Legislatura LIII - Año I - Período Ordinario - Fecha 19851211 - Número de Diario 50
(L53A1P1oN050F19851211.xml)Núm. Diario:50ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"LIII" LEGISLATURA
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración Local de Correos, el día 21 de septiembre de 1921
AÑO I México, D.F., miércoles 11 de diciembre de 1985 TOMO I. NÚM. 50
SUMARIO
APERTURA
Se abre la sesión. Palabras de la propia presidencia sobre actitudes que solicita no se lleven a cabo con el objeto de elevar el nivel del debate.
ORDEN DEL DÍA............................................................
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
CON UNA ACLARACIÓN SE APRUEBA.
COMENTARIOS EN TORNO
AL PETRÓLEO
Por parte del C. Heberto Castillo Martínez en relación con la OPEP y el descenso del precio del petróleo
También comentan el tema los CC., Edeberto Galindo Martínez, Joaquín Contreras Cantú, Jorge Alcocer Villanueva, Heberto Castillo, Eduardo Valle Espinosa, Miguel Alonso Raya y José Angel Pescador Osuna..................8
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Guerrero, inherente a sus funciones legislativas. De enterado
DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz se refiere a este hecho en ocasión del XXXVII aniversario de su iniciación, y a denuncias sobre detenidos y desaparecidos. Se turnan a comisión
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA FEDERAL
Proyecto de decreto que adiciona su artículo 13.
CÓDIGO PENAL
Proyecto de decreto que reforma varios artículos del citado código, para el Distrito Federal, en materia de fuero común; y de fuero federal para toda la República.
LEY ORGÁNICA
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforman la ley de referencia.
LEY DEL MERCADO
DE VALORES
Proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones de dicha ley.
LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA
DE LA FEDERACIÓN
Proyecto de la ley mencionada.
LEY FEDERAL DEL MAR
Proyecto de la ley de referencia.
SOBRE EL INGRESO DE MÉXICO
AL GATT
Para precisar la posición de sus partidos al respecto, hablan los CC. Javier Garduño Pérez; Pablo Pascual Moncayo, quien propone que el Ejecutivo remita el proyecto de protocolo a esta Cámara para estudio y juicio; José Angel Conchello Dávila, que propone que en el caso de aranceles de importación que deban reducirse, anticipadamente opinen los afectados; Enrique Bermúdez Olvera, Sócrates Rizzo García, Ricardo Pascoe Pierce, José Luis Díaz Moll, José Angel Pescador Osuna, Díaz Moll, Roberto Calderón Tinoco,
José Luis Sánchez González, Humberto Ramírez Rebolledo, Francisco Hernández Juárez, quien propone se convoque a un foro para debatir el ingreso o no ingreso al GATT; Heriberto Ramos Salas, Miguel Alonso Raya y Blanca Esponda Espinosa...48
Respecto a la propuesta del diputado Pascual Moncayo, intervienen, en contra, el C. Ramos Salas y el C. Pascual Moncayo; para hechos, el C. Genaro José Piñeiro López; en pro, el C. Martín Tavira Urióstegui; para aclaraciones, Eraclio Zepeda Ramos. Se desecha al igual que la que presentó el C. diputado Conchello Dávila y la del C. diputado Hernández; habla en pro, el C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se desecha.
DICTAMEN DE PRIMERA
LECTURA
LEY ORGANIZA DEL BANCO
NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR
Propuesta para que se someta a discusión este dictamen. a discusión la propuesta. Intervienen, en contra, Consuelo Botello de Flores; para retirar la propuesta, Javier Garduño Pérez. Se retira. Para aclaraciones, Humberto Ramírez Rebolledo. Queda de primera lectura.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
MONEDAS CONMEMORATIVAS
DEL CAMPEONATO MUNDIAL
DE FÚTBOL. 1986
Proyecto de decreto que establece las características de dichas monedas de oro, plata y cuproniquel.
A discusión en lo general. Intervienen, en contra, el C. Martín Tavira Urióstegui; en pro, Rafael López Zepeda; nuevamente, Tavira Urióstegui. Sin discusión en lo particular se aprueba en ambos sentidos. Pasa al Senado.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
REFORMAS AL DECRETO
SOBRE INMUEBLES
EN ARRENDAMIENTO
La C. Ofelia Casillas Ontiveros fundamenta y da lectura a una reforma del artículo II del decreto expresado. Se turna a comisiones.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. FERNANDO ORTIZ ARANA
(Asistencia de 340 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:15 horas). - Permítame, señor secretario. Señoras y señores diputados: Esta presidencia, en los términos del artículo 21 del Reglamento Interior para el Congreso General, tiene la obligación que si los miembros de la Cámara como los asistentes a las sesiones guarden orden y silencio.
Con objeto de que el principio de orden sea factible, esta presidencia quiere, muy respetuosamente, formularles a los señores diputados varias solicitudes: La primera de ellas, rogarles muy atentamente que durante las sesiones se centre la sesión al desarrollo de las mismas, por otro lado, con objeto de que el orden de las sesiones se mantenga y la altura en el nivel de la discusión, esta presidencia se permite rogar a los CC. diputados que en las intervenciones se destierren injurias y adjetivos que ofendan y que finalmente lastiman el nivel de debate en la Cámara de Diputados en lo general.
Por otro lado, también queremos solicitar que los auxiliares, asesores y aun personal administrativo de la Cámara, no ocupe las curules que son exclusivas para los señores diputados y que ocupen la parte correspondiente al público, auxiliares y asesores de los diputados.
Todo esto, señores diputados, podrá ser factible en la medida que la presidencia aplique ciertamente el reglamento, pero también será factible en la medida que contemos con su comprensión y con su colaboración. Muchas gracias. (Aplausos.)
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día.
11 de diciembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Guerrero.
Dictámenes de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que
que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. De la comisión de Justicia con proyectos de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De la comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.
De las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Marina, con proyecto de Ley Federal del Mar.
De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. Dictamen a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de las Monedas de Oro y Plata y de Cuproniquel, conmemorativas de XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.
Presidencia del C. Fernando Ortiz Arana
En la ciudad de México, a las doce horas y veinticinco minutos del martes diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, con asistencia de doscientos sesenta y nueve ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior, llevada a cabo el día de ayer.
Se da cuenta con los documentos en cartera:
La Legislatura del estado de Tabasco comunica la elección de presidente y vicepresidente de su Mesa Directiva. De enterado.
Para los efectos correspondientes, la H. Cámara de Senadores remite las minutas que a continuación se expresan:
Con proyecto de Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. Recibo y a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Salubridad y Asistencia.
Con proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Exterior. Recibo y a la Comisión de Comercio.
Con proyecto de decreto que reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Recibo y a las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal.
Con proyecto de decreto que concede permiso al C. Carlos Gaytán Durón, para aceptar y usar la Medalla de la Fraternidad Combativa, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto que concede permiso al C. Sergio Alejandro Pérez Castillo, para aceptar y usar la Medalla de Elogio, que le otorgan el Gobierno de los Estados Unidos de América. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Lorenzo Serrano Gutiérrez presenta y da lectura a una iniciativa de decreto, que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para consideraciones y en apoyo de la iniciativa el C. José Luis Díaz Moll.
Por su parte, la C. Rosario Ibarra de Piedra, expresa que hoy, diez de diciembre, es el día consagrado a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. En tal virtud, fundamenta y presenta la siguiente proposición.
"Primero, declarar que la detención - desaparición forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad. Segundo, solicitar al Jefe del Ejecutivo Federal promueva ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la adopción del proyecto de Convención sobre Desaparecimiento Forzado, presentado por FEDEFAM ante ese organismo, basándose en que esta Cámara considera a la detención - desaparición como violatoria de los más elementales derechos humanos y que las personas víctimas de esta práctica, deben ser liberadas para retornar con sus seres queridos."
Suscriben la proposición las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario de los Trabajadores, Socialista Unificado de México, Acción Nacional, Mexicano de los Trabajadores y Demócrata Mexicano.
Con objeto de hacer consideraciones en torno a este asunto y en apoyo de la proposición, hacen uso de la palabra los CC. María del Carmen Jiménez de Ávila, Jesús González Gortázar, Carlos Barrera Auld y José Luis Sánchez González.
En los términos del artículo 58 del reglamento, la asamblea, en votación económica, admite a discusión la proposición, y en consecuencia se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
A su vez, el C. Gonzalo Altamirano Dimas manifiesta que este fin de semana se anunció que Petróleos Mexicanos autorizó la venta de 144 millones de litros de combustóleo a
precios subsidiados a los habitantes de colonias populares y campesinas de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Sonora.
Externa reflexiones sobre el particular y propone que esta Cámara se dirija a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, así como al director de Pemex, para que dentro del ámbito de sus competencias, gestionen y en su caso acuerden extender la medida del precio subsidiario al combustóleo para todos los habitantes de colonias populares y campesinas de todo el país y no se sujeten dichos beneficios a sólo cuatro entidades, como acordaron recientemente dichos funcionarios.
Asimismo, que dichos funcionarios informen el porque se autorizó la distribución de los 144 millones de litros de petróleo a través de un partido político, y por qué no se realizó dicha distribución por medio de los canales normales.
En los términos del artículo 58 del reglamento hablan, en contra el C. Miguel Angel Barberena Vega, en pro el C. Gonzalo Altamirano Dimas y para hechos el C. Eduardo Turati Alvarez.
La asamblea, en votación económica y por mayoría, no admite a discusión la proposición, y por tanto se desecha.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Dictamen relativo a la iniciativa de decreto presentada por ciudadanos diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura, tendiente a reformar el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.
El dictamen en cuestión concluye con dos puntos resolutivos que determinan, por las razones expresadas en el cuerpo del propio dictamen, que no es de aprobarse la reforma de referencia, y que se formule pedimento a la H. Cámara de Senadores, para que se sirva dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo conducente, con relación al proyecto de decreto de fecha 15 de octubre de 1976.
A discusión los puntos resolutivos del dictamen.
Abordan la tribuna, para proponer se rechace el dictamen y se formule uno nuevo que contenga los considerandos de su proposición, y que una vez aprobado éste se envíe a la H. Colegisladora enérgica excitativa para que asuma su responsabilidad.
En los términos del artículo 110 del reglamento hablan, en contra el C. Samuel Quiroz de la Vega.
La asamblea, en votación económica no admite la moción suspensiva, y en consecuencia se tiene por desechada.
Siguen en el uso de la palabra, en contra de los puntos resolutivos el C. Demetrio Vallejo Martínez, en pro el C. Eduardo Acosta Villeda, en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano, para hechos los CC. Juan Moisés Calleja García Juan de Dios Castro Lozano, Pablo Alvarez Padilla, Eduardo Acosta Villeda y Demetrio Vallejo Martínez, en pro el C. Manuel Fernández Flores, para hechos el C. Blas Chumacero Sánchez, en pro el C. Héctor Hugo Varela Flores, para razonar su voto en pro el C. Reyes Fuentes García y para hechos el C. Ricardo García Cervantes.
Suficientemente discutidos los puntos resolutivos, en votación económica y por mayoría, se aprueban.
Proyecto de decreto que concede permiso al C. Carlos Canseco González, para que pueda aceptar y usar las siguientes condecoraciones que le confieren gobiernos extranjeros.
Medalha de Inconfidencia, del Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la orden de Cristobal Colón en grado de Caballero, del Gobierno de la República Dominicana.
Medalla por Servicios Distinguidos en grado de Comodoro, del Gobierno de la República del Perú.
De la orden de San Carlos en grado de Comodoro, del Gobierno de la República de Colombia.
De la Legión de Honor en grado de Caballero, del Gobierno de la República de la Costa de Marfil.
De la Cruz del Servicio Civil en Primer Grado, del Gobierno de la República Federal de Alemania. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dos dictámenes con sendos proyectos de decreto que concede permiso a los CC. Antonio Mario López y Mancera y Luz del Amo, para aceptar y usar la condecoración del Merecimiento a la Cultura Polaca, que les confiere el Gobierno de Polonia. Son de segunda lectura.
A discusión en su orden los dos proyectos de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reservan para su votación nominal en conjunto.
Dictamen con proyecto de decreto que autoriza a la C. Martha Guadalupe Barrón Díaz, para prestar servicios como empleada en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto, sin ella, y previa lectura del voto particular que sobre este dictamen presentó el Partido Popular Socialista, se procede a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los tres anteriormente reservados, resultando aprobados en la siguiente forma:
El relativo a Carlos Canseco González, por trescientos diez votos en pro y cinco abstenciones.
El relativo a Antonio Mario López y Mancera, por trescientos diez votos a favor y cinco abstenciones.
El relativo a la C. Luz del Amo, por trescientos diez votos afirmativos y cinco abstenciones.
El relativo a la C. Martha Guadalupe Barrón Díaz, por doscientos setenta y nueve
votos en pro, veintidós en contra y dos abstenciones. Pasan, el primero al Senado y los restantes al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
A fin de hacer una serie de consideraciones y comentarios en relación a las elecciones municipales llevadas a cabo el día primero del mes en curso en el estado de San Luis Potosí, hace uso de la palabra el C. Eduardo Turati Alvarez.
Para hechos y consideraciones sobre el mismo asunto, intervienen los CC. Xavier Abreu Sierra, Angel Sergio Guerrero Mier, Federico Ling Altamirano, Alfonso Lastras Ramírez, Jaime Delgado Herrera y Antonio Sandoval González.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dieciocho horas y treinta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles once de diciembre a las diez horas.»
Está a discusión el acta.
El C. Xavier Abreu Sierra:- Se dice que yo hablé para el mismo caso de San Luis Potosí y no fue referente al caso de San Luis Potosí, sino sobre la zona de Soconusco, Chiapas.
El C. Presidente:- Proceda la secretaría a hacer la aclaración correspondiente en el acta en los términos solicitados por el señor diputado.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
Tomo nota y se hará la corrección correspondiente.
Con esta aclaración, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
COMENTARIOS EN TORNO
AL PETRÓLEO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Heberto Castillo.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Compañeras y compañeros diputados: Desde ayer en la prensa supimos de la decisión de la OPEP de defender su mercado. La información señalaba que la OPEP lucharía contra los productores independientes.
Ahora mismo se informa también, por la prensa, que en el mercado libre de Rotterdam comienza a descender el precio del petróleo. Todos sabemos lo que esto significa par la economía nacional, todos sabemos que México exporta un millón y medio de barriles diarios, la mitad de ellos a los Estado Unidos y casi el 70% de los ingresos de México, por exportaciones, proviene del petróleo.
El señor Labastida Ochoa ha enviado, ha hecho circular su conferencia de prensa donde explica su presencia en la Reunión de la OPEP y los puntos de vista de México al respecto.
A mi escritorio ha llegado, como suele ocurrir, un documento que proviene de las dependencias gubernamentales con documentos fehacientes, publicaciones en revistas internacionales, y desde luego, documentos también internos en donde se plantean algunas preocupaciones, angustiosas diría yo, por el futuro de nuestro comercio petrolero y por el futuro de nuestra perspectiva energética.
El Partido Mexicano de los Trabajadores considera muy importante que en este Congreso reflexionemos sobre algunos problemas fundamentales y tomemos algunas medidas concretas. Por ejemplo, sabemos que si, como dice la información de la prensa ahora, ha descendido el precio del petróleo en el mercado libre alrededor de un dólar y medio, sabemos que un dólar que baje el precio del petróleo en nuestro país significa una reducción de un millón y medio de dólares diario; significa que nuestros ingresos disminuyen dramáticamente, pero también se anuncia para la primavera esta guerra de precios, porque con toda razón los países de la OPEP y la organización de países exportadores de petróleo, anuncia que si tienen que bajar lo precios para mantener su mercado lo hará, y en México suele ocurrir que ignoremos, por ejemplo, los países del Golfo Pérsico, que Arabia Saudita son naciones que teniendo muy baja población y teniendo una gran producción de petróleo pueden descender el precio del petróleo y pueden aumentar su exportación sin que prácticamente sufran mayores daños.
También ayer se informaba que, por ejemplo, Kuwait tenía un excedente de 38 mi millones de dólares, producto de sus ventas que situaba en la banca internacional. Competir con esos países es ir a la ruina.
México se ha abstenido de ingresar a la OPEP y así tímidamente se ha ido acercando hasta llegar a estos contactos en donde tenemos una representación como observador, y conocemos de los planteamientos que hacen estos países, pero no podemos participar en ellos.
Los compañeros que me envían este trabajo, que me piden que guarde su anonimato, sin necesidad de hacerlo porque no me dan sus nombres, me plantean y me proporcionan alguna información, hacen un trabajo de selección, pues muy importante, pero que es necesario conocer.
Desde los tiempos de Díaz Serrano, hay la idea de que si México ingresa a la OPEP pierde soberanía, se dice desde el Gobierno; curiosa cosa, participar en un mercado de vendedores de un producto que todos tenemos para defender nuestros precios, para defender el petróleo es perder soberanía; entrar el GATT, como se va a discutir, esperamos ahora, esto es ganar independencia; toda depende con qué cristal se mire la perspectiva.
Pero, ,miren ustedes, se dice que la baja en los precios del petróleo perjudica a todos,
sin embargo los informes, pues, por ejemplo, del Petroleum Intelligence Wiggly, de agosto 5 de este año, nos enseñan cómo las grandes empresas, las llamadas siete hermanas que, no se por qué les dicen siete hermanas, será por que son hijas de la gran prostituta; estas empresas que se han dedicado a esquilmar al mundo y a consumir los energéticos que tenemos todos, señalan que precisamente el año pasado las utilidades de esas empresas crecieron las de todas; la de una 2.54 dólares por barril; la de otra 2.81 dólares por barril; la de otra 2.34 dólares por barril; la otra 1.70 dólares por barril; la otra 5.95 dólares por barril y la otra 5.58 dólares por barril.
O sea que, mientras el precio del petróleo crudo disminuye, las utilidades que obtienen las grandes empresas trasnacionales aumentan; el mismo cuento, nos compran las materias primas baratas y nos venden los productos elaborados caros.
Pero este problema que ahora nos golpea, el problema de la baja del petróleo, inminente, pudiera decirse como se plantea desde el Gobierno, no tiene solución, es un problema exógeno, viene de fuera, no podemos hacer nada, no se puede plantear, no se puede prever. Sin embargo nosotros señalábamos lo siguiente: la política petrolera que ha seguido México al margen de la OPEP ha sido disminuir el precio y el precio precisamente de México es el más bajo de los precios que existen dentro y fuera de la OPEP, es decir, estamos por debajo de los precios de todas estas naciones y todavía hace poco se hizo una modificación, una adecuación para que el precio fuera distinto, según la región geográficamente, o sea, a unos países más baratos que a otros por su localización geográfica; pero esto también lo podemos ver, pues, el costo, el precio también en el mercado libre y en el mercado nuestro, México no aparece en el mercado libre pero en el mercado oficial el precio más bajo es del petróleo mexicano. Esto es una evidencia de que nosotros estamos presionando a la baja, ¿es esto correcto?, bueno, pues para mantener el nivel de exportación.
Hay otra cuestión interesante, porque se nos anuncia en todos los informes presidenciales, en todos los informes de la Memoria de Labores de Pemex que la producción de México anda por los 2 millones 700 mil barriles; sin embargo la información de las revistas especializadas, y por ejemplo, aquí en Statistics de junio de 1985, nos muestra que México, por ejemplo, tuvo en 1982 una producción de crudo de 3 millones de barriles, en 1983, 2.95, y en 1984, 3 millones de barriles. No se han reportado, al menos los 250 mil millones que en términos redondos faltan o sea los 250 mil barriles diarios que faltan. ¿Dónde estarán esos barriles de petróleo?, pues tenemos que tomar en cuenta que ha habido advertencias, por ejemplo, Taylor también de la OPEP y de los Emiratos Arabes anuncia, bueno, vamos nosotros a luchar y van a luchar por la baja del precio del petróleo. Nosotros vamos a esperar tranquilamente a que el petróleo se venga abajo y el próximo año digamos, las condiciones son difíciles y el petróleo como se anuncia y es probable que ocurra, desciende a 20 dólares el barril. Esto va a significar para México una pérdida de 2 mil 500 millones de dólares en sus exportaciones y esos 2 mil 500 millones de dólares se va a sumar a las necesidades que tenemos de reconstrucción, 2 mil 500 millones de dólares que necesariamente van a repercutir en la balanza de pagos, entonces que tendremos que obtener de algún lado.
¿Qué vamos a vender?, ¿qué vamos a exportar?, ¿Qué otra cosa podemos exportar? Bien, pues también esto se precisará en la discusión con respecto al GATT.
Pero si nosotros queremos entender el proceso que estamos viviendo, también tendríamos que saber, que conocer un poco más de lo que pasa con el petróleo, cosa que por desgracia se desconoce. Se desconoce, por ejemplo, que en el mundo las naciones desarrolladas han logrado abatir la demanda del petróleo mediante el ahorro, el ahorro fundamentalmente en los automotores en Estados unidos, el ahorro en la calefacción, el ahorro en el uso de la gasolina y del combustóleo y del gas, trasladando este uso a otras fuentes de energía que nosotros no estamos aprovechando, entonces nosotros seguimos pensando en que Laguna Verde va a producir en 1986 o 1987. Bien, pero nosotros debemos pensar también que en los últimos seis, siete años en vez de salir de la dependencia del petróleo nos hemos metido en ella porque consumimos energía primaria, esta luz, que parece que es luz de la Procuraduría General de la República cuando a uno lo interrogan, esta energía primaria que consumimos proviene en México en más del 95% del petróleo, cuando hace diez años, ocho años era 10 puntos menos, o sea vamos hacia una dependencia cada vez mayor, y estamos apostando contra el futuro.
En Estado Unidos, en Alemania, en Japón, en Francia se está obteniendo el aprovechamiento, o se está obteniendo energía de otras fuentes. Creo que esta es una de las cuestiones vitales para nuestra patria, buscar ese aprovechamiento, pero defender nuestro petróleo.
Hasta ahora estamos, como ya se ha dicho aquí entregando todos los días un millón 250 mil barriles diarios para el pago de intereses; si esa baja del petróleo llega, no obtendremos en el próximo año, si el petróleo vale 20 dólares, sino alrededor de 10 mil millones de dólares como ingresos anuales, cuando los intereses de la deuda suman 12 mil; no nos va a alcanzar el petróleo para pagar la deuda.
La guerra de precios, como decía yo, ya se ha dado en las estadísticas, eso sí, hechas aquí, pues el precio del petróleo mexicano es el más bajo de todos los precios que hay en el mercado. Y la organización está peor todavía.
El problema no es nuevo. El problema es viejo. Lo hemos denunciado antes. Estas cifras nos preocupan en lo siguiente:
¿Cuanto petróleo producimos diariamente? ¿Cuánto petróleo expedimos diariamente? ¿Quién mide cuánto petróleo se carga en los buques - tanques que se llevan el petróleo a exportación? ¿Quién nos informa, a este Congreso quién le informa, cómo se puede informar de cuánto petróleo sale realmente?
Nosotros en el pasado hemos hecho algunas investigaciones y las seguimos haciendo, y como siempre, los números no empatan. Claro está que luego podremos, como decía el señor Silva Herzog o el señor Salinas Lozano, sentarnos, analizar las cifras para que veamos que no salen y, pues, sigamos sentados analizando las cifras. Pero en los reportes de Pemex y del Banco de México y en la Secretaría de Programación y Presupuesto de hace unos años, hace unos años encontramos que faltaban 319 millones de barriles de petróleo en la producción de sólo dos años, 1978- 1979. Y que las cifras discrepantes habían sido publicadas mensualmente en los boletines de información de Programación y Presupuesto durante el año de 1980 y un mes, el primero de 1981. Y la diferencia era de ese orden, del orden de 317 millones de barriles en lo que respecta a Pemex y Programación y Presupuesto. Era la diferencia. Y en cuanto a ingresos de las empresas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, del orden de los 104 mil millones de pesos, que equivalían entonces a 5 mil millones de dólares.
Japón anunció que estaba comprando petróleo en el mercado negro, o en el mercado libre, perdón, de Rotterdam, dijo que había comprado un millón de barriles. De inmediato el Gobierno de México desmintió la información. Pero nosotros preguntamos: ¿cómo podríamos saber cuánto petróleo se carga en los buques - tanques? ¿Qué bomba mide esta carga? ¿por qué la información internacional que se da en nuestra producción diaria no coincide con la información nacional que se da? ¿Dónde están los 250 mil barriles diarios que, según está información no desmentida, que registra las compras adquiridas por países desarrollados se han obtenido en tres años? Es un cuarto de millón de barriles diarios, durante, pues más de mil días. O sea, estamos buscando otra vez barriles de petróleo perdidos. ¿Cuántos son, o no son perdidos, se vendieron, quien los cobró, dónde está el dinero, dónde están los dólares que produjeron estos barriles?
Nosotros consideramos, por otra parte, que esto se ha planteado, pues, precisamente en publicaciones e incluso este libro, pues tiene circulación de un par de años, ahí se hacen algunas cuestiones muy concretas que plantea los hechos y se dice, por ejemplo, ténganse en cuenta que en 1979 el PMT denunció el faltante en la contabilidad de Pemex, por 317 millones de barriles de petróleo y también que para explicarlo el director de Pemex, en ese entonces Jorge Díaz Serrano, público un desplegado lleno de mentiras. Y ese desplegado lo avalaba la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados de entonces.
Entre otras que se habían evaporado, así decía, alrededor de 19 millones de barriles de petróleo. No se decía cómo había venido la evaporación y que había usado 97.3 millones de pies cúbicos de gas por día para llenar nuevos ductos. Le hicimos saber entonces que ese gas habría llenado, en los dos años que se decía, un tubo de 20 pulgadas de diámetro, (50 centímetros) de una longitud de casi 10 millones de kilómetros, de longitud tal que permitiría al tubo dar la vuelta a la tierra por el Ecuador 248 veces; debe hacerse constar que ninguna autoridad del país se preocupó, en esa ocasión, por aclarar la situación y deslindar responsabilidades.
Y, entonces, los 317 millones de barriles de petróleo desapareció de contabilidad de Pemex en los años 78 y 79, valían en el mercado internacional alrededor de 14 dólares casa uno, que a 23.50 pesos importaban el total de 100 mil millones de pesos.
Empatan las cifras, decíamos, lo que faltaba en las cuentas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y lo que faltaba en Pemex. Lo faltante entonces en los números de la SSP de febrero de 1981 a la fecha y el valor del crudo desaparecido faltaban, pues existencias de petróleo por 317 millones de barriles e ingresos por 100 mil millones de pesos. Ambas cosas, parece, no fueron contabilizadas por Pemex, lo estarán en algún lugar.
Entonces preguntábamos si esto podría ser aclarado. El Secretario de Programación y Presupuesto en ese entonces era el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, y ahora, pues la pregunta sigue flotando en el ambiente, porque que una dependencia publique durante un año y un mes los 13 números consecutivos una cifra, que recuerdo así a la memoria, de 354 mil millones de pesos y de repente la rectifique por 262 mil, de repente de un número a otro; diga "lo que estaba yo anotando antes como registro no vale, ahora es esto". Y no ponga ni siquiera un pie de página en donde dijera: " bueno, pues en los números anteriores, en los 13 números anteriores estábamos consignando una cifra equivocada, eran los ingresos petroleros de Kuwait o de algún otro país, y ahora rectifiquemos";. Nada, simplemente se cambia la cifra, se empata con la cifra que estaba publicando Pemex y el asunto está arreglado.
Ahora nosotros decimos, si esto fue así en 1978- 1979, ha transcurrido los años 1983, 1984 y 1985; aquí hay, según este testimonio de información internacional sobre nuestra producción petrolera una diferencia de alrededor de 250 millones de barriles de petróleo.
La pregunta que hacemos a esta Cámara de Diputados es: ¿dónde están?, ¿dónde está el dinero que produjeron esos barriles? ¿Habrá
ahora manera de que estas cosas se aclaren o tendremos que sentarnos con el licenciado Salinas de Gortari o con el licenciado Mario Ramón Beteta para aclarar las cuentas en privado? Muchas gracias.
El C. presidente: - Sobre este mismo asunto, para hechos, tiene la palabra el señor diputado Galindo.
El C. Edeberto Galindo Martínez: - Señoras diputadas; compañeros diputados: Sobre lo que acaba de externar ahorita el compañero diputado Heberto Castillo, yo hice una denuncia cuando estaba el Presidente licenciado José López Portillo, recibió una copia de ello el que entonces estaba en Programación y Presupuesto.
Más adelante esa misma queja se la puse a Franco Villa que andaba investigando el robo de autos en la frontera y nunca se hizo nada, y consistía la denuncia en lo siguiente:
En la Costa del Pacífico, no tenían pruebas de otros, pero en la Costa del Pacífico los transportistas de Petróleos Mexicanos amparaban entonces, y posiblemente lo sigan haciendo, 10 viajes de gasolina, diesel o petróleo con una sola factura, esta desviación de la producción de Petróleos Mexicanos, se registraba en los buques - tanques que no descargaban en los depósitos de tierra y de ahí cargaban directamente las pipas transportadoras del producto.
Alguno de estos transportistas en esa ocasión portaban también una credencial como miembro de las guardias presidenciales y uno de ellos estaba de dirigente de la Unión de Transportistas del estado de Sonora y pedí que se investigara y nunca se hizo, en aquel tiempo presenté todas las pruebas, es necesario que se haga una auditoría a Petróleos Mexicanos bastante detallada, por que es mucha la corrupción que hay en Petróleos Mexicanos como es en las generalidades de Gobierno de México, es necesario que así como hay corrupción electoral se evite la corrupción en la Administración Pública, es necesario no seguir restándole estatura al Presidente de la República con esa actitud que toman todos los retazos de revolucionarios que integran ese partido político y las mayorías en esta Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el C. diputado Joaquín Contreras Cantú.
El C. Joaquín Contreras Cantú: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: No vamos a referirnos al desahogo verbal que acaba de hacer el diputado de Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra porque sólo es la rectificación de los esfuerzos nacionales y sobre todo porque es también algo a lo que ya nos hemos estado acostumbrando, sin estar definitivamente de acuerdo y precisamente la actitud de crítica permanente a lo que es una realidad en el país y esta es la fortaleza de sus instituciones que ahora, en esta época de crisis, se encuentra perfectamente acreditada.
Nos ha interesado, y por eso estamos aquí, a nombre de la Comisión de Energéticos del planteamiento que hiciera nuestro compañero, el diputado Heberto Castillo. El diputado Castillo forma parte de la Comisión de Energéticos, a él le consta que desde su constitución, de su instalación, ha estado preocupada por el problema del precio del petróleo y de la política petrolera y energética del país.
Una de sus primeras actividades fue una reunión de trabajo con el señor director de Petróleos Mexicanos. Los argumentos, las preocupaciones del diputado Castillo y de toda la comisión, con toda libertad se las expresamos al licenciado Mario Ramón Beteta. Todos y cada uno de los planteamientos fueron a su alcance contestados, no solamente por él, sino por todos los señores subdirectores de nuestra empresa descentralizada. Pero quedó de manifiesto que definitivamente la política petrolera, en estos momentos, en el mundo, está en crisis y que es evidente el desconcierto que el mercado petrolero nos presenta.
Hoy mismo hemos recibido todos los mexicanos con suma preocupación una noticia que probablemente influya en forma determinante en nuestra dirección en función de la economía nacional. El ha dado aquí muestra de una gran información que tiene; nosotros también por nuestra parte en la comisión hemos tratado de hacer acopio suficiente de información que nos permita en su momento plantear a esta soberanía un esquema o una dirección para que en su opinión se tomen en su caso las decisiones que sean fundamentales para el desarrollo del país.
Ese acopio de información nos permitirá así orientar a la opinión pública en forma consciente y responsable.
El presidente de la Gran Comisión de esta Cámara ha girado instrucciones a la Comisión de Energéticos, con todo respeto, la contratación inmediata de un experto en política petrolera, sobre todo en materia comercial, que nos influya definitivamente en la decisión razonada y justa para así orientar los trabajos de esta soberanía.
Por otra parte, hoy mismo convocaremos a una reunión urgente de la comisión para que en su seno se analicen con mayor profundidad los temas que a todos nos preocupa en relación en la política petrolera, y sobre todo con los precios internacionales de nuestros productos.
La preocupación pues, es compartida. Yo creo que por todos los mexicanos, a través de sus representaciones nacionales que aquí está presente. Sabemos que nuestra economía depende en parte muy importante de ese recurso natural, que la soberanía energética de México debemos defender la compasión y emoción de todos los mexicanos, todos los partidos políticos.
El petróleo, se ha dicho, no le pertenece a la empresa que lo administre, es un recurso del pueblo del México, y por tanto debemos defenderlo con pasiones sin banderías. Por eso nuestra comisión, y yo apelo al diputado Heberto Castillo, no ha tenido divergencias en lo que se refiere a la preocupación por analizar con profundidad este problema. Claro veces nos perdemos en el cúmulo de información que por distintos conductos nos llegan, incluso en forma anónima, como aquí se ha dicho, y eso nos hace con responsabilidad platear la necesidad urgente de sistematizar nuestro trabajo de la Comisión de Energéticos, para que informados responsablemente podamos adoptar actitudes responsables también, con la representación que tenemos.
Por ahora queda compartida nuestra preocupación, la comisión fija su posición de ser celosa y responsable en el manejo de la política que aquí se diseñe en materia legislativa sin olvidar que somos un poder legislativo y que por tanto, no tenemos por qué invadir las áreas de otro poder con el peligro, sí, de un desquiciamiento.
Por ahora, ofrecemos en la Comisión de Energéticos al diputado Heberto Castillo, que sea convocada de inmediato para que se analice con mayor precisión este problema que tanto preocupa a todos los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, para este mismo asunto, en términos del artículo 102, tiene la palabra el señor diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, compañeros diputados: Pensamos nosotros que lo que aquí ha planteado el ingeniero Castillo, efectivamente reviste la mayor importancia, porque estamos ante la eventualidad nada lejana de que en los próximos días, en el contexto internacional se vuelva a vivir una situación de agudizamiento de las presiones a la baja en el precio del petróleo frente a las cuales evidentemente el Gobierno mexicano, tendrá que tomar decisiones.
Nadie pretende que la Cámara tome decisiones que no le corresponden, pero a nosotros nos parece que sería muy pertinente, dado el proceso en que nos encontramos y dadas las repercusiones que una eventual baja en el precio del petróleo tiene sobre las proyecciones financieras contenidas en los presupuestos de ingresos y de egresos de la Federación, que ya están en esta Cámara para su discusión, que nosotros contemos con toda la información pertinente sobre las posibilidades, el abanico de opciones que el gobierno mexicano contempla en el caso de una baja en el precio del petróleo.
Porque, compañeros, vamos a discutir un presupuesto y una Ley de Ingresos que a decir de las autoridades hacendarías y presupuestarias, tiene un supuesto contenido ahí que es que el precio del petróleo en el mercado internacional se mantendría estable en términos reales en el período 1986- 1990 ese es un supuesto contenido en el presupuesto, en este presupuesto que ya está en esta Cámara, eso lo dijo, para que no se me pida la fuente de una vez la doy, eso lo dijo el licenciado Gurría Treviño en la Reunión de Tijuana, dijo que eso era un supuesto con el que se habían elaborado los presupuestos y la Ley de Ingresos, bueno estamos ante la eventualidad a que el riesgo es cierto de que en los próximos días baje el precio de petróleo y eso altere lo que es uno de los supuestos básicos del presupuesto y la Ley de Ingresos. Esta Cámara tiene que, en uso de sus facultades, proceder; por eso yo digo que la comisión de Energéticos está muy bien que se reúna de inmediato, que solicite - esto lo agregaremos nosotros, creo que no habría inconveniente - que solicite toda la información a Pemex y la Secretaría del Patrimonio de Energía, Minas e Industrias Paraestatal acerca - insisto - de cuál es el abanico de acciones, de posibilidades de política económica para que nuestro país por un lado actúe frente a los hechos internacionales; y otro qué repercusiones tiene sobre la Ley de Ingresos y Presupuesto, porque sólo eso nos permitiría una discusión responsable y la toma de decisiones también responsable acerca de dos materias que son competencia de esta Cámara. Por tanto yo al cambio de acuerdo con lo que informa el compañero Joaquín Contreras Cantú, digo, soliciten también la información acerca de esas posibilidades e informen al pleno de la Cámara.
El C. Presidente: - Señor diputado Castillo, usted había solicitado la palabra en términos del artículo 102, esta presidencia se la concede.
El C. Heberto Castillo Martínez: - Quiero precisar que en efecto en la Comisión de Energéticos hemos estado atendiendo el problema, pero también quiero precisar que en la entrevista que tuvimos en la torre de Pemex con la dirección de Pemex, el que habla, solicitó por ejemplo esta información muy escueta ¿cuánto cuesta producir un barril de petróleo? El subdirector comercial de Pemex disertó durante 20 minutos sobre la manera imposible que él tiene para determinar cuánto cuesta el barril de petróleo. Entonces esta no es una información muy precisa porque lo que nos dijo es que no se podía decir cuánto costaba, que había muchos precios. Si ésta es la respuesta al precio del petróleo, nosotros quisiéramos saber, bueno, así estamos también con respecto al precio de venta, no sabemos en cuánto se va a vender, entonces no podemos presupuestar nada con ese precio. Pero creo que el planteamiento que hacemos aquí no tiene por objeto simplemente criticar y crear algún problema; nos preocupa prevenir
para no lamentar, porque nos hemos pasado lamentándonos de muchos errores cometidos. Vale la pena que no solamente en el seno de la comisión donde hemos trabajado en plena armonía, con mucha coherencia con todos los compañeros de los diversos partidos, queremos que esta asamblea tome en cuenta este problema.
Ahora, precisar que no se trata de anónimos. Desgraciadamente en este país la represión existe aun cuando también, claro, se dice que no existe, entonces algunos compañeros que trabajan en Pemex, que trabajaban en el Instituto Mexicano del Petróleo hacen estudios. Este es un estudio que se podría publicar en cualquier revista especializada. Yo le busqué aquí algún dato que pudiera ser sospechoso, del provenir o de la CÍA o de alguna agencia así de espionaje de otro país, y no, son puras revistas especializadas en petróleo que se pueden consultar, y que desde luego podríamos analizar en la comisión. La única cuestión que se plantea aquí es esta preocupación que debemos tener todos ahora por que hay cosas que se quedan perdidas: 250 millones de barriles de petróleo en 1982, 1983 y 1985 son muchos barriles de petróleo. Si las revistas especializadas internacionales plantean esta producción, bueno, habría que desmentirlas, decir no es cierto, están equivocadas, les dieron información equivocada o la tomaron de alguna manera equivocada también, porque 250 millones de barriles valen mucho dinero y le hacen falta a este pueblo, y si es un error hay que aclararlo, y si se puede aclarar lo que pasó en los años 1978 y 1979 mejor; lo que nosotros estamos planteando es el problema de los energéticos en México no es sólo un problema para el futuro de este país. Si nosotros no cuidamos, no somos responsables con el manejo del petróleo, nos vamos a enfrentar a una situación muy difícil dentro de 25 años, pero muy dura en los próximos 3. Muy dura, porque estamos perdiendo un energético irremplazable; estamos descuidando la investigación de la Universidad, en el Politécnico, para el aprovechamiento de la energía del sol, de la biomasa, de la energía del suelo, del subsuelo. Estamos perdiendo oportunidades para aprovechar la energía del viento. No hay planes coherentes al respecto.
Entonces la Cámara de Diputados, las diversas comisiones pueden tomar cartas en el asunto, pero fundamentalmente una cuestión concreta: ¿Cómo salir del atolladero? ¿Qué vamos nosotros a hacer? Simplemente a lamentarnos, que ya no estamos en la OPEP, que no hemos negociado. Habría que dejar sentada aquí una tesis que sostiene el Partido Mexicano de los Trabajadores; no podremos resolver el problema de la crisis en el país, en estos meses que vienen, si no buscamos negociaciones para suspender el pago de la deuda, ya no se diga con tal o cual ideología, como buenos comerciantes que debiéramos ser, como nación, con los demás países del mundo.
Vamos a defender nuestra identidad nacional. Vamos a defender nuestra economía Proponemos que se negocie, no proponemos que se imponga, pero proponemos que se hable con los países deudores. Proponemos que se hable con los países acreedores. Mientras sigamos pagando el tributo imperial de 500 barriles de petróleo al año por intereses, no podemos planear nada. Nos tiene agarrados por un lado, por el alza de las tasas de interés, que las ponen cuando quieren, y por el otro, en la baja del precio del petróleo que han triunfado. De 1979 a 1984, la OPEP ha disminuido la mitad de su producción, y la ha disminuido en virtud de las maniobras que hicieron los países, que advertimos a tiempo en 1977 de que estaban almacenando petróleo para ir a la baja en el petróleo. Pero no se hizo caso. Pero entonces no había esta tribuna para explicar estos puntos. Ahora lo vamos a hacer, y vamos a hacer este planteamiento tantas veces como sea necesario, para después ver la posibilidad, no de que conste en actas o en Diario de Debates; ver la posibilidad de que todos contribuyamos a prever y no lamentar. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Había solicitado la palabra, en términos del artículo 102, el señor diputado Eduardo Valle, tiene la palabra.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor presidente: El compañero Heberto Castillo, ha traído a la tribuna un problema que tiene la más alta importancia económica y política.
Frente a una reacción del mercado internacional, hoy estamos discutiendo mercado de precios y el problema de la OPEP.
Y, al mismo tiempo, estamos discutiendo ya, en términos prácticos, el problema de ingresos del Estado y el problema del Presupuesto de Egresos.
Pero, también podíamos discutir algunas otras cosas más y podríamos reflexionar, colectivamente, acerca de ellos.
Por ejemplo, el papel de vigilancia del Legislativo sobre las acciones del Ejecutivo.
Yo pondría un ejemplo sumamente sencillo, y que tiene, desde mi punto de vista también una gran importancia: Nosotros en la Comisión de Presupuesto, hemos planteado lagunas preguntas para Petróleos Mexicanos. Preguntas que se refieren, obviamente, a lo que ya expresaba el compañero Castillo, acerca de cuánto se vende, de quién mide lo que se vende.
Hemos planteado, por ejemplo, una pregunta financiera que puede tener una particular importancia, no sólo para la caja del Gobierno sino, en particular, para una situación política que el Presidente de la República, Miguel de la Madrid, ha dado en llamar "Revolución Moral de la Sociedad".
Hemos planteado, por ejemplo, nuestra inquietud acerca de cómo se manejan los
activos líquidos de Pemex en el exterior. Son alrededor, en 1982, de 214 millones de dólares; 214 millones de dólares, en términos del manejo de los cuales, nosotros no tenemos ahora una información precisa. Es mucho dinero; se trata se asuntos importantes; es una cuestión que tiene que ver directamente con los ingresos del Estado y, por lo tanto, con el equilibrio de las finanzas del Gobierno, o con el desequilibrio de las finanzas del Gobierno.
Esta pregunta nuestra, presentada en la Comisión de Presupuesto y Programación, es una pregunta que no ha tenido respuesta. Nosotros estamos preocupados por ello, queremos que se respondan estas cuestiones. Tiene que ver con una elemental y sencilla razón política: En un país con una economía petrolizada al menos en exportaciones, al menos en ingresos del Estado, ya sea precisamente por impuestos a la exportación o por impuestos a la producción de petróleo, impuestos especiales, y por supuesto también en términos de precios al interior del mercado nacional.
Los manejos financieros que tienen tan gran importancia tienen que ser examinados cuidadosa y detalladamente por la legislatura, en particular por la Cámara de Diputados como atribución constitucional. Nosotros señalamos que en esta ocasión cuando empieza a discutirse el asunto de OPEP, mercados, precios y manejo financiero de la empresa estatal más importante, lo que estamos señalando es una prevención acerca del destino inmediato del país, no sólo por los supuestos de carácter teórico y ahora sabemos que son supuestos muy frágiles, supuestos que se establecieron en función de una expectativa que hoy en la práctica ya se está demostrando no se va a cumplir, en función de esta situación nosotros nos estamos llamando a la discusión; creemos que Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal tienen que darle información objetiva, veraz y certificable por la legislatura acerca de esos importantes problemas.
¿Cómo vamos a responder en términos de mercado, precios y OPEP? ¿Cómo vamos a saber cuánto se vende al exterior? ¿Cómo y cuándo vamos a saber cómo está manejando Pemex sus activos líquidos en el exterior? ¿Cómo vamos a saber si efectivamente existe o no deuda redocumentada por Petróleos Mexicanos? porque se habla de una redocumentación de la deuda externa de Pemex de alrededor de 3500 o 4 mil millones de dólares, que no está contabilizando en la cuenta de pasivos con el exterior por parte del sector público.
Son preguntas que tienen que ver directamente con el futuro inmediato del país; son preguntas que nosotros hacemos aquí antes que en cualquier otro lugar, porque consideramos que efectivamente hay que responderlas, no respondérselas al Partido Mexicano de los Trabajadores. Quisiéramos dejar muy preciso esta situación, no respondérselas al PMT, respondérselas al país que puede en un momento determinado considerar que no se está actuando con la honradez con que se debiera actuar, que no se está actuando con los debidos controles constitucionales que están establecidos no desde que llegó el PMT a esta Cámara, sino desde mucho tiempo antes.
Por esa situación nosotros manifestamos esta inquietud y a la reunión de la Comisión de Energéticos vamos a llegar con gran interés y les pediríamos a los compañeros de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Programación y Presupuesto que también participaran en esta reunión, porque consideramos que está afectándose no solamente un programa de Petróleos Mexicanos, sino que están afectando directamente los ingresos y los egresos del Estado, y por lo tanto se está afectando la política económica general del país para corto plazo.
En síntesis, nosotros creemos que en estos momentos existe la posibilidad real, factual, cierta de usar la inteligencia política de nuestro país para establecer una nueva propuesta, con respecto con la Banca Internacional, si cae el precio del petróleo en la primavera a 22 o a 20 dólares, como puede suponerse desde ya, desde ya, desde ahora puede suponerse, si cae el precio del petróleo a 20 dólares no tendremos para pagar los intereses de la deuda externa que fijan de manera unilateral los señores de Wall Street, esta es una preocupación presta para la vida inmediata y quizá para el futuro mediato de nuestro país.
El C. Presidente: - Para hechos, sobre este asunto, tiene la palabra el C. diputado Miguel Alonso Raya.
El C. Miguel Alonso Raya: - Compañeras y compañeros diputados: Creo que se ha tacado indiscutiblemente un tema de gran importancia, de gran transcendencia para la vida económica y política de nuestro país, el problema del petróleo.
La baja y las dificultades que enfrentan el crudo en el Mercado Internacional nos trae una serie de interrogantes, de preocupaciones que deben ser indiscutiblemente resueltas y que ameritan desde luego, la mayor atención posible para poder traer al pleno de esta Cámara la información más completa posible que permita que con toda responsabilidad, esta Cámara pueda tomar las determinaciones que sean necesarias al discutir la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos.
Se ha planteado ya que la Comisión de Energéticos se reunirá de manera urgente para analizar el problema. Creo que lo conducente es que esta comisión a través de entrevistas y de todos los medios que sean necesarios y posibles, se pueda, pueda recabar la mayor información confiable que permita rendir, posteriormente, en un informe lo más amplio que sea posible al pleno de esta Cámara para que con responsabilidad, con bases objetivas pueda ésta, este pleno, discutir y poder tomar las determinaciones que le competen respecto a los campos que le confiere
la Constitución y la Ley Orgánica del propio Congreso.
En ese sentido consideramos que hay muchas vertientes, hay muchos problemas, hay muchas inquietudes, pero que está planteada una salida inmediata para poder encontrar respuestas a este problema. Está planteada la preocupación, está planteada la inquietud vayamos a canalizar todo esto a través de la reunión de la Comisión y a que ésta no escatime ningún esfuerzo para poder recabar toda la información posible y rendir un informe lo más amplio posible a este pleno para que puedan tomarse las determinaciones que sean necesarias y en ese sentido, si, poder discutir a cerca de ese informe y de la correspondiente Ley de Ingresos y Ley de Egresos de la Federación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado José Ángel Pescador, para hechos, sobre este mismo asunto, por cinco minutos.
El C. José Ángel Pescador Osuna: - Señor presidente; compañeros diputados: Creo que todos coincidiríamos con la preocupación que aquí se ha externado por varios legisladores, en el sentido de ver la forma en que está evolucionando el mercado petrolero internacional y la política de nuestro país, con mucha serenidad, con mucha profundidad por las implicaciones que tiene para toda la actividad económica.
Sin embargo, no podemos aceptar los argumentos que planeaba el compañero Valle de que hay existencia de manejos deshonestos o corruptos en el caso concreto del petróleo.
Ya el diputado Joaquín Contreras Cantú, Secretario de la Comisión de Energéticos, informaba a ustedes de las diversas reuniones de trabajo que hemos tenido precisamente para analizar este problema que hoy es materia de mucha información en la prensa nacional e internacional. Tuvimos una reunión todos los miembros de la Comisión de Energéticos con el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, una reunión de trabajo con el subsecretario de Energía, José Luis Alpudia, una reunión de trabajo con el Director General de Pemex y todos los subdirectores, precisamente para analizar lo que son las responsabilidades en esta comisión y en particular el problema del petróleo.
Hay varias cuestiones que deben señalarse para poder encaminar los trabajos de esta sesión que se está programando en la Comisión de Energéticos. En primer lugar, referirse a la política petrolera que ha seguido nuestro país. A todos se nos informó, y está debidamente registrado en los documentos oficiales, que México ha seguido una política en materia internacional y en lo que se refiere al petróleo, de diversificar los mercados, de tener precios diferenciados según regiones geográficas, de no vender más del 50% a un sólo país, de apoyar programas de desarrollo a otros países que tienen escasez en la oferta de energéticos, y sobre todo el de no aumentar la plataforma de exportación que es de 1.5 billones de barriles diarios.
Esta es la política que en materia de petróleos sigue México en el renglón internacional, precisamente el haber seguido esta política es lo que ha permitido al país tener una salvaguarda frente a la incertidumbre y la inestabilidad que ha mantenido los precios del petróleo.
Nosotros esta mañana también nos enteramos de lo que el ingeniero Castillo planteaba aquí, efectivamente, el precio del petróleo en el mercado libre, concretamente en Rotterdam bajó dos dólares, así es, pero el precio sport no necesariamente significa la disminución inmediata del precio del mercado controlado. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos conscientes, muy conscientes de que hay una tendencia muy fuerte a que el precio del petróleo disminuya en el mercado internacional, por varias razones que aquí mismo apuntaba el señor Castillo; primero, los programas de racionamiento que han utilizado algunos países industrializados; segundo, los programas de sustitución de energéticos y tercero, la contracción lógica que se ha observado en la demanda frente a una oferta creciente.
Aceptamos, en consecuencia, que ese riesgo existe y creo que ha estado planteado tanto por el Presidente de la República como por el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, como por el Director de Pemex, y así se nos informó en la reunión de trabajo que tuvimos.
Ahora bien, hay algunas cuestiones que es conveniente que las analicemos en comisión, porque trabajando con mucha cordialidad con mucha profundidad profesional, haciendo los cuestionamientos que aquí el compañero Valle había señalado. En efecto, él preguntó sobre este uso de reservas libres en el mercado internacional; él preguntó sobre la documentación o redocumentación de deuda de Petróleos Mexicanos y son preguntas que han sido respondidas, quizás faltan todavía algunas precisiones pero que van a ser proporcionadas a todos los miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto, para poder normar su criterio y analizar el dictamen que se va a poner a la consideración de nosotros en los próximos días.
Pero hay un mayor interés, aquí se nos decía por le ingeniero Castillo, de una cifra que se publica en relación con la producción de petróleo en México. Bueno, nosotros tenemos la información oficial que generan las instituciones debidamente reconocidas en México; sin embargo, creo que debemos atender la petición que él ha hecho para tratar de verificar esta información. Sabemos perfectamente que nuestra plataforma de producción petrolera no excede los dos millones 750 mil barriles diarios y la cifra que él maneja de tres millones da una diferencia que tenemos nosotros que explicar, si es necesario, haciendo
una visita a la empresa Petróleos Mexicanos.
Y por otra parte, se habla también de la necesidad de ver o de verificar las cifras sobre distribución, etcétera. Yo creo que éste es un trabajo sumamente complicado que en efecto no solamente, no corresponde a la Cámara de Diputados excepto los que manejamos nosotros en cuanto a vigilancia, pero tenemos que tener la mínima confianza en aquellas instituciones que nos están proporcionando información sobre la producción, sobre las ventas y sobre los ingresos, porque si no también tendríamos que ver si efectivamente Pemex está pagando los derechos que corresponden sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre producción y servicios, y aún así si se pagan las comisiones que corresponde a los distribuidores para poder tener verificada toda la información que está siendo generada por la empresa
. Finalmente compañeros, creo que este es un asunto sumamente preocupante para todos los mexicanos, no solamente para los que estamos aquí como representantes populares, para todo el país; es cierto, el petróleo tiene una gran significación en nuestra vida económica, ya se mencionaba el 70% de las divisas generadas, casi el 50% de los ingresos fiscales para la Federación y en consecuencia no podemos desatender lo que aquí se ha señalado, una preocupación no de coyuntura sino una preocupación de largo plazo, en buena medida nuestro proyecto nacional en este tiempo está sustentando en lo que hagamos en materia petrolera y en lo que hagamos en materia de energéticos. Se ha dicho que no pertenecemos a la OPEP, así es; pero quizás en un análisis retrospectivo podríamos encontrar que ha sido más positivo para nuestro país no haber ingresado a la OPEP, la OPEP mismo ha reconocido en múltiples ocasiones que está profundamente agradecido con la política que en materia de energéticos ha seguido México en el campo internacional. Nosotros hemos sido observadores porque creemos en la soberanía, porque estamos conscientes que debemos ir a ver cómo se toman las decisiones en ese cartel, pero las decisiones las tomamos en México y creo que la reunión que aquí se ha propuesto de la Comisión de Energéticos nos va a permitir dar respuestas a muchas de estas importantes interrogantes que todos compartimos; muchas gracias.
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
COMUNICACIÓN
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:
«Chilpancingo, Gro., a 29 de noviembre de 1985.
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. San Lázaro. México, D. F.
Para los efectos legales procedentes, me permito comunicar a usted que previas las formalidades de ley la H. Quincuagésima Primera Legislatura del Estado, en su sesión ordinaria del día 28 de los corrientes, tuvo a bien elegir a los CC. diputados Neftalí Gracida Guerrero y profesor César Varela Blanco, presidente y vicepresidente, respectivamente, de esta propia legislatura, quienes fungirán durante el próximo mes de diciembre.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración muy distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente del H. Congreso del Estado, diputado León Marcelino Díaz Sotelo.»
Trámite: - De enterado.
DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Pido la palabra, señor presidente, para presentar una proposición.
El C. Presidente: - Para presentar una proposición, tiene la palabra el señor diputado.
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Señor presidente: Señoras y señores diputados: Ayer, día 10 de diciembre, conmemoramos el XXXVII Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es menester reiterar la exigencia de que prevalezca en nuestra patria un orden jurídico basado en la eminente dignidad de la persona humana. Es menester reiterar que sean presentados como ayer en la mañana lo solicitaron dos diputados de esta Legislatura, que sean presentados los desaparecidos por las fuerzas policiacas y paramilitares.
Desaparecidos que en su inmensa mayoría son jóvenes cuyas edades versan entre los 17 y los 35 años; desaparecidos que en su inmensa mayoría son de nivel económico deprimido; desaparecidos en los cuales se comete una doble infamia, una como no hay orden de aprehensión dictada por autoridad alguna, tampoco puede probarse que el desaparecido ha sido detenido por la policía o por paramilitares. No existe ningún registro, ni el menor indicio del posible paradero de la persona.
La respuesta que se da a los afligidos familiares por parte de las autoridades es: no sabemos nada, no está aquí, no podemos hacer nada, o bien vamos a investigar.
Una segunda infamia: la tortura de la incertidumbre porque empieza la aterradora búsqueda por los familiares. Hasta los nazis aplicaban la lista de las personas que iban a exterminar. En Ginebra hoy día está en los archivos los nombres de los asesinados en los campos de concentración. Los soviéticos formulan los cargos por absurdos que sean, como el caso de Sajarov. El dictador
cubano transmitía en televisión a sus opositores a los que también iba a fusilar.
Pero en México no hay cargos, no vale la pena levantarlos, nadie sabe, nadie supo; ninguno puede comprobar la muerte de su familiar. Al desaparecer la persona que desaparece se lleva su delito y muchas veces su historia personal e incluso su nombre; se lleva su posibilidad de defenderse, de ser en la vida. Ya no es nadie. Ya no es nada. El desaparecido se lleva entonces hasta su silencio.
Y testimonio de ello está en la denuncia de diversas personas e instituciones contra la violación de los derechos humanos en nuestra patria, de los centenares de mexicanos que están desaparecidos. Abundan las denuncias de aprehensiones y subsecuentes detenciones. Porque hay desaparecidos por motivos políticos, y desaparecidos ciudadanos común y corrientes que han caído en manos de una supuesta autoridad. Y esta desaparición, la mayoría de las veces, trae aparejada la intimidación contra los familiares y amigos del desaparecido.
Desde siempre, ha sido línea de conducta de Acción Nacional la denuncia por la violación de los derechos humanos. Y hoy, señoras y señores diputados, hacemos una denuncia concreta, ya que desde el 25 de octubre de 1983. Aurelio Lugo López y Jesús Ramírez Carrasco fueron detenidos por agentes judiciales adscritos a la 7a. Comandancia de la Procuraduría del Distrito Federal, cuyo titular de la Comandancia es el señor Leonel Islas Rueda. Al día siguiente, 26 de octubre de 1983, dicho comandante Islas Rueda manifestó a las madres de los desaparecidos, señora Petra López de Lugo y señora Martina Carrasco viuda de Ramírez, que sus agentes efectivamente habían detenido sólo a Jesús Ramírez Carrasco, pero que a la media hora había sido dejado en libertad al no comprobarse el delito de robo que supuestamente se le imputaba.
Cabe aclarar que los hoy desaparecidos andaban juntos el día que fueron detenidos, ya que así lo reconoció y aceptó el Jefe de la Unidad de dicha comandancia, de nombre Ulises.
A partir de esa fecha, las madres de los desaparecidos han recurrido angustiadas, ante las autoridades y con resultados negativos. Se han levantado las actas CS/1607/83, y CS/9773/83, en la Procuraduría del Distrito Federal y en la LR/1936/83, en los Reyes, estado de México, lugar en donde estas personas fueron detenidas.
Las madres de familia han acudido, solicitando la intervención de la H. Cámara de Diputados, por lo cual el grupo parlamentario de Acción Nacional propone la intervención de la Comisión de Gestoría y Quejas ante la negativa obvia del Ejecutivo, autorizar que se instale la Comisión de Derechos Humanos en esta Cámara de Diputados para que conozca del asunto e interceda ante las autoridades para la presentación de sus familiares desaparecidos. Por lo tanto, proponemos:
Único. Túrnese la presente denuncia a la Comisión de Gestoría y Quejas para las gestiones ante las autoridades correspondientes y conocer el paradero de los detenidos, desaparecidos.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.
11 de diciembre de 1985.
Firmamos dicha propuesta algunos compañeros de la fracción parlamentaria de Acción Nacional y adjunto también con esta proposición la carta de petición que hacen las madres de las personas desaparecidas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al punto petitorio contenido en la proposición que presenta el señor diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - "Único, Túrnese la presente denuncia a la Comisión de Gestoría y Quejas para las gestiones ante las autoridades correspondientes y conocer el paradero de los detenidos desaparecidos".
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58 del Reglamento, esta presidencia se permite consultar a la asamblea si existe algún orador en contra de la proposición.
No habiéndolo, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si admite o no a discusión la proposición presentada.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición presentada... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, túrnese la proposición a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas en esta honorable Cámara.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con un segundo párrafo a fin de que los decretos presidenciales promulgatorios de los actos legislativos emanados del Congreso de la Unión,
requieran solamente del refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación.
La comisión que suscribe ha estudiado la minuta aprobada y el dictamen al efecto rendido por las comisiones unidas Primera de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Senado de la República, así como la exposición de motivos con que el titular del Poder Ejecutivo presentó la iniciativa de referencia en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, se han considerado y ponderado los antecedentes históricos y la finalidad del refrendo dentro de nuestro régimen constitucional. Particularmente la comisión ha examinado la relación entre la adición que al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se propone y el contenido del artículo 92 de la Constitución general con el fin de determinar la naturaleza jurídica de los decretos promulgatorios a que se constriñe la adición materia de este dictamen.
Con base en lo establecido en el artículo 72 de la Constitución General, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, 60, 88, 135 y demás relativos del Reglamento correspondiente, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
La minuta con proyecto de decreto remitida por el Senado para su revisión por esta Cámara, se constriñe a explicitar el alcance normativo del refrendo ministerial. Tanto la exposición de motivos presentada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos como el dictamen de las comisiones del Senado, abundan en conceptos jurídicos y en razones históricas que motivan la adición de un nuevo párrafo que contribuya a aclarar la aplicación y alcance del refrendo.
En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales celebrada el 5 de diciembre de 1985, se presentó a la consideración de los asistentes un proyecto de dictamen que no resultó aprobado toda vez que se emitieron opiniones en el sentido de que la adición propuesta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal debía incorporarse, en sus términos, como segundo párrafo al artículo 92 constitucional y no como adición a la ley secundaria. Esta observación, formulada por el diputado Castro Lozano, sirvió de base para que un grupo de trabajo de la propia comisión reconsiderase el proyecto de dictamen examinando la propuesta de enmienda y formúlase un nuevo dictamen. En este nuevo estudio, así como en los mencionados en el párrafo anterior, se apoyan las consideraciones que ahora se formulan.
Como expresan la iniciativa presidencial y el dictamen de las comisiones de la colegisladora, esta comisión estima que los decretos promulgatorios de leyes o decretos aprobados por el Poder Legislativo no requieren, para su obligatoriedad y eficacia del refrendo del secretario de Estado o el jefe del Departamento Administrativo a quien competa proveer a la aplicación en el ámbito de la competencia material fijada en la ley o decreto emanado del Congreso.
De conformidad con el sistema vigente en nuestro país para la formación de normas por el Poder Legislativo, sistema contenido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 51, 53, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica y 95, 97, 117, 118, 119, 124, 132, 135, 168, 169, 170 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, las normas aprobadas por el Poder Legislativo alcanzan su validez jurídica al momento de ser aprobados por ambas cámaras o sólo por una de ellas cuando así lo establece la propia Constitución.
El inciso a) del artículo 72 de la Constitución General dispone que toda ley o decreto aprobado por el Poder Legislativo debe remitirse al Ejecutivo para su publicación inmediata: obligación esta última, expresamente establecida por la fracción I del artículo 89 del propio texto constitucional.
Dentro del marco de relaciones que la Constitución establece entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, como un correlato del derecho de iniciativa que la fracción I del artículo 71 constitucional confiere al Presidente de la República, el artículo 72 le otorga la facultad de objetar en todo o en parte las leyes y decretos aprobados por el Congreso que le son remitidos para su publicación. El veto regulado por el artículo 72 sólo puede ejercerse por una vez y dentro del término de diez días útiles a que se constriñe el inciso b) del precepto constitucional de referencia. Si la Cámara de origen desestima las observaciones en que se funda el veto presidencial, discutiendo y aprobando por mayoría calificada la ley o decreto en cuestión, este deberá ser promulgado en los términos establecidos por el inciso c) del artículo 72.
El sistema previsto por la Constitución para la formulación de normas generales por el Poder Legislativo hace depender su validez formal de la observancia de los procedimientos legislativos. Cumplidos éstos, las normas contenidas en el decreto o ley en cuestión adquieren plena validez y no pueden ser revocados sino mediante un procedimiento igual al que les dio origen, es decir, mediante su derogación o abrogación legislativa. Si el Ejecutivo no hizo uso del veto, o este fue superado por el Legislativo, la ley debe promulgarse para alcanzar así plena obligatoriedad o eficacia.
La Constitución reserva el ejercicio de la facultad de veto, al igual que la de iniciativa, al Presidente de la República. No existe
norma que prevea su delegación en otro órgano del Poder Ejecutivo.
La validez de las normas aprobadas por el Congreso y la facultad de éste para superar el veto presidencial forman parte integrante de la potestad y majestad con que el Constituyente dotó al Poder Legislativo en su calidad de depositario y representante de la soberanía nacional.
La publicación de las normas aprobadas por el Congreso, prevista por el inciso a) del artículo 72 y por la fracción I del artículo 89, se encomienda al Poder Ejecutivo. El párrafo primero del artículo 70 del propio ordenamiento constitucional, en relación con los artículos 168 y 169 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, fijan al Ejecutivo la forma en que debe publicar las leyes que el Poder Legislativo al efecto le remita.
La obligación de publicar las leyes y decretos aprobados por el Poder Legislativo se cumple por el Ejecutivo a través de un acto administrativo conocido como "Decreto promulgatorio". A través de éste el Presidente de la República ordena que las normas contenidas en las leyes y decretos de referencia se hagan del conocimiento de gobernantes y gobernados para su observancia y cumplimiento. Las normas aprobadas por el Poder Legislativo son transcritas en el decreto administrativo de promulgación sin que el Ejecutivo introduzca alteración o variación alguna. Al efecto el texto aprobado por el Congreso se publica entrecomillado.
De esta manera, el acto administrativo contenido en el decreto promulgatorio que expide el Presidente de la República, se reduce a certificar la recepción del texto en que el Poder Legislativo le comunica una resolución normativa, ley o decreto, y a ordenar su publicación. Por ello, el destinatario de esta orden no puede ser otra dependencia del propio Poder Ejecutivo que la Secretaría de Gobernación; dependencia establecida por mandato del Poder Legislativo a la cual expresamente le confió, en la fracción II del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la publicación de leyes y decretos expedidos por el Congreso, así como la edición del Diario Oficial de la Federación en que los mismos son dados a conocer a la población en su conjunto.
De la exposición anterior se desprende que la validez del decreto promulgatorio en que el Presidente ordena la publicación de una resolución adoptada por el Poder Legislativo requiere exclusivamente del refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación, dependencia a la que se dirige la orden de publicar lo resuelto por el Congreso.
Toda vez que el decreto promulgatorio es un acto administrativo realizado por el Presidente de la República, acto que concreta una obligación a cargo de una dependencia de la administración pública, su eficacia se sujeta a lo dispuestos por el artículo 92 constitucional que, en lo conducente, establece que todo decreto del Presidente deberá estar firmado por el Secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda. La ausencia de este requisito, conocido como refrendo, priva de eficacia a lo ordenado o dispuesto por el Presidente de la República.
En razón del principio de unidad que respecto al ejercicio del Poder Ejecutivo establece el artículo 80 de la Constitución y de que los titulares de la Secretaría de Estado encargados del despacho de los asuntos de orden administrativo en que se concretan las facultades y obligaciones del Ejecutivo, son nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República conforme a lo previsto por la fracción II del artículo 89, en relación con el 90 de la propia ley fundamental, es erróneo sostener que el refrendo al que alude el artículo 92 pueda condicionar la obligatoriedad y eficacia de una disposición emitida por el Poder Legislativo en ejercicio de las atribuciones que le son propias y conforme a los procedimientos que la Constitución y el propio Congreso determinan.
En sentido estricto el refrendo previsto por el artículo 92 constitucional tal y como se sostiene en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial aprobada por el Senado, tiene por objeto el que los secretarios y jefes de departamento concurran con el titular del Poder Ejecutivo en la formación de actos administrativos de contenido normativo en la esfera de competencia que les fija la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compartiendo así la responsabilidad jurídica de dichos actos y asumiendo las consecuencias técnicas, legales y políticas derivadas de los mismos.
Esta comisión estima oportuna la adición de un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los términos contenidos en la minuta que se revisa, términos que coinciden con los empleados en la iniciativa presidencial, por dos razones fundamentales: especificar el alcance del artículo 92 constitucional respecto a los decretos promulgatorios y erradicar una práctica que atenta contra la autoridad e imperio del Congreso.
En primer lugar, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene el carácter de norma secundaria o instrumental respecto al artículo 92 constitucional y constituye la sede natural en la que el legislador debe precisar la voluntad del constituyente para proveer a su recta interpelación y eficaz aplicación. Incorporar la adición en estudio al texto constitucional supondría reconocer que la Constitución, al lado del veto presidencial, confiere a los secretarios de estado y a los jefes de departamentos administrativos una facultad análoga al veto y que, en consecuencia, pueden estos poner en entredicho la voluntad soberana del Poder Legislativo al privar de obligatoriedad y eficacia a las resoluciones por éste adoptadas. Esta argumentación no encuentra apoyo
legal alguno y choca con el sistema de correlación y separación de poderes contenido en la parte orgánica de la Constitución vigente. Por otra parte, incorporar la adición en cuestión al artículo 92 resulta incompatible con lo prevenido por los artículos 135 y 70, último párrafo, de la propia Constitución, razones todas éstas que, en aras de una interpretación sistemática de la ley fundamental llevan a la comisión que suscribe a no adoptar la enmienda propuesta por el diputado Castro Lozano en la sesión del pasado día 5.
La oportunidad de adicionar un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de que los decretos presidenciales promulgatorios de los actos legislativos del Congreso no requieran sino del refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación, se encuentra determinada por la necesidad de suprimir una errática interpretación del precepto que se propone adicionar.
Con apoyo evidente en las leyes destinadas a organizar la estructura y funcionamiento de la administración pública expedidas con anterioridad a la vigente desde el 1o. de enero de 1977, en particular en las leyes de secretarías de estado, departamentos administrativos y demás dependencias del Poder Ejecutivo Federal de 1934, 1935, 1939, 1946 y 1958 y en el Reglamento que en materia de refrendo expidió el Ejecutivo Federal en 1940, la jurisprudencia y un sector de la doctrina se inclinaron por considerar que los actos legislativos emitidos por el Congreso requerían para su eficacia y obligatoriedad no sólo del refrendo del Secretario de Gobernación, sino también de los secretarios o jefes de departamento a cuyo ramo se refiere la ley o decreto en cuestión. La práctica persiste no obstante que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución, eliminó a las leyes de entre los instrumentos sujetos a refrendo.
Fijar en definitiva la interpretación y al alcance del refrendo mediante la adición de un nuevo párrafo al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es función que corresponde al Congreso a tenor de lo establecido por el inciso f) del artículo 72 de la Constitución. Mediante la adición que se propone adoptar, la comisión que suscribe estima que además de reafirmar la independencia del Poder Legislativo en su carácter de asamblea deliberante frente a indebidas intromisiones, como se expresa en el dictamen aprobado por la colegisladora, se previene la interposición de numerosos juicios de amparo con lo que se pretende dejar sin efecto lo mandado por el Poder Legislativo arguyendo la falta de referendo de algún secretario o jefe de departamento encargado de aplicar la decisión emanada por el Congreso como si la falta de mencionado requisito entrañase la inconstitucionalidad de la ley en cuestión.
Una forma de preservar la observancia de la ley es la de dotar de claridad a las normas y prevenir interpretaciones equívocas, propósitos a los que de modo directo se encamina la adición materia del presente dictamen.
Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 72, inciso a) de la Constitución Política 50, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica y 134 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados propone a la asamblea la aprobación del siguiente.
DECRETO QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
Artículo único. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:
Artículo 113. ...........................
Tratándose de los decretos promulgatorios de la ley o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados. México, D. F., 11 de diciembre de 1985.
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; diputado Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, Fernando Baeza Meléndez, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, José Juan Castillo Mota, Heberto Castillo Martínez, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Días Moll, Guillermo Fonseca Alvarez, Rafael Rodolfo Flores Z., Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Angel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Jorge Masso Masso, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Montúfar Araujo, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Ma. Guadalupe Ponce Torres, Heriberto Ramos Salas, Ignacio Ramos Espinoza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Nicolás Reynés Berezaluce, Demetrio Ruiz Malerva, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, y Sergio Valls Hernández.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
CÓDIGO PENAL
«Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal.
Honorable Asamblea: A las comisiones unidas de Justicia y del Distrito Federal fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la minuta proyecto de decreto de reformas a los artículos 15, fracciones I, III, IV, V y VI; 24, inciso 8; 40, 56, 102, primer párrafo; 103, 104, 105, 106, 107 primer párrafo; 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 208 y 400 en su fracción I y parte final del mismo, del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
Así como la adición de la fracción X al artículo 244 y la derogación de la fracción IX del artículo 13 y del 57, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 344, 345, 346, 347, 348, 349 del citado código.
La H. Cámara de Senadores conoció y dictaminó, como Cámara de origen la iniciativa a que se hace referencia, habiéndose hecho comentarios específicos a las proposiciones de reforma, modificación o adición que han merecido, a juicio de esa colegisladora, algún cambio o mejora en su contenido o redacción.
Es sin duda un acierto la reforma al artículo 15 del citado ordenamiento, ya que la misma evitará que el agente escudándose en este tipo de excluyente cometa excesos, así como la regulación con precisión del miedo grave y el temor fundado.
En cuanto a los artículos 24 y 40, hace de manera clara la distinción entre objetos de uso prohibido o lícito; establece la figura del decomiso de las cosas que pertenecen a un tercero que de una manera se han relacionado con la comisión del delito, proporcionado una mejor y más completa redacción a la que tenía el inciso 8 del artículo 24, otorgando la facultad y a la vez obligación de la autoridad competente de asegurar los instrumentos, objetos y productos del delito cuando éstos son de uso ilícito.
Sin embargo, cabe hacer mención que las observaciones hechas por el Senado de la República referente al decomiso de los instrumentos del delito, así como las cosas que sean producto u objeto de él, si son de uso lícito y pertenecen a un tercero, es necesario exigir que el tercero tenga conocimiento de la utilización de ese instrumento para la realización del delito, por lo que proponen que en la redacción de este precepto, que el tercero esté en los supuestos del artículo 400 de este ordenamiento.
Uno de los puntos más cuestionados en el seno de la comisión fue el de la interrupción de la prescripción tanto de las acciones, como de las sanciones, cuando el agente abandone el país o se encuentre fuera de él, fue opinión generalizada y así se estableció el criterio en la colegisladora, que esta hipótesis quedara comprendida en las reglas generales del instituto de la prescripción.
Es correcta la apreciación que los ciudadanos senadores hacen respecto al artículo 115, al adicionar un segundo párrafo que perceptúe la prescripción de las demás sanciones, cuando la autoridad competente realice cualquier acto tendiente a hacerlas efectivas.
Es sin duda que la acumulación de autos, es de carácter procesal, es decir, adjetiva y no sustantiva y por ende debe de estar regulada por el Código de Procedimientos y no quedar encuadrada en el Código Penal, por lo que es correcto se suprima el último párrafo del artículo 118 propuesto por el Ejecutivo en su iniciativa.
En cuanto al análisis que se hace en la minuta del Senado de la derogación de la fracción IX del artículo 15, resultaba una excepción a las diversas hipótesis de encubrimiento a que se refiere el artículo 400, fracción III, del multicitado código.
Por lo que resulta correcto que la excusa absolutaria se llegue a circunscribir, a encuadrar, dentro de las hipótesis a que alude la fracción III del artículo 400, solamente en lo que se refiere al ocultamiento del infractor y en lo previsto en la fracción IV que llega a tener una naturaleza similar de favorecimiento por omisión de auxilio además, es sano el criterio de modificar la fracción III para que abarque los conductos que favorezcan el ocultamiento y no sólo al ocultamiento del infractor.
Por lo que se refiere a la derogación de los artículos 296 y 309 que tratan de la complicidad correspectiva en los delitos de lesiones y homicidios, aparece ya regulada expresamente en la fracción VIII del artículo 13 por lo que, el razonamiento hecho por el Senado es correcto.
Por los considerandos anteriormente expuestos, estas comisiones se permiten someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 15, fracciones I, III, IV, V y VI; 24, inciso 8;
40, 56, 102, primer párrafo; 103, 104, 105, 106, 107, primer párrafo; 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 200 y 400, fracciones I, III y parte final del artículo, para quedar como sigue:
Artículo 15. ..........................
I. Incurrir el agente en actividad o inactividad involuntarias.
II. ....................................
III. Repeler el acusado una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional de la defensa empleada y no medie provocación suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.
.....................................................................
IV. Obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente ni por grave imprudencia por el agente, y qué no tuviere el deber jurídico de afrontar, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial a su alcance.
V. Obrar en forma legítima, en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho.
VI. Obrar en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial al alcance del agente.
............................................................................
............................................................................
IX. Se deroga.
...............................................................................
...............................................................................
Artículo 24. .................................................................
7. ............................................................................
8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.
9. ............................................................................
Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objeto del delito.
Si los instrumentos o cosas decomisadas con sustancias nocivas o peligrosas, no destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquello, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito, o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia.
Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la forma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiere sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.
Artículo 102. Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán:
...............................................................................
Artículo 103. Los plazos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de la libertad, y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria.
Artículo 104. La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo mereciera multa; si el delito mereciere, además de esta sanción, pena privativa de libertad o alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción para perseguir la pena privativa de libertad; lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria.
Artículo 105. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.
Artículo 106. La acción penal prescribirá en dos años, si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, salvo lo previsto en otras normas.
Artículo 107. Cuando la ley no provenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia.
...............................................................................
Artículo 108. En los casos de concurso de delitos, las acciones penales que de ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor.
Artículo 109. Cuando para ejercitar o continuar la acción penal sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable.
Artículo 110. La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorar si quiénes sean éstos no se practiquen las diligencias contra persona determinada.
Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.
Artículo 112. Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen, antes del término señalado en el artículo precedente, interrumpirán la prescripción.
Artículo 113. Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a tres años; la pena de multa prescribirá en un año; las demás sanciones prescribirán en un plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte más, sin que pueda ser inferior a dos años; las que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años. Los plazos contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.
Artículo 114. Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser menor de un año.
Artículo 115. La prescripción de la sanción privativa de libertad, sólo se interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.
La prescripción de las demás sanciones se interrumpirá, por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas.
Artículo 116. La pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por cumplimiento de aquellas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.
Artículo 117. La ley que suprime el tipo penal o lo modifique, extingue, en su caso, la acción penal o la sanción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.
Artículo 118. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirá los efectos de la dictada en segundo término.
Artículo 208. Cuando la persona cuyo cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal, sea menor de edad, se aplicará al que encubra, concierte o permita dicho comercio, pena de seis a diez años de prisión y de diez a veinte días multa.
Artículo 400. ................................................................
I. ............................................................................
...............................................................................
Para los efectos del párrafo anterior, los adquirentes de vehículos de motor deberán tramitar la transferencia o regularización de vehículos, cerciorándose de su legítima procedencia.
II. ...........................................................................
III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe.
IV. ...........................................................................
V. ............................................................................
No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al ocultamiento del responsable o cuando se trate de:
a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, y
c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad, derivados de motivos nobles.
Artículo segundo. Se adiciona una fracción X al artículo 244, para quedar como sigue:
Artículo 244. ................................................................
X. Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.
Artículo tercero. Se derogan la fracción IX del artículo 15 y los artículos 57, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 296, 309, 334, 345, 346, 347, 348 y 349.
Artículo cuarto. En el Libro Primero se incorporan, en los términos y con la ubicación que a continuación se indican, las denominaciones de los capítulos VI del Título Segundo y de los capítulos VII, VIII, IX, X del Título Quinto:
LIBRO PRIMERO
TITULO SEGUNDO
CAPITULO VI
Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito
Artículo 40...................................................................
TITULO QUINTO
CAPITULO VII
Cumplimiento de la pena o medida de seguridad
Artículo 116..................................................................
CAPITULO VIII
Vigencia y aplicación de una nueva ley más favorable
Artículo 117..................................................................
CAPITULO IX
Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos
Artículo 118..................................................................
CAPITULO X
Extinción de las medidas de tratamiento de inimputables
Artículo 118 - bis..............................................................
TRANSITORIO
Artículo primero. Las presentes reformas, adiciones y derogaciones entrarán en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se concede un plazo de seis meses, a partir de la fecha de vigencia de las presentes reformas, para que las personas obligadas en los términos de la fracción I del artículo 400, que se reforma, procedan a verificar o regularizar la situación del vehículo de que se trate.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 10 de diciembre de 1985.
Comisión de Justicia:
Fernando Baeza Meléndez, Presidente; Francisco Berlín Valenzuela, Secretario; Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Alfonso Lastra Ramírez, Elvia Lugo de la Vera, Néstor Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez Melquiades Morales Flores, Santiago Oñate Laborde, Laura Pavón Jaramillo, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Irene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Robles González, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Roberto Valdespino Castillo, Demetrio Vallejo Martínez, Juan Carlos Velasco Pérez, Humberto Andrés Zavala Peña.
Comisión del Distrito Federal:
Presidente: diputado Gilberto Nieves Jenkin; Secretario: diputado Manuel Gurría Ordóñez, Jaime Aguilar Alvarez, Federico Granja Ricalde, Luis Manuel Altamirano Cuadros, José Herrera Arango, Gonzalo Altamirano Dimas, Manuel Jiménez Guzmán, Francisco Berlín Valenzuela, Armando Lazcano Montoya, Agustín Bernal Villanueva, Héctor Ling Altamirano, Juan Moisés Calleja García, Joaquín López Martínez, Efraín Jesús Calvo Zarco, Rafael López Zepeda, Rodolfo Mario Campos Bravo, Rafael Lozano Contreras, Carlos Enrique Cantú Rosas, Manuel Monarrez Valenzuela, Ofelia Casillas Ontiveros, Adrián Mora Aguilar, Gonzalo Castellot Madrazo, Jarmila Olmedo de Garcilita, Juan José Castillo Mota, Santiago Oñate Laborde, Juan José Castro Justo, Manuel Germán Parra Prado, José Trinidad Cervantes Aguirre, Javier Pineda Serino, Federico Durán y Liñán, Antonio Punzo Gaona, Ma. Emilia Farías Mackey, Alfonso Reyes Medrano, Manuel Fernández Flores, Sócrates Rizzo García, Guillermo Fonseca Alvarez, Lorenzo Silva Ruiz, Beatriz Gallardo Macías, Manuel Terrazas Guerrero, Jesús Galván Muñoz, Fernando Ulibarri Pérez, Javier Garduño Pérez, Lulio Valenzuela Herrera, Alfonso Godínez López, Leopoldo Whaley Martínez.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y es está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D. F.
«-"Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: La comisión que suscribe recibió para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la de Senadores, motivado por la iniciativa que a su vez formuló el Ejecutivo Federal.
Después de un análisis acucioso y de la discusión del caso, la Comisión de Justicia, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha decidido someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen
CONSIDERACIONES
Unánimemente los miembros de esta Comisión de Justicia estimamos que el proyecto de decreto que somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la de origen, responde al propósito expresado en la parte considerativa de la iniciativa y que consiste en dar una respuesta concreta a los requerimientos populares planteados en la consulta nacional, convocada por el Ejecutivo Federal, sobre administración de justicia.
El propio Ejecutivo Federal en el Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia ha formulado diversas propuestas y dentro de ellas se inscriben las modificaciones a la ley de que se trata.
En efecto: se pretende, sin afectar en lo sustancial las funciones y atribuciones de la institución, que la organización administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sea sencilla y al propio tiempo completa, de tal manera que pueda atender con agilidad las necesidades de los usuarios de los servicios de la Procuración de Justicia y que se le imprima dinamismo y flexibilidad a las funciones de los servidores públicos substitutos del titular.
Al igual que la Comisión de Justicia del Senado lo hizo con la iniciativa, la que suscribe estudió detenidamente la minuta que contiene el proyecto de reformas respectivo y ha estimado conveniente aprobar las modificaciones propuestas toda vez que resulta adecuado sustituir la relación que contiene a los subprocuradores, al Oficial Mayor, al supervisor general, al contralor interno y a los directores generales por la frase "Servidores Públicos Sustitutos del Procurador" que los abarca a todos, en el orden que fije el reglamento.
El uso de la denominación que se propone resulta acorde con la nomenclatura adoptada por la Constitución General de la República en su título cuarto y en su Ley Reglamentaria y correspondiente a la misma técnica legislativa que la Cámara de Senadores emplea respecto de las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en las que se precisan solamente. Las atribuciones del titular de la institución y se remite al reglamento la determinación en detalle de los demás órganos y sus atribuciones, así como las áreas de la dependencia.
En conclusión estimamos que es procedente la reforma de los artículos 9, 10, 13, 18, 19 y 25 de la ley en cuestión y necesario que se adopte el término genérico "Servicios Públicos", sustituyendo a la enunciación de los cargos concretos desempeñados por los mismos.
Por todo lo antes considerado, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta honorable plenaria el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se reforman los artículos 9, 10, 13, 18, 19 y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 9o. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estará presidida por el Procurador, Jefe de la Industria del Ministerio Público y de sus Órganos Auxiliares. La Procuraduría contará con servidores públicos sustitutos del Procurador en el orden que fije el Reglamento y con los órganos y demás personal que sea necesario para el ejercicio de las funciones, con la competencia que fije el Reglamento de esta Ley, tomando en consideración las previsiones presupuestales.
Artículo 10. Los servidores públicos sustitutos del Procurador, lo auxiliarán en las funciones que esta ley le encomiende y, por delegación que haga el titular mediante acuerdo, resolverán los casos en que se consulte el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias, así como las consultas que el agente del Ministerio Público formule o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley establezca, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie la sentencia.
Artículo 13. Los servidores públicos sustitutos del Procurador, serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República.
Los sustitutos del Procurador deben reunir los requisitos exigidos para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
Artículo 18. El procurador o, por delegación de éste, otros servidores públicos de la dependencia, facultados expresamente por el Reglamento, podrán adscribir discrecionalmente al personal de la institución en el desempeño de las funciones que a ésta corresponde, y encomendar a sus subalternos, según su candad, como Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial o como peritos de la Institución, el estudio, dictamen y actuación que en casos especiales estimen pertinentes.
Artículo 19. El personal de la Procuraduría podrá auxiliar a otras autoridades, que legalmente lo requieran, en el desempeño de actividades compatibles con las funciones de aquél, sin quedar comisionados o adscritos a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, previo acuerdo del Procurador, o por delegación de éste, de los servidores públicos que el titular señale. Dicho acuerdo se emitirá discrecionalmente, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la Procuraduría, y se hará saber a la autoridad requirente.
Artículo 25...................................................................
Los servidores públicos sustituidos del Procurador, en los términos del Reglamento y el personal dependiente en forma inmediata y directa del Procurador, rendirán la protesta constitucional ante éste.
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entrarán en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión México, D. F., a 9 de diciembre de 1985.
Comisión de Justicia:
Fernando Baeza Meléndez, Presidente; Francisco Berlín Valenzuela, Secretario; Juan Antonio Araujo Urcelay, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Alfonso Lastra Ramírez, Elvia Lugo de la Vera, Néstor Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsivaís Ramírez, Melquiades Morales Flores, Santiago Oñate Laborde, Lauro Pavón Jaramillo, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Irene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Robles González, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Roberto Valdespino Castillo, Demetrio Vallejo Martínez, Juan Carlos Velasco Pérez, Humberto Andrés Zavala Peña.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura.
EL C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
LEY DEL MERCADO DE VALORES
«Comisión de Hacienda y Crédito Público. Honorable Asamblea: La evolución del sistema financiero mexicano es permanente y tiene momentos señeros como la nacionalización de la banca privada, en septiembre de 1982. A esta decisión política fundamental corresponde la subsecuente reorganización de las instituciones bancarias y no bancarias, cuya estructura y ámbito de operación se encuentran definidos en cuatro nuevas leyes: Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; Orgánica del Banco de México; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Sociedades de Inversión, así como en reformas substanciales a las Leyes del Mercado de Valores; General de Instituciones de Seguros y Federal de Instituciones de Fianzas, todas ellas aprobadas por el H. Congreso de la Unión en su último período ordinario de sesiones.
Ahora el Ejecutivo Federal ha presentado una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para contribuir a que el extraordinario crecimiento que este segmento de la economía nacional deberá experimentar, prosiga de una manera ordenada y eficiente.
Por lo que se refiere a al última de las iniciativas citadas, que fue turnada a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, después de haber efectuado el estudio, análisis y discusión de su contenido, se formula el siguiente
DICTAMEN
En la iniciativa se considera que la evolución del mercado de valores, aunada al surgimiento de nuevas circunstancias, hacen necesario incorporar a la legislación disposiciones tendientes a mejorar la organización administrativa y los servicios que prestan al público las casas de bolsa; reforzar las facultades de las autoridades competentes para prever y corregir fenómenos indeseables que pueden producirse en el mercado de valores: establecer la institución del fondo de contingencia de dicho mercado y, por último, realizar diversos
ajustes técnicos para facilitar la mejor aplicación de la ley y brindar mayor seguridad a los particulares.
Tal es el objeto principal de la iniciativa, que esencialmente se refiere a la contabilidad de las casas de bolsa, la tipificación de algunas conductas delictivas relacionadas con el mercado de valores y la institucionalización de un fondo de garantía para cubrir posibles quebrantos y para seguridad de los ahorradores.
Acerca del primer tema, se busca precisa los sistemas y procedimientos contables que deben observar la casa de bolsa, señalándose la obligación de registrar todos los actos, contratos u operaciones que se realicen, así como las disposiciones que deben cumplir para llevar y conservar sus cuentas; la periodicidad para formular y publicar sus estados financieros; la revisión de estos últimos por parte de la autoridad, previamente al pago de dividendos; los requisitos de sus auditorías externas y los principios a que deben sujetarse en la estimación de sus activos. En todo ello, esta comisión observa congruencia con el articulado de la ley y con el resto de los ordenamientos aplicables a los intermediarios financieros no bancarios, habiéndose utilizado una técnica, pero que reconoce las variantes exigidas por la actividad de intermediación en el mercado de valores.
En materia de delitos la iniciativa tiene un doble propósito: ampliar la tutela penal del mercado de valores y uniformar tanto los requisitos para promover su persecución como la base para determinar la cuantía de las multas. Se pretende configurar cuatro delitos institucionales, en que los sujetos activos pueden ser los administradores, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos, de una casa de bolsa.
Sin duda , la especialidad de las actividades intermediación financiera contribuye a ello y demanda la creación de normas punitivas específicas. Esta razón aunada a la conveniencia de contar con disposiciones que inhiban la realización de conductas lesivas al interés público y el carácter federal que tiene la Ley del Mercado de Valores hacen necesaria su adopción legal.
Con objeto de ofrecer mayor certidumbre y asegurar plenamente la solvencia moral de las personas que actúen en representación de las casas de bolsa, se estima necesario introducir una reforma al artículo 17, fracción III, inciso b) de la ley, en los siguientes términos:
"Artículo 17. ................................................................
I y II. .......................................................................
III. ..........................................................................
a) ............................................................................
b) ............................................................................
Se considera que las personas a que refiere esta fracción no tienen solvencia moral, cuando hayan sido condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga más de un año de prisión. Si se tratare de delito patrimonial, cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena.
c) y d)........................................................................
IV a VII.......................................................................
...............................................................................
.............................................................................."
El tercer gran tema que comprende la iniciativa es la institucionalización del fondo de contingencias del mercado de valores. Actualmente sujeto a un régimen contractual, se propone reconocerlo en la ley para asegurar su permanencia y el cumplimiento de las funciones que se le asignan a fin de preservar la estabilidad financiera de las bolsas de valores y casas de bolsa, así como instrumento de garantía común, de los inversionistas afectados por el incumplimiento de obligaciones que dichas casas de bolsa hayan contraído con ellos, provenientes de operaciones y servicios propios de su actividad profesional. La comisión considera plausible el reconocimiento legal de este mecanismo de protección a los inversionistas, cuyo origen deriva de un acuerdo de voluntades entre la bolsa de valores y las casas de bolsa; reconoce que se trata de una institución necesaria para consolidar al mercado de valores y que es propia de aquéllos que han alcanzado seriedad y madurez.
Precisamente acerca de este fondo de garantía, la comisión juzga pertinente que se modifique la proporción máxima de las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deben cubrir las bolsas de valores y las casas de bolsa, al uno al millar para cada tipo de dichas aportaciones. Esta reducción habrá de permitir que el equivalente de los recursos comprometidos pueda favorecer su capitalización sin que afecte la integración patrimonial del fondo, dado que ésta se encuentra vinculada al volumen de las operaciones, es decir, a la magnitud del mercado. En consecuencia, se propone reformar el artículo 89, fracción I, último párrafo, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 89..................................................................
...............................................................................
I..............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Las aportaciones ordinarias y extraordinarias correspondientes a un semestre natural, no excederán de uno al millar para cada tipo de dichas aportaciones;
II a VI. ....................................................................."
Por otra parte, se propone facultar a la Comisión Nacional de Valores para establecer, mediante disposiciones de carácter general, índices que relacionen la estructura administrativa y patrimonial de las casas de bolsa, con su capacidad máxima para realizar operaciones que les autoriza la ley. Las pautas que deben considerarse para dictar dichas disposiciones son el volumen y riesgo de las operaciones, los intereses del público inversionista y las condiciones prevalecientes en el mercado. No se quiere restringir el crecimiento
de las casas de bolsa sino que, muy por el contrario, se desea encauzarlo para que se produzca de una manera ordenada, a partir de una correlación entre el tamaño y eficiencia de su organización con el riesgo y volumen de sus operaciones.
Además, se plantean diversas modificaciones que son necesarias para regular nuevos acontecimientos, como ocurre con la inscripción de acciones representativas del capital social de casas de bolsa en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, la primera de ellas realizada hace menos de un mes. Esta situación presenta un interés singular porque las casas de bolsa desempeñan al mismo tiempo las funciones de intermediarios y emisores, lo cual exige su regulación en prevención de conflicto de intereses, principalmente.
También se considera otras adecuaciones que inciden en el plazo máximo que se otorga a los emisores para expedir los títulos definitivos de los valores que representan su capital social, en los requisitos para la inscripción de certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito, en las reglas especiales para la disolución y procedimientos de suspensión de pagos y quiebra de alguna casa de bolsa, en la conciliación y arbitraje que lleva la Comisión Nacional de Valores, así como en la simplificación de algunas labores administrativas de ésta, todo ello para fortalecer la función reguladora de la citada Comisión Nacional de Valores.
En conclusión, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público encuentra en todas sus medidas están encaminadas a satisfacer necesidades actuales y previsibles del mercado de valores y corresponden al propósito de consolidarlo como uno de los mecanismos de ahorro e inversión en la economía. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 30, fracción VI 55, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
Artículo único. Se reforman los artículos 15, segundo párrafo; 20, fracción VIII; 22, fracción V, último párrafo; 41, fracción XVII; 45; fracción III; 51, fracciones II y V; 52, primer párrafo, y 87 primer párrafo, de la Ley del Mercado de Valores; se adicionan los artículos 14 con las fracciones VIII y IX; 17, fracción III, inciso b), con un segundo párrafo y con una fracción VII; 41, con una fracción V; así como los artículos 26 - bis, 26 - bis 1, 26 - bis 2, 26 - bis 3, 26 - bis 4, 26 - bis 5, 26 - bis 6, 26 - bis 7, 52 - bis, 52 - bis 1, 52 - bis 2, y 89 de la citada Ley del Mercado de Valores; y se deroga de la fracción III y el último párrafo del artículo 52 de la propia Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:
"Artículo 14. ................................................................
I a VII. ......................................................................
VIII. Que los emisores de valores representativos de su capital expidan los títulos definitivos correspondientes dentro de un plazo no mayor de 180 días naturales, contado a partir de la fecha de la constitución de la sociedad a la de aquélla en que se haya acordado su emisión o canje.
IX. Que tratándose de acciones representativas del capital social de casas de bolsa, se observen además las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional de Valores. Tales disposiciones tendrán los siguientes objetivos:
a) La prevención de operaciones en que se produzcan conflictos de intereses;
b) El desarrollo ordenado de este mercado;
c) La capitalización adecuada de las casas de bolsa, y
d) La continuidad de una organización con altos niveles de eficiencia técnica y administrativa.
.............................................................................."
"Artículo 15. ................................................................
Cuando se trata de acciones o de certificados de aportación patrimonial de sociedades nacionales de crédito, deberá cumplirse con lo señalado en las fracciones I, III, V, VI Y VIII del artículo 14.
...............................................................................
"Artículo 17. ................................................................
I y II. .......................................................................
III. ..........................................................................
a) ............................................................................
b) ............................................................................
Se considera que las personas a que de refiere esta fracción no tienen solvencia moral, cuando hayan sido condenadas por sentencia irrevocable por delito intencional que les imponga más de un año de prisión. Si se tratare de delito patrimonial, cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena.
c) y d) .......................................................................
IV a VI. ......................................................................
VII. Participar en el fondo de apoyo y garantía previsto en el artículo 89 de esta ley.
...............................................................................
...............................................................................
"Artículo 20. ................................................................
I a VII. ......................................................................
VIII. Asimismo, si son disueltas o entran en procedimientos de suspensión de pagos o quiebra, salvo que el procedimiento respectivo termine por el levantamiento o la rehabilitación y la Comisión Nacional de Valores
resuelva favorablemente el mantenimiento del registro.
La disolución y liquidación se regirá por los dispuesto en los capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles o, tratándose de la suspensión de pagos y de la quiebra por la Sección Primera del Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, debiendo observarse lo siguiente:
a) La Comisión Nacional de Valores tendrá las mismas atribuciones que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en la suspensión de pagos o quiebra de las instituciones de crédito;
b) El cargo de síndico y liquidador siempre corresponderá a una institución de crédito;
c) La Comisión Nacional de Valores ejercerá, respecto a los síndicos y liquidadores, las funciones de vigilancia que tiene atribuidas en relación a las propias casas de bolsa, y
d) La Comisión Nacional de Valores podrá solicitar la suspensión de pagos y la declaratoria de quiebra, en los términos de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos.
IX y X. .......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
"Artículo 22. ................................................................
I a IV. .......................................................................
V. ............................................................................
a) a f). ......................................................................
Las operaciones a que se refieren los incisos a) y c) anteriores, sólo podrán tener por objeto valores aprobados para tal efecto por la mencionada Comisión, con la salvedad de que dichas casas de bolsa no podrán comprar ni vender por cuenta propia los valores que les hubieren sido confiados para su venta o que les hubieren sido pedidos en compra. Esta misma salvedad se aplicará a las personas comprendidas en el inciso d), en relación a las operaciones por cuenta ajena y por cuenta propia, en este orden, que realicen las casa de bolsa.
VI a VIII......................................................................
"Artículo 26 - bis. Todos y cada uno de los actos, contratos de operaciones que realicen las casas de bolsa, cualquiera que sea su origen, deberán ser registrados en su contabilidad, la que podrá llevarse en libros encuadernados o en tarjetas u hojas sueltas que llenen los requisitos que fije mediante disposiciones de carácter general la Comisión Nacional de Valores. Dichas tarjetas u hojas sueltas tendrán en juicio el mismo valor probatorio que otorgan las leyes a los libros encuadernados.
Las casas de bolsa podrán microfilmar todos aquellos libros, registros y documentos en general que están obligadas a llevar con arreglo a las leyes y que mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación, su manejo y conservación establezca la misma.
Los negativos originales de cámara obtenidos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados."
"Artículo 26 - bis 1. Las cuentas que deban llevar las casas de bolsa, se ajustarán estrictamente al catálogo que al efecto autorice la Comisión Nacional de valores Previa autorización de la misma comisión, las casas de bolsa que lo necesiten podrán llevar nuevas cuentas, indicando en su solicitud las razones que tengan para ello. En este caso, se adicionará su catálogo."
"Artículo 26 - bis 2. Las casas de bolsa deberán llevar el sistema de contabilidad que establece el Código de Comercio y los registros auxiliares que ordene la Comisión Nacional de Valores, los cuales se ajustarán a los modelos que al efecto señale la misma comisión, mediante disposiciones de carácter general.
En dichas disposiciones se determinará también cuáles son los libros, registros o documentos integrantes de la contabilidad de las casas de bolsa que deben ser conservados; cuáles pueden ser destruidos previa microfilmación que de los mismos hagan las casas de bolsa en los rollos autorizados por la propia comisión y cuáles pueden ser destruidos sin necesidad de microfilmación. Igualmente fijará los plazos de conservación de los mencionados libros, registros y documentos de las casas de bolsa que, en su caso, hayan sido liquidadas."
"Artículo 26 - bis 3. Los libros de contabilidad y los registros a que se refiere el artículo 26 bis 2, deberán conservarse disponibles en las oficinas de la casa de bolsa. Los asientos en los libros deberán efectuarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se realicen los actos, contratos u operaciones respectivas; los asientos en los auxiliares deberán llevarse al día."
"Artículo 26 - bis 4. Las casas de bolsa deberán formular sus estados financieros al día último de cada mes. La Comisión Nacional de Valores queda facultada para establecer las reglas de agrupación de cuentas conforme a las cuales las casas de bolsa deberán formular y publicar, cuando menos en un periódico de circulación nacional, sus estados financieros mensuales y anuales, que habrán de serle proporcionados junto con la demás información que determine la propia comisión. Tales publicaciones se harán dentro del mes siguiente que corresponda al de su fecha y quince días después de que hayan sido aprobados por la asamblea general de accionistas, respectivamente.
La publicación de los estados financieros será bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de la casa de bolsa que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados contables, debiendo cuidar que éstos y su publicación revelen la verdadera situación financiera de la sociedad. En el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta
disposición, los citados administradores y comisarios quedarán sujetos a la aplicación de las secciones correspondientes.
Sin perjuicio de los anterior, la Comisión Nacional de Valores, al revisar los estados financieros ordenará modificaciones y correcciones que, a su juicio, fueren fundamentales para ameritar su publicación y podrá ordenar que se publiquen con las modificaciones pertinentes, en la inteligencia de que esta publicación deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo respectivo. En ningún otro caso podrá efectuarse segundas publicaciones.
La revisión que la Comisión Nacional de Valores realice no tendrá efectos de carácter fiscal."
"Artículo 26 - bis 5. Los auditores externos que dictaminen los estados financieros de las casas de bolsa, deberán reunir los requisitos que determine la Comisión Nacional de Valores y suministrarle, a su requerimiento, los informes y demás elementos de juicio, en los que se sustenten sus dictámenes y conclusiones."
"Artículo 26 - bis 6. Las casas de bolsa no podrán pagar los dividendos decretados por las asambleas generales de accionistas, antes de quedar concluida la revisión de los estados financieros que realice la Comisión Nacional de Valores, la cual no deberá exceder de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya iniciado. Transcurrido este plazo sin que se notifique la resolución correspondiente, se considerará que no existe impedimento para proceder al pago de dichos dividendos.
Cuando se requiera a la casa de bolsa que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para concluir la revisión, el plazo comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Los pagos de dividendos efectuados en contravención a los dispuesto en el presente artículo, deberán ser restituidos a la sociedad en un plazo no mayor de treinta días hábiles. Serán solidariamente responsables de esta restitución, los accionistas que los hayan percibido y los administradores y funcionarios que los haya pagado."
"Artículo 26 - bis 7. La Comisión Nacional de Valores señalará, mediante disposiciones de carácter general, las bases a las que deberán sujetarse las casas de bolsa en la estimación de sus activos, conforme a los siguientes principios.
I. Los valores y documentos inscritos en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, se estimarán a su valor de mercado.
II. Las acciones representativas del capital de las sociedades que les presten servicios o cuyo objeto sea auxiliar o complementario de las actividades que realice, se valuarán de acuerdo al método de participación, cuando las casas de bolsa sean propietarias del 25% o más de sus acciones ordinarias o al costo, cuando sean propietarias de menos del 25% de dichas acciones, respectivamente.
III. La acción de la bolsa de valores se valuará de acuerdo a su valor contable, determinado en los últimos estados financieros dictaminados de la bolsa correspondiente.
IV. Los demás activos fijos se estimarán a su precio de adquisición y, en su caso, a su valor actualizado conforme a avalúo realizado por valuador independiente autorizado por la citada comisión."
"Artículo 41. ................................................................
I a IV. .......................................................................
V. Dictar las disposiciones de carácter general relativas al establecimiento de índices que relacionen la estructura administrativa y patrimonial de las casas de bolsa, con su capacidad máxima para realizar las operaciones que les autoriza la presente ley, tomando en cuenta el volumen y riesgo de dichas operaciones, los intereses del público inversionista y las condiciones prevalecientes en el mercado.
VI a XVI. .....................................................................
XVII. Actuar como conciliador o árbitro en conflictos originados por operaciones que hayan contratado las casas de bolsa con su clientela, conforme a esta ley.
XVIII y XIX. ..................................................................
..............................................................................
"Artículo 45. ................................................................
I y II. .......................................................................
III. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobiernos con la facultad de la delegar en funcionarios de la Comisión el encargo de notificar dichos acuerdos.
IV a XI. ......................................................................
"Artículo 51. ................................................................
I. ............................................................................
II. Multa de 200 a 2000, días de salario, a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que no cumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones V, VI, VII. VIII y IX del artículo 14 de esta ley, o cuando proporcionen informaciones falsas que induzcan a error, sobre su situación económica o sobre los valores que emitan.
III y IV. .....................................................................
V. Multa de 2,000 a 4,000 días de salario, a las personas que dirijan propaganda o información al público sobre valores, o sobre los servicios u operaciones de las casas de bolsa de valores, en contravención a los dispuesto por el artículo 5o. de esta ley, así como los administradores o funcionarios de casas de bolsa que hayan pagado dividendos, en contravención a lo ordenado por el artículo 26 bis 6 del mismo ordenamiento.
VI a X. .......................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
"Artículo 52. Serán sancionadas con prisión de dos a diez años y multa de mil doscientos a doce mil días de salario:
I y II. .......................................................................
III. (Se deroga)
Ultimo párrafo. (Se deroga.)"
"Artículo 52 - bis. Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de mil doscientos a doce mil días de salario, los administradores, funcionarios, empleados o apoderados para celebrar operaciones con el público, de una casa de bolsa, que intencionalmente dispongan de los fondos o de los valores, títulos de crédito o documentos a que se refiere el artículo 3o., recibidos de la clientela, aplicándolos a fines distintos de los contratados por la misma."
"Artículo 52 - bis 1. Serán sancionados con prisión de uno a diez años y multa de mil a diez mil días de salario, los administradores, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos, de una casa de bolsa:
I. Que, a sabiendas, omitan registrar en los términos del primer párrafo del artículo 26 bis de esta ley, las operaciones efectuadas por la casa de bolsa alteren o permitan que se alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados.
II. Que intencionalmente inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad o que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos o informes que deban proporcionarse a la Comisión Nacional de Valores, conforme a los artículos 25, 26 bis 6 y 27, Fracciones I y II de esta ley.
III. Que otorguen los préstamos o créditos previstos en la fracción IV, inciso b) del artículo 22 de esta ley, a personas físicas o morales que no constituyan las garantías correspondientes."
"Artículo 52 - bis 2. Los delitos previstos en los artículos 52, 52 bis y 52 - bis 1, solamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previa, opinión de la Cámara Nacional de Valores.
Las multas previstas en los artículos 52, 52 bis y 52 bis 1 de esta ley, se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se realice la conducta sancionada.
Lo dispuesto en los artículos citados en el párrafo anterior, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables."
"Artículo 87. En caso de reclamación contra una casa de bolsa, con motivo de la contratación de operaciones con su clientela, deberá observarse los siguiente:
I a IX. .......................................................................
"Artículo 89. Las bolsas de valores y las casas de bolsa deberán establecer un fondo de apoyo preventivo para presentar su estabilidad financiera y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las casas de bolsa con su clientela, provenientes de operaciones y servicios propios de su actividad profesional.
La Comisión Nacional de Valores, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala mediante disposiciones de carácter general, las bases para la constitución, organización, integración patrimonial y funcionamiento del citado fondo, así como los términos y condiciones en que podrá otorgar su apoyo y garantía de acuerdo a los dispuesto en el párrafo anterior, considerando los siguientes lineamientos:
I. Las bolsas de valores y las de casas de bolsa, estarán obligadas a cubrir al fondo aportaciones ordinarias y extraordinarias para el cumplimiento de su objeto. las aportaciones ordinarias y extraordinarias serán por los importes resultantes de aplicar al monto de las operaciones autorizados por esta ley, que se manejan con intervención de dichos aportaciones, la proposición correspondiente para cada tipo de aportaciones que fije la citada Comisión.
Las aportaciones ordinarias y extraordinarias serán por los importes resultantes de aplicar al monto de las operaciones autorizadas por esta ley, que se manejen con intervención de dichos aportantes, la proporción correspondiente para cada tipo de aportaciones que fije la citada Comisión.
La proporción relativa a las aportaciones ordinarias se determinará semestralmente, considerando los antecedentes que se tengan acerca de los apoyos y garantías requeridos por las casas de bolsa, las condiciones del mercado de valores y, en su caso, el saldo de los financiamientos a que se refiere la fracción siguiente.
Cuando los recursos del fondo no permitan hacer frente, a los apoyos o garantías que se requiera otorgar, como a las amortizaciones de los financiamientos a que se refiere la fracción siguiente, las bolsas de valores y las causas de bolsa deberán cubrir aportaciones extraordinarias para solventarlos.
I. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias correspondientes a un semestre natural, no excederán de uno al millar para cada tipo de dichas aportaciones;
II. En caso de que el fondo necesite recursos adicionales a los previstos en la fracción anterior, podrá obtenerlos de financiamientos;
III. El fondo podrá recibir aportaciones de terceros distintos a las bolsas de valores y casas de bolsa;
IV. En la administración del fondo participarán representantes de las dependencias y organismos que se señalen en las disposiciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el número y términos que en las mismas se establezca. En todo caso, deberán estar representados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Valores, el Banco de México, Nacional Financiera, S. N. C., las bolsas de valores y la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. A. C.;
V. El fondo, en cumplimiento de su objeto, podrá adquirir acciones representativas del capital social de casas de bolsa, aún con exceso del límite establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley, pero deberá proceder a su venta tan pronto como las circunstancias
sean propicias para ello. Al efecto, el fondo deberá someter a la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores las adquisiciones y ventas de dichas acciones que lleve a cabo, y
VI. El fondo estará sujeto a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, debiendo proporcionar a ésta toda la información y documentación que, en ejercicio de dichas funciones, le sea solicitada en relación con las operaciones que celebre."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los emisores de acciones inscritas en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que no tengan representado su capital social en títulos definitivos de acciones cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 14, fracción VIII de la Ley del Mercado de Valores, deberán cumplir con dicho requisito dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que se entre en vigor este Derecho.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 9 de diciembre de 1985.
Luis Manuel Orcí Gándara, presidente; David Jiménez González, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amílcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alaniz González, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Carlos Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Máximo León Garza, Dante Delgado Rannauro Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Enrique González Izunza, Marcela González Salas, Angel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, José Angel Pescador Ozuna, Abreu Graco Ramírez Garrido, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Roberto Rincón, Rubén Rubiano Reyna, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Humberto Salgado Gómez.»
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría que en votación económica consulte a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: - Es de primera lectura.
LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
«Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea: A las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, de la cual las comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se permitan someter a la consideración de esta soberanía el presente.
DICTAMEN
Las comisiones consideran como se expresa en la iniciativa que las funciones tradicionales de Tesorería de la Federación tienen un papel destacado en el sistema federal de finanzas públicas. En los años recientes ha operado una profunda transformación del citado sistema como resultado de significativas reformas a las leyes que lo rigen.
La programación nacional de financiamiento del desarrollo, fundada en el plan, emplea variados instrumentos de financiamiento público regulados en diversas leyes que han sido recientemente modificadas, como en el nuevo Código Fiscal de la Federación, La Ley Orgánica del Banco de México y la nueva Legislación Financiera.
La Ley de Tesorería de la Federación vigente data de 26 años atrás, ello aunado a las razones expuestas, la iniciativa de Ley del Servicios de Tesorería de la Federación resulta una respuesta apropiada a las exigencias de cambio y configura una adecuada actualización de los sistemas operativos, acordes a las características del resto del sistema financiero federal.
Como se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se encuentra estructurada en siete títulos en los que se agrupan las disposiciones referentes a las funciones tradicionales de Tesorería de la Federación,
como son las de recaudación manejo y administración de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal; la ejecución de lo pagos y la ministración de fondos; las garantías a favor o a cargo del propio Gobierno; la compensación de adeudos; así como la custodia y la contabilidad de los fondos y valores del mismo.
El título primero de la iniciativa, referente a disposiciones generales, establece que las funciones y servicios de tesorería antes citados son de la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que las ejercerá a través de la Tesorería de la Federación.
Se abandona la connotación actual de organismos subalternos por la denominación de auxiliares de la Tesorería de la Federación, más acorde con la tarea que desempeñan, entre los cuales se encuentran diversas unidades administrativas de la citada Secretaría, de otras dependencias y entidades del Gobierno Federal, del Departamento del Distrito Federal, de los gobiernos de los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los municipios de estos últimos, así como de particulares, siempre que ejerzan alguna de las funciones de tesorería por disposición de la ley o de otras disposiciones legales.
Se suprime la acción sancionada directa de la Tesorería de la Federación prevista en la ley vigente, señalándose que la inobservancia de la ley se sancionará por la autoridad competente conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En el título segundo, se regionalizan los servicios de recaudación, ello en congruencia con el programa de descentralización de la Administración Pública Federal, quedando a nivel central únicamente los crédito por conceptos que se señalen expresamente por las leyes.
Se establece la posibilidad de certificados especiales por el importe de adeudos a cargo del Gobierno Federal para que los beneficiarios puedan pagar con ellos los créditos a su cargo provenientes de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aprovechamiento federales, los cuales podrán ser un instrumento idóneo para facilitar la recaudación.
Estas comisiones proponen que la redacción del artículo 18 de la iniciativa se modifique con el propósito de aclara y precisar los efectos que produce la presentación de los citados certificados tanto en el caso de que su presentación sea oportuna o fuera de los plazos que prevén las disposiciones fiscales. La redacción del citado artículo 18 quedaría de la siguiente forma:
Artículo 18. Los certificados a que se refiere el artículo anterior serán nominativos, intransferibles y deberán presentarse para su amortización en el plazo previsto por las leyes para el pago oportuno de los créditos fiscales respectivos. Si presentan fuera del plazo citado, dichos créditos fiscales causarán recargos hasta la fecha de la presentación de los certificados. También causarán recargos los saldos insolutos que resulten de su aplicación.
Se proponen las bases para la consumación del abandono de bienes objeto del procedimiento administrativo de ejecución cuando no sean retirados después de un año a partir de que se hayan extinguido los créditos fiscales y se encuentren a disposición de quién tenga derecho a ellos, previéndose la notificación de dicho acontecimiento y un plazo adicional para que de manera definitiva pasen a propiedad del Fisco Federal.
Se prevén también las disposiciones referentes a la dación en pago respecto de créditos fiscales insolutos como mecanismos de la recaudación, cuando sea la única forma que tenga el deudor de cumplir con la obligación a su cargo.
Tratándose de las sociedades nacionales de crédito que actúen como auxiliares de la recaudación, se establece que pagarán intereses por concepto de indemnización en los casos de concentración extemporánea de los fondos.
Se exceptúan de concentración en la Tesorería los fondos de las aportaciones de seguridad y otros a favor de terceros, debiendo en todo caso cumplirse las disposiciones correspondientes a los registros contables previstos por esta ley.
En relación con el servicio de concentración de fondos federales, quedan asignado a la Tesorería, a través del Banco de México, estableciéndose como excepción que la concentración podrá efectuarse por las sociedades nacionales de crédito en los casos que señale el reglamento de la ley.
El título tercero se refiere a las disposiciones que regulan los pagos, tanto los que son a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación como los que por otros conceptos deba hacer el Gobierno Federal. La ejecución de dichos pagos, así como la ministración de fondos autorizada, tradicionalmente ha sido operada por la Tesorería de la Federación a través de una amplia red de pagadurías en el país.
Esto ha implicado el mantenimiento de un múltiple y costoso aparato administrativo que, ahora, merced a las normas de corresponsabilidad en el ejercicio del gasto público federal, a los servicios de tesorería que el Banco de México puede prestar al Gobierno Federal y a la reforma constitucional que otorga al Estado la prestación exclusiva del servicio público de banca y crédito, se hace posible su modificación al poder utilizarse la infraestructura de las sociedades nacionales de créditos por conducto de la Tesorería para proporcionar los servicios de pago y ministración de fondos.
También se incluyen disposiciones para que el pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública Federal centralizada se lleve a cabo por conducto de las
dependencias que la integran, respecto a los trabajadores de su adscripción.
En virtud de que las garantías son un medio para proteger el interés fiscal y el cumplimiento de obligaciones a favor del Gobierno Federal, que se traducen en numerario en el caso de incumplimiento del deudor u obligado, la presente iniciativa regula en el título cuarto, los servicios de tesorería referentes a la calificación, aceptación, registro, sustitución, devolución y cobro de las garantías a fin de que cumplan, efectivamente con su cometido.
Se establece que las garantías constituidas mediante billete de depósito puedan ser transferidas a la Cuenta de Depósito de la Hacienda Pública Federal, después de transcurrido un año de su constitución, sin que pierda su naturaleza de garantía, previéndose el pago de intereses a la misma tasa a que el interesado los hubiese percibido con anterioridad.
Orientada por los objetivos de la descentralización de funciones de tesorería, se abre la posibilidad de que las finanzas se acepten, califiquen, cancelen o se hagan efectivas por los auxiliares, si los ordenamientos respectivos lo permiten, con el fin de evitar la excesiva centralización que ha caracterizado al sistema.
Mención especial merece el cambio de denominación del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal, que proporciona garantía bipartita al Erario Federal y a los servidores públicos que desempeñen las funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de fondos, valores y bienes de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. Asimismo establece la exención a los salarios mínimos.
En materia de compensación de adeudos se prevé una regulación completa que contempla lo referente a adeudos entre la Federación y los contribuyentes; entre la Federación y entidades federativas coordinadas respecto de las cantidades que éstas deban concentrar y las que les correspondan en los fondos de participación, así como entre cantidades no concentradas y las que deban percibir en los citados fondos; y, por último, eleva a rango de ley la normatividad de la compensación de los adeudos recíprocos y correlacionados entre las dependencias y entidades del sector público.
Es conveniente destacar que las disposiciones que se proponen, coadyuvan a reducir los pagos de numerario, fortalecen la liquidez de las participantes, contribuyen al saneamiento de sus finanzas, disminuyen los requerimientos globales de apoyo crediticio, y además, apoyan al combate a la inflación.
Singular importancia revisten las disposiciones del título sexto, que se proponen regular el ejercicio de los derechos patrimoniales de los valores que representan inversiones financieras del Gobierno Federal, la custodia de los mismos y la concentración de sus utilidades, remanentes o dividendos.
Por último, se propone un apartado específico, el título séptimo, para regular la contabilidad de los fondos y valores federales en el que se prevén los principios básicos para el registro correcto de las operaciones que se realicen, así como de la elaboración y presentación oportuna de información para el análisis económico y financiero de las operaciones y la evaluación de los servicios de Tesorería de la Federación.
Por todo lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben, se permiten someter a la consideración de la honorable asamblea la siguiente
LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA
DE LA FEDERACIÓN
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO ÚNICO
Artículo 1o. Esta ley regula los servicios de Tesorería de la Federación, conforme a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 2o. Los servicios de Tesorería de la Federación, que se regulan en esta ley, estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación. Sus disposiciones se observarán por la propia Secretaría y por las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los órganos de gobierno estatales y municipales que presten alguno de los referidos servicios, en forma permanente o transitoria, así como por los servidores públicos y por los particulares que realicen las situaciones jurídicas o de hecho que se regulan en los casos en que les sean aplicables.
Artículo 3o. En esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación, el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal y los auxiliares de Tesorería de la Federación se designarán respectivamente como la Secretaría, la Tesorería, el Fondo y los auxiliares.
Artículo 4o. Los servicios de Tesorería de la Federación, a que alude esta ley, se prestarán:
I. Directamente, por la Tesorería y las distintas unidades administrativas que la integran; y
II. Por conducto de los auxiliares a que se refiere el artículo siguiente:
Artículo 5o. Son auxiliares de Tesorería de la Federación, en los casos en que por mandato de las leyes u otras disposiciones o por autorización expresa de la Tesorería, ejerzan permanente o transitoriamente alguna de las funciones de Tesorería:
I. Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, excepto las que dependan directamente de la propia Tesorería;
II. Las unidades administrativas de las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada;
III. El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, y las demás entidades de la Administración Pública Paraestatal;
IV. Las tesorerías de los poderes Legislativo y Judicial;
V. Las dependencias del Departamento del Distrito Federal y de los gobiernos de los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de estos últimos, y
VI. Los particulares legalmente autorizados.
La Tesorería conservará, en todo caso, la facultad de ejercer directamente las funciones que desempeñen los auxiliares.
Artículo 6o. La Secretaría dictará las reglas administrativas que establezcan los sistemas, procedimientos e instrucciones en materia de recaudación; prórrogas y pago diferido de créditos fiscales; ejecución de pagos que deba hacer el Gobierno Federal; ministración de fondos; garantías, y las demás funciones y servicios de Tesorería de la Federación a su cargo, conforme a las cuales deberán ajustar sus actividades las unidades administrativas de la Tesorería y los auxiliares, así como supervisará el cumplimiento de las citadas reglas.
Artículo 7o. Las relaciones entre la Tesorería y los auxiliares serán directas en las materias a que se contrae esta ley, sin perjuicio de la dependencia jerárquica que, en su caso, tengan estos últimos respecto a sus unidades administrativas superiores.
Artículo 8o. En los casos en que sea procedente la remoción, suspensión temporal o separación de funciones o puesto de los servidores públicos de la Tesorería o de los auxiliares, que tengan a su cargo el manejo de fondos, valores o bienes del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, deberá hacerse del conocimiento de una u otros para que, respecto a los servidores públicos de su adscripción, se proceda con la debida oportunidad a la entrega formal de las existencias de dichos fondos, valores o bienes, designándose al sustituto.
Artículo 9o. Cuando en los términos de la legislación penal, se deba privar de la libertad a servidores públicos que tengan a su cargo el manejo de los fondos, valores o bienes de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, se dictarán las providencias necesarias para que se haga la entrega correspondiente a la Tesorería o a los auxiliares.
Artículo 10. Siempre que durante la prestación de sus servicios, se encuentren en poder de los servidores públicos que manejen fondos o valores del Gobierno Federal o al cuidado del mismo, fondos o valores y su tenencia no se justifique, serán registrados en la oficina cuentadante y no podrá disponerse de ellos hasta que resuelva la Contraloría Interna de la Secretaría, conforme a sus atribuciones, con la intervención que corresponda a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Artículo 11. La Tesorería tendrá a su cargo la emisión y distribución de las formas numeradas y valoradas que señale el reglamento de esta ley e intervendrá en su destrucción, cuando así proceda, junto con los materiales empleados en su producción.
Artículo 12. Los servidores públicos de la Tesorería y de los auxiliares deberán proporcionar los informes que requieran la propia Tesorería y estos últimos para el desempaño de los servicios a que se contrae esta ley y su reglamento.
Artículo 13. Los actos u omisiones que impliquen incumplimiento de la presente ley y de su reglamento por parte de los servidores públicos de la Tesorería y de sus auxiliares, comprendidos los particulares legalmente autorizados, así como los de otras autoridades a quienes la misma ley imponga alguna obligación, se sancionarán por autoridad competente conforme a las disposiciones legales respectivas.
Artículo 14. Los actos u omisiones de que tenga conocimiento la Tesorería, que impliquen incumplimiento de esta ley, de su reglamento y demás disposiciones legales, deberán comunicarse a la autoridad administrativa competente para que se practiquen las investigaciones y auditorias necesarias y si de ellas apareciere responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se impongan las sanciones disciplinarias correspondientes, conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia.
Cuando las infracciones a esta ley impliquen actos delictuosos, previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, la Tesorería y en su caso la autoridad que haya efectuado las diligencias de investigación y auditorías señaladas en el párrafo anterior, informarán a la autoridad administrativa competente de la Secretaría de los presuntos hechos delictuosos, para su denuncia o querella ante quien deba conocer del ilícito.
TITULO SEGUNDO
De la recaudación
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 15. Los servicios de recaudación consistirán en la recepción, custodia y concentración de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.
Los servicios de recaudación de los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de Ingresos de la Federación y de otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal, por cuenta propia o ajena, se llevarán a cabo por los auxiliares que sean competentes o estén autorizados para ello, con observancia de las políticas que establezca la Secretaría y los programas aprobados. La Tesorería
recaudará directamente los créditos por los conceptos que señalen las disposiciones legales, la Secretaría o la propia Tesorería.
La percepción de valores en pago de impuestos federales, cuando así proceda legalmente, se hará exclusivamente por la oficina recaudadora que tenga radicado el crédito fiscal o por la Tesorería en los casos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 16. Los certificados de estímulos fiscales que expida la Tesorería se sustentarán en resoluciones administrativas dictadas por autoridad competente.
Artículo 17. La Tesorería podrá expedir, con vigencia de cinco años, certificados especiales por percepciones que obtenga destinados al pago de créditos fiscales que provengan de impuestos, derechos y aprovechamientos, para que surtan efectos en las oficinas recaudadoras que tengan a su cargo el cobro correspondiente, ante la cual deberán presentarlos los beneficiarios.
La Tesorería podrá también expedir certificados especiales por el importe de adeudos a cargo del Gobierno Federal, para que los conceptos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 18. Los certificados a que se refiere el artículo anterior serán nominativos, intransferibles y deberán presentarse para su amortización en el plazo previsto por las leyes para el pago oportuno de los créditos fiscales respectivos, Si se presentan fuera del plazo citado, dichos créditos fiscales causarán recargos hasta la fecha de la presentación de los certificados.
También causarán recargos los saldos insolutos que resulten de su aplicación.
Artículo 19. Las unidades administrativas de la Secretaría, del Departamento del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, que estén facultadas para autorizar el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales federales, observarán los lineamientos, directrices, requisitos y limitaciones que, con la participación de la Secretaría, establezca la Tesorería.
Artículo 20. El pago diferido o en parcialidades de créditos a favor del Gobierno Federal, distintos de los fiscales, se autorizará por la Tesorería con las limitaciones y requisitos que establezca el reglamento de esta ley, Tratándose de créditos fiscales a cargo del sector paraestatal, cuyo pago diferido o en parcialidades competa resolver a la Tesorería, la autorización se sujetará a lo previsto en las disposiciones fiscales aplicables.
Artículo 21. Los fondos y, en su caso, los valores resultantes de la recaudación se justificarán de acuerdo con las disposiciones; legales o resoluciones de autoridad competente, convenios o contratos; se comprobarán con los documentos que establezcan las disposiciones respectivas en los que conste la certificación oficial o bancaria de la percepción, y deberán reflejarse en los registros de la oficina receptora como dispone el artículo 83 de esta ley.
Las percepciones por venta de estampillas o formas oficiales valoradas no requerirán de comprobación.
Artículo 22. Las autoridades administradoras de las contribuciones, informarán oportunamente a la Tesorería sobre la emisión o retiro, por estar fuera de uso, de estampillas y otras formas valoradas, para la intervención que le corresponde.
Artículo 23. La recaudación se efectuará en moneda nacional dentro del territorio de la República, con las excepciones que establezcan las disposiciones relativas, aceptándose como medios de pago los previstos en las disposiciones legales vigentes.
La recaudación en el extranjero podrá hacerse en moneda del país de que se trate. conforme a lo que disponga el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 24. Los bienes que se embarguen por autoridades distintas de las fiscales conforme a las leyes administrativas federales, los decomisados por autoridades judiciales federales, los que sin estar decomisados no sean recogidos por quien tenga derecho en el lapso que señala el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y los abandonados expresa o tácticamente en beneficio del Gobierno Federal, se podrán a disposición de la Tesorería por conducto de las oficinas federales de Hacienda junto con la documentación que justifique los actos, para su guarda, administración, aplicación, adjudicación, remate o venta, donación o destrucción, según proceda conforme al reglamento de esta ley.
Se exceptúa de lo anterior a las mercancías de importación o exportación, que causen abandono expreso o tácito o pasen a propiedad del Fisco Federal en términos de la Ley Aduanera y su reglamento.
El abandono de bienes que, como consecuencia de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, estén en poder o al cuidado de autoridades fiscales distintas de las aduanales, se consumirá sin no son reclamados en el plazo de un año contado a partir de la fecha en que se hayan extinguido los créditos fiscales y queden a disposición de quien tenga derecho a ellos.
Transcurrido el plazo de calendario sin que se hayan retirado por su legítimo propietario, se notificará al interesado del vencimiento de dicho plazo y que cuenta con quince días para proceder a su retiro. Si se desconoce el domicilio del interesado, la notificación se hará por estrados. Una vez vencido el plazo de quince días antes citado sin que se haya hecho el retiro, los bienes pasarán definitivamente a propiedad del Fisco Federal.
CAPÍTULO II
De la dación en pago y de la adjudicación de bienes
Artículo 25. A fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a favor del Gobierno Federal, excepcionalmente la Secretaría, por conducto de la Tesorería o de los auxiliares legalmente facultados para ello, podrá aceptar la dación en pago del producto de venta de bienes, cuando sea la única forma que tenga el deudor para cumplir con la obligación o su cargo y estos sean de fácil realización o venta, o resulten aprovechables en los servicios públicos federales, a juicio de la propia Tesorería o de los auxiliares de referencia.
Artículo 26. Las daciones en pago a que se refiere el artículo anterior, se recibirán al valor del avalúo parcial de los bienes, emitido por institución autorizada. Los convenios de dación en pago y, en caso, las actas administrativas que los consignen, se formalizarán con la participación del deudor y de la Tesorería o los auxiliares facultados legalmente, anotándose en el Registro Público de la Propiedad, cuando se trate de inmuebles, para que surtan efectos contra terceros. Las escrituras públicas o privadas en que se transfiera el dominio del bien al adquirente, se otorgarán por la Tesorería o los auxiliares mencionados, en representación del deudor, sin necesidad de ulterior mandato. Los gastos y las contribuciones que origine la operación a cargo del enajenante, serán por cuenta del deudor que haya propuesto la dación en pago.
Artículo 27. Aceptada la dación en pago, se suspenderá provisionalmente el cobro del crédito respectivo. Una vez formalizada, conforme a lo previsto en el artículo anterior, se tendrá por pagado el crédito, efectuándose su baja en los registros contables y administrativos correspondientes.
Artículo 28. Los bienes recibidos para el pago, quedarán en custodia o administración de la Tesorería o de los auxiliares, en tanto se logra su venta, y bajo el control previsto en el artículo 85 de esta ley.
La propia Tesorería directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente, podrán enajenar fuera de remate los bienes recibidos para el pago de créditos a favor del Fisco Federal, siempre que el precio no sea en cantidad menor a la del valor en que fueron recibidos, con adición de los gastos de administración y venta generados.
Artículo 29. Cuando los bienes no se hayan enajenado en el lapso de dos años a partir de efectuada la dación en pago, la Tesorería o los auxiliares los pondrán a disposición de la dependencia competente para que sean incorporados al inventario de bienes muebles o al patrimonio inmobiliario del Gobierno Federal, según corresponda; hecho lo cual, tramitará la afectación respectiva en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Igual procedimiento se seguirá en el caso de adjudicaciones de bienes por crédito a favor del Fisco Federal.
CAPITULO III
De la concentración de los fondos federales
Artículo 30. Todos los fondos que dentro del territorio nacional se recauden por cualquiera de los auxiliares, por los diversos conceptos fiscales y otros perciba el Gobierno Federal, por cuenta propia o ajena, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería, en la forma y términos que establezca el reglamento de esta ley.
Las sociedades nacionales de crédito deberán pagar intereses, por concepto de indemnización, en caso de concentración extemporánea, de conformidad con la tasa que al respecto fije el reglamento.
El Banco de México prestará el servicio de concentración, con sujeción a dicho reglamento.
Cuando las leyes destinen los fondos a un fin determinado y para ser aprovechados en actividades de la Administración Pública Federal, sólo podrá disponerse de ellos por aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 31. Los fondos correspondientes a las aportaciones de seguridad social y otros a favor de terceros, quedarán exceptuados de lo previsto en el párrafo primero del artículo anterior, cuando así lo disponga la ley o lo determine la Tesorería; en este supuesto las oficinas receptoras cumplirán en materia contable con lo preceptuado en el artículo 86 de esta ley.
Artículo 32. El servicio de concentración de fondos, excepcionalmente podrá efectuarse por conducto de las sociedades nacionales de crédito que autorice la Tesorería, en los casos que determine el reglamento de esta ley.
Artículo 33. Las oficinas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, establecidas en el extranjero, que recauden fondos a favor del Gobierno Federal, o que reciban valores propiedad o al cuidado de éste, los concentrarán en la Tesorería, en la forma y plazos que establezca el reglamento de esta ley o en su efecto la propia Tesorería.
Artículo 34. La recolección de los fondos federales en las oficinas recaudadoras, es parte integrante del servicio de concentración de fondos.
La recolección de fondos, excepcionalmente se llevará a cabo por los manejadores de fondos o por las sociedades nacionales de crédito que autorice la Tesorería en los casos que señale el reglamento de esta ley.
Artículo 35. Los fondos recaudados directamente por la Tesorería, los que reciba de los auxiliares y de las oficinas señaladas en el artículo 33, así como los que se concentren
en la misma por conducto del Banco de México, serán depositados diariamente en este último para que se abonen en la cuenta general que lleva a la Tesorería, con excepción de aquellos fondos que por acuerdo de autoridad competente deban mantener en disponibilidad la Tesorería o los auxiliares.
CAPITULO IV
De la prescripción de los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal
Artículo 36. Los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del Fisco Federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante.
Artículo 37. Las autoridades federales distintas a las fiscales, que hayan exigido, exijan o acepten los depósitos a que se refiere el artículo anterior vigilarán el cumplimiento de los actos constitutivos de tales depósitos y comunicarán oportuna y justificadamente a la Tesorería o a los auxiliares referidos en el artículo 5o., fracciones I y V de esta ley, según corresponda, las resoluciones que impliquen su devolución o aplicación.
Las oficinas recaudadoras de la Secretaría, las del Departamento del Distrito Federal, y de los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las de los municipios de estos últimos que tengan a su cuidado o disposición los depósitos, dictarán, cuando así proceda, las resoluciones que impliquen su devolución o aplicación.
Artículo 38. La Tesorería y los auxiliares a que se refiere el artículo anterior, en vista de las resoluciones que reciban y de las que dicten respecto de los depósitos cuya constitución hubieren exigido por propia determinación, tendrán en cuenta el plazo fijado por el artículo 36 para declarar de oficio la prescripción y disponer de los depósitos respectivos aplicando su importe a beneficio del Fisco Federal. Cuando no sea posible determinar la fecha a que se refiere el propio artículo 36, se tomará como base de la constitución del depósito para los mismos efectos.
TITULO TERCERO
De los pagos
CAPITULO I
De los pagos y de la ministración de fondos
Artículo 39. La Tesorería hará los pagos que le correspondan con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación y los que por otros conceptos deban hacer el Gobierno Federal, así como la ministración de fondos autorizada, en función de sus disponibilidades y de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 40. Los pagos y ministración de fondos a que se refiere el artículo anterior podrán efectuarse por conducto del Banco de México, para cuyo efecto la Tesorería convendrá con este organismo la prestación de los servicios correspondientes, excepción hecha de los conceptos que la propia Tesorería resuelva pagar directamente o a través de los auxiliares que autorice.
Artículo 41. El pago por remuneraciones al personal de la Administración Pública Federal Centralizada, se llevará a cabo por conducto de las dependencias que la integran respecto de los trabajadores de su adscripción, con observancia de lo dispuesto en el reglamento de esta ley y disposiciones administrativas aplicables.
Artículo 42. Los pagos que deba efectuar directamente la Tesorería y los correspondientes a remuneraciones al personal federal, se harán mediante cheques que se expidan a cargo del Banco de México, en efectivo o por otros medios de pago cuando así lo determine el reglamento de esta ley o en su defecto autorice la propia Tesorería.
Artículo 43. Todo pago o salida de valores deberá registrarse en la contabilidad de la Tesorería o de los auxiliares correspondientes.
Artículo 44. La Tesorería solamente hará los anticipos que estén previstos en las disposiciones legales o acordados por autoridad competente.
CAPITULO II
De la prescripción de los créditos a cargo de la Federación
Artículo 45. Los créditos a cargo de la Federación se extinguen por prescripción en el término de dos años contados a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que las leyes establezcan otro término, caso en el que se estará a lo que éstas dispongan.
Artículo 46. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior o los establecidos por otras leyes, las autoridades competentes para ordenar o autorizar los pagos, declararán de oficio la prescripción de los créditos respectivos, excepto si se trata de créditos fiscales. La Tesorería, también de oficio, lo hará respecto de los créditos cuyo pago se le haya encomendado, así como de los registrados en la contabilidad de las dependencias de la Administración Pública Federal que le comuniquen los respectivos centros contables.
Artículo 47. El término de la prescripción a que se refiere el artículo 45, se interrumpirá:
I. Por gestiones estrictas de parte de quien tenga derecho a exigir el pago, y
II. Por ejercicio de las acciones relativas ante los tribunales competentes.
TITULO CUARTO
De las funciones complementarias de la recaudación y de los pagos
CAPITULO 1
De las garantías del interés fiscal y del cumplimiento de obligaciones no fiscales
Artículo 48. La Tesorería, directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente para ello, calificará, aceptará, registrará, conservará en guarda y custodia, sustituirá, devolverá y hará efectivas, según proceda, las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal.
Las autoridades judiciales federales, ante quienes se constituyan garantías, realizarán los actos señalados en el párrafo anterior, excepto hacerlas efectivas o efectuar su aplicación, lo cual se llevará a cabo por la Tesorería directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente.
Artículo 49. En los procedimientos de recaudación, la garantía del interés fiscal deberá constituirse en los casos y con las formalidades y requisitos previstos en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento.
Las garantías que reciban las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, por contrato administrativo, o concursos de obras y adquisiciones, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deberán otorgarse a favor de la Tesorería conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 50. Las garantías que aseguren el interés fiscal, deberán otorgarse a favor de la Tesorería o de los auxiliares facultados legalmente para aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y cobrar créditos fiscales federales.
Las fianzas que para asegurar el interés fiscal expidan instituciones autorizadas, registrarán invariablemente como beneficiaria a la Tesorería, salvo las que garanticen aportaciones de seguridad social, que deberán expedirse a favor del organismo descentralizado competente para cobrar dichas aportaciones.
Las fianzas a que alude el párrafo anterior se podrán hacer efectivas por la Tesorería o por conducto de los auxiliares legalmente facultados y que las hayan aceptado, con sujeción a los procedimientos que establezcan los ordenamientos legales de la materia.
Artículo 51. Las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal, podrán sustituirse en los casos que establezcan las disposiciones legales, siempre y cuando no sean exigibles y las nuevas sean suficientes. Para la sustitución de las garantías en los contratos de obra pública y de adquisiciones, se estará a lo dispuesto por las leyes respectivas.
Artículo 52. Tratándose de créditos fiscales a cargo de contribuyentes sujetos a control presupuestal, así como de adeudos a favor del Gobierno Federal distintos de contribuciones y sus accesorios, la dispensa del otorgamiento de garantía, se hará con observancia de lo dispuesto en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación o en reglamento de esta ley, según corresponda.
Artículo 53. La Tesorería aplicará o devolverá los certificados de depósito de dinero expedidos a favor del Gobierno Federal por instituciones autorizadas.
La Tesorería directamente y bajo su responsabilidad podrá, en todo caso, hacer efectivos los certificados de depósito expedidos por institución de crédito autorizada a favor de la propia Tesorería o de los auxiliares a que se contraen las fracciones I, II y V del artículo 5o. de esta ley, para transferir su importe a la cuenta de depósito de la contabilidad de la Hacienda Pública Federal, donde quedará acreditado sin perder su naturaleza de garantía a favor del Gobierno Federal.
Lo anterior se efectuará después de transcurrido un año calendario, contado a partir de la fecha de expedición del certificado de depósito.
A partir de que se transfiera el depósito y mientras subsista la garantía, la Tesorería continuará pagando intereses conforme a las tasas que hubiere estado pagando la institución de crédito que haya expedido los certificados.
Artículo 54. La intervención de la Tesorería en el otorgamiento de las garantías y avales a cargo del Gobierno Federal, consistirá en constatar la suficiencia de las contragarantías que se hubieren pactado y suscribir en términos de su competencia los documentos que amparen las garantías y avales y, cuando así proceda, promoverá la oportuna cancelación de dichas obligaciones o hará efectivas las contragarantías correspondientes.
CAPÍTULO II
Del fondo de garantía para reintegros al Erario Federal
Artículo 55. Se establece y declara de interés público un Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal, que constituye un patrimonio de afectación, y tendrá por objeto:
I. Caucionar el manejo de los servidores públicos del Gobierno Federal que desempeñen las funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de fondos, valores y bienes de la propiedad o al cuidado del mismo, así como en las de intervenir en la determinación, autorización y contratación de créditos en favor o en contra del propio Gobierno:
II. Reintegrar al Erario Federal el importe de los daños y perjuicio que sufra con motivo de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos caucionados por el Fondo.
Artículo 56. el Fondo se constituirá:
I. Con los recursos económicos que integran actualmente el Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal;
II. Con las cantidades que cubran las personas que desempeñan las funciones mencionadas en la fracción I del artículo anterior, de acuerdo con las modalidades siguientes:
a) Quienes perciban remuneraciones asignadas a los puestos que impliquen el desempeño de las funciones antes iniciadas, por ese solo hecho estarán afectas a contribuir al Fondo:
b) Las personas que sin tener nombramiento específico para ocupar los puestos señalados en el inciso anterior, sean designadas para desempeñar las funciones propias de aquellos por treinta o más días consecutivos.
III. Con el producto de las inversiones a que se refiere el artículo 64 de esta ley.
Artículo 57. Los servidores públicos que cubran cuotas al Fondo no tendrán ningún derecho individual o colectivo sobre los recursos económicos que lo conforman.
Artículo 58. La Tesorería tendrá la administración del Fondo, estará facultada para afectar y disponer de sus recursos y llevar su contabilidad conforme a lo ordenado en el artículo 88 de esta ley.
La Tesorería informará a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, cuando así lo solicite, de la posición financiera del Fondo.
Artículo 59. La Tesorería, en base al catálogo general de puestos autorizados y en las funciones inherentes a cada puesto caucionable conforme al artículo 55, fracción I, de esta ley, determinará el personal que deba cotizar al Fondo: para este efecto, podrá consultar y oír la opinión de las unidades de administración de personal de las dependencias del Ejecutivo Federal.
Artículo 60. Los servidores públicos que perciban remuneraciones equivalentes al salario mínimo vigente en la región donde presten su servicio, estarán exceptuados de cubrir cuota alguna al Fondo, aun cuando por la naturaleza del puesto que desempeñen así deben hacerlo, sin perjuicio de que su manejo quede caucionado por el propio Fondo.
Artículo 61. La cuota al Fondo no excederá del 3% sobre el total del importe de los sueldos que perciban los servidores públicos a que se refiere el artículo 55, fracción I, de esta ley y se descontará al efectuarse el pago. El desempeño de las funciones caucionables sujeta al servidor público al descuento.
La Tesorería podrá reducir proporcionalmente la tasa de la cuota cuando el informe financiero sobre el fondo, que semestralmente deberá rendir la unidad administrativa competente, refleje que el patrimonio del fondo es suficiente para cubrir los riesgos de un año calculados según promedio de los reintegros al Erario Federal registrados en los tres años anteriores. Este promedio será ponderado con la tasa de incremento anual del Presupuesto de Egresos de la Federación. Cuando el patrimonio a que se refiere el párrafo anterior no baste para cubrir las pérdidas que sufra el Erario Federal, la Tesorería podrá acordar el incremento de la tasa hasta el límite superior antes dispuesto.
Las resoluciones de la Tesorería, que modifiquen la tasa de cotización al Fondo, serán de aplicación general a todos los servidores públicos afectos al mismo sin que, en ningún caso, procedan excepciones en favor de individuos o grupos.
Artículo 62. Los servidores públicos de las oficinas que tengan encomendada la liquidación para el pago de servicios personales y omitan practicar parcial o totalmente los descuentos que deban hacerse al personal sujeto a caución por el Fondo, serán responsables por el importe de las cantidades que no hubieren descontado y estarán obligados a cubrirlas a dicho Fondo, en el caso de que no sea posible obtenerlas de los servidores públicos afectos.
Artículo 63. El servidor público que haya estado sujeto a descuentos improcedentes o mayores a los que le correspondan por cuotas al Fondo, tendrá derecho a que le sean devueltas las cantidades indebidamente descontadas, previa reclamación fundada por escrito ante la Tesorería. La acción para reclamar prescribirá en dos años, contados a partir de la fecha en que se efectuó el descuento indebido.
Artículo 64. La Tesorería depositará el importe del fondo en la cuenta general que le lleva el Banco de México, subcuenta "Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal" y podrá acordar su inversión parcial o total en valores gubernamentales de alto rendimiento e inmediata realización. Los ingresos que se obtengan por este concepto se destinarán a incrementar el propio Fondo.
Artículo 65. La dependencia del gobierno Federal que tenga a su cargo el financiamiento de responsabilidades, reclamará su importe a la Tesorería con cargo al Fondo, dentro del plazo de cinco años contados a partir del día siguiente al de notificación del pliego de responsabilidades al servidor público a quien se haya constituido; transcurrido el plazo prescribirá la acción.
La reclamación se integrará con los siguientes documentos: pliego de responsabilidades: constancia fehaciente de notificación personal de dicho pliego al responsable, en la forma que prescribe el Código Fiscal de la Federación: informe oficial de que el crédito permanece insoluto total o parcialmente, así como de que no ha sido cancelado, impugnado o se esté recibiendo su pago en parcialidades y, en su caso, del embargo precautorio de bienes del responsable, practicado conforme a las disposiciones legales.
Cumplidos los requisitos anteriores, la Tesorería, dentro de los treinta días siguientes, cubrirá supletoriamente al Erario Federal, con cargo al Fondo, el importe insoluto del crédito.
por responsabilidades, de acuerdo a las disponibilidades financieras del Fondo.
Cuando no se satisfaga alguno de los requisitos, la Tesorería en forma motivada y fundada devolverá la documentación para que se subsanen las omisiones, sin perjuicio de que la dependencia respectiva dé cuenta a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Artículo 66. Se reputa pago indebido y el Fondo tendrá derecho a su devolución, cuando se demuestre que antes de haberlo efectuado, estaba, pagado el crédito por el responsable, cancelado, impugnado o recibiéndose su pago en parcialidades.
En los casos anteriores, la dependencia del gobierno Federal a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, sin más trámite ordenará la devolución correspondiente al Fondo.
Artículo 67. Los pagos hechos por el fondo al Erario Federal conforme al artículo 65, establecen créditos recuperables de carácter fiscal a cargo del servidor público a quien se hayan constituido las responsabilidades. Sólo prescribirá la acción para cobrarlos por el transcurso de cinco años.
Artículo 68. La Tesorería, por conducto de la oficina recaudadora correspondiente al domicilio del deudor, aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 69. El Fondo será afectado mediante resoluciones de la Tesorería, sólo por los conceptos siguientes:
I. Pago del importe de las pérdidas que sufra el Erario Federal con motivo de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos caucionados.
II. Devolución de descuentos indebidos o en exceso que se hubieren aplicado al Fondo.
III. Gastos y honorarios erogados en el procedimiento de cobro, cuando los créditos respectivos hayan resultado incobrables; y
IV. Gastos de administración en inversión del Fondo en valores de fácil e inmediata realización.
Artículo 70. La Tesorería, en forma exclusiva, dictará las resoluciones relativas a la administración del fondo, así como las que le competan dentro del procedimiento de cobro de los créditos recuperables de dicho Fondo.
TITULO QUINTO
De la compensación de adeudos
CAPITULO ÚNICO
Artículo 71. La Tesorería, por conducto de las oficinas recaudadores de la secretaría, operará la compensación de créditos recíprocos entre la Federación y los contribuyentes, la cual se efectuará en la forma y términos que preceptúen el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
Artículo 72. En base a los convenios celebrados entre la Federación y los Estados adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la Tesorería operará un procedimiento de compensación permanente de cantidades que deban concentrar los estados con cantidades que les corresponda en los fondos de participación establecidos en la ley de la materia.
La secretaría, por conducto de la Tesorería, podrá compensar adeudos que resulten de cantidades no concentradas por los estados con cantidades que les correspondan en los fondos antes señalados.
Artículo 73. La Secretaría, a través de la Tesorería, operará el sistema de compensación para extinguir todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados. líquidos y exigibles, incluidos los fiscales de las dependencias de la administración pública centralizada: de las entidades de la administración pública paraestatal que estén comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal y las dependencias y entidades antes mencionadas, de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de esta ley.
Artículo 74. La Tesorería podrá establecer las modalidades y adecuaciones operativas para mejorar el sistema de compensación a que se refiere el artículo anterior, para lo cual expedirá los instructivos y circulares correspondientes.
Artículo 75. Las operaciones de compensación de los créditos y adeudos a que se refiere este capítulo se registrarán contablemente como dispone el artículo 91 de esta ley.
TITULO SEXTO
De la custodia de valores representativos de inversiones del Gobierno Federal
CAPITULO ÚNICO
Artículo 76. La Secretaría ejercerá los derechos patrimoniales de los valores que representen inversiones financieras del Gobierno Federal.
Las personas morales y las personas físicas, comprendidos entre éstas a los servidores públicos, deberán entregar a la Tesorería los valores mencionados que se encuentren en su poder, para su custodia.
Artículo 77. La custodia estará exclusivamente a cargo de la Tesorería y comprenderá la guarda, la conservación y el registro clasificado de los valores a que se refiere el artículo anterior, para que la propia Tesorería ejerza oportunamente los derechos patrimoniales que se deriven de los mismos.
Cuando se disponga que la administración de los valores se encomiende a alguna institución de crédito, éstos se depositarán en el Instituto para el
Depósito de Valores y la Tesorería conservará en guarda los certificados de custodia que los amparen en sustitución de aquellos.
Artículo 78. Las entidades en las que el Gobierno Federal tenga inversiones financieras, pagarán en la Tesorería los dividendos, utilidades o remanentes correspondientes a más tardar el décimo sexto día natural siguiente al de aprobación del balance social. La falta de entero oportuno causará intereses moratorios a la tasa que por financiamiento cubra el Gobierno Federal al Banco de México, los que deberán enterarse en la propia Tesorería.
Las personas que tengan a su cargo la dirección general o administración única de dichas entidades, serán solidariamente responsables con éstas del pago de los conceptos antes señalados, los que la Tesorería podrá hacer efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Al efectuarse la disolución y liquidación de las referidas entidades, se enterará en la Tesorería la cuota de liquidación del haber que corresponda al Gobierno Federal.
Artículo 79. La dependencia a quien corresponda la coordinación del sector respectivo, comunicará oportunamente a la Tesorería la designación del representante del Gobierno Federal ante los órganos de gobierno o las asambleas generales de accionistas o de socios de la entidad, y le solicitará se expida el certificado de tenencia de los títulos representativos del capital que acredite debidamente la presentación, el cual se despachará de inmediato conforme a los valores que se tengan en custodia.
Artículo 80. Para el oportuno ejercicio de los derechos patrimoniales que competen a la secretaría, respecto de los títulos a que se refiere el artículo anterior, y para conocimiento inmediato de los acuerdos que se tomen en los órganos o asambleas correspondientes, la Tesorería designará representantes, el cual coordinará sus actuaciones con el representante señalado en dicho artículo.
Artículo 81. Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales mencionados en el artículo 77, deberán contabilizarse según lo previsto en el artículo 87 de esta ley.
TITULO SÉPTIMO
De la contabilidad de fondos y valores federales
CAPITULO I
De la información contable
Artículo 82. La Tesorería concentrará, revisará, integrará y controlará la información contable del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno Federal y, en la oportunidad prevista en el Reglamento de esta ley, producirá los estados contables para su integración en la cuenta pública federal.
Artículo 83. El subsistema de contabilidad de fondos federales a cargo de la Tesorería, autorizado y establecido por autoridad competente, observará los principios básicos de la contabilidad gubernamental y deberá organizarse para:
I. Captar diariamente la información del ingreso y del egreso efectuados y contabilizarlos.
II. Enlazar el subsistema de contabilidad de fondos federales con los demás subsistemas contables del Gobierno Federal, a fin de mejorar los mecanismos para el registro de las operaciones. III. Vincular la contabilidad con la información que registre el Banco de
México del movimiento de fondos en la cuenta general de la Tesorería.
IV. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico, financiero y de toma de decisiones.
V. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de los servidores públicos en materia de manejo de fondos y valores mediante controles contables y administrativos.
CAPITULO II
De los registros contables
Artículo 84. Los ingresos resultantes de la recaudación deberán reflejarse de inmediato en los registros de la oficina receptora, salvo que se trate de sociedades nacionales de crédito autorizadas, las que efectuarán el registro en los plazos establecidos en las autorizaciones relativas
Los situados auxiliares llevarán los registros contables de la recaudación que establezca la Tesorería.
Artículo 85. Los bienes que excepcionalmente se reciban para el pago de adeudos a favor del Gobierno Federal, conforme a los dispuesto en esta ley, se registrarán en cuentas de orden de la Tesorería o de los auxiliares.
Artículo 86, Las oficinas recaudadoras de los fondos correspondientes a las aportaciones de seguridad social, que por disposición de la ley o por determinación de la Tesorería estén exceptuadas de concentrarlas en esta última, cumplirán con los requisitos contables respectivos, debiendo reflejar los importes en las cuentas del subsistema de contabilidad correspondiente.
Artículo 87. Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales inherentes a los valores que representen inversiones financieras del Gobierno Federal, deberán registrarse en el subsistema de contabilidad de fondos federales.
Artículo 88. La Tesorería llevará la contabilidad de los activos, pasivos, patrimonios ingresos y egresos del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal y registrará la información resultante conforme a las técnicas contables generalmente aceptadas y lineamientos que dicte la propia Tesorería.
Artículo 89. La Tesorería y sus auxiliares rendirán cuentas del manejo de fondos, bienes y valores federales en la forma y términos que establezcan las disposiciones legales.
Artículo 90. La Tesorería comunicará a los centros contables de las dependencias, cuáles son los auxiliares que, conforme a las disposiciones legales, les deben rendir directamente cuentas del manejo de fondos, bienes y valores federales para los fines consiguientes,
Artículo 91. Los resultados de las operaciones de compensación de adeudos, efectuadas por la Tesorería, por las unidades administrativas de la Secretaría o del Departamento del Distrito Federal y de los estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los municipios de estos últimos, deberán asentarse en los registros contables correspondientes.
Artículo 92. Los créditos no fiscales a cargo de la Federación se registrarán en la contabilidad de las dependencias de la administración pública federal.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el primero de enero de 1986.
Artículo segundo. Se abroga la ley de la Tesorería de la Federación de 19 de diciembre de 1959. su Reglamento y disposiciones administrativas conexas seguirán vigentes en todo lo que no se opongan a la presente ley, mientras se expide el Reglamento de la misma.
Artículo tercero. Se derogan las demás disposiciones legales en lo que contraríen a esta ley.
Artículo cuarto. el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal, establecido por esta ley, asumirá los derechos y obligaciones que reporte la contabilidad del Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal, así como los que se deriven de responsabilidades constituidas durante la vigencia de la ley que se abroga y cuyo importe no se hubiera reclamado, excepto los que llegaren a reclamarse después de transcurrido el término de cinco años a partir de la fecha en que la autoridad competente estuvo en aptitud legal de notificar el pliego de responsabilidades al servidor público a quien se haya constituido.
La Tesorería, en coordinación con los auxiliares que tengan encomendada la liquidación o pago de servicios personales, procederá gradualmente a incorporar el nombre del Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal en los sistemas, procedimientos, registros, formas oficiales numeradas y papelería que mencionen al Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal. Entre tanto, toda referencia a este último se entenderá hecha al Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal.
Artículo quinto. Las daciones en pago para cubrir créditos a favor del Gobierno Federal, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta ley, se aceptarán, formalizarán y llevarán a cabo conforme el procedimiento previsto en la misma.
Artículo sexto. Para efectos del artículo 64 de esta ley, mientras se tramita y consuma la revocación del fideicomiso constituido con Nacional Financiera, S. N. C., para la inversión parcial o total del importe del fondo para Reintegros al Erario Federal, la Tesorería recibirá, depositará en el Banco de México y acordará la inversión en valores gubernamentales de los rendimientos que reciba del fiduciario.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, D. F., a 10 de diciembre de 1985.
Tesorería de la Federación.
Luis Manuel Orcí Gándara, presidente; David Jiménez González, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amílcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López Abelardo Alaniz González, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Carlos Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras Máximo de León Garza, Dante Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres, Felix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Angel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, José Angel Pescador Osuna, Abreu Graco Ramírez Garrido, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Rubén Rubiano Reyna, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Humberto Salgado Gómez.
Integrantes de la Comisión de Programación,. Presupuesto y Cuenta Pública.
César Augusto Santiago R., Marcela González Salas, Píndaro Urióstegui Miranda, Luis Orci Gándara, Sócrates Rizzo García, Blas Chumacero Sánchez, Dionisio Moreno Cortés, Jorge Flores Solano, Gerardo Fernández Casanova, Homero Díaz Córdova, José Angel Pescador O., María Aurora Munguía Archundia, Gilberto Nieves Jenkin, Alejandro Ontiveros Gómez, Francisco Contreras Contreras, Pedro Goytia Robles, Enrique Pelayo Torres, Alfonso Reyes Medrano,. María Esther Eschrman Leaño, J. Manuel Pablito Tovar Estrada, Héctor Ximénez González, Jorge D.
Zapata García, Antonio Brambila Meda, Blanca Esponda de Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Oswaldo García Criollo, Beatriz Paredes Rangel, Elba Esther Gordillo Morales, Antonio Melgar Aranda, Javier Garduño Pérez, José Eduardo Beltrán Hernández, Reyes Fuentes García, Ricardo Pascoe Pierce, José Angel Conchello, Jesús Galván Muñoz, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jaime Haro Rodríguez, Juan de Dios Colli Mass, Jorge Amador Amador, Máximo de León Garza, Héctor Morquecho Rivera, Eduardo Valle Espinosa, Jorge Alcocer Villanueva, Gerardo Unzueta Lorenzana, Enrique Bermúdez Olvera, Rubén Aguilar Jiménez."
El C. -Presidente: En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y se está procediendo a distribuir a los C. diputados, ruego a la secretaría que en votación económica consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. Secretario Juan Moisés Calleja García: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
LEY FEDERAL DEL MAR
«Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Marina.
Honorable asamblea: A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Marina fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Ley Federal del Mar aprobada por el Senado de la República relativa a la iniciativa al efecto presentada por el titular del Poder Ejecutivo con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las Comisiones Unidas que suscriben, tras haber realizado consultas con miembros de la Comisión de Pesca y de las Relaciones Exteriores, previo estudio de las normas cuya adopción se propone. determinando su apego a los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado -en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -; su adecuación a lo prevenido en los párrafos cuarto, quinto, sexto, y octavo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la importancia que hoy tiene el país el asegurar el dominio pleno de la nación sobre el mar y sus recursos, con base en lo señalado en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y 60, 88 y demás relativos del Reglamento correspondiente, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente.
DICTAMEN
La iniciativa presidencial de Ley Federal del Mar dictaminada y aprobada por la colegisladora, tiene por objeto codificar y desarrollar en un cuerpo jurídico general las reglas aplicables a las zonas marinas nacionales incorporando aquellas normas derivadas de instrumentos internacionales que, cumpliendo con lo fijado por el artículo 133 de la Ley Fundamental son ley suprema de toda la Unión. Así mismo la iniciativa moderniza y precisa el marco jurídico que, de aprobarse por esta honorable asamblea, permitirá a la nación un mejor aprovechamiento económico del mar y una más eficaz protección y preservación del medio marino.
Las normas cuya aprobación proponen las Comisiones Unidas que suscriben, tienen por finalidad en consonancia con los esfuerzos que México ha tradicionalmente desplegado en el campo internacional, asegurar para la nación el íntegro y racional aprovechamiento de los recursos marinos. Alcanzar dicho propósito requiere de un renovado esfuerzo que reclama marcos normativos precisos que permitan, en lo interno, una planeación integral y, en lo externo un punto de apoyo para preservar los intereses nacionales sobre sus recursos frente a cualquier intromisión.
La minuta en estudio consta de 65 artículos y 4 transitorios ordenados en dos grandes títulos; disposiciones generales y zonas marinas mexicanas. En el primer título se establecen los ámbitos de aplicación de la ley, los regímenes jurídicos de las instalaciones marinas, los principios normativos que aseguran la conservación y utilización de los recursos naturales y aprovechamiento económico del mar así como la protección y preservación del medio marino. El segundo título contiene las normas aplicables al uso y aprovechamiento del mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona económica exclusiva y las plataformas continental e insular, definiendo y fijando los derechos que a la nación corresponde sobre cada una de las distintas zonas marinas mexicanas.
La iniciativa presidencial aprobada por el Senado recoge, actualiza y ordena las normas contenidas en la vigente Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 27 constitucional, aprobada en 1975, cuya derogación ahora se propone igualmente la iniciativa en estudio propone la incorporación a la legislación nacional de una importante cantidad de disposiciones que derivan del derecho internacional del mar. Su incorporación expresa el ordenamiento cuya aprobación propone las Comisiones Unidas que suscriben, busca asegurar su mejor conocimiento, firmeza y aplicación inmediata dentro de nuestro territorio. Su aprobación resulta oportuna en virtud de que los instrumentos internacionales que contienen dichas normas no han entrado
aún en vigor por estar pendiente su ratificación por varios países y por la reticencia de algunas potencias industrializadas occidentales que ni siquiera han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar por estimar que resulta contraria a sus intereses económicos y al afán de aprovechar al máximo y unilateralmente la riqueza marina, patrimonio de la humanidad y fuente importante de subsistencia para todos los pueblos.
En plena congruencia con la política que nuestro país tradicionalmente ha sostenido en los foros internacionales y como consecuencia de la firma de la convención sobre Derecho del Mar por el Poder Ejecutivo en abril de 1982, de su aprobación por el Senado de la República en diciembre del mismo año y del depósito que del instrumento de ratificación realizó el Gobierno de México ante el secretario general de las Naciones Unidas en marzo de 1983, la Ley Federal del Mar cuya aprobación se propone a esta Cámara establece una normatividad general que servirá de marco para reglamentar el pleno aprovechamiento del mar y sus recursos, incluyendo no sólo los tradicionalmente reconocidos sino también algunos usos nuevos tales como el empleo de minerales disueltos en las aguas, la producción de energía térmica o hidráulica, la captación de energía solar en el mar y el desarrollo de la maricultura.
Las normas relativas a las aguas marinas interiores, hasta el presente asimiladas al régimen aplicable al mar territorial, se distinguen de este en la iniciativa que se examina con el fin de reafirmar la soberanía de la nación sobre las mismas sustrayendo así las aguas marinas interiores al derecho de paso inocente de embarcaciones extranjeras. A este último respecto es de señalarse que la iniciativa del Poder Ejecutivo propone, por primera vez, la reglamentación del derecho de paso inocente dentro de la legislación nacional, derecho que sólo podrá ejercerse pacíficamente y con estricta sujeción a nuestras leyes.
Con el propósito de mejor proteger el mar territorial y consiguientemente el territorio nacional, se incorpora el derecho interno una nueva zona marina de jurisdicción nacional ya reconocida por el derecho internacional; la zona contigua, cuya anchura se fija en 12 millas marinas y en la que la nación podrá ejercer derechos en materia aduanera, fiscal, migratoria y sanitaria.
En materia de investigación científica conforme a lo prevenido por la Convención sobre Derecho del Mar, la iniciativa propone la adopción de reglas generales que permitirán reglamentar la investigación sobre todo aquella realizada por extranjeros. El Senado acordó introducir una adición al artículo 22 de la iniciativa a fin de establecer que en el caso de investigaciones realizadas por extranjeros, éstos deberán entregar a la nación los resultados de su trabajo debiendo asegurarse la participación nacional en las mismas investigaciones. Las comisiones que suscriben estiman conveniente tal adición.
Al respeto debe manifestarse que en el análisis de la minuta, miembros de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista propusieron se detallase aún más el contenido de precepto de referencia para fijar por ley la participación en tales investigaciones de instituciones científicas nacionales determinadas y se designase a la Secretaria de Marina como la dependencia del gobierno mexicano que regulará las investigaciones impidiendo que las mismas sirvan de pretexto para realizar actividades contrarias al interés nacional. Valorando y compartiendo el propósito que anima la enmienda presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, propósito y espíritu congruentes con la iniciativa, las Comisiones Unidas que suscriben consideran que la adición realizada por el senado recoge la dicha inquietud y que por técnica normativa, la forma en que dichas investigaciones serán autorizadas y controladas en materia reglamentaria por lo que no es de agregarse la enmienda propuesta, al texto de la ley sirva esta constancia como un criterio orientador del reglamento que al efecto se expida por el Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por la parte final del artículo 26 de la ley cuya aprobación se propone.
En una segunda enmienda, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista propone la modificación de la fracción I del artículo 36 de la minuta remitida por el Senado a fin de que se establezca la totalidad del Golfo de California como agua marina interior y no sólo su parte norte como señala la minuta.
A este particular las comisiones que suscriben consideran que no existe indefinición en cuanto a lo que deba de entenderse por la expresión "parte norte del Golfo de California" toda vez que la misma se encuentra definida por el decreto que delimita el mar territorial mexicano en el interior del Golfo de California publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1968.
Sin desconocer que algunos pretenden el reconocimiento de la totalidad del mismo como aguas marinas interiores, fundándose en lo que se ha conocido como "pretensión histórica", es de hacer notar que dicha pretensión es contraria a la definición que sobre aguas marinas interiores fija el derecho internacional, en particular la Convención sobre Mar Territorial y la Zona Contigua, Convención de Ginebra ratificada por México el 17 de junio de 1966; en virtud de lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Constitución y por el respeto irrestricto que nuestro país ha tradicionalmente brindado el internacional, las comisiones que suscriben externan que no es de acogerse la enmienda propuesta por diputados miembros de la fracción del Partido Popular Socialista.
La fracción I del artículo 36, tal y como fue reformada por la colegisladora constituye
un avance significativo cuando se cotejan los derechos que sobre aguas marinas interiores contienen las convenciones de Ginebra y la de Montego Bay así como los artículos 34 y 41 de la ley cuya aprobación se propone.
Las modificaciones hechas por la colegisladora al texto de los artículos 37, 52, 54, 64 y 65 de la iniciativa son consideradas por las Comisiones Unidas que suscriben como útiles y puntuales, en consecuencia deben conservarse en el texto del proyecto que se somete a la consideración de la Cámara de Diputados. En su conjunto, las Comisiones Unidas que suscriben advierten que la ley cuya aprobación se propone constituye un decidido avance hacia el mayor y más racional uso de los recursos marinos dentro de marcas que garantizan la soberanía nacional.
En cuanto al aprovechamiento económico del mar se recogen los avances más importantes en la materia y se proporcionan bases firmes en la modernización de la legislación sobre pesca y para la estricta observancia de las leyes reglamentarias de artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y en materia minera por lo que hace a la exploración, exploración, beneficio, refinación, transportación, almacenamiento, distribución y venta de hidrocarburos y minerales submarinos localizados en las zonas marinas mexicanas. Asimismo, el aprovechamiento económico del mar se sujeta a los dispuesto por la Ley Federal de Protección al Ambiente a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Aguas con el claro propósito de proveer a la preservación ecológica del medio marino.
Finalmente la Ley Federal del Mar, de resultar aprobada, será un útil instrumento que oriente y consolide la posición de nuestro país en la conducción de esfuerzos bilaterales y multilaterales por asegurar la eficaz aplicación del nuevo orden jurídico marino internacional; contribuirá al fomento de la marina mercante nacional, a la integración de regiones costeras al desarrollo del país y a la ampliación de la capacidad productiva pesquera, metas cuya consecusión es propósito inalterable de todas estas comisiones que suscriben.
Siendo una ley marco, la reglamentación a que dé lugar se encargará de precisar la eficaz ampliación de normas que reanudan de modo directo sobre el desarrollo del país al propiciar un mejor y mayor conocimiento y aprovechamiento de la riqueza marina nacional, en consonancia con el dominio que sobre la misma confiere el artículo 27 constitucional. Igualmente, su alcance normativo podrá contribuir a la reforma de otras leyes que de modo directo inciden sobre el aprovechamiento y preservación de recursos marinos en particular la legislación pesquera y la legislación ecológica.
Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 72, inciso a) de la Constitución Política, 50, 54, 56, 64 de la Ley Orgánica y 134 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Marina de la Cámara de Diputados propone a la aprobación de la asamblea el siguiente:
PROYECTO DE LEY FEDERAL DEL MAR
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO I
De los ámbitos de aplicación de la ley
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de los párrafos cuatro, quinto, sexto y octavo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los relativo a las zonas marinas mexicanas.
Artículo 2o. La presente ley es de jurisdicción federal, rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Sus disposiciones son de orden público, en el marco del sistema nacional de planeación democrática.
Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son:
a) EL Mar Territorial.
b) Las Aguas Marinas Interiores.
c) La Zona Contigua.
d) La Zona Económica Exclusiva.
e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares, y
f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.
Artículo 4o. En las zonas enumeradas en el artículo anterior, la nación ejercerá los poderes, derechos, jurisdicciones y competencia que está misma ley establece, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el derecho internacional.
Artículo 5o. Los estados extranjeros y sus nacionales, al realizar actividades en las zonas marinas enumeradas en el artículo 3o. observarán las disposiciones que para cada una de ellas establece la presente ley, con los derechos y obligaciones consecuentes.
Artículo 6o. La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y competencia dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, conforme a la presente ley, se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto a:
I. Las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas.
II. El régimen aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su conservación y utilización;
III. El régimen aplicable a los recursos marinos no vivos, inclusive su conservación y utilización;
IV. El aprovechamiento económico del amar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes y de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras;
V. La protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de su contaminación; y
VI. La realización de actividades de investigación científica marina.
Artículo 7o. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación de esta ley, a través de las distintas dependencias de la administración pública federal que, de conformidad con la ley orgánica de está y demás disposiciones legales vigentes, son autoridades nacionales competentes según las atribuciones que confieren de ellas.
Artículo 8o. El poder Ejecutivo Federal podrá negociar acuerdos con estados vecinos, para la delimitación de las líneas divisorias entre las zonas marinas mexicanas y las correspondientes zonas colindantes de jurisdicción nacional marina de cada uno de ellos, en aquellos casos en que se produzca una superposición entre las mismas, de conformidad con el derecho internacional.
Artículo 9o. No se extenderán las zonas marinas mexicanas más allá de una línea media, cuyos puntos sean equivalentes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de un estado vecino, salvo acuerdo en contrario con ese estado.
El Poder Ejecutivo Federal no reconocerá la extensión unilateral de las zonas marinas de un Estado vecino, más allá de una línea media, cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial mexicano. En estos casos, el Poder Ejecutivo Federal buscará la negociación con el Estado vecino en cuestión, a fin de acordar una solución recíprocamente aceptable.
Artículo 10. El goce del derecho que esta ley dispone a favor de embarcaciones extranjeras, depende de que exista reciprocidad, con el Estado cuya bandera enarbolan, a favor de las embarcaciones nacionales, y siempre que esté dentro de los dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el derecho internacional.
Artículo 11. El Poder Ejecutivo Federal se asegurará de que las relaciones marítimas con otros estados se lleven a cabo bajo el principio de la reciprocidad internacional, mismo que aplicará tanto en cuanto a las zonas marinas mexicanas como a las establecidas por estos estados, respecto a cualquier actividad realizada por ello o por sus naciones con estricto apego al derecho internacional.
Artículo 12. El reconocimiento de la Nación a los actos de delimitación de las zonas marinas de otros estados, se hará con estricto apego a las normas del derecho internacional y con base en la reciprocidad.
Artículo 13. El Poder Ejecutivo Federal se asegurará de que las autoridades nacionales competentes observan las normas internacionales aplicables que reconocen el derecho de los países sin litoral para enarbolar un pabellón.
CAPITULO II
De las instalaciones marítimas
Artículo 14. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no tienen mar territorial propio y su presencia no afecta la delimitación del mar territorial, de la Zona Económica Exclusiva o de la Plataforma Continental.
Artículo 15. La Nación tiene jurisdicción sobre las islas artificiales, instalaciones y estructuras en la Zona Económica Exclusiva en la Plataforma Continental y en las Plataformas Insulares, incluida la jurisdicción en materia de reglamentos aduaneros fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración.
Artículo 16. La Nación tiene derecho exclusivo en las zonas marinas mexicanas, de reconstruir, así como el de autorizar y reglamentar las construcción, operación y utilización de islas artificiales, de instalaciones y estructuras, de conformidad con la presente ley, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Obras Públicas y demás disposiciones aplicables en vigor.
Artículo 17. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles dedicados a la explotación, localización, perforación, extracción y desarrollo de recursos marinos, o destinados a un servicio público o al uso común en las zonas marinas mexicanas, deberá hacerse observando las disposiciones legales vigentes en la materia.
CAPITULO III.
De los Recursos y del Aprovechamiento Económico del mar.
Artículo 18. La aplicación de la presente ley se llevará a cabo en estricta observancia de legislación sobre pesca, de las disposiciones emanadas de ella y otras aplicables, en cuanto a medidas de conservación y utilización por nacionales o extranjeros de los recursos vivos en las zonas marinas mexicanas.
Artículo 19. La exploración, explotación, beneficio, aprovechamiento, refinación, transportación, almacenamiento, distribución y venta de hidrocarburos y minerales submarinos, en las zonas marinas mexicanas, se rige por las Leyes Reglamentarias del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y en
Materia Minera y sus respectivos reglamentos, así como por las disposiciones aplicables de la presente ley.
Artículo 20. Cualquier actividad que implique la explotación, uso y aprovechamiento económico de las zonas marinas mexicanas, distintas de las previstas en los dos artículos anteriores del presente título, se rigen por las disposiciones reglamentarias de los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por la presente ley y las demás leyes y reglamentos aplicables.
CAPITULO IV
De la Protección y Preservación del Medio Marino y de las Investigación Científica Marina
Artículo 21. En el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicciones y competencias de la Nación dentro de las zonas marinas mexicanas, se aplicarán la Ley Federal de Protección al Ambiente, la ley General de Salud, y sus respectivos Reglamentos, la Ley Federal de Aguas y demás leyes y reglamentos aplicables vigentes o que se adopten, incluidos en la presente ley, su reglamento y las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.
Artículo 22. En la realización de actividades de investigación científica en las zonas marinas mexicanas, se aplicarán los siguientes principios:
I. Se realizarán exclusivamente con fines pacíficos.
II. Se realizarán con métodos y medios científicos adecuados, compatibles con la presente ley y demás leyes aplicables y con el derecho internacional.
III. No interferirán injustificadamente con otros usos legítimos del mar compatibles con esta ley con el derecho internacional.
IV. Se respetarán todas las leyes y reglamentos pertinentes a la protección y preservación del medio marino.
V. No constituirán fundamento jurídico para ninguna reivindicación sobre parte alguna del medio marino o de sus recursos.
VI. Cuando conforme a la presente ley sean permitidos para su realización por extranjeros, se asegurará el mayor grado posible de participación nacional,
y VII. En el caso de la fracción anterior, la nación se asegurará que se les proporcionen los resultados de la investigación y si así lo solicita, la asistencia necesaria para su interpretación y evaluación.
TITULO SEGUNDO
De las zonas marinas mexicanas
CAPITULO I
Del Mar Territorial
Artículo 23. La Nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada Mar Territorial, adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, como a las Aguas Marinas Interiores.
Artículo 24. La soberanía de la Nación se extiende al espacio aéreo sobre el Mar Territorial, al lecho y al subsuelo de ese mar.
Artículo 25. La anchura del Mar Territorial mexicano, es de 12 millas marinas (22,224 metros), medidas de conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 26. Los límites del Mar Territorial se miden a partir de líneas de base, sean normales o rectas, o una combinación de las mismas, determinadas de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la presente Ley.
Artículo 27. El límite exterior del Mar Territorial es la línea de cada uno de cuyos puntos está a una distancia de 12 millas marinas (22,224 metros), del punto más próximo de sus líneas que constituyan su límite interior, determinadas de conformidad con el artículo 26 de esta ley y con las disposiciones pertinentes de su Reglamento.
Artículo 28. Cualquier esclavo que ingrese al Mar Territorial en una embarcación extranjera alcanzará, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes, en los términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 29. Las embarcaciones de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del Mar Territorial mexicano.
Artículo 30. Cuando una embarcación de guerra extranjera no cumpla las normas de esta ley, de su reglamento y de otras disposiciones legales nacionales relativas al paso por el Mar Territorial, y no acate la invitación que se le haga para que las cumpla, podrá exigírsele que salga inmediatamente del Mar Territorial mexicano.
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal exigirá la responsabilidad del Estado del pabellón por cualquier pérdida o daño que sufra la Nación como resultado del incumplimiento, por una embarcación de guerra u otra embarcación de Estado destinada a fines no comerciales, de las leyes y reglamentos nacionales relativos al paso por el Mar Territorial o de las disposiciones de esta ley, su Reglamento y otras normas aplicables de derecho internacional.
Artículo 32. Con las excepciones previstas en las disposiciones de este título, ninguna disposición de esta ley afectará a las inmunidades a que tienen derecho las embarcaciones extranjeras de guerra y otras embarcaciones de Estado destinadas a fines no comerciales, por estar sujetas sólo a la jurisdicción del Estado de su pabellón y, con base en la reciprocidad, a las embarcaciones de Estado destinadas a fines comerciales.
Artículo 33. El sobrevuelo de aeronaves extranjeras en el Mar Territorial está sujeto a las leyes nacionales, de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos Mexicanos en la materia y su inspección
vigilancia y control quedan sujetas exclusivamente a la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y otras disposiciones legales vigentes.
CAPITULO II
De las Aguas Marinas Interiores
Artículo 34. La Nación ejerce soberanía en las áreas del mar denominadas Aguas Marinas Interiores, comprendidas entre las costas nacionales, tanto continentales como insulares, y el Mar Territorial mexicano.
Artículo 35. La soberanía de la Nación se extiende al espacio aéreo sobre las Aguas Marinas Interiores, al lecho y al subsuelo de esas aguas.
Artículo 36. Son Aguas Marinas Interiores aquéllas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la presente Ley y que incluyen:
I. La parte norte del Golfo de California;
II. Las de las bahías internas;
III. Las de los puertos;
IV. Las internas de los arrecifes; y
V. Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar.
Artículo 37. El límite interior de las Aguas Marinas Interiores coincide con la línea de bajamar a lo largo de la costa, cuando esta línea no se toma como base para medir el mar territorial, de conformidad con las disposiciones en el Reglamento de la presente Ley, tal como aparezca en las cartas a gran escala reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 38. Para los efectos del límite interior de las Aguas Marinas Interiores, la línea de bajamar es la línea de mayor flujo y reflujo donde llegan las aguas marinas en un momento dado a lo largo de las costas continentales o insulares de la Nación.
Artículo 39. El límite de las Aguas Marinas Interiores coincide idénticamente con las líneas de base a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, tal como aparezca en las cartas a gran escala reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 40. La delimitación de Aguas Marinas Interiores en Zonas de colindancia con zonas marinas de jurisdicción nacional de estado vecinos, se considerará comprendida en la delimitación que sea fijada o acordada para la línea divisoria entre el Mar Territorial mexicano y del Mar Territorial u otras zonas marinas de jurisdicción nacional de esos estados vecinos, de conformidad con los artículo 8o. y 9o. de esta ley y con las disposiciones pertinentes de su reglamento.
Artículo 41. Las embarcaciones extranjeras que naveguen en las Aguas Marinas Interiores quedan sujetas, por ese solo hecho, al cumplimiento de esta Ley, de su Reglamento y de las demás disposiciones legales aplicables de la República.
CAPITULO III
De la Zona Contigua
Artículo 42. La Nación tiene en una zona contigua a su Mar Territorial, designada con el nombre de la Zona Contigua, competencia para tomar las medidas de fiscalización necesarias con el objeto de:
I. Prevenir las infracciones de las normas aplicables de esta Ley de su Reglamento y de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que pudieran cometerse en el territorio, en las Aguas Marinas Interiores o en el Mar Territorial mexicano; y
II. Sancionar las infracciones a dichas normas aplicables de esta Ley, de su Reglamento y de esas leyes y reglamentos cometidas en el territorio, en las Aguas Marinas Interiores o en el Mar Territorial.
Artículo 43. La Zona Contigua de México se extiende a 24 millas marinas (44,448 metros), contadas desde las líneas de base a partir de las cuales, de conformidad con el artículo 26 de esta Ley, y con las disposiciones pertinentes de su reglamento, se mide la anchura del Mar Territorial mexicano.
Artículo 44. El límite interior de la Zona Contigua coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial, determinando este último de conformidad con el artículo 27 de la presente Ley y con las disposiciones pertinentes de su Reglamento y que aparezcan en las cartas reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 45. El límite exterior de la Zona Contigua mexicana, es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de las líneas de base del Mar Territorial determinadas en el artículo 26 de esta ley, a una distancia de 24 millas marinas (44,448 metros).
CAPITULO IV
De la Zona Económica Exclusiva
Artículo 46. La Nación ejerce en una zona Económica Exclusiva situada fuera del Mar Territorial y adyacente a éste:
I. Derechos de soberanía para los fines de explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y del subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes y explotación económica de la Zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;
II. Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta ley, de su Reglamento y del derecho internacional, con respecto:
1. Al establecimiento y utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras;
2. A la investigación científica marina; y
3. A la protección y preservación del medio marino; y
III. Otros derechos y deberes que fije esta Ley, su Reglamento y el derecho internacional.
Artículo 47. EL Poder Ejecutivo Federal se asegurará de que, en el ejercicio de los derechos y jurisdicciones y en el cumplimiento de los deberes de la Nación en la Zona Económica Exclusiva, se tomen debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás estados y se actúe de manera compatible con el derecho internacional.
Artículo 48. El Poder Ejecutivo Federal respetará el goce de los estados extranjeros, en la Zona Económica Exclusiva, de las libertades de navegación, de sobrevuelo y de tender cables y tuberías submarinos, así como de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de embarcaciones, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con el derecho internacional.
Artículo 49. El Poder Ejecutivo Federal vigilará que, al ejercitar los Estados Extranjeros sus derechos y al cumplir sus deberes en la Zona Económica Exclusiva mexicana, tengan debidamente en cuenta los derechos, jurisdiccionales y deberes de la Nación y cumplan esta Ley, su Reglamento y otros reglamentos nacionales adoptados de conformidad con la Constitución y normas aplicables de derecho internacional.
Artículo 50. La Zona Económica Exclusiva mexicana se extiende a 200 millas marinas (370,400 metros) contados desde las líneas de base a partir de las cuales, de conformidad con el artículo 26 de esta ley, se mide la anchura del Mar Territorial.
Artículo 51. Las islas gozan de la Zona Económica Exclusiva pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.
Artículo 52. El límite interior de la Zona Económica Exclusiva coinciden idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial, determinado de conformidad con el artículo 26 de esta Ley, con las disposiciones pertinentes de su Reglamento, y que aparezca en las cartas reconocidas oficialmente por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 53. El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva mexicana es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de las líneas de base del Mar Territorial determinadas en el artículo 26 de esta Ley, a una distancia de 200 millas marinas (370,400 metros).
Artículo 54. El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, en consecuencia, está constituido por una serie de arcos que unen los puntos cuyas coordenadas geográficas fueron publicadas por Decreto en el Diario Oficial, el 7 de junio de 1976, y que aparezcan en las cartas oficiales reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 55. El Poder Ejecutivo Federal velará porque se respete, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Ley, de su Reglamento y del derecho internacional, las libertades de navegación y sobrevuelo, en la Zona Económica Exclusiva mexicana por las embarcaciones y aeronaves de todos los estados, sean ribereños o sin litoral.
Artículo 56. El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración y conservación para los recursos vivos no se vean amenazados por una explotación excesiva, determinará la captura permisible de recursos vivos en la Zona Económica Exclusiva y, sin perjuicio de lo anterior, promoverá la utilización óptima de dichos recursos. Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible de acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la legislación mexicana de pesca.
CAPITULO V
De la plataforma Continental o Insular
Artículo 57. La Nación ejerce derechos de soberanía sobre la Plataforma Continental y las Plataformas Insulares a los efectos de su explotación de sus recursos naturales.
Artículo 58. Los derechos de soberanía de la Nación a que se refiere el artículo anterior son exclusivos , en el sentidos, de que si México no explora la Plataforma Continental y las Plataforma Insulares o no explota sus recursos naturales, nadie puede emprender estas actividades sin expreso consentimiento de las autoridades nacionales competentes.
Artículo 59. Los derechos de soberanía de la Nación a que se refiere el artículo 57 son independientes de la ocupación real o ficticia de la Plataforma Continental y de las Plataformas Insulares.
Artículo 60. Los derechos de la Nación sobre la Plataforma Continental y las Plataformas Insulares no afectan la condición jurídica de las aguas suprayacentes, ni la del espacio aéreo situado sobre tales aguas.
Artículo 61. El ejercicio de los derechos de la Nación sobre la Plataforma Continental y las Plataformas Insulares no deberá afectar la navegación y otros derechos y libertades de los demás Estados, previstos en esta Ley, en su Reglamento y según el derecho internacional, ni tener como resultado una injerencia injustificada en ellos.
Artículo 62. La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares mexicanas, comprenden el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del Mar Territorial, y todo lo largo de la prolongación natural del territorio nacional hasta el borde exterior del margen continental,
o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial, en los casos de que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia, de acuerdo con lo dispuesto por el derecho internacional. La definición anterior comprende la plataforma de las islas, cayos y arrecifes que forman parte del territorio nacional.
Artículo 63. Las islas gozan de Plataforma Insular, pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia.
Artículo 64. El límite anterior de la Plataforma Continental y de las Plataformas Insulares mexicanas coinciden idénticamente con el límite exterior del suelo del Mar Territorial, determinado de conformidad con el artículo 26 de esta Ley y con las disposiciones pertinentes de su Reglamento, y según aparezcan en las cartas oficialmente reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 65. En los lugares donde el borde exterior del margen continental de la Plataforma Continental y de las Plataformas Insulares no llegue a 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, el límite exterior de las citadas Plataformas coincidirá idénticamente con el límite exterior del suelo de la Zona Económica Exclusiva, determinado conforme a lo previsto en los artículos 53 y 54 de esta ley, y el que aparezca en las cartas oficialmente reconocidas por los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. La presente ley deroga la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del artículo 27 constitucional, relativo a la Zona Económica Exclusiva publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1976.
Artículo tercero. La presente ley deroga todas las disposiciones legales en vigor que se le opongan. Las materias no previstas en esta ley relacionadas con actividades en las zonas marinas de jurisdicción nacional, se regirán por la legislación nacional en vigor en lo que no le se opongan.
Artículo cuarto. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas por las autoridades nacionales competentes de conformidad con los ordenamientos nacionales aplicables a sus distintas materias.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 10 de diciembre de 1985.
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Marina.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Diputados Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, Fernando Baeza Meléndez, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín V., Antonio Brambila Meda, Juan José Castillo Mota, Heberto Castillo Martínez, Juan Moisés Calleja García, Carlos Cantú Rosas, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Guillermo Fonseca Alvarez, Reyes Rodolfo Flores Z., Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Jorge Masso Masso, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Montúfar Araujo, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, José Pablo Pascual M., Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Heriberto Ramos Salas, Ignacio Ramos Espinoza, Graco Ramírez Garrido A., Nicolás Reynés Berezaluce, Demetrio Ruiz Malerva, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valdés Ríos, Sergio Valls Hernández.»
Comisión de Marina
Diputados Rafael García Anaya, presidente: Gerardo Gómez Castillo, secretario: Miguel A. Barberena Vega, Eduardo F. Hernández Mier, Félix Liera Ortiz, Alfredo López Ramos, Leobardo López Martínez, Emérico Rodríguez García, Eugenio Rosales Gutiérrez, Carlos Smith Véliz, Héctor Yúnez Landa, Pedro López Vargas, Oscar Ochoa Zepeda, Juan Manuel Lucia Escalera, Héctor Sen Flores, Alonso Aguirre Ramos, Rodolfo Linares González, Manuel Urrutia Castro, Jesús Zamora Flores, José Felipe Flores Gutiérrez, Vicente Calvo Vázquez, Héctor Pérez Plazola, Humberto E. Ramírez R., Manuel Terrazas Guerrero, Humberto Rice García.
El C. Presidente:- Este dictamen como los anteriores ha sido ya impresos y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, por lo que me permito rogar a la secretaría proceda a consultar a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García:- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen...los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
SOBRE EL INGRESO DE MÉXICO
AL GATT
EL C. Presidente:- Honorable asamblea: A esta presidencia diversos compañeros
diputados pertenecientes a diversas fracciones parlamentarias aquí representadas, han solicitado hacer uso de la palabra con objeto de precisar la posición de sus fracciones parlamentarias respecto al posible ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio; me voy a permitir dar lista de los ciudadanos diputados que han solicitado el uso de la palabra: Javier Garduño Pérez, Pablo Pascual Moncayo, José Angel Conchello, Enrique Bermúdez, Sócrates Rizzo García, Ricardo Pascoe, José Luis Díaz Moll, Heriberto Ramos Salas, José Luis Sánchez, Humberto Ramírez Rebolledo, Francisco Hernández Juárez, José Angel Pescador, Roberto Calderón Tinoco, Miguel Alonso Raya y Blanca Esponda de Torres. En votación económica, consulte la secretaría a la asamblea si ésta acuerda dar trámite desde luego a estas solicitudes.
El C. secretario Juan Moisés Calleja García: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba en turno en los términos señalados por la presidencia...Los ciudadanos diputados que éste por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor presidente.
El C. Presidente: En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Javier Garduño Pérez.
El C. Javier Garduño Pérez: -Con su permiso, señor presidente: He solicitado el uso de la palabra para dar a conocer a esta soberanía la tesis que mi fracción parlamentaria a sustentado respecto a la decisión del Ejecutivo Federal de presentar su solicitud de adhesión al Acuerdo de Aranceles y Comercio, comúnmente conocido como el GATT.
Debo, desde luego, aclarar que está intervención, en está alta tribuna, pretende dejar constancia del interés que significa para los representantes populares tan importante medida que como ustedes saben, corresponde al Senado de la República de autorizar o no al Ejecutivo la suscripción de los acuerdos internacionales.
La trascendencia que tiene para nuestro país esta decisión, por el cambio estructural que tendrá que darse en el aparato productivo nacional, y favorecerse con la liberación del comercio internacional, pero también para competir en el mercado interno. Este cambio fundamental tiene un objetivo supremo y este es el proporcionarle al consumidor, a la sociedad, productos de óptima calidad y mínimo precio.
Esta decisión fue tomada después de estudiar durante tres años las diversas formas que utilizan todos los países del mundo para promover las exportaciones; después de haber celebrado varios convenios con diferentes países para ampliar el mercado de nuestras exportaciones y después de haber puesto en marcha el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
No fue pues una decisión comprometida, apresurada, emergente, es más, esta decisión, se tomó después de llevar a cabo una amplia consulta con los sectores interesados en el Senado de la República, con el fin, ante todo, de cuidar los compromisos internacionales que suscriban nuestro país, como siempre lo han registrado nuestra historia, dejar plenamente a salvo la soberanía nacional.
En efecto, en el mes de julio de 1984 el Gobierno de la República presentó a la nación el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 1984-1988, con fundamento en los artículos 25 y 26 constitucionales, en la Ley de Planeación y el Decreto del 30 mayo de 1983, que aprobó y dio vigencia al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
El propósito fundamental del Programa Nacional de Fomento Industrial y de Comercio Exterior es implementar la estrategia de cambio estructural en la planta productiva del país , coordinando las acciones de las entidades de gobierno federal, estatal y municipal con los sectores productivos , público, privado y social, para lograr que el aparato productivo mexicano se constituya en una verdadera potencia intermedia industrial hacia finales del presente siglo.
La industria mexicana ha sido el motor del crecimiento económico de nuestro país en los últimos 40 años. En este lapso se ha construido una base industrial amplia y diversificada, que actualmente ocupa el décimo cuarto lugar del mundo por el valor anual de su producción.
Esta industria está apoyada por una infraestructura moderna y extensa, por un contingente humano crecientemente preparado y capacitado; casi en todas las capitales del país existen instituciones de enseñanza superior y de capacitación tecnológica, y por una abundancia de recursos materiales que a la industria requiere para su desarrollo.
En síntesis, México cuenta con una producción nacional de una gran gama de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital. El proceso de industrialización ha conformado así un gran sector dinámico, amplio y diversificado. Sin embargo, a partir de 1977 se ha visto vulnerado al limitarse drásticamente la disponibilidad de recursos financieros para obtener materias primas y maquinaria que no se producen en el país y recursos financieros para apoyar su modernización y su ampliación.
En este sentido, las estadísticas de comercio exterior señalan un crecimiento más rápido de los importaciones que el de las exportaciones, lo que han provocado un alto endeudamiento externo. Para equilibrar la balanza de pagos solamente durante en el período de cuatro años entre 1977 y 1981, el desequilibrio externo producto del déficit en la balanza comercial manufacturera, ascendió a 46 mil millones de dólares.
Es menester destacar que el desarrollo de la industria mexicana se ha apoyado en diversas fuentes de financiamiento; así, en las décadas de los 50s y los 60s, las principales fuentes de financiamiento de la industria fueron la expropiación agropecuaria y los ingresos por turismo; para la década de los 70s los recursos fueron obtenidos tanto por endeudamiento externo como por exportaciones petroleras.
Lo anterior nos advierte que para la década de los 80s se torna crítica la obtención de fuentes de financiamiento del desarrollo industrial, por lo que lo más adecuado es impulsar las propias exportaciones de este sector, que en 1982 apenas atribuyeron a financiar el 25% de sus importaciones.
En estas condiciones, cada vez se acentúa una más difícil situación quizás insostenible, en la cual el sector manufacturero está dependiendo de las exportaciones de petróleo o de la deuda externa.
Se hace pues, necesario, inminente, inaplazable, el procurar un cambio estructural cualitativo, de fondo, en donde el futuro desarrollo industrial sea cada vez más autosuficiente en sus necesidades de divisas. Así, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Fomento Industrial y de Comercio Exterior, señala: las necesidades de divisas del sector deberán cubiertas por el mismo sector en más de un 50%; y para 1995 este porcentaje deberá rebasar el 70%.
En el Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior se materializa el compromiso de avanzar hacia una sociedad en donde el desarrollo industrial sea eficiente y competitivo, que promueva el crecimiento autosostenido y sea menos vulnerable con el exterior, se amplía su gama productiva para el mercado interno en un nivel competitivo que nos permita acceder a los mercados internacionales. De esta forma el sector manufacturero deberá constituir una fuente de empleos bien remunerados y permanentes, se deberá orientar las inversiones aquellos proyectos que absorban mayores volúmenes de mano de obra, también deberá cuidarse escrupulosamente el desarrollo de la pequeña y de la mediana industria. En síntesis, el futuro desenvolvimiento del sector industrial no deberá seguir pesando en menoscabo de los demás sectores de la economía.
En 1982 fue el año en que la vulnerabilidad de nuestra planta industrial se vio significativamente afectada, tanto por la disminución de la demanda como por el crecimiento de precios de materias primas, el incremento de los costos financieros y escasez de crédito para su operación. Además, de un gran número de empresas arrojaron un endeudamiento externo muy elevado.
Por lo anterior, el gobierno mexicano diseño y aplicó el Programa para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo, a fin de disminuir los efectos nocivos de la coyuntura y asegurar la sobrevivencia de la industria, pero lo más importante, sentar las bases para las modificaciones profundas que requiere urgentemente la planta industrial. Este programa tuvo como objetivo principal impedir la quiebra generalizada de empresas y con ella evitar el desempleo y evitar que este desempleo aumentara. Se dio protección general mediante permisos previos, pero sobre todo se estableció un sistema de control de cambios flexible para asegurar el costo de la divisa destinada a satisfacer las necesidades de la planta industrial con aquella divisa requerida para otras actividades incluyendo la demanda propia de la ciudadanía. También se aplicó un programa especial para facilitar ajustes a nivel de empresas; esto es, se intensificaron estímulos fiscales como la depreciación acelerada, se sustituyeron importaciones en las compras del sector público, y se alentó a la nueva inversión mediante mayores disponibilidades de crédito. Se establecieron también convenios de producción entre el sector público y empresas privadas; se amplió el programa de apoyo a la pequeña y mediana industria a través de compras por parte de DICONSA.
En materia de exportaciones se dotó al Banco Nacional de Comercio Exterior de mayores recursos para aumentar el fomento de las actividades de exportación; asimismo se formuló un programa de fomento integral a las exportaciones que permite conjugar las demandas de los importadores y de los exportadores. Este programa de fomento integral a las exportaciones establece políticas muy concretas de apoyo a la producción para exportar, promociones internacionales, apoyos financieros, simplificación y desconcentración administrativa entre otros muchos estímulos para fomentar la exportación mexicana.
En lo referente a la situación internacional, ya se ha insistido aquí ante esta H. asamblea que el mundo atraviesa por circunstancias complejas en una lucha sin cuartel por resolver los problemas económicos, políticos y de desarme. Desde 1980 se ha padecido la incertidumbre en el mercado internacional del petróleo, y hoy, esta mañana se ha dicho aquí sobre esa incertidumbre. Los ingresos obtenidos por este concepto han venido surgiendo deterioros afectando substancialmente las finanzas públicas de México; en adición a lo anterior las fuentes de financiamiento externo se han venido agotando.
En relación con el comercio internacional no petrolero la situación también es grave pues la actitud que mantienen los países industriales es el de incrementar prácticas proteccionistas que hacen más difícil la obtención de divisas para la industria mexicana.
Se han insistido también que esta adversidad de las circunstancias internacionales se hace sentir más rápidamente que en otras épocas; su impacto era menos dinámico que en el presente, y ello, indudablemente se debe a que el mundo de hoy es más interdependiente. Esta interdependencia se observa claramente en la ascendente evolución del comercio internacional, pues de 1970 a 1985 los
volúmenes de comercio exterior en el mundo han aumentado en un porcentaje promedio anual de 15%, lo que demuestra que no obstante la actitud proteccionista de los países, hay mecanismos hay sistemas, hay procedimientos que han permitido llevar a cabo el comercio internacional.
Las formas que han adoptado los países que manejan poco más del 85% de este comercio internacional, han sido a través de negociaciones multilaterales, ya que esos países se han convencido que este sistema resulta efectivo, más efectivo para la liberalización del comercio internacional.
En otras palabras, los principales países que compran y que venden en el mundo, han dejado de desuso los convenios comerciales entre dos naciones, en virtud de que en la negociación bilateral prevalece el país que cuenta con la economía más fuerte. En la negociación multilateral y concretamente en el marco establecido por el GATT, la forma más importante es la relativa a la cláusula de la nación más favorecida, que consiste en el principio de que para todas las partes contratantes del GATT no puede haber discriminación en las concesiones sobre barreras al comercio exterior.
Dicho de otra manera, los beneficios concedidos por un país a su parte contratante, se hacen extensivas a los demás miembros del GATT, siempre que a éstos les convenga. En este orden de ideas, la vida de las negociaciones que promueve el GATT, lo da el otorgamiento de facilidades que los países se obligan a conceder al resto de los países contratantes, y precisamente esas facilidades consisten en la eliminación de barreras al comercio exterior.
Ahora bien, lo importante del GATT es que estas barreras con las que cuentan todos los países, se eliminan bajo una estricta reciprocidad. Esto es, sin un país está dispuesto a eliminar sus barreras, tendrá que ser a cambio de que los otros países contratantes del GATT eliminen, en proporción igual, dichas barreras.
Desde luego que este sistema, así mencionado, no es conveniente para los países en desarrollo, ya que la reciprocidad entre un país industrializado y un país en desarrollo no puede ser equitativa para este último, como lo hemos advertido en el caso de los convenios bilaterales.
Al respecto, el GATT contempla un intercambio, equitativo para el mejoramiento del comercio de los países en vías de desarrollo, que consiste, y esto es lo importante, compañeros diputados, consiste en reconocer la necesidad de mejorar la situación en los mercados mundiales de los productos que ofrecen los países en vías de desarrollo.
Para realizar este fomento, el GATT solicita periódicamente a los países industrializados información sobre las medidas tomadas por ellos para abrir sus mercados a los países en desarrollo.
También procura que en negociaciones comerciales entre países desarrollados y en desarrollo, estos últimos no otorguen la misma reciprocidad en sus concesiones sino sólo esa reciprocidad en la medida en que lo permita el nivel de desarrollo de su comercio, de sus finanzas y de su economía en general. Eso es lo importante. Hay un reconocimiento claro.
Para coordinar estas acciones, existe un Comité denominado de Comercio y Desarrollo, que también asesora a los países en vías de desarrollo sobre los problemas a que se enfrentan estos países en su comercio internacional.
Este comité igualmente se encarga de revisar periódicamente el cumplimiento de los compromisos adoptados por los países desarrollados, frente a los de en vías de desarrollo. Consiste en conocer y arbitrar sobre las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los países industrializados a importaciones de productos y del interés de los países en desarrollo.
La existencia de estos mecanismos, compañeras y compañeros diputados, prueban el interés que tienen los países contratantes del mismo, por otorgar un trato especial a las economías menos industrializadas y marca profundamente la filosofía de beneficiar con el comercio internacional a todos los países miembros del GATT.
Es importante mencionar que en la actualidad son ya 70 países en desarrollo los que han suscrito el acuerdo y 30 países industrializados. Estos 70 países en vías de desarrollo son los que han influido durante 37 años para el GATT vaya desarrollando su mecanismo de negociación a favor de los países en vías de desarrollo. De ahí la importancia de que México se sume a dicho esfuerzo para ir orientando las negociaciones del GATT hacia un trato comercial más justo.
Durante la existencia del GATT, de 37 años, se han superado muchísimos problemas., pero desde luego existen también un buen número de ejemplos donde al GATT no ha podido evitar las injusticias en el trato de países de comercio internacional.
Es importante, sin embargo, mencionar que ningún país desde hace 37 años, ningún país contratante ha renunciado a su adhesión.
De esta manera, señoras y señores diputados, debemos de ser conscientes de las ventajas y desventajas del GATT, de convencernos que el mejor esfuerzo para impulsar nuestras exportaciones es el de nuestros trabajadores y el de los administradores de la industria, en virtud de que la eliminación de barreras se irán cumpliendo en diferentes etapas y este será desde luego uno de los principales elementos de negociación es decir, la clase de productos y las etapas en que se irán cumpliendo la eliminación de barreras.
En otras palabras, México tendrá que tomar en cuenta qué, cómo y cuándo vamos a negociar; ¿qué vamos a negociar en el
GATT?, en el GATT vamos a negociar con 2 criterios: primero, aquellos productos que los que seamos competitivos, o sea los que tienen posibilidades de exportarse.
Segundo, aquellos que importamos tradicionalmente, siempre que sean materias primas o maquinaria y otros productos necesarios para nuestro desarrollo.
Veamos, señores diputados, algunos ejemplos de artículos que fueron objeto de concesión negociada en 1979 con el propósito de que podamos comprobar que no hay peligro de desproteger a nuestra industria de los principales productos que son 302 fracciones arancelarias, vamos a ser un muestreo de los productos clasificados en estas 302 fracciones, tenemos por ejemplo vacas de raza lechera, vobinos con pedegree, leche, semen, semillas de cacahuate, semillas de nabo, de girasol, de cártamo, de lino, de alfalfa, pasto inglés, etcétera, vinos de uva, desperdicios de papel, aparatos de radiodiagnóstico, aparatos para medir metabolismo, pieles de becerro, limones, toronjas, motores fuera de borda, amperímetros, microscopios, congeladores de compresión no doméstica, máquinas impresoras, máquinas impresoras, etcétera. Esto es una muestra de las 303 fracciones arancelarias que fueron negociadas en 1979 y esto será también la base de negociación futura. ¿Cómo se va a negociar?, se va a negociar una lista de fracciones arancelarias que determinarán productos que estén en condiciones de negociarse, esto es estudiar las características de fabricación nacional de estos productos.
Por otra parte se estudiarán otros productos que podemos exportar a mercados internacionales más atractivos para convenir con los países que también a ellos les resulte atractivo nuestros productos.
¿Cuándo se van a eliminar las barreras? permítanme, señores diputados, que les comente que la negociación de México en 1979, año en que hicimos el intento de adherirnos al GATT, la negociación consistió en eliminar permisos o disminuir aranceles, o los dos elementos simultáneamente. Tratándose de aranceles, las reducciones estaban establecidas de 5 por ciento anual en un período de cinco, de diez y quince año. Un período de gracia. era 5% anual, pero bajo un período de 5 años, otro de diez años u otro de quince años, dependiendo del tipo del producto, y de la necesidad de importar ese producto o tratarse de materia prima o maquinaria, o si se fábrica o no se fábrica en el país, es decir, existen un gran número de criterios para negociar cada producto y por esa razón, por esa razón, no es posible que estas negociaciones promueven importaciones masivas, importaciones arbitrarias, importaciones en cascada. Eso es falso completamente.
¿Cuándo se harán las negociaciones? Las negociaciones ya de este período. Estas podrán ser a partir de que se reúnan las partes contratantes. En estas reuniones que se les denomina rondas, y la próxima es probable que se inicie después del segundo semestre de 86 y que pueda durar varios años. Por ejemplo, la última, fue la que se conoce con el nombre de Roanda- Tokio, que duró de 1973 a 1979. Por lo tanto, aun cuando es aventurado predecir que México podría ir concretando negociaciones, pudiéramos decir que esa negociación se irá dando por 1987, las cuales tendrán que entrar en vigor el desmantelamiento de aranceles y de permisos después de cinco, diez o quince años de haber firmado el acuerdo de adhesión.
A cambio de esto tenemos a la eliminación de nuestras barreras, México podrá iniciar en forma inmediata exportaciones contando con la liberalización de los mercados internacionales que nos interesan a partir precisamente de la firma del protocolo de adhesión y esto podríamos decir que sucederá a mediados de 1987.
Otra pregunta que todos nos hacemos es la que se refiere a los productos que se pueden exportar. ¿Qué es lo que puede exportar México al exterior? Se puede exportar los productos que actualmente tienen una demanda en el exterior, pero que, con las medidas restrictivas que imponen países compradores no ha sido posible llevarlas a cabo en la proporción deseada.
Por ejemplo: tenemos productos de la horticultura como ajo, berenjena, cebolla, chile, ejote, espárrago, pepino; tenemos productos de fruticultura, como limón mexicano, mandarina, mango, naranja, piña, plátano, toronja; tenemos floricultura, como gladiolas, orquídeas, follajes, hojas; tenemos dentro del sector pesquero abulón, camarón, langosta, crustáceos, moluscos; en el sector extractivo minería y minerometalurgia, tenemos azufre, plata, cobre, plomo, zinc, cobre electrolítico, plomo afinado y sin afinar; tenemos en el sector manufacturero de petroquímica amoniaco, etileno, metanol, negro de humo, etc.; en química tenemos bioxido de magnesio, ácido ortofosfórico, óxido amarillo de plomo, etcétera; en metal-mecánica tenemos acceso nos, tubos fundidos de hierro o acero, estructuras de puentes de hierro o acero, depósito y cisternas de hierro o acero, recipientes de hierro; en maquinaria y equipos tenemos motores y máquinas motrices, bombas centrífugas, alternativas y distribuidores, refrigeradores, intercambiadores de temperatura, máquinas para embalar, mercancías, polipastos, grúas, ascensores, máquinas para esplanación, cosechadoras, maquinarias y aparatos para la fabricación de celulosa, maquinaria y aparatos para la fabricación de celulosa, maquinaria y aparatos para la imprenta, cilindros, prensas, sierras, herramientas neumáticas, máquinas manuales de escribir, máquinas eléctricas, máquinas registradoras, mezcladoras de cemento, etc.
En la industria eléctrica tenemos maquinaria automática de información, motores eléctricos, convertidores, transformadores, alternadores, extractores, o rotores, pilas acumuladores
herramientas electromecánicas, batidoras, licuadoras, televisiones, etcétera.
Tenemos en la industria automotriz motores para automóviles, automóviles de montaje, vehículos para transportes para 10 personas y mayores, para transporte de mercancías, chasises, engranes, embargues, árboles, ejes, fechas, cajas de velocidad, guardafangos, etc.
En la industria textil tenemos ropa exterior masculina y femenina, de nylon, de algodón, de fibras artificiales, etc.
Estamos hablando de más de 2.000 productos que tienen potencia para exportar.
Obviamente que esta lista de ramas productivas y de productos, se deberá ir ampliando en la medida en que vayamos en los términos de la negociación con el GATT, esto es de entre cinco, de entre 10 o entre 15 años, o el lapso en que finalmente se negocie.
En estas condiciones yo quisiera mencionarles algún otro dato muy importante. Hay un estudio que llega a la conclusión de que por cada 100 mil dólares adicionales de exportación se crea directamente 39 empleos en la agricultura, 9 en la ganadería, 4 en prendas de vestir, 6 en cuero y subproductos, cinco en muebles de madera; también se crea una proporción igual en empleos indirectos, no hay la menor duda de que a medida en que se expanda el mercado exterior, tendremos más y más empleos. Un comentario más sobre los posibles efectos en la pequeña y mediana industria.
A consecuencia de la adhesión de nuestro país al GATT, señores diputados, ha quedado claro que cada país miembro puede ir tan lejos como quiera en la liberalización de su comercio a cambio de beneficiarse con el acceso de sus productos a otros mercados, por lo mismo deberá irse eliminando productos que no sean los que fábrica la pequeña y mediana industria. Sin embargo entre menos productos estemos dispuestos a negociar, en esa misma proporción inversa estaremos entrando a nuevos mercados. De ahí que los lapsos de negociación deben de estar en relación directa a la productividad que logren los productores nacionales. Este es el reto: crecer, crear más y más empleos, ser menos vulnerables, aumentar nuestra captación de divisas, modernizar nuestra tecnología; en resumen, reconvertir el aparato industrial del país,
Queremos insistir en que la negociación mexicana contará a su favor con las disposiciones especiales de las que ya hemos hablado, sobre todo lo referente a que el GATT considere el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, el trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo, el carácter prioritario otorgado al sector agropecuario en la política de desarrollo de México aceptar que con el fin de promover el desarrollo económico en general. México sigue estimulando a los sectores industriales y a la exportación en particular utilizando varias clases de incentivos, incluidos los de tipo financiero y fiscal, y las que se refieren a restricciones a la exportación sobre la base de las necesidades sociales y de desarrollo que tiene nuestro país, sociales, estratégicas y de desarrollo que tiene nuestro país.
He querido, señores diputados, con esta intervención, mencionar las características generales del GATT, las ventajas, sus desventajas, los vicios y las imperfecciones de este "acuerdo internacional", no es una organismo, es un acuerdo internacional, que la adhesión a este acuerdo no será el único ni el más influyente factor para modernizar el aparato productivo mexicano.
Hemos podido advertir que hay factores positivos y hay factores negativos; lo trascendente es que se ha tomado una decisión libre y soberana, sin ninguna presión externa, sólo la convicción de que es necesario participar para influir en el mejoramiento de nuestras relaciones comerciales internacionales.
Antes de haber decidido adherirnos al GATT se tomó esta decisión de no aceptar el modelo de desarrollo industrial hasta hoy existen; se ha decidido tomar medidas para avanzar y superar la interdependencia y vulnerabilidad de nuestra industria. No hay duda que el cambio interno puede y debe promoverse desde fuera y desde el interior, superar las condiciones del medio y estimular las exportaciones, y aun estimular a las inversiones desde el exterior, sin ceder la conducción de política comercial.
Es importante que esta asamblea esté consciente de que el 98% de las importaciones que hace México provienen de países contratantes del GATT; que el 82% de las exportaciones que realiza México, van destinadas a países que están en el GATT, y quisiéramos expresarles las últimas decisiones que ha tomado la directiva de las partes contratantes del GATT. Es un boletín del 28 de noviembre de 85, y dice así: "Las partes contratantes deciden lo siguiente: se establece el Comité preparatorio para determinar los objetivos, el contenido y las modalidades de las negociaciones comerciales multilaterales, así como la participación en las mismas, teniendo en cuenta los elementos del Programa Ministerial de Trabajo de 1982, y las opiniones expresadas en el grupo de altos funcionarios. El Comité Preparatorio está abierto a todas las partes contratantes y a todo país que se haya adherido provisionalmente al Acuerdo General. El Comité Preparatorio elaborará para mediados de julio de 1986, recomendaciones relativas al programa de negociaciones para su adopción en una reunión ministerial que habrá de celebrarse en el mes se septiembre de 1986".
Observaciones del presidente de las partes contratantes. Dice lo siguiente: del debate se desprende que las cuestiones del status quo y el desmantelamiento, el trato de los países en desarrollo y la salvaguardia, deben constituir aspectos importantes del trabajo de este Comité Preparatorio para la siguiente ronda del GATT.
Otra declaración del presidente: el presidente entiende que los países que están negociando su adhesión al Acuerdo General, podrán asistir también a las reuniones del comité en calidad de observadores. De este modo, los países que han solicitado ya formalmente su adhesión podrán asistir a la primera reunión del comité. México asistirá a la primera reunión del Comité del GATT.
Y otros datos, compañeros: hay aquí un documento que dice así:
"En el día de ayer, hemos sentido mucho placer al escuchar al distinguido representante de México anunciar su deseo de formar parte de pleno derecho de este organismo. Gran satisfacción nos produce el acoger a este país de América Latina, cuyo gobierno atribuye mucha importancia a la problemática comercial y económica internacional y que se caracteriza por su contribución positiva a la solución de los problemas en esta esfera en distintos fondos internacionales.
Con mucho gusto le damos la bienvenida, convencidos de la utilidad de su futura contribución a las labores de este organismo y confiamos se inicie el proceso de adhesión a la mayor brevedad posible."
Firma el representante de la República de Cuba ante el GATT.
Y hay otro:
"Felicito a México y acoge con gran satisfacción los términos de la declaración leída por su representante. Declaramos que México se ha sabido, en general, ganar el respeto de la comunidad internacional, que su importancia comercial es muy considerable y, además, que cuenta ya con un protocolo negociado de acceso al GATT, por lo que este país espera y brinda todo su apoyo para la pronta adhesión de ese país a este acuerdo general."
Firma uno de los vicepresidentes, el representante de Gobierno de Nicaragua. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Pablo Pascual Moncayo.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: -Señor presidente; compañeros diputados: Después del informe que escuchamos del compañero que me antecedió en la palabra y que nos dio un buen número de datos, puede dar la impresión de que aquellos que cuestionamos el ingreso al GATT somos unos cuantos amargados en el marco de la felicidad del país y la felicidad internacional que embarga al mundo por la incorporación de México al GATT.
Sin embargo, se puede hablar desde la óptica de esta nación o de una pequeña parte o de una parte de la opinión de este país y decir que hay una serie de cuestiones a cuestionar. Primero, podemos señalar que sin lugar a dudas la consulta llevada a cabo cuando menos se puede calificar de limitada, fue una consulta que no llegó a amplios sectores de la población, fue una consulta en la cual no se pronunciaron sectores importantes de la opinión cuando menos política de este país, y fue, finalmente, una decisión que se tomó a partir de una voluntad predefinida de solicitar nuestra incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT).
Y a diferencia podemos también decir, sin equivocarnos, de una discusión que tuvo lugar en nuestro país hace años, en 79 y 80, que llevó al gobierno anterior, a pesar de que como señalaba el compañero Garduño, se había adelantado en los términos del protocolo, llevó a posponer la decisión de nuestra incorporación al GATT. Y esto fue a partir de que las consideraciones, las opiniones que se vertieron, los puntos de vista que se expresaron en el curso de esta real consulta presentaban unas condiciones favorables para que México no se incorporara a este acuerdo y se pudiera posponer esta decisión.
Creo que podemos discutir ventajas y desventajas, pero podríamos situar también el problema y el plano de la discusión de cuáles pueden ser las requisicencias que tenemos sectores importantes o cuando menos algunos sectores en este país sobre la incorporación al GATT.
Bueno, tenemos diferencias, compañeros, sobre la situación interna en la economía y también sobre la apreciación de lo que sucede en la política internacional. Tenemos una situación en la cual nuestro aparato industrial ha estado a punto de irse a pique a partir de una política económica que se ha venido instrumentando en el curso de los últimos 3 años.
Tenemos una situación en la cual las ramas, como por ejemplo, la orientada a la producción de satisfactores para el progreso de la población no han crecido, tenemos una situación internacional, la cual los grandes países, los países más desarrollados como en el caso de Estados Unidos, han impuesto cada vez situaciones más gravosas para un intercambio comercial con él o con ellos, en el caso de Estados Unidos, señalaba, como nunca antes, ha impuesto mecanismos de control de intercambio comercial, medidas proteccionistas a pesar de ser fundador del GATT, miembro del GATT y promotor del GATT.
Dentro del marco de la consulta y de las opiniones y de la forma en la que se ha llevado a cabo el debate, se ha tratado de llevar el debate de una forma falsa, se ha atado de presentar la discusión en una forma maniquea, en la cual no se establece la discusión en el plano de las prioridades nacionales, sino en las supuestas opciones antagónicas, como por ejemplo el ser un país exportador o no ser un país exportador; participar en foros bilaterales, o en foros multilaterales, modernizar o no la planta industrial, de que sea realmente una planta industrial moderna y comparativa, proteger o no a la industria, una industria que todos estamos de acuerdo que se ha deformado en buena medida por el proteccionismo pero por un proteccionismo que ha instrumentado el Estado mexicano, por un
proteccionismo que ha instrumentado buena parte de los gobernantes de ahora, compañeros, no los gobernantes de hace años, de los gobernantes de ahora, eran los proteccionistas de hace unos cuantos años y ahora son los militantes antiproteccionistas, los que persiguen la protección y esa no es la discusión, no es este proteccionismo y no proteccionismo, nosotros los que impugnamos esta serie de medidas y la forma en que se ha discutido, no fuimos los que nos enriquecimos con las autorizaciones de importaciones y exportaciones compañeros, los impugnadores no somos, no éramos tampoco los funcionarios que estábamos en la Secretaría de Comercio.
Creo que todos si estamos de acuerdo, en que esta no es la discusión podemos también situar algunas de las afirmaciones que se han señalado últimamente y en particular una que hizo el Presidente de República en una entrevista periodística, en la cual señalaba ante una pregunta del entrevistador, de que la izquierda estaba en contra del ingreso al GATT a partir de una opinión antigobiernista permanente. Y creo, compañeros, que es francamente cuando menos una simplificación o una disminución casi al absurdo de lo que son los argumentos los cuales han esgrimido numerosos grupos de izquierda, o lo que hemos esgrimido, para poner cuestionamientos a este apresurado ingreso al GATT a partir de una muy limitada consulta, porque cuando menos nos puede caber la sospecha a partir del cual ha sido el ejercicio que ha llevado a cabo el actual gobierno en estos tres años, nos puede caber la sospecha de que van a errar, como han errado en casi todas las medidas que han adoptado.
No es tampoco la discusión en que los pesimistas y los optimistas, compañeros, hay realidades, hay hechos objetivos, hay datos que nos demuestran que en lo fundamental la política económica y las medidas que se han adoptado en política-económica, han fracasado, han fallado fundamentalmente.
Entonces cuando menos, el Presidente y también otros funcionarios, debían de tomar en cuenta que las opiniones no son tan simplistas y no son tan burdas, compañeros, sino que hay otras toda una serie de elementos que cuando menos pueden estar a discusión. Por eso en el marco de esta serie de opiniones y de esta forma de llevar a cabo la discusión, ¿cuál debe ser, desde nuestro punto de vista la discusión en torno a lo que se está debatiendo en este momento, es decir, a nuestra incorporación al GATT? Y la discusión debe preocuparnos centralmente el futuro de la industria mexicana.
Es obvio que el acuerdo impone nuevas condiciones que acabarán por determinar el rumbo inmediato de nuestra planta productiva y aquí hay un sinnúmero de cuestiones que las autoridades económicas siguen sin responder.
Muchos nos tememos que esto se debe a que siguen ellas mismas sin saber qué solución dar a tales asuntos, nos referimos a la política industrial que de ahora en adelante deberá de emprenderse.
¿Qué ramas de la producción, con qué tipos de recursos, para beneficiar a cuáles sectores, con qué política de exportación, con que definiciones son las que se van a apoyar? La banca que es de la Nación, ¿con qué prioridades va a conceder créditos? y más importante, tal vez, de qué manera puede asegurarse que se conservarán los niveles de empleo, que la desocupación no aumentará, como lo pronostican diversas instituciones académicas que observan con gran desaliento el porvenir de nuestra economía.
Debe de haber un compromiso del Ejecutivo. Debe de haber un compromiso del Presidente sobre la creación de una planta industrial que contemple las necesidades de todos los mexicanos, de una industria que atienda las tareas nacionales, la gran tarea de resolver el problema del crecimiento económico con atención a los requerimientos de la mayoría de la población y no de unos cuantos.
Pensamos que el centro de la discusión debe estar en esto compañeros, no en la lista de las grandes posibilidades que nos abre el GATT, no en la lista de lo que tenemos que importar y de los que podemos exportar, sino que se diga puntualmente cuáles van a ser la ramas favorecidas, cuáles van a ser las formas en que se van a apoyar, de qué manera no se va a desatender el mercado interno por atender el mercado externo, de qué manera se va a cuidar el empleo y ampliarlo, de qué manera pues se va a enfrentar una prioridad de la nación que es atender a su población.
Y es un problema, compañeros, el de la incorporación al GATT, que no incumbe exclusivamente al Gobierno y mucho menos incumbe solamente a especialistas ni es tarea de ellos, es algo que importa a toda la nación, a la sociedad entera, por lo que se requiere vigilar el proceso de negociación y los términos del protocolo, por lo que esta Cámara debe reivindicar su capacidad de fiscalización y orientación sobre asuntos de la economía y la política exterior mexicana, por lo que se nos debe informar puntualmente sobre las características de la discusión en la que se está definiendo el protocolo de nuestra incorporación al GATT.
Consideramos que así estamos defendiendo los intereses no de un partido o de una concepción ideológica, sino los intereses de la nación, por lo que proponemos el siguiente punto de acuerdo:
"Único. Solicitar al Poder Ejecutivo Federal que antes de proceder a la firma del protocolo de adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, remita el proyecto de Protocolo a la Cámara de Diputados para que está lo discuta y emita un juicio sobre su contenido". Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: -Si nos deja su proposición en la secretaría, señor diputado Pablo Pascual Moncayo.
Al final de las intervenciones sobre este tema daremos cuenta con las proposiciones que en el transcurso de la misma vayan presentándose y las pondremos a consideración de la asamblea.
Tiene la palabra el señor diputado José Angel Conchello.
El C. José Angel Conchello Dávila: -Señores diputados: Para exponer nuestra posición ante el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, queremos decirles ante todo que nuestra actitud, nuestra opinión no es improvisada, que hace ya 45 años, en el programa mínimo de acción política, aprobado en abril de 1940, a sólo siete meses de haber sido fundado el Partido de Acción Nacional, se dijo, con cierto don de profecía, de la necesidad de una mayor interdependencia para alcanzar una mayor independencia.
Aquella asamblea afirmó lo siguiente, voy a citar: "La independencia económica de México no puede cifrarse en nuestro apartamiento de los mercados mundiales de consumo o de crédito, ni en la subordinación a un mercado único; ha de consistir, por el contrario, en la más directa y eficaz vinculación con esos mercados para asegurar adecuada salida a nuestros productos y para obtener los recursos indispensables a nuestro desenvolvimiento económico, no con la venta o entrega de nuestras fuentes de riqueza, sino con los créditos y con las oportunidades de inversión justamente remunerados, que las empresas nacionales puedan obtener y garantizar".
Y se agregaba: "La independencia económica que se cifre en ignorar o romper los lazos normales que unen la economía mexicana con la economía mundial, es falsa, ruinosa y peligrosísima para la existencia misma de la nacionalidad mexicana".
Hoy por hoy consideramos válidas aquellas ideas y principios y desde ese punto de vista debemos considerar los organismos que promuevan un mayor intercambio en los mercados mundiales. Con ese criterio se respaldó en el año de 1959 la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC, que pretendía formar lo que se llamó desde entonces el Mercado Común Latinoamericano mediante un programa de reducción gradual y recíproca de los aranceles y de las barreras existentes entre los países latinoamericanos. Lamentablemente la ALALC fue tal vez un ensayo prematuro en un continente sin bases comunicantes, sin un eficaz sistema circulatorio y la realidad hizo necesaria la transformación en un sistema económico latinoamericano de integración. Con ese criterio se consideró en su tiempo conveniente y necesaria la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo la UNCTAD, pues era otro intento de promover un mayor intercambio comercial entre los países. También resultó lamentable que este organismo se desviara a cuestiones no comerciales y que prácticamente se ha empatado.
Otro intento de esa misma dirección es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio que puede servir al país tanto en lo interno como en lo externo; en lo interno hoy día parecemos - y se ha dicho varias veces en esta tribuna - algo que yo llamaría una industria de invernadero, una prolongada protección ha producido fatalmente una economía con precios altos y con salarios bajos, situación que se debe a muchos factores, que en su oportunidad Acción Nacional ha denunciado. Uno de tantos factores negativos es la baja productividad de la industria que hace que el poder de compra de un día de trabajo de un obrero mexicano sea varias veces inferior a lo que es en otras naciones. Para salvar esa barrera se necesita elevar la productividad y para el ello la experiencia de la historia económica muestra que lo mejor es el estímulo y la competencia.
En lo externo, el GATT puede servirnos para resolver esta aparente insoluble de la deuda externa, pues estamos ante la doble amenaza: primero, de la baja del precio del petróleo mundial y segundo de que Pemex no pueda cumplir su cuota de explotación por falta de explotaciones. Así pues la única salida es la exportación de productos no petroleros y para ello necesitamos facilidades para la exportación de productos no petroleros. Para ello, también necesitamos estar en igualdad de circunstancias con otros países ya que en la actualidad nuestro comercio está siendo discriminado frente al de otras naciones, pues no contamos como ellos cuentan, con las preferencias que se conceden entre ellos, los países miembros del GATT.
No podemos pensar en ser competitivos en los mercados mundiales, sino somos competitivos ni si siquiera en nuestros propios mercados. Queremos aclarar que no consideramos que la entrada al GATT implica una renuncia a la soberanía. Ni entrar al GATT ni entrar a la OPEP, porque a un viejo apotegma político, un país, un gobierno es independiente mientras tenga voluntad de mantener su independencia. Que si su país o gobierno quieren entregar si soberanía, con GATT o sin GATT, la entregan. Y que si quieren seguir siendo independientes, con GATT o sin GATT, siguen siendo independientes.
Y respecto a nuestro país, nosotros creemos que la nación, que el pueblo de México tiene suficientes reservas históricas y tradicionales para mantener su independencia, su soberanía por encima de cualquier organismo internacional.
Pero por otro lado, aún reconociendo que es necesario y conveniente la entrada al GATT, debemos señalar que esto debe significar un programa a varios años, en primer lugar para bajar el nivel de protección a la industria y ponerla en posición de competitividad, y en segundo lugar debe acompañarse de medidas en lo interno para capacitar la competitividad de nuestra industria.
Si en este momento se bajaran las barreras proteccionistas, la balanza de importaciones
provocaría la quiebra de muchas empresas, por esa razón afirmamos que el ingreso al GATT en esta hora y momento de México no es tal vez la más conveniente, y que debe hacerse un programa gradual que permita el reajuste. Para esta actitud partimos de una pregunta fundamental que deben hacerse los miembros del Gabinete Económico, a saber: ¿el ingreso al GATT en este momento ayuda a resolver los problemas de la crisis o los hace más graves?
A todas luces, en los momentos actuales, los problemas de la industria serán más agudos, entre otras razones por las siguientes: en primer lugar porque una reconvención de la industria para elevar su nivel de productividad y competitividad requerirá inversiones en equipo y maquinaria, y en esto momentos no hay mercado, no hay dinero barato en el mercado de capitales para esta nueva exigencia, ni hay seguridades de mercados que garanticen al industrial esos rendimientos.
Por otro lado es un hecho que un aumento de la productividad se puede lograr ya sea elevando la producción con el mismo personal o bien sea manteniendo la misma producción reduciendo el personal. Entiéndase que no estamos haciendo una recomendación, sino señalando un hecho.
Si en los momentos actuales se reconoce que la industria tiene una gran capacidad instalada, sin utilizar, una capacidad ociosa por falta de mercados, si queremos tener acceso a nuevos mercados necesitamos más empleos dentro, y más competitividad fuera.
Pero en el presupuesto de egresos para el año de 1986, se calcula un aumento que optimistamente será del 1% del producto interno bruto superior al del presente año. Pero si la fuerza de trabajo en 1986 crecerá un 3% y el producto interno bruto crece tan solo un 1%, estamos viendo la amenaza de una agudización del desempleo.
En esas circunstancias, una baja de barreras arancelarias haría más difícil, haría angustiosa la situación de la industria, y sobre todo, la de la pequeña y mediana industria.
Por otra parte, por un viejo adagio de ética política, sabemos y repetimos, que no se deben hacer cosas malas por buenas razones, ni hacer cosas buenas por hacer cosas malas. Sin embargo, parece que el régimen está plagado de funcionarios que el bien que hacen lo hacen mal, y que el mal que hacen lo hacen bien. Y la forma aparentemente en consulta, en que el gobierno ha tomado la decisión de ingresar al GATT, puesto que si se nos dice que desde hace tres años estuviera haciendo estudios, pues sólo los que hacían los estudios los conocían, y el público en general no sabía de esta decisión, esa forma acelerada en que se firma el ingreso al GATT más parece una decisión tomada bajo presión de la banca internacional o del Fondo Monetario Internacional, que un acto de libre decisión del país.
Por ello, señores, pensando que hay mucho que hacer queremos someter a la consideración de ustedes algunas ideas a partir de la necesidad y convivencia de entrar al GATT, pero de la inconveniencia del momento de hacerlo, primero, afirmar que si el ingreso al GATT no se acompaña de facilidades para aumentar la productividad de la industria, sobre todo la pequeña y la mediana, que si no le dan bases para elevar sus rendimientos de materia prima, de energía o de equipos al ingreso al GATT va a ser la entrega lenta del sector tradicional de la economía a la competencia de países con mayores rendimientos. Que si los 4 pilares del comercio exterior son: financiamiento oportuno, calidad, formalidad e información, que el Banco de Comercio Exterior tenga presente. en todas sus actividades, el ingreso al GATT de aquellos sectores de producción que se vean, posiblemente, agredidos por una baja de aranceles. Que se tenga mayor énfasis en la vigilancia de la calidad de los productos mexicanos. Que se bajen las formalidades para la exportación de nuestro producto y que se creen redes de información que le permitan al industrial mexicano el poder acudir a los mercados internacionales.
Pero, por otra parte, que se les someta, que se le solicite al Ejecutivo que todas concesiones que se hagan con las tarifas se hagan mediante la consulta con todos los sectores interesados y también con información previa a este Congreso de la Unión.
Fundamos esta petición, esta proposición, recordando que las facultades del Ejecutivo para elevar o para reducir aranceles, es una facultad delegada, no es originaria del Ejecutivo, que la fracción 29 del artículo 73 faculta al Congreso para establecer los impuestos de comercio exterior, y si el protocolo del GATT y su operación es fundamentalmente una rebaja de los impuestos de importación, pedimos a la Cámara que en uso de esta facultad originaria que nos concede la Constitución, haga saber al Ejecutivo que aun cuando el Senado haya aprobado el ingreso al GATT, toda negociación de aranceles se haga con suficiente anticipación y que también se le informe al Congreso de la Unión,
Por lo anterior sometemos a esta Cámara, y esperamos que sea aceptada, la siguiente proposición:
"Que las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio Exterior, aislado conjuntamente, se dirijan al Ejecutivo pidiéndole que en el caso especial de aranceles de importación que deban reducirse en función del ingreso al GATT, se escuche previamente y con bastante anticipación la voz de los posibles afectados y se den a conocer también a estas dos comisiones para que todos podamos participar en las deliberaciones."
Señores, pensamos que con eso los daños que pueda recibir el país se aminorarán y las ventajas podrán ser obtenidas a plenitud. Muchísimas gracias.
El C. Presidente: -Nos deja su proposición en la Secretaría, si es tan amable, señor diputado Conchello, y se dará cuenta con ella a
la asamblea al finalizar las intervenciones.
Tiene la palabra el señor diputado Enrique Bermúdez.
El C. Enrique Bermúdez Olvera: -Con su permiso señor presidente; señoras y señores diputados:
Hago uso de la palabra con el objeto de retomar algunos comentarios y reflexiones sobre el GATT y que ya muchos de ellos se han vertido ante la opinión pública y en esta honorable asamblea.
En estos momentos es necesario señalar que ahora más que nunca la política comercial debe orientarse con mayor fuerza hacia los mercados del exterior para buscar incrementar nuestras exportaciones no petroleras, que la política de sustitución de importaciones seguida por el país, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ha cumplido con sus objetivos, pero que también aisló a los sectores manufactureros, nacionales del comercio internacional, restándole competitividad a nuestros productos en los mercados externos y que es necesario como consecuencia revisar a fondo el modelo actual de desarrollo que va hacia dentro para lograr una más sólida integración de la economía, en otras palabras que los aumentos de competencia y capacidad de exportación de la palabra industrial deben recibir la más alta prioridad si queremos participar de los beneficios que ofrece el Mercado Mundial y mejorar los términos de la oferta y la demanda de productos del Mercado Nacional.
De esta manera es obvia y así se han expresado diferentes corrientes de opinión, la necesidad de liberalizar el comercio, esta acompaña una eliminación gradual del proteccionismo y si se da se presentaría la oportunidad de incrementar las exportaciones al crear condiciones más flexibles de negociaciones para la colocación de los productos mexicanos en el exterior.
Señalo esto, una posibilidad que debe buscarse dentro de los mercados internacionales en una posibilidad a buscar, puesto que las mejores intenciones y los mejores proyectos en muchas ocasiones, suelen perderse en el complicado y manipulado espectro de las negociaciones sobre comercio exterior.
México se ha preparado para esta liberación en el comercio exterior, toda vez que se ha eliminado el permiso previo para un gran número de fracciones arancelarias y se han mantenido sujetos a control los productos agrícolas, los relacionados con la salud y los de las áreas consideradas como estratégicas en el proceso de desarrollo del país. Al abrirse México en esta liberación del comercio exterior, se plantean interrogantes que ya en todo el ámbito nacional y por técnicos en la materia han sido no del todo analizadas, sino completadas en su conjunto.
Existe, pues, la problemática principal planteada de la falta de integración de la planta productiva y el mercado interno no se ha fortalecido, lo que provoca una mínima posibilidad de lograr un crecimiento adecuado hacia el exterior a partir de una oferta que es limitada.
Ante esa problemática, encontraremos que en el pasado México ha negociado tradicionalmente en forma bilateral y una muestra reciente de ello es la firma con los Estados Unidos de Norteamérica de un entendimiento sobre subsidios y derechos compensatorios. Sin embargo, este tipo de negociaciones con países que tienen un poder económico muy superior al nuestro nos pone en desventaja al privarnos de la defensa que puede resultar de asociarnos con países en desarrollo con intereses comunes o aún con países industrializados que pudieran tener algún interés común al nuestro en áreas específicas.
Las negociaciones multilaterales, por su parte, han recibido prácticamente al consenso de las diferentes corrientes de opinión, ya que aún aquellas que no están de acuerdo con la apertura externa y que se incluyen por un crecimiento hacia adentro.
Reconocer que la participación a los acuerdos multilaterales es una alternativa para solucionar alguno de los obstáculos restrictivos de nuestro comercio exterior por la vía multilateral.
Se ha dicho, México no sólo contaría con el apoyo de países en desarrollo que tienen metas afines, sino la oportunidad de participar, influir y ampliar el poder de este grupo de países para defender mejor sus propios intereses. Quedarían atrás confrontaciones bilaterales que, dada las condiciones actuales, nos ponen en franca desventaja ante los países desarrollados con los principales mercados de nuestras exportaciones.
Retomadas estas reflexiones México se presenta ante la coyuntura de seguir negociando bilateralmente o explorar el ámbito de la negociación multilateral. El posible ingreso de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio, conocido como el GATT, presenta una oportunidad, pero también es un reto. Oportunidad de ascender a los mercados internacionales sin más soporte que la competencia de nuestros productos en el exterior y con la posibilidad de negociaciones con el bloque, y, por otra parte, el reto más serio que ha tenido la industria nacional en todos sus años de desarrollo de ser competitiva en una época de seria crisis y de escaso financiamiento.
El GATT en sus orígenes fue un acuerdo provisional, hoy formalmente lo es, y ha permitido instrumentar inmediatamente las concesiones arancelarias acordadas durante las negociaciones de 1947, en virtud de que para ello es necesario la rectificación de sus parlamentos, sin embrago, la adopción de algunas normas exigía la aprobación de parlamentos porque el GATT contiene disposiciones que, sobre ciertos aspectos, no correspondían con la legislación nacional de diversas partes contratantes; éstas, por lo tanto, no las podían aplicar en su totalidad a menos que los parlamentos aceptaran modificar la legislación nacional
respectiva, para ponerla de acuerdo con el texto del GATT. Las partes contratantes llegaron a un acuerdo sobre un protocolo de aplicación provisional, de conformidad con el cual cada Estado debe aplicar el GATT en la medida compatible con que la legislación esté en vigor.
Así por ejemplo, los Estados Unidos han invocado este protocolo que les permitió conservar durante 30 años, una legislación contraria a algunas disposiciones del GATT en relación con valorización aduanera y derechos compensatorios, entre otras; sin embargo, en las rondas de negociación comercial más recientes, se ha procurado desarrollar normas homogéneas que eviten las situaciones de excepción mediante la negociación y firma de códigos de conducta y acuerdo que reglamenten política y prácticas comerciales en campos específicos.
Por otra parte, como organización formal de comercio, el GATT representa un instrumento internacional encargado de promover los intercambios entre sus miembros con base a la eliminación de restricciones, la reducción de aranceles aduaneros y la aplicación general y obligatoria de la cláusula de la nación más favorecida para todos.
De conformidad con los términos de acuerdo general, los países firmantes del GATT, parte contratantes, reconocen que sus relaciones comerciales y económicas deben tender a niveles de vida mucho más altos, al pleno empleo, a niveles cada vez mayores del ingreso real, y la demanda efectiva, a la utilización racional de los recursos mundiales y al crecimiento de la producción y de los intercambios de productos. Asimismo y para alcanzar dichos objetivos, las partes manifiestan su deseo de celebrar acuerdos encaminados a obtener con base en la reciprocidad y en las ventajas mutuas la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Como acuerdo multilateral que es México si decide ingresar a él desea firmar el protocolo por conducto del Ejecutivo Federal y será o no ratificado por el Senado de la República en el uso de su facultad constitucional contemplada en la fracción I del artículo 76 de nuestra Carta Magna. Hacerlo sería un reto, implicaría modernizar aceleradamente nuestra planta industrial, minimizar costos y hacer más eficiente la producción nacional; es pues materia de negociación a efecto de que México logre su adhesión en los mejores términos. En su nueva era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, nuestro partido, con base en esta reflexión ha considerado los siguientes aspectos:
1o. México podrá ingresar al GATT siempre y cuando no se vulnere la ampliación de sus políticas propias de desarrollo económico y social.
2o. Se obtenga por parte del sector industrial del país, el compromiso inmediato y directo de eficiente producción, reducir costos y hacer competitiva la planta productiva de nuestro país.
3o. Se mantengan firmes los derechos laborales de la clase trabajadora del país y ésta se vea beneficiada en su poder de compra como consumidores, siendo ellos, los trabajadores, el verdadero motor de México y su producción.
4o. Se apoyen por parte del gobierno federal a la planta productiva nacional, sin menoscabo en ningún sentido o aspecto, por mínimo que sea, de la soberanía nacional y de su facultad constitucional de ser rector de la economía en beneficio de las clases populares de nuestro México.
5o. Se prefiera siempre a la inversión nacional que a la extranjera y éstas sólo se acepten como complementarias de la nacional y del ahorro interno. Y lo lograremos. Abriremos una nueva tapa más grande de la economía nacional y a México. Si no estamos dispuestos a hacerlo o no se cuidan los aspectos internos de nuestra sufrida economía, pero al fin y al cabo es la nuestra y la única que tenemos, que hemos logrado todos, con muchos años lucha revolucionaria y que a pesar de los embates nos ha mantenido a flote en crecimiento y en desarrollo.
Sería preferible buscar otros medios de crecimiento económico. Al tomar la decisión afrontamos el más grande de los retos: luchar contra el proteccionismo de las grandes potencias económicas pero la negociación multilateral puede ser la solución ante ese reto.
México ha logrado con el concurso de todos, triunfar ante la invasión extranjera, ante la penetración de ideologías y culturas extrañas; ante intereses de grupos privilegiados de todo signo político que siempre han querido sacar provecho en época de crisis. Ahora enfrentamos el reto de renovación en lo económico y en lo social; si estamos conscientes de ello cumpliremos otra etapa del México revolucionario, el México de siempre, el México de los mexicanos.
Los mexicanos estamos listos a afrontar cualquier reto siempre unidos en una nueva era para nuestro país. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Sócrates Rizzo.
El C. Sócrates Rizzo García: -Con su venia, señor presidente: honorable asamblea: Coincido con la preocupación de varios compañeros que han antecedido en el uso de la palabra, en que el punto central sobre el tema que en este momento estamos debatiendo, es el impacto que la posible adhesión al GATT podría tener sobre nuestra actividad económica, sobre el empleo, sobre la situación social en general del país.
Creo que es en esta perspectiva donde debemos enfocar este asunto, porque efectivamente la adhesión al GATT de ninguna manera va a constituir por un lado ni la panacea a nuestro problemas, ni tampoco continuará al debacle para la economía nacional.
Entrar al GATT por sí mismo no va a hacernos más competitivos o a incrementar automáticamente nuestras exportaciones. Se requiere para esto de una política cambiaria realista, que estimule a los exportadores; se requiere continuar simplificando los trámites para las exportaciones, promover las empresas comercializadoras en el exterior.
Tampoco entrar al GATT va a significar que el país se va a ver inundado de mercancías, porque tenemos por un lado que este es un proceso gradual. Y existen una serie de cláusulas y casos especiales, que permiten al país protegerse en el caso eventual de una competencia internacional desleal.
Tenemos, en particular, en el artículo 19, la especificación de aquellos casos o en aquellas situaciones de emergencia cuando se pueden establecer medidas especiales cuando existe una competencia desleal por parte del extranjero. O también, en el caso en que el país tuviera problemas de balanza de pagos, también está previsto en el GATT la posibilidad de introducir controles adicionales para resolver este problema de balanza de pagos. Además, el ingreso al GATT o el ajuste a las concesiones que se hagan es un proceso gradual que puede llevar varios años.
En consecuencia, tenemos que el GATT es un foro internacional, que nos permite negociar en los mejores condiciones nuestro acceso a los mercados internacionales. Pero es, podíamos decir, un instrumento más dentro de la estrategia general de desarrollo económico y de una vinculación más eficiente con el exterior. Y creo que es en este contexto en donde debemos efectivamente ubicar la discusión Y nos interesa una mayor diversificación, una mayor promoción de exportaciones, una sustitución más eficiente de nuestras importaciones, es precisamente por el impacto que esto va a tener en el empleo, en la industria, en la descentralización.
Nos preocupan también las condiciones en las cuales México se adhiere al GATT, en ese sentido creo que han sido bastante claras las instrucciones que se dieron al Secretario de Hacienda en cuento a los términos de negociación, en cuanto a los términos bajo los cuales debería de regirse el grupo de trabajo que elaboraría el Proyecto de Protocolo y me voy a permitir brevemente señalar algunas de las más importantes.
En primer lugar, en estas instrucciones, que fueron emitidas por el Ejecutivo el pasado viernes 22, se establece en primer lugar que el protocolo de adhesión se circunscribirá plenamente a los establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las demás leyes que salvaguardan la vigilancia y el ejercicio de la soberanía nacional.
Se establece también que estas negociaciones se ajustarán a lo dispuesto en el Plan Nacional Industrial y Comercio Exterior.
Se insiste también en que se debe reconocer en estas negociaciones a México como un país en desarrollo y esto es muy importante por lo que señalaba el diputado Garduño en cuanto a las ventajas y preferencias que tendríamos en caso que se nos considerara un país en desarrollo.
Se insiste también en estas instrucciones que da el Ejecutivo, al grupo de trabajo que hará las negociaciones, que durante esta negociación se deberá mantener el respeto total a nuestra soberanía sobre los recursos naturales y en particular sobre el poder de compra del Sector Público.
Otro aspecto sumamente importante lo constituye la defensa del Sector Agropecuario, y en esto la instrucción es muy clara, y dice: En las negociaciones se promoverá un reconocimiento al carácter prioritario del Sector Agropecuario de México, por constituir esto un pilar fundamental dentro del desarrollo económico y social del país, y efectivamente, en estos términos se encuentra también el protocolo o el proyecto del protocolo que se estableció en 1979. En este proyecto de protocolo se establece claramente que México se adhiere al GATT, se decía en aquel entonces, a las partes una, tres y cuatro del Acuerdo General. Y a la parte dos, y se dice, de acuerdo a la parte dos del Acuerdo General en toda la medida que sea compatible con su legislación vigente a la fecha del presente protocolo.
También en este proyecto de protocolo de 1979, se señala que de conformidad con su programa de sustitución gradual de los permisos previos por una protección arancelaria, o sea que será un proceso gradual y que por lo que se refiere al sector agropecuario, México manteniendo la protección necesaria para asegurar la producción nacional ha decidido continuar aplicando el programa antes mencionado en la medida en que sea compatible con sus objetivos en este sector. De esta forma las negociaciones que se hagan para adherirse al GATT tendrán que sujetarse y así se han establecido y así se han dado instrucciones ya por parte del Ejecutivo, a nuestro programa de desarrollo industrial y a proteger, por un lado, la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la soberanía que tenemos en cuanto al poder de compra del Estado y se sujetará a los planes y programas también en el sector agropecuario.
En este sentido la adhesión al GATT no es una decisión que se haga a ciegas, es un proceso que se está negociando y en cuya negociación el grupo de trabajo se sujeta a nuestras leyes, a nuestra Constitución, a los programas ya establecidos tanto en el sector agropecuario como en el industrial y en ese sentido es compatible con nuestros planes, con nuestros programas y con nuestras leyes, y en ese sentido es consistente con la defensa de nuestra soberanía.
Y el objetivo, finalmente, es el impacto que esto tendrá sobre el empleo, sobre la producción y sobre las divisas. t
Por todo eso considero que se justifica las negociaciones que se están haciendo de ingreso al GATT, porque se han especificado claramente los términos en los cuales se harán esas negociaciones y que son plenamente consistente con nuestros planes y con nuestras leyes. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores diputados: Hemos escuchado intervenciones, interpretaciones encontradas sobre el problema del GATT, lo cual a nuestro juicio implica la necesidad de esclarecer algunos de los términos de la discusión y del debate.
Nosotros no creemos que es posible resolver el problema incluso a nivel de la mera retórica, pretendiendo caer en el terreno de los sueños y pensando que al ingresar al GATT podremos simplemente hacer un en listado de todo lo que producimos y por lo tanto suponer que todo lo producido será exportado y es eminentemente exportable. Este sueño es parte del sueño que, desde nuestro punto de vista, trata fundamentalmente de confundir y de oscurecer lo que es en realidad en nuestro juicio otra discusión y otro debate.
En efecto, como ha dicho algún compañero diputado, no es el problema del GATT el único ni el fundamental en cuanto los problemas que enfrentamos hoy en día. Pero indudablemente el problema del GATT cristaliza una serie de proyectos, de intenciones y de orientaciones en materia de política económica y hay que decirlo, en el proyecto político que hoy se impulsa en el país, de tal suerte que ese no es el problema fundamental, indudablemente el problema representativo del camino y el rumbo que hoy se pretende seguir en cuanto al desarrollo de la nación.
Por esto estamos hablando no simplemente del GATT, sino que estamos hablando del curso que sigue el país en cuanto problemas de desarrollo económico, en cuanto problemas de desarrollo social y político.
Por esta razón, en efecto, tenemos que ubicar el contexto de desarrollo de nuestro país en sus distintas fases para entender qué significa esta nueva fase, y nosotros decimos que se pretende llevarnos a una fase de desarrollo, a un nuevo modelo de desarrollo y que en todo caso esta Cámara de Diputados, quienes integramos esta Cámara, tenemos que estar plenamente consciente de que eso es lo que estamos discutiendo, no simplemente el ingreso a una instancia internacional sobre aranceles y tarifas, sino que estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo que se le quiere imprimir al país y ese es el problema que enfrentamos y esa es la disyuntiva que hoy estamos discutiendo.
Nosotros creemos que se pretende plantear un nuevo modelo de desarrollo que implica orientar los recursos del país hacia afuera; esto se hizo en el siglo pasado, este modelo de desarrollo hacia afuera se agotó en la época de la gran depresión mundial y entramos durante varias décadas a un modelo de sustitución de importaciones.
Hoy, desde nuestro punto de vista, el sueño de este nuevo modelo exportador es justamente de que existe una base industrial sólida como para poder ir al mercado mundial, competir y exportar todas esas cosas que están ilusamente se leyó en un largo listado empezando por limones y terminando con motores. Esta nueva respectiva de desarrollo hacia afuera no es ni más ni menos que una nueva forma de inserción en nuestro país en la división internacional del trabajo y no es casual por lo tanto que esta nueva división internacional del trabajo, rebase en mucho un simple proyecto que pudieran idear algunos economistas del gobierno federal. No estamos insertos en un desarrollo del capitalismo moderno que está exigiendo, que le exige a nuestro país una nueva participación en la división internacional del trabajo. Hemos visto precisamente el día de hoy en los periódicos comentarios de supuestos restables haciendo comentarios en el sentido de por qué no hacer de México un país maquilador que estaría en condiciones de servir a los intereses de una cadena internacional de producción y esto lo señalan justamente ex funcionarios encargados de la cuestión de comercio exterior.
Nuestra incorporación a la división internacional del trabajo exige de nuestro país justamente lo que están haciendo las maquiladoras en la frontera norte, ser país maquilador significa mantener salarios bajos, significa mantener una clase obrera dominada políticamente, significa permitir el acceso libre incluso con subsidios y con respaldos impositivos al capital extranjero, bajo el disfraz obviamente de crear nuevos empleos pero cuyo efecto práctico en la economía no es tanto el de crear nuevos empleos, sino de provocar y continuar la fuga de divisas del país. La situación que estamos viviendo en la frontera norte por tanto es lo que se pretende generalizar en el país; no podemos engañar a los mexicanos diciendo que todos queremos productos más baratos y de mejor calidad evidentemente. No podemos tampoco engañarnos y decir no nos vamos a relacionar con el resto del mundo. Evidentemente no tenemos que relacionar con el resto del mundo. Esa no es la discusión, no es el problema la productividad. No es el problema de la eficiencia industrial. No es el problema de la relación con el mercado mundial. El problema aquí, es que se pretende insertar al país en un convenio que plantea la igualdad supuesta entre dos iguales. Este es el problema central que enfrentamos; que ante condiciones de igualdad, nosotros tendremos objetivamente que competir en condiciones deterioradas, fundamentalmente con los países capitalistas industrializados.
¿Qué significa por lo tanto la posición que México ha adoptado anteriormente? Efectivamente en 1947, nuestro país se negó a ingresar al GATT. Sin embargo en 1979 se inició de nuevo la discusión sobre este problema. Y al rechazar el ingreso del país al GATT, el presidente López Portillo señaló lo siguiente: textualmente dio estas razones: dijo uno, no se recogen los elementos plenamente necesarios de protección e impulso que requiere la flexibilidad de nuestro desarrollo económico, conforme al Plan Global y los planes sectoriales. Sus ventajas son más aparentes que reales, aun cuando están resueltas las normas que se estiman fundamentales, muchas cuestiones no están definidas.
Otros puntos, como el de la liberalización de comercio dice: consideramos que no bastan, no son suficientes las normas liberadoras del comercio para promover un orden económico más justo, aunque tengamos que acudir fuera del GATT a las negociaciones bilaterales como hasta ahora lo hemos hecho.
López Portillo señaló estos elementos justamente para justificar una decisión de no incorporación al GATT. Pero en una perspectiva, una perspectiva que intentaba, creemos nosotros en ese momento responder a ciertas condiciones que efectivamente existían en el país, y que eran importantes como una auto defensa, un elemento de defensa de la situación nacional.
Sin embargo ante la decisión reciente del gobierno de De la Madrid de incorporarse al GATT, de repente escuchamos opiniones y posiciones totalmente diferenciadas. El periódico Wall Street Journal señala lo siguiente; al felicitar al gobierno en cuanto a la decisión de liberalizar aranceles y dice textualmente: "...Nuestra opinión es que la rama más reaccionaria de la economía es el mercantilismo", o sea el proteccionismo "y que las políticas progresistas son aquellas que alientan la competencia privada, la distribución más extensiva del capital, la administración empresarial abierta y la iniciativa individual. Nos complacería ver a los mexicanos participando de los frutos del capitalismo moderno junto con sus vecinos yanquis, y nos da gusto ver que el Presidente De la Madrid no está totalmente en desacuerdo".
Posteriormente se dice, en el mismo artículo que el Presidente de México comprende que los negocios mexicanos deben conocer lo que es una mayor competencia y más estímulos tecnológicos para poder progresar, y por lo tanto saca la conclusión de que el paso siguiente lógico que es el verdaderamente decisivo, sería que el señor De la Madrid ingresara a México en el GATT.
Estas opiniones en efecto de funcionarios y de periódicos, sin embargo alientan una cuestión fundamental que nos parece preocupante, el hecho de insistir en que nuestro país de incorporarse en el GATT, se incorpora simultáneamente a esta nueva división internacional del trabajo en donde tenemos un papel que jugar, el papel de un país maquilador, un país que ofrece una serie de ventajas a la inversión privada y al capital extranjero, un país que ofrece una mano de obra barata, y un país, en última instancia, que tiene que jugar el papel histórico de incorporarse al circuito interno del mercado de los Estados Unidos.
¿Qué significa, en efecto, la incorporación al GATT? Varios compañeros han hablado de lo que significa en concreto, y creemos que es importante hablar de lo que en concreto es el GATT para nuestro país. Y no hablaremos de grandes listados de sueños, sino que hablaremos en concreto de las decisiones que va a tener que tomar nuestro país al incorporarse al GATT, decisiones que desde nuestro punto de vista, de llevarse adelante, tendrán que ser consultadas de una manera amplia y plena con el pueblo de México.
Por ejemplo, se señala en la que se refiere al reglamento del GATT, el problema de la adhesión. Y concretamente, la adhesión va precedida de una serie de negociaciones arancelarias que tiene lugar al mismo tiempo que las actividades del grupo de trabajo de países consultados en relación a la petición de ingreso. Se espera que el país que está solicitando su ingreso al GATT haga concesiones arancelarias sobre algunos productos vigentes o de consolidaciones de tasas máximas, a cambio de concesiones a productos de su interés, en relación a los que recibe.
La consolidación de la adhesión, es el compromiso del país solicitante de no establecer un nivel arancelario superior al de los derechos convenidos como máximo, o restablecer el permiso previo en casos así negociados.
Por otro lado, los derechos y obligaciones de los miembros del GATT son: uno, supresión de toda discriminación. Eso se entiende de los mecanismos de proteccionismo internos. B o dos, estabilidad en las concesiones arancelarias. Tres, eliminación de restricciones cuantitativas, cuatro, supervisión de las demás formas de protección, y cinco, solución a controversias.
Estos derechos y obligaciones, que son los derechos y obligaciones que asumiría nuestro país al ingresar al GATT, implica, en una situación de desventaja, que un país como el nuestro va a tener que agotarse en una serie de pleitos, de luchas, de controversias, llamémosle así con otros países en relación particularmente al problema de aranceles, pero incluso se señala que el GATT dispone de varios instrumentos entre los cuales la aceptación de zonas libres de comercio para que las disposiciones contenidas en el GATT exigen que los aranceles y disposiciones que afectan el comercio de los países que las integran no sean más restrictivos que los existentes. Antes de la creación de dichos grupos en su relación con los demás países miembros del acuerdo, esto es que nosotros estaríamos en condiciones de ser presionados por países más poderosos a buscar un terreno, un llamado zona de comercio libre para competir obligatoriamente con los productos
de otro país que puede eventualmente competir en una forma desventajosa con el nuestro.
Nosotros creemos que en este marco de análisis de lo que significa en lo concreto el ingreso al GATT, es evidente que nuestro país se incorpora a una institución en donde tendrá que enfrentar necesariamente controversias con otros países, particularmente los Estados Unidos de América en relación al problema de importaciones y exportaciones, esto es dónde está el problema de la gran falacia de esta propuesta de ingresos al GATT porque no es solamente como diría algunos ilusos que vamos a poder exportar a otros mercados y que el problema aquí es la importación de mercancías, productos y servicios de otros países, que en efecto, entrarían a competir en la plana productiva nacional, estando nuestra planta productiva nacional en condiciones de defenderse ante semejante ofensiva, nosotros decimos que no, y creemos que de lo que se trata en todo caso es de replantear los términos de la relación económica, comercial y financiera fundamentalmente con los Estados Unidos a través del ingreso al GATT, y eso es parte de toda la discusión acerca de nuestra participación de nuestra incorporación, diría yo forzosa a un nuevo sistema, a un nuevo modelo en la división internacional del trabajo, por que es un nuevo modelo impuesto a nuestro país y no es una cuestión que hayamos aceptado de manera pasiva, porque es una cuestión que nos convenga.
¿Cuál va a ser el efecto real y práctico al interior del país? Creemos que va a provocar a través del tiempo, porque entendemos que es un proceso de adaptación de las estructuras productivas del mercado mundial, creemos que va a provocar, en primer lugar. la concentración de una mayor riqueza en los sectores altamente intensivos en capital, fundamentalmente en los sectores industriales de la gran burguesía mexicana y del capital extranjero, porque estos son los sectores que se van a beneficiar del ingreso del GATT, porque son los sectores que van a poder competir en el mercado mundial y son los sectores que van a poder exportar en los mejores términos sus productos. Pero no es la generalidad de la industria mexicana y mucho menos, es el sector mayoritario que emplea a trabajadores mexicanos.
Concomitantemente, entonces, se plantea un verdadero peligro real para los sectores medios y pequeños industriales. Aquí el modelo puede ser en efecto, como se decía, convertir a la pequeña y mediana industria en zonas, en industrias maquiladoras para la empresa extranjera. Pero nosotros creemos que esto es desvirtuar en absoluto sentido de un desarrollo nacional como respuesta a las necesidades del país, no podemos simplemente limitarnos a un proyecto que convierte a la pequeña y mediana industria en una industria maquiladora, como si fuera un honor y, sin embargo, lo entendemos como un acto que desvirtúa y que golpea a fondo lo que pudiera haber sido una alternativa de desarrollo respondiendo a las necesidades de un país pobre, verdaderamente un país subdesarrollado como el nuestro.
En este marco creemos que hay un estrangulamiento paulatino de los sectores industriales y probablemente comerciales intensivos en el uso de fuerza de trabajo y esto implica mayor desempleo y si nosotros nos paramos aquí a decir que eso no es cierto, estamos haciendo una trágica demagogia con realidades políticas y económicas en nuestro país. No lo podemos afirmar porque esto va a provocar en un proceso a mediano plazo, el desplazamiento de sectores importantes de fuerza de trabajo, porque lo que se busca es la productividad, lo que se busca es la eficiencia, lo que se busca es mayor tecnología, no se busca emplear a la gente, se busca aumentar las ganancias a través de productividad de trabajo.
Y por lo tanto, incluimos que en este proceso global de incorporación al mercado mundial y transformación de la planta productiva del país creemos que es fundamental plantearnos una alternativa de desarrollo nacional, una alternativa que contempla las necesidades del país, una alternativa que no aísla al país, pero que sí ubica al país en la perspectiva del desarrollo de una planta productiva industrial propia, no la planta que actualmente tenemos y que está siendo acosada por el capital extranjero y que a través de medidas como el ingreso al GATT sufrirá incluso un deterioro mayor.
Creemos que es indispensable crear a través del impulso de una inversión social, de una captación de los recursos y la riqueza generada por el país un polo de desarrollo industrial que representa los intereses del pueblo trabajador de nuestro país.
Estamos en contra de este proyecto que acepta pasivamente nuestra incorporación a la nueva tarea maquiladora a nivel internacional. Nosotros no queremos venir con alternativas fáciles porque entendemos que no existen alternativas fáciles para países pobres y mucho menos para un país como el nuestro, tan directamente ligado a los Estados Unidos, incluso físicamente. Pero estos problemas de desarrollo, de alternativas propias de los pueblos como nuestros países tienen que ser el compromiso y la búsqueda fundamental de los trabajadores y evidentemente si en una Cámara de Diputados pretendemos discutir alternativas para la Nación, tenemos que discutir alternativas que no hipotecan a nuestro país a través de medidas como esta como el ingreso al GATT. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado José Luis Díaz Moll.
El C. José Luis Díaz Moll: - Con el permiso de la presidencia: Estamos hoy ubicados ante una situación que a todas luces es de hecho.
Hoy en la mañana un compañero hacía referencia al problema del petróleo y nosotros nos cuestionábamos sobre la interrelación que hay entre diversos problemas que hemos discutido en esta Cámara de Diputados, como son el de la ley Monetaria, la deuda, el GATT y el problema de las tarifas petroleras y llegamos a la conclusión que yo creo todos compartimos, que son problemas íntimamente correlativos y que forman parte de un mismo proyecto implementado por el Gobierno de México, para integrar económicamente a nuestro país a la economía de los países desarrollados, principalmente los Estados Unidos.
La visión que sobre este problema tenemos, expresa en sí misma la problemática de un país, pero una interpretación de la realidad completamente diferente; mientras que el pueblo de México vive el problema de bajos salarios, de altas en los productos básicos como son el azúcar, como es la gasolina, el Gobierno y sus representantes pintan una realidad en la cual se plantean medidas que no van acordes con la crisis y las carencias del pueblo de México.
Ya decía yo anteriormente que en lo que se refiere al GATT se nos está situando en una situación de hecho, esto ya se está haciendo costumbre en esta Cámara de Diputados; en algunas otras ocasiones hemos planteado cómo las minorías nos convertimos muchas veces en correctores de estilo de la mayoría; en este caso específico tal parece que el Poder Legislativo se convierte en un corrector de estilo del Poder Ejecutivo.
Se nos ha argumentado en diversas ocasiones, que ya hubo una consulta popular en torno al GATT, consulta popular de dos semanas, cabe aclarar; nosotros sinceramente dudamos que esta consulta popular refleje realmente los intereses y el punto de vista del pueblo de México. En una encuesta aparecida en un semanario la pasada semana, se informa que sólo el 12 o 13% de la población urbana del país tiene alguna noción de lo que es el GATT. Nosotros no creemos, puesto que ni siquiera a la Cámara de Diputados se tomó en cuenta, que al Gobierno de México le interese cuál es el punto de vista del pueblo de México en lo que se refiere a este problema. Regresando al inicio de mi intervención, nosotros creemos que está muy clara la política económica y la dirección en la cual nos ha metido el Gobierno de la República, todo coincide, la integración a la economía de los Estados Unidos se expresa día a día, inclusive en las discusiones que hemos tenido en esta Cámara de Diputados; recordemos, la Ley Monetaria nos integra monetariamente; la posibilidad de inversiones al 100% inversiones extranjeras, la integración de nuestro país al GATT y la más clara posibilidad o realidad de que nuestro país sea un exportador neto de petróleo, se hablan muchas bondades del GATT, pero tal parece que lo que no se desea es dar facilidades para que las transnacionales que ya están en el país exporten y para que las que están afuera puedan facilitar la importación de sus productos hacia nuestro país. En la decisión de ingresar al GATT no fuimos tomados en cuenta, las pruebas la vamos a repetir de manera expuesta. Esto se venía trabajando desde el sexenio pasado por parte de Héctor Hernández y el Presidente López Portillo.
En marzo de 1985 ya dentro de este sexenio se firmó un convenio bilateral con los Estados Unidos, bajo normas similares a las del GATT. Por ahí se decía que se nos metía al GATT por la puerta trasera. Otra prueba.
Ya se enunciaba el ingreso al GATT, cuando el 25 de julio de 1985, se eximieron de permiso previo y 3 mil 604 fracciones de la tarifa del Impuesto General de Importaciones, que sumadas, a las que ya estaban exentas, suman un total de 7 mil 159, sólo el 12% precisará de permiso de importación.
El 25 de noviembre sin tomar en cuenta a esta Cámara de Diputados, y aduciendo como pretexto la llamada consulta popular del Senado, el Presidente de la República instruye al Secretario de Comercio, para que inicie negociaciones para el ingreso de nuestro país al GATT. Faltando al respeto a la representación popular expresada en esta Cámara de Diputados.
En síntesis, el Gobierno preparó y decidió el ingreso al GATT, sin importar la opinión del pueblo de México y los intereses de éste . Nuevamente la política de los hechos consumados. Los argumentos técnicos del ingreso al GATT, son muchos. Pero vamos a referirnos únicamente a los que consideramos más esenciales.
Se dice que vamos a exportar más y a obtener divisas para nuestro desarrollo; que vamos a traer la inversión extranjera, cabe aclarar que yo metería este primer objetivo como fundamental de nuestro ingreso al GATT. Todo esto, desde nuestro punto de vista, para pagar la deuda más no para crecer. Aquí es donde nosotros nos preguntamos: ¿a qué se aspira?, a qué se aspira con este tipo de políticas de integración de nuestro país a la economía de los Estados Unidos, este es el fondo del asunto.
En lo que se refiere al GATT, se dice que exportar. ¿A exportar qué?, autos, autos de compañías transnacionales. A exportar productos electrónicos también producidos por compañías transnacionales, a exportar hortalizas, hortalizas que entre otras cosas son procesadas en la mayoría de los casos por compañías transnacionales. En conclusión vamos a ser una maquiladora de primer orden en el sistema económico internacional; a eso se aspira; coincidiendo con algo ya planteado aquí, nosotros creemos que el Gobierno de México está asumiendo el papel que el sistema económico le está dando dentro de la división internacional del trabajo.
A nosotros se nos plantean dos alternativas: una, ser una maquiladora o ser un país maquilador, y otra, ser un país netamente exportador de petróleo; esas son las
alternativas que nos plantea el sistema económico internacional, y señores, las están siguiendo al pie de la letra.
También se nos argumenta que con la llegada de las compañías transnacionales va a haber una significativa, un significativo crecimiento en el empleo, y ahí es cuando uno dice que las cosas no checan, porque revisando uno, el número de empleos que proporcionan las empresas transnacionales en nuestro país, se da uno cuenta que éstos ascienden a la fabulosa cantidad de 200 mil empleos, una ínfima cantidad dentro de la fuerza productiva de trabajo de nuestro país.
Se nos dice también que las compañías transnacionales van a traer divisas al país, y uno se pregunta, ¿cómo se va a controlar esto, con la Ley Monetaria propuesta aquí? Creo que no; no debemos pecar de ingenuidad. Las inversiones en México, por cada dólar que entra al país produce 2.6 dólares, o han producido 2.6 dólares en los últimos 20 años, la mayoría de los cuales no se invierten ni se depositan en el país, sino en Europa y en los Estados Unidos. Seguramente con el control de cambios vamos a lograr que este dinero se quede en el país. Eso dicen.
Se afirma que no se ve afectada la soberanía económica con la política implementada por el Gobierno. Nosotros creemos que sí. Se afecta desde el momento en que entregamos de manera vergonzosa, nuestros recursos naturales, que son no sólo la lista que se nos dio aquí, son maderas, son minerales, son productos pesqueros y principalmente el petróleo. Y también se afecta nuestra soberanía nacional cuando se lesionan gravemente a los intereses del principal sostén de ésta, que es el pueblo de México.
En la medida en que se lesiona, a partir de los convenios firmados con el Fondo Monetario Internacional el bienestar del pueblo de México, se está afectando directamente la soberanía nacional, a menos que ustedes consideren que la soberanía no reside en el pueblo. En la práctica eso parece ser.
La dependencia se transforma en integración. Vamos por el camino que se nos marca. Están con la política económica implementada, integrando a nuestro país económicamente al sistema económico, principalmente el de los Estados Unidos. Aquel sueño dorado de algunos norteamericanos de crear un mercado común Canadá - México - Estados Unidos, parece que se está haciendo realidad.
Con este tipo de medidas económicas, se da por descartada toda posibilidad de desarrollo económico y político independiente. Con el ingreso al GATT, se refuerza aún más la petrolización de la economía mexicana. Nuestra economía gira en torno a este producto no renovable, por más que se quiera demostrar lo contrario.
La solución, desde nuestro punto de vista, dado que nosotros vemos esto dentro del contexto que es la política económica en general, no es el ingreso al GATT, no es tampoco la inversión extranjera y menos al 100%. Y no es, y esto quedará demostrado en su momento, la exportación indiscriminada de petróleo, que está sujeta a la manipulación de las tarifas petroleras de corte internacional.
Todo confluye en una alternativa económica de fondo. Y esta es la suspensión de pago de la deuda externa y de implementar una política económica de desarrollo interno de nuestra planta productiva. No debemos aspirar a exportar por explotar, desde nuestro punto de vista, la alternativa, a partir de este desarrollo de la planta productiva, es crear los bienes de consumo, pero para el pueblo trabajador, para ése que lo produce.
Está claro que las prioridades que plantea el proyecto económico del Estado, están más encaminadas a cumplir sus compromisos de corte internacional que cumplir con aquellos que sostienen económica y políticamente a nuestra Nación.
Para terminar, haré referencia a alguna cuestión que se ha dicho aquí.
Aquellos que dicen bravo, debo interpretar que están de acuerdo conmigo.
Se nos dice que se va a procurar proporcionar artículos de óptima calidad al mejor precio. Y nosotros es aquí donde planteamos productos de mejor calidad y mejor precio, ¿Cómo?
Esto es demagogia, ¿con qué va a comprar el pueblo trabajador mexicano productos extranjeros planteando los salarios mínimos o viendo salarios mínimos que se dan en nuestro país?
Eso a todas luces es incoherente y no marca o no plantea más que una máscara con la cual se quieren cubrir medidas que a todas luces afectan la integridad y la soberanía de nuestro país y que rompen de un tras con la posibilidad de desarrollar independientemente a nuestra Nación.
No estamos de acuerdo con el ingreso al GATT porque éste plantea de entrada, junto con las otras medidas económicas, la integración económica de nuestro país al sistema económico internacional. Y creemos que la única solución, la nacionalista, la patriótica es la suspensión de pagos y una política de desarrollo interna, dependiente, vía acorde a los intereses del pueblo trabajador mexicano. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado José Angel Pescador.
El C. José Angel Pescador Osuna: - Señor presidente; compañeros diputados: Quiero, en primer lugar, referirme a la afirmación que hacía el compañero Díaz Moll de que las minorías estaban en las comisiones de trabajo como simples correctores de estilo; otros compañeros de todos los partidos de oposición que trabajan en las comisiones saben que nos tratamos con respeto, que tratamos de cumplir nuestra función como legisladores y que si bien no en todos los casos podemos aportar elementos de juicio para poder reflejar los puntos de vista que queramos, siempre lo
hacemos en un plano de auténtico respeto, y eso creo que es importante mantenerlo dentro de las sesiones muy acaloradas que tendremos en las próximas semanas.
Qué bueno que surgió el tema del GATT, que nosotros deberíamos decir Acuerdo General de Aranceles y Comercio, como muy propiamente lo decía el diputado Conchello, GATT son las siglas en inglés de acuerdo con que varios países establecen convenios y negociaciones para regular el comercio internacional.
Pero qué triste también que un asunto como es el del GATT quiera utilizarse para hacer un juicio global de la política económica de nuestro país. El GATT, compañeros diputados, no es la panacea a nuestros problemas, no es la respuesta a los graves problemas económicos que enfrentamos, el GATT o el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, es solamente un instrumento de la política comercial, y nosotros en política económica agrupamos todo un conjunto de instrumentos que tienen relación con los aspectos financieros, los monetarios, los fiscales, las políticas de precio, transferencias, subsidios y otros más.
Pero tratar de ubicar a este instrumento como el corazón de la política económica de México es un gravísimo error, es un grave error porque nosotros no dependemos, para la respuesta a los problemas de la inflación, del avance que vaya a tener nuestro comercio exterior. Va a ser fundamentalmente la política de estabilización que vamos a seguir lo que va a dar resultado en la materia.
Pero hay que recordar la inserción de este instrumento en la coyuntura actual, porque aquí se han hecho varias afirmaciones que merecen una mayor claridad. Por ejemplo: Recordemos lo que ha sido el comercio exterior de nuestro país. Hace ya varios años seguíamos una política de desarrollo que fue severamente cuestionada por varios de los partidos que están aquí presentes en este recinto legislativo, porque promovía la ineficiencia, porque generaba una protección desmedida a la protección nacional, porque concentraba el ingreso y sobre todo porque no nos permitía llegar al mercado internacional en condiciones de calidad y de precios que nos permitieran absorber una mayor proporción del mismo.
Esta era una política, una política de sustitución de importaciones, de crecer hacia adentro, que lo único que hizo fue precisamente condicionar un desarrollo atrofiado de la industria nacional. Todos los mexicanos vivimos las consecuencias, productos de baja calidad, productos de alto precio.
Teníamos también un sector agrícola que no solamente era suficiente para poder generar los alimentos que el pueblo mexicano estaba demandando, un sector agrícola que además abastecía de insumos a la industria y que todavía tenía excedentes para poder generar las divisas que este país requiere para movilizarse.
Estas condiciones cambiaron radicalmente, cambiaron radicalmente porque el sector agrícola a partir de 1967, enfrentó problemas severos de productividad , que condicionaron que nos volviéramos de exportadores de granos en un país importador de granos y todavía en 1983 nuestras principales importaciones eran precisamente de maíz, de arroz, de sorgo y de soya.
¿Qué pasó entonces? Tratamos de impulsar una nueva estrategia industrial y en esta estrategia industrial juzgan un papel fundamental los elementos que aquí se han mencionado, pero parece que se mencionan como si nada más fueran características secundarias de este proceso y son precisamente las que se deben discutir y creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos los partidos políticos aquí representados.
Problemas de eficiencia, problemas de productividad, problemas de competitividad en los mercados internacionales, problemas de flujos de información, para toda la opinión pública, para todos los agentes económicos interesados, sobre todo quienes están tratando directamente con el comercio internacional y lamentablemente esto obliga a un cambio de decisiones en materia de instrumentos a utilizar.
Hace unos momentos se hacía referencia a la instrumentación de julio de 1985 sobre la eliminación de permisos previos de importación; pero si esto es lo que muchos hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, porque precisamente las trabas burocráticas, el entorpecimiento de los precios oficiales y sobre todo el encarecimiento de los productos, en buena medida se explican por los permisos previos de importación. Tuvimos que acudir a ellos por una necesidad coyuntural en 1982 y en 1983, pero tengamos claro esto, compañeros, este país no crece sin divisas, basta y sobra con ilustrar con algunos años lo que sucede cuando afectamos directamente nuestras importaciones. En 1981 teníamos nosotros un volumen de importaciones de 24 mil millones de dólares y ese año crecimos al 8%, en 1982 ya con la crisis avanzando disminuimos a 14 mil 500 millones y, ¿qué pasó?, se nos vino abajo el producto hasta una tasa de 0.5%, prácticamente no crecimos y reconocemos que esa falta de crecimiento se traduce necesariamente en pérdida de bienestar para la colectividad, porque sigue creciendo la población. En 1983 volvemos a disminuir nuestras importaciones a casi la mitad y, ¿qué pasa con el producto interno bruto?, decrece 5.3%; en 1984 crecen las importaciones y al crecer las importaciones crece el producto interno bruto otra vez 3.7% y esto lo podemos encontrar desde 1950 hasta 1985. ¿Por qué menciono este dato? Porque lo que me interesa subrayar es que el crecimiento económico de esta país está sujeto a la disponibilidad de divisas, al ingreso de recursos del exterior y nosotros debemos preocuparnos porque esas divisas ingresen por el camino que más nos convenga, por lo que juzgamos más
correcto y por aquellas decisiones que no se antepongan ni a nuestra independencia ni a nuestra soberanía. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que el GATT no es sino el instrumento para insertarnos cada vez más en la economía capitalista mundial. Señores, no podemos negar la realidad económica que vive nuestro mundo, dividido en dos grandes polos ideológicos, pero entonces nos preguntaríamos y les preguntaríamos a los compañeros, que aquí han hecho referencia a esto, ¿cómo es posible que Cuba, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, que son parte integrante de este Acuerdo General de Comercio y Aranceles estén precisamente preocupados por insertarse de una manera más eficiente a la economía capitalista, señores, esto sería una contradicción aberrante. Están ahí no solamente países industrializados. Hay 60 países en vías de desarrollo, de los cuales México ocupa el segundo lugar, y en efecto, 30 países que pueden ubicarse dentro del rubro de alto desarrollo industrializado. Pero las cifras que no nos condicionen para ver cuál es el argumento político detrás, porque en esencia esa debe ser una decisión política. De estos países, muchos están buscando precisamente encontrar mejores fórmulas para el desarrollo del comercio exterior.
Aquí se ha hecho mucha referencia también a Taiwan, a Singapur, a Corea, tratando de ponerlos como ejemplo de hacia dónde vamos nosotros. Es una comparación totalmente inverosímil. No solamente porque estos países ya pasaron de ser países maquiladores, vean ustedes las estadísticas de Comercio Exterior, de 1984. Y Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong, están precisamente ya participando en las ramas de tecnología más avanzada, compitiendo con los países más industrializados mismos.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - ¿Me permite una interpelación?
El C. José Angel Pescador Osuna: - Con muchos gusto, señor diputado.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, declaró abiertamente que para qué andábamos buscando otros remedios si deberíamos seguir el ejemplo de Singapur, de Taiwan, de Corea del Sur. ¿Usted está de acuerdo, señor diputado, con estas afirmaciones?
El C. José Angel Pescador Osuna: - Señor diputado Tavira, yo no conozco la declaración del señor Secretario de Comercio, pero sí puedo darle mi respuesta a la pregunta concreta que usted hace si me la dirige a mí. Mire usted, países como Singapur, Taiwan, Corea del Sur, hace ya 15 años iniciaron un proceso no de inserción a la economía capitalista, sino de desarrollo a ciertas industrias incipientes, como lo hicimos nosotros también en los años 50s y 60s. Con la diferencia, señor diputado Tavira, y eso es importante revisarlo que en estos países, se integraron políticas financieras donde la banca privada asumía el papel más importante para la promoción de las importaciones en primer lugar.
En segundo lugar, el abastecimiento de la materia prima estaba garantizado por los países compradores, pero no solamente eso, lo más importante es que ellos definieron en muchas de las negociaciones que establecieron bilateralmente algo a lo que nosotros no queremos llegar, por el contrario, preferimos la negociación multilateral, definieron las condiciones en que iban a separar los productos industriales de niveles de tecnología inicial e intermedia, y ahora, en 1984 es un modelo completamente diferente.
Son países efectivamente que pueden considerarse como países maquiladores, pero de esa manera desarrollaron su mercado interno; nosotros en cambio tuvimos estrangulamientos en nuestro mercado interno, porque a pesar de que no éramos países maquiladores, de todas maneras enfrentábamos un problema de altos costos, de una protección aberrante que llegó incluso hasta el 75% del precio que tenía este bien en el mercado internacional, y eso usted lo puede comparar fácilmente con todos los productos manufacturados que nosotros consumimos.
En síntesis creo que hay tendencias en el mercado mundial que nosotros debemos atender con prioridad, pero veamos por un momento cuáles son los factores determinantes en la balanza de pagos de cualquier país en lo que es este estado de ingresos y gastos para que entendamos por qué necesitamos de nuevos instrumentos, si en 1979 como aquí se pregunta la coyuntura no era favorable, esto no descarta que seis años más tarde haya condiciones específicas para poder buscar una negociación colectiva mucho más apropiada para el desarrollo de nuevas exportaciones: primero, no olvidemos cómo se han comportado los mercados financieros internacionales en estos últimos seis años. ¿Qué pasó? Países superarbitrarios como los Estados Unidos pasaron a ser deficitarios en términos de capital, porque Estados Unidos podía equilibrar su déficit con una gran balanza comercial positiva, pero Japón, Alemania lo desplazaron del mercado internacional, y un país como los Estados Unidos enfrenta problemas muy serios en esta materia.
¿Qué pasó con los países exportadores de petróleo? Los exportadores de petróleo generaron en un lapso de casi cuatro años 200 mil millones de dólares que inundaron el mercado financiero internacional, pero resulta que estos países tenían preferencia por la liquidez, querían depósitos a la vista, a corto plazo, y esto de alguna manera generó problemas de insuficiencia crediticia para los países en desarrollo. No había disponibilidad de crédito. Todo el recurso que se estaba obteniendo por divisas tenía que ser por exportaciones. México exporta en la actualidad, hasta 1984, 24 millones de dólares. Pero ya sabemos perfectamente que de
eso el 70% corresponde al petróleo, y solamente el 30% corresponde a manufacturas. Es necesario que empecemos a diversificar esta estructura.
¿Qué ha pasado también con los flujos de turismo y las transacciones fronterizas? Disminuyen. Allí están las cifras de 1984 y lo que tenemos disponible hasta septiembre de 1985. ¿Qué tenemos con los niveles de productividad? A nivel mundial, solamente Alemania y Japón logran superar los índices promedio de los países industrializados, pero nosotros, lamentablemente, y ojalá que lo podamos remediar, nos quedamos atrás.
¿Qué pasó con la tasa de interés? La tasa de interés, precisamente después de que se discutía el ingreso al GATT, se eleva para alcanzar los niveles históricamente más altos que ha tenido la tasa de interés. Y eso nos representó una fuga indeterminable de divisas, en pago de intereses. Lo reconocemos. Precisamente por eso ha sido una preocupación de esta soberanía el ver qué decisiones vamos a tomar y qué política vamos a seguir en materia de deuda exterior.
Pero hay finalmente dos cuestiones que interesa subrayar. Creo que si estamos conscientes de lo que ha venido pasando con nuestro comercio exterior, si estamos conscientes de los problemas que enfrenta nuestra estructura productiva, también tenemos que estar conscientes de que hay que modificar estas condiciones. Obviamente que podemos a veces ser idealistas impacientes, obviamente que a lo mejor tendríamos una preocupación por una aspiración a un cambio social de muy corto plazo, pero esto, por lo que aquí se dijo ya de la interdependencia, no es posible. Nosotros tenemos un proyecto de desarrollo muy claro. hay que volver a la Constitución. No estamos preocupados por insertarnos cada vez más con la economía norteamericana, señores, como aquí se dijo. El 70% de nuestro comercio lo realizamos con los Estados Unidos. Vean las estadísticas de importaciones y exportaciones nuevamente del sector público y del sector privado.
¿Cuál es nuestro principal mercado? Los Estados Unidos. ¿Quién es nuestro principal vendedor? Los Estados Unidos. Esa es una realidad inobjetable, y por eso nos preocupa porque estos acuerdos que nos dan facilidades para negociar con muchos países nos permitan diversificar nuestro comercio internacional.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor diputado, ¿me permite una interpelación?
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Sabía usted que el dictamen norteamericano jamás ha aprobado el acuerdo y la adhesión de los Estados Unidos al GATT, y que por esa vía de los Estados Unidos lo viola sistemáticamente. ¿Qué opina usted de eso?
El C. José Angel Pescador Osuna: - Diputado Alcocer, no tenía conocimiento de que el Senado había negado este protocolo de adhesión. Lo que le puedo decir es que Estados Unidos es de los países que inicialmente firmaron este protocolo en 1947. Lo que le puedo decir que Estados Unidos representa por sí solo, casi el 14% de las negociaciones en materia de comercio internacional, dentro de esta organización. y lo que le puedo decir es que hay muchas decisiones de política económica que nosotros no tenemos por qué ver que pasó con el Senado. A nosotros nos corresponde esta discusión, porque esta es una discusión incluso que fue al Senado de la República. La Cámara de Diputados no tiene facultades para legislar sobre eso.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Yo no me refiero al Senado Mexicano. Le estoy diciendo que el Senado Norteamericano nunca aprobó la adhesión, aunque el Gobierno norteamericano firme el protocolo de adhesión de la parte norteamericana. Y por eso impone restricciones violatorias de los acuerdos del GATT.
El C. José Angel Pescador Osuna: - Probablemente los ciudadanos norteamericanos deban estar preocupados, por qué su Gobierno a veces toma decisiones que no son aprobadas por el Senado; pero yo creo que la historia reciente sí nos muestra algunos ejemplos de ellos.
Yo quisiera referirme, finalmente, compañeros, a algunas cuestiones que me parece que son fundamentales para entender los elementos políticos de esta discusión.
Miren ustedes, hay cinco países con los que nosotros comerciamos tanto por el lado de las ventas, las exportaciones y por el lado de las compras que son las importaciones:
Estados Unidos, España, Japón, Reino Unido, Francia y Brasil, por el lado de los países a los que vendemos.
Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Canadá, Reino Unido y Brasil, a quienes les compramos.
Todos estos países están en el GATT. Nosotros los que estamos buscando es que de este grupo de cinco, nos ampliemos a los casi 100 países que están actualmente participando dentro de ese acuerdo de comercio y de tarifas.
Ese es precisamente el objetivo. La intención no es buscar inserción cada vez más eficaz, como se dice.
Ahora, yo creo que hay formación muy completa sobre estas cuestiones. Quizá a la mejor no ha llegado el grueso de la opinión pública, porque muchos de los asuntos de política económica parece que se quedan encerrados en este lenguaje tan complicado que a veces utilizamos.
Pero aquí está nuestro papel, compañeros diputados, somos 400 diputados que podemos llegar a diferentes partes del país, a diferentes grupos para tratar de explicar, no tratamos de que esto sea una idea para poder resolver nuestros problemas, no es eso, es
simple y sencillamente un instrumento que nos va a permitir agilizar las negociaciones en materia de comercio internacional, y eso es todo.
No es cierto, como aquí se ha dicho, que hayamos modificado la Ley de Inversiones Extranjeras para aceptar el cien por ciento, eso no es cierto. Y hay muchas cuestiones que tenemos que revisar.
Creo que aquí ya se comentaba esta mañana la preocupación que todos - no los del Partido Revolucionario Institucional, los diputados de las nueve fracciones parlamentarias aquí representadas- , la preocupación que debemos tener por el petróleo, por el precio del petróleo y sobre todo por el proyecto económico y político que esté detrás.
También se ha mencionado con insistencia los acuerdos y las pláticas que se tienen con el Fondo Monetario Internacional. Ahora surge este Acuerdo General de Aranceles y Comercio, también tenemos el Foro de Deuda Externa y también está la Inversión Extranjera. Son preocupaciones nacionales; creo que todos los diputados estamos obligados a responder en consecuencia de acuerdo con la responsabilidad que nos asignó el pueblo de México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para contestar alusiones, en términos del artículo 102 y por cinco minutos, tiene la palabra el señor diputado José Luis Díaz Moll.
El C. José Luis Díaz Moll: - Señor Presidente; señores diputados: Seré breve para... no se necesita de mucho tiempo para contestar al diputado Pescador, en lo que se refiere a los países socialistas, que es un argumento que ha venido girando a partir de las discusiones que sobre estos asuntos hemos tenido, tal parece que se intenta una especie de chantaje, sin sentirnos aludidos por esta situación, queremos expresar que la permanencia de los países socialistas en el GATT no hace más que demostrar cómo los Estados Unidos, principalmente violan sistemáticamente los acuerdos integrados en el GATT. El caso de Cuba es el de más, es el que se expresa más claramente como una flagrante violación, siendo los Estados Unidos y Cuba firmantes del GATT, Estados Unidos hace 25 años ha estado bloqueando la economía del Estado cubano, violando lo que dice el GATT.
El GATT, desde nuestro punto de vista y yo creo que es algo evidente, está en crisis al ser irreconciliables los intereses de sus integrantes, la causa es el proteccionismo que a sus productos aplican los Estados Unidos de Norteamérica, y eso lo reconoce el documento del Senado, y revísenlo en las páginas 66 y 67 explícita cómo en GATT ha venido deformándose y ha venido siendo una especie de confrontación entre los países que lo integran, que hace 4 años en que estábamos en una situación bastante mal en lo que se refiere a nuestra planta productiva, no entendemos cómo ahora se plantea como una opción viable el ingreso al GATT.
La planta productiva de nuestro país no cuenta con los medios tecnológicos para competir con las grandes transnacionales, se puede inferior que no sólo perderemos o no ganaremos el mercado externo, corremos el riesgo de perder irremediablemente, de perder inclusive el mercado interno y la quiebra de la pequeña y mediana industria será una consecuencia insalvable de esta decisión que se ha tomado por solicitar y creo que ya ha aceptado ingreso al GATT. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Señor presidente; señores diputados: ciertamente a estas alturas de lo que va el desfile de participantes para hablar y hacer consideraciones sobre el GATT y lo que implica en la política comercial del país, pues estamos de acuerdo en que no hay ya una predisposición abierta a la participación y a tomar en cuenta, en forma objetiva, las consideraciones que sobre esto se haga, Sin embargo por lo que respecta al Partido Demócrata Mexicano, no podemos quedarnos al margen en la manifestación de estos cuestionamientos y consideraciones.
Bien sabemos que bastante inquietud ha despertado en el país y sobre todo en los sectores interesados, la posición que México tiene con respecto a comercio exterior. Por una parte, la inquietud fue creciendo en la medida que se avanzaba en la consulta por parte del Senado, reconocemos, en un marco muy limitado, y que al final vino a concentrarse con la instrucción expresa del Presidente del país al Secretario de Comercio, para que éste iniciara los trámites que habrán de llevarnos, sin duda, a la adhesión definitiva al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como GATT.
En la carta que el Ejecutivo entregó al Secretario de Comercio, le da indicaciones expresas para hacer la solicitud de esta adhesión, recomendando él, además, que conforme a la política del mismo, o sea del Ejecutivo, se mantenga abierto el diálogo y la concertación, prevea las modalidades para los representantes del honorable Congreso de la Unión, nos mantengamos informados del proceso de este trámite y tengamos la intervención que corresponde. Estamos atentos a que tal reconocimiento sea plena realidad entre nosotros. Bastante se ha dicho en pro y en contra de este paso; han aflorado lo mismo injurias que descienden a lo fatalista y consideran que nos irá muy mal, como aplausos estruendosos de sectores que ansían el momento de participar abiertamente en los mercado mundiales y creen que el ingreso al GATT es una panacea.
No podemos, sin embargo, olvidar que ya en años pasados México había manifestado su interés de ingresar al GATT. Las
condiciones desde luego eran otras, el espejismo del petróleo predominaba en nuestro país haciéndonos sentir un apoyo económico que por sí sólo respaldaba las posibilidades de presencia nuestra en los mercados internacionales. En esas condiciones a través de la voz del Ejecutivo que es quien en realidad decide en esta materia, México dijo que no al GATT. Eso fue en el año del 79, teniendo como presidente a López Portillo.
Se dejaron de un lado en esa ocasión consideraciones de peso que expertos y estudioso de la materia habían expresado, por ejemplo, posponer indefinidamente el trámite de adhesión de México al GATT y hacerlo hasta que la estructura de la producción agropecuaria e industrial lo permitieran. También se dijo que ser miembro del GATT no promovía ni garantizaba en forma alguna que la producción nacional se tornara competitiva. Volviendo al presente y ya en el camino del ingreso al GATT, el Partido Demócrata Mexicano no puede menos que coincidir en la crisis que enfrenta el país sacó a flote los problemas estructurales que por muchos años ha venido arrastrando la industria nacional, y ahora como remedio a esta situación buscamos el ingreso al GATT.
No pasamos por alto tampoco que la industria nacional y su incipiente desarrollo se han dado con apoyos, o sea, a base de subsidios, y aun con eso las condiciones de eficiencia y calidad, requisitos estos para afianzar nuestras exportaciones, no se han dado, no se han concretado.
Aquí entraba aquello que nos decía el compañero Miguel Angel Pescador, de que esa era la política de crecer hacia dentro pero en condiciones en que la planta productiva del país no mostró ningún adelanto y eso, creemos, por las exposiciones que se han hecho en torno a nuestra planta productiva, es evidente que no es competitiva.
Lo cierto es que México, bien sabemos, es un país importador en muchos e importantes renglones hasta en los de alimentos aun cuando en el renglón de exportaciones se nos pudiera decir que presentamos cifras mayores a las de las importaciones sabemos que esto es relativo; el 70% de nuestras exportaciones son del sector público y sobre todo la industria extractiva como es el petróleo, los metales, los minerales. Estamos petrolizados en forma alarmante y lo deseable por cierto en este caso, sería que en materia de petróleo se exportara ya procesada, o sea con un valor ya agregado; esto permitiría y generaría empleo, lo que vendría a aliviar nuestra deficiencia en este renglón de la falta de empleos y no exportarlo crudo y/o destinado a la combustión, o sea a la quema.
Estamos de acuerdo en que abrir nuestra economía al comercio internacional es benéfico y necesario para el país, en eso no discutimos, pero siempre y cuando lo hagamos en condiciones ventajosas o por lo menos sin desequilibrio en nuestra contra; tememos, eso sí, por la pequeña y mediana industria y por la pequeña y mediana empresa; nuestra planta productiva será sometida, entendamos, a camisa de 11 varas por la endeble de la misma, no es competitiva y poco se ha hecho para adecuar mecanismos que la encausen a este sendero.
Valdría aquí hacer una reafirmación de algo que ya en la LI Legislatura el Partido Demócrata Mexicano sustentaba o ponía a manera de ejemplo, que veamos el peligro de desequilibrio que se presenta con relación por ejemplo en esta área comercial se comparáramos que vamos a poner a competir a un ciudadano nuestro, comerciante de Ciudad Nezahualcóyotl por ejemplo que algún señor comerciante de las Lomas de Chapultepec o de esas áreas comerciales modernas que hay en nuestro país con comercios y negocios de nombres extranjerizantes difíciles de pronunciar, donde se vende bastante caro y productos de bastante lujo. En torno a este debate podemos decir nosotros que podríamos agregar infinidad de cuestionamientos y consideraciones, pero la verdad creemos y de eso estamos conscientes, que una vez tomada la decisión por parte del Ejecutivo a la que llegará finalmente ya sea con nuestra conformidad o sin nuestra conformidad, no podemos dejar de insistir en que no se vayan a abrir en forma indiscriminada las puertas al comercio o a la puerta a las importaciones de productos suntuarios o a la concesión a extranjeros que acaben con nuestra pequeña y mediana industria y si como se dice, México tiene una estructura industrial adecuada para aprovechar la apertura de nuevos mercados, se estimulen, en forma dinámica la eficiencia y la capacidad para que éstas sean verdaderamente competitivas; que esta apertura no sea para confirmar nuestra condición de país mono exportador; de ser así, poco adelantaríamos y quizá más bien retrocederíamos; todos sabemos que actualmente somos predominantemente exportadores de petróleo, que evidentemente es el producto en verdad atractivo para los mercado mundiales. Insistimos en que en nuestra opinión este paso debe darse en forma gradual, con toda prudencia y cautela; dependerá de la habilidad negociadora de nuestro representantes, el que no predominen criterios desfavorables a nuestro país en el rejuego multilateral, donde interviene acciones desde luego poderosas.
Sobre la inquietud de la posible lesión a la soberanía nacional consideramos que la cuestión no debe ser tomada a la ligera. El GATT ciertamente prevé que sus reglas tengan aplicaciones guardando respeto a las legislaciones de los países que lo confirman. Procurando, la compatibilidad de sus normas jurídicas. Sin embargo consideramos que esta soberanía que aras de su dignidad, de su representatividad y en congruencia con la división de las atribuciones del poder, debe asumir con mayor responsabilidad e interés sus facultades y no continuar por el camino de la claudicación de las mismas en favor del
Ejecutivo, como con frecuencia se ha visto que lo hace en otras materias.
Para finalizar, dicen que golpe dado ni Dios lo quita. Consideramos como golpe dado, como un hecho, el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles, que es el GATT y que dicha se busca claro está para beneficio de los mexicanos.
El GATT sin duda ofrecerá la posibilidad de ganancias y pérdidas que ambas cosas tendrá, pero lo verdaderamente importante a estas alturas será que nos esforcemos para obtener el máximo de ventajas y conjuremos la amenaza de desventajas. Y para que esto sea una realidad benéfica y no una mera aspiración ilusoria, hemos de crecer a las circunstancias adversas por las que atravesamos y asumir con firmeza nuestras aptitudes, preparándose a actuar con intensidad, seriedad y entusiasmo a la vez para producir más y de mejor calidad. Esa sería una solución permanente y de fondo, compañeros diputados, para convertir en realidad palpable, el deseo de nuestro pueblo de alcanzar mejores niveles de vida. Por su atención muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado José Luis Sánchez, del Partido Unificado de México.
El C. José Luis Sánchez González: -Señor presidente; señoras y señores diputados: El Presidente de la República, en forma unilateral y de manera antidemocrática, de espaldas al pueblo diría yo, ha tomado una decisión más que atenta contra el bienestar de las grandes masas populares, pone en riesgo la ya de por sí frágil estabilidad política del país, y compromete aún más la soberanía nacional.
La decisión de ingresar al GATT que por cierto en 1979 se negara adoptar el entonces presidente José López Portillo, no obstante que la economía nacional era menos vulnerable que ahora, no podemos ni debemos de ninguna manera aceptarla, porque aun cuando se realizó una consulta por parte del Senado, que más que real fue meramente simbólica, es claro que la misma no recogió el sector nacional, desoyó las opiniones autorizadas de centrales sindicales como la CTM y de organismos empresariales como la CANACINTRA, así como de múltiples organizaciones sociales y políticas.
Los resultados artificiosos de dicha auscultación no responde propiamente a la voluntad popular, sino más bien a la estrategia económica que el gobierno ha puesto en marcha, la cual ha tenido y tiene efectos devastadores sobre la economía nacional.
No son sólo más de 200 mil pequeños y mediados empresarios mexicanos los que correrán el riesgo de ser arruinados y seguramente serán barridos por la avalancha comercial de las transnacionales que incontenibles se adueñaran del mercado nacional; serán también los trabajadores mexicanos los que sufrirán las consecuencias de la liberación comercial al perder sus fuentes de empleo por la quiebra previsible de gran parte de la planta productiva del país, a los cerca de 3 millones de desempleados y a los más de nueve millones de subempleados, así como los 800 mil jóvenes que de manera natural engrosan esas filas, se sumarán ahora los miles de desocupados que dejará este terremoto comercial con lo que crecerán las tensiones sociales y se minará en mayor medida el territorial nacional.
El gobierno, con este tipo de decisiones antipopulares y antinacionales que no son aisladas ni accidentales porque se inscriben dentro del marco de una política monetaria y neoliberal, se esta convirtiendo en un eficaz promotor de la subversión y de la violencia popular. Es necesario destacar que de los 90 países que formalmente pertenecen al Acuerdo General de Aranceles y Comercio y de los 31 de facto. sólo 10 dominan el 75% de comercio mundial. Seguramente estos fueron los que aplaudieron entusiastamente y se frotaron las manos ante la solicitud de México de ingresar al GATT.
Es claro que lo países con mayor nivel de desarrollo, económico y tecnológico que pertenecen al GATT, como Estados Unidos, Japón y Alemania Federal, entre otros, tiene ventajas extraordinarias, mayor disponibilidad de capitales, grandes escalas de producción, vastos sistemas de transporte y alta tecnología que introducen cambios en el esquema original y tienden a favorecer un esquema comercial, desigual e injusto.
Pero lo que resulta más grave aún, es la simbiosis que se da entre los intereses económicos y políticos, la cual provoca una manipulación de las fuerzas del mercado y propicia que organismo creados para regular el comercio mundial, no tenga la eficacia y agilidad que se requiere para corregir o componer las desviaciones que se producen en el comercio internacional.
Si a los vicios de este organismo y a la desventaja natural con que se participa, agregamos la incapacidad de exportadora de la industria manufacturera nacional, que ha dirigido su producción, principalmente, hacia el mercado interno, nos daremos cuenta de la inconveniencia económica, política, jurídica y social de esta decisión.
En 1981, por ejemplo, las exportaciones en manufacturas fueron del orden de los 3 mil millones de dólares; en tanto que las importaciones ascendieron a 20 mil millones de dólares.
En 1984, el nivel de exportación de productos manufacturados, alcanzo la cantidad de 5 mil millones 450 mil dólares, mientras que las importaciones de manufacturas fueron por 8 mil millones de dólares.
En ambos casos, a pesar de estar sujetos a régimen del GATT, sin estar en él, el saldo deficitario; esto nos lleva a la conclusión de que la política en vigor está inscrita a su vez en una estrategia global
de desarrollo económico claramente orientada hacia el mercado mundial y determinada en lo fundamental por la apremiante necesidad de obtener las divisas para hacer frente a los próximos años al compromiso asumido por el gobierno de pagar íntegramente la deuda y los intereses respectivos, bajo las condiciones leoninas impuestas por la banca internacional, todo lo cual, por cierto, será dentro de un contexto internacional caracterizado por el creciente proteccionismo comercial de los países capitalistas desarrollados.
Sin embargo detrás de la visión optimista y de las cuentas alegres del gobierno está la dolorosa e inocultable realidad de una economía petrolizada y un aparato productivo desarrollado y deprimido que cuando menos en el futuro inmediato no podrá competir exitosamente en el mercado mundial y en consecuencia no arrojará superávit alguno, echando por tierra los pronósticos del gobierno que al no cumplirse los atribuirán a errores de instrumentación y dirán que pese a todo, a fracasos desviaciones se marcha por el camino correcto.
Los partidarios de la pertenencia al GATT dicen que somos un país con buena ubicación geográfica en el contexto internacional puesto que tenemos frente a nosotros el mercado más grande del mundo y que este hecho, a la vez que representa serios problemas y dificultades, nos brinda oportunidades en materia económica y comercial.
Señala que las colindancias oceánicas de nuestro país nos dan acceso directo por la vía marítima prácticamente con todo el mundo. Afirman que México es una nación rica en recursos naturales que nos permiten vislumbrar mayor producción en diferentes campos y un desarrollo más equilibrado de las potencialidades que tiene el país.
Asimismo, sostienen que la mano de obra mexicana ha mejorado notablemente su nivel de calificación y especialización con lo que surgen más y mejores opciones de desarrollo interno y se elevan las perspectivas de incrementar el nivel de nuestras exportaciones, pero ignoran deliberadamente que somos altamente desde el punto de vista tecnológico, soslayan también el hecho de que la vecindad con los Estados Unidos en las condiciones de subdesarrollo en que se encuentra la planta productiva nacional, por el intercambio comercial inequitativo más que beneficiario nos perjudica.
Y lo más grave es que en aras de impulsar un proyecto económico eficientista y modernizados, permitamos que nuestra capacidad de autodeterminación se vulnerada por organismos extra nacionales que son los que en la práctica imponen la dinámica y marcan las directrices económicas.
Por otra parte, el régimen de subsidios y estímulos fiscales se tendrá que modificar o suprimir definitivamente con el ingreso de México al GATT y esto para algunos puede ser un medio para combatir la ineficiencia y una medida de realismo económico, significa el tiro de gracia para las pequeñas y medianas empresas que ya de por sí están en franca desventaja frente a las transnacionales y para el pueblo de México representará una mayor pobreza.
La pertenencia al GATT y la dependencia del Fondo Monetario Internacional, con todo lo que esto implica en materia de precios, salarios, austeridad y libertades políticas, es un atentado contra la independencia económica y soberanía nacional. Nosotros estamos por la modernización, la productividad y la eficiencia, siempre y cuando ésta no signifique explotación y sacrificio para los trabajadores.
Estamos por la conservación y desarrollo de la planta productiva del país, estamos por la protección y el incremento del nivel de empleo, estamos por el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso y por mucho más nos pronunciamos en contra del ingreso al GATT y decimos categóricamente que México y los mexicanos son más grandes que su gobierno.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Humberto Ramírez Rebolledo, del Partido Acción Nacional.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo: -Señor presidente: Pobre México nuestro, con un gobierno que como dijo mi compañero y maestro José Angel Conchello, parece, que el bien que hacen lo hacen mal y el mal que hacen lo hacen bien, Y digo esto porque los que tienen la responsabilidad de aplaudir todas las medidas absolutamente todas, con esos que ahora dicen risueñamente, bravo, no nosotros los que estamos aquí, por principios y no por conveniencias.
Hace 5 años los que ahora aplauden, algunos quizá físicamente sean los mismos, y otros funcionarios que integran lo que se llama pomposamente el gabinete económico, dijeron que no a la entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercios: y ahora, inexplicablemente, sin lógica económica, los mismos que dijeron no, aplauden rabiosamente y dicen sí y digo inexplicablemente porque las condiciones en 1979 eran muchos más favorables en gran proporción a las de ahora y sin embargo, entonces se dijo no, y ahora que tenemos problemas serios en lo interno y desajustes que impiden que se llama entorno económico internacional, decimos que sí, ¿y qué condiciones son éstas? En lo externo el mundo vive una gran recesión económica. y esto se traduce en una gran recesión en el ámbito del comercio internacional.
Las economías internacionales sujeta al ámbito del dólar padecen sobre ellas el peso del gran déficit de la economía americana, que presiona por ésta, va a pelear como lo ha demostrado usando todas las artimañas políticas, todas las medidas económicas y todas las medidas arancelarias para promover sus exportaciones, en detrimento de nuestras exportaciones.
Y por último, en el ámbito externo hay una gran inestabilidad monetaria mundial. Si le sumamos nuestro gran problema nacional que significa los niveles graves de inflación que año tras año no prometen, será remediado y que yo creo debemos de acostumbrarnos a esos niveles para que con una gran dosis de resignación nos acostumbremos a ser cada vez más pobres o bien, iniciar el salto para cambiar el esquema de gobierno que es el responsable de este problema, número uno que padecen todos los mexicanos. Ademas, el mercado cambiario no funciona ya que a nuestras autoridades hacendatarias monetarias se les olvidan inyectarle los elementos que significan confianza, no solamente para los grupos empresariales, sino para todos los ahorradores de este país y que no me digan que no es válido contar anécdotas, me ha tocado ver al que cubre el despacho de betunero en la esquina de la casa de ustedes, irse a cambiar cuando tiene sus pesos a dólares al banco más próximo y este no tiene ningún espíritu traidor a la patria ni es un especulador financiero. Y esta dosis de desconfianza ha llevado a que de un rango teórico de cotización pesos contra dólares que no supera los 340 pesos, estamos en 500 a uno, un porcentaje de devaluación que cada día se agrava y es producto de la desconfianza de todos los mexicanos en el gobierno, mal gobierno que padecemos. Y por último, en lo interno estamos padeciendo desde la quincena trágica ya, un déficit supino del gasto público y para los que no sepan lo que significa supino, les diré que es negligencia por ignorancia. Y parece que esta enfermedad el exceso del gasto sobre los ingresos públicos sólo tiene, para bien de muchos mexicanos, una solución, que se decidan a cambiar este gobierno.
En los criterios generales que sobre la materia fiscal y económica nos envió el Poder Ejecutivo a esta Cámara, se perfila al leerlo implícitamente, que ya estaba proyectando como medida de política comercial la entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, cuyo apodo ustedes lo conocen, es el GATT y se decía en ese documento y se dice y lo veremos en las discusiones próximas las leyes de ingresos y de egresos, se decía que es necesario incrementar la oferta de bienes y se equipara a la insuficiencia que ha mostrado en los últimos años, por lo menos este documento nos remite a los 3 años del gobierno del Presidente De la Madrid. Se equipara, se hace un diagnóstico en ese documento, de que la falta de bienes ha sido una causal tan importante de la inflación, como lo es el déficit en el gasto público. Luego entonces, tenemos ya un diagnóstico sobre nuestro problema número uno. Sabemos quiénes generan inflación, el exceso de gasto público y la insuficiencia en la oferta de bienes a los consumidores de esta patria nuestra.
Por lo tanto, arguyen los economistas del sistema, debemos resolver la segunda parte, la insuficiencia de oferta, porque resolver el planteamiento del exceso de gasto sobre el ingreso, significaría a la corta, la caída del poder, objetivo número 1, de este sistema que hemos, insisto, en la palabra, hemos padecido desde hace ya 56 años.
Y sobre este esquema debemos entrar al GATT para que entren bienes y servicios se bordó por el diputado Garduño todo un planteamiento de cifras y sintetizó, sintetizó, el objetivo primordial de esta medida de carácter de política comercial en que los mexicanos vamos a tener más productos de mejor calidad a mejores precios. Y yo entiendo esto, como algo deseable. Pero al analizar algo deseable lo que se propone en la carta introducción que gira el Presidente al señor Secretario de Comercio, al analizar las instrucciones encontramos que en los antecedentes para este ingreso, estarán supeditados al ejercicio de negociación abandonado en 1979.
Y veamos que nos contienen estas 302 fracciones arancelarias ya negociadas, de 302 debiéramos esperar que la gran mayoría de ellas, fueran para justificar su diagnóstico de que sólo resolviendo el problema de oferta de bienes, podremos atacar frontalmente por el lado de la oferta el problema de la inflación. Y de 302 fracciones negociadas y que serán el marco de la negociación de 1986, y esto ha sido aceptado por los compañeros diputados de la fracción del PRI. Estas 302 únicamente nueve, nueve, lo repito, con énfasis, nueve son bienes que estarán a la posibilidad del bolsillo de la gran masa de consumidores populares y de clase media de este país Y los voy a listar.
Productos para alimentos infantiles a base de harinas.
Pastas alimenticias.
Mostaza, mayonesa, exprimidores de frutas, licuadoras, lavadoras de ropa, ventiladores, refrigeradores, Estos nueve son los artículos. Que por su característica creemos que estarán en posibilidad de ser consumidos una vez que se autorice el ingreso del país al Acuerdo General de Aranceles y Comercio por una gran mayoría de mexicanos. Esto parece en principio, pero cuando vemos la siguiente parte de la negociación, que es el ámbito del permiso y el ámbito de la tasa fiscal que será gravada cuando se importen estos nueve grupos de artículos cuando vemos ello encontramos niveles de gravámenes que son: para las lavadoras de ropa 80% para las licuadoras 80% para los ventiladores 80%, para los refrigeradores 80% pero ahí nos dice: podrá reducirse al 50% en un plazo de 15 años.
Productos para alimentos infantiles a base de harinas, del 50 y aquí es la incongruencia, al 75% pastas alimenticias igualmente del 50 al 75% mostaza del 50 al 60%; mayonesa en la misma cuantía, exprimidores de frutas del 75 al 80%.
Una breve investigación nos demostró que cotizando los precios de estos productos genéricamente hablando a niveles internacionales,
sumándoles las cuantías ad valorem que aquí se están estableciendo en esta carta del Ejecutivo al Secretario de Comercio, como la base de negociación, encontramos que estos productos serán al final, cuando llegue al consumidor, tan caros como los nacionales. Esa pequeña y efímera buena nueva que habían tenido muchos mexicanos que oyen hablar al Secretario de Comercio y a los diputados del PRI, cuando dicen que vamos a tener una abundancia de bienes y servicios mejores, de mejores precios, cuando analiza uno la realidad, se acaba. Pero es la realidad: se ha decretado que vamos a entrar al GATT, se ha decretado como una medida de tipo corriente, de tipo acostumbrado; se ha hecho una gran simulación para que ante el Senado se justifique que las partes interesadas han dado su anuencia y han dado aprobación a este ingreso. Y se les olvida que estos 9 tipos de bienes , que es lo que esperan muchos mexicanos que tengamos, en mayor cantidad, en mayor calidad, en mejores precios, sólo entrará una pequeña parte. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una gran masa mascarada, es una gran simulación.
Quizás, y esta es una hipótesis que yo presento con una gran verosimilitud, y espero no caer en el juego de la auto correlación que un diputado nos manejaba, el diputado Pescador, al relacionar producto con importaciones. Esto es un fenómeno que los que conocen de estadísticas, lo conocen como la auto correlación. Yo espero que esta hipótesis, que significa que la entrada al GATT no fue más que un requisito más impuesto por los mecanismos financieros internacionales, no quede en una simulación y en otro gran dolor para este pueblo nuestro, para este pueblo que espera medidas que solucionen su gran crisis económica y su gran crisis de contabilidad en su gobierno.
Perdón. Se me olvidaba comentar: Para los compañeros cuyo origen es hacendario, hay dos fracciones que quizás les interesan que ya ha sido negociadas en 79 y ratificada su nueva posición para 1986. Las máquinas registradoras están contempladas en el protocolo, en la lista que estamos en posibilidades de negociar. Por lo tanto, la medida de poner máquinas registradoras, cuanticonfiscatorias de los ingresos de los comerciantes al público, está garantizada. No se preocupen.
Y, por último más importante para esos que se niegan a suprimir el efecto verdadero de la inflación, hay otra fracción, hay otra fracción que ya también está contemplada: La plena importación libre de permisos previos para imprimir papel moneda, cuya tasa de importación, en congruencia de lo que se está haciendo de mantener el gasto público en exceso, cuya tasa de importación es del 0%. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El C. Francisco Hernández Juárez: -Señor presidente; señoras señores diputados: Este tema de ingreso o no ingreso de México al GATT, es sumamente importante porque tiene que ver con la independencia política, económica y social de la Nación y pueblo mexicanos. Al respecto, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi conducto expresa los siguientes puntos de vista.
El Diario Oficial del 25 de noviembre pasado dio a conocer el oficio enviado por el Presidente de la República al Secretario de Comercio Y Fomento Industrial para que inicie negociaciones sobre el eventual ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. Las consultas en esta última etapa fueron muy limitadas: las audiencias de la Cámara de Senadores fueron privadas, no solicito la opinión de los partidos políticos ni de la Cámara de Diputados. La CTM, el Congreso del Trabajo, distintas organizaciones sociales, instituciones culturales y académicas, intelectuales y especialistas se manifestaron en contra, y la misma posición asumieron los pequeños y medianos industriales; las opiniones adversas al ingreso de México al GATT, absolutamente mayoristas, fueron desestimadas.
El principal argumento que manejan los partidarios del ingreso de México al GATT y que ahora se ven favorecidas por la decisión del Presidente de la República, consiste en que el proteccionismo de que ha gozado la industria nacional desde hace 40 años, ha provocado altos costos en la producción, baja calidad de los artículos, ineficiencia en la planta productiva escasa o nula competitividad en los mercados internacionales. Se agrega, además que ahora la economía debe crecer hacia afuera, es decir, abrirse a las importaciones, aumentar las exportaciones, con el objeto de obtener el suficiente volumen de divisas para pagar el servicio de la deuda.
El Partido Popular Socialista discrepa de estas concepciones, en lo fundamental. Considera que los mayores esfuerzos del Estado y de las empresas industriales deben orientarse a abastecer y desarrollar el mercado nacional, ahora sumamente estrecho, con productos de buena calidad y de bajos precios tratando de elevar el nivel del pueblo, mejorando la capacidad adquisitiva de los salarios para que los propios industriales puedan vender más productos, y una vez satisfechas las necesidades nacionales y populares, pueda exportar los excedentes o las manufacturas y productos que garanticen altos precios y competitividad hacia mercados extranjeros.
Por lo que hace al problema de la alta calidad y del bajo costo de los productos, éste no es asunto de buenas intenciones sino que está relacionado con el nivel de tecnología que ha alcanzado nuestro país. Mientras que en naciones como en Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y Alemania existen considerables
progresos en la automatización y robotización de las plantas industriales, en México, en este aspecto, tenemos un retraso sensible. Los recursos que se han destinado a la investigación científica y tecnológica han sido mínimos, por lo que se ha profundizado la brecha que nos separa con respecto a los países capitalistas altamente industrializados.
El eventual ingreso al GATT haría más notorias estas diferencias, lo que equivaldría a dejar sin la debida protección a muchas empresas medianas y pequeñas que dan ocupación al 70% de la mano obra empleada en ese sector y que se dedica, sobre todo, a cubrir las demandas del mercado interno.
Por el contrario, considera al Partido Popular Socialista, el Estado debe canalizar grandes recursos a la investigación científica y tecnológica, así como también hacia las ramas industriales de tecnología avanzada y no dejar este campo, del cual dependerá en gran parte el futuro del país en manos de los grandes monopolios extranjeros. El otro camino, que se opone al proyecto nacional revolucionario, sería de convertir a México en una plataforma para la instalación de maquiladoras, o de meras empresas ensambladoras, que sólo utilicen recursos naturales y la mano de obra barata de nuestro pueblo, lo que además de formar el proceso de industrialización bloqueando el desarrollo de fuerzas productivas nacionales profundizaría la dependencia económica frente al exterior. Este es el camino que propugnan los partidarios del ingreso de México al GATT.
El ingreso al GATT, en efecto, beneficiaría a las grandes empresas industriales que son filiales de los monopolios norteamericanos y a las que, por la división internacional del trabajo, se les han asignado tareas de exportación. Se trata, en la mayoría de los casos, de compañía ensambladoras que usan capital y tecnología estadounidense y que envían constantemente sus regalías y utilidades a los Estados Unidos, descapitalizando al país.
La mayoría de las empresas medianas y pequeñas no tienen recursos financieros, no generan productos a gran escala, baratos; no disponen de tecnología moderna y no están preparados para competir en el mercado internacional, el cual se encuentra dominado por los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón. Por el contrario, en la última ha disminuido la participación de América Latina en los intercambios comerciales, y por lo tanto, se ha abatido sus ingresos de divisas.
El GATT fue creado en 1947 ante las presiones y demandas de los Estados Unidos para que los países de América Latina abrieran sus mercados a la producción manufacturada norteamericana. El maestro Vicente Lombardo Toledano se opuso a estos planes ya que se orientan a frenar el desarrollo nacional y a reforzar la denominación política y económica de los pueblos. El GATT, en la actualidad, es marginado por los grandes países capitalistas; el comercio se realiza al margen de éste, por lo que en la práctica se encuentra estancado.
Los bajos precios de más materias primas, los elevados costos de los bienes industriales son manifestaciones de intercambio desigual que imponen los monopolios y los grandes países capitalistas e imperialistas; el GATT no ha sido útil para modificar esta situación, la que sólo puede superarse mediante una lucha conjunta de las naciones dependientes.
El GATT es un aparato de negociación colectiva en la que ciertamente participa muchos países en vías de desarrollo; pero este aparato es controlado en sus órganos administrativos por las grandes potencias capitalistas, las que se reservan siempre la toma de decisiones políticas básicas. Esto explica el porqué muchas acciones de tratamiento preferencial a países como México no puedan cumplirse, persistiendo, en la práctica, un elevado proteccionismo.
El Partido Popular Socialista considera que la eliminación de casi la totalidad de los permisos de importación, para ser sustituidos por aranceles, paso previo al ingreso al GATT, abre excesivamente nuestro mercado y nuestra economía a las importaciones norteamericanas, alienta el consumo de artículos suntuarios o innecesarios y reduce las posibilidades del Estado para proteger a las ramas industriales que lo requieren.
La incorporación de México al GATT ocasionaría una mayor dependencia con el mercado norteamericano con el que se realiza el 70% de nuestro intercambio comercial general. Además, comprometería más aún los hidrocarburos, que han sido nuestro principal producto de exportación, así como las materias primas agrícolas y mineras tradicionales. Es sabido que ese país aplica una política proteccionista, que excluya la mayoría de los artículo manufacturados y nos trata de condenar a ser un país proveedor de materias primas y de mano de obra barata, política que no es previsible debido a los profundos desequilibrios externos que sufren los Estados Unidos.
Nuestro país no necesita ingresar al GATT para ampliar sus intercambios comerciales; puede seguir luchando porque la mayoría de sus productos están incluidos en el Sistema General de Preferencia; hacer efectiva y ampliar nuestra participación comercial con los países del campo socialista; fortalecer el Sistema Económico Latinoamericano y los proyectos integracionales latinoamericanos así como avanzar en el intercambio comercial bilateral entra las naciones del Continente. Pero sobre todo debe orientar su estrategia de desarrollo industrial, en lo esencial, hacia el mercado interior casi virgen, ya que en la actualidad alrededor de 75 millones de mexicanos están al margen de él, por su nula capacidad de compra.
El Partido Popular Socialista considera que aún no se ha consumado el ingreso de México al GATT y que existen posibilidades de evitar
esa acción que sería profundamente negativa. Por lo tanto, hace un llamado patriótico a las fuerzas democráticas y revolucionarias, de dentro y fuera del poder público, para que examinen con serenidad las nefastas consecuencias que ese hecho tendría para el futuro inmediato de la Nación, llamo a unir fuerzas; a reflexionar en la patria soberana e independiente que todos queremos, a derrotar a quienes propugnan medidas, como la del posible ingreso al GATT, encaminadas por la vía opuesta a la de la Revolución Mexicana y que cuentan con el visible padrinazgo del Gobierno y los monopolios de los Estados Unidos.
Compañeras y compañeros diputados: Por todas estas razones, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista luchará hasta el último momento contra el ingreso de México al GATT.
A nuestro juicio el Senado de la República no hizo ningún examen serio, democrático sobre esta cuestión tan importante ya que las sesiones de los señores senadores se realizaron a puerta cerrada en donde sólo hubo un monólogo unipartidista. A nuestro parecer esta Cámara de Diputados es la que tiene representatividad nacional y política para debatir este problema importante y dedicado que tiene que ver con el presente y el futuro del pueblo y de la Nación Mexicana.
Por eso hago la siguiente proposición: Que la Cámara de Diputados convoque a un foro amplio y democrático para debatir sobre el ingreso o no ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. Firma este documento y esta petición la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Nos deja en la secretaría la proposición señor diputado Hernández Juárez. Gracias.
Tiene la palabra el señor diputado Heriberto Ramos, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Heriberto Ramos Salas: -Señor presidente; honorable asamblea: Nuestro país tiene una amplía y ancestral tradición en el ámbito internacional. Nuestra historia nos enseña la constante necesidad de luchar por la búsqueda del desarrollo económico de la paz y de la defensa común de nuestros intereses.
México ha alcanzado un sólido prestigio en el concierto internacional a través de una defensa permanente en todos los foros, de los principios fundamentales que definen nuestra política internacional. La autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención en los asuntos internos de otros estados, son principios cuya vigencia nos ha permitido garantizar nuestra independencia y soberanía preservar nuestros recursos básicos estratégicos y coadyuvar en la búsqueda de nuevas fórmulas para la solución de los problemas políticos y económicos de las naciones Y sugerir como ha sido el caso de México, la vía de la negociación y el entendimiento para solucionar los conflictos en donde se genera la violencia.
En consecuencia con nuestros principios de respeto y cooperación, los gobiernos de la Revolución han orientado su política internacional a la promoción y el fortalecimiento de los organismos internacionales de carácter político, social y económico, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, como en el contexto, geopolítico latinoamericano.
Así hemos participado activamente en los foros internacionales que auspician la Organización de las Naciones Unidas, como la UCTAD, en cuyo seno los países en vías de desarrollo han venido planteando la necesidad de introducir reformas en las estructuras que rigen sus relaciones económicas con los países desarrollados. En ese mismo foro México presentó con ese fin la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
México tiene relaciones económicas con la mayor parte de los países del mundo. Europa occidental, por ejemplo, es nuestro segundo socio comercial, y en el ámbito de los organismos regionales de carácter económico se sostiene una relación activa con el mercado común europeo.
Por otra parte, en Latinoamérica, México ha sido el promotor directo de los organismos de cooperación económica del área, como el Sistema Latinoamericano, SELA, que es el principal esquema de cooperación regional, siendo un instrumento de consulta, coordinación y promoción económica y social para el desarrollo integral de la región.
Asimismo, México pertenece a la ALAC, a la Asociación Latinoamericana de Integración que busca reactivar el consenso impersonal; es miembro de la Organización Latinoamericana de Energía que es un organismo para concertar la política energética común y encauzar la cooperación en la materia. En el marco de la OEA la política exterior mexicana ha sido particularmente intensa, y nuestra participación dentro de su seno, y en organismos especializados y conferencias ha puesto de manifiesto nuestro compromiso político por la integración y cooperación de los países latinoamericanos.
Asimismo, en los foros en donde se analizan también problemas económicos y sociales de los países del área como el Consenso de Cartagena, México ha hecho patente la necesidad de dinamizar la cooperación interamericana a través de estrategias y de instrumentos de consulta que hagan más efectiva la defensa de nuestros intereses en los aspectos del desarrollo, productos básicos, comercio internacional de bienes y servicios, tecnología transporte marítimo, cooperación entre países de desarrollo y deuda externa.
La política exterior mexicana está de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y que tiene, entre sus postulados básicos, el de fortalecer el sistema de las Naciones Unidas, y
promover la cooperación económica internacional, principalmente, entre los países en desarrollo en énfasis en la cooperación e integración latinoamericana.
En este sentido, se busca asegurar que los países más avanzados se inserten en un sistema de intercambio que contribuyan al proceso de desarrollo a largo plazo, no sólo mediante la colocación de productos, sino a través de la complementación de tecnologías, sistemas de administración y recursos financieros.
En relación con la política económica externa, nosotros pensamos que no debe ésta considerarse como una política emergente, sino como una política estructural que debe formar parte de la gran estrategia del desarrollo nacional, tomando como base, dentro del contexto mundial, la importancia de nuestro país, de nuestros recursos, de nuestro tamaño, de nuestra ubicación geográfica, de nuestra productividad y de nuestras ventajas comparativas.
Reconocemos que hay un serio desbalance dentro de nuestras exportaciones e importaciones que se ha vuelto crítico, considerando las exportaciones petroleras. Y que limita seriamente nuestras posibilidades de resolver los problemas más urgentes de la población y proseguir nuestro desarrollo. A la escasez de divisas para realizar las importaciones necesarias, se agrega una severa presión para pagar los intereses y amortizaciones de nuestra deuda externa.
Debemos, pues, consideramos nosotros, dar un vigoroso impulso al comercio internacional, mediante exportaciones y una racionalización de las importaciones para atender primordialmente a los consumos internos necesarios. Porque fortaleciendo, además, los intereses nacionales, esto nos obligan a ir más allá de las querellas ideológicas, de los maniqueísmos y de las posturas extremas para tomar conciencia de cuáles son las alternativas que más convienen a este país.
El marco obligado de referencia para cualquier proyecto que busca la expansión, la modernización y eficiencia de nuestra planta industrial, es el Plan Nacional de Desarrollo. Y éste tiene que considerar fundamentalmente nuestra economía interna y la estructura internacional con sus distintos foros de cooperación, consulta y negociación.
No podemos sustraernos a esta estructura, sabemos a lo que conduce el aislamiento y el proteccionismo excesivo; los foros económicos multilaterales constituyen el escenario natural donde deben de tener lugar el diálogo y la negociación, otorgan el espacio necesario para presentar y discutir iniciativas de solución a los problemas económicos que en mayor o menor grado padecen nuestros países. De ahí la importancia de mantener la negociación en el plano multilateral, donde todos los estados tiene la oportunidad y el derecho de expresar sus puntos de vista y defender sus legítimos intereses.
El sistema económico internacional, con todo y que sus esquemas de negociación sean complicados y a veces avancen muy lentamente, constituye el espacio de participación obligado para que quienes pertenecemos a él no podemos fijar nuestras propias reglas, los indicadores económicos y los agudos efectos de la crisis en la población, nos muestran que quedar al margen de esta estructura es a todas luces inconveniente.
El intercambio de bienes y servicios es parte del desarrollo; todo proyecto económico que se sustente en el aislamiento y el proteccionismo creemos que irá al fracaso irremediablemente.
Esta realidad política y económica de interdependencia y cooperación internacional es la que históricamente nos empuja a modificar substancialmente nuestra política económica para integrarnos a organismos multilaterales donde podemos defender en igualdad de derechos e intereses nuestros legítimos intereses.
Son estas circunstancias en esta realidad concreta por lo que se ha decidido que el Gobierno mexicano promueva su ingreso e inicie negociaciones para su ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduanero y Comercio.
No desconocemos que el predominio de algunos países altamente desarrollados dentro de estos sistemas a veces hagan difícil su negociación, no desconocemos que es posible que se dé un intercambio desigual por los distintos niveles de desarrollo de los participantes, pero también es cierto que esa situación ha sido una constante en la historia de la humanidad y particularmente de nuestro país y particularmente hablando somos un país que geopolítica e históricamente estamos involucrados en un sistema económico mundial del que no podemos sustraernos y en el que tenemos que desarrollar toda nuestra iniciativa para el intercambio de bienes y servicios.
También aquí cabe señalar, que en las instrucciones, el señor Presidente de la República, formuló al Secretario de Comercio sobre el marco en que debería sujetarse las negociaciones con el acuerdo, una de ellas que es fundamental, es que debemos negociar para que el acuerdo reconozca la situación de México como una Nación en desarrollo y que se le dé un trato preferencial, diferenciado y más favorable.
Nosotros consideramos que la decisión del Gobierno de negociar su ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, es realista y objetiva, y no es una decisión aislada o de coyuntura, es congruente con los objetivos y metas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, no habiendo tampoco ninguna influencia directa del exterior que nos obligue a obrar de esta manera, es una decisión soberana, apegada totalmente a nuestras leyes.
En 1979, y en ejercicio pleno de nuestra soberanía, declinamos nuestro ingreso al acuerdo. Hoy que las condiciones económicas
han cambiado y en pleno ejercicio también de nuestra soberanía hemos iniciado negociaciones para ingresar a dicho acuerdo.
México realiza el 80% de su comercio exterior con los países que pertenecen al acuerdo, nuestro ingreso a este organismo implica compromisos y concesiones recíprocas, hay expectativas y hay riesgos, pero pensamos que estamos acostumbrados a ellos.
Nosotros estimamos que nuestro ingreso al acuerdo debe mantener intocada la rectoría económica del Estado, debe preservar el control y el dominio de nuestros recursos básicos, sobre todo de los no renovables.
El Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales deben seguir siendo las bases que normen y orienten el crecimiento del país , pues ahí se resumen los objetivos y las metas de los mexicanos para lograr un país en donde se cumplan los mínimos de bienestar para la población, Por lo que no constituye el ingreso al cuerdo, como aquí se ha firmado por distintos compañeros diputados, un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país que desvíe el rumbo que ha seguido México.
Deberán instrumentarse -estamos de acuerdo- nuevos mecanismos financieros que garanticen la supervivencia y el fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, pero además de que en el protocolo de adhesión al acuerdo, sólo se comprometan materias primas y manufacturas que no lesionen nuestra economía.
El Gobierno deberá formular, con la participación obligada del sector industrial, programas de desarrollo tecnológico que eleven la productividad y eficiencia de nuestra planta productiva, sobre todo la pequeña y mediana industria. No se abrirá en forma indiscriminada la importación a los productos extranjeros, aprovecharemos al máximo la apertura de nuevos mercados y en éste y en otros foros multilaterales, se seguirá defendiendo con dignidad los intereses de México y los mexicanos.
La decisión de nuestro Gobierno se da con sujeción a los principios torales que rigen nuestra política exterior; con fundamento en la Constitución General de la República y considerando en su justa dimensión las opiniones provenientes de los distintos sectores de nuestra sociedad.
Existe plena garantía de que no se vulnerarán las instituciones nacionales, nuestros principios y nuestro patrimonio.
Finalmente, se ha expresado aquí que la adhesión al acuerdo constituye un acto, como afirmábamos que vulnera nuestra soberanía.
Yo quisiera notar que nos da la impresión que quienes ha señalado lo anterior imaginan a nuestro país como un Estado que fundamentalmente, debe permanecer aislado para conservar su soberanía El Estado contemporáneo ya no tiene el concepto de soberanía el mismo valor que caracterizó al Estado moderno que tuvo sus orígenes en el Renacimiento, pues, no se puede tener el mismo atributo absoluto e ilimitado que le asignaron los teóricos de épocas pasadas. Hoy en día nadie pone en duda que la comunidad internacional sólo puede ser posible aceptando que los estados tienen derecho a escoger el camino que más le conviene para auto determinarse, ya que si fuera así no existirían los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos ni ninguna otra organización internacional que implica una serie de derechos y obligaciones para un país cuando se adhiere a ésta.
Espero que los compañeros diputados que insisten que el ingreso al acuerdo lesiona nuestra soberanía, entiendan esto y comprendan que estamos viviendo un Estado muy diferente al Estado renacentista. Muchas gracias.
El C. José Luis Sánchez González: -Señor presidente, ¿pregunte al orador si me acepta una interpelación?
EL C. Presidente: -Señor diputado Ramos que si acepta usted una interpelación del compañero Sánchez.
El C. Heriberto Ramos Salas: -Ya terminé mi intervención.
El Presidente: -No la acepta. Tiene la palabra el señor diputado Miguel Alonso Raya, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Miguel Alonso Raya: -Señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados: Cierto es que nuestro país tiene un importante prestigio a nivel internacional; sin embargo esto de ninguna manera nos garantiza, nos asegura nada en relación a los pros y contras que existen acerca de nuestro ingreso al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, porque entrar o no al GATT no es un simple problema de mercaderías que se venden o que se compran, es problema de la entrada al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio es sobre todo un problema político que entraña definiciones, definiciones políticas en cuanto al rumbo que ha de seguir nuestro país definiciones en cuanto a qué tipo y sobre todo con qué contenido se deben hacer o se van a hacer los cambios estructurales que demanda la economía en nuestro país.
Partiendo de las políticas y estrategias que se definen en el Plan Nacional de Desarrollo como documento rector del Gobierno Federal cuyo objetivo fundamental en la estrategia económica en relación a la política de comercio es el fomento a las exportaciones no petroleras y la sustitución selectiva y eficiente de importaciones, se indica que la política de sustitución de importaciones seguida del pasado, alcanzo un límite como modelo para el desarrollo futuro del país. Asimismo establece la necesidad de lograr un cambio estructural
orientando a iniciar transformaciones de fondo en el aparato productivo y distributivo y en los mecanismo de participación social y desequilibrios fundamentales de la estructura económica, la orientación propuesta plantea, da prioridad, a la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y al fortalecimiento del mercado interno, a la modernización y avance de la reorientación sectorial y regional del aparato productivo y distributivo para que éstos responda más eficazmente a dichas necesidades y generen un número mayor de empleos de mejor calidad y reduzcan su dependencia y consiguiente vulnerabilidad respecto al exterior y a la preservación de nuevas modalidades para financiarlo a partir del esfuerzo interno.
El Partido Socialista de los Trabajadores, coincide en los planteamientos de estos señalamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Pero entiende que éstos no pueden ser viables si el Estado no reconoce a la clase obrera como fuerza principal en el desarrollo nacional y a partir de ello reconstruye las relaciones de propiedad existentes para así materializar plenamente la vigencia del principio constitucional de la rectoría del Estado sobre la economía.
Asimismo coincidimos en la necesidad de hacer cambios estructurales pero entendemos que éstos sólo podrán darse sobre la bases de la reconstrucción de las relaciones de propiedad dando impulso al desarrollo de la economía nacional, la propiedad social junto con la propiedad estatal deben constituir un frente común para que en el terreno de la economía puedan superar y limitar a la gran propiedad privada. En este sentido, el asunto medular consiste en la evaluación de los costos tanto negativos como positivos, en el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comerciales.
No se puede abordar un asunto de esta naturaleza con una posición simplista de entrar o no entrar. La medida anunciada por el Presidente Miguel de la Madrid en el sentido de iniciar negociaciones para el ingreso de México al GATT, constituye una decisión política orientada hacia la utilización de los marcos multilaterales de este organismo comercial para propiciar la modernización acelerada del capitalismo mexicano.
La decisión se produce en momentos que se ha reconocido públicamente el agotamiento de la política de sustitución de importaciones como un incentivo de modernización de la planta industrial.
En el momento en que el crédito externo ha disminuido sensiblemente y las reservas internacionales de divisas se han mermado considerablemente, agravándose esa situación, por la cuantiosa fuga de capitales que los oligarcas desnacionalizados acometen cotidianamente contra la economía, en momentos en que se ha reconocido la falta de competitividad de los productos nacionales en el mercado exterior.
Se argumenta por lo tanto que la participación de México como parte contratante del GATT forzará a la planta industrial nacional a modernizarse progresivamente, a asimilar tecnologías que le permitan elevar la calidad y competencia de los productos en el mercado externo, a aumentar y diversificar ampliamente los niveles de nuestras exportaciones, y captar un mayor caudal de divisas por la vía del comercio exterior.
Es evidente que esta decisión en proceso de ejecución ha sido recibida con beneplácito por los directamente beneficiarios de la misma, la gran industria privada que acaricia esta posibilidad como una fuente de enriquecimiento sin procedentes en la historia nacional.
La participación de México en el comercio internacional no llega ni siquiera al 3%, y el petróleo constituye entre el 175 y el 80% de nuestras exportaciones el resto se encuentra en industria petroquímica, la manufactura de autopartes, equipos de transportes, acero y textiles.
Actualmente el 68% de los productos que México exporta se dirigen a los Estados Unidos y en mayor medida a Alemania y Japón, la Comunidad Económica Europea y América Latina. México tiene ante sí varias disyuntivas: mantenerse al margen del GATT buscando la diversificación comercial por la vía bilateral, integrarse al GATT bajo los mejores términos posibles, o seguir la política de caso por caso en las relaciones comerciales con otros países, reconociendo que la relación con Estados Unidos es la más importante, siguiendo un proceso de integración o de facto, o silenciosa -entre comillas con ese país.
Analizando con frialdad y objetividad la decisión, de México de integrarse como parte contratante del GATT, el Partido Socialista de los Trabajadores considera que en los marcos del sistema capitalista habría beneficios en el desarrollo industrial, pero al mismo tiempo nos alertamos y al pueblo de México sobre los peligros que esta decisión conlleva. En sus orígenes el GATT surge como producto de la decisión de un conjunto de países que resultaron seriamente dañados por los efectos desbastadores de la Segunda Guerra Mundial, y cuyas economías se encontraban en franca recesión, por lo que el impulso al comercio exterior, y al intercambio mutuo les abría posibilidades de reactivación de sus maltrechas economías.
Sin embargo, al paso del tiempo, los países altamente industrializados determinaron por imponer sus condiciones al conjunto de los países participantes en el acuerdo general de aranceles aduaneros y comercio, en perjuicio de las naciones menos desarrolladas, particularmente las que no mantenían relaciones de dependencia colonial con las potencias europeas y los Estados Unidos.
No desconocemos tampoco la lucha de los países en desarrollo por modificar las cláusulas del acuerdo en condiciones de mayor ventaja para la exportación de sus productos y para la importación de aquellos otros que más
convenía introducir a sus mercados internos. Esta lucha quedó plasmada, después de diversas rondas de negociaciones en la parte IV del Tratado que establece mejores condiciones de intercambio en el marco del GATT a los países en desarrollo.
En estos momentos la gran mayoría de las partes contrates del GATT, particularmente los países pobres, cuestionan el proteccionismo y las violaciones al acuerdo en que han incurrido las potencias de sus economías nacionales. Esta situación posiblemente abra de nueva cuenta foros de negociaciones multilaterales entre los países miembros del GATT, para revisar aquellos principios que siguen resultando lesivos a los países en vías de desarrollo.
Sabemos también que los países del campo socialista han ganado mercados en el mundo capitalista, pero la estabilidad de sus mercados internos les permite negociar sus excedentes y allegarse productos que fortalecen los niveles de consumo de sus pueblos.
En el caso de México, su participación en el GATT enfrentaría el peligro de que la soberanía nacional y la Rectoría del Estado en materia económica, se sirvan en charola de plata a las potencias capitalistas altamente desarrolladas para que se sirvan a su antojo nuestras riquezas naturales y capitalicen el trabajo de millones de mexicanos a cambio de elevar el nivel de vida del pueblo trabajador de México.
Una de las consecuencias previsibles de esta decisión gubernamental, será a la que se someterán las pequeñas y medianas industrias que no son fuentes de empleos más permanentes y que están dispuestas a respetar los intereses de sus trabajadores y que con esta medida se verán en peligro de quiebra al no lograr la competitividad y los volúmenes de producción necesarios para la exportación. La quiebra de la pequeña y mediana industria no sólo generaría desempleo masivo, con las consecuencias económicas y políticas que esto implica, sino un serio estrechamiento del mercado interno.
La modernización de la planta industrial, la elevación de la calidad competitiva de la industria nacional, la lucha por asimilar tecnologías que nos hagan cada vez menos dependientes; la captación de volúmenes mayores de divisas, son objetivos justos en los marcos de la aguda crisis que enfrentamos, siempre y cuando se establezca con claridad frente al GATT lo que es negociable y lo que no se puede por ninguna razón de pragmatismo económico, negociar. No hay que desconocer que los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea determinan las políticas comerciales y que se ha aumentado la tendencia al proteccionismo por parte de estos países.
Nadie tiene derecho a negociar la soberanía nacional; nadie tiene el derecho, ni el propio grupo gobernante de negociar la Rectoría del Estado en la economía; nadie tiene el derecho de convertir en letra muerta preceptos constitucionales como los artículos 25, 26, 27 y 28.
Por ello es importante que el pueblo de México conozca los términos de la negociación definitiva con el GATT y que se conozcan y discutan también en esta Cámara de Diputados y no sólo en el Senado.
Decimos que se deben conocer los términos de la negociación, porque todo parece indicar que se trata de una decisión gubernamental irrevocable.
¿Será una adhesión provisional o será definitiva?
¿Qué productos va a colocar México en el mercado internacional y cuáles vendrán en contrapartida?
¿Permitiremos que nos establezcan criterios en el manejo de la política cambiaría por parte del Fondo Monetario Internacional, tal como lo prevé el artículo 15 de acuerdo?
¿Permitirá México que se negocie el renglón de servicios y financiamientos del comercio exterior provocando una trasnacionalización de la banca?
¿Permitirá nuestro país que se le impongan condiciones para reprivatizar la economía?
Estas y otras interrogantes deberán ser discutidas de cara al pueblo trabajador de México y ante esta Honorable Cámara de Diputados.
Pero lo que a nuestro juicio merece mayor atención, es sin lugar a dudas la necesidad de que esta medida no sirva para favorecer los privilegios de la oligarquía industrial exportadora, debe ser consecuentemente aparejada con la decisión de gran trascendencia de otorgarle el valor constitucional que tiene en la práctica el sector social de la economía.
Los problemas de desempleo, de estrechamiento del mercado interno y desigualdad del mercado interno y desigualdad en la distribución del ingreso, sólo podrán ser combatidos en medio de la crisis, por la vía del cambio estructural en las relaciones de propiedad tal como lo establece la Constitución.
Con GATT y sin GATT, el pueblo trabajador de México está dispuesto a salir adelante de esta crisis por vía no capitalista de desarrollo, siempre y cuando se convierta en el artífice de la elevación de sus condiciones de vida mediante su participación organizada y consciente en el sector de la economía que la Constitución ha reservado como propiedad exclusiva de los trabajadores. El Sector Social.
Finalmente queremos manifestar nuestra adhesión a la proposición hecha aquí por el diputado Pascual Moncayo, del PSUM, acerca de que se conozcan en los términos del protocolo de adhesión al GATT, en la Cámara de Diputados antes de ser finado el acuerdo de ingreso al GATT. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la C. diputada Blanca Esponda, del Partido Revolucionario Institucional.
La C. Blanca Esponda Espinosa: -Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados: Hemos escuchado con gran atención
las prolijas inversiones de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra.
Se han vertido en el transcurso de esta sesión, importantes conceptos en torno a la política económica y en particular, en torno a la política comercial.
Sentimos, sin embargo, que ni el cinismo, ni el engaño o la ironía deberían caracterizar nuestro debate y que por el contrario, debiéramos esforzarnos y empañarnos por buscar claridad y honradez en nuestros planteamientos.
En ocasiones la confusión se ha llevado incluso al seno de las propias fracciones parlamentarias en donde han intervenido más de un diputado de la propia fracción y en un caso ha habido un silencioso apoyo a esta intención política, y en otros un rechazo.
Sentimos que esta confusión debiera quedar clarificada para hacer prevalecer el interés nacional por encima de intereses sectáreos, intereses fragmentarios de distintas posiciones meramente partidistas.
No son momentos estos para prejuzgar situaciones que benefician a la nación, sino que por el contrario, consideramos que el interés de la nación, el interés del pueblo de México debe estar por encima de una serie de apreciaciones parciales que nos auguran derrotismo y que por el otro lado también debemos empeñarnos por eliminar de nuestro diálogo actitudes triunfalistas.
Son estos momentos y circunstancias que en lo interno y en lo externo se caracterizan por una delicada complejidad. Delicada complejidad en el comercio exterior, porque hablar del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio es hablar del comercio exterior y de las posibilidades reales que tiene la economía mexicana de participar en el comercio internacional.
Se ha señalado aquí el volumen tan bajo de nuestras exportaciones y de nuestra participación en el comercio internacional. Hemos mencionado que es cierto que hemos sido objeto de una división internacional del trabajo injusta, que no necesariamente favorece nuestros intereses nacionales, pero precisamente es en esta circunstancia en donde radica el peonerismo de México en el escenario internacional. Por eso hemos estado atentos en los foros internacionales para irnos ganando una posición que justamente nos convenga y que satisfaga los intereses internos.
Estamos asistiendo en este momento a un escenario mundial que se caracteriza por un alto proteccionismo, por tecnologías altamente desarrolladas, por una inflación elevada con altas tasas de interés y con grandes barreras arancelarias y no arancelarias, y obviamente por términos de intercambio que desfavorecen los productos procedentes de los países en vías de desarrollo, pero precisamente porque este es el entorno internacional en el que nos estamos moviendo es que a México le preocupa que esté participando en condiciones desventajosas cuando lleva sus negociaciones comerciales a los términos estructuralmente bilaterales, México requiere fortalecer esa relación en el marco de un foro, de un acuerdo multilateral que le garantice condiciones más favorables de trato preferencial en relación con algunos de sus productos y en general en la relación económica internacional particularmente en sus negociaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.
La tradición mexicana en materia de negociaciones internacionales es muy nítida, es transparente, la intención siempre ha sido clara, nuestra presencia no solamente en los foros propios del sistema de las Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, sino nuestra vocación pacifista que se ha manifestado al crear nuevos espacios de negociación para mantener y preservar la paz en la región, como es el caso del grupo Contadora, debiera alentarnos, debiera significar una gran confianza en nuestras propias tradiciones republicanas y democráticas y en nuestra propia tradición diplomática; así como Contadora llenó un vacío de poder, de negociación frente a posiciones radicalizadas en un foro, así también ahora México puede buscar mejores condiciones de intercambio comercial no solamente para ese país, sino para todos los países que se encuentran en condiciones análogas. Esta tradición internacional de México que busca un lugar propio en el escenario internacional responde con toda claridad a una política interna que busca el asentamiento no solamente de la economía sino del mejoramiento en general de las condiciones de vida del pueblo de México. Cuando aquí se ha planteado con razón que hablar de la participación en el GATT significa redefinir algunos conceptos vinculados al sistema económico nacional, diríamos que en efecto estaríamos a una redefinición del sistema que habrá de prevalecer en México en los próximos años y muy probablemente hasta el año 2000, en donde se reafirmará seguramente el rumbo revolucionario que ha caracterizado a nuestra instituciones, a nuestros programas y a nuestras acciones en el terreno político, porque tenemos confianza en nuestra capacidad negociadora, en lo externo y porque tenemos confianza en nuestras instituciones, internas no abrigamos falsas expectativas. Conocemos las limitaciones que nos impone nuestra presencia en los foros internacionales en esta circunstancia actual. pero tampoco aceptamos posiciones derrotistas, porque México es un país adulto. México es un país en el cual han madurado las instituciones, las ideas y nuestra Revolución se perfecciona y se moderniza. Nueva Revolución avanza con paso firme porque de apoyo y solidaridad a todas las fuerzas revolucionarias, porque incorpora las aspiraciones más legítimas y más nobles del pueblo de México. Y precisamente por eso, es que son momentos éstos de cooperación, de solidaridad, de búsqueda de nuevos mecanismos que nos ayuden a redefinir posiciones y a buscar nuevos horizontes hacia el futuro.
Sabemos que contamos con una enorme ventaja comparativa en el marco del comercio internacional y de la economía mundial. Tenemos abundante mano de obra sí, pero no la queremos para establecer en México el país de las maquiladoras. En ningún momento las políticas económicas y comerciales del país han subordinado el interés de la Nación a ningún otro interés externo. Y no será ésta la excepción. En México estamos seguros de que la revolución obedece a sus propios tiempos. Sabemos que los preceptos, la plataforma de principios, nuestra vocación revolucionaria, irán permeando paulatinamente en la conciencia social. Estamos conscientes también, de que la conciencia social no evoluciona al mismo ritmo que los proyectos revolucionarios; que estamos inmersos en un proceso revolucionario, en un proceso de transformaciones graduales en la medida de las posibilidades. No padecemos esa enfermedad tan común de las revoluciones pequeñas o de las revoluciones recientes del infantilismo político Somos una revolución madura y somos, tenemos un proceso político adulto, capaz de buscarse nuevos espacios en el escenario internacional. Por eso, apelamos a la convergencia de las ideas, a los planteamientos que fortalezcan la ideología revolucionaria. Y por eso también, buscamos la armonía entre las distintas posiciones que se han expresado en este foro.
Sabemos sin embargo que es legítimo y muy respetable para todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, externar sus puntos de vista y aún manifestar sus diferencias en lo interno, pero nosotros, como pueblo, como gobierno y como partido en el poder, también somos un partido abierto, somos un frente amplio, dispuesto a escuchar aquellas buenas razones que enriquezcan el planteamiento revolucionario, que orienten los rumbos y los cauces de nuestra Revolución que cada día se perfecciona y cada día avanza más por el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a los puntos peticionarios contenidos en la proposición formulada por el señor diputado Pablo Pascual Moncayo, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, y a la que se adhirió la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Dice lo siguiente: "La Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión acuerda: Único. Solicitar al Poder Ejecutivo Federal que antes de proceder a la firma del protocolo de adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, remita el proyecto de protocolo a la Cámara de Diputados para que ésta lo discuta y emita un juicio sobre su contenido. México, D. F., a 10 de diciembre de 1985. Por el grupo parlamentario del PSUM, firma el diputado Pablo Pascual Moncayo".
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, y en virtud de que la proposición ha sido fundada ya y presentada por su autor, se pregunta si existe algún orador en contra.
En pro, Martín Tavira, en contra el diputado Heriberto Ramos, e inmediatamente después le damos la palabra en pro al diputado Tavira.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ramos.
El C. Heriberto Ramos Salas: - Señor presidente: Honorable Asamblea: En relación a esta propuesta del PSUM de solicitar al Poder Ejecutivo Federal que antes de proceder a la firma del protocolo de adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio remita el proyecto de protocolo a la Cámara de Diputados, para que ésta lo discuta y emita un juicio sobre su contenido.
Nosotros estamos en contra y pedimos a esta Honorable Asamblea que sea desechada en virtud de algunas consideraciones de carácter jurídico, de carácter constitucional.
Aquí se deben de señalar dos aspectos fundamentales: La fracción X del artículo 89 de nuestra Constitución, faculta al Presidente de la República para dirigir negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal.
El Presidente de la República, representa, en tal virtud, al Estado mexicano ante las demás naciones y dirige las relaciones internacionales. También lo faculta para celebrar tratados que una vez ratificados por el Senado, se convierten en la ley suprema de la Nación de conformidad como lo señala el artículo 133 de nuestra Constitución. Esta ratificación claramente, es posterior a la negociación. Así se desprende de la Constitución y el tratado, obviamente, no tendría ninguna validez si éste no es aprobado o ratificado por el Senado.
Además, debemos de decir que la fracción I del artículo 76 señala que son facultades exclusivas, del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en las informaciones anuales que el Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rinden el Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo.
Por su parte, y como señalábamos el artículo 133, señala que la Constitución y las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, será la Ley Suprema de toda la Unión.
De lo anterior se desprende que es facultad exclusiva del Senado la materia que se refiere a la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas. Se nos podría señalar como argumento que el mismo 76
señala que el Senado de la República, analiza la política exterior del Ejecutivo Federal, con base en las informaciones anuales que el Presidente y el secretario del despacho rinden al Congreso, o que el artículo 89, fracción décima de la Constitución al señalar las facultades y obligaciones del Presidente de la República, señala que tiene facultades para dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolo a la rectificación del Congreso Federal. Aparentemente, aquí hay una incongruencia de tipo formal, pues mientras la fracción X del artículo 89 señala que los tratados celebrados con potencias extranjeras se deben de someter a la ratificación del Congreso Federal, la fracción I del artículo 76 y 133 señala que estos únicamente deben de ser sometidos a la aprobación y/o ratificación del Senado.
Nosotros sostenemos que es claro y no deja ningún lugar a ninguna duda que esta facultad es exclusiva del Senado. Los trataristas de derecho constitucional afirman que la incongruencia que surge al hablarse indistintamente del Congreso Federal o del Senado de la República proviene de cuando en nuestro país existía el sistema unicamaral, que después fue modificado al reinstalarse el Senado de la República en 1875, y que quizá por una ligereza del constituyente, permaneció esta aparente contradicción formal a pesar del establecimiento del bicameralismo en nuestro país. Otro razonamiento constitucional que va estrechamente ligado con lo anterior es el de que el constituyente hubiera querido en forma expresa que esta facultad del Senado fuera compartida por la Cámara de Diputados, la hubiera señalado en algunas de las fracciones del artículo 73 constitucional que señala las facultades del Congreso. Sin embargo, no lo hace así, establece desde luego algunas atribuciones conjuntas en materia internacional, pero no la aprobación o ratificación de tratados internacionales.
Pero esto, creo, no quiere decir que la Cámara de Diputados no tenga las facultades desde un punto de vista político de analizar estas materias que son tan trascendentales para la vida de nuestro país. De hecho, durante las últimas 3 horas en este Recinto hemos analizado y debatido desde un punto de vista político el tema del GATT. Aquí las fracciones representadas han emitido sus opiniones y de una manera política se han establecido las posturas de los diferentes partidos.
Por todos los anteriores razonamientos, nosotros solicitamos al pleno de esta cámara, que deseche la propuesta que ha sido presentada. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Como autor de la propuesta del C. diputado Pablo Moncayo.
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Compañeros diputados: Quisiera repetir la propuesta que presentamos, por que creo que la intervención del compañero diputado Heriberto Ramos, no tiene nada que ver con la propuesta que hago, por que lo que estamos planteando nosotros es que antes de que se firme el protocolo esta Cámara de Diputados emita un juicio, y eso desde nuestro punto de vista no se contradice con ninguna de las facultades del Ejecutivo y del Senado, ni mucho menos las pone en cuestión, si nosotros afectamos que efectivamente entre otras las tareas que tenemos como diputados, en revisar todos los acontecimientos trascendentes del país y si estamos de acuerdo como lo señalo el compañero Garduño que esta adhesión al GATT es de trascendencia para el país, que afecta a toda la nación y que nosotros somos representantes del pueblo, podemos emitir un juicio sobre una situación tan relevante, entonces, para puntualizar no estamos poniendo en cuestión ni las facultades del Ejecutivo ni las facultades del Senado cuando asumimos la responsabilidad como representantes del pueblo de emitir un juicio, sobre un elemento tan trascendente.
El C. Presidente: - Para hechos, en los términos del artículo 102, el C. diputado Genaro Piñeiro López.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Señor Presidente; compañeros diputados Yo coincido plenamente con lo que señala el compañero Pascual, en el sentido de que el compañero diputado Ramos, no contestó a la proposición o dio argumentos que negaran la validez de ésta.
En la mañana, cuando llegué al recinto, decía yo a algunos compañeros de la mayoría, con los cuales tenemos buenas relaciones buena amistad, y había compañeros de la oposición, y señalaba: hoy se va a discutir el GATT. Y me decían algunos de ellos: no hombre para qué discutimos lo del GATT si ya estamos adentro. Y yo les decía y si no estuviéramos hoy nos iban a meter adentro. Esa era la conclusión a final de cuentas y el de negar el de que se expresen las diversas opiniones de fondo y representativas del pueblo sobre tan importante acontecimiento en la vida económica de nuestro país.
Yo quiero entender que los poderes que integran a este Estado, son poderes que están armonizados, que están en los marcos de la conjugación de sus funciones, en aras de un mismo pueblo, y no entender que dichos poderes están encontrados unos a otros que disputan en sí la jerarquía fundamental sobre los demás. Y desde ese punto de vista creo que la proposición en ningún momento pide que se someta a voluntad, lo que ya fue, por facultades expresadas del Senado, aprobado, es decir, el hecho, la facultad de entrar al GATT, no vamos a venir a discutirla, aún irónicamente me atrevería a decir que si la opinión después de ser discutido el juicio aquí en la Cámara, después de haberse dado ese análisis al protocolo fuera de éxito, por qué negarse el derecho a tener esas opiniones que refuercen que condicionen o que analíticamente
señalen las diversas opiniones sobre un hecho, repito, ya consumado que es el del ingreso al GATT, pero que pueda tener mayor claridad, no únicamente para quienes estamos aquí, sino para los cientos de miles de trabajadores que las diversas fuerzas representamos y que estamos obligados a ir a explicar las consecuencias y las razones de este acto político. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Martín Tavira, en pro de la proposición. Tiene la palabra.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Frecuentemente ocurre en la Cámara un hecho: se plantea un asunto y se resuelve o se discute sobre otro. Creo que muchos de los que estamos en este cuerpo colegiado hemos estudiado la lógica formal a nivel de la preparatoria. El principio de identidad nos recomienda mantener la misma significación, el mismo concepto, tratándose de un razonamiento.
La proposición del compañero diputado Pascual es muy sencilla, simplemente que antes de firmado el protocolo del gobierno de México para ingresar al GATT, la Cámara dé su opinión de qué carácter. Es una opinión política. No había necesidad de que el compañero Ramos viniera a hacer toda una exposición de derecho constitucional. Con esos razonamientos el compañero Ramos, había que resolver la Comisión de Relaciones Exteriores, porque como la Cámara Popular no tiene facultades en materia internacional, cual ninguna, para qué existe la Comisión de Relaciones Exteriores, hay que disolverla.
Igualmente si la Cámara no va a dar su aprobación respecto del protocolo para el ingreso al GATT porque es una facultad que corresponderá al Senado, qué objeto tiene entonces que estemos discutiendo el problema del ingreso al GATT. Es un problema político. Si esta Cámara constitucionalmente representa al pueblo mexicano, yo pregunto: ¡El pueblo mexicano no tiene interés en discutir este problema que repercutirá indudablemente en la vida futura de la Nación?
Yo creo que andando el tiempo, compañeros diputados, vamos a pasar muchas facultades a la Cámara de Diputados, porque en realidad ¡sobre quién pesan los compromisos internacionales que adquiere el gobierno? sobre nuestro pueblo, sobre la nación en su conjunto; pero bien, esas son cuestiones normales. Yo pienso, en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista, que no se han dado las respuestas a los cuestionamientos que han hecho las diversas fracciones parlamentarias de los grupos de izquierda. No se han demostrado las premisas de donde se pretende partir, para llegar a la conclusión de que el país ganaría en su desarrollo económico y en su desarrollo comercial con el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Hay un error lógico, petición de principio. Yo afirmo señoras y señores diputados, que no han sido demostradas las premisas de donde se parte, ¡cuáles son estas dos premisas? Premisa número uno: con el ingreso al GATT se lograría mayor eficiencia de la planta productiva y, en consecuencia, se abatirían los costos y habría una calidad mayor de los productos manufacturados. Premisa menor al aumentar la eficiencia se incrementaría la capacidad exportadora del país y, por consecuencia, tendríamos mayores accesos a los mercados.
Yo creo que muchos de los diputados del PRI están deslumbrados, creen que con la simple eliminación de las barreras arancelarias, con la liberación del comercio, se eficientizaría la planta productiva al entrar en competencia nuestros empresarios, o los empresarios extranjeros; daría por resultado un mejoramiento de la producción económica del país, se elevaría la calidad de las mercancías y en el extranjero habría mayor demanda. Pero este es un deslumbramiento simplemente, porque en efecto ¡qué han demostrado las experiencias anteriores? los economistas, los especialistas en esta materia, los investigadores, han sostenido estos criterios: de 1977 a 1981, - fijarse bien y yo suplicaría una respuesta de parte de los que abogan por el ingreso de México al GATT -, de 1977 a 1981, se liberalizó el comercio exterior pero no se dieron los resultados esperados.
En realidad ¡qué fue lo que pasó?, crecieron las importaciones de una manera tremenda. En cambio, las exportaciones de manufacturas disminuyeron. Es decir, las consecuencias no fueron las esperadas. Entonces, hay una experiencia señoras y señores diputados. ¡Por qué pretendemos poner como premisa algo que todavía no está demostrado; es más está demostrada la premisa que contradice aquélla de la cual parten los partidarios de que México ingrese al GATT?
Como todos recordamos, en 1981 cayeron los precios del petróleo. El gobierno pudo manejar la situación, porque todavía no ingresábamos al GATT y, en efecto, en esa ocasión se manejo correctamente la política comercial de México, porque se mantuvieron barreras a las importaciones. No se puede improvisar en materia de planta productiva. No se puede decir, como dice el documento del PPS, que con simples buenos deseos o con un simple estimulo exterior vamos a mejorar nuestras técnicas de producción y México va a entrar a una competencia extraordinariamente ventajosa.
México, como dicen los investigadores, está menos preparado ahora para entrar al GATT, que hace algunos años, que por ejemplo en 1979, cuando se planteó. Son experiencias señoras y señores diputados, que no debemos desechar.
En los últimos cuatro años, no creció, no se fortaleció la planta productiva, no se mejoraron las técnicas y además el mercado interno no fue removido de su inercia porque nuestro pueblo no mejoró sus condiciones de vida, y sobre el mercado interno es en el que debía descansar.
El C. Javier Garduño Pérez: - Señor presidente, me permite una interpelación a usted.
El C. Presidente: - Dígame.
El C. Javier Garduño Pérez: - Si me permite, señor presidente, el señor subió para hechos.
El C. Presidente: - No señor, el señor subió en pro de la proposición presentada.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - No, no hechos, yo no pedí la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Subió en pro, y así lo concedió la presidencia, señor diputado Garduño.
El C. Javier Garduño Pérez: - Entonces que se centre en el tema.
El C. Presidente: - Continúe, por favor, señor diputado Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Yo tengo media hora y no estoy fuera del tema, el tema es el GATT, señor diputado. Usted se pasó del tiempo, usted tiene privilegio frente a mí, ¡soy diputado de segunda?
El C. Javier Garduño Pérez: - No señor, está usted faltando al acuerdo parlamentario.
El C. Presidente: - Continúe, señor diputado Tavira, por favor.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Es el señor presidente el que me va a autorizar a utilizar correctamente mi tiempo, y no usted señor diputado. Haga favor de no interrumpirme porque se me fugan las ideas.
Señor diputado Garduño - iba a decir Gatuño por una simple, perdóneme compañero, por un lapsus linguae - . Señor diputado, el problema de la eficacia de nuestra planta productiva no es un problema de mercado exclusivamente, es un problema estructural; se necesitan reformas profundas en el interior del país para que nosotros podamos desarrollar nuestras fuerzas productivas, y luego competir en el exterior. No podemos tratar este problema de una manera simplista, señoras y señores diputados; en primer lugar, yo debo recalcar la tesis del Partido Popular Socialista; se requiere el fomento de nuestra economía, pero con base en los intereses del pueblo mexicano, con base en la ampliación de nuestro mercado interno; y hasta los empresarios inteligentes saben que si se elevan las condiciones de vida del pueblo, que si se elevan las condiciones del pueblo, si se eleva su salario, la población trabajadora tendrá mayor oportunidad de adquirir bienes de consumo y habrá un estímulo real para la producción.
Por otra parte, quisiéramos recalcar este otro hecho: en México la investigación científica y tecnológica no tiene los apoyos suficientes de parte del poder público. Son muy pocas las instituciones las que hacen una verdadera investigación científica y tecnológica. Instituciones de educación superior, dos, o tres si acaso.
Si nosotros examinamos las condiciones que viven las universidades o los tecnológicos de provincia, diremos que esas instituciones a veces no les alcanzan los recursos ni siquiera para pagar su personal docente y administrativo, menos para hacer investigaciones de carácter científico y tecnológico.
Nosotros no vamos a poder competir con el exterior, no vamos a poder competir con las grandes potencias industriales que están muchos años adelantadas, respecto a nosotros, mientras no modifiquemos nuestras estructuras internas, mientras no cambiemos nuestra política.
El Estado tiene que canalizar recursos suficientes para que los centros educativos, para que las instituciones de investigación realmente tomen, como decimos vulgarmente, el toro por los cuernos, y surja en México una verdadera investigación productiva, una investigación fructífera, una investigación fecunda.
Vicente Lombardo Toledano presentó aquí una iniciativa, sobre la creación de la Academia de Ciencias en México. Se aprobó, pero ahí está en los archivos. Nadie ha puesto a funcionar la Academia de Ciencias de México y mientras nosotros no planifiquemos en serio nuestra investigación científica y tecnológica, no vamos a salir de este atraso. El otro camino, el de fincar nuestro desarrollo económico exclusivamente en la competencia extranjera, es caer en una simpleza, y en un espejismo, en una ilusión y, hasta diría yo, en una actitud antipatriótica, porque sabemos muy bien que una competencia, en estos momentos, implicaría para nuestra patria graves quebrantos en su planta productiva.
Yo debo recordar a los señores diputados que se solazan argumentando nimiedades sobre la importancia que tiene para México el ingreso al GATT, que el 90% del control de la producción agrícola industrial alimentaria pertenece a empresas transnacionales, que estas empresas transnacionales controlan aproximadamente 400 productos, que mientras nuestra industria alimentaria esté en manos de esos grandes consorcios extranjeros, nunca vamos a poder elevar las condiciones alimentarias de nuestro pueblo ni vamos a conquistar nuestra independencia económica.
De las 10 empresas más importantes en materia de explotación e importación, la mitad de ellas son empresas trasnacionales y 2 o 3 empresas de la industria textil y las empresas estatales principalmente Pemex, Teléfonos, transporte aéreo y algo de siderurgia. El ingreso al GATT, aunque no se quiera, restringiría el manejo de la política económica soberana de nuestro país. Se ha dicho que no, que se ha dado recomendaciones para que México conserve esa soberanía en todo esto. Pero bien, podemos hablar de que - perdonen la comparación -, de que Antonio López de Santa Anna vendió La Mesilla en 1853 haciendo uso de la soberanía nacional; se puede decir también que Miguel Alemán abrió las puertas al capital extranjero haciendo uso
de la soberanía nacional, y podemos seguir repitiendo ahora que vamos a ingresar al GATT haciendo uso de la soberanía nacional y manteniendo la independencia de nuestro pueblo. Pero esas son falacias, son razonamientos falsos, porque como ya se ha dicho por los propios partidarios de que México ingrese al GATT, México en realidad tiene que renunciar a una serie de medidas que venía tomando so pretexto de abrir las puertas al mercado internacional y en correspondencia para que otros países también la abran.
El ingreso al GATT, compañeros diputados, nos hará más dependientes de los Estados Unidos. México en estos momentos no tiene la capacidad suficiente para exportar manufacturas y, además, porque el manejo del GATT lo hacen las grandes potencias; ellas son las que dan la última instancia, porque en política económica y política económica internacional también rige el principio de que en política lo que cuenta es la correlación de fuerzas y no se va a fincar el poder decisorio del GATT, sino en las grandes potencias y, además ya se ha recordado cómo los Estados Unidos a pesar del GATT, imponen una serie de restricciones arancelarias, porque ellos sí tienen una política proteccionista y la economía de México se va a quebrar aún más si nosotros ingresamos a esa organización. Se ha dicho también de una manera falsa que el GATT no es una organización, sino un acuerdo, bueno, pero ¡acaso ese acuerdo está en topos uranus, o acaso el acuerdo es una entelequia? No señores, el acuerdo está firmado y es practicado por una serie de países, y estos países se reúnen, estos países tienen su comité, es decir, es toda una estructura organizativa en donde los países en desarrollo no tienen la fuerza decisoria, como ya lo he dicho.
Compañeras y compañeros diputados: hemos planteado problemas, hemos planteado cuestionamientos; hemos refutado ideas, pero parece que es un diálogo de sordos, porque cada quien explica su tesis, viene otro diputado y no hace caso de lo que el anterior dijo y lee otro documento, pero no contesta los cuestionamientos. Yo desearía que un diputado de los que defienden esta política de que México ingrese al GATT, viniera a demostrar en realidad, con demostraciones apegadas a la lógica más estricta, que con el ingreso al GATT vamos a mejorar la planta productiva. Primera pregunta. Si se consta sí, ¡por que? Segunda pregunta. ¡Con el ingreso al GATT vamos a abrir al mundo, al comercio exterior, vamos a crecer y, en consecuencia, la economía mexicana se va a volver más pujante?, si se contesta sí, ¡por qué, cuáles son las razones? Nosotros no creemos que el desarrollo económico de la Nación tal como quisieron nuestros próceres, desde Morelos hasta Lázaro Cárdenas, que lucháramos por nuestra independencia política y económica, eleváramos las condiciones de vida de nuestro pueblo y ampliáramos nuestro régimen democrático, no creemos, sinceramente que esas grandes metas de la Revolución histórica, se consigan con este acuerdo sobre aranceles y comercio donde México va a ser envuelto en la vorágine de las ambiciones interimperialistas.
Yo quisiera, señoras y señores diputados, que este debate prosiguiera en la calle, que lleváramos al pueblo nuestras opiniones para que el pueblo se diera cuenta de quién tiene razón y no quedara el debate en las cuatro paredes del Palacio Legislativo, porque ese es un problema que interesa a todo el pueblo de México y no tan solo a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras, porque al fin y al cabo lo que nosotros hagamos hoy, repercutirá en la historia del mañana de nuestro país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señores diputados: En los términos de la fracción II del artículo 58, han hablado respecto a la proposición, en pro el diputado Martín Tavira y en contra el diputado Heriberto Ramos, agotándose con ello los oradores que pueden ser inscritos en términos de pro y contra.
Usted solicita la palabra en términos del artículo 102, diputado Eraclio Zepeda, tiene la palabra.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: - Compañeras diputadas; compañeros diputados: A esta altura del debate, parece ser que el único beneficio que nos dará el GATT será el beneficio de la duda. Sin embargo esa no ha sido la razón por la que he subido a hablar aquí. He subido en hechos para hablar a favor de la propuesta, porque ni el licenciado Ramos, el diputado Ramos estuvo en contra y mi querido amigo Tavira, que estuvo a favor de la propuesta.
¡Cuáles son las razones de nuestra propuesta? Primero, según el artículo 73, fracción XIX, inciso uno, el Congreso de la Unión tiene la facultad para establecer contribuciones sobre el comercio exterior.
Es evidente que la decisión de México al GATT, en concreto, el protocolo que se firme, habrá de tener profundas repercusiones sobre los impuestos en materia de comercio exterior.
2o. El artículo 76, fracción I le da al Senado la facultad exclusiva para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas. Sin embargo, hasta ahora no ha quedado claro que el Senado hará uso de esta facultad para considerarlos protocolos de adhesión de México al GATT como un tratado internacional. De no ser así, el Senado no aprobará el protocolo, sino que esto quedará bajo la exclusiva responsabilidad del Presidente de la República.
3o. ¡Qué diferencia legal existe entre el protocolo de adhesión de México al GATT y el protocolo de adhesión al Fondo Monetario Internacional, cuya modificación autorizó recientemente esta Cámara de Diputados?
No proponemos que esta Cámara apruebe el protocolo, proponemos que discuta y emita
un juicio sobre su contenido. Eso es un derecho elemental de este órgano Legislativo, pero es también su obligación por tratarse de un asunto de máximo interés nacional. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En votación económica, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada por el diputado Pablo Pascual.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición del ciudadano diputado Pablo Pascual Moncayo... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... No se admite a discusión, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaria a dar lectura a los puntos petitorios contenidos en la proposición que presentó el señor diputado José Ángel Conchello, del Partido Acción Nacional.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Dice lo siguiente: "Por lo anterior sometemos a esta Cámara y esperamos que sea aceptada la siguiente proposición: que las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio Exterior se dirijan al Ejecutivo pidiéndole que en el caso especial de aranceles de importación que deban reducirse en función del ingreso al GATT, se escuche previamente y con bastante anticipación la voz de los posibles afectados y den a conocer también a estas dos comisiones para que todos podamos participar en las deliberaciones."
El C. Presidente: - En los términos de la fracción II del artículo 58, esta presidencia consulta a la asamblea si existe registro de orador en pro y orador en contra.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, consulte a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición del ciudadano diputado Conchello... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ....Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - La secretaría proceda a dar lectura a los puntos petitorios contenidos en la proposición que formulara el señor diputado Francisco Hernández Juárez, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Dice: "Proposición, Que la Cámara de Diputados convoque a un foro amplio y democrático para debatir sobre el ingreso o no ingreso de México al acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio GATT. Por la fracción parlamentaria del PPS. Firma el diputado Francisco Hernández Juárez.
El C. Presidente: - En los términos de la fracción II del ya invocado artículo 58 se pregunta a la asamblea si existe orador en pro y en contra.
En pro el diputado Cuauhtémoc Amezcua, tiene la palabra.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente; compañeras y compañeros de Cámara: Me pregunta el compañero diputado Jorge Alcocer, qué sentido tiene mi intervención, sino están aceptando las proposiciones. Y yo le diría que los indicios últimos, puesto que nadie se anotó en contra, quieren decir que esta proposición cuenta con el voto favorable de la mayoría. Pero claro, no nos vamos a guiar por los indicios últimos. Ya en ocasión anterior se había manejado este argumento de la Cámara de Diputados pudiera convocar a un amplio foro, para que en él pudieran expresarse las opiniones de todas las distintas corrientes que existen en nuestro país, las clases sociales, las corrientes políticas fundamentales, y ya antes se había contestado con el argumento de que la Cámara de Diputados no está facultada constitucionalmente para intervenir en asuntos relativos a la política internacional, ya que ésta es facultad del Senado. Quiero de todas formas dar respuesta a este argumento que es el que hubiera usado algún orador de haber venido en contra.
Y la respuesta es sencilla: ¡tiene en la realidad facultades el Senado para realizar cualquier foro de consulta popular? No me refiero a las facultades formales consignadas en algún mandato jurídico, así sea éste el del más elevado rango, sino me refiero a la realidad, a la vida diaria. ¡Puede ejercer en realidad de manera satisfactoria el Senado de la República ese tipo de facultades? Acaba de realizar hace poco una consulta en torno al ingreso al GATT, precisamente, y esa misma consulta es demostrativa de que el Senado no está facultado en la práctica, en la realidad, para realizar ningún tipo de consultas? ¡Qué fue lo que hizo el Senado con esta consulta con relación al GATT? Una total y absoluta simulación. Simuló consultar. Llamó sólo a quienes podían decir sí y una vez que los llamó, les pregunto y dijeron sí, el Senado dijo también sí. Eso nada tiene que ver con las aspiraciones a una vida democrática que aquí hemos expresado representantes de distintos partidos políticos, ni nada tiene que ver con la realidad de un país como el nuestro al que los oradores del PRI a menudo han llamado un país plural; nada tiene que ver una Cámara que no es plural con la realidad de un país como el nuestro.
Esta, la Cámara de Diputados, es por hoy la única institución que existe en la patria mexicana y seguramente lo va a seguir siendo después, la única institución donde están representadas las clases sociales de México, todas ellas, donde están representadas las corrientes políticas de México, todas ellas; el único escenario que se puede considerar democrático, por lo tanto, la única institución que puede con autoridad convocar a consultas institución que pueda hacerlo de manera legítima.
Por esa razón, recurriendo a la vida real, a los hechos reales que muy a menudo rebasan lo planteado en mandatos jurídicos y para prueba ahí está nuestro reglamento interno, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso que constantemente tenemos que atropellarlo porque la vida práctica nos ha puesto muy adelante de ese mandato, la vida práctica cuando rebasa a los mandatos jurídicos no puede ser contenida.
Si no es la Cámara la que convoca a un foro de carácter amplio y democrático, donde se puedan escuchar todas las voces, entonces éstas tendrán que escucharse aún rebasando a la propia Cámara de Diputados; nada puede detener la vida democrática de México. Por está razón, fundamentando en estos argumentos la proposición hecha por mi compañero de partido, el diputado Francisco Hernández Juárez, dejamos constancia del juicio del Partido Popular Socialista respecto a que debiera ser la Cámara de Diputados, debe ser esta institución representativa de la voluntad del pueblo, la que convoque a un foro sobre una materia tan importante para la estrategia del desarrollo industrial futuro de México, como lo es el ingreso o no ingreso al GATT. Muchas gracias. (aplausos.)
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el señor diputado Francisco Hernández Juárez.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza: - Se pregunta a la asamblea, por instrucciones de la presidencia, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el ciudadano diputado Francisco Hernández Juárez... Los que estén por la afirmativa, en votación económica, sírvanse manifestarlo... Desechada la proposición, señor presidente.
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
DICTAMEN DE PRIMERA
LECTURA
LEY ORGÁNICA DEL BANCO
NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
«Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio.
Honorable asamblea: A las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la cual, la propia comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía el presente
DICTAMEN
La iniciativa tiene por objeto otorgar al Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de un nuevo ordenamiento jurídico que, acorde con las actuales condiciones en que opera el sector financiero, norme la vida de éste dentro del marco creado por la nacionalización bancaria.
El propósito fundamental de la iniciativa es normar los objetivos y funciones del banco, ajustándose a las actuales necesidades que imperan en el comercio internacional, reactivando, asimismo, la economía nacional, basada en dar impulso a nuestro comercio exterior.
Asimismo, la necesidad de proporcionar al banco de un nuevo instrumento normativo, surge de la transformación que se ha operado por la aplicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que exige, como consecuencia, que las sociedades nacionales de crédito del sector banca de desarrollo cuenten con una regulación propia.
La iniciativa, tiende a dotar de una estructura moderna y una operación eficiente y accesible a la institución, evitando requisitos y dispositivos rígidos que son fácilmente rebasados por las constantes y variables condiciones económicas del país, que podrían tornar nugatoria la acción social financiera del banco.
Esta iniciativa, al igual que otras de naturaleza semejante, se orienta por los principios de rectoría económica del Estado, economía mixta y planeación democrática consagrados en nuestra Constitución Federal.
El ordenamiento que se dictamina se compone de cinco capítulos. El capítulo primero se refiere a la denominación de la Sociedad, su objeto, domicilio y duración; en general precisa el nuevo carácter del banco, como Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo, vinculándose al sistema nacional de planeación democrática, especialmente al Plan Nacional de Desarrollo y particularmente a los programas nacionales de Fomento Industrial y Comercio Exterior y de Financiamiento del Desarrollo. Como objetivo fundamental del banco, se establece la promoción y financiamiento del Comercio Exterior.
El capítulo segundo, denominado de los objetivos y operaciones, inscribe la nueva
estructura y concepción de la Sociedad como Banca de Desarrollo.
Asimismo, con el propósito de facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, que realice la Sociedad; se establece excepción expresa a lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley Orgánica del Banco de México y 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
En el capítulo tercero, se regulan los capitales social y neto, el capital social se integra con certificados de aportación patrimonial de dos series, la "A" y la "B"; la primera de ellas que representan un 66% del total del capital y sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal. La serie "B" que representa el 34% restante podrá ser suscrito por el Gobierno Federal, y por personas físicas o morales mexicanas.
El capítulo cuarto se refiere a la administración y vigilancia de la Sociedad, se reitera que la administración de la Sociedad corresponde al Consejo Directivo, a un Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior y al director general, en sus respectivos ámbitos de competencia. Aquél se integra por 13 consejeros: nueve representantes de la serie "A". Respecto de los consejeros de la serie "B", en el Reglamento Orgánico se determinarán las normas para su designación.
Se prevé, en los artículos 21, 22 y 23, la existencia del Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, cuyas facultades consisten en evaluar y proponer las políticas sobre el otorgamiento de créditos y garantías para apoyar el Comercio Exterior del país; recomendar los riesgos máximos de responsabilidad por seguros y garantía de crédito del país; sugerir cuando una operación de exportación debe considerarse de interés nacional; y considerar aquellas operaciones que por sus propias características no correspondan a la práctica internacional común de otros países exportadores, sugerir la participación en las actividades inherentes a la promoción del Comercio Exterior, tales como difusión, estudio de productos y servicios exportables, sistemas de ventas, apoyo a la comercialización y organización de productos, comerciantes, distribuidores y exportadores.
En el capítulo quinto se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la interpretación de la ley, así como expedir las disposiciones que exija su adecuada aplicación, oyendo la opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Por otra parte, se establece que la propia Secretaría de Hacienda dictará los lineamientos conforme a los cuales se formulen los programas, presupuestos y estimaciones de la Sociedad. Se concede atribución específica a dicha dependencia para autorizar las asignaciones de recursos dentro de la filosofía de flexibilidad y autonomía de gestión, indispensable para el eficaz funcionamiento del banco.
Por último, estas comisiones que dictaminan desean resaltar la importancia que reviste a la economía nacional y el impulso al comercio exterior, la función fundamental que al Banco Nacional de Comercio Exterior se le ha asignado.
El banco para alcanzar los objetivos señalados en la política actual, dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, actuará como Institución de Banca de Desarrollo del Comercio Exterior coordinando los apoyos financieros y de garantía del Gobierno Federal que se destinan a esta actividad; seguirá realizando operaciones de mayoreo y del sector público y apoyando operaciones del sector privado que no puedan ser atendidas por instituciones de Banca Múltiple, realizará funciones de redescuento en las operaciones de financiamiento, de exportaciones e importaciones que le presenten las sociedades nacionales de crédito; participará en el restablecimiento de los flujos financieros y comerciales con países compradores de productos mexicanos o proveedores de bienes y servicios; fungirá como órgano de consulta en materia de comercio exterior, como agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos; participará en el capital social de empresas de comercio y fomentará, en todos sus aspectos el comercio exterior del país.
Las comisiones que dictaminan proponen, sin embargo, modificaciones a algunos de los artículos de la iniciativa que se estiman necesarias para esclarecer su alcance y precisar su sentido, así como para mantener congruencia entre las diversas disposiciones del proyecto y con otros que han sido ya aprobados por este Congreso de la Unión.
En el sentido mencionado en primer término, se propone la modificación al artículo 6o., fracciones IV y VII, referentes a las facultades del Banco Nacional de Comercio Exterior para la realización de su objeto mediante su participación en el capital social de empresas o a través del otorgamiento de apoyos financieros a las empresas relacionadas con el sector del comercio exterior mexicano a que dichos preceptos se refieren, con el propósito de que quede en claro que se trata de apoyo a las exportaciones mexicanas, pues estiman las comisiones que el banco que nos ocupa debe robustecer la participación de todos los factores del comercio exterior, autoridades y ejecutores.
Se propone la enmienda del artículo 11, tercer párrafo, en el sentido de señalar expresamente que la serie "B" del capital del banco podrá ser suscrita por los gobiernos de las entidades federativas y municipios, tal como se señala en el cuarto párrafo de dicho proyecto. Asimismo, se agregaría la aclaración de que las personas físicas o morales que pueden suscribir dicha serie, serán preferentemente
las relaciones con el sector de comercio exterior.
Asimismo, se piensa necesario mantener en forma expresa la correlación de preceptos del proyecto en varias materias. De esta forma, se propone agregar al artículo 7o., fracción II, la mención expresa del artículo 32, a fin de que la participación del banco en el capital social de empresas se limite a los proporciones, requisitos y porcentajes establecidos en el artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Finalmente, al artículo 20, fracción III, se le corrige la cita de un artículo 36 inexistente, por la del artículo 32 al que debe referirse: adicionalmente se anexa una fracción XVI, al artículo 6o., en donde se faculta al banco para actuar como árbitro en las controversias del comercio exterior, pasando la actual XVI a convertirse en XVII, ello en cumplimiento a lo señalado en el artículo 2o. transitorio del decreto que abroga la Ley del Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
Dadas las consideraciones anteriores, las suscritas comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, se permiten someter a la aprobación de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DEL BANCO
NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR
CAPÍTULO I
De la sociedad, denominación,
objeto y domicilio
Artículo 1o. La presente ley rige al Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 2o. La Sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial de los programas nacionales de Financiamiento del Desarrollo y de Fomento Industrial y de Comercio Exterior, para promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente ley.
Artículo 3o. El Banco Nacional de Comercio Exterior, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad.
La operación y funcionamiento de la Institución, se realizarán con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar el servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el artículo 3o., de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que determine en su Reglamento Orgánico, pero podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5o. La duración de la sociedad será indefinida.
CAPÍTULO II
Objetivos y operaciones
Artículo 6o. Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior comprendiendo la preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios; en el ejercicio de su objeto estará facultado para:
I. Otorgar apoyos financieros;
II. Otorgar garantías de crédito y las usuales en el comercio exterior;
III. Proporcionar información y asistencia financiera a los productores, comerciantes, distribuidores y exportadores, en la colocación de artículos y prestación de servicios en el mercado internacional;
IV. Cuando sea del interés el promover las exportaciones mexicanas, podrá participar en el capital social de empresas de comercio exterior, consorcios de exportación y en empresas que otorguen seguro de crédito al comercio exterior, en los términos del artículo 32 de esta ley;
V. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales a las empresas dedicadas a la exportación.
VI. Otorgar apoyos financieros a los exportadores indirectos, y en general, al aparato productivo exportador, a fin de optimizar la cadena productiva de bienes o servicios exportables;
VII. Cuando sea de interés promover las exportaciones mexicanas, podrá otorgar apoyos financieros a las empresas comercializadoras de exportación, consorcios y entidades análogas de comercio exterior;
VIII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y privado;
IX. Podrá ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, ya sea que éstos sean otorgados por instituciones del extranjero, privadas, gubernamentales e intergubernamentales;
X. Participar en la negociación y, en su caso, en los convenios financieros de intercambio compensado o de créditos recíprocos,
que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito público;
XI. Estudiar políticas, planes y programas en materia de fomento al comercio exterior y su financiamiento, y someterlos a la consideración de las autoridades competentes;
XII. Fungir como órgano de consulta de las autoridades, competentes, en materia de comercio exterior y su financiamiento;
XIII. Participar en las actividades inherentes a la promoción del comercio exterior, tales como difusión, estudio de productos y servicios exportables, sistema de venta, apoyo a la comercialización y organización de productores, comerciantes distribuidores y exportadores;
XIV. Opinar, a solicitud que le formulen directamente las autoridades competentes, sobre tratados y convenios que el país proyecte celebrar con otras naciones, en materia de comercio exterior y su financiamiento;
XV. Participar en la promoción de la oferta exportable;
XVI. Cuando se le solicite podrá actuar como conciliador y árbitro en las controversias en que intervienen importadores y exportadores con domicilio en la República Mexicana; y
XVII. Las demás que confieran esta ley, otras y sus reglamentos respectivos.
artículo 7o. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o., anteriores, la Sociedad podrá:
I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo las realizará con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y del uso de los servicios que presta el sistema bancario nacional, de manera que no se produzcan desajustes en el sistema de captación de recursos del público en los términos del artículo 31 de dicha Ley Reglamentaria;
II. Participar en el capital social de empresas; en los términos de la fracción IV del artículo 6o. anterior y del artículo 32;
III. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional, y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual les serán aplicables las disposiciones legales respectivas;
IV. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia su sector, conforme a las disposiciones legales aplicables;
V. Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades;
VI. Otorgar garantías previas a la presentación de una oferta, sostenimiento de la oferta, de ejecución, de devolución y al exportador; y
VII. Realizar las actividades análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 8o. Como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el inciso a), de la fracción XVIII del artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, en los contratos que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, está podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y fideicomisaria y realizar operaciones con la propia Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos y mandatos.
La Sociedad, a solicitud expresa de los gobiernos de las entidades federativas, podrá realizar las mismas funciones de fiduciario, mandatario, depositario y administrador de los recursos que dichas entidades federativas establezcan en apoyo al comercio exterior.
Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá las bases para la determinación de las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y otros conceptos análogos, montos plazos y demás características de las operaciones activas y de servicios que realice la Sociedad para cumplir el objetivo que se ha encomendado en su carácter de banca de desarrollo, en los artículos 3o. y 6o. de esta ley. Asimismo, corresponde a la propia Secretaría el establecimiento de las bases para la determinación de las características de las operaciones pasivas que no impliquen captación de recursos del público, como excepción de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y 14 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados en el párrafo anterior, respecto a los recursos que capte del público que estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México.
Artículo 10. El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo:
I. Con personas físicas o morales nacionales; y
II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales.
CAPÍTULO III
Capital social
Artículo 11. El capital Social del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará representado por certificados
de aportación patrimonial en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico.
La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en su título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno Federal.
La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno Federal por los gobiernos de las entidades federativas y municipios, o por personas físicas o morales mexicanas de los sectores social y privado dando preferencia a las relacionadas con el comercio exterior.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una proporción mayor de la establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 12. El capital neto a que se refiere en el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Artículo 13. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa o indirecta de extranjeros.
Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B".
CAPÍTULO IV
Administración y vigilancia
Artículo 15. La Administración del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, estará encomendada a un Consejo Directivo, aun Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 16. El Consejo Directivo estará integrado por trece consejeros distribuidos de la siguiente forma:
I. Nueve consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:
a)El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo.
b)El Secretario de Comercio y Fomento Industrial quien tendrá el carácter de vicepresidente.
c)Los titulares de las secretarias de: Programación y Presupuesto; Agricultura y Recursos Hidráulicos; Relaciones Exteriores; y de Energía, Minas e Industria Paraestatal; y los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Exterior, así como el director general del Banco de México.
Cada consejero de la serie "A" titular de una secretaría designará su suplente. En caso distinto se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del servicio Público de banca y Crédito.
II. Cuatro consejeros de la serie "B" que serán designados en los términos que al efecto establezca el Reglamento Orgánico.
Los consejeros de la serie "B" durarán en su cargo un año y podrán continuar hasta que sean sustituidos.
Por cada consejero propietario se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los propietarios.
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Directivo de la Sociedad.
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al consejero sustituido.
Artículo 17. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes, y sesionará válidamente con la asistencia de siete consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos de los nombrados por la serie "A".
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.
Artículo 18. No podrán ser consejeros:
I. Las personas que se encuentren en los casos señalados por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; y
II. Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad.
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido durante el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga designación del consejero propietario.
Artículo 19. El consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el artículo 20 y demás de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y XI del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público
de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del director general.
Artículo 20. También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes:
I. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el director general;
II. Autorizar el otorgamiento de las garantías a que se refieren las fracciones II del artículo 6o. y VI del artículo 7o., de esta ley.
III. Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refiere la fracción IV del artículo 6o., la fracción II del artículo 7o., y el artículo 32 de la presente ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes;
IV. Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la Sociedad que le presente el director general, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
V. Las demás que prevea el Reglamento Orgánico.
Artículo 21. El Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, órgano delegado del Consejo Directivo, estará integrado por cinco consejeros propietarios que serán el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien lo presidirá; el Secretario de Hacienda y Crédito Público; el Secretario de Relaciones Exteriores; el director general del Banco de México y el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. Cada Consejero propietario designará a su respectivo suplente, que corresponderá al funcionario de jerarquía inmediata inferior al titular.
Artículo 22. El comité se reunirá por lo menos una vez al mes o con una mayor periodicidad si la importancia de los asuntos así lo amerita; sesionará plenamente con la asistencia de tres de sus miembros, consejeros titulares.
Artículo 23. El Comité de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior, tendrá las siguientes facultades:
a) Proponer políticas sobre el otorgamiento de créditos y garantías para apoyar el comercio exterior del país.
b) Recomendar los riesgos máximos de responsabilidad crediticia por país, en aquellas operaciones de exportación.
c) Recomendar los riesgos máximos de responsabilidad por seguros y garantía de crédito por país.
d) Sugerir cuándo una operación de exportación debe considerarse de interés nacional.
e) Considerar aquellas operaciones que por sus propias características no correspondan a la práctica internacional.
f) Sugerir la participación en las actividades inherentes a la promoción del comercio exterior, tales como difusión, estudio de productos y servicios exportables, sistemas de ventas, apoyo a la comercialización y organización de productores, comerciantes, distribuidores y exportadores.
g) Crear comités consultivos regionales con la participación de los exportadores organizados.
Las demás que el Consejo Directivo le encomiende.
Artículo 24. El director general será designado por el Ejecutivo Federal a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recrear ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Artículo 25. El Director General tendrá a su cargo la administración y representación legal del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Consejo Directivo al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones:
I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio;
II. Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo;
III. Llevar la firma social;
IV. Actuar como Delegado Fiduciario General;
V. Las que le delegue el Consejo Directivo; y
VI. Las que le señale el Reglamento Orgánico de la Institución.
Artículo 26. La vigilancia de la sociedad estará encomendada a dos comisarios designados; uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente.
Artículo 27. En los términos del artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de
Crédito, institución de banca de desarrollo tendrá una Comisión Consultiva.
Artículo 28. Los consejeros, el director general, los subdirectores generales, los directores, los gerentes y los delegados fiduciarios del banco, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio en representación del mismo, cuando las posiciones y las preguntas se formulen por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen las autoridades respectivas.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Artículo 29. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente ley, y podrá expedir las disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma.
Artículo 30. Las operaciones y servicios de la Sociedad, se regirán por lo dispuesto en la presente ley, y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones aplicables.
Artículo 31. La sociedad formulará anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca.
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de los programas y presupuestos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la Institución en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 32. La Participación en el capital social de empresas a que se refiere la fracción IV del artículo 6o. y la fracción II del artículo 7o. de esta ley, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Las inversiones a que se refiere este artículo, sólo computarán para considerar a las emisoras como empresas de participación estatal, cuando el Ejecutivo Federal emita el acuerdo respectivo en el que se declare que las empresas en los términos de las disposiciones aplicables se les ha considerado como entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 33. Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. la Sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto de esta ley le encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos, no se considerarán remanentes de operación.
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos u medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados con fundamento en las disposiciones aplicables, continuarán en vigor hasta que no sean revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes.
Artículo tercero. El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente ley. Hasta en tanto, continuará en vigor el expedido el 26 de julio de 1985.
Artículo cuarto. En tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere el artículo anterior, el domicilio social del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será la ciudad de México, Distrito Federal.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 9 de diciembre de 1985.
Presidentes, Javier Garduño Pérez; secretario, Alfonso Reyes Medrano; Jesús Alcántara Miranda, Amilcar Aguilar Mendoza, Mariano Aguilar Mendoza, Graciano Bortoni Urteaga, J. Rodolfo Budib Lichtle, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Jorge Cárdenas González, Francisco Contreras Contreras, César del Ángel Fuentes, Justino Delgado Caloca, Dante Delgado Rannauro, Soledad del Río Herrera, Homero Díaz Córdova, Edeberto Galindo Martínez, Javier Lobo Morales, Jesús Martínez Alvarez, Rodolfo Menéndez Menéndez, Janitzio Mújica Rodríguez, Pedro Ordega Chavira, José de Jesús Padilla Padilla, Carlos Palafox Vázquez, Héctor Pérez Plazola, Adner Pérez de la Cruz, Humberto Ramírez Rebolledo, Cirilo Rincón Aguilar, Rafael Sainz Moreno, David Serrano Acosta, Lorenzo Serrano Gutiérrez, Germán Sierra Sánchez, María Luisa Solís Payán, Félix Torres Haro, Juan Manuel Tovar Estrada, José Valenzuela Camilo, Juan Carlos Velázco Pérez, Pedro Zamora Ortiz, Murguía González Pastor, Ricardo Regalado Hernández, Alejandro Gazcón Mercado.»
El C. Ricardo Cervantes García: - Queremos solicitar la dispensa a la primera lectura del dictamen.
El C. Presidente: - Yo quería informarle a usted y a la asamblea, que se está procediendo a la primera lectura, en virtud que se ha recibido en la presidencia una proposición de dispensa de segunda lectura.
Continúe, señor secretario.
El C. secretario Reyes Rodolfo Flores Zaragoza:
Trámites: - Es de primera lectura.
El mismo C. Secretario: - Aquí está un escrito por varios diputados que dice lo siguiente:
"Honorable asamblea: Las Comisiones Unidas de Comercio, de Hacienda y Crédito Público recibieron el pasado día 19 de noviembre del turno de Oficialía Mayor, conteniendo la iniciativa del Ejecutivo Federal referente a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.
Se han desarrollado diversas reuniones de comisiones, entrevistas con funcionarios del Poder Ejecutivo y conferencias con miembros de la honorable colegisladora, con el propósito de ampliar los criterios que fundaran la iniciativa de ley, al proyecto de dictamen y diversos puntos que se han considerado procedentes.
Fue debidamente solicitada a la presidencia de la Cámara el que se listara para primera lectura el proyecto ya terminado de dictamen, y que al considerar que ha sido amplia y suficientemente analizada y con el propósito de contribuir el desahogo del problema legislativo de este período de sesiones, solicitamos con fundamentos en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se le dispensa la segunda lectura y sea puesta, desde luego, a discusión.
Firman los diputados Nicolás Reynés Berezaluce, Javier Garduño Pérez, Luis Orcí Gándara, Adolfo Reyes Medrano, Agustín Leñero, Rafael López Zepeda y una firma que no tiene nombre".
El C. Presidente: - Está a discusión la proposición presentada.
Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello de Flores.
La C. Consuelo Botello de Flores: - Ciudadano presidente; compañeros diputados: Realmente la labor legislativa en este último mes de diciembre es abrumadora, así lo entendemos pero estamos, creo yo, conscientemente preparados para esta labor. Para lo que no debemos estar preparados y lo que yo considero que no debemos aceptar es que nuestras decisiones sobre las leyes sean tomadas al vapor, que legislemos sin tener un amplio conocimiento de causa. Esta ley nos fue entregada esta mañana o este medio día, es cierto que nuestros compañeros, tenemos algunos compañeros que están en las comisiones y han estado asistiendo a ellas, pero nosotros en la diputación del PAN, en el grupo parlamentario del PAN después de que nuestros compañeros han ido a comisiones traen a la diputación las opiniones, las ideas y los planteamientos que se hacen también para todos los compañeros y se escucha la voz de todos; entonces cuando la ley, según el orden del día, se va a someter a discusión nosotros tenemos una previa discusión de tales leyes, y en este caso concreto no ha sucedido así. Hoy venía en el orden del día para una primera lectura, no para someterse a discusión. Y creo yo que con esta lectura no estamos la mayor parte de los diputados que no estamos preparados para emitir un juicio que implique una votación a conciencia de tal ley.
Entonces, yo estoy en contra de tal propuesta, invito a mis compañeros que aunque dilatemos un poco más nuestra labor legislativa, todavía tenemos suficientes días del mes de diciembre, pues todavía podemos estar hasta el 29 o 30, esta ley se deje para una segunda lectura y para someterse a discusión cuando así lo sea establecido previamente en el orden del día. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos el diputado Garduño.
El C. Javier Garduño Pérez: - Señor presidente; honorable asamblea: Esta ley ha sido discutida ampliamente en el seno de las comisiones en donde están representadas todas las fracciones parlamentarias. Esta ley fue entregada a estas comisiones unidas el día 19 de noviembre, ayer estuvimos analizando el dictamen que hoy sometemos, hemos sometido a esta honorable asamblea y se propuso por el de la voz la posibilidad de que de una vez en la primera lectura en este día también se leyera y se discutiera en segunda lectura.
Estuvimos consultando, precisamente con los de Acción Nacional, con el diputado Conchello que no lo veo, con el diputado Rubiano, con el diputado Ramírez Rebolledo y todos estuvieron de acuerdo, no se trata de ninguna manera de estar legislando al vapor, nosotros no tenemos ningún interés de darle prisa a estas cosas y somos responsables de hacer un trabajo profesional profundo, si esto lo consideran lo señores de Acción Nacional que se está legislando al vapor, yo creía que deveras habían estado trabajando profundamente en estos trabajos, pero si no les alcanza el tiempo a los señores, yo retiro definitivamente esta propuesta y quiero pedirle aquí a la presidencia que dé por retirada esta propuesta para que hoy se vea y se discuta, la retiramos.
El C. Presidente: - Retirada la proposición que se había presentado.
Tiene la palabra para hechos el diputado Humberto Ramírez Rebolledo.
El C. Humberto Ramírez Rebolledo: - Señor presidente; compañeros diputados: Quiero dejar en claro que la afirmación del diputado Garduño en el sentido de que nos hace falta tiempo para estudiar las iniciativas, carece de fundamento, ustedes encontrarán en el dictamen una serie de cambios propuestos y creo que todos o la mayoría de ellos fueron hechos en el seno de la comisión por quien les habla.
Tiempo hemos tenido para estudiarla, lo que ayer le decía yo al diputado Garduño, era que en lo particular yo no tendría ninguna objeción a que hoy se discutiera, puesto que hemos hecho nuestras observaciones y nuestro análisis, lo que yo le decía que era en términos de los demás compañeros diputados y del procedimiento que es normal de por lo menos dejar 24 horas, era algo irregular y yo no estuve de acuerdo en que se llevara a propuesta de ser discutida en esta sesión y realmente me extraña que me diga que estuvimos de acuerdo.
Originalmente el planteamiento en lo personal no me afectaba por el hecho de haber analizado dentro de su vastedad y de sus ideas el contenido de la iniciativa. Pero en lo demás, quiero dejar asentado que es una falsa afirmación. Muchas gracias.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL
CAMPEONATO MUNDIAL
DE FÚTBOL 1986
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del Ejecutivo Federal de decreto que establece las características de las nuevas monedas de oro y de plata y la de cuproniquel conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol que se celebrará en nuestro país en el año de 1986.
La comisión atendiendo a las consideraciones que se mencionan en la exposición de motivos de la iniciativa y a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, ha elaborado un proyecto de decreto, por lo que somete a la consideración de esta asamblea el siguiente
DICTAMEN
La Iniciativa objeto de análisis, señala que el Congreso de la Unión, mediante el decreto correspondiente, señalo las características de diversas monedas en oro y en plata, conmemorativas del expresado Campeonato Mundial de Fútbol. En aquella ocasión, se dijo que con las monedas emitidas se aprovecharía la oportunidad que brindaba el mercado numismático internacional, Ahora el tiempo ha demostrado el éxito tenido en la comercialización de las aludidas monedas, por lo que aprovechando igualmente dicha situación, se pretende emitir tres nuevas monedas en metales finos, de oro y una de plata.
El análisis y reflexión del anterior hecho nos lleva a apreciar la importancia que en estos momentos tiene la captación de divisas del extranjero, por lo que resulta de mayor importancia el buscar opciones en la comercialización internacional de metales finos amonedados. Además, otro elemento que se estima relevante en la emisión de las monedas que propone iniciativa, es que con ellas, se iniciaría la colocación internacional de monedas mexicanas en metales finos puros. Por otra parte y tomando en cuenta los programas de comercialización que se tiene en práctica para la colocación de los veintiún diversos tipos de monedas emitidas para conmemorar el referido acontecimiento, las nuevas piezas servirán para completar sendos juegos en oro y plata, de cuatro diferentes suertes de un cuarto, media, una y dos onza troy. De igual manera, la emisión de las nuevas monedas, como se ha comentado en diversos dictámenes a otra iniciativa del Ejecutivo Federal, fortalecerá la comercialización internacional de las monedas mexicanas en metales finos.
De la comparación de esta iniciativa y de la que por separado presentó el Ejecutivo referentes a la emisión de monedas conmemorativas del 175 aniversario de la iniciación de la Independencia y el 75 aniversario del Comienzo de la Revolución Mexicana, se desprende una diferencia en el valor nominal de monedas con características semejantes: específicamente las monedas de cuproniquel a que se refiere el artículo cuarto de esta iniciativa y el segundo de la que se menciona, pues los valores son de 500 y 200 pesos respectivamente. La comisión considera que no hay ninguna razón para tal diferencia y que debe corregirse el valor nominal de la moneda de cuproniquel a que se refiere esta iniciativa en el artículo cuarto para que sea de 200 pesos; ello evitaría confusiones en el mercado pues tiene poder liberatorio.
Asimismo la comisión considera necesario modificar la tolerancia en el peso de las monedas acuñadas en metales finos de conformidad con los criterios y estándares generales adoptados internacionalmente; igualmente, se corrijan pequeños detalles de prestación y referencia de la iniciativa.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE
ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS NUEVAS MONEDAS DE ORO
Y DE PLATA Y LA DE CUPRONIQUEL
CONMEMORATIVAS DEL XIII
CAMPEONATO MUNDIAL
DE FÚTBOL 1986
Artículo primero: Se autoriza la emisión de monedas de oro con valor nominal de dos mil pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986, de acuerdo con el artículo 2o., inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 40.0 mm. (cuarenta milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de oro.
Contenido: 2 (dos) onzas troy de oro puro.
Peso: 62.206 g. (sesenta y dos gramos doscientos seis miligramos).
Tolerancia en ley 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso : Por unidad; 0.390 g. (trescientos noventa miligramos); por conjunto de mil piezas 7.7 g. (siete gramos siete décimos) ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". En el marco sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Reverso: Al centro un balón de fútbol teniendo a cada lado un círculo, en el de la izquierda está impreso el mapa del continente Americano, y el de la derecha el de Europa, África, Asia y Oceanía, ambos círculos llevan sobrepuesto trazos en franjas horizontales; en el campo superior siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", al centro en la parte superior en conjunto, el signo de "$". el número "2000" y abajo de éstos el texto " Ley 999"; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; en el campo inferior el logotipo "México 86", abajo de éste el año de acuñación y paralela al marco la leyenda "2 onzas oro puro"; el marco liso.
Artículo segundo. Se autoriza la emisión de monedas de oro con valor nominal de un mil pesos, conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986, de acuerdo con el artículo 2o., inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 32.0 mm. (treinta y dos milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de oro.
Contenido: 1 (una) onza troy de oro puro.
Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos).
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.250 g. (doscientos cincuenta miligramos); por conjunto de mil piezas: 5.2 g. (cinco gramos dos décimos), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". En el marco sesenta y ocho gráfilas escalonadas.
Reverso: Al centro un balón de fútbol teniendo a cada lado un círculo, en el de la izquierda está impreso el mapa del continente Americano y en el de la derecha el de Europa, África, Asia y Oceanía, ambos círculos llevan sobrepuestos trazos de franjas horizontales; en el campo superior siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", al centro en la parte superior en conjunto, el signo de pesos "$", el número "1000" y abajo de éstos el texto "Ley .999"; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Monedas de México "M"; en el campo inferior el logotipo "México 86", abajo de éste el año de acuñación y paralela al marco la leyenda "1 onza oro puro"; el marco liso.
Artículo tercero. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de dos cientos pesos, conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986, de acuerdo con el artículo 2o., inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señala:
Diámetro: 48.0 mm. (cuarenta y ocho milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
Contenido: 2 (dos) onza troy de plata pura.
Peso: 62.206 g. (sesenta y dos gramos doscientos seis miligramos).
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso: Por unidad: 0.350 g. (trescientos cincuenta miligramos); por conjunto de mil piezas: 6.1 g. (seis gramos un décimo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro un balón de fútbol tenido a cada lado un círculo, en el de la izquierda está impreso el mapa del continente Americano y en el de la derecha el de Europa, África, Asia y Oceanía, ambos círculos llevan sobrepuestos trazos de franja horizontales, en el campo superior siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa del Mundial de Fútbol", al centro en la parte superior en conjunto, el signo de pesos "$", el número "200" y abajo de éstos el texto "Ley .999"; en la parte inferior derecha el símbolo
de la Casa de Moneda de México "M"; en el campo inferior el logotipo "México 86", abajo de éste el año de acuñación y paralela al marco la leyenda "2 onzas plata pura", el marco liso.
Artículo cuarto. Se autoriza la emisión de monedas de cuproniquel con valor nominal de doscientos pesos. conmemorativa del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986, de acuerdo con el artículo 2o., inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 29.5 mm. (veintinueve milímetros cinco décimas).
Composición: 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre, y 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
Peso: 17.0 g. (diecisiete gramos).
Tolerancia en ley: 0.015 (quince milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso: 0.490 g. (cuatrocientos noventa miligramos) por unidad, en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro en composición, una jugada de fútbol en donde, caído sobre su mano derecha un portero, un jugador ofensivo y un defensivo disputan un balón: centrados en el campo inferior debajo de la composición el logotipo "México 86" y abajo de éste el año de acuñación; en la parte izquierda centrados con respecto al eje horizontal en conjunto, para leerse en dirección vertical el signo de pesos "$" y el número "20"; siguiendo el contorno del marco, centrada en el campo superior, la leyenda "Copa Mundial de Fútbol", centrado en la parte derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M"; el marco liso.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 5 de diciembre de 1986.
Luis Manuel Orcí Gándara, presidente; David Jiménez González, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alaniz González, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Carlos Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Ángel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras Máximo de León Garza, Dante Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Ángel Sergio Guerrero Mier, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Jorge Ortiz Gallegos, José Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, José Ángel Pescador Osuna, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Rubén Rubiano Reyna, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Humberto Salgado Gómez.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos, ruego a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen ... Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia está a discusión en lo general. se abre el registro de oradores.
Registro de oradores en pro.
Tiene la palabra en contra el diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Parecería que en un asunto de poca monta no habría necesidad de entrar a un debate serio. Se trata simplemente de ver si las características de una moneda están bien, son aceptables; pero no es un problema numismático, es un problema político, porque en el fondo de todo esto está una política equivocada de favorecer a un monopolio mexicano o antimexicano de televisión que es el que ha promovido este evento; porque claro, va a salir muy beneficiado con muchos millones de pesos.
Nosotros desde hace muchos años, hemos estado denunciando en todos los niveles, en todas las instancias, el grande perjuicio que se causa al pueblo y a la nación la tolerancia de este monopolio que está desnacionalizando a nuestro pueblo, porque todos los días una línea programática totalmente contraria a los intereses de México, a los intereses de nuestra conciencia nacional, a los intereses
de nuestra cultura, a la defensa, en suma de nuestro ser nacional.
Nosotros nos preguntamos, la fracción parlamentaria del PPS, que ¿cómo es posible que todo un aparato del gobierno se ponga al servicio de un monopolio televisivo, que es dueño de enormes instalaciones deportivas que maneja equipos deportivos con fines exclusivamente comerciales, y ahora con la alta tecnología que la televisión ha conquistado engrandece más su radio de acción?
¿Quién ignora que el satélite Morelos está al servicio de este monopolio antimexicano? Nosotros estamos en contra de este dictamen por todo lo que significa, inclusive hasta acuñar monedas para conmemorar el acontecimiento. No es un evento deportivo juvenil, limpio, tiene un significado tremendamente comercial, porque como ya se ha dicho, la FIFA en realidad es un comité de consorcios económicos mercantilistas que lo único que buscan es aprovecharse de estos eventos para seguir acrecentando su capital y, particularmente en México, el consorcio de Televisa, que además no paga impuestos, sacará una gran tajada de este evento que va a tener lugar el próximo año. No estamos en contra del deporte, es más, nosotros criticamos el hecho grave de que en México no haya una auténtica política deportiva, no hay una planeación deportiva de tal manera que la niñez y la juventud, no tan sólo, la niñez y la juventud, inclusive los adultos, tengan derechos al deporte. ¿Cuántas veces nosotros vemos al recorrer nuestro país, cómo los jóvenes a su saber y entender, practicaban los deportes, hacen sus campeonatos sin que tengan ningún apoyo de carácter técnico?; para acabar de empeorar las cosas, con motivo de la reordenación administrativa se suprimió - si no estoy equivocado - la subsecretaría del deporte.
Yo pregunto ¿a cargo de quién está la dirección de la educación deportiva de México? Se dirá que a cargo de la Secretaría de Educación Pública, así nada más, en forma abstracta. Hay países en donde existe toda una Secretaría de Juventud y Deporte, porque esta es una actividad muy importante. Nos damos cuenta los tumbos que va dando la Escuela Superior de Educación Física, sin apoyos económicos fuertes, para que realmente el trabajo de esta institución responda a los requerimientos del país.
Se acaba de fundar una escuela de entrenadores deportivos que ni siquiera está aceptada oficialmente. No tiene apoyos económicos y no sabemos si los estudios que se van a realizar ahí tengan el reconocimiento oficial posteriormente.
¿Cuántas escuelas deportivas hay en el país? ¿cuántos eventos? Claro, se dirá, que sí existe una política deportiva, que año con año se organiza este maratón de tan grandes dimensiones en donde participan miles de jóvenes. Pero en general, esos deportistas llaneros que en todo el país manifiestan sus inquietudes, nombran a su reina, hacen sus campeonatos según su leal saber y entender como he dicho, pero que carecen de los apoyos técnicos.
Y yo, en nombre de la fracción parlamentaria del PPS, estoy en contra de que se apruebe este dictamen, porque es un apoyo tácito a este monopolio televisivo que debería haber sido nacionalizado ya hace muchos años.
Según la Constitución de la República en su artículo 27, el espacio aéreo pertenece a la Nación es patrimonio de la Nación. El Estado da concesiones a los particulares para que lo exploten. Pero se abusa de esto. Televisa paga simplemente con tiempo, ya sabemos cómo amenaza la conciencia nacional y amasa fuertes sumas millonarias cada año, millonadas que van a engrosar más la bolsa de estos monopolistas que todos los días están deformando la conciencia de nuestro pueblo.
El dictamen habla de las características de la moneda y dice, por ejemplo, "en reverso al centro un balón de fútbol teniendo a cada lado un circulo, en la izquierda está impreso el mapa del continente americano y en el de la derecha el de Europa, África, Asia y Oceanía. Ambos círculos llevan sobrepuestos brazos en franjas horizontales, en el campo superior siguiendo el contorno del marco la leyenda "Copa Mundial de Fútbol". Al centro en la parte superior en conjunto el signo de pesos es el número dos mil y abajo de esto el peso ley, .999..."
Lo que importan son aquí las líneas horizontales. El diputado Orcí amablemente nos llevó las figuras tanto de Televisa como la figura que va a llevar esta moneda o que van a llevar estas monedas, y dice, bueno, en efecto, no hay comparación entre unas y otras; pero si nosotros examinamos estas figuras llegaremos a la conclusión de que sí hay cierta semejanza; es como si lanzamos a la circulación una moneda con el signo o el logotipo de Televisa sin que lo digamos; en todo caso pongamos pues, en la moneda francamente la palabra Televisa para rendir homenaje a este consorcio de tan eméritas características que debe ser premiado con el Premio Nobel si alguna vez se instituye un premio para el absurdo, para la labor antinacional, para la labor en contra de la cultura nacional, entonces habría que darle ese premio a Televisa.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra vieja demanda; vamos a solicitar en otras iniciativas la nacionalización total del radio y la televisión, porque el pueblo mexicano tiene derecho de recibir programas que lo enaltezcan. que lo eleven, que lo hagan conocer su glorioso pasado, que lo hagan beber en el manantial más limpio de la cultura nacional, de nuestras tradiciones, para que el pueblo se sienta más orgullosos de su ser, para que el pueblo sienta más profundamente que tiene su sello propio y que ese es un escudo formidable contra las asechanzas del exterior.
Compañeros, con todas las fallas que pueda tener, compañero diputado, la programación de los canales oficiales, comparemos con la
programación de los canales que maneja este monopolio privado; largas horas están transmitiendo música estrambótica que nada tiene que ver con la cultura y con México; largas horas transmitiendo opiniones en contra de nuestros héroes.
Yo me pregunto, señoras y señores diputados, ¿tiene derecho Televisa de insultar a los héroes consagrados por nuestra historia, y con todo derecho están presidiendo el recinto de la Cámara de Diputados, como Francisco Villa? ¿Quién no recuerda aquel programa dizque cultural que transmitió Televisa en el Canal 8 con el título "Francisco Villa héroe o villano"?, ¿cómo se llamaba? héroe o villano. ¿Qué derecho tiene ese consorcio televisivo de insultar a nuestros héroes, de los hombres juzgados ya por la historia y que tienen el cariño de nuestro pueblo. Por ese camino, compañeros diputados, va a llegar el día en que vamos a endiosar a Antonio López de Santa Ana o a Agustín de Iturbide, y de la historia de México no va a quedar sino el recuerdo de la lucha de un pueblo que quiso ser dueño de su destino.
Nosotros nos oponemos tajantemente, y creo que lo harán otras fracciones parlamentarias, a que se editen o se acuñen estas monedas, dizque conmemorativas, porque al fin y al cabo el campeonato de 1986 no será un campeonato deportivo, en toda la extensión de la palabra, sino un campeonato con fines exclusivamente mercantilistas que van a favorecer un monopolio, como es el monopolio de Televisa. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el C. diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: - Con la venia de la presidencia; honorable asamblea: Efectivamente creo que en eso coincidimos mi compañero y amigo, diputado Tavira y el que hace uso de la voz en que este problema no es un problema de poca monta. Efectivamente. Pero que además dentro de su intervención fuimos poco a poco dándonos cuenta del problema real que le hizo usted al usar la tribuna, compañero.
Y fue indiscutiblemente alguna posición política que su partido sostiene, en relación a los medios televisivos y a la radio mexicana, muy respetable.
Sin embargo, que poco tiene que ver con un emblema del campeonato mundial de fútbol.
Efectivamente el emblema de la compañía televisiva a la que usted aludió, tiene una línea creo que son 8 o 10 aproximadamente. Las monedas que se están proponiendo no sé si tendrán 50, 100 o 1000 líneas horizontales, no alcanzo en este momento a contar, son dos círculos que en medio tiene una más que asemeja a una pelota de fútbol y que quizá en su óptica usted los vio como emblema de televisión, con todo respeto le digo compañero y amigo, que aquí poco se ve de televisión, y quizá usted lo vea porque tiene otro problema político que le hace hablar de las televisivas y de las radiodifusoras. Sin embargo, creemos también que poco tiene que ver el problema de la emisión de una moneda con la mención a distinguidos héroes da le historia mexicana.
Creemos también que dentro de su óptima televisiva, dentro de su óptica radial usted decía que este consorcio, esta empresa iba a tener ganancias por el uso de este logotipo.
Compañero diputado, nada más le quisiera aclarar que en la pasada legislatura, que la asamblea también para que en el momento en que se tome la decisión se piense en esto, en la pasada legislatura se aprobaron, se aprobó la emisión de 21 diferentes tipos de moneda con este mismo logotipo y que ahora estamos solicitando la autorización para que se impriman 3 más de diferentes calidades y de diferentes integraciones; y que finalmente cuando esto términe, el país nuestra Nación, México tendrá una utilidad aproximada de entre 12 y 18 millones de dólares, porque si acaso no se sabía estas monedas están circulando en todo el mundo, 21 monedas hechas en México. hechas en nuestro país están circulando por todo el mundo y nos dejará una utilidad bastante considerable.
Si a pesar de eso se sigue pensando y confundiendo la gimnasia, como decía usted en los términos deportivos, con la magnesia, muy respetable su punto de vista, pero muy difícil óptica la que aquí se dijo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, diputado Tavira tiene la palabra.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Dice el compañero diputado que yo he confundido la gimnasia con la magnesia. Quiero recordarle un hecho: si me equivoco me dispensan ustedes; me parece que el físico David Bohm ha dicho que hay una relación entre el mosquito anofeles y las mareas, ¿por qué? y además con la luna; parecen muy distantes y muy diferentes la luna y el mosquito; porque la luna ejerce atracción sobre la tierra: con motivo de estas atracciones que ejerce la luna, se forman las mareas y estas mareas interrumpen las aguas de los ríos y se forman lagunas, estas lagunas propician la cría del mosquito, la cría del mosquito provoca el hematozoario de Laverán y el hematozoario de Leverán produce el paludismo; de manera que parece una relación muy distante entre la luna y el paludismo, pero según David Bohm, como lo acabo de contar, hay una relación bastante estrecha. Entonces dice que no hay ninguna relación entre la moneda que estamos discutiendo, las características de esta moneda y lo que yo vine a decir: pero yo comencé diciendo, señor diputado, que era un problema político y sí lo es, porque aparentemente es algo muy inocente; vamos a aprobar unas monedas con motivo del Campeonato de Fútbol de 1986, pero quien ha promovido este campeonato, Televisa fundamentalmente, es
quien se va a beneficiar. Usted ha mencionado una cantidad muy grande de millones, ¿pero a la bolsa de quién van a ir a dar estos millones, del pueblo mexicano?, quisiera la respuesta. Poner al servicio, los medios técnicos que México ha logrado tener, de este monopolio, yo diría que es una política equivocada, y que deberíamos tener más cuidado. Yo pienso que es hacerle el caldo gordo a este monopolio con estas monedas que parecen objetos inocentes para los niños, para que los niños jueguen. Que vamos a exportar monedas y que con estas monedas se van adquirir muchas divisas; bien, a manos de particulares van a ir muchas monedas, manos de coleccionistas, pero va a salir mucha plata y mucho oro con este motivo del país. ¿Es saludable que esto ocurra? Yo pregunto a ustedes. Gracias.
El C. Presidente : - Tiene la palabra, en pro, la C. diputada María Luisa Mendoza.
La C. María Luisa Mendoza Romero: - Declino.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general... Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva de artículos en lo particular, proceda la secretaría a tomar la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del presente decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere al artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN).
Se emitieron 237 votos en pro, 24 abstenciones y 24 votos en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que establece las características de las nuevas monedas de oro y plata y la de cuproniquel, conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Fútbol 1986.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez : - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
DECRETO SOBRE INMUEBLES
EN ARRENDAMIENTO 28 - XII - 84
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra , para presentar una iniciativa, la C. diputada Ofelia Casillas Ontiveros. Tiene la palabra.
La C. Ofelia Casillas Ontiveros: - Señor presidente; "CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.
La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estado Unidos Mexicanos; en el artículo 10 de la Ley de Planeación; en el Plan Nacional de desarrollo 1983 - 1988.
Considerando que el postulado constitucional consagrado en el artículo 4o. para dotar de vivienda digna y decorosa a los mexicanos, implica la instrumentación de todas aquellas disposiciones y acciones que lleven a cabo los poderes de la Unión, tendientes a materializar ese derecho social.
Considerando que en el Distrito Federal, los grupos populares - son los más afectados por la escasez de vivienda, igualmente por la especulación derivada de la misma, ha provocado que la vivienda en renta sufra alzas inmoderadas en sus rentas y que el mantenimiento sea casi nulo, en perjuicio de sus moradores.
Que la demanda de vivienda en el Distrito Federal en los últimos años es una demanda presionada, por un lado, por aquellos grupos de solicitantes que habitan en espacios mínimos, generando la promiscuidad y el hacinamiento y por otro la mayor parte de inquilinos que día con día sienten la presión del pago de una renta fuera de alcance de sus posibilidades económicas y que buscan otras alternativas de vivienda.
Considerando, que aproximadamente son 800,000 familias en el Distrito Federal, las que están sujetas al régimen de arrendamiento, y que muchos grupos de inquilinos han recibido la oferta de compra - venta de sus viviendas rentadas, de parte de sus legítimos propietarios, en condiciones justas y razonables desde el punto de vista económico.
Considerando también que los inquilinos derechohabientes de instituciones públicas de vivienda para hacer uso de los créditos hipotecarios que les permita adquirir en propiedad la vivienda que rentan, les exigen la constitución del régimen jurídico del condominio,
como requisito previo a la autorización de los créditos.
Que la mayoría de esos inmuebles destinados a vivienda en renta, son construcciones antiguas levantadas antes que existiera la Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal, y por lo tanto, en la actualidad no reúne los requisitos de los condominios modernos, y que sin embargo, las viviendas tienen características adecuadas de habilidad en condiciones técnicas de seguridad e higiene adecuadas, merced a los propios cuidados y mantenimiento que sus habitantes les han procurado.
El inventario de vivienda en arrendamiento que actualmente se registra es bastante considerable como alternativa de solución al alojamiento de miles de familias cuya seguridad depende del acuerdo de voluntades para llegar a una negociación que resuelva en compra - venta el problema habitacional.
Tomando en cuenta que el Departamento del Distrito Federal, como autoridad competente para la expedición de las Declaratorias de Cambio de Régimen de Propiedad Individual, a Propiedad en Condominio, no tiene facultades expresas en la ley para expedir dichas declaratorias en los casos de viviendas ya construidas y habitadas bajo el régimen de arrendamiento.
Atendiendo que los efectos del sismo del 19 de septiembre, en lo referente a vivienda popular provocó que el Ejecutivo Federal, expidiera el Decreto Expropiatorio de Inmuebles de Propiedad Particular de fecha 21 de octubre de 1985, y habida cuenta que muchos de ellos serán reparados y rehabilitados para seguir sirviendo como vivienda, sin modificar la distribución de los espacios habitables.
Tomando en cuenta que la LII Legislatura, aprobó un decreto de vigencia limitada para favorecer a los inquilinos que adquirieran en propiedad la vivienda que rentan, y que muchos de ellos se acogieron al mismo, habiendo varios que quedaron fuera del aprovechamiento de esa disposición por cuestiones de tiempo.
Se propone la reforma al artículo décimo primero del decreto del Congreso de la Unión de reformas y adiciones a diversas disposiciones relacionadas con inmuebles en arrendamiento de fecha 28 de diciembre de 1984, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1985; que autoriza la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio para los inmuebles actualmente arrendados, sin necesidad de obtener la declaratoria, las licencias, autorizaciones o permisos de construcciones urbanas y de Salubridad a que se refiere el artículo 4o. de la ley respectiva, para quedar como sigue:
Artículo único. Podrá constituirse el régimen de propiedad en condominio sobre los inmuebles actualmente arrendados, que lo hayan estado durante los últimos 5 años, respecto de los cuales propietarios e inquilinos, así lo convengan, siempre y cuando la propiedad admita cómoda división y sea técnicamente segura a juicio del Departamento del Distrito Federal.
Tales inmuebles se exceptúan de la declaratoria precedente, las licencias, autorizaciones o permisos de construcciones urbanas y de Salubridad a que se refiere la fracción II del artículo 4o. de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.
Los interesados podrán hacer uso del derecho concedido en la presente reforma al decreto a partir de la fecha en que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y hasta el 30 de noviembre de 1988.
TRANSITORIO
Único. el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Diputados: Manuel Gurría Ordóñez, Elba Esther Gordillo Morales, Rodolfo Mario Campos Bravo, Rafael López Zepeda, Rafael de Jesús Lozano Contreras, José Herrera Arango, Javier Garduño Pérez, Adrián Mora Aguilar, Armando Lazcano Montoya, Jaime Aguilar Alvarez, Lulio Valenzuela Herrera, Joaquín López Martínez, Federico Duran Liñán, Lorenzo Silva Ruiz, Javier Pineda Serino, Francisco Berlín Valenzuela, Guillermo Fonseca Alvarez, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Antonio Punzo Gaona, Juan José Castillo Mota, Ofelia Casillas Ontiveros, Juan José Bremer Martino, Federico Granja Ricalde, Santiago Oñate Laborde, Manuel Germán Parra, Gilberto Nieves Jenkin, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, María Emilia Farias Mackey, Fernando Ortiz Arana, Fernando Ulibarri Pérez, Jarmila Olmedo de Garcilita, Alfonso Reyes Medrano, Manuel Monarrez Valenzuela, Manuel Jiménez Guzmán, Gonzalo Castellot Madrazo, Sócrates Rizzo García, Miguel Osorio Marbán, Juan José Castro Justo.»
México, D. F., a 9 de diciembre de 1985.
Señor presidente: Por considerarlo de urgente resolución, pido a usted que turne a la Comisión Legislativa del Distrito Federal para su estudio. Muchas gracias.
Recibo y en los términos del artículo 56 de reglamento, túrnese la iniciativa a las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y del Distrito Federal.
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
La C. secretaria Rebeca Arenas Martínez: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
+ ORDEN DEL DÍA
La misma C. Secretaria:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.
LIII Legislatura.
Orden del día
13 de diciembre de 1985.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Tlaxcala, invita a la Sesión Solemne en la que el C. licenciado Tulio Hernández Gómez, Gobernador Constitucional del estado, rendirá su Quinto Informe de Gobierno, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
De las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de Decreto de reformas y adiciones a las leyes Federal del Trabajo y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Carlos Gaytán Durán, para aceptar y usar la Medalla de la Fraternidad Combativa, que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se concede permiso al C. Sergio Alejandro Pérez Castillo, para aceptar y usar la Medalla de Elogio, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga Diversas Disposiciones de la ley del Mercado de Valores.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio con proyecto de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.
De las Comisiones Unidas de Justicia y del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 19:30 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo viernes, 13 de diciembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES