Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851204 - Número de Diario 45
(L53A1P1oN045F19851204.xml)Núm. Diario:45ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LIII " LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO I
México, D. F., miércoles 4 de diciembre de 1985
TOMO I. NÚM.. 45
SUMARIO
APERTURA ...................................
ORDEN DEL DIA...............................
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
CON UNA ACLARACIÓN SE
APRUEBA ....................................
INVITACIONES
Del Consejo de Adjudicación de Reconocimiento Nacional 19 de Septiembre, para que está Cámara acredite un representante ante dicho consejo. Se designa representante ......................
Al XLVII aniversario de la Promulgación del Estatuto Jurídico, el 5 del actual en el Palacio de Bellas Artes. Se designa comisión .......................
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Hidalgo, relativa a sus funciones legislativas. De enterado ........
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
Seis solicitudes de permiso para que el C. Carlos Canseco González pueda aceptar y usar las que les confieren gobiernos extranjeros. Se turna a comisión ....................................
MINUTAS DEL SENADO
CONDECORACIONES
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Antonio M. López y Mancera y Luz del Amo, aceptar y usar la que les otorga el Gobierno de Polonia. Se turnan a comisión .....................
PRESTACIONES DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que autoriza a la C. Martha G. Barrón Díaz, para prestar servicios en el Consulado de los Esta- dos Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; y las CC. Alma R. Gurrola González y Elsa P. Villarreal Garza puedan hacerlo en el Consulado de dicho país en Monterrey, Nuevo león .........................
CONCEPTOS CONSIDERADOS
INJURIOSOS El C. Lulio Valenzuela Herrera se refiere a los que emitiera en la sesión anterior el C. Ubaldo Mendoza Ortiz en relación al apoyo al C. regente del Distrito Federal, durante su comparecencia en esta Cámara. Solicita se borren del Diario de los Debates .............
Intervienen en torno a este asunto los CC., Federico Ling Altamirano, Armando Lazcano Montoya, Juan de Dios Castro Lozano y Jorge Montúfar Araujo. Se retiran los conceptos considera- dos injuriosos .............................
INICIATIVA DE DIPUTADO
ARTICULO 28
CONSTITUCIONAL
Presentada por el C. Genaro José Piñero López que modifica el artículo mencionado. Se turna a comisión ..........
INFORME SOBRE LA DEUDA
PUBLICA 1983
Comentarios del C. Amado Olvera Castillo, a la presentación del Informe de la Cuenta Pública 1983. Propone se traslade el informe a la Procuraduría General de la República. Se turna a comisión ..................................
ESTADO DE SALUD
DEL DIPUTADO
MORENO CORTES
Informa al respecto el C. Miguel Herrerías Alvarado .........................
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
BANCO NACIONAL
DEL PEQUEÑO COMERCIO
Proyecto de Ley Orgánica del banco de referencia ................................
Aclaración del C. diputado Jorge Flores Solano al artículo 6o. A debate en lo general. Intervienen los CC. en con- tra, Jorge Alcocer Villanueva; por la comisión, Luis Manuel Orcí Gándara; en contra, Adner Pérez de la Cruz; en pro, Hesiquio Aguilar de la Parra; para hechos, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Hesiquio Aguilar de la Parra, Beatriz Gallardo Macías y Amezcua Dromundo. Se aprueba por mayoría con los artículos no impugnados .......... A discusión en lo particular. A deba- te el artículo 6o. Hablan los CC., para modificaciones, José Camilo Valenzue- la; para una adición, Beatriz Gallardo Macías; para modificaciones, Eduardo Valle Espinosa; por la comisión, Hesiquio Aguilar de la Parra acepta la mo- dificación del diputado Valenzuela con un nuevo texto, que apoya la C. Beatriz Gallardo Macías. A discusión el artículo 7o. Hablan, para una supresión, el C. Humberto Ramírez Rebolledo; por la comisión, Hesiquio Agui- lar de la Parra; de nuevo Ramírez Rebolledo. Se desecha .........................
A debate el artículo 10. Intervienen, para aclaraciones, el C. Jorge Flores Solano; en contra, el C. Eduardo Valle Espinosa, que presenta una propuesta; nuevamente Flores Solano. Se desecha......
A discusión el artículo 11. Hablan los CC., para una modificación, José Camilo Valenzuela; para nueva redacción, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, que trata también el artículo 13; para una adición, Beatriz Gallardo Macías; para una modificación, Eduardo Valle Espinosa; por la comisión, Flores Solano.
Se aceptan las propuestas de los CC. Valenzuela y Gallardo y se rechazan las de los CC. Amezcua y Valle .................
A discusión el artículo 16. Intervienen los CC. para nueva redacción, José Camilo Valenzuela; por la comisión, Hesiquio Aguilar de la Parra; en con- tra, Jorge Alcocer Villanueva; por la comisión, Luis Manuel Orcí Gándara. Se desecha ................................
A debate el artículo 29. Intervienen, para un nuevo texto, Humberto Ramírez Rebolledo; por la comisión, David Jiménez González; nuevamente Ramírez Rebolledo. Se desecha. Se aprueba el proyecto. Pasa al Senado ...............
TRABAJADORES
DE "FERTILIZANTES
MEXICANOS"
El C. Javier Paz Zarza se refiere al problema existente en dicha empresa de Cuautitlán, México, a causa del contrato colectivo de trabajo que pro- pone se revise. Opinan sobre el particular los CC., en pro, Eduardo Acosta Villeda; en contra, Salvador Ramos Bustamante; nuevamente Paz Zarza y Acosta Villeda; para hechos, Blas Chumacero Sánchez; otra vez Acosta Villeda; para hechos, Chumacero Sánchez, Paz Zarza y Chumacero Sánchez. Se desecha ...................................
DICTAMEN A DISCUSIÓN
BANCO NACIONAL
DEL EJÉRCITO,
FUERZA AÉREA Y ARMADA
Proyecto de Ley Orgánica del Banco mencionado ................................
A debate en lo general,. Hablan los CC., en contra, Hildebrando Gaytán Márquez; en pro, María Marcela González Salas; en contra, Jorge Amador Amador; para hechos, Eraclio Zepeda Ramos; en contra, Graco Ramírez G. Abreu; por las comisiones, Luis Manuel Orcí Gándara. Se aprueba por ma- yoría ....................................
A discusión en lo particular. A debate el artículo 6o. Intervienen los CC., para una modificación, Eraclio Zepeda Ramos; por las comisiones, Manuel Jiménez Guzmán; para alusiones, Jorge Amador Amador y, para aclaraciones, Hildebrando Gaytán Márquez. Se acepta ....................................
A debate el artículo 21. Hablan los CC., para que sea suprimido, Oswaldo Harris Muñoz; por las comisiones, Manuel Jiménez Guzmán propone nuevo
texto; en contra, Jorge Alcocer Villa- nueva; para una adición, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos; nuevamente Jiménez Guzmán; para hechos, Eduardo Valle Espinosa; para una proposición, Eraclio Zepeda Ramos que, por la comisión acepta Jiménez Guzmán; para una adición, Genaro José Piñeiro López; para retirar su propuesta, Ortiz Gallegos; para hechos, Alcocer Villanue- va, Ricardo García Cervantes y Piñeiro López. A propuesta de Luis Manuel Orcí Gándara, se retira el artículo 21 para discutirlo después ...................
A discusión el artículo 34. Intervienen los CC., para la supresión de los ar- tículos 34 y 36, Miguel Alonso Raya; por las comisiones, María Marcela González Salas Petriccioli; para alusiones, Jorge Amador Amador; para una propuesta, Hildebrando Gaytán Márquez; por las comisiones, la C. González Salas Petriccioli; para una moción, Graco Ramírez G. Abreu y, en contra de ella, Luis Manuel Orcí Gándara. Se desecha, al igual que las modificaciones del C. diputado Miguel Alonso Raya a los artículos 34 y 36.
A debate el artículo 21. Se reanuda la discusión. Hablan los CC., por las comisiones para nuevo texto, Manuel Jiménez Guzmán, Eduardo Valle Espinosa y José Piñeiro López retiran sus propuestas. Para nueva redacción, Jorge Cárdenas González, que se desecha. Se aprueba el nuevo texto del C. diputado Jiménez Guzmán. Se aprueban los artículos 6o., 21, 34, y 36. Pasa al Senado .....................................
ENCARCELAMIENTO
DE CIUDADANOS
EN JALAPA, VERACRUZ
El C. Nabor Camacho Nava se refiere al caso del doctor Arturo Alvarado, que solicita se investigue. Se turna a comisiones .................................
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Proyecto de la Ley Orgánica del banco en cuestión ..............................
A debate en lo general. Intervienen los CC., en contra, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por la comisión, Agustín Leñero Bores; en contra, José Luis Díaz Moll; en pro, Hesiquio Aguilar de la Parra; nuevamente Amezcua Dromundo. Se aprueba por mayoría ............
A discusión en lo particular. A debate el artículo 3o. Intervienen, para una modificación, el C. Alejandro Cañedo Benítez; por la comisión, Hesiquio Aguilar de la Parra; otra vez Cañedo Benítez. Se desecha .......................
A discusión el artículo 6o. Hablan los CC., para una adición, Alejandro Cañedo Benítez; por la comisión, David Jiménez González, que propone una su- presión; nuevamente Cañedo Benítez y, en apoyo a la supresión, Jorge Alcocer Villanueva; por la comisión, Jiménez González y, para hechos, Cañedo Benítez. Se desecha la adición y se aprueba la supresión .....................
A debate el artículo 7o. Intervienen para una supresión, Alejandro Cañedo Benítez; por la comisión, Hesiquio Aguilar de la Parra; para hechos, Cañedo Benítez, Jorge Alcocer Villanue- va, Luis Manuel Orcí Gándara, Miguel Alonso Raya y Eduardo Valle Espinosa. Se desecha ............................
A discusión del artículo 12. hablan para supresiones, el C. Héctor Morquecho Rivera; por la comisión, el C. Rafael López Zepeda. Se desechan ......... A debate el artículo 17. Intervienen los CC., para un modificación, el C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez; por la comisión, Rafael López Zepeda; para hechos, Jorge Alcocer Villanueva y López Zepeda. Se desecha ....................
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana propone un agregado al artículo 8o., mismo que se desecha. Se aprueban en sus términos los artículos discutidos 3o., 6o., 7o., 12 y 17. Se aprueba. Pasa al Senado .................................
CONDECORACIONES
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. David Zepeda Torres y Juan Arévalo Gardoqui, aceptar y usar las que les confieren los gobiernos de Perú y Brasil, respectivamente. Se aprueban. Pasan al Senado ............................
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Tres proyectos de decreto que autori- zan a los CC. José A. Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, Ma- ría Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña, José L. García Macín, Francisco J. Chapa Linares y Xóchitl L. Prince Pimentel, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se aprueban. Pa- san al Senado ..............................
ORDEN DEL DIA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión ....................................
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. FERNANDO ORTÍZ ARANA
(Asistencia de 300 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:00 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Primer Período Ordinario de Sesiones
LIII Legislatura.
Orden de día
4 de diciembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Invitación de la Secretaría de Gobernación al Poder Legislativo para el nombramiento de un representante ante el "Consejo de Adjudicación del Reconocimiento Nacional 19 de septiembre".
Invitación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado a la ceremonia conmemorativa del 47 Aniversario de la Promulgación del Estatuto Jurídico, que tendrá lugar el día 5 de los corrientes. Comunicación del Congreso del estado de Hidalgo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Seis por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Carlos Canseco González, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren gobiernos extranjeros.
Minutas
Dos con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los CC. Antonio Mario López y Mancera y Luz del Amo para aceptar y usar las condecoraciones del Merecimiento a la cultura Polaca, que les confiere al Gobierno de Polonia. Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Martha Guadalupe Barrón Díaz, para prestar servicios como empleada en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, para prestar servicios, en la Embajada en los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por lo que se le concede permiso a las CC. Alma Rosa Gurrola González y Elsa Patricia Villareal Garza, para prestar servicios en al Embajada y Consulado de los Estado Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Zepeda Torres, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de Gran Oficial con Distintivo en Blanco que le confiere el Gobierno de ese país
. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Juan Arévalo Gardoqui para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Brasil.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por lo que se concede permiso a los CC. José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaráz, María Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, para prestar servicios como Técnicos de Campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sesión Secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día dos de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.
Presidencia del C. Fernando Ortiz
Arana
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del lunes dos de
diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos un ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día del acta de la sesión anterior verificada el día veintiocho de noviembre próximo pasado, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La presidencia informa a la asamblea que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, durante el presente mes de diciembre, el C. secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, presidirá los trabajos de la misma. Asimismo expresa que, como presidente de la Cámara no participará en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. De enterado.
El C. Jesús Martínez Alvarez, diputado federal por el estado de Oaxaca, solicita licencia para separarse de sus funciones, en virtud de haber sido designado Gobernador Interino de dicha entidad.
La presidencia considera este asunto de urgente resolución y la asamblea en votación económica le dispensa todos los trámites, a efecto de que se someta a discusión y votación de inmediato.
A discusión el punto de acuerdo respectivo.
Hacen el uso de la palabra, en pro el C. Eduardo Valle Espinosa.
Para presentar una proposición sobre el caso, el C. Juan de Dios Castro Lozano. En los términos del artículo 58 del reglamento, hablan, en contra de esta proposición el C. Santiago Oñate Laborde, en pro el C. Juan de Dios Castro Lozano, para hechos los CC. Eduardo Valle Espinosa, Santiago Oñate Laborde, Juan de Dios Castro Lozano y Eduardo Valle Espinosa.
Por último, para proponer que la licencia en cuestión se conceda en los términos del artículo 125 constitucional, interviene el C. Santiago Oñate Laborde.
En virtud de los anterior, el C. Juan de Dios Lozano retira su proposición.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición del C. Santiago Oñate Laborde.
En esta virtud. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo, en los términos del artículo 125 de la Constitución General de la República. Comuníquese.
Las legislaturas de los estados de Aguascalientes y Chiapas comunican actos inherentes a sus funciones. De enterado.
Por su parte, la H. Cámara de Senadores comunica la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el presente mes de diciembre. De enterado.
El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación a la ceremonia cívica que, con motivo del décimo segundo aniversario luctuoso del expresidente de México, don Adolfo Ruiz Cortines, tendrá lugar el día 3 de los corrientes en el Panteón Civil de Dolores de esta ciudad capital.
Para Asistir a dicha ceremonia con la representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa en comisión a los CC. Hesiquio Aguilar de la Parra, Sócrates Rizzo García, Manuel Jiménez Guzmán, Alfonso Reyes Medrano, martín Tavira Urióstegui, Rosalía Pedrero Aguilar y Eraclio Zepeda Ramos.
La secretaría, manifiesta el número de expedientes manejados por las comisiones de trabajo de esta Cámara, durante el pasado mes de noviembre. De enterado.
Encontrándose a las puertas del recinto los CC. Francisco Velasco Figueroa y Juan Manuel Cruz Acevedo, diputados suplentes por el Primer Distrito de Colima y tercero de Oaxaca, respectivamente, la presidencia designa en comisión para que los introduzcan al salón de sesiones y les acompañen en acto de rendir la protesta de rigor, a los CC. Francisco García Castellón, Roberto Valdespino Castillo, Juan Manuel Lucia Escalera, Manuel Terrazas Guerrero, Pedro Goytia Robles, Federico Durán y Liñán, Jorge Amador Amador y Homero Díaz Mota.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, los CC. Francisco Velasco Figueroa y Juan Manuel Cruz Acevedo, rinden la protesta de ley como diputados suplentes en funciones.
El C. Ubaldo Mendoza Ortiz, usa de la palabra para referirse a la movilización de varios mexicanos en la explanada de este Palacio Legislativo, que el viernes veintinueve de noviembre, expresaron su apoyo al C. Ramón Aguirre Velázquez, que compareció ante comisiones de esta Cámara de Diputados.
Propone que su denuncia se turne a la comisión del Distrito Federal, a fin que surta efecto de censura y se comunique al señor Regente. Asimismo, que se investigue la apropiación indebida de departamentos por parte del diputado Rafael de Jesús Lozano Contreras, del edificio ubicado en Nebraska y Viaducto
. En los términos del artículo 58 del Reglamento, habla en contra el C. Rafael de Jesús Lozano Contreras, para Hechos sobre el asunto, los CC. María Esperanza Morelos Borja, Efraín Calvo Zarco, Rafael de Jesús Lozano Contreras y Eduardo Turati Alvarez.
La asamblea en votación económica no admite a trámite la proposición y en consecuencia se da por desechada.
A su vez, el C. Eduardo Acosta Villeda a nombre de las fracciones parlamentarias del PSUM, del PRT y del PMT, propone que la Secretaría de Gobernación explique por escrito el fundamento constitucional de la creación de la Dirección de Seguridad Nacional y aclare detalladamente sus funciones.
En los términos del artículo 58 del Reglamento y no habiendo oradores en ningún sentido, la asamblea en votación económica admite
a trámite la proposición. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Para los efectos constitucionales, la H. Cámara de Senadores remite las minutas que a continuación se mencionan:
Con proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se abroga la ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Recibió y a la Comisión de Comercio.
Con proyecto de decreto que concede permiso a la C. Emilia Salas Viu de Halffter, para aceptar y usar una condecoración que le otorga el gobierno de España. Recibo y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al C. Juan Arévalo Gardoqui, para aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de Portugal, Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al C. Carlos Canseco González, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio. Es de primera lectura.
El C. Javier Paz Zarza presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, que reforma los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen con Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, y Fuerza Aérea y Armada. Es primera lectura.
En Relación a este dictamen la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores presenta un voto particular, al cual la secretaría da lectura. Es de primera lectura.
Dictamen con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Es de primera lectura.
Dictamen con Proyecto de decreto que concede permiso al C. Juan Arévalo Gardoqui, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil. Es de primera lectura.
Dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Usan de la palabra en contra el C. Héctor Calderón Hermosa, en pro los CC. Miguel Osorio Marbán, Hildebrando Gaytán Márquez, Leopoldo Arturo Whaley Martínez y Efraín Jesús Calvo Zarco y para hechos el C. José Luis Díaz Moll.
Se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general con los artículos no reservados para su discusión, por doscientos veintiséis votos en pro y una abstención.
A discusión en lo particular. A debate los artículos 6o., 8o. y 9o.
Hablan, en contra el C. Efraín Jesús Calvo Zarco y en pro el C. Samuel Quiroz de la Vega.
Suficientemente discutidos los artículos, en votación nominal se aprueban en sus términos por doscientos dieciséis votos a favor y nueve abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
A este dictamen la asamblea también le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de ley.
Intervienen, en contra el C. Gonzalo Altamirano Dimas, para reclamar el quórum el C. Eduardo Valle Espinosa, para aclaraciones el C. Mario Niebla Alvarez, para hechos el C. Jorge Montúfar Araujo, en pro el C. Manuel Terrazas Guerrero, en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano, en pro el C. Juan José Castillo Mota, en favor del dictamen los CC. Armando Lazcano Montoya, Gilberto Nieves Jenkin y Jorge Alcocer Villanueva, para hechos el C. Manuel Terrazas Guerrero.
Suficientemente discutido en lo general y previa lectura del artículo 147 del Reglamento, en votación nominal se aprueban en lo general los artículos no reservados para su discusión, por ciento ochenta y nueve votos en pro, veinticinco en contra y once abstenciones.
Para protestar el resultado de la votación interviene el C. Eduardo Valle Espinosa.
A discusión en lo particular. A debate los artículos 2o. y 30.
Usan de la palabra, en contra el C. Jorge Alcocer Villanueva, quien propone una adición al artículo 2o.; en pro el C. Juan José Castillo Mota; para proponer una adición el C. Gonzalo Altamirano Dimas; en pro el C. Juan José Castillo Mota; nuevamente los CC. Altamirano Dimas y Alcocer Villanueva.
La asamblea aprueba la adición del artículo 2o. presentada por el C. Jorge Alcocer Villanueva, previamente aceptada por la comisión.
La asamblea no aprueba la adición al artículo 2o. presentada por el C. Gonzalo Altamirano
Dimas, y por tanto se da por desechada.
Suficientemente discutidos los artículo 2o. y 30, se reservan para su votación nominal en conjunto.
A debate el artículo 16.
Hablan, para proponer una adición el C. Jorge Alcocer Villanueva, por la comisión el C. Gilberto Nieves Jenkin.
La asamblea desecha la proposición.
Se reserva el artículo 16 para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 17.
Intervienen, para proponer una adición el C. Javier Paz Zarza, por la comisión el C. Juan José Castillo Mota.
Se desecha la adición. Se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto.
A debate el artículo 21.
Abordan la tribuna, para proponer una modificación el C. Javier Paz Zarza, por la comisión el C. Gilberto Nieves Jenkin, nuevamente los dos oradores.
Se desecha la modificación. Se reserva el artículo para su votación en conjunto.
A debate los artículos 26, 27, 28 y 32.
Usan de la palabra, para proponer modificaciones a cada uno de los artículos el C. Manuel Terrazas Guerrero; por la comisión el C. Juan José Castillo Mota, por segunda ocasión el C. Manuel Terrazas Guerrero, en apoyo de la proposición el C. Jorge Alcocer Villanueva, para una modificación al artículo 26 el C. Javier Paz Zarza.
La asamblea en votaciones económicas sucesivas no aprueba las proposiciones, tanto del C. Manuel Terrazas Guerrero como del C. Javier Paz Zarza, y en consecuencia se dan por desechadas.
Se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto.
A debate el artículo 23.
Hablan, para proponer una adición el C. Jorge Alcocer Villanueva, por la comisión el C. Gilberto Nieves Jenkin.
Se desecha la adición. Se reserva el artículo para su votación en conjunto.
A discusión el artículo 33.
Para proponer una adición, interviene el C. Jorge Alcocer Villanueva.
Se desecha la adición. Se reserva el artículo para su votación en conjunto.
A debate los artículos 35, 40 y Tercero Transitorio.
Para proponer modificaciones habla el C. Jorge Alcocer Villanueva, por la comisión el C. Juan José Castillo Mota.
Se desechan las modificaciones. Se reservan los artículos para su votación en conjunto.
A debate el artículo 41.
Hablan, para presentar una modificación el C. Javier Paz Zarza, por la Comisión el C. Gilberto Nieves Jenkin, para hechos del C. Ricardo García Cervantes.
Se desecha la modificación. Se reserva el artículo para su votación en conjunto a discusión el artículo 48.
Hacen uso de la palabra, para una modificación el C. Manuel Terrazas Guerrero, por la comisión el C. Juan José Castillo Mota, por segunda ocasión el C. Manuel Terrazas Guerrero, para hechos el C. Jorge Alcocer Villanueva.
Se desecha la modificación. Se reserva el artículo para su votación en conjunto. Por último, para proponer la adición de un artículo Cuarto Transitorio, interviene el C. Gonzalo Altamirano Dimas.
Se desecha la adición.
Suficientemente discutidos los artículos 2o., 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 48 y Tercero Transitorio, en votación nominal se aprueban por ciento noventa y cinco votos a favor y veinticuatro en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Para protestar por lo que él considera violaciones al Reglamento por parte de la presidencia y de la secretaría, hace uso de la palabra el C. Juan de Dios Castro Lozano.
Para hechos y aclaraciones sobre el particular, intervienen los CC. Rebeca Arenas Martínez, Jorge Alcocer Villanueva y el C. presidente de la asamblea.
Dictamen con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
A este dictamen también de le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el artículo único de que consta el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos por ciento setenta y ocho votos en pro y treinta y tres abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Santiago Oñate Laborde, en su carácter de Secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicita se retiren del orden del día los tres proyectos de decreto que faltan por desahogar.
La asamblea en votación económica aprueba la solicitud. Se retiran los tres proyectos de decreto para ser incluidos en el orden del día de la próxima sesión.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden día de la sesión próxima.
A las veintitrés horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día cuatro de los corrientes, a las diez horas.»
Está a discusión el acta.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Hay una imprecisión en el acta, puesto que cuando se habla de la discusión en lo particular de la Caja de Policía, se asienta que se aceptó la modificación al artículo 2o., pero no quedó asentado en el acta que la comisión aceptó también la adición propuesta por nosotros al artículo 30. Y eso no está en el acta.
El C. Presidente: -Haga la rectificación la secretaría en el acta.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Con las aclaraciones que se toman en consideración, se pregunta, en votación económica, si es de aprobarse el acta ... Aprobada, señor presidente.
INVITACIONES
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 27 del mes en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial que crea el "Reconocimiento Nacional 19 de Septiembre", que se otorgará por única ocasión a los nacionales y extranjeros, individuos, organizaciones sociales, privadas o corporaciones públicas, que se distinguieron en las tareas de rescate auxilio y salvamento de las personas que resultaron afectadas por los recientes sismos.
El artículo 5o. del acuerdo citado, dispone la formulación de respetuosa invitación a las cámaras que integran el Poder Legislativo de la Federación, para que, si lo estiman pertinente nombren a un representante que se incorpore al Consejo de Adjudicación del Reconocimiento citado. En tal virtud, me es grato trasmitir a ustedes la citada invitación para que, en caso de así considerarlo ese H. Cuerpo Legislativo se acredite un representante en el Consejo de Adjudicación del Reconocimiento Nacional 19 de Septiembre.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 28 de noviembre de 1985.
El Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo de Adjudicación, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
El C. Presidente: - Para representar a esta honorable Cámara de Diputados, ante el Consejo, se designa al ciudadano; Sergio Armando Valls Hernández.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, llevará a cabo la Ceremonia Conmemorativa del 47 Aniversario de la Promulgación del Estatuto Jurídico, que tendrá lugar el día 5 de diciembre a las 9:00 horas, en la Sala de Espectáculos del "Palacio de Bellas Artes", contando con la honrosa presencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, nos permitimos hacer a usted atenta invitación para que nos distinga con su asistencia.
Atentamente.
El Secretario General diputado licenciado Manuel Germán Parra.
México, D. F., diciembre de 1985.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta H.
Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Manuel Monarres Valenzuela y Federico Granja Ricalde.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Pachuca, Hidalgo, 1o. de octubre de 1985.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo. México, D. F.
Para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito el honor de informar a ustedes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la Constitución Política del estado de Hidalgo, y lo establecido en los artículos, 19, 24, y 27 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, con esa fecha se verificó la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal, que concluye el 31 de diciembre del presente año.
También nos congratula comunicarles que ha sido electa la directiva respectiva, que fungirá durante el período mencionado en la forma siguiente: Presidente: diputado licenciado Jaime Daniel Baños Paz.
Vicepresidente: diputado Rogaciano Ruiz Vergara.
Secretario propietario: diputado ingeniero Agustín Straffon Arteaga.
Secretario propietario: diputado licenciado Javier Romero Alvarez.
Secretaria suplente: diputada María Guadalupe Silva de Paz.
Secretario suplente: diputado José David Batista Zorrilla.
Al tener el agrado de comunicar a ustedes lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso Constitucional del estado, licenciado Daniel Román Arteaga.»
Trámite: -De enterado.
OFICIO DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación con fecha 13 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. doctor Carlos Canseco González, pueda aceptar y usar la Medalla de Inconfidencia, que le otorga el Gobierno de la República Federativa del Brasil."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 27 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a esta Gobernación, con fecha 13 del actual manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso al que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. doctor Carlos Canseco González, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Cristóbal Colón, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Dominicana".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 27 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha del 13 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. doctor Carlos Canseco González, pueda aceptar y usar la Medalla por Servicios Distinguidos, en grado de Comodoro, que le confiere el Gobierno de la República del Perú".
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional .- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 13 del actual, la Secretaría de Relaciones exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a ustedes atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso al que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. doctor Carlos Canseco González, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Comodoro, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, D. F,. a 27 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 13 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso al que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. doctor Carlos Canseco González pueda aceptar y usar la condecoración de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de la Costa de Marfil". Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 27 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores
dirigió a esta Dependencia del ejecutivo, con fecha 13 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar del H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. doctor Carlos Canseco González, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz del Servicio Civil, en Primer Grado, que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania".
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de noviembre de 1985.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTAS DEL SENADO
CONDECORACIONES
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso al ciudadano Antonio Mario López y Mancera, para aceptar y usar la condecoración del Merecimiento a la Cultura Polaca, que le confiere el Gobierno de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 29 de noviembre de 1985.
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo C. secretario:
«CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso a la ciudadana Luz del Amo, Directora General del Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para Aceptar y usar la Condecoración del Merecimiento a la Cultura Polaca, que le confiere el Gobierno de Polonia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 29 de noviembre de 1985.
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
Trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
«CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con Minuta Proyecto de Decreto, aprobado en esta fecha por la Cámara de Senadores, por el que se concede permiso a la ciudadana Martha Guadalupe Barrón Díaz, para prestar servicios como empleada consular en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Reiteramos a ustedes, las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., 29 de noviembre de 1985.
Senador Guillermo Mercado Romero, secretario; senador Luis José Dorantes Segovia, secretario.»
trámite: -Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 22 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta de Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, para prestar servicios, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 28 de noviembre del año en curso, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de caracter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B), del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Carmona Ortega, para prestar servicios como mecánico de teléfonos, en la Embajada de los Estado Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Guerrero Robles para prestar servicio como operador de conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. México, D.F., a 29 de noviembre de 1985.
Elíseo Mendoza Barrueto, Presidente; Santiago Oñate Laborde, Secretario, Diego Valadés Ríos, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez , Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan M. Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan A. Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reynés R. Flores Zaragoza, Miguel Herrerías A., Alejandro Ontiveros G., Sergio Valls Hernández, Germán Corona del Rosal, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos Enrique Cantú Rosas, Antonio Monsiváis R., Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo J. Pascual Moncayo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo M., José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza.»
Queda de primera lectura.
El mismo C. Secretario:
"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 22 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a las ciudadanas Alma Rosa Gurrola González y Elsa Patricia Villarreal Garza, para presentar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados el 28 de noviembre, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que las propias interesadas presentarán en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México, serán de caracter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, está comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Alma Rosa Gurrola González, para prestar servicios, como bibliotecaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Elsa Patricia Villareal Garza, para presentar servicios, como secretaria de inmigración en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 29 de noviembre de 1985.
Elíseo Mendoza Barrueto, Presidente; Santiago Oñate Laborde; Secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José G. Badillo Ortiz, Fernando Baeza Meléndez, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reynés R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis R., Jorge Mantúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros G., Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Demetrio Ruiz Malerva, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández.»
Queda de primera lectura.
CONCEPTOS CONSIDERADOS
INJURIOSOS
El C. Presidente: -Para presentar una proposición, tiene la palabra el C. diputado Lulio Valenzuela.
El C. Lulio Valenzuela Herrera:- Con su permiso señor presidente; señoras y señores diputados: El día 2 de diciembre, en la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados, uso la tribuna el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz. que en el nombre del grupo Parlamentario de Acción Nacional según consta en la versión taquigráfica y según él para conservar su pudor denunció la movilización de miles de mexicanos en la explanada de está Cámara de Diputados para acompañar al jefe del Departamento del Distrito Federal en su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y del Distrito Federal.
Los diputados de los 40 distritos electorales del Distrito Federal le decimos al diputado Ubaldo Mendoza Ortiz, que el 75 aniversario de la Revolución Mexicana nos motiva a los priístas y a la mayoría de mexicanos patriotas y leales, a los mejores valores políticos, sociales y culturales del país a renovar y actualizar los postulados de justicia social, de garantía sociales, de independencia y soberanía nacionales que es la herencia más valiosa, que nos legaron las generaciones que participaron en los hechos armados de 1910 y que sus manifestaciones más tangibles las tenemos en la Constitución de 1917, en las instituciones jurídico políticas que nos hemos dado los mexicanos y en los avances incuestionables de la vida nacional como en la educación, la cultura, la economía, la política, el arte, la ciencia y la tecnología, y de lo cual no estamos satisfechos y por eso precisamente, se celebra la Revolución, para hacerla más vigente pero también para actualizar a las nuevas necesidades y a los nuevos retos a que nos enfrentamos los mexicanos y que la minoría panista tipifica como censurable.
El panismo en el proceso histórico político de México, presenta la contraparte de la Revolución, es la reacción y el conservadurismo que la propia que la Revolución engendró. De ahí, que exhiba siempre en la correlación de fuerzas sociales una enfermiza tendencia a las actividades y acciones de los demás grupos que a sus ojos no son decentes o no tienen su inmaculada dignidad, tal es la línea ideológica de las palabras del diputado Ubaldo Mendoza Ortiz.
La representación política, sea de la mayoría o de la oposición es una responsabilidad que hay que ejercerla con dignidad y decoro para poder aportar al debate político de esta generación, las perspectivas y elementos de avance democrático que quiere el pueblo, pero que el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz, con su intervención en esta Tribuna donde vino a deponer adjetivos y calificativos a los grupos del Partido Revolucionario Institucional no sólo ofendió a un partido contrario al de él, sino que ofendió al pueblo que vota por todos nosotros y que él agresiva y soberbiamente los llamó utilizados, acarreados, comprados u objetos de mercancía política, olvidando el ejemplo popular de heroísmo, de participación y de solidaridad que nos dio en días pasados.
Por eso la nueva mayoría que ustedes proclamaban en la compañía política reciente se quedó en bandera propagandista, por que en lugar de orientar correctamente al pueblo se dedican a denigrarlo, a menospreciarlo, creyendo que sólo las reuniones de gentes decentes y aburguesadas son realmente democráticas.
El pueblo es sabio, sabe quién lo quiere ayudar, sabe quiénes lo quieren utilizar y sabe quiénes simulan querer la democracia para aspirar a un Estado conservador e intolerante.
Llama el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz una farsa a la reunión de miles de ciudadanos que, convocados por nosotros los diputados y por los dirigentes de nuestro Partido Revolucionario Institucional, vinieron a solidarizarse con Ramón Aguirre Velázquez por la expropiación de inmuebles donde habitan inquilinos del Distrito Federal, expedido por el Presidente de la República. Reunión realizada con apego a nuestras leyes vigentes y al derecho de reunión que se consagra en el artículo 9o. Constitucional.
Esta manifestación política no tiene por que recibir los calificativos calumniosos que el diputado expresó en esta tribuna y que nosotros consideramos no tiene ninguna autoridad moral o política para referirse en esa forma a los actos de un partido que, como el de ellos, aspira a ser cada día más legítimo representante de la voluntad del pueblo.
Nos extraña con que facilidad y sin recato alguno demerita a su Partido, los demerita él mismo y demerita a la C«amara comparándonos con dictaduras, con complicidades, barbaridades y abusos, que de realizarse las estaría él convalidando como miembro de este Congreso.
Y no nos asusta tanto el lenguaje que usa sino las referencias a los términos políticos y sociales de su intervención y que nos hacen pensar que él o su partido es proclive a formas políticas rebasadas y derrotadas por la historia de nuestro país, como la monarquía y la dictadura; que ignora él lo que son como el sistemas de gobierno o en su mención propende a que fueran fórmulas de la política Mexicana.
La critica como examen de los valores y de las acciones políticas, es y debe ser un ejercicio leal y honesto que nos permita perfeccionar las instituciones políticas de las cuales formamos parte.
Las tentaciones del poder absoluto, arbitrario e intolerante, son los signos ominosos de aquellas sociedades que son manejadas por dirigentes y políticos irresponsables, que surgen y se desarrollan en un ambiente de negación de libertades individuales y sociales.
Y los del Partido Revolucionario Institucional queremos que este país siga siendo el siento generoso y la casa en que los mexicanos debemos construir y perfeccionar la democracia que prescribe la Constitución General de la República. Y es la inspiración de los mejores mexicanos que han dado su
vida y su esfuerzo para que este país a cada día mejor en lo político, en lo económico y en lo social.
El Partido Revolucionario Institucional rechaza con toda energía las palabras que el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz pronunció en esta tribuna el día 2 de diciembre de 1985, porque no son planteamientos que correspondan a la educación con que deben hablar los diputados mexicanos, para referirse a los trabajos políticos que realizan los partidos, porque si aceptamos esa categoría, esas calidades y esas perspectivas de analizar los sucesos políticos, tendremos que juzgar que todos son manipuladores y burladores de la voluntad ciudadana. Que sepa el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz, que los integrantes de la CNOP, y de la CTM, sectores fundamentales de nuestro partido, no son animales y mucho menos objetos que nosotros manejamos a nuestro antojo, y a nuestro arbitrio. Son organizaciones formadas por hombres y mujeres conscientes de su militancia y de su participación política, que vinieron a petición nuestra. Podría yo señalarle los datos y de las características de los hombres y las mujeres que procedían de los diversos distritos de nuestro partido, de nuestra ciudad, para demostrarle que son miembros activos que llegaron a solidarizarse con el Jefe del Departamento del Distrito Federal, para pedirle que en el proceso de expropiación no se diera mucha atrás en beneficio de ellos.
Por todo lo anterior, la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, de los diputados del Distrito Federal, proponemos a esta Honorable Asamblea tome el acuerdo de que sea borrado del Diario de los Debates de esta Legislatura el discurso pronunciado por el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz el día 2 de diciembre de 1985, porque ofende la limpia actividad de los partidos políticas de nuestro país, y por que el mismo refleja expresiones absurdas e increíbles que ningún ejemplo den del trabajo que esta LIII Legislatura ha venido realizando en el legítimo ejercicio de la representación popular. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al contenido del artículo 58 .
El C. Secretario Juan Moisés Calleja García: Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las subscriben mayoría de diputados, se sujetarán a los trámites siguientes: 1. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sea presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición y proyecto. 2. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto proposición, y tercero, inmediatamente se preguntara a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.
El C. Presidente:- Muchas gracias. En contra, se ha manifestado el señor diputado Federico Ling Altamirano. Tiene la palabra.
El C. Federico Ling Altamirano:- Señor presidente; señores diputados: Suplico a los compañeros que no están atentos, su atención.
Como dijo aquel viejito "Hay unos que nunca aprenden, y cuando aprenden, aprenden mal". Es el caso del diputado Valenzuela, que ha pretendido venir a justificar una serie de actos desde todo punto de vista reprobables. Si alguien ha resultado retardatario, ha sido aquí el diputado Valenzuela, quien después de 48 horas viene a hacer meditaciones para después de la muerte. El hecho que hizo constar en la sesión pasada el diputado Mendoza, es de todos conocido: el vil acarreo de empleados del Departamento del Distrito Federal, para venir en horas de trabajo, a hacer una manifestación desde todo punto de vista improcedente para apoyar la comparecencia del señor regente de la ciudad.
Hay muchas cosas de por medio en lo que aquí se ha afirmado. El procedimiento mismo, el servilismo de quienes tomando a ese personal, seguramente sin preguntarles si querían venir o no, los trajeron haciendo uso de recursos públicos, como los autobuses de la Ruta 100, que son tan necesarios. Y todavía para convertir esto en algo absolutamente fuera de seriedad, una danzonera, porque la comparecencia iba para largo. Y en qué se convirtió esa seriedad de la que viene a hablar aquí el diputado Valenzuela. ¿En qué se convirtió? En una pachanga sin seriedad alguna. Pero es que atrás de todas estas aptitudes, de servilismo casi absoluto de la gran mayoría de los diputados del PRI, en el Distrito Federa, hay otras muchas cosas. Muchos de ellos les deben algunas docenas o algunos miles de votos a la cooperación que prestó el señor Aguirre Velázquez a sus campañas.
El uso indebido de los recursos públicos, en auténtico delito de peculado para ayudar a las campañas electorales de los 40 candidatos del PRI en el Distrito Federal.
Y este es un hecho inobjetable. Lo vivió la ciudadanía. Fue denunciado ampliamente por los medios de comunicación, ampliamente denunciando aquí en el Colegio Electoral. ¿Y que se contesta a esto. Se pretende hacer sentir que del lado del partido oficial, que del lado del PRI vuelan las águilas mexicanas a lo largo de toda la historia y cobijan con sus alas a los anhelos populares que ellos protegen y defienden.
Pero qué desvergüenza, señores. Simplemente en la discusión de la vez pasada, de la sesión pasada, ¿quién defiende y con qué argumento que cosas? Si alguien ha resultado
defensor del status quo ultraconservador, en su pretensión de conservar indefinidamente y para toda la eternidad el poder en México, es el PRI, es esa mayoría absolutamente relativa que todavía priva aquí y en algunos lugares. ¿Que, sin razón, ha incitado al diputado Valenzuela a venir aquí? Qué afán de grupo de defenderse de esa manera?
Si hay algo que, verdaderamente corriente y deleznable en alguna argumentación que hayamos oído aquí, la acabamos de escuchar en ese discurso muerto del diputado Valenzuela.
Recordamos a ustedes que se tiene presentada la denuncia por uso de fondos públicos en la compañía del XXXVIII Distrito, del Distrito Federal, ante la secretaría de la Contraloría y está turnada a la Contraloría del Distrito Federal desde junio, sin que se haya resuelto todavía, a pesar de que estaba sustentada con pruebas, y se nos viene a decir que son injurias acusar de peculado a quien cometió peculado, acusar de fraude a quien cometió fraude, acusar de servilismo a quien es servil, y esto da para mucho tiempo, por lo menos, señores diputados, que comparten esta mentalidad y estas actitudes del diputado Valenzuela, póngase a la altura de su patrón, porque su verdadero patrón no es el pueblo a quien dicen representar, sino el señor regente Aguirre Velázquez, quien les ayudó en la campaña electoral indebidamente y quienes les ordena lo que tienen que hacer, Pónganse a la altura de su patrón y debatan, por lo menos, con la categoría que reconocemos, aceptó el debate el señor Aguirre Velázquez. Entren, pues, a este mundo nuevo de pluralidad aunque les cueste trabajo entenderlo y habrá oportunidades para seguir confrontando ideas. Rechazamos los cargos que ha venido a manifestar aquí de manera tan imprudente y tan ligera el diputado Valenzuela. Y al trámite en su momento y con más argumentos.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en pro, el diputado Armando Lazcano Montoya.
El C. Armando Lazcano Montoya:- Con su permiso, señor presidente: El escuchar palabras vanas, absurdas, sin consistencias, de acarreo, servilismo, poder, peculado, fraude, yo me voy a permitir señalar con absoluta convicción lo siguiente: cuando pretenden renacer los enanos de la Revolución enroscados en las tenebrosas telarañas del Partido de la traición nacional, el pueblo, como una sola fuerza, se levanta en pie de lucha para recordarles a estos destacados y vendepatrias, que el Cerro de las Campanas a punto de convertirse en volcán popular, lo reclama por traidores a la patria. A esos gusanos nopaleros de Acción Nacional, sin la estatura física, ni moral, ni mucho menos política que desde miopía, frustración e impotencia se atreven....(desorden)
El C. Presidente: - Hay una moción de orden, permítame usted, van a dar lectura a un artículo.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Artículo 105. No se podrá reclamar el orden, sino por medio del presidente en los siguientes casos, para ilustrar la discusión con las lecturas de un documento, cuando se infrinjan artículos de este reglamento en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión.
El C. Presidente: - Se ruega al orador continuar con su intervención, observando lo previsto en el artículo 105 al que se ha dado lectura en función de no vertir injurias en contra de persona o corporación alguna.
El C. Armando Lazcano Montoya:-...muchas gracias, señor presidente...cuando he manifestado que desde la miopía política, frustración e impotencia, hay grupos que conocemos y señalamos que se atreven a destapar la cloaca de su propia estructura y se y se pronuncia demencia y patológicamente en contra de las movilizaciones de mi partido, el Revolucionario Institucional, en apoyo de las instituciones, a esos grupos les manifestamos que la fuerza de nuestro partido es el pueblo, son los trabajadores, los campesinos, las mujeres, los intelectuales progresista, los jóvenes, los desposeídos, los no asalariados y todas las clases populares, y si todavía lo dudan, emisarios del retroceso y la explotación, ahí están los resultados de las elecciones del 7 de junio; ahí está dentro de nuestro sistema libre y democrático, ahí está la voluntad de las grandes masas populares que votaron por la libertad, votaron por la paz y votarán por México siempre. (Aplausos.)
Tengan cuidado eunucos de los capitales extranjeros, exploradores y reaccionarios cuando atacan a los trabajadores llamándoles recuas, porque los trabajadores ya estamos cansados de la explotación, de la humillación, de la negación permanente de los patrones a su justa reivindicación social. Contra esas palabras dignas de un pobre títere de los patrones, se levantarán los trabajadores de México, unidos, organizados con sed de justicia para aplastarlos y regresarlos a las cloacas en donde la Independencia y la Revolución los enterró para siempre. (Aplausos.)
El Movimiento Obrero Organizado de México está en pie de lucha, no nos provoquen, que su enfermedad no sea el pretexto para después llamarse mártires a un llamado de nuestras organizaciones y centrales, los trabajadores actuarán, ellos saben quiénes son los sacadólares, los mercaderes del capital y los explotadores de la clase obrera.
Y si no viviéramos en un estado de derecho ya hubiéramos permitido que los trabajadores los pasaran por las armas.
Por último, la Confederación de Trabajadores de México es una organización seria y respetuosa de los derechos e ideologías de todos los partidos. La confederación de Trabajadores de México por su representatividad tiene un lugar preponderante en la vida nacional y tiene la fuerza que le otorga su madurez política, sus programas de acción y sus principios de emancipación social para levantar a los trabajadores, incluso para traerlos a esta Cámara para que se les vuelva a llamar recuas y verán cómo responden.
Por ello defendemos a las instituciones, defendemos por el principio institucional al señor regente de la ciudad, defendemos al Gobierno de la República contra esos sátrapas del capital, esos sátrapas y rémoras directamente de la democracia y de la justicia qué sólo las mentes obtusas con gritos y aspavientos rasgan sus vestiduras lujosas, pero que no están en la carne de los propios trabajadores.
Por ello el Movimiento Obrero Organizado de México reclama su justa posición y reclama respeto a las autoridades, porque son autoridades legitimas en este México que gobierna para todo con Miguel de la Madrid a la cabeza.
Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano:- Señor presidente; señoras y señores diputados: El diputado que nos acaba de proceder ha mostrado un ejemplo de cómo los diputados de su partido legislan en esta Cámara.
¿Encuentra usted, señor diputado, alguna diferencia notable entre lo que expresó aquí el diputado Arellano y lo que acaba de expresar el diputado que nos precedió en el uso de la palabra? Y, sin embargo, en el primer caso mi partido apoyó la actitud de la presidencia para que el orador interrumpiera su intervención, y no vimos que su partido haya hecho lo mismo, en el caso del orador que nos ha precedido en el uso de la palabra, no hay practica en lo que se predica, no hay cumplimiento en lo que la mayoría pide de los partidos de oposición.
Nos ha llamado, el señor diputado que nos procedió en el uso de la palabra, traidores, vendepatrias, defensores de capital extranjero, reaccionarios, oscurantistas, y esas, señores, son injurias. Desde ahora reclamo a la presidencia el artículo 107 para que prevenga al señor diputado que nos presidió en el uso de la palabra para que retire las injurias y se obre en consecuencia.
El C. Presidente:- Orden, señores diputados.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Que no estén de acuerdo con lo que estoy expresando, el reglamento les deja expedido su derecho para hacer lo que la mayoría no escapas de hacer en tres años de legislatura, subir a esta tribuna y expresar sus ideas. (Aplausos.)
Vamos a ver, señoras y señores diputados, y a examinar las imputaciones injuriosas del señor diputado que nos acaba de proceder en el uso de la palabra; nos llamamos traidores...Una voz: ¡traidor!
No señor, no soy como usted acaba de decir, y tenga el valor de subir a esta tribuna a defender con ideas, no con calificativos, su punto de vista. (Aplausos.)
Nos dijo traidores, la contraparte de la Revolución Mexicana que tuvo como bandera revolucionaria algo que sigue siendo anhelo de todos los mexicanos, el sufragio Efectivo y la No Reelección. Ese anhelo de la Revolución Mexicana lo sigue ostentando mi partido, eso no es oponerse al principio y a la bandera principal de la Revolución de 1910.
Pero su partido, como lo hacen siempre, se identifican con ese acontecimiento como lo es la Revolución Mexicana; entonces se identifica, pues, con todos los gobiernos emanado de la Revolución. ¿Quién firmó, señor diputado, y ojalá que pudiera decirlo aquí los Tratados de Bucareli, que hacían una concesión de la soberanía nacional a los Estados Unidos? ¿Usted apoya los Trabajos de bucareli?, firmados en el período en que finalizaba el período presidencial del general Obregón? ¿Estaría usted de acuerdo con suscribir en 1985 el contenido de esos tratados, que eran una autentica traición a la soberanía nacional y a los derechos del pueblo mexicano? Pero consideramos, y pudiéramos hablar de mochos tratados más que han sido ustedes los que se identifican con los gobiernos emanados de la Revolución, los que han entregado al país a manos extranjeras. ¿No es una traición acaso para todo el pueblo de México, haber hipotecado al país y no haber sancionado al expresidente que más ha endeudado al país en toda su historia, después de la Revolución Mexicana, José López Portillo, al que un Congreso con mayoría de diputados del PRI aplaudió y siguió aplaudiendo en uno de sus sexenios? No somos nosotros los traidores. Pero reconocemos, y esa es nuestra postura, que los distintos hombres en la historia tuvieron sus aciertos y sus fallas y que en la historia los distintos personajes, son patrimonio de todos los mexicanos, con sus fallas y con sus defectos, con sus aciertos y con sus errores, porque la historia es patrimonio de todo el pueblo de México y no puede hacer un reparto de fallas y aciertos en favor de distintos partidos políticos. Hacer eso, significa tener un criterio de facción. Hacer eso significa ver- y aquí sí le devuelvo el calificativo-, con miopía la historia patria que con virtudes y aciertos es patrimonio cultural de todo el pueblo de México.
Nosotros nos preocupamos por otros Cuauhtémocs, los Cuauhtémocs descalzos, los asalariados, que decía usted que su partido protegía, los obreros de salario mínimo, las amas
de casa cuya moneda no basta para satisfacer las necesidades económicas de su familia y han sido los gobiernos de la Revolución, encabezado por su partido los que han llevado a la quiebra económica al país, por lo tanto señores, y como reclaman tiempo, cumplo el reglamento y solicito de la presidencia inste al ofensor a retirar las injurias que he mencionado, y por cuanto a la proposición inicial en el mismo sentido, que quien la hizo, señale como lo marca el reglamento, cuáles fueron los conceptos injuriosos y calumniosos vertido en contra del señor diputado que la reclamó. Muchas gracias, (Aplausos.)
El C. Presidente: Proceda la secretaría a dar lectura al contenido del artículo 107 del reglamento.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Articulo 107. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias al interesado, podrá reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre un día inmediato. El presidente instará al ofensor a que la retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así el presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la secretaría, insertando éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el C. diputado Montúfar.
El C. Jorge Montúfar Araujo:- Señor presidente; compañeros diputados: Es obligado hacer aquí algunas reflexiones que tienen que ver con los ánimos acalorados de esta mañana.
Es lastimoso que después de dos etapas que hemos cubierto ampliamente, con esfuerzo, con tesón y con entrega de la gran mayoría de quienes integramos esta Cámara, al entrar a la tercera etapa del trabajo de este primer período ordinario de sesiones, tengamos que volver los ojos hacia atrás.
El Colegio Electoral nos enseño que llegábamos a cumplir una cita que requería de la pasión, de todo el entusiasmo y de la capacidad de quienes tenemos el honor de representar en esta Cámara al pueblo de México.
Fueron sesiones largas, debates duros, encuentros penosos de la dialéctica de nuestros partidos políticos. Pero llegamos a una conclusión que el pueblo de México esperaba: la integración de esta representación nacional, respondiendo a los anhelos, a los principios y a los propósitos políticos de nueve partidos.
Después, amigos, vino al segunda etapa, que se inició cuando concurrimos para escuchar y analizar el informe del Presidente de la República; sesiones prolongadas, debates también enardecidos. Las circunstancias de la naturaleza, el doloroso sismo de septiembre, quizá contribuyó inportantemente, amigos, aunque duela decirlo, a que esta Cámara adquiera su perfil. Con perfil publico, de iniciativa y responsabilidad política. Un perfil dinámico. En ningún momento se ha cortado la libertad de expresión de los diputados. En ningún momento se ha obstruido el ejercicio de la libre responsabilidad política de todos y cada uno de nosotros.
Concurrimos y tomemos decisiones trascendentales ante el sismo. Primero, un documento de intención general; después, compromisos específicos solicitados por distintos partidos que trabajan y concurren en esta Cámara. Experiencia fecunda y luminosa.
Estoy seguro que quienes tenemos aquí la calidad de diputados, nos hemos sentido, si no satisfechos, sí estimulados por nuestro trabajo.
Sin embargo, hace unos minutos, cuando nos disponíamos a cumplir con la orden del día para la sesión de hoy, un compañero de mi partido vino a reclamar afirmaciones aventuradas y excedidas. Vino a solicitar que se eliminaran, con apoyo y disposiciones del reglamento, la afirmado aquí que en su concepto lastima la dignidad y el prestigio de integrantes de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional.
Yo no habría usado el tono que mi compañero de partido usó. Coincido con él, en rechazar, en la forma en que se hicieron esos cargos; en primer lugar, porque es fácil afirmar sin pruebas, sin elementos que sean sustentación de una evidencia. Es fácil decir cosas en lo general sobre alguien que acude a expresar su voluntad política.
Mi compañero pidió que se elimine del Diario de los Debates las frase que voy a leer "enerva ver cómo los coyotes de la CNOP, CTM y otras centrales conducen a la gente, como recuas los sacan de sus barrios, los echan en autobuses y los concentran en lugares, etcétera, etcétera"
Creo, realmente, que este párrafo no es digno de los anales del trabajo político que estamos realizando. En la misma forma, señores, considero que hay frases a las que se dio lectura por parte de compañeros de mi partido que tampoco deben quedar consignadas en los anales de la Cámara.
Vengo a proponer que eliminemos esas expresiones que son insultantes de la dignidad humana. Que lo hagamos por un compromiso que tenemos con el pueblo de México. No se nos envió a esta Cámara a insultarnos mutuamente; la calle hubiera sido el mejor sitio, si de eso se trata. El pueblo nos envió a cumplir con un deber constitucional, ser sus representantes políticos, expresar su pensamiento en esta tribuna, buscar salidas a los graves problemas de nuestro país a través del consenso, a través de las leyes, a través de los reglamentos que es con lo que hemos venido aquí a trabajar.
Yo no entiendo, compañeros, que hay momentos en que la pasión política nos lleve por caminos de desorden y por caminos de
controversia excedida, la controversia es necesaria, a eso hemos venido, pero no debemos atentar en contra de la dignidad de nadie para realizar la controversias. Si caemos a ese terreno quiere decir que ni tenemos la capacidad para presentar al pueblo y ni tendríamos la decisión de servirlo.
Vamos a demostrar lo contrario, vamos a demostrar que hemos venido a servir a los mexicanos, a defender sus derechos, a buscar mejores caminos para el bienestar y la recuperación de nuestra patria. Sé que podemos hacerlo, hay aquí un caudal respetable e inmenso de inteligencia y de buena fe en cada uno de los partidos, lo digo porque conozco a la mayoría de los diputados que los integran, he trabajado por horas con muchos de ustedes, he vivido la capacidad de servicio y de trabajo que tienen; podría responder por muchos de mis compañeros y por muchos de la oposición con mi vida si fuera necesario en función de su buena fe y de su capacidad.
Vamos a elevar, pues, señores, este diálogo político, vamos a ser dignos de la confianza que nos ha traído hasta aquí y vamos a probarle al pueblo y cada quien a sus votantes que hemos venido sabiendo a qué venimos. Os exhorto, pues, al trabajo. Creo que de fintas, de medirnos los unos con los otros, de tratar de saber que queremos y cómo pesamos, hemos quizá ya hasta abusado que poco.
Vamos, pues, a trabajar. Mi partido está de acuerdo en eliminar las expresiones ofensivas. Pido a mis amigos, a los señores del PAN, que también lo acepten, y que esta experiencia nos lleve a trabajar un poco más en el área legislativa. El pueblo está esperando, esta esperando que tememos decisiones y que le demos opciones para seguir adelante. Gracias, señores.
El C. Presidente: - En consecuencia, las expresiones que reclamó en su llamado al orden el señor diputado Juan de Dios Castro, se ha aceptado por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional que se consideren retiradas, señor diputado.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ubaldo Mendoza Ortiz.
El C. Ubaldo Mendoza Ortiz: - Acepto de que se retiren las expresiones injuriosas a que hice referencia
a El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Requiera en el mismo sentido al señor diputado del PRI.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 107 del reglamento se insta al señor diputado Armando Lazcano para que retire las expresiones que mencionó específicamente el diputado Juan de Dios Castro.
El C. Armando Lazcano Montoya: - Señor presidente de la Cámara de Diputados: Con todo respeto retiro mis manifestaciones, si acaso injurié o herí la susceptibilidad de Acción Nacional.
El C. Presidente: -En consecuencia, todas las expresiones que se consideran injuriosas de la intervención deben quedar retiradas.
INICIATIVA DE DIPUTADO
ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Para presentar una iniciativa, ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Genaro José Piñeiro López.
El C. Genaro José Piñeiro López:- Compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores se permite presentar a esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto, que modifica el artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto, para incluir entre las ramas estratégicas de la economía nacional, exclusivas del Estado, a la industria siderúrgica.
Como es conocido, el artículo 25 constitucional establece claramente que: "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar; que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleado y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución."
Y más adelante, en su párrafo sexto, el mismo artículo señala que: "bajo criterio de equidad social y productividad se apoyará e implicará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente."
Finalmente, el artículo 28, en su párrafo cuarto, define con exactitud cuáles son las ramas estratégicas de la economía, en manos exclusivas del Estado, cuando señala: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda; correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión."
Es decir, claramente se deja anotado, en el último párrafo señalado, que el Congreso de la Unión podrá en todo tiempo aumentar o disminuir el listado de las áreas estratégicas
de la economía en interés, como lo señala el párrafo sexto del artículo 25, "A las modalidades que dicte el interés público."
Ahora bien, estos avanzados mandatos constitucionales son cuestionados fuertemente en estos meses, a pretexto de la grave crisis que afecta a nuestra economía, por los sectores y grupos ligados a la gran empresa privada nacional y transnacional, e incluso, con gran descaro, por parte de organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que demanda al Estado mexicano el abandonar esos preceptos, como condición para continuar "apoyando" los esfuerzos nacionales para vencer la crisis.
Así, cuando en el Plan Global de Desarrollo y en otros documentos oficiales de Gobierno mexicano se establece como uno de los objetivos a conseguir en este sexenio, el "cambio estructural", estos grupos pretenden imponer el criterio de que esto significa la renuncia a continuar desarrollando el sector estatal de la economía, el abandonar el incipiente sector social de la misma, para favorecer en todo el crecimiento del sector privado, tanto nacional como extranjero.
Para nosotros, los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, los cambios estructurales que es preciso alcanzar en esta etapa tiene que ver con el cambio, a favor de la mayorías, de las actuales relaciones de propiedad capitalista, las cuales, como lo expresó el Co. Rafael Aguilar Talamantes el pasado 19 de noviembre, en el V Encuentro Nacional de los Trabajadores de la Ciudad y del campo, ante el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado Presidente Constitucional de la República:" cuando... se acapara en unas cuantas manos, cuando se privatiza en exceso, se vuelve injusta porque ataca y destruye la propiedad nacional que es sustento material de la soberanía popular."
Y más adelante agregó el Co. Talamantes: "La reconstrucción nacional es la vía para reparar injusticias". A 75 años de la Revolución, la inmensa mayoría de los mexicanos , los obreros, los campesinos, los trabajadores intelectuales, las mujeres trabajadoras y la absoluta mayoría de la juventud, somos víctimas de la injusticia.
"La causa fundamental, desde nuestro punto de vista, es que las actuales relaciones de propiedad han terminado por contravenir el mandato constitucional vulnerando la propiedad nacional al conceder en exceso privilegios a los grandes propietarios privados. La concentración de la propiedad, lo mismo en la ciudad que en el campo, ha generado polos de riqueza y de pobreza que además de ser injustos, resultan incompatibles con el espíritu constitucional."
"La Ley Fundamental de nuestro país, que es programa para la emancipación nacional y social del pueblo de México, contiene las bases para reparar las injusticias que se derivan de la mala distribución de la riqueza."
Finalmente, el Co. Talamentes afirmó:
"La reconstrucción de las relaciones de propiedad implica dar impulso al desarrollo de la propiedad social, elevar el elevar el peso especifico de ésta en la economía nacional, para que los trabajadores eleven su peso político y social. Implica también la tarea de reivindicar la propiedad nacional desarrollándola como propiedad social, de organizarla y hacerla productiva y eficiente colocándola bajo custodia directa de los trabajadores organizados.
La propiedad social, junto con la propiedad social, junto con la propiedad estatal deben constituir un frente común para que en el terreno de la economía puedan superar y limitar a la gran propiedad privada. La clase obrera, en alianza con el Estado, tiene capacidad real para imponerle condiciones al gran capital y para derrotar sus intentonas de establecer su hegemonía sobre la sociedad y sobre el propio Estado mexicano."
Debemos reconocer que en los últimos años, estos grupos ligados a la gran empresa privada nacional, y transnacional, han logrado sensibles éxitos en sus propósitos, pues, han conseguido que el Gobierno Federal venda o liquide un número importante de empresas estatales, algunas de las cuales tenían una innegable significación dentro de la economía nacional. Lamentablemente, se anuncia todavía que en los meses próximos, se continuara esa política antinacional, y así, por ejemplo, se pondrán a la venta o se liquidarán 18 ingenios que forman parte de la industria nacional de azúcar. Toda esta línea política se justifica con el argumento de que no debemos tener un Estado obeso, excesivamente involucrado en las actividades económicas, pues estas son privativas de los particulares. Sin duda alguna, el eventual ingreso próximo al GATT, refrendará esta tendencia antinacional, contraria a la letra y al espíritu de nuestra Constitución.
Creemos ha llegado el momento de que los sectores obrero y socialistas del país, pasen a una contraofensiva en esta materia, utilizando todos los recursos a su alcance, por más modestos que sean. En este propósito, la fracción parlamentaría del Partido Socialista de los trabajadores propone el presente decreto, con un llamado muy especial a los diputados obreros, campesinos y socialistas de esta soberanía, pues de ello depende la suerte que pueda correr nuestro iniciativa.
Entramos en materia, propiamente dicha: Para cualquier país en desarrollo, como es nuestro caso, la industria siderúrgica es vital por más de un concepto, pues de ella dependen muchas de las otras ramas industriales. Incluso, se suele medir el grado de desarrollo de un país dado, por la importancia alcanzada en la economía por la industria siderúrgica.
En México, la siderurgia ha tenido un importante crecimiento en los últimos lustro y actualmente aparece organizada en dos grandes ramas: por un lado, aproximadamente un 80% de la misma, es propiedad estatal ha través del consorcio
SIDERMEX, que integra las plantas de Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas y Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. El restante 20% es propiedad privada, en manos del consorcio regiomontano ALFA, propietario de la planta Hojalata y Lámina, S. A., con matriz en aquella ciudad norteña y una subsidiaria en Puebla, Puebla.
Se recordará que el Grupo ALFA, el más importante consorcio privado del país, tuvo un impresionante desarrollo en los últimos años de la pasada década, durante el auge petrolero. Sin embargo, en 1981, en gran parte debido a groseros errores de cálculo cometidos por sus directivos, el grupo entró en una profunda crisis económica de la cual pudo sobrevivir gracias a un cuantioso préstamo que aprobó ese año en su favor el Gobierno Federal, de 23 millones de pesos, a través de Banobras.
En la actualidad, según los últimos datos, el Grupo Alfa debe 267 mil 234 millones de pesos, y esta cantidad aumenta día a día, pues al estar concertados la mayor parte de los préstamos en dólares con bancos extranjeros, el deslizamiento de tipo de cambio aumenta el monto global de la deuda de manera inevitable.
Para resolver este conflicto, los directivos del grupo están proponiendo a sus acreedores internacionales el transformar la mayor parte de su deuda en acciones comunes a favor de dichos acreedores, de tal forma que se calcula el 30% de las mismas pasarían a propiedad extranjera, principalmente norteamericana. Se sabe que los bancos exigen que estas acciones sean de las correspondientes a Hojalata y Lámina, S. A., pues esta empresa es por sí misma el 40% de todo el consorcio.
A mayor abundamiento, si para 1991 el Grupo ALFA no ha podido pagar el préstamo a Banobras, pasarías a propiedad de este otro 34.1% de las acciones de Hojalata y Lámina, S.A., aunque ya desde ahora, representantes de este banco estatal participan en el Consejo de Administración del Grupo, aunque sin derecho a voto todavía.
Al mismo tiempo que todo este proceso tiene lugar en el seno del Grupo ALFA, el Estado mexicano se propone, en su Plan Global de Desarrollo y ahora, en el Presupuesto de 1986, pasar a una política de modernización de esta industria, con el propósito de colocarla en condiciones de superar sus actuales limitaciones tecnológicas, que la hacen poco competitiva a nivel internacional.
Consideramos que ante esta necesidad resulta totalmente contraproducente para los más altos intereses nacionales el seguir manteniendo de manera artificial el supuesto carácter privado de la empresa Hojalata y Lámina, S.A., pues sin apoyo del Estado, que lo proporciona cuantiosos subsidios en energéticos, electricidad, etcétera, ésta no podría sobrevivir un solo minuto. A mayor abundamiento, existe el grave peligro de que una parte importante de la misma pueda caer en manos de bancos norteamericanos, como producto de las negociaciones ya referidas.
De aquí porque planteamos la urgencia de integrar la industria siderúrgica nacional en una sola empresa estatal, bajo una sola dirección y con objetivos patrióticos y nacionalistas, para lo cual el primer paso sería modificar el artículo 28 constitucional, para agregar al listado de las industrias estratégicas, en manos exclusivas del Estado, a la industria siderúrgica.
Con ello, garantizaremos el carácter nacional de esta vital rama de la economía y se podrá proceder a su modernización integral, de acuerdo con un plan único, sin golpear a los trabajadores de la rama, pues hasta ahora los planes parciales de las diversas plantas han significado, en el caso de HYLSA, el despido en 1984 de 445 trabajadores, y en la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, hoy se negocia el despido de otros 387 obreros.
Muchas gracias por su atención, señores diputados.
Atentamente.
México, D.F., diciembre 5 de 1985.
La fracción parlamentaria del PST.
Diputados: César Augusto del Ángel Fuentes, Graco Ramírez Garrido Abreu, Jesús Heriberto Noriega Cantú, José Felipe Flores Gutiérrez, Máximo, De León Garza, Genaro José Piñeiro López.»
El C. Presidente;- Recibo y en los términos del artículo 56 del reglamento, túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
INFORME SOBRE LA DEUDA
PUBLICA DE 1983
El C. Presidente:- Para presentar una proposición, ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Amado Olvera Castillo.
El C. Amado Olvera Castillo: - Con el permiso de la presidencia; ciudadanos diputados: En ocasión de la presentación del informe sobre resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 1983, página 17, el contador Mayor de Hacienda señalo que: la fiscalización superior no es instrumento de castigo. Tal pronunciamiento, por cuenta del titular del órgano técnico de fiscalización de esta Cámara, puede tener serias implicaciones de cambio en el sentido y propósito de esta entidad o al menos nos suscita duda respecto al alcance y objetivos buscados con esta afirmación.
De todos estos conocidos que entre otros elementos de prueba el informe de resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda de 1982, fue aportado a la Procuraduría General de la República para sustentar la denuncia por peculado que prestaran diputados del Partido Acción Nacional de la pasada legislatura, contra el secretario de Estado de la anterior
Administración Federal. Por tal motivo creemos que si bien la fiscalización por sí misma no debe ser instrumento de castigo, sí debe de ser por todos conceptos el instrumento idóneo que pueda servir de base para detectar ilícitos en el manejo del patrimonio público y a partir de ello sean denunciados por la propia Contaduría o por cualquier ciudadano para castigar ejemplarmente a quienes lucran con cargos a los dineros del pueblo.
Sería absurdo conceptuar a la Contaduría Mayor de Hacienda sólo como medio de detección de regularidades, subgestora de convicciones para los órganos de Gobierno del Poder Ejecutivo.
Ciertamente habrá faltas que no merezcan la denuncia penal, pero los hay en abundancia que deben ser sometidas a denuncia y a su respectivo procedimiento para ser sancionado el responsable.
Esto es el sentido que le da la Ley Orgánica al órgano fiscalizador del Poder Legislativo, es pertinente por lo mismo señalar que la Contaduría Mayor de Hacienda tiene en su haber casi medio siglo de experiencia y debido a la forma blanda como activa se siguen dando los mismos vicios de hace muchos años en las secretarías de Estado y en empresas del sector público.
Es frecuente la falta de documentos de respaldo y la falta de concurso de proveedores y violaciones a la Ley de Adquisiciones y otras leyes, por mencionar sólo fallas Administrativas de menor gravedad, sin embargo, hay fallas graves que se tipifican como delito y es ahí donde la Contaduría debe llevar las investigaciones a sus máximas consecuencias.
Refiriéndose en concreto a las irregularidades que deduce el informe sobre el resultado de la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal sobre el ejercicio de 1983, encontramos que hay hechos que pueden significar, primero, una mera falta administrativa o contable, que es necesario corregir, segundo, que otros son faltas administrativas que pudieran ocultar la comisión de delitos de peculado y que finalmente hay otras en que el documento de la Contaduría señala a la comisión de un delito.
La enumeración de esas fallas administrativas sería muy larga, pero para ejemplo queremos señalar en esta tribuna que en Aeroméxico se señala una falta de control de los expedientes de los proveedores y una falta de procedimientos para efectuar revisiones respecto a anticipos entregados a proveedores, irregularidades tal vez menores en el hecho de que los contratos de arrendamiento y de las agencias no obstentan los sellos donde se acreditan que han sido registrados en las oficinas fiscales donde se celebraron, omisión que les hace acreedores a multas.
Es una gran irregularidad el echo de que en la Comisión Federal de Electricidad se compraron equipos de radio por un valor de 1947 millones de pesos sin que se le fijaran plazo el proveedor y además se le hicieron anticipos por 915 millones, aun cuando la comisión sólo había recibido equipos por valor de 136 millones de pesos, lo cual, según el informe de resultados, significa financiar indebidamente a los proveedores.
En Petróleos Mexicanos se asignaron 223 contratos, sin tener autorización de la Secretaría de Programación, muchos de ellos no se hicieron a precio fijo sino a precio alzado, a pesar de que esta forma de contratación, al no estar prevista, está prohibida.
En materia de compras se ve que algunas compras varias por 90 mil dólares americanos, se hicieron con simples órdenes de trabajo y no con pedidos formales y se adjudicaron en forma y no mediante concurso; igual cosa ocurrió en muchas empresas paraestatales, por ejemplo, en Productos Pesqueros Mexicanos, en la revisión selectiva hecha, se muestra que no se celebraron concursos y que adicionalmente violatorio, fue que se asignaron a proveedores no inscritos en el padrón. Asimismo, en caso de Pemex, se asignaron contratos a proveedores que no fabrican los artículos encomendados. Si en éstas y en otras muchas operaciones se pudiera tratar de fallas administrativas que es necesario corregir en el informe, las muchas otras operaciones en que las meras fallas administrativas son indicio de la comisión de un delito.
Por ejemplo, cuando se asienta que en la Comisión Federal de Electricidad se hicieron 1282 pedidos a proveedores extranjeros en los años de 1981 y 1982 por 83 mil millones de pesos, se dice textualmente que: no se dio cumplimiento a la Ley sobre Adquisiciones y Arrendamientos y Almacenes de Administración Pública ni a las normas generales de adquisiciones de mercancías, lo cual implica que esos pedidos se hicieron fuera de la ley y que pueden ocultar el delito de peculado.
En esta misma descentralizada, se nos dice que para la toma de agua de la planta de Bacurato, se asigna una cantidad a la obra de 189 millones, y luego se le pagan 267 y se le recibe la obra sin terminar, pues en el mismo documento se dice que: no se han deslindado las responsabilidades de las partes que intervienen, pudiendo lo mismo referirse a responsabilidades administrativas que ponen ellos.
Hay muchos ejemplos de que se hacen reformas a los proyectos originales ya estando en construcción que elevan el costo de los mismos. Ejemplo, una linea de conducción en la presa de Chicoasén, que se contrató originalmente por 311 millones y después se elevó en 53 millones más. ¿Era eso una necesidad técnica o es un principio de peculado? En Ferrocarriles asignaron contratos por más de 800 millones de pesos sin que los hubiera aprobado el Comité de Compras y esto puede ser un mero defecto de organización implicar la comisión de un delito perseguido por la ley.
Cuando en el Seguro Social una muestra selectiva de análisis de 76 contratos
muestra que sólo 29 se hicieron conforme a la ley, ya que el resto adjudicaron directamente y sin concurso, nos preguntamos si esta adjudicación fue resultado de soborno o de que eran los mejores proveedores.
Reina tal anarquía en la asignación de contratos, que ninguno de los revisados se dio aviso a la Secretaría de Programación y Presupuesto ni se les exigió fianza a los contratistas respecto al anticipo otorgado. Anarquía en la construcción de la unidad de medicina general de Ciudad Madero, Tamaulipas, en la asignación de 36 millones de pesos, si el monto de la obra de 155 millones, anarquía en el hospital de zona de Nuevo Laredo, en la que hay pagos sin comprobar por dos y medio millones de pesos.
Se da el caso que Aeroméxico compró un billete de depósito por diez millones de pesos a favor de un proveedor y al efectuar la liquidación de la operación, no se le descontó al proveedor el importe de ese billete de depósito.
Es particularmente importante que al revisar este caso, la Contaduría Mayor de Hacienda afirme que se propone investigar el destino de ese billete para que en su caso se promuevan las acciones que procedan de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Consideramos que es indicio de la comisión de un delito, el hecho de que en la Conasupo las ventas manifestadas por el departamento comercial ascendieron a 98 mil 210 millones de pesos y que en cambio los ingresos financieros reportados fueron sólo 92 mil 328 millones; un faltante de 6 mil millones de pesos que al parecer fueron vendidos pero que no ingresaron a la paraestatal.
En Fertimex un contrato para el tendido de tubería del completo industrial Lázaro Cárdenas en donde detectaron pagos en exceso por la cantidad de 17 millones de pesos Indicio de la perpetración de un delito es que en el arqueo practicado a los fondos en poder el encargado de la bodega de despacho del Instituto Nacional de Café se vio que faltaban 3 millones de pesos, y en otro almacén del mismo instituto se determino un faltante de 270 mil tubos de polietileno, cuyo costo de adquisición fue de 228 millones de pesos, y que tenía un valor comercial de la fecha de la auditoría de 224 millones de pesos.
En la Siderúrgica Las Truchas hay diferencias que tal vez no sean contables, sino reales. Los registros del departamento de adquisiciones de materia prima hablan de compras por 26 mil toneladas de ferroaleaciones y el departamento de contabilidad dice que se compraron 161 mil toneladas. La diferencia en pesos señala que el departamento de adquisiciones de materias primas manifiesta haber adquirido 62 millones y el departamento de contabilidad habla de 758 millones de pesos.
Señores diputados: todas estas irregularidades caen, en primer lugar, en las que están prescritas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el cual en su fracción primera hace responsable a los funcionarios de las entidades por la inexacta aplicación de las leyes fiscales, y en su fracción segunda los hace responsables por la aplicación indebida de las partidas presupuestales o por falta de documentos justificativos o comprobatorios del gasto.
Es cierto que la Contaduría Mayor ha enviado pliegos de observaciones a la Secretaría de Hacienda y al Departamento del Distrito Federal y a numerosas paraestatales, pero ya sea falta de seguimiento o porque no se han fincado responsabilidades penales, las paraestatales no siempre toman en cuenta los pliegos de la Contaduría Mayor.
Un ejemplo de ello es que el informe previo de la Cuenta Pública de 1983 se le hicieron recomendaciones a la Industria de Abastos, y en documento definitivo se dice textualmente: "que la entidad no ha realizado las acciones tendientes a su solución."
Ciertamente es de felicitarse que muchos de esos pliegos hayan dado lugar a ingresos al erario federal por mil 564 millones de pesos, pero hay que aclarar que aparte de la reparación del daño, debe fincarse la responsabilidad penal a quien corresponda.
Al respecto, el párrafo 2o., del artículo 29 de la ley citada dice: "las responsabilidades administrativas se fincarán independientemente de las que procedan por otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial."
Por otra parte, dice el artículo 31 que si de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal se determinan responsabilidades, el Contador Mayor de Hacienda promoverá el ejercicio, promoverá el ejercicio de las acciones que correspondan.
En esta enumeración enunciativa de casos, se puede concluir que existen sin duda actos que puedan ser constitutivos de delitos, y por lo mismo deben ser motivo de profundización para determinar las existencia de responsabilidades de los funcionarios autores de los mismos. En vista de que tal información deriva del cumplimiento de una disposición constitucional y que obedece a la necesidad que cualquier sistema democrático tiene de constituir órganos de fiscalización distintos e independientes del órgano o poder fiscalizado, creemos no puede prolongarse la poca o nula utilización de esta información, porque ello significa grave perjuicio al interés nacional y un justificado desperdicio de recursos humanos y económicos, empleados en su obtención, motivo por lo cuál se hace imperativo el encontrar cauce y medios de utilización de este trabajo, en beneficio de resguardo y derechos de la Nación.
Por tal motivo, solicitamos que, primero, independientemente que la propia Contaduría Mayor de Hacienda utilice la información para expedir pliegos de observaciones o fincar responsabilidades administrativas o penales, se corra traslado de los dos tomos de resultados
de la revisión de la Cuenta Pública Federal y del Distrito Federal del Ejercicio 1983, a la Procuraduría General de la República, a fin de que este organismo de representación social asuma la protección de los intereses de la Nación que le obligan a proceder de oficio en el caso de conocer de la omisión de algún delito que, sin duda, se contiene en el informe de la Contaduría.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
México, D. F., a 4 de diciembre de 1985.
Muchas gracias.
El C. Presidente: -Proceda la secretaría a dar lectura al contenido del artículo 58 para dar trámite a esta proposición.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -"Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputados, se sujetarán a los siguientes trámites:
Primero, se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara, serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas.
Segundo, podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y Tercero, inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.
El C. Presidente: -En consecuencia, en los términos previstos en la fracción segunda del artículo 58, se consulta a la asamblea si hay oradores en pro y en contra...
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a preguntar a la asamblea, en votación económica, si admite a discusión la proposición presentada.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: -Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si admite o no a discusión la proposición presentada ... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se admite a discusión, señor presidente.
El C. Presidente: -En consecuencia, túrnese la proposición a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
ESTADO DE SALUD DEL DIPUTADO
MORENO CORTES
El C. Miguel Herrerías Alvarado: -Solicito la palabra.
El C. Presidente: -Tiene usted la palabra, señor diputado.
El C. Miguel Herrerías Alvarado: -Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Con fecha 28 de noviembre, la presidencia de esta Cámara designó al diputado Juan José Castillo Mota y a su servidor para visitar al diputado Dionisio Moreno Cortés y conocer su estado de salud, al respecto nos permitimos informar al pleno de esta Cámara que el día 29 de noviembre nos constituimos en el hospital Español de esta ciudad capital, informándonos la señora Teresa de Moreno Díaz que a partir del atentado sufrido por el diputado profesor Dionisio Moreno Cortés el 9 de noviembre, se le ha intervenido quirúrgicamente en cinco ocasiones, las dos últimas el día 27 de noviembre, en virtud de que presentaba un complejo cuadro crítico en sus signos vitales. No obstante lo anterior, han transcurrido las 72 horas que los médicos consideraban críticas para el estado de salud de nuestro compañero diputado y que éste se encuentra en terapia intensiva.
El último informe que tenemos al respecto es que a partir del día de ayer el diputado Moreno Cortés ha tenido una mejoría notable en su estado de salud y se han empezado a reestablecer sus signos vitales, no obstante, los médicos que lo atienden consideran su estado de salud como crítico, tanto el diputado Juan José Castillo Mota como su servidor, seguiremos informando del estado de salud del compañero diputado Dionisio Moreno a esta honorable Cámara.
Muchas gracias.
El C. Presidente: -Esta soberanía queda enterada del cumplimiento de la comisión que les fue conferida y formulamos votos por el restablecimiento total de nuestro compañero diputado.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
BANCO NACIONAL
DEL PEQUEÑO
COMERCIO
«Honorable asamblea: La comisión que suscribe recibió para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, misma que ha sido distribuida con anterioridad a los integrantes de esta H. asamblea.
La comisión ha revisado las disposiciones consideradas en la iniciativa y después de haber sido discutida por sus integrantes, con fundamento en los artículos 54, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía el presente
DICTAMEN
La iniciativa en estudio tiene por objeto el cumplimiento del mandato establecido en el
quinto párrafo del artículo 28 constitucional y la restauración de un régimen jurídico integral del sistema bancario mexicano, orientado por los principios de rectoría económica del Estado, economía mixta y planeación democrática, consagrado en la Constitución General de la República.
En la exposición de motivos correspondientes se explícito el hecho de que la iniciativa forma parte de un conjunto de iniciativas integrado por las demás leyes orgánicas de las instituciones que conforman la banca de desarrollo, que son: Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada; Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario; Ley Orgánica del Sistema Banrural; Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Con dichos ordenamientos, se expresa, se da por terminado el proceso para el adecuado ordenamiento del sistema financiero, así como una mayor complementariedad entre las instituciones bancarias y principalmente de banca de desarrollo.
En el proyecto de ley, que se somete ahora a la consideración de esta H. asamblea contempla los siguientes temas:
a) El objetivo y la naturaleza de la institución.
b) Los objetivos, actividades y operaciones que la institución presta en su carácter de banca de desarrollo.
c) Su administración y funcionamiento, inclusive sus órganos de vigilancia. El objeto del Banco Nacional del Pequeño Comercio, no se limita a la función de intermediación financiera o a la concesión de créditos preferenciales, sino que implica también la de proporcionar asistencia técnica y capital de riesgo; propiciar la organización de empresas cuando se vinculen con producción, comercialización y abastecimiento; asesorar y evaluar proyectos de interés social, y en suma, constituir un importe medio de trasformación por la vía de financiamiento progresista.
Es de señalar que la ley de abril de 1953 denominó al Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal. En la iniciativa se contempla el cambio de denominación y que trae como consecuencia que el banco no sólo actuará dentro de la jurisdicción del Distrito Federal, sino que ampliará su campo de acción a nivel nacional.
Al consignarse las operaciones que el banco podrá realizar para el logro de sus objetivos, haciéndose referencia a las disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se establece que el banco estará facultado para contratar créditos siempre que sus recursos se canalicen al sector del Pequeño Comercio; financiar estudios para determinar los proyectos de inversión prioritarios: se le autoriza a participar en el capital social de las empresas, así como a administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades.
En cuanto al capital social y al capital neto, a diferencia de la ley vigente y tomando en consideración lo dispuesto por el Reglamento Orgánico en su artículo 6o, se integra el capital social con certificados de aportación patrimonial de dos tipos de series la "A" Y "B", la primera suscrita por el Gobierno Federal y la "B" que representa el 34% de capital podrá ser suscrita por el propio Gobierno Federal y por personas físicas y morales mexicanas.
En cuanto al capital neto, precepto correspondiente faculta a la propia secretaría, para que esta lo determine oyendo la opinión del Banco de México.
Se establece que la administración de la sociedad corresponderá al Consejo Directivo y al director general en sus respectivos ámbitos de competencia. Aquél se integra por nueve consejeros, cinco representantes de la serie "A" que serán el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá este órgano de gobierno; dos representantes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y uno del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito. Respecto de los consejeros de la serie "B" en el Reglamento Orgánico se dictarán las normas para su designación.
Los requisitos para ser consejero, así como el quórum de asistencia y de votación del consejo se regulan en la iniciativa, y a fin de evitar repeticiones se hace la remisión a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banco y Crédito, que a su vez establece las facultades de este órgano. Con el objeto de dotar a la institución de una administración eficiente y profesional de la sociedad, se exige que el director general reúna las condiciones que establece el artículo 24 de la Ley Reglamentaría multicitada
. Por lo que se refiere a las facultades del director general, se conservan las de la ley vigente sin perjuicio de que el Reglamento Orgánico o el Consejo Directivo otorgue o delegue otras para la mejor administración de la institución.
La vigilancia de la sociedad se confía a dos comisarios, uno designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en mérito a la atribución genérica que a esta dependencia le compete, y otro por los consejeros de la serie "B". En el cumplimiento de su encargo, los comisarios tendrán todas las facultades y obligaciones consignadas por la Ley Reglamentaria aplicable y por el Reglamento Orgánico.
En el Capítulo V se agrupan diversas disposiciones generales que comprenden supuestos diferentes. El régimen de supletoriedad legal, remite en su orden, a la legislación financiera y a las disposiciones aplicables sin hacer referencia exhaustiva de la misma.
Por las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones antes mencionadas la suscrita comisión de Hacienda
y Crédito Público presenta a esta H. asamblea el siguiente
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
DEL BANCO NACIONAL DEL
PEQUEÑO COMERCIO
CAPITULO I
De la Sociedad, Denominación,
Objeto y Domicilio
Artículo 1o. El Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo cambia su denominación a Banco Nacional del Pequeño Comercio Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. La sociedad en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley. Artículo 3o. El Banco Nacional del Pequeño Comercio como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto la promoción y financiamiento para el desarrollo económico nacional y regional del comercio en pequeño y del abasto.
La operación y funcionamiento de la institución, se realizará con apego al marco legal aplicable a las sanas prácticas y usos bancarios buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar el servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalado en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su Reglamento Orgánico pero podrá, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer o clausurar en el país sucursales agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país o en el extranjero.
Artículo 5o. La duración de la sociedad será indefinida.
CAPITULO II
Objetivos y Operaciones
Artículo 6o. Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del sector encomendado, en el ejercicio de su objeto estará facultada para:
I. Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades del sector en las distintas zonas del país o que propicien el mejor uso de los recursos de cada región;
II. Promover, encausar y coordinar la inversión de capitales cuando se vinculen con la comercialización y abastecimiento de productos de consumo necesario.;
III. Apoyar financieramente y con asistencia técnica los programas de modernización de la infraestructura comercial, impulsando la construcción y operación de centrales o módulos de abasto, centros de acopio, centros comerciales, mercados públicos, cámaras de maduración y refrigeración, tiendas de autoservicio, tiendas sindicales, almacenes y bodegas.;
IV. Realizar los estudios económicos y financieros que permitan determinar los proyectos de inversión prioritarios para su adecuado financiamiento; y
V. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado.
Artículo 7o. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo las realizará con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito de ahorro y del uso de los servicios que preste el sistema bancario nacional, de manera que no produzcan desajustes en el sistema de captación de recursos del público, en los términos del artículo 31 de dicha ley reglamentaria;
II. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector, conforme a las disposiciones legales aplicables;
III. Financiar estudios económicos, que permitan determinar los proyectos de inversión prioritarios para su adecuado financiamiento;
IV. Participar en el capital social de empresas;
V. Emitir bonos bancarios de desarrollo.
Dichos títulos procuraran fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional, y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
VI. Administrar por cuenta propia o ajena, toda clase de empresas o sociedades; y
VII. Las demás actividades análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8o. Como excepción a lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito
y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la sociedad para cumplir el objetivo que se le ha encomendado en su carácter de banca de desarrollo en los artículo 3o. y 6o. de esta ley. Asimismo, corresponde a la propia secretaría la determinación de las características de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 9o. Como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los contratos de fideicomiso que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario.
Artículo 10. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo:
I. De las operaciones concertadas por el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personas físicas o morales nacionales; y
II. De las operaciones que realice el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con instituciones del extranjero, privadas, gubernamentales e intergubernamentales
. CAPÍTULO III
Capital Social
Artículo 11. El capital social del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B" El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico.
La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, y por el Gobierno Federal, y por personas físicas o morales mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar qué entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citadas serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 12. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 13. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figuren cláusulas de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
CAPITULO IV.
Administración y Vigilancia
Artículo 15. La administración del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 16. El Consejo Directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma:
I. Cinco consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público quien presidirá el Consejo Directivo, o por la persona que éste designe de entre los representantes de la serie "A",
b) Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y uno del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
El Secretario de Comercio y Fomento Industrial tendrá el carácter de vicepresidente.
II. Cuatro consejeros de la serie "B" que serán designados en los términos que al afecto establezca el Reglamento Orgánico de la Sociedad.
Los consejeros de la serie "B" durarán en cargo un año, pudiendo ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo de la Sociedad. Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 17. El consejero se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos tres de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 18. No podrán ser consejeros:
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; y
II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad.
Sí alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente, por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 19. El consejero dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 20 y demás relativos de ley Reglamentaría del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto de las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del Director General
Artículo 20. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:
I. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el director general
; II. Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refiere la fracción
IV del artículo 7o. y el artículo 29 de la presente ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes; y
III. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la Sociedad, que le presente el director general, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 21. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 22. El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo sin perjuicios de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades de dominio administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio:
II Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico; y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 23. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjuntamente o separadamente.
Artículo 24. En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrán una comisión consultiva.
Artículo 25. Los consejeros, el director general, los directores, los subdirectores, los gerentes, y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o a rendir testimonio en juicio, en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito, dentro del termino que señalen las autoridades respectivas.
Capitulo V
Disposiciones generales
Artículo 26. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente ley y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 27. Las operaciones y servicios de la sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente ley, y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica de Banco de México, y por las demás disposiciones aplicables.
Artículo 28. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de los programas y presupuestos, corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaría del Servicio Público de Banca y Crédito; la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la autonomía de gestión, requerida para su eficaz funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 29. La participación en el capital social de las empresas a que se refiere la fracción IV del artículo 7o. de esta ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Ejecutivo Federal podrá, considerando la naturaleza y objeto de las propias empresas, emitir el acuerdo que las considere sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 30 Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente, y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la sociedad, el saldo se aplicará en los términos previstos por su Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley abroga a la Ley Orgánica del Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S. A. de C. V. de fecha 29 de diciembre de 1948 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1949 Artículo tercero. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas otorgados, dictados o celebrados con fundamento en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos o autoridades competentes.
Artículo cuarto. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley, hasta en tanto, continuará en vigor el expedido el 26 de julio de 1985.
Artículo quinto. El domicilio social del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal en tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión México, D. F., a 29 de noviembre de 1985.
Luis Manuel Orcí Gándara, presidente; David Jiménez González, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alanís González, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Carlos Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Ángel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras Máximo de León Garza, Dante Delgado Annauro, Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Ángel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Jorge Ortiz Gallegos, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, José Ángel Pescador Osuna, Abreu Graco Ramírez Garrido, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Rubén Rubiano Reyna, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Humberto Salgado Gómez.»
El C. Presidente: -En virtud de que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. Presidente: -Señor secretario, un momento, tiene la palabra, para hechos, el C. diputado Arturo Whaley.
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez:
- Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros de esta legislatura: No es mi intensión que se alarguen las sesiones dando lecturas a iniciativas o a dictámenes como sucedió el lunes pasado; sin embargo, sí sería importante que en este caso se diera lectura, en virtud, cuando menos a una parte, en virtud de que en la copia que se repartió en la página 10, salta al artículo 24 y en la página 11 empieza con la última parte del artículo 27 y como la mula no era arisca, sino que la hicieron, pues queremos saber que dice en esos artículos. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Está a consideración de la asamblea la solicitud formulada por el señor diputado Arturo Whaley, solicitando se dé lectura al dictamen, en virtud de que según manifiesta no es legible en una parte.
En consecuencia proceda la secretaría a dar lectura al dictamen en los términos solicitados, particularmente en las páginas señaladas por el señor diputado Whaley, que son las páginas 9, 10 y 11, del dictamen.
Se va a dar lectura desde la página 9 porque ahí está el artículo 23, el principio del mismo. Artículo 23: "El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, instituciones de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo... (Interrupción.)
El C. Presidente: -Dígame, señor diputado.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente, entendemos que es la lectura del Banco Nacional del Pequeño Comercio y el señor secretario está leyendo el dictamen del Banco Nacional de Obras.
El C. Presidente: -Señor secretario, se trata del Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Artículo 24: En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca del Desarrollo... (Leyó).
El C. Presidente: -Es suficiente, señor secretario. Satisfecha la solicitud del diputado Whaley.
Tiene la palabra el diputado Jorge Flores.
El C. Jorge Flores Solano: -Gracias, señor presidente; honorable asamblea: Agradecemos a la secretaría el haber leído correctamente el texto, que pues de hecho corrige un pequeño error de secretaria puesto que en la primera lectura fue leído correctamente el texto de esta ley.
Por otra parte, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, presentó diversas proposiciones en relación a la iniciativa de Ley Orgánica del Banco del Pequeño Comercio, que después de deliberar la comisión respecto al sentido de la misma, el pleno de la misma consideró conveniente proponer a esta soberanía la modificación del artículo 6o. fracción III para incluir dentro de las facultades del Banco Nacional del Pequeño Comercio y dar apoyo financiero técnico a los programas de modernización de la infraestructura, de las cooperativas y otras tiendas de consumo.
Con ello se estima que si bien el articulado conforme ha denunciado y especialización no es militativo, quedaría plenamente expresada una faceta importante del sector social de nuestro país.
De manera que el artículo en cuestión, que es el 6o. en su fracción III, quedaría como sigue:
"Apoyar financieramente y con asistencia técnica los programas de modernización de la infraestructura comercial, impulsando la construcción y operaciones centrales con módulos de abasto, centros de acopio, centros comerciales, mercados públicos, cámaras de maduración y refrigeración, tiendas de autoservicio, tiendas sindicales, cooperativas y otras tiendas de consumo, almacenes y bodegas". Muchas gracias.
El C. Presidente: -Gracias, señor diputado. Con la aclaración hecha por el señor diputado Jorge Flores respecto a la fracción III del artículo 6o., el siguiente punto es la lectura del dictamen.
Solicite la secretaría a la asamblea de que en virtud que el dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, si se dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por instrucción de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse demostrarlo... Se dispensa la lectura del dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: -En consecuencia, el dictamen está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra, los siguientes
ciudadanos diputados: El diputado Jorge Alcocer y el diputado Pérez de la Cruz. En pro, los siguiente diputados: Hesiquio Aguilar de la Parra y Jorge Flores Solano.
En consecuencia, tiene la palabra en contra, en lo general, el ciudadano diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente, compañeros diputados: Quisiera primero solicitar el permiso de la presidencia para que, en virtud de que vamos a discutir tres dictámenes referidos a bancos de desarrollo y la intervención en lo general que yo me voy a permitir hacer en contra tiene que ver con el conjunto de la banca de desarrollo, se considere esta intervención como valedera para lo general en los dos casos que vendrán en seguida.
El C. Presidente: -Sí, señor.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Bien. Señores diputados: Este conjunto de iniciativas de ley que hoy discutiremos, así como otras que también discutiremos en días próximos, tanto referentes a instituciones de crédito como a otros ordenamientos jurídicos en materia financiera, bancaria y monetaria, son parte, expresión concreta de la política que en materia bancaria ha seguido el gobierno de Miguel de la Madrid desde diciembre de 1982. Es conveniente recordar aquí, que desde su inicio el gobierno actual impulso y desarrollo una política de franco retroceso de la nacionalización de la banca privada, decretada el 1o. de septiembre de 1982. Estos retrocesos se expresan entre otras, en las siguientes medidas: las reformas constitucionales de diciembre de 1982, por las cuales fue reprivatizada la tercera parte del capital social de los bancos expropiados; la venta indiscriminada de los activos no financieros, acciones de empresas industriales, comerciales y de servicios, propiedad de la banca nacionalizada; la indemnización otorgada a los accionistas de la banca expropiada; la reprivatización de las casas de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguros; la aprobación de la Ley Reglamentaria del servicio público de banca y crédito; la reinstalación del señor Mancera Aguayo en la dirección general del Banco de México; el desmantelamiento del control de cambio y la tolerancia y complicidad con los especuladores y sacadólares y finalmente, algo que discutiremos aquí en la próxima semana, la propuesta del presidente De la Madrid, para modificar la Ley Monetaria y permitir de nueva cuenta, la apertura de cuentas en moneda extranjera en la banca nacional, como ya nos explicó ayer un funcionario del Banco de México, podrá ser para toda la República y no sólo para la zona fronteriza.
En congruencia con esta política claudicante, solo interesada en obtener el aplauso y el beneplácito de los grupos económicamente poderosos, el presidente propone ahora, la adecuación de las leyes orgánicas de los hasta ahora bancos nacionales de desarrollo. Estas adecuaciones, además de ser congruentes con los retrocesos ya vividos, inician lo que es a nuestro juicio el proceso de desnaturalización de los objetivos y funciones de los bancos de desarrollo. El modelo a seguir, el esquema a que se aspira, no es el de una banca guiada por los intereses nacionales, por el estímulo y apoyo a los sectores y ramas productivos que nuestro país requiere para avanzar en su desarrollo económico y social, sino el de una banca competitiva, rentable, adecuada a las necesidades del mercado, en suma el, modelo al que se aspira es el de los banco privados, hoy sociedades nacionales de crédito.
Esta política y estas leyes confirman que a tres años de distancia la banca cambio parcialmente de manos pero no ha cambiado de usos.
Nuestra afirmación se sustenta en la experiencia histórica de la Banca Mexicana. Recordemos que los bancos de desarrollo, la banca estatal nació al calor de las necesidades de impulsar el desarrollo industrial y agrícola del país, al calor de la necesidad de contar con financiamiento para proyectos de inversión de larga maduración y bajo rendimiento financiero que eran y son imprescindibles para México. Es en la década de los años treintas y sobre todo durante el gobierno del general Cárdenas, cuando se crean la mayoría de los bancos nacionales de desarrollo. Recordemos incluso que la ley reservó la denominación de Banca Nacional a tales bancos de desarrollo, pero también en esos años se gestó un esquema de operación bancaria que después cobró carta de naturalización.
Si los bancos nacionales nacieron ante la debilidad que en ese entonces tenía la banca privada, después esto devino en una especie de división del mercado y de funciones, absolutamente desventajosas para los bancos nacionales, y absolutamente provechosa para los bancos privados. Mientras que a los primeros se les asignó la atención de las necesidades de crédito en proyectos de larga maduración y poca o nula rentabilidad, los segundos se apropiaron del crédito de corto plazo, de altas ganancias y sin ninguna vinculación con auténticas necesidades nacionales. Si quisiéramos destacar uno de los elementos que más contribuyo a la gestión y desarrollo de una industria ineficiente, dependiente, no integrada, ajena en mucho a las necesidades nacionales, esa sería sin duda la política de crédito seguida por la Banca privada desde 1920 hasta 1982. Así, el Estado hubo de encargarse de satisfacer, nunca cabalmente, las necesidades crediticias para el campo, especialmente para los ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios.
Para la vivienda, el equipamiento urbano y la infraestructura, para los grandes proyectos industriales incluidos los del sector privado, para el fondo del comercio exterior, para las sociedades cooperativas y hasta para financiar la filmación de películas tuvo que crear el Estado, un banco.
Mientras tanto, mientras este esquema castigaba y condenaba a la banca estatal a financiar este tipo de proyectos, a la banca privada se le dejaba por completo el ahorro captado internamente. Ese ahorro era canalizado fundamentalmente a la actividad inmobiliaria especulativa, a los proyectos de inversión sin riesgo alguno y recuperabilidad y ganancia asegurada.
En materia de ahorro, la banca privada controló y monopolizó la captación de ahorro interno, mientras que la banca nacional fue excluida de la posibilidad real de captar ese ahorro, dependiendo casi por completo de los fondos transferidos por el gobierno a través del erario federal y de los créditos externos. Así, con fondos públicos y endeudamiento externo, la banca privada monopolizaba el ahorro interno y obtenía enormes ganancias de un crédito sin riesgo alguno.
Con este esquema bancario, prácticamente inalterado desde los tiempos de Miguel Alemán, lléganos hasta 1982 y la nacionalización de la Banca Privada. Sus resultados son de todos conocidos y para quien quiera recordarlo, baste releer el sexto informe de José López Portillo, en donde se hizo una síntesis, un juicio histórico de lo que fue, en este país, la banca privada.
Pero incluso, ya durante el sexenio anterior, vivimos casos escandalosos de uso de la Banca Estatal de Desarrollo para fines distintos a los de su acción. Y aquí varios diputados que participaron en la LI Legislatura, recordarán el vergonzoso paso del préstamo de Banobras al grupo ALFA, que por cierto nunca se supo en que paró, si fue pagado o si forma parte de la deuda nacional.
Si este tipo de sistema bancario no tenía antes de 1982 ninguna justificación que no fuere la del interés de los banqueros privados, no hay razón alguna nacional o popular que justifique la subsistencia de dos sistemas bancarios, los dos de propiedad mayoritaria del Estado, pero con políticas y objetivos distintos.
¿Qué justifica, preguntamos nosotros, mantener, por un lado, una banca comercial, orientada por criterios de lucro y al servicio, casi exclusivo, de las grandes empresas privadas, en materia de crédito? Y, por otro, una banca de desarrollo a la cual, además, se pretende llevar, ahora, a una política de otorgamiento de créditos, guiada por los mismos intereses y objetivos de la banca comercial.
¿Es compatible, acaso, una política nacional de desarrollo que haga del crédito una de sus palancas, de sus instrumentos fundamentales, con la subsistencia de dos sistemas bancarios diferenciados? Y que no se venga a decir aquí que lo que estamos planteando es una política populista de manejo de la banca o un manejo irresponsable de la misma.
Lo que los diputados del PSUM estamos planteando, es la integración de una política de crédito y ahorro coherente, integrada, que haga uso del sistema bancario y de las instituciones que lo conforman para impulsar un auténtico proyecto de desarrollo nacional y popular.
No solo rechazamos los retrocesos en materia de nacionalización de la banca privada, sino que postulamos una política bancaria radicalmente distinta a la que sigue el actual gobierno, queremos una banca sana, fuerte, con rentabilidad financiera, pero sobre todo queremos una banca al servicio del desarrollo industrial, agrícola y comercial de México, que atienda a criterios de rentabilidad social, que sea capaz de apoyar las inversiones privadas o públicas que necesitamos para superar nuestro atraso industrial y tecnológico, para impulsar el desarrollo productivo del campo y el mejoramiento de los campesinos.
Es tan simple y quizá a la vez tan complejo como preguntarnos ¿A quién se le va a otorgar el crédito en este país? ¿Nos vamos a guiar por un criterio de políticas de desarrollo nacional o se le va seguir otorgando crédito a aquellos que tienen la garantía que exige con criterio de lucro la banca llamada ahora comercial y que sigue actuando con criterios de banca privada? ¿Para qué va a haber crédito en este país: para lo fundamental o para lo superfluo? Y eso tiene que ser una política que afecte al conjunto de la banca, no sólo a la banca de desarrollo, sino también a la hoy mal llamada banca comercial.
En esas definiciones en materia de crédito cabe tanto a los usuarios públicos como los privados, no se trata, que quede claro, de negar el crédito al sector privado, ni siquiera dentro de él a la gran empresa, se trata de condicionar la disponibilidad de créditos al interés nacional, se trata de poner el ahorro nacional al servicio de un auténtico proyecto de desarrollo. Quien quiera realizar inversiones no compatibles con el proyecto nacional de desarrollo, que lo haga, pero que se atenga a sus propios recursos o al crédito que sobre después de satisfacer las necesidades nacionales.
De la definición de las actividades prioritarias para la recepción del crédito surgiría también la definición de las políticas concretas en materia de garantías, usuarios, plazas y tasas de interés bajo los cuales se otorgarían los créditos.
No hay nada que pueda probar empíricamente que una política como esta sea incompatible con un desenvolvimiento y desarrollo sano y adecuado de la banca o como dicen ahora con las sanas prácticas bancarias.
Una política que incorpore al crédito como instrumento de política económica para el desarrollo, requiere de que toda la banca, insistimos y no sólo una parte de ella pueda ser regida por criterios acordes a las políticas generales de desarrollo.
Nosotros creemos a diferencia del Presidente De la Madrid, que el modelo a seguir superando sus errores y vicios, es el de los bancos nacionales de desarrollo, no el de los antiguos bancos privados, que podrían haber sido muy rentables en términos financieros, por ello fue a costa de graves daños a la economía nacional.
Sería bueno que alguien les explicara, por cierto, a los economistas del Gobierno y de la Iniciativa Privada, que no es cierto que lo que es bueno para un individuo o para un grupo sea bueno para la sociedad o para la economía en su conjunto, no se puede gobernar un país cuando en lo económico se trabaja con criterios de economía doméstica.
Postulamos entonces los miembros del PSUM, que la banca, toda la banca, todas las instituciones bancarias en materia de captación de ahorro, deben ofrecer el conjunto de servicios bancarios al público ahorrador, o sea deben operar efectivamente como banca múltiple, pero tratándose del crédito, debemos avanzar a un sistema de bancos de desarrollo especializados, en la atención de áreas, sectores y actividades estratégicos definitivos en un auténtico Plan Nacional de Desarrollo .
Por qué destinar sólo una parte del crédito del sistema bancario a tales fines, por qué mantener intocado el crédito que maneja la mal llamada Banca Comercial.
No se trata de especializar al detalle o en una forma que impida la necesaria flexibilidad y adecuación de la banca a las necesidades cambiantes del desarrollo, sino de especializarla por grandes funciones; lo que conllevaría, además, la ventaja de reducir el número de bancos, que es aún muy grandes, de impulsar una verdadera y auténtica política de descentralización y desconcentración. Los ahorros que se tendrían en diversas materias si se procediera de esta manera, serían cuantiosos, lo que además permitiría reducir el costo de operación de la banca con la consecuente ventaja en materia de tasas de interés activas.
No es cierto, como pretende el Presidente, que su política sea la única viable. Hay otras políticas, hay otros caminos, lo que sí es cierto, es que con esa política contenida en las iniciativas de ley que hoy discutimos, vamos a la perpetuación de un uso del sistema bancario que no responde a su carácter de nacional, de propiedad pública; estamos entonces por la transformación de las instituciones bancarias, pero de todas, no de unas cuantas.
Queremos que el cambio de manos que se produjo en 1982, a 3 años de distancia se empiece a convertir en cambio de usos de todo el sistema bancarios nacional. Por esas razones es que estamos en contra de la política que el Presidente De la Madrid ha venido instrumentando en materia bancaria, es que no podemos aceptar en lo general estas iniciativas de ley.
No estamos en contra de los bancos de desarrollo, estamos en contra de una política que perpetúa un esquema que ya no opera, que ya no sirve para los grandes intereses nacionales y por eso votaremos en contra de estas iniciativas.
EL C.Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Luis Orcí, por la comisión.
EL C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Señor presidente; compañeros diputados: Qué extrañó que precisamente cuando empezamos a analizar los proyectos de leyes orgánicas para la banca de desarrollo, que una por una hemos venido analizando en Comisiones Unidas en algunos casos y en otros solamente en la Comisión de Hacienda, dependiendo del sector, precisamente surja este tipo de planteamiento.
Hoy tenemos de análisis en Segunda Lectura tres iniciativas. La primera, es la del Banco Nacional del Pequeño Comercio, la segunda la del Banco del Ejército ,Fuerza Aérea y la Armada y la tercera, la del Banco Nacional de Obras y Servicios públicos.
En las próximas sesiones estaremos analizando las leyes orgánicas del Banco Nacional Pesquero y Portuario y otros bancos de desarrollo que se están en este momento precisamente estructurado a los lineamientos que esta soberanía dio a través de la Ley Reglamentaria de la Banca y de Crédito.
La Banca de Desarrollo concretamente tiene un objeto social muy importante, muy significativo, un objeto de atender a los sectores, a los que está obligado a asistir para lograr esos cambios de estructura, para lograr ese vance en nuestra economía nacional, concedido en forma prioritaria y en forma importante financiamiento a tasas preferencias, financiamientos a plazos largos y financiamientos de apoyo de toda naturaleza, asistencia técnica, administrativa de diferente naturaleza.
El proceso desde 1982 de fortalecer el sistema bancario mexicano, todo nacional del sector público, un sistema bancario que efectivamente está dividido en dos grandes capítulos, el sistema bancario, precisamente por el tipo de actividades que se tienen que llevar a cabo. El primero es la Banca Múltiple que hace operaciones de alta liquidez, que hace operaciones importantísimas de captación en el sistema y de generar recursos, a fin de canalizarlos.
Esta banca está obligada a través de los diversos mecanismos de encaje legal y de lineamientos que nosotros mismos hemos dado al Ejecutivo, para canalizar en forma preferente recursos a diversas actividades de índole prioritaria. La fuente de financiamiento de estas instituciones proviene fundamentalmente de la captación que hace del público mexicano en general. Esta banca ha venido fortaleciéndose en un período complejo desde 1982, en una situación económica que ha requerido gran imaginación y gran esfuerzo para poder mantener una institución y una estructura institucional financiera, congruente con un país de la dimensión de México y de la complejidad de nuestro país; una economía mixta como es la mexicana y una necesidad de atender no sólo a sectores específicos, sino zonas de varias regiones del país que deben recibir y que requieren financiamiento.
No hay duda, tampoco, de que en este mismo proceso la disponibilidad de recursos ha sido muy limitada por diferentes razones, por los niveles de captación, por uso prioritarios que se han tenido que dar, pero ha sido un proceso gradual en el que a través de la operación que ya se está percibiendo, podemos esperar que se siga fortaleciendo y que pueda la banca mexicana atender a estas necesidades.
Esto es en cuanto a la banca múltiple, a la banca que llamaba el diputado Alcocer la banca comercial.
Tenemos por otro lado , otra parte muy importante del sistema bancario y para entender el sistema financiero mexicano no basta nada más con ver ese pedacito, tenemos la banca de desarrollo que es el tema precisamente de las leyes orgánicas que ahora estamos analizando; banca de desarrollo que por su propio nombre y que estructurado e integrado en sus propias leyes orgánicas más que otra cosa en la misma ley reglamentaria, en los mismos ordenamientos constitucionales de la planeación en la parte donde está el programa, también la planeación democrática y donde está el programa de financiamiento al desarrollo, se hacen referencias explícitas a que los apoyos financieros a los sectores necesitados para apoyos sectoriales y apoyos de diferentes áreas de la población, deban tomar en cuenta específicamente las consideraciones de rentabilidad social; consideraciones de apoyo a sectores que requieren recursos, en muchos de los casos requieren asistencia técnica para poder avanzar en el uso de este mecanismo financiero que de otra forma no podrían y que definitivamente en la banca comercial tradicional que se ven en otros países, jamás tendrían acceso a las fuentes de financiamiento. Esta banca de desarrollo que hoy estamos analizando y que es la causa específica de las discusiones que tendremos hoy y en los próximos días, en cuanto a leyes orgánicas se refiere, es lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos entonces, señor presidente, pediría que continuara la discusión que estamos llevando a cabo con respecto al planteamiento específico del Banco Nacional del Pequeño Comercio, cuya ley orgánica estamos analizando en segunda lectura y que yo pediría que siga adelante.
Hubo un planteamiento hace un momentito que hizo el diputado Flores Solano, en donde por sugerencia precisamente del diputado Alcocer, se añadieron en dos de los capítulos unas frases para ampliar un sector que estaba ya comprendido en la ley, estaba clarísimamente comprendido en las operaciones de este mismo banco, pero por la necesidad de hacerlo más explícito, más visible, fue introducido y fue por eso que la Comisión de Hacienda plantea a la asamblea que ésta enmienda que se ha hecho en ese articulado sea aceptada en los términos en los que estábamos hablando. Muchas gracias.
El C. Presiente: -Tiene la palabra, en pro, el señor diputado Hesiquio Aguilar de la Parra.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: -Señor presidente, solicito que pase primero el diputado que está en contra, como señala el reglamento.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Adner Pérez de la Cruz.
El C. Adner Pérez de la Cruz: -Señor presidente: Compañeras y compañeros diputados: Nos toca el día de hoy analizar el dictamente de segunda lectura de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio. Esta Ley Orgánica de este banco que antes era el Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, tiene ahora, si es que se puede decir, alguna ventaja, el de dejar de ser un banco de carácter regional para ser un banco de carácter nacional; quizás esa sea la única ventaja.
Nos hemos inscrito en contra en lo general, y también en lo particular, porque como decía el genial hombre Vicente Lombardo Toledano, un fenómeno es económico y por lo tanto político y no al revés, y esto indudablemente que va a tener sus repercusiones políticas.
Esta Ley Orgánica es un paquete de otras leyes orgánicas, de la Ley Orgánica del Banco de la Armada, del Ejército y Fuerza Aérea, de Banrural, de Banobras, Banco de Comercio Exterior, etcétera. Nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible que en esta ley se contemplen algunas cuestiones que ya habían sido superadas, por ejemplo se crean los certificados de Aportación Patrimonial A y B; el A, propiedad del Gobierno, de la Federación, con un 64%, y el B con un 34%, nada más que aquí es donde estriba la cuestión. Se dice que podrá ser, podrán intervenir en esos certificados B, las personas físicas y morales. Yo veo desde aquí la cara de alegría de los Concanacos participar ya, al aprobarse esta ley, en su Consejo de Dirección, porque se establece, aparte de los certificados, el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia.
En el Consejo Directivo, compuesto por 9 elementos, dentro de ellos podrá ser el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y como vicepresidente el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o los que ellos nombren en su lugar. Y en el B, por 4 elementos de la iniciativa privada.
Esto es lo peligroso, compañeras y compañeros, porque además estas leyes, ésta en concreto, nos remite a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. Como seguramente ustedes deben saber, esta ley fue creada al vapor: se recibió a las dos y media de la mañana, a 72 horas de que terminara el período ordinario de sesiones de la anterior Legislatura. Eso nos motivó a nosotros, al que esto dice en particular, a proponer aquí en este período ordinario de sesiones,
ampliar a dos el período de sesiones por año de esta Legislatura, para poder discutir con profundidad las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo y que de una u otra manera van a detener o impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país.
Nosotros en aquélla ocasión dijimos: no era posible que la ley que reglamentaba la nacionalización de la banca, una de las últimas conquistas, de las más grandes que se han dado en nuestro país, fuera dictaminada al vapor, a sólo a 72 horas de que se terminara el período ordinario de sesiones. Precisamente la menciono porque en esta ley nos remiten a ella en muchos artículos. En esta ley precisamente se manejan, se crean los certificados A y B. Pero en aquélla se podría justificar porque se trata de la banca comercial, pero en ésta, en estas leyes orgánicas de los bancos que he mencionado, no se justifica porque es la banca de desarrollo, el mal es de origen, se confunde a la banca comercial con la banca de desarrollo.
Yo pregunto, y en su oportunidad, cuando se discuta la Ley del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, veremos si tenemos la razón o no.
Yo pregunto ¿qué interés puede tener un particular en participar con el 34% de la serie B, en el Banco del Ejército de la Armada y Fuerza Aérea? Solamente que quiera dedicarse a la carrera armamentista a imagen y semejanza de los Estados Unidos o del Brasil. A lo mejor estarán pensando en ser socios para crear toda una industria bélica que fabrique tanques de guerra o aviones de guerra. Sólo así se podría justificar.
Pero hay otra cuestión, en el otro banco, es el Banrural, la iniciativa privada de por sí ya influían a quiénes y hacia dónde se podrían determinar esos créditos. Pero ahora, con 4 consejeros, con 4 directivos más uno como miembro del consejo de vigilancia, ya me imagino la cara de alegría de los grandes ganaderos del país, de Chihuahua o de Tabasco o de Veracruz, al tener que compartir la responsabilidad de la dirección con los responsables de la serie A y canalizar el crédito hacia las áreas donde ellos consideren necesario.
Pero será necesario para ellos, no para el interés nacional. ¡Ojo, compañeros diputados! Aquí es donde está lo negativo de esa ley. Por eso los miembros del Partido Popular Socialista nos hemos apuntado en contra de este dictamen.
Yo pediría a mis compañeros diputados progresistas y avanzados que si no comparten los juicios nuestros, cuando menos, por dignidad propia, ante la historia, no vengan a defenderla con pasión, porque eso sería, ¡no chocar con los planteamientos del Partido Popular Socialista! No, sería chocar con los intereses históricos de nuestro país y eso sería lo grave.
Tengo algunas otras muchas cuestiones que analizar, pero en la intervención de mi compañero, en la particular, dejaremos asentado nuestro criterio. Muchas gracias, compañeros diputados.
El C. Presidente: -Tiene uso de la palabra, en pro, el C. diputado Hesiquio Aguilar de la Parra.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: -Señor presidente; honorable asamblea: He escuchado con detenimiento las observaciones y los argumentos que hace un instante esgrimiera nuestro compañero del Partido Popular Socialista que me antecediera en el uso de la palabra, y celebro que de entrada el compañero diputado haya dicho que la ley tiene algunas ventajas, es cierto, compañero diputado, esta ley que el Ejecutivo somete a la consideración de esta asamblea una vez dictaminada, efectivamente presenta una sinnúmero de ventajas sobre su antecedente inmediato. Claro que es una gran ventaja que la ley que el Banco del Pequeño Comercio vaya a tener una cobertura nacional y no una simple cobertura regional, como la tenía, ya que solamente operaba en el ámbito del Distrito Federal.
Pero efectivamente coincidimos en que esto puede ser un fenómeno político, efectivamente se trata de un paquete de varias leyes orgánicas de bancas de desarrollo que han llegado al seno del Poder Legislativo. Con las iniciativas de todas estas leyes orgánicas se da por terminado el proceso para el adecuado ordenamiento del sistema financiero, así como una mayor complementariedad entre las instituciones bancarias y principalmente la de desarrollo.
El objeto del banco nos se limita a la función de intermediación financiera o a la concesión de créditos, sino que implica también la de proporcionar asistencia técnica y capital de riesgo. Estas son compañero diputado, algunas de esa muchas ventajas que acertadamente dice usted que contiene y yo compartiría su preocupación en este esquema que plantea usted del peligro que pudiera representar que los grandes comerciantes formaran parte del Banco en sus órganos directivos; habla usted por otro lado de que se legisló al vapor y de que podemos caer en un peligro similar en esta ocasión.
Yo quiero recordarle que esta iniciativa llegó al seno de esta Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre, que la hemos estudiado detenidamente y que en comisión hemos escuchado los puntos de vista de cada uno de los miembros que integran a la Comisión de Hacienda.
Teme usted que los concanacos intervengan en la administración del banco, yo no me preocuparía ya que es un banco del pequeño comercio, es un banco que tiene funciones de banca de desarrollo, no corre en medida alguna peligro de que el gran comercio organizado vaya a intervenir en su funcionamiento.
Efectivamente en los certificados de participación patrimonial el 64% es para la serie
"A" y como claramente señala el dictamen que contiene la iniciativa en cuestión, solamente el Gobierno Federal puede adquirir los certificados de la serie "A", pero por lo que hace a usted, mencionó el 34% restante, es necesaria la presencia de los auténticos pequeños comerciantes en la administración del banco, y sólo por darle un ejemplo de la composición actual, como representantes de esta serie de acciones, forman parte auténticos pequeños comerciantes tan distinguidos como Eleazar T. Cruz, a quien conocemos personalmente.
No se corre el peligro de que aquí vengan los grandes comerciantes a tomar decisiones que nos corresponden, porque las acciones del banco van orientadas precisamente al pequeño comercio.
Por otro lado, usted teme que en el consejo de vigilancia vaya nuevamente a suceder este fenómeno que acabo de describir, Quiero decirle, señor diputado, que de acuerdo al artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, ya no existen los consejos de vigilancia sino existen las comisiones consultivas en la banca nacionalizada. Y estas condiciones consultivas van a estar integradas precisamente por tenedores de las acciones de la serie "B", que son pequeños auténticos comerciantes.
Creo, señor diputado, que a final de cuentas lo que se requiere es tener una idea más clara de lo que el Ejecutivo está tratando de llevar a cabo en este nuevo esquema de banca nacionalizada.
Los instrumentos que se proponen y que ya están en operación, como la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, constituyen instrumentos jurídicos acordes a una banca nacionalizada y no como antes una banca concesionada en donde había una ley de instituciones de crédito acorde de esa realidad.
No veo pues, compañeros diputados, el por qué se pueda tener con esa Ley Orgánica un retroceso en el concepto revolucionario de la banca nacionalizada que se tiene. Esta iniciativa contiene el esquema de una banca de desarrollo que será útil, que será benéfica para los auténticos pequeños comerciantes, quienes juegan un papel determinante en la vida económica de nuestro país.
Por tal motivo, pido, señores y compañeras diputadas, en su momento su voto favorable para esta iniciativa porque será favorable también para la economía de nuestro país. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
- Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Dice el señor diputado Hesiquio Aguilar que no hay motivo de preocupación porque los certificados de aportación patrimonial puedan quedar en manos de potentados económicos y que por el contrario está garantizado que quedarán sólo en manos de auténticos pequeños comerciantes. Sólo que yo no encuentro en qué artículo de la ley se establece esta garantía, que los certificados de aportación patrimonial se garantice de alguna manera que queden en manos sólo de los pequeños comerciantes.
Me parece que es una declaración subjetiva que obedece a una intención, a un propósito, a una manera de interpretar la iniciativa de ley, el dictamen que estamos examinando, pero que no tiene ningún respaldo real.
Y en última instancia, el problema pasa a ser bastante secundario. El problema de fondo, lo que se oculta detrás de una u otra afirmación es de mayor peso; es lo que tiene que ver con el rumbo general de la economía del país.
El privatizar parcialmente la banca de desarrollo es una medida de rumbo diametralmente opuesto a nacionalizar la banca comercial: una estaba en manos privadas y la tomó el Estado; después de haberla tomado cabalmente el Estado regresó a particulares la posibilidad de una participación porcentual en ella; la otra era del Estado desde siempre; ahora se abre la posibilidad de que participen en ella particulares.
Nuevamente el choque fundamental, el choque en el problema medular en done se está resolviendo el presente y el futuro de México; cuál de las dos líneas va a seguir nuestro país, la línea de la Revolución Mexicana o la línea neoliberal que impulsa el gobierno norteamericano.
Abrir la posibilidad de la participación de particulares en la banca de desarrollo es una concesión más a las presiones de los organismos financieros del imperialismo, es un problema de concesión grave de principios.
Muchas gracias.
El C. Presidente: -Ha solicitado la palabra, para hechos, el C. diputado Hesiquio Aguilar de la Parra, en seguida se la concedemos a usted.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: -Señor presidente, honorable asamblea: He solicitado nuevamente el uso de la palabra por que siento que mi gran amigo y compañero Cuauhtémoc Amezcua vive una preocupación legítima de acuerdo a los postulados de su partido y al innumerable número de ocasiones que ha abordado esta tribuna, entiendo que pueda sentir que las palabras que dije antes pudieran ser sólo retórica y no hecho real.
Vengo a decirle que está en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, claramente establecido que no podrá darse la situación que teme.
Voy a dar lectura del mismo artículo.
"Artículo 15. Salvo el Gobernador Federal ninguna persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones, de
cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de certificados de aportación patrimonial de la serie "B", por más del 1% del capital pagado de una sociedad nacional de crédito".
Está pues, claramente legislado, claramente establecido, que este peligro a que el señor diputado Amezcua ha hecho mención en esta tribuna, no puede ni remotamente acontecer. Es señor diputado Amezcua, una iniciativa de un barco revolucionario, para servir a un sector revolucionario de la economía nacional. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, la diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. Beatriz Gallardo Macías: -Diputado presidente; compañero y compañeros diputados: En relación a la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio presentada por el Ejecutivo Federal, el Partido Socialista de los Trabajadores, considera lo siguiente: La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, como se explica en la Exposición de Motivos, tiene por objeto el cumplimiento del mandato establecido en el párrafo quinto del artículo 28 constitucional. Y la reestructuración de un régimen jurídico integral del sistema bancario mexicano, orientados por los principios de la rectoría del Estado, economía mixta y planeación democrática, consagrado en la Constitución General de la República.
Asimismo, establece a través del nuevo capitulado, la denominación social, los objetivos y operaciones, la composición de su capital social y la administración y vigilancia de la nueva sociedad, que en lo general cumplen con los objetivos planteados para el Banco Nacional del Pequeño Comercio y con el nuevo ordenamiento del sistema financiero.
Sin embargo esta fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores considera necesario que para el mejor cumplimiento de las políticas y estrategias que se determinan en el Plan Nacional de Desarrollo y en le Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, en el sentido de fortalecer la economía de las clases mayoritarias a través de una mejor distribución de la riqueza del país y buscando apoyar las actividades del sector del pequeño comercio, se incluyan en la iniciativa presentada los capítulos dos, octavo, noveno y décimo de la Ley Orgánica del Banco del Pequeño Comerció del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1949 referente a la finalidad económica de la institución, de las asociaciones para compras en común, de las asociaciones de crédito de comerciantes en pequeño y disposiciones complementarias respectivamente, por considerar el contenido de los capítulos de referencia como un soporte básico para el cumplimiento de los objetivos planteados en la iniciativa presentada, ya que para promover, gestionar y poner en marcha proyectos, promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales y apoyar financieramente y con asistencia técnica, como se propone la nueva Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, es de vital importancia, si esto se hace por conducto de la organización de los comerciantes en pequeño, en asociaciones, como se menciona en los capítulos señalados, con lo cual se garantiza que el abasto de productos de consumo necesario abarque a un mayor número de la población, que los beneficios que de la comercialización y del abasto se obtengan se distribuyan a un número superior de pequeños comerciantes, que con la compra de productores directos se limita el intermediarismo y se abatan los costos, dando un mejor precio a los consumidores y a su vez un mejor precio a los productores.
Asimismo, se evitarán muchos problemas administrativos que la administración del crédito, otorgamiento de asistencia técnica y coordinación para la ejecución de programas de inversión se pudieran dar al tener un tratamiento en lo particular a los comerciantes en pequeño.
Por las razones anteriores y dado que el proyecto de ley pretende tener un ámbito nacional, en donde se optimicen los fondos disponibles, compatibilizando la sana operación, la sana operación financiera con las metas globales, sectoriales, y regionales de los programas de gobierno y por considerar a la organización de los trabajadores, de los comerciantes y del pueblo en general, el pivote del desarrollo social que garantice la participación democrática e igualitaria, posibilitando al pueblo trabajador los goces sociales que resultan del progreso de la civilización, el Partido Socialista de los Trabajadores apoya a la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, siempre y cuando se contemplen los agregados mencionados, adecuándolos a nuestra realidad económica, por lo que bajo estas condiciones emite voto particular.
Además, nos reservamos el derecho de argumentar en lo particular la formulación del artículo 6o., fracción III de este proyecto de ley. Por un gobierno de los trabajadores. El Grupo Parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores. Gracias (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: -Sólo con el interés de precisar un poco más los términos de la discusión -señor presidente- que hemos tenido con el compañero Hesiquio Aguilar.
Afirmó el compañero Adner Pérez de la Cruz, del Partido Popular Socialista, que existe el riesgo de que grandes empresarios pasen a ser accionistas del Banco del Pequeño Comercio.
Contestó el diputado Hesiquio Aguilar que no existe ese peligro. Señalé yo que no hay ningún mandato legal, ningún mandato jurídico, hablaba yo inicialmente del dictamen que estamos examinando, donde se evite ese riesgo.
El compañero diputado Aguilar nos dice que sí se evita y cita el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que dice: "Salvo el Gobierno Federal, ninguna persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de certificados de aportación patrimonial de la serie B, por más del 1% del capital pagado de una Sociedad Nacional del Crédito".
Entonces este artículo garantiza eso, que ninguna persona física o moral, con la excepción del Gobierno Federal, podrá controlar más del 1% del capital pagado. Esa persona podrá ser un pequeño comerciante o podrá ser un gran financiero. No hay ninguna garantía, respecto al tema que debatíamos. No se toca; es otro aspecto el que trata el artículo 15.
Por otra parte, reitero que en la opinión del Partido Popular Socialista es secundario el problema de cualquier manera. Lo importante está en si la Banca de Desarrollo, que es propiedad de la Nación, se permite en ella la participación de particulares; en la medida en que esto pueda hacerse, se está dando marcha atrás de la vía de la Revolución mexicana, se están haciendo concesiones a la vía privatista, a la vía neoliberal. En la medida en que nacionalizamos, por el contrario, avanzamos por la vía de la Revolución Mexicana. Simplemente para que queden claros los campos de debate fue esta nueva intervención para hechos, señor presidente. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Proceda la secretaría a consultar, en votación económica, a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general... Los ciudadanos que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo ... Suficientemente discutido.
El C. Presidente -Para los efectos de artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En consecuencia procesa la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto. El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere al artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -La secretaría informa. Se emitieron 299 en pro, 23 en contra y una abstención.
El C. Presidente: -Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 299 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los siguientes artículos: El diputado Jorge Alcocer reservó los artículos 6, 11 16, el Diputado Humberto Enriquez Ramírez; reservó los artículos 7 y 29; el Diputado el diputado Cuauhtémoc Amezcua los artículos 11 y 13; la diputada Beatriz Gallardo los artículos 6, 11 y 13 y el diputado Eduardo Valle los artículos 6, 10 y 11.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Si no tiene inconveniente, señor presidente, que el C. diputado Camilo Valenzuela.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Valenzuela.
El C. José Camilo Valenzuela: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Aunque se ha aceptado ya incluir en la fracción III del artículo 6o., lo relativo a cooperativa de consumo, la fracción parlamentaria del PSUM, insiste en las siguientes modificaciones.
En primer lugar en lo que se refiere a los centros comerciales, planteamos agregar que sean los centros comerciales destinados al pequeño comercio, ello con el objeto de evitar dejar abiertas las puertas por donde lo que se considera y se define como un banco del pequeño comercio, termine apoyando al gran comercio que es el que predomina en el comercio nacional.
En segundo lugar, planteamos se elimine lo relativo a tiendas de autoservicio porque con ello de nueva cuenta se deja abierta la puerta para que lo que ha sido definido como banco del pequeño comercio termine sirviendo también para financiar al gran comercio nacional que además de predominar cuenta con suficientes medios para financiar su actividad.
Con ello, la Fracción III del artículo 6o. estaría siendo definida en consecuencia con el carácter que se atribuye a esta institución bancaria. Muchas gracias.
El C. Presidente: -En virtud de que este artículo ha sido reservado por varios ciudadanos diputados procuraremos tratarlo primero por los oradores que han reservado. En consecuencia, tiene la palabra, sobre este mismo artículo 6o., la diputada Beatriz Gallardo.
La C. Beatriz Gallardo Macías: -Compañero presidente: La Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, propone que el artículo 6o., fracción III se adicione en lo que se refiere a centros comerciales y tiendas de autoservicio, que siempre y cuando éstas pertenezcan a asociaciones uniones de auténticos pequeños comerciantes y de organizaciones sindicales.
Proponemos, señor presidente, muy concretamente se adicione esto puesto que aquí se debe salvaguardar los derechos de los verdaderos auténticos comerciantes en pequeño. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Había reservado también el artículo el señor diputado Eduardo Valle.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: Señor Presidente: Yo solicitaría su autorización para que me permitiese argumentar no sólo en relación con el artículo 6o., porque mi intervención se refiere también al 10 y al 11, íntimamente vinculado al 6o.
El C. Presidente: -Puede tratarlos en conjunto los tres, señor diputado.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: -Gracias. En la fracción III del artículo 6o. establece posibilidad de operaciones del Banco del Pequeño Comercio con centros comerciales y tiendas de autoservicio. Las tiendas comerciales y las tiendas de autoservicio ahora se han constituido en elementos dominantes de este tipo de operaciones económicas. Aurrera, Comercial Mexicana, tres, cuatro tiendas más en el Distrito Federal dominan un amplio margen del mercado, y en el interior de la República, en grandes ciudades, los centros comerciales y tiendas de autoservicio privado se constituyen en los elementos prácticamente de oligopolio que determinan no solamente la estructura de los precios, sino incluso el tipo de ganancia que obtienen los comerciantes en estas ciudades.
Se pueden afirmar con relativa certeza que en la mayor parte del comercio organizado, en términos de mercado, está controlado por los centros comerciales y las tiendas de autoservicio. Pero con toda evidencia esto ya está fuera del objeto del nombre que se ha dado al Banco de Pequeño Comercio. Las tiendas y estos centros comerciales que tienen tan grandes capitales, que tienen operaciones regulares con otro tipo de banca nacional, evidentemente van a resultar enormemente favorecidas incluso con el tipo de presión que pueden lograr a través del párrafo tercero del artículo 11, que establece su posibilidad de participar en el capital social suscribiendo títulos de la serie B.
Pero además con toda evidencia se plantea aquí un problema de control puesto que el tipo de recursos de este tipo de bancos no son muy sustanciales todavía, quizá requieran un impulso muy grande en términos de capitalización, pero ciertamente el tipo de recursos y necesidades que necesitan este tipo de centros comerciales y tiendas de autoservicio son en mucho, en mucho muy grandes con respecto a lo que requiere otro tipo de pequeño comercio.
Así es de que resulta con toda evidencia que cae hasta fuera del objeto del trabajo de este tipo de Banco Nacional del Pequeño Comercio, el que permanezcan aquí los conceptos de centros comerciales y tiendas de autoservicio cuando se han constituido en un auténtico oligopolio. Pero por supuesto, a nosotros nos preocupa otra cosa más que el artículo 10 y que queremos relacionarlo con el artículo 6o. El artículo 10 es un artículo sumamente simpático, es un artículo muy llamativo, es un artículo que al menos nos deja ciertamente estupefactos en términos de procedimiento normal de carácter bancario.
Resulta que el gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco del Pequeño Comercio, con personas físicas o morales nacionales. Entonces yo le pregunto a los compañeros de la Comisión de Hacienda: ¿todo tipo de operaciones, activas y pasivas? ¿Es esto lo que no quieren decir? ¿Es esto lo que están aprobando? Porque va a ser una cosa muy chistosa, va a resultar que si Aurrera contrae operaciones de cierto tipo con el Banco del Pequeño Comercio, como el gobierno federal responde por todo tipo de operaciones del Banco del Pequeño Comercio y no se dice si son pasivas o son activas, sino que se dice de todas, entonces va a resultar que todos los recursos del gobierno federal van a estar en manos, de manera secundaria y transferida, en manos de los Arangos; tan sencillo como esto.
Es decir, a través de un procedimiento básicamente erróneo, no solamente es un problema de redacción, es un problema de concepción a tráves de un proceso indirecto le estamos entregando la responsabilidad al Gobierno Federal, de apoyar todas las operaciones que los centros comerciales y las gigantescas tiendas de autoservicio, tengan con garantía del Gobierno Federal.
Los compañeros de la Comisión de Hacienda seguramente comprenderán que este tipo de procedimientos en primer lugar poco tienen que ver en términos de constitución del capital social y de la responsabilidad pública que tiene la institución crediticia de este carácter y en segundo lugar comprenderán que enseña a exceso que realmente es excesivo que el Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Diputados, les entregue de manera indirecta todos los recursos del Gobierno Federal, que son algo así como 34 millones de pesos, a los Arango de Comercial Mexicana o de Aurrera.
Yo sugiero que los compañeros de la Comisión de Hacienda, vuelvan a dictaminar sobre este problema, porque lo que están haciendo es de alguna manera indirecta y transferida es entregarle una enorme cantidad de recursos a los Arango, a los dueños de Comercial Mexicana y a los dueños de las otras grandes tiendas de autoservicio y de tiendas comerciales de este tipo, que encontrarán de manera definitiva la opción de llegar a los recursos del Gobierno Federal a través de este tipo de operaciones con el Banco del Pequeño Comercio. Va a resultar que los más interesados en establecer operaciones de todo tipo con el Banco del Pequeño Comercio, son los Aurrerá y son Comercial Mexicana, las tiendas de Puebla o de Monterrey que dominan el mercado. Quizá no se pensó en esta situación, no se pudo ver de manera precisa. Pero en los términos objetivos de como viene redactada la ley, va a resultar que este es el objetivo en términos de proceso económico.
Y finalmente, una cuestión más. Tan hay opción a este control de recursos del Gobierno Federal y a esta garantía social, que el Gobierno Federal tendría para operaciones de todo tipo con el Banco del Pequeño Comercio, que se abre precisamente la serie "B" para personas físicas o morales mexicanas. Físicas o morales mexicanas de carácter privado. Entonces hay toda una idea alrededor de este problema. En este sentido nosotros proponemos que se eliminen, se eliminen de la fracción tercera del artículo 6o., -ese, nosotros es mucha gente, yo propongo- que se elimine de la fracción tercera las palabras centros comerciales y tiendas de autoservicio; que se elimine el artículo 10 del proyecto de ley, y que obviamente se eliminen los párrafos segundo y tercero de la ley y se redacte el artículo 11 de la siguiente manera, y es una proposición concreta:
"El capital social del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo estará representando por certificados de aportación patrimonial en una sola serie". Muchas gracias.
El C. Presidente: -Lo entrega, por favor, a la secretaría, señor diputado.
Respecto al artículo 6o., que es motivo de la discusión, se han presentado varias proposiciones; la primera es la proposición del Partido Socialista Unificado de México, rogándole a la secretaría proceda a dar lectura a la misma.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Propuesta de modificaciones al proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio. Artículo 6o. Se propone modificar la fracción tercera para que quede como sigue: "apoyar financieramente y con asistencia técnica los programas de modernización de la infraestructura comercial, impulsando la construcción y operación de centrales o módulos de abasto, centro de acopio, centros comerciales, destinados al pequeño comercio, mercados públicos, cámaras de maduración y refrigeración, tiendas sindicales, cooperativas de consumo, almacenes y bodegas."
El C. Presidente: -Está a discusión la proposición del Partido Socialista Unificado de México. Por la comisión el C. diputado Hesiquio Aguilar de la Parra.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: -Con su venia, señor presidente: En vista de que este artículo 6o., ha sido reservados por tres partidos, y que básicamente engloban el mismo sentir, señor presidente, yo le solicitaría muy atentamente su venia para dar respuesta global de una vez a todos los planteamientos hechos en esta tribuna, porque de lo contrario, tendría yo que contestar esto que acaba de leer el señor secretario, que se relaciona exclusivamente a la propuesta hecha por el diputado Camilo Valenzuela, del PSUM; se tendría que leer de nueva cuenta lo del PST. y de nueva cuenta lo del diputado Valle, por lo que, señor presidente, si usted me autoriza, yo quisiera, en una sola intervención, exponer los puntos de vista de la comisión respecto a los señalamientos hechos.
El C. Presidente: -Adelante, está autorizado.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: Muchas gracias, señor presidente: En realidad, debe de tomarse en cuenta básicamente que estamos discutiendo una ley del pequeño comercio. Y que si la palabra no aparece en muchas ocasiones en la redacción de los artículos en particular, eso es obvio porque estamos metidos, insisto, en una ley de pequeño comercio. Pero sin embargo, es nuestra obligación, como legisladores, darle la mayor precisión y la mayor claridad a la redacción de los ordenamientos que aquí discutimos.
Por lo tanto, por lo que hace, señor presidente, a la proposición del Partido Socialista Unificado de México, que trajo a esta tribuna el señor diputado Camilo Valenzuela. La comisión propone integrar, es decir, poner juntas las palabras: centros comerciales, tiendas de autoservicio y agregar, la muy necesaria palabra, del pequeño comercio.
De esta manera no sería válido, no tendría por qué existir preocupación, como la que ha señalado el compañero Eduardo Valle, de que pudiera por la simple falta de mención del término pequeño comercio, entrar alguna de las grandes cadenas del comercio organizado de nuestro país.
Estoy hablando del artículo 6o., exclusivamente. Se ha reservado el artículo 11 o el 10, le ruego que en este momento estoy hablando del 6o., y estoy tratando, también, de concretizar, por parte de la comisión, la petición del diputado Camilo Valenzuela.
Siente la comisión, juntando primero las palabras: centros comerciales, tiendas de autoservicio del pequeño comercio, quedaría eliminado este problema que han señalado esas fracciones parlamentarias.
Por lo que hace a la propuesta de la compañera diputada del Partido Socialista de los Trabajadores, la comisión tiene una óptica un cuanto tanto diferente. Pide el Partido Socialista de los Trabajadores que se especifique en el cuerpo de la ley, que diga: "siempre que pertenezcan a organizaciones de pequeños comerciantes."
Aquí, honorable asamblea, correríamos un peligro inminente: ya que existen muchísimos, incontables pequeños comerciantes que no están organizados en este tipo de instituciones o de organizaciones, valga la redundancia, del pequeño comercio. Es precisamente una de las acciones que el Banco del Pequeño Comercio debe llevar a cabo el de tratar de organizar a todos los pequeños comerciantes en este tipo de organizaciones, que bueno, ojalá que así ocurra, que todos los pequeños comerciantes de nuestro país lleguen a estar organizados en este tipo de organizaciones de pequeños comerciantes. Pero la realidad el comento actual es el que debemos de observar en la actualidad, el momento preciso que estamos viviendo nos dice que hay infinidad de pequeños comerciantes que no están organizados en este tipo de organizaciones, y el imprimirle esta redacción que nos solicita el Partido Socialista de los Trabajadores implicaría dejarlo fuera de todos los beneficios que contiene el Banco del Pequeño Comercio.
Por lo que yo, respetuosamente, señor presidente, le pediría en su momento a la fracción del Partido Socialista de los Trabajadores que rectificara su criterio porque creo que la comisión tenía los elementos necesarios para no acceder a su sugerencia.
Señor presidente, de esta manera he dado contestación a las argumentaciones que se manifestaron en esta tribuna con respecto al artículo 6o. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Esta presidencia pregunta al C. diputado José Camilo Valenzuela si mantiene la proposición presentada inicialmente. Para hechos, solicita la palabra.
El C. José Camilo Valenzuela: -Compañeros diputados: Buscando ser breve, aceptamos la propuesta que hace el diputado Aguilar, con la siguiente modificación: en lugar de redactar poniendo como después de "centros comerciales", planteamos se redacte de la siguiente manera: "centros comerciales y tiendas de autoservicio del pequeño comercio". Gracias.
El C. Presidente: -En consecuencia, se tiene por retirada la proposición de modificaciones al artículo 6o., presentada por el Partido Socialista Unificado de México.
Existen dos proposiciones más que se han presentado, la proposición de la diputada Beatriz Gallardo, del Partido Socialista de los Trabajadores, rogando a la secretaría dé lectura a la misma y la ponga a consideración de la asamblea.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Artículo 6o., fracción III.
En lo que se refiere a centros comerciales y tiendas de autoservicio que siempre y cuando estos pertenezcan a asociaciones, uniones de auténticos pequeños comerciantes y de organizaciones sindicales.
La C. Beatriz Gallardo Macías: -Nos adherimos a la fórmula que el compañero del PSUM propuso.
El C. Presidente: -En consecuencia, está retirada la proposición de la diputada Beatriz Gallardo, del Partido Socialista de los Trabajadores. Una tercera proposición referida a este artículo del diputado Valle también ha sido retirada.
En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de admitirse la proposición formulada por la comisión, de reformas al artículo 6o.
El mismo C. Secretario: -En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo presentado por la comisión ... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría si está suficientemente discutido el artículo 6o.
El mismo C. Secretario: -En votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 6o....Suficientemente discutido.
El C. Presidente: -Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite reservar para su votación en su conjunto el artículo 6o., con el resto de los artículos impugnados.
El mismo C. Secretario: -En votación económica se pregunta si se reserva el artículo 6o., con los demás artículos impugnados, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: -Solicito que se vote el 6o., por aparte, con respecto al 10 y al 11 y a los demás porque las argumentaciones fueron de carácter distinta y la propuesta se refirió sólo al 6o.
EL C. Presidente: -Se refiere solamente al 6o., señor diputado Valle. El día de ayer ya discutimos varias iniciativas y el criterio de la asamblea por mayoría el día de ayer, como hoy se ha manifestado, es reservar los artículos para votarlos en un solo acto en votación nominal.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: -Perdón, señor, yo quisiera manifestarle un problema práctico, compañero. Nosotros vamos a estar a favor de la propuesta que se hace ahora, pero no vamos estar, posiblemente, quizá a favor de otras propuestas. Entonces por eso es que estamos solicitando que se vote este artículo.
El C. Presidente: -Se ha contemplado esta situación, señor diputado Valle. En ese caso se puede distinguir en el caso de la votación por cuál artículo está en pro, por cuál artículo está en contra en la votación.
Se reserva para su votación en su conjunto.
Se va a proceder a discutir el artículo 7o.
El artículo 7o., fue reservado por el señor diputado Ramírez Rebolledo Humberto Enrique, y vamos a proceder a tomar el registro de oradores en este artículo.
Por la comisión, el diputado Hesiquio Aguilar.
Tiene la palabra el diputado Humberto Enrique Ramírez Rebolledo que había reservado el artículo 7o.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo: -Con su permiso, señor presidente:
El artículo 7o., específicamente, en lo que se refiere a la fracción VI, nosotros consideramos que debe ser modificada en su redacción para que sea congruente con la idea objetivo y objeto de esta Ley Orgánica.
El 6o. dice: administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas. Nosotros sentimos que es una redacción muy general, muy imprecisa; nosotros queremos proponer, concretamente que diga: administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades de comercio en pequeño y de abasto.
Es decir, hacer específica la fracción en lo que se refiere al ámbito de la ley.
En lo que se refiere a la fracción VII, nosotros queremos proponer su supresión, porque ésta, esta fracción significa lo que se conoce comúnmente en el argot de las finanzas como un resumidero; le permite facultades a la administración del banco o de la propia autoridad hacendaria para realizar actividades que a su juicio sean análogas y conexas, y nuestras leyes, y es nuestra obligación decirlo, deben ser lo mayor en claridad y precisión que su aplicación requiera.
Entonces, nosotros queremos proponer en lo que se refiere a la fracción VII del artículo 7o., su supresión, dejando a las facultades que en los demás artículos se menciona para la resolución de los eventos o negocios que no se especifiquen claramente dentro del contexto de la ley. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Deja su proposición a la secretaría, señor diputado.
Por la comisión tiene la palabra el señor diputado Hesiquio Aguilar de la Parra.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: -Señor presidente; en las observaciones hechas al artículo 6o., y aunque estamos dentro del contexto de un banco de pequeño comercio, la comisión estimó que agregar las palabras "del pequeño comercio", darían mayor claridad a la intención de la ley. Sin embargo, en esta proposición que hace el señor diputado de Acción Nacional, a las fracciones VI y VII, no cabe esta misma claridad al agregar la palabra "del pequeño comercio y el abasto" No solamente no la aclara, sino que provocaría confusión. Dice el Vi; "administrar por cuenta propia o ajena, toda clase de empresas o sociedades". Ya quedamos que estamos dentro de un banco, dentro de un contexto de un banco del pequeño comercio. Pero debemos de entender que la banca realiza todo tipo de operaciones. Es un universo demasiado vasto para que le pongamos la taxativa al banco, de administrar por cuenta propia solamente empresas de pequeño comercio. Debemos de entender que entre las garantías que se dan a una institución de crédito, puedan existir otro tipo de empresas, compañero diputado, que no sean necesariamente del pequeño comercio. Están, por ejemplo, las empresas del servicio bancario, en fin, es todo un universo demasiado grande para limitar en el cuerpo de la ley a empresas relacionadas con el pequeño comercio.
No tiene la comisión la intención de negar nada que tenga algo y que aporte algo de positivo a la ley, pero no podemos darnos el lujo de simple y sencillamente agregar la palabra "pequeño comercio" para darle mayor claridad a las cosas cuando en este caso concreto nos estaría dejando fuera a muchas empresas, no necesariamente del pequeño comercio que el banco pudiera administrar. Por eso, respetuosamente, por lo que hace a la fracción VI, yo le pido a esta asamblea que se deje en los términos que actualmente se encuentra redactada.
Por lo que hace a la fracción VII, siento que lo que el señor diputado nos está pidiendo a la comisión, es que haya una mayor claridad, quizás más específico, en cuanto a las demás actividades análogas y conexas, a sus objetivos en los términos que al efecto le señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del Gobierno Federal en los términos de las disposiciones legales aplicables.
En este caso las actividades análogas y conexas, podría decirse, que están definidas en el artículo 3o., en el artículo 6o., pero además recordar que nos encontramos dentro del cuerpo de una ley de banca de desarrollo, banca en la cual la Secretaría de Hacienda le marca reglas de operación especiales, muy distintas a las de la banca comercial.
En la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, claramente se especifica que los intereses y otras actividades que deben de regir a la banca nacionalizada comercial por conducto del Banco de México, en el caso de la banca de desarrollo goza de una excepción que es la que será la Secretaría de Hacienda la que le fijará las reglas de operaciones específicas, por eso siento yo, señor diputado,
que es clara la intención de la fracción VII. Le permite al banco las demás actividades análogas y conexas, pero que al efecto, le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No estamos dejando suelta a la institución; la estamos amarrando, la estamos limitando a la acción que como cabeza del sector ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hechas estas consideraciones, compañeras y compañeros diputados, muy respetuosamente solicito a ustedes, en su momento, apoyar la redacción en los términos en que se encuentra. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Humberto Enrique Ramírez.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo: - Con su permiso, señor presidente: Le agradezco al diputado Aguilar de la Parra el intento de interpretar lo que yo quise decir, pero no es así. No me entendió.
Nosotros creemos que se debe delimitar claramente el ámbito de la administración por cuenta propia o ajena de los bancos o sucursales del pequeño comercio ¿Por qué? Porque no liga esta fracción con lo que dice en su objeto el artículo 3o., de la misma ley, y en sus objetivos el 6o.
Yo vería que alguien que quisiera tener un crédito y ofreciera en garantía la administración de una empresa, si no fuera del pequeño comercio, pondría al banco en situación de apartarse de su giro específico, que es el de financiar, apoyar, promover estudio, promover y gestionar y poner en marcha proyectos. Entiendo la necesidad, en determinadas circunstancias, de garantías colaterales, pero nunca deberá aceptarse que a un banco del pequeño comercio se le den amplias facultades para administrar, como dice la fracción, toda clase de empresas o sociedades.
Insistimos en el hecho de que debe de ser toda clase de empresas o sociedades del pequeño comercio, o de abasto. En lo que se refiere a la fracción VII, nosotros pensamos que debe suprimirse. Efectivamente, el señor diputado Aguilar de la Parra entendió bien, como miembro de la comisión. Nosotros no le queremos dejar la discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda, de aprobar por una disposición de carácter administrativo una actividad, como lo llama aquí, a su juicio, pudiera ser interpretada como análogo o conexa. Nosotros queremos dejar bien marcado el criterio de que no deben ser las autoridades administrativas la que en uso de facultades, de hecho, de la práctica de la gestión de negocios diarios, tome decisiones que vayan en contra del espíritu y muchas veces de los contenidos estrictos de las leyes.
Insistimos en nuestra propuesta de que sea modificada la fracción VI y sea suprimida la fracción VII. Adicionalmente esto faculta al banco del pequeño comercio a ser agente financiero del Gobierno, facultad que de origen está diseñada para la propia secretaría y, específicamente, en muchos rubros el Banco de México Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición presentada de modificación a la fracción VI y de supresión a la fracción VII del artículo 7o.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
En votación económica, se pregunta a la asamblea si es de admitirse o desecharse la proposición, en relación con la reforma al artículo 7o., en sus fracciones VI y VII... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén en contra, sírvanse expresarlo levantando la mano ... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 7o.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Se pregunta a la asamblea, en votación económica, si considera suficientemente discutido el artículo 7o....Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Se reserva el artículo 6o. para su votación en conjunto. Está a discusión el artículo 10.
Respecto a este artículo, el señor diputado Eduardo Valle, presentó una proposición cuando trató en conjunto varios artículos. La proposición concreta del diputado Valle, respecto al artículo 10, es que se elimine del proyecto que se discute.
Se abre el registro de oradores: Jorge Flores, por la comisión. Tiene la palabra, diputado Flores.
El C. Jorge Flores Solano: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: Si no mal recuerdo, la proposición de este artículo estaba en consonancia con el artículo 6o. y con el artículo que ha sido ya aceptada su modificación para incluir lo que corresponde a las actividades del pequeño comercio. Su preocupación estaba en que esto serviría para respaldar operaciones de la gran empresa. Con la prevención que se hace, artículo posterior, esta situación, pues, queda fuera de peligro, podríamos decirlo de esta manera, pero no podría quitarse esta fracción II de este artículo 10, si consideramos que éste es justamente lo que le da seguridad a las operaciones de esta importante banca nacional de desarrollo.
Las instituciones de la banca múltiple tienen, de acuerdo con la Ley Reglamentaria, un fondo de garantía, esta instituciones si les quitamos estos, no tendrían el mecanismo de apoyo y no sería factible que lo establecieran al igual que lo hacen estas otras instituciones. De ahí que el Gobierno tiene que avalar con su capacidad las disposiciones que en materia de la especialidad de cada una de las
instituciones de desarrollo tiene, como es en este caso, el pequeño comercio. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Valle.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - En mi intervención anterior hablé de algunos elementos de elemental y sana práctica bancaria, no es posible, de ninguna forma, compañero integrante de la comisión, que frente a un capital social, digamos de mil millones de pesos, se le garantice con un capital actual de 34 billones de pesos, la diferencia entre capital social y capital actual, pues, es nada más de 34 millones de veces en términos proporcionales. Si en realidad lo que ustedes quieren hacer es que el Gobierno Federal garantice las emisiones del crédito o de series, bueno, esto es una cosa, pero no pueden garantizar todas las operaciones pasivas y activas del banco, eso es otra cosa totalmente distinta. Espero que los compañeros que pertenecen a la Comisión de Hacienda comprendan que no pueden establecer en términos legislativos que se tiene que garantizar todas las operaciones del banco con fondos y recursos del Gobierno Federal hasta en términos de elemental práctica de capital social, de constitución de capital social, no se puede establecer esto.
En última instancia sí podría darse paso a una redacción en el sentido de que el Gobierno Federal podrá garantizar las emisiones de valores y de títulos de crédito en serie, emitidas por el Banco Nacional del Pequeño Comercio, pero eso es una cosa distinta a garantizar con recursos del Gobierno Federal todas las operaciones activas y pasivas por parte del banco, son cosas totalmente distintas y en término de práctica bancaria no tiene nada que ver. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jorge Flores, por la comisión.
El C. Jorge Flores Solano: - Señor, presidente: Insistimos en dejar esta redacción porque no podría ser de otra manera que el Gobierno Federal no garantizara con su aval, el tipo de operaciones que hace esta institución. Resulta claro, si consideramos que el dueño de esta institución es el Gobierno Federal, pues suscribe el 66% de las acciones.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición del diputado Valle, del artículo 10.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la modificación propuesta por el C. diputado Valle al artículo 10 , los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 10.
El mismo C. Secretario: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si se considera suficientemente discutido el artículo 10... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Reserve la secretaría para la votación nominal en su conjunto.
Se va a proceder a discutir el artículo 11, este artículo fue reservado por los siguientes ciudadanos diputados: Camilo Valenzuela, Cuauhtémoc Amezcua, Beatriz Gallardo y Eduardo Valle.
En consecuencia, vamos a dar el tratamiento que hemos seguido en casos como este, tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El C. José Camilo Valenzuela: - Señor presidente; compañeros diputados: Proponemos modificar el párrafo tercero del artículo 11 para agregar entre los sujetos que pueden suscribir la serie B a los gobiernos de las entidades federativas y municipios.
Ello, porque tratándose de apoyar al pequeño comercio, lo que de por sí supone que este sector social requiere de un apoyo extraordinario, debe de extenderse la posibilidad de que en la institución bancaria que va a apoyar a este sector social participen también las entidades federativas y los municipios y no sólo el Gobierno Federal. Además de que en el párrafo cuarto del mismo artículo se incluye a las entidades federativas y municipios en las actividades relacionadas con esta institución, tal como se lee en seguida:
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" Por lo tanto es y debe ser consecuente y agregarse en el párrafo, donde se define quiénes pueden suscribir la serie B a las entidades federativas y municipios.
Por último, aunque saliéndonos del artículo 11. proponemos que el 16, en consecuencia, con lo que aquí se defina del 11, sea modificado también para que en su momento discutamos la redacción concreta a establecer. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - El artículo 11, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Es el fundamental, el medular desde el punto de vista de la orientación ideológica de la iniciativa de ley que estamos examinando y del dictamen correspondiente.
El compañero Camilo Valenzuela propone que entre quienes puedan participar como tenedores de los certificados de aportación patrimonial, participen los gobiernos de los estados y los municipios; es correcta la proposición; no sólo ellos, deben participar en general cualquier tipo de entidades de la Administración Pública Paraestatal también, pero esa preocupación no cubre el problema medular. El problema medular esta en otro aspecto de lo señalado por el mismo tercer párrafo del artículo 11; dice: "la serie B podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y - aquí viene lo importante - por personas físicas o morales mexicanas". Es donde se ábrela puerta a la privatización.
En consecuencia, lo medular esta en suprimir esta parte: "por personas físicas o morales mexicanas", si se suprime esto, no hay privatización parcial en el Banco del Pequeño Comercio; si se queda esto, hay privatización parcial, independientemente de cualquier otro planteamiento que se incorpore.
Por lo tanto, a efecto de dejar fijada con toda claridad la posición del Partido Popular Socialista para el Diario de los Debates, la proposición que nosotros hacemos consiste en una nueva redacción del tercer párrafo del artículo 11, que diría textualmente lo siguiente:
La serie B podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por entidades de la Administración Pública Paraestatal y por gobiernos de los estados y municipios.
De una vez, señor presidente, solicito autorización para tratar, por razón de estrecha vinculación, lo relativo al artículo 13 en la opinión de mi partido, su fracción parlamentaria, sustenta al respecto.
El C. Presidente: - Sí, señor, autorizado.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Gracias, señor presidente. El artículo 13 dice: "en ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa o indirecta de extranjeros. Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo perderán en favor del Gobierno la participación de que se trate."
Este artículo 13 dejaría de tener razón de existir con la proposición que para el tercer párrafo del 11, hace la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por lo cual, condicionada a la aceptación de la modificación en el 11, se propondría la desaparición del artículo 13 y el recorrido en los numerales de los artículos posteriores. Dejo en manos de la secretaría el texto que proponemos y agradezco su autorización, señor presidente.
El C. Presidente: - La C. diputada Beatriz Gallardo, tiene el uso de la palabra. La C. Beatriz Gallardo Macías: - Diputado presidente, con su permiso: Para el grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores, es importante el que se pueda modificar, y en consecuencia, adicionar el artículo 11, del proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, en lo que se refiere a la serie B, que podrán ser suscritas por el Gobierno Federal y por personas físicas y morales mexicanas que sean, preferentemente, auténticos pequeños comerciantes.
Para nuestro partido, señores diputados, debe de estar contemplado el que la participación de los pequeños comerciantes como tenedores de la serie B, es muy importante hasta para el aprovechamiento de los recursos potenciales que este pequeño sector tiene en nuestro país.
Nosotros sentimos, conforme a lo que aquí ha manifestado el compañero Amezcua, que es muy importante el que pueda ser adicionado este párrafo, tomado en cuenta que sean no solamente el Gobierno Federal, entidades federativas o empresas paraestatales las que sean tenedores de la serie B, sino también preferentemente, los pequeños comerciantes. Muchísimas gracias.
El C. Presidente: - Originalmente este artículo había sido reservado también por el señor diputado Eduardo Valle, presentado una proposición. Tiene la palabra.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor presidente: Hace rato, con el resultado de la votación, se creó un Banco Nacional del Pequeño Comercio con un capital de trabajo de 87 mil 500 millones de dólares; como que suena un poco incongruente. Si va a ser del pequeño comercio para qué tantos y decenas de miles de millones de dólares.
Si hubiese empresarios patriotas de México, que no tuviese tanta voracidad en particular por los dólares, invertirían en este banco. Desgraciadamente hay muy pocos de estos, y en general los empresarios en México tienen esa voracidad y tiene esa ansia de dólares, aunque con toda videncia el artículo 11 es un gesto político del Gobierno de Miguel de la Madrid en términos de retroceso para la nacionalización de la banca, y de reprivatización de la banca, en contradicción empresa al título constitucional que establece la banca como un servicio público exclusivo.
El artículo 11 lo que hace es, precisamente abrir el camino, en particular en cuanto a la serie B que se especifica muy especialmente en el segundo párrafo lo que hace en el camino, lo que hace es abrir el camino a que los empresarios en México tengan un pequeño capital de trabajo de 87 mil 500 millones de dólares o 35 billones de pesos.
Aunque es un gesto político, insisto, de buena voluntad hacia los empresarios por parte de Miguel de la Madrid, esto, efectivamente, no va a tener una gran operación,
pero entiendo que para la mayoría ese gesto político es necesario; también entiendo que va a haber muy pocos empresarios que comprendan que a través de un capital de trabajo de estas características se pueden hacer ricos, pero en esta situación nosotros lo que estamos proponiendo es que no exista serie A ni serie B, que exista sólo una serie y que ésta esté en manos del Gobierno Federal, ya que como decía el compañero que me antecedió hace un momento, el dueño de esta empresa bancaria, pues va a ser el Gobierno Federal, según lo que entendí yo, en términos de su participación en el capital social. Si va a ser el Gobierno Federal, bueno, bueno, pues que lo sea cuando menos en términos exclusivos y no le den la oportunidad de seguir especulando con el patrimonio nacional a los exbanqueros y a los grandes empresarios que encontrarán en el título B la posibilidad de acceso directo a un enorme capital de trabajo que ustedes amablemente han tenido la oportunidad de entregarles.
Por eso es que estamos haciendo la proposición de que se retiren las dos series y sólo exista una sola serie para suscribir el capital social Muchas gracias.
El C. Presidente: - Deje su proposición a la secretaría, señor diputado Ovalle.
Por la comisión, el señor diputado Jorge Flores Solano.
El C. Jorge Flores Solano: - Con su venia, señor presidente; compañeros diputados: Las modificaciones que se pretenden hacer al artículo 11, son de dos naturalezas. Una, indudablemente resulta clara, le da sentido, le da dimensión al proyecto que se pretende, en virtud del marco general de referencia de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y el Crédito.
Consideran que la adición en el segundo párrafo del artículo 11, en donde se establece quiénes podrán suscribir la serie B, y que se menciona que el Gobierno Federal. En efecto, hay una omisión tal como se planteó aquí, que se desprende del párrafo siguiente, en donde se dicen las limitaciones, o se mencionan las autorizaciones que pueden dar la Secretaría de Hacienda, para los tenedores de los certificados de la citada serie B. Y en efecto, también se ha mencionado aquí, no solamente serían las entidades de los gobiernos, o los gobiernos de las entidades y los municipios, sino que debe de quedar comprendido este párrafo para que la serie B pueda ser suscrita por el Gobierno Federal, las entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades y los gobiernos de los municipios, y por las personas físicas o morales mexicanas. Nosotros precisaríamos, también, en que esa dimensión del grado que se propone, en el sentido de que sea preferentemente los pequeños comerciantes. Esa es la proposición que acepta mi partido, que acepte la comisión.
En relación a la propuesta de la supresión de las acciones serie B, pues resulta incongruente. Ese es un mecanismo importante, de acuerdo a como he dicho, con el marco de referencia de la Ley Reglamentaria de los Servicios Públicos de Banca y de Crédito, que le da la posibilidad de tener una dimensión mayor de captación de recursos. Esta es una importante fuente de recursos que cuyo certificado de aportación pueden ser colocados, de acuerdo con nuestras instituciones en el mercado de valores.
Por otra parte, existe plenamente establecidos en esta Ley Orgánica, limitaciones al monto y a la participación de estas personas físicas o en general instituciones que se mencionan en el artículo, como que pueden tomar los certificados de aportación de la serie B.
La Ley Reglamentaria establece un límite del 1%, que aquí hemos visto una prevención para poder ampliar. La Ley Reglamentaria establece cuáles son las pautas y le señalan a la Secretaría de Hacienda en que debe permitir la acción de estos certificados de aportación serie B, orientándolo, incluso, en cuanto tienen que tomar parte de los consejos directivos a la representatividad regional y sectorial, como es este caso se menciona también, para que haya una adecuada representatividad. Una adecuada representatividad de los entes que son parte importante en esta banca especializada de desarrollo. Es un mecanismo de comunicación también para poder tener la sensibilidad de la necesidad del sector, de qué de otra manera sería, sino se tiene en el Consejo en la proporción que establece esta ley a los representantes de los certificados de aportación de la serie B.
Asimismo, para mi partido, considero importante mencionar que esa es justamente la representación de una economía mixta que es el régimen en que nosotros nos encontramos.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Una interpelación.
El C. Presidente: - La presidencia la autoriza en la medida que el orador la admita.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Me pareció entender, compañero, que la Comisión de Hacienda acepta que el Gobierno Federal también suscriba acciones de la serie B, ¿fue así, compañero?
El C. Jorge Flores Solano: - No precisamente, lo que dice la ley eso ya lo menciona en el párrafo segundo, que la serie B podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, en efecto, eso no está a discusión si lo acepta o no, está en el proyecto y cuando hemos votado en lo general, pues, obviamente estamos aprobando este proyecto. Y como hemos mencionado aquí por las entidades de la Administración Pública, por los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y
por las personas físicas o morales, eso es lo que dice el texto.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Entonces ustedes sostienen ese texto en los términos tal como está redactado.
El C. Jorge Flores Solano: - Así es.
El C. Presidente: - En consecuencia, proceda la secretaría a consultar a la asamblea, la primera propuesta de modificación presentada al artículo 11 por el ciudadano diputado Camilo Valenzuela, si es de aprobarse o desecharse.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la modificación al artículo 11... Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Los que estén por que se acepte la modificación al artículo 11, sírvanse manifestarlo... Aceptada.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, respecto a la proposición presentada por el señor diputado Cuauhtémoc, referida al artículo 11.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la proposición formulada por el diputado Amezcua... Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada.
El C. Presidente: - Procede la secretaría a consultar a la asamblea respecto a la proposición presentada por la diputada Beatriz Gallardo, de modificaciones al artículo 11.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Pido se tome la votación en pro de la proposición anterior.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a tomar la votación en pro respecto a la proposición de reforma al artículo 11, presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Se procede a tomar la votación en pro del texto a la proposición de reforma al artículo 11, presentada por el C. diputado Cuauhtémoc Amezcua... Se procede a tomar la votación en pro en relación con la proposición del diputado Amezcua... Desechada.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría en los términos solicitados respecto a la proposición presentada por la C. diputada Beatriz Gallardo, en votación económica.
El mismo C. Secretario. - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta, en votación económica a la asamblea si admite la proposición de la C. diputada Beatriz Gallardo... Admitida, señor presidente.
El C. Presidente: - Señor secretario, hay una última proposición, respecto a modificaciones al artículo 11, presentada por el C. diputado Eduardo Valle, consulte en votación económica a la asamblea si admite la proposición o la desecha.
El mismo C. Secretario: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si es de admitirse o rechazarse la proposición formulada por el C. diputado Valle, los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Señor secretario, consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 11.
El mismo C. Secretario: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 11... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - En consecuencia, se va a proceder a la discusión del artículo 13, este artículo fue reservado por la diputada Beatriz Gallardo y por el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua. Tiene la palabra Beatriz Gallardo.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Declino mi uso de la palabra. Tiene la palabra el C. diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Ya hice mi proposición, pero no es materia en debate.
El C. Presidente: - En consecuencia, que no hay objeciones al artículo 13, consulte la secretaría a la Asamblea si lo considera suficientemente discutido.
El mismo C. Secretario: - En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutida la propuesta en relación con el artículo 13... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Resérvese para su votación nominal, en su conjunto.
El siguiente artículo de los reservados es el artículo 16, reservado por el señor diputado Camilo Valenzuela. Tiene la palabra.
El C. José Camilo Valenzuela: - Compañeros diputados: En consecuencia, con la modificación al artículo 11, planteamos que el artículo 16, en la fracción II sea modificado con el objeto de que dentro de los consejeros de la serie B, se explicite que las entidades incluidas como posible de suscribir la serie B, puedan contar con consejeros. Por
lo tanto planteamos que el primer párrafo de la fracción II quede como sigue: "cuatro consejeros de la serie B, de los cuales dos serán designados de entre los gobernadores y presidente municipales de las entidades federativas y de los municipios suscritos de certificados de aportación patrimonial de esta serie, y dos serán designados en los términos que al efecto establezca el Reglamento Orgánico de la Sociedad". La intención obvia es que al incluir estas entidades se explicite y no se deje a criterio de la Secretaría de Hacienda, el que estas entidades cuentan con consejeros en la representación del Consejo de esta institución de apoyo al pequeño comercio.
El C. Presidente: - Deje su proposición en la secretaría, señor diputado. Por la comisión, respecto al artículo 16, tiene la palabra el señor diputado Hesiquio Aguilar.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: - Señor presidente; honorable asamblea: Hemos escuchado la proposición hecha por el señor diputado Camilo Valenzuela y francamente no podemos estar de acuerdo con ella.
Viene a proponer que en la serie B se especifique quiénes deban ser los sujetos comprendido en la misma, y viene a proponer que sean presidentes municipales, gobernadores, dijo tengo entendido, es decir, personas que poco tienen que ver con el objetivo de este banco. Estamos dentro el contexto de una institución de crédito llamada Banco del Pequeño Comercio, y en la serie B deben ser pequeños comerciantes los que estén integrados a la misma.
La comisión siente que el poner en la ley un sistema rígido en la designación de los consejeros de la serie B, limita la participación de los pequeños comerciantes de todo el país, lo que iría en contra de los que se está pretendiendo abrir, o sea, el marco de operación del banco en el marco nacional.
No creemos que deba especificarse quiénes son, en un cuerpo de ley, los consejeros de la serie B, por eso es que estamos de acuerdo con la iniciativa, y así se dictaminó, de que sea el reglamento el que especifique quiénes van a ser esos tenedores de la serie B. Pero resultará ilógico, no podemos concebir que en un Banco del Pequeño Comercio, los tenedores de la serie B fuera personas distintas a los pequeños comerciantes. Quizá la proposición que hace el diputado Valenzuela tendrá y hará mucho sentido cuando discutamos la Ley de Banobras, pero en la Ley del Banco del Pequeño Comercio no creemos que tenga cabida. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alcocer, en contra.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; compañeros diputados: La propuesta que ha hecho mi compañero Camilo Valenzuela, hay que diferenciarla en dos aspectos que son para nosotros lo central. Como ustedes verán, lo veremos en las otras iniciativas también, es una característica común a todas las iniciativas de leyes orgánicas de la banca de desarrollo que el Ejecutivo ha propuesto al Congreso, que los consejeros de la serie B no sean designados por el Congreso, sino lo que el Ejecutivo propone es que eso se remita a los reglamentos orgánicos.
O sea, el Ejecutivo nos dice, yo propongo que estos sean los consejeros de la serie A, y ahí sí se especifica quiénes son, pero en la serie B dice: autorízame Congreso, a que eso lo decida el Reglamento Orgánico y la primera pregunta que surge es por qué, porque es necesario remitir al Reglamento Orgánico de los bancos algo que puede ser perfectamente facultad de este Congreso.
Dice Hesiquio Aguilar y se dijo en la comisión también, por cierto, todavía en la mañana aceptado un argumento del diputado Terán, del PAN; el argumento es el siguiente: Todavía no están definidos los tenedores de la serie B. Por tanto habrá que esperar a que estén definidos los tenedores de la serie B para que estos se reúnan y designen a sus consejeros.
Pero aquí hay un error de origen, que es confundir los derechos que da un certificado de aportación patrimonial, que es el caso del que estamos hablando, al que da una acción de una sociedad anónima. Y resulta que lo que estamos discutiendo son sociedades nacionales de crédito, cuyo capital social está representado en certificados de aportación patrimonial, no en acciones. Primer argumento.
Segundo, tampoco procede que los tenedores de la serie B designen a sus consejeros, porque estas instituciones son normadas por ley, están normadas por Ley del Congreso y el Congreso puede designar a los consejeros de la serie A, igual puede designar a los consejeros de la "Serie B".
En ese sentido, entonces, se equivoca el diputado Aguilar, cuando confunde a los tenedores de los certificados de participación patrimonial, de aportación patrimonial, con los consejeros, son dos figuras jurídicas distintas y yo que no soy abogado lo entendido. No podemos aceptar, por tanto, dice además Hesiquio Aguilar, no podemos aceptar, dijo aquí, que en el Banpeco, estén participando en la serie B, personas distintas a aquéllas que se dedican a la actividad del comercio.
Señores, acabamos de aprobar que los poseedores de los certificados de aportación patrimonial serie B, puedan ser el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades, los gobiernos municipales, las empresas de la Administración Pública y personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Entonces ¿en qué quedamos?, pues claro que pueden ser tenedores personas distintas de las que están dedicadas al comercio, de la serie "B", pues si eso lo acabamos de aprobar.
Ahora bien, pasemos a la propuesta concreta, ¿por qué proponemos nosotros, en este
caso específico, dos consejeros designados desde aquí por el Congreso de la Unión y dos que se queden para el Reglamento Orgánico?
Primera razón, porque nos parece importante que el Congreso de la Unión ejerza a plenitud sus facultades y que no le siga transfiriendo al Presidente de la República, cosas que él puede decidir para que el Presidente las decida.
Ese es un primer argumento de, me parece a mí, yo le llamaría, de uso de la soberanía del Congreso. Que el Congreso decida lo que puede decidir en lugar de estarle diciendo al Presidente: no, pues esto no lo decido y te lo paso para que lo decidas tú.
Ahora, ¿por qué propusimos que fueran dos consejeros designados de los gobiernos?, entre los gobiernos locales o los gobiernos municipales poseedores de los certificados. , Esa es la condición que estamos poniendo, pues precisamente porque aunque al diputado Hesiquio Aguilar la parezca raro, los gobiernos estatales y municipales, algo tiene que ver con el comercio, porque la actividad comercial es una actividad también regulada por instrumentos jurídicos de la soberanía de los congresos locales, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. Venir a decir aquí que los gobiernos locales y municipales no tienen nada que ver con el comercio, es prácticamente un desconocimiento muy grande del país. Entonces, por esas razones, nosotros proponemos que de aquí designemos dos, y que los otros dos que quedan, efectivamente el Reglamento Orgánico pueda ver quiénes son, puede ser un representante de una unión nacional de pequeños comerciantes, o pueda ser el representante, por ejemplo, el gerente general de IMPECSA que es una filial, me parece, que de Conasupo, dedicada también a la promoción del pequeño comercio, o sea, le estamos dejando por un lado la necesaria flexibilidad para que dos consejeros sí sean designados en función de la actividad y de la naturaleza concreta del banco, y estamos estableciendo las reglas para que dos sean electos de entre los gobernadores o los presidente municipales de las entidades federativas o lo municipios que son poseedores de los certificados de aportación patrimonial.
Finalmente, ¿por qué es importante esto, compañeros? Porque resulta que aquí nos la pasamos hablando de federalismo, de fortalecimiento del municipio, de las entidades locales, y cuando se trata de cuestiones concretas, nada, que los gobiernos locales no se metan, que los gobiernos municipales no participen. ¿Y dónde queda el federalismo? Pues en puro discurso. Vamos dándole concreción, haciendo y abriendo la posibilidad de que estos gobiernos locales y municipales participen en la administración de este tipo de instituciones que no le son ajenas.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Luis Orcí.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso, señor presidente: Este fue el tema, compañeros diputados, que más discusión, de hecho ocurrió en el seno de la comisión, cuando discutimos los diferentes proyectos de leyes orgánicas que en días pasados hemos estado llevando a cabo.
Muchos de los planteamientos que hemos estado viendo el día de hoy, proposiciones específicas sobre diferente artículos, ya se habían planteado en su gran mayoría en la comisión, por lo que fue necesario que se tratara acá en el pleno. Sin embargo, este tema específico, sí fue causa de gran discusión y trata de lo siguiente:
En la estructura de las leyes orgánicas para la banca de desarrollo, que se ha estado presentando, la tesis que se está manejando, que se propone y que nosotros hemos apoyado, es de que en la serie A, en los consejos de administración, participen el gobierno general, el titular de la Secretaría de Hacienda presidiendo el Consejo, el vicepresidente del Consejo siendo el secretario del ramo del cual trata el banco de que se está refiriendo. En el caso concreto del Banco Nacional del Pequeño Comercio, el vicepresidente es la Secretaría de Comercio, el secretario de Comercio. En el caso de Banobras, el vicepresidente es el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Y así .
En cuanto a la serie B, la estructuración de la serie B, con la excepción del Banco del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada, que vamos a a ver continuación después de esta discusión del Banco del Pequeño Comercio, en donde por razones de seguridad nacional se considera importante definir los consejeros en su totalidad, tanto acciones A con los consejeros de la serie B, que sean definidos, estructurados por el sector y por el sector de las autoridades, habiendo la imposibilidad de que participen como consejeros aun los tenedores de la serie B, cuya razón en este caso sería para captar recursos.
En el caso concreto de este banco, refiriéndose al artículo 21, inclusive de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y de Crédito, ya se ha dado esa facultad por parte del Congreso al Ejecutivo, en donde dice que la propia Secretaría de Hacienda fijará las bases de carácter general para establecer la participación de los titulares de los certificados de la serie B, en las designaciones de los demás miembros del Consejo, procurando una adecuada participación regional y de los distintos sectores y ramas de la economía nacional.
La razón por la cual se plantea en este proyecto de Ley Orgánica, en su parte segunda del artículo 16, que los cuatro consejeros de la serie B sean designados en los términos que al efecto establece el Reglamento Orgánico de la Sociedad, de que estamos hablando, las razones para poder tener la capacidad de rotación, de una adecuada representación, de que participen los diferentes sectores y elementos que forman parte de toda
la estructura, en este caso del Banco Nacional del Pequeño Comercio.
No es, bajo ningún concepto, el violar, cuando son funciones que podemos nosotros delegar, muchas funciones se pueden delegar, a efecto de que su parte operativa, su parte funcional puede tener esa función.
En este caso concreto, la necesidad de esta rotación, de esa representatividad que esté continuamente participando, hace conveniente y muy recomendable que en cuanto a la serie B, no sólo de acá, de este banco que estamos hablando, sino con la excepción del Banco del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, que ahorita analizaremos, en los demás bancos podamos tener esa flexibilidad en cuanto a la rotación y de designación de los consejeros de la serie B.
No hay duda de que sigue habiendo directo y estricto control de esta banca de desarrollo en todo momento por las autoridades nacionales. En caso concreto, el Congreso de la Unión al definir y establecer las prioridades que se instrumentan en las mismas leyes orgánicas que están en los diferentes instrumentos de planeación y de programas que forman parte del sistema nacional de planeación.
Al establecer la participación y al dar instrucciones claras de cuáles son las funciones de cada uno de estos bancos, estamos nosotros dando ya una clara indicación de qué es lo que nosotros, como Congreso, como representantes del pueblo, queremos que cada uno de estos bancos de desarrollo atienda. Hay muchas decisiones de orden en el proceso mismo del manejo. La flexibilidad de representación en serie B, que hacen altamente recomendable que tal como está acá la fracción II del artículo 16, permanezca en esos términos. Cuatro consejeros de la serie B, que serán destinados en los términos que al efecto establezca el Reglamento Orgánico de la Sociedad. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría, en votación económica, a consultar a la asamblea si se admite o se desecha la proposición de modificaciones al artículo 16 propuesta por el señor diputado Camilo Valenzuela, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha las modificaciones al artículo 16, propuestas por el C. diputado Camilo Valenzuela... Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechadas.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el artículo 16...
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 16... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Resérvese para la votación en su conjunto con el resto de artículos impugnados. Está a discusión el artículo 29. Este artículo fue reservado por el señor diputado Humberto Enrique Ramírez Rebolledo. Tiene la palabra.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo: - Con su permiso, señor presidente: Este artículo lo reservamos en el sentido de que constituyen un gazapo legislativo, ya que en su texto dice en lo pertinente que se refiere al artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Al verificar el contenido de este artículo nos damos cuenta que dicho ámbito de tal artículo es referido a instituciones de banca múltiple y por lo tanto el hacer una referencia a un artículo que no tiene competencia pues constituye un elemental gazapo legislativo. Sabemos que esto es lógico por la premura y el arduo trabajo que estamos realizando en estas cortas temporadas, y por ello pues queremos hacer una proposición al grupo mayoritario para que sea modificada la redacción dado que yo entiendo que no podrán hacer valer su núcleo en votación en contra de este error porque eso significaría echar abajo la idea de que las leyes tienen que tener una consonancia y una congruencia.
Me permito leer una propuesta al respecto de esta redacción y dice así:
Artículo 29. La participación en el capital social de las empresas a que se refiere la fracción IV del artículo 7o. de esta ley, se sujetará a las bases siguientes.
Primero: hasta el 10% del capital de la emisora.
Segundo: Hasta el 25% del capital en emisora durante un plazo que no exceda de 5 años, previo acuerdo del Consejo Directivo.
Tercero: Por porcentajes y plazos mayores, cuando se trate de empresas que desarrollen actividades de abasto, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la opinión del Banco de México, sin que los apoyos financieros relativos a esta fracción no excedan del 5% de los recursos captados del público por el propio banco.
Las inversiones a que se refiere este artículo, no computarán para considerar a las emisoras como empresas de participación estatal y por lo tanto estas no estarán sujetas a las disposiciones aplicadas a las entidades de la administración pública federal.
Sintetizando señor presidente, proponemos que se discuta esta redacción que estamos proponiendo, se deseche la redacción original propuesta en el dictamen de la comisión y se tome para examen de la comisión y se tome el parecer de este pleno.
El C. Presidente: - Por la comisión, el C. diputado David Jiménez.
El C. David Jiménez González: - Con su permiso, señor presidente: En primer término queremos manifestarle a nuestro compañero de Acción Nacional que no se trata de gazapo legislativo, sino que fundamentalmente atendiendo a la naturaleza misma del banco, se ha querido establecer una situación de congruencia con la banca, con la Ley Reglamentaria de la Banca y que se refiere, como usted lo ha dicho, a la banca múltiple y a aquellas instituciones de desarrollo.
En el primer párrafo del artículo 57, de esta ley, se refiere directamente a la banca múltiple y lo que se está haciendo en la Ley del Banco del Pequeño Comercio, es ampliar y no quedar restringido o en una desventaja con la banca múltiple.
Nosotros hemos pensado que el tratamiento que se le debe dar a este tipo de institución debe de ser similar a la de la banca múltiple, por eso se refiere ese artículo 29 y se remonta al artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y de Crédito.
En el caso de participación en el capital social de las empresas, deberá atenderse en las que participe para cumplir de mejor manera su objeto y debe destacarse también en el segundo párrafo del artículo 29 que usted ha cuestionado, en donde se establece que a diferencia del artículo 57 de la Ley Reglamentaria que el Ejecutivo Federal podrá, considerando la naturaleza y objeto de las propias empresas emitir acuerdo que las considere dentro del régimen aplicable a las entidades de la administración pública federal.
Por eso pensamos que en el artículo 29 se establece una excepción a este principio por tratarse de una institución de desarrollo, como es el Banco Nacional del Pequeño Comercio, Muchas gracias, señor presidente. El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Ramírez Rebolledo.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo: - Con su permiso, señor presidente: El señor diputado, representante de la comisión, ha hecho una afirmación altamente riesgosa y criticable. Ha dicho que la comisión está proponiendo un tratamiento similar a los bancos nacionales de desarrollo que a los bancos que se refieren a actividades múltiples, y esto no puede ser aceptado, porque sus objetivos y los medios como los cumple son distintos en ambos tipos de instituciones.
Yo siento que es más fácil aceptar un error, un gazapo, es un error que a cualquier institución o persona se le va a hacer una redacción acorde al principio de ley y al espíritu que lleva esta del Pequeño Comercio, que insistir en que se perpetúe el error cometido al revisar el texto por los compañeros de la comisión.
Además, en abundancia y resultado lo que dice que en el segundo párrafo del 29 yo le opongo a su oposición al principio o los criterios de claridad y precisión. Si nuestras leyes no son precisas y claras desde su origen en esta Cámara de Diputados, qué nos espera en su aplicación cuando llegue a las manos de algún compañero funcionario de segundo, tercer nivel de una sucursal allá en Pénjamo, allá en mi pueblo cerca del estado de Tabasco.
Insistimos, no es con ánimo de molestar, es con ánimo de darle la corrección que las leyes deben tener desde su origen y la claridad y la precisión que se requiere para que esta soberanía corrija el pequeño lapsus si el problema es la palabra gazapo, la retiro para que no parezca en el Diario de los Debates pero que sea corregido en su fondo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Procede la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición presentada por el señor diputado Ramírez.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a esta asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la propuesta hecha por el C. diputado Ramírez Rebolledo... Los que estén por que se acepte, sírvanse levantar la mano... Los que estén por que se deseche, expresen levantando la mano... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el artículo 29.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - También, en votación económica, se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 29... Los que estén por la afirmativa... sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a tomar en un solo acto la votación nominal de los artículos 6o., 70., 10, 11, 13, 16 y 29.
El mismo C. Secretario: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 6o., 7o., 10, 11, 13, 16 y 29.
Se ruega, en consecuencia a la oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente, la votación es la siguiente: respecto del artículo 6o., la votación en pro fue de 332 votos; en contra 28 y una abstención.
Respecto de los demás artículos, el pro fue de 313, en contra 28 y 18 abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos impugnados por los siguientes votos: el artículo 6o., por 332 votos; los artículos 7, 10, 11, 13, 16 y 29 por 313 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Pequeño Comercio.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
TRABAJADORES DE "FERTILIZANTES MEXICANOS"
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra, para presentar una proposición el señor diputado Javier Paz Zarza. Tiene la palabra.
El C. Javier Paz Zarza: - Señor presidente; honorable Cámara de Diputados: Como es conocido de la opinión pública, en la empresa Fertilizantes Mexicanos, Fertimex, Unidad Cuautitlán, ubicada en Cuautitlán de Romero Rubio, estado de México, donde laboran aproximadamente mil trabajadores de base, se han presentado los siguientes hechos y como diputados federales debemos conocer e intervenir en el ámbito de nuestra competencia:
Los hechos que debemos conocer son los siguientes: primero, con fecha 27 de septiembre del presente año, el sindicato solicitó por los conductos y en los términos establecidos, la revisión de su contrato colectivo de trabajo, que rige las relaciones obrero - patronales, señalando como día y hora del estallamiento de la huelga el 1o. de diciembre, en caso de que la empresa no accediera a las peticiones.
Segundo, con fecha 10 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, comunicó a la empresa que procedía la clausura de la planta, debido a que la empresa por negligencia no había cumplido con la Ley Federal de protección al ambiente, misma clausura que realizó el 18 de noviembre. Basándose en la citada clausura, la empresa Fertimex demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la terminación del contrato colectivo de trabajo que regía las relaciones obrero - patronales y comunicó a los trabajadores la terminación de las relaciones de trabajo.
Tercero, la empresa, tratando de darle un giro legal a esta absurda decisión argumentó que el cierre era debido a causas de fuerza mayor, no imputable al patrón, pero lo cierto es que SEDUE clausuró la planta puesto que Fertimex no cumplió con las normas de previsión contra la contaminación, es decir es totalmente imputable al patrón, en este caso Fertimex, la clausura de la citada planta; la irresponsabilidad de Fertimex es por partida triple:
1. No tomo las medidas técnicas necesarias para evitar la contaminación.
2. Intentar despedir, sin ninguna consideración de orden jurídico o humano a la totalidad de sus trabajadores.
3. Negarse a revisar el contrato colectivo de trabajo en los términos que marca el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo correspondiente, negándose en todo momento a entablar pláticas conciliatorias con el sindicato.
4. Los trabajadores en ejercicio de sus derechos estallaron la huelga el primero de diciembre, pero la Junta Federal de Conciliación, en una medida insólita, declaró en una audiencia de escasos 35 minutos, inexistente la huelga, y en violación a lo establecido en el 932 de la Ley Federal del Trabajo, no determinó la reanudación de labores por parte de los trabajadores.
5. La representación sindical y los trabajadores, el día de ayer retiró los símbolos de huelga fijados en la empresa, reiteramos su línea de actuar siempre dentro del marco legal.
Estos hechos, señores diputados, reflejan tres cosas concretas:
Primero. La clausura de la planta por parte de SEDUE es evidentemente por negligencia del patrón.
Dos. Hoy día, 4 de diciembre, la empresa, burlándose de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 123 constitucional, no ha revisado en contrato colectivo de trabajo, y
Tres. Se pretende desaparecer la fuente de empleo de la cual viven diez mil familias, sin indemnización que conforme a su contrato colectivo les correspondería.
Por lo tanto, señores diputados, con fundamento en el Reglamento Interior que rige a esta H. Cámara, el grupo parlamentario de Acción Nacional propone:
Unico: Túrnese esta proposición, con sus anexos correspondientes, donde los hechos que estamos señalando, a la Comisión de Trabajo y Previsión, a efecto de que nombre a un grupo de trabajo, con la participación pluripartidista, y verifique que se cumplen los siguientes puntos:
A. Inste a la empresa Fertilizantes Mexicanos, S. A., Unidad Cuautitlán, a revisar el contrato colectivo de trabajo firmado con el Sindicato contratante en los términos que marca la ley.
B. Se inste a la empresa para que, en caso del cierre definitivo de la planta, porque se puede argumentar que contamina el ambiente, la empresa liquide al personal con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, ya revisado previamente, y
C. Informe a este pleno los resultados obtenidos por la comisión respectiva.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional. Firman los diputados conforme al contrato colectivo. Gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al contenido del artículo 58 del reglamento.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más, individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes: Primero. Se presentarán por escrito y firmados por sus autores, al presidente de la Cámara y serán leídos una sola vez, en la sesión en que sean presentados. Podrá su autor o uno de ellos si fueran varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición y proyecto. Segundo. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición. Y Tercero. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.
El C. Presidente:- Con fundamento en la fracción segunda del artículo 58 al que se ha dado lectura, esta presidencia abre el registro de oradores. En pro.
Tiene la palabra en pro, compañero.
El C. Eduardo Acosta Villeda:- Quisiera referirme al hecho concreto de que sería sentar un grave precedente para el hecho laboral y para la lucha de los trabajadores en nuestro país, la situación de que la SEDUE, no obstante de que ya, cuando los trabajadores habían notificado su emplazamiento a huelga, para la revisión de contrato colectivo de trabajo, se infrinja el artículo 924 de la Ley Federal de Trabajo, que quisiera que a presidencia solicitara a la secretaría le diera lectura.
El C. Presidente:- Proceda la secretaría a dar lectura.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:- Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento de huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia, desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes de local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de:
Primero. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta por el importe de dos años del salario del trabajador.
Segundo. Créditos derivados de la falta de pago de la cuota del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tercero. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.
Cuarto. Los demás créditos fiscales.
Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores o de los créditos a los que se refieren las fracciones II, III Y IV de este precepto y, en todo caso, las actuaciones relativas a los cargos de excepción señalados en las fracciones anteriores se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga.
El C. Eduardo Acosta Villeda:- La situación es de que los trabajadores ya habían el día 27 de septiembre depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respectiva su emplazamiento a huelga, a partir de ahí no debió de haberse realizado ninguna diligencia y violando flagrantemente a este artículo, el 924, la SEDUE clausura definitivamente las instalaciones de Fertimex.
El día de hoy la empresa, diciendo entre algunos otros puntos, el que reitera todos sus actos que han regido y regirán con base en los principios constitucionales y legales que cumplirá con los trabajadores de la unidad Cuautitlán conforme a derecho.
Ante esta situación es de que los trabajadores deben ver solucionado su conflicto laboral. Primeramente se debería de acudir a través de esta Cámara porque incluso aquí hay diputados de la CROC central a la que pertenecen los trabajadores que probablemente tendrán algo que decir al respecto si es que se dicen ser representantes de los intereses de los trabajadores, aquí hay una coordinación de la CROC, seguramente tendría también que hacer uso de la palabra para explicar sobre esta situación.
Se deberá de acudir a la SEDUE para efectos de que reabran la planta, se modernice pero que no se cierre la fuente de trabajo. Y ya en último de los casos dado que se encuentra la situación de revisión de contrato colectivo de trabajo, deberá determinarse esta revisión de contrato para que en base al salario que se fija o las prestaciones en todo caso que se determine cerrar la empresa, se liquide a los trabajadores pero conforme a los términos de la revisión del contrato y fundamentalmente en cuanto a sus prestaciones que devenguen y que ganen en tal sentido.
Quisiéramos entonces manifestarnos a favor de la propuesta que ha sido vertida anteriormente.
El C. Presidente:- Tiene la palabra, en contra, el señor diputado Salvador Ramos Bustamante.
El C. Salvador Ramos Bustamante:- Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: En relación a este problema de los trabajadores de Fertimex, que fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de manera muy particular a algunos diputados que formamos parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en la que milita el sindicato. De carácter general voy hacer una síntesis de cómo está este problema y que es lo siguiente:
Efectivamente esta planta fue clausurada por SEDUE en base a un dictamen que habla del peligro de contaminación y de alguna posible explosión, incluso esta empresa ha sido o ha venido desmantelándose de manera gradual.
Esta clausura coincidió con el emplazamiento a huelga por revisión de contrato colectivo por parte del sindicato. De la información que disponemos es que había dos posiciones, una por parte de la empresa para liquidar a los trabajadores y hacer el cambio de la planta a alguna otra entidad.
La postura del sindicato de gestionar que se levantara la clausura y se continuaran con los trabajos hasta un tanto se instalara una nueva planta o en su caso se procediera a la revisión del contrato colectivo de trabajo y a una liquidación de acuerdo a las nuevas condiciones contractuales y a un compromiso de recontratación y dándole preferencia a los trabajadores. Lo cierto es que la huelga estalló y fue declarada inexistente por las autoridades de trabajo, en virtud de que esta planta estaba cerrada y no había, consecuentemente trabajadores laborando. Pero yo quiero expresar aquí que este problema que se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, y que en la reunión del día de ayer se acordó que se le pidiera a la Central Obrera, a la CROC a donde pertenece este sindicato, que hiciera algunas gestiones mismas que ya se han hecho, para que se reúnan los trabajadores con su representación sindical, la empresa, las autoridades del trabajo y de la Secretaría de Energía y Minas, es decir, el problema está ya canalizándose por los conductos adecuados, por lo que considero que esta honorable Cámara no puede convertirse en, y no es instancia para estar atendiendo los problemas obrero - patronales.
Si bien es cierto que la representación popular puede recoger todas aquellas manifestaciones o inquietudes de los grupos organizados de nuestro país, para actuar como gestora, como es su función y como ya lo ha hecho en este caso, es por lo que considero y le pido a la presidencia que ponga a consideración, y nuestra opinión es que se desecha la propuesta del señor diputado de Acción Nacional. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene usted la palabra, señor diputado Paz Zarza.
El C. Javier Paz Zarza:- Señor presidente; señores diputados: Antes que nada quiero hacer constar un hecho. Lo que yo mencioné es del conocimiento de la opinión pública, ciertamente su sindicato y su central y tengo que hacer el reconocimiento expreso, ha respaldado en todo momento a los trabajadores en su lucha.
Ciertamente los trabajadores el jueves pasado, trajeron un documento el cual ya consta en la secretaría, donde informaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los hechos que estaban sucediendo y pedían su intervención de inmediato.
Supongo que por el múltiple trabajo que se tiene a la Comisión de Trabajo, valga la redundancia, no sea factible atender de inmediato esta petición a los compañeros trabajadores. Ya nos hace mención el compañero que me antecedió en el uso de la palabra que ya la Comisión de Trabajo está conociendo el asunto, lo está diciendo oficialmente. Por lo tanto yo no creo que se pueda objetar la petición que se está haciendo expresamente.
Primero, que se inste a Fertilizantes Mexicanos a revisar el contrato colectivo que hoy día 4 ya debería de estar revisado. El día 1o. fue su vencimiento.
Segundo. que en caso de que se quiera cerrar la planta porque se está contaminando el ambiente, se les liquide a los trabajadores conforme a su contrato colectivo ya revisado.
También quiero señalar este aspecto: Es responsabilidad de la empresa cubrir y cumplir las normas de higiene y seguridad. El sindicato ha estado peleando desde 1981 para que se cumplan las medidas de higiene y seguridad. El sindicato firmó con la empresa en el capítulo XVI, artículo 4o. transitorio, que dice a la letra:
"La empresa se compromete a realizar los estudios y medidas de seguridad e higiene para evitar la contaminación ambiental por fuegos en el área cuarta y quinta, en un plazo máximo de seis meses". Eso implica que la empresa, que es una entidad paraestatal, que tiene la obligación de cumplir lo que marca la ley de 1981, no lo ha cumplido.
Yo exhorto los compañeros diputados a que veamos que se cumpla lo que marca la ley. Cerca de mil trabajadores, cerca de 10 mil familias de Cuautitlán, Estado de México, se encuentran en peligro de quedar desamparados por la manifiesta negligencia de la empresa.
Yo los exhorto, solicito su apoyo para proteger el derecho de huelga, para proteger el derecho del sindicalización, a una revisión justa a las condiciones de trabajo, máximo, como en este caso, las razones asisten a los trabajadores. Muy amables.
El C. Presidente:- Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Eduardo Acosta Villeda, por cinco minutos.
El C. Eduardo Acosta Villeda:- Con su autorización, señor presidente: No se puede concebir, francamente no se puede concebir la situación de que vengan aquí a decirnos que el problema se atiende cuando se viola la ley, y se viola porque el sindicato no ha hecho, o la central a la que pertenecen esos trabajadores no ha hecho nada para evitar la situación de que se aplicara la cuestión de 924, dado que si ya había un emplazamiento a huelga no debió haberse permitido jamás que se clausurará esta fuente de trabajo.
Ahora bien, quiero dejar un hecho aquí. El día de ayer en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se discutió este asunto incluso nosotros proponíamos que se formara una comisión y que se abocara a la investigación de los hechos dada la gravedad de los mismos, porque se dice que la huelga no es imputable a la empresa, cuando propiamente la empresa no ha cumplido con las disposiciones de salubridad y de renovación de la planta misma.
Entonces, consiguientemente, sí hay una imputación en ese sentido. Los trabajadores han dirigido un escrito a la Cámara de Diputados y el día de ayer la Comisión de Trabajo y Previsión Social decía que no era un problema de su competencia y que pasara incluso a la Comisión de Gestoría y Quejas; nosotros proponíamos que se elaborara un escrito y que se le diera a los trabajadores una respuesta clara, que se llamara a las gentes de la CROC para que explicaran en el seno de la comisión y que le dieran una respuesta a los trabajadores. Si los trabajadores requerían un apoyo, pero más que nada están ejerciendo un derecho constitucional, están ejerciendo el derecho de petición al solicitar la intervención de la Cámara.
Consiguientemente, tampoco podemos dejar o permitir que se vulnere el derecho de petición que han establecido que han dirigido a esta soberanía. Consiguientemente, somos de la opinión de sí se debe de pasar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la propuesta; deberá de formarse una comisión; deberá también de abocarse al conocimiento de los hechos; deberá de procurarse que se lleve a cabo la revisión del contrato colectivo planteada por los trabajadores y también que en último de los casos, una vez hecha la revisión, pero fundamentalmente se deberá buscar que los trabajadores sean reinstalados, que se abra su fuente de empleo o que se renueve la planta o que se les pase a otros lugares de los centros de trabajo que tiene Fertimex en el interior de la República, en la ciudad de Querétaro o en otras ciudades, que se reinstalen, buscando fundamentalmente que no se supriman fuentes de trabajo, dada la situación en la que hoy se debate el pueblo trabajador mexicano.
Consiguientemente deberá de buscarse que se reabra la planta, que se reinstale a los trabajadores o que vaya en último de los casos, que se lleve a cabo la revisión de contrato colectivo, y que se le indemnice a los trabajadores en términos de ese contrato y no como ahora pretende Fertimex, que únicamente le pretende pagar a los trabajadores tres meses de salario y 12 días por año, cuando en el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de Fertimex, hay prestaciones, la prima de antigüedad está por cerca de los 40 días. Esa situación no se puede permitir y consiguientemente estamos por la propuesta.
El C. Presidente:- Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Blas Chumacero.
El C. Blas Chumacero Sánchez:- Con su permiso señor presidente: señores diputados: Es conveniente siempre fijar el derecho que corresponde a los trabajadores. Existe un sindicato debidamente constituido, con su personalidad propia, porque tiene reconocido su Comité Ejecutivo del propio sindicato. Pertenece a una central nacional, la CROC. Su secretario general emplazo a huelga por la revisión del contrato colectivo de trabajo, no por el cierre de la empresa. Es otra cosa.
Tenemos un término de 60 días por lo menos, para solicitar la revisión de un contrato colectivo de trabajo, ya sea general o salarial. En este caso, en tiempo solicitaron la revisión del contrato. Emplazaron a huelga. Dentro de la prehuelga, está corriendo un término de requerimiento a la empresa, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para prevenir el ambiente y el equilibrio ecológico de la región, toda vez que está corriendo peligro por lo que ocurrió en San Juan Ixhuatepec, y aquí mismo compañeros de algunas fracciones parlamentarias que intervienen en esta Cámara de Diputados, atendieron a los vecinos de San Juan Ixhuatepec, reclamando que sean desmanteladas esas instalaciones.
Hay que ver lo siguiente: dentro de la prehuelga por revisión de contrato fue clausurada la empresa. La huelga es la suspensión de las labores, no lo que dicen por ahí, que estalló la huelga; no es cierto, es la suspensión de labores. Cuando se vence el término para la revisión del contrato, y que es cuando se ejerce el derecho para la suspensión de las labores, no habían qué suspender.
Invito a los abogados a que rebatan el derecho, pero vamos a ponernos en el caso de que todo haya sido en contra de los trabajadores, de que las fracciones parlamentarias no se fijen aquí en los precedentes, y en lo que es una secretaría normativa y una secretaría administrativamente ejecutiva.
Si por un lado se pide la desmantelación de las instalaciones y por el otro nosotros vamos a un precedente de una empresa que no se desmantelen esas instalaciones a pesar de que hay un peritaje en el sentido que deben retirarse de ese lugar, ¿a quién estamos beneficiando, a quién estamos sirviendo? ¿A los trabajadores?
Se habla de diez mil familias; son mil trabajadores, son mil familias. Por ahí vamos a comenzar.
El otro: como no había labores que suspender, van a suspensión de las labores, ¿qué labores se suspenden? Ese es el motivo de la inexistencia de la huelga, pero vamos a los siguiente: la empresa tiene la obligación dentro de las 24 horas siguientes, a llamar a los trabajadores a reanudar las labores, y si no los llama, tiene la obligación, la
responsabilidad, de indemnizarlos en todos los términos de ley. Y la ley, son: los tres meses de salario, los 20 días de antigüedad por cada año de servicio prestados, los 12 días por la prima de separación, y todos los demás que se deriven del contrato colectivo de trabajo.
La empresa es la responsable. Los compañeros de la CROC, los compañeros diputados aquí que pertenecen a esa organización, debemos de llevar nuestra idea para la defensa en ese sentido. En este caso, o la empresa reanuda los trabajos, o los indemniza a los trabajadores en todo lo que establece la ley y lo que establece el contrato colectivo de trabajo. Esa es mi opinión. (Aplausos.)
El C. presidente:- Para hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el señor diputado Paz.
El C. Javier Paz Zarza:- Qué bueno que el diputado don Blas Chumacero, a quien le tengo alto respeto y estima, reconoce que los derechos de los trabajadores deben ser inviolables. Y no nada más deben ser conforme lo que marca la ley. Ellos ya tienen un contrato ganado y no podemos permitir que la empresa, quien fuera, en este caso es paraestatal y si fuera privada también tenemos que exigir el cumplimiento del contrato colectivo, son prestaciones ya ganadas por los trabajadores. Hoy día. Por lo tanto, hoy 4 de diciembre, tenía que haber estado revisando este contrato. La empresa en primera instancia tiene que revisar el contrato ya vencido, y segundo, si determina cerrar la planta, tiene que liquidarlos conforme a su contrato ya revisado.
Entonces, ante esa petición que ya apoyo, y por lo que veo el diputado Blas Chumacero dio su anuencia para que esta proposición sea turnada a las comisiones y se apruebe en estos términos, yo espero que la Cámara de Diputados, ejerciendo su función porque es una de las funciones, haga que la empresa Fertimex, en lugar de estar gastando millones de pesos en desplegados que mienten cumpla la ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente:- En los términos de la fracción III del artículo 58, proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o no la proposición a discusión.
El C. Blas Chumacero Sánchez:- Pido la palabra, para hechos.
El C. Presidente:- El señor diputado Blas Chumacero, para hechos.
El C. Blas Chumacero Sánchez:- Con su venia, señor presidente; señores diputados: El derecho laboral es innato de la clase trabajadora mexicana. Y somos intransigentes en lo que es el ejercicio irrestricto del derecho de huelga.
Sostenemos en este país que no hay arbitraje obligatorio. Es libre juego de las partes y el contrato es la negociación entre la empresa y el sindicato, entre el patrón y el trabajador, cuando son personas físicas y no personas morales.
En este caso, el contrato colectivo de trabajo no está roto. Y no se tiene que decir aquí en esta tribuna, porque me da pena que un señor diputado de gran relieve, de una fracción parlamentaria respetable, incurra en los errores de que deba de estar revisando el contrato. (Aplausos.)
Primero. como la empresa responsable, en vista que el contrato no está roto, sino está vigente, la inexistencia de la huelga no termina, el contrato está vigente; que la empresa como responsable de esta situación llame a los trabajadores en los términos que marca la ley de que declara una huelga inexistente dentro de las 24 horas siguientes debe llamar a los trabajadores, y si no los llama tiene la obligación de indemnizarlos con todas las prestaciones que establece la ley y el contrato colectivo de trabajo, que sea lo que se pida.
Y que, una vez reanudadas las labores, se continúa la discusión para la revisión del contrato, a efecto de firmar el nuevo contrato que debe regir las relaciones.
Eso es en estricto derecho laboral. Y sostengo que el derecho laboral mexicano es autónomo, no se rige por el derecho civil, ni por el derecho penal; es autónomo. Se derivó del artículo 5o. constitucional en el constituyente de 1917, y se discutió la introducción del artículo 123 porque ya no se discutió en el contrato en el constituyente, sino se formuló por anticipado y se aprobó por unanimidad en el constituyente. Y ahí están los discursos de Héctor Victoria, de Heriberto Jara, de Francisco J. Mújica, de Froilán Cruz Manjarrez y de todos los demás que con pasión lo defendieron. Y por eso lo sostenemos y hemos ganado que en este país no hay arbitraje obligatorio, si los trabajadores, aún con la huelga inexistente ellos determinan someterse al arbitraje de la autoridad del trabajo lo puede hacer para reclamar la responsabilidad del conflicto. Tenemos todavía muchos recursos para ejercitar y sabemos hacerlos.
El C. Presidente:- Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o no la proposición a discusión.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:- Por instrucciones de la presidencia, la secretaría pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición, ... Los que estén por que se admita , sírvanse manifestarlo ........Los que estén por que se rechace la proposición, sírvanse manifestarlo . . . Rechazada, señor presidente.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Defensa Nacional, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que el titular del Ejecutivo Federal envió a esta Cámara de Diputados.
Una vez practicado el análisis por las suscritas comisiones, presentan a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
DICTAMEN
Las comisiones unidas han verificado que el espíritu de la iniciativa de ley presentada por el Titular del Ejecutivo es adecuar y normar las funciones del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, al esquema financiero mexicano emanando de la nacionalización de la banca, para que sea consciente con la vigente Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, contribuyendo así, activa e íntegramente, al proceso de desarrollo y a la tarea reactora del Estado.
Estas comisiones unidas consideran que el proyecto de ley se integra a la legislación que regula el sistema financiero mexicano y que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en su carácter de sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, continuará proporcionando los beneficios del servicio público de banca y crédito en las condiciones que la realidad de ese sector reclama.
En el texto del proyecto de ley, se han integrado los objetivos de carácter general que reflejan la nueva filosofía del financiamiento de la banca de desarrollo, destacando el fomento del ahorro, la canalización eficiente de los recursos financieros y la actividad promotora que corresponden a su sector, fortaleciendo las operaciones que le son tradicionales y que realiza en beneficio de las fuerzas armadas, como lo son: la administración de sus fondos de ahorro y de trabajo y el otorgamiento de préstamos hipotecarios y a corto plazo, como objetivo central del destino y aplicación de las cantidades acumuladas en dichos fondos.
Es de hacerse notar que con fin de darle mayor autonomía de gestión al banco, aquellas cantidades que no sean utilizadas para satisfacer los préstamos referidos, podrán ser aplicadas para fomentar y financiar las actividades que le son propias a la sociedad, en su carácter de banca de desarrollo.
La iniciativa es congruente con la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, al disponer que el capital social del banco se integrara con la suscripción y tenencia de los certificados de aportación patrimonial de las series "A" y "B", existiendo la necesaria y adecuada participación sectorial.
En cuanto a la administración y vigilancia de la sociedad nacional de crédito , se conserva en la integración de su Consejo Directivo, una adecuada participación de las fuerzas armadas mexicanas y de las dependencias del Ejecutivo competentes en la materia, de tal forma que el consejo se integrará por cinco consejeros de la serie "A", que nombrarán las secretarías de la Defensa Nacional de Marina, dos de la Hacienda y Crédito Público, y uno del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas; y cuatro consejeros de la serie "B", designados de la siguiente manera: uno por cada una de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público, y uno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. También incluye los requisitos necesarios para ser consejeros y lo referente al quórum de asistencia y de votación del consejo, así como las facultades de este órgano con el objeto de garantizar una administración eficiente acorde con los objetivos de la sociedad, la naturaleza de sus operaciones y el sector al que presta sus servicios. Exige que el director general y los servidores públicos de la sociedad que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a las que aquél, deberán ser generales o jefes del Ejercito, Fuerza Aérea, o sus equivalentes en la Armada, independientemente de que todos los servidores públicos de la sociedad, deberán ser preferentemente militares. Esta medida se considera prudente porque así se garantiza una relación más estrecha entre el banco y sus usuarios.
La iniciativa es consecuente con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, al contener disposiciones que fijan una adecuada vigilancia de la sociedad y la formación de una comisión consultiva.
Establece también que se concede atribución específica a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para autorizar las asignaciones de recursos, dentro de la filosofía de flexibilidad y autonomía de gestión, indispensables para el eficaz funcionamiento del banco.
Es de hacerse notar que en el artículo 8o. del proyecto, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, y las operaciones activas que lleve a cabo el banco, situación excepcional y coincidente con la función esencial de banca de desarrollo encaminada fundamentalmente a prestar servicios benéficos a su sector.
Cabe subrayar que las comisiones unidas que suscriben, subsanaron el error contenido.
en la iniciativa, en su artículo 9o., fracción I, donde se hace referencia al artículo 56 de la misma, siendo que lo correcto es el artículo 55, relativo a los depósitos obligatorios de los alumnos que causan alta en las escuelas militares.
La iniciativa contempla también, al igual que las iniciativas de otros bancos de desarrollo, una excepción a la institución jurídica del fideicomiso, permitiendo que en los contratos de esa naturaleza que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, éste pueda actuar a la vez como fiduciario y fideicomisario, constituyendo un avance cualitativo, en la función de banca de desarrollo.
En los artículos 12 y 14 del proyecto, se concede la facultad al Consejo Directivo, de proponer la tasa de interés que cause el fondo de ahorro y de trabajo para su respectiva operación, a diferencia de la ley actual que no contempla esta disponibilidad, lo que redundará en beneficio de los usuarios.
Estas comisiones coinciden con el Ejecutivo Federal, al conceder en los artículos 25 y 31 del proyecto, facultad al Consejo Directivo para que éste fije las reglas a que se sujetarán los préstamos hipotecarios y a corto plazo, lo cual se traduce en la capacidad de adecuará las condiciones de dichos préstamos a las exigencias evolutivas del sector militar, lo que constituye una flexibilidad operativa en estos servicios, que no permite el actual ordenamiento; y por tanto, cualquier modificación en ellos hubiera exigido una reforma a la ley, especialmente en cuanto a plazos de pago, montos de los préstamos, intereses, amortizaciones, etcétera.
Por lo anterior, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional, ponen a consideración de esta soberanía, el siguiente.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE EJERCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA
TITULO PRIMERO
De la sociedad, denominación objeto y domicilio
Artículo 1o. La presente ley rige al Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada. Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. La sociedad, en su carácter de banca, de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley.
Artículo 3o. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos.
La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar el servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su Reglamento Orgánico, pero podrá previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, establecer o clausurar en el país sucursales, agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero.
Artículo 5o. La duración de la sociedad será indefinida.
TITULO SEGUNDO
Operación general de la sociedad
CAPITULO I
Objetivos y operaciones
Artículos 6o. La sociedad, con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del sector encomendando en el ejercicio de su objeto, estará facultada para:
I. Apoyar la creación, organización, desarrollo y transformación de empresas, sociedades mercantiles y civiles integradas por miembros de las fuerzas armadas;
II. Actuar como agente financiero de las empresas y sociedades con las que opere;
III. Administrar los fondos de ahorro y de trabajo de los militares;
IV. Promover asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en las fracciones II y III de este artículo, con el objeto de propiciar el incremento de la producción, y
V. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado.
En el ejercicio de sus atribuciones, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, ajustará sus programas a las políticas financieras que establezca el Gobierno Federal y se coordinará en sus actividades con las entidades que tengan a su cargo la elaboración y ejecución de dicha política.
Artículo 7o. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Banca y Crédito.
II. Otorgar créditos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos que se encuentren en servicio o en situación de retiro, siempre y cuando estén percibiendo haberes con cargo al Erario Federal.
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con vista a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y del uso de los servicios que presta el sistema bancario nacional, de manera que no se produzcan desajustes en el sistema de capacitación de recursos del público, en los términos del artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito;
III. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional, y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
IV. Financiar la adquisición, construcción, ampliación y reparación de casa habitación para los miembros de las fuerzas armadas;
V. Efectuar preferentemente con los militares y personas morales de los cuales aquéllos formen parte, las demás operaciones activas y pasivas de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito autorizadas para las instituciones de banca de desarrollo.
VI. Efectuar el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión, y
VII. Las demás análogas y conexas al objeto de la institución, que le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inclusive la de agente financiero del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8o. Como excepción a lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará las tasa de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la sociedad para cumplir los objetivos que se le han encomendado en su carácter de banca de desarrollo, en los artículos 3o. y 6o. de esta ley. Asimismo, corresponde a la propia Secretaría la determinación de las características de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 9o. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo.
I. Con personas físicas o morales nacionales de los depósitos obligatorios a que se refiere el artículo 55 de esta ley, y
II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
Artículo 10. Como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los contratos de fideicomiso que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad de Crédito, institución de banca de desarrollo, éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario.
CAPITULO II
Fondos de ahorro y del trabajo
Artículo 11. Para constituir el fondo de ahorro, los generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la Armada, en servicio activo, deberán aportar una cuota quincenal equivalente al 5% de sus haberes. Para el mismo fin, el Gobierno Federal efectuará una aportación de igual monto. Estos fondos generan un interés a favor de los titulares acumulable anualmente que será fijado y, en su caso ajustado a propuesta del Consejo Directivo y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 12. Los titulares tendrán derecho a disponer totalmente de sus fondos de ahorro, en el momento que se obtenga licencia ilimitada o que queden separados del activo.
Quienes continúen en el activo, tendrán derecho a disponer del importe de sus descuentos cada seis años, contados a partir de la fecha de su primera aportación al fondo.
Artículo 13. Podrán disponer del fondo de ahorro, las personas que los titulares hayan designado como beneficiarios, en caso de fallecimiento, y a falta de designación, sus familiares de acuerdo con la prelación que en seguida se señala:
I. El cónyuge, o en su efecto, la persona con quien haya hecho vida marital durante los cinco años inmediatos anteriores a su muerte en concurrencia con los hijos del occiso a partes iguales;
II. La madre.
III. El padre, y
IV. Quienes justifiquen su parentesco con el titular del fondo; los más próximos
excluirán a los más remotos, en caso de controversia resolverá la autoridad judicial.
Artículo 14. El fondo de trabajo estará constituido con las aportaciones que el Gobierno realice a favor de cada elemento de tropa o sus equivalentes en la Armada, a partir de la fecha en que se cause alta o sea reenganchado, hasta que obtenga licencia ilimitada, quede separado del activo o ascienda a oficial, más un interés a favor de sus titulares, acumulable anualmente, que será fijado y en su caso ajustado en los términos del artículo 11 de esta ley.
Artículo 15. La aportación que el Gobierno Federal realice en los términos del artículo anterior, será equivalente al 10% de los haberes anuales del personal de tropa o sus equivalentes en la Armada.
Artículo 16. Podrán disponer del fondo de trabajo los elementos de tropa o sus equivalentes en la Armada, que queden separados del activo, obtengan jerarquía, de oficiales o se les conceda licencia ilimitada, y
Las personas que los elementos de tropa o sus equivalentes en la Armada hayan designado como beneficiarios en caso de fallecimiento, y a falta de designación, sus familiares de acuerdo con la prelación señalada en el artículo 13 de esta ley.
Artículo 17. Las aportaciones del Gobierno Federal destinadas a los fondos de ahorro y de trabajo, se ministrarán a la sociedad en los términos que fijen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Programación y Presupuesto, dentro de la esfera de sus respectivas competencias.
Artículo 18. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, proporcionarán a la sociedad los datos para la formación del registro necesario para la administración de los fondos y deberán comunicarle oportunamente las altas y bajas del personal, de generales, jefes oficiales y tropa, o sus equivalentes en la Armada.
Artículo 19. Los fondos de ahorro y de trabajo son inembargables e intransmisibles. Sólo podrán afectarse por deudos exigibles a cargo del militar, que sean consecuencia de las operaciones previstas en esta ley, o por disposición judicial en el caso de alimentos. El derecho a reclamarlos no prescribirá.
Artículo 20. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, administrará los recursos afectos a los fondos de ahorro y de trabajo, sujetándose a las reglas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las disposiciones de esta ley.
Artículo 21. Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo.
Artículo 22. Los préstamos se harán de tal manera que los abonos correspondientes para reintegrar la cantidad prestada, sumados a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deban hacerse sobre cualquier otro adeudo con la sociedad, no excederán del 50% del haber de retiro o pensión en su caso.
Artículo 23. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, administrará los recursos afectos a los fondos de ahorro y de trabajo, los cuales se destinarán al otorgamiento de préstamos hipotecarios y a corto plazo, con los requisitos previstos en esta ley. Las cantidades no utilizadas serán invertidas, para fomentar y financiar las actividades que le han sido encomendadas a la sociedad de su carácter de banca de desarrollo.
CAPITULO III
Préstamos con garantía hipotecaria
Artículo 24. Los militares que se encuentren percibiendo haber o haber de retiro con cargo al Erario Federal, podrán obtener del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, préstamos con garantía hipotecaria en primer lugar sobre inmuebles urbanos, en la medida de los recursos disponibles para este fin. Dichos créditos deberán destinarse para:
I. Adquirir casas para habitación familiar del militar;
II. Adquirir terrenos en los que deberá construirse la casa para habitación familiar del militar;
III. Construir casas para la habitación del militar;
IV. Efectuar mejoras o reparaciones en las casas para habitación familiar del militar, y
V. Redimir los gravámenes que soporten dichos inmuebles provenientes de las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores.
Artículo 25. Los préstamos hipotecarios se sujetarán en lo conducente a las reglas que al efecto expida el Consejo Directivo.
Artículo 26. Las casas adquiridas o construidas por los militares para su habitación familiar con fondos suministrados por el banco quedarán exentas, a partir de la fecha de su adquisición o construcción, de todos los impuestos federales y los del Distrito Federal, durante el término que el crédito permanezca insoluto. Gozarán también de exención los contratos en que se hagan constar dichas adquisiciones o créditos. Este beneficio cesará cuando los inmuebles fueran enajenados o destinados a otro fin.
CAPITULO IV
Préstamos a corto plazo
Artículo 27. La sociedad podrá otorgar préstamos a corto plazo, de acuerdo con los recursos disponibles para este fin:
I. A los militares con haber o haber de retiro, y
II. A los pensionistas.
Artículo 28. El importe de los préstamos a corto plazo que se otorguen a generales, jefes y oficiales o en su equivalente en la Armada, no podrá exceder de cuatro meses de su haber o haber de retiro y en caso de los pensionistas de su percepción.
Artículo 29. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, informarán al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la fecha en que se generen las siguientes situaciones:
I. Las altas y bajas del personal de las Fuerzas Armadas;
II. Las licencias que se concedan sin goce de haberes,
III. Los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite, y
IV. Los nombres de los familiares que los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley les concede, incluso cuando el militar cause baja o cambie de beneficiarios.
Artículo 30. El personal de tropa o sus equivalentes en la Armada sólo podrá obtener prestamos a corto plazo con importe hasta de dos meses de haber, si tiene de seis meses a dos años de servicio y hasta cuatro meses de haber si tiene dos años o más de servicio. Tratándose de personal militar retirado o pensionado, hasta cuatro meses de su haber de retiro o pensión.
Artículo 31. Los préstamos a corto plazo se otorgarán conforme a las reglas que al efecto expida el consejo Directivo.
Artículo 32. No se otorgará otro préstamo mientras el anterior permanezca insoluto. Solamente podrá renovarse un préstamo a corto plazo cuando haya transcurrido la cuarta parte del plazo por el que fue concebido y cubiertos los abonos de dicho período.
Artículo 33. Los adeudos por concepto de préstamo a corto plazo que no fueran cubiertos por los militares después de seis meses de su vencimiento, se aplicarán a sus fondos de ahorro o de trabajo y en cuanto a los militares con haber de retiro y a los pensionistas, los mismos se aplicarán a los haberes de retiro o percepciones que disfrute.
TITULO TERCERO
Capital Social
Artículo 34. El capital social del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico.
La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que nos llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere el propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por las entidades de la Administración Pública Paraestatal, por las sociedades mercantiles formadas por los miembros de las Fuerzas Armadas, por los miembros de éstas que tengan el grado de general, jefes o sus equivalentes en la Armada y por personas físicas o morales mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar qué entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 35. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 36. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 37. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
TITULO CUARTO
Administración y vigilancia
Artículo 38. La administración del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 39. El Consejo Directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos en la siguiente forma:
I. Cinco consejeros que representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial y que serán cada uno de las
siguientes dependencias de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y dos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El Ejecutivo Federal designará dentro de los consejeros de la serie "A" al presidente del Consejo Directivo, y
II. Cuatro consejeros que representarán a la serie "B" designados de la siguiente manera, uno por cada una de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público y uno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año, podrán ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejero Directivo de la sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 40. El Consejero Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 41. En caso de ausencia del presidente del consejo, será sustituido por el consejero que la Secretaría de la Defensa Nacional haya designado en primer lugar. En ausencia de ambos, los consejeros designarán al que habrá de sustituirlo.
Artículo 42. No podrán ser consejero:
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito;
II. Las personas que ocupen un puesto de elección popular, mientras estén en el ejercicio del mismo;
III. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad, y
IV. Los funcionarios o empleados de la institución.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores a que se refiere este precepto, será sustituido por su suplente, por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del nuevo consejero propietario.
Artículo 43. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de los previsto por el artículo 20 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte, respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 44. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:
I. Aprobar el informe Anual de Actividades que le presente el director general;
II. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos que la sociedad que le presente el director general, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
III. Nombrar y remover a propuesta del director general, a los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquél, quienes deberán ser generales o jefes del Ejército, Fuerza Aérea o sus equivalentes en la Armada y que reúnan los requisitos que se establecen en el artículo 24 de la ley de la materia.
Artículo 45. El director general será designado por el Ejecutivo Federal, debiendo recaer ese nombramiento en un general o jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea o su equivalente de la Armada.
Artículo 46. El director general tendrá a su cargo la administración y la presentación legal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún para aquellos que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de la manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitro y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como delegado fiduciario general;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico, y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 47. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B" Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que pondrán ejercer conjunta o separadamente.
Artículo 48. Los consejeros. el director general los directores, los subdirectores, los gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
Artículo 49. En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito institución de banca de desarrollo, tendrá una Comisión Consultiva.
TITULO QUINTO
Disposiciones generales
Artículo 50. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente ley y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 51. Las operaciones y servicios de la sociedad se regirán por lo dispuesto en la presente ley y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México, y por las demás disposiciones aplicables. .
Artículo 52. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las modalidades de autorización en la asignación de recursos. así como la aprobación de los programas y presupuestos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución, en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 53. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos, no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
Artículo 54. El Gobierno Federal aportará al Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. las cantidades necesarias para cubrir las obligaciones que impone esta ley a la sociedad respecto al fondo de ahorro y fondo de trabajo, a cuyo efecto, la Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, se incluyan las partidas respectivas.
Artículo 55. Deberán hecerse en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, los depósitos en efectivo que están obligados a constituir los alumnos que causan alta en las escuelas militares, a fin de garantizar su aprovechamiento.
Artículo 56. Los servidores públicos de la sociedad, independientemente de lo señalado en esta ley, serán preferentemente militares.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley encontrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de fecha 27 de diciembre de 1978.
Artículo tercero. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes.
Artículo cuarto. El Reglamento Orgánico de la sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley. En ese lapso, continuará en vigor el expedido el 29 de julio de 1985.
Artículo quinto. El domicilio social del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal, en tanto no
se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión México, D. F., a 29 de noviembre de 1985.
Por la Comisión de Defensa Nacional.
Alonso Aguirre Ramos, Presidente; Rodolfo Linares González, Secretario; Mario Murillo Morales, José Angel Aguirre R., Alberto Carrillo Flores, Cristóbal. Figueroa N; Hildebrando Gaytán M., Manuel Jiménez Guzmán, Lulio Valenzuela H., Jesús Zamora Flores, Manuel Urritia Castro, Juan N. Callejas Arroyo, Germán Corona del Rosal, Ricardo García Cervantes, Rosario Ibarra de Piedra, Eliseo Rodríguez R., Leonel Villalobos Chávez, Eraclio Zepeda Ramos, Amado Llaguno Mayaudón, Miguel Angel Osorio M., Alma G. Salas M., Alberto Mercado Araiza, José E. Beltrán H., Jorge Amador Amador, Constancio Hernández A., Jorge Motúfar Araujo, Javier Pineda Serino, Cirilo Rincón Aguilar, Rafael García Anaya, Gerardo Gómez Castillo, Francisco García Castellón.
Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Luis Manuel Orcí Gándara, Presidente; David Jiménez González, Secretario; Oswaldo García Criollo, José Gonzalo Badillo Ortiz, Blanca Esponda Espinosa, Adrián Mora Aguilar, Angel S. Guerrero Mier, Luis D. Colosio Murrieta, Porfirio Camarena Castro, Hesiquio Aguilar de la Parra, Gonzalo Castellot Madrazo, Alejandro Ontiveros Gómez, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo R. Alaniz González, Francisco Contreras Contreras Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Javier Garduño Pérez, José Ramón García Soto, Eduardo Beltrán Hernández, Enrique T. González Isunza, Fernando Ramírez Pérez, Alfonso Reyes Medrano, Roberto Valdespino Castillo, Humberto Salgado Gómez, Dante A. Delgado Rannauro, Rafael López Zepeda, Juan Alcocer Bernal, César A. Santiago Ramírez, Eduardo Robledo Rincón, Agustín Leñero Bores, María Marcela González Salas P., José A. Pescador Osuna, Roberto Calderón Tinoco, Carlos Barrera Auld, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Pedro José Peñaloza, Heberto Castillo Martínez, José A. Conchello Dávila, Máximo de León Garza, Jorge E. Ortiz Gallegos, Alejandro Gascón Mercado, Jorge Alcocer Villanueva, Rubén Rubiano Reyna, Héctor Terán Terán, Pablo J. Pascual Moncayo, Carlos E. Cantú Rosas.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte ala asamblea si se le dispensa la lectura.
EL C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general, Se abre el registro de oradores. En contra.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguientes ciudadanos diputados: Hildebrando Gaytán, Jorge Amador Amador, Graco Ramírez y Efraín Calvo Zarco.
En pro los diputados Manuel Jiménez Guzmán, Marcela González y Luis Orcí por la comisión.
Tiene la palabra en contra el C. diputado Hildebrando Gaytán.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente; compañeras y compañeros: Lo que motiva que el Partido Popular Socialista se pronuncie en contra de este dictamen, es el contenido del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Armada.
Si no existiese dicho ordenamiento dicho artículo, nosotros estaríamos a favor, porque de hecho el resto del artículo da a esa institución las posibilidades de seguir atendiendo los servicios de los miembros de las fuerzas armadas; pero exactamente el artículo 34 que es también uno de los motivos por los cuales presenta esta iniciativa, viene a dar un viraje a esta institución en su capital social, derivado de la ley Reglamentaria del Servicio Público del Banco y Crédito y este hecho para el Partido Popular Socialista es una cuestión de principios y no un aspecto pasajero de la vida nacional.
Si estamos de acuerdo en que la Revolución Mexicana es un proceso, es un proceso histórico social muy importante de nuestro país; como todo proceso, este tiene un rumbo, porque no hay proceso que esté dirigido al azar, a seguir cualquier camino. Todo proceso lleva un rumbo, porque todo proceso es estimulado por la lucha de las fuerzas, que dentro de ese proceso están disputándose una a caminar por la famosa ascendente que es la que representa el nuevo contenido del proceso y el otro por detenerlo. Si se detiene o se desvía, se está afectando al proceso propio que esté originado en su seno.
Si la Revolución Mexicana es un proceso o, tiene un rumbo histórico, social bien determinado. El objetivo de la Revolución Mexicana es elevar las condiciones de vida de la población; está establecido en la Constitución, en diversos artículos, fundamentalmente, el tercero, el veintisiete.
Ahora bien, el obstáculo fundamental que ha tenido el país para poder mejorar las condiciones de vida del pueblo para poder llevar
adelante la industrialización, es la presencia del capital extranjero, es decir del imperialismo y en las últimas décadas, del imperialismo norteamericano En consecuencia dentro del proceso que es la Revolución Mexicana, las dos contradicciones que se dan en este proceso, es la de la lucha de las fuerzas que quieren la independencia económica en contra de las fuerzas que quieren maniatar al país en la independencia neocolonial; que viene, por supuesto, desde hace años.
En este proceso, en estas dos fuerzas en pugna, ¿cuál es el instrumento surgido de la Revolución Mexicana para poder conquistar la independencia económica del país, que es el objetivo básico para poder mejorar las condiciones de vida del pueblo, porque sin independencia económica no se puede mejorar la vida de la población mexicana?
El instrumento que ha surgido de este proceso para alcanzar la independencia económica y con ello mejorar las condiciones de vida, ha sido la creación de un Estado con características y funciones que corresponden precisamente a la Revolución Mexicana.
El Estado surgido pues de este proceso es diferente al Estado del siglo pasado es diferente al Estado de otros países donde existe la propiedad privada, es un Estado surgido de nuestro movimiento Revolucionario. Diríamos que este Estado constituye la más elevada expresión de la revolución Mexicana para que ésta se siga llevando adelante.
Con este papel del Estado obviamente lo que sobresale en su papel de invertir en la vida económica del país. Eso es lo más importante.
¿Quién ha hecho posible la industrialización de México, el desarrollo de los servicios fundamentales y la protección de la seguridad y las necesidades fundamentales del pueblo de México? ¿Ha sido acaso la iniciativa privada? ¿Ha sido acaso el capital extranjero? Ninguna de estas dos fuerzas económicas. Ha sido el estado mexicano el que ha promovido el desarrollo económico independiente más importante con que cuenta nuestro país, el que ha llevado adelante la educación, la investigación científica y una serie de obras más al servicio del pueblo.
Claro que este Estado no es como está constituido actualmente, la aspiración suprema del Partido Popular Socialista. Por supuesto que no. Y aún en las condiciones actuales, aún sin que llegue nuestro país al ideal histórico de nuestro partido, nosotros estamos impulsando a que este Estado mexicano se democratice, eleve su composición con fuerzas democráticas y patrióticas y pueda seguir sirviendo con mayor fuerza al pueblo mexicano y a la nación.
En consecuencia, el estado mexicano no es una institución secundaria, no es una institución que podamos ver a la ligera, no es una institución a la cual aquellos cambios o alteraciones que se le den no van a dejar de trascender dentro del rumbo de la Revolución Mexicana.
Eso es lo que esta en el fondo de esta preocupación y alegatos del Partido Popular Socialista en relación a como se ha venido manejando la banca después de su nacionalización.
Cuando el 1o. de septiembre de 1982 se nacionalizó la banca, hubo un estímulo muy grande en todo el pueblo de México, se ganó confianza, seguridad, alegría en seguir construyendo a nuestra nación por el rumbo de los intereses del pueblo y cuando decimos de los intereses del pueblo estamos dándole a esta palabra, a esta categoría, su contenido social, porque cuando hablamos de pueblo desde el punto de vista social, nos estamos refiriendo a los sectores de los trabajadores y en general de todos los que viven de su trabajo, y estamos excluyendo desde el punto de vista social, a la burguesía y a la alta burguesía, la oligarquía ligada al imperialismo.
Claro, hasta hoy, el partido que representa los intereses de la derecha en esta Cámara, lo más que ha objetado es un, ¿cómo le llamó? " un gazapo", ¿por qué? porque en el fondo de estos dictámenes lo grave está precisamente en lo que establece el artículo 34 del dictamen a discusión que se deriva exactamente de una mala interpretación del artículo 28 constitucional; porque si el artículo 28 establece que el servicio de crédito y banca corresponde en forma exclusiva al Estado, fue absurdo que en la Ley Reglamentaria del servicio público de la banca y el crédito se hubiesen establecido los certificados patrimoniales de la Serie "B", donde se dio entrada a los exbanqueros, en las instituciones de banca múltiple y no siendo eso poco, se llevo esa oportunidad a que también intervengan en las instituciones de banca de desarrollo, entre las cuales está la que hoy nos ocupa la atención.
No es pues, para nuestro partido cuestiones de porcentaje, cuestiones de cantidades de poca monta el que tengan oportunidad las personas físicas o morales, como señala el artículo 34, a tener en su propiedad los certificados "B". Esto da un viraje de tipo cualitativo, razón por lo que estamos en contra de este dictamen. Porque en la concepción del Estado, surgido de la Revolución Mexicana, está para nuestro partido el seguir en estos años y los subsiguientes en la lucha por la independencia económica, porque diferenciamos al Estado surgido de un país semicolonial, que lleva adelante el proceso de nacionalizaciones de las principales industrias estratégicas y prioritarias, muchas de ellas en poder del extranjero. Nosotros distinguimos perfectamente bien que ese estado cumple un elevado papel histórico progresista, y no confundimos al Estado monopolista de Estado que en los países de gran desarrollo industrial toma en sus manos monopolios para fortalecer el sistema capitalista.
Por eso, porque tenemos una compresión justa de lo que es el Estado en nuestro país.
con los objetivos de la Revolución Mexicana, es por lo que vemos que la venta de las empresas que se habían nacionalizado y que luego han pasado a poder de los exbanqueros, o bien el haber roto esta nacionalización y haber establecido los certificados "B" para abrir a la iniciativa privada la oportunidad de tener su participación en la banca, hecha por abajo, en forma de retroceso lo que ya se había conseguido, y con ello se está deformando el carácter y las funciones del Estado Mexicano.
Ya en lo particular vamos a argumentar nuestras objeciones al artículo 34 que en forma de tipo general están inclinándonos, por la gravedad que representan estas medidas con las hoy efectivamente culmina ese proceso de la nacionalización de la banca con estas últimas medidas de retroceso, decía, es por lo que estamos en contra. Gracias.
El C. Presidente:- Tiene la palabra, en pro, el C. diputado Manuel Jiménez Guzmán, quien cede se lugar a la compañera Marcela González.
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - Con su venia, señor presidente; Compañeros diputados: Pedí el uso de la palabra antes que mi compañero Jiménez, porque quiero responder a lo que nos ha dicho el diputado Gaytán.
Yo creo que antes de empezar a responderle a él , quiero que todos tengamos claro el concepto de que vivimos en un país que ha decidido, por su propia soberanía, ser un país plural. Y esto es evidencia en esta Cámara, en donde estamos 9 tendencias y 9 ideologías diferentes, participando.
Administrativamente , nuestro país ha decidido tener una economía mixta. Y por eso tenemos al sector público y al sector privado, pero así lo ha querido el pueblo de México. Este ha sido su mandato y por eso todos estamos aquí.
Es más, esto de la economía mixta está perfectamente consignado en la Constitución.
Ahora bien, teniendo estos conceptos claros, yo quiero hacerle referencia a nuestro compañero del Partido Popular Socialista, que se refiere al artículo 34 de la ley, en el que le preocupa el que 34% de las acciones puedan ser suscritas, como lo dice, o sea la serie "B", lo voy a leer exactamente: Podrá ser suscrita por el gobierno federal por las entidades de la administración paraestatal, por las sociedades mercantiles formadas por los miembros de las fuerzas armadas, por los miembros de éstas que tengan el grado de generales, jefes o sus equivalentes en la armada y por personas físicas o personas morales mexicanas.
En primer lugar, es tan sólo el 34%. Además, hay que tener muy claro que en el artículo 39, donde está el Consejo Directivo, claramente especifica que los 5 miembros del consejo de la serie A serán los representantes de la Secretaría del la Defensa Nacional, de la Marina y 2 de la Secretaría de Hacienda. Y que en el caso de la serie "B" también queda perfectamente estipulado, por razones de seguridad nacional, que son 4 consejeros, y estos, serán integrados con representantes de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina, de Hacienda y Crédito Público, y uno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y lo que se está proponiendo que es ampliar las facultades del banco, hacer un banco moderno; porque este banco venía operando realmente como una caja de ahorro y lo que estamos buscando, ahora, de aprobarse esta ley, es modernizar, precisamente al banco, que cuente con mayores recursos y que cualquier gente pueda suscribirlos, cualquier gente puede aportar, cualquier gente puede utilizar esto como una banca nacionalizada, como cualquier otra de las bancas nacionalizadas.
Además, quiero también comentarle al compañero Gaytán, que en el decreto de expropiación de la banca, desde entonces quedaron fuera el banco obrero y el banco del Ejército y la Armada, por la propia razón que tiene el Ejército en México. Es un Ejército Nacional, es un Ejército que se preocupa por guardar la soberanía de nuestro país y yo creo que nadie puede decir que no sea nuestro Ejército un Ejército, nacionalista y un Ejército que realmente se preocupa por guardar la soberanía nacional.
Y lo único que estamos buscando con esta ley, es ampliar las posibilidades del banco a que el Ejército tenga más recursos y poder atender al sector.
Por eso, compañeros, yo les pido a ustedes que aceptemos el artículo 34, con base también a lo que he comentado del artículo 39 y que aprobemos esta ley y estos dos artículos como han quedado establecidos en el dictamen de la comisión.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el C, diputado Jorge Amador.
El C. Jorge Amador Amador: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Es cierto que estamos en una época en la que la modernización casi se convierte en el ritmo de moda y por eso, a veces, se moderniza sin reparar cuál es el costo de alguna de las cosas que se pretenden modernizar
Yo quiero sostener aquí la tesis de mi partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, de que esta iniciativa de ley persigue propósitos legítimos, justificados, necesarios precisamente para la modernización económica del país y para la mejora de las condiciones en que ha venido operando el Banco Nacional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Pero que sin embargo hay algunos errores que pareciera ser de forma en la iniciativa y sin embargo son de fondo, errores que podría señalárseme que pueden ser modificados en la discusión en lo particular, pero que sin embargo desde nuestro punto de vista caracteriza
rizan al conjunto de la iniciativa. Creo que ustedes podrían reconocer que un cuerpo correctamente integro de una ley puede ser alterado definitivamente con uno de sus enunciados, dependiendo la gravedad de ese enunciado.
En efecto, los dos únicos enunciados discutibles desde nuestro punto de vista son estos:
Primero el que se indica en la fracción primera del artículo 6o. que faculta al banco, voy a leer textualmente lo que dice para apoyar la creación organización, desarrollo y transformación de empresas sociedades mercantiles y civiles integradas por miembros de las fuerzas armadas. No cuesta mucho trabajo advertir que en esa redacción se está sentando el fundamento para un nuevo tipo social en el marco de la nación mexicana, y ese tipo social es el militar empresario o el empresario militar.
Y México no es Brasil, Brasil es el paraíso de los empresarios militares y los militares empresarios. Dialogando en el seno de la comisión y personalmente con el señor Presidente de la Comisión, y debo acotar que esta comisión trabaja ejemplarmente y que se da diálogo en el seno de la Comisión y con el Presidente de la Comisión, discutiendo el contenido de este dispositivo y tratando de recoger la verdadera intención que se quiere reflejar en esta fracción, llegamos a una formulación que desde nuestro punto de vista corrige este planteamiento, se me decía, no es que queramos desnaturalizar la función de los militares, lo único que queremos es que si el banco es de los militares, si son los ahorros de los trabajadores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea los que constituyen fundamentalmente el capital social del banco, pues este banco financie las actividades productivas en las que participen los miembros del Ejército. la Armada y la Fuerza Aérea, y desde luego nosotros dijimos que ese propósito se puede conseguir sin dar una gran concesión ideológica precisamente a la derecha nacional y propusimos una redacción de alternativa que espero en su oportunidad sea aceptada, que cambia los términos de esa fracción es así, diría:
PRIMERA
Apoyar financieramente a los miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus profesiones y actividades productivas que no sean incompatibles con la función militar.
Está claro compañeras y compañeros que de aceptarse esto se corregiría una tremenda concesión ideológica y política a la ideología derechista en nuestro país.
¿Y cuál es el otro aspecto que tiende a caracterizar mal toda esta iniciativa?
Es precisamente al que se refería el compañero diputado Gaytán a los términos en que está redactada el artículo 34, que permite la participación de personas físicas o morales en el patrimonio, en la propiedad del Banco del Ejército, la Fuerza Aérea y Armada. Claro dentro del 34% que se constituye con certificados del tipo B, eso sí es cierto pero podríamos preguntarnos. ¿Se legitima, se justifica que lo que se hizo en el Banco del Pequeño Comercio y lo que se ha venido haciendo en el conjunto de las instituciones bancarias que antes eran propiedad del Estado, pero que ahora debido a este proceso de estandarización de las instituciones de la banca se están asimilando a la misma banca nacionalizada la famosa división entre 66 y 34% y la libertad para que el capital privado participe en los certificados de participación del tipo B, que se puede justificar en otro tipo de instituciones? ¿Se justificará en el caso del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada? Nosotros categóricamente decimos que no Aquí hay exceso de la administración pública hacendaría. Escucha la frase Banco Nacional y se olvida de lo concreto de que no es cualquier banco nacional, sino que es el Banco del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Dice la compañera Marcela, por razones de seguridad nacional, los miembros los propietarios de certificados de tipo B, no participan en el consejo directivo el banco. Eso está bien. ¿pero este correctivo es suficiente? Nosotros decimos no es suficiente. ¿por qué no es suficiente? Podemos remitirnos a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y vemos allí cómo se definen las facultades de quienes son propietarios de certificados de participación del tipo B, y encontramos que tienen derecho a formar parte de la Comisión Consultiva, y eso no está prohibido en la actual versión de la iniciativa y al participar en la Comisión Consultiva, tiene un conjunto de facultades de tipo opinión, de tipo formulación de criterios para dirigir el banco, pero cómo se va a formular una opinión o cómo se van a encomendar criterios para la operación del banco si no se tiene acceso a información básica que permita formular la opinión o que permita recomendar los criterios.
Y entonces si dejamos pasar esta iniciativa con esta tendencia, no estamos cuidando bien la seguridad nacional. Entonces estamos permitiendo que ciertas personas físicas o morales de capital privado tengan acceso al funcionamiento de un banco y de una institución tan importante como éste, cuya Ley Orgánica estamos discutiendo nosotros aquí.
¿Dónde quedó la seguridad nacional? ¿Qué las cuestiones de información sobre el funcionamiento de las instituciones militares no son del rango de la seguridad nacional? Nosotros pensamos que aquí hay una omisión y que esto desnaturaliza el conjunto de la ley.
Se podría decir: es que no se les olvide que la economía es mixta. Pero no estamos hablando solamente de la economía, por eso digo que se acuerden del nombre del Banco Nacional, pero se olviden de qué tipo de Banco Nacional.
¿La mixtura debe llegar hasta la Defensa Nacional? O por lo menos este tipo de mixtura entre capital y la institución
encargada de garantizar la Soberanía Nacional. En todo caso yo pensaría que el artículo 28 limita la mixtura de la economía y especifica que determinadas actividades económicas son exclusivas de la Federación.
Nosotros pensamos que el funcionamiento del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada debe ser considerada una actividad administrativa de tipo estratégico como lo son todas las del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas Nacionales, y por lo tanto no se justifica que por simple escandalización, por simple homogeneización o por simple simplicidad, permítaseme la redundancia administrativa, opere el mismo esquema de 66 34 que vienen operando en otras instituciones.
Compañeras y compañeros: Haciendo una referencia histórica quiero decirles a ustedes que mi partido valora mucho lo que significan las fuerzas armadas en nuestro país, que en cada época de nuestra historia, y ustedes no lo van a negar, la oligarquía tiene formas específicas que en la época de la independencia la hicimos peleando contra la oligarquía colonial, que en la época de la reforma la hicimos peleando contra la oligarquía, sobre todo eclesiástica y que a los revolucionarios de aquella época no les temblaron ni las manos ni las voces para legislar quitándole privilegios a esa oligarquía, deslegitimándola y señalándole al pueblo quién era el causante principal de los males de la nación en esa época y de quienes frenaban el progreso social de la nación en esa época; que en la época de la Revolución pelamos contra la oligarquía terrateniente y el pueblo y los legisladores, con valor, supieron señalar al enemigo principal y no le dieron concesiones de ningún tipo. Por eso tenemos la Constitución del 17.
No me digan que la oligarquía ya fue eliminada, no me digan que no existe un enemigo principal de la nación y que algunos de ellos se dicen mexicanos y no me digan que no son ellos parte de lo que aquí se envuelve con personas físicas y morales que, sabemos nosotros que entre ellas están grandes empresas capitalistas y grandes capitalistas físicos y con esta formulación innecesaria, estamos permitiendo que algunos de ellos vengan, compren certificados de aportación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y tengan derecho a participar en la Comisión Consultiva y a enterarse sobre el funcionamiento del banco
¿Es necesario dar esa concesión ideológica y política? Yo digo no; ¿es necesario permitir esa libertad y en cierto sentido ese liberalismo en el sentido de la palabra, para que las cuestiones de la seguridad nacional algunos elementos de esa oligarquía las manejen las traten y se enteren de ellas? Yo digo no.
Por eso, compañeras y compañeros, en su oportunidad señalaremos y pediremos a ustedes que se corrijan estos aspectos fundamentales; no es cualquier asunto hacendario, ésta es una cuestión ideológica y política de primer orden. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos el señor diputado Eraclio Zepeda Ramos.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: - Con su permiso, señor presidente Compañeras diputadas, compañeros diputados: En su oportunidad el compañero diputado Alcocer expuso las razones de principio por las cuales nosotros estamos en contra de las tres leyes bancarias que se discuten hoy.
En obvio de tiempo no vamos a repetirlas, ya sabemos cuales son las posiciones nuestras y las posiciones dominantes. Sin embargo, en la Ley del Ejército que estamos en contra, cuando llegue el momento de apartar los artículos particulares, haremos una proposición que creo que comprende las preocupaciones del compañero diputado Amador y de otros compañeros de los partidos democráticos y de una gran mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Creo que se trata de un asunto exclusivamente de tipo aclaratorio, acerca de las funciones del Banco del Ejército, en apoyo a las actividades productivas.
Para no romper el orden de intervención, permítame que esto se presente en el momento de los artículos apartados, con la seguridad de que estaremos cerca de un acuerdo, y no desviamos la atención en la discusión general. Espero que estén de acuerdo en esto.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Graco Ramírez.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Señor presidente, creo que esto no es posible: tiene que ser uno en favor y otro en contra, de acuerdo con el Reglamento.
El C. Presidente: - Es que había pedido su cambio de turno el señor diputado Jiménez. Tiene la palabra el diputado Manuel Jiménez.
Señor diputado Ramírez, el señor diputado Manuel Jiménez que seguía en el orden en pro, se ha reservado afirma, para particularidades. En consecuencia sigue el registro, en contra de usted en lo general.
En contra, en lo general de la ley.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Realmente creo que por la exposición de los compañeros de la mayoría, que no suben a esta tribuna a argumentar de manera general el planteamiento hecho por nuestro partido, por conducto del compañero diputado Jorge Amador, que de manera muy precisa ha expresado a ustedes compañeras y compañeros diputados las preocupaciones que debemos de compartir muchos de nosotros acerca de concebir a este banco como un banco más de sistema financiero.
Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo por que con toda oportunidad presentamos y fue leído ante ustedes nuestro voto particular, y la Comisión de Hacienda o la mayoría de ella, no dio respuesta a nuestro voto particular,
de acuerdo como se establece en el Reglamento y en la Ley Orgánica.
Yo quiero pedir por tanto que de acuerdo con el voto particular presentado por el compañero Amador, el diputado Máximo de León y su servidor, acerca de ese dictamen, la comisión tenga a bien contestarme, tenga a bien manifestar su punto de vista con respecto a ese voto particular. Que , por cierto, por un error procesal no fue en principio considerado por la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto solicito, señor presidente, que la Comisión de Hacienda o de Defensa Nacional tenga a bien contestar el voto particular que presentamos ante estas comisiones unidas Muchas gracias.
El C. Presidente: - Está la solicitud del señor diputado Graco Ramírez por la Comisión de Hacienda el C. diputado Luis Orcí.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Precisamente la razón por la cual existen planteamientos clarísimos y específicos de leyes orgánicas para estos bancos, es de que ninguno de estos casos se trata de un banco más del sistema bancario, como se indicó hace unos momentitos, por uno de los que tomó la palabra anterior a mí.
Se discutieron y se analizaron las diferentes consideraciones en torno a los planteamientos que se hicieron en Comisiones Unidas de Defensa y de Hacienda Y en ese momento se habló de dos planteamientos que se han estado manejando, que ya se han planteado.
Por lo tanto, señor presidente yo pediría que en lo general la discusión ya pasaría a la parte específica de particular porque hay planteamientos en cuanto a los artículos 38 y artículo 6o. que forman parte inclusive del planteamiento particular, del voto particular del Partido Socialista de los Trabajadores.
Lo que si debe quedar claro es de que no existe tal homogeneización como dicen el mismo hecho de que claro cada uno de estos bancos de desarrollo enfoca su labor clara y especifica a los sectores concretos a los que deberán apoyar, es la mejor expresión de que se trata de procesos directos y de procesos para apoyar a los sectores que requieren apoyo en este sentido.
Señor presidente, yo pediría en vista de que no habría mayores oradores en lo general, que pasáramos a determinación de lo general y posteriormente a las votaciones particulares. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulta la secretaría, en votación económica a la asamblea si considera suficientemente discutido el proyecto en lo general.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si considera suficientemente discutido el tema en lo general.... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Se han reservado para discutirse en lo particular los siguientes artículos señor diputado Eraclio Zepeda el artículo 6o., el diputado Jorge Amador 6,34 y 36 el diputado Hildelbrando Gaytán 6, 34 y 36, el diputado Oswaldo Harris el 21, y el diputado Eugenio Ortiz el 21.
En consecuencia proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un sólo acto.
El mismo C. Secretario: - Se va a proceder, a recoger la votación nominal de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente, se emitieron 321 votos en pro, 25 en contra y 14 abstenciones
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 321 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular los artículos 6, 21, 34 y 36. Se va proceder a abrir el registro de oradores para la discusión del artículo 6o., Este artículo fue reservado por los ciudadanos diputados Eraclio Zepeda, Jorge Amador e Hildebrando Gaytán por la comisión en pro Manuel Jiménez Guzmán.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Eraclio Zepeda.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: - Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: La Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México solicitó apartar el artículo 6o., únicamente en su fracción I. En el texto original el artículo 6o., fracción I dice:
"El banco deberá apoyar la creación, organización, desarrollo y transformación de empresas sociedades mercantiles y civiles integradas por miembros de las fuerzas armadas".
Nuestra preocupación radica en lo siguiente: Es conocida la necesidad de que la capacidad creativa que han ido adquiriendo los oficiales especializados en las fuerzas armadas, presten su servicio al Ejército en forma prioritaria. Quisiera hacer un pequeño paréntesis.
Muchos compañeros cuando piensan en las Fuerzas Armadas piensan simplemente en el Instituto Armado, específicamente, es decir, en la caballería, en la infantería, en la aviación, sin embargo, hay una gran cantidad de especialidades en las Fuerzas Armadas, como son los médicos, como son los ingenieros, los
laboratoristas, etcétera, ellos sin duda alguna pertenecen al patrimonio nacional de capacitación técnica.
Estos hombres, estos oficiales, hombres y mujeres, se enfrentan junto con el resto de los elementos de las fuerzas armadas a una dificultad seria en el ascenso de su carrera. Cuando el ascenso a la carrera a empezado a dejarlos de lado, ellos por regla general, optan por la baja, en el Ejército. En este caso, los ingenieros, los médicos, los técnicos, etcétera, tienen que revisar las condiciones en las cuales aportar su conocimiento a la sociedad civil. En este caso nosotros pensamos que sí en un régimen economía mixta como el actual, es posible apoyar a estos militares especialistas en los trabajos de su campo de acción determinado.
Sin embargo, el problema en esto radica en la forma tan amplia como está escrita, en la cual no precisa limitación alguna ni precisa tampoco los riesgos que esto podría llevar.
Escuchando las preocupaciones del compañero Amador y escuchando conversiones de otros muchos compañeros de muy distintos partidos, hemos hecho la siguiente proposición que quiero leer con toda calma:
Inciso I. Apoyar financieramente a los miembros de las fuerzas armadas, para el ejercicio de sus profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función militar.
Si la fracción del Partido Revolucionario Institucional está de acuerdo me gustaría saberlo porque esto evitaría muchas dificultades. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Manuel Jiménez Guzmán, por las comisiones.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados federales: Con gran responsabilidad y seriedad, la Comisión de Defensa en coordinación con la Comisión de Hacienda, estudió con profundidad el contenido de la Iniciativa de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Deseamos señalar que el compañero Luis Orcí, presidente de la Comisión de Hacienda, dejó asentado en breves palabras que no existiendo oposición por parte de las diversas fracciones parlamentarias, a los términos de la iniciativa en lo general, nos reservábamos la Comisión de Defensa para algunas reflexiones en torno a algunos artículos en lo particular. Este es el primer caso de nuestro compañero y amigo del PSUM, con quien hemos trabajado de manera muy estrecha y coordinada en este estudio. Deseo señalar que existe plena congruencia en la nueva filosofía del sistema financiero mexicano, del Banco del Ejército, con su ley reglamentaria del servicio público, de la banca y crédito.
Deseamos señalar desde esta tribuna, con precisión que este banco viene trabajando de manera ejemplar, de manera trascendente, en la vida de nuestra, nación, hace 45 años. Y que siendo su fundador uno de los más ilustres mexicanos, uno de los hombres que trascienden a nuestras fronteras en su lucha por la paz la democracia y la independencia económica, sería incompatible que la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, no atendería a diversos llamados que en virtud de dudas o cuestionamientos surgen en el limpio debate de las fracciones parlamentarias.
Mexicano ilustre, el Presidente Lázaro Cárdenas, que le dio orientación y fundamento al Banco del Ejército en sus funciones fundamentales; funciones de pago a retirados, de prestaciones a familiares pensionistas, de préstamos, de finanzas para renta del manejo de fideicomisos y de becas para hijos de soldados; del otorgamiento de préstamos para los militares a efecto de que puedan hacer frente a diversas emergencias personales o familiares. Es la filosofía y el contenido de la ley y su espíritu fundamental, el reconocimiento a las fuerzas armadas de México, producto no de élites ni de pequeñas oligarquías como en otros países, sino fundamentalmente producto de la lucha histórica del país, y conformado por hijos de trabajadores y de campesinos mexicanos. En este marco valoramos la iniciativa de ley, en el marco que Luis Orcí señalara desde el punto de vista financiero y en el marco que Eraclio Zepeda señalara, de la defensa de nuestra independencia y de nuestra soberanía.
Con estas breves reflexiones, compañeras y compañeros diputados federales, y porque el contenido de dicho artículo se liga con el espíritu de otras leyes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Como la de Ascenos y Recompensas y las del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en las que se establecen normas que tienden a la elevación de los niveles morales y profesionales del Ejército y de la Armada. Y además al facilitarle a estos otros diversos estímulos que les permitan preparar sus futuros hacia un retiro digno, decoroso y honorable de las fuerzas armadas, del Partido de la Revolución Mexicana piensa que se logra el objetivo aquí, de simultáneamente de hacer justicia a los miembros del Ejército, coadyuvar en la renovación de los cuadros de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército Mexicano.
En este contexto general, la fracción parlamentaria del PRI se suma a la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, a efecto de que el texto original sea modificado por el texto que propone la fracción de nuestros compañeros del PSUM. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Señor diputado, el texto modificado lo tiene ahí a la mano? Gracias. Tiene la palabra el C. diputado Jorge Amador Amador.
El C. Jorge Amador Amador: - Compañero presidente, compañeras y compañeros, diputados:
Qué interesante es observar el proceso legislativo, cuando se hace con sujeción a principios. Qué importante que por palabras del diputado Jiménez la mayoría parlamentaria de esta legislatura, haya hecho suyo un texto que antes la fracción del PSUM hizo suyo, que antes la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, en conjunto con la Comisión de Hacienda hizo suyo y que un poquito antes, junto con ellos, también nosotros lo hicimos nuestro.
¡Qué bueno! Creo que eso corrige mucho el carácter de la iniciativa al que yo me refería en mi intervención anterior.
Eso nos permitirá votar así todos juntos y solamente la mayoría y el PAN, todos juntos, qué bueno, por lo tanto solamente quiero dejar constancia de que efectivamente ese texto corrige uno de los defectos de nuestro artículo 6o., y que estamos desde luego insisto, como coautores originales de acuerdo con él en todos sus términos.
Quiero sin embargo, si el señor presidente me lo permite, aprovechar que estoy aquí en tribuna para responder un alusión que no sé si se refería a nosotros, pero por las dudas el diputado Jiménez.
Mi partido cuando impugnó un aspecto incorrecto de la iniciativa no estaba planteando nada en contra del Ejército ni de las fuerzas armadas de la nación, no estaba desconociendo su importante papel en la historia y en la presente situación y en el futuro, quiero señalar mi partido plantea sobre las funciones del Ejército Nacional en estos momentos más difíciles, no sólo los que pasaron sino los que pueden pasar; nosotros partimos del concepto jurista de la defensa nacional cuando en alguna ocasión el ejército invasor francés nos derrotó temporalmente en Puebla, el Presidente Juárez más o menos hizo esta declaración que tendrá validez para siempre en nuestro país Qué podrán esperar cuando les opongamos como ejército el pueblo entero y como campo de batalla nuestro dilatado territorio.
Para nosotros el Ejército Nacional es una parte altamente disciplinada, del pueblo y en las condiciones difíciles para la defensa nacional, cada soldado será un sargento de destacamentos de campesinos, obreros, hombres y mujeres del pueblo de México en la defensa de la nación , eso es lo que nosotros estimamos de nuestro cuerpo armado.
Por lo tanto, al argumentar contra esta ley, estaríamos poniendo en tela de juicio esto., es todo lo contrario, al argumentar contra algunos aspectos de esta ley, lo que estamos haciendo es luchar por salvaguardar este alto principio y este alto concepto histórico del papel de las fuerzas armadas, por eso no queremos que la oligarquía nacional saqueadora de dólares de este país, tenga la posibilidad de comprar participaciones en la propiedad de este banco, por eso nos oponemos desde ahora a la última frase consignada en el artículo 34 y la subsecuente referencia en el artículo 36.
Compañeras y compañeros diputados, espero que haya quedado más clara todavía más claramente expresada nuestra posición. Y aspiramos a que los señores de las comisiones y los señores de la Fracción Mayoritaria de esta Legislatura se conduzcan de la misma manera en ese otro aspecto que queda pendiente: eliminemos esa frase del artículo 34 y la consecuente del artículo 36. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Hildebrando Gaytán.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente; señores y señoras diputados: Queremos primeramente hacer una breve aclaración, un comentario a lo que expuso la compañera diputada que pasó a hablar en lo general, cuando señalo que en México existe una sociedad plural.
Eso es indiscutible, ¿por qué hay una sociedad plural en México? Sencillamente por que se han diferenciado las clases sociales. Por un lado, quienes viven de su trabajo, la clase obrera y los demás sectores de los trabajadores: por otro lado, los propietarios de empresas, la burguesía y en esto nosotros diferenciamos una burguesía que tiene interés en invertir en México, en apoyar un desarrollo independiente y una burguesía asociada al capital extranjero, para lo cual los intereses nacionales no cuentan.
En este contexto de sociedad plural, en la que estamos de acuerdo que existe, es evidente, sin embargo que es el Estado el principal instrumento para impulsar el desarrollo económico, como ya habíamos expresado anteriormente, y el Estado no puede reflejar a toda esta sociedad plural, porque siendo un Estado surgido de un movimiento del pueblo debe reflejar exclusivamente a los intereses democráticos y patrióticos, y por sectores democráticos nosotros entendemos a todos los que se oponen al imperialismo; por eso, con una sociedad plural es cierto, sin embargo el Estado debe mantener su perfil como instrumento de la Revolución Mexicana.
¿Qué hay una economía mixta en México? Sí; ¿Pero en qué sentido? En que hay empresa privada y empresas públicas, en ese sentido; nosotros no entendemos que la economía mixta se interprete por el lado de que en todas las empresas de México tengan que concurrir estos dos sectores y por lo tanto que en las que son empresas del Estado se dé cabida al sector privado para poder hacer realidad la empresa mixta, eso no es aceptable.
Ya la Constitución exactamente señala las áreas estratégicas del Estado y otras las prioritarias en las que también debe tener intervención el Estado
Que es necesario elevar las áreas estratégicas, eso es indudable, y ya vendrá en su momento toda la discusión.
Y por último, entre lo que se señalaba, que el ejército mexicano está inspirado en un profundo nacionalismo, estamos nosotros completamente
de acuerdo; en efecto, el ejército mexicano es producto de un movimiento popular además las instituciones que lo están forjando, como lo sabemos y como además nos tocó constatar cómo llevan a cabo esta preparación en este profundo sentido nacionalista: lo vimos en el Heroico Colegio Militar.
Bueno hechas esas pequeñas aclaraciones, dijimos que lo discutible de esta ley estaba en el artículo 34, sin embargo reservamos el artículo 6o., para sugerir reformas, ya que el contenido del artículo 6o., también se traduce en el artículo 34; no veíamos bien que en el artículo 6o., se estableciera, fomentar empresas o sociedades mercantiles, y precisamente en eso iba nuestro proposición, de reforma. Pero visto, pues que se ha aceptado, inclusive por la comisión, un texto que mejore el artículo 6o., retiramos, y de hecho no presentamos la propuesta que teníamos pensado y nos sumamos a esta para el artículo 6o., fracción primera. Y queda pendiente, por lo tanto. el artículo 34 Gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición que formuló el señor diputado Eraclio Zepeda, que fue aceptado por la comisión respecto al artículo 6o.,
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Dice así: "Fracción I. Apoyar financieramente a los mismos de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus profesiones o actividades producidas no incompatibles con la función militar."
El C. Presidente: - Consulta la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición al artículo 6o., propuesta por el diputado Eraclio Zepeda, y aceptada por la comisión.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba la proposición presentada por el compañero diputado. Eraclio Zepeda y aceptada por la comisión .... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - En votación económica, consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 6o.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 6o. del proyecto...Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.. Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Resérvelo la secretaría para su votación en su conjunto con el resto de los artículos impugnados.
El siguiente artículo que fue reservado es el artículo 21. Fue reservado por los señores diputados Oswaldo Nicolás Harris Muñoz y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Y por la comisión se ha registrado el señor diputado Manuel Jiménez Guzmán.
Tiene la palabra, en consecuencia, el diputado Oswaldo Nicolás Harris Muñoz.
El C. Oswaldo Nicolás Harris Muñoz: - Con su permiso, señor presidente.
No participamos en la discusión de otros artículos como el 6o., el 34, el 36, etcétera, porque esos puntos de vista pues ya se vertieron por otra parte de nuestro partido cuando se discutió la ley anterior.
Por eso nos hemos reservado únicamente el artículo 21 porque consideramos que hay un factor importante que debemos tomar en cuenta. Este artículo 21, se refiere a un proceso de incautación prácticamente, de los fondos de ahorro y de trabajo en ciertas circunstancias jurídicas de los miembros de la Armada.
En este caso, consideramos nosotros que este artículo va en contra de preceptos constitucionales. Especialmente el artículo primero de nuestra Constitución y el artículo 14 de la misma.
Independientemente de que cualquier ciudadano, y en este caso algún militar cometa algún delito o esté prófugo de la justicia, no tiene por qué el banco disponer de sus ahorros o de sus fondos si no hay ninguna relación entre la forma en que esos fondos, ese dinero de este ciudadano ha sido adquirido.
En este caso de que haya sido adquirido por medios ilícitos ya se encargarán las leyes y los procesos jurídicos correspondientes, en dictar las medidas correspondientes para que estos bienes le sean incautados.
A menos de que esto no suceda, se debe respetar totalmente el derecho de cualquier ciudadano, y especial de los militares, en este caso, para que sus fondos y sus ahorros no sean tocados en el banco.
Por lo que me propongo someter a su consideración, la propuesta de que sea eliminado totalmente el artículo 21 de esta ley, porque lo consideramos totalmente anticonstitucional Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, por la comisión, el C. diputado Manuel Jiménez.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
En atención al comentario y reflexión del orador que me antecedió en el uso de la palabra, me permito recordar a esta honorable asamblea el contenido del artículo número 12 de la propia iniciativa que señala que los titulares tendrán derecho a disponer totalmente de sus fondos de ahorro en el momento que se obtenga licencia ilimitada o queden separados del activo.
En ese sentido el artículo 12 nos señala con claridad cuándo, en qué momento, en qué forma se tiene derecho a la utilización del mismo. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se permite de manera respetuosa proponer a esta honorable soberanía la siguiente adición al artículo 21 a efecto de darle mayor claridad en su contenido y en el hondo espíritu que la propia ley persigue, en función que el legislador debe tener como primordial obligación el atender al reclamo, a la duda o al cuestionamiento que pudiera surgir de la propia libre discusión de las ideas en la Cámara de Diputados fundamentalmente pensado que cada aprobación o desaprobación lleva implícito un costo de carácter social y este deberá ser siempre en beneficio de las grandes mayorías de nuestra población.
Concretamente la fracción priísta propone el siguiente texto al artículo 21 a efecto de evitar confusiones.
Artículo 21. Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la armada se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo, adicionando hasta en tanto no exista resolución definitiva en los términos de la legislación aplicable. Con esto y en función del artículo 12 a que me he referido, creo que se aclara cualquier duda o confusión, es la propuesta concreta de la Fracción Parlamentaria de mi Partido, el Revolucionario Institucional.
Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; compañeros diputados: Es positivo que busquemos una manera de resolver los problemas que presenta el artículo 21. Me parece que el compañero Harris del PMT ha planteado con exactitud el problema.
El problema que tenemos aquí es que la disposición del artículo 21 es violatoria no sólo de derechos constitucionales, sino es violatoria de cualquier práctica bancaria, y éste es un banco.
Yo pregunto si esta disposición podría incluirse para otro banco, para el caso de que un ahorrador, digamos de BANAMEX, esté prófugo de la justicia. ¿Puede Banamex por su propia voluntad negarle el uso de los fondos que ha depositado? Pues no. Esto es violatorio de práctica bancaria. Puede un banco negar la reintegración de sus respectivos fondos de ahorro o de trabajo, que son ahorros, con mandamiento judicial o resolución judicial. Eso es lo que debería decir el artículo 21, que el banco, en el caso de personal, de generales, jefes, oficiales y tropas y sus equivalentes que se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, por resolución judicial el banco podrá retener los respectivos fondos de ahorro y de trabajo, pero debe haber una resolución judicial, porque si no estamos en un caso de excepción, y éste;, como aquí ya se ha argumentado en lo general, es un banco que responde a la ley reglamentaria del servicio público de banca y crédito, y el servicio público de banca y crédito no autoriza este tipo de manejo por parte del banco.
Entonces me parece a mí que la adición que ha propuesto el compañero Jiménez Guzmán no resuelve el problema, porque de hecho está dejando en el mismo estado de indefención al presunto prófugo de la justicia respecto del banco. O sea, esto, insisto, sólo debería poderse hacer con resolución judicial, si el banco quiere detener los fondos de ahorro y de trabajo o la institución Fuerzas Armadas quiere solicitar esto, que obtenga resolución judicial y proceda en consecuencia; de lo contrario sí se establece un precedente muy peligroso. Eso es por lo que nosotros creemos que deberíamos buscar una redacción que haga referencia explícita a que deberá existir resolución judicial.
El C. Presidente: - Había reservado también este artículo el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Tiene la palabra.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, diputado Ortiz Arana. El diputado Jiménez, de la fracción del PRI, leyó parcialmente el artículo 12 para decir que los titulares tendrán derecho a disponer totalmente de sus fondos de ahorro en el momento en que se obtenga licencia ilimitada o que queden separados del activo; no leyó el siguiente párrafo del mismo artículo que dice: Quienes continúen en el activo tendrán derecho a disponer del importe de sus descuentos cada seis años, contados a partir de la fecha de su primera aportación al fondo.
Pero adicionalmente, el artículo 21, que es el que venimos a impugnar, desconoce por completo cualquier tipo de derechos y llega a estar en contradicción con la propia ley que aquí estamos votando; que en el artículo 19 dice a la letra, y que tome nota el diputado Jiménez y el diputado Orcí, que es un asunto que ya hemos platicado y que seguramente por su exceso de trabajo no tuvieron tiempo de considerar.
Dice el 19: Los fondos de ahorro y de trabajo son inembargables e intransmisibles; esto está contradicho cuando en el 21 dice que los fondos se le suspenderán a los interesados cuando estén sustraídos a la acción de la justicia.
Podemos entender que hay muchos tipos de sustracción a la justicia. En el caso del Ejército puede hablar tal vez de alguien que desertó; en el caso de alguien que está sometido a un juicio penal o de otra naturaleza puede tener simplemente un juicio como prófugo. Así se podría entender también esto.
Aquí lo importante es lo que ya se ha señalado. Seguramente porque no hubo tiempo, y este es el momento de que se den ustedes el tiempo, señores, no se recayó en que aquí se está violando la propia ley que se está
votando, como ya lo mencioné cuando dije que son inembargables, y por lo tanto, deben respetarse, y segundo, ya se mencionó también, en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución, que me voy a permitir leer también, dice claramente que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Yo creo que es problema de sentido práctico. Se hizo una proposición y yo tengo otra que es todavía más simple: si se pretende dejar el artículo como está, voy a leerlo, y a agregar lo que yo propongo, diría:
"Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropas o su equivalente en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, siempre que exista, resolución en los términos de la legislación aplicable, no podrá disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo". Esta redacción concilia el procedimiento que ya he visto que se usa aquí, de no querer borrar lo que ya se escribió y corregirlo con algún sistema de una frase que sea como una especie de circunloquio, pero que cambie el sentido de las cosas.
Formalmente, pues, me permito proponer a la comisión que tome en cuenta esta proposición que es agregar simplemente el pequeño párrafo que dice: "Siempre y que exista resolución en los términos de la resolución aplicable".
Un solo minuto más para recalcar; alguno de los compañeros de la diputación de la mayoría vino a decirme que me cuidase de hablar en este asunto porque los generales son los generales y son muy fuertes. Que consten dos cosas: que aquí, en este asunto, estamos tratando de ayudar que se respeten los derechos de la tropa y que estamos tratando de proteger al propio cuerpo armado de una disposición que es anticonstitucional. Número dos, que conste que también el Ejército debe estar sometido al sistema de leyes que de este recinto emanan. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, por la comisión, el señor diputado Manuel Jiménez Guzmán.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - Comentando minutos anteriores con algunos compañeros de mi fracción parlamentaria y la opinión de la Comisión de Defensa, queremos señalar solamente que hay una confusión adicional. No se puede señalar que este aspecto es estrictamente de carácter bancario, sino es también un fondo de ahorro de las Fuerzas Armadas. Y la ley establece con claridad en su artículo 12 quién tiene derecho a la aplicación y al beneficio de estos fondos de ahorro de las fuerzas militares. En este sentido, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ratifica su proposición y solicita a las fracciones parlamentarias que han hecho uso de la palabra a reflexionar sobre este conjunto de ideas, a efecto de someter a votación la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, en torno al artículo 21 de esta iniciativa de Ley de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Muchas Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Valle, para hechos.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización: Si mal no entendimos la propuesta del compañero diputado Manuel Jiménez, dice como adición hasta en tanto no exista resolución definitiva en los términos de la legislación aplicable, es decir, que hay dos situaciones jurídicas, primero la incautación y luego un proceso que culminaría en una resolución definitiva que establecería, si esa incautación ha sido procedente o esa incautación ha sido improcedente, por lo tanto, los fondos de ahorro del personal que se encuentra en una situación de estas características sufre castigo dos veces, no solamente una vez, sino dos veces.
Este es un procedimiento administrativo que afecta a textos constitucionales, de lo que se trata en última instancia no es de estar chocando sistemáticamente con ustedes, se trata simplemente y llanamente de hacerles ver que un precepto de estas características violenta una situación constitucional, más todavía cuando se habla de los términos de la legislación vigente, compañeros, los términos de la legislación vigente los establecemos nosotros aquí, esta es una Cámara colegisladora y entonces yo les preguntaría, ¿la legislación vigente implica incautación sin orden judicial?, solamente por efectos de una decisión administrativa de consejo, esta es una situación muy peligrosa, ustedes no pueden darle a un consejo administrativo y a un consejo directivo la facultad de incautar bienes de nadie, porque además si ustedes mas no en términos del artículo 12 se establecen dos situaciones jurídicas para los soldados, jefes y generales de la Armada y del Ejército, se establece la situación de la licencia ilimitada y se establece la situación de estar separados del activo, y entonces a final de cuentas el artículo 21 viene a efectuar una parte de esas dos situaciones jurídicas, una de esas dos figuras, que es la parte de la gente que está sustraída a la acción de la justicia, además yo les recordaría que cuando un militar está suspendido a la acción de la justicia, está sustraído a la acción de la justicia militar, entonces son situaciones que enredan los procedimientos en términos de una legislación bancaria, no pueden compararse estas legislaciones, no pueden hacerse iguales en términos de derecho, entonces nosotros sí les solicitamos que reflexionen al menos en términos de lo que van a aprobar y lo que van
a aprobar es la negociación de un artículo constitucional fundamental. Por eso consideramos que el artículo 21 puede quedar perfectamente claro y acorde a las normas, textos y procedimientos constitucionales cuando se dice: "Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada se encuentran sustraídos a la acción de la justicia, por resolución judicial no podrán disponerse sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo". Y estos resuelve absolutamente todos los problemas, compañeros.
El C. Presidente: - Diputado Eraclio Zepeda.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: - Compañeras diputadas compañeros diputados: la preocupación de un grupo grande de integrantes de este Congreso es garantizar los bienes de la familia del ahorrador. En el caso de que miembros de las Fuerzas Armadas estén en una situación de fuero común, su familia tiene todo el derecho del mundo para recoger el producto de sus ahorros.
La proposición que sería: "Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropas o sus equivalentes en la Armada se encuentren sustraídos a la acción de la justicia militar - no el fuero común, militar y con una resolución del Tribunal Militar - no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo".
Es decir, repito, la adición es simplemente cuando se trate de un tribunal militar que haya resuelto sobre un asunto del fuero militar y que lo haya resuelto.
Esa sería la propuesta.
El C. Presidente: - Por la comisión, el C. diputado Manuel Jiménez.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - De manera breve y como conclusión a la fracción parlamentaria de mi partido siente que está última propuesta aclara de manera definitiva nuestra inquietud y en vez de que se señale la legislación correspondiente, que se haga en este momento la mención de que sería en función de la justicia militar respectiva.
Por lo tanto, en nombre de mi fracción parlamentaria, nos sumamos a esta última propuesta de la fracción parlamentaria del PSUM. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado. En consecuencia, ¿reiteran ustedes la adición que previamente había formulado, la proposición conteniendo la adición..?
Vamos a proceder a a través de la secretaría a dar cuenta al pleno de la Cámara con las diversas proposiciones que respecto a este artículo se han presentado esta tarde.
El señor diputado Oswaldo Harris Muñoz presentó una proposición solicitando se eliminara el artículo del proyecto. ¿La sostiene?
El C. Oswaldo Harris Muñoz: - La retiro, señor presidente.
El C. Presidente: - Retira la proposición.
El C. Ricardo García Cervantes (desde su curul): - Señor presidente, solicito que se lea la proposición del ciudadano diputado Eraclio Zepeda.
El C. Presidente: - Sí, están terminando en este momento para entregarla, con algún ajuste último que iban a hacerle a la proposición; se va a entregar a la secretaría y previamente que demos cuenta de ella pediremos que se lea, si no hay inconveniente.
Esperamos, entonces, que nos envíe la proposición el diputado Eraclio Zepeda.
El C. Eraclio Zepeda Guzmán: - La proposición sería simplemente agregar: "Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa, o sus equivalentes en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia militar, con resolución de tribunal del fuero militar, no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo". Perdón, es "por resolución".
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Piñeiro.
El C. Genaro José Piñeiro López: - La proposición que hacemos nosotros, que es la adición de una fracción, un párrafo continuo a este artículo, es la siguiente: Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo. Sus beneficiarios podrían hacerlo previa declaración judicial de ausencia del titular del derecho. Y esto garantiza el objetivo de los terceros perjudicados, de los familiares.
El C. Presidente: - Entregue a la secretaría, señor diputado, su proposición. Vamos a continuar dando cuenta y tomando la consideración de la asamblea respecto a las proposiciones que se formularan.
El diputado Oswaldo Harris Muñoz manifestó que retiraba su proposición.
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos presentó una proposición. Ruego a la secretaría dé lectura de la misma.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - La proposición del diputado Eugenio Ortiz Gallegos dice lo siguiente: Al final del artículo 21, agregar "siempre que exista resolución en los términos de la legislación aplicable". Esa es la proposición del diputado Eugenio Ortiz Gallegos
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Retiro mi proposición.
El C. Presidente: - Retira la proposición el C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
Hay una proposición más presentada por el señor diputado Eduardo Valle. Ruego a la secretaría dé lectura a la misma.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Del mismo artículo 21, se quedaría así: "Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, no podrán disponer por resolución judicial, de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo".
El C. Presidente: - ¿Está completa la proposición, diputado Valle?
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Sí.
El C. Presidente: - En consecuencia proceda la secretaría a consultar a la asamblea...
Hay otra proposición.
El C. Presidente: - Sí, pero vamos a agotar cada proposición, señor secretario.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Pido la palabra, para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, diputado Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Nosotros quisiéramos explicar claramente cuál es el sentido de la propuesta nuestra, ¿de dónde surge?
Está la preocupación inicial, manifestada por los compañeros del PMT, que nosotros consideramos justo, en el sentido de que la retención del fondo de ahorro del militar, en caso de que éste prófugo de la justicia, se hará con mandamiento judicial.
Ahora, sin embargo, en el caso de los militares, concurren dos fueros: uno pueden ser los delitos que cometen y que afectan el fuero militar, por ejemplo, la deserción del Ejército, que es un delito típico del fuero militar.
En ese caso quien debe pedir la orden es un tribunal del fuero militar.
No lo mencionamos el otro caso, que es el de los delitos del orden común porque se sobreentiende que esos delitos están fuera de la acción del tribunal militar. Por tanto, para poder retener el fondo de ahorro de un militar, que ha cometido un delito del fuero común, deberá ocurrir mandamiento de autoridad judicial del fuero común. O sea, en este caso lo que a nosotros no parece, que como existen las dos posibilidades, si nosotros dejamos claro en el artículo 21 que debe estar sujeto de resolución de tribunal militar, tratándose de un prófugo de la justicia militar, queda sobreentendido, claramente que no comprende los delitos del fuero común que tendrán que estar sujetos a la autoridad competente.
El C. Oswaldo Harris Muñoz: - Me permite una interpelación. En la redacción que ustedes hablan de no resolución, de orden judicial, sino de proceso judicial, y creo que hay diferencia.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - No, no, no. Si me permite la propuesta la secretaría, se la leo, está muy clara la propuesta del Partido Socialista Unificado de México.
Entonces el artículo quedaría así: Artículo 21. Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada se encuentren sustraídos a la acción de la justicia militar no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo, o sea, el requisito es que haya resolución del tribunal del fuero militar.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Por lo que veo el espíritu de su proposición, es ampliar los trabajos y la jurisdicción de los tribunales militares, asuntos de estas características mercantiles y bancarias.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - No, se equivoca usted, compañero Valle, por una sencilla razón, porque aunque a usted y a mí no nos guste, existe un fuero militar, pero en este caso estamos hablando de fondos de ahorros de los militares que se constituyen directamente en el ámbito del Ejército, ese es el problema.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes: - En los términos de la proposición presentada por el diputado Eraclio Zepeda, y aclarados de alguna manera por el diputado Alcocer, parece que queda vigente la preocupación sobre los familiares de los militares que en un momento se encuentran sustraídos de la acción de la justicia.
Simplemente para señalar que en el artículo 13 de esta misma ley que estamos discutiendo, se señala que podrán disponer del fondo de ahorros las personas que los titulares hayan designado como beneficiarios en caso de fallecimiento y a falta de las designación de sus familiares, de acuerdo con la apreciación que en seguida se señala, el cónyuge, etcétera.
Quiere decir que si también ya se ha señalado que estos fondos no son transferibles y que los beneficiarios de los militares solamente tienen acceso a este fondo en caso de fallecimiento, queda salvado la inconstitucionalidad o la anticonstitucionalidad del artículo que estamos en este momento señalando, pero la preocupación de los familiares o más bien la preocupación que se tiene por los familiares, debió haberse manifestado desde el artículo 13, de tal manera que no cabe en este momento para desviar la atención, que si los familiares del militar que se encuentra
sustraído de la acción de la justicia van a tener acceso a esos fondos. Ha quedado claro en el mismo cuerpo de la ley, que no tendrían acceso porque solamente en caso de fallecimiento los beneficiarios podrían solicitar ese fondo.
Creo que habría que señalar entonces en el hecho de que el artículo como estaba redactado es violatorio de la Constitución y la proposición que ahora se hace deja a salvo el hecho de que no puede ser privado de los derechos si no es mediante resolución judicial o en este caso de un Tribunal Militar que es el competente para los delitos del fuero militar.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Genaro José Piñeiro.
EL C. Genaro José Piñeiro López: - Señor presidente; miren, señores diputados: El sentido de la proposición en la redacción del artículo 21 que hemos ofrecido a esta soberanía, tiende a cubrir el objetivo fundamental que es preocupación de quienes me han antecedido en el uso de la palabra y que es el de proteger fundamentalmente el derecho de los beneficiarios y en este caso de los familiares de aquel miembro del Ejército que esté sustraído de la justicia.
Esto no lo resuelve ni la resolución del código militar ni una resolución militar, sino que se da en la solución que la propia ley determina para la aclaración de ausencia o fallecimiento cuando hay un ausente. Un prófugo, alguien que se sustrae a la justicia y que en el supuesto se sustrae a la sociedad misma y sustrae de la seguridad jurídica a su familia y a quienes dependen o venían dependiendo económicamente de él, no puede posiblemente regresar o posiblemente someterse en ningún momento a ningún tipo de proceso, a ningún juicio, porque simplemente y llanamente no vuelve a aparecer, sale hasta del país si es posible.
Y en este caso, si el articulado queda como la minuta lo ha propuesto en su principio, pues dejaría definitivamente incautados todos los fondos que pudieron ser o fueron fundamentalmente para fomentar el apoyo de su patrimonio familiar y del sostén de quienes dependen económicamente de él.
En ese sentido, nuestro anexo señala claramente en esta frase, la siguiente redacción: "sus beneficiarios podrán hacerlo previa declaración judicial y ausencia del titular del derecho y en el cumplimiento de la ley". Tengo entendido, no tengo el conocimiento preciso porque hubo unas reformas en el último período creo de la legislatura pasada, en el término de que son siete años de ausencia, pero siete años los que determinan la desaparición y se da por muerto o desaparecido totalmente de la sociedad el inculpado en este caso el prófugo de la justicia. Y en ese sentido estaríamos cubriendo el fundamental aspecto, entendiendo que dichos fondos que están en la banca, seguirían produciendo - esto en ningún momento - los intereses y seguirían sujetos por estar depositado como capital a las modalidades de intereses de enriquecimiento del capital depositado inicialmente y se garantizarían al transcurso de esos años la devolución para los beneficiarios que, fundamentalmente, repito, son los familiares del militar. Muchas gracias compañeros.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Luis Orcí, por la Comisión de Hacienda.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso, señor presidente. Yo quisiera hacer una proposición sobre este artículo 21, que estamos ya muy cerca de llegar a una redacción que pueda ser aceptable y reflejar lo que se busca.
Pediría entonces que en este momento pudiéramos retirar el artículo 21 a discusión, en un grupo que formaríamos en este momento de las comisiones, junto con los que han hecho planteamientos, que continúen los artículos 34 y 36 que están todavía pendientes, y antes de que se termine todo podría mostrar algún tipo de planteamiento.
El C. Presidente: - Ponemos a consideración de la asamblea, en votación económica, de la secretaría, esta proposición del diputado Luis Orcí de retardar la discusión de este artículo y continuar con el resto de artículos impugnados.
El C. secretario reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba la proposición del diputado Luis Orcí... Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, se conocerá el texto de la proposición, una vez que culmine la discusión del resto de los artículos impugnados.
El siguiente artículo que fue reservado para discusión es el artículo 34. Fue reservado por el señor diputado Jorge Amador Amador e Hildebrando Gaytán Márquez. Y por la comisión, se ha registrado la compañera Marcela González.
Tiene la palabra el diputado Jorge Amador Amador.
El C. Jorge Amador Amador: - Señor presidente, cedo mi turno al compañero Alonso Raya.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Miguel Alonso Raya.
El C. Miguel Alonso Raya. - Señor presidente; compañeros diputados: Ya se han argumentado las razones políticas e ideológicas de por qué no estamos de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 34, y
aprovechando de una vez, señor presidente y sobre todo que de alguna manera también es en relación al mismo problema del párrafo primero del artículo 36 también, y además recordando aquí parte de la argumentación utilizada por el propio diputado Jiménez hace un momento, en donde nos señalaba que el problema de la Ley Orgánica del Banco de la Fuerza Aérea; Ejército y la Armada, en relación al artículo 21, decía que no se podía considerar estrictamente como un asunto bancario, sustrayéndose de confiar en primer lugar, que nos estamos refiriendo a un banco con funciones muy específicas, y a una Ley Orgánica que va a reglamentar esas funciones.
Por lo tanto, tomando en cuenta este hecho y tomando en cuenta además, las contradicciones que tiene el articulado, en relación a la participación de particulares, no solamente desde el punto de vista jurídico, por el que se ha venido argumentando en relación al artículo 21, sino desde el punto de vista ideológico y político, por lo que se ha argumentado de lo que significaría y la desnaturalización que crearía la participación de particulares de grandes inversionistas en el Banco del Ejército.
Por lo tanto, proponemos en concreto lo siguiente: Que en el párrafo tercero del artículo 34 se suprima la frase: "...y por personas físicas o morales mexicanas". Y en el artículo 36, párrafo primero, proponemos que se suprima: "Ni sociedades mexicanas en cuyo estatuto no figure cláusulas de exclusión directa e indirecta de extranjeros".
Esta es la propuesta concreta que hacemos a estos artículos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, por las comisiones, la C. diputada Marcela González.
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: La preocupación de los compañeros del partido Socialista de los Trabajadores, también es nuestra. Y les digo que también es nuestra, porque en lo personal yo estoy totalmente segura de que todos los que estamos reunidos en esta Cámara, respetamos al Ejército por su vocación nacionalista.
Yo quiero nuevamente retomar lo que en la intervención, sobre en lo general, de la ley que estamos analizando, ya señale anteriormente.
Quiero retomarlo, porque no es que se esté privatizando a este banco. Simplemente lo que se busca, el espíritu de esta ley es modernizarlo. Podría el banco emitir bonos, podría entrar al mercado de capitales. En fin, podría obtener recursos por otras vías; es decir, queremos, se busca el espíritu de la ley, es modernizar a la banca del Ejército y la Armada y quiero retomar el artículo 34 en su fracción 3a. precisamente, en donde se establece quiénes serán los que suscriban esta serie y que son, a la letra dice: El gobierno Federal y por las entidades de la administración pública paraestatal por las sociedades mercantiles formadas por los miembros de las fuerzas armadas, por los miembros de estas que tengan el grado de Generales, jefes o sus equivalentes en la armada y por las personas físicas o morales mexicanas, pero hay que tener claro que como no establece la ley reglamentaria, únicamente pueden tener el 1% de las acciones, esto es muy importante y queda perfectamente claro que lo que se está buscando es obtener recursos por otras vías para apoyar a este sector, el sector de la Defensa Nacional.
En el caso del artículo 36, que también señalaba nuestro compañero del PST y anteriormente nuestro compañero Gaytán, yo lo quiero retomar porque a la letra dice: En ningún momento podrá participar en forma alguna en el capital de la sociedad personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusulas de función directa e indirecta de extranjero, esto es que no estamos vendiendo la banca del Ejército y la Armada al extranjero está prevaleciendo su nacionalismo en todo momento, es más, como nosotros como digo, también nos preocupa cual es la situación de este banco en especial, el artículo para mayor abundamiento, el artículo 37, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la subscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie B.
Nosotros estamos ciertos, todos los que estamos en esta Cámara, de que la Secretaría de Hacienda no va a permitir aquí que haya no sacadólares, ni gente indeseable. Así es que ahí los estamos ya previniendo.
Y para el compañero del Partido Socialista de los Trabajadores, también, el compañero Amador que anteriormente señalo que le preocupaba que en la serie B la comisión Consultiva pudiera conocer algunos secretos de la Defensa Nacional o algunos secretos de seguridad nacional, yo quiero señalarle, compañero, que en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito establece perfectamente cuál es el objetivo de estas comisiones consultivas. Es únicamente para su operación. Por lo tanto no acepta en modo alguno ni nos debemos preocupar por el problema de si alguien conocerá secretos de la Defensa Nacional.
Finalmente, compañeros, yo únicamente les quiero decir, que, como en mi anterior intervención cuando venía yo bajando, todos los compañeros del PSUM, del PST, me dijeron que yo trataba de ser concreta y breve, pues le quiero decir que para qué hacemos algo más de algo que no vale ya la pena si está perfectamente claro.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en los términos del artículo 102, el señor diputado Jorge Amador Amador.
El C. Jorge Amador Amador: - Señor presidente, compañeras y compañeros: Sinceramente hemos estado esperando en nuestra fracción parlamentaria, respuestas de fondo a cuestionamientos de fondo que hicimos, supongo que si se eluden esos cuestionamientos será porque no hay respuestas a estos cuestionamientos.
Hay una reiteración, modernizar y para modernizar démosle acceso al capital privado en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
El argumento nuestro, dice no, porque se puede modernizar, se puede capitalizar al banco sin recurrir necesariamente a esa concepción; se nos dice, la ley reglamentaria solamente acepta en 1% para cada inversionista privado o de otro tipo, del tipo B, y por lo tanto no tendrá capacidad de gobierno del banco; lo aceptamos, no es eso lo que estamos impugnando. Pero se dice no va a tener ninguna intervención y yo refuto a nuestra compañera Marcela en esa afirmación de que no da facultades el hecho de ser suscriptor de certificados patrimoniales del tipo B y la remito al artículo 14 de la Ley Reglamentaria y para ilustración de esta Soberanía, antes hice la alusión, ahora voy a tener que leer textualmente este artículo para confirmar que lo que hemos dicho no es expresión de un esfuerzo de agrandar lo que no es grande sino que, al contrario, es un esfuerzo de que se vea como importante lo que pareciera no ser importante.
Dice: Artículo 14. Los certificados de aportación patrimonial darán a sus titulares el derecho de participar en las utilidades de la sociedad emisora y en su caso, en la cuota de liquidación. No es muy grave eso. Sigue diciendo: "Los certificados de la serie B darán a sus titulares, los derechos siguientes: Fracción 1a. Participar, en la forma y términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la designación de los miembros del Consejo Directivo correspondiente a esa serie de certificados, de conformidad con lo previsto en el artículo 24, tercer párrafo. "No es grave tampoco, porque este aspecto está reglamentando en la propia iniciativa.
Pero viene el segundo: "Integrar la Comisión Consultiva a que se refiere el artículo 33 de la presente ley." Y luego viene el tercero: "Adquirir en igualdad de condiciones y en proporción al número de sus certificados, los que se emitan en caso de aumento de capital."
Entonces, participar sí da derecho a seguir participando, aumentando en proporción al aumento de capital. Pero quiere remitirme al segundo porque es el que más cuestionamos. Nos vamos al artículo 33, y que dice: "Las sociedades nacionales de crédito tendrán una Comisión Consultiva integrada por los titulares de los certificados de la serie B, distintos del gobierno federal, que funcionarán en la forma y los términos que señala el reglamento orgánico de la sociedad. Dicha comisión se reunirá en las fechas que el Consejo Directivo indique, debiendo ser convocada por lo menos una vez al año, y se ocupará de los asuntos siguientes: Primero: Conocer y opinar sobre las políticas y criterios conforme a los cuales la sociedad lleve a cabo sus operaciones. ¿Eso no requiere información? ¿Eso no requiere una base para hacer una opinión? Por supuesto que sí. Me van a decir que les van a dar información superficial, para que no se enteren de fondo de la operación del banco, compañeros, todos los que estamos en esta sala somos inteligentes.
Segundo. Analizar el informe de actividades que le presenta el Consejo Directivo por conducto del Director General. ¿Y este informe será un informe superficial que no revele la operación del banco?
Tercero. Opinar sobre los proyectos de aplicación de utilidades.
Cuarto. Formular al Consejo Directivo la recomendación que estime convenientes sobre las materias de que trata en las fracciones anteriores.
Quinto. Las demás de carácter consultivo que se señalen legalmente.
Y por si faltara, compañeros, aquí viene otro párrafo final de este artículo: La Comisión Consultiva podrá ser convocada en cualquier tiempo, cuando menos por una tercera parte de sus miembros, por dos consejeros de la serie B, o el comisario de la misma serie.
Compañeras y compañeros: Es evidente que aquí hay una concesión y el argumento es injustificado, tanto si se dice que no es muy importante porque no tiene mucha trascendencia financiera y administrativa, como si se dice que sí la tiene.
Si es necesario para capitalizar el Banco del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, llamar al capital privado, pues qué malo. Qué malo que se rompa un principio por razones pecuniarias.
Yo diría mejor que se eleve la participación de la Federación en ese banco para que se capitalice sanamente.
Si se dice que no va a tener ningún efecto administrativo y económico, porque es simbólica la participación del 1% y reglamentado por la Secretaría de Hacienda, pues qué malo que por una cosa tan poco trascendente económica y administrativamente se tenga que dar tremenda concesión ideológica y política. ¡Qué malo!
Compañeras y compañeros: Yo sé lo difícil que es, para la mayoría, tomar decisiones. No los invitamos a la rebelión, pero sí los invitamos a la reflexión. Y total, si es necesario tiempo para tomar una decisión en un artículo que tiene más fondos, pues démonos tiempo, suspendamos la discusión aquí y que se hagan todas las consultas, todos los análisis y que se venga con una formulación que se resuelva este problema.
Si en el artículo 21 donde el interés jurídico a proteger es el patrimonio de las familias, de los militares sustraídos de la justicia la mayoría accedió a darse tiempo para encontrar una fórmula feliz, yo me pregunto, por que no darnos tiempo para encontrar una fórmula feliz, donde el interés jurídico que se está protegiendo no es el de las familias de los militares sustraídos a la justicia, sino es el interés jurídico del Ejército y de la nación mexicana.
Compañeros creo que he contestado a las alusiones de la compañera y estoy seguro que todavía no ha habido una respuesta de fondo a estos cuestionamientos de fondo. Muchas gracias
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Este es el artículo más importante por lo grave que es para el desarrollo del país y no se trata este paso de una medida exclusiva del Banco del Ejército, sino generalizando a todas las sociedades nacionales de créditos.
Señalábamos ya que iba a deformar la participación que ha tenido el Estado en la economía, el Estado es el principal instrumento para el desarrollo económico, independiente de México, y la lucha por el desarrollo económico independiente afecta a las corporaciones transnacionales, a los monopolios norteamericanos, al imperialismo en una palabra.
Cómo vamos a olvidar que el Plan Backer, formulado por el tesorero de los Estados Unidos, establece otorgar una determinada cantidad de empréstitos frescos a aquellos países que disminuyan, que reduzcan la participación del Estado en la economía. Por eso hay que entender que éste es el hecho más importante de la vida de México. Así como en el pasado se dividían entre realistas o insurgentes los mexicanos; liberales o conservadores, en esta etapa de la Revolución Mexicana el punto que divide es precisamente, cómo conceptualizar al Estado, como el instrumento fundamental o bien echarlo abajo en este papel tan importante que ha tenido, fruto de la Revolución Mexicana.
Ese es el meollo de la política de éste y los futuros años y no solamente para discutirlo de palabra, es el problema que va a involucrar necesariamente a todas las organizaciones y sectores del pueblo, y esta medida, esta conceptualización que se vino a decir aquí nos da la razón en nuestra preocupación.
Nosotros hemos estado defendiendo que el Estado se mantenga como el instrumento que ha sido, y ahora se dice que modernizar las instituciones del Estado significa dar entrada en el mercado de valores a los bienes del sector público; que modernizarse va a entender pues como una privatización, ¿no significa esto una rectificación, desandar exactamente lo que ha sido el proyecto emanado de la Revolución Mexicana? Efectivamente que es eso lo que está en el fondo y es por lo que nos hemos estado oponiendo y criticando, no nada más en el caso del 34 de la Ley Orgánica de la Institución que nos ocupa, sino de todas las demás instituciones de crédito
El Partido Popular Socialista se permite presentar un programa con relación al artículo 34 que estaría en estos términos.
Tercer párrafo del artículo 34. La serie B podrá ser suscrita por el gobierno federal, por las entidades de la administración pública paraestatales y por la sociedades civiles y cooperativas formadas por los miembros de las fuerzas armadas.
Se suprime por lo tanto toda participación individual de personas físicas o morales. Hacemos entrega de la propuesta.»
El C. Presidente: - Por la comisión, la C. diputada Marcela González.
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - Con su permiso, señor presidente: Compañeras y compañeros; Retomando los artículos de referencia, sobre todo el que el compañero Amador, el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de Servicio de Banca y Crédito, donde establece cuáles son las funciones de la Comisión Consultiva, pero aquí hay que hacer un análisis; quiero aclararle compañero que en modo alguno nunca quise decir que esto no tuviera importancia. Lo que pasa es que creo que a cada cosa hay que darle la importancia que tiene.
El artículo 27, efectivamente establece las funciones de esta Comisión Consultiva. Como usted lo leyó, es conocer y opinar sobre políticas y criterios conforme a los cuales la sociedad lleva a cabo sus operaciones, pero son sus operaciones en carácter de banco, no son las operaciones de tan sólo de la defensa nacional, o cuál es lo que el Ejército está haciendo con su objetivo fundamental de defensa nacional. Son las operaciones en su carácter de banco. Aquí, lo que analiza son los balances y los estados financieros, que en el segundo punto también de este artículo dice: "Analizar el informe de actividades y los estados financieros que se presentan al Consejo Directivo por conducto del Director General". Estos son los balances y estados financieros que se publican en la prensa nacional, entonces se conocen también, no sólo los miembros de este Consejo Consultivo, sino cualquier persona que tenga interés en conocer cuáles son los estados financieros de este banco.
En fin, el tercer punto señala que es opinar sobre los proyectos de aplicación de utilidades pero de estos estados financieros que también se conocen.
Ahora bien, lo importante es que también se le permite formular al Consejo Directivo
las recomendaciones que estime convenientes, sobre las materias que tratan las fracciones anteriores.
Aquí lo importante es conocer quién es el Consejo Directivo. El Consejo está claramente marcado en la ley, en el artículo 39 en donde dice que el Consejo Directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma: cinco de la serie "A", y en este caso, son cuatro consejeros de la serie "B" y que serán designados de la siguiente manera: uno por cada una de las secretarías, de la Defensa Nacional, de la de Marina, y dos de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Entonces, en momento alguno, podrá lo que usted señalaba preocuparnos y la seguridad nacional o la iniciativa privada estará presente en este Consejo Consultivo, únicamente como su nombre lo indica: como consulta. Si les formulará recomendaciones, ¿pero a quién se las está formulando? Se las está formulando a la gente misma del Gobierno Federal y de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, yo creo que sus opiniones, con esta explicación, no son válidas.
Compañero, le quisiera también que nos refiriéramos al Reglamento Orgánico del banco. En donde también define que serán los miembros de dicha Comisión Consultiva, serán escogidos entre los militares.
Entonces yo no veo el problema en que para apoyar al banco, desde el punto de vista financiero éste puede operar en el mercado libre, emitiendo bonos o estando en el mercado de valores. Gracias.
El C. Jorge Amador Amador: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Presidente: - Si la admite la oradora.
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - Sí, señor presidente.
El C. Jorge Amador Amador: - Compañera diputada, es muy sencillo. Yo siento que con los argumentos que usted acaba de dar para el caso del Banco del Ejército, se podría argumentar de que, por ejemplo, en Pemex hubiera una participación minoritaria del capital privado. ¿Cree usted, por analogía, que podría usted sostener esa tesis en el caso de Pemex?
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - No en el caso de Pemex, pero estamos hablando de una banca y no de una empresa paraestatal, sino de la banca.
El C. Jorge Amador Amador: - Mi segunda pregunta: ¿Por qué en el caso de Pemex no, y en el banco sí?
La C. María Marcela González Salas Petriccioli: - Porque una es una empresa paraestatal que tiene otro objetivo, otro reglamento interno; en fin, yo creo que son dos cosas diferentes. En cambio, en la banca éste tiene una operación y que lo que estamos buscando con esta ley es que la operación sea ágil y que tenga, no tan sólo los recursos de la aportación de los militares, sino que si cualquier gente quiere aportar recursos o adquirir bonos, si es que esta ley es aceptada por esta soberanía, lo puedan hacer.
O sea, yo creo que son dos cosas diferentes, compañero.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se acepta o se desecha la proposición formulada por el diputado Miguel Alonso Raya, respecto al artículo 34. Para una proposición tiene la palabra el C. diputado Graco Ramírez.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Después de escuchar las argumentaciones de la Comisión de Hacienda, nos podemos percatar de que se está actuando simple y llanamente con un criterio formal frente a este problema.
Por qué no se plantea Hacienda, realizar esta misma operación con el Banco Obrero, por qué existe la situación que tiene el Banco Obrero como banca obrera, al rato algunos hacendistas van a pretender plantearse también las acciones privadas con el Banco Obrero y estamos seguros que los compañeros del movimiento obrero organizado que con tantos esfuerzos se plantearon esta conquista del Banco Obrero, no admitirían un retroceso de tal magnitud a su institución financiera como lo es el Banco Obrero.
Se dice por algunos diputados que estamos ante una banca más, y hemos argumentado que no estamos hablando de una banca más, incluso a diferencia de otros compañeros, el Partido Socialista de los Trabajadores reconoce la necesidad de plantearse el porcentaje de acciones a particulares, incluso apoyamos en su momento esta reglamentación, hace dos años por que la banca nacionalizada no se pudo condenar al fracaso, entendemos con claridad que la Banca de Desarrollo en manos del Estado con las formulaciones de homogeneizarla con respecto a las sociedades nacionales de crédito, antes en manos de concesionarios privados, se formule también para Banobras, para Banrural, para el Banco del Pequeño Comercio medidas como éstas, incluso se preserve, en el caso de Banrural, que sean los productores y las organizaciones campesinas, incluso que sean preferentemente los pequeños comerciantes en el caso del Banco del Pequeño Comercio, que ya se aprobó aquí, compañeros de la Comisión de Hacienda.
Exactamente con el espíritu con que se aprobó el que preferentemente esas acciones fueran para los pequeños comerciantes, planteamos una salida que no fije el precedente con este banco, de una institución muy particular del Estado Mexicano. No se trata,
compañeros diputados, de negarle el derecho al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada para que su institución financiera tenga un mayor desarrollo, contribuya a mejorar las prestaciones de los marinos, de los miembros de la Fuerza Aérea y del Ejército. Se trata, pues, de un precedente porque se trata de una institución que debemos preservar, que debemos vigilar respetuosamente para que no hayan precedentes que después política e ideológicamente se reviertan contra el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Nosotros somos gente responsable, hacemos esfuerzos por tratar de contribuir a que esta Cámara funcione debidamente, incluso, el compañero Eraclio Zepeda que hizo esta propuesta, somos los coautores también de esta misma y estamos dispuestos a aprobarla en términos que mejora la acción original, pero, compañeros, estamos observando una decisión a rajatabla de parte de los compañeros de la Comisión de Hacienda y creo que están perdiendo de vista el problema político de fondo que hay con respecto a que se trata no de cualquier banco, de cualquier institución, no es Banobras, no es Banrural, por ello hago la analogía con el Banco Obrero, compañero.
Compañero presidente de esta Cámara, queremos hacer la propuesta de una moción suspensiva con respecto a este dictamen, en virtud de que algunos artículos de la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se establecen afirmaciones justificadas por cuanto persiguen beneficio para los miembros de las Fuerzas Armadas, por su forma se prestan a malas interpretaciones de tipo ideológico y político que pueden ser evitados con una redacción más afortunada.
En concreto, nos parece grave que con la conceptualización de los párrafos tercero del artículo 34 y el primero del artículo 36, se legalice la participación de personas físicas o morales ajenas a las Fuerzas Armadas, desnaturalizando con ello la función especifica para la que fue creado el banco a la que se refiere la iniciativa de ley en discusión, las Fuerzas Armadas tienen una alta responsabilidad social y determinaciones de esta naturaleza afectan la seguridad nacional, aún cuando los particulares no participaren en el gobierno del banco de que se trata.
En consecuencia, y con fundamento en el artículo 110 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la moción suspensiva solicitando sea devuelto a comisiones el dictamen relativo a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Yo creo que no perdemos mucho, no es un precedente negativo si nosotros hacemos el esfuerzo, compañeros, porque en 24 horas podamos tener una solución mucho más razonada, mucho más precisa de este dictamen que nos parece sumamente delicado y nosotros queremos deslindar al respecto con toda responsabilidad porque no compartimos esta decisión de observar a este banco como un banco más del sistema financiero. Gracias
El C. Presidente: - Nos deja la proposición, por favor. Proceda la secretaría a dar lectura al contenido del artículo 110 del reglamento.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Artículo 110. En el caso de moción suspensiva se leerá la proposición, y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada.
El C. Presidente: - En los términos del artículo al que acaba de dar lectura el señor secretario, proceda a leer la proposición de la moción suspensiva presentada por el diputado Graco Ramírez.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Dice lo siguiente: "C. diputado Fernando Ortiz Aranda, presidente de la Cámara de Diputados, presente. Moción suspensiva.
En virtud de que en algunos artículos de la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada se establecen afirmaciones justificadas por cuanto persiguen beneficio para los miembros de las Fuerzas Armadas, por su forma se prestan a mala interpretación de tipo ideológico y político que pueden ser evitados con una redacción más afortunada.
En concreto, nos parece grave que con la conceptualización de los párrafos 3o. del artículo 34 y el 1o. del artículo 36, se legalice la participación de personas físicas o morales ajenas a las fuerzas armadas, desnaturalizando con ello la función específica para la que fue creado el banco al que se refiere esta iniciativa de ley en discusión.
Las Fuerzas Armadas tiene una alta responsabilidad social y determinaciones de esta naturaleza afectan la seguridad nacional, aun cuando los particulares no participen en el gobierno del banco. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la presente moción suspensiva solicitando sea devuelto a comisiones el dictamen relativo a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Por la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores firman los señores diputados Graco Ramírez G. Abreu, Máximo de León Garza, Jorge Amador Amador, José Genaro Piñeiro, Miguel Alonso Raya, Magdalena García Noriega Cantú y
otras cuatro firmas, correspondientes a la fracción parlamentaria.
El C. Presidente: - En términos del artículo 110, la moción suspensiva ha sido ya presentada por su autor y fundada. Se pregunta a la asamblea si existe algún impugnador.
El diputado Luis Orcí.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso, señor presidente: Este tema, este proyecto de Ley Orgánica, lo hemos venido discutiendo a lo largo de varios días en dos comisiones, como se comentaba anteriormente: en la de Defensa y en la de Hacienda. En ese período y en ese proceso, han participado muchos compañeros que han asistido a estas sesiones, y yo creo que ha surgido de ello una serie de aspectos importantes. El primero es de que todos en este proceso somos, son gente responsable, como dice don Graco, que hemos estado participando en ello.
Lo hemos estado haciendo de una óptica muy clara en esta LIII Legislatura y que no haya duda alguna de que se trata de ninguna otra cosa más.
Es cierto, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, no es otro banco, lo comentaba, precisamente, hace rato. Es un banco importante en la estructura de los bancos de desarrollo que tenemos en nuestro país. Y que a través de esta Ley Orgánica, se puntualizan una serie de aspectos para fortalecer su acción, cuidando en todo momento que no se viole, que no se vaya a poner en peligro las orientaciones o las implicaciones o la posible participación de gentes indeseables a ello.
Es por ello, que en su articulado consta la definición de todos los consejeros, en cuanto a serie A y serie B. Es por ello, que en su articulado, también, hay una explícita referencia a que cualquier acción, en cuanto a la serie B, deberá requerir una reglamentación específica, concreta y conocerse en todo momento todos los que puedan participar en ese sentido.
De hecho, lo que se trata en este articulado, y lo que ha sido causa de todo un planteamiento ideológico, quizás está mal orientado. Porque de lo que se trata es de hacerle llegar recursos a un banco de un sector reducido en tamaño, que de no tener la capacidad de actuar en estos términos no podría tener tampoco la capacidad de actuar en esos términos.
Por lo tanto, señor presidente, yo comento, impugno esta proposición y solicitaría que sea rechazada. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el C. diputado Graco Ramírez.. Los que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo... Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, se continúa con la discusión del artículo 34.
Proceda la secretaría, en votación económica, a consultar a la asamblea si se acepta o se desecha la proposición presentada por el señor diputado Miguel Alonso Raya, respecto al artículo 34 Previamente dé lectura a la misma.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Proposición presentada por el ciudadano diputado Alonso Raya: artículo 34, en su párrafo tercero, suprimir la frase final "y por personas físicas o morales mexicanas."
Artículo 36. párrafo primero, suprimir la frase "ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros."
Reiteramos a las comisiones unidas del caso y a la honorable Cámara de Diputados las seguridades de nuestra atenta consideración.
El C. Presidente: - Solamente estará a votación lo que se refiere al artículo 34, el 36 lo trataremos posteriormente. Consulte a la asamblea.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - En consecuencia, se consulta a la asamblea si es de admitirse la proposición presentada por el ciudadano diputado Alonso Raya en relación al artículo 34... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Con respecto a este mismo artículo 34, proceda la secretaría a dar lectura a la proposición que presentó el señor diputado Hildebrando Gaytán Márquez y posteriormente sométala a votación económica a la consideración de la asamblea.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Dice lo siguiente la proposición del diputado Hildebrando Gaytán: texto que se propone para el tercer párrafo: "la serie B podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por las entidades de la Administración Pública Paraestatal y por las sociedades civiles y cooperativas formadas por los miembros de las fuerzas armadas."
En votación económica, y por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite la proposición del C. diputado Hildebrando Gaytán... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se
considera suficientemente discutido el artículo 34.
El mismo C. Secretario: - Se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 34 del proyecto, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Resérvese para la votación general en su conjunto con el resto de artículos impugnados.
El siguiente artículo que fue reservado para su discusión es el artículo 36, lo reservaron los señores diputados Jorge Amador e Hildebrando Gaytán Márquez.
Esta presidencia pregunta al diputado Amador si por haber sido tratado ya por el diputado Miguel Alonso Raya en su conjunto, el sostiene todavía interés de participar en la discusión.
El C. Jorge Amador Amador: - Reitero lo anterior del compañero Alonso Raya.
El C. Presidente: - En consecuencia, tiene la palabra el C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Retiro mi reserva, respecto al artículo.
El C. Presidente: - Dé cuenta la secretaría a la asamblea con la proposición de modificaciones al artículo 36 presentada por el señor diputado Miguel Alonso Raya.
El mismo C. Secretario: - Dice lo siguiente: artículo 36, párrafo 1o. Suprimir la frase "ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros".
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha la proposición de reformas al artículo 36, formulada por el señor diputado Miguel Alonso Raya.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si es de aceptarse o desecharse la proposición del C. diputado Alonso Raya... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si es de considerarse suficientemente discutido el artículo 36.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 36 del proyecto... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Resérvelo la secretaría para su votación en un solo acto. Reiniciamos, en consecuencia, la discusión pendiente del artículo 21. Ha solicitado la palabra por la comisión el diputado Jiménez Guzmán.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: En cumplimiento al acuerdo de esta soberanía, un grupo de diputados federales de las fracciones parlamentarias interesadas en la redacción final del artículo 21, llegamos a la siguiente conclusión que nos permitimos, de manera respetuosa, dar a conocer en este momento.
El texto que se propone al artículo 21 es el siguiente:
"Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia militar y el banco sea notificado de ello por la autoridad militar competente, no podrán disponer de sus respectivos fondos de ahorro y de trabajo, en tanto no exista resolución definitiva en los términos de la legislación del mismo fuero."
Para su consideración, señor presidente, solicitamos que ponga a votación la propuesta anteriormente leída. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Entréguela a la secretaría, señor diputado. Señor diputado Eduardo Valle: hay una proposición pendiente formulada por usted, respecto al artículo 21.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Retiro la mía, señor presidente. (Desde la curul.)
El C. Presidente: - Diputado Genaro José Piñeiro: Presentó usted una proposición también de reformas al artículo 21. La pregunta de esta presidencia: ¿Se mantiene?
El C. Genaro José Piñeiro López: - La retiramos.
El C. Presidente: - Entiendo que la proposición del C. diputado Eraclio Zepeda también es retirada y sustituida por la que se acaba de presentar.
Había pedido la palabra el señor diputado Jorge Cárdenas, para presentar una proposición.
El C. Jorge Cárdenas González: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, defensor de los derechos emanados del Pacto Federal de 1917, considera que la redacción de artículo 21 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, bajo ninguna circunstancia debe atentar en contra de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 123 constitucional, el cual señala que los derechos productos del trabajo no pueden ser restringidos
por ninguna autoridad, mucho menos el producto de trabajo como es el caso de los fondos de ahorro que en su momento constituyen los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada dentro del banco nacional de esas instituciones.
Debemos puntualizar que la familia del trabajador es beneficiaria directa de los productos del trabajo y al constituir el ahorro se hace con el propósito fundamental de proteger el patrimonio y el futuro de la familia.
Por esta razón, nos oponemos a que se le retengan los fondos de ahorro y trabajo a los miembros del Ejército y Armada, cuando estos se encuentre sustraídos a la acción de la justicia.
Lo anterior, también consideramos que dentro de la acción y la justicia existen hechos y actos jurídicos, situación jurídica que en ocasiones al ser hechos jurídicos, salen fuera de la voluntad del sujeto y bajo tales circunstancias se producen ilícitos imprudenciales, situación jurídica que no debe impedir a los miembros del Ejército y Fuerza Armada, de disponer de los fondos de ahorro y mucho menos se puede limitar el derecho constitucional que tiene el sujeto para decidir que esos fondos de ahorro que se entreguen a la familia, a fin de afrontar situaciones ajenas al estado jurídico del individuo.
Consecuentemente, y tomando en cuenta nuestra responsabilidad de los mexicanos y los derechos que las leyes secundarias señalan, proponemos a esta honorable asamblea que el artículo 21 de la ley a discusión quede de la siguiente manera:
Artículo 21. Cuando el personal de generales, jefes, oficiales y tropa o sus equivalentes en la Armada, se encuentren sustraídos a la acción de la justicia militar, los fondos de ahorro y de trabajo estarán a disposición de los beneficiarios, salvo mandamiento judicial en contra.
Por la diputación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Presidente: - Está a consideración de la asamblea la proposición formulada por el señor diputado Jorge Cárdenas González.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a someter, en votación económica, la proposición del diputado Jorge Cárdenas González, a la consideración de la asamblea.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición presentada por el ciudadano diputado Jorge Cárdenas González, con la información adicional de esta secretaría que también la firman el diputado Héctor Calderón, la diputada María de la Luz Gama Santillán, el diputado Nabor Camacho Nava, el diputado Luis Fuentes García, el diputado Jaime Castellanos Franco... Los que estén porque se acepte, favor de manifestarlo, en forma económica... Los que estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Procédala secretaría a someter, en votación económica, a la consideración de la H. asamblea, la proposición que presentó el señor diputado Manuel Jiménez Guzmán.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición presentada por el C. diputado Manuel Jiménez Guzmán... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a tomar la votación nominal en un solo acto, de los artículo 6o., 21, 34 y 36.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se procederá a recoger la votación nominal de los artículos indicados por la presidencia.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento.
El mismo C. Secretario: - Señor presidente, en cuanto al artículo 6o., se emitieron 364 votos en pro.
En cuanto al artículo 21, se emitieron 360 votos en pro y cuatro abstenciones.
En cuanto al artículo 34, se emitieron 364 votos en pro y nueve en contra.
Respecto al artículo 36, se emitieron 364 votos en pro, hubo un voto en contra de los artículo sujetos a discusión.
El C. Presidente: - Aprobados los artículo impugnados por los siguiente votos: artículo 6o., 364 votos; artículo 21, 360 votos; artículo 34, 364 votos, y artículo 36, 364 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada... Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
ENCARCELAMIENTO DE CIUDADANOS EN JALAPA, VER.
El C. Nabor Camacho Nava: - Pido la palabra, para hechos, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, para hechos, por cinco minutos.
El C. Nabor Camacho Nava: - Señor presidente; compañeros diputados: He pedido uso de la palabra para venir en defensa de los derechos humanos, de las garantías individuales y de la dignidad de la persona humana, en favor de un preso político. Se trata del doctor Arturo Alvarado Sánchez, detenido
en los separos de la Policía Judicial en Jalapa, Ver., desgraciadamente enfermó del corazón; urge su liberación.
Este médico, presidente del frente prodefensa de los Derechos Cívicos de Coatzintla, municipio pequeño, pero no insignificante. Su gran labor filantrópica y social en el municipio de referencia le ha hecho ganar la estimación de sus coterráneos, pero urge su liberación porque si llega a morir por razón de su mal cardiaco, quiero que sean que en Jalapa los sismos, los temblores no le causan daño, y no podría justificarse que hayan caído paredes sobre su cadáver. Es un hombre altruista extraordinario que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, pero que ha pedido la ayuda y el auxilio de nuestro partido.
Se detuvo también a la señora Isabel Salas de Vargas, la cual fungió como candidato a presidente municipal por el Partido de Acción Nacional y logramos su liberación a las cuantas horas de haber sido detenida.
Los delitos inculpados también para dos maestros del SNTE, Sección 32 del Partido Socialista de los Trabajadores y contra compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fueron los siguientes: disolución social, sedición, conspiración, asonada, motín, incitación a la violencia, asociación delictuosa y daños en propiedad federal.
Los licenciados en derecho que me acaban de escuchar, deben estarse carcajeando por estos delitos, porque están inclusive prescritos algunos de ellos desde la época de Miguel Alemán.
Sin embargo, un nefasto agente de Gobernación, de nombre José Luis Morales Camargo, que como agente de Gobernación se hace pasar, ayudó al cacique presidente municipal saliente a que se incoaran todos estos delitos en contra de ciudadanos que pertenecen a varios partidos políticos.
Creemos que esta diputación de todos los partidos políticos y por ello apelo a la calidad humana de todos, se hiciera una sugerencia, puesto que el priísta sobre todo es un ciudadano de gran prestigio, una sugerencia triangular vía Gobernación, por qué no decirlo, para que hablen a Jalapa, liberen a este compañero, compañero ciudadano y compañero médico y se eviten las irregularidades que ahí se están cometiendo.
Me piden también los del Frente Pro Defensa de los Derechos Cívicos, la presencia de cuatro diputados. La razón por la que escogieron así yo lo ignoro. Quieren que vaya a auxiliarles el diputado Jesús González Cortázar, el diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, el diputado José Angel Conchello y el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, para que les auxilien en su lucha en contra de los que ellos consideran una imposición nefasta.
Apelo a la calidad humana de todos los señores diputados aquí presentes. Gracias.
El C. Presidente: - Deje la proposición, por favor. Proceda la Secretaria a dar lectura al artículo 58 del Reglamento.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriban mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y, en el segundo, se tendrá por desechada.
El C. Nabor Camacho Nava: - Quiero proponer que habida cuenta que aquí se mancilló la voluntad popular, y que el que está en peligro de muerte es un priísta, muy distinguido, pues que sea el consenso general y que se nombre una comisión de diputados que vaya a investigar los hechos, pero urge por favor. Urge liberar al doctor Alvarado. De verdad se encuentra en peligro de muerte y es un priísta muy distinguido de Coatzintla, lo voy a hacer por escrito para precisarlo.
El C. Nabor Camacho Nava: Se está proponiendo, formalmente, que se nombre una comisión que investigue los atropellos, toda vez que la policía se fue sobre niños, señoras, ciudadanos en general, en lugar de estar persiguiendo en estos momentos a los narcotraficantes que masacraron a sus compañeros judiciales.
El C. Presidente: - En los términos de la fracción II del artículo 58, se pregunta a esta soberanía si hay algún orador en pro o alguien en contra.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a consultar, en votación económica, a la asamblea, si se admite a discusión la proposición.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición presentada por el ciudadano diputado compañero de la fracción parlamentaría del PARM... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Admitida, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese la proposición a las comisiones unidas de Justicia y de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara.
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de la cual, la propia comisión, con fundamentos en lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente.
DICTAMEN
La iniciativa tiene por objeto dotar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de un nuevo ordenamiento jurídico que, acorde con las actuales condiciones en que opera el sector financiero, norme la vida de éste dentro del marco creado por la nacionalización bancaria de 1982.
El propósito fundamental de la iniciativa es el de adecuar las funciones, estructura y régimen operativo de la institución a la problemática general del país y a las acciones del Gobierno de la República dentro de la esfera de sus atribuciones, vinculando al sector financiero con el resto del aparato productivo del país y, particularmente, coadyuvando a la satisfacción de las necesidades sociales prioritarias, en congruencia con los objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y demás instrumentos de política social nacidos del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Asimismo, la necesidad de proveer al banco de un nuevo instrumento normativo, surge de la transformación que se ha operado por la aplicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que exige, en consecuencia, que las sociedades nacionales de crédito del sector banca de desarrollo cuentan con una regulación propia, reflejo, además, de la nueva filosofía del financiamiento.
Esta comisión observa que la iniciativa, al igual que otras de naturaleza semejante, se orienta por los principios de rectoría económica del Estado, economía mixta y planeación democrática consagrados en nuestra Carta Magna.
La comisión que suscribe, comparte las tesis y concepciones que el Ejecutivo Federal sustenta en materia de rectoría económica y que plasmó en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina y, en consecuencia, sostiene que es obligación ineludible del Estado, la rectoría de la economía nacional. Fortalecer el todo nacional implica vigorizar su componente básico: El municipio. El artículo 115 constitucional interpretando en el marco de esta facultad de rectoría y del servicio público de la banca, debe asumir facultades que propicien su desenvolvimiento político, jurídico y social pleno; también debe contar con los instrumentos y recursos económicos que hagan factible el ejercicio de su cometido.
El fortalecimiento de la nación conlleva a la descentralización de la vida nacional que permita dar mayor vigencia al pacto federal. Por ello, la tarea a cargo del banco se visualiza en paralelo con su capacidad de impulsar el desarrollo nacional, a través de los instrumentos financieros más adecuados, pero también prohijando en forma más amplia diversas acciones de asistencia técnica que permitan el cumplimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. En este renglón, la actividad de la sociedad plantea novedosas posibilidades, que reafirman su fisonomía de banco de desarrollo y que deberán ser aprovechadas dentro de una coherente aplicación de las prioridades programáticas que señalen.
En ese contexto, la transformación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo viene a significar que su responsabilidad no se limita a la función de intermediación financiera o a la concesión de créditos preferenciales; sino que implica proporcionar asistencia técnica, propiciar la organización de empresas paramunicipales, asesorar y evaluar proyectos de interés social, en suma constituir un medio propiciatorio de la transformación del país. Se convierte en sólido apoyo al desarrollo regional. Por ello se vinculará a las prioridades de cada zona y también por eso mismo debe adoptar una actitud activa de consulta con los usuarios del crédito, de concentración con gobiernos estatales y municipales y de descentralización de operaciones y decisiones. Los objetivos que comprenden los artículos 6o. y 7o. de la presente iniciativa de ley y la flexibilidad en el manejo de sus recursos según lo dispone el propio proyecto, hará factible que esta transformación sea realidad cotidiana.
Esta comisión, desea subrayar que considera altamente trascendente el apoyo financiero a la descentralización de la vida nacional, misma que se considera una condicionante indispensable para dar mayor vigencia al pacto federal. Además, en apoyo a la política poblacional, es menester realizar el más amplio esfuerzo para equipar determinadas ciudades con el propósito de convertirlas en focos de atracción migratoria, amortiguando el peligroso crecimiento de las grandes concentraciones y propiciando el arraigo de sus habitantes, al dotarles una conveniente infraestructura en los servicios urbanos y oportunidades para el desarrollo de sus diversas capacidades, sin necesidad de que tengan que emprender la marcha hacia otras regiones. En tal sentido deberá orientarse la política crediticia que aplique el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Con el objeto, pues, de facultar al banco a cumplir con las tareas que dentro de su ámbito de competencia habrá de cumplir, el nuevo ordenamiento propuesto por el Ejecutivo de la Unión, en la iniciativa a que alude el presente dictamen, responde a los principios generales contenidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, integrando un cuerpo de ley moderno que permite regular la también moderna estructura organizativa y operativa del banco, elaborado por normas flexibles, evitando los dispositivos rígidos que con frecuencia son fácilmente rezagados por las cambiantes condiciones económicas.
El proyecto de ley que se dictamina se compone de cinco capítulos que regulan: El Capítulo I, trata de la denominación de la sociedad, su objeto, domicilio y duración; en términos generales precisa el nuevo carácter del Banco como Sociedad Nacional de Crédito e institución de banca de desarrollo; como tal, se consigna el imperativo de vincularse al Sistema Nacional de Planeación Democrática y en especial al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Como objetivo fundamental del banco se establecen los sectores hacia los cuales debe prestar el servicio público de banca y de crédito para satisfacer, en ese ámbito las necesidades financieras prioritarias de los gobiernos federal, de las entidades y de los municipios. Se reitera, como en el texto que se abrogará, la posibilidad de abrir o clausurar agencias, sucursales, representaciones, etcétera, en una clara intención de proseguir con la política de desconcentración.
En el Capítulo II, de los objetivos y las operaciones, es en donde se inscribe realmente la nueva estructura y concepción de la sociedad como banca de desarrollo. A este respecto, en la iniciativa se pretenden diferenciar los objetivos de las operaciones que la ley vigente confunde, destacando en el artículo 6o., las fracciones I, II, III y IV cuya finalidad es el fortalecimiento del municipio en los términos que se han expresado en párrafos anteriores.
La atención prioritaria a la vivienda es meta preferencial en los programas del Gobierno. El financiamiento a ese sector para trabajadores no asalariados, es objetivo del que hacer del banco. Por las causas de todos conocidas, hoy, con mayor razón que nunca, resulta un imperativo de la banca nacional en general y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en particular.
Respecto a la operación de crédito pasiva como es la emisión de instrumentos de captación, independientemente de su nomenclatura, mediante los cuales se allegan recursos que permitan financiar las operaciones y servicios públicos o de interés social que constituyen su objetivo primordial, en la fracción II del artículo 7o. se establece un régimen amplio en cuanto a la naturaleza del instrumento de captación de recursos.
A diferencia del ordenamiento en vigor y aplicando la tesis de accesibilidad en los créditos el artículo 8o. transfiere al Reglamento Orgánico o a los acuerdos del Consejo Directivo los requisitos para su otorgamiento. Se evita de esta manera, dadas las condiciones cambiantes la necesidad de reforma constantemente a la ley. El artículo 9o., por su parte, consagra la excepción a la regla general sobre los fideicomisos, autorizando la doble calidad del fideicomisario y fiduciario del banco en los fideicomisos que se constituyan para garantizar sus derechos.
Con el propósito de facultar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas del comercio, que realiza la sociedad en el cumplimiento de su objeto como banca de desarrollo, se consigna la atribución correspondiente. Este régimen de excepción debe fijarse expresamente en virtud de lo dispuesto por los artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco de México y 32 de la Ley Reglamentaria que se cita.
En su Capítulo III, la iniciativa que se dictamina dispone que el capital social se integrará con certificados de participación patrimonial de las series "A" y "B". La primera de ellas, que representa un 66% del total del capital, sólo será suscrito por el Gobierno Federal; la serie "B", que representa el 34% del capital, podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, o por sus respectivas entidades paraestatales o paramunicipales.
El Capítulo IV, norma lo relativo a la administración y a la vigilancia de la sociedad. Se reitera que la administración de la sociedad corresponderá al Consejo Directivo y al director general en sus respectivo ámbitos de competencia. Aquél se integra por nueve consejeros, seis representantes de la serie "A" que serán los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá este órgano, de Desarrollo Urbano y Ecología, de Turismo, de Comunicaciones y Transportes, el director general del Banco de México y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respecto a los consejeros de la serie "B", el Reglamento Orgánico dictará las normas para su designación.
Asimismo, la estructura del Consejo Directivo de la institución, es indicativa de la intención de que sean los titulares de las Secretarías de Estado que sectorialmente atienden los asuntos en los que participa la sociedad, encabezados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsables del sector financiero, quienes puedan dirigir la política institucional de la sociedad y cuiden, en esta forma, la coherencia y continuidad que debe darse a las acciones del banco en función de
los lineamientos en que se funda la planeación nacional.
En el capítulo V, se agrupan diversas disposiciones generales que comprenden supuestos diferentes. El régimen de supletoriedad legal, remite, en su orden, a la legislación financiera y a las disposiciones aplicables sin hacer una referencia exhaustiva de la misma.
Asimismo, se reitera la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para interpretar la ley y expedir las disposiciones que exija su adecuada aplicación.
Finalmente, esta comisión desea resaltar la importancia que reviste, para el fortalecimiento de las economías estatales y municipales, el papel fundamental que al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se le ha asignado.
La participación del banco en el financiamiento del desarrollo nacional, constituye un esfuerzo que vigoriza el federalismo político y social. El banco coadyuvará la incorporación en la forma más amplia posible a las entidades federativas y a los municipios en los procesos programáticos que se establezcan a nivel nacional, orientándolos en la operación de los servicios y en la ejecución de las obras públicas de beneficio comunitario.
Conviene resaltar, asimismo, que la aplicación selectiva del crédito para los ámbitos urbanos debe tender a la ejecución de programas que imparten en mayor medida la creación de empleos permanentes y de una infraestructura sólida que permita el desarrollo regional.
Igualmente, es de subrayarse lo manifestado por el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, respecto de que para el cumplimiento de su función, el banco constituirá, en su ámbito, la vía para canalizar créditos en condiciones preferenciales. El criterio fundamental para otorgarlos será su rentabilidad social, de acuerdo con lo expresado en el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo, que señala que: "Se revisarán las tasas de interés y los criterios aplicables al crédito preferencial, con objeto de eliminar distorsiones e irregularidades y mejorar su eficacia como instrumento para impulsar el desarrollo".
Dadas las consideraciones anteriores, la suscrita Comisión de Hacienda y Crédito Público, se permite someter a la aprobación de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CAPITULO I
De la Sociedad, Denominación
Objeto y Domicilio
Artículo 1o. La presente ley rige al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca y desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. La sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales y regionales y a los planes estatales y municipales, para promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley.
Artículo 3o. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto promover y financiar actividades prioritarias que realicen los gobierno Federal, del Distrito Federal, estatales, municipales y sus respectivas entidades públicas paraestatales y paramunicipales en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transportes y de las actividades del ramo de la construcción .
La operación y funcionamiento de la institución, se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar el servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su Reglamento Orgánico, podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5o. La duración de la sociedad será indefinida.
CAPITULO II
Objetivos y Operaciones
Artículo 6o. La sociedad, con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el ejercicio de su objeto, estará facultada para:
I. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional con la atención eficiente y oportuna de las actividades regionales o sectorialmente prioritarias;
II. Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano;
III. Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo urbano y para la creación y administración
de reservas territoriales y ecológicas;
IV. Otorgar asistencia técnica y financiera, para la mejor utilización de los recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales;
V. Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento racional del suelo urbano;
VI. Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes; y
VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado.
Artículo 7o. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y uso de los servicios que presta el sistema bancario nacional, de manera que no produzca desajustes en el sistema de captación de recursos del público en los términos del artículo 31 de la citada ley;
II. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional, serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
II. Otorgar créditos a los sujetos comprendidos en los ámbitos señalados en el artículo 3o. de la presente ley;
IV. Tomar a su cargo o garantizar las emisiones de valores y de títulos de crédito en serie, emitidos o garantizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los estados y municipios y los que emita la propia sociedad en el ejercicio de sus atribuciones fiduciarias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
V. Otorgar garantías y, en su caso, conceder financiamiento a empresas mexicanas para la elaboración de proyectos o la ejecución de obras públicas en el extranjero;
VI. Otorgar avales y garantías con autorización previa, en cada caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VII. Promover y dar asistencia técnica para la identificación, formulación y ejecución de proyectos de los sujetos de crédito que operen en los sectores encomendados a la institución;
VIII. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia los sectores, conforme a las disposiciones legales aplicables;
IX. Podrá actuar, a solicitud de los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y municipios, así como de sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales, como agente financiero o como consejero técnico en la planeación, financiamiento y ejecución de programas, proyectos y obras de servicios públicos o de interés social, relacionados con el objeto de la sociedad; y
X. Las demás actividades análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 8o. Los créditos que se otorguen a las entidades federativas y a los municipios y a sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales, así como a las organizaciones y sujetos de crédito de los sectores que corresponden a su objeto social, deberán satisfacer los requisitos que se señalen, para cada caso, en el Reglamento Orgánico de la Sociedad o en los acuerdos del consejo Directivo.
Artículo 9o. Como excepción a lo dispuesto en el último párrafo de artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los contratos de fideicomiso que se constituyan para garantizar los derechos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario.
Artículo 10. Como excepción a lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la sociedad para cumplir los objetivos que se le han encomendado en su carácter de banca de desarrollo, en los artículos 3o. y 6o. de esta ley. Asimismo, corresponde a la propia Secretaría la determinación de las caraterísticas de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público.
Corresponde al Banco de México, el términos de su Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capte del público y que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 11. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo, de las operaciones pasivas concertadas por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo:
I. Con personas físicas o morales nacionales ; y
II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
CAPITULO III
Capital Social
Artículo 12. El capital social del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial, en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico.
La serie "A" Sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá
en un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o lo derechos que le confiere al propio Gobierno federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y por personas físicas y morales mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 13. El capital neto a que se refiere el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 14. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 15. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
CAPITULO IV
Administración y Vigilancia.
Artículo 16. La administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un Consejo directivo y a un director General, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 17. El Consejo Directivo estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma:
I. Seis consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán: :
a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo.
b) Los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, Turismo, Comunicaciones y Transportes, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Director General del Banco de México.
El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología tendrá el carácter de Vicepresidente.
Cada consejero de la serie "A" titular de una Secretaría designará su suplente. En caso distinto se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
II. Tres consejeros de la serie "B" que serán designados en los términos que al efecto establezca su Reglamento Orgánico
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo de la Sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 18. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos tres de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 19. No podrán ser consejeros:
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; y
II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 20. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 20 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de
Banca y Crédito deberá considerar la propuesta del Director General.
Artículo 21. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:
I. Aprobar el Informe Anual de Actividades que le presente el Director General; y
II Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la sociedad, que le presente el Director General, a efecto de someterlos a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 22. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito.
Artículo 23. El director general tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquéllas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitro y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General;
V. Las que le señale el Reglamento Orgánico; y
VI. Las que le delegue el Consejo Directivo.
Artículo 24. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente.
Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjuntamente o separadamente.
Artículo 25. En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá una Comisión Consultativa.
Artículo 26. Los consejeros, el director general, directores, subdirectores, gerentes y los delegados fiduciarios de la sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
CAPITULO V
Disposiciones Generales
Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente ley y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 28. Las operaciones y servicios de la sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente ley y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 29. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo a los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de programas y presupuestos corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 30. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero, Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. A. de fecha 27 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.
Artículo tercero. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en la ley que se abroga, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes.
Artículo cuarto. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley. Hasta en tanto, continuará en vigor el expedido el 26 de julio de 1985.
Artículo quinto. El domicilio social del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal, hasta en tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior.
Artículo sexto. Los títulos de crédito que la institución retire del mercado para su amortización normal o anticipada, serán desde luego, cancelados en forma indubitable e incinerados.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 29 de noviembre de 1985.
Luis Manuel Orcí Gándara, presidente; David Jiménez González, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alanís González, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Carlos Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Máximo de León Garza, Dante Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Enrique González Isunza, Marcela González Salas Angel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Jorge Ortiz Gallegos, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, José Angel Pescador Osuna, Abreu Graco Ramírez Garrido, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Rubén Rubiano Reyna, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán,, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Humberto Salgado Gómez.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra los siguientes ciudadanos diputados:
Cuauhtémoc Amezcua y el compañero diputado Díaz Moll.
Y para hablar en pro los siguientes ciudadanos diputados: Agustín Leñero, Hesiquio Aguilar y Rafael López Zepeda.
Tiene la palabra en consecuencia el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: En el dictamen que nos ocupa, relativo al Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, resalta una serie de aspectos positivos de este proyecto con relación al estatuto jurídico que regía o que rige hasta este momento al Banobras, y en verdad en su examen se encuentran muchos aspectos en los que se avanza; lamentablemente hay un sólo problema que echa a perder todo y es el mismo problema fundamental que nos ha llevado a discutir largamente en el caso de otras instituciones de la banca de desarrollo que hemos tratado hoy, y que nos seguirá llevando a discutir en el caso de otras instituciones de la banca de desarrollo que están por dictaminarse en días próximos; en el problema de la privatización relativa de la banca de desarrollo.
El problema no es respecto a quien tiene el control. Está claro que el Estado, al reservarse el 66% de las acciones serie "A", conserva el control de estas instituciones; por lo tanto no hay una privatización total.
El problema está en que siendo instituciones en las que el Estado solamente tiene el control, sino tiene en su poder el total de las acciones, pone a la participación de particulares una parte de ellas. Y entre los argumentos que se han manejado para tratar de justificar esta acción, se ha insistido en hablar de dos cuestiones. Nuestra sociedad es plural, plural como toda sociedad capitalista, en efecto,
dividida en clases sociales, en explotadores y explotados, y el hecho de que en muestro país existe y opera una economía mixta, lo que también es cierto; existe y opera una economía mixta, sólo que la economía mixta se presta a muchas maneras de interpretarla.
La economía mixta se caracteriza por la participación en la vida económica del Estado, de los particulares y de diversas instituciones que conforman lo que venimos llamando el Sector Social; sin embargo esa economía mixta, hay quienes la consideran como una cuestión estática y permanente, tal vez venida de muchas décadas atrás y tal vez llamada a proyectarse por los siglos de los siglos en el futuro, apreciación errónea.
Hay quienes apoyándose en el argumento de la economía mixta, se inclinan a fortalecer cada vez más al Sector Privado, vender empresas del Estado al Sector Privado, aduciendo que el Estado engordó y ahora hace falta ponerlo a dieta hasta volverlo un esqueleto.
El hecho no puede interpretarse así, sino por ciertas fuerzas enemigas del proceso surgido en 1910, de la Revolución Mexicana, porque opera exactamente al revés. Lo nuevo con la Revolución Mexicana fue la intervención del Estado en la Economía, fue el nuevo contenido que se dio al artículo 27 de la Constitución, donde se declara la nación propietaria originaria; es la participación, en principio pequeña, errática, pero cada vez más, creciente y definida del Estado en la economía, la fuerza que va resolviendo los problemas fundamentales con que se va encontrando nuestro país en su proceso de desarrollo; son las nacionalizaciones, las medidas, las acciones que van destrabando, en momentos culminantes, el desarrollo de las fuerzas productivas del país y permitiendo el avance de la nación mexicana por la vía única que puede garantizar su plena independencia.
No hay otra posibilidad para nuestro país, ninguna, es utópico el planteamiento de la posibilidad de un desarrollo económico descansando en gran parte en la empresa privada; no existe esa posibilidad ni remotamente. No se trata de desaparecer la empresa privada ni la propiedad privada en México en este momento porque tampoco están sentadas las condiciones objetivas ni subjetivas, pero pretender lo contrario, pretender el ir fortaleciendo cada vez más al sector privado, es otra cosa condenada al fracaso y que constantemente nos lleva a descalabros graves en el proceso económico, que se reflejan, por lo tanto, también en el proceso político y en los demás aspectos de la superación nacional.
Así, pues, el fondo de la impugnación del Partido Popular Socialista, de su Fracción Parlamentaria a este dictamen, es el mismo que ha sustentado en los casos anteriores.
El hecho de que la serie "B" se permita la participación de particulares; este es un problema fundamental, un problema de rumbo, del rumbo del desarrollo económico de México. Así como el decreto expropiatorio fue muy significado, no tanto por su magnitud o su peso específico, sino porque denotaba un rumbo, denotaba el retomar el rumbo de la Revolución, estas medidas, independientemente de su peso económico, que tampoco es esencialmente significado, que no es de gran magnitud, son muy importantes en el sentido opuesto al decreto expropiatorio, porque denotan la toma del rumbo opuesto al de la Revolución Mexicana, denotan, hemos dicho antes, un problema de concreción a la línea que nos viene del extranjero.
Hay que recordar las condiciones del Fondo Monetario Internacional, hay que recordar las condiciones del Plan Baker; privatización es la recomendación de la política neoliberal; hay que recordar las tesis de la COPARMEX y de la CONCANACO, hay que recordar las tesis de los diputados del Partido Acción Nacional que les son sumamente caras y gratas. No es necesario argumentar mucho más para ver hacia dónde se inclina la apertura al sector privado de la Banca de Desarrollo.
Así pues, el Partido Popular Socialista impugna esta iniciativa y el dictamen que, reconocemos, tiene aspectos positivos importantes, pero la impugna porque este problema fundamental echa a perder, lamentablemente, todo lo demás. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el señor diputado Agustín Leñero Bores.
El C. Agustín Leñero Bores: - Con su permiso, señor presidente; señores diputados y diputadas; honorable asamblea: He pedido uso de la palabra para hacer una propuesta.
En la sesión del pasado lunes de las comisiones de esta soberanía fue presentado el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Ese dictamen fue leído en primera lectura ante esta asamblea.
En sesiones de trabajo recientes de la Comisión de Hacienda se propusieron una serie de cambios de los cuales algunos quiero dar cuenta hoy. Por lo tanto, la comisión recomienda los siguientes ajustes a solicitud del Partido Socialista Unificado de México. Que el proyecto de Ley Orgánica, hoy bajo discusión, para adicionar el dictamen leído el lunes pasado, el artículo 6o. fracción IV , se propone ahí una frase que a la letra dice:
La sociedad podrá administrar a solicitud del acreditado, las obras realizadas con sus financiamientos.
Este artículo deberá de modificarse en la parte correspondiente del dictamen que fue leído en primera lectura aquí, para quedar en los siguientes términos:
La comisión recomienda una adición al artículo 6o., fracción IV, a fin de subrayar la importancia de que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos apoye con asistencia técnica y financiamientos el desarrollo de las administraciones locales, con el objeto de que estén en condiciones de administrar
sus propias obras financiadas por la institución. Sólo en el caso de la solicitud del acreditado, dicha institución participará en la administración de las obras concluidas hasta que las autoridades locales puedan administrarlas por sí mismas.
Asimismo, se propuso que en el dictamen de la comisión se enfatice el criterio fundamental de banca de desarrollo en cuanto a rentabilidad social. Por lo tanto, sugerimos un cambio en el párrafo tercero de la página 11 del dictamen, para quedar de la siguiente manera:
Igualmente es de subrayarse lo manifestado por el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, respecto de que para el cumplimiento de su función, el banco constituirá en su ámbito la vía para canalizar créditos en condiciones preferenciales. Esta comisión considera importante que se resalte el hecho de que la banca de desarrollo, por su propia finalidad, actúa en el otorgamiento de sus créditos y demás apoyos, en base al criterio fundamental de rentabilidad social, consignada en el programa nacional de financiamiento al desarrollo que señala que, se revisarán las tasas de interés y los criterios aplicables al crédito preferencial, con objeto de eliminar distorsiones e irregularidades y mejorar su eficacia como instrumento para impulsar el desarrollo.
En estos términos, la comisión que ha venido trabajando en el dictamen correspondiente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, ha querido dar cabida en estas modificaciones, tanto al dictamen presentado y leído en primera lectura, así como esta adición a la ley, con el objeto de conciliar algunos de los intereses que han sido ampliamente discutidos dentro de las discusiones.
Ruego a esta honorable asamblea tomar en cuenta estas modificaciones sugeridas y aprobarlas en su momento. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Nos deja las modificaciones en la secretaría, por favor, señor diputado.
Tiene la palabra, en contra, el C. diputado José Luis Díaz Moll.
El C. José Luis Díaz Moll: - Con el permiso de la presidencia, aprovecharé mi lugar en esta tribuna para dejar clara la posición de nuestro partido en cuanto a este dictamen se refiere. No abrigamos realmente esperanzas de que éste pueda ser modificado en lo esencial.
Hay que recordar que es este banco el principal sostén financiero para la construcción de la mayoría de las unidades habitacionales de este país. A raíz de los sismos de septiembre, todos debemos de recordar cómo surgieron una serie de deficiencias en el trabajo de Banobras y de algunos organismos paralelos o asociados a éste, como son, por ejemplo, en el caso de Fonhapo. Todavía están en nuestra mente algunos casos dramáticos como el de Tlatelolco o el del Multifamiliar Juárez en el cual no ha quedado bien definida la responsabilidad de Banobras y de Fonhapo a la SEDUE, gracias.
Señores diputados, debemos recordar que en su momento Banobras asumió la responsabilidad en la administración de las citadas unidades habitacionales, por lo tanto, ésta debió asumir directamente su responsabilidad de indemnizar a los afectados.
Se planteó como punto fundamental en el dictamen la reedificación de los objetivos y las operaciones de Banobras, y esto desde nuestro punto de vista no se hace, sobre todo que quedan indefinidas muchas de las posibilidades de acción concreta de Banobras de otorgar servicios en beneficio de la población mexicana.
También desde nuestro punto de vista no queda definido de qué manera se va a proporcionar una ayuda equitativa a los estados y a los municipios. De todos es sabio que los créditos de Banobras forman parte de la negociación política de acuerdo a la correlación de fuerzas que exista en un momento determinado en el país. Esto es algo conocido por la opinión pública, y que este dictamen no asume responsablemente dictaminando en términos de regular la proporción de créditos a los estados y a los municipios.
La propuesta que se nos presenta hoy, al igual que la vigente hasta ahora, como decía anteriormente, no especifica la responsabilidad de Banobras en el caso de que sus financiamientos sean mal utilizados, en el caso en que por desastre se descubran deficiencias en la construcción de la promoción de obras que este banco realiza.
Tampoco estamos de acuerdo en la atribución que se le da a Banobras para poder establecer y clausurar sucursales en el extranjero, previa autorización de Hacienda. No imaginamos, en base a los objetivos del banco, por qué se requiere el tener sucursales en el extranjero. Sabemos perfectamente que es un agente financiero del Gobierno Federal, pero esto no lo obliga a tener, en un momento determinado, sucursales fuera de nuestro país.
Desde nuestro punto de vista, esta es la oportunidad de derogar esta atribución a Banobras.
En este caso como en los anteriores, la indefinición en lo que se refiere a la serie "B", es también patente y abre amplias posibilidades a la manipulación, no siempre clara, de los recursos que este banco maneja.
Por último, contra lo que se argumenta, creemos nosotros que Banobras, de acuerdo al dictamen, no responde a los objetivos para los cuales fue creada. Se expresan en este dictamen una serie de criterios que responden más a los de la banca privada y responden más a criterios de la banca múltiple.
Desde nuestro punto de vista, el presente dictamen no responde a un análisis que realmente sirva para orientar en el sentido de que Banobras responda a los objetivos paralelos que fue creado, que fue la de otorgar
financiamiento a las diferentes instancias como son los estados, los municipios, y el mismo Poder Federal, para la creación de obras en servicio de la comunidad mexicana.
En vista de que las reformas aquí presentadas, desde nuestro punto de vista, no responden a dichos requerimientos, es que estamos en contra.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el ciudadano diputado Hesiquio Aguilar de la Parra.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna a apoyar el dictamen que ha sido puesto a la consideración de vuestra soberanía.
Y siento que debería empezar por tratar de aclararle a mi compañero, el diputado Cuauhtémoc Amezcua que sus temores, por lo que él llama la reprivatización de la Banca de Desarrollo, no son del todo exactos.
Quisiera, en primer lugar, recordarle que el 66% queda de la serie "A", queda en manos del Gobierno Federal. Que el 44% de los certificados de Aportación Patrimonial, el 44% de la serie "B", puede ser suscrito, también, por el Gobierno Federal, puede ser suscrito por los gobiernos de los estados, los municipios, las entidades de la administración paraestatal o paramunicipal.
Y quiero recordarle, nuevamente, la existencia del artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que establece que salvo el Gobierno Federal, ninguna persona física o moral podrá tener más del 1% de las suscripciones. Y esto, el 1%, de un 44%, que es la posibilidad que existe, para entidades distintas del Gobierno Federal de ser adquiridas.
Pero, además, quisiera yo decir que la posibilidad de que el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, las personas físicas y morales puedan suscribir certificados de aportación patrimonial de la serie "B", debe ser examinada poco más cautelosamente.
Porque hay que tomar en cuenta que es necesario que la base patrimonial de la institución, tenga la posibilidad de ampliarse entre otros con los siguientes fines: Expander la posibilidad de la acción del banco encaminada a apoyar sectores, regiones y proyectos prioritarios. Abatir la carga, y esto es muy importante, compañero Amezcua, a las aportaciones de la Federación recursos que también en la medida en que no se requieran para incrementar el patrimonio del banco se podrán canalizar a otros programas directos de inversión pública prioritaria. Sabemos que el Gobierno Federal no puede, sería imposible que las aportaciones de capital al banco las hiciese solamente el Gobierno Federal.
Debe promoverse el ahorro permanente de personas que actualmente lo podrían tener en inversiones volátiles, debe lograrse una mejor mezcla de recursos al disminuir el costo de los mismos y así poder continuar con proyectos en condiciones preferenciales de índole social. Se debe considerar, asimismo, que las personas físicas y morales que en su caso suscribieran los certificados de la serie "B", como lo dije antes, no podrán adquirir el control por más del 1% del capital pagado del banco. De aquí que cumpliendo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito se procura que Banobras cuente con un monto mayor recursos para funcionar en los sectores y regiones prioritarios, dentro de esquemas de crédito tendientes a elevar la calidad de vida de la sociedad; además se guarda principio de participación de los miembros de dicha sociedad.
No podemos admitir los priístas que exista una desviación ideológica por el hecho de darle la posibilidad a la institución de allegarse fondos, porque allegarse fondos lo hace para atender a los sectores prioritarios de la economía nacional.
Siento, diputado Amezcua, que sus temores, que no son nuevos en usted ni en los miembros de su partido manifestados en muy diversas ocasiones en esta tribuna, no están realmente fundados, responden a esquemas que se han manifestado por ustedes en muchas ocasiones, pero que son muy respetables, pero que en el caso que nos ocupa no deben de provocar una situación de incertidumbre ni pensar en modo alguno que se trate de una desviación ideológica.
Por lo que hace a lo manifestado en esta tribuna por el diputado Díaz Moll, siento yo, sentimos los miembros de la comisión que si hay una gran redefinición de objetos en esta iniciativa que nos ocupa.
Dice usted que no se define cómo se va a otorgar un beneficio a los estados y municipios, bueno, pues, yo creo que la iniciativa contiene muchas novedades, no solamente se va a dar el servicio de financiamiento de crédito, de banca de desarrollo como lo ha venido dando por muchos años Banobras, sino que ahora se instrumentan como complemento necesario a estos créditos la asistencia técnica entre otras novedades.
La Ley Orgánica actual de Banobras demandaba una nueva estructura en función de los cambios operados tanto en el sistema bancario del país después de la nacionalización de la banca como también y de gran importancia a la luz del nuevo esquema de planeación democrática, establecida en la propia Constitución de la República, el cual requería que toda la acción pública fuera reexaminada para alcanzar los objetivos de desarrollo.
Particularmente se precisaba que el sistema bancario y en especial las instituciones de desarrollo, reafirmaran sus objetivos y funciones para cumplir dentro de un contexto de especialización con sus propósitos de apoyar a los sectores encomendados conforme a las prioridades establecidas.
El propósito fundamental de un banco de desarrollo es el permitir que el beneficiario
de sus acciones se capitalice de tal manera que en el futuro logre un crecimiento continuo y más justo.
Mencionó el diputado Díaz Moll, hechos que en esta tribuna han sido largamente analizados, no toca a la comisión en este momento retomar el problema de Fonhapo y el problema de indemnizaciones por que sería alargar este debate innecesariamente y creo que se ha dicho ya en esta tribuna y se han aclarado muchos de estos cuestionamientos que han sido planteados.
No le agrada al señor diputado que haya sucursales en el extranjero, y es cierto, la ley deja abierta la posibilidad jurídica de crearla. Es cierto. Pero también debemos de admitir, debemos de estar conscientes de que las tres sucursales que Banobras tenía en el extranjero, actualmente están cerradas y no operan.
Se ha analizado en este foro en diversas ocasiones, el problema de la deuda externa, y no lo voy a tocar, simplemente debo de decir que existe la posibilidad de crear las sucursales en el extranjero, pero que actualmente no existen, están cerradas.
Sería muy difícil retirarme de esta tribuna, sin manifestar a nombre de la comisión que ha venido trabajando en esta iniciativa, que verdaderamente las funciones que va a tener Banobras son justamente las que los sectores se ven beneficiados con su acción, venían demandando.
No es la simple adecuación de la ley, a la Ley Reglamentaria, es el deseo de un gobierno revolucionario de tener un instrumento financiero para hacer viable las trascendentales reformas al artículo 105 constitucional que se han dado en esta Administración. No podemos, con todo respeto señor diputado Díaz Moll, admitir en modo alguno que no tenga innovaciones que vayan a beneficiar hondamente al pueblo mexicano.
Por estas razones, compañeros diputados, solicito muy atentamente que la hora de votar aprueben este dictamen que crea la Ley Orgánica de Banobras, porque es una institución que, como instrumento del federalismo, le va a dar a nuestro país nuevas dimensiones el desarrollo económico del mismo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, por cinco minutos, el señor diputado Amezcua.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Solicité el uso de la palabra para aclaración de hechos.
El diputado Hesiquio Aguilar, por una parte, afirma que no hay razón para los temores de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Aclaramos que no hay temores ningunos en los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Lo que hemos venido a plantear a esta tribuna de ninguna manera son temores; es la denuncia, sí, de una desviación del rumbo.
Dice el diputado Hesiquio Aguilar que no comparte del todo eso que llamó temores. Qué bueno que no lo comparte del todo; lo comparte en parte, y según sus expresiones en esta tribuna lo que comparte es lo fundamental. Afirmó el diputado Hesiquio Aguilar que la participación de particulares en la Banca de Desarrollo no privatiza porque el Estado conserva el 66%. Compartimos eso, en efecto, ya lo había yo dicho antes. El Estado mantiene el control, no es una privatización total, es una privatización parcial; parte del 100% lo compartirá ahora el Estado con particulares, y eso precisamente, sin que signifique la pérdida del control por parte del Estado, significa un retroceso, significa un ceder.
Precisaríamos aún más la posición del Partido Popular Socialista: nosotros afirmamos que el camino de la Revolución Mexicana es el de la creciente intervención del Estado en la economía; nosotros afirmamos que hay muchas formas de nacionalizar; nosotros afirmamos que si una empresa que está en manos de particulares - y sobre todo si son manos de capital extranjero, más grave aún, aunque no necesariamente esto - y el Estado toma el 51%, se dio un paso fundamental; pero es un paso en el que se va de cero a 51, es en un sentido; pero cuando se viene de 100 a 66 se está invirtiendo el sentido y este es el camino contrarrevolucionario.
Nos dice el diputado Hesiquio Aguilar: se trata de allegarse fondos para cumplir con las tareas importantes que tiene el Banobras; qué bueno que así sea; qué malo que se tenga que recurrir al procedimiento de venta de certificados de participación para allegarse fondos habiendo tantas otras posibilidades que no implicarían un regreso, un retroceso en el camino de la Revolución Mexicana.
Solamente para aclarar estas cosas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen, en lo general... Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - La secretaría informa a la presidencia que se emitieron 326 votos en pro y 31 en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 326 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular, los siguientes artículos:
El C. diputado Alejandro Cañedo Benítez, reservó los artículos 3o., 6o., y 7o.
El señor diputado Arturo Whaley Martínez, el 17.
El señor diputado Héctor Morquecho Rivera, 12 y 14.
En consecuencia, se va a proceder a discutir el artículo 3o. Oradores en pro y en contra. Ha sido reservado por el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez, por la comisión, Hesiquio Aguilar.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Señor presidente; señoras y señores diputados: El artículo 3o. de esta Ley de Banobras, dice así; "El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo tendrá por objeto promover y financiar actividades prioritarias que realicen los gobiernos Federal, del Distrito Federal, estatales, municipales y sus respectivas entidades públicas paraestatales y paramunicipales. En el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transportes y de las actividades del ramo de la construcción.
En nuestra opinión, tal como está redactado este artículo 3o., se puede llegar a la conclusión que ese banco exclusivamente va a prestarle al Gobierno Federal, al gobierno del Distrito Federal, a los municipios y a las paraestatales tanto municipales como paraestatales de los estados.
Creemos que este banco, durante toda su historia ha prestado a muchos y a miles de mexicanos donde no podían obtener crédito, y Banobras se dedicaba a presentarle a todas esas personas que no tenían crédito, tales como los taxistas, algunos grupos sindicales, algunos grupos de colectivos, de peseros, de peseras en el norte, o pequeños grupos que se unían y tenían tasas preferenciales porque en los otros bancos no prestaban y Banobras podía prestar en cantidades más pequeñas de interés.
Si atendemos esta redacción, en un momento dado las autoridades del banco pueden decir que exclusivamente, prioritariamente nada más le van a presentar a esas instituciones y vamos a ver que los demás bancos, que no les prestan ni a un taxista ni a un colectivo, ni a alguien que tiene una lancha, ni a un guía de turistas, algunos permisionarios de transporte urbano en algunas ciudades del interior, no van a poder comprar sus unidades y van a ir lentamente dejando de prestar esos servicios o van a ir dejando, como dicen, acarcachando sus unidades y no va a haber poder posible que cambie esas unidades.
Entonces nosotros queremos proponer una redacción diferente para que quede muy claro que este banco, Banobras, que es banca de desarrollo, y que en la realidad, ahora que estamos cumpliendo el actualizar las leyes de los bancos oficiales en bancos de desarrollo, realmente están operando como banca múltiple, poca es la diferencia de una banca múltiple de una banca de desarrollo tal como estamos viviendo las leyes. No ha sido posible que nos expliquen cuál es la diferencia; posiblemente en obtener los fondos del extranjero esos bancos y poderlos canalizar a obras y servicios públicos en este caso podría ser una diferencia, pero los bancos de banca múltiple de la banca nacionalizada también prestan, en muchas ocasiones, a este tipo de proyectos, definitivamente con intereses más altos. Por eso queremos proponer un cambio de redacción de este artículo 3o., para que no exista ninguna posibilidad de que por ser una actividad prioritaria, no le puedan prestar a los guías, a los taxistas y a los de colectivos, y algunas veces a algunos sindicatos que se unen para una obra.
El artículo que proponemos quedaría así:
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto promover y financiar actividades que realicen los gobiernos federales, del Distrito Federal, estatales, municipales y sus respectivas entidades públicas, paraestatales y paramunicipales, así como los prestadores de servicios del sector privado y social, en el ámbito de los sectores del desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transportes, y de las actividades del ramo de la construcción".
Queremos también hacer notar que en el artículo 7o. hay una parte, el inciso 3, que dice muy claro: La sociedad podrá otorgar créditos a los sujetos comprendidos en los ámbitos señalados en el artículo 3o. de la presente ley, Quiero decir que el artículo 7o. nos está mandando a que el banco podrá prestar al Gobierno Federal, al gobierno estatal, al gobierno del Distrito Federal, y a los municipios, y realmente creemos que a mucha gente que actualmente tiene créditos blandos con Banobras, en un momento pueden quedar suspendidos. Esa es la propuesta que hacemos del artículo 3o., que entrego a la secretaría.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, por la comisión, el señor diputado Hesiquio Aguilar de la Parra.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: - Con su venia, señor presidente; honorable asamblea: El señor diputado Alejandro Cañedo ha venido a proponer una nueva redacción para los artículos 3o., 6o. y 7o. que la comisión considera innecesarios.
El artículo 3o. define el objeto del banco como institución de banca de desarrollo y, también define, con claridad, los ámbitos de acción.
No obstante, en el artículo 6o. se le faculta con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados, entre otras cosas a propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en otras instituciones y con otros agentes de la economía.
Es decir, señor diputado Cañedo, que si en el artículo 3o. no se hace una referencia específica a los sectores social y privado, la actual redacción de este dictamen, en el artículo 6o, en su fracción VII, dice: "La sociedad con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el ejercicio de su objeto, estará facultada para, fracción VII: propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito, y aquí está la respuesta a su inquietud con los sectores social y privado.
Es cierto, como usted dice, que muchos, que miles de mexicanos se han visto beneficiados con la acción progresista del banco y plantea usted la posibilidad de que algunos sectores, en concreto los taxistas, los transportistas por la simple redacción del artículo 3o. pudieran quedar al margen de los mismos. Solamente a guisa de ejemplo quisiera yo señalarle que en el artículo 3o., en sus últimos dos párrafos claramente dice: "comunicaciones y transportes", y si luego en el 6o., en su fracción VII se le autoriza a propiciar acciones con los sectores social y privado, pues, no hay por qué tener ningún temor. Taxistas y todo tipo de transportistas estarán cubiertos por la acción crediticia del banco.
Hizo usted referencia a que el banco, a pesar de ser una banca de desarrollo, también tiene la función de banca múltiple. Es cierto, pero las funciones de banca múltiple que realice Banobras se limitarán exclusivamente para atender a los beneficiarios de sus actividades con el propósito de permitirles también el acceso al servicio público de banca y crédito y obtener así una mayor captación de ahorro interno. No es la prioridad de Banobras operar como banca múltiple, lo hará porque podrá allegarse recursos financieros que les son muy necesarios, lo hará porque podrá atender a su clientela dándoles el servicio de la banca del crédito, pero en ninguna forma será su objetivo primordial.
Por lo que toca al artículo 7o., dice usted que para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o., la sociedad podrá y que necesariamente se tendrá que referir a lo que dice el 3o., es cierto, el 3o. no incluye esto, pero el 6o., en su fracción VII, señor diputado Cañedo, lo aclara y lo deja perfectamente asentado. No creo que pueda esta asamblea prestarse a tener duda alguna sobre que los sectores social y privado también se verán beneficiados de la acción del banco.
Por lo expuesto, pido que el dictamen sea aprobado en los términos, porque están redactados con claridad y no se presta a la confusión que aparentemente podría tener lo señalado por el diputado Cañedo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el C. diputado Cañedo.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Con su venia, señor presidente: Lo que queremos aclararle es que realmente la palabra que dice la ley que son prioritarios, deja realmente afuera al sector social y al sector privado, hay que ser realistas, el director de banco a quien le va a prestar, si el Presidente de la República le pide a Banobras o un gobernador le pide a Banobras o un taxista le pide a Banobras, entonces la ley dice claramente que es prioritariamente le van a prestar al Gobierno Federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal a las paraestatales, ya sabemos cómo se mueven los créditos en México, entonces lo que queremos es que la ley no le dé esa prioridad, porque va a dejar fuera a las gentes que no tienen contactos, las que no tienen relaciones, las que no pueden ayudar a un grupo, porque el director de Banobras o los gerentes de las sucursales de Banobras van a decir, es que el ayuntamiento me pidió dinero y no te puedo prestar a ti. Con la redacción que nosotros proponemos se elimina ese gran problema de que el director del banco o todos los funcionarios del banco siempre le van a dar una prioridad a los funcionarios del Gobierno Federal, en el gobierno de los estados, de los municipios o de las paraestatales.
Creo que el cambio daría mayor claridad, no estamos diciendo que no les preste Banobras a los gobiernos, sino lo que estamos haciendo es que quede redactado para que no exista ese problema y la gente no acuda a Banobras más que cuando tenga relaciones o tenga un contacto, en cambio la ley queda muy clara y todo mundo podrá pedirle a Banobras sin estar en prioridad, ese es, digamos, el cambio que proponemos y por eso creemos que nuestra redacción es más clara que la que está en la iniciativa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado David Jiménez González.
El C. David Jiménez González: - Con su permiso, señor presidente. Sobre el artículo 6o., fundamentalmente...
El C. Presidente: - Señor diputado, quería comentarle que el señor diputado Cañedo ha
tratando el artículo 3o., aun cuando reservó el 6o. y el 7o. también. Sólo se ha referido al artículo 3o.
El C. David González: - Perdóneme, entonces.
El C. Presidente: - No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a dar lectura a la proposición que presenta el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez, respecto al artículo 3o. y sométela, en votación económica, a la consideración de la asamblea.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Artículo 3o.: "El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto promover y financiar actividades que realicen los gobiernos Federal y del Distrito Federal, estatales, municipales y sus respectivas entidades públicas, paraestatales y paramunicipales, así como los prestadores de servicios del sector privado y social, en el ámbito del desarrollo urbano, y infraestructura y servicios públicos, vivienda y comunicaciones y transportes y de las actividades del ramo de la construcción. Por instrucciones de la presidencia, está a consideración de la asamblea la proposición presentada por el C. diputado Alejandro Cañedo... Los que estén de acuerdo con su redacción, sírvanse manifestarlo... Los que estén en contra, expresarlo levantando la mano...En contra, señor presidente... Se desecha.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el artículo 3o.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 3o.... Los que estén por la afirmativa, sírvanse demostrarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Resérvelo la secretaría para su votación en su conjunto en un solo acto.
El siguiente artículo que fue reservado, es el artículo 6o. Este artículo fue reservado también por el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez. Tiene la palabra.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Señor presidente; señores diputados: El artículo 6o. en su fracción I, dice: "Estará facultado para coadyuvar en el ámbito de su competencia el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, en los términos del artículo 115 constitucional, para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional, con la atención eficiente y oportuna de las actividades regionales o sectorialmente prioritaria".
Creemos, y vamos a proponer una adición a este artículo que dice: Los créditos que se otorguen a los municipios no será necesario el aval de los gobiernos de los estados.
El comercial de este banco habla del banco del federalismo, la realidad es que muchos proyectos de presidentes municipales quedan en los archivos del banco, porque los gobernadores no dan el aval para que se realicen las obras. Y no nada más me estoy refiriendo a los proyectos de los ayuntamientos panistas de Durango, de Chihuahua, de Tehuacán, de Teziutlán, de las 30 y tantas ciudades que tenemos, me estoy refiriendo a proyecciones también de ayuntamientos priístas que llegan con un proyecto para una obra y aquí hay presidentes municipales, ex presidentes municipales como el de Acapulco, Amín Zarur, está el candidato, el presidente de Puerto Vallarta y de otros municipios, que ellos conocen que los proyectos quedan en los archivos porque los gobernadores no dan su aval.
Al proponer esta adición vamos a impedir que los ayuntamientos no puedan continuar que los ayuntamientos no puedan continuar con su obra de llevar servicios públicos a sus comunidades; de cumplir el federalismo que marca el artículo 115, de cumplir con el lema del banco del federalismo, porque si un presidente municipal se pelea con el gobernador, ya no le da el aval y ya no sale el crédito y en los momentos actuales de inflación galopante que vivimos, un crédito de un municipio para una obra de 100 millones, el siguiente año son 200 millones y al tercer año son 500 millones, y no es posible que los ayuntamientos estén a expresas de que si le caen bien al gobernador o si es de oposición o no es de oposición.
Creemos que el banco debe prestarle a los municipios analizando realmente si la obra es costeable, si los ayuntamientos pueden pagar, si el ayuntamiento tiene participaciones suficientes como para allegar esa obra.
Entonces realmente creemos que un banco debe tratar a los ayuntamientos como si fueran unos clientes y analizar, como dice otra parte del artículo, de este artículo, si la obra es viable, si la obra la pueden realizar los ayuntamientos y no esperar a ver si el gobernador da el aval. Lo que nosotros proponemos es un adición a la fracción I del artículo 6o., que dice: "Los créditos que se otorguen a los municipios no será necesario el aval de los gobiernos de los estados".
El C. Presidente: - Por la comisión, tiene la palabra el C. diputado David Jiménez.
El C. David Jiménez González: - Con su permiso, señor presidente: hemos escuchado y a la vez hemos hablado en esta tribuna, no solamente en esta ocasión, sino en algunas otras, sobre el federalismo. Hemos visto cómo es necesario e importante robustecerlo desde la célula básica que viene siendo el municipio y los estados. Pero pienso que la proposición que hace nuestro compañero de Acción Nacional, lesionaría el incluirla en
esta disposición del artículo 6o., la soberanía de los estados, ya que el Congreso local, es decir, el de las entidades federativas son los que mediante una disposición normativa, es decir, una ley, autoriza no solamente a los municipios, sino también a los estados el poder contratar este tipo de créditos o de poder utilizar este tipo de créditos para realizar algunas de sus obras o de sus acciones por eso nosotros pensamos que incluirla en este precepto, en el artículo 6o., en su fracción I, como una adición más, lesionaría seriamente la soberanía de los estados .
A mayor abundamiento, en el artículo 117 constitucional dice: "los estados no pueden en ningún caso, fracción VIII, párrafo segundo: los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive, las que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la Cuenta Pública".
Y esto vine también a colación para que podamos hacer otra reflexión más y poder mantener desde luego la autonomía municipal, y por otra parte ser congruentes con lo que establece el artículo 115 de nuestra Constitución.
En el seno de la comisión, y también lo que se había establecido para el dictamen, se había hecho una propuesta en el sentido de señalar que las sociedades, tienen su fracción IV de su capítulo 6o., es decir, Banobras podría administrar a solicitud del acreditado las obras realizadas con sus financiamientos.
Yo quiero manifestarles que esto lesionaría realmente la autonomía del municipio. Si Banobras llega y facilita algunos créditos para realizar algunas obras de infraestructura que beneficien a los municipios, no será ella la que deba de administrar los recursos, sino que serán las autoridades municipales o las estatales en su caso. Ya a los municipios no se encuentran en una capitus minucies, es decir no están considerados como niños o adolescentes, sino por el contrario, tenemos que darles toda la fuerza, todo el poder y toda la responsabilidad para que puedan cumplir con sus objetivos y sus metas. Y, además, también en el artículo 115 de nuestra Constitución, en su fracción III, con las recientes reformas que hizo el Presidente Miguel de la Madrid, dice lo siguiente:
"Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos..." Y habla del agua potable, del alumbrado público, de la limpia, de los mercados, etcétera, y si esta banca, Banobras, es una institución que está dedicada al desarrollo tanto municipal, estatal, sectorial o regional, nosotros no podemos considerar que sea esta misma institución la que llegue a administrar esas obras que se han realizado con sus recursos.
Por eso nosotros pensamos que debemos de suprimir eso de autorizar a esta institución para que llegue a administrar las obras con que sus fondos se han realizado. Los que deben de administrarla deben ser los ayuntamientos en este caso, o si no, los estados. Por consiguiente, nosotros pedimos que se retire de la fracción IV del artículo 6o., esta redacción y que quede que no podrán administrar ese tipo.
Por otro lado, y también aunando en esta explicación, es que la propia iniciativa del Ejecutivo y en el propio dictamen, se establece, y ya lo decía el diputado Hesiquio Aguilar, una nueva disposición y que sí es conveniente que se haga notar en este caso, el de otorgar asistencia técnica y financiera a estas instituciones como el municipio y el Estado, pero que no lleguen a administrarla, sino que sean directamente responsables los ayuntamientos y las autoridades estatales. Esa es la proposición que hacemos en el seno de la Comisión de Hacienda, para que quede redactada sin el agregado de que la sociedad podrá administrar a solicitud del acreditado las obras realizadas con su financiamiento. Que se supriman estos párrafos de la fracción IV, del artículo 6o. Solamente podrán hacerlo las autoridades municipales o las autoridades estatales. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Jiménez, quiere dejarle a la secretaría el proyecto de su proposición, por favor.
Para hechos el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Señor presidente, señores diputados: No sé si hubo una confusión, pero verdaderamente no contestaron, sino me contestaron con otra proposición que no entiendo ni por qué.
Pero lo que nosotros queremos es que no pidan el aval del gobernador. El señor David, fue presidente municipal de Cuernavaca y a la mejor el Gobernador no le autorizó el aval y no tuvo obras en su ayuntamiento.
Lo que vemos y la ley anterior es muy clara en esto, en el artículo 17
decía: "Si el crédito se otorga a un municipio o sus respectivas paraestatales, sin perjuicio de las reglas que, conforme al artículo anterior, se dan las siguientes: Deberá contar con la autorización de la legislatura, órgano competente en la entidad. La ley anterior lo decía, y eso creemos que está correcto, que todas las legislaturas aprueben los créditos. Pero eso es aparte.
Lo que queremos es que el gobernador no tenga que dar el aval, porque si el aval no lo da, aunque lo apruebe la legislatura, el Banco dice que no hay crédito.
Entonces, eso es lo que nosotros pedimos; que se cumplan todas las reglas de las constituciones locales, que se hagan todos los estudios, que Banobras mande a sus sabios y a sus técnicos y que vean si es factible o no
factible. Eso es lo normal, pero a la hora que se decida que el crédito está aprobado, que no salga el banco: "Necesita el aval del gobernador". Entonces, realmente con un aval del gobernador. Si el gobernador dice: "No doy el aval". No hay crédito y todo lo que hicieron los sabios y los técnicos se viene para abajo.
Entonces, realmente, es una cosa muy concreta. Entre las condiciones del Banco no exigir el aval a los gobernadores. Porque realmente si el Banco utiliza ese sistema, podía pedirle al Presidente de la República que sea el aval para un crédito de un estado, y si el Presidente no da el aval, pues también no les darían dinero a los estados.
Entonces, realmente el municipio, y hay municipios muy fuertes, económicamente, que no necesitan el aval del Gobierno. Ellos tienen suficientes fondos y podían tener grandes obras sin necesidad del aval del Gobierno.
Entonces, se pueden parar muchas obras porque el banco exige un aval. Entonces es lo que proponemos que no existan aval para las obras municipales, que se cumplan todas las constituciones locales y realmente el federalismo será una realidad.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; compañeros diputados: El compañero Cañedo ha hecho una propuesta que a nosotros nos parece muy razonable, de lo que se trata, si entendimos bien, es de que el banco no pueda poner como condición para los créditos otorgados a los municipios que exista el aval del gobernador, esta es una restricción que el Congreso le pondría al banco; desde luego los ayuntamientos tendrán que satisfacer los requerimientos que señalan las constituciones locales y todas ellas señalan que para que el ayuntamiento pueda contraer créditos debe obtener la autorización de la legislatura local. En este caso se trata de una restricción que protege al municipio de que un gobernador, si el banco solicita el aval y el gobernador lo niega, entonces no le van a dar el crédito al municipio, o sea, no se está estableciendo más que una restricción al banco para que no pueda condicionar crédito a municipio a partir del aval del gobernador, sino exclusivamente en función de autorización de las legislaturas locales. Eso nos parece a nosotros que es absolutamente razonable que es una restricción al banco que no lesiona su método operativo y que por el contrario protege a los municipios, Y por tanto pediríamos que la comisión, la mayoría de la comisión en este caso reconsiderara su posición.
Y por otro lado, respecto de la otra propuesta que hizo el diputado David Jiménez, esto tiene que ver con una posición que discutimos ampliamente en la comisión, la propuesta original nuestra era que efectivamente el banco no pudiera administrar las obras municipales, puesto que deberíamos dejar plena libertad y autonomía a los municipios para administrar sus obras. Posteriormente tuvimos una serie de discusiones y acordamos una formulación que fue la originalmente presentada. Ahora el compañero David Jiménez ha vuelto a la formulación original que nosotros hacíamos, con la cual estamos de acuerdo o sea nosotros queremos que los ayuntamientos administren las obras que construyen con financiamientos del banco y de esa manera contribuiremos a fortalecer la propia autonomía municipal y contribuiremos a fortalecer el desarrollo de administraciones municipales, que tengan eficiencia y que tengan capacidad administrativa y por eso estamos a favor que ha hecho el compañero David Jiménez.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado David Jiménez, por la comisión.
El C. David Jiménez González: - Quisiera hacer notar que en el dictamen que está a discusión y en este caso el artículo 6o. en su fracción 1o. no hace referencia a la necesidad de que la concertación de estos créditos de Banobras por parte de los ayuntamientos tenga la necesidad de otorgarla mediante un aval del Gobernador del Estado, no hace referencia, no se refiere en toda la fracción la. la fracción primera como usted la leyó, dice: Coadyuvar en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y en el municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional, para lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización de la vida nacional, con la atención eficiente y oportuna en las actividades regionales o sectorialmente prioritarias.
Hasta ahí termina la fracción 1a., es decir, en este precepto no encontramos una condición para otorgar a los ayuntamientos del aval del Gobierno al Estado, que es donde debemos remontarnos a lo que establezcan las leyes locales para este tipo de cambio, entonces será la legislatura mediante las disposiciones legales, mediante una ley en donde se establecerá si en Morelos o en Sonora o en Sinaloa será necesario el aval o no será necesario el aval del Gobernador del estado, por eso debemos de ser nosotros que hemos estado defendiendo el federalismo y la división de poderes, defender también la autonomía municipal y la soberanía de los estados, dejemos a los congresos locales que resuelvan los problemas del aval del gobernador del Estado y no resolvamos los de nosotros. Esa es la petición, por consiguiente, nosotros queremos decirles a todos ustedes, compañeros diputados, que debe de permanecer tal y como se encuentra la fracción 1a. en el artículo sexto y ser sumamente respetuosos de la soberanía de los estados y de la autonomía de los ayuntamientos y, por otra parte, quiero nuevamente reiterar a usted que estamos totalmente de acuerdo como hemos dejado ya constancia aquí en la secretaría, de la nueva redacción
que se le podría dar a la fracción IV del mencionado artículo 6o. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Diputado Jiménez, el diputado Cañedo estaba solicitando si usted aceptaba una interpelación.
El C. David Jiménez González: - Con mucho gusto.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - En el artículo, tal como lo leyó, no lo dice, pero las reglas internas del banco, que es a lo que nos estamos refiriendo, dice que se necesita el aval (¿?) por qué no le ponemos al banco algo para que no exija ese aval desde la ley. No es problema de las legislaturas locales, es problema del banco que por seguridad o por lo que sea siempre pide el aval. Entonces vamos a ponerlo algo que no pida el aval para que realmente sea un federalismo y no dependamos de la firma de un gobernador.
El C. David Jiménez González: - Mire usted, yo nada más le quiero recordar lo siguiente, como tuve la fortuna de ser presidente municipal y una gratísima experiencia de poder haber servido a mi municipio.
Nosotros nos encontramos con créditos que estaba pagando y que a veces ya no podía cubrir el ayuntamiento, y teníamos nosotros que seguirlo haciendo, y esto se había presentado por haber dejado también con absoluta libertad a los ayuntamientos sin saber su capacidad en muchas de las veces de pago y sin haber tenido las autorizaciones de sus congresos, sino porque querían realizar una serie de obras, una de las cuales podían ser suntuosas, otras podían ser prioritarias, etcétera, pero dejaban endeudados a los ayuntamientos.
Nosotros pensamos que tanto este Banco Nacional de Obras, Banobras, que establece, como lo acabamos de decir en su artículo 6o., y si actúa de acuerdo a con lo que establecen las leyes de la materia, en este caso la legislatura de los estados para cuando van a pedir un crédito o van a concertar un empréstito tanto los ayuntamientos como los estados, tendrán que ajustarse forzosamente a las reglas que establecen las legislaturas locales. No solamente el ayuntamiento o los gobernadores, sino que tendrá que ajustarse también a ella el propio Banobras.
Es por eso que yo digo que la redacción que está aquí en el artículo 6o. en su fracción I es correcta, y en cuanto a lo que decía el compañero Jorge Alcocer en la fracción IV del propio artículo 6o., nosotros también estamos completamente de acuerdo que no debe de administrar bajo ningún concepto Banobras las obras con que se realicen los financiamientos que éste otorgue a los ayuntamientos o a los estados, que sean las propias autoridades municipales o estatales las que lleguen a administrar para dar debidamente cumplimiento al artículo 115 y respetar la autonomía y la soberanía de los estados.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición del señor diputado Alejandro Cañedo Benítez.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez.
El C. Alejandro Cañedo Benitez:- Realmente el artículo en la fracción primera la estamos dejando igual, lo que estamos pidiendo es una adición, es para beneficio de todos los ayuntamientos; si hay los problemas que hubo en otros ayuntamientos de Cuernavaca principalmente, es porque no se cumplieron las leyes normales para planear, no se cumplió y si hicieron obras suntuarias o pidieron créditos no autorizados por el Congreso, como lo dijo. Estamos totalmente de acuerdo que se tiene que seguir el trámite tal como está, pero hay que darle fuerza a los ayuntamientos, que puedan ellos planear con su capacidad de pago y que puedan hacer las obras que ellos necesiten.
Es un problema que en un momento dado se puede convertir en problema político, porque los gobernadores siempre piden, siempre tienen que dar el aval, esa es una realidad.
Entonces, aunque la parte primera, la fracción primera de este artículo 6o., no dice que los gobernadores tienen que dar el aval, vamos a darle al banco esa facultad, vamos a quitarle al banco que pida siempre el aval.
Creo que está muy claro, si realmente no lo aceptan.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa:- ¿Permite una interpelación?
El C. Presidente: - Si la acepta el orador, señor diputado.
El C. Alejandro Cañedo Benitez: - Cómo no.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa:
- Una pregunta. El artículo 6o. en sus distintas fracciones, establece las facultades de la sociedad, mientras que el artículo 8o. establece algunas precisiones en términos de requisitos que se señalan en su caso, por parte del Reglamento Orgánico o de los acuerdos del Consejo Directivo.
La pregunta sería la siguiente, la presento formal: ¿No sería mejor que la adición que usted propone, que nos parece adecuada que no deban de tener el aval del gobernador, estaría mejor en el artículo 8o. que define requisitos y no en el artículo 6o. en alguna de sus fracciones que define facultades?
El C. Alejandro Cañedo Benitez: - Creo que sí, también nosotros haríamos el cambio. Espero que la comisión lo acepte y que esta Cámara lo apoye, en apoyo al federalismo.
Está correcto diputado Valle.
El C. Presidente: - No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a dar
lectura a la proposición que ha presentado el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Señor presidente, una pregunta: ¿está separado por algún compañero diputado el artículo 8o.?
El C. Presidente: - No, señor, no fue separado por ningún compañero diputado, se votó en lo general con los artículos no impugnados.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En cumplimiento a la instrucción de la presidencia, se procede a dar lectura a la proposición del diputado Cañedo. Dice: " Los créditos que se otorguen a los municipios no será necesario el aval de los gobiernos de los estados".
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea.
El mismo C. Secretario: - Por instrucciones de la propia presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición del C. diputado Cañedo, a la cual se acaba de dar lectura en este momento...Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, exprésenlo levantando la mano...Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición que respecto al artículo 6o. presentó el señor diputado David Jiménez González. Y en su caso una vez dada la lectura, ponga a la consideración de la asamblea.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - La comisión propone la siguiente redacción del artículo 6o. en lo que toca a su fracción IV: "Otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales. La sociedad no podrá administrarlas o realizarlas con sus financiamientos". Cumpliendo con las instrucciones de la presidencia se pregunta, en votación económica, si se acepta la proposición hecha por la comisión...Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría, en votación económica, consultar a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 6o.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Se pregunta a la asamblea, en votación económica, si considera suficientemente discutido el artículo 6o....Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Resérvelo la secretaría para la votación en su conjunto con los artículos impugnados.
Se va a proceder a discutir el artículo 7o.
Este artículo fue reservado por el señor diputado Alejandro Cañedo Benítez. Tiene la palabra.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Hemos reservado este artículo en su fracción quinta, donde dice claramente, el artículo 7o., dice: "Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos tercero y sexto anteriores, la sociedad podrá otorgar garantías y en su caso conceder financiamiento a empresas mexicanas para la elaboración de proyectos a la ejecución de obras públicas en el extranjero".
El Banco de Obras y Servicios Públicos, Banobras, el banco del federalismo prestando a constructoras para que construyan en otros países. No les vamos a dar crédito a muchos municipios, pero sí les vamos a dar crédito a constructores para que construyan en otros países.
Si la idea del Ejecutivo era ordenar a la banca nacionalizada en banca de desarrollo, en Banco del Ejército, los diferentes bancos que hemos aprobado, y vendrá Banobras, creemos que dentro de las facultades o lo que pueda hacer Banobras no está el prestar fondos para que construyan en el extranjero las constructoras, por lo que estamos pidiendo que se elimine esta fracción quinta. No es posible que Banobras, que no le va a prestar a los estados, o no le va a prestar a los municipios, o no les va a prestar a los taxistas, o a los de servicio urbano, les va a prestar a las constructoras para que vayan a hacer obras a otros países.
Entonces creo que sí van a ordenar a toda la banca nacionalizada, pues vamos a ordenar Banobras, y quitándole esta facultad. Creo que es muy claro, y esperamos que ésta sí la aprueben.
El C. Presidente: - Por la comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Hesiquio Aguilar.
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: - Con su venia, señor presidente; nuevamente compañeras y compañeros diputados:
Las observaciones realizadas por el diputado Alejandro Cañedo, podrían, en un momento dado, causar confusión y derivarse hasta en malos pensamientos. Pero en el caso que nos ocupa, el otorgamiento de garantías a empresas mexicanas para la elaboración de proyectos o la ejecución de obras públicas en el extranjero, es una actividad que ha venido desarrollando el banco desde hace tiempo, con el propósito de que en materia de la rama de la construcción, el país incremente sus posibilidades de exportación de servicios y tecnología, que derivará en mayores volúmenes de divisas, tan necesarias para nuestro país
Pero quiero, por otro lado, llamar la atención al hecho de que claramente dice aquí en la fracción V: "Otorgar garantías y en caso, conceder financiamiento a empresas mexicanas para la elaboración de proyectos o la ejecución de obras públicas en el extranjero".
Cabe aclarar, que los recursos para estos proyectos y obras públicas en el extranjero, no son de Banobras, son de los organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
El banco solamente otorga la garantía. Y esto, compañeras y compañeros diputados, deberíamos verlo como un privilegio que se otorga a ciertas empresas constructoras de México. Ya que la asignación de estas obras son producto de las licitaciones que hacen los bancos internacionales, en la cual concursan infinidad de compañías de muchos países. Y ¡qué bueno! que tengamos muchos ejemplos de empresas mexicanas que se han visto favorecidas en estas licitaciones de la banca internacional.
Creo que es una explicación que nos debe de satisfacer. El banco no aporta recursos para hacer obras en el extranjero. Otorga garantías de las licitaciones que ha hecho la banca internacional.
Pero todo esto podría también enmarcarse, que normalmente hasta este momento hemos concurrido a países de condiciones similares al nuestro en su desarrollo y es una muestra más de la cooperación internacional que México brinda a sus hermanos de Latinoamérica.
Creo, honorable asamblea, que esto explica el por qué se otorgan estos créditos.
El C. Presidente: - ¿Diputado Aguilar, el diputado Valle pregunta si acepta usted una interpelación?
El C. Hesiquio Aguilar de la Parra: - Es muy tarde, señor presidente, creo que ya mejor debo abandonar esta tribuna.
El C. Presidente: - Señor diputado Cañedo, para hechos, y posteriormente el diputado Alcocer.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Realmente, otra vez, no entendimos o no entendió el diputado Hesiquio. Hay bancos que se dedican a eso, ¿por qué Banobras tiene que prestarle a esas empresas?
O sea, aquí claramente habla de conceder garantías, sino dice conceder financiamiento porque es necesario triangular que el BID le preste a Banobras y Banobras le preste a las empresas para que vayan hacer una carretera a Colombia eso no lo entendemos, si habrá un banco especializado ahora que están haciendo la reunión de todos los bancos y a cada banco le están encargando algo, no tiene por que Banobras prestarle a las empresas extranjeras para que vayan a hacer obras en otro país, mejor que le presten a empresas mexicanas para que hagan carreteras en México, para que hagan vivienda en México, pero vivienda que no se caiga, verdad definitivo. Entonces creo que el diputado Hesiquio estará de acuerdo de que hay que quitar esa fracción quinta porque Banobras no está para prestar dinero a empresas, Banobras está para prestar, como decía antes, dinero al gobierno federal, al gobierno estatal, a las paraestatales, a las municipales, a los taxistas, a los de las peseras, a los de los colectivos y a todos los demás, pero para prestar para que hagan obras en otro país. Eso encárguenselo a otro banco pero no a Banobras.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, compañeros diputados: Efectivamente en toda la explicación que dio el compañero Hesiquio Aguilar se brincó lo principal que es que el banco no sólo otorga garantías, sino que también otorgaría financiamiento. Y esto es justo a lo que nosotros nos referíamos cuando hablábamos de que esta política bancaria a lo que está conduciendo es a que los bancos de desarrollo se desnaturalicen, porque esto desnaturaliza la función de Banobras, que tiene que andar haciendo Banobras prestándole digamos a ICA para que ICA vaya y construya puentes en Colombia, pues que eso ICA busque un banco privado que le dé crédito y ese crédito de Banobras que mejor se use para apoyar a los municipios, a los municipios, a las entidades federativas, o sea que cumpla con su función de banco del federalismo, porque esto sí no tiene ninguna justificación, como no la tuvo en 1980 que le prestaran 14 mil millones de pesos al grupo ALFA, ese es el origen de este tipo de operaciones que desnaturaliza las funciones de la banca de desarrollo, es esto función de la banca de desarrollo de este país estar prestando a empresas privadas, constructoras, porque esas van a ser las que van hacer uso de este crédito, para que estas vayan y hagan negocio en el extranjero y francamente el argumento de que con eso van a traer divisas no se sostiene, bajo ningún concepto, de dónde, de dónde van a pensar ustedes que esto va a contribuir al fortalecimiento de la captación de divisas y ojalá y el diputado Hesiquio Aguilar nos explicara porque a lo mejor esto tiene que ver con la entrada al GATT y no nos lo han dicho, pero en términos concretos Banobras no tiene por qué estar prestando a constructoras para que construyan en el extranjero, eso es desnaturalizar la función de la banca de desarrollo y es justo el camino que nosotros denunciamos en la primera intervención.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el C. diputado Luis Orcí.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso, señor presidente:
Qué rara actitud en realidad en cuanto a todo este planteamiento de la actividad que puede desarrollar México en el exterior, en cuanto a licitaciones internacionales.
Uno de los acuerdos más importantes de los bancos de desarrollo internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático, es de que cuando un país recibe un financiamiento de estos organismos, puede gastar ese dinero solamente en comprar los recursos que requiere para importar en los países miembros de esa institución, entonces por ejemplo de América Latina, en el caso del Banco Interamericano o Banco Mundial, tenemos cada ocasión que prestan estas instituciones, a cualquier país de América Latina o donde sea para llevar a cabo los gastos se hace un proceso de licitación. Esa licitación compiten empresas, privadas, públicas, mixtas de todos los países miembros. En el caso de México dada la inmensa capacidad, en su grandísima mayoría las licitaciones que esos organismos efectúen en México, las han ganado empresas mexicanas y por lo tanto ha habido una cantidad muy reducida de importaciones de tecnología o bienes de capital. Lo ha habido pero en forma mucho menor.
Pero otros países de América Latina, requieren importar casi todo, requieren importar toda la obra de construcción, bienes de capital, las tecnologías y todo lo demás. Todos los países del Continente Americano, han creado mecanismos para facilitar este proceso de licitación y darle la oportunidad, en condiciones iguales, para que puedan participar en esas licitaciones y ganar concursos que permitan posteriormente a esas cantidades mexicanas financiar.
Por ejemplo, actualmente en Costa Rica, hay una obra de geotermia que ganó por ejemplo una empresa mexicana por la técnica de geotérmica mexicana y hacer todo lo demás; la otra parte de esa obra la ganó una empresa japonesa que tenía unas máquinas de capital para completar el crédito, pero una parte importante de ese proyecto lo ganó una empresa mexicana.
En Nicaragua, por ejemplo, la Presa Miravalle que en este momento se está construyendo una empresa mexicana que ganó el concurso y está haciendo toda la obra básica, la obra negra de esa empresa. Lo mismo ha ocurrido en Colombia, de tubería como decía ahorita Jorge Alcocer; también en República Dominicana ha participado México, o sea a estado México activo pero la verdad de las cosas es que México debería estar muchísimo más activo en América y en los otros países donde participa México en esos organismos internacionales, por que esos organismos además de dar financiamiento, permiten a los países miembros, exportar de sus bienes, de sus servicios, de su tecnología y eso sí sería una actitud absolutamente de avestruz que una economía como la mexicana que pueda competir y que pueda participar, ahora de repente no puede.
En el caso mexicano, hay mecanismos, por ejemplo para la exportación de bienes de capital o bienes de esa naturaleza, los financia el Banco Nacional de Obras, el Banco Nacional de Comercio Exterior, los financia a través de mecanismos que también existen de esa naturaleza. Pero en materia relacionada con construcción, en materia relacionada con obras de esta naturaleza, la entidad que ha venido haciendo ese tipo de apoyo ha sido Banobras, y en eso Banobras no ha requerido utilizar de sus propios recursos. Simplemente apoyar los procesos de licitación, porque el pago lo hace el Banco Internacional, y ese pago se le hace al país que es el receptor de los servicios y automáticamente se le va pagando a la entidad, y cualquier financiamiento puente que se hubiera utilizado por semanas o meses es restituido inmediatamente. Y además, a través de ese mecanismo, en el caso mexicanos tenemos forma de conocer totalmente esas empresas que están participando y están obligadas a retornar a través del mecanismo cambiario existente en México que asegura su retorno al país.
Así es que en este caso es ver moros con tranchetes, es ver GATT por todos lados, es ver al horroroso imperialismo internacional, y olvidarnos que se trata de una acción mexicana, que se trata de una acción que debemos participar y que como país grande, como economía compleja que produce muchas cosas, podemos nosotros competir internacionalmente, podemos participar, generar exportaciones de bienes y servicios y debemos utilizar todos esos organismos internacionales que existen e internamente crear los mecanismos para hacer esto factible.
Así es que, compañeros diputados, yo sí insistiría fuertemente que puede.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Por favor.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Todo está muy bien, pero por qué Banobras. ¿No pueden canalizarlo a otro banco?
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - En el caso de las áreas especificas de construcción, de obras públicas, etcétera, la entidad que más conocimiento tiene en ello y la característica latinoamericana es de que en ese tipo de cosas son bancos de esta naturaleza. Para bienes de capital existe, también en el caso nuestro, el Banco de Comercio Exterior que se encarga de esa parte.
O sea, un solo banco de desarrollo no puede cubrir toda la gama de servicios y de bienes que involucra este proceso. Por lo tanto, en Banobras está situada la parte correspondiente a lo que es el conocimiento de lo que es la obra, de lo que es la construcción.
En el Banco de Comercio Exterior está situada la parte de exportaciones de bienes, tipo
bienes de capital que se producen en México, etcétera.
Ese es el momento y esa es la razón a la que se refiere en este caso Banobras. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Miguel Alonso Raya.
El C. Miguel Alonso Raya: - Compañeros diputados, señor presidente: Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario desarrollar la competitividad de nuestro país en el campo de trabajo a nivel internacional; estamos de acuerdo en que es necesario aprovechar al máximo la experiencia acumulada, como también poder asimilar la de otros países y poder de alguna manera hacer patrimonio de la Nación lo que es patrimonio de la humanidad. En eso estamos de acuerdo.
El problema es que tampoco tenemos derecho aquí a engañarnos. En primer lugar, Banobras es una banca específica para el desarrollo y se le ha llamado el banco del federalismo, y tiene objetivos muy precisos a cumplir internamente en el país, pero todavía aún más, no nos engañemos, los créditos puente y el financiamiento que se otorga a las empresas particulares, porque en el caso del ramo de la construcción son empresas privadas, partes de las cuales también o parte de sus dueños han sido los sacadólares y los que nunca regresan tampoco las ganancias que obtienen producto de su trabajo en el extranjero.
A través de qué mecanismos, a través de qué precisiones en la ley se va a garantizar que esos créditos puentes y que esas garantías que se dan producto de los créditos de la banca de desarrollo a nivel mundial, se garanticen para que puedan ser reinvertidos en el país, regresados para fortalecer el desarrollo y la función de Banobras en nuestro país.
En necesario precisar, porque en el artículo y en la fracción que se impugna no se precisa de ninguna manera, no se garantiza que los créditos, que el financiamiento que se otorgue a las empresas particulares que están compitiendo o que están desarrollando un trabajo en el extranjero, haya garantías de que regresen esas ganancias para reinvertirlas en el país, como también regresen la experiencia que acumulan para también aplicarla en nuestro país. No hay ninguna garantía de eso.
Entonces, en función de esa actuación, como es posible que se esté planteando deformar y desnaturalizar las funciones de Banobras con abstracciones que se plantean en la ley y que no permiten precisar y garantizar, sobre todo, compañeros, la soberanía y el desarrollo nacional independiente de nuestro país. Se siguen, argumentando una serie de cosas acerca de. para justificar de alguna manera lo que ya está elaborado y tratar de sacar a como de lugar, sin importar incluso que contravenga a veces cuestiones señaladas y hasta decisiones del propio Presidente o cuando menos voluntad del Presidente, en varios aspectos. Sin embargo, aquí se trata de sacar a como de lugar lo que ya este planteado en los dictámenes que están a discusión. Yo creo que es importante que reflexionemos con serenidad y que podamos ubicar las cosas. No estamos en contra de la competitividad a nivel internacional. Pero en todo caso Pongámosle a Banobras no banco del federalismo, pongámosle banco del internacionalismo o de cualquier otra cosa, para precisar sus funciones. Y discutamos eso. Y no las aberraciones que estamos discutiendo en este momento. Gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el C. diputado Eduardo Valle ha solicitado la palabra.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor.
Yo realmente sólo vengo a dejar testimonio de que nuestra ignorancia en materia de finanzas internacionales es inmensa, muy grande, gigantesca. Pero no tanta como para que se abuse de ella.
El diputado Orcí habla de licitaciones, de garantías y de financiamiento. Nadie en esta Cámara de Diputados, creo yo, es tan irracional al extremo de que esté en contra de que empresas mexicanas ganen concursos internacionales. Nadie estará en contra de que insumos tecnologías o bienes de capital, o incluso bienes de consumo duradero, se puedan vender en el exterior y por lo tanto hay empleo, divisas, etcétera, etcétera, cosa que nos beneficia. Lo que creo que el diputado Orcí, confunde, creo que de buena fe o al menos eso entiendo, es que no es lo mismo ganar licitaciones que otorgar garantías y financiamiento a este tipo de empresas que ganen las licitaciones. Porque ¿de qué garantías se trata?, ¿son garantías de que se van a portar bien las empresas constructoras?, ¿son garantías de que no van a tener una serie de retrasos en los procesos tecnológicos y de producción de sus servicios?, ¿son garantías, de qué tipo de garantías?, son garantías financieras, a eso se refiere, a garantías financieras. No se trata de garantías de la buena o mala fe de un proceso tecnológico puesto que éste se ha demostrado en suficiente calidad como para ganar el concurso; se trata de garantías financieras.
Y por supuesto, se trata también de financiamientos. ¿Por qué de garantías y de financiamientos? Porque el BID y el BIRD otorgan un crédito al país que consume; ese crédito viene en dólares, obviamente está a disposición del país que está consumiendo el servicio o el producto que otro país, en este caso otra empresa otorga y ha ganado en un concurso internacional.
Entonces ¿a quién garantiza y qué garantiza Banobras? ¿Y qué financia Banobras? Banobras garantiza y financia a la empresa que exporta este servicio o que exporta este bien. Entonces en síntesis, de lo que se trata es de cuidarle financieramente las espaldas a la empresa que exporta este bien, que en este caso es una empresa mexicana, porque no se trata de cuidarle las espaldas a este
horroroso imperialismo por el cual el diputado Orcí tiene tanta preocupación cuando menos en términos de sus calificativos; no, no se trata de eso, se trata de que Banobras garantice financieramente a la empresa que exporta, y se trata de cuidarle las espaldas a este horror de créditos puentes Banobras otorgue liquidez a la empresa que está exportando.
Entonces la pregunta que nosotros queremos aquí, y este es el testimonio que nosotros queremos dejar cuando menos en la tribuna, es la siguiente: ¿Hay razón financiera en términos de la inmensa escasez de recursos financieros que tiene nuestro país para garantizar a empresas que ellas si podrían concursar en términos internacionales para garantías y financiamiento externo?
Tiene que ser necesariamente una empresa financiera del Estado un organismo financiero del Estado Mexicano, el que tenga que entregar estas garantías que a veces cuestan, a veces cuestan mucho dinero las garantías por que si suceden cosas en términos de los procesos productivos, esas garantías le cuestan a quien garantizó, porque para eso son las garantías; de eso se trata, de pagar cuando algo sale mal, entonces están cuidando las espaldas.
Y en términos de recursos financieros en nuestro país tenemos muy pocos recursos financieros, y especialmente muy pocos recursos financieros destinados al desarrollo sectorial y en particular, de algún tipo de bienes de capital, y obviamente, en términos de desarrollo regional.
Entonces, es simple y llanamente un cuidarle las espaldas, en términos financieros, que a veces puede costarnos mucho, cuando precisamente, en términos de racionalidad del uso de nuestros recursos financieros, es evidente que podíamos usarlos mejor.
Pero frente a salidas fáciles alrededor del GATT y alrededor del horroroso imperialismo, la situación puede muy rápidamente deteriorarse hasta encontrar mecanismos de salida, que permitan simple y llanamente continuar garantizando el trabajo en el exterior de empresas privadas, cuando nosotros no tenemos suficientes recursos financieros para el desarrollo de nuestro país. Gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el señor diputado Cañedo Benítez, y una vez hecho, someterla a la consideración de esta asamblea, en votación económica.
El C. Secretario Juan Moisés Calleja García: - La proposición concreta del diputado Cañedo es en sentido de que se elimine la fracción V del artículo 7o. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición del diputado Cañedo... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, expresen levantando la mano...Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - En votación económica, consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 7o.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 7o...Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Resérvelo la secretaría para su votación nominal en su conjunto, con los artículos impugnados.
El siguiente artículo que fue reservado a discusión, es el artículo 12 por el señor diputado Héctor Morquecho Rivera. Tiene la palabra.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: En virtud de que se han planteado, por parte de mi partido las consideraciones de una manera muy reiterativa, ya que se han visto con está, la tercera ley relativa a este tema, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista está impugnando el párrafo tercero del artículo 12 de esta Ley de Banobras. En consecuencia, de este artículo 12, de su párrafo 3o., que dice lo siguiente: La serie "B", podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y por personas físicas y morales mexicanas. Mi partido solicita, o más bien plantea esta propuesta: Que quede únicamente, de la siguiente manera, eliminando las frases: "...y por personas físicas y morales mexicanas". Quedaría: la serie B: "Podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios."
Quiero dejar establecido, además, que mi partido ha, también, impugnado el artículo 14 y que esta impugnación al artículo 14 estaría condicionada a que se aprobara la petición para el párrafo tercero del artículo 12 que hace mi partido.
Dejo aquí a la secretaría la proposición. Gracias.
El C. Presidente: - Por la comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: - Con la venia de la presidencia; honorable asamblea Efectivamente, como bien lo dijo el compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en las dos anteriores iniciativas de ley, que ya se han discutido, fueron muy recreativos en esta propuesta y en esta posición de su partido.
Sin embargo, también los compañeros diputados oradores, que hicieron el uso de la palabra en miembros de la comisión fueron muy claros al referirse especificamente a la distribución del capital y a la integración de
los entendedores del artículo 12 de la incitativa en cuestión.
Hay que recordar, compañeros diputados, que esta disposición está perfectamente establecida y es concordante con el artículo 12 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y el Crédito y que además se establece de manera muy particular la participación hasta en un 1% de las personas físicas o morales que deseen participar en el capital. Además, haría yo un agregado que establece ya el propio artículo 15 aprobado por esta soberanía de la propia iniciativa que dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie B.
Compañeros, creemos que esto está muy claro, que no hay duda alguna en la tesis que se ha venido estableciendo no solamente en esta iniciativa, sino en las dos anteriores que ya han sido aprobadas. Muchas gracias.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Una pregunta.
El C. Presidente: - Una interpelación, ¿la acepta el orador?
El C. Rafael López Zepeda: - Adelante, compañero.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor diputado, ¿usted considera que la Revolución Mexicana luchó por un Estado fuerte o por un Estado débil?
El C. Rafael López Zepeda: - Caray, compañero, pues evidentemente que la Revolución Mexicana luchó por un Estado fuerte y por una serie de principios perfectamente establecidos en mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguna duda, compañero?
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Otra pregunta, si me permite. ¿Ese Estado fuerte en donde debe ser fuerte y en qué aspectos?
El C. Rafael López Zepeda: - Compañero, pues, debe ser fuerte en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - ¿En el económico?
El C. Rafael López Zepeda: - Desde luego que sí.
El C Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición presentada por el señor diputado Héctor Morquecho Rivera respecto al artículo 12 e inmediatamente después sométala a consideración de la asamblea en votación económica.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por indicaciones de la presidencia, se dará lectura a la proposición del diputado Morquecho en relación con el párrafo tercero del artículo 12, que queda así: La serie "D" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, por los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios...Por indicaciones de la propia presidencia se pregunta si se acepta la proposición del diputado Morquecho, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Desechado, señor presidente.
El C. Presidente: - En votación económica, señor secretario, consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 12.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 12...Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Resérvelo la secretaría para la votación en su conjunto.
El artículo impugnado fue el artículo 14, se pregunta el diputado Morquecho si mantiene su reserva respecto a este artículo.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Ya había dicho que si no se aceptaba la proposición la retiro.
El C. Presidente: El último artículo de los que fueron reservados fue el artículo 17, reservado por el señor diputado Arturo Whaley.
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez: - Muy brevemente, señor presidente, compañeras y compañeros diputados: Quisiéramos hacer la proposición de que la fracción II del artículo 17, quedaran integrados como consejeros de la serie B, Presidentes Municipales.
Textualmente voy hacer entrega de la propuesta, diría así: La fracción II, tres consejeros de la serie B designados de entre los presidentes municipales del país, en los términos que al efecto establezca el reglamento orgánico, los consejeros de la serie B, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos.
En el sentido creo que la argumentación de los propios diputados de la mayoría, tanto el compañero David Jiménez González hace un momento, como la del compañero Hesiquio Aguilar de la Parra, cuando tocamos el punto del Banco del Pequeño Comercio, que señalo que en ese caso no cabía proponer presidentes municipales, situación que cambiaría cuando se discutiera la Ley de Banobras, precisamente.
E incluso la propia argumentación de un clásico de la mayoría, el licenciado Miguel de la Madrid, que dice en la exposición de motivos de esta iniciativa, dice: "Deben armonizarse las facultades como posibilidades
y ubicaciones de las regiones, de los estados y de los municipios"; fortalecer el todo nacional implica vigorizar su componente básico, el municipio. En este sentido el que queda integrada una visión municipal en el Consejo de Administración de Banobras sería muy importante. Lo normal compañeros, es que los consejeros de le serie B sean también funcionarios del sector central
. Ya están muchos de los secretarios de estado, correspondientes a los consejeros por la serie A. Sería muy importante que quedaran integrados por mandato de ley, presidentes municipales. Esto permitiría que se acabaran cuestiones como la que ya se ha señalado aquí en varias ocasiones, el famoso préstamo de Banobras al Grupo Alfa, cuando era el paradigno de la eficiencia, según el propio gobierno de la República que fue entonces de 23 mil millones de pesos y que ahora asciende a 267,234 millones de pesos, que no tiene para cuando pagar y que no tiene nada qué ver con el fortalecimiento de las regiones y de los municipios.
Y por último también se acabaría el manejo o tendería a acabarse el manejo faccioso que se hace de ese tipo de instituciones desde el sector central para mantenerle lealtades y grupos.
Espero que los compañeros que intervinieron a favor del fortalecimiento municipal, sean consecuentes o cuando menos que el líder de la mayoría permita que voten libremente los compañeros de la misma. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Por la comisión, tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: - Con la venia de la presidencia Honorable Asamblea: Es indispensable que Banobras se adecue al esquema del Gobierno Federal que está instrumentado para el propio sector financiero, con base en disposiciones legales que se establecen en el artículo 28 de la Constitución, del que emana la Ley Reglamentaria del Servicio Público, de la Banca y el Crédito.
En este sentido, se hace necesario orientar las acciones de la institución a la luz de las consideraciones del Ejecutivo Federal que expone en la iniciativa de Ley Orgánica de Banobras, y que básicamente se refiere a consolidarlos como el banco del federalismo que, atendiendo a la expansión de la economía, se aboca a la promoción del desarrollo urbano, el incremento y la efectividad de los servicios públicos y la posibilidad de dotar de infraestructura y equipamiento a las diversas localidades del país, para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
Asimismo, la tarea que habrá de desempeñar el banco se visualiza a partir de su capacidad de impulsar el desarrollo del país, por la vía del financiamiento progresista, apoyar la descentralización de la vida nacional como condicionante indispensable para dar mayor vigencia al pacto federal y equipar a determinadas ciudades para convertirlas en focos de atracción migratoria y propiciar el arraigo de sus habitantes y oportunidades para desarrollar sus capacidades.
Es por eso, honorable Asamblea, que extraña la propuesta hecha por el compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Banobras se instrumentará y se organizará en lo jurídico como en congruencia con lo que establece el artículo 21 de la Ley Reglamentaria ya referida.
La propuesta hecha por los compañeros de la Fracción Parlamentaria del PSUM, rigidizaría la acción de la institución. Es importante que tengamos muy claro que aquí es muy importante que participen no solamente los presidentes municipales sino también los gobernadores de las distintas entidades; esta participación no debe ser limitativa a unos cuantos sino debe estar abierta a las posibilidades que los gobernadores, que los presidentes municipales y que otros funcionarios del poder público participen en los consejos directivos de la institución.
Es por eso, compañeros, honorable asamblea, que pedimos que cuando esta propuesta se ponga a consideración, nos apoyemos en lo que establece la propia iniciativa y sea ésta la que sea aprobada. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señores diputados: Cuando nosotros propusimos en la Comisión que se especificaran los consejeros de la serie B, que no se dejará esto al arbitrio del Ejecutivo Federal, propusimos originalmente que fueran gobernadores y presidentes municipales, y entonces lo que nos contestaron fue que eso excluiría la participación de otros sectores y que quizá fuera más importante en un momento dado, que hubiera sólo presidentes municipales.
Es decir, cuando proponemos que sean sólo presidentes municipales, vienen y dicen, no, porque van a excluir a los gobernadores; ¿pues en qué quedamos? Porque entonces, conforme cambia la propuesta el argumento es el que antes se usó y así francamente es muy difícil entender las razones de la mayoría para rechazar una cosa tan elemental como que es que en el banco que ustedes y el gobierno federal llaman del federalismo, estén representadas la célula fundamental de ese federalismo que son los municipios.
Entonces, lo único que pedimos es congruencia en los argumentos, porque hasta el momento ni en la Comisión ni aquí hemos escuchado un argumento de peso para que esta Cámara no haga uso de su facultad de designar también a los consejeros de la serie B, que es lo que dijimos para el caso de Banpeco, del Banco del Pequeño Comercio, que la Cámara ejerza su facultad de los criterios para que designe los consejeros de la serie B y en ese criterio incorpore el carácter
de federalismo en su célula fundamental que son los municipios.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: - Con la venta de la presidencia: Honorable Asamblea: no ignoramos por ningún motivo, que la célula de nuestra organización federal es el municipio. Pero indiscutiblemente que al tratar el tema de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, estemos hablando de la participación no solamente de los presidentes municipales, sino también de los gobernadores, como sucede ya, como sucede ya desde hace muchísimos años, en lo que fue el Consejo de Administración de la antigua institución y lo que será ahora el Consejo Directivo de esta institución.
Creemos compañeros, que no debemos distraer la atención de lo que aquí se ha estado debatiendo y ser muy claros y muy precisos, en no dejar que la institución se rigidice y que solamente participen como lo dije en mi anterior intervención, unos cuantos en la tenencia de los bonos, de los certificados de participación de la serie B, que participen en el consejo directivo representado a la serie B, los gobernadores de las entidades y que haya además, con los presidentes municipales, una participación rotativa que puedan estar al amargo del tiempo no solamente unos cuantos presidentes municipales, y unos cuantos gobernadores, sino que exista para ellos mismos el interés de estar acudiendo a está organización representativa que es el consejo directivo. Por eso, es que pedimos que cuando se someta a la consideración de la asamblea la votación para aceptar o rechazar la propuesta antes hecha por el orador que me antecedió en el uso de la palabra, se considere la conveniencia de que sea el consejo directivo integrado como lo establece la iniciativa de ley. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la proposición presentada respecto al artículo 17 por el señor diputado Arturo Whaley, e inmediatamente someterla a la consideración de esta asamblea, en votación económica.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Artículo 17. Se propone modificar los primeros dos párrafos de la fracción II de este artículo para que quede como sigue: "Tres consejeros de la serie 'B' designados dentro de los presidentes municipales del país, en los términos que al efecto establezca el Reglamento Orgánico. Los consejeros de la serie 'B' durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos"...Por instrucciones de la presidencia se pregunta si se acepta la proposición del diputado Whaley...Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén en contra, favor de manifestarlo...Desechada, señor presidente
. El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido el artículo 17.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo del comentario...Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano...Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Señor presidente, pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con que objeto, señor diputado?
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - De acuerdo con los artículos 124 y 125 del reglamento.
El C. Presidente: - Adelante, señor diputado, tiene usted la palabra.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Señor presidente, por principio de cuentas quisiera pedirle que la secretaría diera lectura a los artículos 124 y 125 del reglamento.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a los artículos 124 y 125 del reglamento.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - "Artículo 124. En la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados. Artículo 125. Leída por primera vez una adición, y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida se pasará a la Comisión respectiva; en caso contrario se tendrá por desechada".
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Compañeros diputados: - Nuestro grupo parlamentario quiere expresar su preocupación por la decisión que adoptó esta Cámara, al rechazar un agregado al artículo 6o. de la ley que estamos discutiendo. Un agregado en que se planteaba simplemente la cuestión de que para obtener créditos de Banobras y para la realización de obras municipales, no era necesario que los municipios y el banco recabaran el aval del gobernador del Estado.
Para nosotros es motivo de preocupación porque esto pone en duda todas las cuestiones que aquí se han estado diciendo de Banobras. ¿Banobras es, o no, un banco del federalismo? De acuerdo con la forma en que se resolvió este problema, Banobras no es un banco de federalismo. Es un banco de apoyo a la influencia política de los gobernadores. ¿Banobras, es o no una banca de desarrollo?
Si es banca de desarrollo, tiene la obligación, tiene el deber de apoyar precisamente a la célula que es la base del desarrollo del país. Mientras nosotros mantengamos a los municipios en las condiciones de hijos pobres, o de entenados pobres, que es peor, mientras tengamos a los municipios en esa situación, Banobras no se puede considerar banca de desarrollo.
Sí creemos que se está actuando en esta Cámara con el criterio de facilitar un instrumento más para la disciplina de los ayuntamientos bajo el mando de los gobernadores de los Estados.
Nosotros, los diputados miembros del PSUM no podemos estar de acuerdo con las razones o más bien, las dizque razones que se esgrimieron para rechazar esa propuesta. Estamos ante la necesidad de abrir un horizonte de libertad a los municipios en la ejecución de obras públicas. Estamos ante la necesidad de dar todas las condiciones posibles a los municipios para que se desarrollen, para que crezcan, para que se fortalezcan.
Por esta razón, y con base en los artículos 124 y 125, del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, nuestro grupo parlamentario presenta la siguiente propuesta de agregado al artículo 8o. del Proyecto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Este agregado diría: "En todo caso no será necesario el aval del gobernador del Estado para que sean otorgados los créditos a los municipios". Esto iría precisamente al final del artículo 8o
. Dejamos esta proposición y pedimos que se someta al trámite respectivo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría en los términos del artículo 125, al que se ha dado lectura, a leer la adición propuesta por el señor diputado Gerardo Unzueta, ya ha hecho la exposición e inmediatamente después, en votación económica, pregunte a la asamblea si se admite o no a discusión.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, se da lectura a la propuesta del C. diputado Gerardo Unzueta: "En todo caso no será necesario el aval del gobernador del estado para que sean otorgados los créditos a los municipios"... Siguiendo las instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del C. diputado Unzueta... Rechazada, señor presidente.
El C. Presidente - En los términos del artículo 125 se tiene por desechada.
Proceda la secretaría a tomar la votación nominal en un solo acto de los artículos 3,6,7,12,14, y 17.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 3o., 7o., 14 y 17.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 171 del Reglamento Interno.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - La secretaría informa a la Presidencia que la votación resultó como sigue: Para el artículo 3o., 323 votos en pro y 39 en contra; para el artículo 6o., 323 en pro y 29 en contra; para el artículo 7o., 323 en pro y 29 en contra; para el artículo 12o., 327 en pro y 35 en contra y para el artículo 17o., 323 en pro y 39 en contra.
El C. Presidente: - Aprobamos los artículos impugnados por los siguientes votos: Artículo 3o. 323, artículo 6o. 323, artículo 7o. 323, artículo 12o. 327 y artículo 17o. 323.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIONES
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: En oficio fechado el 15 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso al ciudadano Vicealmirante David Zepeda Torres, Agregado Naval de la Embajada de México, en Perú, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de ese país.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 19 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante David Zepeda Torres, agregado naval de la Embajada de México, en Perú, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el gobierno de ese país.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 22 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan M. Calleja García, Juan José Castillo Mota, José G. Badillo Ortiz, Juan A. Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes R. Flores Zaragoza, Miguel Herrerías A., Alejandro Ontiveros G., Sergio Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis R., Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo J. Pascual Moncayo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Germán Corona del Rosal.»
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 15 del presente mes, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano general de división Diplomado de Estado Mayor, Juan Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa Nacional, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados el 19 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general de división Diplomado de Estado Mayor, Juan Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa Nacional para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 24 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José G. Badillo Ortiz, Fernando Baeza Meléndez, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis R., Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros G., Luis Orcí Gándara, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Demetrio Ruiz Malerva, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández.»
El C. Presidente: - El siguiente punto de orden del día es la Segunda Lectura a los dictámenes con proyecto de decreto, que se mencionan a continuación. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano David Zepeda Torres, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado de Gran Oficial con Distintivo Blanco, que le confiere el Gobierno de ese país.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Juan Arévalo Gardoqui, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Consulte la secretaría, en votación económica, a la asamblea si le dispensan a estos dictámenes la lectura.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura a estos dictámenes ... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Se dispensa la lectura.
Son de segunda lectura.
El C. Presidente: - Esta presidencia se permite consultar a la asamblea si existe por parte de los ciudadanos diputados interés en reservar en lo general o en contra alguno de estos dictámenes ... Rechazado.
Esta presidencia, consulta a los ciudadanos diputados si de los dictámenes con que se ha dado cuenta existe interés de reservar en lo particular algún artículo para su discusión ... Rechazado.
En consecuencia, en virtud de que se ha dispensado la segunda lectura y que no existe
reserva en lo general y en lo particular de ninguno de los artículos, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta en una sola votación nominal en conjunto decidir los dictámenes a que hemos hecho referencia ... Aprobado, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a tomar en un solo acto la votación nominal de los dictámenes.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se va a proceder a tomar la votación nominal de los proyectos de decreto que se ha hecho mención en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente el decreto que concede permiso a condecoración al C. David Zepeda Torres registró 282 votos en pro.
El decreto que concede permiso de condecoración al C. Juan Arévalo Gardoqui registró 282 votos en pro.
Trámite: - Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz y María Esther Morales Durán, puedan prestar servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 19 de los corrientes, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los Peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como técnicos de campo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartamento B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Ángel Santana Hernández, para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Gutiérrez Alcaraz, para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Esther Morales Durán para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 21 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Miguel Herrerías Alvarado, Germán Corona del Rosal, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis Ramírez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.»
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín, puedan prestar servicios como técnicos de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , el 19 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los Peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como técnicos de campo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Cuevas Acuña, para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estado Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Luis García Macín, para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 22 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Miguel Herrerías Alvarado, Germán Corona del Rosal, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis Ramírez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.»
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de noviembre del presente año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel, puedan prestar servicios como técnico de campo y secretaria bilingüe, respectivamente en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 19 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los Peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como técnico de campo y secretaria bilingüe, respectivamente:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Chapa Linares, para prestar servicios como técnico de campo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Xóchitl Leonor Prince Pimentel, para prestar servicios como secretaria bilingüe en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F. a 22 de noviembre de 1985.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Diego Valadés, Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Jorge Montúfar Araujo, David Jiménez González, Fernando Baeza Meléndez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Demetrio Ruiz Malerva, Heriberto Ramos Salas, Guillermo Fonseca Alvarez, Juan Moisés Calleja García, Juan José Castillo Mota, José Gonzalo Badillo Ortiz, Juan Antonio Araujo Urcelay, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Miguel Herrerías Alvarado, Germán Corona del Rosal, Alejandro Ontiveros Gómez, Sergio Armando Valls Hernández, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Melquiades Morales Flores, Oswaldo García Criollo, Francisco Berlín Valenzuela, Carlos E. Cantú Rosas, Antonio Monsiváis Ramírez, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Gabriel Jiménez Remus, Jesús González Schmal, Juan de Dios Castro Lozano,
Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo Martínez, José Luis Díaz Moll, Jorge Masso Masso, Pedro José Peñaloza, Pablo José Pascual Moncayo.»
El C. Presidente: - Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se concede permiso a los ciudadanos José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, María Esther Morales Durán Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín para prestar servicios como técnicos de campo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Consulte la secretaría, en votación económica, a la asamblea si se le dispensan a estos dictámenes la lectura.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura a estos dictámenes ... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Se dispensa la lectura.
Son de segunda lectura.
El C. Presidente: - Esta presidencia se permite consultar a la asamblea si existe por parte de los ciudadanos diputados interés en reservar en lo general o en contra alguno de estos dictámenes ... Rechazado.
Esta presidencia, consulta a los ciudadanos diputados si de los dictámenes con que se ha dado cuenta existe interés de reservar en lo particular algún artículo para su discusión ... Rechazado.
En consecuencia, en virtud de que se ha dispensado la segunda lectura y que no existe reserva en lo general y en lo particular de ninguno de los artículos, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta en una sola votación nominal en conjunto decidir los dictámenes a que hemos hecho referencia ... Aprobado, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a tomar en un solo acto la votación nominal de los dictámenes.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se va a proceder a tomar la votación nominal de los proyectos de decreto que se ha hecho mención en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente el decreto que concede permiso para que a los CC. José Ángel Santana, Eduardo Gutiérrez Alcaraz María Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América 263 en pro y 19 en contra.
El proyecto que concede permiso para que el C. Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América registro 263 votos en pro y 19 en contra y 2 abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decretos por los siguientes votos, el que concede permiso a los CC. José Ángel Santana Hernández, Eduardo Gutiérrez Alcaraz, María Esther Morales Durán, Juan Cuevas Acuña y José Luis García Macín por 263 votos.
CC. Francisco Javier Chapa Linares y Xóchitl Leonor Prince Pimentel por 263 votos.
Trámite: - Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El C. Presidente : - Continúe la secretaría con el orden del día.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente, se han agotado los asuntos del orden del día. En consecuencia se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. Secretario:
Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
5 de diciembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Tabasco, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Enrique González Pedrero, gobernador constitucional del estado, rendirá su tercer informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero y Zacatecas.
Informe de las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de la Comisión Especial Pluripartidista.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma la ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del convenio constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
De las comisiones unidas de Pesca de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley
Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que amplía la garantía que el Gobierno Federal puede otorgar en las operaciones de préstamo celebradas con el Banco Internacional de reestructuración y fomento y el plazo en que la misma puede concederse.
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, Reforma Agraria, Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de Ley Orgánica del Sistema Banrural.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Emilia Sala Viu de Halffter, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Lazo de Dama, que le confiere el gobierno de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Carlos Canseco González, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Colombia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, sobre la proposición del Partido Acción Nacional relativo a la designación de comisiones de cortesía.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Enrique Carmona Ortega y Mónica Guerrero Robles, para prestar servicios, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Alma Rosa Gurrola González y Elsa Patricia Villareal Garza, para prestar servicios en la Embajada y consulado de los Estados Unidos de América en México.
El C. Presidente (a las 23:40 horas): - Se levanta la sesión pública y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana, 5 de diciembre, a las 11:00 horas. Se pasa a sesión secreta.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES.