políticos de la comunidad política de que forma parte, y el gobierno mismo debe asegurar a los ciudadanos la libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el poder.
El artículo 3o. de nuestra Constitución consagra que la democracia no es otra cosa, sino un estilo de vida en el cual las personas pueden luchar y propugnar por elevar sus condiciones políticas, económicas, sociales y culturales. Este es el espíritu de la expresión de democracia insertado en el capítulo de Garantías Individuales que van a salvaguardar a los derechos humanos. Ese debería ser el Estado que guardaran las cosas en nuestra patria.
Al no suscribir esta iniciativa nos vemos obligados a venir a comprometernos a un trabajo fecundo en comisiones para eliminar aquellas inconsistencias que desde el punto de vista técnico - jurídico pueda tener al cuerpo de la iniciativa que impiden en este momento suscribamos dicha iniciativa, pero en el fondo y en el espíritu estamos porque se haga realidad lo que ha sido letra muerta, lo que ha sido teoría traicionada por un régimen que siente que es rebasado por la actividad y la participación política de un pueblo que cada vez más se emancipa de la explotación y de la dominación política a que quiere someterlo el actual Gobierno.
Bajo la concepción de amnistía como una institución de derecho público mediante la cual el titular del Ejecutivo Federal deja sin efecto el ejercicio de la acción penal y las penas que se hayan iniciado y dictado en contra de personas cuyos actos considerados como delictivos hayan tenido una connotación eminentemente política. Desde esta concepción de amnistía queremos también plantear el hecho de que si se está en presencia de mexicanos que han tenido que tipificar conductas señaladas por nuestras leyes como delictivas, hay que analizar a fondo cuáles han sido las motivaciones para que ciudadanos mexicanos no encuentren en su intervención y en su participación política la eficiencia y el sentido que la democracia tiene garantizada nuestra Carta Magna.
Estamos por una nueva actitud de voluntad política en que el pueblo de México pueda vivir y ejercitar la democracia, la amnistía protege un bien Jurídico no contrario a la vida de derecho, sino complementario, siempre pretenderá buscar la unidad de la sociedad. Por eso saludamos esta iniciativa tendiente a la amnistía.
No obstante que antes se haya roto el orden jurídico, tanto por quienes ahora son catalogados como delincuentes por su actividad en la vida política, sino también por la voluntad del gobierno y del régimen mismo que se ha apartado del estado de derecho y que eso es lo que en muchas ocasiones ha orillado que mexicanos abandonen la esperanza de la eficiencia, de la lucha democrática en México y abracen estilos de lucha por reivindicar los más altos valores del pueblo de México a través de prácticas que no nos llevan a la unidad y no nos permiten vivir en la paz social anhelada por nuestro pueblo.
Se ha terminado el tiempo, el compromiso de trabajar en comisiones para lograr todos los ajustes y eliminar las inconsistencias que desde el punto de vista técnico, jurídico y constitucional pueda tener esa iniciativa, para que progrese, es el compromiso que venimos a manifestar en esta ocasión. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Santiago Oñate Laborde.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Con su venia señor presidente; señores legisladores:
Tras la presentación de una iniciativa de Ley de Amnistía por parte de la ciudadana diputada Rosario Ibarra de Piedra, la presidencia de esta Cámara, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 56 del reglamento, le dio su debido turno a las comisiones para su dictamen.
Atentos a los términos del artículo 60, es claro que lo que aquí han venido varios diputados a expresar, no puede ni debe ser considerada como una discusión de la ley en cuestión, sino simplemente como un fijar posiciones acerca de un problema de interés fundamental que con agrado veo es el de la totalidad de las fracciones representadas en esta Cámara.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no es ajena a esta preocupación. Y desde luego contempla, con sumo interés, la presentación de esta ley de amnistía porque la razón por la que se presenta y el fin que la misma persigue tiene una claridad y una nitidez que a nadie escapan.
La amnistía, como mecanismo mediante el cual pueden repararse o pueden resolverse aquellos errores judiciales que se hayan llegado a cometer o que estén en vista de cometerse por aplicación de leyes penales, que no tienen por fundamento la protección de la sociedad en un sentido concreto, preciso y determinante, sino tan sólo enmarcan definiciones de carácter político.
La existencia de derechos políticos es, en sí misma, condenable. Y es una situación que debe ser enfáticamente repudiada porque se contrapone a vivir dentro de un estado de derecho.
La protección de la sociedad a través de leyes penales no puede suponer el que, en la moderna sociedad en que vivimos, trate de encasillarse bajo esta forma acciones participativas encaminadas a buscar una mejor convivencia social, acciones en esencia políticas.
En tal virtud, consideramos que no es tampoco válido afirmar que hay partidos que están a favor de que se perpetren violaciones a los derechos humanos, ni tampoco la acción de algún partido pueda entenderse como violatoria en sí misma de los derechos humanos, porque en ese momento deja de ser partido político. Todo partido político habrá de conducir sus luchas dentro de los cauces que nos marcan las instituciones, y la actividad política se encuentra salvaguardada y no podrá ser pretexto de constituir una oposición legítima, una demanda legítima que contribuya al fortalecimiento democrático, para que se sancione a quienes en ella participan.
Estas consideraciones no permiten reafirmar una vez más, la voluntad clara del Partido Revolucionario Institucional, de propugnar por todas aquellas medidas legales, por todas aquellas reformas que permitan la más amplia expansión de los derechos humanos.
Ya es con frecuencia que se habla de violaciones a los mismos en este país. Ya es con frecuencia que se olvida que fuimos uno de los primeros en, con meridiana claridad, reconocer constitucionalmente la existencia de los mismos. Y que no conformes con ello, dimos a los mismos una dimensión social. Toca ahora a todos: legisladores, partidos políticos, gobernantes y ciudadanos, velar porque esos ideales se traduzcan cada día en una acción concreta que pueda materializarse y formar parte de la cotidianidad de nuestro actuar.
En ese sentido, la iniciativa turnada ya en su oportunidad a justicia y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, deberá merecer y merecerá la mejor atención por parte de los integrantes de la misma a fin de poder dictaminar sobre un asunto que forma parte integral de nuestro quehacer como mexicanos: el respeto de los derechos humanos.
DESAPARECIDOS, APREHENDIDOS Y
DETENIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Leopoldo de Gyvez.
El C. Leopoldo de Gyvez de la Cruz: - Señor presidente; familiares de nuestros hermanos víctimas de la represión; señores diputados: La defensa de los derechos humanos ha sido una de las luchas que los pueblos del mundo han emprendido desde hace varios siglos.
Como todos sabemos, los derechos humanos son los derechos del hombre, que independientemente de su ideología, le permiten vivir libremente y con dignidad en cualquier sistema social.
La historia de nuestra patria nos enseña que la implantación de los derechos humanos fue el resultado de la larga lucha del pueblo mexicano contra distintas formas de opresión. En cada etapa histórica, las clases sociales en el poder respondieron a los anhelos de libertad con la represión al pueblo y a sus mejores luchadores.
Hidalgo, Zapata, Villa y Flores Magón, aparte de su condición de héroes y caudillos revolucionarios que combatieron por la independencia y la libertad de los mexicanos, representan el ensañamiento bárbaro y criminal de los opresores de todos los tiempos contra quienes enarbolan causas verdaderamente justas y populares.
Nuestra historia, sin embargo, registra como la más grande represión la cometida durante la Revolución de 1910 que dejó un saldo de un millón de mexicanos muertos. Con este enorme sacrificio ¿acaso el pueblo mexicano ha logrado el bienestar social y se ha liberado de la opresión? La situación por la que atravesamos actualmente demuestra que no es así.
Quienes desde hace 75 años tienen el poder en nuestro país, han consolidado un régimen que lejos de cumplir el espíritu de los Constituyentes de 1917, en el sentido de que
México fuera una República soberana y democrática, han hipotecado el país y además han comprometido la soberanía nacional al imperialismo yanqui y la banca internacional, de tal forma que actualmente somos el segundo país con mayor deuda de América Latina, cuya política está diseñada bajo los lineamientos que ha marcado el Fondo Monetario Internacional, por cierto en perjuicio de los trabajadores mexicanos de la ciudad y el campo.
Para el pueblo mexicano las repercusiones de esta política han sido desastrosas; cunde el desempleo, actualmente son millones los mexicanos que no pueden ejercer este derecho fundamental de la vida, condición básica para una vida libre y digna y para el sustento personal de la familia.
Junto con ello, la inflación crece, los salarios pierden su capacidad adquisitiva, aumenta la carencia de servicios en los pueblos de por sí marginados y, por si todo esto fuera poco, se cancela el reparto agrario mientras crece el número de campesinos solicitantes de tierras en manos de latifundistas.
La injusticia y la explotación, se enseñorean por todo el país y ello trae aparejado el descontento social por toda la nación.
En lo político los capitalistas han instaurado un gobierno sin verdadero respaldo popular, cuyas medidas políticas y económicas sólo favorecen a la clase en el poder.
Aquí el poder tiene un solo partido político, aun cuando existe un sistema de partidos. Se ejerce férreo control sobre las clases trabajadoras y ocurre que cuando el pueblo escapa a ese control, se organiza y moviliza por sus legítimos intereses y lucha por el respeto a sus derechos; sus demandas no tienen otra respuesta, sino la represión en sus diversas manifestaciones:
Desde la persecución y el encarcelamiento hasta la desaparición, la tortura, el, asesinato de dirigentes y las masacres.
En los años 50s, surgieron en nuestro país movimientos sociales de escala nacional, exigiendo del Estado mexicano la solución a sus demandas salariales y económicas. La respuesta fue la represión brutal, masacres, encarcelamientos masivos y la prisión por muchos años a los líderes de los movimientos sindicales de los ferrocarrileros, magisterial y de los médicos principalmente.
Entre nosotros se encuentra uno de los dirigentes de esa época: El compañero Demetrio Vallejo, cuyo actual cargo de diputado federal no es de ningún modo una concesión graciosa del Gobierno, como tampoco fue su libertad en el resultado de la lucha digna de lo mejor del pueblo de México.
En la década de los 60s, ante la falta de un proyecto político del grupo gobernante que diera satisfacción a las demandas populares y que abriera causes democráticos a la participación popular, surgieron expresiones políticas de mexicanos quienes por medio de las armas enfrentaron el autoritarismo y la antidemocracia. El régimen en vez de responder con medidas políticas que ampliarán las libertades democráticas, profundizó la represión, haciendo uso de todas sus corporaciones armadas con el resultado de cientos de asesinados, encarcelados y desaparecidos, sometidos a crueles tratamientos de tortura en cárceles clandestinas.
De entonces a la fecha el Estado Mexicano no ha sido capaz de propiciar cambios que pudieran resolver los grandes y graves problemas nacionales. Desde la defensa de los recursos naturales, hasta la distribución de la riqueza nacional en beneficio del pueblo mexicano, pero tampoco en el terreno de la democracia, ya que los cambios que últimamente han ocurrido como la Reforma Política, no son más que la respuesta del Estado a la lucha del pueblo mexicano, los que sin embargo, no representan más que tímidas reformas que de ninguna manera abren verdaderos cauces políticos y democráticos en beneficio de los mexicanos.
En esta etapa han surgido organizaciones de mexicanos pertenecientes a las clases trabajadoras del campo y de la ciudad que luchan por la defensa de sus derechos de manera independiente del partido oficial, de las organizaciones charras y del propio Estado mexicano que demandan tierras, mejores salarios, vivienda, empleo y democracia.
La respuesta más común que el Estado ha dado a las demandas de quien en esta etapa luchan, ha sido la represión. En los últimos 10 años, por ejemplo, han habido 1,600 presos políticos, 58 exiliados y 621 desaparecidos.
Actualmente hay 475 desaparecidos y 140 presos documentados. Este recuento nos muestra la magnitud de la represión ejercida por el Estado mexicano contra la población civil.
El caso de los desaparecidos políticos requiere de mención especial ya que en un momento determinado en la lucha del pueblo mexicano hubieron luchadores sociales que fueron desaparecidos por haber participado en luchas armadas o con ese pretexto.
Pero lo que ocurre en los últimos años es que el Estado mexicano ha hecho desaparecer a dirigentes y luchadores campesinos, sindicales, estudiantes, de colonias, a líderes magisteriales y populares por el hecho de encabezar o participar en la lucha de las clases populares para exigir solución a sus demandas sociales y por ejercer sus derechos de asociación, organización, reunión y petición consagrados en la Constitución Política de México.
Hoy la desaparición de mexicanos ya no es sólo contra quienes se reclaman revolucionarios y han optado por el camino de las armas. Ahora la desaparición se practica en contra de la población civil que lucha de manera abierta y pacífica por el respeto a sus derechos constitucionales y en contra de quienes tienen como únicas armas la razón y la palabra.
Esta actitud del pueblo mexicano contradice la política que se ha sostenido en foros
Internacionales como un gobierno respetuoso de los derechos humanos y porque quisiéramos que esas prácticas tenebrosas fueran desterradas, porque las actitudes bárbaras fueran suprimidas y porque el avance científico y de la técnica estuvieran al servicio de la vida y no del crimen, es que nosotros quisiéramos rememorar dos hechos que lastiman profundamente la parte más sensible de nuestro país, en particular, del Istmo Oaxaqueño.
Me referiré primero al secuestro y desaparición del profesor de primaria Víctor Pineda Henestrosa, fundador y dirigente de la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo, COCEI.
Víctor Yodo, como era conocido por los campesino de 1976 a 1977 fungió como jefe de la promotoría agraria, dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria en Juchitán, por vez primera los campesinos encontraron un verdadero apoyo para la realización expedida de sus solicitudes y trámites.
El día 18 de julio de 1978 debían celebrarse elecciones para el cambio del comisariado de bienes comunales de Juchitán, pero Victor Yodo ya no pudo estar presente en dicho acto, fue secuestrado la mañana del 11 de julio de 1978 en un lugar de la zona céntrica de Juchitán por miembros del 11o. Batallón de Infantería con sede en Ixtepec, al mando del coronel Poblano Silva, ante numerosos testigos oculares.
Para fundamentar esta afirmación quisiera dar lectura al punto 3 de la parte de hechos de la denuncia judicial presentada por la profesora Cándida Santiago Jiménez, esposa de Víctor Yodo, en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el 16 de agosto de 1979, integrada a la averiguación previa número 388 - 79, que a la letra dice: Resulta que el día 11 de julio del año próximo pasado al ir tripulando mi esposo un vehículo de nuestra propiedad, marca Volkswagen, modelo 1977, placas THN - 918, color rojo, que iba circulando a la altura de la cooperativa Fletes y Pasajes de esta ciudad de Juchitán, como a eso de las 10 de la mañana del citado 11 de julio del año próximo pasado, que se estacionó un momento para platicar con el señor Marcelino Blas Valdivieso, carretonero de esta localidad, que en esto se encontraba cuando apareció un vehículo color anaranjado, Combi - Volkswagen, quien se les estacionó enfrente de manera tal que le obstruyó el paso, que de él se bajaron dos individuos vestidos de civil con todas las características de soldados, por el corte de pelo y la forma de caminar y dos más vestidos de militares, todos armados con metralletas dirigiéndose a mi esposo, le quitaron las llaves y a jalones lo sacaron de su vehículo para meterlo en el vehículo que traían, que fue reconocido como uno de los que vestían de militar, la persona que responde al nombre de Gabriel Espinoza Peral quien en la fecha en que ocurrieron los hechos, prestaba sus servicios en la Comandancia Militar de Ixtepec, Oaxaca, pues fue reconocido por varias personas; que una vez ocurrido lo anterior, se llevaron el vehículo junto con mi esposo por rumbo desconocido y a pesar de todas las gestiones que se han realizado, como es público y notorio hasta la fecha, ignoramos su paradero, pues en la zona militar se han negado por completo a darnos información sobre el caso de mi esposo.
En la misma averiguación previa aparecen integradas las declaraciones de tres testigos oculares, la de Marcelino Blas Valdivieso, ofrecida el 12 de septiembre de 1979; la de David Vicente Magariño, del 13 de septiembre de 1979; y la de Rosa Jiménez Sánchez, del 17 de septiembre de 1979.
A continuación reproduzco textualmente la declaración del testigo Marcelino Blas Valdivieso: "Que el día 11 de julio, martes, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, cuando el declarante se encontraba parado frente a la Central Camionera - ya que él es cargador - , cuando en esos momentos pasaba su amigo Víctor Pineda Henestrosa, el cual viajaba a bordo de su vehículo de color rojo, Volkswagen, por lo cual Vicente le habló a su amigo, a lo que éste se paró y empezaron a platicar, pero que no tenían ni cinco minutos de estarlo haciendo cuando en esos momentos llegó una camioneta de color naranja, Combi, atravezándosele al señor Víctor Pineda Henestrosa, y del cual bajaron cuatro soldados y dos personas vestidas de civil, siendo en total 6 personas y que todas éstas portaban armas largas y que de inmediato procedieron a sacar de su vehículo al señor Víctor Pineda Henestrosa y hecho esto lo subieron a la combi y se lo llevaron, pero que el dicente logró reconocer a un soldado, y el cual sabe que se llama Gabriel Espinosa Peral, que esa persona es nativo de esta ciudad y que el declarante hasta el momento no ha aparecido.
¿Qué demuestran estos hechos? Que Gabriel Espinosa Peral actuó con el comando militar por su propia cuenta, hay duda de que fue el 11o. Batallón de Infantería al mando del coronel Pablo Silva el autor del secuestro, algunas responsabilidad tiene el exgobernador general Eliseo Jiménez Ruiz, de lo que no hay ninguna duda es que el comando secuestrador actuó necesariamente por órdenes del coronel Poblano Silva. Exactamente de la misma manera como ordenó el secuestro del candidato a la presidencia de Juchitán por el COCEI, el mayor retirado del ejército Leopoldo de Gyvez Pineda el 28 de enero de 1978. Y mientras que todas las autoridades civiles y militares se niegan a dar a conocer el paradero de Víctor Yodo, que nosotros sepamos ninguna autoridad ha intervenido para que los posibles responsables del secuestro rindan cuentas y sean enjuiciados al comprobárseles su participación.
Por último, me referiré al caso de Jesús Vicente Vázquez, joven dirigente de la COCEI, quien en 1978 decidió establecer su compromiso político con los pobres de la región. Para ello fue preciso que suspendiera
sus estudios en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional; al arribo de la COCEI al Ayuntamiento Municipal de Juchitán, en marzo de 1981, se le confió el cargo de comandante de la policía municipal el cual ejerció con seriedad y plena responsabilidad ajustando su actuación al marco de la Constitución estatal y el reglamento municipal.
El ilegal y arbitrario desconocimiento del Ayuntamiento, administrado por la COCEI, efectuado el 3 de agosto de 1983 por la Cámara local de Diputados, sólo fue el inicio de una cadena de actos infames e ilegales, cuyo propósito iba más allá del despojo al pueblo juchiteco de un Ayuntamiento ganado por medios legítimos.
Se trataba ante todo de destruir la organización de los pueblos del Istmo por todos los medios, aunque con ello se llegara al extremo de quebrantar abiertamente las leyes.
La denuncia presentada por el compañero Jesús Vicente Vázquez, en el Foro Nacional contra la Represión que organizó el Frente Nacional contra la Represión en Juchitán, en febrero de 1984, es abundante en elementos que hablan de la violencia, ilegalidad y absoluta falta de respeto a la dignidad e integridad física con que actúan las corporaciones policiacas y funcionarios del Poder Judicial en nuestro país.
A continuación, daré lectura a un fragmento de su denuncia: "El día jueves 15 de diciembre del presente año, aproximadamente como a las 10 horas, fui detenido en la ciudad de México con los compañeros Sabino López Aquino y José Alfredo Hernández Vargas, a una cuadra de la Casa del Estudiante Istmeño, nuestro domicilio. Antes de salir de la casa, me percaté de la presencia de un automóvil tipo guayín, color azul, convidrios polarizados, que ya desde la noche anterior se encontraba enfrente de la Casa del Estudiante, sobre la calle Castañas. Al salir de la casa, y al llegar a la Avenida de los Maestros, que se encuentra a unos pasos de la casa, logré ver que en la acera de enfrente, Avenida de los Maestros esquina con Invernadero, se hallaba estacionado otro automóvil de color café, con varios individuos en su interior. Decidí salir a pesar de todo. En esta ocasión me acompañaron Sabino López Aquino y José Alfredo Hernández Vargas. Caminamos sobre la calle Castañas e inmediatamente nos dirigimos a la Av. de los Maestros pasando por un pequeño callejón que se localiza atrás de la casa. Al llegar a la calle Clavelinas, esquina con la Av. de los Maestros el automóvil azul en que se encontraba una mujer, pasó frente a nosotros. Seguimos caminando hacia la calle Castañas y logramos ver que los que viajaban en el automóvil azul se comunicaron con los del automóvil café que se acercaron a ellos. Con lo anterior confirmamos que se trataba de agentes policiacos, los cuales pretendían detenernos y a fin de impedir la consecución de su objetivo, tratamos de escapar. Corrimos hacia la calle Castañas sobre Clavelinas y al llegar solicitamos el servicio de un taxi que casualmente pasaba por ahí. Abordamos éste y en el momento de arrancar un automóvil nos cerró el paso mientras otro se colocó detrás. Y yo que me encontraba cerca de la portezuela, bajé rápidamente antes de que los agentes bajaran de sus automóviles. Corrí con dirección a la casa llevando de ventaja unos 30 metros a los agentes que luego me persiguieron. Uno de ellos logró aprehenderme, luego de lanzar varios disparos. Detrás de él, llegaron otros y posteriormente me condujeron a un automóvil en cuyo piso me recostaron cubriéndome la cara con mi suéter.
Del momento de mi captura en adelante, viví una situación incierta. Al cabo de un rato, porque no tardamos mucho tiempo, llegamos al lugar en que me mantuvieron en cautiverio. Realmente este lugar se encuentra cerca de la Casa del Estudiante. Quizá a 20 minutos. Al llegar, me llevaron a un supuesto jefe quien me preguntó acerca de mis datos personales y me hizo saber el motivo de mi detención.
Mira: de ti sabemos todo. Que has participado en asaltos bancarios, atentados terroristas y asesinatos; sabemos que ha cometido 18 homicidios entre ellos tres del 31 de julio en Juchitán y los de los hermanos Cortés Gutiérrez. Sólo queremos que tú nos digas personalmente, y si te niegas te lo diremos nosotros sólo que eso te va a costar. Piénsalo, en 15 días volveremos a vernos. Llévenselo - ordena a unos agentes - quienes me conducen a un departamento.
Ahí me quitan el suéter y me cubre los ojos con una venda elástica. En ese mismo lugar escuché las voces de mis compañeros quienes eran interrogados y golpeados. Más tarde unos agentes me presentaron ante otro jefe que al parecer era el comandante. Ante éste me quitaron la venda y pude ver que era un hombre corpulento. Me dijo prácticamente lo mismo que el anterior, sólo que éste me dio el plazo de ocho días.
Me regresaron nuevamente pero ya no al anterior sino a un sanitario, y si en un croquis los metros son representados por centímetros o milímetros, aquí los agentes representaban los días con una o dos horas, de tal forma que al poco rato se regresaron por mi para llevarme ante el comandante.
Este me dijo: ¿Ya lo pensaste? Y al contestarle que no tenía nada que ver con los hechos que se me imputaban, ordenó a unos agentes: - Bájenlo. Así me llevaron a un departamento en el cual procedieron a golpearme; me llevaron de nuevo al sanitario y uno de ellos me dijo: - Cuando quieras hablar con el comandante me llamas.
Los días transcurrieron en ese ritmo, un ritmo como de elevador de sube y baja. Me preguntaban entre otras cosas acerca de la orientación política de la COCEI, de su estructura política y militar y de sus relaciones y como les respondí en forma negativa me ganaba los golpes que ya me habían anticipado.
Tuve la oportunidad de estar junto con mis compañeros Sabino, José Alfredo y Juan que posteriormente fue detenido. También logré ver a mi esposa y platicar con ella una sola vez. El 21 de diciembre, con los ojos vendados, fui presentado ante un supuesto juez que hablaba con su secretario, quien mecanografiaba un acta, en la que se anotaban los hechos delictuosos en los que yo supuestamente había participado. Luego de firmar el acta, me llevaron a una camioneta tipo combi o vagoneta, donde me acostaron boca abajo. Con las manos esposadas, colocadas sobre mi espalda, me condujeron a un aeropuerto, aparentemente el internacional Benito Juárez; me subieron a un avión de "Aereo Comander", según había escuchado y viajamos al Istmo de Tehuantepec.
El avión aterrizó, según escuché en Ixtepec, pero por el tiempo realizado para llegar a la cárcel de Tehuantepec, considero que aterrizó en Salina Cruz.
En la cárcel de Tehuantepec me encerraron en un sanitario y con los ojos vendados. Todo el día 21 me mantuvieron sin probar alimento hasta el día siguiente por la tarde.
Para concluir, señor presidente, tengo una propuesta que hacer.
Pregunto: ¿Por qué la policía autora del secuestro no nos trasladó de inmediato a una cárcel pública y en cambio nos mantuvo en una cárcel clandestina? ¿Acaso mantener a los detenidos con los ojos vendados, incomunicados, bajo amenazas y torturas son métodos legales en México que ejecutan policías, cuyos jefes son funcionarios del Poder Judicial, esos funcionarios acaso están libres de culpa? ¿Es así como se garantiza la seguridad de los ciudadanos para que no queden en estado de indefensión y es así como se respetan las garantías individuales? Y ante todas estas violaciones, ante tanta violencia y falta de respeto a la vida, por qué el Gobernador Pedro Vázquez Colmenares ha guardado silencio de que los autores de secuestro, incomunicación y tortura a Jesús Vicente durante 7 días fueron agentes policiacos, lo demuestra el hecho de que los secuestradores fueron los mismos quien lo trasladaron al reclusorio de Tehuantepec, hechos como los aquí narrados se repitieron en varias partes de México, dejando además un saldo de cientos de presos y desaparecidos por causas políticas a un sector importante del pueblo mexicano, sumido en la desdicha a consecuencia de la represión que sufren hasta hoy sus familiares, amigos y compañeros. Sus casos representan un estigma vergonzoso, que se agrega al sufrimiento de las clases trabajadoras que se debaten en la pobreza y el desempleo ante un régimen que no ha sido capaz de sacar al país de la crisis, porque quisiéramos que hechos como estos no se repitieran y que se abrieran caminos de libertad para el pueblo mexicano, damos todo nuestro apoyo al Proyecto de Ley de Amnistía que ha sido presentado en esta sesión, en la convicción de que esta LIII Legislatura, en el pleno ejercicio de su facultad y con sensibilidad habrá de concederla al tiempo que hacemos la siguiente propuesta.
C. presidente de la Cámara de Diputados: Los suscritos diputados, ponen a consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se forme una comisión especial, integrada por los miembros de todas y cada una de las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara.
Segundo: Que dicha comisión tenga por objetivo recabar toda la información documental, entrevistarse con autoridades civiles y militares, entrevistar a testigos, y afectados directos, en relación a la desaparición, aprehensión y detención de miembros de diversas organizaciones políticas y sociales por motivos políticos.
Tercero: Participarán en la comisión que se forme los familiares de los detenidos y desaparecidos.
Cuarto. Dicha comisión informará a la plenaria de esta Cámara sobre los resultados de las investigaciones que realice.
México, D. F., a 28 de noviembre de 1985.
Por el grupo parlamentario del PSUM, diputado Arnoldo Martínez Verdugo.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario de los Trabajadores, diputado Pedro Peñaloza.
Por el grupo parlamentario del Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado Heberto Castillo Martínez. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Sigue siendo una proposición la que ha sido presentada, De acuerdo con el artículo 58 la someteremos a discusión pero ya nada más hablará uno en pro y uno en contra, con el objeto de seguir el trámite que da el propio artículo 58.
Consulte la secretaría a la asamblea si hay oradores.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se abre el registro de oradores. El compañero diputado Eraclio Zepeda pide la palabra, en pro.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, compañero diputado.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: - Compañeros diputados: En la iniciativa de ley que acaba de presentar la diputada Rosario Ibarra de Piedra, provocó un hecho singular de profunda importancia política: El reconocimiento de la existencia de prácticas ilegales en la detención de perseguidos políticos, Esto, es de una profunda significación, esto honra a nuestra legislatura, esto honra a cada uno de los diputados que integran esta soberanía.
El principio de nuestros trabajos, en una ocasión comentamos que esta legislatura estaba llamada a nombrar por primera vez muchas cosas. Legislatura abanica en cierto sentido, esta legislatura nombra las cosas por primera vez, y así fue cuando la deuda, que parecía que era un tema tabú, se horrorizaba mucha gente de que se hubiera hablado de la deuda externa. Hoy la deuda es patrimonio de la nación en su conocimiento y se ha logrado arrancar del estrecho marco de especialistas para hacerla un asunto político de todo el pueblo.
Es posible que estemos hoy en el umbral de un hecho que favorecerá a toda la población en su conjunto y a la dignidad de nuestro país como nación soberana.
Si logramos mantener el mismo espíritu de responsabilidad, el mismo espíritu de tranquila objetividad que el diputado Oñate nos comunicó, habremos dado un gran paso adelante. Cada vez que un hombre o una mujer es vejada, cada vez que un hombre o una mujer es desaparecida, cada vez que un hombre o una mujer es injustamente golpeada, la nación recibe la ofensa como si fuera a él mismo.
Estamos hoy aquí a punto de garantizar a nuestros hijos y a nuestros nietos una vida y una convivencia civilizada. Aceptemos este peligro que tenemos todos enfrente, el peligro de ser desaparecidos. Seamos capaces de dar un paso más en este necesario análisis de las cosas obscuras de nuestra realidad.
En este sentido, yo hablo en pro de lo presentado por el diputado Leopoldo de Gyvez. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Jiménez Guzmán.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - Con su venia, señor presidente; compañeros diputados federales: Con absoluto respeto y atención hemos escuchado las diversas propuestas, comentarios con respecto a lo que hoy llama la atención en esta honorable Cámara de Diputados. Nuestro partido, a través del diputado Oñate Laborde, ha fijado con precisión su opinión desde el punto de vista jurídico y en apego al estado de derecho mexicano. Solamente una breve y última reflexión.
El estado de derecho mexicano producto de un largo quehacer histórico, en el marco de las mejores luchas sociales y humanistas que recoge desde finales del siglo antepasado lo mejor del pensamiento universal, que nutre sus leyes y quehacer republicano, de lo mejor del pensamiento del hombre de las Cortes de Cádiz y de la Asamblea Francesa, capaz de recoger en sus constituciones fundamentales de 1824, de 1857 y de 1917 la esencia del pensamiento republicano y humanista del orbe, pero también el pensamiento mexicano como promotor de las mejores causas y de las mejores luchas para el hombre de su tiempo y su visión hacia el futuro, y en este movimiento dialécto de la inteligencia mexicana para proponer al mundo tesis como el derecho de amparo con las nuevas condiciones que de carácter económico y político reclama el mundo contemporáneo, ha sido siempre salvaguarda de las mejores causas y movimientos de índole humanista y que preservan la dignidad, el decoro y la integridad física y moral del hombre.
Los derechos del hombre y de la sociedad se inscriben entonces en el estado de derecho mexicano, en sus constituciones republicanas y liberales, en las luchas de hoy por encontrar los nuevos caminos y convivencia justa y equitativa, es en síntesis el estado de derecho mexicano, sus leyes y su Constitución, salvaguarda y amparo de las legítimas aspiraciones y de los legítimos derechos del hombre y de la comunidad.
Por eso piensa nuestro partido, compañeros diputados, que no es en este momento factible, que no es posible en este instante debatir sobre la vigencia o no, en el marco del estado de derecho nacional, la salvaguarda de los derechos del hombre y la comunidad. No coincidimos con el planteamiento en cuanto a la formación de una comisión adicional sentimos que existe la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a través de las cuales deberemos dirimir las propuestas correspondientes que han sido señaladas en este H. Congreso de la Unión. Sentimos que ese es el medio, el conducto normal de trabajo de esta representación nacional y por lo tanto nuestro partido ratifica y confirma su propuesta concreta, que sea en el seno de ambas comisiones en donde se debate el asunto en cuestión y que la H. Cámara de Diputados, con su fuerza, con su trabajo, sea la responsable, entere al pleno de su resultado final. Muchas gracias. por su atención. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Ha hablado un diputado en pro y uno en contra de la proposición del compañero Leopoldo de Gyvez. Consulte la secretaría si es de aceptarse la proposición del nombramiento de una Comisión Especial, o no.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite o no la proposición del compañero diputado Leopoldo de Gyvez. Los que esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Admitida la proposición, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, túrnese a las comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Pido la palabra, señor presidente.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Para una propuesta.
El C. Presidente: - Si es para una propuesta, permitamos usted dar turno, porque hay otros compañeros que la tienen solicitada antes.
PETICIÓN A PEMEX Y LA SEMIP
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada María del Carmen Jiménez.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: - Señor presidente, ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: En la zona norte del país, el invierno es verdaderamente crudo, principalmente en las sierras y hay no una, sino miles de personas que por las condiciones casi infrahumanas en que viven no cuenta con ninguna protección física en sus viviendas y lo único que tienen es leña y muchas veces petróleo. Sin embargo, el petróleo ha alcanzado ya precios que son sumamente altos para la mayoría de estas personas.
En el Estado de Chihuahua, ya en años anteriores se ha disfrutado de un precio preferencial para este combustible, y con eso se han visto beneficiadas. muchas personas.
Es por esos que voy a hacer una propuesta:
"Los diputados suscritos hemos hecho gestiones desde los días 4 y 19 de los corrientes, ante Pemex y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, respectivamente para que estos organismos otorguen a la zona norte del país un precio preferencial en el petróleo durante los meses de diciembre de 1985 a marzo de 1986, debido a que en este lapso el consumo del mencionado combustible es muy grande, ya que aun las personas más humildes lo utilizan para calentar sus viviendas y actualmente presenta precios inalcanzables para dos más desprotegidos.
En años anteriores, el Estado de Chihuahua ha disfrutado de este precio preferencial. Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta de Pemex y de la Semip, a pesar de que telefónicamente hemos insistido en tener una entrevista con el director de Petróleos Mexicanos, licenciado Mario Ramón Beteta. hasta la fecha sin ningún resultado.
Por lo anterior, ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente propuesta.
Que la Comisión de Energéticos intervengan de inmediato con objeto de acelerar los trámites correspondientes, para que la petición presentada por los diputados suscritos ante Pemex y la Semip, con relación a que se otorgue un precio preferencial en el petróleo a los estados del norte del país, tenga resultados positivos. Atentamente. Firmamos: diputada Ma. del Carmen Jiménez de De Avila, diputado Héctor Mejía, diputado Edeberto Galindo Martínez, diputado Oscar Rivas Muñoz, diputado Eduardo Turati Alvarez, por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Energéticos.
PLAN DE AYALA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Eliseo Rangel Gaspar.
El C. Eliseo Rangel Gaspar: - Compañero presidente; compañeros diputados: Este 28 de noviembre se cumple un aniversario más, de la fecha en que en una minúscula población de la sierra de Puebla, se promulgó el Plan de Ayala, suscrito por el Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.
«En la circunstancia dentro de la cual fue promulgado ,es capaz de imprimir contenido social valedero a la lucha iniciada en 1910.
Desde el instante mismo de su expedición, los viejos privilegios aumentan el tono soez para combatirlo y las calumnias se multiplican para demostrarlo, en todos los medios de expresión.
Denuestros e injurias, acreditan la validez de los principios sostenidos; de ellos se ha dicho, constituyen el sustentáculo fundacional del acervo ideológico de la Revolución Mexicana, limitado hasta entonces a principios referidos sólo a requerimientos de orden político.
La miga, procede de las meditaciones de Villa de Ayala que, como el tiempo, habría de constatarlo, recogieron en cabalidad de sentido aspiraciones sociales sustantivas de su tiempo.
Con el Plan de Ayala, la revolución que el pueblo tiene en marcha, define su perspectiva como destructora del estado de cosas instituido por el porfiriato y señala el rumbo para alcanzar, por medio de la democratización de la tierra, la redención nacional.
Por eso es que cuando el documento se analiza todos pueden advertir que, con sus postulados se levanta una bandera efectivamente popular, en cuya virtud necesidad habrá, piensan hacendados y latifundistas de aumentar los ataques en su contra; de acrecentar las celadas traicioneras para nulificar a su caudillo; por eso el griterío implacable; de ahí los puñales escondidos en todas las encrucijadas.
No hay sino leer los periódicos de la época para convencerse de cómo responden iracundos, esos órganos de expresión, al proyecto de reivindicación agraria de los campesinos surianos.
Pero no todo fue calumnia e injuria en contra del plan que comentamos.
Nicolás Lenin, Wodrow Wilson, Clemenseau, Lloyd George o Arnold Toynbe, con genial clarividencia, acertaron a entender la proyección y el contenido de los postulados en que el Plan de Ayala se contiene.
Pero la significación profunda y la proyección que habría de tener para el futuro de
México, bien se advierte en sucesos como el de aquella mañana del 30 de abril de 1912, cuando Emiliano Zapata ejecuta el primer acto de reivindicación agraria en el poblado de Ixcamilpa del Estado de Puebla.
Procediendo así, la Revolución Mexicana retomaba su ruta ascensional y daba inicio a un proceso de Reforma Agraria que la justifica y funda.
Y tanto que, no obstante lo de la hacienda de "Los borregos", en Tamaulipas, parado en seco de inmediato por el primer jefe, es él mismo quien llevado por su indudable olfato público, promueve una legislación agraria, la Ley del 6 de Enero de 1915, y luego el artículo 27 constitucional que si le gana influencia campesina, también constituye vivo reconocimiento al agrarismo medular, inconmovible, al margen de todos los oportunismos, postulado por el caudillo del sur.
Y es aquí donde radica la grandeza mayor del héroe; no tanto en su dimensión de guerrillero que es admirable; ni tampoco en su entrega a la causa que defiende, que es total; ni menos aún en su capacidad de entender las complejas circunstancias de la hora que vive la nación y los hechos que la vertebran que es en muchos casos genial; sino en su capacidad para recoger aspiraciones colectivas indudables y dar con ellas, el ideario social y político que venía faltando a la revolución democrática burguesa suscitada por el de San Pedro de las Colonias en 1910
Las gentes de Ixcamilpa, como muy luego millares de poblaciones en prácticamente todo el territorio nacional, empiezan a sentir a la tierra como verdaderamente suya y a derivar de ese hecho, libertades, justicia y bienestar
. La nación misma puede entonces romper las ataduras que le impedían su crecimiento e inicia un proceso - lento y doloroso ciertamente - pero efectivamente seguro hacia las metas de su destino superior.
Por este fenómeno, que habrá de cobrar velocidad y fuerza, particularmente en la etapa propiamente institucional de la Revolución a partir de la gestión obregonista, y, desde luego, en la fase cardenista del máximo ascenso revolucionario, hasta constituir cerca de veintisiete mil ejidos con más de cien millones de hectáreas entregadas por vías diversas, es de donde la Revolución Mexicana deriva su carácter agrarista y antifeudal.
La nota antiimperialista procede del afán del imperio por interferir con el objetivo popular de la revolución.
Zapata es entonces el hombre de la tierra; la expresión más cabal de sus angustias; él no inicia la revolución; se suma a ella después de que suplica justicia en los tribunales sordos y corruptos del porfirismo.
Y no sólo es el calpulelque insobornable por los derechos de su clase despojada.
Heredero de la tesis sustentada un siglo antes por Morelos, cuando el proceso revolucionario le ubica en la difícil coyuntura de las definiciones, él las tiene perfectamente maduradas a flor de labio, contestando con el texto contundente de Villa Ayala.
En sus renglones fulgurantes, no hay que buscar ni atildamientos literarios, ni programa integral racionalizado, ni mucho menos el proyecto cabal de la doctrina en que la sabiduría política habría podido alcanzar niveles gratos
. Están en ellos, la exigencia de los parias de la tierra, dicha con sus propias palabras y sin otra pretensión que la de recoger, con la urgencia que el caso demandaba, aspiraciones efectivas para concitar con ellas, la voluntad popular mayoritaria.
De entonces y para el futuro, el movimiento social revolucionario tendría no sólo propósito definido, sino ideales elevados con los más bastos antecedentes históricos, y motivaciones tan actuales, como los hierros mismos de las mazmorras porfirianas, como las cadenas de la esclavitud y la miseria con las cuales millones de compatriotas nacían y morían.
Asesinos y latrofacciosos los soldados zapatistas como se les llamaba con más interés que convicción.
Salteadores de camino y violadores de todos los códigos divinos y humanos, como la burguesía de la hora les calificaba a porfía.
¡Seguramente que no!
Es el México bárbaro de que nos habla Turner, donde se motiva el proceso lento de la forja del Plan de Ayala que viene a dar perfil ideológico, rumbo certero a la Revolución nacional.
La opresión del jefe político; la injusticia de las relaciones de producción impuestas por la hacienda; el endeudamiento perpetuo de la tienda de raya; el despojo de las tierras de los pueblos en beneficio de hacendados y caciques, tenía que desembocar en la violencia popular, única capaz de imprimir transformaciones revolucionarias a las injustas condiciones de existencia.
Sólo hacía falta el detonante oportuno. Este se produce gracias a la prédica maderista que lanza a la faz de la nación el reclamo de sus hijos mejores:
La revolución estalla en el día y la hora convocados - lo cual pone de relieve la influencia enorme del caudillo sobre su pueblo - y son los hombres del campo quienes engrosan las filas revolucionarias.
Entre los campesinos surianos, y en su jefe Zapata, Madero encuentra partidiarios decididos y leales.
Víctimas del latifundismo, luchadores infatigables por su derecho a la tierra, los zapatistas recogen la promesa que contiene explícita el párrafo 3 del punto tercero del Plan de San Luis Potosí.
A los campesinos surianos atropellados por la justicia venal que jamás atendió sus demandas, la promesa de restitución de las tierras les impulsa a integrar, entusiastas, las filas maderistas.
Iban - ellos que no podían llamar compadre a un juez ni a autoridad alguna - a
cobrar, por medio de la fuerza, los ultrajes recibidos.
Pronto advierten vacilaciones en el guía y, Zapata tiene, entonces la oportunidad de ratificar su credo en la justicia del pueblo.
"Se me hace que no va a haber más leyes que los muelles", y se alejó a sus montañas hasta donde le llega el acoso pretoriano y las calumnias de la prensa venal. Y cuando Madero desciende por el espinoso sendero de las rectificaciones como en el discurso de Huichapan; y cuando el Presidente cambia su tono cordial para exigirle la rendición inmediata, el caudillo hace su retiro a meditar acerca de las modalidades de la lucha futura, a partir de una bandera que los pueblos todos sostuvieron con firmeza.
En una choza humilde en Ayoxuxtla Zapata, con Otilio Montaño formula el documento fundamental de la Revolución Mexicana. Tras varios días de reflexionar y después de varias noches en las que el destino de México es discutido y analizado - autores hay que creen adivinar la luz de relámpagos nocturnos de la débil flama con la que el caudillo enciende un puro, el éxtasis de la concentración en la formulación de los principios que se anuncian - se da a conocer, por fin el plan agrarista.
Bien visto, el Plan de Ayala, se puede descomponer en tres elementos:
En el inicial, el Plan contiene una corajuda requisitoria en contra de don Francisco I. Madero a quien se declara "Inepto para realizar las promesas de la Revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la fe del pueblo y pudo haber escalado el poder".
En los apartados 2 y 3 se contienen disposiciones más bien de procedimiento por lo que se renuncia a Madero como Jefe de la Revolución, y se propone en su lugar a Pascual Orozco o a Zapata para el caso de que don Pascual no aceptara. Se hace propio el Plan de San Luis y se ratifica la decisión de la Junta Revolucionaria, en el sentido de no aceptar transacciones ni componendas.
Por los apartados del diez al quince, se dictan disposiciones considerando traidores a quienes se opongan al Plan; se dispone que los gastos de la guerra serán conforme a lo dispuesto en el Plan de San Luis; se establece el mecanismo para la designación de titulares de los poderes públicos; se insiste en la renuncia de Madero, y se concluye con un llamamiento al pueblo a que apoyé con las armas al Plan que se propone.
La cuestión agraria propiamente dicha, se trata en los apartados 6, 7, 8 y 9:
Se postula en ellos la restitución de bienes de comunidades cuyo despojo se inicia prácticamente desde la conquista; se conviene en que la nueva posesión debe mantenerse a todo trance con las armas en la mano y se remite a los tribunales que establezca la Revolución, la posibilidad de deducir ante ellos el derecho que los usurpadores consideren tener sobre dichos bienes.
El precepto, sin más ubica en la perspectiva más nítida de la teoría de la revolución, al documento de Villa de Ayala.
En el apartado consiguiente se prescribe la dotación de tierras a pueblos o ciudadanos para la creación de ejidos, colonias, fundos legales, o campos de sembradura o de labor, los cuales deberían ser expropiados previa indemnización a quienes los tuvieran monopolizados.
La expropiación, previa indemnización, merece comentario especial por cuanto a que parece recoger la concepción privativa del derecho, en cuanto a que la vía expropiatoria, queda condicionada a la previa indemnización.
Críticos sagaces, han querido ver en este punto, cierta debilidad en la tesis a la cual ubican por debajo del nivel ideológico del sistema establecido para la restitución.
Como quiera que sea, el Plan de Ayala con estas dos exigencias recogía aspiraciones ya seculares de los mexicanos que no pudieron ser satisfechas por García Salinas o Lorenzo de Zavala, ni en el Constituyente del 57 que no pudo, como quería Arriaga dictar la "Ley de la Tierra", ni en las leyes desamortizadoras de la Reforma que, muy por el contrario, propiciaron la destrucción de los bienes comunales en que los pueblos indígenas tenían asiento.
Lo ha dicho - con la autoridad que todos le reconocen - don Antonio Díaz Soto y Gama:
"Nada falta en ese Plan; la confusa situación política, creada por los extravíos y la inconsecuencia del mismo gobierno, está allí descrita con claridad y sencillez necesarias, para hacerla accesible a la mente de los hombres indoctos y sin cultura literaria, a quienes va principalmente dirigido
. El capítulo social está redactado en forma de tal modo contundente y precisa, que no puede dar lugar a tergiversaciones ni a dudas; se devolverán las tierras a los pueblos conforme a sus títulos, se expropiará una parte de los latifundios para crear la pequeña propiedad, establece colonias y dotar a los pueblos de fundo legal, ejidos y terrenos de labor; se nacionalizaran las haciendas de quienes hayan confabulado contra la Revolución; se procurará en una sola palabra, fincar sobre sólidas bases el bienestar y la prosperidad del pueblo de México.
"La imputación de bandolerismo queda así destruida; el levantamiento de las masas, hasta allí informe, se eleva a la categoría de una revolución con contenido hondamente social. y al pueblo campesino, confuso y vacilante en sus aspiraciones, se le da una bandera y se le dota con un programa que atiende tanto a los fines como a los medios prácticos de realización.
"Zapata aparece así como el portador de un gran mensaje, como el apóstol de los oprimidos, como el caudillo desinteresado y heroico de los hombres que hacía cuatro centurias estaban en espera de su libertador".
Por ello sostenemos que Emilio Zapata aporta a la Revolución los dos elementos sustanciales en que dicho fenómeno se funda; la violencia revolucionaria en que persiste por cerca de una década y la tesis, virtud de la cual la revolución nacional asume el carácter agrario y antifeudal que la caracteriza.
El propio caudillo nos da una explicación auténtica de las motivaciones que originaron el plan en la carta que al efecto envía a Gildardo Magaña de manera tal que caen por su propio peso consideraciones especiales que han pretendido minimizarlas.
Y cuando el pueblo en armas se reúne, soberano a deliberar, ante carrancistas y villistas arrogantes que le aclaman, don Paulino Martínez expone, en Aguascalientes con elocuencia que le nace de la más firme convicción, los fines perseguidos por el plan que proclama su jefe y caudillo, este tiene también el día de su gloria mayor"
"No sillones presidenciales para ambiciosos no sinnecuras para los que empuñaron las armas con deseos de sustituir al verdugo de hoy, improvisando nuevos caciques con la punta de su espadas; no privilegios para determinado grupo social, sino igualdad política y bienestar colectivo para los habitantes de la República; un hogar para cada familia, una torta de pan para cada desheredado de hoy, una luz pera cada cerebro en las escuelas - granjas que establezca la Revolución después del triunfo, y tierras para todos, porque la extensión del territorio mexicano puede albergar y sustentar cómodamente noventa o cien millones de habitantes".
Tal era el ensueño de los hombres del sur; el viejo ideal de la tierra y de la libertad para alcanzar la anhelada grandeza nacional.
"Las revoluciones, lo dijo el Presidente Miguel de la Madrid en el cincuentenario de la Confederación Nacional Campesina, en un discurso que es oportuno recordar aquí, no se mantienen sólo evocando la historia y recordando el legado de las generaciones que nos precedieron.
Las revoluciones - enfatizó el señor Presidente - , se sostiene cuando se mantiene con las mayorías, la decisión de seguir adelante, de renovarse, de examinar métodos, de reconocer errores, de hacer nuevos planteamientos."
En el México de hoy, cuando al cobijo de la crisis la reacción mantiene feroz campaña para desprestigiar las instituciones revolucionarias como el ejido, lo revolucionario es no dar un solo paso atrás en el proceso de su consolidación, aunque tengamos que pasar por encima de los intereses de varones del dinero que sueñan con usar el trampolín del latifundio que usufractúan, para apropiarse del poder del pueblo.
No lo conseguirán jamás, entre tanto seamos capaces de llevar hasta sus últimas consecuencias, como quería otro grande de la Revolución, el gran Obregón, la Santa Causa del Pueblo. Muchas gracias. "(Aplausos.)
El C. Presidente: - Hasta este momento han hecho uso de la palabra 24 oradores. Nos faltan 8 más. Por el momento vamos a conceder la palabra a estos 8 que faltan para desahogar puntos de la orden del día que son muy importantes. Pero una vez desahogados esos puntos, concederemos la palabra a todos los demás que la soliciten de este momento en adelante.
INGRESO AL GATT
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado César del Ángel.
El C. César Augusto del Ángel Fuentes: - Con su permiso señor presidente, compañeros diputados: Me ha sido encomendado dar lectura a la posición de mi partido, el Partido Socialistas de los Trabajadores, acerca de la decisión del Ejecutivo Federal, para su eventual ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
«A finales del mes de octubre del año en curso el Senado de la República convocó a una consulta sobre el ingreso al acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en este sentido el Partido Socialista de los de los Trabajadores expresa su opinión y sobre la base del análisis de la situación económica que actualmente tiene el país y el de las relaciones comerciales de intercambio que se realiza a nivel mundial.
Partiendo de las políticas y estrategias que se definen en el Plan Nacional de Desarrollo, como documento reactor del Gobierno Federal, cuyo objetivo fundamental es la estrategia económica, en relación a la política de comercio exterior, es el fomento de las exportaciones no petroleras y la sustitución selectiva y eficiente de importaciones, se indica que la política de sustitución de importaciones seguida en el pasado, alcanzó un límite como modelo para el desarrollo futuro del país.
Asimismo establece la necesidad de lograr un cambio estructural orientado a iniciar transformaciones de fondo en el aparato productivo y distributivo y en los mecanismos de participación social dentro de éste, para superar las deficiencias y desequilibrios fundamentales de la estructura económica, la orientación propuesta plantea dar prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y al fortalecimiento del mercado interno; a la modernización y avance de la reorientación sectorial y regional del aparato productivo y distributivo, para que estos respondan más eficazmente a dichas necesidades, y generen un número mayor de empleos de mejor calidad y reduzca su dependencia y consiguiente vulnerabilidad respecto al exterior y a la preservación y de nuevas modalidades para financiarlo, a partir del esfuerzo interno.
El Partido Socialista de los Trabajadores coincide en los planteamientos de estos señalamientos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero entiende que estos no pueden ser viables si el Estado no reconoce a la clase obrera como fuerza principal en el desarrollo nacional y a partir de ello reconstruye las relaciones de propiedad existentes para así materializar plenamente la vigencia del principio constitucional de la rectoría del Estado sobre la economía nacional.
Asimismo coincidimos en la necesidad de hacer cambios estructurales, pero entendemos que esto sólo podrán darse sobre la base de reconstrucción de las relaciones de propiedad, dando impulso al desarrollo de la economía nacional, la propiedad social junto con la propiedad estatal deben constituir un frente común para que en el terreno de la economía puedan superar y limitar a la gran propiedad privada.
En este sentido el asunto medular consiste en la evaluación de los costos tanto negativos como positivos en el ingreso de México al GATT. No se puede abordar un asunto de esta naturaleza con una posición simplista de entrar o no entrar.
La medida anunciada por el Presidente Miguel de la Madrid en el sentido de iniciar negociaciones para el ingreso de México al GATT, constituye una decisión política orientada hacia la utilización de los marcos multilaterales de este organismo comercial, para propiciar la modernización acelerada del capitalismo mexicano.
La decisión se produce en momentos que se ha reconocido públicamente el agotamiento de la política de sustitución de importaciones como un incentivo de modernización de la planta industrial. En el momento en que el crédito externo ha disminuido sensiblemente y las reservas internacionales de divisas se han mermado considerablemente, agravándose esta situación por la cuantiosa fuga de capitales que los oligarcas desnacionalizados acometen cotidianamente contra la economía nacional. En momentos en que se ha reconocido la falta de competitividad de los productos nacionales en el mercado exterior.
Se argumenta por lo tanto, que la participación de México como parte contratante del GATT, forzará a la planta industrial nacional a modernizarse progresivamente; a asimilar tecnologías que le permitan elevar la calidad y competencia de sus productos en el mercado externo; a aumentar y diversificar ampliamente los niveles de nuestras exportaciones y captar un mayor caudal de divisas por la vía del comercio exterior.
El evidente que esta decisión en proceso de ejecución, ha sido recibida con beneplácito por los directamente beneficiados de la misma, la gran industria privada que acaricia esta posibilidad como una fuente de enriquecimiento sin precedentes en la historia nacional.
La participación de México en el comercio internacional no llega ni siquiera al 3% y el petróleo constituye entre el 75 y el 80% de nuestras exportaciones, el resto se concentra en la industria petroquímica, la manufactura de autopartes, equipos de transporte, acero y textiles.
Actualmente el 68% de los productos que México exporta se dirigen a los Estados Unidos y en menor medida a Alemania, Japón, la Comunidad Económica Europea y América Latina.
México tiene ante sí varias disyuntivas: mantenerse al margen del GATT buscando la diversificación comercial por la vía bilateral; integrarse al GATT bajo los mejores términos posibles o seguir la política de "caso por caso" en las relaciones comerciales con otros países, reconociendo que la relación con Estados Unidos es la más importante, siguiendo un proceso de integración de facto o "silenciosa" con ese país. Analizando con frialdad y objetividad la decisión de México de integrarse como parte contratante del GATT, el Partido Socialista de los Trabajadores considera que en los marcos del sistema capitalista habría beneficios en le desarrollo industrial, pero al mismo tiempo nos alertamos y alertamos al pueblo de México sobre los peligros que esta decisión conlleva.
En sus orígenes el GATT surge como producto de la decisión de un conjunto de países que resultaron seriamente dañados, por los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial y cuyas economías se encontraban en franca recesión, por lo que el impulso al comercio exterior y al intercambio mutuo, les abría posibilidades de reactivación de sus maltrechas economías.
Sin embargo, al paso del tiempo los países altamente industrializados terminaron por imponer sus condiciones al conjunto de países participantes en el acuerdo general de Aranceles Aduaneros y Comercio, en perjuicio de las naciones menos desarrolladas, particularmente las que mantenían relaciones de dependencia colonial con las potencias europeas y los Estados Unidos.
No desconocemos tampoco la lucha de los países en desarrollo por modificar las cláusulas del acuerdo en condiciones de mayor ventaja por la exportación de sus productos y para la importación de aquellos otros que más convenía introducir a sus mercados internos. Esta lucha quedó plasmada, después de diversas rondas de negociaciones en la parte IV del tratado que establece mejores condiciones de intercambio en el marco del GATT a los países en desarrollo.
En estos momentos la gran mayoría de las partes contratantes del GATT, particularmente los países pobres, cuestionan el proteccionismo y las violaciones al acuerdo en que han incurrido las potencias industriales para proteger la quiebra de sus economías nacionales. Esta situación posiblemente abra de nueva cuenta foros de negociaciones multilaterales entre los países miembros del GATT, para revisar aquellos principios que siguen resultando lesivos a los países en vías de desarrollo.
Sabemos también que los países del campo socialista han ganado mercados en el mundo capitalista, pero la estabilidad de sus mercados internos les permite negociar sus excedentes y allegarse productos que fortalecen los niveles de consumo de sus pueblos.
En el caso de México, su participación en el GATT enfrentaría el peligro de que la soberanía nacional y la rectoría del Estado en materia económica, se sirvan en charola de plata a las potencias capitalistas altamente desarrolladas para que se sirvan a su antojo nuestras riquezas naturales y capitalicen el trabajo de millones de mexicanos a cambio de mercaderías superfluas e inútiles para elevar el nivel de vida del pueblo trabajador de México.
Una de las consecuencias previsibles de esta decisión gubernamental, será la presión a la que se someterán las pequeñas y medianas industrias que son fuentes de empleos más permanentes y que están dispuestas a respetar los intereses de sus trabajadores y que con esta medida se verán en peligro de quiebra al no lograr la competitividad y los volúmenes de producción necesarios para la exportación. La quiebra de la pequeña y mediana industria no sólo generaría desempleo masivo, con las consecuencias económicas y políticas que esto implica, sino también un serio estrechamiento del mercado interno.
La modernización de la planta industrial, la elevación de la calidad competitiva de la industria nacional, la lucha por asimilar tecnologías que nos hagan cada vez menos dependientes; la captación de volúmenes mayores de divisas, son objetivos justos en los marcos de la aguda crisis que enfrentamos, siempre y cuando se establezca con claridad frente al GATT lo que es negociable y lo que no se puede por ninguna razón de pragmatismo económico, negociar. No hay que desconocer que los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea determinan las políticas comerciales y que se ha aumentado la tendencia al proteccionismo por parte de estos países.
Nadie tiene derecho de negociar la soberanía nacional; nadie tiene el derecho, ni el propio grupo gobernante, de negociar la rectoría del Estado en la economía; nadie tiene el derecho de convertir en letra muerta preceptos constitucionales como los artículos 25, 26, 27 y 28.
Por ello es importante que el pueblo de México conozca los términos de la negociación definitiva con el GATT y que se conozcan y discutan también en esta Cámara de Diputados y no sólo en el Senado.
Decimos que se deben conocer los términos de la negociación, porque todo parece indicar que se trata de una decisión gubernamental irrevocable. Y nos preguntamos, nos cuestionamos:
¿Será una adhesión provisional o será definitiva?
¿Qué productos va a colocar México en el mercado internacional y cuáles vendrán en contrapartida?
¿Permitiremos que se nos establezcan criterios en el manejo de la política cambiaria por parte del Fondo Monetario Internacional, tal como lo prevé el artículo 15 del acuerdo?
¿Permitirá México que se negocie el renglón de servicios y financiamientos del comercio exterior provocando un trasnacionalización de la banca?
¿Permitirá nuestro país que se le impongan condiciones para reprivatizar la economía?
Estas y otras interrogantes deberán ser discutidas de cara al pueblo trabajador de México y ante esta honorable Cámara de Diputados.
Pero lo que a nuestro juicio merece mayor atención, es sin lugar a dudas la necesidad de que esa medida no sirve para favorecer los privilegios de la oligarquía industrial exportadora, debe ser consecuentemente aparejada con la decisión de gran trascendencia de otorgarle el valor constitucional que tiene en la práctica el sector social de la economía.
Los problemas de desempleo, de estrechamiento del mercado interno y desigualdad en la distribución del ingreso, sólo podrán ser combatidos en medio de la crisis, por la vía del cambio estructural en las relaciones de propiedad, tal como lo establece la Constitución.
Con GATT y sin GATT, el pueblo trabajador de México está dispuesto a salir adelante de esta crisis por una vía no capitalista de desarrollo, siempre y cuando se convierta en el artífice de la elevación de sus condiciones de vida mediante su participación organizada y consciente en el sector de la economía que la Constitución ha reservado como propiedad exclusiva de los trabajadores.
Compañeros diputados: no deseo abandonar la tribuna sin formular reflexiones en mi carácter de dirigente campesino, en mi carácter de modesto miembro del Movimiento Campesino del País.
Soy respetuoso de la "Ley de la Democracia" que dicta que la mayoría debe mandar sobre la minoría. En ese sentido las fracciones parlamentarias de oposición tenemos un espacio político en extremo reducido como para influir en los mecanismos de decisión.
Sin embargo, puedo decir que conozco el sistema, al menos el medio agrario político en que me he desenvuelto como para no hacer recomendaciones o advertencias en el plano campesino.
El sistema mixto de economía ha dado origen entre otros males nacionales a un país de especulación. La Revolución mexicana en 75 años no me enseño comercializar y dejó en manos de particulares una de las primordiales tareas que debe estar regida por el Estado. Descuido también llevar la modernidad a la organización campesina para los fines de desarrollo que el propio Estado se fija.
En la actualidad el ingreso al GATT toma a los campesinos en orfandad legislativa para su adecuada organización. 1. Es carencia de una política fiscal que proteja al productor y
elimine la especulación 2. La estructura y canales de comercialización al mercado interno y externo 3. Y, finalmente, la especialización agrícola que nos permite participar con ventaja con cuando menos 20 productos agrícolas
. Bien se me puede decir que siendo diputado por qué no formulo y propongo los proyectos o adiciones que sean necesarios. No lo hago porque reitero mi conocimiento del sistema y estimo definitiva la voluntad presidencial y no sólo ello, sino que cuando se logra rebasar la influencia tecnocrática soy optimista respecto a los resultados.
La especialización agrícola, objetivo que debiera ser prioritario en un país de campesinos con propósito de ingresar al GATT, ha sido soslayada como condición de ventaja definitiva, aunque ya se presentó la carta de intención y a partir de enero inicia las negociaciones, no creo que el rígido GATT ceda las condiciones. Creo más en el poder interno de la nación. Muchas gracias.
REALIZACIÓN DEL EJECUTIVO
EN TRES AÑOS
EL C. Presidente: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Contreras.
El C. Francisco Contreras Contreras: Señor presidente, compañeros diputados: El próximo 1o. de diciembre, dentro de 3 días exactamente, habrán de cumplirse 3 años de gestión gubernamental del Presidente Miguel de la Madrid. Dadas las circunstancias sumamente complejas en que asumió la Primera Magistratura del país y los difíciles días que nos quedan por recorrer, considero oportuno formular en nombre de la diputación priísta de esta alta tribuna, un breve balance de lo realizado por el Ejecutivo Federal.
El Presidente Miguel de la Madrid, recibe la titularidad del gobierno en diciembre de 1982, la nación en una situación de emergencia, el país inmerso en la crisis más grave que los mexicanos de este siglo hubiésemos presenciado producto de la situación internacional adversa y un modelo de desarrollo agotado; inflación sin precedente, reservas internacionales agotadas, situación financiera deteriorada, actividad económica en franco proceso recesivo, desempleo creciente y desconfianza. Pocos gobiernos en la historia de México han ejercido su responsabilidad en circunstancias tan difíciles, pocos gobiernos como el De la Madrid ha tenido la imperiosa necesidad de revisar tanto, de modificar inercia, de enfrentar desequilibrios tan profundos, de entender tantas urgencias con tan disminuidos recursos, pero De la Madrid tuvo determinación, tuvo el apoyo de su pueblo para hacer frente a la situación y sacar a México de la encrucijada en que se encontraba.
El Presidente al tomar la dirección del país, actuó sin dilación; primero, fortaleció el marco legal realizando reformas trascendentes a la Constitución en materia de desarrollo económico y social, rectoría del Estado, economía mixta y planeación nacional desarrollo rural integral, derecho a la salud y bases constitucionales de la responsabilidad de los servidores públicos.
Establece el inicio de su gobierno el programa de reordenación económica mientras tanto se elabora al detalle el Plan Nacional de Desarrollo que contiene, como propósito fundamental la defensa de la soberanía y el fortalecimiento de nuestra independencia cuatro objetivos básicos y estrategias que tienen dos vertientes fundamentales: la de ordenación económica y el cambio estructural sobre los de la nación ha avanzado; los planes de ningún país son rígidos. No son camisas de fuerza. Son guías para acción, son instrumentos que sirven para aprovechar eficientemente los recursos y poder evaluar resultados y así lo entiende seguramente el Presidente de México.
A tres años de distancia, bajo la dirección de Miguel de la Madrid mucho se ha podido realizar en bien de México, aunque es honesto decirlo también, mucho falta por realizar para complementar los objetivos del proyecto nacional. Hemos tenido avances en nuestra política interna y en nuestra política externa, hemos tenido avances en el aspecto político, en el aspecto social y en el aspecto económico, pero también reconocemos que por el entorno nacional adverso y por circunstancias imprevisibles en la situación nacional, no hemos logrado cabalmente todas las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.
¿Qué se ha logrado en tres años de gobierno en el aspecto político del país? El ámbito político de los mexicanos se ha vigorizado; se han fortalecido los postulados de la Revolución Mexicana; se han respetado los principios de la Constitución. Se ha fundamentado el poder político con el consenso de las mayorías y se han garantizado siempre y en todo momento, los derechos de la minorías.
Se ha ampliado en tres años de gobierno la participación de los grupos e individuos de los distintos procesos nacionales. Se han enriquecido los conceptos de democracia, de libertad, de justicia, de soberanía y de independencia. Se ha mantenido el equilibrio y colaboración de los poderes de la Unión en un marco de mutuo respeto. El federalismo se ha vigorizado mediante un incremento sin precedentes en el otorgamiento de los recursos económicos y jurídicos, a los estados y municipios; crece el ámbito de acción del municipio y se amplía su autonomía con las reformas constitucionales al artículo 115, que impulsa la descentralización de la vida nacional.
La comunicación del pueblo y gobierno se ha acrecentado en todos los campos de la vida diaria. En este recinto parlamentario, asiendo de la democracia, con la participación viva, dinámica y entusiasta de nueve partidos políticos, tienen lugar los más prolongados
y álgidos debates sobre los más diversos temas de interés nacional. No existen cortapisas no se coarta la libertad de expresión Existe un profundo respeto para todos los puntos de vista y opiniones divergentes.
En lo político el Presidente de la Madrid ha procedido con apego al nacionalismo revolucionario. Ha mantenido la articulación política en torno a los principios de la Constitución General de la República en la que la mayoría estamos de acuerdo.
Miguel de la Madrid, ha fortalecido nuestra unidad fundamental alrededor de los intereses generales y de la soberanía nacional.
¿Qué se ha hecho en tres años de gobierno en el aspecto social? De estos tres años se ha visto vigorizada la sociedad civil en todos sus aspectos. Se ha evitado que el desempleo se generalice. Se han tenido las justas demandas hasta donde las circunstancias lo han permitido, para proteger el consumo de los trabajadores. Se ha actuado para elevar el nivel de vida de los campesinos, apoyando tareas productivas y promoviendo la satisfacción de las necesidades básicas. Al darle atención prioritaria a los servicios de educación y cultura de agua y alcantarillado, energía, vivienda, comunicación y transporte, se han reorganizado y modernizado los servicios de salud, aumentando la cobertura y elevado su eficiencia.
En tres años de acción ininterrumpida, se ha luchado por hacer realidad el criterio rector de sociedad igualitaria. Se ha procurado limitar desigualdades Se han buscado en todos los aspectos que la sociedad se fortalezca y tenga mayor presencia en las decisiones del gobierno y en la conducción de la nación.
¿Qué se ha logrado en tres años de gobierno en el aspecto económico? lamentablemente en este renglón no hemos logrado todo lo que el gobierno hubiera querido, ya que nos limitan circunstancias de caracter internacional y de caracter interno. Pero es necesario reconocer sin prejuicios, que se han superado los problemas de emergencia económica que prevalecían en 1982. La inflación que alcanzó tasas de 120% anual, se han abatido en un 50% Se ha avanzado en el saneamiento de las finanzas públicas, se cuenta con un monto significativo de reservas internacionales, frente a su agotamiento al inicio del 83, la actividad económica que se encontraba en franco proceso recesivo, ha demostrado su potencial recuperación, creciendo en dos años consecutivos a tasas del 4%; los puesto de trabajo han vuelto a expanderse según datos que han generado publicaciones oficiales; se mejoró el sector externo y se restableció el prestigio crediticio del país; la deuda publica externa disminuyó en términos relativos y se reestructuró a plazos más largos favoreciendo nuestras posibilidades de cumplir compromisos, mejorando así el crédito internacional del país.
¿Qué ha logrado el gobierno en tres años en materia de política exterior? A pesar de la incertidumbre que prevalece en el medio internacional y de situaciones hostiles y poco favorables, muestra política exterior no ha varia do en el respeto a principios fundamentales de la historia de México; autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos, solución pacífica de controversias, igualdad jurídica de los estados y cooperación internacional para el desarrollo.
Nuestra política exterior ha merecido en los tres años de gobierno de Miguel de la Madrid el reconocimiento de propios y extraños y ha visto crecer en forma sustancial el prestigio de México como nación que pregona y defiende el inmortal apotegma de Benito Juárez "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
En el balance de las acciones del gobierno a la mitad del camino, la fracción mayoritaria lo considera positivo. Hay superávit, sin que eso implique por nuestra parte una actitud alejada de la realidad y de nuestra responsabilidad como partido de las mayorías nacionales, Al reconocer lo positivo del gobierno en tres años, no dejamos de observar que existen desigualdades que no se han podido superar totalmente, existen desviaciones en algunas áreas de la actividad pública que se busca corregir, existen todavía fallas e insuficiencias en la instrumentación de la política y también existen viejos y nuevos retos que el gobierno enfrenta con tenacidad y determinación.
Somos los diputados de la fracción priísta los primeros en reconocer que existen en el México de hoy rezagos considerables y desigualdades; nos falta todavía integrar mas cabalmente a la nación en todos sus aspectos, reforzar y hacer más productivo el aparato económico, y retomar su desarrollo firme y sostenido.
Nos falta trasformar aún más a la nación para que su sociedad sea más justa e igualitaria, para que reciba los beneficios que queremos todos los revolucionarios; nos falta avanzar más en materia de democratización integral de fortalecimiento del federalismo y de municipio libre: nos falta profundizar en materia de descentralización de la vida nacional, en las tareas de renovación moral de la sociedad en materia de planeación democrática; nos falta ampliar y enriquecer más aún las libertades y el pluralismo político, fortalecer aún más la sociedad civil para que participe la responsabilidad y criterio al lado del estado de la consecución y una patria más libre, más independiente, más vigoroza, más próspera y más justa, porque muchas cuestiones y problemas nacionales nos faltan por resolver, es que convocamos a la unidad nacional y a ratificar con hechos y con palabras la acción del gobierno revolucionario de Miguel de la Madrid Hurtado que procura libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación.
A la mitad del difícil camino recorrido, sin vanidades estériles en lo logrado hasta aquí. Sostenemos con objetividad y firmeza
que ha habido congruencia entre el decir y el hacer, ha habido respeto a la Constitución General de la República, respeto y atención a la voluntad del pueblo y sobre todo, trabajo y honestidad permanente para llevar adelante nuestro proyecto nacional.
A 75 años de la Revolución sostenemos con seguridad que México tiene proyecto para rato, por el que puede avanzar en la lucha por la sociedad igualitaria, por la democracia y la justicia social, tiene hoy la revolución dirigente y dirección para salir adelante bien librada segura del porvenir la Revolución bajo el liderazgo de Miguel de la Madrid, garantizar su realización en bien de las grandes mayorías.
A tres años de gobierno, la mayoría de la representación nacional, reconoce la labor patriótica y revolucionaria del Presidente de México y afirma categóricamente con argumentos y con hechos que el gobierno de México está en la ruta correcta para hacer de la patria una nación soberana, independiente, libre y democrática. Muchas gracias.
El C. Presidente: Para hechos, se le concede la palabra al C. diputado Federico Ling.
El C. Federico Ling Altamirano: Señor presidente compañeros diputados: La inverosímil intervención que acabamos de escuchar o es un informe o es una glosa, si es un informe es malo por confuso e insuficiente, pero si es una glosa, entonces es una verdadera tontería.
No vemos a título de qué, siendo que es la materia habitual de nuestro trabajo el juzgar estas cuestiones políticas, sociales y económicas, se venga a hacer un paréntesis singular para ilustranos acerca de los trabajos que ha realizado el señor Presidente de la República; creo que el 1o. de septiembre fuimos suficientemente informados, estamos tratando de seguir siendo informados de manera veraz y cotidiana, de manera que aún en este sentido la intervención anterior es superflua; pero hay algo más: que no podemos nosotros admitir en Acción Nacional que con extrema ligereza se venga a afirmar como balance definitivo el que las condiciones, por ejemplo económicas de 1982 han quedado superadas, pero, señores diputados, si los señores secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto vinieron a decirnos que hace unas horas apenas, que 1986 será un año extraordinariamente complejo y difícil, el más complicado económicamente de los últimos tiempos, dijo Silvia Herzog y sumamente difícil, dijo textualmente Salinas de Gortari, pero para el señor diputado que habla, según él a nombre de la mayoría priísta, todo está superado con respecto a 1982 los tiempos soplan de popa y la nave del Estado y de la sociedad civil y mexicana, se encaminan a rumbo feliz, esto es algo que nosotros no podemos admitir, esta ligereza, esta superficialidad y casi este oportunismo, además quedarían pendientes muchos cuestionamientos, en política electoral, en materia de democracia, todos hemos reconocido al menos que hay un tramo enorme de perfectivilidad y nosotros afirmamos no solamente de perfectividad, sino de trabajo desde los rudimientos mismos por el atraso en que se encuentra la democracia mexicana, cuál balance, cuál glosa, cuál informe, lo que acabamos de escuchar aquí no tiene sentido y protestamos enérgicamente por usar este tipo de táctica parlamentaria
LEY JUÁREZ
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Víctor Hugo Islas.
El C. Víctor Hugo Islas Hernández: Señor presidente; compañeras y compañeros diputado: Desde lo más profundo de la historia nuestra, surge en toda su majestuosidad la ceñera y visiorina figura del varón esclarecido que supo en la hora aciaga de la patria la hora crítica. Al infausto momento en que se debatían los momentos nacionales, apuntalando con ejemplar talento, el triunfo liberal, contra la vieja práctica del pronunciamiento, del cuartelazo la azonada y el motín santanista, abrazando con fe igual la bandera de la voluntad nacional, expresada en el marco de la legalidad marcando como origen de poder frente a las absurdas y apátridas pretensiones monárquicas de entonces.
El pasado 23 de noviembre de 1985, celebramos un año más en que nuestro más grande patricio de la edad contemporánea, promulgó la primera de una de las más importantes construcciones jurídicas de nuestro tiempo, la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, más conocida como "Ley Juárez" Dicho ordenamiento imprimía a los tribunales especiales dejando únicamente el conocimiento de los asuntos a los miembros de dichas corporaciones.
La repercusión de dicho ordenamiento coreaba en los labios de los testaferros de Zuloaga, quienes al grito de religión y fueros preparaban el caldo del cultivo que engendraba la más burda y prepotente actitud intervencionista de que los mexicanos tengamos memoria.
Conjuntamente con dicho ordenamiento se preparaba a la patria para afilar por los caminos del porvenir, pero también se probaba a una generación para enfrentar con éxito los problemas de su tiempo. La situación interna del país en que las actividades económicas prácticamente eran nulas, la agricultura reduciéndose a unos cuantos productos indispensables para la alimentación con una actividad de exportación reducida únicamente al oro y la plata. La fuerza de trabajo permanentemente ociosa, la exigua actividad comercial agobiada por impuestos sin cálculos.
los ingresos del erario sumamente desperdiciados y el crédito externo abatido en donde la inseguridad campeaba por todos los caminos de la patria, colocando al gobierno entre las exigencias de los acreedores de la administración y la insuficiencia de recursos resultaba necesario crear un sistema político hacendario, jurídico, sano y firme. Las presiones internas traducidas en un istmo de Tehuantepec, amenazados por gobiernos extranjeros, Sonora con problemas, Chihuahua , Tamaulipas, Mazatlán, Durango, Yucatán, perturbado, Michoacán perturbado por el cuartelazo por la Piedad Cabadas enderezado en contra del gobernador Melchor Ocampo, por la legislatura reformista que opuso la libertad religiosa atacando las objeciones parroquiales y preparando atrevidas medidas de nacionalización de la propiedad estancada.
Muchos acreedores, muchos problemas, pocos recursos y bancarrota general en todos los aspectos eran el distintivo de la época en que le tocó vivir al benemérito Benito Juárez, circunstancia que sirvió de marco a la primera revolución ideológica de nuestra patria, la Revolución de Ayutla cuyo cimiento laboral fecunda en las Leyes de Reforma y florece con la guerra de liberación nacional de 1862 a 1867 contra los ejércitos intervencionistas de Francia.
Es por esta razón que al conmemorar el 130 aniversario de la promulgación de la Ley Juárez que se dio durante el gobierno de otro gran hombre de la reforma Juan Alvarez, haciendo credo de fe liberal desde esta tribuna rendimos merecido reconocimiento a esta magna obra jurídica del México contemporáneo para abrevar en el ejemplo nacionalista y renovador de nuestra fe en el crisol de la conducta del arquitecto de nuestra nacionalidad y agitando las conciencias de los compatriotas nuestros en los aciagos momentos que vive nuestra patria.
Con el bizarro de Juárez buscar, hoy como ayer, el elemento coaccionador de nuestras voluntades que multiplique ante los embates del exterior y ante las dificultades del interior producto de la incomprensión y a veces también de la mala fe nuestra, solidaridad nacional entorno al día de las instituciones nacionales, nuestro Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, porque hoy como ayer nuestra patria se encuentra inmersa en los graves y grandes problemas que aquejan a la humanidad de nuestra época, producto de un sistema económico internacional en crisis y producto también de un desenfrenado culto idiosincrasias ajenas a nuestro ser y sentir nacionales.
Por esta razón, dentro del marco de este homenaje de gran conmemoración cívica, la ocasión es propicia para renovar nuestra fe en nuestra inagotable veta histórica y en nuestro sabio ejemplar sistema jurídico mexicano.
Tiempo es de meditar, pero también de actuar con base a la férrea y sublime fe liberal legado de nuestra historia en la que encontraremos consuelo a los humanos desfallecimientos y fuerza para seguir en la construcción de la sociedad que Juárez y los cohombres de la Reforma soñaron para México y construyeron desde sus raíces para nosotros los mexicanos.
Las grandes tareas de reconstrucción nacional, luego de más de un siglo de vigencia de los ideales juaristas todavía están esperando a los hombres y a las mujeres que sin perder la fe en el destino de la patria. se sumen a la inmensa tarea de vigorizar cada día más y más nuestras instituciones y fecundar la historia con su ejemplo cotidiano desde el taller, la fábrica, la escuela, la parcela o las grandes tareas de la administración, porque tiempo es este de empuñar el timón y enfilar la proa hacia el rumbo que nos depare una patria justa y generosa sin desigualdades en el interior y sin sujeciones de ninguna naturaleza respecto del exterior; una patria en la cual se genere igualdad de oportunidades para el desarrollo de cada ser humano, sin más límites que los inherentes a su capacidad que culmine en la sociedad que soñaron nuestros liberales del siglo pasado y que día a día nos empeñamos en construir la sociedad igualitaria que forja a cada momento el Presidente de México, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Muchas gracias. (Aplausos)
AYUDA EXTRANJERA A
DAMNIFICADOS POR LOS SISMOS
El C. Presidente: Tiene la palabra el C. diputado Bribiesca Castrejón.
El C. Manuel Bribiesca Castrejón: Señor presidente, señores diputados. Como decía en la televisión, digamos también lo bueno, el día 8 de octubre ocupé esta tribuna para proponer que se formara una comisión para investigar lo que hubiera de cierto de lo que andaba de boca en boca.
De que la ayuda en especie enviada por nuestros hermanos de todo el mundo y no me refería a la ayuda en dinero sino a tiendas de campaña, cobijas, ropa, víveres, etcétera, no habían llegado a los damnificados, sino habían desaparecido y tal vez estuvieran almacenados en algunos otros lugares.
La Comisión Investigadora no se formó, pero me llegaron alteros de papeles que pretendían explicarme cómo se había canalizado esa ayuda. Se me indicó que en la Sala de Armas de la Magdalena Mixuca estaban repartiendo, mediante una tarjeta, ropa, víveres, zapatos, y otros artículos. Desgraciadamente yo, como Santo Tomás, hasta no ver no creer.
Me encaminé a la Sala de Armas y encontré lo que denuncié en otras de mis intervenciones. Muchos trailers, 15, con placas americanas, y uno me llamó especialmente la atención que traía una etiqueta sellándolo: 9 K USA. Our Lady of Guadalupe Church México Reliefe. Father Miguel Concha, seguido de la dirección y del teléfono. Entré en el recinto donde encontré mucha. pero mucha
ropa sin clasificar y una montaña de zapatos en muy buen estado pero que nadie había tenido el cuidado de recibirlos, de amarrarlos y dejarlos como pares.
Pregunté si no querían ayuda de voluntarios para hacer pares. No me tomaron en cuenta. Ese día no era día de reparto y no había damnificados, Había grandes botaderos que tenían paquetes de arroz, frijol, sopa, etcétera, y vi cómo aventaban los sacos, de frijol en polvo destrozándolos como si fueran costales de cemento o de cal. Vi mucha ropa nueva americana: abrigos, chamarras de magnifico uso, trajes nuevos en sus ganchos. Me llamo la atención, cientos de pares de zapatos tenis nuevos, pero sin agujetas, que más tarde encontraría las tales agujetas en mazos, tiradas abajo de las cajas de desperdicio. Nadie se había preocupado de ponérselas a los zapatos.
En el último botadero encontré magníficas latas de alimentos americanos y una caja a medio abrir de duraznos en almíbar etiquetada para el Padre Concha. Había ya muchas bolsas de mandado cosidas con mecate y llenas de latas, como cuando las sirvientas se llevan el bocadito para la familia.
Me entrevisté con el Padre Concha. Me puso al corriente de todo. El Padre Marshall su antiguo alumno y amigo de México párroco de Nuestra Sra. de Guadalupe, de Denver, Colorado, se había enterado a las 2:30 de la tarde del 19 de septiembre del terremoto que aquejaba a nuestra patria. Por todos los medios de comunicación pidió ayuda a los mexicanos, a los méxicoamericanos y también a los güeros. Ayuda para México, dos canales de televisión se establecieron en su propia parroquia. El mismo gobernador del estado de Colorado, a quien el padre Marshall, había atacado días antes por el mal trato que tenía con los braceros mexicanos, se puso a las órdenes del sacerdote dando el máximo de ayuda y de facilidades 350 voluntarios estuvieron recibiendo donativos esa y otras noches hasta altas horas.
Los MacDonald y las pizzerías se encargaron de dar alimentos a los voluntarios Los almacenes de proveer cajas. Los voluntarios de etiquetar y llevar al aeropuerto. Una línea aérea puso todo su espacio libre todo el tiempo que se necesitara para traer la ayuda a nuestros hermanos en desgracia.
En México todo fueron trabas, burocracia , desvío de la ayuda. Como las iniciales 100 mil libras que llegaron que fueron en consentimiento del que había dado aquello, dadas a la Cruz Roja Menos mal.
Y tuvo que venir el propio Padre Gurley a ver qué pasaba, pero siguieron los desvíos hasta que localice aquel trailer famoso en la Magdalena Mixhuca. Vinieron reporteros de la televisión americana a constatar la denuncia hecha por mí, y afortunadamente estoy reconociendo ahora lo bueno ya le han devuelto once trailers al Padre Concha, siete estaban en la Magdalena Mixhuca y el propio Secretario de la Contraloría de la Federación le avisó que también en la estación de ferrocarriles Margarita Maza de Juárez estaban estos tres trailers a su disposición.
Ya los donativos han estado siendo repartidos entre los damnificados de Tlatelolco, a los de las Torres de Tecpan, a través de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en la Bondojito en la Iglesia de Santa María Magdalena de la propia Magdalena Mixhuca y en la colonia de los Doctores.
Es momento, y para mí muy satisfactorio, reconocer lo bueno de la Secretaría de la Contraloría de la Federación por lo que toca al asunto del Padre Concha y qué bueno que el gobierno reconoció lo mal hecho y tuvo la antingencia de enmendarlo. Gracias señores (Aplausos).
PADRÓN ELECTORAL
EN CHIHUAHUA
El C. Presidente: tiene la palabra el C. diputado Eduardo Turati.
El C. Eduardo Turati Alvarez: Con su permiso, señor presidente: Señoras diputadas, señores diputados: Hace apenas dos días, el pasado martes, el día 26 de noviembre, fueron designados como representantes de la Legislatura Local del Estado de Chihuahua ante la Comisión Estatal Electoral los cuatro diputados propietarios y cuatro suplentes que la deben integrar, pero absurdamente todos ellos son exclusivamente miembros del partido oficial, siendo que la totalidad de diputados del PRI en Chihuahua, nueve, son tan solo poco más de dos terceras partes de la Legislatura Local, y en conjunto, los nueve, no representan ni el 60% del total de la votación obtenida durante los comicios en que fueron electos.
Los 4 diputados restantes de Acción Nacional, representan casi la tercera parte de dicha legislatura y los respalda más del 40% de la votación total.
Denunciamos ante esta representación popular, la actitud facciosa del partido oficial, que despreciando la voluntad del pueblo no atiende a las legítimas representaciones que debieran integrarse de manera proporcional a dicha comisión.
Denunciamos que en dicha comisión, representa al Gobierno Estatal un connotado priísta expresidente del Comité Estatal del PRI y exdiputado local de su partido.
Denunciamos que hasta el momento los integrantes de dicha comisión son todos miembros del partido del Partido del Gobierno.
Denunciamos la acción obstaculizadora de la Comisión Electoral que no atiende a la solicitud que nosotros le hicimos de entregar las copias del padrón electoral depurado, aduciendo como justificantes la carencia de medios económicos para poder elaborar tan siquiera una simple copia.
Preguntamos, señores diputados, qué es lo que se pretende al integrar de una manera.
evidentemente facciosa, la Comisión Electoral que habrá de sancionar el resultado de las votaciones del año entrante ¿Qué legitimidad, señores precandidatos que probablemente estén aquí del partido oficial, podrán alegar, ustedes o los que ganen. cuando resulten electos después de los comicios de julio próximos, si la Comisión Electoral no se ajustó al criterio de la auténtica representatividad, imparcialidad y alejamiento de acciones evidentemente facciosas?
En la crisis más grave de confianza que enfrenta el régimen es esta la forma de recuperar la confianza?
Que quede señores, el antecedente de esta denuncia, que vendrán, muchas más, acerca de los actos que se están produciendo en el estado de Chihuahua. en relación al proceso electoral de 1986. Muchas gracias.
MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO
EL C. Presidente: Tiene la palabra el C. Diputado Víctor Liceaga.
El C. Víctor Manuel Liceaga Ruibal: Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Hemos pedido hacer el uso de la palabra para unos breves comentarios - reflexiones acerca de la obra de la insigne educadora María Rosaura Zapata Cano, al cumplirse hace unos días un aniversario más de su fallecimiento, motivo por el cual deseamos hacer un homenaje a su memoria, a su vida fecunda y creadora, entregada totalmente a la educación nacionalista y revolucionaria que mereció como primer mexicano, una mujer, cual se le otorgó la Medalla Belisario Domínguez en ese mismo año de 1954 que fue instituida por el Senado de la República.
María Rosaura Zapata Cano, nació en el Puerto de la Paz Baja California el 23 de noviembre de 1876, estudiando la carrera de maestra de Educación Primaria en la ciudad de México, donde inició su apostolado en beneficio de la niñez y la educación nacional.
Interesada en la Educación Preescolar que a principio de siglo tenía gran aceptación mundial, estudiosa de las teorías pedagógicas modernas de Federico Flovell, se entregó emocionalmente a lo que sería la pasión de su vida, los pequeños niños mexicanos y a las bases de su educación posterior al fundar en el Distrito Federal en 1903 el primer jardín de niños de la República.
Ansiosa de profundizar en los nuevos sistemas pedagógicos de su tiempo, para los niños párbulos y analizar la aplicación de los mismos en el extranjero, viajo en años posteriores para estudios y observación a Estados Unidos y a Europa gracias al apoyo que tuvo entonces del Ministro de Instrucción Pública otro ilustre Maestro don Justo Sierra con el cual la unía sólida amistad.
Al acontecer el movimiento revolucionario de 1910, Rosaura Zapata como auténtica luchadora social que fue, participó activamente desde su trinchera educativa y en 1916 con el apoyo de Don Venustiano Carranza fundó el primer Jardín de Niños de la República Mexicana en el Puerto de Veracruz.
Continuó su incansable labor educativa promoviendo la instalación de nuevos jardines, mejorando y modernizando la instrucción elemental, alcanzando los cargos de Inspectora General de Educación Preescolar en 1926 en el Distrito Federal y en 1928 a nivel nacional; creando en este mismo año las funciones de educadoras que recorrieron el país fundando escuelas y despertando el interés educativo nacional.
En 1942 fue nombrada jefe del Departamento de Educación Preescolar de las Secretaria de Educación Pública y en 1947 recibió el cargo de directora general de la República desde donde logró que se formara la Escuela Nacional de Maestras Educadoras. A partir de 1949 fue miembro permanente de la Organización Mundial de Educación Preescolar y en 1952 fue vicepresidenta del mismo consejo mundial.
Durante la década de los años 40s y principios de los 50s, la gigantesca obra educativa de Rosaura Zapata, a nivel nacional, trascendió nuestra frontera y así concurrió a todo tipo de congresos internacionales dictando conferencias, escribiendo libros y sentando las bases de la actual educación preescolar mexicana y de otros países latinoamericanos.
Logró el nombre extranjero de "Kinder Garden" por jardines de niños. El material didáctico y mobiliario dejó de importarse para fabricarse en el país según y de acuerdo con sus instrucciones. Dejaron de usarse los cantos, rimas, juegos, música en otros idiomas, creando la maestra Zapata todo lo nuestro, con una clara tendencia nacionalistas y revolucionaria.
Desde hace apenas unos días, el sábado anterior, precisamente, día 23 de noviembre los restos de la maestra Rosaura Zapata Cano, reposan en la rotonda de los hombres ilustres de Baja California Sur. Al cumplirse 109 años de su nacimiento, los legisladores federales de esta joven entidad acompañados en el vuelo a la Paz a nuestra destacada maestra que recibió el nombre homenaje póstumo, fervoroso y emocionado de miles de niños, de pueblos y gobierno del Congreso Local del Estado fue declarada surcaliforniana ilustre y su nombre fue inscrito en el número interior del salón de sesiones junto a otros nombres de nuestra media península.
El mandato del artículo 3o. constitucional soporte fundamental del México posrevolucionario en el área educativa necesitaba de maestros convencidos y apasionados de su tarea para así nutrir con su impulso generoso el avance general de la nación. Entre aquellos maestros artífices del México moderno, difusores del saber y modeladores de conciencia nacionalista se encuentra Rosaura Zapata, cuya valiosa herencia cultural y pedagógica
y su actuación de patriotismo son para referencias obligadas para resaltar la extraordinaria labor del magisterio nacional, comprometido plenamente con nuestro tiempo con nuestra patria y con nuestro destino.
Rendir homenaje en esta tribuna a Rosaura Zapata, la educadora de México, título que recibió en un aniversario más de su muerte, es reconocer el impulso histórico de una nación que se ha propuesto firmemente construir una sociedad más justa y democrática por medio de la educación, porque, maestros como ella estarán vigentes siempre en nuestra reforma educativa. Como primer figura nacional galardonada con la medalla Belisario Domínguez del Senado; gentes que merecen la inmortalidad de los que dejan la huella profunda, el recuerdo perenne, la herencia infinita, que son ejemplo de persistencia de amor y entrega a una de las causas más nobles y productivas del país: la educación nacional. Muchísimas gracias.
El C. presidente: Continúe la secretaría con la orden del día.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
"Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales"
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 24 de octubre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Edgardo Antonio Hicks Gómez, Pastor José Fernando Covián Vilchis y María Teresa Estébanes Hernández, puedan prestar servicios administrativos en la asamblea de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 14 de noviembre se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERADO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, serán administrativos;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero: Se concede permiso al ciudadano Edgardo Antonio Hicks Gómez para prestar servicios como Asistente de Asuntos Científicos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo: Se concede permiso al ciudadano Pastor José Fernando Covián Vilchis, para prestar servicios como Almacenista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero: Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Estébanes Hernández, para prestar servicios como Secretaria Administrativa en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión México, D.F., a 15 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, Secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José G. Badillo Ortiz, Fernando Baeza Meléndez, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, Jose Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza*, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsivais Ramírez, Jorge Montufar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Demetrio Ruiz Malerva, Humberto Salgado Gómez, Pindaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández."
*Artículo 84 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segunda lectura.
El C. Presidente : - Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto en un solo acto.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se va a proceder a recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN)
Se emitieron 239 votos en pro, 19 en contra y 8 abstenciones.
El C. Presidente - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Pasa al senado para sus efectos Constitucionales.
ACUERDO DE REUNIÓN CON
REGENTE DEL DISTRITO FEDERAL
A NIVEL COMISIONES
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Señor presidente se ha entregado a esta secretaría una comunicación suscrita por los coordinadores por las fracciones parlamentarias que integran esta LIII Legislatura. Se le va a dar lectura.
"Acuerdo que establece el procedimiento para la reunión informativa que sostendrán las Comisiones Unidas del Departamento del Distrito Federal, Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto con el C. jefe del Departamento del Distrito Federal, con objeto de recibir ampliaciones a las iniciativas de Leyes de Ingresos y Hacienda y Presupuesto de Egresos 1986 del Departamento del Distrito Federal.
I. La reunión de trabajo se efectuará, de conformidad con la invitación girada por la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, el próximo viernes 29 de los corrientes, a las 9:00 horas, en el Salón Verde del Palacio Legislativo.
II. El C. Presidente de la Cámara, declarará abierta la sesión y pedirá al presidente de la Comisión del Distrito Federal, actúe como moderador de los trabajos.
III. El C. Presidente de la Comisión del Distrito Federal dará en primer lugar oportunidad al jefe del Departamento del Distrito Federal, para que se haga la explicación que motiva su asistencia.
IV. A continuación se abrirá su período de preguntas - respuestas en el siguiente orden:
- Cada pregunta deberá ser formulada en un máximo de 10 minutos.
- El presidente de la gran Comisión queda facultado para sugerir al jefe del Departamento del Distrito Federal que la duración de su respuesta sea equivalente a la de la pregunta.
- Cada Diputado Federal tendrá derecho a una réplica, con una duración máxima de 5 minutos.
- PRI: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PAN: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PSUM: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PDM: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PARM: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PMT: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PRI: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PAN: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PRT: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PRI: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PST: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
_ PPS: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
- PRI: Respuesta del C. Jefe del D.D.F.
V. El moderador levantará la sesión.
Coordinadores de las fracciones parlamentarias:
Diputados: Eliseo Mendoza Barrueto, PRI; Jesús González Schmal, PAN; Graco Ramírez Garrido Abreu PST; Arnoldo Martínez Verdugo, PSUM; Antonio Monsivais Ramírez, PDM; Indalecio Sáyago Herrera, PPS; Carlos Enrique Cantú Rosas, PARM; Heberto Castillo Martínez, PMT; Pedro José Peñaloza, PRT.
México, D. F. noviembre 27 de 1985."
El C. Presidente: - De enterado y se les desea éxito en la reunión.
ELECCIÓN DE DIRECTIVA
PARA DICIEMBRE
EL C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección del presidente y vicepresidente para el mes de diciembre. Se ruega a los ciudadanos diputados pasen a depositar su cédula conforme se vaya mencionando su nombre.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Señor presidente, le solicito atentamente dé usted para que se cumplan las formas del reglamento a la hora de la votación.
El C. Presidente: - Actúese de conformidad con el mandato en el Reglamento Interior del Congreso.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa:
- Gracias, señor.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
(Pasa lista lentamente.)
201 votos para: presidente, Fernando Ortiz Arana; vicepresidentes: Félix Flores Gómez, Salvador Ramos Bustamante, Jaime Haro Rodríguez, Carlos Cantú Rosas y Ramón Danzos Palomino.
El C. Presidente: - Se declara que han sido electos para ingresar a la Mesa Directiva para el mes de diciembre, los siguientes ciudadanos diputados: presidente, Fernando Ortiz Arana; (aplausos); vicepresidentes: Félix Flores Gómez, Salvador Ramos Bustamante, Jaime Haro Rodríguez, Carlos Cantú Rosas y Ramón Danzos Palomino. (aplausos.)
RECONOCIMIENTO
A LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado José Ángel Pescador.
El C. José Ángel Pescador Osuna: - Señor presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas. Hoy terminamos un mes más de labores de esta LIII Legislatura de la Cámara de Diputados y con la elección de la Mesa Directiva para el mes de diciembre, iniciamos una etapa más. Es por ello que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quiero compartir con ustedes, por unos breves minutos. algunas reflexiones sobre el trabajo y la conducción de esta Cámara durante el mes de noviembre.
Para nosotros, los que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, es muy significativo para la presidencia de la Cámara en este mes, haya sido desempeñada por un gran luchador, por un hombre que representa aquí al sector obrero, pero que además, ha sabido convivir con los trabajadores en la fábrica, y ha conocido las vicisitudes de los talleres.
Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con él algunas experiencias de trabajo, que hemos sido testigos además de las conquistas que ha avanzado para el movimiento obrero, nos sentimos plenamente satisfechos de haber visto su desempeño en ésta que es la más alta tribuna del país y que además como aquí ha sido calificada, es una caja de resonancia nacional.
Quiero dejar testimonio, no de un reconocimiento a la presidencia que ocupó don Blas Chumacero por un mes, quiero dejar testimonio de su obra toda, porque reconocemos en él un líder con autoridad moral. Lo reconocemos no solamente como el decano de los miembros de ésta LIII Legislatura, sino de un hombre que ha sabido cargar sobre sus hombros con una gran responsabilidad. Para ninguno de los que estamos aquí, con mucho honor, en esta Cámara de Diputados, es desconocida la significación histórica del movimiento obrero mexicano.
Y hace apenas unos días, cuando aquí se debatían problemas de gran trascendencia, hace apenas unos días, con las comparecencias de los Secretarios de Estado, se hablaba precisamente de la comprensión del movimiento obrero para poder enfrentar la crisis económica que abate a nuestro país. Por eso, es que vemos en la presidencia de don Blas Chumacero una prolongación de ese esfuerzo.
Aquí, él ha llevado los trabajos con entusiasmo y con comprensión. Sus años y su experiencia no le impidieron ver la significación de los debates que aquí se escenificaron.
Finalmente, quiero, a nombre de mi partido dejar constancia del reconocimiento que expresamos a usted señor presidente y a los distinguidos miembros de la Cámara que lo acompañaron en la mesa directiva durante este mes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Gracias. (Aplausos.) Tiene la palabra la C. diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Con su permiso señor presidente. Compañeros diputados: el Partido Socialista de los Trabajadores por mi conducto quiere expresar un claro reconocimiento a esta Soberanía, por haber elegido al compañero Blas Chumacero como presidente durante el mes de noviembre, aniversario número LXXV del inicio de la Revolución.
Y un fraternal mensaje de aprobación al compañero presidente que hoy terminó su gestión porque supo cumplir con dignidad y responsabilidad a su cargo.
La elección de un señero jefe de clase obrera como Presidente de la Cámara de Diputados, durante el mes de noviembre y del LXXV aniversario de la Revolución, es un símbolo fuertemente expresivo de los hechos y la historia nacional.
Lo cierto es que de la Revolución Mexicana surgió un fuerte desarrollo capitalista del país. Pero el producto profundo y duradero de la Revolución, ha sido la moderna clase obrera mexicana, multiplicada en número de 20 veces, y elevada su calidad al grado de constituirse en la fuerza social más importante del país, con un gran peso en el Estado Mexicano al grado de constituir uno de sus principales pilares.
Se puede argumentar que el pacto entre el movimiento organizado y el estado es una desventaja por que subordinó los intereses de la clase obrera y del pueblo a los intereses particulares de la clase capitalista. Sin embargo las situaciones se desarrollan, las condiciones que sostienen un equilibrio político cambian y la correlación de la fuerzas se alteran. Es en la crisis y en las etapas de transición que brilla en todo su esplendor las conquistas del pueblo, muchas de ellas empolvadas y en estado latente mientras madura la fuerza popular encargada de desencadenar su efectividad social.
El tiempo ha transcurrido, la ilusión de milagros capitalistas está apagándose; la propiedad nacional desarrollada por la industria, hoy se consume a través de la fuga y el saqueo por la voracidad de empresarios y empresas capitalistas. Es la hora de cambio
profundo para preservar la nación, para emancipar al pueblo y en esta hora de duros combates la clase obrera mexicana brilla como un recurso invaluable del pueblo y de la nación.
Un nuevo gobierno, más democrático por la amplitud de la fuerzas que lo componen, popular y revolucionario, capaz de realizar los cambios profundos de la sociedad mexicana exige para vencer la crisis y enfilar el desarrollo del país por un rumbo de la nueva sociedad mexicana, libre, independiente y feliz; son realidades en germen que pronto estarán en desarrollo.
Por todo eso, celebramos que un jefe obrero, forjado a la par, que es su clase, haya dirigido nuestra Cámara durante noviembre de 1985.
Fraternalmente. Por un gobierno de los Trabajadores la fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, Gracias, compañeros. (Aplausos.)
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
El C. Presidente: - Muchas gracias a los compañeros diputados José Ángel Pescador y Beatriz Gallardo Macías.
Señores diputados de la Honorable LIII Legislatura de la Cámara de Diputados reunidos en esta sesión plenaria.
Los diputados Miguel Osorio Marbán, Eliseo Rodríguez Ramírez, Héctor Mejía Gutiérrez, Máximo de León Garza, Manuel Fernández Flores y Blas Chumacero, su servidor y amigo, que hemos tenido el honor de integrar y presidir la directiva de esta Honorable Cámara de Diputados durante el mes de noviembre, del Primer Período de Sesiones, en nombre de ellos y en el mío propio, quiero expresar el más profundo reconocimiento a las fracciones parlamentarias aquí presentes, por su brillante actuación y amplia cooperación que nos brindaron en la discusión y debates, que a pesar de las contradicciones y diversos puntos de vista, se pudieron concertar acuerdos y aprobar decretos de ley, que son satisfactorios para fortalecer la paz, la convivencia humana y la soberanía nacional.
La opinión de cada partido, la altura y dignidad en la defensa de sus convicciones ha sido caracterizada en cada una de las intervenciones de los señores diputados que han participado.
El pluralismo y libertades políticas que son consustanciales a un estado de derecho democrático se manifestaron en la participación responsable y activa, fijando estrategias programáticas que fortalecen la voluntad de servir a la causa revolucionaria a la nación mexicana..
En esta LIII Legislatura, con entera libertad se han podido expresar dudas, inquietudes y discrepancias. pero en todas esas manifestaciones ha existido un denominador común, encontrar respuestas idóneas de enfrentar y resolver los retos que en esta hora de decisiones confronta el pueblo mexicano; es así como en la variedad plural se dan confrontaciones y debates que están a la altura de las necesidades y aspiraciones populares.
El debate ha estado a la altura y convicción de cada partido nos ha llevado a conclusiones a través del diálogo ha triunfado el pueblo, porque con su perseverancia se han dado instituciones políticas firmes y vigorosas, acordes al reclamo de la nación.
Por la noble causa, señores diputados, la actual directiva que prácticamente hoy termina la responsabilidad encomendada, expresa a todos los señores diputados de la Honorable LIII Legislatura nuestro agradecimiento y voluntad política de mantener firmes los principios de la Revolución y la Soberanía de la República. Muchas gracias.
El C. Presidente: Continúe la secretaria desahogando los asuntos de los puntos del orden del día.
La secretaria Rebeca Arenas Martínez: señor presidente se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión
. ORDEN DEL DÍA.
La misma C. Secretaria:
«Primer período ordinario de sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del Día
2 de diciembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del C. diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez.
Comunicación de los Congresos de Aguascalientes y Chiapas.
Comunicación de la H. Cámara de Senadores.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XII aniversario luctuoso del ex Presidente Adolfo Ruiz Cortines, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaria presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de noviembre por las comisiones permanentes y especiales.
PROTESTA DE CIUDADANOS DIPUTADOS.
MINUTA
Con proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio.
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Juan Arévalo Gardoqui, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Brasil.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
De la comisión del Distrito Federal, con proyecto de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Zepeda Torres, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco que le confiere el gobierno de ese país.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, Ma. Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, para prestar servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.»
El C. Presidente (a las 18:05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes, 2 de diciembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES