Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19860901 - Número de Diario 3
(L53A2P1oN003F19860901.xml)Núm. Diario:3ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., lunes 1o. de septiembre de 1986 NÚM.. 3
SESIÓN DE CONGRESO GENERAL
SUMARIO
APERTURA
DECLARATORIA
Apertura del LIII Congreso de la Unión, del período de sesiones ordinarias del segundo año de su ejercicio.
COMISIONES
PROTOCOLARIAS
La secretaría da lectura a los nombres de diputados y senadores designados para atender al C. Presidente de la República al rendir su IV Informe Presidencial.
INFORME DE GOBIERNO
Rendido por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Primer Magistrado de la Nación, ante la Representación Nacional.
CONTESTACIÓN
Del C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente del H. Congreso de la Unión, al informe rendido por el Ejecutivo Federal.
ACTA DE LA PRESENTE
SESIÓN
Sin discusión se aprueba.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE
(Asistencia de 356 diputados y 60 senadores)
APERTURA
El C. presidente (a las 10:30 horas): -Se abre la sesión de Congreso General.
DECLARATORIA
El C. secretario diputado Eliseo Rodríguez Ramírez: -Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.
El C. presidente del Congreso: -"El Quincuagésimo Tercer Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de septiembre de 1986, el período de sesiones ordinarias del segundo año de su ejercicio". (Aplausos.)
El mismo C. presidente: -Sírvase la secretaría a dar lectura a la lista de los nombres de los ciudadanos diputados y senadores que integran las comisiones designadas de acuerdo con el artículo 11 del reglamento.
COMISIONES
PROTOCOLARIAS
El C. secretario diputado Eliseo Rodríguez Ramírez:
Comisiones de Cortesía, 1o. de septiembre de 1986.
Para acompañar al C. Presidente de la República de su residencia al recinto oficial del Congreso: senadores Antonio Rivapalacio López, Abraham Martínez Rivero, Socorro Díaz Palacio, Manuel Ramos Gurrión, Filiberto Vigueras Lázaro,
Norberto Mora Plancarte y Gonzalo Salas Rodríguez. Diputados Santiago Oñate Laborde, Mario Murillo Morales, Alfonso Reyes Medrano, Amelia Olguín Vargas de Guadarrama, Melquiades Morales Flores, Héctor Yunes Landa, Félix Flores Gómez, Miguel Eduardo Valle Espinosa, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Ramón Danzos Palomino, Beatríz Gallardo Macías, Nabor Camacho Nava, Carlos Barrera Auld y Ricardo Andrés Pascoe Pierce.
Para recibir al señor Presidente de la República en el acto de apertura del Congreso: senadores Gilberto Muñoz Mosqueda, Rafael Cervantes Acuña, Raúl Salinas Lozano, Antonio Martínez Baez, Myrna Esther Hoyos de Navarrete, J. Socorro Salcido Gómez, Roberto Casillas Hernández, Silvia Hernández de Galindo y María del Carmen Márquez de Romero Aceves. Diputados Jorge Montúfar Araujo, Víctor Manuel Liceaga Ruibal, Salvador Ramos Bustamante, Rosa María Armendáriz Muñoz, Heriberto Ramos Salas, Manuel Jiménez Guzmán, Homero Díaz Córdova, José Angel Aguirre Romero, Indalecio Sayago Herrera, Héctor M. Calderón Hermosa, Roberto Calderón Tinoco, Jorge Alcocer Villanueva y Efraín Jesús Calvo Zarco.
Para acompañar al señor Presidente de la República de regreso a Palacio Nacional después de la lectura del informe: senadores Salvador J. Neme Castillo, Celso Humberto Delgado Ramírez, Víctor Manzanilla Schaffer, Gonzalo Martínez Corbalá, Faustino Alba Zavala, Rafael Armando Herrera Morales y Héctor Vázquez Paredes. Diputados Eliseo Mendoza Berrueto, Blas Chumacero Sánchez, Salvador Robles Quintero, Guillermo Fonseca Alvarez, Guadalupe López Bretón, Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez, Manuel Germán Parra Prado,- Juan de Dios Colli Mas, Eduardo Acosta Villeda, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Hildebrando Gaytán Márquez, Gregorio Macías Rodríguez y Rosalía Peredo Aguilar.
Esta presidencia solicita a las comisiones designadas, se sirvan dar cumplimiento a su cometido.
Se declara un receso en espera del C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Se ruega a los presidentes de la Cámara de Senadores y Suprema Corte de Justicia de la Nación permanezcan en sus respectivos lugares.
(Receso a las 10:40 horas)
El C. presidente (10:58 horas): -Se reanuda la sesión.
(Llegada del señor Presidente de la República.)
(Honores al C. Presidente.)
INFORME DE GOBIERNO
El C. presidente: -Tiene la palabra el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
"Honorable Congreso de la Unión; Mexicanos:
En cumplimiento de lo prescrito por la Constitución de la República, asisto a la apertura de las sesiones ordinarias del H. Congreso de la Unión a presentar el informe del estado que guarda la Administración Pública. Por escrito, entrego un documento ampliado con diversos anexos. Los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal remitirán oportunamente sus respectivos informes.
El período comprendido del 1o. de septiembre de 1985 a la fecha se caracterizó por trágicos y agudos problemas, que vinieron a complicar y agravar las ya de por sí severas dificultades que habíamos venido enfrentando.
Primero, un terremoto devastador enlutó nuestros hogares. La emergencia que provocó sacudió nuestras conciencias y movilizó la vitalidad y el sentido de solidaridad de nuestro pueblo. La sociedad no se abatió ni cayó en situaciones caóticas o anárquicas. Por el contrario, supo reaccionar con valentía y coraje, y se organizó con eficacia para actuar positivamente ante la tragedia.
Los complejos problemas y los daños provocados por los sismos obligaron a iniciar de inmediato la gran tarea de la construcción. Esta se ha conducido mediante acciones coordinadas y ágiles, en las cuales han participado todos los grupos sociales, y los tres niveles del Gobierno: Federación, Estados y Municipios. La participación ciudadana ha sido determinante en los avances logrados; sin ella, la tarea del Gobierno hubiera sido insuficiente.
La reconstrucción se está realizando con un espíritu de renovación; no se ha tratado simplemente de reponer lo destruído. Nos hemos propuesto reconstruir y renovar simultáneamente.
No habíamos concluido los primeros pasos para enfrentar los efectos del terremoto, cuando arrostramos un verdadero cataclismo económico. El precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación y fuente mayoritaria de los ingresos
públicos, se desplomó de manera brutal, como consecuencia de una guerra generalizada de precios y mercados a nivel mundial. La caída de los ingresos provenientes de la venta al exterior de petróleo no ha representado una pérdida de la tercera parte de las divisas que se obtienen por exportación y equivale a casi del 20% de los ingresos públicos totales y aproximadamente al 6% de la producción nacional.
Este reto de origen internacional ocurre después de tres años de enormes esfuerzos que el pueblo mexicano ha venido realizando para resolver sus problemas internos y externos.
A estos graves contratiempos, resultado de calamidades naturales y adversidades económicas, se han sumado circunstancias externas desfavorables.
El mundo vive un política de tensión en las relaciones internacionales. A la angustia que provoca la posibilidad de una guerra nuclear en la cual no habría vencedores y desaparecería el género humano, se añaden circunstancias críticas en la economía mundial y pretensiones de imponer visiones del mundo y estilos de vida que intentan modelar instituciones y decidir destinos mediante la imposición de ideologías dogmáticas. México no puede ignorar su entorno porque hoy ya no puede haber nación aislada del resto del mundo; durante este año hemos padecido presiones, críticas, incomprensión y asechanzas externas que nos han mostrado que la soberanía y la independencia legadas por nuestros padres requieren que se libre por ella la batalla todos los días. Hemos tenido que hacer acopio de fuerza y voluntad para que nuestro país no sufra menoscabo como nación independiente y soberana.
Al sumarse, los graves acontecimientos de este año han creado una nueva situación de considerable complejidad. Han hecho evidente, a la vez que han impulsado, el profundo proceso de cambio por el que está atravesando la sociedad mexicana ante los retos que tiene que superar. Han surgido necesidades y demandas diferentes y emergen grupos nuevos en la participación política y social, con una intensidad mucho mayor a la que nos habíamos acostumbrado. Nuestra sociedad se ha vuelto más compleja y dinámica. Somos hoy una nación diferente.
Es necesario que los grupos sociales cobren conciencia de la nueva realidad. Somos un población que sigue creciendo: desde 1980 a la fecha han nacido más mexicanos que los que nacieron entre la Independencia y la Revolución; en las décadas recientes, nos hemos convertido en un país cuya población es mayoritariamente urbana, pero con vigorosas raíces rurales; han surgido nuevas clases medias, multiplicando su presencia numérica y participativa; los medios masivos de comunicación fortalecen su pluralidad y su capacidad crítica, así como su penetración en la conciencia de la población; los niveles generales de capacitación y educación se han elevado, con lo que numerosos grupos sociales están más informados, atentos y críticos al acontecer nacional, y en particular, a las acciones del Gobierno.
Hay un nuevo vigor en la sociedad, que la hace más capaz de iniciativas y movilizaciones, así como de acciones espontáneas de solidaridad.
Somos una sociedad más madura, con dirigentes sociales capaces y responsables, en el campo, en las fábricas, entre los jóvenes, las mujeres, los empresarios, los profesionistas, los estudiantes y los grupos populares. En síntesis, tenemos una sociedad civil más consciente de sus problemas, más vigorosa, más generosa y más decidida.
En momentos de crisis económicas, esta enorme transformación social, aunada a las adversidades naturales y los embates externos, ha generado una sensación de incertidumbre que, siendo propia de los fenómenos y de los tiempos que vivimos, en ocasiones, por ingenuidad, ignorancia o mala fe, suele atribuirse exclusivamente a la conducta del Gobierno de la República. Grupos minoritarios pretenden aprovechar la situación difícil del país para trastocar el sistema derivado de la Revolución Mexicana.
Las transformaciones profundas no son exclusivas de nuestro país. Se afirma comúnmente que en el ámbito internacional ocurren tiempos desfavorables para la estabilidad económica, la seguridad e, incluso, la libertad; se dice que son tiempos dominados por el temor. En diversas latitudes, la búsqueda de soluciones radicales arroja a muchos hombres en brazos de profetas irracionales En los países más desarrollados, están en riesgo programas sociales básicos, aumenta el desempleo y se introduce la incertidumbre en el desempeño de los ciudadanos; cobra así atractivo melancólico el mundo cómodo de las cosas acostumbradas, pero éstas ya no pueden ser. Finalmente, pesa un gran peligro de desolación sobre nuestro planeta, ya sea por el deterioro del medio ambiente o por el riesgo de conflagraciones militares. El mundo entero está inmerso en situaciones de conflicto y cambio. Evitamos, en consecuencia, las falsas fachadas que se quiere presentarnos del mundo exterior, como la opción de la felicidad y la confianza. La crisis actual no es exclusiva de México; vivimos en medio de un mundo con serias amenazas y dificultades.
Reconozcamos los nuevos tiempos que vivimos.
Son tiempos de cambio, obligado o deliberado.
Son tiempos que exigen el juicio ponderado y la
acción decidida. Son tiempos que requieren, por parte de la sociedad, de un gran esfuerzo de objetividad en la evaluación de problemas, acciones y resultados. Son tiempos de asumir riesgos e incurrir en los posibles costos del hacer, que son mucho menores que los costos de la inacción y de los brazos cruzados.
El régimen de la Revolución Mexicana ha tenido respuesta para los tiempos de cambio. Ayer, al ser capaz de conducir un proceso de desarrollo social que avanzó más rápido que el aumento de la población y fue capaz de ampliar considerablemente los servicios básicos de educación y salud, de alimentos y de oportunidades de empleo.
Hoy, mi Gobierno ha tenido que transformarse para conducir el cambio profundo que experimenta la nueva sociedad y para enfrentar con eficacia las situaciones difíciles e inesperadas que nos presionan.
En mi discurso de toma de posesión propuse el cambio deliberado, planeado, ordenado, producto de la voluntad y no de la fortuna. Convoqué a la nación a realizar transformaciones cualitativas en nuestra vida democrática. Demandé variación en las conductas; impulsé reformas en los procesos de desarrollo. Propuse, desde el inicio de mi administración, el cambio estructural y cualitativo.
Ante los retos que la nueva conciencia social plantea y ante los eventos imprevistos, internos y externos, hemos definido las acciones estratégicas necesarias y ejercido la voluntad para llevar acabo. Hemos ampliado los mecanismos de participación política, practicando cotidianamente la consulta, la negociación y la concertación; hemos reconocido la crítica, alentado la pluralidad y respetado la disidencia. Hemos rechazado la pretensión de que en el país sólo exista la voluntad presidencial y de que la Nación se haga o se consuma en un sexenio. Hemos hablado con la verdad, y hemos sujetado los actos de Gobierno a las normas que se exigen a todos los ciudadanos. Ante la exasperación y la incertidumbre, hemos actuado con serenidad; ante los nuevos retos, hemos antepuesto la reflexión a los impulsos; hemos sujetado nuestra acción al derecho y no hemos cejado en tomar las decisiones necesarias cada día de mi Gobierno.
Frente a la inseguridad externa reforcemos la certidumbre de nuestras convicciones y la voluntad de seguir realizando nuestro proyecto nacional. Vivimos un tiempo de retos. Sería un grave error histórico dejar que las dificultades y las presiones externas e internas pongan en riesgo nuestro ser nacional.
Es tal el ambiente de cambio que las propias condiciones de la crisis han ido variando. Tenemos en este año de 1986 serios problemas, pero su naturaleza no es la misma que la de aquéllos de 1982. De no haber ocurrido el desplome de nuestros ingresos petroleros, en el presente año la economía hubiera continuando creciendo de manera más firme y la inflación se hubiera reducido.
Este año hubiéramos consolidado el esfuerzo de reordenación iniciado a finales de 1982 para enfrentar la emergencia que entonces vivíamos. Ante la caída sin precedente de los ingresos petroleros, que no es un mero problema adicional ni una repetición de la crisis de 1982, sino un nuevo reto de considerable alcance, contamos con bases más sólidas que nos proporcionan los importantes avances de casi cuatro años de esfuerzo continuo.
Ante la drástica caída de nuestros ingresos petroleros, se convocó a la Nación a tomar conciencia de la magnitud del golpe, se afirmó nuestra responsabilidad internacional, pero se planteó con claridad que, hecho nuestro esfuerzo y enfrentados a fenómenos fuera del alcance de nuestra voluntad, requeríamos de la acción responsable y recíproca de la comunidad financiera internacional. Si los tiempos y las circunstancias cambian para nosotros, en forma proporcional deben cambiar para los demás.
A partir de esa convocatoria, iniciamos un arduo proceso de negociación externa y de redefinición interna. Hacia el exterior, planteamos la imposibilidad de absorber internamente el impacto en su totalidad, considerando que partíamos de tres años de un gran esfuerzo continuo y con su presupuesto público sumamente austero; demandamos mejores condiciones de pago y un esfuerzo equiparable al que internamente estamos realizando, mediante la reanudación de nuevas corrientes de financiamiento.
En el ámbito interno, adoptamos medidas viables, precisando prioridades, y buscando ampliar los márgenes de acción. Dejamos en claro que, por muy difícil que fuera la coyuntura externa, el esfuerzo básico de superación de la crisis nos corresponde a nosotros. Mientras no resolvamos de raíz los problemas estructurales de nuestra economía, no podremos superar nuestra vulnerabilidad económica. La deuda no es nuestro principal problema económico, sino resultado de cuestiones más profundas. Tanto nuestro aparato productivo como nuestro sistema distributivo deben ser más eficientes y más equitativos. En función de ellos, redoblamos las acciones de reordenación y cambio estructural, en una gran tarea de renovación.
Nuestra economía requiere crecer y de mejores condiciones para hacerlo. El Programa de Aliento
y Crecimiento que recientemente pusimos en marcha y que incide de manera combinada en los frentes externo e interno, tiene como objetivos fundamentales evitar el agravamiento de la crisis y recobrar el crecimiento sostenido, con mayor generación de empleos y la ampliación de las fuentes de ingreso, en un contexto de estabilidad financiera.
Los mexicanos no hemos caído en la tentación de trastocar el trabajo con pretextos políticos, ni de lesionar las libertades con el pretexto de la crisis.
La solución económica exige trabajo y esfuerzo, la política requiere participación plural responsable. En este empeño general por mantener y reforzar el pluralismo vigente en nuestra sociedad y profundizar el desarrollo político democrático, el Gobierno está abriendo nuevos espacios de consulta y participación: lo hizo frente a la tragedia y lo hace para perfeccionar la participación electoral a nivel nacional y mejorar el sistema de gobierno del Distrito Federal.
Continuamos el impulso del desarrollo político del país, para dar vida plena a las instituciones de la República y para hacer respetar y ampliar las libertades de todos los mexicanos: libertad para el pensamiento político, para la participación ciudadana, para la elección de acuerdo con preferencias propias.
En todo momento, el diálogo y la negociación han sido los instrumentos que nos han permitido enfrentar los problemas, sin distingo de su origen o naturaleza. Hemos dialogado con empresarios, con obreros, con grupos medios, con campesinos, con intelectuales, con profesionistas, con grupos populares, con partidos políticos y con representantes de los medios de comunicación.
Este ha sido un año en que se han puesto a prueba nuestras mejores tradiciones políticas y con ellas se han resuelto las dificultades y se ha fortalecido la orientación democrática de las instituciones.
Hemos trabajado ardua y tesoneramente para sentar las bases del cambio. Debemos avanzar lo más posible, sin pretender que nuestra historia comienza o acaba ahora. Independientemente de los numerosas soluciones que se pretenden dar para salir de la crisis, a veces complejas, a veces simples, no hemos encontrado mejor camino que el respeto a los sectores fundamentales de la sociedad y, sobre todo, la actuación conforme a la Constitución y al derecho.
De ahí surge nuestra firmeza y decisión para obrar, y ahí la certidumbre: en la decisión y en la legalidad que requiere hoy la sociedad mexicana.
En el respeto a nuestros valores constitucionales; en el apego al nacionalismo; en la defensa de la libertad y los derechos sociales fundamentales; hemos encontrado y seguiremos encontrando nuestra seguridad y la de nuestras familias. En estas actitudes fincamos un futuro cierto para las nuevas generaciones.
2. Política del Estado Mexicano
El Estado mexicano reafirma su decisión de constituirse en una plena democracia política, social y cultural independiente y de impulsar las transformaciones cualitativas para superar los obstáculos conyunturales y apoyar el cambio estructural. El Plan Nacional de Desarrollo garantiza la unidad y dirección de la política del Estado, la eficacia en la acción pública y el perfeccionamiento de la participación política y social.
2.1 Política interior
Con la participación activa de la sociedad y bajo la vigencia del plan ha sido posible transitar por situaciones difíciles, con pleno respeto a las libertades democráticas y sin desbordamiento de los conflictos. En estos cuatro años, las instituciones han demostrado solidez y flexibilidad; en ellas se ha sustentado el proceso de reordenación económica y de cambio estructural.
El respeto a las garantías constitucionales; la descentralización de la vida nacional mediante la redistribución de competencias a favor de estados y municipios; el fortalecimiento de la división de poderes; el incremento de opciones electorales para los ciudadanos con la incorporación de dos nuevos partidos políticos a la vida nacional, y el impulso a la participación social en el análisis y resolución de nuestros problemas, han revitalizado a las instituciones de la República. Frente a la compleja situación nacional e internacional, se ha preservado la paz social a través del diálogo y el convencimiento. Las controversias se han solucionado por la vía del derecho y la concertación.
Promovimos una reforma constitucional para abreviar el tiempo entre la elección y la toma de posesión del Presidente de la República y, en virtud de una iniciativa surgida del Congreso, se establecieron dos períodos ordinarios de sesiones del Congreso, y se aumentó en un mes su actividad legislativa ordinaria; por limitaciones constitucionales, estas reformas operarán plenamente a partir de 1989. Dentro de las facultades actuales, propuse un período extraordinario de sesiones para el análisis, discusión y aprobación de diversas iniciativas.
Con el Poder Legislativo mantenemos una comunicación ágil y respetuosa. Diversos servidores públicos comparecieron ante el pleno o comisiones de las cámaras, con el fin de explicar las iniciativas del Poder Ejecutivo que son de su competencia o de proporcionar la información requerida. En ningún caso hemos entregado una iniciativa de ley fuera del calendario legislativo convenido.
Se han incrementado los recursos al Poder Judicial para el buen desempeño de sus funciones, y fortalecer así la expedita administración de justicia. De esta manera, se ha aumentado el número de juzgados y se han mejorado las prestaciones al personal del Poder Judicial. El Ejecutivo Federal acata las decisiones que el Poder Judicial emite en el ejercicio de sus facultades constitucionales, ejecuta sus decisiones jurisdiccionales y contribuye así a resguardar el orden constitucional del país.
El Ejecutivo Federal, para garantizar el derecho de los mexicanos a organizarse políticamente, vigiló, de conformidad con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que los partidos políticos registrados gozarán de las prerrogativas previstas en la misma, y otorgó los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
En el período que cubre este informe, se efectuaron elecciones para gobernador en los estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. Asimismo, se eligieron 1 mil 404 ayuntamientos en quince estados de la República y se renovaron los Congresos locales de Tabasco, Jalisco, Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Oaxaca. Se eligieron 189 diputados locales: 148 de mayoría relativa y 41 de representación proporcional.
Estos procesos electorales se realizaron con respeto a la ley. La ciudadanía ejerció su derecho a elegir dentro de un ambiente de plena libertad.
Los medios de comunicación gozaron de todas las facilidades para informar a la opinión pública del desarrollo de estas tareas. Las elecciones consolidaron nuestro régimen de pluralismo político e ideológico, y reafirmaron nuestra vocación democrática.
En ocasiones anteriores he señalado que nuestros procesos electorales son perfectibles. Estoy consciente de que en algunos de ellos ha habido inconformidades. Hay quienes me han solicitado intervenir directamente en la calificación de elecciones locales, ignorando que, de acuerdo con la Constitución General de la República y las leyes vigentes, dichos procesos son de la competencia de los organismos electorales locales y, en consecuencia, el Presidente de la República no puede, ni debe intervenir en ellos, pues esto implicaría una seria violación a nuestro sistema federal.
No ignoramos que en las elecciones aún se dan deficiencias que debemos corregir. Pero esto no puede ser pretexto para incitar al desorden, intimidar a los ciudadanos, o realizar actos de violencia. Los mexicanos resolvemos con honestidad y por los cauces del derecho, nuestras diferencias.
Las mayorías deciden mediante su voto a quién le otorgan su representación y demandan respeto a sus decisiones. Reitero mi afirmación y voluntad de impulsar el perfeccionamiento de los procesos electorales. Sólo así avanzaremos por el camino del desarrollo democrático y alentaremos la mayor participación de comicios.
La democratización integral de la sociedad es principio básico de mi programa de Gobierno. Con fecha 17 de junio pasado expedí un acuerdo para que la Secretaría de Gobernación convocara a los partidos políticos, a las asociaciones políticas nacionales, a las organizaciones sociales, a las instituciones académicas y a los ciudadanos en general, a participar en audiencias públicas de consulta sobre la renovación política electoral y la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal. Después de 16 audiencias en el Distrito Federal y cuatro regionales, los resultados son satisfactorios y alentadores. Las ideas, opiniones y sugerencias de los participantes enriquecerán sustancialmente la iniciativas de reformas constitucionales y a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que en su oportunidad someteré a este H. Congreso.
La reforma municipal continúa; en el período que se informa, se establecieron las bases normativas para la reglamentación municipal, de tal manera que, en corto plazo, cada uno de los 2 mil 378 municipios del país formulará y aprobará sus reglamentos para ejercer sus nuevas facultades y poderes, establecidos en el artículo 115 de la Constitución General de la República y en las Constituciones locales de cada uno de los estados.
Durante el reciente Campeonato Mundial de Futbol, se aplicó un programa de seguridad para preservar la paz pública y brindar la debida protección a los nacionales y a los extranjeros que nos visitaron con tal motivo. Es satisfactorio que hayamos ratificado ante la comunidad internacional el clima de tranquilidad y paz social que impera en el país y nuestra capacidad de organización. El sector público cubrió ampliamente los gastos erogados con motivo del mundial con los ingresos extraordinarios derivados del mismo.
En estricto apego a la tradición humanitaria de nuestro país y en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Ayuda a los Refugiados, se ha atendido a aquellos guatemaltecos que en tal carácter se han asentado en el territorio nacional. Durante la reciente visita del Presidente de la República de Guatemala a nuestro país, se analizaron y establecieron los criterios y mecanismos para facilitar el retorno de estos refugiados a su patria, con la garantía de la estricta observancia del derecho que los asiste para vivir en su propio territorio.
Con objeto de mantener una opinión pública bien informada, el Gobierno de la República ha seguido una política de comunicación social basada en la veracidad y en el pleno respeto a la pluralidad. De esta manera, se fortalece la identidad nacional, la soberanía y la libertad.
El Programa Nacional de Población ha logrado sustantivos avances. El cambio demográfico que requiere el país se consolida en la dirección planeada. A principios de la actual administración, la tasa de crecimientos demográfico era de 2.6%; para fines del presente año se estima que será 2.0%, con una población superior a los 80 millones.
2.2 Reformar jurídica y procuración de justicia
Contraje ante la Nación el compromiso de preservar y perfeccionar el Estado de Derecho. Por ello, he procurado que las transformaciones sociales se reflejen en el orden jurídico, para que éste constituya un auténtico medio para el desarrollo del individuo y de la comunidad.
A partir de la consulta nacional sobre administración de justicia emprendida en 1983, se ha modificado a fondo el orden jurídico en este ámbito.
En el período al que este informe se refiere, se reformó la Constitución para ampliar las posibilidades de defensa del gobernador a través del juicio de garantías. Con el propósito de mejorar la procuración y la impartición de justicia, se promovieron importantes modificaciones a diversos ordenamientos, tales como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los códigos Penal y Federal de Procedimientos Penales; el código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría del Distrito Federal. El 28 de mayo de 1986 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, promovida por un grupo de senadores, con lo cual se ratifica la voluntad política y jurídica de rechazar prácticas que lesionan la dignidad humana y ofenden a la sociedad.
Al cambio normativo ha correspondido una transformación institucional. La Procuraduría General de la República emprendió una desconcentración integral, consecuente con los requerimientos de una justicia pronta y expedita y con la política de descentralización de la vida nacional. El sistema de delegaciones de circuito de esta Procuraduría, iniciado en 1984, abarca ya todo el territorio nacional. También, fueron creadas las delegaciones de Procedimientos Penales del Ministerio Público Federal en el Distrito Federal.
Así mismo, han quedado atendidas todas las ciudades medias consideradas en la planeación urbana. Dio comienzo, además, un sistema permanente de audiencias para la procuración de justicia federal en poblaciones en las que aún no existen agencias de esta institución".
La Procuraduría General de la República ha trabajado en coordinación con los estados de la Federación.
Se mantiene, y continuará con firmeza, el empeño por elevar el nivel ético y profesional de los servidores públicos en este campo. Progresivamente se arraiga la idea de quienes sirvan a la sociedad en esta delicada función han de satisfacer rigurosas condiciones de capacidad y probidad.
Los nuevos nombramientos de agente del ministerio Público Federal se obtienen por oposición y tienen vigencia de un año, que constituye el período de prueba para resolver, valorando resultados, sobre la permanencia en el servicio. Este sistema que por vez primera se aplica en el país, fue elevado al rango de ley durante el último período de sesiones del Congreso de la Unión.
Las actividades del narcotráfico son financiadas y realizadas por delincuentes, bien organizados. En el ámbito internacional, lejos de que se observe una disminución del fenómeno, éste tiende a incrementarse considerablemente. Al aumentar el consumo de la drogas, se induce su mayor producción.
México destina recursos humanos y materiales crecientes al combate del narcotráfico. Así, el país sigue cumpliendo su parte en esta enconada lucha. Sin embargo, del exterior se nos ha hecho objeto de diversas presiones, al señalar que las acciones que hemos venido efectuando no son lo suficientemente eficaces para combatir este ilícito, sin reconocer que las actividades que emprenden el Gobierno mexicano son cada vez mayores y proporcionalmente superiores a las de otros países.
En la campaña contra el narcotráfico concurren, en estrecha coordinación, la Procuraduría General de la República, el Ejército Mexicano y la
Armada Nacional. Al inicio de la actual administración, el Ejército y la Fuerza Aérea únicamente realizaban a nivel nacional una operación denominada cóndor, así como la aplicación del Plan Canador. Hoy se ejecutan conjuntamente 18 operaciones de tipo especial en diferentes partes de la República.
Los avances en el combate de México contra el narcotráfico son evidentes. Los hechos así lo demuestran.
En esta lucha, el pueblo de México, paga con vidas; desde que se inició la operación cóndor, el Ejército Mexicano ha sufrido 392 bajas. Tan sólo en 1985 fueron victimados 10 agentes de la Policía Judicial Federal. El sacrificio de estos compatriotas constituye un ejemplo de honradez y de valor.
En el fuero común para el Distrito Federal se pusieron en marcha varias acciones; entre ellas, destacan el establecimiento de un sistema de supervisión de las actividades de la Policía Judicial y el debido cumplimiento del Código de Procedimientos Penales. Se inició, también, un programa de colaboración comunitaria que está ya produciendo sus primeros resultados. Representantes de las comunidades de cada una de las 16 delegaciones políticas se han incorporado a esta tarea.
En congruencia con los principios de renovación moral de la sociedad, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se han puesto en marcha diversas medidas para la depuración de sus cuadros profesionales, entre las que sobresalen el cese y consignación, en su caso, de servidores públicos a quienes se les han comprobado irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Como contraparte, se autorizó la homologación de sus sueldos con los que se devengan en la Procuraduría General de la República.
2.3 Renovación moral
Encabezar el esfuerzo para el fortalecimiento de la moral social sigue siendo un irrenunciable compromiso de mi Gobierno. No hemos disminuido el empeño para su introducir en la Administración Pública Federal los instrumentos que permitan mejorar su calidad y garantizar su honestidad. La notable reducción de hechos ilícitos de servidores públicos es producto, en buena parte, de las medidas preventivas que se han adoptado en el aparato estatal.
Hemos establecido mecanismos de protección al ciudadano, quien a través del sistema de quejas y denuncias participa en el control y vigilancia de la función pública. El recurso de inconformidad contra las decisiones en concurso de obra o adquisiciones del Estado, permite un estricto control de la legalidad en esta materia y ahora importantes recursos al erario. Por otra parte el Programa de Simplificación Administrativa continúa adelante en todas las dependencias y se han incorporado al mismo, en el presente año, más de 50 organismos y empresas paraestatales.
Ya está en operación plena el sistema de control y evaluación de la gestión pública, que involucra a todas las dependencias y entidades paraestatales, lo que propicia, bajo una coordinación única, la aplicación de criterios uniformes en el manejo de sus instrumentos administrativos. Este sistema nos da la posibilidad de mantener una cuidadosa vigilancia en el ejercicio del gasto público. La fiscalización de la inversión federal en los estados permite el seguimiento de las obras autorizadas, la verificación de calidades y tiempos de realización, así como su adecuada disposición para los servicios a que están destinadas. Se han publicado los resultados financieros de las principales empresas públicas, debidamente auditados.
Enviamos al Congreso de la Unión, en el pasado período extraordinario de sesiones, una iniciativa de Ley Federal de Entidades Paraestatales, que fue aprobada y promulgada, a fin de dotar a la empresa pública en un marco jurídico que propicie su autonomía de gestión y su simplificación operativa.
Hemos logrado un control riguroso del presupuesto, una revisión selectiva altamente calificada de las obras públicas y adquisiciones y una verificación estricta de las importaciones del sector público para mejorar calidades y precios con el consiguiente ahorro de divisas y supresión de prácticas deshonestas.
Hay una mejor actuación de los servidores públicos. El seguimiento y control de la situación patrimonial de los mandos medios y superiores de la Administración Federal, la rápida y casi total desaparición de la costumbre de encubrir sobornos con regalos; la supresión de actitudes nepotistas; la aplicación de la Ley de Responsabilidades y de otros ordenamientos jurídicos, en los casos de transgresiones debidamente comprobadas, avalan la voluntad de la sociedad para mejorar la calidad de sus servidores.
De los logros enumerados en este capítulo se ha informado detalladamente, y se seguirá haciendo así, a fin que la información sirva como instrumento de democratización. Seguimos avanzando en la modernización de la Administración Pública
y en la lucha contra la corrupción, convencidos de que falta mucho por hacer, pero altamente estimulados por lo que hemos hecho.
2.4 Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas, al garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, contribuyen al logro del desarrollo en muy diferentes aspectos.
Cumplen, de modo permanente, con tareas de contenido social: campañas cívicas y educativas, ayudas a la población en casos de desastre, lucha contra el narcotráfico, reforestación, reparto de agua y toda forma de apoyo que se demanda a nuestros soldados y marinos. Estas labores se han convertido en hábitos que el pueblo reconoce y agradece.
Debo destacar las acciones emprendidas para modernizar los sistemas de comunicaciones, elevar la capacidad de fuego y fortalecer los medios de transporte así como para desplazar con rapidez a los miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el Ejército y la Fuerza Aérea revisaron y actualizaron su planeación estratégica, tarea que incluyó la adecuación de la división territorial militar y el reacomodo de unidades, e instalaciones. Por su parte, la Armada de México ha alcanzado un alto nivel de efectividad en la vigilancia y preservación de la soberanía nacional en mares, costas e islas. En su ámbito de acción, las Fuerzas Armadas continúan desarrollando tecnología con el fin de evitar la dependencia del exterior. Las industrias militar y naval mantienen un permanente proceso de investigación y desarrollo. En el Departamento de la Industria Militar se fabrican dos prototipos de vehículos blindados, uno ligero denominado "Lince" y otro mediano llamado "Ocelotl". Así mismo, se encuentran en construcción seis vehículos blindados DN - V. En la Industria Naval Militar, se están construyendo cuatro buques guardacostas clase "Águila".
Durante ese año entraron en servicio dos buques logísticos, construidos en México, que permitirán incrementar el grado de eficiencia de la armada en el auxilio a la población civil en caso de desastre.
Reconozco que la labor desarrollada por soldados y marinos es de gran valía para alcanzar los grandes objetivos que pueblo y Gobierno de México hemos establecido. Mi agradecimiento y reconocimiento a su lealtad y profesionalismo.
2.5 Política exterior
La política exterior de México constituye un baluarte esencial para la defensa de la patria. Por su propia naturaleza, la doctrina internacional que sustentamos es un patrimonio que compromete a todos los mexicanos, sin definiciones partidistas, ni banderas ideológicas.
Dos fenómenos persistentes le han dado mayor relevancia a los esfuerzos de la comunidad internacional por mantener un sistema estable y seguro: las amenazas a la paz y el resquebrajamiento de la estructura económica mundial. Estas importantes cuestiones afectan a todos los pueblos de la tierra.
Consciente de ello, el Gobierno de la República invitó a los mandatarios de Argentina, Grecia, India y Suecia así como al primer Presidente de Tanzania, que junto con México integran la iniciativa de los Seis para la Paz y el Desarme, a una reunión que se realizó en Ixtapa, del cinco al siete de agosto pasado. Durante el encuentro, nuestros gobiernos reafirmaron la necesidad de que las potencias atómicas cesen la irracional carrera armamentista y acuerden cuanto antes un proceso de desarme nuclear general e irreversible.
En momentos en que la inteligencia política es tan necesaria, un gran estadista, colega de nuestro esfuerzo y entrañable amigo de México, fue abatido trágicamente; Olof Palme. Deseamos honrar la memoria de este gran luchador social, cuyo ejemplo estamos obligados a seguir, para hacer realidad su ideal de paz, armonía y bienestar entre los pueblos.
México, ha insistido en que no existe paz auténtica sin desarrollo efectivo. Por eso, el Gobierno de la República ha advertido, repetidamente, que los grandes problemas de la economía mundial no deben atenderse en forma aislada ni desarticulada. Los países, en conjunto, deben reiniciar su lucha en favor del establecimiento de un nuevo orden de cooperación internacional, que recoja las legítimas aspiraciones de nuestros países. Es imprescindible desterrar el prejuicio de que el Nuevo Orden Económico Internacional representa una búsqueda de reivindicaciones exclusivas para las naciones en desarrollo. Se trata de una distribución racional de beneficios y de compromisos, que favorezca a los estados sin excepciones y que reoriente las relaciones productivas con justicia, armonía y equidad. El germen de los conflictos se encuentra en las insuficiencias del desarrollo. Un mundo en paz sólo será posible en la medida en que se satisfagan las necesidades ancestrales y los rezagos históricos.
México seguirá sosteniendo la importancia de canalizar las disputas y diferencias por vía diplomática, mediante al diálogo político y no por la fuerza.
Ante el actual conflicto en América Central, los Gobiernos latinoamericanos integrantes del proceso pacificador de Contadora y de su Grupo de Apoyo no hemos cesado en fomentar el diálogo y la negociación, con objeto de salvaguardar los intereses legítimos de los países de la región y la seguridad en el área. México considera que es indispensable fortalecer y profundizar el proceso de negociación diplomática como la mejor alternativa frente a la guerra generalizada, pero ello depende ahora, fundamentalmente, de la voluntad política de las partes en conflicto.
Consciente de que los encuentros al más alto nivel contribuyen a precisar problemas y concretar soluciones, sostuve entrevistas con los jefes de Estado o de Gobierno de Venezuela, Uruguay, República Federal de Alemania, Grecia, India, Guatemala y Estados Unidos, así como con el Presidente electo de Colombia. En todo momento, tuve presente el interés de la Nación y actué como representante de un país soberano y digno.
Mis dos encuentros con el presidente de los Estados Unidos tuvieron como objetivo primordial dar fluidez al diálogo y a la comunicación, además de activar y fortalecer las relaciones de cooperación bilateral. Entre los temas analizados, destacan los movimientos migratorios, la cooperación fronteriza, el narcotráfico y una vasta gama de asuntos comerciales y financieros, así como el respeto a los derechos individuales, laborales y sociales de los trabajadores migratorios mexicanos.
El Gobierno de la República reconoce las amplias posibilidades que ofrecen los foros multilaterales, en especial la Organización de las Naciones Unidas, para la solución de los conflictos de carácter internacional y para reforzar la cooperación entre las naciones. Por ello, reiteramos nuestra invariable solidaridad con los principios y valores de ese organismo y actuamos en consecuencia.
En el marco del sistema interamericano, los esfuerzos que procuran avanzar en la integración regional y las tareas de los organismos de la Comisión Económica para América Latina, han sido alentados y estimulados. En el caso de la Comisión Económica para América Latina, su asamblea tuvo lugar este año en México, a la que convoqué a realizar un estudio profundo y una renovación en las propuestas de solución a los problemas básicos de América Latina y el Caribe.
Se firmó el Protocolo de Cartagena que contiene reformas sustantivas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, y que legitima el derecho de todos estado a escoger, sin injerencias externas, el sistema político, económico y social que más le convenga.
El terreno y la caída de los precios de petróleo exigieron, desde finales de 1985 y en curso de 1986, adecuar la estrategia de renovación nacional que mi Gobierno ha venido llevando a cabo. En su parte medular, esa estrategia, definida en el Plan Nacional de Desarrollo, persigue realizar cambios de fondo en la estructura económica. Se trata de reorganizar el proceso productivo y distributivo y reforzar la justicia social, para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamentales, y sentar bases firmes para un desarrollo duradero y estable.
Ante los efectos de los sismos del 19 y 20 de septiembre pasado, se manifestaron la solidaridad, fortaleza y unidad del pueblo mexicano. La acción del Gobierno por sí sola no hubiera bastado para enfrentar la emergencia, a pesar de que se movilizaron con prontitud las instituciones y organismos oficiales, los cuerpos de las Fuerzas Armadas y los equipos de emergencia y salvamento de vidas, tanto en el Distrito Federal como en los Estados de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
En la ciudad de México, además de las irreparables pérdidas de vidas humanas, perdimos el 30% de la capacidad hospitalaria instalada; sufrieron daños 1 mil 568 escuelas, dejaron de abastecerse 7.6 metros cúbicos por segundo de las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable, lo que causó que numerosas colonias quedaran sin el vital líquido; se afectaron gravemente las dos centrales telefónicas de larga distancia con que contábamos, lo que provocó una interrupción de las comunicaciones telefónicas con el resto del país y con el extranjero; 1 millón 280 mil servicios de energía eléctrica se averiaron. Miles de personas requerían de atención médica; 412 edificaciones quedaron destruidas y 5 mil 728 quedaron afectadas. El impacto social fue de gran proporción ya que 100 mil familias sufrieron daños en sus viviendas.
Con energía, imaginación y entrega se hizo frente a la situación. Se evitaron las epidemias. Se fueron restableciendo uno a uno los servicios, con una rapidez, que si bien no fue la deseada, sí fue sorprendente dadas las circunstancias.
Diez días después del primer sismo se habían rescatado a 3 mil 226 personas con vida; organizado 281 centros de atención de urgencias; prestado atención médica a más de 14 mil
heridos; trasladado rápida y ordenadamente a 4 mil 900 enfermos hospitalizados que se encontraban en edificios dañados; dado cobijo a 37 mil 300 personas en 144 albergues y 73 campamentos; restablecido el 99% del servicio telefónico local, el 44% de las líneas telefónicas para llamadas al exterior y el 47% de las mismas ya recibían llamadas de fuera de la capital, se habían reparado un caudal de 4.7 metros cúbicos por segundo de agua potable y atendido 280 fugas del vital líquido.
Para resolver un problema de emergencia y respetar el derecho de la gente a continuar viviendo en su comunidad, decreté la expropiación de una serie de predios en las colonias céntricas del Distrito Federal. La lista inicial de predios fue objeto de depuración, tomando en cuenta observaciones justificadas. La expropiación fue la solución más justa y expedita, lo que permitió evitar conflictos sociales de gran magnitud. Se trata de un acto que beneficiará a una parte importante de la sociedad. La decisión del Estado no podría ser otra que la que mejor garantizara el predominio del interés general. Las viviendas ahí edificadas pasarán a ser propiedad de las familias a través de financiamientos convenidos con los beneficiarios.
Los cuatro diferentes programas de vivienda en ejecución favorecerán directamente a 400 mil habitantes. A partir de una efectiva concertación democrática 80 mil familias están siendo atendidas a través de créditos, rehabilitación de sus moradas o construcción de viviendas dignas. En este esfuerzo se han conjugado las acciones que llevan a cabo las asociaciones y fundaciones privadas.
La sociedad contribuyó generosamente con aportaciones económicas para la reconstrucción. Con el fin de ordenar el uso de los recursos, dispuse la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, en cuyo manejo participan servidores públicos, dirigentes del movimiento obrero y el sector empresarial .
Al 15 de agosto el fondo ha alcanzado, incluyendo donativos e intereses, un total de 42 mil 898 millones de pesos y 14 mil millones 112 mil dólares. Estos recursos se han utilizado para hospitales y escuelas, en cantidades que se sientan en las cuentas públicas correspondientes.
El Gobierno de la República constituyó la Comisión Nacional de Reconstrucción, integrada por seis comités, como órganos de consulta y concertación, en los que se logró una amplia y plural participación. Los trabajos y las propuestas concretas de la Comisión han sido la base para la coordinación de la acción pública y social en torno a las prioridades de reconstrucción, el fomento a la descentralización, la promoción de fuentes de financiamiento y las adecuaciones a los planes y programas de Gobierno.
Expreso el reconocimiento nacional, por la lealtad y solidaridad humanas demostradas a nuestros trabajadores, a nuestros soldados y marinos, a los voluntarios, a las mujeres, a los socorristas internacionales y, sobre todo, a los grandes contingentes de nuestro jóvenes que espontánea y desinteresadamente ayudaron a socorrer al hermano en desgracia. La patria siempre se los reconocerá.
La catástrofe fue ocasión para que se demostrará el afecto y apoyo de la comunidad internacional hacia nuestro país; recibimos brigadas de rescate y apoyos materiales provenientes de 43 países. México agradece profundamente la ayuda recibida, y sobre todo el fraterno y generoso gesto.
A casi un año de los sismos de septiembre de 1985, hemos superado la adversidad y comprobado una vez más que unidos somos capaces de resolver los mayores retos y dificultades. Sin embargo, con le propósito de planear, organizar y establecer un sistema nacional de protección civil que garantice la adecuada prevención, protección y auxilio a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo o desastre, y después de una amplia participación de los ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones académicas e instituciones del sector público y privado, se han integrado las "Bases del Sistema Nacional de Protección Civil".
La historia y la naturaleza suelen imponer duras pruebas, pruebas dolorosas. Las naciones y los hombres que las resisten, salen fortalecidos. Este será, con certeza, el destino de México.
El próximo 19 de septiembre presidiré una reunión de evaluación de las acciones realizadas en la tarea de la reconstrucción. En ella se informará detalladamente sobre los resultados obtenidos a esa fecha. Espero contar, en esa ocasión, con representantes del H. Congreso de la Unión. Por otra parte, haré llegar a ustedes, para su análisis y discusión , el reporte pormenorizado correspondiente.
3.2 Cambio estructural
Los cambios de fondo en la estructura económica y la participación social para organizar el proceso productivo y distributivo definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 permitirán reencauzar nuestro crecimiento sobre bases
duraderas de equidad y eficiencia. Estos cambios abarcan, entre otros; adecuar el tamaño del sector público; acelerar la descentralización de la vida nacional; aumentar la competitividad del aparato productivo nacional frente al exterior; activar la reconversión industrial, y fortalecer las finanzas públicas y el ahorro interno. Mi Gobierno está consciente de que la agudización de la crisis petrolera nos obliga a instrumentar con mayor intensidad los cambios previstos, aunque reconoce que lo cambios estructurales no dan resultado de la noche a la mañana.
Respecto al esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas, el ajuste mayor se ha hecho por el lado de una reducción del gasto público. El gasto programable, que e el que se ejerce en bienes y servicios, ha diminuido en forma continua en los últimos cinco años. Así, de un total de 31% del Producto Interno Bruto en 1981, pasó a alrededor de 22% en 1986. Este ajuste de nueve puntos del Producto Interno Bruto en cinco años muestra la magnitud de la contención presupuestal lograda.
En el ámbito internacional se ha reconocido que la forma más correcta de mostrar el enorme esfuerzo fiscal realizado durante la presente administración es no considerar los pagos de intereses de la deuda pública. Así, con este enfoque, el déficit se transforma en un superávit, mismo que en 1983 fue de 3.3% con respecto al Producto Interno Bruto, creció a 5.8% en 1985 y probablemente sea de 4% en 1986, a pesar de la baja en el precio del petróleo.
El proceso de depuración de las entidades paraestatales continúa en marcha.
A la fecha se han liquidado, transferido, fusionado o vendido 205 entidades y 261 se encuentran en proceso, lo que deja un saldo de alrededor de 700, comparadas con la 1 mil 155 que existían en 1982.
El plan estableció como uno de sus lineamientos las reestructuración a fondo del sistema de subsidios. Conasupo ha racionalizado correspondientemente, concentrándose principalmente en los consumos mayoritarios. Para 1986 se otorgan sólo los de maíz y harina de trigo. Esto significa que, entre 1984 y 1986, los subsidios han disminuido en más de 80% en términos reales. Por otra parte, se reubicarán 500 tiendas urbanas Conasupo, por no estar localizadas en zonas prioritarias.
El plan estableció, asimismo, que las empresas públicas estarían sujetas a un proceso de reestructuración y modernización tendiente a elevar su eficiencia y productividad. Una prueba de la mayor eficiencia del sector paraestatal es el hecho de que, entre 1983 y 1986 las transferencias a las entidades controladas presupuestalmente, fuera en pago del servicio de la deuda, se estima disminuirán en casi 60% en términos reales. El proceso de reconversión industrial en marcha se ha acelerado en la siderurgia, y continuará en las otras áreas denunciadas.
En diciembre de 1982, la economía mexicana se encontraba altamente protegida, lo que generaba ineficiencia y abusos en perjuicio del consumidor. El sistema de protección se basaba en el uso extensivo de permisos de importación: 65% de la fracciones de la Tarifa de Importación, que representaron el 80% del valor de las importaciones en ese año, se encontraban sujetas a esta restricción y los niveles de la tarifas arancelarias rangos muy abiertos. Al finalizar 1985, el 90% de las fracciones de la Tarifa de Importación quedó exento de restricciones cuantitativas y permanece bajo control únicamente los bienes estratégicos, los artículos básicos imprescindibles y los suntuarios.
En abril de 1986, continuando un proceso iniciado con anterioridad, se anunció una disminución en las tarifas arancelarias. Las niveles de arancel a la importación se encuentran ahora en un rango más adecuado, y muestran un significativo avance en comparación con el anterior. El arancel máximo se redujo del 100 al 50%.
Estas medidas forman parte de una estrategia de cambio estructural, cuyos resultados deben traducirse en un crecimiento autosostenido que reduzca la vulnerabilidad externa y conforme un sector industrial eficientemente integrado hacia adentro, articulado con la economía nacional y más competitivo en el exterior en suma, se trata de que el comercio se convierta en el motor de una crecimiento más autónomo y más igualitario.
Sabemos que los resultados más relevantes de nuestros esfuerzos en esta dirección sólo se concretarían en el mediano y largo plazos. También reconocíamos la dimensión y las dificultades que era necesario enfrentar. No desconocíamos la fuerza de la inercia derivada de un añejo y caduco patrón de industrialización, ni tampoco la importancia de los intereses que se afectarían. No obstante, siempre tuvimos plena conciencia de que los supremos intereses particulares o de grupo.
Con esta perspectiva, se diseñó una estrategia coordinada de comercio exterior y fomento industrial, encaminada a establecer las base de un cambio estructural en estos sectores. A la de comercio exterior, se le asignó la responsabilidad de racionalizar la protección, fomentar exportaciones no petroleras y desarrollar una serie de negociaciones
comerciales para ampliar y asegurar el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales.
México concibe la estrategia de negociaciones comerciales con un enfoque económico y político integral. Se entiende como un instrumento de apoyo a los esfuerzos internos que se despliegan en favor del desarrollo. Durante el período que cubre este informe, se realizó un intenso trabajo negociador bilateralmente, regional y multilateral. Sin perjuicios ni atavismos, se revisó nuestra política multilateral, y se evaluó el grado de compatibilidad de nuestra política de comercio exterior con las normas internacionalmente aceptadas. No se soslayaron las ventajas ni los inconvenientes. Todo se sometió a un riguroso examen.
En este contexto se ubican las negociaciones llevadas a cabo para la adhesión de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el instrumento jurídico que norma las relaciones del 85% del comercio mundial y de más de 90% del comercio de las contrapartes comerciales de nuestro país. México, quien ha pugnado siempre, sin perjuicios de nuestras relaciones bilaterales, por un creciente multilateralismo en la solución y atención de los problemas internacionales y ha sido un esforzado defensor de las relaciones internacionales fundadas en el respeto al derecho y a los principios de justicia y equidad, no podría permanecer ajeno al único foro multilateral que tiene por objeto regular, con base en normas jurídicas negociadas y a principios generales, el comercio mundial.
Después de contar con la opinión del senado, se iniciaron en el mes de noviembre último las gestiones para ingreso de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, mismas que contribuyeron en julio con la firma Ad - Referendum del Protocolo de Adhesión, que ya he sometido a la consideración del H. Senado de la República para su ratificación.
Este Protocolo de Adhesión protege de manera específica a nuestro sector agrícola, al que se le reconoce el carácter prioritario que México le otorga. También se preserva la vigencia y aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales y regionales que de él se derivan, y se asegura el derecho de nuestro país a establecer los instrumentos necesarios para la ejecución de los mismos, incluido los de carácter fiscal y financiero. De manera especial, quedó plasmado en protocolo mencionado que México ejercerá su soberanía sobre los recursos naturales, en particular en el sector energético, de conformidad con nuestra Constitución. Se reconoce, finalmente, que México es un país en desarrollo y que por ello tiene derecho a gozar del trato especial y más favorable que tanto el acuerdo general, como otras disposiciones que de él se derivan, establecen para estos países. Por separado y en publicación especial se ha informado a la Nación, en forma detallada, sobre el proceso de negociación y los resultados de la misma.
La adhesión de México al acuerdo general no ofrece una solución omnímoda a nuestras dificultades internas. No significa una mengua a nuestra soberanía, ni tampoco la ocasión para alentar consumos ultrajantes en perjuicio de las mayorías. Constituye, sí, una oportunidad para aquilatar en su verdadera dimensión la capacidad de nuestro aparato industrial para competir en el exterior; una oportunidad para generar ingreso y empleo y la ocasión para evitar abusos y dispendios.
El ingreso de nuestro país al GATT implica ventajas y retos. Entre las primeras, destacan la posibilidad de participar, como miembro pleno, en las negociaciones comerciales multilaterales que este mecanismo propicia, así como nuestro derecho de combatir con mayor eficacia medidas y prácticas proteccionistas o de comercio desleal que otros países tienen en perjuicio de nuestras exportaciones. El GATT es un acuerdo internacional que propicia el diálogo y la negociación multilateral y tiene como objetivo ampliar las corrientes mundiales del comercio y evitar prácticas desleales o indebidas en el intercambio. Al asociarse México a él, dispondremos de mayores instrumentos par nuestra promoción económica y comercial.
Los retos que implica nuestro ingreso al GATT son los mismos que ya había venido enfrentando la economía mexicana durante los últimos años: elevar la eficiencia y la productividad de su aparato productivo que se habían estancado, e incluso menguado, por políticas excesivamente proteccionista, lo que indebidamente perjudicaba a los consumidores nacionales y a nuestro nivel de competitividad internacional. Fuera o dentro del GATT, la racionalización de nuestra política de protección ha sido una necesidad impostergable, con la ventaja de que, perteneciendo a esta entidad, tendremos mayores armas de negociación multilateral en el comercio exterior, sin quitarnos la posibilidad de recurrir a negociaciones bilaterales cuando así convenga al interés nacional.
3.3 Descentralización de la vida nacional
Legítimo reclamo de la sociedad mexicana, la descentralización de la vida nacional ha sido tesis
fundamental de mi Gobierno. Su instrumentación ha requerido de un vasto proceso de cambios en la legislación, en las normas de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios y en los ámbitos de la Administración Pública Federal así como en la amplia participación de la sociedad.
La política de desarrollo regional se ha convertido en un instrumento eficaz para corregir los principales desequilibrios regionales e impulsar la modernización de las estructuras productivas de los estados.
Las tareas de programación, presupuestación, ejecución y seguimiento de la inversión pública en los estados han contribuido a la consolidación de los sistemas estatales de planeación. Los comités de planeación para el desarrollo del estado, se han convertido en órganos en los cuales se armonizan las intervenciones sectoriales con las regionales, estatales y municipales y donde los sectores sociales participan en la definición de las prioridades del gasto.
En este esfuerzo Federalista, los estados y municipios han dispuesto de recursos crecientes que no tienen precedente; con ello se ha incrementado sensiblemente su capacidad para realizar obras locales, intervenir en el uso y destino de la inversión pública federal y, se ha evitado que los problemas de finanzas públicas tengan una dimensión generalizada. Las tareas descentralizadas. Las tareas descentralizadoras han mitigado la crisis a lo largo del territorio nacional.
Los sismos evidenciaron la gran vulnerabilidad de la concentración metropolitana, por ello, fue necesario acelerar la instrumentación del Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal, cuyas acciones han permitido sentar nuevas base para mejorar los servicios gubernamentales y acercarlos a los lugares donde los demandan los ciudadanos.
La descentralización en marco se propone profundizar acciones en tres aspectos: desconcentrar facultades y decisiones a las representaciones federales; impulsar la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos de los estados y continuar la reubicación de personal y oficinas fuera de la ciudad de México.
La descentralización administrativa, no puede concebirse únicamente como traslado de personal; se entiende, fundamentalmente, como la transferencia de facultades y funciones a los lugares en que la población demanda que se tomen las decisiones. Así, se están constituyendo centros regionales de decisión que eviten dispersión, ineficiencias o una reproducción de los problemas de concentración urbana industrial que presenta el Distrito Federal; se ha integrado el Centro Regional de Jalisco y próximamente se hará lo pertinente con el de Nuevo León.
Por la magnitud y complejidad del proceso de descentralización se ha actuado gradualmente y con orden. Se han adecuado los tiempos y acciones a las características específicas de cada dependencia y las principales decisiones se han convertido con los gobiernos de los estado y concentrado con las organizaciones de los servidores públicos.
En relación con la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos de los estados, se ha procedido a integrar orgánicamente y a descentralizar los servicios de salud a población abierta a 12 estados de República; se han instalados 18 comités consultivos para la descentralización educativa y se ha iniciado la transferencia de la administración y ejecución de los programas de las juntas locales de caminos.
Así mismo, se procede a entregar a los gobiernos estatales aquellas entidades que por su ubicación y el tipo de servicios que prestan tienen una cobertura local o regional.
La descentralización es uno de los cambios estructurales decisivos que tiene que afrontar la Nación Mexicana, pero toca a la sociedad marcar los tiempos, señalar las modalidades y establecer las prioridades.
4. Política Económica
4.1 situación económica interna
La economía nacional ha enfrentado desde principios del año, una de las situaciones más adversas del presente siglo. La caída del precio del petróleo afecta de manera severa a muchos países exportadores de ese energético, sobre todo, a los que estamos en vías de desarrollo y aunque parece ofrecer ventajas inmediatas a los consumidores tiene también , repercusiones negativas al interior de los países industrializados. Reitero que vivimos un problema mundial de magnitud extraordinaria.
El desplome del mercado internacional de los hidrocarburos se sumó a un conjunto de problemas estructurales aún insuficientemente resueltos y a tres años de un ajuste interno considerable, a esta situación se unió el hecho de que al inicio de 1986, nos habíamos propuesto ahondar en las acciones de política económica para que los avances, aún insuficientes en el abatimiento de la inflación, en el manejo del servicio de la deuda y
su impacto en el déficit público y en la elevación de eficiencia del sector público alcanzarán un nivel satisfactorio.
De acuerdo con las últimas estimaciones del precio del petróleo, hemos perdido de golpe, ingresos equivalentes a casi seis puntos del producto nacional. La crisis de 1982, de debió en parte a la caída de los ingresos del petróleo que no llegó a tercera parte del actual.
Los ingresos perdidos en este año representan un monto igual a toda la nómina del sector público y excede el monto de la inversión pública total. No hay posibilidad económica ni social para el país de absorber internamente la totalidad de esta caída y menos en un período corto.
La baja de los precios del petróleo, el abatimiento de los precios internacionales de casi todas las materias primas y el hecho de no haber dispuesto de recursos externos netos en la mayor parte de 1985 y 1986, han significado no sólo una enorme adición a los problemas que se venían enfrentando, sino de hecho, una nueva crisis.
Sin embargo, hoy a diferencia de 1982, para enfrentar la emergencia contamos con base más sólidas que nos proporcionan los importantes avances de tres años de esfuerzo continuo. Entre 1983 y 1985 se hizo frente a los desafíos con firmeza y capacidad política. No es fortuito que el país haya logrado sortear con paz social la crisis, cuyos principales efectos se reflejan en la caída de los salarios reales y la inversión pública, la concentración y el diálogo superaron el conflicto y eludieron la imposición autoritaria, se ha mantenido como prioridad la conciliación social.
Entre 1983 y 1985, se fortaleció la rectoría del Estado en desarrollo, así como el régimen de economía mixta de mercado, al precisarse en la Constitución los lineamientos en la materia, se ha alentado la participación ciudadana en el proceso de desarrollo mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática, se ha evitado la quiebra del aparato productivo y generado nuevos empleos por encima del aumento de la población, se controló y abatió la inflación a niveles inferiores a los registrados en 1982. A pesar del crecimiento demográfico en los últimos tres años, no se ha descuidado la atención médica y educativa. Se alcanzó una cifra récord de producción de alimentos y construcción de viviendas y se evitó que las crisis afectara aún más los salarios reales. Hemos logrado avances importantes en los cambios estructurales.
Sin la fuerte caída de los precios del petróleo, este año habríamos consolidado el esfuerzo, es decir, el Programa Inmediato de Reordenación Económica iniciado el primero de diciembre de 1982, fue adecuado ante los problemas que entonces vivíamos. Hoy tenemos un nuevo reto. Frente a la caída de los ingresos petroleros, el 21 de febrero pasado afirmé que el Gobierno mantendría firmemente los objetivos fundamentales definidos para el desarrollo del país y que procederíamos a profundizar en la estrategia ya establecida y a determinar el margen de maniobra adicional que era posible obtener inmediatamente.
Para ello, anuncié que se seguirían diez lineamientos en materia de política económica y señalé que no pretenderíamos pasar la factura de nuestros problemas al exterior, sino que primero aumentaríamos el esfuerzo interno más allá de lo que había anticipado en el Programa de Política Económica para 1986, pero al mismo tiempo subrayé la imposibilidad económica, social y política de absorber internamente en su totalidad durante el año los efectos de la caída de los precios internacionales del petróleo; destaqué la necesaria corresponsabilidad de los acreedores en la solución del problema de la deuda externa y senté como elementos esenciales de la negociación, la no confrontación y el diálogo.
Con base en los diez lineamientos anunciados, se tomaron nuevas decisiones que se venían realizando desde el inicio de esta administración; son estas las acciones internas que de manera sistemática, serena pero decididamente ha venido llevando a cabo el Gobierno mexicano.
Sin embargo, la continuidad y la agudización de la crisis petrolera demandaron un nuevo esfuerzo diferente de la estrategia seguida en los primeros seis meses del año, al agotarse las posibilidades de la política de contención utilizada.
Durante más de 240 días se evitó un colapso económico y una perdida masiva de reservas internacionales, se manejó con habilidad el tremendo impacto proveniente del exterior y se evitó que se materializara una situación económica explosiva; pero mantener esa política hubiera implicado un desliz cambiaron tan acelerado que nos hubiera llevado a la hiperinflación y al mismo tiempo, hubiera exigido una contención crediticia y tasas de interés tan elevadas que hubieran provocado una aguda recesión, además, es claro que si cae drásticamente la producción serían aún mayores la inflación y la pérdida de fuentes de divisas.
Algunos miembros de la sociedad han venido haciendo un diagnóstico correcto de los problemas que hoy enfrentamos, pero al determinar sus causas, parece implicarse que ellos se originan por la
política adoptada. Lo anterior es incorrecto; la causa fundamental del proceso inflacionario y recesivo que hoy vivimos es la drástica caída de los ingresos petroleros, por esto, no pueden presentarse los problemas actuales como mera secuela de los de ayer o derivados de la política económica adoptada en los tres primeros años. Reitero que las acciones decididas que entonces realizamos evitaron males mayores y nos permiten ahora enfrentar el nuevo problema del petróleo apoyados en bases más firmes.
La estrategia que propusimos al inicio sigue siendo válida; tenemos que profundizar en el cambio estructural para elevar la eficiencia general de nuestro aparto productivo y el ahorro nacional, y para fortalecer el propósito redistributivo no abandonaremos esta estrategia, aunque seguiremos revisando la táctica para encarar el nuevo reto que vivimos.
Requerimos una capacidad de producción sana y empresas públicas y privadas fortalecidas para el manejo ordenado de la política económica. Así, los propósitos son, de manera fundamental, defender producción y empleo, sentando las bases para la recuperación sostenida; controlar la inflación generada por la nueva crisis petrolera; alentar de manera decidida la inversión privada y el saneamiento de las empresas de los particulares; lograr mayores ingresos de nuestras exportaciones y el turismo; mejorar los términos de la renegociación de la deuda externa; avanzar en el fortalecimiento de las finanzas públicas y abrir espacio a las inversiones públicas, indispensable para acelerar el cambio estructural, y defender los salarios reales.
Para esto se propuso el Programa de Aliento y Crecimiento, que busca el desarrollo con estabilidad, elemento este último indispensable para dar variabilidad a la estrategia, el programa refleja un cambio en el prioridades; hacia afuera, el objetivo básico es la exigencia de recursos par nuestro desarrollo, que ya no permite el cumplimiento rígido de las obligaciones pactadas; hacia adentro, la prioridad es una política activa para la recuperación económica, que sea congruente con la lucha antiinflacionaria; esta es la única estrategia económica compatible con el principio básico de defender la capacidad de desarrollo de nuestro país.
4.2 Política de gastos
En materia de gasto público, en el transcurso de ese año se continuó avanzando en diferentes aspectos como son la reorientación de los recursos de inversión; la contención del gasto corriente para aumentar el ahorro; la revisión del esquema normativo para asegurar disciplina, eficiencia y honradez en su ejecución ; la redefinición de los criterios de asignación; la adecuación de las prioridades sectoriales y regionales de mediano plazo y el cambio gradual e integral del esquema de transferencia.
En política de gasto, reiteramos el firme propósito de mantener la disciplina presupuestaria. La información contenida en al Cuenta Pública de 1985 muestra que el presupuesto se mantuvo bajo control, en el Gobierno Federal, durante el año pasado, el ejercicio del gasto programable quedó por abajo de la asignación original en casi 5%. Los recursos por transferencia fueron inferiores en 2.5% al presupuesto autorizado, disminuyendo su participación en el Producto Interno Bruto en casi cuatro puntos porcentuales entre 1982 y 1985.
Asimismo, el rubro de servicios personales bajó su participación en el Producto Interno Bruto durante el mismo período. La información confirma la disciplina que se ha mantenido en el ejercicio del presupuesto. El gasto público, excluyendo al servicio de la deuda ha registrado un descenso acumulado de 40% en términos reales desde 1981.
También se ha avanzado en la rehabilitación financiera y administrativa en las entidades públicas, al vincular sus decisiones a la política económica y social. Para ello, se firmaron convenios y se llevaron acabo acciones a fin de que el Gobierno Federal asumiera pasivos de algunos organismos y empresas con la condición de que se formularán previamente programas integrales de reestructuración financiera. Estos programas incluyen compromisos de productividad y saneamiento global de las entidades; de jerarquización de proyectos de inversión; de reducción de subsidios, y de realización de esfuerzos de racionalización y eficiencia en todos los órdenes.
Asimismo, a partir del tercer trimestre de 1985, se establecieron convenios entre el Gobierno Federal y las empresas paraestatales para efectuar el seguimiento, control y evaluación de la metas presupuestarias y del difícil.
Estos acuerdos constituyen un cambio fundamental en la relación entre el sector central y el paraestatal, pues dan a las empresas mayor autonomía de gestión, y propician un mayor sentido de responsabilidad.
Durante el primer semestre de 1986, a pesar de que perdimos más de un billón, un billón de millones de pesos de ingresos petroleros, el déficit total disminuyó 8% en términos reales, a causa de una caída real del gasto programable del Gobierno Federal del 22.3%; lo que refleja el mantenimiento y reforzamiento de la disciplina presupuestaria durante el presenta año.
El Programa de Aliento y Crecimiento ha requerido en materia presupuestaria, redoblar esfuerzos y cambiar el énfasis para lograr un crecimiento moderado con control de la inflación. Así, la innovación en materia de gasto esta en que se apoyará el crecimiento con estabilidad, sin expansionismo presupuestario, mediante la eliminación de programas no prioritarios para solventar gastos fundamentales adicionales como son: atender el crecimiento de los servicios educativos, de salud, de seguridad e impartición de justicia que la población demanda sin que crezca el número de servidores público.
Para abrir los puestos necesarios se ha venido dando una transferencia de plazas de sectores administrativos no prioritarios, a los que sí lo son. Fortalecer los recursos destinados al campo para la producción de alimentos, prioridad indiscutible. He dado instrucciones precisas de cumplir debidamente con los programas de apoyo al campo y para la compra oportuna de cosechas por Conasupo, sin perjuicio de seguir buscando una mayor participación de los particulares en estas compras a precio de garantía vigente y de continuar propiciando que los bancos otorguen créditos al campo para robustecer el Programa Nacional de Alimentación.
Seguir reforzando de manera ordenada y sostenida a lo largo de los años, los programas estratégicos de inversión, principalmente los relacionados con la producción suficiente de crudo, la generación adecuada de electricidad, la modernización de vías y fuerza motriz en ferrocarriles, el mantenimiento y ampliación de carreteras, la producción eficaz de fertilizantes y la ampliación de las telecomunicaciones.
4.3 Empresa pública
La empresa pública ha sido un factor primordial con el que cuenta el Estado mexicano para lograr de sus objetivos económicos y sociales, como instrumento prioritario para el equilibrio regional, como mecanismo de apoyo para la capacitación de divisas y como vehículo fundamental para reordenar la economía y superar la dependencia tecnológica. La empresa pública ha contribuido al desarrollo social y a la promoción de la productividad y el empleo.
Al inicio de mi Gobierno, reconocimos la imperiosa necesidad de depurar el sector paraestatal, a fin de fortalecerlo. De acuerdo con ello, hemos realizado una intensa revisión de sus metas y objetivos, a afecto de darle mayor flexibilidad, dinamismo y capacidad de acción.
Continuaremos haciendo una minuciosa revisión del tamaño y cobertura del sector público, dado que es requisito indispensable para incrementar la eficiencia de la economía y canalizar el ahorro a la tensión de la prioridades nacionales.
A pesar de las serias limitaciones presupuestarias a que estamos sujetos, es necesario proseguir con los proyectos de inversión en áreas de gran trascendencia para el país. Resulta impostergable la reconversión industrial, la cual implica la introducción de nuevas tecnologías, mediante inversiones adicionales; el cierre de procesos productivos obsoletos, y la elevación de la producción, el empleo y la productividad.
Conviene precisar los criterios que han delimitado la participación del Estado en empresas. La Construcción, en el artículo 28, determina las áreas estratégicas en las que el Estado tiene, como representante de la nación, el control exclusivo; petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles, emisión de billetes, acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafia y comunicación vía satélite, y servicio público de banca y crédito.
También son entidades estratégicas las que por mandato explícito de la ley deben estar bajo la responsabilidad del Estado, y que constituyen y han constituido instrumentos fundamentales para proteger el interés nacional y promover el desarrollo. Estas son, principalmente, entidades de servicio social, de entre ellas, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, así como Conasupo por lo que hace a la regulación de los abastos.
En estas entidades estratégicas no cabe la retracción del sector público, sino su reforzamiento y expansión eficaz.
Por diversas circunstancias, el Estado interviene como propietario de la mayoría de acciones de empresas consideradas como prioritarias, y que son productoras de bienes y servicios para el mercado; tal es el caso de la siderurgia, los fertilizantes, la producción de azúcar, los astilleros, entre otros. En estas áreas también participan empresas particulares.
El Plan Nacional de Desarrollo señala que para fortalecer las entidades estrágicas y prioritarias, en un entorno de recursos escasos, es necesario evitar que las entidades públicas estratégicas y prioritarias que mantendrá el Estado.
Las restantes serán desincorporadas del sector público en forma ordenada y mediante los procesos
de venta, liquidación, fusión o transferencia a las entidades federativas. Reforzaremos lo estratégico y prioritario, pondremos especial énfasis en elevar la productividad de nuestras empresas públicas básicas, equilibraremos sus finanzas, introduciremos nuevas tecnologías y haremos más eficiente su administración.
4.4 Financiamiento del desarrollo
Generar ingresos suficientes es esencial para sanear las finanzas y fortalecer el ahorro público.
Objetivo fundamental de la política fiscal es hacer más equitativo el sistema tributario para compensar las distorsiones que ocasiona el proceso inflacionario, proteger el ingreso real del fisco en términos eficientes y justos, y promover la inversión y el empleo. Durante 1984 y 1985 no se elevaron las tasas impositivas. En el paquete fiscal de 1986, por el contrario de desgravaron alguna tarifas, sobre todo aquellos impuestos que son sensibles a los efectos desfavorables de la inflación.
Las adecuaciones introducidas recaen solamente en los estratos de ingresos medios y superiores, así como en el consumo de artículos no indispensables, tales como el tabaco y la bebidas alcohólicas. Además, la miscelánea fiscal aprobada el pasado mes de mayo, que básicamente reduce los plazos para el pago de algunos impuestos, para evitar la erosión del fisco, permitirá generar ingresos adicionales por aproximadamente 200 mil millones de pesos.
Se continuó propiciando el fortalecimiento de las haciendas de las entidades federativas y municipios, así como del sistema tribulario en el ámbito nacional, mediante la descentralización de las funciones de recaudación fiscal hacia el interior de la República.
En lo referente al impuesto sobre la renta se ha establecido una carga impositiva adicional, progresiva y de carácter temporal, a los contribuyentes de ingresos medios y altos, a fin de que quien tenga mayor capacidad contributiva haga una aportación a las tareas de reconstrucción.
Las modificaciones que se introdujeron al Código Fiscal de la Federación demuestran que, además de adicionar el marco conceptual de las contribuciones se mejoran los mecanismos de control y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones, se ajustan los instrumentos sancionadores y se depuran los procedimientos administrativos.
En materia de estímulos fiscales, se aprobó un incentivo temporal a las nuevas inversiones. Asimismo, por primera vez, se otorga un incentivo fiscal para impulsar la inversión tecnológica y el desarrollo científico.
Finalmente en apoyo de los consorcios de exportación, las ventas que se realizan a dichas empresas disfrutan ya del régimen de tasa cero del Impuesto al Valor Agregado, considerándolos equiparables a las exportaciones.
La rehabilitación financiera del sector para estatal, la severa reducción de los subsidios implícitos a la economía y la racionalización y optimización de los subsidios explícitos, continúan siendo los objetivos fundamentales de la política de precios y tarifas. Al mismo tiempo, con el propósito de estabilizar los precios relativos del sector público y de atenuar la inercia inflacionaria se han realizado ajustes adicionales a una gran parte de los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector público. Estos ajustes son dolorosos pero necesarios par evitar nuevos desequilibrios en las finanzas públicas.
Por ejemplo, los ajustes a los precios públicos, como el reciente que se decidió en los productos petrolíferos, suscitan una legítima preocupación entre diversos grupos de la comunidad. Con frecuencia, surge la pregunta de que si el precio internacional del petróleo, y consecuentemente el de las gasolinas, está disminuyendo, tiene que aumentar en México.
Parece paradójico que el precio de los petrolíferos suba en México cuando baja en el exterior. Para entender esta situación, debe tenerse en cuenta que en nuestro país la exportación de petróleo representa una importantísima fuente de ingresos para el sector público. Estas entradas, en gran medida, le permiten realizar obras que la comunidad justamente demanda: construir hospitales, escuelas, caminos, redes de agua potable, así como mejorar las disponibilidad de alimentos y en general, aportar a los servicios básicos que se requieren para la vida cotidiana. Al bajar el precio internacional del petróleo, se perdió una cantidad sustancial de ingresos. Continuar realizando las obras fundamentales que la comunidad necesita, sin contar con estos recursos, hubiera requerido financiarlas con impresión de dinero. Reducir aún más el presupuesto hubiera implicado alimentar las tendencias recesivas, ya de por sí presentes en la economía. Ante esta situación, el Gobierno decidió rechazar esas opciones, y tuvo que ajustar el precio de los productos petrolíferos para poder mantener los programas prioritarios de gasto público sin incrementar el déficit fiscal.
Esta medida impacta en lo inmediato al poder de compra de la comunidad, pero evita que la inflación se acrecente y perpetue o que la recesión se profundice.
4.5 Política financiera
Uno de los objetivos fundamentales de la presente Administración, en materia financiera, es aumentar y retener el ahorro nacional, por lo que se ha instrumentado una política realista de tasa de interés, a fin de retener y proteger los ahorros del público. El proceso inflamatorio y el desliz cambiario han determinado una estructura de altas tasas de interés nominales.
Para fomentar el ahorro financiero, se han creado nuevos instrumentos de capacitación, los cuales permitirán al ahorrador contar con una mayor protección contra la inflación, aumentar el ahorro interno, y propiciar el retorno de capitales del exterior. Tal es el caso de los pagarés de la Tesorería de la Federación.
En julio pasado, se adoptaron medidas de apoyo crediticio a los particulares. Se liberalizó el 25% de los recursos crediticios captados por la banca nacional desde octubre del año anterior por un monto de 100 mil millones de pesos. De este monto, 40% será canalizado a la agricultura, las exportaciones, la vivienda de interés social, y la pequeña y mediana industria. El 60% restante quedará libre par el apoyo crediticio a los particulares.
Por lo que a tasas de interés se refiere, lo recursos externos que estamos negociando, permitirán gradualmente, una baja y una ampliación del crédito al sector privado.
Estas medidas constituyen un franco y decidido aliento a la inversión privada. Se protegerá primero la planta productiva y los empleos existentes y, a partir de ello, se estimulará ampliamente la inversión de los particulares.
4.6 Vinculación con la economía internacional
La política cambiaría ha mantenido su propósito fundamental de evitar movimientos abruptos de capital en el corto plazo, en tanto se atenúan los desequilibrios con el exterior, mediante la inducción de un tipo de cambio flexible y realista, que brinde competitividad a las exportaciones y al turismo y fomente la sustitución eficiente de importaciones.
De esta manera, se continuó con el mercado dual de divisas, y sólo se le han hecho modificaciones operativas para mejorar su eficiencia. El esquema de flotación regulada en el mercado controlado ha permitido adecuar de manera gradual el nivel de tipo de cambio a las circunstancias internas y externas, al tipo que favorece el desarrollo de las exhortaciones no petroleras y disminuye el impacto de los costos sobre los insumos de importación y del servicio de la deuda externa. El tipo de cambio libre, por su parte, ha evitado que los movimientos especulativos de capital afecten las reservas internacionales del Banco de México.
Al día de ayer, la reserva internacional del Banco de México tuvo un monto de 4 mil 525 millones de dólares, esto es, 1 mil 281 millones de dólares menos, que al cierre del año 1985. La baja de la reserva en el curso del presente ejercicio se debió en gran medida al pago neto de crédito externo por 900 millones de dólares; el resto se debió a pagos por transacciones comerciales. En el mes de enero, entró en vigor la Ley Reglamentaria en Materia de Comercio Exterior, que proporciona un marco legal actualizado para regular y proteger esta actividad; en dicho ordenamiento se establecen medidas contra las prácticas desleales en el comercio internacional.
Se actualizó y mejoró el sistema de devolución de impuestos de importación y, con base en el Programa de Fomento Integral de las Exportaciones (PROFIEX), se reforzaron las medidas orientadas a promoverlas, especialmente en el ramo de manufactura.
El sector financiero ha apoyado crediticiamente a la actividad exportadora del país en forma oportuna. Entre éstos, destacan la Carta de Crédito Domestica, que impulsa la labor de los exportadores indirectos, y el Programa de Importación Temporal para Exportación.
La evolución de la balanza de pagos durante los primeros meses de 1986 muestra, por una parte, un sensible deterioro de la cuenta corriente, como consecuencia de la brusca caída de los ingresos petroleros, que no se alcanzan a compensar con el crecimiento de las exportaciones y el turismo; y, por otra parte, se observa una mejoría en la cuenta de capital que presenta, por primera vez en muchos años, entradas de capital del sector privado en respuesta a la restricción crediticia y a las altas tasas de interés reales en el país.
4.7 Política de deuda
La deuda externa de México constituyó, a partir de la posguerra, un instrumento que permitió complementar los esfuerzos financieros internos en favor del desarrollo del país. Así, con estos recursos fue posible acelerar el ritmo de las inversiones y alcanzar un alto crecimiento económico. Desde entonces, se ha contado con el apoyo de instituciones tales como el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo y con créditos bilaterales destinados a financiar importaciones de equipo de los países industrializados. México tuvo un amplio acceso a los mercados mundiales de capitales y los créditos de la banca comercial internacional crecieron en forma destacada en los últimos 15 años.
En 1970, la deuda pública externa representó el 12.0% del producto interno. Entre 1971 y 1976, se empieza a utilizar en mayor proporción para financiar un gasto público creciente, hasta alcanzar 20% respecto del Producto Interno Bruto.
A partir de la segunda mitad de la década de lo setentas, el descubrimiento de vastos mantos petrolíferos en el territorio nacional, en un contexto de un mercado mundial ávido de hidrocarburos, con precios en alza constante, y los enormes recursos que tuvo a sus disposición el sistema financiero internacional, hicieron de México un sujeto de crédito particularmente atractivo. De esa manera, el petróleo y la deuda externa permitieron financiar aumentos especulares de inversión pública y privada, que llegaron a exceder el 25% del producto interno bruto.
Sin embargo, a partir de 1981 la situación internacional cambió radicalmente. Subieron las tasas de interés a niveles sin precedente, bajó el precio del petróleo y de otras materias primas, en tanto que la economía mundial entró en recesión a causa de la aplicación de políticas anti - inflacionarias en los países desarrollados.
Entre 1977 y 1982, la deuda pública externa creció 156%. Del total registrado en este último año, el 17% tenía vencimiento de corto plazo. En ese lapso, la mayor parte de los recursos de la deuda externa se destinaron a financiar la inversión pública y privada, lo que permitió alcanzar altos niveles de crecimiento y expander significativamente la capacidad industrial del país.
Esto es reflejó directamente en las obras públicas, la exploración y explotación petrolera, la generación de energía eléctrica, la ampliación de la industria siderúrgica y la producción de fertilizantes, entre otros aspectos.
Lo mismo sucedió con la deuda externa del sector privado. Se utilizó para aumentar la capacidad instalada de casi todas las ramas productivas de la de la economía.
Para la actual administración, la política de la deuda pública se basa en la premisa de contratar financiamiento externo sólo por el monto estrictamente necesario para complementar el ahorro interno y cubrir los requerimientos de divisas de la economía, en un contexto de uso racional y crecimiento moderado.
En el período 1983-1985, se avanzó significativamente en la disminución de valor relativo de la duda pública. Por lo que hace a la interna; después de aumentar 60% en términos reales durante 1982 respecto de 1981, se redujo 30% en los pasados tres años. En cuanto a la externa, ésta ha tenido un ritmo de crecimiento notablemente bajo: el endeudamiento neto, que presentó 7% del Producto Interno Bruto en 1981, descendió a medio punto porcentual en 1985. En síntesis, durante la presente administración, se ha venido aplicando una estricta política de saneamiento y reducción del endeudamiento neto, interno y externo, del sector público.
Para 1986, el Programa Económico preveía un crecimiento modesto, un déficit público de la mitad del de 1985 y un endeudamiento externo de hasta 4 mil millones de dólares. Este programa partía del supuesto de que precio promedio del petróleo mexicano sería de 22.50 dólares por barril.
Sin embargo, la drástica caída de los precios del petróleo nos ha obligado a revisar la política de deuda externa.
Es preciso destacar que el primer semestre de este año transcurrió sin apoyos financieros externos, al tiempo que México cumplía puntualmente sus obligaciones. Es decir, además de cubrir el servicio, se realizaron los pagos netos del principal de la deuda externa, tanto pública como privada. Tal situación era prácticamente insostenible.
El creciente deterioro del mercado petrolero obligó a revisar las relaciones con nuestros acreedores. En primer lugar, se negoció con el Fondo Monetario Internacional un convenio innovador. A diferencia de los acuerdos tradicionales, fue posible imponer como criterio básico la necesidad de impulsar el crecimiento. Además, se logró proteger nuestra economía de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, a través de un mecanismo que permite la disponibilidad de recursos externos suficientes para mantener las importaciones que exige un crecimiento económico de entre 3 y 4%. También se concertó apoyo para nuevas inversiones públicas, en caso de que la recuperación económica durante el primer trimestre de 1987 sea insuficiente.
Por último, se hizo expreso reconocimiento de los importantes avances de los años anteriores, evitando compromisos rígidos sobre el déficit nominal, abriendo espacio a la inversión productiva y rechazando cualquier discusión acerca de las empresas estratégicas o la legislación sobre inversión extranjera.
Se cumplió así una parte de la exigencia que marqué en mi discurso del 21 de febrero próximo pasado. Estamos ahora en la etapa de negociar, con los bancos acreedores, las concesiones sobre la duda contratada y nueva que requerimos. Es una etapa difícil, pero confiamos en la justicia de nuestros argumentos, la capacidad de nuestros negociadores y el respaldo que significa la seriedad y responsabilidad con que México se ha conducido siempre en el cumplimiento de sus obligaciones.
La incertidumbre externa y los nuevos problemas hacen necesario mantener congruencia y perspectiva en nuestras acciones. Por esto, el Plan Nacional de Desarrollo está vigente, tanto en lo relativo a los objetivos nacionales, como en la estrategia general de desarrollo. Frente a las condiciones adversas que prevalecieron en este último año, la flexibilidad del Sistema Nacional de Planeación Democrática permitió actualizar las metas, profundizar en las acciones y adecuar las tácticas. Así, al presentarse al Congreso el documento de criterios de política económica para 1986, 1987 y 1988; se profundizó en la jerarquización de prioridades; se revisaron los objetivos y metas contenidos en los programas estratégicos y se reasignaron los recursos en una forma más eficiente y equivalente. Esto se ratificó en el Informe de Ejecución del Plan, que con oportunidad hice llegar a este H. Congreso.
En el ámbito de la política social, las acciones se orientan a contrarrestar los efectos de la crisis económica en el bienestar de la mayoría de la población y a llevar a cabo cambios estructurales que permiten ampliar la cobertura de los servicios y elevar su calidad. Los esfuerzos más importantes se han dirigido a evitar la caída del nivel de ocupación. Los servicios educativos y de salud aumentaron la cobertura y el monto de sus beneficios. Se impulsó la producción de alimentos básicos y se instrumentaron programas para su procedimiento, distribución y comercialización.
5.1 Protección al empleo y al salario
En relación con el empleo productivo, a mi Gobierno le ha tocado enfrentar dos aspectos negativos; por un lado, las fuertes presiones que sobre la tasa de ocupación ejerce la crisis, y, por el otro, el fenómeno demográfico que no siempre recordamos. En décadas anteriores, la sociedad mexicana registró las más altas tasas de crecimiento poblacional; quienes nacieron en esas épocas hoy son jóvenes que salen a la búsqueda de empleo, lo que se traduce en presiones adicionales sobre el mercado de trabajo.
Hemos de reconocer que los obreros y patrones han actuado con la responsabilidad necesaria para superar los conflictos y evitar el cierre de fuentes de trabajo, en tanto que el Gobierno ha instrumentado programas especiales, como el de protección a la planta productiva y al empleo, a la vez que ha hecho flexible la política de aliento a la inversión, en especial para la industria maquiladora.
La generación de empleos todavía no muestra el impacto negativo de la contratación de la actividad productiva y en los niveles de ventas, derivado de la caída de los precios del petróleo. En este año, la tasa de empleo en áreas urbanas ha seguido una tendencia decreciente en relación con el año anterior. Sin embargo, la encuesta industrial mensual muestra que la ocupación en el sector manufacturero cayó 1.5% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior y, aunque continuó creciendo el total de asegurados permanentes al IMSS, se observa una pérdida de dinamismo, ya que el aumento promedio anual, que fue de 3.9% en el primer trimestre, pasó a 2.3% al mes de julio. Seguiremos atentos la evolución del empleo, ya que existe justificada preocupación de la comunidad de que las tendencias recesivas de la economía lo deterioren.
En las relaciones obrero patronales, se ha corroborado que la conciliación es la vía más práctica y efectiva para resolver los conflictos, reiterando las partes de esa manera su madurez y confianza en las instituciones responsables de la justicia laboral.
El compromiso asumido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de ofrecer una solución justa a los litigios y tramitar los conflictos individuales y colectivos con celeridad, para evitar su rezago, ha dado lugar a que se hayan terminado en tiempo y forma casi 85 mil asuntos, y a que, en mayo de este año, sólo quedaran 9 mil en proceso normal de trámite. En tal sentido, puede mencionarse que los procesos conciliatorios han logrado el descenso en el número de huelgas estalladas; mientras que en el período enero-julio de 1982 se habían registrado 586 estallamientos para los primeros siete meses de 1986 dicho total, que incluye en algunos casos grupos de empresas, había disminuido a 224.
Como parte del Convenio Único de Desarrollo, se intensificaron y extendieron las acciones de los servicios estatales de empleo, de manera que al mes de agosto operaban ya en 64 ciudades y en la 16 delegaciones del Distrito Federal. En el año en curso, ha sido posible atender 105 mil solicitudes, captar 94 mil 735 puestos de trabajo vacantes y canalizar 65 mil 840 personas a puestos
de trabajo o hacia actividades de capacitación. A su vez, con el Programa de Bancas para Trabajadores Desempleados del Servicio Nacional de Empleo, se espera atender a 10 mil 88 desempleados durante 1986.
Durante el período que cubre este informe, los salarios mínimos han tenido dos aumentos: de 33.1% a partir de enero y de 25.1% a partir de junio. De esta manera, los salarios mínimos vigentes en agosto de 1986 tiene un aumento nominal acumulado de 66.5%. De enero a agosto del presente año fueron revisados, conforme al calendario de sus vencimientos, seis contratos-ley, con un incremento de 34%. Por lo que se refiere a las negociaciones contractuales ordinarias, se aprecia una tendencia moderada al alza. El valor promedio del incremento para el período enero-mayo de 1986 fue de 35%.
Como resultado de la Declaración Conjunta del Gabinete Económico y del Congreso del Trabajo, el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores estableció en 1985, entre otras acciones, la disminución de las tasa de interés entre cinco y seis puntos porcentuales beneficiando a los acreditados de menor salario; el incremento del monto máximo del crédito, que ascendió el presente año a 249 mil 715 pesos; y la ampliación del cuadro básico y del número de distribuidores afiliados.
5.2 Educación
Sabemos que no es posible alcanzar íntegramente en el corto plazo los objetivos de la Revolución Educativa, pero también sabemos que debemos abocarnos a esta tarea y avanzar con celeridad, para hacer frente a los desafíos de una sociedad que evoluciona día a día y porque la comunidad nacional no se resignaría llegar al siglo XXI con mexicanos que se encontrasen aún al margen de la educación y con un sistema educativo insuficiente.
Hemos afirmado, y lo reiteramos, que todo nuevo impulso a la calidad educativa descansa de manera primordial en la mejor preparación del magisterio, porque el maestro es protagonista principal del quehacer educativo. Conscientes de ello, nos preocupamos por mejorar las condiciones en que los maestros prestan sus servicios y estamos introduciendo mecanismos que reconocen las características profesionales propias de su actividad.
No obstante las dificultades económicas, se han ampliado los servicios de educación, conservando las tendencias históricas y aun separándolas en algunos casos. Durante el ciclo escolar 1985-1986, el sistema educativo, en su modalidad escolarizada, atendió a 25.3 millones de personas, lo que representa casi un tercio de la población total del país y un crecimiento sostenido de 2.2% anual en lo que va del sexenio. En la modalidad extraescolar, se brindó el servicio a 2 millones de alumnos.
Hemos avanzado en diversos renglones y han mejorado notablemente nuestros indicadores. En 1970, el promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años era apenas superior a los tres grados, en tanto que en 1985 se acercó a los seis grados. La educación preescolar se ha ampliado notablemente; en el ciclo anterior, se atendieron 2.4 millones de alumnos, y comprende ya el 60% de los niños de cinco años. Hemos mantenido la posibilidad de atender al 100% de la demanda de educación primaria; sin embargo, la proporción de egresos de este nivel es todavía insatisfactoria. Poco más de la mitad de los que ingresan a primaria terminada el sexto año; nos esforzamos por mejorar sustancialmente esta proporción.
El desarrollo del sistema de educación primaria requiere de la permanencia del libro de texto gratuito, ya que es una conquista que garantiza la indispensable unidad nacional en la formación del ciudadano y la igualdad real de las oportunidades educativas de este nivel de estudios. Como toda obra humana, los textos deben experimentar adaptaciones para hacerlos mejores, pero rechazamos categóricamente las propuestas para su desaparición. En el ciclo escolar que se inicia, se distribuirán 85 millones 790 mil ejemplares de libros de texto.
Durante muchos años, el analfabetismo permaneció estancado en alrededor del 14% de la población mayor de 15 años. Lo hemos abatido hasta el 9.2% y este año esperamos alfabetizar a un millón más de mexicanos. En el ciclo anterior, se atendió a la población adulta sin escolaridad o con escolaridad incompleta mediante la modalidad extraescolar.
En los niveles escolares de posprimaria se mantuvieron crecimientos adecuados conforme a la demanda: la educación secundaria tuvo un incremento superior al 5%; en el bachillerato, en 8%; en la educación superior 5%; y en la enseñanza profesional de nivel medio, del 13%. Este último aumento muestra el interés especial que tenemos en la educación tecnológica, porque contribuye de una manera efectiva a fomentar nuestro desarrollo. El próximo año escolar estarán funcionando 47 nuevos planteles del sistema Conalep.
Durante 1985, el Conalep construyó, a través de los convenios únicos de desarrollo, 52 mil 40
espacios escolares, para continuar la expansión de los servicios educativos al ritmo requerido por la demanda.
El Sistema Nacional del Investigadores, que actualmente cuenta con 2 mil 242 especialistas, se amplió con la rama para ingeniería e investigación Tecnológica. Se creó también el Sistema de Investigación y Educación de Posgrado Tecnológico Agropecuario.
Merece destacarse el avance del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. Durante el año, se pusieron en servicio 534 bibliotecas más, con las cuales se alcanzó un total de 1 mil 299. Ello se logró con la participación de los gobiernos estatales y municipales, en un esquema de coordinación y descentralización.
Al sistema de museos se aumentaron cinco unidades de carácter regional y una de artes plásticas en el Distrito Federal. Sufrimos un lamentable saqueo, en que el Museo Nacional de Antropología, acción que perseguimos y perseguiremos sin tregua. Se autorizó una organización superior a los 700 millones de pesos para instalar equipo de seguridad que permita prevenir este tipo de problemas en el futuro.
Entre los numerosos programas de fomento y difusión de las bellas artes, realizados menciono en forma destacada el Programa Cultural de las Fronteras que, instituido en mi Administración, busca fortalecer la creatividad y la identidad cultural de esas regiones vitales para el país.
Para ampliar y mejorar los servicios de educación física y deporte no profesional, se aumentaron sus programas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y se reestructuró el Consejo Nacional del Deporte.
5.3 Alimentación y nutrición
Una de las estrategias centrales de la política social de la presente administración tiene como finalidad cumplir el compromiso en materia alimentaria. Los avances en alimentación y nutrición, logrados con base en el Programa Nacional de Alimentación, han significado un intenso trabajo de coordinación y concertación, tanto a nivel federal como estatal.
Su objetivo central de fortalecer la soberanía alimentaria se ha logrado gracias al aumento de la producción agropecuaria y pesquera, a la reducción de importaciones de alimentos básicos y a la constitución de reservar; al mejoramiento de los sistemas de abasto, y a la atención creciente a los programas de asistencia social alimentaria en beneficio de los grupos y zonas más necesitados.
Los nuevos procedimientos de fijación de precios de garantía y de referencia, así como la mayor seguridad en la tenencia de la tierra, los apoyos crediticios y técnicos, y las condiciones climatológicas propicias han permitido la autosuficiencia en trigo, arroz, azúcar y en algunos alimentos de origen pecuario. Se estima que en 1986 la producción de diez cultivos básicos ascenderá a un poco más de 27 millones de toneladas. Por cuatro años consecutivos disminuirán las importaciones de alimentos. Con respeto al inicio de esta administración han bajado en 4 millones de toneladas.
Durante mi administración, la producción agropecuaria ha tenido un crecimiento mayor que el incremento demográfico.
En trigo y azúcar ya se han logrado excedentes exportaciones y se avanza en la autosuficiencia en otros productos básicos. El sector pesquero muestra una sostenida recuperación y acrecienta su importancia como generador de divisas y alimentos de consumo masivo.
La industria alimentaria ha fortalecido su capacidad productiva, a pesar de las severas dificultades económicas, y se ha garantizado el abasto de los alimentos indispensables para la población.
La racionalización de los subsidios ha permitido que se concentre el apoyo del Gobierno en los sectores más necesitados, y que se incremente la cobertura de los servicios de salud y nutrición a los niños y a la población marginada.
Gracias a los esfuerzos para la industria alimentaria, las empresas estatales han aumentado la producción de pan, aceites comestibles, leche y pastas, productos que se venden a menores precios, beneficiando en especial a la familias de bajos ingresos en las zonas marginadas urbanas y rurales. Dentro de las actividades de comercialización y abasto, en el período que comprende este informe Diconsa e Impecsa canalizaron productos básicos por un monto de 555 mil millones de pesos para garantizar el abasto y evitar elevaciones del precios por escasez.
En el campo de la nutrición y la alimentación, las acciones gubernamentales se han orientado a evitar el deterioro en los niveles de consumo de los mexicanos. A través de las instituciones de salud y asistencia social se espera repartir 122 millones de desayunos escolares, 146 millones de raciones de leche en polvo y 174 millones de raciones alimentarias.
Los avances son todavía insuficientes y se requieren acciones que los consoliden y refuercen, así como la participación organizada y comprometida de todos los sectores del país. La lucha por la soberanía alimentaria siendo indeclinable, pues constituye una de las mejores vías para superar la crisis y consolidar los avances que históricamente hemos logrado como nación.
5.4 Salud y seguridad social
Desde el principio de esta administración, se determinó que la consolidación del Sistema Nacional de Salud era el instrumento básico para ampliar y mejorar la atención a la salud de los mexicanos. El avance en cada uno de los componentes estratégicos de este sistema ha sido el siguiente:
Se ha reducido el número de personas no protegidas por servicios de salud institucionales permanentes o integrales de cerca de 14 millones a fines de 1982 a 10.3 millones, no obstante que la población ha seguido creciendo. La ampliación de la cobertura se ha debido a un mejoramiento de la productividad de las instituciones de salud y seguridad social y a la rehabilitación y ampliación de las unidades de primer nivel.
En los días de vacaciones, se aplicaron poco más de 24 millones de dosis de vacuna antipoliomielítica, y se alcanzó con ello una cobertura del 96% en la población susceptible de protección. Se contó en esta campaña con la participación de voluntarios de los sectores públicos, social, privado y de las fuerzas Armadas.
Entre los mecanismos puestos en práctica para mejorar la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios, está la homologación salaria de los trabajadores médicos y paramédicos del Sector Salud.
El 19 de diciembre de 1985, se aprobó la ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, misma que otorga al Desarrollo Integral de la Familia facultades de coordinador del subsector correspondiente y de esta materia, para que se atienda de manera sistemática la problemática de la familia, el niño, el anciano y el inválido.
Con base en esta nueva ley, se ha avanzado considerablemente en la consolidación del Sistema Nacional de Asistencia Social en los ámbitos estatales y municipales. Los programas prioritarios del Desarrollo Integral de la Familia son los de integración social y familiar, asistencia social a desamparados, asistencia educacional, rehabilitación, asistencia social alimentaria, promoción del desarrollo comunitario, asistencia jurídica, desarrollo cívico, artístico y cultural, y formación y desarrollo de recursos humanos e investigación.
En los últimos años se ha observado una reducción importante de la mortalidad. La esperanza de vida en 1985 se estima en 68.2 años, superior en casi 30 meses a la de 1980.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte de las acciones de solidaridad social amplió a seis meses el plazo de vigencia de los derechos a servicios médicos que concedía a los trabajadores y sus familias cuando aquéllos pierden su empleo; canceló adeudos por servicios médico- farmacéuticos en más de un millón de casos; determinó proporcionar atención de urgencias a la población que los solicite; incrementó la cuantía de las pensiones, y condonó adeudos de cuotas obrero-patrones a quienes realizaron obras en sus propias casas.
Estamos comprometidos en un esfuerzo por ampliar la cobertura de las prestaciones y por mejorar la calidad de los servicios de ISSSTE, para garantizar el bienestar de los trabajadores al servicio de Estado, y para preservar el poder adquisitivo de su salario. Desde enero de este año, el monto de la pensión mínima se igualó al salario mínimo vigente. Se amplió la infraestructura comercial del sistema de tiendas, mejorando el abasto en calidad, cantidad y oportunidad. A fin de fortalecer los servicios médicos del Instituto, este año se les asignó la proporción más alta destinada a este concepto desde 1965. En conjunto, las prestaciones y servicios del Instituto representan actualmente una transferencia al salario de los trabajadores del Estado equivalentes al 56% del salario mínimo vigente.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conjuntamente con el Congreso del Trabajo y el sector empresarial, pusieron en marcha el programa de salud y seguridad en el trabajo, que seleccionó 2 mil empresas con mayor incidencia de siniestros y se evaluaron 5 mil 500 pequeñas y medianas. Este programa permite reducir la iniciativa de riesgos de trabajo.
5.5 Desarrollo urbano
A los grandes problemas y desequilibrios de nuestras ciudades se está respondiendo con acciones que atienden, uno por uno, los casos de mayor impacto social. Se han conjugado la coordinación entre las instituciones, la previsión del financiamiento y nuevos procesos de concertación con la sociedad.
Con un claro propósito social, se han abierto reservas territoriales, se sanear cuencas y lagunas, se introducen agua potable y drenaje, y están en ejecución programas de vivienda progresiva para la población más necesitada. Cada vez en más lugares, se realiza una reordenación urbana y ecológica profunda, como en los palafitos de Manzanillo, los pantanos de Coatzacoalcos, las ciénegas del puerto de Progreso en Yucatán y las colonias del Infiernillo en Mazatlán.
Se está dando la más alta prioridad a la distribución de agua potable. Se encuentran en ejecución obras de agua y drenaje en las 22 ciudades con mayores carencias, entre las cuales destaca Ciudad Juárez, Tijuana, Hermosillo, Mazatlán, Tampico, Acapulco, Toluca, Monterrey y Morelia. Con estas acciones, casi 3 millones más de mexicanos tendrán un abastecimiento permanente de vital liquido.
De un enfoque que buscaba corregir los fenómenos de irregularidad urbana, se está pasando a una política activa de creación de reservas territoriales que eviten la dispersión de inversiones en infraestructura, la especulación y la irregularidad. Durante este año, se están construyendo, en ciudades como Mérida, Nogales,. Monterrey, Querétaro y Coatzacoalcos, dos veces más reservas territoriales que durante los años anteriores. Por primera vez se crean reservas que corresponden al crecimiento anual de la población urbana.
No se han descuidado las acciones de protección a los monumentos históricos. Quedó concluido el Museo Franz Mayer y se terminará en este año el Museo de la Estampa, el Museo Introductorio a la Catedral y el Museo de Sitio del Templo Mayor. Se han emprendido acciones de gran trascendencia para la protección del patrimonio cultural en Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Mérida, Colima y Querétaro. Como fase final de la reconstrucción se preparan proyectos de aprovechamiento y revitalización de zonas y monumentos históricos que fortalecerán nuestra identidad y convivencia comunitaria.
5.6 Vivienda
A pesar de la urgencia y magnitud sin procedentes de los programas de reconstrucción de viviendas en ejecución, los programas normales de vivienda y su financiamiento no se interrumpieron. El número de viviendas construidas en los últimos tres años, fue superior en 30%, al de los seis años anteriores.
Con la experiencia que hemos acumulado en la reconstrucción, llevaremos a cabo en 1987, una amplia efectiva concentración entre los principales sectores de la industria, el movimiento obrero, los campesinos organizados y las clases medias, para realizar un programa especial de vivienda que aliente el crecimiento de la economía y una alta generación de empleos.
5.7 Ecología.
Durante el invierno de 1985-1986, la contaminación alcanzó niveles de peligrosidad antes no registrados en el Valle de México. Para hacer frente a esa situación, dispuse 21 acciones intersecretariales para mejorar la calidad del ambiente. Puedo informar que las principales ya se han cumplido. Corresponde al Gobierno y a la sociedad ampliar sus alcances.
Se extendió la cobertura del servicio de transporte que no contamina con gases como el Metro, el trolebús y autobuses con dispositivos anticontaminantes. De acuerdo con la meta prevista, se sustituyó el combustóleo por gas en la termoeléctrica del Valle de México. Salieron a la venta tanto las gasolinas plus, que reducen las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos directos y plomo, así como el diesel especial para el transporte público. Se ha limitado la entrada de autobuses suburbanos. Se están incorporando temas ecológicos en los programas de estudios y se instrumentan programas de educación en salud ambiental y de prevención de los impactos ambientales en la salud.
En forma complementaria, a partir del cierre de la planta de celulosa de Loreto y Peña Pobre, se ha iniciado la concertación por ramas industriales para regular, mediante normas estrictas, sus impactos ambientales o promover su desconcentración. Se han concluido los primeros acuerdos con una respuesta positiva de las ramas industriales de mayor significado.
Para este invierno se tomarán medidas adicionales a los 21 puntos antes mencionados y entrará en vigor el Plan de Contingencias Ambientales, para que, con la información disponible del sistema de monitoreo, se prevean, con toda oportunidad, situaciones ambientales riesgosas y se adoptan las acciones correctivas, en forma concertada, y con la intensidad que sea necesaria.
Se llevan a cabo acciones de rehabilitación en cuencas y ríos. Están por terminarse las de recuperación del río Zahuapan, se han iniciado las del río Coatzacoalcos, está en construcción el colector que reducirá la contaminación del río San Juan, en Querétaro, y continúan las acciones del sistema integral de drenaje, tratamiento de agua y
desviación de aguas residuales en Tijuana. Se está saneando el río Nuevo en Mexicali y se pondrán en marcha las primeras acciones para el saneamiento del río Lerma-Santiago y la protección de la laguna de Chapala.
En las zonas rurales de la comarca lagunera se instaló la primera planta desaladora para eliminar el arsénico en el agua para consumo humano y se han iniciado las acciones para dotar de agua el bloque al las zonas conurbanas de Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, enfrentándose así, uno de los más graves problemas de salud en la región. En la planta de fundición de la Caridad, en Nacozari, serán controladas las emisiones de bióxido de azufre con una inversión de 35 mil millones de pesos. En la zona metropolitana de Monterrey se iniciarán las inversiones para el primer sistema integral de manejo de desechos sólidos.
En el ámbito de la Comisión Nacional Forestal, se ha creado la reserva de SIAN-KA'AN en Quinta Roo para la conservación de las selvas tropicales. Con toda energía se continuarán adoptando las decisiones que aseguren la protección de la selva Lacandona, ofreciendo opciones productivas a sus habitantes. Especial atención se dará a la protección de las zonas boscosas del sur del Valle de México.
Con los Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo, en principio, para el control definitivo de los movimientos transfronterizos de desechos, que afectan, sobre todo, a las ciudades fronterizas.
Para la conservación de la flora silvestre, se han establecido o fortalecido los santuarios de la mariposa monarca, la protección de las tortugas, los flamencos y la ballena gris, las vedas a la caza de animales de especies en peligro de extinción y la prevención de actividades ilícitas en la exportación de especímenes.
6. Política Sectoral
La estrategia sectorial contribuye a propiciar cambios en el funcionamiento de los procesos productivos, distributivos y de comercialización, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.
6.1 Desarrollo rural integral
El desarrollo rural integral es una estrategia de cambio estructural que se orienta a redefinir procesos productivos, mejorar el bienestar social de los campesinos y modificar las relaciones económicas en su beneficio. Mediante la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, durante 1985 el sector agropecuario y forestal sostuvo por tercer año consecutivo un crecimiento de 2.2%, superior al de la población. Este crecimiento se explica por el tesón ejemplar de nuestros campesinos y por el apoyo brindado a la producción de granos básicos, oleaginosas y forrajes, que en conjunto aportaron un total de 29.4 millones de toneladas, de las cuales la mayor parte correspondió a maíz, frijol, trigo, y arroz.
Para 1986, las previsiones son alentadoras, y se tienen ya resultados positivos en maíz, trigo y frijol. Esto permite preveer una disminución adicional en las importaciones de básicos.
En 1985 se incorporaron a la producción 60 mil 303 hectáreas de riego; se rehabilitaron 42 mil 533 y se realizaron obras de infraestructura en 151 mil 329 hectáreas de temporal. Todas estas acciones beneficiaron a más de 40 mil productores.
En materia de crédito, Banrural, Fondo de Garantía y Fomento para la Ganadería y Agricultura y la banca comercial financiaron, durante 1985, las actividades productivas en 11 millones 600 mil hectáreas con un monto de 1.2 billones de pesos. En 1986 se dará funcionamiento para un total de 15 millones 700 mil hectáreas y se asegurarán 3 millones 800 mil cabezas de ganado. El beneficio directo alcanzará a más de cuatro mil millones de campesinos.
En el ejercicio, la producción de fertilizantes fue superior en 15% a la del período anterior, lo que permitió abastecer a agro mexicano con 1.8 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo y potasio. Se ha protegido a los productores de cultivos básicos de temporal con precios más bajos de estos productos, en tanto que se establecieron niveles realistas a los que se dedican a cultivos de alta rentabilidad económica.
La balanza comercial agropecuaria y forestal en los primeros cinco mese de 1986 reportó un saldo positivo destacando las exportaciones de café, jitomate, frutas, ganado vacuno y miel. Aunque el subsector pecuario creció respecto a 1984, la contracción de la demanda nacional ha provocado un debilitamiento en la producción.
En la producción silvícola, se han obtenido incrementos tanto en 1985 como en 1986. Esto permitirá reducir los déficit de celulosa y papel que impactan negativamente en la balanza comercial.
Para abastecer de agua en bloque a los centros de población y a las zonas industriales, durante el
trienio se construyeron obras con capacidad para proporcionar 20 mil litros por segundo.
El Gobierno ha proporcionado seguridad jurídica a miles de campesinos y auténticos pequeños propietarios para que, sin temor, puedan trabajar en paz sus tierras. Tan sólo en el período que cubre este informe, se regularizaron derechos agrarios individuales en 8 mil 178 ejidos y comunidades. Asimismo, se entregaron más de 70 mil certificados de inafectabilidad agrícola, ganadera y agropecuaria a pequeños propietarios, para lo cual ha sido de gran utilidad el catastro rural. Reconocemos que cada vez que hay menos superficie que repartir, por lo que, cobran singular importancia los 3 millones de hectáreas repartidas en mi administración. Tan sólo en el período que se informa, hemos publicado trescientas treinta y nueve resoluciones que benefician a 32 mil 763 campesinos con una superficie de 1 millón 10 mil 688 hectáreas.
6.2 Pesca y recursos del mar
Durante el período del que hoy se informa, el volumen de la captura pesquera tuvo un crecimiento de 12.7% en relación a los doce meses anteriores. Para apoyar los programas de reparación, reposición, mantenimiento y avituallamiento de la flota pesquera y para impulsar el desarrollo de la planta industrial, se canalizaron créditos por más de 60 mil millones de pesos. Como parte de una reestructuración en Productos Mexicanos, se reordenaron los activos de la flota y planta industrial en empresas especializadas en procesos y en tipo de producto.
En el caso de la pesquería del atún, se ha puesto en marcha un programa especial que permite operar con eficacia a nuestra flota. Se obtuvo el levantamiento del embargo atunero por parte del gobierno norteamericano.
Se continúa impulsando la acuacultura, que constituye una fuente adicional de alimentos para las comunidades pesqueras y agrícolas; incrementa la oferta y el consumo en los estados que no cuentan con litoral, y fortalece la producción de especies exportables generadoras de divisas. La acuacultura participa con el 10% de la producción de productos pesqueros.
6.3 Fomento industrial y comercio exterior
El Programa de Apoyo Financiero a la mediana, pequeña y microindustria ha canalizado más de 220 mil millones de pesos. También se han ampliado los estímulos fiscales para la inversión, creación de empleo y relocalización de este tipo de empresas.
Hacemos avanzado en la revisión de la tendencia concentrada de la industria, con base en los decretos expedidos en enero de este año para apoyar a la inversión, el empleo y la descentralización industrial. Asimismo, se amplió la planta de parques industriales, al contar con alrededor de cien en todo el territorio nacional.
Se continúan desarrollando los programas por ramas estratégicas, entre los que destacan el de racionalización la industria automotriz, el de fomento a la industria farmacéutica, y los programas integrales de desarrollo industrial de la industria electrónica, textil petroquímica.
La promoción a la inversión extranjera ha hecho factible continuar con la captación de capital externo de manera activa, sistemática y selectiva. Se le dan mayores facilidades al que fomenta exportaciones, sustituye importaciones, genera empleos y favorece el desarrollo tecnológico.
La prioridad que el Gobierno Federal otorga a la promoción de exportaciones se acredita con los avances obtenidos en la balanza comercial, que entre 1983 y el primer semestre de 1986 ha registrado un superávit acumulado de más de 35 mil millones de dólares. Cabe destacar que las exportaciones del sector manufacturero cubrieron las dos terceras partes de sus propias importaciones, superando la meta establecida para 1986.
No existen elementos en el corto plazo para compensar íntegramente la caída del precio internacional del petróleo. Sin embargo, la tendencia hasta ahora registrada permite estimar que en 1986 se generarán divisas por exportaciones no petroleras por más de 9 mil 500 millones de dólares; tales ingresos cubrirán aproximadamente el 80% de las importaciones.
Con objeto de que el mercado fronterizo y las zonas libres se conviertan en una plataforma de exportaciones, se ha procurado asegurar el abasto oportuno de bienes por medio de la promoción de la concurrencia nacional. Se han otorgado cuotas de importación para complementar la oferta de productos básicos de consumo y de insumos industriales y para fines de promoción turística, sobre todo en lo que hace a la frontera norte.
6.4 Energéticos
En un esfuerzo por defender nuestros intereses en el mercado internacional del petróleo, a fines del mes de enero me reuní en Cancún con el Presidente
de la República de Venezuela. Con voluntad de decisiones llamamos a todos los países productores a sumar esfuerzos para procurar la estabilidad del mercado
. Los intereses particulares de corto plazo de algunas naciones productoras y consumidoras se impusieron. Desde diciembre de 1985 varios miembros de la Organización de los Países Productores de Petróleo abandonaron la autodisciplina en exportaciones y la política de precios oficiales, y en búsqueda de nuevos mercados sacrificaron la estabilidad de los precios. Los países productores han resentido las consecuencias, ya que los precios internacionales del producto descendieron de 29 dólares en noviembre de 1985 a menos de 10 dólares en semanas pasadas.
Los países de la Organización de los Países Productores de Petróleo han tomado recientemente medidas que han alentado la recuperación de los precios. México espera que esta tendencia se afirme. Para contribuir a ello, México ha restringido temporalmente de exportación en 150 mil barriles diarios.
Por su parte, los países consumidores deben comprender que el deterioro de los precios no beneficiará a nadie en el mediano plazo, pues se desatentarán las inversiones en la industria y, tarde o temprano, resurgirá la escasez.
El colapso del mercado petrolero demandó la intensificación de esfuerzos para el cambio estructural y el incremento de la productividad en Petróleos Mexicanos. De manera particular, ha reducido la quema y venteo de gas, de 15% de la producción en 1981,a sólo 3% en mayo de 1986; ha ahorrado en su consumo interno de energía y ha consumido sus importaciones, del 66% en 1981, al 17% actualmente. Petróleos Mexicanos destina la mayor parte de su presupuesto de intervención a compras a proveedores nacionales y fortalece de esta manera la industria nacional, particularmente la de bienes de capital. Se han hecho avances en la mexicanización de la marina mercante petrolera. Hemos apoyado a Petróleos Mexicanos en sus programas de producción para proteger nuestra capacidad de abasto doméstico y exportación. A pesar de la reducción de sus recursos, es éste uno de los sectores con mayor dinamismo en la inversión pública. Ha seguido adelante los programas de productividad y eficiencia de la empresa la cual sigue manteniendo una sólida posición financiara y su carácter de primer contribuyente del fisco federal.
En la industria eléctrica, en 1985, se comercializaron novecientos sesenta y cinco megawatts por hora-hombre, lo que representó un aumento del 1.4% en relación con el año anterior. En 1986, se ha observado un crecimiento del 7.9%. El tiempo promedio de interrupción anual por usuario continúa disminuyendo. La capacidad instalada alcanzará en este año una cifra superior en 10% a la lograda en 1985, lo cual muestra los resultados positivos de los programas de expansión y eficiencia.
En este año entrarán en operación trece nuevas plantas generadoras, lo cual implicará adicionar el sistema eléctrico nacional 2 mil 106 megawatts. Cabe señalar que, de esta calidad, el 57% provendrá de una generación distinta a los hidrocarburos, como las hidroeléctricas de Peñira, en Chiapas y el Caracol, en Guerrero.
La primera unidad de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde entrará en operación comercial en el próximo año. Sabemos que hay grupos sociales que han manifestado su preocupación acerca de este proyecto. Entendemos sus inquietudes; no se escatimarán esfuerzos ni inversiones en medidas de seguridad.
6.5 Minería
Durante el ejercicio del que hoy informo, el sector minero-metalúrgico empleó a 226 mil personas, y participó con el 11.4% de las exportaciones no petroleras y con el 4.2% de las exportaciones totales, a pesar de que las cotizaciones internacionales habían bajado. Esto ha sido posible porque se han incrementado los volúmenes enviados al exterior y por la diversificación de los mercados. Nuestro país continúa siendo un productor mundial destacando en la industria minera.
El sector minero paraestatal se ha ajustado tanto a las medidas de austeridad y racionalidad en el gasto, como a las prioridades establecidas en el programa nacional de minería para sus inversiones. Se ha logrado un alto grado de autosuficiencia en los programas de inversión, los cuales se cubren en un 66% con superávit de operación, en tanto que, al principio de la presente administración, éste sólo cubría el 3.5%.
6.6 Comunicaciones y Transportes
A pesar de la limitación de recursos impuesta por la crisis, el país ha podido continuar avanzando en la construcción de las principales obras nacionales.
Fuimos capaces de cumplir con nuestro propósito anunciado hace un año: instalamos el teléfono siete millones, no obstante que partes vitales de
nuestras comunicaciones fueron destruidas por los sismos de septiembre y ampliamos considerablemente nuestra capacidad en telecomunicaciones al poner en órbita el segundo satélite que integra el Sistema Morelos.
Así, hemos incorporado otras 500 poblaciones rurales al servicio telefónico, beneficiando de este modo a poco más de 600 mil habitantes. También instalamos cuarenta estaciones terrenas para la comunicación por satélite, con lo que ya disponemos de doscientas cuarenta en todo el país.
Continuamos modernizando y simplificando los servicios de correos y telégrafos. Hemos creado dos organismos descentralizados para la más eficiente prestación de estos servicios.
Hemos ampliado y modernizado tramos de carretera cuyo aforo es de los más importantes, realizamos obras de conservación que suman 226 mil kilómetros/ en nuestra red carretera; construimos poco más de mil 300 kilómetros de nuevas carreteras troncales, urbanas, y libramientos.
Se dio atención al proceso de modernización de la infraestructura portuaria; creamos el organismo descentralizado servicios de degrado; y se abanderaron embarcaciones que incrementan la disponibilidad nacional de la flota en más de 350 mil toneladas.
Hemos buscado rescatar al ferrocarril como base importante de nuestro sistema de transportes. Trabajamos en la construcción de nuevos enlaces ferroviarios, principalmente en el eje transversal de Manzanillo-Guadalajara-Monterrey con lo que evitaremos cruzar innecesariamente el centro del país y avanzamos en la modernización del de Coatzacoalcos-Salina Cruz. Recientemente pusimos en servicio la nueva vía doble México-Querétaro, que ayudará a descongestionar el tramo más crítico del sistema ferroviario nacional y que es muestra de la transformación estructural del sistema. También entró en servicio parte de la nueva vía México-Veracruz, que sustituye al segmento más accidentado y escabroso de esta ruta.
Incorporamos a la red nacional de aeropuertos los de Puebla, Puerto Escondido y Tlaxcala. Las líneas aéreas nacionales transportaron casi veintitrés millones de pasajeros en vuelos nacionales y poco más de siete millones en internacionales.
Estos resultados han sido posibles por el uso eficiente de nuestros recursos, por la organización y trabajo de nuestros técnicos y porque hemos buscado el equilibrio financiero de nuestras empresas, ajustando los precios y tarifas de modo que permitan reducir subsidios.
6.7 Modernización comercial y abasto
En el período relativo a este informe, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a fomentar la producción de bienes de consumo básico y a atemperar el deterioro del poder adquisitivo del salario real. Asimismo, se avanzó en el cambio estructural dirigido a modernizar la infraestructura y los servicios vinculados al abasto y a consolidar la función reguladora de Conasupo.
Cabe destacar que en el presente año se importará casi la mitad de lo efectuado hace tres años.
En la Conasupo se han racionalizado los subsidios, lo que han significado su traslado hacia los productos finales para que beneficien efectivamente al consumidor. Los subsidios habían crecido en forma desmesurada y no siempre favorecían a la población de más bajos recursos, sino que muchas veces fueron a engrosar utilidades de intereses privados en forma injustificada.
La erosión del poder adquisitivo de los trabajadores es motivo de permanente preocupación del Gobierno Federal. Para contrarrestar, en lo posible, los efectos de la inflación sobre el salario, se suscribió un convenio con el Congreso de Trabajo que formalizó el compromiso para desarrollar mecanismos de abasto suficiente de productos básicos y de protección del poder de compra de los trabajadores y para mejorar las condiciones generales del bienestar de la población.
Dentro de las políticas de defensa de la economía familiar, se consolidó el Programa de Distribución de Leche Rehidratada; se puso en marcha un sistema de distribución de cupones para el consumo de tortilla, que favorece a más de 6 millones de mexicanos, y se continúo fortaleciendo la comercialización de productos básicos y otros bienes de consumo generalizado en las zonas urbanas y rurales, que por su características de bajo poder de compra, resultan insuficientemente atendidas por el comercio privado.
Paralelamente, se ha avanzado en la consolidación del Sistema Nacional para el Abasto y del Fomento a la modernización del aparato comercial. Con ello, se mejora la articulación entre la nueva infraestructura básica de acopio, almacenamiento y distribución con la modernización de la ya existente. Al mismo tiempo se fomenta la incorporación de nuevos sistemas de bolsas de granos y oleaginosas, al almacenamiento especializado y al Sistema Nacional de Información de Mercados. Este empezó a operar en 6 ciudades y tiene por objetivo el dar transparencia a los precios de los productos hortofrutícolas.
6.8 Turismo
Para aumentar la generación de divisas por el turismo, se puso en marcha el programa de acción inmediata para el fomento del turismo, con medidas tendientes a relacionar el transporte, estimular la inversión y apoyar la promoción, publicidad y comercialización de los atractivos turísticos. Estas medidas permitieron que a los mil 720 millones de dólares captados en 1985 por turismo respectivo, se sumaron mil millones en el primer semestre de este año
. Como parte de este programa se establecieron tarifas aéreas paquetes promocionales; se ampliaron permisos para vuelos de fletamento; se otorgaron facilidades para el abastecimiento de combustible y promover así el turismo terrestre; se puso en operación su servicio ferroviario turístico en la ruta Chihuahua-los Mochis; se estimuló el turismo marítimo; se mejoró la infraestructura turística en diversos puertos; se alentó la celebración de convenciones, ferias y exposiciones; se mejoraron las condiciones financieras para inversiones turísticas; se dieron facilidades para el establecimiento de marinas deportivas; se mejoraron los servicios migratorios y aduanales; se impulsaron tanto la promoción y la publicidad, como los programas de comercialización turísticos. Todo esto se vio reforzado por medidas de seguridad que fueron coordinadas interinstitucionalmente.
Con la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, se obtuvo, en el primer semestre de este año, un saldo neto en turismo por 780 millones de dólares, igual al registro en el mismo período del año pasado, a pesar de que al inicio de 1986 se observó una manera en la captación de visitantes por los efectos de los sismos. La publicidad derivada por la celebración del mundial generará un flujo turístico aun más amplio en los próximos meses, que se reforzará con campañas adicionales.
El programa de financiamiento de Fonatur se dirigió a incorporar a la oferta hotelera 5 mil cuartos nuevos y a remodelar un número casi equivalente, para lo cual se ejercieron créditos por 46 mil 213 millones de pesos en 1985. Durante el primer semestre de este año Fonatur otorgó financiamiento por 62 mil 658 millones de pesos.
Se mantuvo el nivel de inversión en Cancún e Ixtapa; se aceleró el desarrollo de Loreto y San José del Cabo en Baja California Sur y Puerto Escondido en Oaxaca y, se continúo con las obras del nuevo centro turístico de Bahía de Huatulco. Por otra parte, para dar acceso a un mayor número de mexicanos a la recreación y para fortalecer la identidad nacional, se incrementaron las acciones promocionales del patrimonio histórico y cultural. Igualmente, se ofrecieron mayores y mejores alternativas de viaje a través de diversos paquetes económicos, en especial los ofrecidos por el fideicomiso para el turismo obrero.
La capacidad de generar, difundir, asimilar y adaptar conocimientos científicos y tecnológicos constituye un factor determinante para el desarrollo de un país, así como un medio eficaz para inducir el cambio estructural.
Debemos aumentar la eficiencia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico que se realiza en nuestro país. Las actividades realizadas durante el período del que se informa han permitido avanzar en la consecución de los objetivos señalados en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, así como fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Con base en la ley correspondiente, se creó la Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, cuyo propósito es aglutinar los esfuerzos de los participantes, evitando duplicidades en este campo.
En cuanto a la formación de recursos humanos, se apoyó el posgrado en áreas prioritarias, dando preferencia a las instituciones nacionales de educación superior y recurriendo al extranjero solamente en forma complementaria.
Se lograron avances significativos en el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las áreas agropecuarias y forestal; energética; pesquera y acuícola; de nutrición y salud; de bienes de capital; de agroindustria; de construcción y ecología. Asimismo, se buscó una mayor vinculación de la investigación científica y tecnológica al aparato productivo.
La ciudad de México enfrenta una severa problemática, tanto por sus difíciles condiciones para el desarrollo armónico de la comunidad, producto de un crecimiento desmesurado e irracional, como por las consecuencias de los sismos. Por ello, se han planteado opciones para el proceso de reconstrucción que busca no sólo efectos inmediatos, sino que tiende también a dignificar la convivencia social y a evitar futuras catástrofes. En un marco de austeridad, las principales acciones del gobierno capitalino se han orientado a atender las necesidades básicas de las clases mayoritarias. Se ha incrementado el caudal de agua potable para la zona metropolitana, y se ha ampliado la red de distribución. Con ello, en la actualidad es posible atender al total de la
población capitalina, aunque hay que reconocer que en las áreas periféricas donde vive el 3% de la misma, este servicio se proporciona a través de carros cisterna. Se ha avanzado en las obras programadas desde 1983 para solucionar el problema de las inundaciones, que se registran fundamentalmente en el suroriente de la ciudad, donde el crecimiento de asentamientos humanos ha sido superior a las posibilidades de dotar esta zona con la infraestructura de drenaje requerida. Así se continuó con la construcción del interceptor central del drenaje profundo y el colector semiprofundo de Iztapalapa, entre otras obras.
Se efectuaron importantes acciones para fortalecer el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan diariamente 10 millones de capitalinos. Se amplio la extensión de la red del metro en 9.7 kilómetros, conectado a zonas del alta densidad poblacional con los centros de trabajo; se adquirieron 806 nuevas unidades para el Sistema de Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta 100; y se incrementaron en un 41% las líneas de trolebuses.
Para el mejoramiento de la seguridad pública, se fomentó la profesionalización de las corporaciones policiales a cuyo servicio activo ingresaron mil 474 nuevos elementos, graduados de la Academia de Policía. La depuración de los cuerpos de seguridad es tarea permanente.
El Departamento del Distrito Federal ha puesto en operación diversas acciones para la prevención y control de la contaminación ambiental. Destacan la restricción para la instalación de nuevas industrias contaminantes, la operación de equipos para la verificación y medición de la contaminación en los automóviles, la reforestación y la construcción de parques recreativos. Además fueron cancelados 3 mil 400 tiraderos de basura a cielo abierto y clandestinos.
En materia de abasto y comercialización de productos de consumo popular, quedó plenamente garantizado el suministro de carne y productos básicos a la población. Destaca la construcción de lecherías y la modernización de mercados públicos y tianguis para ofrecer bienes del paquete básico, a través de bonos que se promueven entre grupos organizados de la población. Se efectuaron también convenios con los productores para asegurar un abasto oportuno de estos productos.
Honorable Congreso de la Unión:
Ha sido éste un año en el que el pueblo de México, ante nuevas adversidades, ha reforzado su voluntad para seguir liberando denodadamente la gran batalla por la nación. México es indomable.
Hemos comprobado ser una nación recia y con talento para afrontar las dificultades, por aciagas y duras que se presenten. Ante los continuos problemas no hemos sucumbido en el agobio o la desesperanza; hemos mostrado la capacidad suficiente para responder a los retos, para ajustar estrategias y tácticas y para traducir decisiones en acciones. El pueblo de México ha mostrado madurez y temple y ante la incertidumbre y el infortunio no ha caído en el desánimo.
La fuerza fundamental que nos sostiene es nuestro nacionalismo, nuestra perseverante voluntad de sostenernos como pueblo unido y soberano. Luchamos ahora contra la crisis, no con ánimo de mera supervivencia, sino con convicción de renovación. Impulsamos los cambios estructurales y cualitativos que permitan continuar con nuestro proyecto histórico y llegar a las etapas superiores de nuestro desarrollo.
Estamos conscientes de que vivimos tiempos de transformación y cambio y decididos a seguir construyendo nuestro destino en forma organizada y pacífica, a través de nuestras instituciones y leyes, sin incurrir en autoritarismo o anarquía.
La mayoría de los mexicanos sabemos bien que la superación de las dificultades que nos afectan se logrará mediante la renovación progresiva y no mediante el retroceso histórico. Hemos de seguir consolidando las instituciones y los valores de la Independencia, la Reforma y la Revolución.
No aspiramos solamente a conservar nuestro legado histórico, meta por sí misma valiosa en tiempos de crisis, cuando fuerzas reaccionarias de fuerza y dentro piensan en desmantelar las instituciones liberales y revolucionarias de México, buscamos la continuidad y el desarrollo histórico de nuestro proyecto nacional que requiere de un proceso deliberado de cambio y adaptación permanente con sentido progresista.
La mera inercia no nos puede sacar de las dificultades. Son necesarias la innovación y el cambio. Es indispensable la renovación de las actitudes y la transformación de las conductas.
Tenemos con que ejecutar esta gran tarea. Somos una nación viable y soberana con un pueblo vigoroso y dinámico. Estamos decididos a seguir siendo una comunidad independiente y libre, capaz de superar los obstáculos que nos presente el destino. Tenemos un acervo ideológico e institucional que nos permite consolidar nuestros valores y, al mismo tiempo, encauzar de manera ordenada y firme las transformaciones que requieren la sociedad y el Estado.
La nueva conciencia sobre nuestras transformaciones sociales se conjuga con los complejos problemas que enfrentamos para mantener claridad en el rumbo y firmeza perseverante en las acciones. No cabe ahora desmayo alguno. A nuestra vialidad de nación moderna, y pese a circunstancias externas adversas, sumamos hoy los avances duraderos que hemos alcanzado en la consecución de los objetivos fijados: el fortalecimiento de nacionalismo revolucionario; la profundización en la democratización integral; nuestra marcha hacia una sociedad más igualitaria; la perseverancia en la renovación moral; el progreso sin precedente en la descentralización de la vida nacional; los esfuerzos tesoneros y las bases más firmes para la recuperación del desarrollo, del empleo y del combate a la inflación, y el proceso ordenado y participativo que nos han permitido la planeación democrática.
Tenemos un plan; sabemos a dónde queremos ir; y hemos establecido ya elementos importantes para alcanzar nuestros objetivos. En la superación de los problemas, hemos venido a lo largo de estos últimos cuatro años fortaleciendo al país. Para el resto de esta administración, durante los próximos dos años debemos, manteniendo nuestros objetivos fundamentales, consolidar lo ya realizado, acometer nuevas tareas y abrir así perspectivas más claras y promisorias.
Hemos venido transformando los procesos políticos y lo seguiremos haciendo. Nos proponemos ampliar los espacios de participación con que cuenta ya la sociedad. Perfeccionaremos los mecanismos correspondientes a partir de la actual consulta sobre legislación electoral y gobierno del Distrito Federal. Profundizaremos en la renovación democrática de México, para que los procesos electorales reflejen cada día con mayor fidelidad la voluntad popular expresada en las urnas, se obtenga una credibilidad social amplia en dichos resultados y se mantenga el orden y la tranquilidad.
El Gobierno asume la iniciativa, pero es responsabilidad compartida con los ciudadanos, grupos y partidos políticos el encontrar fórmulas adecuadas y capaces de marcar una dirección que permita mejorar ordenadamente nuestras formas democráticas de vivir y de hacer política. Contamos con procedimientos políticos y jurídicos que aun siendo perfectibles nos permiten dirimir nuestras diferencias. La democracia se inicia como ejercicio político en el diálogo, la negociación y la solución ordenada de conflictos; transcurre por el sistema de partidos y debe alcanzar las bases de nuestra organización social. Tanto la sociedad como el Gobierno estamos por una autoridad fundada en el derecho, al servicio de la democracia. No queremos derecho sin democracia, ni democracia al margen de la ley. Debemos seguir perfeccionando nuestro sistema político con el poder fundado en el consenso de la mayoría, con el respeto y garantía de las libertades y construyendo un orden social justo en beneficio del pueblo.
En los próximos dos años, avanzaremos en la profunda reforma municipal que está en marcha, la cual esta permitiendo un federalismo renovado en sus raíces más auténtica. Fortaleceremos el equilibrio entre los poderes, tal como lo manda la Constitución. Ante el cambio de la sociedad, seguiremos ejerciendo el poder presidencial en contacto cotidiano y amplio con los distintos grupos sociales. No es posible pensar que se pueden resolver los problemas mediante el peso duro y simple de la autoridad. El Poder Ejecutivo cumplirá plenamente sus funciones, como lo ha venido haciendo, considerando siempre, por la vía institucional, las características y necesidades regionales y locales, y reconociendo, por la vía de la concertación, la transformación de la voluntad popular y la participación de sus representantes legislativos y sus organizaciones políticas y sociales.
Mantendremos la renovación moral como tarea permanente del Gobierno y propósito de nuestra convivencia social para elevar los niveles de conciencia y responsabilidad. Seguiremos modernizando los mecanismos del control del quehacer público, a través del perfeccionamiento de los sistemas de administración de los recursos del estado y el fortalecimiento de su seguimiento y evaluación. Continuaremos la renovación de la administración de justicia por medio de la revisión del sistema normativo, estableciendo canales idóneos para la participación ciudadana; elevando la calidad profesional de quienes intervienen en estas actividades; simplificando procedimientos judiciales y administrativos, y mejorando los niveles profesionales y éticos de los cuerpos de seguridad. Fortaleceremos la campaña contra el narcotráfico y la farmacodependencia.
Ubicaremos nuestras relaciones internacionales en el marco de los intereses y realidades interiores y asumiremos plenamente nuestra responsabilidad en los asuntos mundiales. Somos respetados por las naciones. Sabemos de la influencia creciente que tenemos en los problemas mundiales y regionales. Continuaremos actuando con apego a nuestro nacionalismo y nuestros principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, internacionalismo y promoción de la cooperación para el desarrollo. Con el resto del mundo, fortaleceremos los vínculos y los intercambios, de
manera destacada con nuestros hermanos latinoamericanos. Con los Estados Unidos de América mantendremos un diálogo digno y positivo, que respete nuestras diferencias culturales e históricas, y que aproveche nuestra articulación comercial y financiera. Sin confrontación, y con dignidad, seguiremos en los próximos dos años manteniendo una relación que beneficie a nuestro país.
En materia económica, nos proponemos retomar en forma sostenida la senda del crecimiento en un contexto de estabilidad. Nos organizaremos para volver a crecer entre 3 y 4% en el bienio 1987-1988. Para que sea permanente, sustentaremos el crecimiento en la consolidación de los importantes logros que hemos obtenido en materia de reordenación económica y de cambio estructural. Existen bases en la planta productiva para generar una mayor oferta de empleos y proteger las fuentes de trabajo existentes, a la vez que las reformas en marcha abrirán mejores perspectivas de desarrollo.
No soslayaremos el combate a la inflación. Sus raíces estructurales y la dinámica que observa nos obliga a redoblar esfuerzos para abatirla. La inflación afecta cotidianamente el ama de casa, al obrero, al estudiante, premia la especulación, desalienta las decisiones de inversión productiva y distorsiona la asignación de recursos. El alza de precios sólo se elimina corrigiendo sus causas fundamentales; por ello, es indispensable efectuar las acciones de fondo que requiere su combate. En la lucha decidida y eficaz contra la inflación, no descartaremos ninguna opción que sea viable y consistente, siempre que evite espejismos de avance momentáneos y retrocesos permanentes.
Las bases para recuperar el crecimiento y para abatir la inflación durante los próximos dos años han sido las premisas, y son ahora en parte resultado, del proceso en marcha de renegociación de nuestra deuda externa. Ningún país en desarrollo puede crecer sostenidamente y con estabilidad sin complementar sus esfuerzos internos de ahorro con recursos provenientes del exterior, y menos aún si se le deteriora el precio de sus exportaciones y se transfieren al exterior cuantiosos recursos netos. Hemos seguido y mantendremos el cambio de la no confrontación, que reconozca corresponsabilidad en la generación del problema de la deuda y el pago de acuerdo con la capacidad que permita crecer. Hemos dado un paso importante al lograr un acuerdo con la comunidad financiera internacional que reconoce la necesidad de crecer y mitiga la inestabilidad que provoca la incertidumbre petrolera. Estamos ahora en el difícil proceso de negociar con nuestros acreedores; el resultado tendrá que proporcionar un beneficio adicional para nuestro país en cuanto el costo del servicio de la deuda. Mi Gobierno mantendrá su política de obtener recursos del exterior, vía créditos nuevos y concesiones sobre la deuda vigente, que aumenten la producción y el empleo: su monto no significa una carga para las generaciones futuras, si se destina a la creación de una base productiva que les permita satisfacer necesidades. La solución definitiva al problema de la deuda radica en que nuestra economía crezca, se haga más productiva y exporte más y se reduzca así el peso del endeudamiento respecto a la producción interna y la capacidad exportadora del país. Esta es la manera de conducir con responsabilidad el proceso de endeudamiento.
En los próximos dos años, profundizaremos con decisión firme y empeño perseverante la estrategia de cambio estructural en marcha. Tenemos que recimentar nuestro sistema económico para adecuarlo a las nuevas circunstancias internacionales y a la nueva realidad nacional. Los cambios introducidos en los pasados tres años nos ubican en la dirección correcta. En el ámbito del sector público, en el aparto productivo, en la vinculación eficiente con el mercadeo mundial, los cambios estructurales son factor de modernización y contribuyen a que mejore nuestra economía y a que sea más eficaz y equitativa.
En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se acelerará en los próximos dos años el cambio estructural el gasto público, mediante la elevación de su eficiencia y productividad, el fortalecimiento de la disciplina y el control de su ejercicio y la profundización en la simplificación de trámites y procedimientos. En materia tributaria, se buscará incrementar los ingresos en términos reales, otorgando mayor equidad al sistema impositivo, protegiendo con ello el ingreso real de los contribuyentes y promoviendo el trabajo, el ahorro y la inversión productiva. Al propio tiempo, se evitará que los precios y tarifas del sector público se vean rezagados respecto de la inflación. Seguiremos el proceso de desincorporación de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias para fortalecer aquellas que sí lo son. Profundizaremos en la estrategia de reconversión del sector paraestatal para racionalizar su operación, modernizar su tecnología, fortalecer su productividad y elevar la calidad de los bienes que provee y de los servicios que presta. Se imprimirá mayor eficiencia y eficacia al manejo de los instrumentos de política bancaria y financiera, a efecto de impulsar y robustecer el proceso ahorro inversión del país.
En materia agraria, se identificarán y titularán los predios particulares, los terrenos nacionales poseídos y las colonias; se completará la
documentación básica que falte en los ejidos y se intensificará la organización para la producción, cuyo manejo, transformación y comercialización permita absorber la mano de obra de los campesinos a los que ya no pueda dotarse de tierras. En materia agropecuaria, forestal y pesquera, continuaremos dando apoyo a la producción; propiciando las formas de organización más idóneas; garantizando el abasto de insumos y la disponibilidad de crédito; haciendo las inversiones en infraestructura prioritaria y protegiendo a los productores de más bajos ingreso. El objetivo fundamental continúa siendo el mejoramiento del bienestar de la población rural, a través de su participación organizada y de la utilización racional de los recursos naturales y financieros con criterios sociales de eficiencia productiva y equidad, fortaleciendo su integración con el resto de la nación
. La simplificación de trámites administrativos, la racionalización de la protección comercial con base en reglas claras y ciertas, la selección de ramas industriales para aplicar medidas de reconversión y modernización industrial, programas adecuados de fomento para la pequeña y mediana industria y la promoción para crear polos de desarrollo en zonas estratégicas, contribuirán al estimular el espíritu empresarial e impulsar las exportaciones no petroleras.
Se consolidará la integración del sistema de comunicaciones y transportes mediante la modernización, expansión y acceso a sus servicios en las más amplias zonas geográficas del país. Se incrementará la calidad del servicio en correos y telégrafos; se introducirá nueva y más confiable tecnología telefónica; el Sistema Morelos estará trabajando a su capacidad óptima; se impulsará el sistema ferroviario; se continuará con la conservación de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, a la vez que se modernizará para atender las nuevas demandas que traerá consigo el crecimiento económico.
Se consolidará el Sistema Nacional para el Abasto, mediante la racionalización de subsidios a la producción, transfiriéndolos a los productos finales cuando su permanencia se justifique, a través de mecanismos de apoyo al consumo social.
En los próximos dos años, fortaleceremos la acción social del Gobierno, ya que ésta es la que da sentido y contenido al nuevo quehacer económico. Mantendremos de manera redoblada la atención a los derechos sociales plasmados en la Constitución. Continuaremos procurando la autosuficiencia alimentaria, buscando mejorar los niveles nutricionales de la población de bajos ingresos, así como en regiones y grupos particularmente marginados y propiciaremos una distribución más equitativa de los alimentos.
Se profundizará en las acciones de la Revolución Educativa en lo que corresponde a: abatir el analfabetismo; mejorar la formación y capacitación de los maestros; revisar planes y programas de educación básica; mejorar los libros de texto gratuito; ampliar el uso de la televisión y la radio en la enseñanza primaria y secundaria y en la divulgación de la cultura nacional; elevar el nivel académico de las universidades y escuelas técnicas; fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores; igualar la calidad de la enseñanza en el medio rural respecto al urbano; proteger y estimular las artesanías y culturas populares; expander la Red Nacional de Bibliotecas; estimular la enseñanza abierta no escolarizada; descentralizar la educación y atender a grupos indígenas; reafirmar la cultura nacional de las fronteras. Seguiremos ampliando el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, mejorando la prestación de los servicios y elevando la calidad del sistema educativo, a fin de promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana.
Se avanzará en la prestación de los servicios básicos de salud y se extenderá su cobertura en el medio rural disperso. Se vigorizará el programa de planificación familiar, así como aquellos contra las adicciones, en especial la farmacodependencia y el alcoholismo. Terminaremos el programa de reconstrucción de las instalaciones dañadas por los sismos.
Se coordinarán las decisiones de desarrollo urbano y vivienda, concentrando los esfuerzos y recursos para abatir los mayores rezagos e incidir en las ciudades medias, objeto de la descentralización. También se vinculará la creación de reservas al aprovechamiento de la infraestructura, con una clara jerarquización de las prioridades de vivienda. Seguiremos reforzando las acciones de protección del ambiente en el Valle de México, de regeneración de ríos, manejo sanitario de los desechos sólidos, y con el mayor énfasis, la protección de los recursos naturales del país.
En el Distrito Federal, seguiremos perfeccionando y ampliando el transporte público. Construiremos nuevas líneas del metro, aumentaremos el número de autobuses con menor índice de contaminación, así como más trolebuses y vialidades coincidentes con estos sistemas. Se incorporará al cuerpo de policía, personal suficientemente capacitado para lograr un perfil de servidor público, íntegro y eficiente para las tareas de vigilancia y protección a la población y se fortalecerá los Consejos Delegacionales de Seguridad Pública
.
Se sostendrá una cobertura de servicio de agua para el 97% de la población y se procurará, en la medida de lo posible, evitar las inundaciones frecuentes que se nos presentan, particularmente en el suroriente de la ciudad. Se seguirán incrementando los sistemas de abasto y mejorando la prestación de los servicios públicos.
Consolidaremos el Sistema Nacional de Planeación Democrática, fortaleciendo su esquema conceptual y la interrelación de sus componentes; actualizaremos el Plan Nacional de Desarrollo en función de las nuevas condiciones que enfrenta el país y llevaremos a cabo una evaluación a fondo de los resultados sectoriales del plan, a fin de adecuar los programas nacionales respectivos.
En los próximos dos años, mantendremos sobriedad en las costumbres pero desecharemos el pesimismo en las actitudes. El esfuerzo de austeridad es permanente, pero tiene ahora una perspectiva positiva, de aliento y crecimiento. La consolidación de los esfuerzos de reordenación garantizará la continuidad en el proceso de desarrollo. El nuevo impulso a la estrategia de cambio estructural permitirá fortalecer la productividad general de nuestra economía, sentar las bases de una mejoría gradual de los niveles de bienestar social y abrir las perspectivas de un futuro más promisorio.
Mexicanos:
En mi propuesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos asumí el compromiso político y moral de apegar la conducta de mi Gobierno a nuestras leyes, de ejercer mi cargo con lealtad y patriotismo, y mirar siempre y en todo por el bien y la prosperidad de la República. En estos casos casi cuatro años, los mexicanos hemos dado una dura batalla por la nación, por el fortalecimiento de nuestras instituciones y la vigencia del derecho, por perfeccionar nuestra democracia y para reemprender con seguridad la ruta del crecimiento y el desarrollo. La situación no ha sido fácil. Ha estado llena de riesgos y adversidades. Pero, fiel a mi compromiso, he actuado con responsabilidad y serenidad. En cada decisión que he tomado, he evaluado las ventajas y desventajas y antepuesto siempre a la espectacularidad, el bien y la prosperidad de la República.
Hoy los mexicanos podemos sentirnos orgullosos de ser un pueblo maduro, y responsable. Frente a la mayor crisis de nuestra historia contemporánea, planteamos que las soluciones fundamentales a nuestros problemas estaban en nosotros y actuamos a consecuencia. En la crisis, como en la construcción de las naciones, cada acción tiene su tiempo y su coyuntura propicia. Las acciones agotan sus efectos y se exigen nuevas acciones. No es posible recurrir a ideas y métodos superados para afrontar nuevas realidades. La labor del gobernante es adoptar en favor de su pueblo las medidas adecuadas en los tiempos correctos.
Estamos frente al reto de la modernidad. En estos años se define el perfil de nación que seremos en la próxima centuria. Aspiramos a la modernidad, pero a aquélla que se funda en los valores y principios que han consagrado nuestra historia; aquélla que se apoya en una economía racional, productiva, equilibrada y capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población; aquélla que garantiza derechos y libertades en el marco de un estado de derecho democrático; a la modernidad de una nación reconocida y respetada por su seriedad y espíritu de trabajo.
Cobremos plena conciencia de lo que debe motivar hoy nuestra conducta, ubiquemos en su lugar posible sobresaltos de incertidumbre y fundemos nuestra acción solidaria no en decisiones de la autoridad, sino en la confianza de los mexicanos en México. Debemos la batalla por nuestra patria, porque la queremos fuerte, desarrollada y moderna. Debemos la batalla diariamente cumpliendo cada quien su deber frente a nosotros mismos y frente a México.
Estas grandes tareas requieren del esfuerzo cotidiano y vigoroso de todos los mexicanos. Nadie debe quedarse al margen del compromiso y la acción en favor de la patria.
Los servidores públicos somos los primeros obligados. Trabajemos con lealtad y cohesión interna. El Gobierno seguirá trabajando intensamente hasta el último día de su mandato.
A los obreros les corresponde elevar la eficiencia y la productividad de sus fuentes de empleo, preservarlas y defender sus salarios reales, participar en las tareas de reconversión industrial, abordar con ánimo y vigor la modernización de nuestro aparato productivo.
A los campesinos y productores del campo les toca continuar con el esfuerzo destinado a fortalecer nuestra soberanía alimentaria, mediante el aprovechamiento óptimo de la tierra y el agua y la utilización eficiente del crédito, los fertilizantes, el seguro, las semillas mejoradas y la asistencia técnica. De fundamental importancia para el campo mexicano es la modernización de las distintas formas de organización productiva.
Los empresarios tienen la destacada responsabilidad de organizar los factores para generar la
producción de bienes y servicios que demanda la nación. Su reto es elevar la eficiencia y productividad de las empresas para abatir costos y ser más competitivos en la economía internacional. Para ello, es indispensable la innovación tecnológica y un gran esfuerzo para aumentar nuestras exportaciones no petroleras y el turismo. Cuentan para ello con el apoyo y estímulo del Gobierno de la República.
A las clases medias deberán corresponderles seguir actuando en el proceso de modernización nacional. Entendemos sus preocupaciones por la crisis económica, pero les recordamos que seguimos viviendo en paz y libertad y que contamos con un país que, con su esfuerzo y talento, saldrá adelante de sus problemas.
Los maestros, que son y han sido sostén de nuestra soberanía y mantenedores de nuestra identidad y cultura, tiene una responsabilidad fundamental: inculcar a niños y jóvenes, patriotismo y voluntad indomable para construir una nación libre, soberana y democrática y justa. Elevar la calidad de la educación es indispensable para ello.
Las clases populares, en general, con base en su inagotable vialidad y solidaridad social, seguirán ampliando su trabajo productivo y luchando por elevar sus condiciones de vida. El Gobierno está con ellas en el combate de la inflación, en la protección al consumo, en la construcción de viviendas, en la aplicación de los servicios de salud y en todo cuanto contribuya a su mejoramiento social y económico.
A las mujeres mexicanas les pido ampliar su participación y reforzar su tarea social en beneficio de la patria. El Gobierno abre las posibilidades: su presencia en todas las tareas del desarrollo nacional será creciente e irreversible.
A la juventud mexicana le pido que se prepare para el porvenir, que aporte su vitalidad e idealismo para mejorar su educación, su capacidad de estudio y comprensión de la realidad de nuestro país. Les va a tocar un mundo competitivo, escenario de una revolución en la tecnología, en las formas de producción o incluso de cambios en las formas de convivencia social. Los jóvenes deben prepararse por México y actuar con audacia para estar a la altura de este mundo en transformación.
A los artistas, intelectuales, comunicadores y líderes de opinión les pido empeñarse en la ampliación y protección de nuestras culturas nacionales y regionales. Es tarea de ustedes transmitirlas y recrearlas. Los convoco a que ejerzan la crítica constructiva, que aliente y estimule las tareas de la sociedad. Es compromiso de Gobierno y de ustedes mantener las libertades, respetar el pluralismo ideológico y desterrar la intolerancia y el dogmatismo de nuestra vida social.
A los partidos políticos los exhorto a que fortalezcamos nuestro clima de libertades y ampliemos nuestra vida democrática. Cada partido debe mantener su independencia, y cumplir su función constitucional de defender la democracia, el pluralismo y la soberanía de la nación, dentro del estado de derecho.
A las Fuerzas Armadas de México las exhorto a continuar su apego a los principios constitucionales, el respeto a las instituciones de la Revolución Mexicana, de las que forman parte, y sobre todo a la defensa apasionada e intransigente de la soberanía nacional.
A los ciudadanos gobernadores de los estados, les solicito su más decidida colaboración con la Federación. Vamos a fortalecer nuestro desarrollo regional y ampliar la participación de las instrucciones municipales. Requerimos ajustar y definir las prioridades de cada entidad junto con las de la nación; profundizar en el diálogo y la negociación con los sectores y garantizar que el uso de los recursos sea en beneficio del desarrollo y para el bienestar de la sociedad.
La sociedad, los grupos y los individuos tienen hoy una responsabilidad histórica: superar las dificultades de hoy mantenimiento incólume nuestro proyecto nacional y efectuando eficazmente los cambios que requiere una sociedad dinámica y vital.
Como Presidente de los mexicanos asumo mi responsabilidad. Tengo que plantear a mi pueblo que el camino no es fácil, que la tarea es ardua y requiere del compromiso personal de cada mexicano. En estos momentos, la batalla es de todos, nadie puede quedar excluido; la unidad es la fuerza de México.
El futuro será promisorio si trabajamos unidos para superar la circunstancia actual. El reto no nos agobia, ni el pesimismo es la divisa. Ahora y aquí el ánimo y el optimismo conducen nuestro esfuerzo. Sobre bases firmes y positivas fincamos nuestra expectativa y nuestro desarrollo.
Seguiremos siendo vigorosos y oportunos en nuestras decisiones. Mantendré disciplina y orden en el Gobierno; alentaré el trabajo y el ánimo de los mexicanos. Fortaleceré el Estado de Derecho, promoviendo la concentración como medio de solucionar las diferencias. Ejerceré la autoridad
que la Constitución que marca y el mandato legítimo que el pueblo me ha dado para apoyar y alentar a los sectores y organizaciones que participan en el cambio y así garantizar la viabilidad de nuestro desarrollo económico y social. Defenderé el nacionalismo y las instituciones, y con el apoyo de mis compatriotas seguirá día a día fortaleciéndose la soberanía nacional. México saldrá adelante, más libre, más democrático, más fuerte. No habrá obstáculo, por grande que sea, que impida la realización de la grandeza nacional.
¡Viva México! (Aplausos.)
CONTESTACIÓN
El C. presidente del H. Congreso de la Unión, Nicolás Reynés Berezaluce:
"Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
El honorable Congreso de la Unión ha recibido por su conducto el día de hoy, el informe y los anexos que se refieren al estado general que guarda la administración pública del país, que presenta usted en cumplimiento de lo prescrito por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para este Congreso resulta especialmente grata su presencia y la de los señores ministros del Poder Judicial, gobernadores, secretarios de despacho del Ejecutivo y los miembros de la fuerzas armadas. Su presencia en este recinto, acredita la unidad de los mexicanos y que la República aquí reunida, expresa la persistencia de nuestro estado de derecho, la solidez de las instituciones y de nuestra vida democrática. Democracia que en conjunción con los valores de libertad, justicia social e independencia nacional, constituyen los principios fundamentales del pueblo de México.
Así pido que lo manifiesten a sus propios pueblos, los señores embajadores que nos honran con su presencia. En cumplimiento a nuestros ordenamientos internos, esta presidencia procede a dar respuesta al informe que presenta usted a nuestra consideración. El texto de lo manifestado, así como los anexos que detallan diversos aspectos de la administración de los asuntos públicos, serán objeto de un cuidadoso estudio en sesiones subsecuentes de la Cámara de Diputados y de Senadores.
Atentos a su invitación, el honorable Congreso de la Unión designará a sus representantes, para que estén presentes en la reunión de evaluación de las acciones realizadas en la tarea de reconstrucción. Al recibo del reporte pormenorizado de estas acciones, habremos de someterlo a su análisis y discusión.
En el desahogo de la respuesta a su informe, en mi calidad de presidente del Congreso General, no me referiré al despacho de los asuntos administrativos de la competencia del Ejecutivo, sino a la conducción política general que a todos nos ocupa.
Ha sido el propósito fundamental del pueblo mexicano constituirse y preservarse como nación. Nuestra historia es fiel testimonio de la lucha permanente de los mexicanos en torno a ese propósito. La unidad nacional es garantía insustituible en la defensa de la patria. Ante un pueblo solidario y unido, no hay enemigos o asechanza externa, por mayúscula que sea, capaz de vulnerar nuestra soberanía e independencia nacionales.
Reafirmamos en este acto, C. Presidente, nuestra convicción de que por encima del supremo interés de la República no caben diferencias, no tienen lugar la indolencia o la indefinición. Hoy como ayer la batalla por la nación atañe a todos y cada uno de los mexicanos.
Buena parte de nuestra vida independiente la pasamos en la búsqueda de una estructura que nos permitiera conciliar la permanencia y la autonomía nacional, con las aspiraciones de libertad y justicia, valores por los cuales los mexicanos mostramos, aún antes de nuestra emancipación, una singular vocación y voluntad.
Nuestra identidad nacional nace de un complejo y basto proceso de interrelaciones culturales, étnicas y sociales. No obstante la complejidad y la diversidad de nuestras raíces, aprendimos a ser solidarios y a entender que no hay diferencia legítima dentro de lo que nos es común a todos: México.
No tienen espacio los exclusivismos en relación al exterior. Somos y nos sentimos singulares, sin embargo, somos una nación abierta al mundo y a los valores universales que sustentan a la comunidad de naciones.
El largo proceso de formación nacional no ha estado exento de dificultades y de asechanzas. Destacan en estas últimas las pretensiones de estados extranjeros, que con una lógica imperial, han pretendido, de muy distintas y reiteradas formas, negar nuestra vocación de pueblo libertario e independiente.
Esta es, en apretadísima síntesis, la conciencia de nuestra apasionada historia, una lucha permanente
contra el coloniaje y una lucha continua, para dotar al país de un macizo cuerpo de instituciones que haga de la justicia económica y social, condición necesaria para el ejercicio de la libertad.
El primer siglo de la vida independiente se desenvuelve desde la guerra civil entre hermanos, hasta la invasión y pérdida del territorio nacional por fuerzas del exterior. Tres décadas de dictadura nos enseñaron que una sólida y duradera paz social, no tiene existencia al margen de la emancipación de las mayorías nacionales.
La esencia del movimiento revolucionario de 1910: los obreros, los campesinos y las clases medias populares, reclaman su papel de protagonistas de la historia. No hay dictadura que resista la determinación de un pueblo en la búsqueda de su destino.
Desde entonces, vivimos en una paz que tiene como sustento la arquitectura jurídica y política de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la estructura nacional que nos da continuidad en la historia, y nos proyecta hacia el porvenir.
Y del porvenir hablamos. Las políticas interior y exterior del Estado mexicano se han visto desde siempre enfrentadas a pretensiones hegemónicas de diverso origen.
Especialmente en estos tiempos, el desarrollo de las fuerzas económicas del mundo, buscan modular a su imagen, conveniencia e interés, la conducta y los fines de los estados nacionales.
El argumento político que nos presentan las fuerzas antipopulares es llano. El desarrollo y el bienestar individualista; el consumo y la comodidad, se nos dice, no pueden ser frenados o estorbados por viejos valores o por sistemas obsoletos, o hasta por lo que consideran la peligrosa vecindad de masas humanas marginadas, que a menudo se levantan buscando un mejor destino.
La democracia entraña no sólo el inalienable derecho ciudadano a formar la voluntad política mediante la elección de autoridades. Democracia también es el sistema mediante el cual se distribuyen los beneficios del desarrollo económico, social y cultural de la sociedad.
De igual suerte, la libertad no tiene valor, no tiene auténtica existencia en la medida de que la totalidad de sus titulares, no cuenten con las condiciones materiales y culturales para su pleno ejercicio.
Frente a la imposición de juicios ajenos a nuestra experiencia histórica que pretenden valorar a la distancia y en la comodidad nuestras instituciones, es preciso señalar que la democracia y la libertad no pueden cobrar vigencia sólo como estructuras jurídicas formales, marginadas de la emancipación de las clases sociales y del proceso histórico que les da origen y sustento.
Ante este embate que pretende modelar el sentido de las instituciones nacionales, el depositario del Poder Ejecutivo ha levantado la firme y clara voz de México. No renunciamos a nuestro proyecto histórico y exaltaremos nuestro nacionalismo revolucionario.
Nacionalismo por lealtad a la sangre, al suelo y al origen común. Revolucionario porque reafirmamos o buscamos el cambio en función de los intereses de las mayorías y de los valores fundamentales de libertad, independencia y justicia social.
En México construimos y nos pronunciamos por un sistema de vida que nos provee las condiciones para su propio perfeccionamiento, que se renueva y se afirma dentro de los canales democráticos, no mediante su denigración de debilitamiento.
Nuestra democracia es reflejo de nuestro proceso histórico, no se construye en un vacio social o en la asepsia de un laboratorio, sino en una sociedad compleja, con múltiples insuficiencias y problemas, con intereses a menudo encontrados a los que hay que normar y encauzar para hacer de ellos expresión plural que convalide la unidad de los mexicanos.
La democracia se nos agota como derecho cuando el pueblo elige gobernante, ni como compromiso cuando el elegido jura la responsabilidad de su encargo. La democracia radica también en el sentido del ejercicio de la responsabilidad pública y en la participación del gobernado en las decisiones públicas. Usted lo ha dicho C. Presidente, la democracia se ejerce y se practica día a día y en todos los lugares del territorio nacional.
La democracia de México, nuestra democracia, es además sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, sistema que descansa en el consenso de valores y principios, en la libre opinión del análisis, en un vigoroso y vasto pluralismo, en la división de poderes, en la observancia del pacto federal, en el municipio libre y en la inquebrantable voluntad de gobernantes y gobernados de vivir en el país soberano, libre y justo.
La democracia es, además de práctica política, estructura jurídica y sistema de vida, permanente proceso de perfeccionamiento y adecuación de las
instituciones representativas a las necesidades del país y de las grandes mayorías nacionales.
Porque no hemos querido en México tener a un país donde una élite ilustrada gobierne una masa de esclavos; fuimos los primeros en América en abolir la esclavitud y somos los primeros en afirmar que no basta la igualdad de oportunidades, sino que es necesario un sistema que trate desigualmente a quienes, por la desigualdad económica y social que heredamos, están en desventaja existencial.
Nuestra democracia busca resolver los problemas de la convivencia y de los intereses, con leyes de carácter general que a todos no obligan; esta generalidad se basa en la existencia de pedir a los demás lo que nosotros estamos dispuestos a cumplir.
Es papel fundamental del honorable Congreso de la Unión, hacer de un principio y un voluntad política, que sólo el voto ciudadano determina y fija, decisiones de observancia general que normen y dicten el sentido de las relaciones sociales.
Todos nosotros somos ciudadanos comunes que juntos, dictamos la ley en representación de la mayoría, ley que una vez promulgada, nos obliga a todos
. Y como todos, compartimos la responsabilidad con el destino de la nación. Asumimos nuestro compromiso, en la composición pluralista y bicameral de la representación nacional, ejerceremos el poder de legislar, reflejando en nuestro funcionamiento, obligadamente colegiado, las ideologías, las corrientes, la estructura social de toda la Nación Mexicana.
Por esta función, han pasado miles de mexicanos en todas las legislaturas del país, ejerciendo su cargo de legislar, separadamente de los otros poderes. Pero separación de poderes no quiere decir choque de poderes, no significa, como muchos creen, hasta de buena fe, sometimiento de poderes.
Poder significa capacidad para hacer, posibilidad de concretar. Poder público es entonces la capacidad social para hacer y ésta, requiere dirección, necesita gobierno.
La división de los poderes de la Unión, es principio fundamental de nuestra vida política institucional.
La afinidad ideológica, política y partidista entre los poderes cuyo origen descansa en el voto ciudadano, ha permitido armonía y diálogo constructivo, no hay ni ha habido sumisión o subordinación.
El Congreso es el primero en respetar la majestad de la representación que se le ha confiado. Con pasión y calor en sus procesos, actúa sin ceder a la provocación de los intereses particulares que quisieran llevarlo a su campo; camina sin ceder a sus juicios individuales o al capricho de los poderosos; se guía el Congreso por el juicio común, sereno, que le da origen, en un esfuerzo por conducir el cambio conforme a la ley, adecuando la estructura social a las circunstancia, para que se oriente la conformidad con nuestra experiencia histórica, a estas alturas ya centenaria.
Frente a los argumentos economistas o pragmáticos exteriores, esta ha sido la respuesta digna del estado mexicano, la que debería ser, la que nos garantiza la autoridad moral y el espacio histórico y político.
Los aspectos administrativos del Informe de Gobierno los debatiremos a fondo en las sesiones ordinarias. Hoy, ciudadano Miguel de la Madrid, Presidente de México, nos dirigimos a usted como Jefe del Estado Mexicano, representante de la voluntad política del pueblo; símbolo de las esperanzas; primero entre los iguales, custodio nombrado para perseverar la libertad y la soberanía que tanto nos ha costado ganar y sostener.
Coincidimos con usted y comprendemos la ardua tarea de mantener la ruta del proyecto nacional, cuando en el ámbito internacional las ambiciones desatadas atropellan, amenazan y amedrentan a la humanidad con su tecnología y sus fianzas, desperdician y violentan, en cínica exhibición de codicia inmoral.
La estabilidad y la paz internacional sobre la base del horror al holocausto, es un irresponsable y peligroso argumento.
Sí, señor, se requiere buscar la paz fundados en el derecho, aliados con otros pacíficos como nosotros, sin la ingenuidad de hacerlo a solas, porque la razón debe demostrarse y negociarse con la fuerza misma de la razón, como se ha hecho en el Grupo de los Seis para la paz y el desarme.
Y tenemos que seguir ayudando a perseverar la paz en Centroamérica. Otra vez invocamos la experiencia de nuestra historia; cada vez que un pueblo latinoamericano es sojuzgado, vejado, calificado de primitivo y por razones económicas o tácticas ajenas, deprimido o derrotado, México sufre lo suyo.
Latinoamérica es México. Toda ella, en cada rincón, en cada persona, en cada indígena, en cada recurso natural, en cada giro de lenguaje.
También aquí hay comunidad de sangre, comunidad de origen y comunidad de suelo. Con todo el respeto a cada pueblo, México con usted ha sostenido, y seguirá sosteniendo el apotegma juarista. El cumplimiento del derecho común y el respeto al ajeno es el camino a la paz.
Y en lo interior, nuestra democracia no tiene el más mínimo espacio para ninguna tiranía; ninguna revolución contra la revolución.
La ley es el camino, porque es medida general, norma general que garantiza la audiencia a los grupos o individuos interesados, porque soluciona con medidas generales a la vista de los valores que nos dan estructura.
Ninguna ley, privada, natural, puede prevalecer contra las leyes de una nación. Los sistemas políticos buscan encauzar lo que es natural al propósito social, según la experiencia humana que muestra, como la forma más útil de conducir el cambio, el proceso legislativo.
Esto queríamos comentar a su informe. Coincidimos en el propósito de perseverar el desarrollo económico, porque con él se preserva la soberanía.
Coincidimos en el propósito de servir a los demás, de buscar la paz interior y exterior de rechazar con energía los alientos del coloniaje que se disfrazan, para debilitar a la revolución.
No, no están desterrada, ni la palabra ni la acción. El México revolucionario existe, esta vivo y alerta contra los impacientes, los avariciosos y los que confusos, se traicionan y nos traicionan; alerta contra lo negativo, contra lo que desalienta y pide abandonar la lucha por un futuro plenamente nuestro.
México está de pie en más de un sentido.
Ciudadano Presidente. No son dos o tres ciudades afectados por un terremoto; es todo un país tocado por movimientos diarios, como es el relacionado con la baja del petróleo, el abatimiento de los precios internacionales de casi todas las materias primas, y el derecho de no haber dispuesto de recursos externos netos oportunamente, que usted ha analizado detalladamente en su informe.
Frente a eso, está el apoyo del pueblo, la solidaridad del Congreso que asegura que el Jefe del Estado mexicano, sabrá conducir la base popular que está tras él, con un propósito nacional resuelto, planeado, que está decidido a alcanzar los grandes objetivos nacionales.
Nuestro pueblo es paciente, reflexivo y sabio. También es leal y arrojado. Vamos adelante. El camino que queremos seguir es el de la libertad democrática, sin pobrezas, ni represiones, ni dictaduras.
Pero si tuviéramos que ser pobres para preservar la libertad, lo seríamos si tuviéramos que ser pobres para alcanzar la justicia, lo seríamos; si tuviéramos que ser pobres para defender la paz, lo seríamos. Seríamos pobres, pero nunca esclavos, ni indignos, ni inhumanos.
Vamos adelante. El esfuerzo popular ha sido mucho. Pero nos guía la seguridad de un futuro en el que como siempre, seguirá sonando en este recinto, lugar de reunión de hombres libres e iguales, la clara, fuerte, inagotable voz: "México". (Aplausos.)
Después de que se le rinden los honores de ordenanza, el señor Presidente de la República, se retira acompañado de las comisiones designadas para el efecto.
ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
El C. secretario diputado Eliseo Rodríguez Ramírez:
«Acta de la sesión de apertura del H. Quincuagésimo Tercer Congreso de la Unión, celebrada el día primero de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidente del C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce
En la ciudad de México, a las diez horas y cuarenta minutos, del lunes primero de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifieste una asistencia de trescientos cincuenta y seis ciudadanos diputados y sesenta ciudadanos senadores.
En seguida, puesto todos los presentes de pie, la presidencia hace la siguiente declaratoria:
"El Quincuagésimo Tercer Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, el período de sesiones ordinarias del segundo año de su ejercicio."
La secretaría. por instrucciones de la presidencia, da lectura a los nombres de los ciudadanos diputados y senadores integrantes de las comisiones protocolarias, designadas para el efecto de atender
al C. Presidente de la República al rendir su Informe Presidencial.
Después de un breve receso, hace acto de presencia el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, acompañado de las comisiones nombradas para el caso.
Una vez que se rinden los honores a su alta investidura, el Primer Magistrado de la Nación, de conformidad con lo que establece el artículo 69 de la Carta Magna, rinde ante la representación nacional el IV informe de su gestión administrativa.
Acto seguido, el C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente del H. Congreso de la Unión, da contestación al Informe rendido por el Ejecutivo Federal.
Con el ceremonial acostumbrado, el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se retira acompañado de las comisiones designadas para el efecto.»
Esta a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente
. El C. Presidente (a las 15:10 horas): -Se levanta la sesión de Congreso General.
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