Legislatura LIII - Año II - Período Comisión Permanente - Fecha 19870818 - Número de Diario 34
(L53A2PcpN034F19870818.xml)Núm. Diario:34ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AÑO II México, D.F., martes 18 de agosto de 1987 NÚM.. 34
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
VISITA DEL PRESIDENTE DEL BRASIL.
Una comisión introduce al salón al señor doctor José Sarney, Presidente de la República Federativa del Brasil. La Presidencia considera de particular relevancia recibir al destacado Jefe de Estado. A nombre de la Comisión Permanente el C. senador José Patrocinio González Blanco Garrido, da cordial bienvenida al señor Presidente del Brasil. El señor doctor José Sarney dirige un mensaje a la Comisión Permanente. La presidencia agradece la presencia del distinguido visitante.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIÓN
Al CXL aniversario de la Heroica Defensa de Churubusco, el día 20 del actual. Se designa comisión.
SOLICITUD DE LICENCIA
Del C. diputado Heriberto Ramos Salas, en virtud de haber sido postulado por el PRI, candidato a presidente municipal de Torreón, Coahuila. Se considera de urgente resolución. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo. Comuníquese.
PRESUPUESTO DEL D.F.
Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, el 30 de junio del año en curso. Se turna a ambas Cámaras.
INFORME DEL BANCO DE MÉXICO
Referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre del año en curso. Se turna a ambas Cámaras.
SOLICITUD DE PARTICULARES
SERVICIOS PROFESIONALES
Los CC. Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez y Dario Ulises Oscos Coria, solicitan permiso para prestarlos al Gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a comisión con el ruego de la presidencia para que se dictamine de inmediato.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
Cuatro proyectos de decreto que conceden permiso a los CC. Bernardo Sepúlveda Amor, Ignacio Ovalle Fernández, Roberto Zambrano Lozano y Gonzalo Martínez Corbalá, para aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Se dispensa la segunda lectura. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Guillermo Contreras Aróstico y Georgina Marion Breakwell de Loaeza, para prestarlos en la Embajada Británica, en México. Se dispensa la segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
GRADOS MILITARES
Once puntos de acuerdo que ratifican el grado de Coronel expedido en favor delos CC. Bernardo Rodrigo Castellanos, José Leopoldo Martínez González, José Castillo Carrillo, Francisco Borrayo Ibarra, Sergio Parra Estrada, Héctor Luis Cabrera Valdez, Heliodoro Guerrero Guerrero, Victor Manuel Fabián Ceniceros, Rodolfo Elizondo Mendoza, Raúl Morales Morales y José María Fregoso Ambriz. Se aprueban Comuníquese.
CONDECORACIONES
Dos proyectos de decreto que conceden permiso a los CC. José Antonio Alvarez Lima y Rogelio Martínez Aguilar, para aceptar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo
PRESTACIONES DE SERVICIOS
Tres proyectos de decreto que conceden permiso a los CC. Arturo Bello López, Mario Ramírez y Enrique Araujo Calixto, para prestarlos en Embajadas de gobiernos extranjeros. Se aprueban. Pasan al Ejecutivo.
EXPEDIENTE ARCHIVADO
Punto de acuerdo que determina se archive el expediente relativo a una proposición del C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez, concerniente a unas declaraciones del director del Banco de México. Se aprueba con el voto en contra y de abstención de los CC. diputados Hildebrando Gaytán Márquez y Pablo José Pascual Moncayo.
EXPEDIENTE ARCHIVADO
Punto de acuerdo que determina se archive la proposición del C. diputado Pedro José Peñaloza, relativa a condenar cualquier acto de intervención que se dé en la región centroamericana. Se aprueba con el voto de abstención de los CC. diputados Pablo José Pascual Moncayo y Juan de Dios Castro Lozano.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
SERVICIOS PROFESIONALES
Proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez y Darío Ulises Oscos Coria, para prestarlos al Gobierno de los Estados Unidos de América, en México. Se dispensa la segunda lectura. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo.
INFORMES
Rendidos por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, relativos a las denuncias presentadas con anterioridad, con los CC. diputados Pedro José Peñaloza, senador Salvador J. Neme Castillo, y diputados Jorge Amador Amador, Pablo José Pascual Moncayo y Heberto Castillo Martínez, Pablo José Pascual Moncayo, Heberto Castillo Martínez, Juan de Dios Castro Lozano y Pedro José Peñaloza. A sus antecedentes. Imprimase. Hágase del conocimiento de los proponentes y distribúyase entre los miembros de la Comisión Permanente.
VIOLENCIA EN EL CAMPO MEXICANO
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo, da lectura de un reporte sobre los asesinatos cometidos en el campo, durante enero de 1982, a julio de 1987. Propone su esclarecimiento. Hablan sobre el tema los CC. diputados Salvador Robles Quintero quien hace una proposición sobre el particular. Para alusiones el C. Pablo José Pascual Moncayo. Se turna la documentación a la Cámara de Diputados.
PROBLEMAS DE EJIDATARIOS DE LA LAGUNA
Denunciados por el C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez. Se turnan a la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano, pide comparezca ante la Cámara de Diputados el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que informe sobre la renegociación de la deuda externa. Hablan los CC. diputados Sócrates Rizzo García y Pablo José Pascual Moncayo, quien hace una petición al respecto. Se turnan a la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. SENADOR ANTONIO RIVA PALACIOS LÓPEZ
(Asistencia de 18 ciudadanos legisladores)
APERTURA
El C. presidente (a las 10:40 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales:
"Comisión Permanente.
Segundo Receso de la LIII Legislatura.
Orden del Día
18 de agosto de 1987.
Visita del Excelentísimo doctor José Sarney, Presidente del Brasil.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXL aniversario de la Batalla de Churubusco, tendrá lugar el 20 del actual.
Comunicación del C. diputado Heriberto Ramos Salas.
Oficio del Departamento del Distrito Federal.
Con el que se remite el Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, hasta el 30 de junio de 1987.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el Segundo Trimestre de 1987, tuvieron el Financiamiento Interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Solicitud de particulares
De los CC. Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez y Darío Ulises Oscos Coria, para que se les conceda el permiso constitucional necesario, para prestar servicios de carácter profesional, al Gobierno de los Estados Unidos de América.
Dictámenes de Primera Lectura
Cuatro de la Tercera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceda permiso a los CC. Bernardo Sepúlveda Amor, Ignacio Ovalle Fernández, Roberto Zambrano Lozano y Gonzalo Martínez Corbalá, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Guillermo Contreras Aróstico y Georgina Marion Breakwell de Loaeza, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
Dictámenes a Discusión
Once de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por lo que se ratifican grados militares a los CC. Bernardo Rodrigo Castellanos Fernández, José Leopoldo Martínez González, José Castillo Carrillo, Francisco Borrayo Ibarra, Sergio Parra Estrada, Héctor Luis Cabrera Valdez, Heliodoro Guerrero Guerrero, Víctor Manuel Fabián Ceniceros, Rodolfo Elizondo Mendoza, Raúl Morales Morales y José María Fregoso Ambriz.
Dos de la Tercera Comisión, con proyectos de decreto por lo que se concede permiso a los CC. José Antonio Alvarez Lima y Rogelio Martínez Aguilar, para aceptar y usar las condecoraciones que les infieren gobiernos extranjeros.
Tres de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Arturo Bello López, Mario Ramírez y Enrique Araujo Calixto, para prestar servicios en Embajadas de gobiernos extranjeros."
VISITA DEL PRESIDENTE DEL BRASIL
El C. presidente: Se designa en comisión para recibir e introducir al excelentísimo señor doctor José Sarney, Presidente de la República Federativa del Brasil y a su comitiva, a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Alejandro Sobarzo Loaiza, diputado Jorge Montúfar Araujo, diputada María Emilia Farías Mackey.
Se ruega a la comisión designada cumpla su cometido en su oportunidad.
Se declara un receso en espera del excelentísimo, señor doctor José Sarney, Presidente del Brasil. (10:40 horas).
El C. presidente: Se reanuda la sesión, (10:55 horas.) (Aplauden la entrada del excelentísimo señor doctor José Sarney.)
Excelentísimo doctor José Sarney, Presidente de la República Federativa del Brasil:
Distinguidos parlamentarios brasileños que le acompañan;
Distinguidos ministros de Estado del Brasil;
Señores Embajadores del Brasil en México, y de México en Brasil;
Ciudadano diputado Nicolás Reynés Berezaluce, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados;
Distinguida señora de Sarney;
Distinguidos miembros de la comitiva del señor Presidente del Brasil;
Compañeros legisladores mexicanos;
Señoras y señores:
La comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos considera de particular relevancia el recibir el día de hoy al destacado Jefe del Estado de la República Federativa del Brasil.
Al doctor José Sarney le ha correspondido afrontar, con creatividad, en su patria, los graves conflictos del orden económico que afectan a América Latina, sin cejar por ello en la búsqueda de los superiores objetivos de paz y desarrollo con justicia que demandan nuestros pueblos. Se trata de metas en las que Brasil y México se identifican plenamente, anhelos que estamos conscientes son asequibles mediante la solidaridad latinoamericana, como vía insuperable de comunicación, cooperación y coincidencia.
Para dar la bienvenida a tal ilustre visitante, tiene el uso de la palabra el C. senador José Patrocinio González Blanco Garrido.
El C. senador José Patrocinio González Blanco Garrido:
"Compañero Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;
Doctor José Sarney, Presidente de la República Federativa del Brasil;
Distinguidos miembros de la comitiva del Presidente Sarney;
Compañeros legisladores;
Señoras y señores:
Reciba usted, Presidente Sarney, calurosa bienvenida del pueblo de México, por conducto de este órgano del Congreso de la Unión.
Es la Comisión Permanente el foro al que concurren las diversas alternativas ideológicas que congregan a los mexicanos, en un sistema de partidos políticos nacionales. Es aquí, donde en continuo ejercicio y defensa de la democracia, contribuimos todos a conformar y expresar la voluntad nacional.
Al recibirlo coincidimos en el respeto cordial que profesamos al Jefe de Estado de una nación hermana y con la amistosa identificación que nos despierta su relevante trayectoria como parlamentario y su clara vocación latinoamericanista.
Reconocemos en su persona, al igual que en la del Presidente De la Madrid, el liderazgo en la lucha que dan brasileños y mexicanos por encontrar fórmulas propias para resolver su problemas que son generados por circunstancias históricas y agravados por causas externas que a veces parecieron hermanas de la fatalidad, empeñadas en robar a nuestros pueblos los mejores destinos a que tienen derecho.
Son las expresiones soberbias y agresivas de la política del poder las que deforman las relaciones internacionales y dificultan la solidaridad y cooperación entre todos los pueblos. Son ellas las que se erigen como amenaza a la capacidad de los Estados nacionales, particularmente los latinoamericanos, para mantener -en lo político- el cabal ejercicio de la soberanía; para consolidar -en lo económico- la independencia; para lograr -el lo social- la justicia y la equidad y para preservar - en lo cultural- nuestros valores nacionales.
Ante los embates de la política del poder, frente a un orden económico internacional, injusto e inequitativo, agobiados por una deuda externa, que es impagable en las condiciones que pretenden los acreedores, se hace evidente la fragilidad de las naciones de América Latina que han convertido en reclamo concreto de hoy, lo que fue el sueño visionario de nuestros libertadores; la integración latinoamericana, como única respuesta valida y permanente a los sacrificios, esfuerzos y justos anhelos de nuestros pueblos.
Pocas ocasiones como esta para expresar que la integración latinoamericana, vocación de quienes nos dieron patria y libertad, devino de voluntad para hacer en incapacidad para concretar. Durante muchos años fue simple recursos oratorio, ausente de conciencia y voluntad política, y es hasta épocas recientes, cuando la realidad nos ha obligado a actuar, cuando han surgido incipientes y promisorios mecanismos para hacer frente a los problemas de la región.
Hoy hemos logrado dejar atrás mucho de la retórica y pasar de importantes asuntos particulares a la concepción globalizadora del Grupo de Río. Sin embargo, porque así lo demanda el derecho al progreso de los pueblos latinoamericanos, aún nos falta mucho por andar.
Respetuosamente expresamos nuestra convicción de que ha sonado la hora de renovar para cambiar, de conducir transformaciones profundas a través de procesos claros para la integración
latinoamericana. Estamos llamados para hacerlo en actitudes mentales, estructuras nacionales y estrategias internacionales.
Todo cambio, toda renovación, empieza en el pensamiento y requiere de un proceso para transformar la actitud de los pueblos.
Nuestros pluralismos nacionales, propios de los pueblos mestizos, dan diversas formas para ver, interpretar, transformar y enriquecer la realidad regional y por ello poco podrá hacerse si no renovamos las actitudes mentales de nuestros pueblos. Debemos actualizar la visión de una América unida, como un todo congruente y no como una serie de compartimientos estancos, que permitirá acelerar un desarrollo latinoamericano dirigido antes que nada al hombre, a su integridad, a la condición de la dignidad humana, como objeto y fin de una comunidad democrática.
Los procesos de renovación nacional deben surgir de los pueblos porque es a ellos hacia quienes se dirige. La solidaridad de pueblo y gobierno ante cada proyecto nacional es esencial, la responsabilidad de armonizar una dura y difícil realidad, para sustentar el futuro, es la compleja tarea que hoy incide prioritariamente en el quehacer de los Congresos Nacionales, mayorías y minorías se ven trascendidas en sus diferencias, al tener que responder primero por el destino de la patria.
Es por ello que sólo el avance en los procesos de renovación nacional permitirá enfrentar con mayor éxito las dificultades que el mundo de hoy planeta a cada uno de los países de América Latina y la coincidencia en tiempos y objetivos de esos esfuerzos dará a la región la solidez y madurez que son necesarias para encauzar la solución de los problemas que nos afectan como latinoamericanos.
Brasil y México avanzan en sus procesos de renovación democrática. Brasil vive la colosal experiencia de darse una nueva Ley Suprema y México perfecciona y vigoriza sus instituciones políticas, reconoce y garantiza la representación de su pluralismo político, fortalece la división de poderes y da vigencia a sus tres niveles de gobierno, mediante una más adecuada distribución de atribuciones y competencias.
El proceso de renovación democrática ha de acompañarse, necesariamente de la renovación económica, en sus vertientes de reordenación de las economías nacionales y relaciones con la comunidad internacional.
La reordenación económica ha impuesto a los pueblos latinoamericanos, altos costo sociales y políticos. Cada uno de los países ha hecho el máximo esfuerzo que su realidad permite. No es posible imponer ya más sacrificios a las mayoría nacionales, nadie puede esperar que antepongamos un equilibrio financiero, a la responsabilidad de gobernar para nuestros pueblos.
Nuevos recursos financieros para el desarrollo, términos equitativos para el servicio de la deuda, acceso a los mercados de los países desarrollados, precios justos para nuestras materias primas, transferencia de tecnología e inversión extranjera complementaria siguen siendo, entre otros, los temas y reclamos de la comunidad latinoamericana, para los cuales no hay respuesta y mucho menos solidaridad.
En un mundo que se caracteriza por la interdependencia, es incuestionable la injusticia e inequidad del orden económico internacional que tiene su expresión más agobiante en la deuda externa.
México postula el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores, reconoce sus compromisos, opta por la negociación mientras esa vía no sea incompatible con el derecho al desarrollo, condición indispensable para satisfacer, en primer término, las necesidades nacionales.
También reconoce que corresponde a cada Estado latinoamericano el derecho a decidir las vías particulares para el manejo de su deuda. Por ello, en la sesión celebrada por esta Comisión Permanente, el 25 de febrero de este año, todos los partidos políticos aquí representados, expresamos al Congreso Nacional de la República de Brasil, nuestra "más amplia solidaridad con el ejercicio de su libre determinación y la resolución soberana adoptada en el tratamiento del problema de su deuda externa.
Aunado a los procesos de renovación democrática y reordenación económica, es preciso que los pueblos latinoamericanos nos mantengamos firmes en la defensa de nuestro particular ser nacional, no como falso exclusivismo o separatismo, sino como manifestación de fuerza interna indispensable para el enriquecimiento de nuestra región. El mantenimiento de los principios, tradiciones, costumbres, identidades y actitudes que profesamos, en suma el sostenimiento de culturas nacionales, es un imperativo de la diversidad que nos enriquece y hace viable.
En coincidencia con el proceso de renovaciones nacionales, debe darse el cambio de estrategias que permita la renovación regional para la integración.
América Latina es pluralidad regional, es concurrencia amalgamada de distintas etnias y producto de la influencia de diversas concepciones culturales. Nuestros respectivos nacionalismos expresan el vigor y potencial de esa capacidad de fusión, que es antecedente y
sustento para la unidad latinoamericana. Integración debe ser unidad en la diversidad y por ello, expresión de una realidad rica por múltiple, rica por diversa, que tiene en común objetivos y destino.
Hoy tenemos que consolidar lo que se ha empezado a diseñar por nuestra creatividad como producto de la necesidad. Tenemos incipientes estructuras regionales formales y mecanismos de negociación, e intercambio de información, que si bien nacen como estructuras informales, se adaptan con precisión al dinamismo propio de las relaciones internacionales actuales.
No se trata de superponer un estilo de diplomacia a otro, sino de saberlos utilizar y potenciar al máximo. Más que criticar la ALADI y el SELA, hay que reconocer inconsistencias de voluntad política, en el primer caso, y la adscripción de atribuciones y metas desfasadas de realidad, en el segundo, como las causas que ha impedido el cabal cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. Revaluar ambas instituciones para vigorizarlas y permitirles que enfrenten con éxito los retos concretos que en materia económica y social debemos encomendarles, en una necesidad impostergable, que podemos lograr con decisión política.
Prueba indudable de que puede haber madurez y ejercicio pleno de voluntad política entre nuestros gobiernos, son las labores que hemos podido desarrollar en el seno del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo y en el marco del Consenso de Cartagena, todavía mejor prueba y posibilidad es el surgimiento y los trabajos del ya mencionado Grupo de Río.
Este constituye el paso decisivo que hacía falta para la elaboración de firmes posiciones políticas de nuestra región, posturas que coincidan no por causa de lo fortuito y que se identifiquen sin la fuerza de lo concertado en comunidad, sino que sean el producto sereno y sólido del esfuerzo de negociación y de la conciencia colectiva que exprese la unidad latinoamericana ante el mundo.
Con el Grupo de Río, vemos cristalizar el afán de Miguel de la Madrid, entonces Presidente electo, cuando el 19 de agosto de 1982, afirmó: "Me pronuncio por la necesidad de un mecanismo de consulta y de negociación de países latinoamericanos para tratar de coordinar y de unificar sus posiciones en diversos foros de la Comunidad Internacional."
La voluntad de participación de los pueblos en el proceso de integración política, económica, social y cultural de América Latina se ha expresado con vigor en el Parlamento Latinoamericano al abordar, junto con su proceso para la institucionalización, temas como la Deuda Externa, el Narcotráfico, el Medio Ambiente y la Paz y la Democracia en Centroamérica.
Señor Presidente Sarney:
Es preciso reconocer que en el desarrollo hemisférico los intereses hegemónicos han sido inveterado obstáculo para el progreso real al que aspiran y tienen derecho nuestros pueblos. Poca capacidad de resistencia podremos oponer a esta tendencia si caemos en la tentación de querer consolidar exiguas solideces aisladas, sean éstas nacionales o subregionales. El proceso de subregionalización implica el riesgo de caer en la constitución de bloques de fortaleza tan solo aparente. La división de los latinoamericanos favorecería única y finalmente a los intereses de dominación.
En la unidad de América Latina radica la posibilidad de actualizar y vigorizar nuestra presencia ante el mundo. Unidad que como producto de la integración permitiría luchar por nosotros, sin tener que luchar en contra de otros. Unidad de negociación, no de confrontación: unidad para la creación, no para la destrucción; unidad para la justicia y la razón, no para la fuerza y el sojuzgamiento; en fin, unidad en los valores latinoamericanos de libertad, democracia, justicia, progreso y paz.
En los momentos actuales de la historia latinoamericana puede afirmarse que Brasil en el sur del Subcontinente y México en el norte de nuestra América, son las naciones mejor preparadas por sus dimensiones, población, recursos e infraestructura económica, junto con el valioso concurso de Argentina y Venezuela, para contribuir de manera más decisiva al logro del anhelo integracionista, que es -fundamentalmente- el derecho ante el mundo para defender, consolidar y desarrollar nuestro estilo de vida, nuestra civilización y nuestra cultura.
Empleamos un siglo en buscar el desdeñoso reconocimiento de las hegemonías de la época, en vez de encontrar el cimiento duradero en la solidaridad con nuestros pueblos hermanos. No perdamos otro siglo.
Hoy América Latina tiene clara conciencia de que sería inútil pasar de una dominación a otra, en inaceptable repetición de historias superadas que nos llevarían a asumir nuevamente el papel de pálida sombra de decisiones ajenas. Estamos ciertos de que la mejor vía para la independencia integral de nuestras patrias es la alianza latinoamericana.
Frente a las aparentes diferencias de origen étnico e histórico entre Brasil y México, los lazos fraternales que unen a nuestros países se estrechan cada vez más en la consecución de objetivos comunes. Es válido y oportuno destacar el valor de amistad y solidaridad que
expresó su presencia para hacer manifestar la ayuda de pueblo y gobierno del Brasil, con motivo del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Sigamos haciendo de las distancias geográficas cercanías de voluntad política y conciencia de integración latinoamericana. Constituyamos con nuestra integración un bastión infranqueable frente a las hegemonías de cualquier signo. Brasil y México, como países ricos en recursos humanos y materiales pueden propiciar unidad y solidaridad regional, convertirlas en acciones concretas, para así conquistar el nivel de libertad, democracia, justicia y progreso a que tiene derecho el pueblo latinoamericano.
Señoras y señores:
Latinoamérica es una realidad geográfica, histórica y social, pero es también un concepto, una idea por realizarse, una esperanza generadora. Del entendimiento mutuo, de la cooperación activa, de la unidad creciente de nuestros pueblos depende el alcanzar para los latinoamericanos una vida más libre, más justa y más digna. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: El Excelentísimo señor doctor José Sarney, ha manifestado a esta presidencia el deseo de entregar un mensaje al pueblo de México, por conducto de esta representación nacional.
En uso de la palabra, el excelentísimo doctor José Sarney.
El C. presidente José Sarney: Excelentísimo señor Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, senador Antonio Riva Palacio López; excelentísimo senador José Patrocinio González Blanco Garrido; excelentísimos señores miembros de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; señoras y señores:
Es con emoción que hablo en este histórico parlamento de la nación mexicana. Pasé gran parte de mi vida en la Cámara de Diputados y en el Senado. Habiendo dedicado veintisiete años de mi vida al Congreso de mi país, el parlamento fue la escuela donde maduré la reflexión y el entendimiento de la complejidad del Brasil contemporáneo. Donde debatí, medité, oí y opiné sobre los problemas del hombre de nuestra América, del nuevo mundo.
Estar en el Congreso es para mí estar en casa, lugar que muchas veces me falta en la inevitable soledad del poder. Precisamente por eso, no me siento un extraño en el Congreso del pueblo hermano de México.
Sin Congreso no hay democracia, no hay libertad, no hay política.
En las dictaduras, la voz que se oye es el silencio aterrador de las voluntades del pueblo, en contraste con el grito de las mazmorras donde se pierden los lamentos de los torturados.
La gloria del parlamentario, bien lo sé, es efímera, vive de la creación de una ley, de un discurso, de un parecer, de un aparte que, con el tiempo, se quedan en la tumba de los Anales, de donde sólo son resucitados por la lejana e inesperada visita de los investigadores de la historia.
Pero no hay tarea más noble, más donadora de sí mismo, de su propia vida que la vida del político. El gran mártir de la Independencia del Brasil, Tiradentes, la definió como la de aquel que en vez de trabajar para sí, "trabaja para todos."
El Parlamento mexicano tiene larga tradición. De sintonía con la causa del pueblo, de devoción a la identidad mexicana, de centro permanente de debate sobre los destinos del país.
Hoy es usual oír que los parlamentos sufren grave crisis de desgaste. Que hay una tendencia mundial hacia ejecutivos fuertes. Mi opinión se contrapone siempre en la afirmación de que ningún ejecutivo es fuerte si no tiene a su lado un parlamento fuerte.
La sorpresa del destino me ordenó presidir la transición institucional brasileña, en la cual la revalorización del papel del Congreso constituye un elemento fundamental.
Sin auténtica representación parlamentaria no hay ciudadanía soberana.
El Congreso es también la sede natural de la relación entre la región y la nación. Este es un punto que me es particularmente sensible, tal vez porque vengo de una región pobre de Brasil, donde todo nos vuelve dolorosamente conscientes de los desequilibrios regionales y de la crucial importancia de la representación parlamentaria de las áreas menos desarrolladas. En el Parlamento es posible luchar en términos de igualdad contra la desigualdades que existen en todo el país. Desigualdades espaciales, de ingresos, de grupos.
Mi larga permanencia en el Senado Federal dejó en mi personalidad política una marca profunda, relacionada con la lucha por superar la penuria, el esfuerzo por preservar valores culturales, que se confunden con las propias raíces de la nacionalidad. La representación igualitaria de los Estados es siempre el puntual de la unidad nacional que se forma siempre de la juntura de que es lo regional lo más universal.
El Co ngreso es hoy, en Brasil, más que un Poder Legislativo normal: fue electo para redactar la nueva acta magna brasileña. Este es una momento sobresaliente, cargado de historia en la vida de una nación.
México también ha conocido momentos como éste. En realidad, podemos decir que este país nos ofrece uno de los mejores ejemplos de la profundización de la experiencia angustiosa y al mismo tiempo grandiosa de la reconstrucción del Estado. El sentido agónico y tantas veces trágico de la historia mexicana, la experiencia de la revolución, sedimentó y valorizó en este país la percepción del Estado como orden jurídico duradero. Mostró la importancia de definir claramente las lineas generales del poder y de la soberanía. La verdad es que México, excepción en nuestro atribulado continente, conquisto seis decenios de estabilidad, persiguiendo una política de preocupación social, sin abdicar jamás de los valores de la libertad.
Ni las peores crisis, provocadas por los cataclismos naturales o por la economía, han afectado la estabilidad de las instituciones mexicanas, expresión de la madurez política del pueblo de este país.
Nosotros también, en Brasil, vivimos el reto de construir instituciones originales y estables.
La convocación de la Asamblea Nacional Constituyente es un compromiso que mi gobierno asumió con el pueblo brasileño. Es marco de una aspiración nacional por ordenar un estado de derecho fundado en un debate amplio, libre y abierto con todas las clases sociales y en todos los puntos de Brasil. Pues una constitución sólo puede ser duradera y respetada cuando emerge del consenso de la propia sociedad.
Los ideales cívicos de la democracia y de la justicia sociales ya poseen anclas seguras en la conciencia brasileña. Por eso, ningún proyecto autoritario tendrá vigencia en la compleja, vigorosa y dinámica sociedad industrial en la que Brasil se ha convertido.
Caminamos, de manera firme y segura, hacia la consolidación de nuestras instituciones democráticas.
En sus lúcidos Estudios de Derecho Constitucional, el Presidente Miguel de la Madrid, mostró que México optó por un presidencialismo en el que la división de los poderes no significa separación rígida, sino, al contrario, colaboración dentro de la autonomía.
Este presidencialismo constitucional ha sido también el camino preferido por la tradición republicana en Brasil. En este punto, como en tantos otros, el legado de Juárez y Madero coincide con la lección de nuestro gran jurista Rui Barbosa.
Es dentro de este marco institucional que el Congreso brasileño, como este Congreso, enfrenta hoy los desafíos del desarrollo.
Señor Presidente.
Con esta mi visita estamos facilitando el encuentro de dos grandes naciones, México y Brasil aportan rasgos fuertes y complementarios a una misma entidad cultural latinoamericana. Buscando soluciones para problemas análogos y para una crisis que los afecta igualmente, enfrentan la necesidad de acentuar su identidad común.
Los Congresos de nuestros dos países participan plenamente de un esfuerzo de aproximación política cada vez más grande entre nuestros países. No es por acaso que parlamentarios de ambos países consideran actualmente la conveniencia de formar un grupo mexicano-brasileño, dando así una nueva dimensión a las relaciones fraternales entre nuestros Congresos.
México y Brasil son países con una visión semejante del mundo, refractarios a la política de bloques y partidarios de la distensión de las relaciones este-oeste.
Son países que hoy ya cuentan con economías que están entre las doce mayores del mundo. Son países que llegan al siglo XXI como dos grandes y respetadas democracias raciales, que logran dar el salto decisivo de la modernización y están orientadas hacia el perfeccionamiento institucional. Nuestro diálogo político conquista hoy nuevos y más altos niveles, en el contexto de una aproximación política latinoamericana necesaria y urgente.
El histórico ideal de integración latinoamericana, que pretendemos realizar, rebasa la esfera de lo económico. Ha llegado la hora de afirmar la identidad latinoamericana y de rescatar la voz política propia de nuestra región.
La reunión de cumbre de los ocho presidentes de los países integrantes del Grupo Contadora y de Apoyo, convocada para noviembre, podrá ser un paso importante en ese sentido. Se trata de un encuentro que deseamos que sea abierto; un encuentro de hombres de Estado donde quedarán claras nuestras coincidencias, pues consideramos de manera semejante nuestros retos políticos y nuestras dificultades económicas. Dicho encuentro deberá corresponder a un esfuerzo exclusivamente latinoamericano, que no trata de reproducir modelos extraños a la región.
Será una reflexión consciente de que América Latina es un conjunto de perspectivas políticas y una pluralidad cultural que enriquece su más profunda y auténtica unidad.
Brasil cree en que América Latina tiene la capacidad de resolver sus problemas por sus propios caminos.
La experiencia de Contadora es un ejemplo de esa capacidad regional. Contadora es un foro
político exclusivamente latinoamericano para la solución de problemas latinoamericanos.
En el caso de América Central, estamos convencidos de que una solución duradera para los conflictos sólo puede venir de los propios centroamericanos. Por eso creo que surge una luz de esperanza después de la reunión de Guatemala, en la que los países directamente involucrados consiguieron esbozar las pautas generales de un acuerdo, con base en criterios propios.
La creciente integración política, económica y cultural entre los países latinoamericanos es el mejor camino para encontrar soluciones para nuestras crisis.
Tenemos las mismas aspiraciones de vencer el subdesarrollo y la miseria. Y enfrentamos las mismas dificultades.
Al contrario de otras regiones del tercer mundo, América Latina ya ha estado en mejor situación, en términos relativos, de lo que está hoy. Casi todos los países latinoamericanos de mayor expresión tenían, en 1950 rentas per cápita mucho más altas que los nuevos países industrializados de Asia. Algunos de los países Latinoamericanos presentaban, entonces, rentas per cápita mucho más cercanas a las de los países europeos y de Japón.
En el espacio de una generación, tales posiciones cambiaron radicalmente. La renta promedio en los países latinoamericanos representa ahora sólo una parte declinante de los niveles de los países industrializados.
La década presente ha representado, así, un retroceso relativo para las economías de la mayoría de los países latinoamericanos, en contraste con otros continentes. La renta per cápita bajó a niveles inferiores de los de 1980 en casi todas las naciones latinoamericanas.
Esta realidad nos disgusta. Sin desconocer nuestros errores e insuficiencias, estamos convencidos de que ese retroceso es, en gran parte, producto de una inserción deformada de América Latina en la economía internacional, en sus dimensiones comercial, financiera y tecnológica.
En ese panorama, la deuda externa es como un nudo que une varios lazos. Nos toca desatarlo para que las economías latinoamericanas dirijan nuevamente sus esfuerzos hacia las metas fundamentales del crecimiento económico y del desarrollo social.
Por eso hemos insistido en un trato político de la cuestión de la deuda externa y en el reconocimiento de la corresponsabilidad de acreedores y deudores.
Ya no es posible esperar que deudas de tal magnitud, influenciadas por decisiones de la política económica de los países acreedores, sean tratadas en un plano exclusivamente bancario y financiero.
La demora en responder positivamente a las propuestas de los países endeudados ha traído como consecuencia que la deuda externa siga pesando sobre nuestros países y sobre la economía y las corrientes comerciales, dificultando o entorpeciendo el crecimiento de la economía mundial, incluso de los países acreedores.
Les cabe a los líderes políticos latinoamericanos trabajar para que se interrumpa el retroceso de nuestra región y se invierta este espiral que nos empobrece cada día más.
La respuesta latinoamericana a la larga y penosa crisis económica internacional tendrá que ser siempre soberana, democrática y pacífica.
Soberana, porque decide y ejecuta, sin injerencias, sus propias políticas económicas. Democráticas, porque insiste en participar en las decisiones que afectan la economía mundial como un todo. Pacífica, porque rechaza la violencia y la arbitrariedad de las soluciones impuestas.
Al mismo tiempo, no consideramos absolutamente la hipótesis de la enajenación del sistema económico internacional, en pro de una utopía autárquica cualquiera. Lo que deseamos es un perfeccionamiento del sistema para que él mismo pueda servir a todos los países sin posiciones privilegiadas.
La integración política, económica y cultural latinoamericana es parte de esta respuesta soberana, democrática y pacífica.
El éxito de Brasil y de cada uno de nuestros países esta estrechamente vinculado al éxito de una América Latina próspera y justa, de un Continente unido en una comunidad que preserve la riqueza de nuestras identidades, sin jamás perder de vista la meta inspiradora de la integración definitiva. América Latina no puede, estoy convencido, seguir al margen de la gran tendencia contemporánea para las economías de conjunto.
Dentro de nuestra comunidad latinoamericana, Brasil y México, en particular, comparten valores, ideales y preferencias. En materia de cultura, así como de comercio y política, nuestros países se pueden dar la mano fraternalmente.
Mantengámonos, pues, de manera firme y serena, en la fe democrática, fieles al sentido pleno y creador de la libertad. Así, en la compañía de nuestros hermanos latinoamericanos, construiremos en el futuro las sociedades dignas de los ideales humanísticos que caracterizan la identidad de nuestra región.
Los Congresos de las dos naciones son una institución esencial y central en este proceso. Ellos son la expresión del pueblo. La soberanía de la voluntad nacional. Patria y libertad son conceptos envejecidos.
Nuestra gran patria es América Latina.
Y México es un santuario donde está guardadas la cultura, la tradición, la saga del sufrimiento y de la gloria de todos aquellos que viven, como nuestros pueblos, la esperanza de la libertad. Vamos juntos, amigos y hermanos, Brasil y México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: Señor Doctor José Sarney:
Agradezco a su excelencia en primer término, el haberse dirigido a esta Comisión Permanente, en español, gesto que le apreciamos como especial muestra de cortesía y afecto, para el pueblo mexicano. (Aplausos.)
A nombre de la Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, agradezco la presencia y el mensaje en esta sesión del excelentísimo señor Presidente de la República Federativa de Brasil, doctor José Sarney.
Al escuchar su profunda alocución, refrendamos el alto valor que México otorga al estrechamiento de sus relaciones con las naciones hermanas de América Latina, y particularmente con el Brasil.
Reconocemos en su país a un valioso aliado en la lucha que libran los pueblos latinoamericanos por conservar y consolidar su independencia, su capacidad de autodeterminación y su cultura.
Por otra parte, señor Presidente, identificamos en usted al colega Parlamentario que usa la palabra para argumentar y convencer con estricto apego a las libertades de pensamiento y de expresión.
Al despedirlo a usted, señor doctor José Sarney, y a su distinguida comitiva, donde destaca la presencia de su esposa, la señora Marli Macieira de Sarney, y de los Ministros de Estado Abreu Sodre, Bresser Gon Alves Pereira, Castelo Branco y Bayma Deys, así como de los parlamentarios senador Hugo Napoleao do Rego Neto, senador Leopoldo Pérez Sobrinho, diputado José Jorge de Vasconselos Lima, diputado Antonio Paes de Andrade, le rogamos sea portador del cordial mensaje de solidaridad del pueblo mexicano al pueblo brasileño, que formulamos en esta ocasión mi compañero el diputado Nicolás Reynés Berezaluce, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y su servidor a nombre del Congreso de la Unión.
Hacemos votos en favor del constante progreso y bienestar del pueblo brasileño y de su salud y felicidad personal y de su distinguida esposa. Muchas gracias por su visita, señor Presidente. (Aplausos.)
(Hace entrega de un recuerdo del Congreso Mexicano.)
Se ruega a la comisión designada acompañe a su salida, y hasta la puerta de este recinto al señor excelentísimo José Sarney, Presidente de la República Federativa del Brasil y a su distinguida comitiva.
El C. doctor José Sarney: -Para conmemorar la visita que estoy haciendo a México, entrego esta Medalla Conmemorativa de dicha visita con el símbolo de Brasil y de México, que tengo el honor de entregar a Vuestra Excelencia.
(Hace entrega de dicha Medalla Conmemorativa.)
El C. presidente: -Es una Medalla histórica con los Escudos de ambos países, acuñada en el Brasil, para conmemorar la visita del Presidente José Sarney, a México.
(Es bien recibida por nosotros.)
(Aplausos.)
El mismo C. presidente: -Sírvase la secretaría continuar con el desahogo de los asuntos en cartera.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales:
"Acta de la Sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del C. senador Antonio Riva Palacio López
En la ciudad de México, a las once horas y cincuenta minutos del miércoles doce de agosto de mil novecientos ochenta y siete, con asistencia de dieciocho ciudadanos legisladores, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior llevada a cabo el día seis de los corriente.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La presidencia designa las siguientes comisiones para que, en representación de la Comisión Permanente, asisten a los actos que acentuación se mencionan:
A la ceremonia cívica que tendrá lugar el día 13 del actual en la Delegación Cuauhtémoc de esta capital, con motivo del CDLXVI aniversario de la Defensa de Tenochtitlán, al C. senador Abraham Martínez Rivero.
A la ceremonia cívica conmemorativa del CVIII aniversario del natalicio del ingeniero Vito Alessio Robles, que se llevará a efecto el día 14 del mes en curso, en la Delegación Política Alvaro Obregón, a la C. diputada María Emilia Farías Mackey.
Al sexto informe de la gestión administrativa del C. Emilio M. González, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit el día 18 del presente, a los CC. senador Rigoberto Ochoa Zaragoza y diputado Jorge Amador Amador.
La secretaría de Gobernación envía en tres oficios relativos a las solicitudes de permiso para que los CC. Bernardo Sepúlveda Amor, Ignacio Ovalle Fernández y Roberto Zambrano Lozano, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Recibo y a la Tercera Comisión.
La misma Secretaría de Gobernación remite dos oficios por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Guillermo Contreras Aróstico y Georgina Marion Breakwell de Loaeza, puedan prestar servicios en al Embajada Británica, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Primera Comisión.
El C. senador Gonzalo Martínez Corbalá solicita la autorización necesaria para aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de España. Recibo y a la Tercera Comisión.
Dictámenes de primera lectura:
De la Tercera Comisión, dos proyectos de decreto que concede permiso al C. José Antonio Alvarez Lima, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Colombia, y al C. Rogelio Martínez Aguilar, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella de la Amistad entre los Pueblos, en grado de Oro, que le otorga el Gobierno de la República Democrática Alemana.
De la Primera Comisión, dos con proyectos de decreto que autorizan a los CC. Arturo Bello López y Mario Ramírez, para prestar servicios como empleados en la Embajada de la República de Francia, en México.
De la primera comisión, uno con proyecto de decreto, que concede permiso al C. Enrique Araujo Calixto, para prestar servicios como empleado en la Embajada de la República de la India, en México.
Dictámenes a discusión:
De la Primera Comisión, uno con puntos de acuerdo en virtud de los cuales se ratifican los nombramientos que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor de los CC. Alvaro Eguía Romero, María Elena Aurea López Castillo y Fernando Gutiérrez Ortega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
A discusión los puntos de acuerdo. Sin que motiven debate, en votación económica se aprueban. Comuníquese al Ejecutivo.
Encontrándose a las puertas del recinto los ciudadanos Magistrados, la presidencia designa en comisión para introducirlos al salón y acompañarlos en el acto de rendir la protesta de rigor, a los CC. diputado Jorge Montúfar Araujo, senador Guillermo Mercado Romero y diputado Salvador Robles Quintero.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, los CC. Alvaro Eguía Romero, María Elena Aurea López Castillo y Fernando Gutiérrez Ortega, rinden la protesta de ley como Magistrados de Sala Regional del H. Tribunal Fiscal de la Federación.
La misma comisión que los introdujo les acompaña al retirarse del salón.
De la Primera Comisión, uno con punto de acuerdo que aprueba el retiro forzoso del Ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Jorge Olivera Toro y Cordero, considerando el dictamen y puntos de acuerdo aprobados por el Pleno de ese Alto Tribunal.
A discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, diez con sendos puntos de acuerdo, por los que se ratifican los grados militares que el Ejecutivo de la Unión hizo en favor de los siguientes miembros del Ejército: general Armando González Taboada y coroneles Jorge Juárez Loera, Gustavo Adolfo Guevara Martínez, Francisco López Requena, Eduardo Sánchez Rodríguez, Alberto Hernández Ortiz, Ángel López Bautista, Petronilo Díaz Ramírez, David Roberto Bárcenas Ríos y Mario Eduardo Chavero Ceballos.
A discusión en su orden los puntos de acuerdo. Sin ella, en votaciones económicas sucesivas se aprueban. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Tercera Comisión, uno con proyecto de decreto que concede permiso al C. Roberto Rodríguez Baños, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Cirilo y Metodio en Primer Grado, que le confiere el Gobierno de
la República Popular de Bulgaria. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, se reserva para su votación nominal en conjunto.
De la Primera Comisión, uno con proyecto de decreto que autoriza al C. Carlos Alcántara Santana, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin ella, se reserva para su votación nominal en conjunto.
De la Primera Comisión, uno con proyecto de decreto que concede permiso a las CC. Sara López Mena y Federica Ortega Ramírez, para prestar servicios como empleadas en la Embajada Real de Noruega, en México. Es de segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba este proyecto y los dos anteriormente reservados, por dieciocho votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Primera Comisión, uno con proyecto de decreto que concede permiso a la C. Etel Victoria Dávila Calderón, para prestar servicios como empleada administrativa en el Consulado de los Estado Unidos de América, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para votación nominal en conjunto.
De la Primera Comisión, uno con proyecto de decreto que autoriza a los CC. Patricia Pacheco, Alma Eugenia Vite Alarcón, Rebeca Núñez Nava, Lorena Vizcaya Arellano, Miriam Raquel Hamdan Partida, Fermín Ochoa y Padilla, Claudia Bernarda Cancino Villanueva y Eduardo León Ruvalcaba, para prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América, acreditada en nuestro país. Es de segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, por diecisiete votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El C. senador Alejandro Sobarzo Loaiza usa de la palabra para fundamentar y dar lectura a la siguiente proposición:
"Las siete fracciones parlamentarias del H. Congreso de la Unión, representadas en la Comisión Permanente, se permiten proponer a la asamblea, el envío a los Poderes Legislativos de las repúblicas hermanas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, del siguiente telegrama:
Las fracciones parlamentarias representadas en la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión han visto con satisfacción la firma del documento intitulado "Procedimiento para establecer la Paz firme y Duradera en Centroamérica" adoptado en Guatemala el 7 del presente por los cinco jefes de Estado de la zona en conflicto, dado que significa un paso importante para lograr la pacificación en el istmo centroamericano, indica que la solución pacífica de controversia es la vía adecuada para el arreglo de diferendos internacionales y pone de relieve la capacidad de los países del área para buscar solución a los problemas que afrontan.
A través de ese Órgano Legislativo deseamos, pues, dejar constancia de nuestro decidido apoyo y simpatía."
Solicita se considere el asunto de urgente resolución.
La asamblea en votación económica admite a discusión la proposición y la considera de urgente resolución.
A debate la proposición. Hace uso de la palabra para razonar su voto, el C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición.
La presidencia acuerda: Proceda la secretaría a enviar los telegramas con el texto aprobado por la asamblea, a los presidentes de los parlamentos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
En seguida, abordan la tribuna los siguientes legisladores:
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo para dar lectura a un documento firmado por las autoridades civiles y habitantes del centro de población Nuevo San Juan, Santa María Chimalapa, Oaxaca, relativo a la detención del señor Marcos Ayala García, dirigente campesino de ese centro de población.
A nombre del C. diputado Heberto Castillo Martínez y en el suyo propio, el C. diputado Pablo José Pascual Moncayo solicita que la Comisión Permanente turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, el requerimiento de investigación de los hechos señalados, con el fin de que se esclarezcan y en su caso, el afectado recupere su libertad.
El propio C. diputado Pablo José Pascual Moncayo, se refiere a los atentados cometidos.
contra luchadores sociales, pidiendo la investigación sobre la muerte de Maclovio Rojas, de Javier Santiago, de Severiano Carranza y de Venancio Quintero, y propone que se turne a las Comisiones de Derechos Humanos y de justicia de la Cámara de Diputados, la investigación sobre los asesinatos de los campesinos ya citados.
Sin presumir competencia para la solución del conflicto a que alude el C. diputado Pablo José Pascual Moncayo por las comisiones que cita, la presidencia con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica, turna el asunto relativo a la detención de Marcos Ayala García a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la H. Cámara de Diputados y el que se refiere a los asesinatos de campesinos a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de justicia de la propia Cámara, sin mandato ni resolución alguna.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano, para señalar los problemas que afrontan los ciudadanos de Mexicali, Baja California, por el pago de consumo de energía eléctrica, que consideran muy elevado.
Hace comentarios al respecto y solicita que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pida al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, su intervención en relación con el problema y las cuestiones inherentes, y dar una respuesta en beneficio de los ciudadanos que radican en las zonas cálidas.
Para hechos sobre el tema, interviene el C. diputado Sócrates Rizzo García.
La presidencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley Orgánica y 179 del reglamento, turna la petición a la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, sin mandato ni acuerdo alguno, pero al mismo tiempo, en virtud de que la presidencia tiene conocimiento de que existe un trámite que lleva acabo la Comisión de Energéticos de la propia Cámara de Diputados, se turna también a la citada comisión para que, conforme a sus antecedentes tome la intervención que le corresponda.
El C. diputado Jorge Amador Amador, para manifestar que su partido, el Socialista de los Trabajadores hizo una protesta por el hecho de que de distintas maneras se ha hecho una pública supuesta decisión de haberse incorporado al nuevo Partido Mexicano Socialista. Agrega que el partido Socialista de los Trabajadores de ninguna manera está en disposición de incorporarse al Partido Mexicano Socialista. Quienes lo afirman, mienten y entorpecen a su propia militancia, sorprenden a la opinión pública y lesionan el interés del PST.
Para hechos sobre el mismo tema, interviene el C. diputado Pablo José Pascual Moncayo.
Para plantear un asunto diferente, el C. diputado Pablo José Pascual Moncayo menciona que está por decidirse el futuro de la Empresa Diesel Nacional, sujeta a control presupuestal directo.
A nombre del C. diputado Heberto Castillo Martínez y en el suyo propio, propone que se cite al C. Humberto Mosconi, director de la Empresa Diesel Nacional, S. A. para que comparezca ante la Comisión de patrimonio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, con el fin de que informe, explique y fundamente el conjunto de medidas que se están tomando en la reestructuración de esa empresa paraestatal.
Con fundamento en el artículo 113 de la ley Orgánica y 179 del reglamento, la presidencia turna la proposición a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Diputados.
El propio C. diputado José Pablo Pascual Moncayo, para dar lectura a una carta dirigida al General de División Juan Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa, por el C. Diputado Eduardo Valle Espinosa, en la que le comunica que soldados del ejército mexicano y personas con equipo de topógrafos y de medición, realizaron trazos y señalamientos y abrieron brechas al pie del volcán, en terrenos poseídos por los comuneros de San Andrés Totoltepec, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal.
Solicita la intervención del señor secretario, a fin de que los mencionados soldados se retiren de esos terrenos y respeten los derechos de los campesinos.
La presidencia pregunta, para qué efectos se dio lectura a la carta, a lo que el diputado Pablo José Pascual Moncayo, contestó: "porque hasta el momento no se ha recibido contestación y simplemente para que se tomara en cuenta, porque puede ser debatido en esta Comisión Permanente, así lo ha pedido un grupo de comuneros."
La presidencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley Orgánica turna el asunto a la Comisión, de Información Gestoría y Quejas de la H. Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las catorce horas y cincuenta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes dieciocho de agosto, a las diez treinta horas, dado que a las once horas se recibirá la visita del excelentísimo doctor José Sarney, presidente del Brasil."
Está a discusión el acta. No habiendo que haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Departamento del Distrito federal.
México, D. F., a 11 de agosto de 1987.
C. senador licenciado Antonio Riva Palacio López; Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación a la ceremonia cívica con motivo del CXL aniversario de la Heroica Defensa de Churubusco, que tendrá lugar el próximo jueves 20 del actual a las 11:00 horas en el parque a la Bandera, frente al ex convento de Churubusco, General Pedro Ma. Anaya y 20 de Agosto, delegación Política Coyoacán.
Al propio tiempo me permito solicitarle, tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Comisión Permanente que usted dignamente preside.
Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección .
El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez."
El C. presidente: para insistir en representación de esta H. Comisión Permanente, se designa al C. diputado Sócrates Rizzo García.
SOLICITUD DE LICENCIA
La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda:
"México, D.F., a 15 de agosto de 1987.
Señor senador licenciado Antonio Riva Palacio López, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
Heriberto Ramos Salas, diputado federal a la LIII legislatura del H. Congreso de la Unión, electo por el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Coahuila, ante esa comisión Permanente comparezco para exponer:
Que en virtud de haber sido postulado candidato de mi partido, el Revolucionario Institucional, para Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, y toda vez que la fracción V del artículo 16 de la ley de Organizaciones políticas y procesos Electorales del Estado, establece entre los requisitos de elegibilidad, no ser servidor público, que perciba sueldos o emolumentos del erario, a menos que se separe de su cargo antes de la elección en los términos de la propia Ley Electoral, disposición normativa esta que para el caso previene la separación 60 días antes del día de la elección.
Que en razón de lo anterior vengo por medio del presente escrito a solicitar licencia para separarme del encargo de diputado federal.
Fundo esta solicitud en lo previsto en la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo que previene el artículo 48 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente.
Licenciado, Heriberto Ramos Salas."
El C. presidente: Está presidencia considera el asunto con el que se acaba de dar cuenta como de urgente y obvia resolución, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado, dispensados todos los trámites.
El C. presidente: En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La C. secretaría senadora Guadalupe Gómez Maganda: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
"Único: Se concede licencia al C. diputado Heriberto Ramos Salas, para separarse de sus funciones como diputado federal por el Sexto Distrito Electoral del Estado de Coahuila."
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese.
PRESUPUESTO DEL D.F.
La misma C. secretaria:
"C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, y en acatamiento al artículo 32 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1987, me permito remitir a usted el Informe Trimestral de Avance del programa Presupuesto de esta entidad, al 30 de junio del año en curso.
El informe contempla los apartados sobre resultados generales, ingresos, egresos, deuda pública y sus respectivos cuadros analíticos.
Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la Deuda de la Entidad, así como los movimientos de la misma.
Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitarnos y hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor, C.P. Lino Espinosa Palacios."
Trámite: Recibo y túrnese a las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la H. Cámara de Diputados y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal de la H. Cámara de Senadores.
INFORME DEL BANCO DE MÉXICO
La misma C. secretaria:
"México, D.F., a 14 de agosto de 1987.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley Orgánica del Banco de México, esta Institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre del año en curso.
Con fecha 30 de enero de 1987, esta Institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de Gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio 1987.
Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:
BILLONES DE PESOS
a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre
de 1986. 10.029
b) Flujo total en 1987. 6.282
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de
México durante 1987. 16.311
(*) Según el referido acuerdo de la Junta de Gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del Gobierno Federal.
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las cesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el Banco durante el período al cual están referidos.
Con fecha 15 de mayo de 1987 informamos a ustedes sobre el financiamiento interno del Banco de México durante el primer trimestre de 1987. El saldo del financiamiento interno al día último de marzo fue de 11.452 billones, cifra que muestra un aumento de 1.423 billones respecto al saldo observado al cierre de diciembre de 1986, de los cuales - en números redondos - 1.166 billones corresponden a redocumentación de adeudos y 0.345 billones al efecto del deslizamiento del tipo de cambio sobre el monto, valuado en pesos, de la deuda en moneda extranjera que el Gobierno tenía con el Instituto Central al cierre de 1986, observándose una disminución de 0.089 billones en el financiamiento adicional efectivo de la Institución.
A continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al segundo trimestre de 1987, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, del saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos, aquéllos que no toman en cuenta el aumento del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio. Ello en virtud de que tal aumento del valor en pesos de la deuda
en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo adicional y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su Junta de Gobierno, según se explica en la nota de la página anterior de ese informe.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El 30 de enero de 1987 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del Gobierno Federal en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1987 se estableció en 0.674 billones, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, podría excederse de presentarse circunstancias extraordinarias que aumentaran considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la ley citada, a continuación les damos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondiente al segundo trimestre de 1987.
MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
DEL I DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1987.*-/
- Saldos en billones de pesos -
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Trámite: Recibo y túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores.
SOLICITUD DE PARTICULARES
SERVICIOS PARTICULARES
La misma C. secretaria:
"C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
México, D.F.
Presente.
Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez y Darío Ulises Oscos Coria señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Campos Elíseos 345, 2o. Piso, Colonia Chapultepec Polanco, Código Postal 11560 y autorizando para oírlas y recibirlas, indistintamente a los señores Santiago Palaciá Lores. Alberto de la Parra Zavala y Rogelio Verduzco Larrondo, atentamente comparecemos y exponemos:
1. El Gobierno de los Estados Unidos de América por medio de su Departamento de Justicia nos ha solicitado lo representemos ante tribunales y autoridades mexicanas, a fin de ejercitar todas las acciones legales necesarias, en relación con el adeudo que tiene Marine Logistics Corporation en favor del Gobierno de los Estados Unidos de América.
2. Con fundamento en el artículo 37, apartado b), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos con el debido respeto a esa H. Comisión Permanente otorgue autorización a los suscritos, para representar conjunta o separadamente al Gobierno de los Estados Unidos de América, en el asunto señalado en el punto uno anterior.
A fin de ejercitar dicha representación el Gobierno de los Estados Unidos de América nos otorgará las siguientes facultades:
Poder especial para pleitos y cobranzas para ejercitarlo conjunta o separadamente, con toda clase de facultades generales incluyendo aquellas que requieren cláusula especial de conformidad con el primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. Estando facultados, por lo tanto, para desistirnos hasta de juicios de amparo, para comprometernos en árbitros, para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, para recibir pagos y para celebrar todos los actos determinados expresamente por la ley; actuando en nombre de los Estados Unidos de América ante cualquier autoridad civil, laboral o administrativa y ante tribunales y autoridades dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Al presente acompañamos copias certificadas de nuestras respectivas actas de nacimiento, documentos que acreditan nuestra nacionalidad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto.
A usted C. Presidente de esa H. Comisión Permanente,
Atentamente solicitamos:
Primero. Tenernos por presentados en los términos del presente escrito, solicitando por su conducto la autorización necesaria de la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión.
Segundo. En su oportunidad, se expida la constancia oficial correspondiente conteniendo la autorización respectiva de esa Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, para representar al Gobierno de los Estados Unidos de América.
Tercero. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, a nuestra costa, la resolución emitida por esa H. Comisión.
México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez; Darío Ulises Oscos Coria."
Trámite: Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El C. presidente: Se ruega a la Primera Comisión proceda a formular el dictamen relativo y lo entregue a esta presidencia, en el transcurso de la sesión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El C. Secretario diputado Mario Murillo Morales:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, Secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la República, en Primer Grado, que le confiere el Gobierno de la República Árabe de Egipto.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la República, en Primer grado, que le confiere el Gobierno de la República Árabe de Egipto.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., A 13 de agosto de 1987.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; Diputado, Salvador Robles Quintero; senador Víctor Manzanilla Schaffer; diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero; diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo; diputado, Jorge Amador Amador."
Trámite: Primera Lectura.
El mismo C. secretario:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Embajador Ignacio Ovalle Fernández, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del libertador San Martín, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Argentina.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Ignacio Ovalle Fernández, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Libertador San Martín, en grado de Gran cruz, que le confiere el Gobierno de Argentina.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; diputado, Salvador Robles Quintero; senador, Víctor Manzanilla Shaffer; Diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero; diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo; Diputado, Jorge Amador Amador."
Trámite: Primera lectura.
El mismo C. secretario:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Roberto Zambrano Lozano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden real de la Estrella Polar, en grado de comendador, que le confiere el Gobierno de Suecia.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Roberto Zambrano Lozano, para aceptar y usar la condecoración, de la orden real de la Estrella polar, en grado de comendador, que le confiere el Gobierno de Suecia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión . - México, D. F., a 13 de agosto de 1987.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; diputado, Salvador Robles Quintero; senador, Víctor Manzanilla Schaffer; diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero, diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo; diputado, Jorge Amador Amador."
Trámite: Primera lectura.
El mismo C. secretario:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano ingeniero y senador Gonzalo Martínez Corbalá, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. se concede permiso al ciudadano ingeniero y senador Gonzalo Martínez Corbalá, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de España.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 13 de agosto de 1987.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; diputado, Salvador Robles Quintero; senador, Víctor Manzanilla Schaffer; diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero; diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo, diputado, Jorge Amador Amador."
Trámite: Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea:
En oficios fechados los días 28 de julio próximo pasado y 3 de agosto del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guillermo Contreras Aróstico y Georgina Marion Breakwell de Loaeza, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada Británica, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 12 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y la carta de naturalización no. 4996, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada Británica serán como chofer y como Subgerente en la Oficina de turismo, respectivamente;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Contreras Aróstico, para prestar servicios como chofer en la Embajada Británica, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadanía Georgina Marion Breakwell de Loaeza, para prestar servicios como Subgerente en la Oficina de Turismo Británico.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Senador, José Patrocinio González Blanco Garrido; diputado, Blas Chumacero Sánchez; senador, Guillermo Mercado Romero; diputada, María Emilia Farías Mackey; senadora, Socorro Díaz Palacios; diputado, Heberto Castillo Martínez; senador, Arturo Romo Gutiérrez; diputado, Juan de Dios Castro Lozano."
Trámite: Primera lectura.
El C. presidente: Esta presidencia considera los cinco dictámenes a los que se les dio primera lectura, como urgente resolución; se ruega a la secretaría consulte a la asamblea, si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Se dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Bernardo Sepúlveda Amor, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Árabe de Egipto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Ignacio Ovalle Fernández, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Argentina.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Roberto Zambrano Lozano para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Suecia.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Gonzalo Martínez Corbalá, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de España.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los CC. Guillermo Contreras Aróstico y Georgina Marion Breakwell de Loaeza, para prestar servicios en la Embajada Británica, en México.
El C. presidente: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto en lo general y en lo particular y de los anteriormente reservados, en un solo acto.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: se emitieron 19 votos en pro.
El C. presidente: Aprobados los proyectos de decreto, por 19 votos.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
GRADOS MILITARES
La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Bernardo Rodrigo Castellanos Fernández, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército en la Sección de transmisiones como Soldado del 1er. Batallón de Artillería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, el seis de marzo de mil novecientos cincuenta y seis; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios en el ejército durante treinta y un años, tres meses, veinte días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones del Mérito Docente, de Perseverancia de Cuarta Tercera y Segunda. Clases, por haber comprobado tener el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión Dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. Bernardo Rodrigo Castellanos Fernández, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Bernardo Rodrigo Castellanos Fernández.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Segunda Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza ; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Marquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hojas de servicios del C. José Leopoldo Martínez González, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército el primero de febrero de mil novecientos sesenta, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, habiendo terminado satisfactoriamente sus estudios el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres, con el grado de Subteniente de Artillería; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos. El quince de agosto de mil novecientos setenta y seis adquirió el carácter de Diplomado de Estado mayor; c)Ha prestado servicios al Ejército durante veintisiete años cuatro meses; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y segunda clase, y la del Mérito Deportivo de Primera clase.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. José Leopoldo Martínez González con su curriculum, prueba ser merecedor del grado que se le otorga. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. José Leopoldo Martínez González.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987. la comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. José Castillo Carrillo, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel de Infantería que el propio ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército el catorce de febrero de mil novecientos sesenta y tres, como cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, habiendo terminado satisfactoriamente sus estudios el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis, con el grado de Subteniente de Infantería; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios al Ejército durante veinticuatro años, tres meses y veinte días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. José Castillo Carrillo, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. José Castillo Carrillo.
Sala de Comisiones de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
La Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes
Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Francisco Borrayo Ibarra, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de Zapadores que el Propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios en el Ejercito durante veintinueve años, cinco meses, veintidós días, y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta Tercera y Segunda Clases por haber comprobado tener el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión Dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. Francisco Borrayo Ibarra, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga. Por los anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Zapadores, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Francisco Borrayo Ibarra.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Segunda Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo: senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios del C. Sergio Parra Estrada, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte; a) Que ingresó como Cadete en la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, el primero de agosto de mil novecientos sesenta: b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y uno adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor: c) Ha prestado servicios en el Ejército durante veintiséis años, diez meses, veintiséis días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta Tercera y Segunda Clases por haber comprobado tener el tiempo se servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. Sergio Parra Estrada, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Sergio Parra Estrada.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México. D. F., a 17 de agosto de 1987.
Segunda comisión.
Diputado. Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; Diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
La misma C. secretaria:
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio el expediente con hoja de servicios del C. Héctor Luis Cabrera Valdez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel Ingeniero Industrial, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos sesenta, habiendo terminado satisfactoriamente sus estudios con el grado de Subteniente de Infantería el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios al Ejército durante veintisiete años, cuatro meses y quince días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda clase, así como la del Mérito Docente.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Héctor Luis Cabrera Valdez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Industrial que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Héctor Luis Cabrera Valdez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
La Comisión.
Diputado. Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios del C. Heliodoro Guerrero Guerrero, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin que sea ratificado el grado de Coronel de Infantería que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete, habiendo terminado satisfactoriamente sus estudios con el grado de Subteniente de Infantería el primero de enero de mil novecientos sesenta; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios en el Ejército durante treinta años, cinco meses y dos días; y d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clase.
La Proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Heliodoro Guerrero Guerrero, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Infantería que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Heliodoro Guerrero Guerrero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 17 de agosto de 1987.
La Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Víctor Manuel Fabián Ceniceros, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel Médico Cirujano, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como Cadete en la Escuela Médico Militar, el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y seis; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios en el Ejército durante treinta y un años, cinco meses, seis días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta Tercera Segunda y Primera Clases, en virtud de haber comprobado tener el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. Víctor Manuel Fabián Ceniceros, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Víctor Manuel Fabián Ceniceros.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Segunda Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segunda; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económico se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Rodolfo Elizondo Mendoza, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel Ingeniero Constructor que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis; b) Ascendió a los demás grados por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios en el Ejército durante treinta y un año, cinco meses, veinticuatro días; y d) Se le han conferido Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta Tercera Segunda y Primera Clases, por haber comprobado tener el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. Rodolfo Elizondo Mendoza, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel Ingeniero Constructor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Rodolfo Elizondo Mendoza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Segunda Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Raúl Morales Morales, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército el primero de febrero de mil novecientos sesenta, como Cadete Numerario del Heroico Colegio Militar, habiendo terminado satisfactoriamente sus estudios con el grado de Subteniente de Artillería el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres; b) Ascendió a los demás grado por escalafón, de acuerdo con los Reglamentos y Leyes vigentes en el momento de sus ascensos, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor; c) Ha prestado servicios al Ejército durante veintisiete años, cuatro meses y cinco días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clase.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora, debe ser ratificada, porque el C. Raúl Morales Morales, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Raúl Morales Morales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. -México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
La Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea:
A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios del C. José María Fregoso Ambriz, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de Coronel Médico Cirujano que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Ejército como alumno en la Escuela Médico Militar, el ocho de enero de mil novecientos cincuenta y ocho; b) Ascendió a los demás grados
por escalafón, de acuerdo con los Reglamentos y Leyes vigentes en el momento de sus ascensos; c) Ha prestado servicios en el Ejército durante veintinueve años, cuatro meses, nueve días; y d) Se le han conferido las Condecoraciones de Perseverancia de Cuarta Tercera y Segunda Clases, por haber comprobado tener el tiempo de servicios fijados para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la Comisión Dictaminadora, debe ser ratificada porque el C. José María Fregoso Ambriz, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de Coronel Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. José María Fregoso Ambriz.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 17 de agosto de 1987.
Segunda Comisión.
Diputado, Jorge Montúfar Araujo; senador, Rigoberto Ochoa Zaragoza; diputado, César Augusto Santiago Ramírez; senador, Alejandro Sobarzo Loaiza; diputado, Reyes Fuentes García; senador, José Antonio Padilla Segura; diputado, Hildebrando Gaytán Márquez."
Está a discusión el punto de acuerdo, No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado José Antonio Alvarez Lima, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Colombia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado José Antonio Alvarez Lima, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Colombia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 10 de agosto de 1987.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; diputado, Salvador Robles Quintero; senador, Víctor Manzanilla Schaffer; diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero; diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo; diputado, Jorge Amador Amador."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. secretario:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Rogelio Martínez Aguilar, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella de la Amistad entre los Pueblos, en grado de Oro, que le confiere el Gobierno de la República Democrática Alemana.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Rogelio Martínez Aguilar, para aceptar y usar la Condecoración de la Estrella de la Amistad entre los Pueblos, en grado de Oro, que le confiere el Gobierno de la República Democrática Alemana.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 10 de agosto de 1987.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; diputado, Salvador Robles Quintero; senador, Víctor
Manzanilla Schaffer; diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero; diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo; diputado, Jorge Amador Amador."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 10 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo Bello López, pueda prestar servicios como Encargado de la Valija Diplomática en la Embajada de la República Francesa, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión EL 6 de agosto, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Francesa en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Bello López, para prestar servicios como Encargado de la Valija Diplomática en la Embajada de la República Francesa, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 10 de agosto de 1987.
Senador, J. Patrocinio González Blanco Garrido; diputado, Blas Chumacero Sánchez; senador, Guillermo Mercado Romero; diputada, María Emilia Farías Mackey; senadora, Socorro Díaz Palacios; diputado, Heberto Castillo Martínez; senador, Arturo Romo Gutiérrez; diputado, Juan de Dios Castro Lozano."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. secretario: "Primera Comisión.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 10 de julio de año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Ramírez, pueda prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de la República Francesa, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en la Embajada de la República Francesa, en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Mario Ramírez para prestar servicios como empleado para realizar labores de oficina y encargado de recibir y acompañar a funcionarios franceses en la Embajada de la República Francesa, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 7 de agosto de 1987.
Senador, J. Patrocinio González Blanco Garrido; diputado, Blas Chumacero Sánchez; senador, Guillermo Mercado Romero; diputada,
María Emilia Farías Mackey; senadora, Socorro Díaz Palacios; diputado, Heberto Castillo Martínez; senador, Arturo Romo Gutiérrez; diputado, Juan de Dios Castro Lozano."
Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo C. secretario:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 15 de julio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Araujo Calixto, pueda prestar servicios como encargado de la limpieza en la Embajada de la República de la india, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 6 de agosto, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la India, en México, serán como encargado de la limpieza;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Araujo Calixto, para prestar servicios como encargado de la limpieza, en la Embajada de la República de la India, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F., a 10 de agosto de 1987.
Senador, J. Patrocinio González Blanco Garrido; diputado, Blas Chumacero Sánchez, senador, Guillermo Mercado Romero; diputada, María Emilia Farías Mackey; senadora, Socorro Díaz Palacios; diputado, Heberto Castillo Martínez; senador, Arturo Romo Gutiérrez; diputado, Juan de Dios Castro Lozano." Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
(VOTACIÓN.)
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales.
Se emitieron 17 votos en pro.
El C. presidente: Aprobados los proyectos de decreto, por 16 votos.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales:
Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
EXPEDIENTE ARCHIVADO
El mismo C. secretario:
"Tercera Comisión.
Honorable asamblea:
A la Tercera Comisión que suscribe, se turnó para su estudio y dictamen la proposición del ciudadano diputado Hildebrando Gaytán Márquez, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, a fin de que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión declarase que "la Revolución Mexicana determinó características nuevas al Estado mexicano, entre los cuales está de manera relevante su intervención en la economía nacional, entre otras formas, con el control de diversos organismos descentralizados y empresas del Estado, estructura ésta que ha sido fundamental para garantizar el desarrollo independiente y la soberanía nacional" y en consecuencia "rechaza los pronunciamientos que en contra del sector estatal de la economía externo públicamente en la ciudad de Guadalajara, el día 22 de los corrientes (mayo de 1987) el ciudadano licenciado Miguel Mancera Aguayo, Director del Banco de México".
En el expediente a dictamen sólo constan las afirmaciones hechas en tribuna por el ciudadano diputado proponente, sin que a juicio de la comisión sean suficientes para que ésta se cerciore del sentido y alcance de las declaraciones a que la proposición alude.
Por otra parte, las diversas fracciones parlamentarias que integran la honorable Comisión Permanente, por conducto de sus voceros, y cada uno de los legisladores que la componen, durante el período de receso del Congreso de la Unión correspondiente al segundo año de su ejercicio legal, han expresado sus particulares puntos de vista en relación con los temas de los que la propuesta se ocupa, por lo que consideramos que resultaría extemporáneo e inoportuno pronunciarse en cualquier sentido sobre ese tema.
Por lo expuesto, proponemos a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Porque los temas a que se refiere la propuesta del ciudadano diputado Hildebrando Gaytán Márquez han sido objeto del pronunciamiento de cada una de las fracciones parlamentarias y de cada uno de sus miembros en lo particular, archívese el expediente formado con motivo de esta proposición.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México D. F., a 18 de agosto de 1987.
Tercera comisión.
Senador, Manuel Ramos Gurrión; diputado, Salvador Robles Quintero; diputado, Sócrates Rizzo García; senador, Abraham Martínez Rivero; diputado, Porfirio Cortés Silva; diputado, Pablo José Pascual Moncayo; diputado, Jorge Amador Amador."
El C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente, deseo que se consigne en el Diario de los Debates que mi voto va a ser en contra de este dictamen.
El C. presidente: - Continúe el trámite, la secretaría.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: - En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Archívese el expediente.
El C. presidente: - Sírvase la secretaría hacer constar el voto en contra y que aparezca registrado en el Diario de los Debates, del C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez y la abstención del diputado Pablo Pascual Moncayo.
EXPEDIENTE ARCHIVADO
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea:
A la Primera Comisión que suscribe, se turnó para su estudio y dictamen, la propuesta de declaración presentada por el ciudadano diputado Pedro Peñaloza, miembro de la fracción parlamentaría del Partido Revolucionario de los Trabajadores, a fin de que la H. Comisión Permanente emita declaración en la que se "condene cualquier acto de intervención, apoyo a la carrera armamentista y amenaza o uso de la fuerza que se de en la región centroamericana, porque se contraponen a la solución justa, pacífica y negociada a que aspira y tienen derecho esos pueblos."
El proponente funda su propuesta en que:
a) La política exterior de México se basa en principios permanentes;
b)Que dentro de esos principios se recogen las solución justa, pacífica y negociada de las controversias y la condena a la amenaza del uso de la fuerza, y c) Los principios anteriores han sido recogidos por el Grupo Contadora y su Grupo de Apoyo.
Señala también que las maniobras militares que se realizan por las fuerzas de los Estados Unidos de América, en Centroamérica, ponen en riesgo la paz en la región.
Los integrantes de esta Primera Comisión consideran que el tema al que la proposición se refiere, fue tratado durante el presente período de receso del Congreso de la Unión, en que ha estado en funciones la Comisión Permanente, en diversas ocasiones; la opinión de todos y cada uno de los legisladores que integran este órgano y que militan en diversas fracciones parlamentarias, quedó expresada con claridad.
Por lo demás, en forma muy acertada, los señores presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han analizado con profundidad la situación de Centroamérica y propuesto soluciones, sobre todo en la última reunión celebrada en Esquipulas, en donde produjeron la declaración denominada "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica".
Es opinión de los integrantes de la suscrita comisión que, por las razones expuestas, resulta extemporáneo cualquier pronunciamiento sobre este tema, por lo que proponen la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. En virtud de que la Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en el presente período de receso de dicho Congreso, dejó muy clara su postura en relación con cualquier acto de intervención, la carrera armamentista, el uso de la fuerza y la situación en Centroamérica, archívese la propuesta de declaración, presentada por el ciudadano diputado Pedro Peñaloza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 18 de agosto de 1987.
Senador, Patrocinio González Blanco Garrido; diputado, Blas Chumacero Sánchez; senador, Guillermo Mercado Romero; diputada, María Emilia Farías Mackey; senadora, Socorro Díaz Palacios; diputado, Heberto Castillo Martínez; senador, Arturo Romo Gutiérrez; diputado, Juan de Dios Castro Lozano."
El C. presidente: - Está a discusión el punto de acuerdo. Proceda a recoger la votación, por favor, ciudadano diputado.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Archívese el expediente.
El C. diputado Pablo Pascual Moncayo: - Quiero hacer constar la abstención.
El C. presidente: - Sírvase la secretaría hacer constar las abstenciones del C. diputado Pablo José Pascual Moncayo y del diputado Juan de Dios Castro Lozano.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
SERVICIOS PROFESIONALES
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea:
En escrito fechado el día 17 de agosto del año en curso, los ciudadanos Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez y Darío Ulises Oscos Coria, solicitan el permiso constitucional necesario para prestar servicios profesionales al Gobierno de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada el 18 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán al Gobierno de los Estados Unidos de América, serán de carácter profesional, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Alfonso Eric Martínez Rodríguez, para prestar servicios profesionales al Gobierno de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Darío Ulises Oscos Coria, para prestar servicios profesionales al Gobierno de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D. F., a 18 de agosto de 1987.
Senador, Patrocinio González Blanco Garrido; diputado, Blas Chumacero Sánchez; senador, Guillermo Mercado Romero; diputada, María Emilia Farías Mackey; senadora, Socorro Díaz Palacios; diputado, Heberto Castillo Martínez; senador, Arturo Romo Gutiérrez; diputado, Juan de Dios Castro Lozano."
El C. presidente: Esta presidencia considera el asunto con el que se acaba de dar cuenta, como de urgente resolución, se ruega a la secretaría se sirva preguntar a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone de inmediato a discusión y votación de inmediato.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a votación y discusión de inmediato.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la segunda lectura.
El C. presidente: En consecuencia está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento
Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
(VOTACIÓN.)
Se emitieron 17 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones.
El C. presidente: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 17 votos.
El C. secretario diputado Mario Murillo Morales: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INFORMES
EL C. presidente: Sírvase la secretaría, dar cuenta con los informes rendidos por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la H. Cámara de Diputados.
La C. secretaria senadora Guadalupe Gómez Maganda: Esta secretaría recibió de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la H. Cámara de Diputados, los informes relativos a la denuncia presentada por el C. diputado Pedro José Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, referente al aumento a las cuotas por servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.
Comisión de Información, Gestoría y Quejas
"CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En la sesión celebrada el pasado 18 de febrero del año en curso, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, le fue turnada la denuncia presentada por el C. diputado Pedro José Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, referente al aumento a las cuotas por servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Irapuato, Gto., a ese respecto esta comisión desea informar a la asamblea.
Honorable asamblea:
El C. diputado Pedro José Peñaloza en su intervención expuso la queja de los habitantes de la ciudad de Irapuato, quienes durante 1986, pagaron una cuota mensual de $259.00 por concepto de los servicios de agua potable y alcantarillado y a partir de este año se incrementó la cuota a $2,000.00.
Continúo diciendo el diputado Peñaloza que el municipio estableció como argumento, para el aumento en cuestión, que la recaudación sería aplicada para el arreglo del centro de la ciudad.
Sin embargo existe también un escrito por el cual el Presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, se dirige a los colonos irapuatenses para concientizarlos de los beneficios que obtendrán al tenderse la red de agua potable, empleando para ello, las cuotas que se recauden en la junta municipal de agua potable.
Por gestión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ante las autoridades estatales, a fin de encontrar la forma adecuada de llegar a un acuerdo entre éstos y los habitantes de la ciudad de Irapuato, el C. Secretario General de Gobierno del estado de Guanajuato, recibió en audiencia el 12 de marzo de 1987, a los representantes de los colonos y a los partidos de izquierda, reunión en la cual se tomaron los acuerdos necesarios encaminados a la mejor solución del problema.
Consecuentemente la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, resuelve dar por concluidas las gestiones en el presente asunto, dando por satisfecha la petición del diputado Peñaloza.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey, Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En sesión celebrada el día 3 de junio del año en curso, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, le fue turnada la proposición para que se implemente alguna acción encaminada a la solución del problema de los trabajadores no sindicalizados, de la empresa Altos Hornos de México, S.A., presentada por el senador licenciado Salvador Neme Castillo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo que esta comisión desea informar a la asamblea del tratamiento que se le ha dado a este asunto.
Honorable asamblea:
La proposición hecha por el senador Neme Castillo, nace de la inconformidad por la desigualdad de las condiciones de trabajo y prestaciones que reciben los trabajadores sindicalizados
y los no sindicalizados, estos últimos con mayor responsabilidad técnica y administrativa que los primeros y con menores beneficios.
Concretamente las peticiones de los trabajadores se reducen a tres:
Primera. La revisión del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo.
La petición se refiere a la excepción contenida en este artículo que dice:
"Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderá a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo Contrato Colectivo".
Los interesados consideran que tal disposición es lesiva a todos los trabajadores de confianza y contraria a los principios de equidad y justicia social que consagran los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento.
En el caso de los trabajadores de Alto Hornos de México, S.A., esta situación se refleja cuando el trabajador se retira; el sindicalizado recibe 34 días por año con salario integrado con prima de antigüedad "mejorada" además de otras bonificaciones; y en no sindicalizado sólo recibe 12 días por año como prima de antigüedad.
Segunda. Que se legisle el pago de daños y perjuicios ocasionados por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en relación con el tiempo que transcurre entre la fijación de una indemnización y el pago de la misma.
Esta petición deriva de la falta de cumplimiento de las obligaciones del patrón, es decir, cuando el trabajador tiene que demandar entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje el pago justo de alguna indemnización que el patrón omitió pagar o no pagó en su totalidad, transcurre un lapso de tiempo en el que la cantidad fijada inicialmente pierde su poder adquisitivo.
Tercera. Inconformidad por el cambio de plan de seguro de vida de grupo de plan de pensiones ocurrido en 1980 sin previo aviso ni consentimiento de los trabajadores.
El problema consiste en que en 1975 los trabajadores adquirieron a través de la empresa un seguro de grupo con Seguros Internacional, pagando el 1% de sus sueldos. Los beneficios que obtendrían serían mil días de sueldo por invalidez y mil noventa días por muerte; en 1977, se traspasó el seguro a Aseguradora Hidalgo.
En 1980, la empresa canceló "sin consentimiento de los trabajadores" el seguro de grupo sustituyéndolo, según indica, por un fideicomiso de inversión. Esto significa que a partir de esa fecha se les descuenta 0.75\5 de su sueldo (se redujo el descuento), se omitió el pago de mil noventa días por fallecimiento y la indemnización por invalidez aumentó a mil ochenta días, esto representaría una mejoría aparente a no ser porque en el pago de seguro va incluido el pago de la prima de antigüedad, es decir, los mismos trabajadores están pagando una prestación que corresponde pagar al patrón.
Las anteriores peticiones han sido demandadas ante diversas autoridades:
a) Ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 18 de noviembre de 1986, de cuyo escrito se desconoce si existe respuesta;
b) Ante la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal donde a través de la Dirección General de Siderurgia, el 10 de marzo del año en curso se determinó que los extrabajadores carecían de derecho alguno que apoyara su solicitud, no obstante esto se llevaron a cabo algunos convenios conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, de Altos Hornos de México, S. A., y los solicitantes dieron por satisfechas sus peticiones, y
c) Ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, alegando responsabilidad administrativa de algunos servidores públicos de Altos Hornos de México, S.A., quienes se autonombraron representantes de los trabajadores para modificar el plan de seguros. A este respecto la Secretaría de la Contraloría, el 23 de marzo de 1987, negó que los interesados tuvieran personalidad para impugnar la resolución (en este caso la de la Contraloría Interna de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal), derecho que corresponde sólo a los servicios públicos sancionados (Artículo 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.)
Por otra parte, algunos de los ex trabajadores afectados, han demandado individualmente el pago de las prestaciones referidas (se desconoce la resolución final de las mismas.)
Esta comisión remitió el asunto al secretario particular del titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien a su vez le turnó por ser de su competencia a su secretario de Minas e Industrias Básica, quien informó con fecha 6 de julio del año en curso que se está tramitando una reunión de los extrabajadores con el director general de la empresa.
Por lo anterior, la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, continuará realizando las gestiones pertinentes al caso.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 10 de junio del año en curso, fue turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la denuncia presentada por el C. diputado Jorge Amador Amador de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, relativa al despojo de 66 casas que tenían en custodia los ejidatarios del pueblo de San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad.
En atención a la honorable asamblea, la Comisión de Información, Gestoría y Quejas informa el trámite que ha seguido el presente caso.
Honorable asamblea:
En su intervención el C. diputado Amador señaló que con fecha 22 de febrero de 1962, fueron expropiadas por causa de utilidad pública 1,074 hectáreas de tierras ejidales que pertenecían al pueblo de San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, dicha expropiación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1o. de marzo de 1962. No obstante, al momento de la expropiación no existía avaluó que señalara el monto de la indemnización, permitiendo que se les pagara una ínfima cantidad por ellas, así mismo se les obligó a entregar dicho dinero a la Tesorería del Distrito Federal, como enganche de una casa, la cual, tendría que ser pagada posteriormente.
La indemnización en cuestión consistió en que debió haber sido entregado a los 505 ejidatarios que conformaban el ejido, casas o indemnización en dinero, sin embargo sólo se entregaron 370 casas quedando 135 ejidatarios sin casa y sin indemnización monetaria.
Como era evidente la mayoría de los ejidatarios al no tener los recursos necesarios, no pudieron cumplir con los pagos y se vieron en la necesidad de traspasar sus casas. Ante las demandas de los ejidatarios que no habían sido indemnizados y ante la inconformidad de los campesinos que habían sido forzados a traspasar sus casas, el entonces Presidente de la República, licenciado Luis Echeverría, ordenó una revisión del caso y que se les devolvieran 27 hectáreas a fin de que tomaran parte de uno de los programas habitacionales del Gobierno Federal.
Con la colaboración de los ejidatarios, INDECO y el FONAPE, se logró la construcción de 599 casas, de las cuales, 533 fueron entregadas inmediatamente a aquellos ejidatarios que mostraron tener derecho y las 66 restantes, fueron puestas bajo custodia de las autoridades ejidales, junto con 25 mil metros cuadrados, que serían destinados a la construcción de pequeñas y medianas industrias en beneficio de los propios ejidatarios.
Sin embargo dicho acto fue sancionado por el secretario de la Comisión Agraria Mixta del Distrito Federal y ejecutado por acuerdo del Secretario General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal.
Asimismo, con fecha 29 de junio de 1981, fueron despojados de las 66 casas que tenían en custodia, del terreno que se habían reservado para la construcción de fuentes de trabajo y de 2 casas más, habitadas por familias de ejidatarios.
La Comisión de Información, Gestoría y Quejas, ha tratado de conciliar el presente asunto, a través del diálogo con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Dirección General de Regularización Territorial, Representantes del XXX y XXXI Distritos Electorales y los ejidatarios, llevándose a cabo diversas reuniones, sin que a la fecha se haya logrado el objetivo, por lo que se informa la presente denuncia, aún no ha sido satisfecha, continuando con las gestiones pertinentes al caso.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CC. Secretarios:
En sesión celebrada el día 25 de febrero del año en curso, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, le fue turnada la denuncia de desalojo en perjuicio de los ejidatarios de San Francisco Culhuacán, por funcionarios de la Delegación Coyoacán, presentada por el C. diputado Pablo José Pascual Moncayo, de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, por lo que esta comisión desea informar a la asamblea sobre las gestiones realizadas al respecto.
Honorable asamblea:
El poblado en cuestión fue dotado de 162 hectáreas, 16 áreas y 25 centiáreas, por resolución presidencial del 24 de marzo de 1923, publicada en el Diario Oficial del 9 de abril del mismo año.
- Por decreto de fecha 11 de agosto de 1965, se expropió la superficie mencionada, al poblado en cuestión, señalándose un plazo de 5 años para su ejecución sopena de quedar inexistente.
- Dicha expropiación no se llevó a cabo en el tiempo establecido, por lo que los ejidatarios,
mediante escrito de fecha 2 de enero de 1980, solicitaron al C. Presidente de la República y al Secretario de la Reforma Agraria, dieran entrada y trámite al recurso de reversión.
- En virtud de que a su escrito, no recayó contestación alguna, interpusieron juicio de garantías ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, exp. 446\80, en donde se les concedió el amparo con fecha 9 de febrero de 1981.
- Los ejidatarios promovieron incidente de inejecución, ante la Suprema Corte de Justicia en donde en el expediente 20\983, el 6 de abril de 1984, recayó auto en el que se pide al Presidente de la República y al Secretario de la Reforma Agraria, que a la brevedad informe acerca de los actos que hayan realizado a fin de que se cumpla la sentencia del juicio de garantías.
- El 11 de marzo de 1985, nuevamente el Presidente de la Suprema Corte, otorga un plazo de 30 días a las autoridades responsables para que ejecuten la sentencia dictada en el expediente 446\80.
- Con fecha 17 de abril de 1986, esta comisión, envió escrito al Subsecretario de Asuntos Agrarios, solicitándole se les dé respuesta al escrito del 2 de enero de 1980, presentado por los ejidatarios.
- Por escrito de 14 de julio de 1986, interponen un nuevo juicio de garantías en contra de la orden de desalojo, asignándoles el expediente 76\86, en donde el 16 de julio de 1986, se admite la demanda y se les concede la suspensión del acto reclamado.
- Con escrito del 15 de octubre de 1986, interponen recurso de revisión en virtud de que por resolución del 18 de septiembre de 1986, se sobreseyó el juicio de amparo.
- El 21 de enero de 1987, el Juez de Distrito en Materia Administrativa, notifica a las partes, que se confirma la suspensión de oficio a los quejosos, misma que fue recurrida por el Jefe del Departamento del Distrito Federal.
El asunto es muy complejo, debido a la diversidad de trámites efectuados ante el Poder Judicial, en donde se encuentra pendiente de una resolución definitiva, el recurso de revisión, sin embargo, los ejidatarios cuentan con una suspensión provisional, misma que fue recurrida por el Titular del Departamento del Distrito Federal, desconociendo el acuerdo que haya recaído a a esto último.
Con fecha 1o. de junio del presente año, el Director de Asesoría Legal al Campesino, informó que revisados los antecedentes que obran en el Archivo General de la Secretaría de la Reforma Agraria, se constató que en el mismo no existe la solicitud de reversión de fecha 2 de enero de 1980; independientemente de ello, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a solicitud de la Secretaría Particular del Titular de la Dependencia, emitió opinión jurídica respecto a la forma apegada conforme a derecho por la cual el Departamento del Distrito Federal, entregue a los ejidatarios de los cinco poblados denominados "Los Culhuacanes", las prestaciones derivadas del Decreto Expropiatorio y del Convenio firmado en el año de 1977.
Sin embargo si se pretendiera llevar a cabo el procedimiento de reversión, el facultado para ejercitar la acción correspondiente, es el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Hasta el momento la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, espera copia de la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Ramo, la cual ya les fue solicitada.
Se continuarán realizando las gestiones pertinentes al caso, e informado a esta Honorable Asamblea.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En sesión celebrada el día 6 de mayo del año en curso, fue turnada a las Comisiones Unidas de Información, Gestoría y Quejas y Reforma Agraria, el expediente relativo a la exhortación que realizó el diputado Heberto Castillo, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los trabajadores, a fin de que se resuelvan las proposiciones presentadas el 24 de abril, en la que denuncia actos violatorios de las Garantías Individuales en contra de los campesinos de los estados de Veracruz e Hidalgo, por lo que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, desea informar a la asamblea, el tratamiento dado a este asunto.
Honorable asamblea:
En su intervención, el diputado Castillo, señala como responsable a los caciques de la Huasteca Hidalguense y Veracruzana, quienes han concentrado pistoleros. Que el pasado 17 de septiembre de 1986, el señor Nicolás Diego Juárez y otros, fueron detenidos por miembros del Ejército Mexicano, estas personas son miembros de la Comisión Negociadora del Frente Democrático Oriental de México, que estaban en pláticas con la Secretaría de Gobernación y autoridades del estado de Hidalgo,
para la solución de los problemas agrarios, de la Huasteca.
Asimismo, continuó diciendo el diputado Castillo, que en el poblado de Tanchel, Veracruz, el día 11 de noviembre del año próximo pasado, los campesinos tomaron aproximadamente 1,600 hectáreas de las 200.000 que acaparan alrededor de 20 familias de caciques y como resultado fueron agredidos por los Regimientos 11 y 127 de Caballería, así como por los Batallones 84 y 30 de Infantería, habiendo perdido la vida 6 campesinos.
Que en enero de 1987, en el ejido Xoxolpa, en Yahualica, Hidalgo; los campesinos con Certificados de Derechos Agrarios, fueron desalojados por bandas paramilitares, dirigidas por caciques de la región, como Marcos Tapia Piña (Presidente Municipal), Humberto Ramírez Vázquez (Tesorero Municipal) y otros.
La zona de la Huasteca se ha convertido en una zona de sitio, agravándose aún más con la creación del Frente Armado de Ajusticiamiento para la liberación campesina, que agrupa a las bandas paramilitares y la encabezan terratenientes de la zona.
La Comisión de Información, Gestoría y Quejas, tramitó una reunión que se celebró el día 11 de mayo del año en curso, con el Secretario de la Reforma Agraria, los CC. diputados Heberto Castillo, César del Angel, Salvador Robles Quintero, Cirilo Rincón, Juan Maldonado y María Emilia Farías, con el objeto de conciliar los intereses de los ejidatarios.
Esta comisión informa que el presente asunto no ha sido resuelto aún, por lo que se continuará informando de las gestiones que realice la misma, en relación al caso que nos ocupa.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el día 12 de agosto del año en curso, los CC. diputados Pablo Pascual Moncayo y Heberto Castillo, de las fracciones parlamentarias de los partidos Socialista Unificado de México y Mexicano de los Trabajadores respectivamente, presentaron proposición para que se investiguen los motivos de la aprehensión del señor Marcos Ayala García, con el fin de que se esclarezcan y en su caso, recupere la libertad.
Esta proposición fue turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, por lo que informa al respecto.
Honorable asamblea:
Los CC. diputados Pablo Pascual Moncayo y Heberto Castillo, presentaron ante esta tribuna, el escrito firmado por autoridades civiles y agrarias de Santa María Chimalapa, Oax., en el que informan que el señor Marcos Ayala García, es dirigente de su poblado denominado San Juan, Santa María Chimalapa, y que fue aprehendido el día 14 de abril del año en curso, por elementos de la policía judicial federal en Cintalapa, Chis., en cumplimiento de la orden girada por el Agente del Ministerio Público Federal, quien lo señalaba como presunto responsable de delitos contra la salud.
En el escrito de referencia señalan que el señor Ayala García, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Cerro Hueco, Chis., en donde se encuentra sujeto a proceso y solicitan:
a) Garantías a la integridad física del señor Marcos Ayala García.
b) Se gestione su inmediata libertad.
c) Que los sembradores de estupefacientes sean erradicados de su poblado.
Hecho el análisis del documento la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, resuelve que con fundamento en el artículo 49 de nuestra Constitución Política, carece de facultades para intervenir en el presente caso, ya que es competencia exclusiva del Poder Judicial, siendo ante el C. Juez de Distrito en Materia Penal, ante quien deberán presentar las pruebas suficientes para demostrar la inocencia del señor Marcos Ayala García.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
México D.F., a 18 de agosto de 1987.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el día 24 de junio del año en curso, el diputado Juan de Dios Castro de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó denuncia en contra de los dirigentes sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social, por negarse a dar respuesta a las peticiones formuladas por las enfermeras de ese instituto.
La proposición fue turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que ahora desea informar a la honorable asamblea.
Honorable asamblea:
Con fecha 22 de mayo del año en curso, las enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro
Social, presentaron escrito al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el que formulaban las siguientes peticiones:
1. Retabulación de salarios.
2. Pago de insalubridad no médica del 20%.
3. Ampliación de la jornada de 8 horas para los tres turnos.
4. Que el instituto cubra las plazas cuantas estas quedan vacantes por licencia, incapacidad, vacaciones, etc.
5. Dotación de uniformes.
6. Que la institución cumpla con lo estipulado en el artículo tercero, inciso c, referente a la capacitación y adiestramiento profesional.
7. Que la categoría de auxiliar de enfermería general, se tome en cuenta como pie de rama del escalafón de enfermería.
A pesar de que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, carece de facultades para intervenir en este asunto, pero en virtud de la preocupación del H. Congreso de la Unión por los problemas que aquejan a los ciudadanos y a los trabajadores en general, solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, información al respecto.
El instituto en respuesta a las peticiones formuladas por las enfermeras, presentó las siguientes propuestas:
1. A la retabulación de salarios reiteró su posición para iniciar de inmediato los trabajos técnicos y administrativos necesarios para que de acuerdo a las actuales circunstancias financieras del país y de ese organismo, se hagan los planteamientos de la petición en la próxima revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.
2. En relación al pago de insalubridad no médica del 20%, la Subdirección General Administrativa giró instrucciones a los representantes institucionales de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, para realizar cada una de las categorías de la rama de enfermería, a fin de que se establezca en su caso, la obligación de cubrir a una parte o bien a todas las enfermeras el 20% de sobresueldo.
3. En cuanto a la ampliación de jornada de 8 horas para los tres turnos, la Subdirección Médica del Organismo realizará un estudio de esta petición en un plazo no mayor de 60 días a partir del 17 de junio del presente año.
4. En relación a las plazas vacantes, el instituto informa que en reuniones de trabajo celebradas con el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, se aceptaron los siguientes puntos:
a) Revisar las plantillas de enfermería, para determinar los faltantes o excedentes con respecto a la realidad operativa de cada unidad;
b) Establecer una "minibolsa" de trabajo para cobertura inmediata de ausencias, y
c) Basificar cuando la plantilla haya sido revisada y la trabajadora reúna los requisitos.
5. El instituto giró instrucciones a todas las delegaciones para las dotaciones de uniformes que se consideren adecuados.
6. En el aspecto referente a la capacitación y adiestramiento profesional, el instituto a través de la Subdirección General Médica, ha elaborado un programa de "estímulos académicos y superación profesional" para la rama de enfermería.
7. Solicitaron también que la categoría de enfermería general se tome en cuenta como pie de rama de escalafón de enfermería, en este sentido el instituto a través de la Subdirección Administrativa ha manifestado su disposición para analizar con el sindicato esta propuesta.
Por lo antes expuesto, la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, resuelve:
Único. Dar por concluida su gestión en el presente caso.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta."
"Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.
En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el día 7 de abril del año en curso, fue turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la propuesta presentada por el C. diputado Pedro Peñaloza, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el sentido de que se investigue el supuesto secuestro de una trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo "Metro", por lo que esta comisión, desea informar a esta honorable asamblea, lo siguiente.
Honorable asamblea:
El C. diputado Pedro Peñaloza presentó a la Comisión Permanente, el caso de la C. María del Carmen Luna, trabajadora de limpieza del Metro.
Este asunto se relaciona con el problema de los trabajadores de limpieza de la empresa "Limex" que prestan sus servicios al Sistema de Transporte Colectivo, quienes solicitan su incorporación directa a dicho sistema.
El jueves 2 de abril del año en curso, la citada trabajadora fue "secuestrada" por el C. Manuel
Caballeros de los Olivos, Jefe de Supervisores del Sistema de Transporte Colectivo, en la estación Martín Carrera durante más de tres horas. El C. diputado Peñaloza informa que el secuestro se debió al simple hecho de solicitar le fuera pagado su salario, pero gracias a la intervención de otras trabajadoras, fue liberada, recibiendo amenazas del señor Olivos.
Penalmente, la conducta del referido jefe de supervisores, se tipifica como privación ilegal de la libertad, por lo que en su momento se determinó que la perjudicada estaba en posibilidad de seguir la acción penal correspondiente contra el presunto responsable.
Por otra parte, esta comisión fue informada por los abogados representantes de los trabajadores que la C. María del Carmen Luna, se había negado a hacer su denuncia, lo anterior fue comunicado a los CC. secretarios de la Comisión Permanente el día 29 de mayo del año en curso, por lo que esta comisión, da por concluido el presente caso.
Atentamente.
Diputada licenciada, María Emilia Farías Mackey. Presidenta.
El C. presidente: - A sus antecedentes. Imprímase. Hágase del conocimiento de los presentantes de las quejas y distribúyase entre los miembros de la Comisión Permanente.
VIOLENCIA EN EL CAMPO MEXICANO
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo José Pascual Moncayo.
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente, compañeros legisladores:
En el curso de diferentes sesiones aquí en la Comisión Permanente, hemos hecho denuncias de actos violatorios de los derechos humanos en el campo mexicano, y ha estado subyaciendo en las intervenciones una discusión que deberíamos haber dado en diferentes oportunidades en relación a la problemática de millones y millones de mexicanos que viven en el campo.
Si enumerámos los múltiples problemas que viven esos compatriotas nuestros, podríamos señalar muy rápidamente el dramatismo de sus condiciones de vida, de la miseria, del insuficiente acceso que tienen a los mínimos de bienestar, salud, vivienda, educación, etc., la persistencia del latifundismo, en especial el ganadero, crédito insuficiente y muy caro, precios de garantías bajos, canales de comercialización viciados que decrementan los precios de sus productos, insuficiente infraestructura en las áreas de temporal, verticalismo burocrático y falta de participación de los campesinos en las decisiones de política económica que los afecta; ello entre otras cosas redunda en que las obras de infraestructura o agroindustria que sí se construye en muchos casos, sean inadecuadas y no resuelvan los problemas, se tira el dinero y se endeuda a los campesinos; corrupción en dependencias oficiales que tienen que atender al campo, falta de respeto a la autonomía de organizaciones y programas de investigación - desarrollo tecnológico, extensionismo y capacitación desconectados entre sí e inadecuados a la producción campesina de temporal, y fundamentalmente orientadas a la agricultura empresarial.
Estos serían en términos de líneas muy gruesas algunos de los graves problemas que vive el campo.
Sin embargo hay algo que nosotros nos comprometimos en el curso de las sesiones de la Comisión Permanente a presentar, en el curso de la presentación de algunas denuncias de muertes en el campo, de muertes por violencia, y es un reporte de los asesinatos cometidos en el campo mexicano durante el período de enero de 1982 a julio de 1987, y presentamos este reporte a nombre del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista.
Sabemos que aparte de estos problemas que he señalado, uno de los rasgos característicos del campo mexicano es sin duda alguna el de la violencia política.
Más allá de los graves problemas económicos que agobian la actividad agropecuaria del país, la sociedad rural se encuentra inmersa en una situación donde el caciquismo y el abuso de autoridad prevalecen por encima de las normas más elementales del derecho y las garantías individuales.
Así, con la tolerancia gubernamental, el caciquismo, instrumento tradicional de control y subordinación política en el medio rural, se ha constituido en varias regiones del país en la expresión más autoritaria de las formas de gobierno, haciendo del asesinato y la persecución política, del despojo de tierras y recursos naturales en posesión de ejidos y comunidades, de las detenciones ilegales e incluso del arrasamiento de poblaciones enteras, elementos de la vida cotidiana en las zonas rurales, donde la inmensa mayoría de sus habitantes difícilmente tiene acceso a los mínimos de bienestar en alimentación, salud, servicios, así como a la infraestructura básica para producir.
El siguiente reporte es un recuento elaborado por el grupo parlamentario del partido Mexicano Socialista, acerca de los asesinatos políticos cometidos en el campo mexicano, durante el período enero de 1982 - julio de 1987, el cual ha sido elaborado fundamentalmente a través
del análisis y seguimiento de la información aparecida en los principales diarios de la república y en otras fuentes como los informes de Amnistía Internacional y de distintas organizaciones campesinas.
1. De acuerdo a la información recuperada (de la cual se anexa un conjunto de cuadros resumen que remite a la fuente original) en el período estudiado se registraron un total de 705 asesinatos políticos en el campo mexicano, lo que significa que si tomamos en cuenta los 2,008 días analizados, en México se comete un asesinato en las zonas rurales cada tercer día.
2. Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el clima de violencia se ha venido agudizando en los últimos tres años, ya que el número de asesinatos se ha incrementado sustancialmente:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
3. Cabe destacar que si bien este clima de violencia se presenta en 25 de las 32 entidades de la República, en seis Estados se concentra casi el 80% del total. Es decir, en Oaxaca (211), Chiapas (105), Puebla (91), Guerrero (56), Michoacán (50) y Veracruz (48), se cometieron 561 asesinatos. Siendo los grupos más afectados las comunidades indígenas y de campesinos de escasos recursos, dominantes en estas entidades, en particular comuneros y solicitantes de tierra. (ver cuadro No. 1.)
4. Este tipo de acontecimientos involucran prácticamente a todos los sectores de la sociedad rural, desde las organizaciones oficiales y asociaciones de pequeños propietarios, hasta miembros de las organizaciones independientes y de campesinos no organizados, siendo estos últimos los más afectados.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
* Se incluyen grupos no integrados a ninguna central o bien afiliados formalmente a alguna de éstas pero sin vida orgánica ni representatividad real.
Dentro de los grupos no organizados, destaca la represión a comunidades indígenas.
En cuanto a las organizaciones independientes, destacan las agresiones cometidas contra la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) con 45 asesinatos, contra la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIDAC) con 43, la Unión de Campesinos Independientes (UCI) con 20 y Campesinos Unidos de la Sierra Oriental (CUSO) y la Organización de Comuneros Emiliano Zapata (OCEZ) con 20 cada uno.
En las organizaciones oficiales sobresalen las agresiones contra miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) con 35 y contra la Central Campesina Independiente (CCI) con 12, al igual que los cometidos contra autoridades municipales y ejidales con 11 muertos.
Dentro del rubro "Otros organismos" se encuentran asesinatos contra miembros de las Universidades de Guerrero y Sinaloa, contra el Comité Pro Amnistía a Presos Políticos y a un miembro de la iglesia católica (ver cuadro No. 2.)
5. Las causas que motivaron estos asesinatos obedecen fundamentalmente en la incapacidad de resolución de los conflictos políticos y agrarios, así como al constante proceso de despojo de tierras a que se ven sometidos los grupos campesinos.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
6. Los responsables de estos asesinatos, en los 215 actos consignados en la información, son principalmente caciques regionales apoyados en grupos paramilitares conocidos como "guardias blancas" (30.6% de las acciones), autoridades estatales o municipales a través de los cuerpos policiacos judiciales o de seguridad pública (17.9%) y los derivados de enfrentamientos entre grupos campesinos (17.9%.)
Cabe destacar entre este grupo de responsables a la organización denominada "Antorcha Campesina", la cual participó en el 4.7% del total de las acciones y a quien se le imputan un número mayor de asesinatos a los consignados en este reporte.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Cabe destacar entre este grupo de responsables a la organización denominada "Antorcha Campesina" la cual participó en un casi 5% del total de las acciones y a quien se le imputa un número mayor de asesinatos a los consignados en este reporte.
Y aquí presentamos también un cuadro de cuál es el porcentaje en base a esta información de caciques, guardias blancas, autoridades estatales o municipales de cuerpos policiacos, judiciales o de seguridad pública y presentamos datos pormenorizados en base a esta información de fecha, lugar, organización a la que pertenecían los muertos, el número de muertos y el motivo que daban las fuentes de las cuáles nosotros usamos para poder presentar a ustedes ese informe.
No quisiera abundar en la gravedad de una situación como ésta, se nos puede decir, se ha dicho aquí en la tribuna que no es el rasgo que define y que caracteriza al campo mexicano, pero sin abusar de los números, me parece que la simple presentación de este número de muertos en México en el curso de estos últimos años, presenta cuando menos o expresa cuando menos el dramatismo que vive unas partes importantes de las zonas de nuestro país y de manera muy grave, aquellas zonas que están más alejadas del desarrollo, del crecimiento y de las bondades de una nueva sociedad que deberíamos tratar de construir, una sociedad justa y una sociedad democrática. De ninguna manera podemos dejar de resaltar algo que señalaba inicialmente, que sea precisamente en las zonas de mayor población indígena, donde se actué más impunemente en contra de los campesinos como es el caso de Chiapas y de Oaxaca.
Nosotros pensamos que esto requiere de una mayor participación de los legisladores, que la vigilancia y el seguimiento de estos acontecimientos debe ayudar precisamente a fortalecer los cuerpos legislativos, a fortalecer el Congreso de la Unión que no solamente debe expresar su vitalidad en la elaboración, en la discusión de las leyes, sino en el sentimiento y discusión del acontecer político y de las cuestiones más importantes que vive nuestro país; y que sí efectivamente, como la propuesta que hacía hace unos momentos el Presidente del Brasil, diciendo que para que un país sea democrático desde su punto de vista, un Ejecutivo fuerte solamente se puede ser fuerte si existe un Legislativo fuerte, tomemósle la palabra y expresemos nuestra fortaleza en la búsqueda de la igualdad, de la justicia, de la libertad en este país y evidentemente garantizando sobre todo a plenitud los derechos humanos de los mexicanos, particularmente de los más desfavorecidos, y de ahí que nosotros presentemos el siguiente punto de acuerdo.
"Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 179 de su Reglamento Interior, presentamos a la Comisión Permanente el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. - Túrnese a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, el presente reporte sobre los asesinatos
en el campo, con el fin de coadyuvar a su esclarecimiento, solicitando a ambas comisiones, informen a la brevedad posible de los resultados de su trabajo.
Atentamente.
México, D.F., a 18 de agosto de 1987.
Diputado, Pablo José Pascual Moncayo."
El C. presidente: - Sobre el mismo tema, en uso de la palabra, el diputado Salvador Robles Quintero.
El C. diputado Salvador Robles Quintero: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Cada ocasión que se presenta un debate de este tipo, yo me planteo inmediatamente, en un intento de explicación de las posiciones de cada fracción parlamentaria, cuál es la motivación de cada planteamiento, y cuál debe ser la respuesta correcta a esos planteamientos.
Es difícil referirse en este caso al planteamiento del diputado Pascual Moncayo del Partido Mexicano Socialista, porque todavía no conocemos ni su declaración de principios, ni su programa de acción, ni sus estatutos, y solamente viene a recoger una serie de denuncias que él, a nombre del PSUM, y el diputado Heberto Castillo a nombre del PMT han estado presentando sobre el tema de la violencia en el campo.
Yo me pregunto, en un intento de explicación, repito, ¿a qué se debe esto? A mi juicio se debe a que tanto el diputado Pascual Moncayo como el diputado Heberto Castillo tienen un objetivo político, una estrategia política, una táctica política que consiste en tomar de la realidad algunos aspectos negativos y venir a este foro, foro de denuncias políticas a exponer esas realidades o esas supuestas realidades como parte de la responsabilidad del gobierno y del partido mayoritario que lo sostiene.
En otras palabras, antes de entrar en materia, la estrategia es clara, es presionar al gobierno mediante una agitación permanente para que se adopten medidas de uno o de otro tipo, y así continuar con la tarea de conseguir adeptos en una caracterización de la realidad que me parece y me ha parecido siempre que desconoce, que no profundiza en el análisis histórico del desarrollo económico, social y político de nuestro país, por lo tanto algunas de sus conclusiones, de sus premisas y de sus propuestas son invariables o exageradas en las condiciones actuales de desarrollo político y económico de nuestro país.
Proponen un cambio radical de la economía por ejemplo, y sobre bases nuevas de propiedad que no se conciben ni se crean por generación espontánea en ningún país de cualquier signo que sea, pero inmediatamente después de salir de la esfera económica entran a la esfera política y hacen denuncias muy serias sobre una situación generalizada de violencia política en el campo, argumentando que la sociedad rural está inmersa en un gran caciquismo, que hay abusos de autoridad, que hay persecuciones políticas, asesinatos, despojos de tierras, detenciones ilegales, arrasamientos, etc., y se funda en un reporte que ellos mismos han elaborado, de 705 asesinatos políticos en el campo mexicano en el período de casi cinco años.
A reserva de entrar en ese aspecto, yo quiero insistir en un detalle importantísimo, ¿cuál es la representatividad real de tipo político, social y económico en el campo mexicano? Las diversas organizaciones minoritarias casi de membrete que han proliferado para atacar un problema específico en alguna región de México y luego se han afiliado con ese membrete algunos de los varios partidos de la izquierda mexicana y en seguida de ello vienen a hablarnos aquí de millones y millones de campesinos. A mí me parece importante plantear desde ahora el problema de la representatividad porque eso tiene mucho que ver con la responsabilidad política de cada afirmación que se haga. Nosotros los diputados del sector agrario que representamos a la CNC, la organización mayoritaria de México, nos oponemos a esta caracterización del campo mexicano como un clima de violencia política y como una realidad que lacera y lesiona la imagen que debemos todos los mexicanos tener del campo mexicano y de los esfuerzos del gobierno mexicano, para avanzar en el proceso de elevar las condiciones de vida de los campesinos de México y también del pueblo mexicano en lo general.
Nosotros podríamos oponer a esa visión de la violencia política en el campo otra visión completamente distinta, la realidad productiva del campo mexicano, la realidad social del campo mexicano, la realidad política del campo mexicano y la realidad cultural del campo mexicano. Abrumaríamos a esta Comisión Permanente si nos fuéramos por esa vía, solamente quiero traer a la memoria de ustedes que existen condiciones de tranquilidad y de trabajo en el campo que ningún político puede negar y menos un mexicano bien informado puede dudar y menos todavía un diputado federal que se supone está en contacto con la realidad nacional de todos los días.
Por eso yo me he opuesto siempre a estas afirmaciones y me he opuesto en términos de la realidad, no en términos de un debate solamente político o solamente por fines electorales. A mí me parece que los reportes de los asesinatos cometidos en el campo mexicano presentados
por el diputado Pascual Moncayo es más bien materia de una denuncia ante los tribunales competentes y no a esta alta tribuna que es este momento pareciera que está perdiendo su carácter político para convertirse en una comisaría o en una agencia del Ministerio Público, cualquiera que sea.
Si se quiere corregir en realidad esta situación vamos entonces a entrarle al problema de cuál es la situación del campo mexicano en lo que se refiere a lo que el diputado Pascual Moncayo denuncia como una situación de clima político generalizado, querer ignorar la violencia en el mundo es pretender cubrirla, es desconocer la naturaleza humana en todas sus imperfecciones, la violencia puede ser justa o injusta, particular o generalizada, puede ser legítima o ilegítima, puede ser encubierta o abierta, puede existir y existe y tiene un peso específico en todas las sociedades pero no es sólo la violencia política la que existe, a mí me parece; me parece que hay una violencia individual que se expresa hasta en la manera de saludarse a veces, hay una violencia de grupos y hay una violencia social, una violencia organizada del ejército, de la policía, de las cárceles, del sistema penitenciario, de la ley en donde aparecen en toda la historia esa forma de violencia que organiza el poder para hacer cumplir la ley por ejemplo.
A mí me parece que un diputado socialista debiera recordar que la violencia de la que él habla, la violencia política tiene muchos y muy variados orígenes en México y en el mundo; por ejemplo ¿por qué no señalar como causas de la violencia en México y en el mundo, que hay desigualdad social y que hay fallas en la aplicación y en la impartición de la justicia y que hay fallas evidentes en la manera de conducir la lucha política o también por qué no reconocerlo en el ejercicio del poder público, pero de ahí caracterizar que hay sólo una violencia política en el campo mexicano, me parece que no es correcto.
El fenómeno de la violencia sí existe, ha existido en algunas regiones del país desde hace muchos años, como en Guerrero, como en mi tierra Sinaloa, como en Oaxaca, como en Veracruz y como en otros Estados, pero no es reciente; ha existido durante muchas décadas y tiene que ver con lo que he dicho antes, con el deterioro de la calidad de la vida y con la no coincidencia entre el crecimiento económico y el desarrollo social que nosotros nos esforzamos por acelerar. Esta no coincidencia se ve agravada por el crecimiento natural y social de la población y con la migración del campo a la ciudad. Así como existe una subcultura de la violencia en el campo, hay que decirlo, existe una subcultura de la violencia en las ciudades donde hay elevados niveles de delincuencia, donde hay inseguridad principalmente en las áreas urbanas periféricas, donde hay alcoholismo y drogadicción, donde hay violencia generada por actividades de narcotráfico tanto en el medio rural como en el medio urbano, donde hay tendencias oscuras a cometer actos ilegales por grupos antisociales, pandilleros, etc., existen muchas otras causas de violencia en el campo y en la ciudad; la deficiencia en la calidad de la vida en muchas regiones, la falta de comunicación, principalmente en las zonas serranas, el analfabetismo, en algunas colonias populares de la ciudad y también en las zonas rurales y también hay violencia y por qué no decirlo ya que lo estamos tocando aquí, como causa debido a la difusión masiva de los programas de algunos medios de comunicación que exaltan la violencia y la destrucción como atractivos sociales; este enfoque de la violencia es distinto a la caracterización de la violencia política, como aquí lo ha venido a presentar el diputado Pascual Moncayo.
Con todo respeto y comedimiento a su condición de legislador y miembro de una fracción parlamentaria, yo me permito preguntarle públicamente al hablar de violencia política: ¿Qué sucede cuando la izquierda o una derecha recalcitrantes y provocadoras, organizan, promueven o alientan a algunos grupos que con métodos violentos hacen, plantean demandas políticas o ideológicas y cuando viene la respuesta oficial entonces nos quejamos de la violencia ejercida como respuesta a la provocación con supuestos motivos ideológicos? hay entonces o no una corresponsabilidad en esta táctica de lucha de lanzar, por ejemplo, abiertamente o hasta por escrito, alguno lo ha venido a decir aquí en esta tribuna y lo ha dicho en la tribuna de la asamblea general, del congreso general, diciendo que él ordenó la invasión de los predios, en el caso de los predios del Sur de Veracruz, por ejemplo; bueno ahí tiene que haber una reacción de los que están en los predios, veamos si están legal o ilegalmente, no descontemos que estén ilegalmente siquiera, pero están y están protegidos por una autoridad municipal o estatal, o aun federal, qué corresponsabilidad tiene un dirigente político que ordena, organícese y provoquen y agredan y ocupen y desalojen, invada; a mí me parece que este asunto debe plantearse con toda responsabilidad, con toda seriedad, con la convicción que estamos construyendo un México en una sociedad pluralista, donde la ley es la norma suprema, nosotros la hacemos, nosotros tenemos que proponer que se respete, que se haga respetar y jamás proponer métodos extralegales para lograr finalidades políticas que en este caso podrían ser hasta legalmente asequibles; existe una Ley de Reforma Agraria, concebida no para negar tierras, sino
para dar tierras, por qué no nos atenemos a esa Ley Federal de Reforma Agraria, existe un artículo 27 constitucional en constante revisión y perfeccionamiento, por qué no nos atenemos entonces al 27 constitucional y a todas las demás normas y preceptos constitucionales que rigen nuestra vida civilizada y organizada. Si hemos de construir una democracia moderna, útil para México y para todos los partidos políticos que participamos en el aspecto plural de nuestra patria, necesitamos admitir de antemano esta premisa, aceptar la ley como norma, y el método pacífico, el método político, el método de la negociación y el diálogo como el método superior para llegar a acuerdos razonables.
Yo me veo obligado por la caracterización que aquí se ha hecho, a explicar varias cosas, por ejemplo lo de "Antorcha Campesina" que ha sido una constante y reiterada denuncia de algunos compañeros diputados de izquierda sobre el tema. Muy brevemente porque no quiero cansarlos, voy a afirmar un dato comprobable, verificable:
"Antorcha Campesina" fue fundada en 1973, en la Escuela Nacional de Agricultura, de Chapingo, hoy universidad del mismo nombre, y en sus orígenes tuvo una estrecha liga con la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, organismo con influencia en Chapingo, en la Escuela Nacional de Maestros y en mi Alma Mater, en el Instituto Politécnico Nacional.
Este grupo así nació. El grupo ha venido evolucionando. Yo he estado como militante de la Confederación Nacional Campesina personalmente muy interesado en la evolución de este grupo; rompió sus ligas con aquellos grupos de izquierda. Se crearon un Frankestain que les creció y luego lo soltaron para ver qué sucedía. Nosotros, buscando la solución política y negociada, hemos entrado en una relación con "Antorcha Campesina" que todavía no está perfeccionada pero en la cual podemos afirmar con certidumbre esto, y no, no voy a hablar yo de ella, porque no me toca, yo no soy militante de "Antorcha Campesina", soy militante de la Confederación Nacional Campesina que engloba a miles y miles de organizaciones entre ellas a "Antorcha Campesina".
Dice su propio presidente que su ideario político, "nuestro ideario político - y es textual - es el de la Revolución Mexicana; nuestros valores fundamentales son los valores supremos de la República: democracia, libertad, independencia y soberanía nacional; nuestra filosofía básica es la misma que da sustento a las instituciones nacionales, que no es otra que el nacionalismo revolucionario. No somos una organización para militar, - dice el fundador de "Antorcha Campesina"- como se nos ha calumniado; tampoco somos una pandilla de asesinos y menos de nuestros hermanos campesinos. Constituimos una avanzada revolucionaria y progresista en contra del cacicazgo tradicional oscurantista, retrógrado y explorador que al ver afectado sus intereses reaccionan en contra nuestra, moviendo a sus aliados naturales, la derecha recalcitrante y el izquierdismo trasnochado para agredirnos, calumniarnos y desprestigiarnos". He aquí el origen verdadero de los infundios de "Antorcha Campesina".
Dicen ellos que perseveran finalmente, dicen finalmente, perdón: "perseveraremos en la búsqueda de soluciones, seguros como estamos de que el régimen de la Revolución Mexicana jamás desatenderá las peticiones justas de los campesinos de México, y termina la cita es sobre estas bases compañeros diputado, como nosotros hemos hecho un acuerdo político con "Antorcha Campesina", pero por supuesto si "Antorcha Campesina", o la UNTA, o la SUAC, o CCI o cualquier otro membrete de cualquier signo o grupo que sea o partido que sea, comete actos ilegales, violentos, arbitrarios, nosotros estaremos contra esos actos y los denunciaremos no sólo en esta tribuna, sino en todos los foros a los cuales nosotros tengamos acceso.
Así creo que podemos entender claramente a qué se debe que "Antorcha Campesina" milite en la CNC, pero no nos vamos a basar en generalidades porque las generalidades tienen algunos peligros, los excesos de generalidades y lo estamos viendo en este caso; si usted tiene un 3% de sus denuncias fincadas en "Antorcha Campesina", vamos nosotros a examinarlas en un seno que no sea el de un tribunal, sino en el de una comisión política, en un grupo político, en donde podamos ver qué tan serio es el planteamiento que le han hecho a ustedes sus propio compañeros. Porque yo tengo también la impresión y perdonen que aquí hable de una impresión, de que por el clientelismo político de un partido en formación como es el PMS, hemos asumido sin crítica, sin previo análisis, todas las posiciones de los diversos grupos proliferados en el pasado inmediato del movimiento agrario, para atraérnoslos a nuestras filas.
Sería muy largo y muy prolijo examinar grupo por grupo y acción por acción; lo que sí le puedo yo afirmar, compañero diputado Pascual Moncayo, que en nosotros no existe el más mínimo propósito de proteger la arbitrariedad, la violencia o los abusos y menos en contra de los campesinos, le afirmo también que si no creyéramos que hay una política agraria del régimen de la revolución con avances innegables, nosotros no tendríamos el valor de venir a contradecir, a replicar, a reprobar sus afirmaciones de que el campo mexicano está
caracterizado por un clima de violencia política, y le voy a dar solamente unos datos, unos cuantos datos:
En materia de redistribución territorial, en México, si se han repartido 106 millones de hectáreas, 7 millones y medio de hectáreas corresponden a este gobierno, si el general Lázaro Cárdenas recordado eternamente por los campesinos mexicanos por su gran acción agraria, repartió 18 millones de hectáreas, en ejecuciones presidenciales, era porque en esa época entre otras cosas, solamente se habían repartido 6 millones de hectáreas, repartirles 18 millones de hectáreas cuando apenas se iniciaba el reparto agrario, expresaba entre otras cosas, valor político y eso se lo reconocemos siempre al Presidente Cárdenas, pero también expresada una facilidad innegable de tipo técnico - social - humano y político que ahora no se da, porque ahora a mitad de haberse repartido la mitad del territorio nacional a los campesinos y comuneros y de habérseles reconocido a los pequeños propietarios 65 millones de hectáreas, es difícil en un país de 195 millones de hectáreas encontrar tierras para repartir en este volumen del cual estoy hablando, 7 y medio millones de hectáreas de los cuales corresponden 3 y medio millones de hectáreas a ejecución de resoluciones presidenciales pendientes y 4 millones de hectáreas corresponden a ejecución de ejecuciones presidenciales actuales, no estoy hablando de resoluciones presidenciales, de publicación de resoluciones presidenciales, entiéndase bien, estoy hablando de ejecución de resoluciones presidenciales, también porque quiero caracterizar claramente la política agraria del Presidente De la Madrid, quiero subrayar un esfuerzo enorme de dar seguridad a la tenencia de la tierra, a la tenencia de la tierra social y a la tenencia de la tierra de pequeña propiedad.
Se han entregado de más de 1 200.000 certificados de derechos agrarios a todos y que equivalen a un 100% de los certificados de derechos agrarios, repartidos en toda la historia agraria mexicana; pero qué es el certificado de derechos agrarios para un ejidatario, un comunero, es el título de propiedad y no se queda ahí la acción de dar seguridad a la tenencia de la tierra, se han entregado 25 carpetas básicas al ejido como patrimonio, como patrimonio del núcleo ejidal, de 27 mil ejidos y comunidades se han entregado en este gobierno 25 mil carpetas básicas; pero también, y quiero que se diga aquí, porque es conveniente subrayarlo, de que los pequeños propietarios en más de 60 millones de hectáreas están recibiendo también sus títulos, sus propiedades, sus certificados legalmente consagrados en la ley que nosotros dictamos y aprobamos en distintos periodos de nuestro trabajo legislativo.
Por eso mismo me parece injusto que a una acción agraria de esa profundidad y de esa profundidad y de esa amplitud, aparte de otros datos que podría señalar, se le quiere desviar diciendo: hay violencia, un clima de violencia política en el campo. Bueno, ¿y las otras causas de violencia política no existen? ¿Y no hay violencia de tipo generalizado en las ciudades? ¿Y no hay violencia hasta a veces entre nosotros mismos al determinar tácticas de lucha equivocadas desde la comodidad de nuestra curul que ordenamos invadan; las consecuencias quién sabe con qué policía se vayan a enfrentar? Eso no es político, eso no es revolucionario, eso no es agrarismo, esos es otra vez insistir en que el tema de la tenencia de la tierra es el tema revolucionario por excelencia. Nosotros no sostenemos que el reparto de la tierra en estos momentos merezca todo el énfasis revolucionario.
Nosotros sostenemos que una vez repartida la tierra y dada la seguridad jurídica que le corresponde a la propiedad social y a la propiedad privada, lo revolucionario es hacerla producir al máximo, en beneficio de los propios productores rurales en primer término, y en segundo término del resto de los mexicanos que tienen derecho a recibir el producto del trabajo de nuestros campesinos a cambio de que los campesinos también reciban el producto del trabajo de las demás clases sociales que integran el gran mosaico de nuestro país.
Por eso ahora lo revolucionario no es repartir tierras. Por ahí anda un partido, es el suyo, diputado Pascual, que dice: vamos a solicitar para cuatro millones de solicitantes 10 millones de hectáreas. Seamos responsables, seamos conscientes, ¿de dónde van a salir esos diez millones de hectáreas?
Cuando llegue yo a la presidencia, por ahí dicen que dijo un candidato, ordenaré la toma de tierras. ¿Se las van a quitar a los ejidatarios y comuneros y a los auténticos pequeños propietario? ¿A quién se las vamos a quitar?
Eso es provocar violencia, eso es hablar palabras mayores sin el conocimiento objetivo de la realidad y sin la responsabilidad política que entraña ser dirigente. A eso me refiero concretamente.
Señor presidente, quisiera hacer una síntesis: No estoy de acuerdo con las denuncias hechas por el diputado Pascual Moncayo. Propongo que no se apruebe el punto de acuerdo y que pase a la Comisión de Reforma Agraria a la que yo pertenezco, para que el diputado Pascual Moncayo y yo, en coordinación con el Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, veamos cuáles de estos asuntos son realmente dignos de pasar en una etapa posterior
a consideración de comisiones de justicia y de derechos humanos que, repito, tienen otras connotaciones.
No estoy de acuerdo con la caracterización que se ha hecho de "Antorcha Campesina"; no estoy de acuerdo en que se censure la política agraria del Presidente Miguel de la Madrid que pasará a la historia como uno de los grandes transformadores del campo mexicano, no sólo por lo que ha hecho en materia de la tenencia de la tierra, sino en materia de desarrollo rural integral.
Y por último una nota final para medir la representatividad de las organizaciones; sólo en 1986 la CNC realizó más de 40,000 promociones y trámites agrarios que incluyen problemas de restitución de tierras, de ejecución de resoluciones presidenciales, de dotación de aguas, de división de ejidos, de replanteó de linderos, de creación de nuevos centros de población, de depuración censal, de privación y adjudicación de derechos agrarios, de inscripción de sucesores, de cancelación de expedientes de inafectabilidad agrícola y ganadera, de regularización de predios rústicos y también urbanos, de catastro rural, de organización agraria básica para el desarrollo agrario integral y etc., y toda esta larga enumeración no incluye acciones de la CNC en favor de los campesinos en materia de desarrollo rural integral.
Termino diciendo que nosotros en la CNC, no condenamos la violencia pero tampoco condenamos...
El C. presidente: - Ha transcurrido el tiempo de 30 minutos que el reglamento le concede.
El C. diputado Salvador Robles Quintero: - De acuerdo señor, me reservo para el segundo turno.
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo: - Pido la palabra, para alusiones personales.
El C. presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el señor diputado Pablo José Pascual Moncayo.
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente, señores legisladores: Me parece que podríamos ir acoplando parte de la intervención que hizo el diputado Robles Quintero y creo que alguna de las preguntas que hizo él tienen que ver con la intervención y con el sentido de lo que nosotros presentamos; nosotros presentamos una relación de hechos y asesinatos en el campo mexicano que debe preocuparnos a todos los mexicanos y en particular a los legisladores y debe preocuparnos acabar con ese tipo de violencia, no venimos a hacer una sociología de la violencia, ni hablar de la violencia connatural a la condición humana, sino debemos hablar para luchar en contra de la violencia con una forma de quehacer político y esto significa para los buenos entendedores y para los malos entendedores, que hay un compromiso en contra de la violencia por parte de la organizaciones políticas que representamos y por parte de nosotros como diputados y yo en lo personal y cuando venimos a condenar este tipo de violencias compañeros, venimos a llamar a la responsabilidad de un órgano colegiado como este, es que partimos del supuesto no de las diferencias, sino de aquellos puntos que nos puede llegar a un seguimiento de esos acontecimientos y llegar a conclusiones.
Y entonces aquí sí me resulta sorprendente que se habla de representatividad, yo nunca cuestioné ni hablé a nombre de ninguna organización campesina, yo no cuestioné la representatividad de ninguna organización campesina y presenté simplemente un informe que está a consideración de comisiones para ver si efectivamente es fidedigno porque esto se plasmó en letra, en documentos que salieron en el periódico, en amnistía internacional, aquí hay un documento de la federación epistolar entre amnistía internacional y el gobierno mexicano en relación a los asesinatos que se han consignado en contra de "Antorcha Campesina", y entonces yo no estoy haciendo aquí el juicio, simplemente lo que estoy haciendo es entregando la información.
Fue conocido con el diputado Robles Quintero, el que dentro de este marco de la violencia, la violencia que significa el hambre, la injusticia, la falta de salud, la falta de vivienda, la falta de trabajo, es una violencia que hay que combatir y hay que combatir conjuntamente me parece, pero también hay que combatir esta violencia que se transforma en asesinato.
Me parece que la representatividad a la que nosotros debemos de hacer referencia cuando intervenimos, ésa la que tenemos usted y yo diputado Robles Quintero, somos diputados de esta LIII Legislatura, somos parte de esta soberanía y somos parte de esta tribuna y este organismo colegiado, de legisladores, de diputados, de senadores que se llama la Comisión Permanente y que tenemos exactamente la misma representatividad y creo que debemos de tener la misma responsabilidad.
En relación a algo que no estaba en cuestión que era la política agraria del actual sexenio, si quieren la discutimos en algún momento, eso no estaba dentro del ámbito de la discusión, me parece y qué bueno que él hizo referencia, nosotros simplemente señalamos una serie de problemas.
Yo insisto compañeros, aquí no debemos discutir porque se envicia mucho la discusión y ha dado a discutir en términos de los optimistas y los pesimistas, de aquellos que entresacamos de la realidad lo negro de aquellos que viven en el país de las fantasías, no, tenemos simplemente, aceptemos diferencias en relación a lo que sucede en el país y tenemos puntos de vista también diferentes en cuáles son las respuestas que se deben de dar en nuestro país y esto sí nos debe llevar a debate porque es la forma de construir la democracia, confrontar los diferentes puntos de vista para ver si a través de éstos podemos sintetizar estos puntos de vista y avanzar hacia un México mejor, y avanzar hacia un México mejor es contribuir a acabar con esta violencia que no es connatural a la condición humana, sino es una violencia de los que más tienen contra los que menos tienen. Gracias señores.
El C. presidente: - En acuerdo dictado por esta presidencia, en la sesión celebrada el día 12 de agosto en curso, o sea, del corriente año de 1987, se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la H. Cámara de Diputados, la denuncia formulada por los CC. Pablo José Pascual Moncayo y Hebe Heberto Castillo con el cual tiene que ver la documentación y argumentación que el propio diputado Pascual Moncayo ha solicitado se turne a las citadas comisiones.
Por lo que con fundamentos en lo dispuesto en al artículo 113 de la Ley Orgánica y 179 de su reglamento. Se turna Dicha documentación, a la comisión para que agregado a sus antecedentes integre el expediente que la comisión tendrá que analizar y dictaminar en su caso sin mandato ni predicción alguna por parte de esta H. Comisión Permanente.
Cabe apuntar que en la intervención del C. diputado Salvador Robles Quintero, solicitó se turnara así mismo la documentación formulada a la Comisión de Reforma Agraria para analizar los planteamientos que ella hacía respecto de la documentación presentada por el diputado Pascual Moncayo.
En consecuencia proceda la secretaría a sacar copia de la versión de las intervenciones de ambos legisladores de la documentación de referencia y con las mismas disposiciones invocadas. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria de la H. Cámara de Diputados para que está proceda en los términos que estime procedente a su competencia.
PROBLEMAS DE EJIDATARIOS EN LA LAGUNA
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente, compañeros diputados y senadores:
Por instrucciones de mi partido - y a su vez, a solicitud de los compañeros campesinos que luego se mencionan - vengo a presentar un problema relativo al desarrollo de actividades recreativas en los ejidos, con el objeto de que haya una intervención oportuna que evite que por este problema se sigan produciendo actos de violencia, injusticia y despojo a los derechos de un grupo solidario éjida y un cambio se puede crear las condiciones propicias para que una construcción de carácter recreativo y con la participación organizada de los ejidatarios pueda prosperar y darle a este sector los beneficios directos a que tienen derecho.
Antecedentes.
En 1968, en el Ejido Valladolid, del municipio de Jesús María del estado de Aguascalientes, se perforó un pozo para contar con la correspondiente agua de riego; sin embargo, el líquido obtenido salió con una temperatura promedio de 44 grados C., y además de adecuar parte de su uso en la agricultura, un sector de los ejidatarios determinaron integrar un grupo solidario y darle provecho a el agua en esas condiciones en que brotaba. El resto de los ejidatarios, a su vez, integraron otros tantos grupos solidarios conforme la distribución de las parcelas hecha anteriormente en completo orden.
El grupo La Laguna de este ejido determinó canalizar sus esfuerzos, trabajo y parcelas a la construcción de un balneario, toda vez que el mencionado pozo también está ubicado en las parcelas de los integrantes de este grupo. Ya el 20 de marzo de 1971, tuvieron plenamente reconocido y registrado su grupo Sociedad de Producción La laguna, lo que se comprueba con el acta certificada que se adjunta, y llevaron adelante una serie de gestiones de créditos, de asesoría técnica, etc. Un impulso extraordinario, desde el punto de vista del financiamiento lo recibieron en 1974, por acuerdo presidencial, y en 1975, FONAFE entró de lleno en la construcción del balneario, ubicadas las obras precisamente dentro de las tierras pertenecientes a los integrantes de este grupo la Laguna del Ejido Valladolid, para lo cual cada uno cedió una hectárea. En 1977, se hizo la inauguración de las obras por el Presidente de la República. Sin embargo, una vez que ya existe este proyecto recreativo y de gran importancia turística, se desencadenaron las ambiciones de elementos de la empresa privada con objeto de apoderarse de esta obra, para lo cual buscaron la forma de sustraerla de sus legítimos propietarios y promotores, el grupo La Laguna, integrado con 13 ejidatarios, a los
que piensan se podría engañar y burlar fácilmente.
Desde entonces las maniobras con ese objeto que se han puesto en práctica han sido muchas. Está entre ellas un intento fallido del gobernador del estado de Aguascalientes, profesor Refugio Esparza Reyes, que en 1979, intentó expropiar los terrenos donde está el balneario. En otro momento pretendieron nulificar los derechos del carácter mismo del grupo La Laguna, constituida precisamente para impulsar este servicio recreativo y se proyectó sencillamente quitarles las parcelas sobre las que se levantó la obra y ubicarles sus derechos en otra parcela del ejido y proceder entonces a una venta de inmueble. Todo un absurdo al margen del derecho agrario. Por supuesto que no prosperó. Pero sí, en cambio, con el señuelo de que había que recuperar las inversiones efectuadas tanto por el gobierno federal, en mínima parte por el gobierno del Estado e inclusive de algunos particulares que pensaban beneficiarse con la planeada y fallida expropiación, el balneario ha sido administrado desde entonces, ya por particulares, por el FONAFE y en los últimos años por la Dirección de Turismo de Aguascalientes, dejando a los ejidatarios de este grupo en calidad de peones y entregándoles sumas mínimas por las pérdidas de cosecha. En marzo del año en curso feneció el convenio de administración que se tenía con la Dirección de Turismo del Gobierno del Estado, pero, en lugar de entregar directamente las instalaciones al grupo éjida La Laguna, la entrega del inmueble se le hizo al comisariado éjida que si bien podía participar en el recibimiento de esta construcción por su autoridad agraria, en calidad de testigo o bien trasladar inmediatamente el recibimiento al grupo solidario. La Laguna, no se hizo así.
Aquí está el germen de lo que autoridades con intereses en apoderarse de la construcción buscan: alentar apetitos de personas al margen del grupo La laguna y dividir al ejido.
Volvieron los empresarios privados a rondar por la presa codiciada el balneario tiene un valor de más de 2 mil millones de pesos y esto alarmó a los compañeros del grupo solidario La Laguna - que son los que han solicitado esta intervención - quienes, para su sorpresa, se dieron cuenta que se han venido falsificando documentos de la Reforma Agraria que tienen que ver directamente con su problema, con el objeto de que puedan darse bases para despojarlos de este balneario. Ese es el caso del acta de la asamblea éjida extraordinaria del 14 de mayo de 1984, en que hay alteración del contenido, falsificación de firmas y uso indebido de sellos oficiales. (En el expediente que se adjuntan, van las actas falsificadas.)
También se han destruido algunos documentos y corre la versión de que las retribuciones que se les dieron por pérdida de cosecha las quieren aplicar ahora como liquidación e indemnización, argumento infantil que carece de fundamento alguno. En vista de estos hechos anómalos y toda vez que el comisariado éjida había recibido el balneario, pero el grupo La Laguna tienen la posesión del pozo y éste lo cerraron desde el mismo mes de marzo del año en curso, quedando, pues, el balneario fuera de servicio, como ha estado estos meses, deteriorándose por la falta de uso y mantenimiento, los integrantes del grupo La Laguna - promotores y dueños de la construcción -, determinaron el 5 de agosto del año en curso tomar posesión del mismo, en vista de que pláticas para el manejo del balneario, con la participación del comisariado en el consejo de administración, no prosperan, no se toma en serio y solamente se busca dar tiempo para despojarlos y entregar la obra a empresarios privados. En el tiempo que lleva este conflicto se han registrado altercados y en uno de esos casos perdió la vida una persona, el compañero Antonio Rodríguez Rodríguez.
De acuerdo con lo anterior y como un elemental sentido de justicia y de prevención de que no se llegue a situaciones graves que no tiene por qué darse de ninguna manera, el solidario La Laguna del Ejido Valladolid, sustenta los siguientes puntos de vista, mismos que el Partido Popular Socialista hace suyos y en lo cual requiere la intervención de la Cámara de Diputados, por las comisiones correspondientes a las que solicitaremos sea turnada esta proposición:
1. Que se suspenda toda intervención de la fuerza pública en lo que tendría por objeto un desalojo del grupo de ejidatarios, del grupo solidario La Laguna, de las instalaciones del balnearios, toda vez que son los que originaron la construcción de la obra y está ubicada en sus parcelas ejidales.
2. Que las autoridades competentes ratifiquen los derechos de origen que tiene el grupo solidario La Laguna en este balneario, dado su calidad de sociedad de producción legítimamente constituido y los antecedentes de que participó en los convenios con el director de FONAFE del Estado en 1974.
3. El rechazo a toda pretensión de venta o entrega administrativa de esta construcción a empresarios privados, pues contradiría por completo con la política de fomento a los servicios recreativos del campo y a los objetivos por los cuales la federación canalizó inversiones.
4. Propiciar la coordinación de esfuerzo para que tengan una participación sana con el grupo
La Laguna otros ejidatarios del mismo ejido y desde luego la participación del comisariado en el consejo de administración y representantes del propio gobierno federal, y del Estado, en caso de que contribuyan con nuevo financiamientos que permitan concluir con parte de las obras en construcción.
5. Se realice a fondo la investigación ya planeada ante las autoridades competentes acerca de la falsificación de documentos oficiales de que se ha hablado.
Señor presidente, nuestra petición de que esta exposición del problema y otros documentos probatorios se curse a las Comisiones de Reforma Agraria e Información, Gestoría y Quejas para que tenga conocimiento del problema e interceda en la medida de sus facultades en la forma que se le solicita. Ruego se curse conforme al artículo 113 de la Ley Orgánica por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
México, D.F., a 18 de agosto de 1987.
Diputado, Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. presidentes: - Como lo solicita el señor diputado Hildebrando Gaytán Márquez. Túrnese a las Comisiones de Reforma Agraria y de Información, Gestoría y Quejas el ocurso presentado y los documentos anexos.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C. presidente:- Tiene la palabra el ciudadano diputado, Juan de Dios Castro Lozano.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores legisladores:
Pensar en la deuda externa de México, tal y como hoy se presenta, supone una manifestación simplista de la vida, del patrimonio y la dignidad de los mexicanos.
En nuestro país, y sobre todo en fuentes gubernamentales, hay quienes pretenden olvidarse del cómo y el por qué la deuda externa llegó a condiciones en que hoy se encuentra. Se argumenta que no vale la pena pensar en el pasado, que hoy es tiempo de conjugar esfuerzos y no pensar en críticas, que hay que buscar soluciones y no culpables o responsables de los errores.
Empezar ahora olvidándose del cómo, por qué y quiénes llevaron a la deuda externa hasta este punto es empezar mal, y consecuentemente terminar mal. Empezar ahora olvidándose del pasado como lo ha hecho el gobierno del actual Ejecutivo Federal no es resolver el problema, sino postergarlo. Así está plenamente demostrado con las renegociaciones de la deuda externa que en los últimos años han existido.
Y empezar ahora y cada año y en cada ejercicio y en cada período del Congreso a reiterar las mismas fallas constitucionales, es la peor manera de enfrentarse a este agudísimo problema que agobia al pueblo de México. El año pasado, en noviembre, en la comparecencia del señor Secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli, Acción Nacional planteó la falla constitucional en el planteamiento de los empréstitos que se proponían celebrar el gobierno mexicano. La falla de la Ley de Ingresos en el proyecto que fue aprobado por la mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de delegar sin facultad ninguna al Ejecutivo Federal las facultades que sólo al Congreso confiere la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución; qué fácil es, señoras y señores legisladores, que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, diga a los legisladores de México que el Gobierno Federal se ha apegado estrictamente a los montos del endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos; cuando no existe límite a esos montos de endeudamiento, porque si bien es cierto que en la Ley de Ingresos se establecen cantidades líquidas por las cuales se autoriza al Gobierno Federal para poder contratar empréstitos, también lo es que en la propia ley existe un resolutivo que dice igualmente se autoriza al Ejecutivo Federal para contratar montos adicionales de endeudamiento cuando a juicio del propio Ejecutivo Federal exista circunstancias económicas que así obliguen al gobierno a contratarlo; para qué pues someter al Congreso cantidades líquidas, para qué pues someter al Congreso montos específicamente determinados de endeudamiento, para qué pues decir, se autoriza al Gobierno Federal a contratar empréstitos por tantos más cuántos miles de millones de pesos o millones de dólares con el extranjero; si a continuación se dice que el Ejecutivo Federal estará facultado por el Congreso para contratar montos adicionales, yo te autorizo 10 y tu puedes con esa facultad que te estoy delegando inconstitucionalmente contratar lo que quieras, cuando a juicio tuyo Ejecutivo Federal existan condiciones económicas que así lo determinan, esa, dice un constitucionalista mexicano destacado, Felipe Tena, es un abandono del Congreso a la facultad que le confiere la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución; el Congreso no tiene ninguna facultad para delegarle al Ejecutivo Federal la facultad que sólo el Congreso tiene por disposición de la Constitución en el artículo 73, si a eso agregamos señores Legisladores y esto no lo ha contestado el Secretario de Hacienda, que la fracción VIII en 1946, se le agregó una pequeña adición por iniciativa del
Ejecutivo Federal y en aquella exposición de motivos se dijo, para evitar que se hipoteque el patrimonio de las generaciones futuras de mexicanos; no se podrá destinar los empréstitos para satisfacer partidas presupuestales y este agregado dice en la fracción VIII del 73, cito, "ningún empréstito podrá celebrarse sino para ejecución de obras que directamente produzcan incremento en los ingresos públicos, salvo los que realicen con propósitos de regulación monetaria, operaciones de conversión y los que se contraten en alguna emergencia declarada por el Presidente de la República, conforme al artículo 29 constitucional.
¿Por qué el constituyente permanente de 46, señores legisladores, agregó esta adición a la fracción VIII del artículo 73? Precisamente para evitar que los empréstitos se utilizaran para financiar presupuestos, para que estuvieran destinados al desarrollo nacional en obras que produjeran un incremento directo en los servicios públicos, en los ingresos públicos para que los propios empréstitos fueran auto - financiables, para que las generaciones de mexicanos no tuvieran que soportar la pesada carga que implica la hipoteca de un endeudamiento como el que ahora nos agobia.
Yo preguntaba al Secretario de Hacienda y Crédito Público: dígame señor Secretario, ¿cuáles son las obras a las que se destinaron los 110,000 millones de dólares de empréstitos que México ha contratado? ¿Cuáles son los ingresos que han producido estas obras? Y le aclaraba entonces que no me mencionara las obras de la Comisión Federal de Electricidad porque esta institución ha sufrido pérdidas constantes y permanentes desde hace más de década y media según datos estadísticos, Ferrocarriles, no, obras que no presentaran déficit, obras que produjeran ingresos para poder satisfacer el pago de los empréstitos y era tan sencillo el razonamiento que de haberse invertido en período de Díaz Ordaz al concluir el sexenio, debíamos 3,604,000 millones de dólares, en período de Echeverría a concluir el sexenio se elevó el endeudamiento a cerca de 20,000 millones de dólares, en período de López Portillo a 80,000 millones de dólares y ya vamos sobre 110,000 millones de dólares porque creció tan extraordinariamente la deuda con el exterior, ¿por qué creció a tales niveles si los gobiernos encargados de contratarla o de pactarla destinaron esos recursos a obras que produjeran ingresos para poder cubrirla?, la razón es que gran parte de los empréstitos se destinaron a financiar presupuestos y no a obras que produjeran un incremento directo en los ingresos públicos.
Gran parte de ellos a satisfacer la corrupción de muchos sexenios y gran parte de ellos a sostener un aparato burocrático cada vez más en incremento.
Pero se nos dice México está negociando en condiciones óptimas de la deuda pública, y el Congreso está cumpliendo la fracción VIII del 79 porque ya les dio las bases a los gobiernos al señalar la Ley de Deuda Pública, pero la fracción VIII del 79, señoras y señores legisladores, establece varios casos en la aprobación de los créditos de los empréstitos, y me estoy limitando únicamente al endeudamiento externo; no voy a referirme al terrible y enorme endeudamiento interno que padece el país.
Dice: dar las bases, dice la fracción VIII, del 73, sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación.
Primer paso: El Congreso tiene que dar las bases.
Segundo paso: Aprobar esos mismos empréstitos. En castellano el constituyente estableció primero el Congreso va a dar las bases para que el Presidente pueda celebrar empréstitos, y después de dar las bases tendrá que aprobar esos mismos empréstitos.
¿Por qué razón tiene que aprobar esos empréstitos? ¡Ah!, porque la fracción VIII, del 79, establece una limitación al propio Congreso. El Congreso, ni siquiera el Congreso tiene facultades ilimitadas para probar todo tipo de endeudamiento, sólo aquellos que estén destinados a obras que produzcan un incremento directo en los ingresos públicos. Nada más. De tal manera que si un empréstito se solicita con una finalidad distinta ningún órgano en el Estado mexicano tiene la facultad de aprobarlo; ésta estrictamente prohibido por al Constitución.
La práctica viciosa de presentar al Congreso primero la iniciativa de ley con mucha manga ancha de deuda pública, donde se dan las bases para que el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que no contempla, que no contempla esta segunda facultad que nos dice "aprobar esos mismos empréstitos". ¿Y qué significa aprobar los empréstitos? Indudablemente sujetar a la consideración del Congreso las condiciones en que éstos tienen que celebrarse, el destino que se va a dar a esos empréstitos, pero en la Ley de Ingresos que es lo que dice el gobierno que se satisface esta segunda facultad, jamás se nos indica el destino o el fin de los empréstitos a los que van destinados. Excepcionalmente algún Secretario de Hacienda en alguna comparecencia nos dice: bueno, pues se destina a obras de la Comisión Federal de Electricidad que produce energía necesaria para el desarrollo del país.
Un destacado legislador ya fallecido del Partido Revolucionario Institucional, Carrillo Flores, en la LI Legislatura dijo: ¡Ah!, es que se destinan a Salubridad, y al destinarse a Salubridad se fortalece la salud del pueblo mexicano y con eso se incrementa su productividad; ¡ah! está el incremento de ingresos". Aquella afirmación de Carrillo Flores, originó el entonces ya fallecido también diputado Carlos Sánchez Cárdenas, dijo: "eso es demagogia, señor diputado, porque el espíritu de la fracción VIII del 73, nos indica incrementos directo, no incremento públicos."
Yo voy a solicitar la comparecencia a Comisión de Hacienda del señor Secretario de Hacienda y Crédito Público. Estoy enterado de la comparecencia del Subsecretario de Ingresos; no resolvió las dudas de los señores diputados, porque caray, yo sigo sosteniendo que en segunda etapa el Congreso, para poder autorizar un empréstito tiene que autorizarlo en lo que empleo la autorización de un préstamo, ¿en qué condiciones, en qué medita el país se subordina a los intereses del exterior, en qué medida se respeta la soberanía nacional? y en el documento que ha sido dado a la publicidad y del cual han circulado más de 1000 copias pero que no sabemos por qué las autoridades hacendarías no lo han pasado a los señores diputados y yo estoy de acuerdo que digan, bueno, pues es que ha habido el momento pero a pesar de reiteradas solicitudes, hay muchísimos interrogantes.
Miren ustedes, se habla de que no se grava el patrimonio del país, de ninguna manera se ha otorgado garantías reales sobre bienes específicamente determinados sobre el petróleo, sobre el gas, sobre las propiedades de la nación mexicana y se incluyó en ese documento que se nos dice que no se nos puede proporcionar si se transcribo la disposición contenida en el artículo IV del Código Federal de Procedimientos Civiles. En los primeros años de la carrera de derecho, una de las cosas que se plantean con claridad meridiana a los estudiantes de derecho, es las relaciones entre el Estado con los particulares, que pueden ser de supra a subordinación cuando el Estado se relaciona con ellos como entidad soberana o en una relación de coordinación cuando el Estado se equipara a cualquier particular, y en efecto, el artículo IV del código Federal de Procedimiento Civiles nos habla de esa hipótesis en que el estado mexicano se equipara como parte a un particular y no actúa ni ejerce ni interviene como entidad soberana, sino que el Estado como cualquier particular está subordinado a la ley y está subordinado a la decisión de los tribunales del orden común, y nos dice: las instituciones, servicio y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial en cualquiera forma en que intervenga la misma situación que otra parte cualquiera, pues ¡ah!, el Estado puede ser parte, puede actuar como particular y para fortalecer el argumento establece: se transcribe en el convenio lo que a continuación dice este dispositivo legal, dice: pero nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución, ni providencia de embargo y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija a las partes; no garantías de derecho sustancias señoras y señores legisladores, no la garantía, no se refiere este artículo a la garantía que otorga el deudor prendario al dar una prenda determinada como garantía del crédito, o al deudor hipotecario que garantiza con un bien determinado el crédito determinado, habla de garantías dentro del procedimiento judicial que son muy diferentes a las garantías otorgadas fuera del procedimiento judicial en los contratos como garantías de crédito, pero cuál es la interpretación de este artículo IV del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Alguien decía que una de las maneras de conocer con cierta aproximación la interpretación correcta de un dispositivo legal, era acudir al debate de ese dispositivo legal en el momento en que la ley fuera aprobaba para conocer el espíritu, el punto de vista del legislador y en efecto, en la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles que contiene este artículo IV, establece cuál fue la razón de establecer esta excepción a la regla de igualdad procesal entre las partes, y nos dice la exposición de motivos, la única, cito: excepción a la regla de la igualdad es la contenida en el artículo IV que dispone que nunca podrá dictarse en contra de la Federación ni de las entidades federativas mandado de ejecución ni providencia de embargo, así como que esas entidades de derecho público están exentas de prestar las garantías que en el Código se exigen de las partes, habla de garantías dentro de juicio, no de garantías reales en un contrato celebrado entre las partes, y más adelante dice, esta excepción se justifica porque no es posible que los órganos de poder se coaccionen entre sí, no es posible que el Poder Judicial coaccione al Ejecutivo, y además porque se estima que la Federación es bastante solvente por eso se le exime de dar garantía, porque dispone de los recursos idóneos para hacerse de ellos por medio de leyes fiscales pero dice, para evitar que los poderes tendría en mentes señoras y señores legisladores, el legislador que aprobó este Código que este artículo IV rigiera las relaciones entre un particular extranjero y considerar al Estado como entidad particular, como una sociedad privada, como un individuo sujeto a la
subordinación de la ley, yo creo que estos se refiere cuando existe conflicto en tribunales mexicanos, en tribunales mexicanos, ahí sí no podrá operar providencia embargo ni ejecución de ninguna naturaleza; pero vamos a conceder en hipótesis señoras y señores legisladores, que el sentido directo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles es como lo dice el señor Subsecretario de Ingresos, y como está en el convenio, que con la transcripción de este artículo 4o. queda salva la inmunidad de la nación mexicana en su patrimonio, de tal manera que no podrá dictarse providencia de embargo ninguna, ni mandamiento de ejecución sobre bienes del país, vamos a supones eso; por eso me interesa la comparecencia del señor Secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué convenir, pues, sí esa es la interpretación, por qué convinieron el artículo 12? El artículo 12 establece una obligación, no positiva sino negativa de no hacerlo, una obligación de un abstenerse de hacer y dice el artículo 12 del convenio establecido: dice - cito como está en el convenio - "El prestatario no creará ni tolerará que exista ni permitirá a ninguna agencia gubernamental, crear o tolerar que exista ningún embargo preventivo sobre o en relación con ninguna de las propiedades presentes o futuras, el GAT y las propiedades monetarias internacionales o los ingresos del prestatario o de cualquier agencia gubernamental en cada caso para asegurar o proveer el pago de la deuda externa o de sus intereses."
Solamente esta cláusula señoras y señores legisladores, obligaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de manejar la deuda pública y de contratarla, a no aceptar los términos del convenio.
¿Por qué incluyes la obligación de no hacer si me dices que el artículo 4o. me garantiza en demasía que no se dictará embargo preventivo ni podrá haber ninguna prevención de ejecución, entonces para qué la no obligación, el no hacer la obligación negativa de no gravar ninguna de las propiedades presentes ni futuras? Y algo que también tendría que explicarnos, ¿por qué este agregado más adelante cito, como ha sido usado en esta sección en el término propiedades públicas, significa propiedades de México de cualquier subdivisión política administrativa de México o de cualquier entidad poseída controlada u operada a nombre o para beneficio de México o de la mencionada subdivisión incluyendo el oro y las propiedades monetarias extranjeras guardadas por cualquier institución que haga las funciones de banco central o de fondo de estabilización, ¿para qué incluir esto? Si el artículo 4o. dice ellos que nos garantiza totalmente de que no se dicte embargo ni providencia de ejecución. Y se me antoja más todavía, el señor Gurría en una entrevista que le hizo la revista Proceso que aparece publicada esta semana, muy hábil nos da una serie de dispositivos para señalar que es un simple contrato mercantil, México es una sociedad. Es una entidad privada, para estos efectos, y como tal está sujeto a las disposiciones del Código de Comercio. Los artículos 1092 y 1093 establecen la competencia, las partes pueden determinar la competencia. ¿Cuál va a ser la competencia? Vamos a aceptar por hipótesis las afirmaciones del señor Gurría. El 1092 dice: "Las partes en un contrato pueden aceptar la jurisdicción de cualquier tribunal". Y esa renuncia al fuero de su domicilio les obliga.
Bueno, yo quiero pensar que las partes se establecieron como efectivamente se consignan en el documento, "el prestario y el Banco de México cada uno irrevocablemente se somete a la jurisdicción de cualquier Corte Estatal o Federal de Nueva York, con sede en la ciudad de Nueva York o a la Suprema Corte de Justicia de Londres."
Si esto es así, yo me pregunto, ¿cuál va a ser la medida coercitiva? En México no se puede ejecutar. Yo estoy de acuerdo con el gobierno mexicano en ese sentido. En México no van a poder ejecutarse. Pero yo quisiera que me aclararan esto: qué impide que se ejecuten providencias de embargo dictadas por estas Cortes en el extranjero. No podrán ejecutar en territorio nacional, pero ante un conflicto de incumplimiento en el pago o retraso en el pago, ciertamente qué impediría que se embargaran las propiedades de México, existentes ocasionalmente, en puertos de países extranjeros. Y voy más allá en puertos de Estados Unidos con una jurisdicción abierta de los Tribunales de Nueva York.
Y hay, señoras y señores diputados, tantas cosas que quisiéramos que nos aclarara el señor Secretario de Hacienda; tenemos más cuando suba alguno de los diputados.
Hago la siguiente propuesta para evitar que se someta a votación. "Juan de Dios Castro Lozano, diputado federal, comparezco y pido se turne a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, mi solicitud para que el C. Secretario de hacienda y Crédito Público comparezca ante dicha comisión, a efecto de proporcionar a los CC. diputados, la información que éstos le requieran en relación con la renegociación de la deuda externa. Lugar y fecha de hoy, y firma el de la voz". Muchas gracias, señores legisladores.
El C. presidente: - El señor Diputado Sócrates Rizzo García, en el uso de la palabra, para hechos.
El C. diputado Sócrates Rizzo García: - Con su venia, señor presidente. Seré muy breve.
Vengo aquí solamente para aclarar algunos hechos que considero relevantes en torno al asunto que se está comentado. No voy a entrar al fondo del asunto; creo que sobre todo se comentó y se profundizó en la Reunión de Comisiones Unidas del pasado 4 de agosto, y creo que lo haremos a fondo también en la próxima reunión que tendremos con el Subsecretario Suárez Dávila. Creo que sobre esos temas también hemos discutido bastante en la Cámara de Diputados en ocasión del debate que se hizo en torno a la iniciativa del diputado Castro, creo que fue una iniciativa para reformar el artículo 9o. de la Ley de Deuda, y tampoco vamos a entrar en el debate de si debemos adoptar una visión de flujo monetario o de empresa privada para la interpretación del artículo 73, en su fracción VIII.
Yo sólo quiero destacar, que el 4 de agosto de 1987, hubo una reunión de Comisiones Unidas de Programación Presupuesto, Cuenta Pública y de Hacienda, en la que estuvo presente el señor Subsecretario Francisco Suárez Dávila. En dicha comisión, se analizó lo referente a deuda, contenido en la Cuenta de la Hacienda Pública y fue una ocasión propicia para que se presentara una serie de propuestas y planteamientos por varios compañeros diputados.
El compañero Eduardo Valle, a nombre de seis fracciones parlamentarias, entre otras el Partido Acción Nacional, presentó una propuesta concreta para la entrega del documento sobre las negociaciones.
Asimismo, hubo una propuesta concreta por parte del compañero Jorge Alcocer, fundada en el artículo 89 del reglamento, para que las presidencias de las comisiones o de alguna comisión solicitada este documento.
Cabe destacar y con esto termino de que hubo una respuesta por parte del señor Subsecretario, Francisco Suárez Dávila, ofreciendo una reunión especial para discutir este documento, - cito textualmente - mencionó el licenciado Suárez Dávila, es un documento para el cual estamos a sus órdenes en la Secretaría de Hacienda para hacer todas las aclaraciones, y con mucho gusto propondría que en el término que ustedes señalen podríamos hacer una reunión de trabajo específico para aclarar alguno de los conceptos, estamos plenamente a sus órdenes, etc.,etc..
Efectivamente el compañero Eduardo Valle, aceptó, cito textualmente, acepto la invitación del señor Suárez Dávila, a nombre de las seis fracciones parlamentarias a que nos reunamos a discutir lo conducente. Y en respuesta a la propuesta del diputado Jorge Alcocer, hubo una contestación concreta, por parte del Presidente de la Comisión de Programación, en el cual se turna su solicitud para solicitar este documento.
Creo que son hechos importantes, en relación a este asunto, que nos señalan, de los trabajos que se han hecho por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, en torno a este asunto. Muchas gracias.
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo: - Pido la palabra, para hechos, señor presidente .
El C. presidente: Tiene la palabra, señor diputado Pablo José Pascual Moncayo.
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente; compañeros: De la reunión con el señor Subsecretario Suárez Dávila, tenemos versiones diferentes, los que estuvimos ahí. Efectivamente se presentó una solicitud a nombre de varios grupos parlamentarios, con el fin de que nos entregara el documento, que se ha hecho referencia en reiteradas ocasiones y en múltiples discusiones.
Se hizo también una solicitud, en base al artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y sin embargo, no hubo una respuesta precisa, se dijo, efectivamente ahorita el compañero Sócrates, hacía referencia que estaban dispuestos a darnos información en la Secretaría de Hacienda, cuando tuviéramos a bien solicitar una reunión: pero lo que hemos solicitado, a manera reiterada, es el documento en cuestión.
Pensemos, que con derecho, con fundamento no solamente a reglamento, sino al ámbito democrático y político en que vivimos, los legisladores tenemos derecho a tener en nuestras manos este documento y no interpretarlo o conocerlo a través de los medios de comunicación de revistas, periódicos o a través del botero que sirva darnos la Secretaría de Hacienda.
Yo a partir de esto, de esta consideración, creo que no está de más, qué vía la Comisión Permanente se planteó una solicitud a la Comisión de Hacienda para que entregue este documento y de ahí que presentemos la siguiente propuesta, creo que sí, en base a propuestas podemos ir aclarando las interpretaciones para poder verlo en comisiones, efectivamente la entrega de los documentos.
De ahí que presentemos la siguiente propuesta: "Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estado Mexicanos, me
permito solicitar a la presidencia de esta Comisión Permanente, turne a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la petición formal, para que dicha comisión a través de su presidente, tramite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público copia del convenio firmado entre el gobierno mexicano y los bancos acreedores de nuestro país; el pasado 20 de marzo de 1987."
Si podamos discutir con el documento a que se ha hecho referencia, creo que podemos aclarar de una manera más precisa estas diferencias o estos diferentes criterios. Gracias.
El C. presidente: - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 179 de su reglamento. Se turna la petición del diputado Juan de Dios Castro Lozano a la Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados, sin mandato ni indicación alguna.
De igual manera, se turna con el mismo fundamento la petición formulada por el diputado Pablo José Pascual Moncayo, sin hacer referencia al dispositivo legal invocado, porque esto corresponderá en su caso aplicarlo a la propia comisión.
Sírvase la secretaría dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda:
"Comisión Permanente.
Segundo Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día.
26 de agosto de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuatro con los que se remite copia certificada: del acuerdo entre el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala, sobre cooperación para la prevención y atención en casos de desastre naturales, firmando en la ciudad de Guatemala; convención sobre representación en la compraventa internacional de mercancía, adoptada en Ginebra : convenio de cooperación turística entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala, firmado en la ciudad de Guatemala: convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Guatemala sobre la protección y mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza, firmado en la ciudad de Guatemala.
Oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remite el informe de la Deuda Pública, correspondiente al segundo trimestre de 1987.
Con el que se remite un ejemplar de los convenios de crédito y reestructuración de adeudos suscritos por las autoridades financieras del país.
Oficio de los CC. Secretarios de Programación y Presupuesto de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remite el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 1987.
Informe de labores del Presidente de la Comisión Permanente.
Intervenciones de las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión Permanente.
Designación de comisiones de cortesía.
Declaratoria de clausura."
El C. presidente (a las 15:10 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de agosto, a las 11:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES