Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19861021 - Número de Diario 19
(L53A2P1oN019F19861021.xml)Núm. Diario:19ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México D.F., martes 21 de octubre de 1986. NÚMERO 19
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIONES
Al VI Informe de Gobierno del C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador de Aguascalientes, el 22 del actual. Se designa comisión.
Al CLXXII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que tendrá lugar el 22 del presente, uno en Apatzingán, Michoacán y el otro en esta ciudad. Se designan comisiones.
LICENCIA AL DIPUTADO MARTÍN TAVIRA URIÓSTEGUI
Solicitud para ausentarse de las sesiones, para estar en posibilidad de que el Partido Popular Socialista le encomiende una tarea de carácter electoral en Guerrero. Se aprueba. Comuníquese.
OPCIÓN DE CARGO
Del diputado Miguel Angel Barberena Vega, en virtud de haber sido declarado gobernador de Aguascalientes. Se toma nota. Llámese al suplente.
EL SENADO EN LAS INTERPARLAMENTARIAS MÉXICO BELICE
Puntos de acuerdo aprobados por la Colegisladora relativos a dichas reuniones. De enterado.
INTERPARLAMENTARIA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
Informe rendido por el C. Fernando Ulibarri Pérez, sobre las actividades que se plantearon en la LXXVI Conferencia de la Interparlamentaria expresada, que tuvo lugar del 6 al 11 del mes en curso. Se turna a comisión.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL
El C. Presidente de la República remite el informe de razones y criterios que fundamentan las medidas adoptadas al respecto. Se turna a comisiones.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitud de permiso para que los CC. Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor M. Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José A. Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, puedan hacerlo en la Embajada de Corea en México. Se turna a comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley en cuestión.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
Punto resolutivo que reforma los artículos 4 y 26 de la ley citada.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Proyecto de decreto que permite hacerlo en la Embajada y Consulados de los Estados Unidos de América, a los CC. Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia A. Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Emitido en virtud de las reformas propuestas por el Partido Acción Nacional a los artículos 365 y 366 de la ley citada. Se consideran improcedentes.
A discusión. Hablan los CC. en contra: Eduardo Acosta Villeda; en pro, el C. Miguel Alonso Raya; en contra, el C. Javier Paz Zarza, en pro el C. Reyes Fuentes García, en contra el C. Alejandro Encinas Rodríguez, en pro el C. Gonzalo Castellot Madrazo, en contra el C. Magdaleno Yáñez Hernández, en pro el C. Héctor Hugo Varela Flores, en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano, en pro el C. Javier Pineda Cerino, para hechos el C. Juan de Dios Castro Lozano, en contra la C. Consuelo Botello de Flores, en pro el C. Juan Carlos Velasco Pérez, en contra el C. Alejandro Gascón Mercado, en pro el C. José Armando Lazcano Montoya, en contra el C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para hechos los CC. Jorge Acedo Samaniego, Leopoldo Arturo Whaley Martínez y Magdaleno Yáñez Hernández, en pro el C. Joaquín López Martínez, para hechos el C. Porfirio Cortés Silva, en pro los CC. Arturo Ruiz Morales y Manuel Fernández Flores, por la Comisión Blas Chumacero Sánchez y Juan Moisés Calleja García, para hechos Castro Lozano y Ortiz Gallegos. Se aprueba.
CONVOCATORIA DE COMPARECENCIA
Punto de acuerdo que convoca al C. licenciado Alfredo del Mazo González, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para que comparezca ante esta soberanía. Se aprueba. Comuníquese.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS 65
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
El C. Jorge Alcocer Villanueva presenta reforma a la ley mencionada. Se turna a comisión.
REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES
El C. Arnoldo Martínez Verdugo presenta reforma propuesta por el Partido Acción Nacional, Partido Demócrata Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores, a diversos artículos de la Carta Magna. Se turna comisión.
LA PAZ, ESPERANZA DEL PLANETA
El C. Arturo Whaley Martínez se refiere a los encuentros internacionales de escritores bajo el lema expresado y propone se envíe un saludo al sexto encuentro a celebrarse en Sofía, Bulgaria. Se aprueba. Comuníquese.
MAREA ROJA
La C. Beatriz Gallardo Macías se refiere al mencionado fenómeno contaminante. Propone se nombre una comisión que se traslade a la zona afectada de Tamaulipas e informe al respecto para que se intervengan en consecuencia. Se turna a comisión.
IMPUTACIONES SOBRE NARCOTRÁFICO
El C. Gabriel Jiménez Remus se refiere a las publicadas en la prensa norteamericana y la nacional en contra del Secretario de la Defensa Nacional, el gobernador de Sinaloa y un primo del C. Presidente de la República. A nombre del Partido Acción Nacional solicita comparezca el Procurador General de la República e informe sobre el asunto. Habla en pro el C.
Jorge Alcocer Villanueva y en contra, el C. David Jiménez González. 74 Se suspende la sesión para reanudarla el jueves próximo.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima.
A las 11:05 horas del jueves 23 de octubre se reanuda la sesión.
Continúan sobre el asunto que quedó pendiente, para hechos los CC. Pedro José Peñaloza, Gabriel Jiménez Remus, Eliseo Rangel Gaspar, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Gabriel Jiménez Remus quien propone se turne su propuesta a comisión e informe posteriormente sobre el asunto. Siguen David Jiménez González, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo José Pascual Moncayo, Vicente Calvo Vázquez, quien propone se rechacen las imputaciones en contra de funcionarios. Nuevamente el C. David Jiménez González, el C. Gabriel Jiménez Remus retira su proposición. Se admite y se aprueba la propuesta del C. Vicente Calvo Vázquez. Finaliza Pablo José Pascual Moncayo quien hace una proposición, misma que se desecha. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JUAN MOISES CALLEJA GARCÍA
(Asistencia de 310 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. presidente (a las 11:25 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Orden del día
21 de octubre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que el C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador constitucional del estado, rendirá el VI Informe de su gestión administrativa, la que tendrá lugar el próximo 22 de octubre.
El Congreso del estado de Michoacán, invita al acto cívico para conmemorar el CLXXII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que tendrá lugar el próximo 22 de los corrientes.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que para conmemorar el CLXXII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que tendrá lugar el próximo 22 de los corrientes. Comunicaciones de los CC. diputados Martín Tavira Urióstegui y Miguel Angel Barberena Vega.
Comunicación de la H. Cámara de Senadores.
Informe de la delegación mexicana, que asistió a la LXXVI Conferencia de la Unión Interparlamentaria.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe sobre las razones y criterios en que se han fundamentado las medidas adoptadas para la reestructuración del sector paraestatal.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Corea en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, para el Distrito Federal.
De las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Luis Carbajal
Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativo a la iniciativa de reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo».
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. secretario:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Juan Moisés Calleja García
En la ciudad de México, a las once horas y treinta y cinco minutos del jueves dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos quince ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día.
A discusión el acta de la sesión anterior.
Usan de la palabra, el C. Reyes Fuentes García para reiterar la postura del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación con la tragedia que vive hoy el pueblo hermano de El Salvador, y el C. Juan José Bremer Martino, para ratificar que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana también suscribió la declaración que fue aprobada por el pleno de esta Cámara sobre el particular.
Con estas aclaraciones se aprueba el acta de la sesión verificada el día catorce del actual.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
El Departamento del Distrito Federal suscribe atenta invitación a la ceremonia cívica que tendrá lugar el domingo 19 de los corrientes, en el Bosque de Chapultepec de esta ciudad de México, con motivo del XLI aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles.
Para asistir a dicha ceremonia en representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa en comisión a los CC. Eliseo Mendoza Berrueto, Juan Moisés Calleja García, Jorge Montúfar Araujo, Guillermo Fonseca Alvarez, Blas Chumacero Sánchez, Salvador Robles Quintero, María Luisa Mendoza Romero, Hildebrando Gaytán Márquez, Efraín Calvo Zarco, Graco Ramírez Garrido Abreu y Reyes Fuentes García.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que los CC. Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América y en consulados de ese país en México. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Comisión de Comercio suscribe un dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto General de Importación.
En atención a que este documento ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea en votación económica le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general, hablan, para fundamentar su voto de abstención del Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario Mexicano, Partido Mexicano de los Trabajadores, el C. Jorge Alcocer Villanueva; por la Comisión Dictaminadora, el C. Alfonso Reyes Medrano.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se aprueba tanto en lo general como en lo particular, por doscientos noventa y cuatro votos en pro y veintiuna abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La propia Comisión de Comercio emite un dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la ley que crea la tarifa del impuesto general de exportación.
Por las mismas razones del caso anterior se dispensa el trámite de segunda lectura a este documento.
A discusión en lo general y después en lo particular el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba en ambos sentidos, por trescientos votos a favor y quince abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a los CC. Delfino Aróstico Vázquez, Alberto Ascencio Hernández, Daniel Pérez Jiménez y José de Jesús Villarruel, para que puedan prestar servicios como empleados en la Embajada Británica, acreditada en nuestro país. Es de segunda lectura.
A discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Sin ella, en ninguno de los casos, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, suscribe un dictamen con proyecto de decreto, que autoriza al C. Fernando Rodolfo Pablo Avila Villegas, para prestar servicios como dibujante en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. Sin que motive debate, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La propia comisión antes mencionada, emite un dictamen con proyecto de decreto que concede permiso a la C. Nelly Silva Sánchez, para prestar servicios como investigadora en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba este proyecto, con los dos anteriormente reservados, con el siguiente resultado.
El primero, por trescientos tres votos en pro, cinco en contra y siete abstenciones.
Los dos restantes, por trescientos nueve votos en pro y seis abstenciones. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
La secretaría por instrucciones de la presidencia, de cuenta con la iniciativa de decreto enviada por el C. Presidente de la República, que reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
En atención a que este documento ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, la secretaría le da el trámite siguiente: Recibo y a la Comisión de Programación, Presupuestos y Cuenta Pública.
A continuación abordan la tribuna los siguientes ciudadanos diputados: el C. Heberto Castillo Martínez, para poner de manifiesto los problemas suscitados por los sismos de septiembre de 1985 y sobre la construcción de nuevos edificios.
Presenta varios planos y hace diversos comentarios sobre la construcción de la ciudad de México a partir de 1550.
Considera que es necesario que la Secretaría de Educación Pública haga una reproducción de los documentos sobre este particular y los dé a conocer lo más ampliamente posible.
Al respecto, el C. Juan de Dios Castro Lozano sugiere que sea el Comité de Asuntos Editoriales de esta Cámara, quien edite los documentos más importantes, con lo que está de acuerdo el C. Heberto Castillo Martínez.
La presidencia estima que la valiosa intervención del señor diputado Heberto Castillo y la sugerencia del señor diputado Juan de Dios Castro, son una proposición.
Para hacer comentarios en torno al asunto, interviene el C. Enrique Olvera Bermúdez, y a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana pide que la Comisión del Distrito Federal se aboque a la elaboración de una verdadera ley inquilinaria que garantice la seguridad y vivienda de millones de capitalinos.
La asamblea en votación económica admite a discusión la proposición del C. Heberto Castillo Martínez modificada por el C. Juan de Dios Castro Lozano. Túrnese al Comité de Asuntos Editoriales de esta Cámara y a la Comisión del Distrito Federal.
El C. Salvador Landa Hernández, para referirse al proyecto puesto en marcha para transformar la media península de Baja California Sur, en una enorme planta maquiladora. Propone que una comisión de esta Cámara obtenga del Ejecutivo Federal, información acerca de las características de este proyecto, y una vez recabada, informe a la asamblea sobre el particular.
Hablan, en pro el C. Federico Ling Altamirano, para hechos los CC. Margarita Ortega Villa, Salvador Landa Hernández y Consuelo Botello de Flores.
No se admite la proposición y por tanto se desecha.
El C. Eduardo Turati Alvarez, para referirse a una publicación en el Diario de Chihuahua, que involucra al C. diputado Jacinto Gómez Pasilla como empleado del gobierno de dicho estado.
Propone que la Comisión Jurisdiccional recabe las documentales necesarias, para que en caso de que la imputación sea cierta, se aplique al C. Jacinto Gómez Pasilla la sanción prevista en el artículo 62 constitucional.
Previa moción del C. Juan de Dios Castro Lozano, intervienen, para hechos el C. Santiago Oñate Laborde; para una aclaración el C. Juan de Dios Castro Lozano.
La presidencia dispone que este asunto se turne a la Comisión Jurisdiccional.
El C. Ricardo Andrés Pascoe Pierce, para denunciar la situación política; la ausencia de canales de negociación y diálogo; el vacío de poder y el incumplimiento de convenios con el Ejecutivo, que priva en el Estado de Puebla
. A nombre del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores, propone que los incidentes descritos, deben trasladarse a la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que se investigue la situación prevaleciente en el estado de Puebla, por la falta de respeto a los derechos políticos y humanos de los ciudadanos poblanos.
Intervienen, en pro la C. Rosario Ibarra de Piedra; en contra el C. José Manuel López Arroyo; para hechos los CC. Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Alejandro Encinas Rodríguez, Oswaldo Harris Muñoz, Rodolfo Budib Lichtle, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Alejandro Cañedo Benítez y Pedro José Peñaloza.
A las quince horas la presidencia declara un receso de noventa minutos.
A las dieciséis horas y treinta y cinco minutos se reanuda la sesión.
Continúan sobre el tema, los CC. Jorge Alcocer Villanueva, Rodolfo Budib Lichtle, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Jorge Alcocer Villanueva, quien contesta interpelaciones del C. Juan de Dios Castro Lozano y del C. Nicolás Reynés Berezaluce. Siguen para hechos los CC. Eleazar Camarillo Ochoa, Juan de Dios Castro Lozano, Pedro José Peñaloza, Eliseo Rangel Gaspar, Ricardo Andrés Pascoe Pierce y José Luis Díaz Moll.
La asamblea no admite a discusión la proposición y en consecuencia se da por desechada.
El C. Romeo Flores Caballero, para hacer algunas reflexiones sobre la Ley Simpson Rodino, actualmente a discusión en la Cámara de Senadores de Estados Unidos de América.
A nombre de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara, propone la creación de un grupo de trabajo, coordinado por los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, de Asuntos Fronterizos y de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el objeto de evaluar el contenido de la Ley Simpson Rodino y definir la posición de la H. Cámara de Diputados y así diseñar una estrategia que responda a los problemas derivados de su ejecución y de elaborar medidas de protección e incorporación de los compatriotas cuyos intereses resulten afectados por la ley.
La asamblea admite la proposición. Túrnese a las comisiones mencionadas en la proposición.
El C. Jorge Acedo Samaniego, para rendir homenaje al general Plutarco Elías Calles, en ocasión del XLI aniversario de su fallecimiento.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú, para proponer que la Comisión de Relaciones Exteriores recabe información acerca de las negociaciones de desarme nuclear y no militarización del espacio, entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética, para que posteriormente esta soberanía emita un pronunciamiento al respecto.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para apoyar la proposición anterior interviene el C. Adner Pérez de la Cruz.
El C. Eduardo Acosta Villeda, para manifestar la decisión de los campesinos de Camelia Roja, del municipio de Tuxtepec, del estado de Oaxaca, de recuperar las 350 hectáreas de tierra que, por resolución presidencial expropiatoria les corresponden desde abril de 1937, fecha en que dicha resolución se publicó en el Diario Oficial.
A nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Socialista Unificado de México, propone que esta denuncia se turne a las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Reforma Agraria, con el objeto de que se investiguen los hechos y se busquen vías de solución al conflicto.
El C. Eliseo Rangel Gaspar, para proponer que este asunto se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, con lo que está de acuerdo el C. Eduardo Acosta Villeda.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. Edeberto Galindo Martínez, para referirse a la llegada de bajas temperaturas que afectan a la parte norte de la República y proponer que comisiones de esta Cámara promuevan ante la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la pronta respuesta a las diversas solicitudes que se le han presentado, en el sentido de conceder el subsidio de los combustibles para la calefacción durante la época invernal, a los usuarios del estado de Chihuahua.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a la Comisión de Energéticos.
La secretaría por instrucciones de la presidencia, da lectura a una comunicación suscrita por todos los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias de esta Cámara, relativa al secuestro de la joven mexicana Flavia Totoro Taulis, por elementos policiales de la dictadura militar chilena el pasado martes catorce de septiembre.
Proponen: protestar enérgicamente por la represión que vive el pueblo chileno
. Condenar la violación constante de los derechos humanos y la privación ilegal de la libertad y de la vida de inumerables ciudadanos o residentes.
Demandar con la mayor energía, la inmediata liberación y el respeto de la integridad física de la ciudadana Flavia Totoro Taulis.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición.
La C. Beatriz Gallardo Macías, para hacer reflexiones en torno al déficit de alimentos en todo el planeta, especialmente en los países del tercer mundo, en los cuales el problema presenta dimensiones mayores y expresar que el Partido Socialista de los Trabajadores se solidariza con los veintiún senadores y particularmente con los legisladores cetemistas, que apoyan la iniciativa que modifica el artículo cuarto constitucional y eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación.
El C. Javier Paz Zarza, para expresar que en municipios del estado de Chiapas, particularmente en los de Rayón y Tapilula, se vive un clima de represión y violencia por parte de autoridades estatales y municipales.
Solicita que la presidencia de esta Cámara haga una excitativa a efecto de que la Comisión de Derechos Humanos cumpla con su cometido.
La presidencia recoge la solicitud y expresa que procederá a hacer la excitativa a la Comisión de Derechos Humanos.
El C. Manuel Fernández Flores, para hacer comentarios sobre el piloto norteamericano capturado por las fuerzas del Ejército Popular Sandinista, al ser derribado un avión destinado a transportar municiones y pertrechos para grupos contrarrevolucionarios.
Considera que estos hechos son una evidencia más de la política de involucramiento directo del Gobierno de Estados Unidos en Centroamérica.
Propone que una comisión de esta Cámara examine la denuncia y proponga en su momento un pronunciamiento que exprese el juicio de esta Cámara de Diputados.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El C. Héctor Morquecho Rivera, para proponer que esta asamblea se pronuncie en contra de la venta de las empresas paraestatales y se rechacen los propósitos que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, encaminados a debilitar la fuerza económica del Estado mexicano.
Para apoyar la proposición interviene el C. Hildebrando Gaytán Márquez.
No se admite la proposición y en tal virtud se desecha.
Por último, el C. Magdaleno Yáñez Hernández, para presentar y dar lectura a una iniciativa de decreto tendiente a reformar el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en su primer párrafo y en su fracción III. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes veintiuno de los corrientes, a las diez horas».
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta, si se aprueba... Aprobada señor presidente
. INVITACIONES
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados. México D.F.
La Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del estado libre y soberano de
Aguascalientes, invita a usted a la sesión solemne en la que el C. Rodolfo Landeros Gallegos gobernador constitucional del estado rendirá su VI informe de Gobierno el día 22 de octubre a las 10:30 horas en el teatro Morelos.
Aguascalientes, Aguascalientes, octubre de 1986».
El C. presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Alfredo González González y Jorge Antonio Díaz de León Valdivia.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados. México D. F.
La H. LXIV Legislatura del estado de Michoacán tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne que se celebrará el miércoles 22 de octubre a las 20.00 horas en el cine Pilar de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, habilitado como recinto oficial del Poder Legislativo, para conmemorar el CLXXII aniversario de la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana.
Morelia, Michoacán, octubre de 1986».
El C. presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta H. Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Leonel Villalobos Chávez, Raúl Castellano y Martínez, Antonio Correa López y Juan Carlos Velasco Pérez.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«México D. F., a 13 de octubre de 1986.
C. diputado licenciado Juan Moisés Calleja García, presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, atentamente invita a usted al acto cívico conmemorativo del CLXXII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, frente a la estatua que evoca la memoria del generalísimo don José María Morelos y Pavón, que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 del actual, a las 11:00 horas, en la Plaza de la Ciudadela de esta capital.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asistía al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted dignamente preside.
Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez».
El C. presidente: -Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Lulio Valenzuela Herrera, Sergio Roa Fernández, Guillermo Juan Altamirano Conde y Félix Liera Ortiz.
LICENCIA AL DIPUTADO MARTÍN TAVIRA URIOSTEGUI
El mismo C. secretario:
«México D.F., a 7 de octubre de 1986.
C. diputado Juan Moisés Calleja, presidente de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Existe la posibilidad de que mi partido, el Popular Socialista, me encomiende una tarea de carácter electoral en mi estado natal. Guerrero; por ello, por este conducto me permito solicitar licencia para ausentarme de las sesiones, durante el tiempo necesario para este fin.
Atentamente
C. diputado Martín Tavira Urióstegui».
El C. presidente: -Esta presidencia considera el asunto con el que se acaba de dar cuenta, como de urgente y obvia resolución, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se pone a disposición y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites.
El C. presidente: -En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a disposición el punto de acuerdo.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Esta a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al C. diputado Martín Tavira Urióstegui, para ausentarse de las sesiones de esta Cámara, durante el tiempo que dure la causa que invoca en su comunicación.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.
OPCIÓN DE CARGO
La C. prosecretaria Elvia Lugo de Vera:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Miguel Angel Barberena Vega, diputado federal por el II Distrito Electoral Federal, del estado de Aguascalientes, ante ustedes con el debido respeto, comparezco para exponer lo siguiente:
En virtud de que la LII Legislatura del estado de Aguascalientes me declaró gobernador constitucional electo, con fundamento en lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohibe el desempeño de dos cargos de elección popular, vengo a manifestar a esta H. Cámara de Diputados, que opto por el cargo de gobernador constitucional del estado de Aguascalientes.
Atentamente
México D. F., a 20 de octubre de 1986.
Diputado Miguel Angel Barberena Vega».
Trámite: Se toma nota. Llámese al suplente, Alberto Alcalá de Lira.
EL SENADO EN LAS INTERPARLAMENTARIAS MÉXICO BELICE
La misma C. prosecretaria:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos legales a que haya lugar, nos permitimos hacer de su conocimiento que, con esta fecha, la asamblea de la Cámara de Senadores, aprobó los siguientes
PUNTOS DE ACUERDOS
"Primero. El Senado mexicano participará en la celebración de las Reuniones Interparlamentarias México Belice.
Segundo. Las Reuniones Interparlamentarias México Belice serán anuales y deberán celebrarse alternada y sucesivamente en cada uno de los dos países.
Tercero. Las sedes y fechas de celebración de las Reuniones Interparlamentarias México Belice, así como la agenda de trabajo a que se sujetarán, se determinarán oportunamente por los Congresos de ambas naciones
. Cuarto. Se faculta a la Gran Comisión del Senado de la República para que designe a los delegados senadores que participarán en las Reuniones Interparlamentarias México Belice.
Quinto. Hágase del conocimiento de la honorable Cámara de Diputados y de ambas Cámaras de la Asamblea Nacional de Belice este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar".
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México D. F., 15 de octubre de 1986.
Senadores Héctor Vázquez Paredes, secretario; Gonzalo Salas Rodríguez, secretario».
Trámite: De enterado.
INTERPARLAMENTARIA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
El C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Fernando Ulibarri Pérez.
El C. Fernando Ulibarri Pérez: -Con su venia, señor presidente: con el objeto de informar a esta soberanía, me estoy permitiendo hacer un breve extracto del informe pormenorizado que en este acto hago entrega a la secretaría de la Cámara, de las actividades y acuerdos más relevantes que se plantearon en la pasada LXXVI Conferencia de la Unión Interparlamentaria, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 6 al 11 de octubre del año en curso.
El grupo nacional mexicano que participó en esta conferencia, se integró por el senador Patrocinio
González Blanco, como presidente; y por los ciudadanos senadores Alfonso Zegbe Sanen y Yolanda Sentíes; junto con los diputados federales Fernando Ulibarri Pérez, como secretario; y Agustín Bernal Villanueva, Gabriel Jiménez Remus y Martín Tavira Urióstegui.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el presidente de la República de Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien pronunció un discurso que por su importancia se integra al informe pormenorizado que se entregó a esta secretaría.
En nombre del Congreso argentino hizo uso de la palabra el doctor Edison Otera, presidente provisional del Senado de la nación, y correspondió la presidencia de la conferencia al doctor Juan Carlos Bugluise, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina.
Dentro de los diversos temas tratados en la agenda de la LXXVI conferencia, se destacaron las siguientes resoluciones:
Se acordó favorablemente la afiliación de Bangladesh, Angola y El Salvador.
Se lamentó tener que suspender a Kuwait y se aprobó una resolución en favor del reestablecimiento de instituciones representativas en la República de Chile.
Dentro de la Comisión para los Asuntos Parlamentarios y Jurídicos de los Derechos del Hombre, se aprobó como temas a tratar en la agenda el de la contribución de los parlamentos en la aplicación y desarrollo del derecho humanitario internacional aplicable en los casos de conflictos armados.
Para el desarrollo de este tema se presentaron 14 proyectos de resolución y dos proyectos de adición, así como ocho memorándums y dos documentos informativos, uno del Comité Internacional de la Cruz Roja y otro del alto comisionado de las Naciones Unidas en Materia de refugiados.
El proyecto de resolución fue unánimemente aceptado por el comité y aprobado en los mismos términos y por consenso por la asamblea de la conferencia. En este caso también se anexa al informe presentado a la secretaría del punto resolutivo.
Dentro de la Comisión para los Territorios no Autónomos y para los Asuntos Étnicos, se aprobó como tema a tratar en la agenda la contribución de los parlamentos en el contexto del Año Internacional de la Paz, para la eliminación de los remanentes de colonialismos políticos, financiero y comercial en el mundo.
En forma particular, con la promoción de la independencia de Namibia y la erradicación del apartheid y la discriminación racial en Sudáfrica, y consecución pacífica del desarrollo político, económico y social de los denominados pequeños territorios.
Para el desarrollo de los trabajos de este tema se presentaron 16 proyectos de resolución y un proyecto revisado, así como 16 memorándums. En este tema, el Comité de Redacción presentó un proyecto de resolución que se estimó podría ser aprobado con consenso y al discutirse este proyecto en el comité se introdujeron modificaciones principalmente en la parte introductoria. El tema se presentó a la asamblea, la que acordó por mayoría de votos que se aceptaran las adiciones al párrafo introductorio y que la resolución se votara en conjunto.
El grupo nacional mexicano, coincidente con los puntos resolutivos y con la parte introductoria del proyecto del Comité de Redacción, más no con las adiciones introducidas en la asamblea, expresó su posición mediante la emisión de 16 votos de abstención; en este caso también se anexa el informe detallado el punto resolutivo a que se ha hecho referencia en el tema suplementario.
En lo relativo al tema suplementario de la asamblea se presentó propuestas por parte de la delegación de Nicaragua, del grupo nacional de la República Árabe Siria, por parte del estado de Israel se presentó la situación de los judíos en la Unión Soviética y el constante deterioro de su situación, se trató también el apoyo y contribución de los parlamentos para la continuación de las conversaciones cumbres entre el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos y el secretario general Gorbachov del Comité Central del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Se presentó el tema de contribución de los parlamentarios en la campaña internacional para convocar a una conferencia de paz internacional en el medio oeste y en apoyo a los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de Irak e Irán, sometido por el grupo nacional de los Emiratos Arabes Unidos.
Los efectos deteriorantes en el comercio mundial y el subsidio de productos agrícolas y sus exportaciones, sometido por el grupo nacional de Australia.
La contribución de los parlamentos para el cese de todas las explosiones nucleares, sometido por
el grupo nacional de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
El grupo latinoamericano analizó los diversos temas presentados y consideró que el planteamiento formulado por Nicaragua, tenía condiciones de universalidad en el tema propuesto, pero que se caracterizaba por la particularización en su caso concreto en el proyecto de resolución que había presentado, por lo que no se consideraba susceptible de obtener mayoría de voto.
El grupo nacional de Nicaragua coincidió con ese planteamiento y ante la asamblea retiró su tema, exponiendo los puntos de vista que habían movido su presentación.
El tema de la República Siria Árabe y de la República Federal Alemana fueron también retirados, en el tema de propuesta presentado por el grupo nacional de Israel, el grupo nacional mexicano emitió 15 votos de abstención y un voto en favor emitido por el diputado Gabriel Jiménez Remus del Partido Acción Nacional.
En el tema propuesto sobre la Corte Nacional de los Emiratos Arabes Unidos, el grupo nacional mexicano emitió 16 votos de abstención.
En el tema presentado por el grupo nacional de Australia el grupo nacional mexicano emitió 16 a votos a favor.
En el tema del grupo nacional de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas el grupo nacional mexicano emitió 16 votos, el resultado de las votaciones emitidas en la asamblea determinó que se adoptara como tema suplementario de esta reunión, el propuesto por el grupo nacional de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con el tema: la contribución de los parlamentos en el cese de todas las explosiones nucleares.
Dentro del Comité de Redacción de este tema, se integró el grupo nacional mexicano, el proyecto de resolución fue aprobado unánimemente por el Comité de redacción y aprobado en los mismos términos y por todo el consenso de la asamblea.
Como razonamiento del voto en este tema, se dio lectura a la declaración de Argentina, Grecia, India, México y Suecia, en apoyo a la declaración que hizo el Grupo de los Seis, que consigna lo siguiente:
Los parlamentarios de Argentina, Grecia, India, México y Suecia, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de la LXXVI Conferencia de la Unión Interparlamentaria, expresan su apoyo a la iniciativa de paz y desarme que los jefes de estado o de gobierno de esos países están promoviendo.
Ellos apoyan de manera especial, la declaración adoptada el 7 de agosto del año en curso con relación el tema especial de la conferencia, la contribución de los parlamentos en el cese de todas las explosiones nucleares; desean enfatizar la coincidencia que existe entre la preocupación de de los miembros de la Unión Interparlamentaria y el espíritu general de la declaración mexicana que señala, entre otras cosas nosotros permanecemos confiados en que no hay más importante y crucial, ahora que alcanzar el cese de las pruebas nucleares, el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las armas nucleares, acelerar la carrera armamentista y ésto podría ser reducido mediante la completa evolución de las pruebas de armas nucleares.
En octubre de 1985 y en febrero de 1986, nuevamente en abril de este año hemos intercambiado correspondencia con el secretario general Gorbachov y con el presidente Reagan, para que adopten una suspensión completa y verificable de las pruebas nucleares, como mínimo hasta la próxima reunión cumbre, que proponemos sea inmediatamente seguida por negociaciones para la conclusión de un tratado de prohibición de pruebas.
Nosotros ofrecemos colaborar para asegurar la verificación de la suspensión propuesta; nuestro mensaje desde México, es para urgir a los líderes de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética, a continuar y de vigorizar el diálogo que empezaron el año anterior para señalar las fechas fijas para un nuevo encuentro entre ellos y para el establecimiento de compromisos mutuos y conciliación que asegure que ese diálogo conduzca a resultados prácticos en el campo del desarme; actualmente tiene la capacidad de destruir al mundo en varias veces, ahí no podía haber sugerencia de cualquiera de ellos, estaría expresando debilidad por su deseo de ser conciliatorio. El espíritu de Ginebra debe ser revivido y fortalecido. Nosotros expresamos nuevamente nuestra determinación de tratar de facilitar el acuerdo entre los estados con armas nucleares y de trabajar con ellos, como todas las demás otras naciones por la seguridad común de la humanidad y por la paz.
Nosotros esperamos que las negociaciones en materia de armas nucleares y especialmente que se celebra en Ginebra, entre representantes de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética produzcan resultados sustanciosos lo más pronto posible.
Se habló también sobre el debate general sobre la situación política, económica y social del mundo; por el grupo nacional mexicano participó el diputado federal Martín Tavira Urióstegui, quien
como representante de la minoría parlamentaria del Partido Popular Socialista se refirió a las injustas resoluciones económicas y políticas en el mundo.
También participó por el grupo nacional mexicano el senador Alfonso Segbe Sanen quien se refirió al tema de los refugiados y al título informativo para los miembros de la asamblea de la Unión Interparlamentaria hizo algunos comentarios sobre este tema.
En el Comité Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Parlamentarios se informó sobre los casos sometidos al Consejo Interparlamentario en relación con parlamentarios de Chile, Irán, Somalia, Vietnam, Colombia, Guinea Ecuatorial, Guinea, Indonesia, Suiza y Turquía.
Como un reconocimiento a la policía de México en materia de derechos humanos, se eligió por unanimidad al senador Patrocinio González Blanco como miembro alterno del Comité Especial sobre Violaciones de los Derechos Humanos de Parlamentarios.
Cabe hacer especial mención sobre la importancia que tuvo la votación sobre la solicitud de la sede de la LXXVII Conferencia Interparlamentaria.
Se presentaron solicitudes de sedes por parte de Costa Rica, Nicaragua y Portugal.
El grupo latinoamericano, analizó y debatió la propuesta de la sede de Nicaragua y de Costa Rica, y por conducto de la junta directiva, se trató de encontrar una fórmula de consenso para no someter a dos países latinoamericanos a una misma votación.
Al presentarse las candidaturas para efectos de votación, Costa Rica decidió retirar la suya, reiterando los principios que inspiran su vida democrática y y su política exterior.
A propuesta del comité ejecutivo se tomó votación secreta y el resultado fue de 70 votos a favor de Portugal y 80 votos a favor de Nicaragua. Quedando así definida la sede en favor de Managua, Nicaragua, para la LXXVII Conferencia de la Unión Interparlamentaria.
Se fijó como agenda para ésta, para el primer Comité de Asuntos Políticos, Seguridad Internacional y Desarme, se acordó el tema: "La contribución de los parlamentos a la campaña mundial para la celebración de la conferencia de la paz en el medio oeste", en el apoyo a los trabajadores del Grupo Contadora y para la implementación de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Líbano. Y el apoyo de los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra de Irán Irak, y sus consecuencias para la paz en el área en al zona mediterránea.
Para el tercer Comité de Asuntos Económicos, Sociales y Culturales y del Medio Ambiente, se aprobó el tema: "La contribución de los parlamentos para el establecimiento de un justo comercio internacional en todos los aspectos, incluyendo el comercio en productos agrícolas, la eliminación de tarifas y otras barreras proteccionistas y un mejor entendimiento del impacto socioeconómico que provoca el proteccionismo en los países de desarrollo.
Se hicieron elecciones para el comité ejecutivo, se presentaron candidaturas de Dinamarca, Zimbawe, Yugoslavia y Polonia, resultando electos el señor Robert Pedrsen de Dinamarca; el señor Nolan Macombe, de Zimbawe.
Yo quisiera hacer mención y expresar que el grupo nacional mexicano que participó en la CXXVI Conferencia de la Unión Interparlamentaria, trabajó con alto sentido de responsabilidad y gracias a esos esfuerzos coordinados, se logró plantear las tesis y lograr los objetivos que nos fueron encomendados y es de justicia reconocer que cada uno de los miembros de la delegación, intervinieron, aportaron y participaron en el desahogo de todos los temas. Muchísimas gracias.
Trámite: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal. -México, D.F. -Secretaria de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
El C. licenciado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, se ha dirigido al suscrito, con esta fecha, manifestando lo siguiente:
"Por instrucciones del C. Presidente de la República, me permito enviarle el informe sobre las razones y criterios en que se han fundamentado
las medidas adoptadas para la reestructuración del sector paraestatal, para que por su amable conducto se turne a la H. Cámara de Diputados, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 del decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1986, que establece la obligación del Ejecutivo Federal, a través de esta secretaría, de informar a dicha Cámara, del ejercicio de esas atribuciones. El citado informe, da cuenta de las acciones que el Ejecutivo Federal ha emprendido a este respecto, buscando con ello vigorizar su condición de instrumento del Estado para orientar y conducir el proceso de desarrollo del país, en función de las prioridades y objetivos fijados por el Plan Nacional de Desarrollo y los programas a mediano plazo. Ruego a usted se sirva manifestar a la H. Cámara de Diputados la disposición por parte de esta secretaría, para aportar los elementos adicionales que puedan relacionarse con el contenido de este informe".
Lo que transcribo a ustedes, para su conocimiento y atención que estimen procedente, enviándoles el informe que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 16 de octubre de 1986.
El secretario, Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y a las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Patrimonio y Fomento Industrial.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos. -Poder Ejecutivo Federal. -México, D.F. -Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
En oficio fechado el 10 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"Por tratarse de un asunto de la competencia de esa dependencia del Ejecutivo a su digno cargo, solicito a usted tenga a bien gestionar ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado "B" del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas mencionadas a continuación de quienes se acompañan copias certificadas de las respectivas actas de nacimiento, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República de Corea en esta ciudad, en las funciones que en cada caso se señalan.
C. Beatriz Rodríguez Montes de Oca, recepcionista; C. Víctor Manuel Estrada Villa, secretario particular del agregado de defensa; C. Miguel Angel López Merino, chofer del agregado de defensa; C. José Antonio Reynoso Alvarado, chofer del ministro y encargado de negocios; C. Sergio Soto Silva, chofer administrativo de la embajada".
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 15 de octubre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Días».
Tramite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Comisión de Seguridad Social.
Honorable asamblea:
La comisión que suscribe recibió para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto, que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, enviada por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, misma que, en su oportunidad, fue distribuida a los integrantes de esta honorable asamblea.
La comisión ha revisado cuidadosamente el contenido de las reformas y adiciones de la mencionada iniciativa y después de haber sido discutida por sus integrantes, con fundamento de los artículos 54, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa soberanía el presente
DICTAMEN
Como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, la finalidad de la misma es la modernización del marco jurídico en el cual se
desenvuelven las actividades asistenciales privadas, a efecto de promover y desarrollar acciones de esta naturaleza, sustentadas en el más puro sentido de la solidaridad y altruismo humanos, atendiendo a la simplificación de los mexicanos legales. Asimismo, se propone la concertación de esfuerzos asistenciales a fin de que estos se cumplan en toda su extensión, teniendo como marco las directrices sociales establecidas por nuestra Constitución Política, en conjunción con el pleno respeto a las garantías individuales.
Esta ley que se propone reformar en el seno de la asamblea, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero de 1943 entrando en vigor el mismo día; tal ordenamiento ha sufrido reformas las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 17 de julio de 1943, 28 de febrero de 1944, 8 de marzo de 1948 y su fe de erratas del 22 de abril de 1948, 23 de diciembre de 1974 y su fe de erratas del 13 de marzo de 1975 y el 15 de mayo de 1978.
La materia de la asistencia privada ha sido de una gran tradición a través de la historia de México independiente, y aún más se remonta en sus inicios hasta la colonia, dándosele singular importancia durante la época de la reforma, ya que se consideraba entre las actividades asistenciales privadas, además de las prestaciones económicas que esta podría realizar, la muy importante función de la prestación de servicios médicos.
La Constitución Política que nos rige al establecer un régimen de corte liberal social, y por ende del estado social de derecho, ha buscado el equilibrio entre el liberalismo individual y el pensamiento social. Es así como ordena elementos que en algún momento parecieron antitéticos, tales como la actuación, en términos económicos y sociales, de los particulares y del Estado. Es aquí en donde la sabiduría del Código Político se manifiesta, al dotar de elementos jurídicos, dentro de un marco de respeto, a las garantías individuales, para que los particulares presten actividades colaterales a la acción del Estado, tal como es la asistencia privada, junto a la asistencia social.
Pero para lograr lo anterior, es menester regular la acción de los particulares, a través de un marco jurídico adecuado, a fin de que dichas actividades no se extravíen y nieguen su carácter puramente altruista y solidario.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su texto, las actividades de asistencia privada, al tenor del artículo 27 fracción III, dándonos los lineamientos del régimen patrimonial de las instituciones que prestan tales servicios, siendo este precepto constitucional el que fundamente la regulación de las instituciones de asistencia privada.
Es por ello que se hace menester el precisar la asistencia privada como el conjunto de acciones que realizan determinadas instituciones, las cuales cuentan con personalidad moral, en los términos de la ley que hemos mencionado, y que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Estos actos pueden ser de la mas diversa índole y referirse a rubros tan diversos, como prestaciones económicas, prestaciones en especie, atención a niños, ancianos y desvalidos o la prestación de servicios médicos, entre otros muy importantes.
No podemos soslayar la importancia que ha tenido en México la asistencia privada, la cual presenta un mecanismo de ayuda solidaria del que menos necesita a quien menos tiene.
En otro sentido y en un esfuerzo de agrupación por materia, se ha considerado que la asistencia, tanto pública como privada, conforma un subsector específico del Sector Salud y del Sistema Nacional de Salud, el cual observa su fundamento constitucional tanto en el artículo 4o., párrafo tercero de nuestra Carta Magna que establece el derecho a la protección a la salud, así como el artículo 73, fracción XVI, el cual faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre las materias de salubridad general.
Así las cosas, la Ley General de Salud, reglamentaria de dichos artículos constitucionales toma como tarea definir lo que es la salubridad general, lo cual hace a través de una lista enunciativa contenida en el artículo tercero de este ordenamiento, y así, en la fracción XVIII del señalado artículo, se establece la asistencia social como uno de los rubros de la salubridad general.
Siendo la asistencia social y la asistencia privada, materias conexas en su contenido, se ha establecido esta sectorización tal como lo hemos mencionado a fin de darle mayor congruencia a las acciones tanto de regulación de ejecución de la asistencia social, junto con la asistencia privada, que otorgan los particulares.
Este agrupamiento por materia, permite un mejor y más eficaz control de las actividades relacionadas con tal hecho, de las cuales se encarga de realizar tal vigilancia la Secretaría de Salud, a través del órgano desconcentrado por función denominado Junta de Asistencia Privada.
Al respecto, conviene comentar que la iniciativa contiene un artículo, el 930-bis, que establece que
la Secretaría de Salud podrá celebrar acuerdos de coordinación con los estados, a efecto de que la Junta de Asistencia Privada les proporcione a los gobiernos de éstos asesoría y asistencia técnica para promover la expedición de leyes estatales relativas a la materia de la asistencia privada, favoreciendo la creación y desarrollo de este tipo de actividades.
La iniciativa busca propiciar la concertación de esfuerzos entre el sector público y el sector privado a fin de lograr que la asistencia en sus diversas formas de prestación, llegue a los más necesitados. Para tal efecto se propone facilitar los mecanismos de acción de la asistencia privada, haciéndolos más ágiles y eliminando requisitos que otrora se presentaban en el texto de la ley vigente, como es el caso de la reforma al artículo 40, en donde se elimina la autorización de la Junta de Asistencia Privada para recibir donativos, herencias o legados, salvo que estos sean onerosos o condicionados, de la misma manera, todo donativo, herencia o legado destinado a la asistencia privada en general, serán recibidos por la junta y canalizados a las instituciones que mejor aplicación de los recursos puedan hacer. Este criterio de eliminación de requisitos y simplificación administrativa se presenta a través de toda la iniciativa, a efecto de promover las actividades asistenciales privadas. No se trata de crear mayor regulación sino hacer más efectiva la ya existente, a la vez de promover tales actividades, dentro de un marco jurídico adecuado.
Por otro lado, se establece en la ley el sistema de estímulos fiscales para aquellas personas que realizan donativos a las instituciones de asistencia privada, tomando el sistema creado con anterioridad por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento, lo cual tiene por propósito promover este tipo de donaciones. En el sentido de la legislación fiscal del Distrito Federal la iniciativa propone que la Junta de Asistencia Privada, pueda realizar mediante los mecanismos que la autoridad local juzgue pertinentes, un sistema de estímulos, a través de reducciones o subsidios, a efecto de promover la asistencia privada y garantizando, por parte de las instituciones, un nivel mínimo de efectividad en sus actos asistenciales. Este rubro es importante, a efecto de promover adecuadamente el manejo fiscal de dichas personas morales y que, por otro lado, no existan actos lesivos para el erario público, tanto federal como local, quien lleva así un adecuado control sobre de ellas.
La iniciativa sometida al honorable Congreso de la Unión por el ciudadano Presidente de la República, cumple con sus objetivos de la manera más amplia y viene a vigorizar el aparato jurídico en el cual se sustenta la acción tanto del Estado como de los particulares en relación a la asistencia privada.
En atención de lo expresado anteriormente y con mérito en tales consideraciones, la Comisión de Seguridad Social se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 13 fracción II, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 51, fracciones II y V, 53 fracción XIV, 54, 57, 58, 59, 67, 76 incisos c, y e, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 121, 128, 147, 148 y 150 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo primero. Las instituciones de asistencia privada son entidades jurídicas que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Podrán acogerse a las disposiciones de esta ley las personas físicas o morales que pretendan crear instituciones cuyo objeto sea alguno de los que menciona el artículo 27 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 13. Las personas que en vida deseen constituir una institución de asistencia privada, presentarán a la junta de ese ramo un escrito que contenga:
I...
II. El nombre, objeto y domicilio legal de la institución que se pretenda establecer;
III. a la VII...
Artículos 27. El patronato de la fundación así constituida no podrá dispensar a los albaceas de garantizar su manejo o de rendir cuentas y exigirá a los mismos, cuando el testador no los haya eximido de esta obligación, constituyan en favor de la fundación que ellos representen, una garantía en los términos que establece el artículo 1708 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Artículo 40. Los donativos que reciban las instituciones requerirán autorización previa de la junta cuando sean onerosos o condicionales.
En los demás casos, las instituciones deberán informar a la junta de la donación recibida al presentar su información financiera periódica.
Los donativos, herencias o legados que se destinen a la asistencia privada en general, los recibirá la junta y los canalizará a las instituciones de asistencia privada.
Artículo 41. La persona que quiera hacer un donativo oneroso o condicional a una institución, lo manifestará por escrito al patronato de la misma para que ésta lo haga del conocimiento de la junta.
Una vez concedida la autorización a que se refiere el artículo 40 de esta ley, la institución lo hará del conocimiento del donante, por escrito, para que perfeccionada la donación sin perjuicio de que se cumplan las formalidades establecidas en la legislación común.
Artículo 42. La personas físicas o morales que donen bienes en favor de las instituciones constituidas conforme a esta ley, podrán deducir de sus ingresos el importe de los donativos realizados, el cual deberá constar en un recibo expedido por la institución donataria que reúna los requisitos fiscales que al efecto señalen la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, al momento de efectuarse la donación.
Artículo 43. Los donativos efectuados a favor de las instituciones hechos conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse, una vez perfeccionados; sin embargo, se admitirá la reducción de las donaciones en los términos del artículo 2348 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los deba conforme a la ley, en la proporción que señale el juez competente.
Artículo 44. Además de los donativos a que se refiere este capítulo las instituciones podrán contar, a manera de aportaciones en servicios, con el auxilio de colaboradores voluntarios que con el animo exclusivo de prestar asistencia privada destinen parte de su tiempo a realizar actividades personales sin remuneración, que permitan el cumplimiento de los objetivos de una asociación o fundación.
Artículo 51. No podrán desempeñar el cargo de patrono de una institución:
I....
II. Las personas que desempeñen cargo de elección popular, los secretarios y subsecretarios de Estado, los oficiales mayores de las secretarías de Estado, el jefe, los secretarios generales y el oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, los directores generales, gerentes generales o similares de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal; el presidente y los vocales de la Junta de Asistencia Privada representantes del sector público conforme a lo establecido por el artículo 84 de esta ley, los funcionarios y empleados de la misma;
III. y IV....
V. Los que por sentencia ejecutoria dictada por la autoridad judicial hayan sido suspendidos o privados de sus derechos civiles o condenados a sufrir una pena por la comisión de algún delito intencional.
Artículo 53. Los patronatos tendrán las siguientes obligaciones:
I a la XIII....
XIV. No entregar dinero, mercancías o valores que no estén amparados con documentos, siempre que el monto de aquél o el valor de los dos últimos, exceda de un día de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
XV a la XVII....
Artículo 54. Los patronos, en el ejercicio de sus funciones, no se obligan individualmente pero están sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que incurran, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 57. A más tardar el primero de diciembre de cada año, los patronatos de las instituciones deberán remitir a la junta, en los términos y con las formalidades que ella establezca, los presupuestos de ingresos y el de inversiones en activos fijos. Las información contable periódica correspondiente deberán presentarla al inicio de cada año.
Al enviarse los presupuestos a que se refiere el párrafo anterior, se remitirá el programa de trabajo correspondiente al mismo período.
Artículo 58. En ningún caso, en instituciones que estén operando normalmente, los gastos de administración podrán ser superiores al importe de los servicios asistenciales.
Artículo 59. En caso de que en un ejercicio resultare remanente, este se aplicará a cubrir faltantes de ejercicio anteriores y si no los hubiere, el remanente se aplicará a incrementar el patrimonio de la institución.
Artículo 67. Los libros principales, registros, auxiliares y de actas, en su caso, archivos y documentos que forman un conjunto del que pueda inferirse el movimiento de las instituciones, deberán ser conservados por los patronatos en el domicilio de las mismas o en el despacho que oportunamente darán ellos a conocer a la junta, y estarán en todo tiempo a disposición de ésta para la práctica de las visitas ordinarias o extraordinarias que acuerde.
Los fondos de las instituciones deberán ser depositados en alguna sociedad nacional de crédito, cuando su cuantía lo hagan aconsejable.
En ningún caso podrán estar los fondos y documentos en el domicilio particular de alguno de los patronos, colaboradores o empleados de las instituciones, salvo que ese sea la sede de la institución.
Artículo 76. Cuando las instituciones presten con garantía se sujetarán a las siguientes reglas:
A) y B)...
C) El valor de los bienes objetos de la hipoteca será fijado por avalúo hecho por alguna sociedad nacional de crédito.
D)...
E) El plazo de los préstamos no excederá de diez años.
El pago deberá hacerse por el sistema amortizaciones en los términos que determine la Junta de Asistencia Privada.
Artículo 83. La Junta de Asistencia Privada es un órgano administrativo desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud, por medio del cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre las instituciones de asistencia privada.
Artículo 84. La junta estará a cargo de un consejo de vocales integrado por:
I. Un presidente que será designado por secretarios de salud; y
II. Por ocho vocales designados entre personas de reconocida honorabilidad, mexicanos por nacimiento y quienes deberán desempeñar sus funciones personalmente. Dicho cargo es indelegable.
Al sector público le corresponde designar cuatro vocales por conducto de la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública y por el Departamento del Distrito Federal, los cuales nombrarán, cada uno de ellos, un vocal.
Los vocales restantes serán designados por las instituciones. Aquéllos podrán ser o no patronos de éstas y se designarán de acuerdo a la función asistencial predominante prestada por las instituciones de acuerdo a los siguientes rubros:
A) Asistencia a niños y adolescentes;
B) Asistencia al anciano;
C) Asistencia médica, y
D) Asistencia en la educación, económica, en especie u otras.
La designación de estos vocales se hará por mayoría de votos, teniendo un voto cada institución y en caso de empate decidirá el presidente de la junta
. Artículo 86. El presidente de la junta percibirá el sueldo fijo mensual que le asigne el presupuesto aprobado por la Secretaría de Salud.
Las instituciones cubrirán a la junta una cuota del seis al millar sobre sus ingresos brutos, destinada a cubrir los gastos de operación de la junta, de conformidad con el presupuesto anual acordado y a los gastos extraordinarios autorizados por el consejo de vocales. Los honorarios de los vocales representantes de las instituciones serán fijados cada año por el consejo de vocales, debiendo cubrir las instituciones la parte alícuota o proporcional que les corresponda de acuerdo a sus ingresos.
Las cuotas a que se refiere este artículo no formarán parte de los ingresos del Estado ni figurarán en sus presupuestos; serán pagadas por las instituciones mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la forma y lugar que señale la junta.
Artículo 88. Podrá haber sesión cuando concurran por lo menos cinco vocales y las determinaciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en el consejo, teniendo el presidente voto de calidad en los casos de empate. Si un vocal fuere patrono o empleado de una institución, deberá abstenerse de opinar y votar en cualquier asunto relacionado con aquélla y abandonará el salón de sesiones en el momento de tratarse dicho asunto.
Artículo 89. Las ausencias del presidente se suplirán por el vocal designado por la Secretaría de Salud o, en su caso, por alguno de los vocales
designados por el sector público en el orden establecido en el artículo 84 de esta ley, lo cual se hará constar en el acta de sesión.
Artículo 91. Para el cumplimiento de sus fines la junta tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborará las normas internas de operación del consejo de vocales;
II. Autorizar la creación, modificación o extinción de las instituciones;
III. Autorizar los estatutos de las instituciones y en caso de no haber sido formulado por estas, elaborarlos;
IV. Promover ente las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales;
V. Aprobar la declaratoria mediante la cual se autoriza la constitución de una institución y representar los intereses de esta última, entre la expedición de la misma y de la declaración formal de constitución de dicha institución;
VI. Ordenar la inscripción de las instituciones en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de esta ley;
VII. Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos de las instituciones, así como sus modificaciones, formulando los comentarios conducentes;
VIII. Aprobar el informe de labores que, en términos de esta ley y demás disposiciones, deba ser presentado ante ella por las instituciones;
IX. Defender los intereses de las instituciones en los casos establecidos en esta ley;
X. Formulando sus proyectos de presupuestos, así como sus programas;
XI. Elaborar anualmente un informe general de los trabajos realizados durante el periodo;
XII. Sujetar la creación, operación, modificación o extinción de las instituciones a los programas de asistencia privada;
XIII. Opinar sobre la interpretación de esta ley y demás relativas, en caso de duda respecto a su aplicación, resolviendo las consultas que las autoridades o las instituciones le planteen en relación con la asistencia privada;
XIV. Ayudar a los patronatos a la buena administración de los bienes de las instituciones; haciéndoles al efecto las sugerencias conducentes para que, de acuerdo con sus objetivos y estatutos, presten de manera eficaz los servicios asistenciales inherentes a sus objetivos;
XV. Vigilar que los capitales productivos de las instituciones se impongan de acuerdo con la presente ley y asimismo, que las operaciones que realicen sean llevadas a cabo con las debidas seguridades para que sean costeables;
XVI. Vigilar que los patronatos empleen los ingresos con estricto apego a lo que dispongan sus presupuestos de egresos e inversiones de activos fijos;
XVII. Vigilar que los patronatos cumplan con las disposiciones de esta ley y los estatutos;
XVIII. Vigilar que las instituciones cumplan con los fines para los cuales se constituyeron;
XIX. Revisar los estatutos de las instituciones, a fin de que los mismos se ajusten estrictamente a esta ley, cuidando especialmente que en ellos no se contraríe la voluntad de los fundadores. La junta indicará, en su caso, al patronato de una institución, las reformas que fueren necesarias a sus estatutos y les señalará un término de sesenta días para llevar a cabo dichas reformas;
XX. Autorizar a las instituciones todos los demás actos que se deriven de la presente ley y otras disposiciones aplicables, y
XXI. Las demás que le confiere la ley, la Secretaría de Salud y otras disposiciones aplicables.
Artículo 121. Si el fundador o fundadores hubieren consignado en los primeros estatutos o en el escrito de solicitud para la constitución de la institución de que hable el artículo 13 de esta ley, la clase de actos de asistencia que deberá ejecutar la institución al cambiar de objeto, se estará a lo mandado por ellos.
En el caso de que los fundadores no hubieren previsto la desaparición de esa necesidad asistencial o un nuevo objetivo, la junta determinará el nuevo objetivo.
Artículo 128. Cuando la Junta de Asistencia Privada resuelva la extinción y liquidación de una institución de asistencia privada, se nombrará un liquidador por el patronato y otro por la junta. Si el patronato no designare el liquidador que le corresponde dentro del plazo de ocho días hábiles, en su rebeldía hará la designación la Junta de Asistencia Privada
Cuando el patronato haya sido designado por la Junta de Asistencia Privada. conforme a la fracción
del artículo 50 de esta ley, el nombramiento del liquidador será siempre hecho por la misma junta.
Artículo 147. Cuando los patronos incurran el faltas que no sean causa de remoción la junta los amonestará y, en caso de reincidencia, les impondrá una multa por el equivalente de seis a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo 148. La resistencia de un patronato a separarse de sus funciones, una vez resuelta y conforme al artículo 108 de la presente ley, se castigará con seis meses a tres años de prisión y una multa de seis a sesenta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo 150. Los delegados, inspectores o auditores que rindan a la Junta de Asistencia Privada informes que contengas hechos falsos, serán sancionados con un mes a dos años de prisión y multa de uno a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo segundo. Se adiciona con los artículos 86 bis 93 bis, 145 bis y 161 la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como siguen:
Artículo 86 bis. Cuando las instituciones sin causa justificada no paguen dentro del mes correspondiente sus cuotas a la junta, en los términos del artículo 86 de esta ley, cubrirán adicionalmente como sanción un interés sobre sus saldos insolutos. El tipo de interés a pagar se calculará sobre los rendimientos que por ese mes paguen las sociedades nacionales de crédito en los depósitos a noventa días.
Los intereses que no se cobren a las instituciones en mora se destinarán a crear e incrementar un fondo de ayuda extraordinaria para las instituciones.
Artículo 93 bis. La Secretaría de Salud podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados para que, por medio de la Junta de Asistencia Privada, se les proporcione asesoría y asistencia técnica a fin de que se promueva la expedición de leyes estatales que favorezcan la creación y desarrollo de la asistencia privada.
Artículo 145 bis. Las instituciones de asistencia privada tendrán cada una de ellas un símbolo que las identifique como tales. Este símbolo será autorizado por la Junta de Asistencia Privada mediante las disposiciones que al efecto se emita y deberá hacerse en todo documento general por las instituciones.
Las personas que se ostenten y funcionen como instituciones de asistencia privada sin autorización de la Junta de Asistencia Privada o que usaren la simbología a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas con arresto hasta de treinta y seis horas y multa de tres a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicios de su responsabilidad civil.
Articulo 161. Las sociedades nacionales de crédito en donde se constituyan fideicomisos en beneficio de las instituciones de asistencia privada, deberán informar a la Junta de Asistencia Privada la constitución de los fideicomisos de referencia, dentro de los primeros treinta días en que suceda.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se concede un plazo de sesenta días naturales contados a partir de que entren en vigor estas reformas y adiciones, para que las instituciones asistencia privada legalmente establecidas usen y ostenten símbolo que para su identificación se prevén en el artículo 145 bis.
Artículo tercero. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contravengan las presentes reformas y adiciones.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso la Unión.
México D.F., a 20 de octubre de 1986.
Comisión de Seguridad Social
Presidente, Guillermo Altamirano Conde; secretario, Bulmaro Andrés Pacheco Moreno; Fernando Abarca Fernández, Rosalba Buenrostro López, Rodolfo Mario Campos Bravo, Porfirio Cortés Silva, José Delgado Valle, Salvador Esquer Apodaca; José Ramón García Soto, Sebastián Guzmán Cabrera, José Berber Sánchez, Eleazar Camarillo Ochoa, Humberto Cervantes Vega, Blas Chumacero Sánchez, Ezequiel Espinoza Mejía, Cristóbal García Ramírez, Gerardo Tomás Gómez Castillo; José Herrera Arago; Rafael de Jesús Lozano Contreras, Manuel Monreal Zamarripa, Diego Navarro Rodríguez, Manuel Germán Parra Prado, Lauro Rendón Castrejón, Macario Rosas Zaragoza, David Serrano Acosta, Ismael Torres Díaz, Isaías Vazquéz Mendoza, Agustín Villavicencio Altamirano, Manuel Monarres Valenzuela, Heriberto Morales Arroyo, Pedro Ortega Chavira, Luis Pérez Díaz, Serafín Roa Cortés, Antonio Sandoval González, Heriberto Serrano Moreno, Gaspar Valdez Valdez, Patricia Villanueva Abrajam, Jorge Doroteo
Zapata García, Efraín Jesús Calvo Zarco del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Magdalena García Rosas, del Partido Socialista de los Trabajadores; Juan Manuel Lucia Escalera del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Eduardo Turati Alvarez del Partido Acción Nacional; Magdaleno Yañez Hernández del Partido Demócrata Mexicano; María de la Luz Gama Santillán del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Hildebrendo Gaytán Márquez del Partido Popular Socialista; Javier Paz Zarza del Partido Acción Nacional; Gerardo Unzueta Lorenzana del Partido Socialista Unificado de México».
El C. presidente: -En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite: Queda de primera lectura.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Honorable asamblea:
A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la Secretaría de la Vivienda, presentada a la consideración de esta soberanía por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Habiéndose efectuado un análisis minuciosos del contenido de dicha iniciativa, con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60 del reglamento respectivo, se formula el presente dictamen de acuerdo a los considerando y punto resolutivo siguientes
CONSIDERANDO
Primero. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de la Vivienda con atribuciones relacionadas con la planeación, normatividad, programación, coordinación y evaluación de las acciones de construcción de vivienda en el país, resulta innecesaria ya que en la actualidad existe una dependencia del Ejecutivo Federal aunque no con el nombre específico de secretaría de vivienda, con las atribuciones legales mencionadas que coordina sin el riesgo de duplicar esfuerzos, a los diversos organismos involucrados en la solución de este problema.
Segundo. Que la creación de una dependencia con atribuciones para normar las acciones de construcción de viviendas en el país, implicaría de hecho el reconocimiento para que la misma pudiera expedir disposiciones de carácter normativo que regulara esta materia con lo que se violaría el principio de división de poderes, establecido en la Constitución por el ejercicio de una atribución formalmente legislativa, siendo indelegable.
Por otra parte, la expedición de preceptos de observancia general u obligatoria sobre esta materia, en el caso extremo, sólo puede ser competencia del Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad reglamentaria con la salvedad de ser indelegable y de tener que apegarse estrictamente al texto y al espíritu de una ley previamente expedida por el propio Congreso.
Tercero. Que el establecimiento de una secretaría resultaría contraventora de la política actual implementada por el Gobierno Federal, misma que está orientada a una reducción selectiva del gasto, ya que por una parte, se incrementaría el gasto corriente, con la siguiente repercusión en lo de inversión, implicando con ello la cancelación de proyectos y programas prioritarios de las entidades, y por otra, obstaculizaría el programa de simplificación administrativas por los trámites excesivos que se tuvieran que seguir para obtener viviendas.
PUNTO RESOLUTIVO
Unico. En mérito a las consideraciones expuestas, la iniciativa analizada carece de viabilidad por lo que se considera improcedente.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.
México D:F:, 12 de mayo de 1986.
Presidente, Sergio Valls Hernández; Carlos Arturo Acosta González, Rubén Aguilar Jiménez, Héctor Calderón Hermosa, Ricardo Canavati
Tafich, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Homero Díaz Córdova, Gerardo Fernández Casanova, Enrique González Isunza, Eduardo Hernández Mier, Luis López Moctezuma, Héctor Mejía Gutiérrez, Heriberto Noriega Cantú, Homero Pedrero Priego, Guadalupe Ponce Torres, Jarmila Olmedo de Garcilita, secretaria; Hesiquio Aguilar de la Parra, Aureliano Caballero González, Efraín Calvo Zarco, Rolando Castillo Gamboa, Justino Delgado Caloca, Leonardo Durán Juárez, Cristóbal García Ramírez, Jesús Gutiérrez Segoviano, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Joel Lleverino Reyes, Javier Michel Díaz, Margarita Ortega de Romo, Adner Pérez de la Cruz, Leobardo Ramos Martínez, Oscar Rivas Muñoz, Rubén Román Sánchez, José Luis Sánchez González, Manuel Urrutia Castro, Héctor Ximénez González, Gustavo Robles González, José Salinas Navarro, Manuel Terrazas Guerrero y Lulio Valenzuela Herrera.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Luis Díaz Moll, Juan Antonio Araujo Urcelay, Guillermo Fonseca Alvarez, José Gonzalo Badillo Ortiz, Romeo Flores Caballero, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Francisco Berlín Valenzuela, Oswaldo García Criollo, Juan Moisés Calleja García, Jesús González Schmall, Juan José Castillo Mota, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Heberto Castillo Martínez, David Jiménez González, Carlos E. Cantú Rosas, Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, Jorge Masso Masso, Germán Corona del Rosal, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, María Guadalupe Ponce Torres, Jorge Montufar Araujo, Ignacio Ramos Espinoza, Antonio Monsiváis Ramírez, Heriberto Ramos Salas, Melquiades Morales Flores, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alejandro Ontiveros Gómez, Nicolás Reynés Berezaluce, Luis Manuel Orci Gándara, Humberto Salgado Gómez, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Pablo José Pascual Moncayo, Diego Valadés Ríos, Pedro José Peñaloza y Sergio Valls Hernández»
. Trámite: Queda de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 29 de septiembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y Consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 16 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado "B" del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Luis Carbajal Martínez, para prestar servicios como empleado administrativo, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Montaño Espinosa, para prestar servicios como auxiliar de nómina, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Antonia Torres Ortega, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 17 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Luis Díaz Moll, Juan Antonio Araujo Urcelay, Guillermo Fonseca Alvarez, José Gonzalo Badillo Ortíz, Romeo Flores Caballero, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Francisco Berlín Valenzuela, Oswaldo García Criollo, Juan Moisés Calleja García, Jesús González Schmall, Juan José Castillo Mota, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Heberto Castillo Martínez, David Jiménez González, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, Jorge Masso Masso, Germán Corona del Rosal, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, María Guadalupe Ponce Torres, Jorge Montúfar Araujo, Ignacio Ramos Espinoza, Antonio Monsiváis Ramírez, Heriberto Ramos Salas, Melquiades Morales Flores, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alejandro Ontiveros Gómez, Nicolás Reynés Berezaluce, Luis Manuel Orci Gándara, Humberto Salgado Gómez, Fernando Ortiz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Pablo José Pascual Moncayo, Diego Valadés Ríos, Pedro José Peñaloza y Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Queda de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres:
«Comisión de Trabajo y Previsión Social
Honorable asamblea:
A la comisión que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El contenido de dicha iniciativa, a la letra dice:
La naturaleza del registro de los sindicatos, aparte de constituir uno de los puntos oscuros del derecho laboral, ha servido para cubrir que la existencia de los sindicatos depende en última instancia de la decisión gubernamental.
Es cierto que el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo dispone que "satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo", también es cierto que de acuerdo con el dispositivo legal citado, la autoridad carece de una facultad discrecional respecto al registro.
En nuestra ley el concepto de registro es un típico acto administrativo, mediante el cual el Estado otorga a los sindicatos el reconocimiento de que han satisfecho los requisitos de ley. Supone la confirmación de la legalidad de la constitución de los sindicatos. Sin embargo, el acto de registro, con la disposición del artículo 692 de la ley laboral, reviste una importancia capital, pues es registro el que hace nacer al sindicato a la vida jurídica.
En la vigente ley, el artículo 365 señala los requisitos para la obtención del registro de los sindicatos. De su texto se desprende que los sindicatos existen antes de registrarse, pero esta determinación se anula con lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Laboral, pues en un tribunal no se reconoce personalidad alguna al sindicato que no acredite la personalidad de sus dirigentes con la constancia del registro.
Se ha expresado ya que la autoridad está obligada a otorgar al registro de manera que ésta no tiene carácter discrecional. No obstante, la ley, en otro artículo, el 366, autoriza a la autoridad laboral a negar el registro cuando se encuentra la solicitud en las hipótesis que el mismo dispositivo planea.
El imperativo legal de otorgar el registro si se satisfacen los requisitos de ley, en la realidad laboral mexicana ha planteado al gobierno un reto: las autoridades, cercadas por las exigencias de la ley, han tenido que inventar pretextos de muy dudosa legalidad para no registrar. Tales en su tiempo, los casos de Sindicatos Bancarios y del Stunam. En estos casos quedó de manifiesto el desprecio que las autoridades laborales por la ley.
La importancia excesiva que ha adquirido el registro con la colusión de autoridades laborales y autoridades laborales y autoridades de garantías ha dado al gobierno la llave del mundo sindical, como lo ha afirmado algún ilustre tratadista. Casos múltiples ha habido en que no obstante que se satisfacen todos los requisitos que la ley exige para que el registro se conceda, por consigna, la autoridad laboral lo niega.
Esta iniciativa plantea el registro automático en forma absoluta. Creemos que deben seguir vigentes las disposiciones legales acerca de los requisitos que deben ser satisfechos para constituir un sindicato. Sin embargo, en la iniciativa se resuelve el problema de la discrecionalidad con
la que en realidad el régimen resuelve sobre la existencia de los sindicatos. Por ello, planteamos que el registro se haga en forma automática, en el momento en que el sindicato, una vez constituido, comunique su existencia a la autoridad laboral. Este último acto, es el que le da vida jurídica a la asociación sindical sin el obstáculo de que quede al arbitrio de la autoridad su existencia. Sólo así se puede hacer realidad el derecho que a los trabajadores otorga la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución General de la República para constituir sindicatos para la defensa de sus intereses.
Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, nos permitimos poner a su consideración el siguiente:
Proyecto de Reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 365. Los sindicatos, al constituirse, deberán formular por escrito:
I. Acta de la Asamblea Constitutiva.
II. Lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que prestan los servicios.
III. Los estatutos que los rijan.
IV. Acta de la asamblea en que se elija la directiva; una vez constituidos, los sindicatos deberán comunicar su existencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los casos de competencia local, acompañando copia autorizada por duplicado de los documentos que se mencionan en este artículo.
Los documentos serán autorizados por el secretario general, el de organización y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Hecha la comunicación a las autoridades laborales, el sindicato queda registrado.
Artículo 366. Desde el momento en que un sindicato quede registrado, goza de personalidad jurídica.
La comisión ha revisado los términos de la iniciativa transcrita, por lo que con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
DICTAMEN
1. El derecho del trabajo es eminentemente social y tiende a la protección efectiva de los derechos de los trabajadores en el marco de armonía y justicia de las relaciones entre capital y trabajo.
2. Los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, garantizan el derecho de los trabajadores para organizarse en sindicatos.
El sindicalismo mexicano ha sido la fuerza que ha garantizado mayores alcances en materia laboral; ha protegido al trabajador de abusos y le ha permitido organizarse con todas las modalidades que correspondan a sus legítimos intereses.
3. La Ley Federal del Trabajo es muy clara al señalar la libertad de los trabajadores para constituir sindicatos; para redactar sus estatutos; para elegir libremente a sus representantes y determina también los diversos tipos de trabajadores.
4. Los artículos 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363 y 364 de la Ley Federal del Trabajo, constituyen el fundamento de toda organización sindical y dan origen a la capacidad de ejercicio de los derechos de los trabajadores por conducto de su sindicato. Y al mismo tiempo que garantizan la libertad sindical, evitan la formación de aparentes organizaciones de trabajadores, manejados por intereses ajenos a los trabajadores y protegiendo en esta forma los intereses de patrones.
En consecuencia los artículo 365 y 366 que pretenden reformarse evitan esos resultados sin alterar o restringir la independencia o autonomía sindical.
5. Atento al razonamiento anterior los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, se refieren a requisitos de fondo y forma que deben observarse, para excluir la oportunidad de falsos sindicatos, de fracciones al movimiento obrero revolucionario y la libertad sindical, que es un postulado inconmovible de la clase trabajadora.
Por otra parte, es fundamental la intervención de la autoridad del trabajo para comprobar si los sindicatos constituidos han cumplido con los requisitos que la ley señala. Y jamás se ha entendido como interferencia del Estado en la vida interna de los sindicatos tal y como queda establecido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 366 párrafos penúltimo y último.
6. El mismo artículo 692, fracción IV de la multicitada ley, establece el requerimiento del
registro del sindicato para acreditar su personalidad, en beneficio de los trabajadores que lo integran.
7. En consecuencia es improcedente la reforma propuesta a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, ya que supone un "registro automático" que no cumple con los requisitos de forma establecidos para el registro de sindicatos que redundan en favor de los trabajadores que lo integran.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F., a 20 de octubre de 1986.
Blas Chumacero Sánchez, presidente; Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; Eduardo Acosta Villeda, Miguel Alfonso Raya, Consuelo Botello de Flores, Rosalba Buenrostro López, Juan Moisés Calleja, Elezar Camarillo Ochoa, Jaime Castellanos Franco, Humberto Cervantes Vega, Joaquín Contreras Cantú, Emilio Cordero García, Porfirio Cortés Silva, Eleno de Anda López, Leopoldo de Gyves de la Cruz, Alejandro Encinas Rodríguez, Blanca Esponda de Torres, Salvador Esquer Apodaca, Manuel Fernández Flores, Reyes Fuentes García, José Luis Galaviz Cabral, María de la Luz Gama Santillán, Cristobal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Gómez Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Eduardo Hernández Mier, Eduardo Lecanda Lujambio, Guadalupe López Bretón, Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael Lozano Contreras, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monreal Zamarripa, Heriberto Morales Arroyo, Oney Cuevas Santiago, Carlos Palafox Vázquez, Ricardo Pascoe Pierce, Javier Paz Zarza, Javier Pineda Cerino, Rogelio Preciado Cisneros, Antonio Punzo Gaona, Samuel Quiroz de la Vega, Alberto Rábago Camacho, Raúl Ramírez Chávez, Salvador Ramos Bustamante, Leobardo Ramos Martínez, Sergio Roa Fernández, Marcelino Rodríguez Silva, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sainz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solís Avilés, José Nerio Torres Ortiz, Héctor Varela Flores, Isaías Vázquez Mendoza, Juan Carlos Velasco Pérez, Patricia Villanueva Abrajam y Magdaleno Yañez Hernández».
Es de segunda lectura.
El C. presidente: -Está a discusión el dictamen...
Se abre el registro de oradores.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente, ¿no se podría dar lectura a la lista de oradores en contra y en pro?
El C. presidente: -Con mucho gusto diputado. Están anotados en este momento para hablar en contra los diputados Acosta Villeda, Paz Zarza, diputado Encinas, diputado Yáñez, diputado Castro Juan de Dios, diputado Botello y diputado Gascón.
En pro están anotados los siguientes diputados: Alonso Raya, Reyes Fuentes, Fernando Flores, Javier Pineda Serino, Héctor Hugo Varela Flores, Gonzalo Castellot, Joaquín López Martínez, Juan Carlos Velasco Paz, Arturo Ruiz Morales.
Tiene la palabra el C. diputado Eduardo Acosta Villeda.
El C. Eduardo Acosta Villeda: -Con su autorización señor presidente: he pedido el uso de la palabra para inscribirme en contra del dictamen, fundamentalmente en lo asentado en su punto séptimo que dice en consecuencia es improcedente la reforma propuesta a los artículo 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, ya que supone un registro automático que no cumple con los requisitos de forma establecidos para el registro de sindicatos que redundan en favor de los trabajadores que lo integran.
Si analizamos o leemos con bastante detenimiento la iniciativa presentada por el diputado Juan de Dios Castro Lozano, en el artículo 365 de dicha iniciativa se precisan perfectamente los requisitos formales para la constitución y registro del sindicato, ya están establecidos en sus fracciones de la I a la IV, y como lo estableció el proponente, hecha la comunicación a las autoridades laborales, el sindicato quedará registrado.
Esta iniciativa ya no en la práctica le daría al estado la facultad discrecional de otorgar o negar el registro por motivos de carácter político o intersindical como en la práctica ha venido sucediendo. Es decir, cuando se presentan los documentos para el registro del sindicato, las autoridades antes de que se venza el plazo analizando la documentación propuesta ven que por alguna minucia, por algún motivo incluso en ocasiones de carácter mecanográfico, se les pide a los sindicatos que modifiquen o que aclaren en algunos casos estas situaciones, proponiendo automáticamente, renovándose de nueva cuenta los sesenta días y así interminablemente. Es decir, esta situación ha atentado en la práctica contra la libertad sindical, ha atentado en la práctica contra la soberanía de los trabajadores en sus asambleas sindicales.
Por estas razones, nos hemos inscrito en contra del dictamen y votaremos en ese sentido por el Partido Mexicano de los Trabajadores. Gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Raya en pro.
El C. Miguel Alonso Raya: -Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados; el dictamen a discusión referente a una propuesta de reforma a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo hecha por diputados del Partido Acción Nacional, tiende principalmente a fundamentar la automaticidad en el registro de los sindicatos.
Y aparentemente se trata de una propuesta de reformas que beneficia a los trabajadores, pero es en apariencia, porque en el fondo de lo que se trata, a final de cuentas, desde el punto de vista legal, de sentar las bases para la automatización del movimiento obrero para facilitar a los patrones el incremento y la formación de más sindicatos blancos que protejan los intereses patronales que dividan e impidan la unidad de acción del movimiento obrero, frente a una actitud que han venido asumiendo los empresarios y los patrones, sobre todo en todo momento y en todo tiempo, pero sobre todo en las últimas fechas. Si bien es cierto que en la práctica se dan sobre todo, problemas de carácter político para registrar o no a un sindicato; si bien es cierto que tiene que ver la rama y el tipo de sindicatos que haya constituido en esta la actitud a veces de los dirigentes sindicales y el comportamiento de las autoridades, a veces queda sujeto a las presiones de dirigentes sindicales o a las presiones también de los empresarios de esta rama, entendemos que los problemas políticos, compañeros, se resuelven en la medida de los partidos, logramos realmente vincularnos y realmente tener capacidad de organización, de conducción, en el seno de la clase obrera.
Modificar, cambiar, con relación de fuerzas para que los trabajadores puedan tener capacidad real de imponerle condiciones a la autoridad, hacer que se respete la ley y poder vencer las trabas y dificultades que les imponen los patrones, es sobre todo un problema de carácter organizativo, un problema de vinculación o de revinculación de los partidos progresistas con la clase obrera y con el movimiento obrero en su conjunto.
No se resuelve este con simplesas o con formulismos legales tratando de allanar aparentemente el camino mediante un registro automático de los sindicatos. Es un problema político y los problemas políticos los resuelven los trabajadores con su organización. Lograr el registro de sindicatos verdaderamente combativos, que contribuyan a forjar y a fortalecer la unidad del movimiento obrero en torno a un problema avanzado popular, que sienten las bases para la unidad democrática del conjunto del movimiento obrero, que impulse iniciativas que lleven a una mayor participación en la vida política de esos compañeros, entraña todo un problema de táctica y de responsabilidad y madurez de los partidos que nos decimos progresistas, que nos decimos avanzados o que nos decimos de izquierda. Y entraña sobre todo una revisión a fondo de nuestras tácticas para poder vincularnos con madurez y responsabilidad y poder fundir las ideas liberadoras al final de cuentas con la clase obrera y el movimiento obrero en su conjunto.
Mientras esto no suceda, estaremos cayendo permanentemente en la tentación de irnos tras aparentes reformas progresivas y al final de cuentas, vienen en las actuales condiciones a beneficiar fundamentalmente a quienes pretenden y han pretendido en todo momento mantener dividido, automatizado y a su servicio a los trabajadores y principalmente a la clase obrera, me refiero a los patrones. Ellos son más interesados en dividir, en cercenar, en confundir y en acrecentar el conjunto de sindicatos blancos que les hagan favor de poder proteger sus intereses y evitar que penetren y que surjan sindicatos verdaderamente combativos, que luchen en la perspectiva que hoy se le presenta al movimiento obrero como reto, forjar su unidad, construir su propia organización, construir al final de cuentas en este país su propio partido de clase, que les permita cuestionarse ideológica y políticamente para poder enfrentar con éxito sus luchas, sus batallas y poder vencer al enemigo.
Por ello, nuestro partido, el Partido Socialista de los Trabajadores apoya a los términos del dictamen y votará a favor de éste por considerar que las reformas planteadas por Acción Nacional van fundamentalmente a defender los intereses de los patrones y a dividir e intentar automatizar más al movimiento obrero en caso de que se aceptara. Muchas gracias compañeros.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Javier Paz Zarza.
El C. Javier Paz Zarza: -Señor presidente; señoras y señores diputados; la iniciativa que esta a discusión en de suma importancia, y hoy día tiene tal importancia, sobre todo en este sexenio, donde las autoridades han pretendido cercar a cualquier movimiento independiente dentro de los trabajadores. En estos días en que ha alcanzado el desempleo niveles nunca vistos, que hoy ya alcanzan 6 millones de mexicanos, donde el nivel de vida a ido en constante descenso en prejucio de los grupos más marginados del país, pero la respuesta que da la minoría que controla la
Comisión de Trabajo es muy elocuente, demuestra la brecha indudable que hay entre los llamados dirigentes del movimiento obrero y los trabajadores, confirma el terror que tienen los líderes sindicales que han hecho de esos puestos un botín para alcanzar diputaciones, senadurías y hoy día pelean más con gubernaturas, demuestran en suma, el pavor que se tiene a que los auténticos trabajadores determinen el nivel y la lucha que deben tener los sindicatos.
El monopolio y el control que de aquellas asambleas, el llamado "grupo de lobitos" han tratado de controlar a los trabajadores, saben ellos que al lograr la libre afiliación y la posibilidad del registro automático, automáticamente van a perder a su vez, todo posibilidad de seguir presionando y obtener canongías por parte del poder político.
El monopolio y el control que hoy día presumen los líderes sindicales se está desvaneciendo, ellos saben y las autoridades laborales lo conocen, que si ellos no inventan pretextos para no reconocer el registro a los trabajadores, los trabajadores podrán unificarse y exigir niveles de suficiencia para ellos y sus familias.
Lo cierto es que tanto los registros, como las cláusulas de exclusión, como todos los elementos que tiene el sistema para controlar a los trabajadores, pronto van a ser desbordados.
Hoy día la venta de registros para controlar a los trabajadores, y ahí está el caso elocuente del estado de México, con la Confederación de los Trabajadores y Campesinos, ha sido arma instrumento para ellos. Pero el resultado es muy claro, a pesar de que el gobierno, a pesar de que los líderes sindicales, controlando a las autoridades, han negado varios registros, los trabajadores salen imponiéndose y hoy día para registrarse, las autoridades inventan una multitud de pretextos con el fin de negar a los trabajadores la posibilidad de determinar su vida interna.
El argumento que utiliza la Comisión de Trabajo, es risible realmente. Dicen ellos, que se pretende pulverizar al movimiento obrero; únicamente lo que se pretende es que los trabajadores sean los que determinen su vida sindical interna, que no sea una autoridad administrativa la que determine si tienen personalidad jurídica o no.
Dicen ellos que lo que se pretende es quitar la oportunidad de que siga el movimiento obrero adelante. Tal vez lo cierto es que lo que busca, es que los trabajadores sean los que determinen quiénes sus líderes, cómo se debe manejar y administrar los sindicatos; cómo se deben y cuándo se deben entregar cuentas claras y cuotas sindicales; han servido para que unos cuantos se enriquezcan. Esta es la realidad del proyecto de la iniciativa.
Seguramente van a venir aquí a plantear eso y otros argumentos, lo cierto es que Acción Nacional lo que está buscando, es la llamada democracia sindical, para que la democracia sindical sea una realidad en los mismos; se está buscando que no haya cortapisas de carácter legal, a la vida institucional que deben tener los trabajadores.
Yo estoy cierto que independientemente de la decisión que tome aquí la mayoría, los trabajadores están avanzando, están rescatando los sindicatos para su beneficio, está creciendo la marea, no para que los líderes hagan bravatas al gobierno exigiendo 100% de aumento, y después dócilmente le besen los pies al Ejecutivo con un miserable 20% de incremento; no para que sirva como presión, como hacen actualmente los líderes, para que logren mayores canonjías; tenemos que buscar un cambio real, tenemos que buscar un cambio real en la legislación, y el primer paso es lograr que los sindicatos tengan autonomía, que los trabajadores elijan a sus líderes y que las autoridades no pongan cortapisas a esa posibilidad de que el sindicato sea el instrumento real de lucha en favor de los trabajadores. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Reyes Fuentes García.
El C. Reyes Fuentes García: -Con su permiso señor presidente: el que habla, firmó en favor del dictamen como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En la decisión tomada, evidentemente están presentes cuestiones profundas relacionadas con el momento que vive el país, con los peligros que afronta el país y también problemas relacionados íntimamente con la bandera que en mi concepto debe levantarse siempre, eternamente, siempre lo mismo en un sistema económico social capitalista que en un sistema económico socialista, la bandera que debe levantarse siempre es la unidad del movimiento obrero.
Sin la unidad del movimiento obrero, no sería posible concebir la organización de un frente nacional antimonopolista, antiimperialista en estos momentos en que el país es asediado; sin la bandera, sin la realidad de un movimiento obrero unificado en nuestro país, imposible hacer frente a fuerzas reaccionarias del interior, a fuerzas intervencionistas del exterior. Sería una utopía pensar que si esta unidad del movimiento obrero, podría aglutinarse a todo el pueblo de México, a todas las fuerzas democráticas y patrióticas del país, en la lucha por un objetivo estratégico
fundamental, actual, vigente y que debe levantarse y que es objetivo de todas las fuerzas democráticas de nuestro país. El objetivo de la lucha por la defensa de la independencia y la soberanía nacional.
En la lucha por el mantenimiento de la paz; por el logro del desarme; por el logro de la proscripción, por la prohibición de las armas nucleares. Es básico pues, es básica la unidad de movimiento obrero en nuestro país. Y las reformas que aquí se plantearon y a las cuales se refiere el dictamen hoy presentado, en este momento histórico, creo firmemente que afectarían la unidad del movimiento obrero organizado y que harían un serio daño de prosperar, un serio daño a la lucha por la independencia nacional y por la soberanía; por la paz y la democracia que México sostiene en la arena internacional de política exterior y que también enarbola en política interior.
Por eso, si queremos luchar por la unidad del movimiento obrero, si queremos luchar por influenciar al movimiento obrero, por lograr tener fuerzas partidarias dentro del movimiento obrero, hagámoslo, hagámoslo dentro del movimiento obrero; hagámoslo dentro de los sindicatos, por un camino en que se plantee realmente una lucha fraternal, una lucha unificada, una lucha democrática por los altos ideales de independencia nacional, de soberanía nacional y en defensa de la paz y la democracia en el mundo.
Por eso, porque tengo puntos de vista fundamentales sobre la unidad del movimiento obrero y porque siempre recuerdo incluso, lo que le pasó al movimiento obrero alemán cuando fuerzas democráticas de izquierda plantearon antes -cuando el advenimiento del fascismo-, plantearon la división del movimiento obrero y se dividió profundamente el movimiento obrero y después todos los líderes social demócratas; todos los líderes comunistas; todos los líderes que eran democráticos en aquella época, cayeron a la cárcel y fueron exterminados.
Por eso, defender la unidad del movimiento obrero en cada paso, en cada acción y en esta iniciativa está presente, es un objetivo fundamental por eso el Partido Auténtico de la revolución Mexicana vota a favor del dictamen.
El C. presidente: -Tiene la palabra el C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez: -Compañeras y compañeros diputados: nosotros nos hemos inscrito en contra del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por un grupo de apreciaciones que más adelante voy a señalar, partiendo de una idea central, de que el registro de sindicatos y formación de sindicatos es una expresión de la voluntad auténtica de los trabajadores y no debe estar restringida a medidas de orden administrativo.
Si bien en la Constitución General de la República se establece el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y aunque en la propia Ley Federal del Trabajo se señalan los casos en que se puede negar el registro en la práctica existen restricciones a los derechos de los trabajadores un contra de lo dispuesto en la propia Constitución, ya que el registro de sindicatos, el cual debiera tener efectos estrictamente de orden administrativo, se ha constituido un mecanismo de control que ejerce el Estado sobre las organizaciones de los trabajadores, condicionando el registro a los criterios políticos de las autoridades laborales en turno.
Nosotros, el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, consideramos que es falso lo señalado en el dictamen en el punto número cuatro, en cuanto que una de las funciones del registro, es la de evitar la formación de aparentes organizaciones de los trabajadores, manejados por intereses ajenos a los mismos y que con esto se excluye la existencia de falsos sindicatos. Pues desde nuestro punto de vista, sucede justamente lo contrario, ya que gracias al procedimiento existente, prevalecen líderes coludidos con los patrones, quienes hacen uso del registro contra los propios derechos de los trabajadores; al mismo tiempo, la existencia de organizaciones auténticas de los trabajadores se ve truncada por la forma en que se ve manejado el registro y se niega reiteradamente el registro a organizaciones sindicales, con medidas de orden administrativo; en ese sentido en esta propia Cámara hemos conocido de infinidad de organizaciones a las que se les ha negado el registro por cuestiones de orden burocrático, es el caso del Sindicato de Artistas Independientes, el Sindicato Nacional de Obreros Agrícolas, muchas de las organizaciones locales del Sindicato Nacional de Costureras "19 de septiembre", el Sindicato de Obreros en San Quintín, en Baja California, y así podríamos enumerar gran cantidad de organizaciones sindicales.
Por otro lado, en base a esta argumentación consideramos, contrariamente a lo señalado en el dictamen, que la facultad de dejar el registro sindical en manos de las autoridades, es un mecanismo que interfiere en la vida interna de los sindicatos, ya que su existencia -como hemos señalado-, debe ser decisión exclusiva de sus miembros. En ese sentido consideramos que el registro ha sido un factor que pulveriza efectivamente al movimiento obrero, pues quien tiene e
l
registro, no requiere del apoyo de los trabajadores. La unidad del movimiento obrero debe sustentarse en la voluntad de unirse las organizaciones sindicales, y de ninguna forma a una imposición de fuera.
Nosotros queremos señalar, en cuanto a la incitativa presentada por el Partido Acción Nacional, que nosotros tenemos diferencias en cuanto al planteamiento del mecanismo de registro planteado por este partido, pero mantenemos también nuestras diferencias con el dictamen emitido por la Comisión del Trabajo, y creemos que es preciso que se analice y se discuta más a fondo el problema de la organización y del registro de los sindicatos.
Durante la LI Legislatura, en el tercer período de sesiones, el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, presentó una iniciativa de modificaciones al artículo 123 constitucional en que, dentro de otros elementos teníamos un planteamiento concreto en torno a la formación de organización de los sindicatos que voy a leer textualmente.
Dice: "Los sindicatos de trabajadores adquieren desde el momento de constituirse, plena personalidad jurídica y capacidad para reclamar, suscribir y administrar el contrato colectivo de trabajo, y emprender toda acción de defensa de los intereses individuales y colectivos de sus agremiados.
La personalidad y capacidad jurídica de los sindicatos nunca podrá ser afectada por soluciones de la autoridad administrativa".
Lamentablemente esta iniciativa se ha mantenido en la congeladora, por lo cual solicitamos al presidente de esta Cámara, exhorte a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación y Puntos Constitucionales, a que dictaminen esta iniciativa de ley de modificaciones al artículo 123 constitucional, presentada por el Partido Socialista Unificado de México en el tercer período de sesiones de la LI Legislatura; en el sentido de esta argumentación, nosotros votaremos en contra del dictamen.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Gonzalo Castellot Madrazo.
El C. Gonzalo Castellot Madrazo: -Compañeros diputados. Una vez más se hace patente el empeño de los sectores empresariales de derecha, de intervenir en la vida de los organismos sindicales del país, para que esquiroles introducidos entre los trabajadores de las empresas, logren desmembrar los sindicatos ya registrados en términos de ley, para acomodar sindicatos blancos. Y la pretensión de un registro automático, impediría un control de las autoridades laborales, que es sano y garantice el que los sindicatos estén debida y legalmente constituidos.
Las condiciones establecidas en los artículos 365 y 366 vigentes en la actualidad, responden a la necesidad de acreditar la verdadera creación de un sindicato, sobre todo cuando se trata de organizaciones de carácter industrial o nacionales de industria, que por la participación de elementos que laboran en esas fuentes de trabajo situadas en una plaza o distribuidas en todo el territorio nacional, requieren de un padrón certificado de los miembros que las constituyen y de un acta de asamblea que debe ser ratificada por un inspector federal del trabajo que autentifique la directiva que ha sido elegida por los agremiados a la nueva organización.
Por otra parte, sólo en los casos específicos señalados por el artículo 366 es posible negar dicho registro, por no haberse llenado los requisitos mínimos establecidos en la ley, toda vez que ninguna de las autoridades correspondientes podrán negarlo, según reza la propia ley, y a mayor abundamiento, se fija la autoridad en término perentorio dentro del cual debe dictar resolución, y en caso de no hacerlo se tendrá por hecho el registro.
En tales condiciones, no es de considerarse procedente lo planteado por el Partido Acción Nacional, dado que no existe indefensión para el registro de nuevos sindicatos, sino que la Ley Federal del Trabajo sólo establece unos requisitos indispensables para garantizar que los nuevos organismos sindicales demuestren que son auténticas asociaciones de trabajadores que se han reunido para la defensa de sus intereses.
El hecho de que la ley defina que ese registro produce efectos ante todas las autoridades, avala la intervención de la Secretaría del Trabajo que es quien otorga plena validez a esa personalidad, que también es reconocida como plena acreditación de la calidad de representantes del sindicato que acude al juicio.
El Estado mexicano a través de la Secretaría de Trabajo, no se le puede considerar como un simple espectador que haya de aceptar la constitución de cualquier organismo laboral, sin exigir que éste cumpla con los requisitos más elementales para que responda a los subjetivos de defensa de sus afiliados, sobre todo cuando al reconocer la personalidad del mismo tiene que tener la certeza de que está debidamente integrado.
Es el registro de la escritura constitutiva de una sociedad, lo que le otorga la posibilidad de
acreditar su personalidad jurídica a posteriori, y nadie discute la necesidad de decisión de una sociedad mercantil o civil, como una garantía social. En iguales condiciones el registro de un sindicato que llenó los requerimientos que la ley fija, autentifica la legal constitución del mismo.
Insistimos, existe ya el registro automático para todos los efectos legales, y según reza el ordenamiento jurídico que tanto preocupa al partido de derecha, cuando las autoridades competentes no dan respuesta oportuna y dentro de los términos legales a la solicitud de registro y sólo en cuestión de exigir oportunamente que se aplique la ley.
A mayor abundamiento, el pretendido registro automático sin ninguna taxativa, daría ocasión a muchos vivos, de registrar sindicatos piratas o de portafolio, que mientras se demuestra su derecho a una existencia legal, crearían un verdadero caos. A manera de ejemplo de los extremos que pueden influir esta falta de control, comentamos que ya se conocen antecedentes nefastos sobre el elevado número de emplazamientos a huelga provocados por organizaciones espurias, que con pretexto de demandas por detentación de contratos, emplazaban a las empresas llegando hasta estallar huelgas que más tarde eran declaradas inexistentes tras el recuento con las autoridades laborales en la atención a que no iban respaldadas por la mayoría de los trabajadores que exige la ley, pero que provocaba los consiguientes daños económicos a las empresas, hasta que se reformó la propia ley Federal del Trabajo, estipulando en su artículo 923 que no se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga, cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente.
Si fue necesario detener la actividad ilegal y con fines de lucro aviesos de parte de supuestos sindicatos aparentemente registrados, calcúlese el daño que organismos sindicales sin sustentación alguna, causarían en los procesos de justicia laboral.
El peligro de la presencia de sindicatos de empresas espurios, patrocinados por los propios empleados o por vívales que organicen sindicatos fraudulentos, en el caso de un registro automático que no realizara un acusioso examen de la autenticidad de esas organizaciones sindicales, nos lleva a solicitar de esta Cámara de Diputados, se apruebe el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, negando la razón a la iniciativa de reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo que en nuestra opinión, apoyada por el sector obrero de esta Cámara, cumplen con su cometido en su actual redacción. Muchas Gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Magdaleno Yáñez Hernández.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: -Señor presidente, señoras y señores diputados: Sigue la misma lucha desde el inicio de la existencia de la humanidad. Los que se enfrentan a los explotados y los explotados que se enfrentan a los que los explotan.
El trabajador continúa enfrentándose hoy en día, a los abogados del patrón, al dinero del patrón y en gran parte al Gobierno del Estado.
Los sindicatos como las demás organizaciones surgen de la sociedad, no con creaciones del Gobierno, sino que surgen de la sociedad misma por la lucha. Históricamente los sindicatos surgieron antes que se reconociera su existencia legal, no son partidos por el Gobierno ni nacen como palas de atenea del cerebro de Júpiter, ni son la creación de un alfarero del Estado.
En el régimen porfirista se negaba y se castigaba su existencia, la discrecionalidad que hoy existe es equivalente a la voluntad que impulsó la represión de Río blanco, pues el nuevo porfiriato puede decir que sí o no; por lo tanto debe de haber un régimen jurídico que reconozca en la existencia de esas realidades sociales y no como en la práctica actual en la que se determina con el dedo de la Secretaría del Trabajo o de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se otorga o no el registro.
La libertad sindical es una conquista más bella del movimiento obrero, desde sus primeras luchas los trabajadores proclamaron como aspiración inmediata la creación dentro del sistema capitalista en que vivían de una forma de la democracia origen, de la democracia social, la igualaría las fuerzas del trabajo y del capital en la fijación de condiciones de prestación de los servicios que respondieron a los principios de la justicia social.
Las Leyes y gobiernos represivos originaron que una lucha donde la sindicalización fue su principal objetivo, conseguir el derecho justo. La conquista de la libertad sindical, fue reconocimiento de un derecho social y no de una concesión del Estado que también, en sus momentos dio origen al reconocimiento por las leyes ordinarias y el reconocimiento constitucional, proclamado por primera vez en la declaración de los derechos sociales de 1917
. Por lo que se puede decir que el reconocimiento de la libertad sindical, fue un acto de soberanía del
pueblo intocable para el Estado. Si bien es cierto que en la Constitución de 1917 y que los que en ella participaron para introducir en ella derechos sociales de los trabajadores, fue más abierto, fue más amplio cada día se puede decir que se ha ido reduciendo.
Encontramos que en la Ley Federal del Trabajo de 1931, hubo libertad sindical donde los trabajadores, los miembros de los sindicatos, eran independientes y voluntariamente podían participar en los partidos políticos sin estar controlados por alguno en especial.
Pero vamos al origen de esta discusión. Se plantea el registro automático de los sindicatos. ¿Por qué? Porque en la práctica, aunque hay algunos que se dicen defensores los trabajadores, encontramos que no los defienden. En ese aspecto los trabajadores cuando van a registrar un sindicato tienen que enfrentarse, si no están cobijados por una central oficial, a las autoridades laborales.
Pero creo que esta discusión también debería reconocer que en el convenio 1987 de la Organización Internacional del Trabajo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de septiembre de 1950, al reconocerse este tratado en sus artículos 2o. y 3o. señalaba lo siguiente:
"Los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que se estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organizaciones, con su condición de observar los estatutos de las mismas".
Eso señalaba el artículo 2o., o señala -perdón- del Tratado Internacional 1987 de la Organización Internacional del Trabajo.
En su artículo 3o. señala:
"Las organizaciones de los trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho, a entorpecer su ejercicio legal."
En la práctica encontramos pues que esto no se lleva a cabo, puesto que si bien el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo señala los motivos para negar el registro de un sindicato, pues encontramos que las autoridades que en muchas ocasiones parecen más defensoras de los patrones que de los trabajadores, no otorguen los registros aunque se llenen todos los requisitos.
Así tenemos que el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo señala:
"El registro podrá negarse únicamente: Primero, si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; segundo, si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 384 y tercero, si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior".
"Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud del registro no resuelve dentro del término de 60 días, los solicitantes podrán requerirlas para que dicte resolución. Y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los tres días siguientes a expedir la constancia respectiva. Si esto se aplicara realmente, pues creo que estaría bien. Pero nos encontramos en la realidad que en ocasiones al presidente o al secretario de la junta, pues se le ocurrió decir que faltaba una coma, que faltaba una palabra, que el nombre del patrón no está exactamente escrito y una serie de argumentos y así pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco años o más, para que se otorgue un registro o para negarlo.
Aquí encontramos entonces que las autoridades del trabajo dan oportunidad para que los patrones despidan a los trabajadores. Y encontramos que en algunas juntas cuando se trata de algún despedido de un trabajador, acuerdan inmediatamente y le comunican al trabajador pues que el patrón lo ha despedido. Pero cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores, entonces encontramos que pasa mucho tiempo y a veces ni siquiera notifican las juntas de conciliación y arbitraje.
Creo que de acuerdo con el tratado 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sí procede a que se otorgue el registro automático y ya posteriormente podrán hacer algunas investigaciones si existe o no existe la gente que integra el sindicato, porque se argumenta que en ocasiones se van a crear organizaciones fantasmas. Sin embargo, en muchas ocasiones encontramos a ciertos dirigentes que pasan a cobrar las cuotas sindicales a los patrones y los trabajadores ni siquiera se dan cuenta de que pertenecen a un sindicato. Entonces ésta es una contradicción muy importante que existe dentro del ámbito laboral, con relación a los trabajadores que siempre han sido la parte más débil y que siempre se han enfrentado al dinero del patrón y al poder del Estado. No se podría decir que generalmente, pero en muchas ocasiones esto sucede.
Es importante citar lo que opina el ilustre doctor Mario de la Cueva, en el aspecto al sindicalismo ya que es un prestigiado perito en esta materia no solamente en la República Mexicana, sino reconocido por diferentes países del mundo.
El doctor Mario de la Cueva señala, refiriéndose a la Ley Federal del Trabajo de 1931 los siguiente: "La comisión se dio cuenta de que las normas de trabajo y de la libertad de los hombres abrieron no obstante, las puertas a la intervención cada vez mayor del Estado en la formación y en la vida de los sindicatos o facilitaron aún más un grupo reducido de líderes obreros, que cuentan con el apoyo del Gobierno, la destrucción de la democracia sindical y el establecimiento de una dictadura. Hubiera deseado la comisión por lo menos, alguno o algunos de sus miembros, ejemplo del registro de los sindicatos, pero comprendió se estrellaría ante el Gobierno, porque la libertad y la democracia sindical habrían constituido un episodio tal vez, el primero y definitivo, de la revolución que espera un pueblo explotado dejar en libertad a los sindicatos para separarse del Partido Revolucionario Institucional. Habría significado que perdiera el Gobierno, el control ficticio que ejerce sobre los trabajadores para los líderes sindicales miembros muchos de ellos de las Cámaras del Poder Legislativo, produciría el fin de su vida política y finalmente esa auténtica democracia traería consigo la muerte de la familia en el poder que ha usufructuado por un número de años mayor del que duró la dictadura porfiriana.
Ese es el pensamiento de una tratadista en derecho laboral, el doctor Mario de la Cueva cuando dio su opinión en las reformas de la Ley Federal del Trabajo de 1970, relacionándola con la de 1931.
Por lo tanto, si es importante que el riesgo sea automático, aquí algunos diputados alegan que ha presentado un partido que defiende a los patrones, yo creo que en muchas ocasiones, no es cierto y los que lo defienden en gran parte, pues son las autoridades del trabajo y algunas ocasiones algunos líderes sindicales y que en un momento dado, alegan de que se perjudicaría la unidad sindical. Yo creo que no, este argumento no es válido hablar de la unidad sindical, en perjuicio de los trabajadores que en un momento dado, no son cobijados con las del partido en el poder. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Varela.
El C. Héctor Hugo Varela: - Con autorización señor presidente; compañeras y compañeros diputados: acudo a esta asamblea en apoyo del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en contra de la propuesta de reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo presentada a esta Cámara por el grupo parlamentario de Acción Nacional con base a las siguientes consideraciones:
Primera. Como se afirma en el dictamen, los artículos 356,357,358,360,362 y 364 de la Ley Federal del Trabajo constituyen el fundamento en toda organización sindical, y dan origen a la capacidad de ejercicio de los derechos de los trabajadores, y por conducto del sindicato al mismo tiempo garantizan la libertad sindical y evitan la formación de aparentes organizaciones de trabajadores manejadas por intereses ajenos a los mismos, y protegiendo en esta forma a los patrones.
En efecto, las disposiciones señaladas son fundamentos indispensables que establece la ley para reconocer la libertad de coalición de los trabajadores a través de sindicatos en sus diferentes características: señalan y garantizan el libre ejercicio de la asociación sindical en México, y evitan la intromisión de patrones en las organizaciones obreras, y garantizan la independencia de estos.
Segunda. La propuesta en su exposición de motivos señala: la autoridad está obligada a dar el registro de manera que ésta no tiene carácter discrecional, o sea, el grupo parlamentario de Acción Nacional, acepta que no existe la posibilidad legal de que las autoridades laborales en México puedan discutir si se da o no un registro a un sindicato, una vez que ésta haya cumplido con los requisitos que señala la ley.
No obstante, señala también, que el artículo 366, autoriza a la autoridad a negar el registro y lo anterior es exacto. Aunque es conveniente aclarar que las causas únicas por las cuales se podrá negar el registro son:
1o. Que el sindicato no este constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de los trabajadores;
2o. Que sean menos de 20 trabajadores en servicio activo quienes los soliciten;
3o. Que no anexen la documentación necesaria para hacer el registro como lo es: la copia del acta de la asamblea constitutiva. Que no anexen padrones de socios; que no anexen estatutos;
4o. Que no anexen copias del acta donde se eligió la mesa directiva del sindicato.
Como se puede ver, estos causales son por las cuales se puede negar el registro, y son las mínimas indispensables para garantizar a los trabajadores
que el registro del sindicato no va a ser cuestionado por los patrones de que si cumplió o no los requisitos señalados por la ley.
Además, el dispositivo que se comenta no implica otorgar facultades discrecionales a la autoridad. El mismo señala una regla general obligatoria y casos estrictos de excepción para negarlo. En caso contrario, establece la obligación de que una vez satisfechos los requisitos para el registro, los sindicatos, ninguna autoridad podrá negarlos.
Es falsa la afirmación que se hace en la iniciativa, en el sentido de que el artículo 692 anula el texto del artículo 365, en donde Acción Nacional afirma que del mismo artículo se desprende que los sindicatos existen antes de registrarse.
Pero cabe hacer las siguientes aclaraciones: Primera, el artículo 692 de la Ley Laboral, corresponde al capítulo segundo del título 14 en donde se reglamenta el derecho procesal del trabajo, y en su capítulo segundo de la capacidad y personalidad de las partes en el juicio.
Como se puede apreciar el artículo 692 nada tiene que ver con el registro de sindicatos.
Segundo, la iniciativa no propone la derogación o modificaciones de este artículo.
Tercero, presuponiendo que fuera aceptada la reforma se presentarían las siguientes hipótesis: ¿Cómo acreditar la personalidad en el juicio de los sindicatos? Y al responder ese cuestionamiento tendríamos que concluir, y esto solamente puede hacerse a través de la certificación del registro de la directiva de sindicatos expedida por la Secretaría del Trabajo o las juntas locales de conciliación.
Con lo que cabe, por su propio peso, el argumento de Acción Nacional que el artículo 692 anula lo dispuesto por el artículo 365 al tener que acreditar la personalidad de la directiva de sindicatos en un juicio, aun en el supuesto que se aprobara la reforma propuesta, dado que la vida normal de un sindicato hay cambios de directivas y habrán que comunicarse a las autoridades competentes.
Cuarto, la propuesta de modificación del artículo 365, abre la puerta para la formación de sindicatos sin los requisitos señalados por su artículo 356, 362,363,364 y 371, que habla que los sindicatos deberán estar formados por trabajadores mayores de 14 años, que no deberán admitir a personal de confianza como gerentes o jefes de personal y que deberán ser más de 20 trabajadores en activo, y que en los estatutos deberá de tener una denominación que los distinga de los demás.
El objeto del sindicato y la forma de convocar asambleas, los derechos y obligaciones de los empleados, etcétera, etcétera. Con la reforma propuesta bastaría únicamente con la presentación por escrito de la comunicación, anexando los documentos, si quiere, que señale la propuesta, ya que la misma no prevé el supuesto de que no los presente o que los presentados no cubran los requisitos mínimos señalados por la ley, pero si en cambio se otorgaría en forma automática el registro a un sindicato con su sola comunicación.
Por estas razones, solicitamos a esta asamblea la aprobación de los dictámenes propuestos por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y además porque resultaría contrarrevolucionario el no aprobar el dictamen ya que el momento se nos presenta para la unidad de la clase trabajadora en beneficio de México. Gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Señor presidente; señoras y señores diputados: yo no sé si el señor presidente de la Comisión de Trabajo, el señor diputado Blas Chumacero y los señores diputados de la Confederación de Trabajadores de México y el coordinador de la mayoría relativa que apoya el dictamen de la comisión, estuvieron pendientes de la intervención del señor diputado Echeverría Castellot, y si suscribirían una afirmación tajante que hizo en su intervención. Leo textualmente lo que el señor diputado Echeverría dijo: "Se requiere, se refiere a los sindicatos un control de las autoridades laborales que es sano".
Repito, no se si el señor diputado Blas Chumacero está de acuerdo con esta afirmación.
Y yo no sé si el diputado Echeverría Castellot que aquí vino a afirmar y que es dirigente sindical, está de acuerdo que las autoridades laborales tengan un control de los organismos sindicales, por que dijo, se requiere un control de la autoridad laboral que es sano.
Yo no esperaba que hicieran una afirmación tan escandalosa para el movimiento obrero nacional y yo no esperaba que fortalecieran su intervención con una afirmación tan escandalosa para los derechos de los trabajadores mexicanos.
Yo creo que el señor diputado Echeverría Castellot, no creo que haya estado de acuerdo con Francis Clay, cuando en Inglaterra estaba prohibido a los trabajadores el sindicarse, cuando el derecho de los trabajadores para formar sindicatos y agrupaciones para la defensa de sus intereses estaba considerado por la ley penal como delito y fue Francis Clay en 1924 en el parlamento
inglés cuando logró el antecedente de la libertad sindical que se reconociera por la legislación el derecho de los trabajadores a sindicarse...
El C. Gonzalo Castellot Madrazo: -Señor diputado me permite una interpelación
. El C. Juan de Dios Castro Lozano: -si el señor presidente la aprueba ya sabe que yo no tengo ningún inconveniente.
El C. presidente: -Concedida señor diputado.
El C. Gonzalo Castellot Madrazo: -Una simple pregunta, a quién se refiere usted como Echeverría Castellot.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Perdóneme si me equivoqué en su apellido, me refería a usted señor diputado.
El C. Gonzalo Castellot Madrazo: -Ese fue gobernador de Campeche.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Pero sí hizo esa afirmación señor diputado, la cita es correcta señor diputado, sí hizo la cita de que es sano para los trabajadores un control de la autoridad laboral que es sano, fueron sus palabras.
El C. Gonzalo Castellot Madrazo: -Señor diputado, yo me referí a un control administrativo.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Usted no distinguió señor, tengo aquí el texto y usted dijo, control para las autoridades laborales, pero lo podemos cotejar con la transcripción taquigráfica, si usted gusta.
Si ahora dice control administrativo, perfecto, vamos a abordar sobre esta argumentación de que se requiere el control administrativo sano de las autoridades laborales para las organizaciones sindicales.
Ciertamente, señoras y señores diputados, ha habido, en el movimiento sindical, dos corrientes: la primera, que no precisa para la existencia y funcionamiento del sindicato, la intervención del Estado, ni siquiera el control administrativo a que se refería el diputado que hasta hace unos momentos hizo la aclaración.
Esa es la corriente que se llevó a cabo en Inglaterra y que se desarrollo a través de la historia en Italia. No necesitamos la intervención del Estado; los sindicatos mientras no sean delictuoso el derecho a asociarse, los sindicatos pueden, sin el reconocimiento del Estado, sin personalidad jurídica, sin reconocimiento legal, luchar por los derechos y los intereses de la clase trabajadora.
Hubo una pequeña variación en el sistema francés, cuando en 1884, de determinó el Estado reconocerá y la sociedad organizada reconocerá personalidad jurídica al sindicato pero a cambio de ese reconocimiento de personalidad jurídica, se le impone al sindicato la obligación de depositar en la autoridad administrativa, los estatutos que lo rigen.
No difería mucho el sistema francés, del inglés y el italiano. El sistema francés, exigía el depósito de los estatutos para que a cambio de ello se le reconociera personalidad jurídica al sindicato. Pero era con un efecto meramente publicitario, para que la sociedad tuviera conocimiento del número de sindicatos que se habían constituido, los estatutos que lo regían y cuáles eran los nombres de sus dirigentes, la forma como estaban organizados y la forma como estaban estructurados, eso en derecho comparado; ya un diputado del Partido Demócrata Mexicano citó algo que a la comisión se le olvidó y que forma parte de nuestro orden jurídico. En material laboral nuestro orden jurídico no está constituido nada más por el artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el estatuto, no esta constituido por las legislaciones especiales para los trabajadores al servicio del Estado y los trabajadores que están comprendidos en el apartado B.
Volvemos a entrar al problema del derecho internacional; el convenio número 87 que México celebró con la Organización Internacional del Trabajo, forma parte de nuestro orden jurídico interno, porque si bien es cierto que se celebró en 1948, México lo aceptó en 1950 y conforme al artículo 133 de la Constitución, ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo forma parte del derecho y el orden jurídico laboral mexicano. Y ¿qué nos dice ese convenio? Ya nos lo señalo el diputado del Partido Demócrata Mexicano, "los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa, tiene derecho de consumir las organizaciones que estimen convenientes así como de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Y el estado no puede ni directa ni indirectamente, impedir el ejercicio o la actividad de esas organizaciones sindicales.
En la ley de 1931, se decía que el sindicato nacía hasta que quedaba registrado. El registro era un requisito de existencia de la organización sindical.
Esa ley de 1931 en la ley de 1970, y conste, la ley de 1970 ya mejoró las condiciones de la clase trabajadora, ya en nuestra ley vigente que es la de 1970, el sindicato existe antes del registro. Nada más señala la ley: debe registrarse, o dice que existe hasta que se registre. Y en ese sentido constituye un avance.
Mario de la Cueva cuando citaba los trabajos en la Cámara de Diputados, y los trabajos previos antes de que se enviara la iniciativa al Congreso, mencionaba que había en la comisión encargada de redactar la iniciativa, una tendencia a ajustar la ley a los dispuesto por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero dice Mario de la Cueva, y claro, claro que se explica la razón, los representantes de los trabajadores -y don Blas Chumacero tiene mucha experiencia, ha estado muchos años en el movimiento sindical mexicano- los representantes de los trabajadores no mostraron ningún interés en que por lo que se refiere al registro, la legislación mexicana se adecuara al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y comenta Mario de la Cueva, y por supuesto la comisión no podía ser más papista que el papa. Si los trabajadores a quienes beneficiaba directamente la libertad del registro, como el suprimir obstáculos al registro, no querían el cambio, la comisión no podía insistir sobre la voluntad de los trabajadores que estaban participando en la elaboración de la ley de 1970 y se nos dice "Ah es que..." y eso estamos de acuerdo, conforme a nuestra ley, el registro no queda a la discreción de la autoridad laboral, efectivamente, si leyéramos este dictamen, caray, este dictamen nos habla de una serie de artículos que nadie trataba de modificar, con que a falta de argumentos se citaron el 356, 357,358,360,362,363 y364 de la Ley Federal del Trabajo, como si estuviéramos en contra de esos artículos, pero el 365 de la iniciativa es sumamente claro y la voy a leer por si alguno de los señores diputados en pro del dictamen la ha olvidado.
No estamos en contra, señores, de que se quiten los requisitos de constitución de los sindicatos, tan no estamos en contra, que esos requisitos siguen contenidos en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Exigimos que se presente, el acta de la asamblea constitutiva, exigimos que se presente la lista con el número, nombre y domicilio de los miembros del sindicato y con el nombre y domicilio de los patrones, exigimos que se presenten los estatutos que los rigen, exigimos que se presenten el acta de la asamblea en que se fija la directiva, no estamos en contra de los requisitos que actualmente la ley exige para que el sindicato se constituya, pero sencillamente agregamos: los documentos serán autorizados por el secretario general de la organización y el de actas salvo, lo dispuesto en los estatutos.
Hasta aquí, no hay cambio en la ley seguimos manteniendo el texto vigente, el cambio es sencillo hecha como el sistema francés, hecha la comunicación a las autoridades laborales, el sindicato queda registrado.
Queremos que haya antecedente administrativo del sindicato pero no queremos control de parte del Estado. Queremos respecto a lo que México se comprometió a captar, el convenio 1987 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por nuestro país en 1950; queremos respeto a nuestro orden jurídico porque el texto vigente va contra este convenio.
Ya no estará al capricho de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya no se estará al capricho de la Secretaría del Trabajo, ya no estará al capricho del Estado para que un sindicato exista; eso es lo que queremos con la iniciativa.
Y un diputado, Varela creo que se apellida, en un estudio jurídico que leyó nos dice: no hay impedimento del artículo 692 al que se refiere la iniciativa, y de acuerdo con la ley del sindicato existe aunque no sea registrado. Si de acuerdo con la ley el registro no le da nacimiento, si de acuerdo con la ley el 365 indica el procedimiento para el registro, ¿qué tiene que ver el artículo 692?
Y hasta nos dice, ilustrándonos el señor diputado: es que le artículo 692 está en la parte del Derecho Procesal del Trabajo. Pero se le olvidó decir al señor diputado que la personalidad por parte del Estado casi indispensable para que el sindicato pueda cumplir con su función, o dígame: ¿podrá un sindicato sin personalidad jurídica, los dirigentes sin personalidad jurídica, podrán celebrar contratos colectivos de trabajo, podrán celebrar en un momento dado, integrar los pasos necesarios para presionar al patrón por vía legal a cumplir con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo? El 692 dice que los dirigentes acreditarán su personalidad con la constancia del registro. Sin el registro, sindicato no eres nada; sin el registro, dirigente no tienes personalidad; sin el registro, yo Junta de Conciliación y Arbitraje no le doy turno a tus promociones; sin el registro, no procede ninguna gestión que realices.
Y el único argumento de la comisión es: que si no se estableciera en la Ley Federal del Trabajo
Esa condición de que la junta registre, y alguien me dijo, el propio diputado que me interpeló lo señaló, dice que ya el registro automático ya existe. Si yo solicito ante la Junta el registro de un sindicato y la Junta de 60 días no me resuelve, la ley dice que puede promover, decirle; Junta resuélveme mi solicitud de registro. Y si en tres días mas no me resuelve, el sindicato queda registrado automáticamente.
Me pregunto: ¿de veras conocen la realidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de México? ¿de veras las juntas cuando en 60 días no resuelven y se les promueve a los tres días ajustan su resolución a derecho y conceden el registro sindical? Lo hemos visto con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, lo hemos visto con muchos otros sindicatos fuera de la Confederación de los trabajadores de México, independientes, que tratan de obtener el registro. Transcurren los 60 días, se pide a la junta el registro, a los tres días la junta resuelve, ¿y qué resuelve? Que no ha lugar a considerarlos registrados. ¿Y qué argumento da?, cualquiera puede ser un argumento antijurídico o contraderecho y no le queda al sindicato afectado por este motivo más que irse al amparo.
Y el amparo, señoras y señores, que debiera ser ágil, que debiera ser rápido, que debiera ser un instrumento para lograr el reconocimiento de la legalidad, transcurren seis meses, un año y si es amparo indirecto se esperan los 300 días para que se sobresea por caducidad de la instancia y, hay que promover ante el juzgado del distrito para romper la caducidad de la instancia. Y los juzgados de distrito no resuelven cuando promueven los sindicatos independientes. Por ese motivo, señoras y señores, el establecer que la sola comunicación a la Junta de Conciliación, del acta constitutiva de los estatutos de la asamblea de los dirigentes sindicales, del número de miembros, de sus nombre, de sus direcciones, la sola comunicación igual, que el sistema francés deriva de publicidad para que ya el sindicato quede registrado.
Y el otro artículo confirma este disposición, desde su registro el sindicato goza de personalidad jurídica. Pero ya la personalidad no estará subordinada al deseo del Estado, no estará subordinada al capricho del gobernante en turno, no estará subordinada a la consigna dada a la autoridad laboral, la personalidad se reconoce y existe con la sola comunicación a la junta de que el sindicato es, existe y está constituido. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Javier Pineda.
El C. Javier Pineda Serino:- Con su permiso, señor presidente.
Quisiera manifestar que si el movimiento obrero, que si los diputados revolucionarios aceptásemos las modificaciones a los artículos 365 y 366 que pretende el Partido Acción Nacional simple y sencillamente el día de mañana para empezar 4 millones de sindicatos en la República Mexicana, cosa que totalmente es absurda.
Algunos estudios del derecho laboral mexicano plantea la idea de nuestra legislación en el trabajo es limitativa de la libertad sindical, más sin embargo, en la conjugación de elementos tales como la intención legislativa de los preceptos que nos ocupa, los debates que dieron origen a los mismos, el derecho colectivo al sí, y, como teoría y nuestro sistema jurídico; nos determinan una inefable finalidad de garantizar mejor el derecho y la libertad sindicales.
La esencia constitucional, como es de todos conocido, determina un profundo respeto al principio de la libertad sindical llevado a principio internacional en el convenio 1987 de la Organización Internacional del Trabajo referido a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización ratificado por México y contenido en la disposiciones legales vigentes que a continuación señalan:
El artículo 357 afirma que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa, lo que constituye una manifestación expresa del ejercicio de esa libertad frente al poder público. Ese estatuto propone que el Estado y por ende la sociedad reconocen al lado del interés individual el de los grupos sociales para participar en la solución de los problemas que afectan a sus miembros o bien el reconocimiento de lo que se ha llamado el interés profesional. En cuanto a la vida sindical el derecho y la libertad de las asociaciones sindicales para redactar sus estatutos y reglamentos, eligiendo libremente a sus representantes, organizando su administración y formulando su programa de acción se contienen en el artículo 359. Este precepto en sí se funda en la autonomía de las organizaciones sindicales y la no intervención del Estado en su vida.
Las consideraciones legadas consignadas, en ningún momento atentan contra el derecho de la libre sindicalización sino por el contrario, asegura su libertad contra cualquier ingerencia externa que pudiera interferir en su organización, administración o intereses.
La Ley Federal del Trabajo contempla los requisitos de fondo y forma que se deben de observar para que la autoridad emita el registro correspondiente.
Los requisitos de fondo son definidos por los elementos que integran la unidad sindical, en principio de todos conocido que el sindicato en una asociación humana, que no puede constituirse por cualquier grupo de personas ya que estas necesariamente deben ser trabajadores o patrones, sin que esta situación implique que un sindicato se forme conjuntamente por trabajadores y patrones.
De lo anterior concluyéndose que el sindicato es una asociación de clase, otro de los requisitos de fondo es el relativo a la finalidad del propio sindicato, representado por el mejoramiento y defensa de los intereses de asociación de trabajadores y patrones.
De lo anterior se infiere que constituya los requisitos de fondo, la voluntad de los integrantes para constituir un sindicato, que los manifestantes de la voluntad sean trabajadores cuando se trate de sindicatos de trabajadores o bien de patrones.
Cuando se trate de sindicatos patronales y de la voluntad manifestada para constituir un sindicato pretenda la finalidad común del estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, esos requisitos de fondo se contienen en los artículos 356,357 y 364 de la Ley Federal del Trabajo.
El artículo 356 manifiesta: sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.
El artículo 357: Los trabajadores y los patrones tienen derecho a constituir sindicato sin necesidad de autorización previa.
El artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse por 20 trabajadores en servicio activo con tres patrones por lo menos. Para la determinación del número mismo de trabajadores se tomarán en consideración aquellas cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y en las que se otorgue este.
Se consideran requisitos de forma el procedimiento y las formalidades necesarias para la legal organización de los sindicatos. En este sentido el artículo 364 establece el número mínimo de trabajadores y patrones deben aglutinar para constituir un sindicato.
Por otra parte, el artículo 365, establece que los sindicatos deberán registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en los casos de competencia local, remitiendo para tal efecto, duplicado, copia autorizada del acta de la asamblea, una lista con el número de nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilios de los patrones; copia autorizada de los estatutos y copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la mesa directiva.
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, serán autorizadas por el secretario general, el de organización y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos.
A fin de referirnos al registro sindical se hace necesario, el hablar primeramente de los requisitos a que se ha hecho referencia, toda vez que el conocimiento y la facultad de resolución al registro de los sindicatos deviene de una atribución que otorga la Ley Federal del Trabajo a la autoridad correspondiente.
Con el propósito de particularizar acerca de la naturaleza del registro, se hace necesaria la cita del maestro Mario de la Cueva que señala, se puede hablar de dos tendencias, en lo que respecta al registro de los sindicatos:
La posición francesa que exigía el simple depósito de los estatutos y las legislaciones como la nuestra un poco más exigentes, pues reclaman la previa comprobación de que se han satisfecho los requisitos de forma y fondo que señala la ley. La doctrina francesa nos parece inaplicable en nuestros derechos, en efecto, aquella legislación prohibía la existencia de la asociación profesional, vivían los sindicatos como asociaciones clandestinas y la ley al autorizar su vida, les exigió publicidad. Nuestros derechos desde el siglo XIX permitió el funcionamiento de la asociación profesional, el depósito de los estatutos era innecesario, pero el artículo 123 y particularmente la Ley Federal del Trabajo otorga a los sindicatos un derecho del que no disfrutaban en Francia. La celebración de su contrato colectivo de trabajo para todos los trabajadores de la negociación, los empresarios tiene la obligación de celebrar esos contratos y si no se llega a un entendimiento intervienen las autoridades del trabajo para fijar su contenido.
Pues bien, este derecho y la obligación correlativa, no pueden existir sino en favor de determinadas agrupaciones, sindicatos que reúnan los requisitos de fondo y de forma señalados por la ley. Si estos requisitos faltan no existirá la obligación del patrón , el sindicato, el depósito de los estatutos, sirvió en Francia para dar publicidad al sindicato, si bien los autores han intervenido posteriormente encontrarle otra explicación, el registro sirve en México para autenticar la existencia legal del sindicato y, en consecuencia, para hacer saber al patrono que está obligado a tratar con esa agrupación todos los problemas de trabajo de su empresa.
Es incuestionable que el decano del derecho del trabajo en América latina se inclinó en sus consideraciones por ser lo más explícito para determinar que la autoridad no es ni con mucho, sólo un oficina de depósito. Consideraba que el registro de la autenticidad y legalidad a la existencia de la asociación profesional, coincidiendo en términos generales con la postura del maestro Trueba Urbina.
En consecuencia, la asociación profesional está obligada a someterse a los mandamientos legales en cuanto se refiere a los requisitos de fondo y forma, en virtud de no ser soberana ni estar por encima del orden jurídico establecido y por ende, el registro es indispensable para que adquiera vida jurídica, pues no es lo mismo existir de hecho que tener vida jurídica.
Ahora bien, para adquirir esa existencia jurídica, es necesaria la expresión de la voluntad de los agremiados de querer formar un sindicato y probar plenamente ante la autoridad registradora, que se reúnen los requisitos que para el caso exige la ley, como se desprende del análisis de la siguiente jurisprudencia.
Si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue el procedimiento meramente administrativo que consiste en la debida comprobación ante las autoridades competentes del trabajo de los requisitos de la ley, que la ley exige para considerar constituida dicha agrupación, también lo es que una vez registrado un sindicato y gozando por lo tanto de responsabilidad jurídica para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento ya que existen por parte de los elementos pertenecientes al sindicato, derechos adquiridos. En este caso debe demandarse su cancelación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiéndose el juicio arbitral correspondiente que se iniciará con la demanda, lo que debe ser legalmente notificado el sindicato demandado, para que este pueda oponer las excepciones que juzgue pertinentes y aporten en iguales condiciones que su contraparte, las pruebas que ambas dispongan para justificar la acción de cancelación que se intenta y las excepciones opuestas concluyendo con alegar lo que a su derecho convenga. Y dictándose el laudo que habrá de resolver sobre la procedencia de la cancelación solicitada.
Cuarta Sala, tomo 55, página 158, quinta época.
De ello se infiere que el máximo tribunal reconoce expresamente la obligación de los sindicatos de probar ante la autoridad registradora que los requisitos exigidos por la ley para su registro han quedado debidamente cubiertas, situación que sería nulatoria por el registro automático, en virtud de que los sindicatos no se verían obligados a comprobar el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma exigidos legalmente y que en esta ocasión, entiéndase no son sujetos de debate.
Por otra parte se destaca que la actividad de la autoridad registradora se encuentra regulada por los artículos 365 y 366 y a mayor abundamiento en tesis jurisprudencial que al efecto se transcribe:
"Actos administrativos: Inconstitucionalidad.
Es necesario reclamar la inconstitucionalidad de la ley cuando ésta es totalmente omisa del cumplimiento de las formalidades esenciales consagradas por el artículo 14 constitucional. Las autoridades administrativas están obligadas a llenar los requisitos que señale la norma, secundaria aplicable y demás, cumplir las formalidades esenciales del procedimiento de tal suerte, que aunque la Ley del Acto no establezca en manera alguna requisitos ni formalidades previamente a la emisión del acuerdo reclamado, toda suerte queda la autoridad gubernativa obligada a observar las formalidades normativas para respetar la garantía previa audiencia que consagra el artículo 14 constitucional".
En estas condiciones no es siempre indispensable para el quejoso atacar la inconstitucionalidad de la ley respectiva, puesto que para alcanzar el otorgamiento del amparo, basta que el mismo agraviado demuestre la contradicción entre el acta combatido y la carta fundamental. Semanario judicial de la federación. Sexta época. volumen CVIII.
De la cita anterior, se refiere que:
Primero. Las autoridades administrativas están obligadas a llenar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable y, además cumplir las formalidades esenciales del procedimiento de tal suerte que, aunque la Ley del Acto no establezca, de manera alguna, requisitos o formalidades pre
vias a la emisión del acuerdo, como sería el caso particular del acto administrativo del registro sindical.
Segundo. Tratar de impedir que la autoridad registradora recurriera al procedimiento a que hace referencia la jurisprudencia citada, además de conculcar los derechos establecidos por el artículo 14 constitucional, sería tanto como aceptar que el acto del registro es aislado, al margen del sistema jurídico mexicano, situación poco menos que sostenible en un régimen integral de derecho.
Entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tienen la facultad inherente a su responsabilidad de constatar por la vía administrativa el cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma que la ley señala. Al mismo tiempo esta medida encuentra fundamento jurídico en el artículo 377 fracción primera de la ley, aplicado por analogía en cuanto que establece las obligaciones de los sindicatos a proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a actuación de su sindicato.
Esta obligación lleva implícita lógica y jurídicamente, la facultad de las autoridades para constatar la veracidad de los informes.
Los efectos del registro automático traerían como consecuencia la inestabilidad entre las organizaciones de trabajadores legalmente constituidas, generando problemas inter e intrasindicales, en detrimento de las relaciones laborales y de la producción.
A partir de ese fraccionamiento gremial, y además estaría ante un clima de anarquía social a la vez que -y esto es lo más grave- provocaría la proliferación artificiosa de membretes sindicales, lo que podría ser utilizado para dividir a los trabajadores o falsificar la representación obrera en los tribunales y en otras instituciones tripartitas.
Por tal motivo consideramos que el registro automático no aporta en condiciones actuales, ningún beneficio para el desarrollo social, económico y político del país, y su sola propuesta atiende a aspectos ajenos a los intereses de la clase trabajadora.
La estructura legal vigente reitera el respeto irrestricto de las libertades y promueve la satisfacción cabal de las inquietudes y necesidades de la clase trabajadora. Los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo garantizan plenamente la seguridad jurídica de la constitución de un sindicato. Por lo anteriormente manifestado, pido a esta soberanía, cuando considere pertinente someter a votación, se apruebe el dictamen en todos sus términos. (Aplausos.)
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Señor presidente, pido el uso de la palabra como autor de la iniciativa.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Señor presidente, señoras y señores diputados: quizás hemos sido muy técnicos en este debate y el señor diputado que me acaba de preceder ha acudido al argumento de la gran capacidad del señor doctor Mario de la Cueva. Y le llamó el decano del derecho laboral en latinoamérica, y tal parece que de la argumentación que nos dijo el señor diputado se desprende, que el doctor Mario de la Cueva está a favor de que quede el registro sindical en la forma como actualmente está vigente en la Ley Federal del Trabajo.
Si esto es así, el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, revela dos cosas: una ignorancia del maestro Mario de la Cueva sobre lo que dijo en esta materia, que no lo creo, hizo citas muy precisas, nos citó jurisprudencia de la Corte que no venía al caso, o una absoluta mala fe de dolo, como quieren llamarle, aunque el derecho se distingue lo uno de lo otro, por que no lo citó completo.
Aquí tengo la cita del maestro Mario de la Cueva, y le voy a decir al señor diputado lo que Mario de la Cueva, en la página 342 en su obra: "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", editorial Porrúa, dice acerca del registro sindical. Dice el maestro Mario de la Cueva: "lo cierto es que el registro- se refiere al registro de los sindicatos- siguió las huellas de las cláusulas de exclusión hasta devenir uno de los instrumentos de que se valió el estado para negar la existencia de los sindicatos, que no se alinearan dentro de las corrientes oficialistas.
Eso no lo leyó el señor diputado, porque no lo supo, porque nunca lo vio, o por que nunca le convino leerlo. Esa es la postura del maestro Mario de la Cueva, el decano del derecho laboral en latinoamérica para citar sus propias palabras.
Y si quiere más citas, señor diputado, le puedo citar a Néstor de Buen Lozano, también tratadista en materia laboral. Y Néstor de Buen Lozano, al hablar del registro de los sindicatos en su obra "El Derecho Mexicano del Trabajo" tomo dos en el capítulo expreso del registro sindical, le dice que en la forma como actualmente está regulado
el registro sindical se presta para que las autoridades gubernamentales, por consignas dadas a las autoridades laborales, nieguen el registro a los sindicatos independientes. Y Néstor de Buen, le cita, y no es muy lejos, excontemporáneo el hecho: la negativa del registro inicialmente dada al sindicato de los trabajadores de la Universidad Autónoma de México.
Y si leemos también al maestro Astorga en materia laboral, veremos que coincide con el maestro Mario de la Cueva, en el sentido de que hasta este momento no se ha podido establecer cuál es la naturaleza jurídica del registro sindical. Porque por una parte el sindicato existe antes de que sea registrado, la ley lo dice, dice: " el sindicato debe registrar", a diferencia de la ley de 1931, que decía que el sindicato para existir requería registrarse.
Pero a mayor abundamiento, la trampa que pone la Ley Federal del Trabajo para el registro sindical, lo está en el artículo 692. El señor nos cita jurisprudencia de la sala laboral de la Corte. Yo no estoy en contra de esta jurisprudencia, claro que está correcta la jurisprudencia, porque es jurisprudencia sobre el texto vigente de la ley.
Yo quiero que cambie la jurisprudencia y para eso estoy proponiendo un cambio a la ley. El artículo 692 nos dice: "fracción IV; los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Junta local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato".
Y nos dice el diputado: "si aceptáramos la tesis de Acción Nacional, habría 4 millones de sindicatos al día siguiente". Bueno ¿y qué? ¿qué no es un derecho de los trabajadores? ¿Que no pueden los trabajadores crear tantos sindicatos como quieran? Y dirán, se pulveriza el movimiento sindical, se fragmenta el movimiento sindical, no, porque yo no estoy cambiando la parte de la ley que regula las federaciones y las confederaciones de trabajadores, no estoy cambiando la parte de la ley que establece la agrupación de sindicatos para tener mayor fuerza frente a los patrones, lo que estoy estableciendo es, señoras y señores, la independencia auténtica de los sindicatos, frente al Estado. Muchas gracias.
El C. presidente:- Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello de Flores.
La C. Consuelo Botello de Flores: -Ciudadano presidente, ciudadanos diputados: ojalá que todos o la mayor parte de los trabajadores sindicalizados de México, pudieran oír y ver con qué indiferencia se contemplan problemas tan importantes como el de la auténtica sindicalización. Vengo a esta tribuna y continúo en mi turno de uso de la palabra, pero no quiero ser reiterativa, solamente que sí quiero afirmar que, tanto en esta tribuna con todos los oradores que en pro me antecedieron en el uso de la palabra, como en el seno de la comisión a la cual pertenezco, no he oído realmente un argumento de fuerza que pueda quitarle vigencia, o que pueda invalidar esta iniciativa de Acción Nacional, que por sí sola dice mucho en favor de los trabajadores de México.
Señores, si uno lee los primeros puntos del dictamen, considera que en buena lógica esos puntos serían de por sí las premisas para sacar una conclusión que aquí no se encuentra. Se está asentando como premisa el derecho del trabajo que es social, se está asentando como premisa la libertad de los trabajadores para agruparse en sindicatos, se está asentando como premisa que la Ley Federal del Trabajo es muy clara para ayudar a constituir los sindicatos ; pero todas estas premisas sacan aquí una falsa conclusión, porque si nos atuviésemos a la lógica y al sentido común, de aquí reluciríamos que el sentido de la iniciativa que Juan de Dios presenta, es precisamente la conclusión lógica a todos estos puntos previamente asentados
. Señores, cuando presentemos iniciativas, pensamos siempre en el beneficio de aquellos a quienes va destinada tal iniciativa, pero aquí parece que basta que la iniciativa la presente un diputado de oposición auténtica, para que sea totalmente desechada, sin un estudio profundo y sin un análisis correcto, porque no me digan ustedes que venir aquí a leer párrafos completos de los distintos tratadistas del derecho que realmente justificarían la oposición de Acción Nacional y que son tergiversados, sirven aquí para argumentar en beneficio de los trabajadores.
Esta iniciativa es perfectamente bondadosa, todos los que hablando en pro del dictamen has usado la palabra, insisten en que los artículos 356, 357, etcétera,, nunca se ha dicho aquí que no queremos los requisitos que previamente se establecen para inscribir un sindicato, lo único que consideramos es que los obreros de México cuando son capaces de agruparse para sindicalizarse, son también suficientemente maduros para ser admitido su registro, sin el tutelaje interesado de las autoridades laborales que generalmente, y yo lo veo en mi Estado y en mi ciudad industrial, generalmente obre por consignas superiores, que lo que menos hacen es beneficiar a los trabajadores, aquí se les da calificativos a los sindicatos, pero no es el calificativo dicho arbitrariamente el que puede realmente calificar lo que el sindicato hace, aquí lo que valdría sería ver los resultados que tales sindicatos proporcionan en beneficio o no de la
libertad y dignidad de los trabajadores y eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta.
Esta iniciativa, a eso va y si ustedes la desechan, no será porque no sea válida y valiosa, sino simplemente porque no están dispuestos a dejar que los trabajadores como adultos, como dignas personas, sean sindicalizados automáticamente por el hecho de querer agruparse para defender sus derechos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Velasco.
El C. Juan Carlos Velasco Pérez:- Con su permiso, señor presidente: para tener una mejor comprensión de los efectos y consecuencias del acto administrativo que constituye el registro de los sindicatos, en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 365 y 366, cuyo texto pretende reformar la iniciativa presentada por la fracción de diputados del Partido Acción Nacional, y para demostrar su total improcedencia, me permitiré explicar brevemente los requisitos que resultan indispensables para la formación de los sindicatos.
En el derecho comparado, existen dos sistemas: el de la constitución libre de los sindicatos, el cual desde luego no nos conduce a la obtención de la personalidad jurídica actuando simplemente como asociaciones de hecho, tal como ocurre con el sistema italiano.
El de su conocimiento legal como personas jurídicas. Este sistema, previo cumplimiento de los requisitos señalados por la ley, permite a los sindicatos intervenir ante cualquiera autoridad en defensa de los intereses de la comunidad obrera que representen. El segundo de estos sistemas fue el que adoptó el derecho laboral mexicano y el cual se encuentra reglamentado en el capítulo II del título 7o. de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a relaciones colectivas de trabajo; su primer antecedente lo encontramos en la Ley Veracruzana de 1918 promulgada por el gobernador don Cándido Aguilar; y la ley de 1931 en el fondo ya establecía como elemento indispensable la sanción del Estado. Dentro de ese sistema, la doctrina clasifica a los requisitos en dos grupos, de forma y de forma, mismos que la legislación mexicana ha recogido para justificar racionalmente la existencia de los sindicatos. Los requisitos de fondo: la finalidad que deben tener los trabajadores o patrones al sindicarse, el número mínimo de personas necesarias para su constitución; los requisitos de forma: el acta de la asamblea constitutiva, los estatutos que lo rijan, el acta de la elección de la directiva.
Nuestra legislación agrega un cuarto requisito: fracción II del artículo 365, que establece una lista con el número, nombre y domicilios de los miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios que es el padrón de socios.
Ahora bien, la iniciativa en cuestión plantea que el registro sea automático de manera absoluta, anulando de esa forma la obligación que el Estado tiene a través en este caso, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, de verificar o autenticar que las organizaciones obreras o patronales principalmente las primeras, se constituyan cumpliendo con los requisitos que la ley señala. Esto es para la diputación panista, basta, atendiendo el proyecto de reformas que se cumplan con los requisitos formales y una vez hecho ésto, se comunique a la secretaría o a la Junta Local respectiva, y con ello obtener el registro, ya que la redacción propuesta para el artículo 366 se pretende evitar que el Estado esté en posibilidad de cerciorarse que las agrupaciones sindicales cumplan con los requisitos de fondo para su constitución; en virtud de que la forma y términos que actualmente se encuentra redactando el numeral en cita, es posible que el Estado observe y certifique que la organización sindical solicitante haya cumplido con los dos requisitos de fondo, es decir, con su finalidad establecida en el artículo 356 y con el número mínimo de miembros que debe integrarlo, artículo 364.
Los requisitos mencionados constituyen en centro social del sindicato y por ello, nos parece absurdo pretender dejar de lado tan importante aspecto en la formación de los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones de personas que deben tener determinadas características y son formados únicamente por trabajadores o por patrones.
Consecuentemente, una asociación de personas cuya finalidad no sea el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses del trabajo de la comunidad obrera y de cada uno de los trabajadores, podrá ser una asociación civil o mercantil, pero nunca un sindicato. Por ello resulta atinado que el Estado vigile que las organizaciones sindicales observen o cubran esos requisitos esenciales para su constitución, debiendo negarles el registro a aquellas presuntas asociaciones sindicales que no los cumplan.
La iniciativa panista señala que el Gobierno, a través del registro de los sindicatos posee la llave del mundo sindical. La anterior afirmación desde luego es completamente absurda, ya que la libertad y autonomía se encuentra verdaderamente garantizadas por el espíritu de lucha de los miembros del movimiento obrero respaldados éstos por la avanzada y vanguardista legislación laboral de México.
Nosotros por el contrario, consideramos que el procedimiento del registro en la ley vigente, tiene por objeto:
Primero, crear la presunción jurista, salvo prueba en contrario, de que el sindicato solicitante satisfizo los requisitos de fondo necesarios para su existencia.
Y segundo; probar que el sindicato es una persona jurídica, por lo que puede acudir ante cualquier autoridad a defender legítimamente sus derechos de grupo y el de sus agremiados individualmente.
El dejar de realizar el anterior objetivo, llegaría a representar el inminente riesgo de que se crean sindicatos fantasmas o sindicatos blancos, causándose con ello graves daños al movimiento obrero, pues ello nos daría como consecuencia que asociaciones que carecieran de interés profesional, al obtener su riesgo automático, dividieran a la clase trabajadora y causarían inestabilidad laboral en las empresas, pues no tendrían seguridad jurídica en sus relaciones obrero patrones.
El proyecto de los artículo 365 y 366 presentado por los diputados del Partido Acción Nacional, evidentemente nos llevaría a ese estado de cosas, porque se permitiría que cualquier particular, por la simple comunicación y el acompañamiento de los documentos a que se refiera el artículo 365, pudiese tener el registro de asociaciones sindicales inexistentes, que únicamente tuvieran como propósito servir a deleznables intereses, calculándose mediante contratos colectivos proteccionistas, los derechos irrenunciables de la clase trabajadora.
Compañeros diputados, es inexplicable que una clase totalmente opuesta a la clase trabajadora como lo es el Partido Acción Nacional, pretendan tomar la bandera del proletariado mexicano, el lobo con piel de oveja no nos va a engañar, el movimiento obrero mexicano siempre estará vigilante de salvaguardar su integridad y unidad, sabemos que el registro automático de los sindicatos tiene como objeto facilitar a los patrones - con los que Acción Nacional se entiende muy bien-, la formación de sindicatos blancos para impedir que los trabajadores exijan los derechos que legítimamente los corresponde. He terminado. Muchas gracias.
El C. Juan de Dios Castro: - En relación con su última información ¿Cómo cree usted que están siendo tratados los trabajadores de esta Cámara?
El C. Juan Carlos Velasco Pérez: - Señor diputado: hemos hecho consideraciones ajustadas estrictamente a derecho sobre la propuesta que Acción Nacional ha presentado, y seguimos sosteniendo...
Me permite terminar, he dicho que estamos debatiendo jurídicamente, apegados a derecho y sostenemos que Acción Nacional que representa los intereses de la clase patronal, no puede venirse a abrogar las banderas que le corresponde al movimiento obrero revolucionario señor.
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. Alejandro Gascón Mercado:
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señoras y señores diputados: yo creo que Juan de Dios Castro ha tomado como costumbre estar molestando a la mayoría, y a la mayoría, me da la impresión que le hace el juego a Juan de Dios Castro. Esa es la verdad.
Desde que se hizo sindicalista Juan de Dios Castro, ha estado presentando una serie de iniciativas que, entre paréntesis quiero yo señalar, han sido demandas de muchos sectores de la izquierda mexicana. Por eso este debate no es si Acción Nacional tiene el derecho de presentar una iniciativa de este tipo o no, o si sólo es derecho del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Juan de Dios Castro: - Señor presidente, le ruego preguntar al orador si me permite una interpelación.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Sí, cómo no. Juan de Dios.
El C. Juan de Dios Castro: - Usted acaba de señalar diputado: que estas iniciativas recogen demandas de la izquierda. Perdone mi ignorancia, y me agradaría saberlo ¿qué antecedentes tiene esta iniciativa sobre el riesgo sindical en alguna de las legislaturas anteriores de esta Cámara?
El C. Alejandro Gascón Mercado: - El diputado Encinas acaba de decir que se hizo una iniciativa en la Legislatura LI que habla de que sean cuestiones de carácter administrativo solamente los requisitos, que equivale a eso.
El C. Juan de Dios Castro: - Gracias.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Yo creo que en los programas de varios organismos de la izquierda, se ha hablado de esto, del registro automático de los sindicatos; en los seminarios la izquierda ha estado demandando estos asuntos.
Nosotros hemos dicho que luchamos porque sea reformada en su parte relativa la Ley Federal del Trabajo, para que la autoridad registre a los nuevos sindicatos sin juzgar de su existencia. Esta ha
sido una vieja demanda. Lo mismo deberá, respetando la decisión de los trabajadores, su autonomía. Es elemental esto, esto no es un asunto de la derecha, de la izquierda, de los de enmedio, de los de arriba, es un asunto que debe verse con sentido común. El que requiera registrar sindicatos y que quiera sindicalizarse, debe tener toda la oportunidad de hacerlo, eso sería lo democrático.
No solo esta la única demanda, hemos dicho que nosotros luchamos por la democracia sindical, porque los trabajadores, por coalición o por conducto de sus propios sindicatos, ejerzan irrestrictamente el derecho de huelga; conquistar la escala móvil de salarios para todos los trabajadores sin excepción; que establezcan la automática elevación de los mismos ante el alza de los precios; por la organización de los desempleados para lograr el establecimiento de nuevas fuentes de trabajo y cooperativas de producción; porque el Gobierno garantice el derecho al trabajo, mediante el seguro de desempleo; porque desaparezca el apartado B del artículo 123, y todos los trabajadores queden incluidos en lo que ahora es el apartado A; porque se federalicen los tribunales del trabajo; porque los tribunales tripartitas sean unitarios; porque se elimine la cláusula de exclusión en la Ley Federal del Trabajo, excepto en el caso de que el trabajador no secunde o rompa una huelga decretada por la mayoría de los trabajadores; porque los trabajadores sean jubilados y pensionados con salarios íntegros y porque los actuales tengan derecha a los beneficios en los aumentos salariales; porque no haya un solo trabajador despedido en la empresa privada o pública; por la coordinación, la solidaridad y la unidad programática y orgánica del sindicalismo mexicano; porque el Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores cubra todas las necesidades de habitación de los obreros que laboran en fábricas con menos de 100 trabajadores; y que sean reformadas en sus partes respectivas la Ley Federal del Trabajo y al Constitución, para que se establezcan sus textos anteriores mejorando, a fin de que las empresas conduciendo más trabajadores, sean obligadas a construirles casas habitación o pagarles una compensación como renta mientras no las construyan.
Hemos presentado una serie de demandas y así como se ven las cosas, bueno Acción Nacional va a seguir presentando iniciativas que coincidan con estas demandas concretas y que ¿qué va a pasar? Por qué lo saca de quicio a Juan de Dios Castro ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pues si ustedes le siguen haciendo el juego a Juan de Dios Castro, no nos lo vamos a quitar de encima, eso es evidente.
Pero si ustedes se portan como montoneros frente a Juan de Dios Castro, bueno pues aquí andamos. Yo creo compañeros, que hay cosas lógicas. La verdad es que más de 50% de trabajadores en México no están sindicalizados, más del 50% de trabajadores - puede ser un poco mas-. Pero cuando alguien aquí habla de los obreros, luego surgen organizaciones que dicen: este tema está vedado, los obreros son nuestros, los obreros aparecen aquí como la propiedad privada de algunos de los señores diputados. Y uno se piensa, para no aparecer como intruso porque las demandas de la clase obrera son exclusivas de un grupo de privilegio. Ni siquiera aquí se habla de sindicato de trabajadores solamente, yo me imagino que también están pensando en los sindicatos de patrones.
Es decir, aquí lo que se dice es simplemente que se registren automáticamente los sindicatos, y yo creo que esto no es una demanda ni de los conservadores, ni de los progresistas, ni de los democráticos, es una demanda lógica de los mexicanos; mucha protección que el Estado revolucionario mexicano tuvo a los trabajadores, supliendo su ignorancia de otros tiempos, su incipiente organización, son razones que hoy han desaparecido. No cabe duda que los revolucionarios fueron partidarios de la cláusula de exclusión, pero ahora es lógico, con la experiencia de 50 años, que se siga manteniendo la cláusula de exclusión.
Entonces por eso decimos, en el caso que un trabajador rompa una huelga, eso sí, pero solo por cuestiones de carácter secundario, a veces por problemas de orden en un sindicato, va a aplicarse la cláusula de exclusión.
¿Cuál es nuestra realidad? Bueno. cada quien tiene su experiencia y eso cuenta, y habrá que verlo.
Yo tengo una compañera, la licenciada Adela Salazar, que unión de su esposo Armando Castillejos fundó un bufete desde el año de 1942 y desde entonces insisten en registrar sindicatos; han logrado el registro de algunos, me imagino que el 2% de los que han tramitado; son realidades ¿por qué? porque la Secretaría del Trabajo tiene 60 días para dar una resolución, con cualquier pretexto vuelve a otros 60 días, luego se ampara , van al juzgado para que dictaminen, pasan años , y luego en los tribunales colegiados tratados en las Juntas Locales, y luego van a la Suprema Corte y se murieron los trabajadores que querían sindicalizarse. Esos son hechos y nosotros no podemos seguir en las condiciones actuales fomentando esto ¿por qué? Bueno, porque así como la llevamos, ni sindicatos va a haber, ya no hay sindicatos en Fundidora, ya no hay sindicatos en muchas empresas que se han cerrado, y entonces los obreros quedan sin trabajo y pues también sin sindicato.
Yo creo que nosotros debemos cambiar un poco las cosas, yo creo que la introducción de este tema en esta Cámara ahora, es un acto de maldad contra los diputados obreros, porque como ellos están manejando una política de carácter económico un poco distinta a otros sectores de la mayoría, probablemente pues les echan la responsabilidad al que se defienda Acción Nacional. Pero Acción Nacional a lo mejor tiene los mismos problemas que la mayoría, tienen algunos trabajadores, tienen patrones también, es un partido pluriclasista y los intereses que pueden manejar son encontrados también; porque el anarquismo de Juan de Dios Castro probablemente no lo compartan todos los de Acción Nacional.
Yo entiendo pues, que nosotros debemos examinar las cosas aquí sin las autolimitaciones que nos ponemos cuando vemos los hechos y solamente los juzgamos alrededor de una actitud partidista; creo que hay que ver las cosas a la luz de la lucha de clases sí, pero entiendo que la vida partidaria es tan limitada en un país como el nuestro, que no está determinando la realidad general que viven los mexicanos.
Se dijo cuando había que entregarle el voto a la mujer, que no había que dárselo porque iba a caer en manos de la derecha, de la reacción, algunas han caído en manos de la derecha y de la reacción, pero otras mujeres han fortalecido el cambio revolucionario, eso es evidente, no se puede tener una actitud conservadora; ahora se dice que no podemos darle el registro a los sindicatos de manera automática porque a lo mejor se pulveriza el movimiento obrero, así como la llevamos no se va a pulverizar, a lo mejor no habrá a quien organizar, nos vamos a tener que organizar con los sindicatos norteamericanos.
Hay la vieja demanda de sindicalizar a los obreros agrícolas - todo el mundo sabe que los sindicatos de obreros agrícolas que existen son ficticios- no son reales, cuando estos han sido patrocinados por fuerzas revolucionarias y progresistas, ni siquiera aceptan la documentación y hay un alto burgués que aparece como secretario general de un sindicato de obreros agrícolas, que un día dijo que en nombre de la patria, sus agremiados podrían hasta dar fiado su trabajo de jornaleros, al fin y al cabo esto no tenía nada que ver con él.
Son hechos que tenemos que estar unidos frente a la paz mundial, la soberanía de México, en fin yo creo que sí, pero nosotros creo que lucharíamos por la unidad de los mexicanos si rompemos muchos intereses mezquinos, muchos intereses concretos que sirvan como pretexto a los particulares para hablar de una patria que probablemente ya sólo esté en la mente de quienes viven del esfuerzo de la mayoría de los mexicanos.
La Constitución no habla de un registro automático, la propia Ley Federal del Trabajo habla de los requisitos para registrar un sindicato, y como causa excepcional de aquellos que no cumplan con tales o cuales requisitos de carácter administrativo no se les concede el registro o habrá que revisarlo, o deben cumplir simplemente los requisitos para esto.
Cuando se va a registrar a un niño, se va a registrar a un niño vivo o tonto, pero cuando se va a registrar una propiedad, va y se registra y nadie le pone objeciones, cuando se va a registrar un sindicato así debiera ser, además su registro debería ser público, para que no surgieran los sindicatos de protección, de lo que se ha hablado. Yo no quiero referirme de manera peyorativa a nadie, pero vivimos en un país donde nadie aclara nada, se diga lo que se diga, nadie aclara nada.
En la revista Proceso, en el número 488, hubo declaraciones del licenciado Arsenio Farell Cubillas - que no es comunista conocido-, que dijo: "ahora que salió a la luz pública a la situación condenable en la que se hacía trabajar a las costureras, vamos a protegerlas para defenderlas de una serie de complicidad y graves, ante inspectores locales y federales del trabajo, autoridades y sindicatos, que dan como resultado una colusión monstruosa".
Y las costureras declararon: "Cualquier intento de asociación de los que siguen trabajando, es desbaratado por la fuerza a través de intimidaciones de pistoleros a sueldo o el despido fulminante".
Denunciaron que el licenciado Joaquín Gamboa vendía contratos de protección al 80% de las fabricas de ropa y confección. Esto puede ser cierto, no puede serlo, pero yo creo que en México cosas como estas debieran precisarse, debieran aclararse.
Si las costureras simplemente son un grupo de mentirosas, debiera probarse, porque bueno, nosotros decimos muchas cosas pero por salud pública debiéramos empezar a hacer aclaraciones y no sólo afirmaciones de carácter general en nombre de la Revolución, en nombre de la Nación, en nombre del proletariado, en nombre de la Patria, en nombre de una serie de conceptos abstractos que se refieren a un México que ha dejado de existir.
Se dice que el Estado no puede ser un simple espectador , tampoco debería ser un Estado corporativo, tampoco es cierto que lleve la documentación y el registro y que esto sirva para todo lo que se necesita en un momento dado, ante los tribunales está bien, pero un Estado corporativo. Yo creo ese tipo de Estado, en el que finalmente
derivó el Estado mexicano actual, no beneficia a la mayoría de los mexicanos, sinceramente, ¿quién va a negar que el registro se otorga por cuestiones de orden político? entonces yo creo que estamos aquí entre gentes que conocen muy bien las cosas, y yo estoy hablando de esto, a pesar de que no se publique nada en la prensa, porque estoy convencido que 400 diputados de cualquier partido que sea, en la intimidad se manejará con sentido común más cinco ayudantes por cada diputado, 2 mil trabajadores de la Cámara, bueno todas maneras se sabe ante 30 ó 40 mil mexicanos y eso ayuda a que reflexionemos todos, ¿por qué hacer de una demanda concreta algo que aparenta ser una tesis de fondo?
Se va a atomizar el movimiento obrero de esta manera, yo creo que el movimiento se fortalece, se facilitaría, como decía antes la organización de más del 50% de los trabajadores mexicanos del campo y de la ciudad, no se atomizan; los que se pueden atomizar son algunos líderes del movimiento obrero, esos sí, pero ya es urgente ponerles una bomba atómica a algunos, no todos, hay líderes del movimiento obrero que tienen 30 ó 40 años y que son honrados, así es; ah! pero hay líderes de 30 ó 40 años que se han hecho empresarios, grandes empresarios y al mismo tiempo son dirigentes sindicales y se representan como patrón y como dirigente obrero al mismo tiempo, eso también es un hecho; sin hechos del conocimiento público no podemos nosotros defender las cosas como si no hubiera contradicciones, como si no hubiera problemas; cuando a veces se paran algunos hombres que se han dedicado al movimiento sindical en esta tribuna y dicen verdades, bueno esto es muy respetable, pero vamos examinando algunas cosas. Yo siento, lamento que la política que Fidel Velázquez expresa los lunes a la prensa, no se refleja en las discusiones de esta Cámara sobre todo tratándose de salario, tratándose de las limitaciones que tienen los trabajadores y de la demanda para reducir las ganancias de los grandes capitalistas y empresarios mexicanos. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que cada quien tiene su forma de matar pulgas, sí, pero en un momento dado hay que expresar las cosas, porque de otra manera estamos empobreciendo la vida del país, todos, porque al movimiento obrero le está pasando una cosa muy grave, muy grave. Es muy leal al Estado Mexicano, pero el Estado mexicano no es muy leal al movimiento obrero; pues esto sí es un hecho porque es muy leal a la alta burguesía que dirige este país, pero la alta burguesía que dirige este país no es muy leal al movimiento obrero de México, ni siquiera los cuadros que pertenecen al sistema.
A mí me da la impresión que estos que dirigen el país están muy interesados en ligar su destino a los norteamericanos y que a veces algunos sindicatos se estorban a esta pretensión, a un sindicato que pertenece al Estado mexicano.
Siento que pues ya les cortaron la soga y que todavía no se mueven porque creen que siguen amarrados. La lucha de clases existe independientemente de que nosotros lo comprendimos o no, de que lo aceptemos o no, y los intereses de los trabajadores serán intereses enfrentados a los de los patrones; no es cierto, el bien común; no es cierto eso. Si es cierto que tenemos el factor común de ser hombres habitantes de este planeta, tenemos el factor común de caminar parados, pero desde la esclavitud la sociedad se dividió en clases; desde el punto de vista religioso, desde que alguien robó a sus hermanos, desde entonces aparecieron los explotadores y los explotados. Eso está muy claro.
Y Dios nuestro Señor, lo hemos dicho, hizo un llamado a los ricos, no Dios nuestro Señor, Jesucristo los llamó durante dos mil años y los ricos son sordos, no entienden, ni ven ni oyen, no son los mismos intereses; hay los intereses de la clase obrera, hay los intereses de los trabajadores y hay los intereses de los burgueses que son opuestos a los de los trabajadores y se juzga la vida con base en la situación que desde el punto de vista económico fundamentalmente, se guardan en el seno de la sociedad; aunque claro hay excepciones, por eso aquí no podemos, alguna vez se publicó que Morones decía de Lombardo que era un líder obrero de origen burgués. Y Lombardo le contestó: "sí, y usted es burgués de origen obrero. Es cierto y hay muchos burgueses de origen obrero en este país, y hay muchos burgueses de origen campesino en este país y también hay hombres pocos, por desgracia, que nacieron en condiciones muy favorables desde el punto de vista económico y han llevado su cerebro y su trabajo a defender los intereses de los trabajadores. Eso es un hecho, también existen, por eso no creo que yo que debamos hacer las cosas tan tajantes.
Este es un problema político se dice, sí es un problema político; las cuestiones legales solamente reflejan criterios de orden político, pero precisamente por eso hay que resolver políticamente las cosas. ¿Qué se quiere? No cambiar ningún mecanismo mental aquí, hasta que se establezca la violencia en México, ¿Eso es lo que se quiere? Para que un nuevo encuentro de mexicanos mueran 8 ó 10 millones, si en 1910-1917 murió un millón, ahora sacando el promedio correspondiente y con lo moderno de las armas de destrucción, podrían morir un porcentaje mucho más alto o buscamos esta generación caminos para resolver las cosas. Ese es a mi juicio el asunto.
Yo creo que debiéramos debatir con mayor profundidad, no solamente con venir aquí a cumplir con algunas expresiones para salir del paso, que se van a formar sindicatos piratas o de portafolio, esos no van a poder hacer huelgas. Se debe respetar la capacidad de asociación, eso es lo que se debe respetar para que cuando los trabajadores quieran hacer huelga, puedan hacerla si es la voluntad de la mayoría, y yo digo, que cuando pasen estos nubarrones que hoy hacen sombra al movimiento obrero, los sindicatos con registro o sin registro van a determinar la vida de este país, ese es el destino de la clase obrera, porque sin estar registrados los hombres crecen, se desarrollan, son padres de familia, trabajan, crean, aunque no tengan actas de nacimiento; y cuando se eleve la conciencia de la clase obrera con registro y sin registro ellos determinarán la vida de este país.
El C. presidente: - A quien le corresponde a continuación sería diputado Lazcano, sólo que de acuerdo con lo convenido son las 15 horas, por lo tanto hay un receso para reanudarse la sesión a las 16:30 horas.
(Se declaró el receso a las 15:10 horas).
El C. presidente (a las 16:40 horas): - Se reanuda la asamblea. Tiene la palabra el señor diputado Armando Lazcano Montoya.
El C. Armando Lazcano Montoya: - Con su apreciación señor presidente; compañeros diputados: Acción Nacional mencionó que hay dos corrientes en el movimiento sindical, a lo que yo en lo personal contesto que en el movimiento obrero mexicano organizado existe una sola corriente, la identificada y comprometida con su clase, con sus principios ideológicos y con su acción permanente de lucha que llevará a los trabajadores a la emancipación del proletariado de la nación misma.
En otro contexto, considero señalar a los despistados políticos que desde la derecha quieren defender a los trabajadores y pretenden aparecer en esta tribuna como redentores sociales que el pueblo de México, los trabajadores en sí los conocen muy bien, por lo que no se dejarán engañar por eso canto de las sirenas.
En tal sentido les decimos que no pretendan al igual que hace más de un siglo usurpar una representación que jamás han detentado, porque los mismos trabajadores, al igual que en el pasado, los volverán a enviar al lugar que la revolución los enterró para siempre.
El día de hoy se ha cuestionado al movimiento obrero y a sus dirigentes, se ha acatado a la Confederación de Trabajadores de México y a su máximo dirigente, Fidel Velázquez, se ha venido a esta tribuna a externar plañideramente su frustración e impotencia jurídica para lograr el registro de un sindicato. Hemos sido testigos desde el inicio de este segundo período de sesiones hasta la fecha, de la alianza de la derecha con la izquierda que hoy se acentúa, para defender una iniciativa que atenta contra los sindicatos y por consiguiente contra los trabajadores.
Se ha usado esta tribuna para que Acción Nacional que nos muestre grotescamente, una vez más, que en su lucha busca según ellos la democracia, la independencia y la libertad sindical, lo que resulta falso y tendencioso. Y esto nos lo demuestra con una declaración de su propio compañero de partido, el señor Tirso Hugo Beltrán Aguilar en Los Mochis, Sinaloa, el 13 de septiembre de 1986, dejó señalada la verdadera estructura política ideológica de su partido, al señalar él mismo y dice a la letra entre otras cosas: "estoy convencido de que no hay democracia interna en el partido, convirtiéndose dichos dictadores en criminales de la democracia y las libertades constitucionales; eso es lo que pregona ahora el partido de la derecha.
Por último, en todas las sesiones han insistido en hacer patente su derrota en las pasadas elecciones para gobernadores, diputados y demás representaciones populares, ante tales acontecimientos consideramos conveniente señalar la presencia madura, seria, responsable del movimiento obrero organizado de México y la lucha permanente de la Confederación de Trabajadores de México y del propio compañero Fidel Velázquez, en la conquista de mejores condiciones de vida para los trabajadores. Y si no basta recordar alguna de esas grandes conquistas sociales, como son:
La creación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, como factor preponderante para la defensa de los derechos obreros; la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social que garantiza la asistencia social para las clases económicamente débiles; las reformas a la Ley del Seguro Social para beneficio de los trabajadores; las creación del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores, como respuesta de un gobierno nacionalista y revolucionario o la demanda obrera para obtener una vivienda digna y decorosa; las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a derechos de antigüedad, seguridad social e industrial, capacitación y adiestramiento, defensa, de la mujer y madre trabajadora y defensa y protección de los menores; la revisión salaria y contractual de los contratos colectivos, entre otras; la pugna permanente para mejorar los salarios de los trabajadores; la reducción de jornadas de trabajo de 48 horas a 40 horas como ya se tiene en muchas empresas.
La reducción de las zonas económicas del país, en cuanto a la fijación de los salarios; la creación del beneficio del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores para ayuda de los trabajadores; la aportación clasista de producción y abasto agropecuario en beneficio de la población; la creación del Banco Obrero; la participación política permanente en la vida nacional, ser factor decisivo en la paz social que todos disfrutamos; la madurez, prudencia, combatividad y experiencia para avanzar aún en época de crisis económica en la que nos encontramos inmersos y su lucha abierta y decidida por la conquista de una sociedad más justa; el apoyo imprescindible y mayoritario en conflictos laborales de organizaciones hermanas o afines, vanguardia del movimiento obrero en prestaciones sociales como ejemplo nacional, en poderosos sindicatos revolucionarios; como sector social, participación activa en la economía nacional; la creación del Congreso del Trabajo como la mayor representación obrera del país y la creación de tiendas sindicales para la defensa de la economía del trabajo.
Estos son unos cuantos logros del movimiento obrero organizado y en especial, de la Confederación de Trabajadores de México.
Si todos consideramos que no significan estos avances del movimiento obrero organizado, si estos resultados claros, progresistas y revolucionarios no se quieren reconocer que la presencia de la Confederación de Trabajadores de México en la vida nacional, con factor determinante en el equilibrio económico de México no se desea ponderar.
Todo ello nos muestra claramente la incompatibilidad ideológica que nos diferencia, no permitiendo ver con claridad y objetividad los resultados que nos impide analizar con seriedad estas reflexiones.
No pretenderé buscar la concordancia con la derecha, una derecha reaccionaria que inútilmente reclama el poder político ya que no se conforma con el poder económico que ilícitamente detenta.
Una reacción oligarca que representa innegablemente al capital y al intervencionista extranjero, con ellos no hay treguas; la lucha de clases está abierta y decidida, capital y trabajo son incompatibles porque ellos representan la explotación de los trabajadores, la fuga de capitales al exterior, la implantación de la intervención extranjera en nuestro país porque representa una clase en decadencia que enfermizamente pretende anular y desaparecer las conquistas revolucionarias.
Desde nuestra Independencia, Revolución y Constitución, las hemos obtenido para el pueblo de México; hemos ganado y pagado con sangre esas conquistas para salvaguardar la libertad, la paz social como futuro promisorio para nuestros hijos, que no estamos dispuestos a permitir que venga un puñado de privilegiados económicamente activos a tratar de desvirtuar esas conquistas y esos derechos que con justicia a todo el pueblo le pertenecen.
Cuando se habla en esta tribuna sobre derechos obreros, la reacción enemigo público número uno de los trabajadores, en vergonzante maridar de clandestino con la izquierda salvo honrosas excepciones, vienen a expresas, falsos conceptos morales que ya ni en Washington creen.
Habla de la reformas de la Ley Federal del Trabajo, la derecha en sus artículos 365 y 366, pretendiendo un registro automático de los sindicatos y vulnerar el derecho de los trabajadores para validar en sus sindicatos en la defensa de sus derechos laborales.
Los trabajadores, los sindicatos y los organismos progresistas y revolucionarios, así como los partidos con conciencia de clases, si acaso sus alianzas retardatarias con los apátridas se los permite, habrán de coincidir con el movimiento obrero organizado que el enemigo de las clases populares, el gran adversario de las mayorías, el gran pulpo explotador de los trabajadores, el representante del gran capital, el apoderado leal y vasallo de los grandes consorcios transnacionales, es el partido que ha buscado la intervención extranjera en los asuntos internos de México, pero a ellos les decimos que no podrán sorprender jamás a los trabajadores mexicanos.
Se ataca al movimiento obrero y en especial a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, sin calidad de clases porque no la conocen ni entienden en su alcance y valor histórico como valuarte del movimiento obrero organizado; sin estatura política porque en su calidad de enanos de la Revolución no han crecido ni patriota ni políticamente, porque como apátridas buscan en el extranjero la ubre que amamante su vergüenza, falsos profetas y saltones iluminados que nos creen en el República, misma que les ha brindado la libertad de la cual gozan hoy, canonjías y apoyos económicos, prebendas y capacidad social y económica a costa de la explotación y humillación de los trabajadores; sin conciencia de clase y sin conciencia nacionalista que pretenden capear libertad, paz social e independencia, por intervención extranjera, dependencia económica y política a las hegemonías oligárquicas.
Los sindicatos no permitiremos que la derecha vulnere las conquistas del movimiento obrero. Los derechos sindicales están plenamente expuestos
y garantizados por la Ley Federal del Trabajo, como lo demuestran sus Artículos 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 692 fracción IV, 395 entre otros. La derecha busca la indefensión de los sindicatos y pretende restar autoridad a la ley y al sindicalismo mexicano. Busca la proliferación de sindicatos espúreos que sirvan a los intereses de los patrones, por ello les llamamos obcecados políticos, plañideras camarales y enemigos de los Trabajadores.
Ya mis compañeros del sector obrero han expresado y señalado el fundamento jurídico que llevó a la comisión a presentar el dictamen el día de hoy. Se habló de cual es la estructura de un sindicato como asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Se habló del derecho de los trabajadores de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa; se habló también de las obligaciones para formar parte de los sindicatos o del derecho para no formar parte de los mismos; se habló también de los sindicatos y su derecho a redactar sus estatutos, reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su propio programa de acción. Ya se habló también sobre el tipo de sindicatos que pueden ser creados; se habló igualmente de la forma, de la vía para poder formar parte de los sindicatos, de la edad inclusive para formar parte de ellos; ya se explicó consciente y razonadamente quiénes no pueden formar parte de un sindicato, entre ellos los propios empleados de confianza. Se ha hablado igualmente con el número de trabajadores para formar o instituir un sindicato, se ha explicado la consideración de la relación laboral que existe para poder integrarse a un sindicato en la revisión del contrato.
También se ha hablado de todos los documentos necesarios para poder solicitar el registro ante la autoridad competente. Se ha detallado toda la serie de documentos que incluyen número, nombres, miembros, empresa, domicilio, etcétera, para poder integrar el expediente respectivo; igualmente se habla también de la autorización de los estatutos para poder declarar legítimamente constituido un sindicato, de las actas de asambleas y demás documentos que solicita la autoridad competente. Igualmente se ha hablado sobre cuáles son las únicas cláusulas para poder negar dicho registro. Se ha hablado también que satisfechos estos requisitos ninguna autoridad podrá negar el registro del sindicato correspondiente.
Hemos visto, todos aquí hemos oído cual es la forma para que puedan acreditar su personalidad jurídica los sindicatos y sus representantes. Tenemos pues, en conciencia toda la elaboración jurídica, política y social del registro de un sindicato.
Apoyamos el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social presentada a esta soberanía, porque se encuentra fundada conforme a derecho. En cuanto a la cláusula de exclusión, consideramos los sindicatos que representan la integridad soberana del sindicato en materia social y en materia política.
La iniciativa propone una modificación con base al sistema extranjero, que no quiere control del Estado. Ya no se conforman con mendigar el intervencionismo norteamericano y ahora pretenden infiltrar un sistema sindical francés. Debemos aprender a reconocer que nuestro sistema sindical, no es perfecto pero sí perfectible, y nosotros los trabajadores somos quienes habremos de modificar nuestro sistema, no los patrones ni sus representantes de derecha e izquierda.
Por todo ello, por último deseo señalar en lo que tantas veces a lo largo de este período de sesiones se ha señalado en cuanto a elecciones y han demostrado su impotencia para ganarla, continuamos escuchando la misma impotencia y frustración política de la reacción, no quieren entender que las elecciones pasadas las perdieron por falta de trabajo partidista, por falta de organización y penetración gestora, porque no ofrecieron al pueblo un programa de trabajo serio, congruente y bien definido, porque no tienen una verdadera y auténtica forma política ideológica, identificada con las grandes mayorías, porque se presentan al gran capital y a los intereses transnacionales, porque pretenden burlarse del electorado con el clerical maridaje oscuro y tendencioso de algunos santones e iluminados a quienes Marx los habrá de excomulgar en teoría por supuesto, por sus turbias alianzas perdieron, porque absurda y desequilibrada creyeron cambiar el nacionalismo, solidaridad y ética por intervención, dependencia y esclavitud; por eso perdieron no sólo las elecciones, sino la vergüenza como mexicanos. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Eugenio Ortiz Gallegos: - Compañeras y compañeros diputados: se han dicho cosas muy importantes a lo largo de este largo debate, ciertamente fue equivocación de mi compañero Juan de Dios Castro preguntarle al diputado Velasco, creo que se llama del partido oficial, si no era cierto que la condición en que trabajan los sindicatos de la Cámara es una condición de estar subyugados por la política del presidente de la Gran Comisión y presidente de esta Cámara, a quien antiguamente le conocíamos como el pastor; debe
ser Eliseo Mendoza Barrueto pastor de la Cámara, quien venga y suba a esta tribuna y responda si están o no bien las relaciones con los trabajadores cuyas quejas son clamores en todo el ámbito en que trabajamos alrededor.
Se ha dicho que vinieron aquí a señalarnos una vez más como plañideras camarales. Yo traté de escuchar con detenimiento las largas lecturas de los que se prepararon para apoyar este dictamen contrario a la iniciativa nuestra, y me pareció escuchar ese ronroneo estéril de la repetición reiterativa de palabras, pero sobre todo un curioso "tin tin" sonoro como de escuelas de Amozoc, líderes charros jineteando.
También se dijo, y es cierto que somos un partido pluripartidistas, que somos un partido pluriclasista. Se dijo que nosotros no tuvimos la penetración gestora en las elecciones; la penetración gestora. ¿"Cómo hacen ustedes su gestoría? ¿Con los centavitos del presupuesto en la mano que manejan en sus campañas? ¿No se lo dijimos aquí al exdiputado Barberena que estuvo por cierto sentado a saludar a los señores de ustedes? ¿A eso le llaman la gestoría? Por favor ya no sean descarados, reconozcan que tienen el poder, que lo manejan y lo explotan, y no se aprovechen de ello para señalar que el justo y digno esfuerzo de la oposición de lo que ustedes llaman izquierda y derecha merece respeto el trabajo que nosotros hacemos.
También se ha dicho que aquí burgueses de origen obrero y obreros que simplemente son burgueses. ¿Habrá que señalar nombres? Dijo por ejemplo uno que llegó aquí a hablar de las conquistas revolucionarias, es un señor que viene en su "grand marquis" con todo y chofer y lo estaciona junto a mí, ¿a eso lo llaman conquista revolucionaria?
Pero vamos a entrar al fondo del problema y de la discusión que iniciamos.
Nosotros hemos propuesto que se libre al sindicato, a la constitución de un sindicato de los controles que establecen la ley respectiva en materia de trabajo.
Hemos pedido que se le de legitimidad a un sindicato cuando nace para que simplemente acuda y se registre, y esto es como recordar que basta con que una criatura llegue al mundo, para que la sociedad y el Gobierno tengan derecho y obligación de aceptarlo como ciudadano y no le pongan trabas.
A eso se oponen ustedes porque dicen que eso es multiplicar el número de sindicato, etcétera, etcétera, etcétera; es multiplicar el número, es liberar el control de las cosas que ustedes quieren tener controladas.
Entremos al fondo del problema, para que no se diga una vez más que nosotros nacimos para defender a los patrones. Nosotros nacimos con una doctrina y somos un partido pluriclasista desde que nacimos.
Les voy a leer, en el capítulo relativo al trabajo de nuestros principios el siguiente párrafo, que dice: "El Estado debe respetar la libertad de los campesinos, trabajadores, profesionistas y empresarios para organizarse en defensa de sus intereses. Las organizaciones que los mismos es decir, trabajadores, profesionistas, campesinos y empresarios formen, deben funcionar con verdadera democracia interna sin que el Estado intervenga directa o indirectamente en la designación de sus dirigentes. Asegurar la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar presiones políticas o económicas. Establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas e ideológicas".
¿Qué dice el dictamen contrario a esta propuesta nuestra?, señala: el sindicalismo mexicano ha sido fuerza que ha garantizado mayores alcances en materia laboral. Ha protegido al trabajador de abusos y le ha permitido organizarse en todas las modalidades que corresponden a sus legítimos intereses, le ha permitido organizarse en todas las modalidades que corresponden a legítimos intereses, ha protegido al trabajador de abusos.
Alguien recordaba aquí a mi paisano Rafael Galván, gente brillante, militaba un poco entre la izquierda pero era un hombre sincero. Y sucedió que un señor a quien podríamos recordar como Porfirio Díaz Rodríguez Alcaine o su socio actual, don Arsenio Farell, le impidió que se consolidase su sindicato independientemente en el grupo eléctrico.
Quien no recuerda aquella posición de Porfirio Díaz en Río Blanco. Esta es la protección de que ustedes se muestran orgullosos, la que impide el funcionamiento de los sindicatos auténticos como lo que sucedió, y alguien lo recordó con aquel sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, como aquella otra persona, su nombre se me escapa, creo que es Pascoe, Rafael Gamboa, socio de los líderes charros que venden protección a los patrones de las costureras. ¿A esto le llaman ustedes proteger el trabajador de abusos? ¿a esto le llaman que le permitan organizarse con todas las modalidades? Lo hemos denunciado, la realidad es que ustedes confunden control administrativo con control político y que
todos los representantes obreros que están en esta Cámara forman parte del sistema de subordinación a todo cuanto el Ejecutivo les impone y les dicta.
Algún pintoresco responsable compañero de Cámara, no compañero nuestro de grupo, decía que veía alguna independencia en la política del sector obrero frente al sistema en la parte económica de ese sistema que se inclina hacia los Estados Unidos. A eso es a lo que se llama independencia, a estar expresando moderadamente ciertas cosas, pero no atreverse a oponerse a una sola ley que venga del Ejecutivo y a todo levantar la mano en sentido positivo. Hay una gran distancia entre ser auténticos defensores y miembros de un poder legislativo independiente del Ejecutivo, y ser lo que ustedes son señores de los grupos obreros, líderes que alcanzaron el puesto para servir al sistema del poder Ejecutivo.
Pero vamos entrando todavía más profundo en este problema. Dice el dictamen de ustedes, para decir lo siguiente: la naturaleza de los registros de los sindicatos, aparte de construir uno de los puntos oscuros del derecho, eso dice nuestro compañero Juan de Dios, ha servido para cubrir que la existencia de los sindicatos depende en última instancia de a decisión gubernamental.
Cuando ustedes insisten en que no se libere de la obligación del famoso registro hasta que les conteste la Secretaría de Trabajo, que ya están registrados, están solapando que el sindicato tiene vida a partir de la decisión gubernamental y ustedes están protegiendo la decisión gubernamental, no están protegiendo a los trabajadores.
Insiste nuestro compañero Juan de Dios que en nuestra ley el concepto de registro en un típico acto administrativo, mediante el cual el Estado otorga a los sindicatos el reconocimiento de que han satisfecho los requisitos de ley. El registro hace nacer al sindicato a la vida jurídica. ¿Cómo le podríamos llamar, señores de la medicina, o de la sociología o de la educación, a este curioso delito contra natural de no permitir que un ser tenga nacimiento y vida, sino hasta que haya un señor que lo registra? Una vez más el sindicato nace por la voluntad libertaria que existe en la Constitución de asociarse para defender intereses. ¿Por qué pretenden ustedes que subsista el hecho de que el nacimiento no tenga ningún valor ni la vida tenga ningún valor sino hasta que el burócrata que está manejando los destinos de la secretaría del laboral, le da patente del sistema? ¿Cómo podríamos llamarles a este concepto, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista médico? En un ominoso atropello al sentido más elemental de la vida.
Y voy a recordar a ustedes lo que dice en su artículo 123 la Constitución, tanto los obreros como los empresarios tienen derecho de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Y aunque esto sea una desviación del tema, no quiero perder la oportunidad de señalarlo. La condición de pervertir el sistema de la asociación en México contra este texto de la Constitución es tan profunda, es tan constante, es tan universal, que reflexionen ustedes, los que atacan desde lejos a las cúpulas empresarias, a los señores de las empresas y que odian a todo lo que signifique empresario, reflexionen sobre lo que yo voy a denunciar.
De los varios, miles y miles, tal vez más de 400 mil empresarios que existen en la República, sólo unos cuantos tienen el derecho de asociarse y participar en la dirección de sus respectivos sindicatos empresariales llamados cámaras; por ley, igual que sucede con este sistema, las cúpulas empresarias hacen y deshacen; los verdaderos oligarcas asociados con los gobiernos son aquellos que están en las grandes cúpulas empresariales porque los derechos del empresario a regir y a gobernar y a votar en sus propias Cámaras están nulificados por los reglamentos y leyes como las que ustedes están insistiendo que suscitan en materia laboral.
Hasta allá ha llegado el sistema de la oligarquía gubernamental que controla política y económicamente al país. Y eso me recuerda un anécdota muy divertida y muy brevemente contable; o referible, Martínez Domínguez, enorme en el tiempo en que debemos de tener diferencias, enorme en el tiempo en que hemos sido adversarios, sentado en el lujoso planetario del grupo de los Alfa, asiste al cambio de directiva de una de las empresas de una de las Cámaras de Monterrey y se da cuenta que de repente leen la planilla y dicen como aquí cuando leen quién ganó la planilla de la jefatura de la Cámara de Diputados, fulano, mengano y zutano, y preguntan: bueno y a qué hora fueron las elecciones? Le contestan: igualito que el Partido Revolucionario Institucional, si somos de los mismos; así trabaja el sistema de las cúpulas empresariales, igual que el Gobierno con sus dedazos.
Se ha dicho aquí que se apoyan para la defensa de todo este dictamen contra la proposición, en la autoridad y en la ley, pero que no recuerdan ustedes la diferencia entre derecho, autoridad y ley? Derecho es el que aquí estamos peleando que se inculca todos los días, es aquél con que nace todo ser humano sobre la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Para conseguir ese derecho hay que crear las estructuras que son la autoridad, que son las
leyes, que permitan el acceso al derecho. ¿Qué están haciendo ustedes con este sistema, convertirse en autoridades, que crean leyes que son violatorias de los derechos? No se sigan amparando en que tienen leyes, ustedes se despachan con las leyes y los reglamentos en contra de los derechos elementales como en este caso los derechos elementales del pueblo pero vamos a terminar para que no nos pongan la tarjetita.
En un segundo párrafo de nuestra declaración de principios, nosotros hemos asentado los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de trabajo, tienen derecho de actuar en la vida pública para gestionar frente al Estado y a la opinión, las medidas generales o particulares que reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones electorales que consideren más convenientes para los mismos. Pero deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas principalmente las electorales y respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros
Deben, repito el texto de nuestra doctrina, deben respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros. Y aquí entramos al asunto de fondo de por qué ustedes están cancelando mediante un dictamen negativo nuestra propuesta.
Si volvemos por un instante nuestra observación a lo que pasa con las organizaciones de trabajo en el mundo, podemos clasificarlas entre grupos: la primera es la clásica organización laboral del sindicalismo europeo y el particular del inglés. Se llama inclusive sindicalismo laborista, que a partir de aquélla ominosa existencia de los tiempos del maquinismo inglés, que ya mencionaba nuestro compañero Juan de Dios, con aquel Francis Clay de los tiempos en que curiosamente Francis Clay era miembro de la oposición frente a un Gobierno de cien años que controló igual que ustedes han controlado este país, Inglaterra, logró ganar el reconocimiento de la existencia de sindicatos en Inglaterra. Florece el sindicalismo en Inglaterra y llega a ser de tal manera fuerte, que crea el sindicato a los partidos políticos, a los partidos políticos y se convierten en la creación, en la subordinación y el instrumento de los sindicatos.
Existe el sindicalismo laboral con tal fuerza, que es el sindicato el que hace, mueve, crea y condiciona el Partido. Este es un tipo de organización obrera. Estamos hablando de la relación del sindicato con la política.
Hay un segundo sistema, el llamado "sindicalismo revolucionario", que emparenta con algunos hombres de la Rusia y en particular y en concreto de Lenin cuando es el partido político el que crea el sindicato para que el sindicato sea fuerza conformadora, la fuerza de utileria que maneja todos los fundamentos y todas las finalidades del partido. El partido subordina a la fuerza laboral, ésta señora y ahorita hablaré de la tercera es la condición que tenemos en este país, no porque la doctrina haya sido de perico de los palotes, estamos hablando de las realidades y no quiero entrar en ninguna oportunidad en un discusión baladí sobre quién lo dijo o no lo dijo: el sindicalismo mexicano es obra específica de la política que se instrumenta a través de los sindicatos, los sindicatos pasan a formar parte de la fuerza política del dedazo.
Alguien dijo aquí que habíamos hablado de Fidel Velázquez, nadie había mencionado a Fidel Velázquez, yo lo voy a mencionar y lo voy a mencionar porque algunos de ustedes recordarán muy bien a Fidel Velázquez que toda la vida no tengo en mi memoria el recuerdo completo del texto, pero es un discurso de Fidel allá por los fines de los veintes y de los treintas, cuando declara en una reunión, creo que cuando era secretario del Sindicato de Lecheros y agrede a los líderes de entonces y los condena y les reclama porque han corrompido el sindicalismo para a través del sindicato conquistar puestos de gobierno. Creo que lo decía en especial y a propósito de que Lombardo Toledano había gestionado a través de su presión en materia sindical, la gubernatura de Puebla, pero existe el texto del señor Fidel Velázquez, alzándose contra el sistema por el cual se haga permitido que los líderes obreros se hagan del poder político y formen parte del sistema de gobierno. Fidel Velázquez es la autoridad que estoy invocando.
Ese es el que se subordina a la fuerza política del Estado y voy a terminar hablando al corazón, si es posible tocarse los de estos mexicanos con quienes delibero, con quienes me siento en debate, pero con quien soy hermano como todos ustedes por el amor que tenemos a esta patria, el auténtico sindicalismo, el que puede ser la protección del trabajador, del campesino y del empresario, el que le dé función de espacio hermanable para construir una patria digna y libertaria, es aquel sindicalismo en donde nosotros estamos colocando nuestra posición y nuestra doctrina que tenga la autonomía suficiente, para no depender de las mociones y dedazos de la Secretaría del Trabajo o de Gobernación que es la que crea y da opción a los funcionarios que nombra, miembros de la Cámara, regidores y gobernadores.
Volvamos los ojos a esta Revolución que se inició con los clamores de un pueblo que estaba oprimido y que quería ser librado; volvamos todos con respeto los unos a los otros a encontrar
el sentido auténtico de la verdad que queremos para un país que cada vez más nos reclama y que cada vez más nos exige a quienes hemos logrado llegar a esta asamblea para ser sus defensores.
En conciencia pensemos si no es más digno un sindicato cuando se registra porque nace, a sostener la absurda situación que tenemos en que para nacer hay que tener el crédito que le otorga a uno un señor de nombre Porfirio Díaz Farell. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Jorge Acedo Samaniego: - Señor presidente, pido la palabra para hechos.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el diputado, cinco minutos.
El C. Jorge Acedo Samaniego: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: ¿por qué estamos a favor de este dictamen?, ¿qué pretende el partido de la reacción al tratar de hacer creer que están en defensa de los intereses de los trabajadores?
No soy jurista, soy obrero y no de ahorita, antes de 16 años en la Mina de Cananea, con esa legitimidad de ser obrero defiendo a mis compañeros.
No soy jurista decía, pero no sé de ninguna ley en este ni en otro país que no esté sujeta a interpretación de una autoridad, no nada más la laboral. ¿Cómo se pretende que se legisle en el sentido de que vaya un supuesto grupo de trabajadores y diga: estamos sindicalizados, sin que se sujete esto a prueba se le vaya a aceptar?, ¿quién sancionaría la legitimidad de esas supuestas firmas de que habla la ley? Hecha la comunicación a las autoridades laborales el sindicato queda registrado, todo tendiente al fortalecimiento del sindicalismo blanco. No, compañeros legisladores, no estamos de acuerdo con esa tesis, el sindicato tiene vida a partir de la decisión gubernamental, no es cierto. Categóricamente no es cierto. No se quiera comparar con el nacimiento de la vida humana, al nacimiento de la organización de los que ya hemos nacido. ¿Cómo podríamos llamarle a que no se permita vivir a una criatura que nace?, ¿con qué argumentos nos tratan de convencer?, ¿cómo es posible que los que se oponen en las negociaciones colectivas al mejoramiento de la clase trabajadora vengan aquí a que se les abra la puerta jurídicamente para dividir al movimiento obrero?
Si bien es cierto que reconocen los alcances que se han tenido a través de la lucha del movimiento obrero organizado, eso no los legitima para ser defensores del mismo. Que el sindicalismo mexicano es para poder buscar poder político, ya quisiera la reacción que dejáramos el camino libre para que en esta legislatura no hubiese representación de los obreros y poder venir a cambiar la ley a su soberano antojo. Jamás lo vamos a permitir.
Yo quiero preguntar: ¿En qué ley, no nada más aquí en nuestro país, está sujeta a una sola opinión sin que se someta al arbitrio de alguien?, ¿o no son las autoridades, no nada más en materia laboral las encargadas de decidir la legitimación de algo?, ¿no tiene que calificar cualquier proceso? Sea juicio civil, sea juicio penal, no está sujeto también a la determinación de algo.
Se habla de estructura, de crear la estructura para el derecho, se trata de crear una estructura para otorgar derechos a los trabajadores o se trata de quebrar una estructura o de abrir una fisura que permita la desintegración del movimiento obrero.
No nos espanta el hecho de que haya uno o más o miles de sindicatos, siempre y cuando sean legítimos. Pero no vamos a permitir que se legisle porque es contrarrevolucionario el hacerlo, que se legisle en tal forma que los empresarios, que los enemigos del sindicalismo tengan cabida en la organización sindical para a través del esquirolaje, que siempre han querido crear desbaratar nuestras estructuras.
Por esas razones vamos a apoyar este dictamen. Somos conscientes de que nuestra ley laboral, una de las más ricas en el mundo, pueda adolecer de ciertas cosas. Pero no vamos a permitir que la reacción de todo el tiempo quiera venir a forjar estructuras que dividan lo más sagrado que hay para los trabajadores, el derecho al fortalecimiento del sindicalismo.
Y repito a conciencia, que el movimiento obrero organizado, buscamos posiciones políticas que si es cierto, hemos buscado, las buscamos y las seguiremos buscando, es para no permitir precisamente que la reacción vaya a avanzar creando las estructuras que descaradamente quiera crear para terminar con lo más sagrado que tenemos, el derecho a la organización sindical, compañeros. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Whaley, para hechos cinco minutos.
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: cuando se discute este tema planteado por la diputación del Partido Acción Nacional, nosotros hemos decidido votar en contra del dictamen por considerar que efectivamente el fenómeno que se plantea en la argumentación, es en esencia, correcta, este mecanismo del registro de las organizaciones sindicales, ha sido un mecanismo de control en dos sentidos, diría yo.
Por una parte, un mecanismo de contubernio de las autoridades laborales con los patrones o con diferentes grupos de patrones, para crear sindicatos fantasmas, para crear contratos de protección que han redituado evidentemente en mucho, mucha riqueza ilícita a algunos líderes obreros o a algunos seudolíderes obreros. Pero también hay que considerarlo, compañeros, esa actitud de las autoridades del trabajo que ha dado aún más recursos a los empresarios, a los patrones y a las propias empresas.
Y por otro lado lo que decíamos del otro aspecto de este control, tiene que ver con la actitud política del Estado. Muchas veces se le otorga o se le niega un registro a una organización sindical, en función de los intereses políticos del momento, de la actitud de los trabajadores y de los criterios de los burócratas en turno.
Casos hay muchos, compañeros, en ambos sentidos. Pero yo quisiera que nos detuviéramos un poco más en ver si lo propuesto por la diputación de Acción Nacional efectivamente tiende a resolver el problema que se ha planteado, que es real, que existe, que fue muy claramente y muy correctamente expresado por el compañero diputado Juan de Dios Castro.
El problema para nosotros, según nosotros lo vemos, es que no es el otorgarle a las autoridades la facultad de registrar, aún cuando sea obligadamente si se cumplen determinados requisitos, porque es mantener una cierta facultad de autoridad que trasciende de lo administrativo. Este es el problema que le vemos a la iniciativa de Acción Nacional, que deja las cosas más o menos en los mismos términos, tal vez con otras derivaciones de carácter administrativo, porque yo preguntaría si no puede la autoridad, con el criterio que plantea Acción Nacional, sencillamente decir que no se cumple con el requisito de la dirección correcta del trabajador fulano de tal, o con el de la empresa o con cualquier requisito administrativo en todo momento y esto le da a las autoridades de trabajo otra vez en los niveles locales y en el nivel federal una facultad política por encima de la obligación que tiene de aceptar la existencia de un sindicato a partir de la voluntad de los trabajadores.
Aquí el problema planteado entonces para nosotros y por eso votamos en contra del dictamen, es que en el dictamen se soslaya totalmente la problemática que se ha vivido por el movimiento sindical mexicano en los últimos tiempos.
Efectivamente el registro y los mecanismos de registro de organizaciones han servido como una forma de control político de las organizaciones, como decía al principio y, por otra parte como una forma de enriquecimiento de los empresarios y de las empresas. Pero no sólo el registro de las organizaciones como tales, todavía de una manera más clara ha sido el registro de las direcciones sindicales, cuestión que no se ha tocado y que no se toca en el planteamiento de Acción Nacional. El planteamiento de Acción Nacional sólo ve el registro de los sindicatos como tales, sin embargo, otra de las formas y aún más utilizadas que el negar registro de sindicatos es el negar la toma de nota de las direcciones sindicales a partir de criterios políticos. Nosotros plantearíamos y lo hemos planteado en nuestra iniciativa hace dos legislaturas, la necesidad de quitarle a la autoridad administrativa la facultad política de decidir sobre la existencia de los sindicatos, atacando por el fondo el problema y esto no se ha dictaminado y esto tiene que ver compañeros dirigentes obreros, no con la capacidad de grupos políticos o no, sino con la autoridad que tienen los trabajadores de decidir sobre su propia organización otro es el mecanismo para ver si son titulares o no de contratos colectivos, si tienen mayoría en una industria o en una empresa o en un gremio, otros son los mecanismos, pero un sindicato, sea titular o no de contrato colectivo, debería existir por la pura expresión de sus miembros; es decir, basta con que se solicite, que se tome nota por parte de las autoridades administrativas, para que el sindicato tenga existencia no sólo en los hechos, sino la tenga jurídicamente.
El C. Jorge Acedo Samaniego: -¿Me permite una interpelación?
El C. Arturo Whaley Martínez: - Como no compañero.
El C. Jorge Acedo Samaniego: -¿En qué forma se darían cuenta que las firmas solicitantes son auténticas sino hay una autoridad que las revise?
El C. Leopoldo Whaley Martínez: - Sencillamente porque darle el reconocimiento a un sindicato no quiere decir hacerlo titular del contrato colectivo. Y puede existir si sólo se demostraría, si la autenticidad de las firmas se demuestra en la medida en que los trabajadores participen y fortalezcan su organización. Ahí es donde se demostraría si son auténticas las firmas.
El C. Eliseo Rangel Gaspar: -¿Qué efectos tienen los actos jurídicos de los sindicatos que realicen hasta el momento en que la autoridad tome nota administrativa de su existencia?
El C. Leopoldo Whaley Martínez: - No le entendí compañero.
El C. Eliseo Rangel Gaspar: -¿Qué efectos tienen los actos jurídicos de los sindicatos, que realicen hasta el momento en que la autoridad tome nota administrativa de su existencia?
El C. Leopoldo Whaley Martínez: - De una vez contesto todas juntas, compañero...
El C. Jorge Acedo Samaniego: - Se trata de lo siguiente: ¿usted ha pertenecido a algún sindicato en alguna ocasión?, ¿cómo se puede evitar que el patrón utilizando esquiroles pueda coaccionar un grupo de trabajadores para constituir un sindicato sin que la autoridad laboral vaya a sancionarlo, para ver si es mayoría de trabajadores los que lo están formando?
El C. Leopoldo Whaley Martínez: - Compañeros, efectivamente yo estuve en un sindicato y a mí me desconoció la autoridad laboral, como les consta a los compañeros del mismo Congreso del Trabajo.
De la misma forma en que no pudimos demostrar, a pesar de tener la enorme mayoría de los trabajadores, de la misma forma no habría condiciones si efectivamente se les da, no registro a los sindicatos, sino toma de nota administrativa que es o que establece la Ley Federal del Trabajo, no es registro político, no un reconocimiento por el papel, si no por la voluntad de los trabajadores en la medida en que se abandone la actitud paternalista que hay respecto a las organizaciones sindicales.
Compañeros, se me terminó el tiempo quisiera pedirle al señor presidente, que ponga a la consideración de la asamblea si me permiten terminar.
El C. presidente: - Esta presidencia ha comunicado al orador que se le terminó el tiempo. Se ha dirigido a nosotros solicitando la anuencia de la asamblea para que se le conceda un poco más de tiempo para hablar. Pregunte la secretaría si están de acuerdo.
La C. María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si están de acuerdo en que se prolongue el tiempo del C. Leopoldo Whaley los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado señor presidente.
El C. presidente: - Puede continuar, otros cinco minutos.
El C. Leopoldo Whaley Martínez: - Aquí evidentemente, no estamos discutiendo un problema de mecánica jurídica, con todo respeto a los abogados, estamos discutiendo un problema que ha sido nodal en el desarrollo, en la existencia del movimiento sindical mexicano. Aquí se puede negar compañeros de cualquier partido, honestamente ¿que hay sindicatos fantasmas?, ¿que hay contratos de protección?, ¿alguien puede negar la existencia de sindicatos fantasmas o de contratos de protección? Yo creo que no, ¿alguien puede negar aquí que ha habido conflictos mayores o menores que se han resuelto por la vía de cancelar, de negar un registro a una directiva, a una organización sindical.
En virtud, de consideraciones estrictamente políticas desde el poder. No compañeros, nadie lo puede negar. Y aquí está el fondo del problema. El fondo del problema es si se va a cambiar la actitud de considerar a los tribunales de trabajo como una agencia del manejo del poder y no como un tribunal que efectivamente tiene que ver con el cumplimiento del derecho del trabajo. Ese es el problema planteado y esto evidentemente existe, el problema existe.
Estamos en desacuerdo en la forma en que lo plantea Acción Nacional y por eso nuestro grupo parlamentario o nuestros grupos parlamentarios anteriores han planteado cambios en la Ley Federal del Trabajo.
Yo más que para llamar ahorita, una discusión sobre alguna solución, quisiera que reflexionáramos compañeros, en que el fondo de la cuestión, es quitarle a la autoridad laboral la facultad de negar o aceptar los registros y que en todo caso el juicio en que se ventila la existencia de los sindicatos, se tenga que ver con recuentos y con titularidad de contratos colectivos, porque es mentira que la existencia de estos mecanismos jurídicos haya salvado a los trabajadores de ser manipulados por los patrones, para eso se han hecho los sindicatos fantasmas, para eso existen los contratos de protección para que sean los patrones los que mangoneen vía seudo líderes a los trabajadores su derecho a organizarse y su derecho a condiciones de vida satisfactorias.
Por lo tanto, nosotros votaremos en contra a partir de esas consideraciones, pero aclarando que también estamos en contra de la propuesta de la diputación de Acción Nacional, y aclarando también que no podemos discutir los problemas de la organización sindical a partir de ver quién es mejor paladín del proletariado.
Creo que aquí muchos de los que han hablado pertenecen a esa parte de los seudolíderes, pero no vayamos muy para atrás, la diputación de Acción Nacional votó a favor de la Ley Nuclear enviada por el presidente Miguel de la Madrid para aplastar a un sindicato que ni siquiera se atreven a mencionar. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Magdaleno Yáñez Fernández para hechos cinco minutos.
El C. Magdaleno Yañez Fernández: - Señor presidente; señoras y señores diputados: se está discutiendo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, pero también se está discutiendo por parte de quien se considera propietario del movimiento obrero, y de esa forma venir a señalar aquí una serie de artículos que menciona la Ley Federal del Trabajo, que de alguna manera ya tenemos cierto conocimiento o la idea cuando menos.
Aquí se han venido a mencionar una serie de cosas, que la derecha o que la izquierda, y al fin de cuentas alguien como diciendo :esto es mío, este es mi pastel y, ¿por qué voy a dejar una rebanada?
¿Y sería contrarrevolucionario no apoyar al dictamen? Pero, ¿qué es contrarrevolucionario? Yo pregunto porque algunos de los diputados que han venido a hablar aquí ni siquiera han estado en las empresas, nunca han trabajado en una fábrica, les han heredado los liderazgos, y de esa forma ni siquiera tienen el conocimiento de las necesidades, o si tienen el conocimiento no lo sienten, porque su mundo es diferente al mundo de los trabajadores.
En ese sentido pues también es muy contradictorio el hecho de que se venga a criticar que un sólo partido es el de los empresarios, cuántos empresarios diputados hay aquí en esta Cámara que son del Partido Revolucionario Institucional y multimillonarios. Eso es algo así contradictorio, lo señalaba también el doctor de la Cueva, como el movimiento obrero convive en un partido, donde se agrupa a grandes industriales, a grandes empresarios y a los latifundistas. Eso es contrarrevolucionario, eso si es contrarrevolucionario.
Y yo creo que aquí hay una importancia bastante grande entre los que pelearon por los derechos de los trabajadores y hoy, los que se dicen herederos, defensores de los trabajadores. Yo creo que si Heriberto Jara escuchara los discursos de algunos diputados presentes, del Partido Revolucionario Institucional, que dicen defender los derechos de la revolución, pues le daría vergüenza y estaría en contra de ustedes. ¿Cómo es posible que si se otorga el registro sindical automático se vaya a desestabilizar al movimiento obrero? Y se ha hablado aquí que son 60 días, que en 60 días a los 13 tiene el registro automático. Pero se ha visto en la práctica que después de los 60 días que dicen: vuelva después, que ven a los ocho, a los 15 días, salen con otros requisitos que no menciona la Ley Federal del Trabajo. En este lapso de tiempo se le da la oportunidad a que el patrón despida a los trabajadores.
Y nos encontramos todavía que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no solamente para el registro de los sindicatos sino aún en las simples demandas, pues parecen abogados defensores de los patrones y ni siquiera que vayan a impartir justicia. Aquí se ha hablado de que para impartir la justicia, el reconocimiento de un sindicato, aún hasta en los juicios civiles y penales. Yo creo que en un juicio civil o en un juicio penal hay más recursos que en un juicio laboral.
En ese aspecto encontramos entonces que es más fácil a veces de llevarse un asunto en un juzgado civil que en un juzgado penal, que en la misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido, pues, entonces creo que sí es importante que se le dé el registro automático a los sindicatos, y ya después se discutirá si tiene la mayoría o no tiene la mayoría. Por lo pronto se evitaría que los empresarios corrieran a los trabajadores que se han organizado para formar un sindicato. A veces todavía en la actualidad los trabajadores han y se tienen que esconder, andar así en las catacumbas, que nadie se dé cuenta de que han organizado un sindicato. Solamente cuando se cuenta con la bendición oficial, se solicita un registro de un sindicato un día y al otro día se obtiene. Muchas gracias señor presidente, había algo más pero el tiempo se ha terminado.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Joaquín López Martínez.
El C. Joaquín López Martínez: - Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados: realmente es asombroso y el poder presenciar la forma tan falsa como ha venido aquí el Partido retardatario de Acción Nacional.
Pretenden el día de hoy ser los ideólogos sindicalistas, pretenden el día de hoy venir de redentores falsos y eso compañeras y compañeros, definitivamente está muy claro que siguen siendo el partido retardatario.
Algunos compañeros diputados, han hecho algunas reflexiones y cabe mencionar la que exponía el diputado de Acción Nacional, Paz Zarza, y que decía: que esta iniciativa era muy importante. Sin duda alguna es importante y cabe presenciar la vehemencia con que han venido aquí a defender los intereses de los patrones, indudablemente que es importante el venir a decir aquí disfrazando su ideología sindical, de que es una iniciativa que viene a favorecer al trabajador organizado. Esto no es cierto, porque lo único que se haría si permitiéramos que se aprobara esta iniciativa, es el
abrir las puertas a registrar los sindicatos 100% empresariales, 100% patronales y con ello crear los sindicatos blancos. Eso no lo va a permitir el movimiento obrero organizado.
La iniciativa de Acción Nacional, pretende con ello y lo están añorando ustedes compañeros, de la reacción, el tener que tratar directamente con los trabajadores para darles lo que a bien quieran ustedes darles. Las conquistas sindicales, han costado sangre, han costado vidas, han costado hambre y no vengan hoy como falsos redentores a decir que su ideología sindical buenamente viene a exponerse con una iniciativa para poder darles mejores garantías a los trabajadores.
Es una iniciativa 100% retardataria, y no podremos limitar porque la misma ley no limita, a que los trabajadores se puedan organizar, pero los verdaderos trabajadores, no los seudotrabajadores que ustedes han mezclado para que el día de mañana se conviertan en esquiroles. Eso no vamos a permitirlo.
Por eso no vengan a presumir aquí que hoy les tocó ser los sindicalistas de la vanguardia del movimiento obrero Acción Nacional. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Porfirio Cortés Silva.
El C. Porfirio Cortes Silva: - Señor presidente, compañeros diputados: breve habré de ser y, no habré deliberado propósito, ni de injurias, ni de ataques y en lo posible que no acontezca en esta, insisto, breve intervención, disensiones mayores.
Es lamentable que habiendo diputados indiscutiblemente preparados, cultos e inteligentes, no tengan el control emocional para cesar de anteponer el propósito del ataque, de la incidia, abandonando el tema que entre paréntesis este es un tema histórico, es un debate interesante por lo que intrínsecamente representa y también por muchas expresiones valiosas que se han dicho en esta tribuna. Atacar al conducto de los trabajos de esta Cámara Mendoza Barrueto, atacarlo creyendo que con ello van a conseguir un objetivo en torno de la iniciativa y el dictamen que está a discusión, simple y llanamente es un desatino y es un agravio que requiere una disculpa de parte del diputado que lo hizo.
¿Por qué he dicho que es trascendente el tema que hoy se aborda? Porque es una vieja disputa, una disputa que históricamente podemos localizar lo mismo en Francia, que en Inglaterra, que en Italia; la imputa está íntimamente ligada con lo que ahora nuestra Constitución establece en su garantía correspondiente al artículo 9o.; es decir, la garantía que se refiere genéricamente al derecho de asociación. El derecho de asociación considerado como derecho humano, el derecho humano porque en efecto es natural, es consustancial a la persona asociarse; lo que tenemos que preguntarles es, si en esa disputa a que hago referencia, tuviéramos que inclinarnos por lo que ya parece que corresponde al pasado o sea el estado político que deja hacer y deja pasar. Justamente es lo que sostiene en esta ocasión el respetable diputado Juan de Dios Castro, en su iniciativa.
Quiere que la autoridad se inhiba; quiere que la autoridad sea espectadora; quiere que la autoridad no intervenga; quiere que el Estado pudiera darse el supuesto en el devenir del tiempo, que lo sofocaran los sindicatos, partiendo del supuesto que los sindicatos o sea las asociaciones profesionales, abundaran en forma tal que ocuparan preferentemente el lugar y dejaran rezagado al propio Estado.
El C. Juan de Dios Castro: -¿Me permite señor diputado una interpelación?
El C. Porfirio Costes Silva: - Con mucho gusto.
El C. Juan de Dios Castro: - Mire, respecto a la iniciativa de que usted habla, señor diputado, efectivamente así la pretendo, porque el artículo 3o. del convenio 1987 con la Organización Internacional de los Trabajadores, que forma parte de nuestro orden jurídico, dice lo siguiente: "las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal".
En efecto, mi afirmación está conforme a este convenio 1987 celebrado con la Organización Internacional de los Trabajadores. ¿Usted está a favor de esto o en contra?
El C. Porfirio Cortes Silva: - No respondo a su capciosa pregunta.
Voy a tratar de contestarle como creo que es el orden debido.
En primer lugar usted hace una referencia desacertada, porque está señalando en la vida de los sindicatos cuando estos ya estén constituidos, en efecto nuestra propia Constitución y la ley reglamentaria lo establecen, de respetar la autonomía, en donde considero que está usted en un error, y se lo digo con respeto, es cuando considera que es equivalente que no haya previa autorización por parte de las autoridades en relación con la pretendida, el pretendido registro de un sindicato, con el hecho de que la ley y las autoridades no tengan facultad, no tengan discreción, como usted lo
menciona en su iniciativa, pero al contrario de como usted lo sostiene, de vigilar, de constar que efectivamente se dieron los requisitos procedentes para que haya razón del registro del sindicato, es decir usted sostiene que se exonere a las autoridades de examinar si efectivamente se dieron los requisitos o no se dieron. Yo quiero plantearle con respeto de todos los compañeros una interrogante ¿Hay sumas hipótesis, inimaginables en el campo jurídico que podrían producirse si es que efectivamente se probara su iniciativa.
¿Qué pasaría y cuál recomendaría usted que fuera la actitud de las autoridades frente a la solicitud del registro de un sindicato, por un grupo de personas que no fueran 20, por supuesto, por un grupo de personas que hubiesen integrado su directiva con uno o más extranjeros? ¿qué hiciera la solicitud igualmente, con menores de edad integrando la directiva o bien que dentro de las finalidades del sindicato se pretendiera hurgar en el campo de la religión, considera usted que la actitud recomendable para la autoridad frente a esa hipótesis fuera de inacción?
El C. Juan de Dios Castro: - Señor ningún problema hay, cuando haya el conflicto se obrará de acuerdo a derecho.
El C. Porfirio Cortés Silva: - Fíjese nada más qué desacierto de su parte y le voy a explicar una cosa, para tratar de comprobarle que es desacierto, en un país lo primero es la sociedad en su conjunto, es el pueblo y en segundo lugar son los intereses de los sectores en ese caso de los sectores patronales, porque también ellos pueden constituir sindicatos o hasta de los propios trabajadores, imagínese nada más cuantos daños y perjuicios causarían a terceros hasta tuviera que procederse a la cancelación del sindicato. si esa es su idea, le digo con toda sinceridad, está en un desacierto jurídico inexcusable en usted que tiene preparación jurídica. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Arturo Ruiz Morales.
El C. Arturo Ruiz Morales: - Señor presidente, con su permiso, compañeras y compañeros: vamos a ubicar el tema tal como lo señaló el anterior compañero mío, en la historia.
Aquí se ha hablado que los sindicatos, que la organización profesional ha nacido como una fuerza natural, y se ha dicho y se ha mencionado Francia e Inglaterra y demás países. En efecto, cuando eran clandestinos no se les permitía en Francia y se les aplicaba la ley penal, pero fueron reconocidos en 1884 en Inglaterra.
Cuando hubo este reconocimiento ¿qué papel jugaron los empresarios en contra de las organizaciones? Primero trataron de emplear a los trabajadores libres; posteriormente boicotearon al sindicato revolucionario, creando sindicatos manipulados por los propios patrones.
Esto es la historia, y ahora se nos viene a decir que viene a descubrir el hilo negro dándonos clases, recurriendo al viejo procedimiento de antaño.
En México, por fortuna se creó el artículo 123 y su fracción décima sexta, en el cual reconoce la creación de los sindicatos para trabajadores y patronos, con las finalidades de estudio y defensa y mejoramiento de sus organizaciones. Antes de seguir adelante, deseo poner un ejemplo con lo que sucedió con el Sindicato Ferrocarrilero, en un principio estábamos formados por gremios, por especialidades y por hermandades. Y se decidió hacer un sólo sindicato fuerte, porque en aquellas hermandades y gremios sucedía que había contradicción, había gente que no ponía atención a los problemas de otra especialidad, había pues egoísmos.
Por eso en 1933 se decidió que los gremios se constituyeran en un sindicato fuerte, como es el actual. ¿A eso quieren llegar con esa proposición? Ahora bien, los requisitos que establecen los artículos 365 y 366 de la ley marcan requisitos de fondo y de forma que no están a discusión pero que si es necesario analizar.
Los requisitos de fondo es de que sea una unión de personas, pero con la calidad de trabajadores en servicio, esto incluye a los menores de edad mayores de 14 años que no les impide para ser sindicalistas a los trabajadores extranjeros, con una finalidad, defensa más bien lo que constituye la defensa de nuestro sindicato que está plenamente constituido.
Señor, señores, ¿qué sucede cuando uno de estos elementos se violan con el registro automático? Ahora bien, también se presentará el acta constitutiva. El acta constitutiva es la voluntad de los trabajadores para asociarse y formar un sindicato. En esta tribuna también se dijo que podía suceder que no fueran auténticos trabajadores, que no fueran la voluntad mayoritaria de los trabajadores que forman el sindicato. Y además, que no fueran los 20 mínimo que marca la ley.
Todo esto, puede considerarse y no puede constituirse un sindicato sin no llenan estos requisitos indispensables, que va a constatar el propio Estado. Y con ello darle la oportunidad jurídica al sindicato.
En el dictamen de Acción Nacional, más bien en la proposición, manifiesta que el concepto de registro es un típico acto administrativo. Esto me
parece que no es un acto administrativo, porque el sindicato está ya previsto en la propia Constitución, y únicamente se van a llenar los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria de la Constitución. Está autentificado lo que es ya la existencia de un sindicato en la Constitución.
Por ello, creo que debe desecharse la proposición del Partido Acción Nacional, porque de otra manera tenemos o tendríamos un aspecto y una serie de sindicatos; esta pluralidad de sindicatos tiende a romper la unidad de los mismos, y viene a perjudicar tanto a los trabajadores como a los empresarios, porque esas pugnas internas bastarán para no producir y perjudicarían a los empresarios.
Es pues necesario que se dejen de esta manera y como están los artículos 365 y 366. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Fernández Flores.
El C. Manuel Fernández Flores: - Con su permiso, señor presidente: es un tema, estimados compañeros diputados, de una extraordinaria importancia de que con motivo de la iniciativa del Partido Acción Nacional, se está tratando en estos momentos.
Hablar de la historia de la organización sindical, larga y llena de obstáculos para los trabajadores, sería referirnos a los antecedentes que las hermandades, las fraternidades, las mutualistas tuvieron antes y aún cuando la revolución industrial produjo un número extraordinario de trabajadores que en Inglaterra, principalmente, integraron organizaciones y largo sería también comentar la lucha de los trabajadores para que se reconociera la legalidad de sus organizaciones y largo también sería relatar la forma en que cada país, en cada lugar, la organización sindical ha obtenido su legalidad.
Pero estamos convencidos de que la formación de las organizaciones sindicales, son un acto de conciencia de clases y que cuando ésta se manifiesta, no hay obstáculo que pongan sus enemigos de clase que puedan detener a la organización. Estamos de acuerdo que no deben limitarse a la libertad de los trabajadores, pero tengamos cuidado, compañeros diputados, de que nombre de esa libertad, se permitan facilidades a la clase patronal, para que tengan oportunidad de controlar mascaradas de organizaciones sindicales en favor de sus intereses.
Los argumentos de la iniciativa del Partido Acción Nacional, señalan que un tribunal, que en un tribunal no se reconoce personalidad alguna al sindicato que no acredite la personalidad de sus dirigentes con la constancia del registro, ¿que se pretende? ¿romper el orden jurídico que beneficie a los trabajadores? La organización sindical auténtica, tiene la capacidad suficiente para que se reconozcan a sus dirigentes y a su propia existencia. La historia así lo demuestra, la autoridad tiene la facultad de no registrar un sindicato si este no llena los requisitos marcados por la propia ley. Da la impresión en la argumentación que se presenta por parte del Partido Acción Nacional, que si no llenan estos requisitos, se puede registrar también. Yo creo que si así fuera, si este seria el argumento de peso, sería una equivocación radical.
En la iniciativa, se dice también que la importancia excesiva que ha adquirido el registro con la colusión de autoridades laborales, y autoridades de garantías ha dado al Gobierno la llave del mundo sindical, como lo ha afirmado algún ilustre tratadista. Casos múltiples ha habido en que no obstante que se satisfacen todos los requisitos que la ley exige, para que el registro se conceda para consignar la autoridad laboral.
Y la violación en su caso de disposiciones legales por parte de autoridades, no justifica el cambio de la ley. Ese ilustre tratadista debía saber que la llave del mundo sindical no es por la forma en que esta la ley, pues da la impresión que la llave de ese mundo sindical quisiera tenerla para los patrones.
El planteamiento del registro automático en forma absoluta, como lo plantea el Partido Acción Nacional, en mi opinión contiene una contradicción porque ahí mismo establece que deben seguir vigentes las disposiciones legales acerca de los requisitos que deben ser satisfechos para constituir sindicatos. Plantea el problema de la discrecionalidad y lo resuelve con el registro automático, falso. No hay discrecionalidad. Lo que hay es el juicio si se cubren o no, los requisitos al plantear la discrecionalidad se utiliza una falacia, pues con ese argumento lo que se pretende es de manera irrestricta, permitir la formación de simulación de sindicatos que manejados por la clase patronal, los enfrenten a las verdaderas organización sindicales, para disminuir así la capacidad de lucha que tienen los sindicatos. Esta ha sido una vieja aspiración de los empresarios: legalizar crepúsculos para utilizarlos políticamente como ellos quieran.
La iniciativa plantea que con una simple comunicación de su existencia a la autoridad, el sindicato queda registrado y que desde el momento en que un sindicato queda registrado, goza de personalidad jurídica.
Realmente es admirable que en una proposición tan importante como ésta, que no corresponde a
la forma meticulosa y cuidadosa en que los abogados del Partido Acción Nacional y presentan sus documentos empleen de manera tan simplista un argumento que quiere ser jurídico. Dirán que es para garantizar la libertad de los trabajadores para organizarse, pero nosotros estimamos que no, lo que se traduce en esta proposición de Acción Nacional, y que es la verdadera intención, es la facilidad con que se puedan contar los patrones para formar en el seno de los propios organismos sindicales, grupos que debiliten la lucha de la clase trabajadora, a través de sus verdaderas organizaciones, ya lo han intentado en otras ocasiones y sus teorías acerca del colaboracionismo de la armonía entre patrones y trabajadores etcétera, etcétera, son otras manifestaciones también para debilitar la lucha de las organizaciones, como si la lucha de clases pudiera soslayarse o pudiera evitarse con buenas intenciones o con aspiraciones a legalizar esta situación.
El primer párrafo de la iniciativa en su argumentación, dice que el registro de los sindicatos constituye uno de los puntos obscuros del derecho laboral y ha servido para cubrirse de la existencia de los sindicatos depende en última instancia de las decisiones gubernamentales, creo que no es exacta esta afirmación, porque es extraño que se diga que es uno de los puntos oscuros del derecho laboral, basta recordar no sólo la ilegalidad en que actuaron las organizaciones sindicales durante el régimen porfirista para no irnos más lejos y su lucha por la legalidad y no sería justo desconocer la acción de los constituyentes en 1917 para plasmar en ley las aspiraciones de los trabajadores, desconocer esto sería un atentado, así como lo que existe en la Ley Federal del Trabajo, con meridiana claridad y no hay ninguna oscuridad en ese sentido, la organización sindical está plasmada en la legalidad.
No es la decisión gubernamental, reitero, sino un acto de conciencia de clase de los trabajadores, por eso no puede derivarse de un acto meramente burocrático, administrativo, el nacimiento de una organización sindical, no es sospechoso, estimados compañeros diputados; que precisamente los representantes de los patrones hablen de la libertad de los trabajadores, la anarquía no es el camino de la clase trabajadora.
Se ha hablado de manera destacada, y coincidimos con las expresiones en torno a la unidad del movimiento obrero, pues estamos convencidos que sólo la unidad, factor fundamental, hará que la clase obrera, que la clase trabajadora obtenga victorias para su clase y para nuestro pueblo.
La lucha de las organizaciones sindicales debe ligarse a la lucha de nuestro pueblo por sus causas más elevadas, y en este momento por la plena independencia de nuestra patria, por eso nos pronunciamos por la Central Única de Trabajadores para aspirar a una sociedad superior.
Los grandes problemas de nuestro pueblo no se resuelven dividiendo y debilitando al movimiento sindical o conduciéndolo a la anarquía y menos cuando lo propone la clase patronal.
Un diputado del Partido Acción Nacional ha hablado aquí del maestro Vicente Lombardo Toledano y de Fidel Velázquez, los dos más grandes dirigentes que ha tenido el movimiento obrero mexicano, cada quien en su tiempo y cada uno con su estatura política, pero lo menos que podemos pedirle a este diputado cuando haga estas referencias, es que diga la verdad, que no calumnie, que no recurra a la mentira para tratar de convencer de algo de lo que ellos mismos no están convencidos, pues es el Partido Acción Nacional el que ha manifestado estar en contra de la educación por parte del Estado, del ejido, y en contra de los sindicatos, en una declaración histórica que hizo su dirigente.
La posición del partido reaccionario en defensa de los trabajadores sólo tiene un título: demagogia, por eso rechazamos la proposición del Partido Acción Nacional y votaremos en favor del dictamen. Muchas gracias compañeros (Aplausos.)
Presidencia del C. Arnulfo Villaseñor Saavedra
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Blas Chumacero.
El C. Blas Chumacero Sánchez: - Con su venia señor presidente; señoras diputadas y señores diputados; honorable asamblea: tengo el honor de se obrero, y nadie puede levantar la voz en el sentido que no tengo la pulsación de mis compañeros de trabajo. Me gustaría que los que han venido a esta tribuna del partido de la extrema derecha en México, que hablan de los hombres que han forjado el movimiento obrero del pasado y del presente sean calumniados. Se ha hablado de Fidel Velázquez que ha sido lechero, un honor para Fidel Velázquez.
Tengo también el altísimo honor que me ha concedido esta soberanía de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable LIII Legislatura del Congreso de la Unión. Hemos elaborado este dictamen y ha sido del conocimiento de todos los integrantes de la Comisión que han querido concurrir a discutir los conceptos en el dictamen establecidos. También en la Comisión hemos escuchado la osadía de muchos señores diputados de Acción Nacional,
que en lugar de actuar como miembros de una Comisión de Trabajo y Previsión Social han actuado como abogados postulantes. No es lo mismo litigar en una justa que elaborar un dictamen.
El dictamen corresponde a la respetabilidad de esta soberanía. Yo no voy a expresar los fundamentos del dictamen ni los artículos en que nos hemos apoyado para dictarlo, porque los compañeros que han venido a esta tribuna se han encargado de señalar los encuentros que tiene una proposición que trata anárquicamente de destruir el sistema laboral para la integración de los sindicatos y su registro ante la autoridad correspondiente.
No podemos aceptar el registro automático, no es el temor de pulverizar al movimiento obrero. Desde el año 1915, en que se creó el primer sindicato de trabajadores en la Fábrica de Coco Lapan de la región veracruzana, se establecieron las aspiraciones de los trabajadores de lucha dentro del sindicato por los derechos fundamentales de las clases trabajadoras mexicanas; aquí se ha hablado del porfiriato, reiteradamente se ha hablado de la dictadura; no había sindicatos en ese entonces.
Los grandes círculos de obreros libres, las uniones de resistencia que formaron la primera confederación nacional del trabajo, fueron los que lograron su unidad, con su entereza y con su sacrificio crear el primer contrato de condiciones universales que fue la Convención Mixta Obrero Patronal de la Industria Textil en 1912, de allí data. Y entonces no se discutió porque no levantaban la voz los representantes de la reacción que habían sido vencidos ya en esa época, existía el departamento del trabajo, creado por decreto del presidente Madero y allí se registraban las uniones de resistencia. Y fue registrada para los estudiosos del derecho pueden buscar en la hemeroteca de la biblioteca Palafoxiana de Puebla, para que encuentren el dato de como fue constituida esa Confederación.
En 1915 reitero, fue el primer sindicato, después de los sucesos aciagos de 1906 y 1907, el sindicalismo fue plasmado en la Constitución de 1917 y se establecieron las bases. ¿Por qué no se dictó la Ley Federal de Trabajo en ese entonces?, ¿por qué hubo en los estados las leyes del trabajo?, ¿por qué se opusieron los patrones también de la época para acatar los mandatos de esas leyes?, ¿por qué hasta 1929 fue con el proyecto Portes Gil, producto de una convención obrero patronal, cuando se formuló el borrador de la Ley Federal del Trabajo?, por qué fue expedida hasta agosto de 1931 con el presidente Pascual Ortiz Rubio? Por la oposición tenaz y persecutoria de la clase patronal para con los trabajadores, ¿por qué se estableció la cláusula de exclusión? Para castigar precisamente a todos los que habían convencido de traicionar al movimiento obrero.
Estos son los antecedentes a grandes razgos. El desarrollo del sindicalismo en los años de 1930 a 1940, la creación de los sindicatos nacionales de industria, y ahora sindicatos nacionales dejando la palabra a un lado de ser nada más sindicatos de industria, ¿por qué se ha mantenido la disciplina hasta ahora?, ¿le puede negar el avance del movimiento obrero a lo largo y a lo ancho del territorio nacional? Ahí está el Seguro Social, ahí está el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, ahí esta la Institución de los Salarios Mínimos, ahí está la Institución de la Participación de Utilidades, ahí está el pago del séptimo día, el pago de las vacaciones, la prima de las vacaciones, la prima de antigüedad por separación. ¿Acaso no todavía discuten ahora en las Juntas de Conciliación y Arbitraje lo que aquí vienen a proponer como defensores del movimiento obrero? Estas son las circunstancias que se han llevado a rango constitucional, establecido el rango constitucional defendemos con pasión y con coraje los artículo 365 y 366 tal como están redactados. Y no aceptamos el registro automático. No quiero cansar más a esta soberanía extendiéndome a cosas históricas o a hechos que dejarían muy mal parados a los señores de Acción Nacional.
Solicito de ustedes que conociendo el dictamen de la comisión, se vote afirmativamente. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Moisés Calleja.
El C. Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente; honorable asamblea: muchas gracias diputado Blas Chumacero, porque en su calidad de auténtico trabajador, del que ha luchado toda su vida en beneficio de la clase a la cual pertenece, ha expresado en estos momentos, con su palabra emotiva, salida del corazón, cuáles son las inquietudes, cuáles son las luchas del movimiento obrero.
Por la responsabilidad que a nosotros nos compete, hemos considerado prudente venir a esta tribuna para enlazarnos en relación con esta profunda preocupación que hemos tenido durante todo el día: la iniciativa del Partido Acción Nacional emplea una expresión que se ha repetido de una manera incansable durante toda la discusión en el sentido de que su aspiración y su determinación, es por el registro automático.
De mi parte creo que esta no es la expresión correcta, no se lucha o no se aspira por el registro
automático, la determinación sincera, la proyección correcta es porque no se registren los sindicatos; y así se deduce de lo expresado por el diputado Castro, cuando nos hace mención a la creación de los sindicatos obreros en Inglaterra y en Alemania para llegar también a otra conclusión respecto de Francia en cuanto que dice y es cierto "estos sindicatos no se crearon de acuerdo con la ley con la autorización del estado, fueron sindicatos que se constituyeron de hecho, en tantas veces ocultas para defender los intereses de los representados y esto no solamente es patrimonio de estos países que iniciaron la industrialización, sino también es la historia de la otra profundamente dolorosa del sindicalismo obrero nacional, también en la época de la dictadura existiendo disposiciones expresas en Código Penal, los sindicatos en modo alguno pudieron para su existencia tener el reconocimiento del estado, lucharon contra el estado para tratar en relaciones con los patrones de lograr las ventajas y lograr sus conquistas y toda la historia del proletariado mexicano, hasta antes de llegar a la Revolución de 1910 y fundamentalmente hasta antes de llegar a la Constitución de 1917, representa la agrupación, representa la asociación, grupos de trabajadores que sin el reconocimiento del estado con el repudio del estado, con las armas del estado, lucharon para beneficiar a sus representados, así se explican verbigracia la huelga de Cananea, la huelga de Santa Rosa, la huelga de Río Blanco, como ejemplos que pudiéramos dar en este momento, pero el movimiento obrero luchó y nueve meses con patrimonio si no es del mundo entero donde existe un sindicalismo libre tratar de que el estado reconozca la existencia de las organizaciones sindicales y eso se plasma entre nosotros en la Constitución de 1917, esto es, los sindicatos adquirieron el reconocimiento del estado, la determinación del estado para que hubiera libertad de sindicalización. A partir de ese momento no encontramos que encauzados dentro de los canales del derecho ocurre, respecto de los sindicatos, lo mismo que sucede y ocurre en relación con cualquier asociación.
Con inteligencia, y se la reconozco al diputado, él ha insistido y ha hablado toda la tarde en esta asamblea del registro automático, porque él es estudioso del derecho, conoce la historia y la tradición jurídica, y sabe que para los efectos de la existencia de las personas morales, para que una asociación adquiera vida jurídica, se necesita el reconocimiento del estado, y diría así en unas cuantas palabras: desde el derecho romano, salvo el primer período, el estado intervino en relación con el reconocimiento de las personas morales, de los famosos colegios, tradición que se prolonga en todo el derecho; lo encontramos en los glosadores, en el derecho canónico, en el derecho común, y en la actualidad a través de toda la legislación, y bastaría solamente leer el Código Civil para saber que las personas morales requieren del reconocimiento del estado, lo mismo puede ser la asociación de una naturaleza que los propios sindicatos.
En esta inteligencia, por eso nosotros venimos a la tribuna para aclarar que la postura de Acción Nacional no es en el sentido del reconocimiento automático, sino es la determinación de que no existan reconocimientos en relación con los sindicatos, y ¿esto qué significa dentro del movimiento obrero?
No hablaré de la historia de la lucha de los obreros para sindicalizarse. Ha pintado brevemente, con palabras certeras, con palabras adecuadas el compañero Chumacero una lucha reciente del movimiento obrero, pero yo diría para ser concreto y conocer la proyección del intento, nosotros que hemos actuado dentro del movimiento obrero, que nos hemos formado dentro del movimiento obrero que conocemos sus inquietudes, que conocemos sus preocupaciones, también conocemos sus proyecciones.
Después de la Constitución de 1917, en un país marcadamente de artesanos, podemos decir que los sindicatos existentes eran fundamentalmente los llamados sindicatos de oficios varios y como un avance los llamados sindicatos gremiales. Y dentro de estos sindicatos, forjándose la conciencia sindical y de los trabajadores, fueron avanzando para perfeccionarse y con el intento fundamental de que a través del fortalecimiento, demostraran tener mejores posibilidades en la lucha. Y esto no solamente ocurre dentro del movimiento sindical, a medida que este país se desarrollo, a medida que esta país se industrializa, los pequeños talleres, las pequeñas empresas, se van paulatinamente transformando, aparecen las empresas de mayor envergadura. Empresas donde se acredita por su importancia económica el poder de las propias empresas, y frente a eso viene la evolución necesaria de los sindicatos de los trabajadores.
Llegamos o partimos de los sindicatos de oficios varios, partimos de los sindicatos gremiales y llegamos a los sindicatos de empresa, a los sindicatos de las grandes empresas. Era necesaria la unificación de los trabajadores, y así en empresas importantes desaparecieron las famosas hermandades, que eran solamente agrupaciones en relación con determinadas especialidades. Se empieza a fortalecer el movimiento sindical tan necesario para sus reivindicaciones y para su lucha.
Pero el desarrollo del país sigue avanzando, y en el avance del país encontramos que ya no tenemos solamente las empresas locales, las
empresas de una región, encontramos las empresas que abarcan el panorama nacional. Y en relación con esto, también la experiencia de la clase trabajadora les lleva a la transformación de sus sindicatos de empresas para llegar a los sindicatos nacionales, que es la organización de mayor reciedumbre dentro del movimiento obrero mexicano. Y estos sindicatos nacionales han podido controlar a las grandes empresas. Y si agregamos más, dentro de la concientización unitaria de la clase trabajadora, estamos llegando, como decía un compañero, a la integración de la organización única de la confederación de los trabajadores, los prolegómenos los encontramos en el Congreso del Trabajo, es decir, ésta es la conciencia de la clase trabajadora: la unidad de todos los trabajadores.
Y aquí viene la relación entre lo que comentamos y lo que significa la proposición de Acción Nacional. Se ha constatado en el ámbito nacional la importancia del movimiento obrero, sus determinaciones para avanzar con justicia social dentro del desarrollo de México, y dentro de esa responsabilidad representa, indudablemente, una fuerza importante en todas las determinaciones nacionales. En esa virtud, es de pensar que cuando estamos considerando la necesidad de un reconocimiento no automático, sino la necesidad de que tan pronto se diga que se cumplió un sindicato, se tenga por existente, ello significará sin mucho esfuerzo el debilitamiento, el fraccionamiento de estas grandes organizaciones de lo que ha realizado el movimiento obrero nacional.
Si un sindicato, dijéramos como ejemplo, vamos a citar al Sindicato de Ferrocarrileros, al Sindicato de Petroleros, al Sindicato de Electricistas, se encontrará de la posibilidad que se aprecie en la iniciativa prontamente se encontraría que un sindicato unido, un sindicato unitario, un sindicato que por la fuerza de sus agremiados, esa es la razón que tiene en la existencia de los sindicatos, empezaría al día siguiente a confrontar la presencia de agrupaciones consideradas como sindicatos por cada deseo o aspiración de cualquier grupo que bien por indicaciones del patrón o por determinaciones personales, bastaría que en cualquier lugar se reunieran 20 personas, redactaran una carta, redactaran unos estatutos para que inmediatamente tuviera la calidad de sindicato, no el reconocimiento automático. En esa forma es verdaderamente que se pretende a través de la iniciativa. Y en esa inteligencia que encontraríamos, en un sindicato verbigracia el de petróleos formado por miles de trabajadores, bien pudiera ocurrir que a través de maniobras o a través de determinaciones divisionistas, al día siguiente existieron 20, 30, 50 ó mil llamados sindicatos dedicados para tratar viabilizar, para tratar de destruir la organización sindical unitaria. Esto es lo que puede ocurrir. Y decimos que no se trata de un registro automático, porque la sola expresión de registro nos llevaría a lo que muchos compañeros vinieran a esta tribuna y que no encontraran explicación. Resisto, quiere decir la autoridad, como autoridad administrativa, tiene necesidad de ver si de acuerdo con la ley se cumplen los requisitos y en el instante que lo hace, como lo viene haciendo sin necesidad de la reforma, nos encontraríamos que está propiamente analizando si efectivamente la agrupación tiene el carácter de una auténtico sindicato.
Ya decía el compañero Porfirio Cortés, como ejemplo, vamos a colocarnos, que se reúnen 20 personas, de las cuales 10 son extranjeros y estas diez personas extranjeras, son las que monopolizan la dirección del sindicato y vamos a encontrar que en el estatuto fijan que esta representación debe ser permanente sin que haya posibilidades de cambio, sin que haya demostración de democracia y que de acuerdo con los estatutos, se determinan que ellos pueden realizar lo que a su juicio y a su voluntad le dispongan. Qué sucedería bastando con que le comunicara la autoridad al sindicato, nos encontraríamos con organizaciones contrarias a las determinaciones, a los fines de una organización sindical.
¡Perdón! es un ejemplo: ¿qué sucedería que en una casa de asignación, las que están en ese lugar integradas también como 20 personas, su sindicato, habría necesidad de tenerlas como sindicato, cuando en realidad la imposibilidad legal existe? ¿en qué consiste? en que no tienen un fin lícito; es decir, en toda la historia de las proposiciones, en toda la historia de los sindicatos que marchan dentro de la ley, no es que el sindicato exista solamente por reconocimiento del Estado.
Es cierto lo que decía Castro, el sindicato existe cuando hay la designación de su integración, pero adquiere su personalidad jurídica, puede actuar ante las autoridades, puede celebrar contratos colectivos cuando se establece, cuando se conoce cuando se sabe por parte del estado, que estos han cumplido con las disposiciones que no dicta el estado en un momento dado a su capricho, sino que los ha dictado un cuerpo colegiado como en el que actuamos nosotros, de tal manera que esa es la trascendencia e importancia, por eso habrá explicación de que los representantes obreros, vengan a la tribuna vehementemente a defender lo anterior, a defender la resolución en el sentido de no permitir el fraccionamiento del movimiento sindical.
Lagrimas, dolores, muerte, sangre, es la fortaleza de los sindicatos. Por esa razón nosotros apoyamos la resolución dictada por la Comisión. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro.
El C. Juan de Dios Castro: - Señor presidente; señoras y señores diputados: qué bueno que se retomó por el diputado Calleja el hilo jurídico del debate.
Yo les señalaba a ustedes y le interpelaba a uno de los señores diputados, que había un punto que a mi me preocupaba. Y al que ninguno de los oradores del pro del dictamen se ha referido. El artículo 3o. del Convenio 1987, de la Organización Internacional del Trabajo.
Este punto no lo ha tocado. Y no es un elemento externo a nuestro derecho, forma parte de nuestro derecho objetivo; forma parte de nuestro derecho laboral: porque México lo aceptó en 1950. Ya tratadistas destacados, cuando yo dije Astorga bajé yo y alguien me dijo: debió haber dicho Castorena. No, yo me refería a una monografía de un tratadista en derecho laboral, que habla precisamente de la naturaleza jurídica del registro.
Uno de los señores diputados pretendió decir que no es un punto obscuro. Probablemente no ha leído a Néstor de Bueno Lozano; no ha leído a Mario de la Cueva; no ha leído al maestro Castorena; no ha leído al maestro Trueba Urbina, Trueba Barrera, también habla de eso. Todos los tratadistas son unánimes en determinar que es muy difícil establecer la naturaleza jurídica del registro sindical.
¿Por qué? porque conforme a nuestro derecho el sindicato existe antes de que registre, el artículo 1o. 123 ya lo dijo el diputado Calleja, le da a los trabajadores mexicanos y a los patrones también el derecho irrenunciable a formar sindicatos, es un derecho imperativo, irrenunciable, inderogatorio, los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y ese artículo 123 en el derecho que otorgan al trabajador mexicano para formar sindicatos aunado al artículo 3o. del Convenio 1987 de la Organización Internacional del Trabajo que dice: primero el artículo 3o. tiene dos apartados; "las organizaciones de trabajadores y empleados tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente su representante, de organizar su administración y formular su programa de acción, y segundo que es el, problema, este segundo apartado del artículo 3o. "las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho a impedir su ejercicio legal".
Un orador trató de restar autoridad a esto, hablando del maestro Mario de la Cueva, yo ya les preste el temario de Mario de la Cueva dice: del registro sindical, que es un medio de controlar los sindicatos por la vía, por la corriente y por la línea oficialista; y en lo mismo coincide Néstor de Buen Lozano y no me digan que Mario de la Cueva y Néstor de Buena Lozano son autores patronales, probablemente si les citara a Baltazar Cavazos que coincide con ellos me dirían, Baltazar Cavazos es abogado patronal no, yo les cito a Mario de la Cueva y les cito a Néstor de Buena Lozano, por cuanto autoridad laboral, Pero vamos a ver los argumentos que nos han vertido, yo creo que el diputado Calleja con toda la estimación que le tiene al diputado Blas Chumacero no escuchó su argumentación y repito la argumentación de los anteriores oradores, los anteriores oradores dijeron: "no se debe aceptar el registro automático porque se pulveriza el movimiento sindicalista mexicano", y don Blas Chumacero dijo: "no, ese no es el motivo, no creemos que se pulverice el movimiento sindicalista mexicano".
Por lo pronto esos dos argumentos son contradictorios en gentes que han venido a defender la postura del dictamen.
Pero si creí necesario el ejemplo procaz, que con autorización de la Cámara se permitió rendir, y en plan serio, diputado Calleja, lo aceptamos en plan serio como una hipótesis, porque me diría, y así lo dijo uno de los diputados de Jalisco en la interpelación que me hizo, ¿que pasa si los 20 trabajadores no son 20 trabajadores? Segundo, ¿que pasa si son menores de edad?
Yo le podría decir, diputado Calleja, que como está la ley se puede dar exactamente los mismos supuestos. Yo quiero suponer que no existe ninguno de los 20 Trabajadores, y que usted y yo, en el café o a la hora de comer, a la hora de formar esas largas colas en la comida, platicamos sobre este tema y vamos por vía de curiosidad intelectual, vamos usted y yo a inventar un sindicato con la legislación vigente, y entonces inventamos los nombres de 20 trabajadores, 20 trabajadores que no existen, nada más usted y yo existimos; inventamos los domicilios de los trabajadores inventamos los domicilios de las empresas y de los patrones, elaboramos unos estatutos para ese sindicato, y lo que estoy aplicando se puede aplicar al sindicato que usted señalaba; elaboramos una copia de asamblea ficticia de mesa directiva, y luego solicitamos con las copias por duplicado, el registro a la Junta de Conciliación y Arbitraje o a la secretaría del Trabajo, que es un acto meramente administrativo.
En primer lugar dice el artículo 366, el registro podrá negarse únicamente, fracción I: si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356, que es requisito de fondo como decimos que son trabajadores y en los estatutos está la finalidad para la salvaguarda de sus derechos
la junta no nos lo rechaza por ese motivo. Luego, 2o. Si no se constituyó con el número de miembros que marca la ley en su artículo 364, o sea, un mínimo de 20 trabajadores. Como en los documentos, señor diputado, que acompañamos nos damos el lujo no solo de integrar un sindicato de 20, de 50 de 100 ó 200 la junta no nos lo rechaza. Y vamos a suponer que es ese sindicato está apoyado usted es un elemento destacado en la Confederación de Trabajadores de México, entonces el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje: hombre, aquí aparece en la directiva el diputado Calleja no hay problema de ninguna naturaleza. Y, 3o. Si no se exhibe los documentos a que se refiere el artículo anterior.
Como todo lo hacemos sin que haya conflicto, discreta y silenciosamente presentamos nuestra solicitud y no hay ningún tercero hasta este momento interesado en objetar, la junta, señor diputado, en los 60 días la promoción nuestra a los tres días, dice: quedaron satisfechos, se satisficieron los requisitos del 365, del 364, del 356, se acompañaron los documentos. le registro el sindicato.
Entonces aún con la legislación vigente existe exactamente el mismo riesgo.
No voy a hacer caso de los calificativos que nos aplicaron. Ya sabemos y ya lo expliqué en cierta ocasión, por estar en partidos distintos ya estamos acostumbrados, que nos llamen el partido de la reacción. El compañero Gazcón Mercado me dijo: que soy sindicalista. Bueno, mi padre, que fue tahonero, estuvo en un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México y sufrió la expoliación de los líderes sindicales. Yo he estudiado el derecho laboral, desde que soy sindicalista no, no Juan de Dios Castro desde que es sindicalista.
Acción Nacional planteó aquí, en esta Cámara, y se pueden revisar los antecedentes, una iniciativa de ley sobre el reparto de utilidades, mucho antes de que la enviara el licenciado Adolfo López Mateos. Y Juan Landerreche Obtegón, que ha sido diputado de Acción Nacional, presentó una iniciativa en relación con la cogestión y la copropiedad de los trabajadores.
Lo que nosotros pretendemos, señoras y señores diputados, es que las sociedades, intermedias, y entre ellas los sindicatos, cumplan su finalidad y que no sirvan de instrumento ni del gobierno ni de los partidos políticos, en eso quizá difiéramos de la izquierda y difiéramos también de ustedes.
El sindicato puede proponerse fines políticos generales para lograr la satisfacción de los derechos de los trabajadores. Pero en el momento en que se pone a disposición de un partido o del gobierno en ese momento se desvirtúa la función de ese dictamen.
Y nosotros queremos con el registro automático de los sindicatos que no depende de la consigna ni de la autoridad administrativa, ni de la consigna gubernamental el reconocimiento de este derecho que ya tienen los trabajadores y que la ley lo reconoce desde antes del registro. El sindicato, aquí hago la corrección a alguno que lo dijo., existe nuestra ley desde antes de ser registrado; la trampa esta en el 692. Sí, si existe, pero si no tiene la certificación del registro no pueden reconocerte a ti dirigente del sindicato personalidad jurídica en ningún tribunal.
Nosotros queremos que en aquello que coincidimos nos apoyen. Y en aquellos que discrepemos nos combatan, pero con argumentos, no con calificativos. Muchas Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Ortiz Gallegos para hechos por cinco minutos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: quiero hacer unas precisiones con toda atención. El único orador de mi fracción, que mencionó a Fidel Velázquez, huyó.
Yo hice alusión a un discurso que el pronunció cuando era secretario de un sindicato de lecheros. No tuve la menor intención de hablar despectivamente del oficio de lechero; mi padre fue y es todavía a los 92 años, un artesano sastre.
Es importante precisar la institución de los sindicatos parece tener un problema de semántica, las viejas hermandades, se convierten en sindicatos por razón de la evolución social y en forma parecida la lucha revolucionaria que nace con aquella descarada esclavitud del porfiriato, permite que nazcan los sindicatos que representan paralelamente la gestión y la realización de gobiernos que hacen obras específicas institucionales de servicio social. Que como decía algún orador de la izquierda esta mañana, pertenece al patrimonio ideológico no de la izquierda o la derecha, sino al patrimonio de nuestra cultura occidental y nuestra acercamiento a los valores fundamentales del hombre.
Esos valores patrimoniales que representan la historia de este país, son la herencia de aquellos que nos antecedieron y que en un momento dado pelearon unos con otros por ideas difícilmente igualitarias las de unos de los otros, tenían sus propias contiendas, pero finalmente representan un patrimonio.
Yo recuerdo el nacimiento del Seguro Social, cuando Blas Chumacero era uno de los líderes sindicales en el estado de Puebla, aquella inauguración jubilosa con el presidente Ávila Camacho y la presidencia de Blas Chumacero, entre los muchos que estaban ahí. Nació el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Nacieron instituciones jurídicas como aquí ha recordado nuestro compañero Juan de Dios, que no fueron precisamente del pensamiento de la revolución; que fueron discutidas y negadas por los que entonces representaban el control del poder y que también llevaron años en convertirse en realidad, la participación de utilidades entre otras, la cogestión de las empresas que es un principio sostenido por Acción Nacional, cuando se pide que el trabajador no sea simplemente un asalariado, que forma parte de los cuerpos directivos y administrativos de la empresa, que tenga acceso a la propiedad de las empresas. Ni siquiera se ha querido aceptar, sino constantemente se rechaza esa propuesta de Acción Nacional.
Hay una historia siempre. Una historia que es nuestro patrimonio y una historia que cambia. No es lo mismo ser obrero, líder, a ser líder político obrero; cuando los obreros han llegado al nivel de la política y han asumido, sea que sean obreros a sea que sean líderes obreros, que no es lo mismo, profesional de obrero, profesional de líder, que obrero simplemente. Independientemente de esa discusión que no es semántica sino que responde a una realidad. Cuando representantes de los obreros u obreros han llegado en los últimos 15 años a estos puestos concretos de la dirección, de la presidencia como diputados del pueblo, la historia es triste. No podemos dejarlo de mencionar. Los que aprobaron y bendijeron la matanza del Tlateloco en esta Cámara, en la Cámara entonces de Diputados, los que han aprobado y aplaudido hasta el cansancio los presupuestos deficitarios de un gobierno que reconocido por los siguientes gobiernos, que fue el gobierno corrompido.
Miguel de la Madrid empezó su período hablando de que lucharía por la moral, por acabar con la corrupción, reconociendo en ello que teníamos varios años de corrupción. Sin embargo, los anteriores de este Congreso habían aplaudido la corrupción de los anteriores gobernantes.
Esa es la diferencia entre ser parte de la historia que construye y ser parte de la historia que no es constructiva.
Compañeros, otra vez volvamos a la conciencia de ser dignamente representantes de las causas del pueblo y asumamos que las ideas, los conceptos, los requerimientos de la libertad del trabajador en México, requieren que todos lleguemos a sentir que esa es la causa por la que debemos trabajar, independientemente de definiciones y divisiones de caracter político. Muchas gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen. Los CC. diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si aprueba el dictamen.
La misma C. prosecretaría: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si aprueba el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado señor presidente.
CONVOCATORIA DE COMPARECENCIA
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial fue turnada para su estudio y dictamen, proposición para que comparezca el secretario de Energía, Minas e Industrial Paraestatal, licenciado Alfredo del Mazo González, y exponga ante la propia Comisión o antes el pleno de esta H. Cámara de Diputados, el Programa de Reconversión Industrial y su impacto sobre las empresas del sector público.
Invitar a un Secretario de Estado para que informe con relación a un asunto concerniente a su respectivo ramo, en términos del artículo 93 de la Constitución y del 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es práctica que resulta saludable para nuestra democracia. No sólo se busca ilustrar el criterio de los legisladores con relación a cuestiones que son del más alto interés para la soberanía, permitiéndose así al legislativo al allegarse los elementos necesarios para cumplir con las funciones que le son propias, sino que también se refuerza nuestro sistema de separación, pero con colaboración, de poderes. Se trata, de favorecer el libre intercambio de ideas y concepciones políticas entre los Poderes de la Unión de una manera pública, a fin de que el
pueblo de México y sus representantes, estén en condiciones de normar su criterio con relación a la conducción específica de la cosa pública.
En el caso que nos ocupa, las estrategias de reordenación económica emprendidas por el Gobierno Federal y el cambio estructural que pretende elevar la calidad de nuestro desarrollo, se entreveran en un proceso que se ha denominado de reconversión industrial que reviste importancia singular y gran interés en la presente etapa de esta administración, no sólo para la legislatura, sino para la sociedad en su conjunto.
Por tales consideraciones, esta Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, términos del artículo 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos presente ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se propone que con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados convoque al C. secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, licenciado Alfredo del Mazo González, para que el día 11 de noviembre a las 11:00 horas y ante el pleno de esta soberanía, exponga y explique el Programa de Reconversión Industrial y su impacto sobre las empresas del sector paraestatal. Asimismo, para que dé respuesta a las preguntas que los ciudadanos diputados deseen hacer con relación al tema.
Dada en sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 21 de septiembre de 1986.
Diputado Rodolfo Menendez Menendez, presidente; diputado Carlos Smith Veliz, secretario.
Los diputados integrantes de la Comisión.»
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Aprobado Comuníquese.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
El C. Presidente: - Para presentar una iniciativa tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva:
«Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y,
CONSIDERANDO
Primero. Que el Ejecutivo Federal ha presentado ante la Cámara de Diputados iniciativa de decreto para reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con la intención de que los órganos competentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión formulen sus presupuestos de egresos y los remitan al Presidente de la República para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá, en consecuencia, especificar el procedimiento que se seguirá para la elaboración, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados así como los órganos facultados para intervenir en dicho proceso.
Tercero. Que corresponde a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión darse las normas legales para regular este aspecto de su vida interna.
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo primero. Se deroga el párrafo final del artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. Se adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con un artículo 65 bis, para quedar como sigue:
Artículo 65 bis. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se estará a lo dispuesto en las siguientes bases:
I. El Comité de Administración de la Cámara de Diputados recabará de las áreas administrativas y de los grupos parlamentarios los requerimientos presupuestales, integrando el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara de Diputados.
II. Aprobado por el pleno de Comité de Administración, el proyecto de presupuesto será presentado
al pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de cada año. El presidente de la Cámara turnará el proyecto a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen.
III. El dictamen emitido será presentado para su discusión y, en su caso aprobación, en la misma sesión en que el pleno de la Cámara conozca el dictamen sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación.
IV. Una vez aprobado, el Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados será turnado al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, sean administrados los fondos para su ejecución.
V. El Comité de Administración presentará la cuenta anual del ejercicio de presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados, la cual se sujetará a los mismos trámites de revisión y dictamen que la cuenta de la Hacienda Pública Federal, observándose los plazos fijados para tal efecto en las disposiciones legales aplicables
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Cámara de Diputados.
Segundo. Túrnese a la Cámara de Senadores para su conocimiento.
Tercero. Túrnese al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México».
Dejo a la secretaria la propuesta.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y prácticas Parlamentarias.
REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Arnoldo Martínez.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presente.
Los diputados integrantes de los grupos parlamentarios que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República y con base en los artículos 56 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Constitución General de la República.
Exposición de motivos
Una de las cuestiones que han generado consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales del país es la necesidad de restituir al actual Distrito Federal su calidad de entidad federativa con derechos políticos plenos para sus habitantes. Diversas han sido las propuestas que se han formulado para la transformación democrática de nuestra capital federal pero todas ellas coinciden en un aspecto fundamental: es insostenible desde todos los puntos de vista la marginación política en la que viven alrededor de 10 millones de mexicanos, así como la gestión que en todos los ámbitos llevan a cabo las autoridades no electas en la mayor concentración urbana del país.
Si hoy el problema fundamental que demanda la sociedad mexicana es el de la democratización, esta no podrá ser integrada si no se lleva a cabo modificaciones de fondo en todos los aspectos de la vida política nacional. A tal aspiración de muchos mexicanos queremos contribuir los partidos políticos que suscribimos esta iniciativa, ya que la democratización no podrá ser completa si no pasa por la transformación profunda del régimen político del Distrito Federal, permitiendo a sus habitantes darse su propio gobierno.
Se ha documentado ampliamente que el progresivo despojo de los derechos políticos de los capitalinos y la supresión del Distrito Federal como entidad federativa fueron injustificados desde sus orígenes. El desarrollo del Distrito Federal en México forma parte de nuestra peculiar evolución política y constitucional y en ella tal parece que nuestro país no se parece a ningún otro. Del régimen constitucional norteamericano se tomó la sugerencia de constituir una residencia permanente de los poderes federales; pero nuestra capital federal no se parece en nada a la capital de los Estados Unidos ni nuestro Distrito Federal tiene nada que ver con el Distrito de Columbia. Allá se trató de una decisión de las antiguas colonias, convertidas después de la independencia en estados soberanos, de dar a los poderes de la naciente federación un asiento permanente, aquí, de un resultado natural de nuestras luchas intestinas y de un proceso de formación del Estado nacional.
El sistema constitucional norteamericano, dar asiento territorial a los poderes federales significó,
simplemente, establecer la extensión suficiente para fundar la ciudad capital "que no podrá ser mayor que un cuadrado de 10 millas por lado", dicho territorio se reservaba a la soberanía exclusiva de los poderes federales y, por lo tanto, quedaba al margen del conjunto de derechos especiales de que eran titulares los verdaderos fundadores del pacto federal, los Estados de la Unión. De acuerdo con los principios del derecho constitucional norteamericano del Distrito de Columbia no forma parte de pacto federal, vale decir, no es entidad de la federación.
En México, en el Constituyente de 1824 del padre Mier resaltó que la capital debería ubicarse en el antiguo centro del poder y la cultura, acto necesario para la constitución de la nación, mientras en Estados Unidos los integrantes del pacto federal simplemente se dignaban en lugar cedido por algunos estados, en donde tendrían su residencia los poderes generales: allá no se trataba de hacer de una antigua capital el centro del nuevo poder nacional, sino de fundar otra, libre de viejos mitos de poder y autoridad.
El problema constitucional de nuestra capital federal comenzó realmente cuando Santa Anna decidió proporcionalmente un territorio que es, con algunos añadidos posteriores, el que hoy tiene, que la hiciera política, militar y económicamente autárquica frente al resto del país. El Constituyente de 1856 a 1857 no volvió a la solución de fijar un espacio reducido, estrictamente indispensable para establecer los edificios e instalaciones al servicio de los poderes federales en la antigua capital de Anáhuac o en algún otro lugar. Si así hubiera hecho, hoy no tendríamos problemas para definir el estatuto constitucional del Distrito Federal. En lugar de ello, como hemos señalado antes, se reconoció como Distrito Federal no sólo a la ciudad de México, sino a los territorios que Santa Anna le había anexado, cercenándolos del estado de México.
En realidad, de la solución que se dio en la Constitución de 1857 adoptada, con varios agravantes, por la Constitución de 1917, nació el gran problema constitucional, ambiguo e incierto, de nuestra capital federal.
Se discutió si en ella podía coexistir los poderes federales y los poderes locales de los cuales, como entidad, debía ser dotada; para muchos era exactamente el caso de los municipios estatales que deban asiento a los poderes de los estados de la Federación, en los cuales jamás se había presentado ni se imaginaban conflictos de jurisdicción entre el gobierno municipal y los poderes estatales. Prevaleció, por desgracia, la opinión de que en el espacio del Distrito Federal solo podían residir los poderes federales.
Para solucionar el supuesto conflicto entre la muy fundada opinión de que una entidad como la que se estaba creando tenía todos los méritos para convertirse en un estado federal y la infundada idea de que en un mismo territorio no pueden existir al mismo tiempo los poderes federales y los poderes locales, se llegó a la más absurda de las soluciones: como no podía ser de otra manera, se reconoció al Distrito Federal, con los límites que Santa Anna le había fijado, como una entidad federativa y, en cuanto fundador del Pacto Federal, el artículo 43 de la Constitución lo designaba como estado del Valle de México; se sobreentendía que, como tal, tenía una existencia política igual la de las demás entidades y era tan soberano como éstas, de otra manera no podía considerársele como fundador del Pacto Federal. Pero el texto constitucional de 1857 entra en la más absurda contradicción cuando, al mismo tiempo, en su artículo 46 establece que el estado del Valle de México todavía no está constituido y ello ocurrirá sólo cuando los supremos poderes federales de trasladen a otro lugar. De esta manera una entidad aún no constituida era fundadora y al mismo tiempo, miembro del Pacto Federal.
En la Constitución de 1917 ya no se menciona al estado del Valle de México como entidad confundadora del pacto federal; en su lugar se designa al Distrito Federal. Con ello se cometió una doble arbitrariedad; por un lado no se explica cómo en una federación de estados libres y soberanos se incluye como miembro fundador a un "Distrito Federal" que, por su misma definición, no puede ser ni libre ni soberano; por otro lado, como ya apuntó en su tiempo Manuel Herrera y Lasso, se supone que los poderes federales quedan inhabilitados para cambiar de sede cuando así convenga a sus funciones, pues la Constitución designó a la entidad asiento de su residencia, de una vez y para siempre, como "Distrito Federal". Como si esas contradicciones no fueran suficientes, el Constituyente introdujo en el artículo 44 la prevención que hacia el 46 de la Constitución de 1857 en el sentido de erigir el estado del Valle de México una vez que los poderes federales cambiasen su residencia. A todas luces y a pesar de sus inconsecuencias, era más coherente la Constitución de 1857 que la de 1917.
Les es común, empero, la falta de lógica que llegó al absurdo de crear una entidad que, como
un fantasma, aparece igual entre sus pares, para inmediatamente desaparece o, en el mejor de los casos, reaparece como una entidad con derechos suspendidos o, como señalan los constitucionalistas, como un "estado condicionado" mientras los poderes federales decidan residir en su territorio. Esto, de cualquier forma, no es lo más grave. Tal y como están definidas en nuestras constituciones, las entidades federales son sólo conceptos; en la realidad lo que tenemos son conglomerados humanos con determinados derechos definidos y establecidos por nuestras Cartas Magnas y es en este sentido que comienza de verdad el drama de nuestra capital federal.
Retomando la comparación con el sistema norteamericano hay que hacer notar que en lo único en que nuestro Distrito Federal se parece al Distrito de Columbia es en el hecho de que en ambos los únicos que gobiernan, son los poderes federales y sus habitantes están desprovistos del derecho de quienes viven en el resto del país, para darse, por voluntad soberana, sus poderes locales. La diferencia radical estriba en el nuestro es constitucional, política, social, económica y culturalmente una entidad, mientras que el Distrito de Columbia es sólo un girón territorial suficiente estrictamente para el establecimiento de los edificios y el centro cívico de los poderes de la Unión Americana.
La naturaleza de "estado condicionado" o "entidad con derechos suspendidos" de que se ha dotado constitucionalmente al Distrito es profundamente absurda e injusta, porque con ella se marcó el destino, no solamente de una entelequía jurídica llamada "entidad federal" sino de una población que hoy es la octava parte de la nación a la que se le ha despojado del derecho de elegir los poderes y los ciudadanos que habrán de regirla y de servirla.
Pero la situación del Distrito Federal habría de agravarse en 1917 y todavía más en 1928. El artículo 72 de la Constitución de 1857, en su fracción VI, daba facultades al Congreso para "el arreglo interior del Distrito Federal" pero imponía, por menos , el que ello tuviera "por base el que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales". La Constitución de 1917 dejó en pie sólo el Poder Judicial del Distrito Federal, entregando el ejercicio de los otros dos poderes al Ejecutivo y al Legislativo federal, mientras que en 1928 se suprimían arbitrariamente los municipios, disminuyendo más aún la soberanía de la entidad y los derechos políticos de los ciudadanos.
Hoy, casi seis décadas de la última modificación sustancial por la que se suprimió el régimen municipal, el Distrito Federal ha visto multiplicarse sus problemas sociales, urbanos, culturales, económicos y políticos, convirtiéndose en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, en la que paradójicamente sus habitantes están privados de derechos políticos.
De esta manera la imposibilidad para los capitalinos de influir directamente en las decisiones que se toman sobre el Distrito Federal, así como la falta de mecanismos para ejercer un efectivo control social, sobre las autoridades y la ausencia de instancias que garanticen la participación activa y permanente de la comunidad, han propiciado una considerable falta de correspondencia entre las necesidades y aspiraciones de la mayoría de los habitantes y la política que se lleva a cabo por el Departamento del Distrito Federal en una serie de aspectos sustanciales.
Así, se ha mostrado reiteradamente la total incapacidad de las actuales estructuras administrativas para enfrentar y resolver los grandes problemas derivados del excesivo crecimiento urbano y como fue obvio desde septiembre del año pasado, se evidenció también la imposibilidad absoluta de las formas burocráticas y centralizadas para atender las emergencias.
En contraparte, esos difíciles días y semanas, descubrieron la capacidad organizativa y el espíritu solidario existentes en los barrios capitalinos. Los desastres de septiembre de 1985 mostraron que a pesar del crecimiento urbano y de la pérdida de muchos de nuestros valores comunitarios tradicionales, la vida comunal de los ciudadanos del Distrito Federal sigue tan vigorosa y creativa como lo fue en sus inicios.
Todo lo anterior muestra la necesidad inaplazable de abrir cauce a la participación ciudadana en el gobierno de la capital de país. Consideramos que la democratización del Distrito Federal debe ser un proceso amplio y general que al mismo tiempo que permita la creación de organismos representativos, fomente y apoye todas aquellas formas de participación social para la discusión y solución de los problemas colectivos.
La formación de una entidad federativa en el territorio que ahora ocupa el Distrito Federal,
conformada por tres poderes y adoptados la organización municipal, con elecciones directas del gobernador, de la Cámara de Diputados y de las autoridades municipales, es una propuesta en la que coincidieron en lo fundamental los distintos partidos y organizaciones políticos a- excepción hecha del Partido Revolucionario Institucional en las audiencias públicas llevadas a cabo en los meses de julio y agosto de este año sobre participación ciudadana en el Distrito Federal. Con el presente proyecto, cinco partidos políticos representantes en el Cámara de Diputados pretendemos recoger esta demanda que han hecho suya los capitalinos en sus aspectos centrales, contemplando mecanismos para que sean los propios habitantes del Distrito Federal quienes decidan, a través de un congreso constituyente, la nueva organización interna de la entidad federativa, así como las modalidades que permitan la participación directa de los ciudadanos u otros aspectos centrales, mediante la discusión y elaboración de una constitución política del estado.
La iniciativa que presenta plantea la transformación del Distrito Federal en el estado de Anáhuac, con lo cual se restablecerán lo derechos constitucionales de la entidad y se devolverá a los ciudadanos sus derechos políticos plenos. Ello implica incluir a este estado como parte integrante de la Federación en el artículo 43 constitucional.
En nuestra propuesta el estado de Anáhuac tendrá los límites que actualmente comprende el Distrito Federal y dentro de él residirán los poderes federales, para lo cual se modifica sustancialmente el artículo 44 de la Constitución, desapareciendo la condición que ahí establecía para convertir al Distrito Federal en estado. Como ya mencionamos, al recuperar su calidad de estado de la Federación la entidad contará con una constitución propia, donde se definirá su régimen interno.
Actualmente, el artículo 73 constitucional contempla la figura de referéndum como un mecanismo de pronunciamiento de los ciudadanos en torno a los ordenamientos legales relativos al Distrito Federal. Cabe hacer notar que aunque nunca se llegó aplicar lo anterior por falta de reglamentación, consideramos importante que se conserve este mecanismo en la nueva constitución del estado, con las modalidades necesarias para garantizar una forma de participación ciudadana directa en las decisiones más importantes sobre la entidad. Eventualmente se podría incluir también a la constitución del estado como sujeta a referéndum, en su texto inicial y en sus posteriores reformas.
Aunque no se señala expresamente, el nuevo estado de acuerdo con el artículo 115 constitucional, deberá adoptar el régimen republicano, representativo y popular. Asimismo tendrá un Poder Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial y establecerá las modalidades que adoptará su régimen municipal, tomando en cuenta la identificación de las comunidades naturales, es decir, los pueblos, barrios y colonias de la ciudad, y en razón de las actuales necesidades, tradiciones e historia de las diversas zonas de la ciudad. En relación a esto último queremos insistir en que resulta insostenible que se siga suprimiendo el derecho de los habitantes del Distrito Federal de elegir sus autoridades más directa, para lo cual se hace necesario cambiar la actual estructura delegacional por nuevas formas de organización que permitan la elección directa de las autoridades.
La residencia de los poderes federales dentro del estado de Anáhuac puede ser modificada por el Congreso de la Unión de acuerdo a lo que definió el Constituyente de 1917. Aunque esto no se señala en el texto de la iniciativa, está expresamente dentro de las atribuciones del Congreso, en la fracción VI del artículo 73 constitucional, con lo cual queda a salvo la facultad del Congreso de la Unión para determinar, de acuerdo con las necesidades de la nación, la residencia de los poderes federales.
Además de las modificaciones sustanciales a los artículos 43 y 44 de la Constitución, proponemos reformar otros seis artículo (74 fracción IV, 89 fracciones II y XIV, 92, 104 fracción I, 108 y 134) y derogar tres fracciones (fracción VI del 73, fracción VI del 74 y fracción XVII del 89). Estas modificaciones buscan adecuar la Constitución a la existencia del nuevo estado, suprimiendo las referencias al Departamentos del Distrito Federal o al Distrito Federal como un régimen de excepción lo cual, con las reformas a los artículos 43 y 44, dejaría de tener vigencia. Dentro de estas reformas se encuentra la eliminación de la facultad del titular del Ejecutivo Federal para nombrar gobernador y procurador del Distrito Federal (artículo 89 constitucional) y la desaparición de la facultad del Congreso de la Unión para legislar en cuestiones relativas al Distrito Federal (artículo 73, fracción VI). Está por demás decir que con las modificaciones propuestas, estas funciones serán cubiertas por los poderes del propio estado y que el Ejecutivo y el Legislativo serán electos por votación directa, secreta y universal, de conformidad con las bases que dispongan la leyes locales.
Los artículos transitorios que se proponen en esta iniciativa son de gran importancia ya que establecen los procedimientos que se deberán seguir para la constitución del estado de Anáhuac, así
como las reglas para la transición del régimen interior en su conjunto, la cual comprende el período que va desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el momento en que asuman sus funciones las nuevas autoridades electas, de acuerdo con la constitución estatal.
En estas reglas se señalan que será Congreso de la Unión quien convoque a elecciones para integrar el congreso constituyente del estado, y fije los plazos para las mismas y las bases de la convocatoria. Se establece que la convocatoria se formulará 30 días después de la entrada en vigor de este proyecto y que las elecciones se llevarán a cabo 90 días después de emitida aquella. En las bases para la elección proponemos que el congreso constituyente se integre por 100 diputados electos mediante la fórmula de primera proporcionalidad señalada en la Ley federal de Organización Políticas y Procesos Electorales y la formación de una comisión electoral para la organización de las elecciones.
También proponemos que sea la Cámara de Diputados del Congreso Federal quien designe al ejecutivo estatal provisional, así a otros órganos hasta que funciones plenamente el nuevo estatuto jurídico del estado de Anáhuac. El Congreso Constituyente deberá expedir la constitución del estado a más tardar seis meses después de su instalación.
Por todas las razones anteriormente expuestas, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Socialista Unificado de México, Acción Nacional, Revolucionario de los Trabajadores, Mexicanos de los Trabajadores y Demócrata Mexicano, presentamos a la consideración de esta Cámara el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo primero. Se reforman los artículos 43, 44, 74 fracción IV, 89 fracción II y XIV, 92 104 fracción I, 108 y 134 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se señala:
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Anáhuac, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.
Artículo 44. El estado de Anáhuac se compondrá del territorio que actualmente tiene el Distrito Federal y en él se asentarán los poderes federales. El estado de Anáhuac gozará de todos los derechos que esta Constitución otorga a las entidades integrantes de la Federación, los cuales no podrán restringirse ni limitarse por su calidad de residencia de los poderes federales.
Artículo 74. Son facultades de la Cámara de Diputados.
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos; así como revisar la cuenta pública del año anterior.
V. ...
VI. Se deroga
VII. ...
VIII. ...
Artículo 89 . Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I. ...
II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, al procurador general de la República, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda, nombrar y remover libremente a los demás empleados de la unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes;
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
X. ...
XI. ...
XII. ...
XIII. ...
XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.
XV. ...
XVI. ...
XVII. Se deroga
XVIII. ...
XIX. ...
XX. ...
Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el secretario a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.
Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afectan intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, a los funcionarios y empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, quienes serán responsables por los actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Artículo 134. Los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Artículo segundo. Se derogan la fracción VI del artículo 73; la fracción VI del artículo 74, fracción XVII del artículo 89.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El Congreso de la Unión convocará a elecciones para integrar el congreso constituyente del estado de Anáhuac treinta días después de que entre en vigor el presente decreto. Las elecciones se llevarán a cabo noventa días después de expedida la convocatoria, que contendrá las siguientes bases:
I. El congreso constituyente del estado de Anáhuac se compondrá de cien diputados.
II. Podrán participar en la elección los partidos políticos nacionales. Cada uno de ellos registrará una lista de cien candidatos, con su respectivos suplentes.
III. Se integrará una comisión electoral formada por un comisionado de cada partido político nacional. Dicha comisión elegirá a un presidente y a un secretario, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los comisionados. La comisión electoral tomará en su manos la organización de las elecciones; tendrá las facultades señaladas en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, y el proceso electoral se llevará a cabo sobre las bases establecidas en dicha ley y por el presente decreto.
IV. La fórmula electoral que se aplicará para la elección de diputados, será de primera proporcionalidad señalada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
V. La comisión electoral declarará electos a quienes resulten una vez aplicados los preceptos señalados, los que deberán cumplir con los requisitos establecidos para los diputados federales. Las resoluciones de la comisión electoral en este aspecto serán inacatables.
Artículo segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o en su caso la Comisión Permanente nombrarán a un encargado del Poder
Ejecutivo del estado de Anáhuac. Dicho encargado tendrá el carácter de interino hasta que se promulgue la constitución del estado y se apliquen las disposiciones que en ellas se contengan.
A más tardar veintiún días después de la elección, los diputados electos instalarán la Cámara de Diputados, según las normas señaladas en el artículo 63 de la Constitución Federal, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Elegirán una mesa directiva integrada por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. Las funciones del gobernador interino serán las que las leyes actuales señalan para el jefe del Departamento del Distrito Federal, y tendrá que informar a la Cámara de Diputados de la ciudad cada vez que ésta lo requiera, así como observar todas sus indicaciones y decretos. Estos últimos serán promulgados por el gobernador sin que éste pueda vetarlos.
Artículo tercero. El Congreso Constituyente sesionará el tiempo que juzgue necesario, pero deberá expedir la constitución del estado a más tardar seis meses después de su instalación. En su segunda sesión, la Cámara aprobará su reglamento interno.
Artículo cuarto. El encargado del Poder Ejecutivo, designado de acuerdo con el artículo segundo transitorio de este decreto, no podrá ser gobernador en lo sucesivo.
Artículo quinto. El Tribunal Superior de Justicia se convertirá en el nuevo Estado. Sus integrantes, así como los jueces, continuarán en sus cargos hasta que se promulgue la Constitución y se apliquen las disposiciones que en ella se contengan.
Artículo sexto. El procurador del nuevo estado será nombrado, con carácter de interino, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, o por la Comisión Permanente en su caso. Este durará en su cargo hasta que se promulgue la constitución del estado de Anáhuac y se apliquen las disposiciones que en ella se contengan. El procurador designado de conformidad con el primer párrafo del presente artículo, no podrá serlo en los sucesivo. Artículo séptimo. La Cámara de Diputados nombrará consejos municipales en cada uno de los territorios que actualmente ocupan las delegaciones políticas del Distrito Federal. Los consejos municipales así nombrados tendrán un carácter provisional hasta en tanto sean electos los ayuntamientos en los municipios que se integre en el estado de Anáhuac, de acuerdo a las bases y limites territoriales que señale la constitución estatal.
Artículo octavo. Las propiedades, dominios, créditos, recursos, contratos y obligaciones de todo tipo con que cuente el Departamento del Distrito Federal, pasarán a poder del gobierno del nuevo estado.
Artículo noveno. Las leyes del Distrito Federal que no contravenga éste decreto, se mantendrá en vigor hasta que la Cámara de Diputados de la entidad expida la constituciones y las leyes de ella derivadas.
Artículo décimo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.
México D.F., a 21 de octubre de 1986.
Por el grupo parlamentario Acción Nacional, Jesús González Schmall; por el grupo parlamentario del Socialista Unificado de México, Arnoldo Martínez Verdugo; por el grupo parlamentario del Partido Demócrata Mexicano, Antonio Monsiváiz Ramírez; por el grupo parlamentario del partido Revolucionario de los Trabajadores; Pedro José Peñaloza; por el grupo parlamentario del Partido Mexicano de los Trabajadores; Eduardo Valle Espinoza».
Trámite: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. LA PAZ, ESPERANZA DEL PLANETA
Presidencia del C. Juan Moisés Calleja García
El C. presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea que ha llegado un punto de acuerdo firmado por todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias de esta Cámara. El diputado Arturo Whaley Martínez ha solicitado darle lectura. Tiene la palabra el diputado Arturo Whaley Martínez. El C. Arturo Whaley Martínez: - Compañero presidente; compañeras y compañeros: desde 1977 se han celebrado cinco encuentros internacionales de escritores bajo el lema: "La paz, esperanza del planeta". La participación en estos encuentros ha sido plural, tanto en cuanto a la procedencia por países como en lo que se refiere a la convicción individual de sus participantes, siempre bajo la aspiración común de la paz mundial y del intercambio de información y opiniones entre los escritores participantes, que han encontrado ahí un foro para analizar sus problemas comunes.
Próximamente del 28 al 30 de octubre de 1986 se llevará a cabo el sexto de esta serie de encuentros en la ciudad de Sofía, Bulgaria, con un programa que
incluye temas literarios, de traducción, de publicación de libros.
Considerando que este evento responde a las mismas aspiraciones, que en otras ocasiones han conjugado diversas posiciones de esta Cámara hacia un objetivo común, presentamos a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Se resuelve enviar un saludo solidario de esta H. Cámara de Diputados al Sexto Encuentro de Escritores, "la paz, esperanza del planeta", a celebrarse en Sofía, Bulgaria, del 28 al 30 de octubre de 1986, deseando el éxito de sus trabajos y expresando la identificación con la aspiración por la paz mundial».
Palacio Legislativo, 21 de octubre de 1986, y firman diputados de todas las fracciones parlamentarias.
Asimismo y por razones obvias, pedimos que este punto de acuerdo, sea considerado como de urgente y obvia resolución.
El C. presidente: - Proceda la secretaría a preguntar si se estima que es pronta y obvia resolución.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia se pregunta a esta asamblea si el punto de acuerdo se considera como de urgente y obvia resolución.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se considera de urgente resolución señor presidente. El C. Presidente: - Proceda la secretaría a tomar la votación, en relación con el proyecto de acuerdo.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por las nueve fracciones parlamentarias. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado señor presidente.
El C. presidente: - Proceda la secretaría a cumplir con el punto de acuerdo. El C. Pedro José Peñaloza: - ¿Podría leer la lista que tiene para hacer uso de la palabra?
El C. presidente: - Para proposiciones a los siguientes ciudadanos diputados: Beatriz Gallardo Macías, Romeo Flores Caballero, Gabriel Jiménez Remus, David Jiménez González, Hildebrando Gaytán Márquez, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Mario Niebla Alvarez, Francisco Hernández Juárez, Eduardo Beltrán Hernández, Héctor Morquecho Rivera, Jorge Acedo Samaniego, Manuel Fernández Flores, Javier Garduño Pérez y Heriberto Noriega Cantú. Los siguientes son para denuncias y comunicaciones: Macario Rosas Zaragoza, Reyes Fuentes García, Miguel Alonso Raya, Juan Carlos Velasco Pérez, Víctor Alvarez Herrera y Roberto Calderón Tinoco.
En consecuencia tiene la palabra la diputada Beatriz Gallardo Macías.
MAREA ROJA
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Con su permiso, compañero presidente; desde hace algunos días se ha venido manifestando en la costa norte de Tamaulipas el fenómeno contaminante denominado marea roja. Algunos estudiosos señalan que dicha contaminación tiene su origen en desechos industriales y nucleares que se arrojan al Golfo de México desde los litorales norteamericanos. Y otros señalan también que es producto de un fenómeno natural cíclico.
La llamada marea roja, afecta el patrimonio de miles de pescadores tamaulipecos y amenaza afectar otras zonas de gran potencial. La Cámara de Diputados, por conducto de sus representantes y los partidos políticos como entidades de interés público, deben vigilar responsablemente que las aguas patrimoniales se preserven en interés de la nación. Es por ello que la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, considera de vital importancia que esta soberanía intervenga urgentemente a fin de conocer la magnitud de los daños ocurridos por el citado fenómeno y conociendo su origen, proceda de acuerdo a los tratados internacionales y en defensa del patrimonio de la nación, y los trabajadores afectados.
Por todo lo anterior , se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Que la honorable Cámara de Diputados, por conducto del presidente de la comisión de Ecología y Medio Ambiente, integre una comisión pluripartidista que se traslade a la zona afectada
para rendir a esta soberanía un informe a fin de proporcionar una eficaz intervención de todas las dependencias que se requieren. Solicitamos que esta solicitud se considere de urgente y obvia resolución por el pleno de esta H. Cámara, palacio legislativo, atentamente la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores».
El C. presidente: - Con fundamento en la fracción II del artículo 58, pregunte la secretaría si hay orador en pro o en contra.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si hay orador en pro o en contra de la proposición.
El C. presidente: - Proceda la secretaría a preguntar si se admite o no a discusión la proposición.
La C. presecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Ecología.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu: - Señor presidente, estamos pidiendo que se considere de urgente y obvia resolución.
El C. presidente: - Pregunte la secretaría si evita que es de urgente y obvia resolución.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si la proposición es de urgente y obvia resolución.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Romeo Flores Caballero. Como no está presente en este momento el diputado Romeo Flores... Diga señor diputado.
El C. Jorge Montúfar Araujo: - Que se aclare que lo que se rechazó es en relación a lo de urgente y obvia resolución. Se le debe dar turno a la proposición.
El C. presidente: - Sí, se turnó a la Comisión de Ecología.
IMPUTACIONES SOBRE NARCOTRÁFICO
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus. El C. Gabriel Jiménez Remus: - Señor presidente, señoras y señores diputados; amigos todos: hago uso de la palabra para leer una proposición a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Muy honorable Cámara de Diputados: Gabriel Jiménez Remus, diputado al Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a ustedes digo:
Hace muy pocas semanas la prensa norteamericana y la nacional, dieron a conocer con razón o sin ella, imputaciones al señor general de división Diplomado de Estado Mayor y secretario de la Defensa Nacional, don Juan Arévalo Gardoqui, como implicado en el fenómeno del narcotráfico en nuestro país.
En esta ocasión, los medios de comunicación en México, dieron a conocer a la opinión pública nacional, que el señor procurador general de la República, doctor y maestro don Sergio García Ramírez, envió una nota de protesta a su homólogo de aquel país, negando el contenido de la imputación, así como calificando de ligera, imprudente y maliciosa la noticia que se originó. Por otra parte, también hace muy poco tiempo, la prensa internacional y nacional dieron a conocer otra imputación en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, también involucrándolo en el narcotráfico nacional e internacional. Además ya es de nuestro conocimiento que nuevamente insiste la prensa norteamericana en señalar al mismo funcionario federal y a su hijo, como responsables de los cargos delictivos que ya antes se le atribuían al primero de los mencionados; fuente: periódico The News, 21 de octubre de este año, así como La Jornada, de esta fecha. Finalmente, ante la evidente realidad informativa que no podemos soslayar y para que esta representación nacional tenga los elementos objetivos y deba pronunciarse en contra de una campaña de calumnias y de desprestigio iniciada y sostenida
en contra de nuestro país; ademas no debemos olvidar tampoco, la imputación recientemente que se lanza en contra de un pariente del Presidente de la República, a nombre del Partido Acción Nacional, de su grupo parlamentario hago la siguiente proposición:
«Único. Con apoyo a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior del Congreso, solicitamos se gestione la comparecencia en esta Cámara de Diputados del señor procurador de la República, doctor don Sergio García Ramírez, a efecto de que informe a esta asamblea todo aquéllo que él conozca con motivo de su función relacionado con las imputaciones y noticias que se mencionan en el cuerpo de este escrito, así como de sus actividades materiales que haga o esté realizando.
Muy atentamente, palacio legislativo de San Lázaro. México D.F., a 21 de octubre de 1986, su servidor. Muchas Gracias».
El C. Presidente: - Proceda la secretaría en los términos de la fracción II del artículo 58, preguntando si se admite o no a discusión la proposición. El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si hay orador en pro o en contra en relación a la proposición.
El C. presidente: - Nuevamente esta presidencia informa que solamente puede hacer uso de la palabra un orador en pro y uno en contra, en consecuencia se anota en pro el diputado Jorge Alcocer Villanueva y en contra el diputado David Jiménez González. Tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva. El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; señores diputados: la propuesta que ha sido presentada por el diputado Jiménez Remus, nos parece a nosotros que debiera ser considerada como un asunto del máximo interés nacional que el señor Procurador General de la República comparezca ante esta Cámara de Diputados y dé aquí la información, y responda a las preguntas que los diputados de la distintas fracciones parlamentarias consideren pertinente hacerle sobre el problema del narcotráfico.
No se trata aquí, y hemos oído con detenimiento la propuesta del diputado Jiménez Remus, de prejuzgar ni de dar credibilidad o no a las imputaciones que de manera reiterada han estado apareciendo en la prensa norteamericana respecto a la supuesta complicidad de funcionarios mexicanos en el problema del narcotráfico; insisto no se trata de prejuzgar, no se trata de otorgar credibilidad a la campaña que se desarrolla en distintos medios de información norteamericana acerca del problema del narcotráfico en México, se trata más bien de poner por delante la defensa de los intereses del país, para lo cual se requiere que la principal autoridad involucrada en el combate al narcotráfico pueda informar, ante la representación nacional, de las acciones que se desarrollan y de las averiguaciones que seguramente la Procuraduría General de la República debe estar o debe haber desarrollado respecto a las imputaciones que han aparecido en la prensa norteamericana. Si se trata de imputaciones falsas, si se trata de calumnias incluso, si se trata de declaraciones infamantes como el señor embajador Mario Moya Palencia ha declarado al New York Times, que se diga aquí, de cara a la nación, que se den los elementos, que se conteste aquí con el respaldo de la representación nacional las imputaciones que se están haciendo en los Estados Unidos, y de las cuales señores, no nos engañemos, no es ajeno el Gobierno norteamericano. Pese a las reiteradas notas de protesta, Pese a las declaraciones de los Estados Unidos, esta campaña prosigue, y los mexicanos tenemos obligación y tenemos derecho a que esto se aclare, a que se aclare antes que nada ante nuestros propios compatriotas, para que estas campañas que están en marcha en los Estados Unidos tengan una respuesta, y no se dé la callada por respuesta, porque en esto al menos debe reconocerse una cuestión, que el Gobierno mexicano ha procedido de manera contradictoria.
Recuérdese que el Presidente de la República incluso a través de uno de sus familiares fue involucrado en estas acusaciones y, primero, se negó la existencia de ese familiar, y después se informó que había una persona sujeta a investigación, lo cual al menos resulta contradictorio.
Insisto, de lo que se trata es de aclarar, porque estas acusaciones las está conociendo nuestro pueblo, y nuestro pueblo es mayor de edad y debe tener los elementos para juzgar por sí mismo, y debe tener los elementos para saber si sus autoridades, no por lo que digan los norteamericanos, sino por los intereses del país, sino por los intereses de nuestra patria, si estas autoridades están o no siendo sujetas de investigación, y qué es lo que el Procurador de la República puede informar a este respecto. Y eso necesitamos aclararlo, señores, no se trata aquí, insistimos, por parte de quienes apoyamos la propuesta, me parece que no es tampoco de la lectura que dio el diputado Jiménez Remus la intención
de exhibir a nadie, por el contrario, se trata de aclarar.
Se trata de aclarar para que entonces México pueda con toda seguridad y certeza, responder con dignidad y con aplomo a esas acusaciones y sostener claramente que en la lucha contra el narcotráfico no están involucrados, ni siquiera bajo investigación, los funcionarios que se han mencionado en los Estados Unidos. Ese es un asunto que nos interesa a todos y creemos que en consecuencia dado esa campaña que existe en los Estados Unidos, lo más sano para el país, es que el Procurador comparezca y aquí nos explique y nos informe sobre las acciones que se están desarrollando, sobre las investigaciones que tienen en curso, sobre el resultado de su trabajo. No basta, porque sé que por ahí puede venir parte de la respuesta del diputado David Jiménez, quiero anticiparme a ello. No basta con que veamos, como hemos visto, las acciones que desarrolla la Procuraduría, ya lo vimos en acción en el estado de Guerrero. Hay una invitación también hecha para visitar el estado de Sinaloa. Se trata de otro asunto, se trata de un asunto que involucra a autoridades mexicanas, se trata de un asunto que involucra a funcionarios mexicanos.
Y eso no puede ser resuelto, señores, en una gira de trabajo; no puede ser resuelto caminando junto al Procurador de la República por alguna montaña don donde hay sembradíos de mariguana que van a ser destruidos. Eso requiere la comparecencia pública del funcionario para dar a la Cámara las explicaciones del caso.
Ese es el sentido en el cual nosotros apoyamos la propuesta del diputado Jiménez Remus.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado David Jiménez González. El C. David Jiménez González: - Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: hemos escuchado con atención la proposición del compañero Gabriel Jiménez Remus, hemos asimismo, escuchado con toda atención la intervención que ha tenido el compañero diputado Jorge Alcocer. Quiero yo hacer algunas reflexiones respecto a esta proposición: hace algunos meses tuvimos, como ya lo he manifestado, aquí en el seno de la Cámara de Diputados en la Comisión de Justicia, la comparecencia del doctor Sergio García Ramírez, quien en una amplia y larga exposición dio respuesta a todos los cuestionamientos que se le hicieron por parte de las nueve fracciones parlamentarias.
En esta comparecencia e invitación, que así la hemos denominado y así la hemos llamado, porque fue una invitación de la Comisión de Justicia al señor Procurador, se hicieron las preguntas que los diputados quisieron y se dieron las más amplias respuestas a estas preguntas que se le hicieron al Procurador. Con posterioridad, como apuntaba el compañero Jorge Alcocer, nos reunimos los miembros de la Comisión de Justicia en la ciudad de Cuernavaca el 26 de junio. Allí tuvimos también y no fue en una vereda, porque eso fue al día siguiente cuando fuimos a constatar las acciones de la Procuraduría General de la República en la destrucción de plantíos de mariguana, sino que fue en el salón Morelos del palacio de gobierno de Cuernavaca, del estado de Morelos, donde tuvimos la oportunidad también los diputados de esta comisión de poder preguntar o cuestionar al señor Procurador de la República; es decir, el procurador Sergio García Ramírez, ha estado abierto y nos ha estado dando respuesta y nos ha estado informado de todas y cada una de las acciones que la Procuraduría General de la República, está llevando a acabo para combatir el narcotráfico.
Además, y esto viene a enriquecer la exposición que estamos haciendo, los mismos miembros de la Comisión de Justicia, nos trasladamos a la Secretaría de la Defensa Nacional, para también de una manera amplia y abierta, poder preguntar y poder informarnos, de esta campaña que libra con un marcado patriotismo, los elementos de nuestro glorioso Ejército Nacional. Yo quiero hacer las siguientes reflexiones. No debemos caer en la trampa o en el juego de aquellos que quieren desestabilizarnos, quieren desprestigiarnos o quieren confundirnos. No podemos nosotros estar citando dentro del seno de las comisiones o del pleno, a cualquier funcionario que por dolo o por perversidad o mala fe, o por una manifiesta intención, o por obscuros intereses, se les llega a calumniar, se les llega a difamar o se les llega a injuriar. No vamos nosotros a ser fiscales o ministerios públicos de Ministerio Público. Las publicaciones que se han hecho, y eso lo conocemos absolutamente todos los diputados y no solamente los que integramos esta legislatura, sino el pueblo de México; no ha habido ningún elemento que permita siquiera aún tener la presunción de que se han cometido una serie de ilícitos en donde se encuentran involucrados familiares o determinados funcionarios. No ha aportado absolutamente ningún elemento de prueba que nos pudiera dar pauta a pensar que están involucrados; han sido campañas
difamatorias, calumniosas que tienen por objetivo o que tienen por finalidad otra cosa bien distinta a la del combate del narcotráfico y tan es así, que el mismo procurador de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Lee manifestó en la reunión reciente de Puerto Vallarta, que México ha sido un ejemplo en el mundo y en Latinoamérica, en especial, de haber desplazado una acción ejemplar en cuanto al combate del narcotráfico. Reconoció el esfuerzo que realiza nuestro Gobierno.
¿Qué es en última instancia lo que quieren los senadores o determinados funcionarios, que por debajo del agua o muchas de las veces y otras directamente tratan de calumniar a funcionarios y a determinadas personas que de una u otra manera se encuentran involucrados con ciertos funcionarios. Tratán de conseguir objetivos, y esto lo quiero yo ya pensar porque lo estoy viendo, de carácter político. Los Estados Unidos dentro de unos cuantos meses, entrarán en una fase electoral y sin duda alguna, lo que pretenden es tener banderas para poder realizar sus campañas y creerse adalides desde luego, para combatir todo aquello que pudiera afectar a la sociedad norteamericana.
Yo me he preguntado una y mil veces, cómo es posible que estas gentes que llegan a criticarnos y nos llegan a tildar de una serie de deficiencias, inclusive a injuriarnos, a calumniarnos y a difamarnos como lo han hecho, no vean que ahí en su propia país, existen más de 30 millones de norteamericanos adictos a las drogas. Ellos ven, como lo he manifestado en varias ocasiones, la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. México está realizando su mejor esfuerzo para combatir el narcotráfico, eso ni duda cabe. México ha invertido cuantiosos recursos para poder llevar a cabo esta campaña del narcotráfico. Solamente en la campaña del Pacífico siete, que se está librando en el noroeste de nuestro país, el Gobierno de la República ha destinado más de mil millones de pesos para el combate del narcotráfico.
En este año, cantidades mas de 8 mil millones de pesos, también fueron destinadas para combatir el narcotráfico. Y aunando más todavía en lo que ustedes quieren enterarse compañeros de Acción Nacional y compañeros del Partido Socialista Unificado de México y aquellos otros que también tuvieran desde luego esa inquietud, hemos sido informados y están a su disposición, todos los documentos que la Procuraduría General de la República ha remitido por conducto de la Secretaría de Gobernación a esta Cámara de Diputados, para que estemos nosotros enterados de las acciones que el Gobierno de México lleva en contra del narcotráfico.
No es posible pues, que por una nota periodística, que por una calumnia, por una difamación, tengamos que andar citando a funcionarios para que vengan a comparecer ante nosotros. No señores. Nosotros no debemos seguirle el juego a intereses oscuros y perversos de otros que quisieran vernos divididos y enfrentarnos. No, eso no lo debemos de aceptar y lo rechazaremos con toda energía. (Aplausos.)
Nosotros pensamos que México va a seguir combatiendo, como lo manifestara el señor Presidente de la República, con toda energía la campaña del narcotráfico y a la campaña le dará toda la intensidad que sea necesaria. Así lo apuntó en la reunión de Puerto Vallarta, así lo dijo. Hasta para este grande mal, debemos de tener grandes soluciones decía el Presidente de la República, pero soluciones en donde podamos concertar acciones, pero, acciones concertadas que sean honorables y lo que están haciendo esos medios de difusión masiva norteamericana, no es conjugar acciones, ni de ninguna manera honorables para combatir el narcotráfico.
No, señores, se están valiendo de otra cosa que aquí es donde debemos nosotros reflexionar y aventarnos una pedrada a ver si nosotros la agarramos y nos empezamos a golpear entre nosotros mismos. Se equivocan esos norteamericanos, no somos niños recién nacidos, ni tampoco somos juguetes de sus apetitos expansionistas imperialista.
México es un país soberano, es un país independiente. México se ha dado sus propias leyes para castigar no solamente los delincuentes comunes, sino aquellos que debido a este tipo de delitos que han evolucionado, que es un delito ya contemporáneo, ha montado una serie de acciones entre ellas de carácter legal, que han sido adoptadas en la propia Cámara de Diputados para combatir el narcotráfico.
Si alguno de los que dice, las publicaciones norteamericanas o de los que han dicho de los funcionarios norteamericanos han aportado alguna prueba, para poder en un momento dado crear una presunción de culpabilidad de determinada persona, de determinado funcionario, que lo haga y entonces serán las autoridades mexicanas competentes, las que puedan conocer y resolver el caso. Por eso, compañeras y compañeros diputados, nosotros nos negamos rotundamente a que seamos objeto de manipulaciones por parte de los malos medios de comunicación de los Estados Unidos, y no aceptamos, y con base en eso, venga y comparezca un alto funcionario que se ha caracterizado por su probidad, su entereza y su
entrega al trabajo, por eso pido a todos ustedes que rechacemos esta proposición que ha hecho el compañero Gabriel Jiménez Remus. Muchas gracias, señores diputados.
El C. presidente: - Esta presidencia informa que son las 20:30 horas, en consecuencia, se va a dar por terminada esta sesión, pero antes de que la secretaría pida informes sobre asunto en cartera, la presidencia comunica que tendrá relación este debate en la próxima sesión, y a continuación... El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Moción de orden. ¿Me permite hacer una moción?
El C. presidente: - Si señor.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Usted no está siguiendo un precedente que ya se sentó en relación con ese acuerdo de preguntar a la Cámara si acepta que continúen las intervenciones en relación con este tema, nada más en relación con este tema.
El C. presidente: - No tiene esta presidencia inconveniente en poner a la consideración de la asamblea si se prolonga la asamblea hasta terminar este debate o se termina a las ocho treinta. Consulte la secretaría.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se permite continuar con este tema.
El C. presidente: - Un momento, tiene la palabra el diputado David Jiménez González.
El C. David Jiménez González: - Rogaría que la presidencia someta a consideración del pleno que como ya han hablado un orador en pro y uno en contra como indica el reglamento, en este sentido se vote si se acepta... (Muchas voces en la sala).
El C. presidente: - Esta presidencia sujetándose al reglamento, y efectivamente apareciendo que en los términos de la fracción II del artículo 58 del reglamento ha hablado un orador en pro o en contra de la admisión, pregunte la secretaría a la asamblea si se admite.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - En votación económica, se pregunta si se admite o no a discusión la proposición del diputado Gabriel Jiménez Remus.
(Muchas voces en la sala).
El C. presidente: - Permítame señor secretario. Esta presidencia en primer lugar preguntó que si la asamblea estaba conforme en prolongar el debate en relación con la proposición. Entonces yo le agradecería a la secretaría pregunte para saber si continuamos o no. El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si está de acuerdo en que se prolongue el debate sobre esta cuestión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada señor presidente. El C. presidente: - Entonces, en cumplimiento con el acuerdo de la asamblea, nuevamente le indico a la secretaría que antes de dar a conocer si se terminaron los asuntos en cartera, la presidencia comunica que queda pendiente del debate de citar a la próxima sesión.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura a el orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
La misma C. prosecretaria:
"Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura
Orden del día
23 de octubre de 1986
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Téllez Arredondo, para prestar servicios en la Embajada de Dinamarca en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Ángel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, para prestar servicios en la Embajada de la República de Corea en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
De las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamiento Humanos y Obras Públicas, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Ricardo Gutiérrez Portillo, Manuel Alfonso Bañuelos Rosales y Julia Mejía Mendieta, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y Ma. del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios en los Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría de cuenta».
(Desorden en la sala.)
El C. Juan de Dios de Castro Lozano: - Es arbitrario señor presidente. Se está violando el 30 del reglamento.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Moción de orden.
El C. presidente: - Sin entrar en polémicas, señor diputado, yo no estoy más...
El C. Juan de Dios de Castro Lozano: - Me permito hacerle la moción de orden. El C. presidente: - Suplico silencio a la asamblea. Diputado le quiero hacer esta aclaración antes de dar por terminada, estoy acatando un acuerdo de la asamblea yo no soy soberano.
(A las 20:35 horas se levanta la sesión.) Se cita para el próximo jueves 23 de octubre a las diez horas.
El C. presidente (a las 11:05 horas): - Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra para hechos el diputado Pedro José Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: - Yo le pediría al señor presidente fuera tan gentil, tan amable, de convocar aquí al orden para poder discutir el asunto. El C. presidente: - Hemos de agradecer a todos los presentes que presten su atención porque estamos en sesión.
El C. Pedro José Peñaloza: - Pero vamos a continuar con el debate suspendido por razones de horario y de prudencia por parte de la mayoría priísta de esta Cámara en la sesión pasada. Para recordarles a los diputados que ya se había ido en aquella ocasión, que estábamos discutiendo el martes pasado, lo relativo a una propuesta del diputado panista Jiménez Remus para que compareciera el C. Procurador a informar a la Cámara de Diputados acerca del funcionamiento y trayectoria de la dependencia a su cargo y la importancia de este punto, radicaba sobre todo a raíz de la campaña, permanente, notoria, que ha habido en el exterior particularmente a través de algunos medios de información norteamericanos, que nos han señalado que hay fuertes irregularidades en el manejo del control del narcotráfico en nuestro país y donde se ha vinculado a funcionarios gubernamentales en acciones ilícitas. Esta es una introducción para que los diputados que no tuvieron la amabilidad de quedarse al debate y para los que van llegando se enteraran. Vamos a recordar algunas cosas.
El diputado David Jiménez no sé si ya llegó, creo que no ha venido, bueno, no ha venido el diputado David Jiménez. En su ausencia voy a tratar de polemizar con él. Miren, el diputado David Jiménez se paró a esta tribuna para señalar que él estaba en contra de la propuesta de que compareciera el procurador García Ramírez, aduciendo lo siguiente textual: no vamos a hacer fiscales del ministerio público. Es decir el diputado Jiménez, nos señalaba que no era posible que la Cámara de Diputados fiscalizara, opinara, decidiera sobre el manejo de la justicia por parte del abogado del Gobierno, el señor Sergio García Ramírez. Decía también el diputado Jiménez que no podemos citar a cualquier funcionario a toda hora y en todo momento. Yo digo que esta Cámara de Diputados, no únicamente tiene el derecho de citar a los funcionarios cuando sea necesario, sino es su obligación citar a los funcionarios las veces que sea necesario. Me parece un argumento totalmente frívolo el señalar en esta Cámara que a los
funcionarios hay que citarlos únicamente en determinado período. Pues no. Los funcionarios vienen a esta Cámara y deben venir cuando así lo requieran los intereses nacionales y los intereses de esta Cámara de diputados.
De tal suerte, que ese argumento del diputado Jiménez no opera. Por otro lado, el diputado Jiménez nos decía que hace poco tuvieron la oportunidad de concurrir con el señor García Ramírez a Cuernavaca y ahí pudieron escuchar la opinión inteligente y profunda del señor García Ramírez. Yo no dudo que hayan asistido a Cuernavaca a escuchar la opinión del señor Procurador, seguramente fue profundo en su análisis, pero esto no se contrapone a la propuesta que se está haciendo aquí. ¿En qué se contrapone que haya ido a Cuernavaca hace una semana a discutir con una comisión de diputados y que ahora vuelva a venir a la Cámara? Yo no veo ninguna contraposición.
De tal suerte, entonces, que yo quisiera recordarles a ustedes que el señor Moya Palencia, el día 21 de octubre declaró en los Estados Unidos, que se había concretado la semana de la infamia en contra de México en la Organización de las Naciones Unidas.
No obstante, que el señor Moya Palencia dijo había sido la semana de la infamia y que no había ninguna autoridad moral por parte de algunos medios norteamericanos para enjuiciar al Gobierno mexicano, no obstante ello, no obstante que se reconoce que se está imputando algunos cargos a funcionarios públicos, hay una negativa de que comparezca el Procurador.
Pero el diputado David Jiménez, después de que vino aquí a hablar a la tribuna, se fue, al canal siete de televisión, también usó el canal siete como tribuna, y resulta que dijo el día de ayer en un programa del canal siete que se llama "La Entrevista de Hoy", que ningún país del mundo tiene derecho a sancionar a México por su conducta contra el narcotráfico y reclamó mayor seriedad en los Estados Unidos al pretender criticar a nuestro país sobre este asunto.
Y ayer en la Cámara de Senadores, el senador Cervantes Acuña el día de ayer en el Senado, planteó que hay intereses obscuros y muy influyentes y muy poderosos desde el punto de vista económico que pretenden enjuiciar a nuestro país y que han logrado influir en el Senado de los Estados Unidos. Estas declaraciones no son cualquier cosa, señoras y señores diputados, se está hablando aquí por parte de Moya Palencia, del propio David Jiménez en un canal, en el canal de la televisión estatal y ayer en el Senado por el senador Cervantes Acuña, que hay una campaña en contra de México, de funcionarios públicos.
¿Quién es el encargado o quién debería ser el encargado de informar, de poner en su justo término cuál es la situación sobre el narcotráfico y sobre la situación que priva en nuestro país en materia de hechos ilícitos? Pues el Procurador, nadie más que el Procurador. Entonces no vemos razón alguna para que el Procurador no comparezca, no hay ninguna razón, ni siquiera la comunicación del oficial mayor, que nos hicieron el informe de la Procuraduría, lo que pasa es que nada más nos enviaron la nota informativa, pero no nos enviaron los volúmenes del informe de Sergio García Ramírez. Así que, señoras y señores diputados, no hay otra, tiene que comparecer Sergio García Ramírez, no hay otra, no hay, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el país, no es justo ninguna justificación, para que Sergio García Ramírez comparezca ante la Cámara de Diputados, de tal suerte que nosotros insistimos en esta propuesta que el diputado panista Jiménez Remus vino a plantear aquí, que debe aceptarse, porque si no se acepta esta propuesta se deducirá entonces que hay algo oculto que no se quiere dar a conocer en la Cámara de Diputados. Es todo, gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Jiménez Remus. El C. Enrique Jiménez Remus: - Señoras y señores diputados: en la biografía del general Douglas Mc Arthur, él señala que la derrota de las guerras se pueden resumir en forma concreta y sencilla en dos palabras, demasiado tarde, demasiado tarde para conocer la capacidad combativa del enemigo, demasiado tarde para la provisión oportuna de pertrechos de defensa, demasiado tarde para saber las tácticas de guerra del enemigo etcétera, etcétera, demasiado tarde.
En el asunto doméstico que ahora nos ocupa, creo que es oportuno reflexionar sobre el contenido de esta apretada síntesis de la derrota de las guerras, demasiado tarde, porque si tenemos el tiempo oportuno para conocer la estrategia de los calumniadores agresivos, el pueblo de México a través de sus representantes, el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, estamos en condiciones óptimas de conocer la estrategia demoledora salitrozamente peligrosa para la estabilidad política del país, y responder con bases sólidas, civilizadas y oportunas a esta agresión que se está planteando desde el extranjero
a través de informaciones que desde acá consideramos calumniosas y desestabilizadoras.
Uno de los peligros que puede afrontar el pueblo de México y el sistema político mexicano, su Gobierno, en concreto, sería la sedimentación venenosa que queda como resabio de esta campaña en contra de nuestro país. Sedimentación de desconfianza, sedimentación de duda, sedimentación de desunión y lo que planteamos, el grupo parlamentario de Acción Nacional, en esta sesión, es que comparezca el señor Procurador, a decirnos en forma pormenorizada, de frente a la representación nacional, primero, lo que él puede considerar el origen de esta campaña. Segundo, las acciones que en ejercicio de su función ministerial ha realizado o está realizando, para la averiguación de los hechos que desde el extranjero han sido denunciados. Efectivamente, como decía el compañero Peñaloza, se nos llegó el día de ayer, un informe a través del señor Secretario de Gobernación, donde el Procurador rinde un informe en un lapso de tiempo de algunos meses, respecto a la campaña en contra del narcotráfico. El anexo, cuando menos yo en lo personal, no he tenido oportunidad de analizarlo, pero no negamos y este es el sentido de mi insistencia en esta oportunidad, no negamos que la Procuraduría y otros cuerpos de apoyo a esta campaña, estén realizando acciones oportunas y eficaces en esta lucha nacional. Pero el contexto de la proposición de Acción Nacional, no significa que estemos pidiendo informe a las actividades que esté realizando.
La proposición es muy concreta. Que comparezca el señor Procurador a esta representación, para que se refiera en forma exclusiva y concreta, a las acusaciones que del exterior han sido imputadas a diversos personajes de la vida nacional.
Esto dentro de un contexto de información, derecho que tiene el pueblo de México a través de nosotros.
Algún viejo maestro de la facultad nos decía, que el pueblo de México, el ciudadano común y corriente, su primer contacto con el Estado su primer sentimiento de existencia del Estado, no en su contacto con los secretarios de Estado ni con el Presidente de la República, ni con los diplomáticos. Su primer contacto con el Estado es el policía de barandilla en las altas horas de la noche ante la calificación de una infracción. El policía de crucero, de policía y tránsito que infracciona al ciudadano común y corriente. El pueblo de México en su contacto general y globalizador ante el Estado mexicano , en este tipo de información nacional que incumbe a todos y cada uno de los mexicanos, a todas y cada una de las instituciones, ese primer contacto, esa piel delicada de información amigos y amigas diputados es la representación nacional a través de la Cámara. Entonces yo insisto que correspondamos al pueblo de México, através diría de información, recibiéndola en forma presta, oportuna y de cara a esta representación nacional a través del señor Procurador General de Justicia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene para hechos el uso de la palabra, el diputado Eliseo Rangel Gaspar.
El C. Eliseo Rangel Gaspar: - Señor presidente, compañeros diputados: desde el inicio de la sesión anterior, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se opuso a la proposición presentada por el diputado Jiménez Remus en el sentido de pedir la comparecencia del C. Procurador General de Justicia de la Nación para que en el pleno de la Cámara estuviera a explicar la significación, los alcances, la dimensión, el estado de la campaña en contra del narcotráfico. Sostenemos que esta proposición e congruente con la información que todos tenemos en relación con la actitud del Gobierno mexicano en relación con este delito, y además, por voz del representante de nuestra fracción se expuso que la Comisión de Justicia ha estado en contacto con el funcionario y realizado en el campo mismo, supervisión de tareas de combate al narcotráfico.
Efectivamente, el Senado norteamericano recientemente presentó al Presidente de los Estados Unidos, una serie de puntos de vista, el sentir del Senado en el sentido de impulsar una campaña de presiones en contra del Gobierno de México, considerando que no estaba respondiendo nuestro país a los compromisos de combatir con eficacia y con diligencia este delito internacional.
Los legisladores piden que se haga una declaración, una advertencia turística con efectos en todo su país, a efecto de detener la práctica de visitantes norteamericanos a México, aduciendo inseguridad en nuestro país. En igual forma, solicitan al presidente Reagan, la imposición de restricciones en su ausencia económica a México, la retención de mayores desembolsos provenientes del Fondo de Estabilización cambiaría del Departamento del Tesoro y del Banco de la Reserva Federal.
Piden que si el Gobierno de México persiste en no cooperar con Estados Unidos, Washington debe negar a productos mexicanos de exportación, un tratamiento favorable e instruir a sus representantes en las instituciones financieras multilaterales, para que se abstengan de emitir votos
favorables al Gobierno mexicano, cuando solicita la obtención de líneas adicionales de crédito. Estas medidas como todo mundo sabe, están en la discusión. Se ha hablado y se está aplicando ya, un impuesto por barril de petróleo exportado por nuestro país; se habla de deportación masiva de trabajadores migratorios, y se anuncian medidas de toda índole, sin respeto a convenios internacionales; sin estar a lo establecido en tratados específicamente celebrados, el caso específico de los convenios a que el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio obliga, para impedir la imposición de tarifas que graven los productos mexicanos.
Esta es, compañeros diputados, una delicada cuestión que debiera convocarnos a manifestar en forma unánime, nuestro rechazo a estas disposiciones, pues por lo que hace a la comparecencia del Procurador de Justicia bien se ha advertido ya, se ha señalado que estando en contacto con el y recibiendo información permanente estamos en condiciones de sostener ante la opinión pública nacional y extranjera que se está cumpliendo con los compromisos dedicando recursos importantes al combate del narcotráfico y que en todo caso esa actitud del Gobierno mexicano, esa conducta y ese celo en los términos de la ley es un asunto que compete a nuestra soberanía ya que en esa virtud, estando trabajando y empleando recursos permanentes, realizando un esfuerzo extraordinario como se demostró recientemente en la reunión de Vallarta, donde 13 países a invitación de México expusieron los alcances de sus actividades en contra del narcotráfico, satisface pues a la opinión nacional y está en condiciones de avalar la conducta de nuestro país, en cumplimiento de compromisos internacionales y en favor de la aplicación escrita de la ley en este sentido.
En esta virtud, es de rechazarse pues la solicitud presentada por Acción Nacional en el sentido de la comparecencia que hemos venido aludiendo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tienen la palabra el diputado Arturo Whaley Martínez. El C. Arturo Whaley Martínez: - Señoras y señores diputados: nosotros consideramos que efectivamente, sería inadmisible para nuestro país aceptar la tesis norteamericana en el sentido de que existe consumo de drogas en el mercado más importante en Estados Unidos de América, porque hay corrupción en México, sea ésta pública o privada.
Rechazamos que esa sociedad enferma quiere descargar culpas sobre otros pueblos, otros países, y otros gobiernos y en ese sentido queremos hacer una deslinde claro respecto a los presupuestos contenidos en la propuesta que estamos discutiendo. También rechazamos el momento en que estos argumentos se manejan, ha sido reiterado que la presa norteamericana haga acusaciones contra funcionarios mexicanos en momentos en los que la relación México Estados Unidos se pone álgida. Ya lo hicieron respecto al propio Presidente de la República, lo han hecho respecto a diversos gobernadores y funcionarios de distintos niveles.
Pero frente a esta actitud de los Estados Unidos y de diferentes medios tanto gubernamentales como privados de los Estados Unidos, consideramos que la peor actitud que puede tomarse es precisamente la de no discutir aquí nuestros problemas, la de no informar ampliamente sobre este problema que es el de la producción y tráfico de narcóticos, y tratar de ocultar que hay problemas políticos y sociales serios en nuestro país. Esto es lo que nos parece grave de la actitud que toma la mayoría.
Compañeros, a nosotros nos interesa mucho que asista el Procurador, no para ser juzgado en función de acusaciones que le hagan en El New York Time o en cualquier otro periódico; nos interesa porque hay una serie de problemas de estrategia, de combate al narcotráfico y a la producción que tienen que ver con problemáticas sociales muy importantes para nosotros. Tiene que ver por ejemplo con todos los problemas agrarios y cómo se trata al campesinado y cómo se trata a las organizaciones agrarias con el pretexto del combate al narcotráfico; tiene que ver, compañeros, con la impunidad con que actúan estos grupos de narcotraficantes en Sinaloa, y aunque no esté involucrado directamente el gobernador, es evidente que tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo en ese estado. Tiene que ver con la presencia permanente y aparentemente, aparentemente permitida por el Gobierno mexicano de agentes de otras policías actuando impunemente aquí en México.
Por eso planteamos que venga el Procurador a comparecer a esta plenaria, no porque los norteamericanos digan tal o cual cosa, sino precisamente para que estos problemas que competen a nuestra soberanía, estrictamente a los mexicanos, puedan ser discutidos ampliamente por los mexicanos. Por eso estamos de acuerdo en que asista el Procurador, que comparezca, y si tuviéramos un poquito de sentido común, estaríamos de acuerdo no en que vengan, insisto, no en que vengan para que se le juzgue sino para discutir con él problemas que nos competen, problemas que tiene que ver con nuestra soberanía, con nuestra vida política, con nuestra vida económica y con nuestra vida social. Muchas gracias compañeros. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus. El C. Gabriel Jiménez Remus: - Amigos diputadas y diputados: fui omiso al referirme a mi anterior intervención a un argumento de mi compañero David Jiménez para fundamentar su oposición al progreso de esta proposición. El decía que en cierta forma acceder a la comparecencia del señor Procurador, podría significar que nos hiciéramos partícipes en el juego de los agresores, de los calumniadores del exterior.
Yo creo que en estos momentos de la vida política de México, con toda honestidad creo que en última instancia valdría la pena correr el riesgo, para que quedaran perfectamente clarificadas estas imputaciones. Ya lo he dicho en algunas ocasiones en momentos de crisis la puerta de salida es el manejo claro de los asuntos públicos de México.
Pero el grupo parlamentario de Acción Nacional sosteniendo el criterio que envuelve esta proposición, insistimos en que es generosa, oportuna, para los efectos que se exponen en el contenido de mi proposición y para el solo efecto de que no se vaya a interpretar, como también puede correrse ese riesgo, de que los partidos políticos de oposición en estos momentos y en estas coyunturas llevamos agua a nuestro molino, y que se vaya a interpretar entonces que lo que queremos es un bombardeo inquisitorial al señor Procurador en esta asamblea, para que se note y se desprenda la buena voluntad y la rectitud de intención que motivó esta proposición, señor presidente y amigos diputados, quiero modificar la proposición. Y a continuación me permito leer el siguiente documento:
"H. Cámara de Diputados. Gabriel Jiménez Remus, diputado, a ustedes digo: Que vengo a modificar mi proposición anterior para que el señor Procurador General de Justicia de la República comparezca a la Comisión de Justicia de esta Cámara para los efectos que señalo en mi anterior proposición, atentamente, México D. F., 23 de octubre de 1986."
Bueno, si no queremos que comparezca al pleno, que no se vaya a interpretar, como lo dije anteriormente, que no soslayemos la importancia de la información cuando menos a la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia a través de nuestro presidente informe a esta muy honorable asamblea sobre los aspectos que estamos mencionando. Muchas gracias.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor diputado, no le parece a usted que sería mejor que la propia Comisión dictaminara y viera si es más conveniente que sea en la comisión o que sea en el pleno, pero que se deja abierto al dictamen de la Comisión de Justicia.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - Entonces, haber si entendí bien. Me permite, señor presidente. Usted sugiere, don Jorge, que la decisión o el acuerdo de la presidencia sea: túrnese a la comisión la proposición; que la comisión resuelva y posteriormente emita el dictamen.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - No, que la comisión resuelva en su seno si es a la plenaria o a la comisión en donde comparezca el señor Procurador, y eso es lo que propongo, que se deje abierto.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - Bueno, señor presidente, amigos: yo estoy de acuerdo con don Jorge y acepto. O sea, todo aquello que signifique allanar el camino, áspero a veces para poder llegar al conocimiento de la realidad, que es lo que estamos solicitando, pues yo creo que es también una bondadosa idea de don Jorge que enriquece esta polémica.
Que se turne entonces esta proposición que yo hago, modificada otra vez por segunda ocasión, señor presidente, a la Comisión de Justicia, que tengamos un diálogo, que se resuelva en conciencia y con apego estricto a la oportunidad y que luego informe a la asamblea. Entonces vuelvo a modificar otra vez mi proposición, señor presidente. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado David Jiménez para hechos.
El C. David Jiménez González: - Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: el martes dimos respuesta a la proposición que había nuestro compañero y amigo Gabriel Jiménez Remus, acerca de la comparecencia del señor Procurador General de Justicia de la Nación, el doctor Sergio García Ramírez. Dimos nuestras razones, las fundamos, las expusimos ampliamente por medio del cual nosotros nos oponíamos a esa proposición. El día de hoy en la anterior comparecencia del compañero Gabriel Jiménez Remus, manifestaba que no había tenido acceso o conocimiento de la información que ha llegado a esta Cámara de parte de la Procuraduría General de la República. Y en esta última su intervención, junto con alguna modificación que planteó el compañero Jorge Alcocer, hacen una nueva proposición para que sea turnada la misma a la Comisión de Justicia.
Quiero dar respuesta a estos dos planteamientos que el compañero Jiménez Remus hizo ante esta tribuna. La primera, decirle a nuestro compañero diputado Gabriel Jiménez Remus, que el día 20 de octubre por una ocasión más el Secretario de Gobernación remite a la Cámara de Diputados toda la documentación relacionada con el narcotráfico. El oficio lo tengo aquí y voy a permitirme, si lo autoriza la presidencia, dar lectura a uno de sus párrafos para que estemos enterados todos los miembros de este pleno. Y dice lo siguiente:
«Ciudadanos secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente
Para conocimiento de ustedes y fines que estimen procedentes, a continuación transcribo oficio del ciudadano doctor Sergio García Ramírez, procurador general de la República, envió a esta dependencia del Ejecutivo.
En seguimiento a mi anterior oficio de fecha 17 de septiembre pasado, dice el señor Procurador General de la República, me permito remitir a la honorable Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por el digno conducto de la Secretaría de Gobernación, si lo tiene a bien, informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por esta dependencia en la campaña contra el narcotráfico.
El informe que ahora proporciono abarca el mes de septiembre íntegramente y alude a las acciones realizadas día por día con el equipo aéreo de la Procuraduría General de la República, etcétera, lo firma el señor Secretario de Gobernación, es decir, en primer término para dar respuesta al compañero Jiménez Remus, existe documentación fehaciente y abundante de todas las acciones que ha realizado el Gobierno de la República por conducto de la Procuraduría General de la República que su titular es el doctor Sergio García Ramírez en donde se nos informa pormenorizadamente esas acciones». El C. Gabriel Jiménez Remus: - Señor diputado, ¿me permite una interpelación? El C. Davila Jiménez: - Con muchísimo gusto señor diputado.
El C. Gabriel Jiménez Remus: Señor diputado: al inicio de mi intervención, enteré a la asamblea de la llegada de este oficio de don Manuel Bartlett, de lo expuesto ahora por usted se desprende entonces, entonces el exhaustivo análisis e información que rinde por conducto de Gobernación don Sergio García Ramírez, debe entender entonces que usted conoce ese anexo. Mi pregunta concreta señor diputado es la siguiente: ¿en el informe que nos hace llegar el señor Procurador, se refiere concretamente a la proposición de Acción Nacional, menciona la averiguación o gestiones iniciadas en la Procuraduría, respecto a las imputaciones al señor general Arévalo Gardoqui. ¿Ese informe también se refiere a las imputaciones del pariente del señor Presidente? ¿Ese informe se refiere actualmente a la nueva imputación del hijo del señor general Arévalo Gardoqui? Es el sentido de la Proposición de Acción Nacional, apoyada por otros grupos parlamentarios, no se refiere a este punto en particular, entonces no satisface el contenido de nuestra preocupación. Gracias.
El C. David Jiménez González: - Voy a dar respuesta a la inquietud del señor diputado Gabriel Jiménez.
En primer lugar, es público y del conocimiento de todos nosotros, que la Procuraduría General de la República manifestó en relación con el parentesco de un familiar del señor Presidente de la República, que se había abierto una averiguación y se estaban agenciando una serie de informaciones para ver si existía alguna presunta responsabilidad. Una averiguación que todavía no se ha terminado, está abierta. lo manifestaron por todos los medios de comunicación masivos dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, en primer lugar.
En segundo lugar, en lo que se refiere a la acusación que el San Diego Unión y con posterioridad del New York Times, si no mal recuerdo hicieron tanto al general de división Juan Arévalo Gardoqui, como a su hijo, se estableció también mediante una declaración de la propia Procuraduría General de la República, que no se había presentado ninguna denuncia ante esta dependencia respecto a la presunta responsabilidad de alguna de las dos personas que usted ha mencionado y que les estoy dando respuesta. Por consiguiente, no podemos nosotros, recibir una información respecto al primer caso, porque todavía no se cierra la averiguación y está desde luego ante la propia dependencia, ante la misma Procuraduría General de la República llevándose a cabo todos los trámites que de acuerdo con la ley, se deben de seguir.
Nosotros no somos fiscales ni somos ministerios públicos para seguir coadyuvando en este aspecto al ministerio público para acabar de integrar una averiguación.
Y por otra parte, se ha manifestado en un sin número de veces, en cuanto al señor De la Madrid que se encuentra siendo investigado por la Procuraduría General de la República, que no se ha
encontrado elemento alguno que presuponga la responsabilidad de esta persona y en relación con el general y con su hijo, repito, no ha habido denuncia formal ante la Procuraduría General de la República respecto a la comisión de algún delito por parte de esta persona; por consiguiente está dada respuesta a su inquietud y a su pregunta.
La información que nos da la Procuraduría General de la República está aquí y usted la puede consultar, está a la disposición de cualquier diputado de esta Cámara para que pueda enterarse de todas y cada una de las acciones que la Procuraduría ha llevado a cabo, y asimismo también nosotros tenemos información y también tenemos acceso para preguntarle las acciones que ha realizado la Armada y el Ejército Mexicano en contra del narcotráfico, que ha sido y eso le pese a quien le pese que afortunadamente no ha sido para los mexicanos sino a algunos medios de comunicación extranjeros, ha sido una labor ejemplar y enérgica que el Ejército, la Armada y la Procuraduría han llevado a cabo para combatir el narcotráfico.
Eso es en lo que respecta la primera parte de la pregunta. Viene la segunda, es en el sentido del cambio de la proposición que usted compañero Jiménez Remus, de acuerdo con el compañero Alcocer, han formulado para que sea en el seno de la Comisión de Justicia la que se ventile si procede o no la presencia del señor Procurador General de la República ante el pleno de la Cámara. Yo quiero recordarles a mis compañeros diputados que en el receso de esta Legislatura cuando entró en funciones la Comisión Permanente, ante ella se presentaron las nueve fracciones que integran la Cámara, las nueve fracciones políticas, pidiendo que se turnara una proposición a la Comisión de Justicia que se encargara a la vez de constatar, de analizar la campaña, sus avances y sus logros en contra del narcotráfico; esa proposición de los nueve partidos políticos que se dio ante la Comisión Permanente, fue turnada a la Comisión de Justicia y una vez que fue turnada la Comisión de Justicia se abocó a realizar todos los trabajos relacionados con la misma para poder constatar el avance de estas campañas en contra del narcotráfico.
Por eso se derivó la invitación que nosotros hicimos al seno de la Comisión de Justicia y aquellos que inclusive no siéndolo fueron cordialmente invitados para que asistieran a un desayuno de trabajo que se prolongó por más de cuatro o cinco horas con la asistencia del señor doctor Sergio García Ramírez, para que pudiéramos preguntarle y cuestionarle de todas aquellas dudas e inquietudes que tuviéramos nosotros respecto a la campaña en contra del narcotráfico también algunos aspectos relacionados con la farmacodependencia. Fue si mal no recuerdo, en los meses de abril o de mayo, cuando se asistió a esta reunión convocada por la Comisión de Justicia. En segundo lugar con posterioridad como ya lo he afirmado en varias ocasiones y lo repetí en mi última intervención, la Comisión de Justicia se volvió a reunir en la ciudad de Cuernavaca, con todos sus miembros para seguir la secuela, el avance de esa campaña que tan exitosamente está llevando a cabo nuestro Gobierno; en donde sobresale desde luego la actividad desarrollada por el Ejército Mexicano y por la misma Procuraduría General de la República. Ahí constatamos de una manera objetiva todas las acciones que la Procuraduría General de la República había estado llevando a cabo y constamos y vimos la destrucción de los sembradíos de mariguana; y vimos también a lo que se exponían aquellas gentes que tienen esta encomienda, esta riesgosa labor para poder llevar a efecto esta campaña en contra del narcotráfico.
Ya lo apuntaba el mismo compañero Alcocer. Dentro de breves días quizá 20, quizá 25 días cuando más, estaremos otra vez los miembros de la Comisión de Justicia, trasladádonos al estado de Sinaloa para seguir ese programa que nos hemos dado nosotros para constatar todos los avances, todas las acciones y todos los programas en contra del narcotráfico.
Por eso considero que tanto la primera proposición en la cual nosotros pedimos que se desechara, como ésta que se está dando ahora con diversas modificaciones, también sostenemos que no se acepte y que se deseche, porque en primer lugar estamos nosotros ya dando cumplimiento a una comisión que nos fue dada por parte de la Comisión Permanente y que estamos cumpliendo y que todavía no acabamos. Y el informe quedará la Comisión de Justicia será relacionado única y exclusivamente con esta situación que es la del narcotráfico, y en ella nosotros abundaremos; nosotros informaremos al pleno de la Cámara ya no solamente a los miembros de la Comisión de Justicia, sino al pleno de la Cámara, del éxito de esta campaña que el Gobierno de México lleva a cabo.
Por todo ello, consideramos que no es factible, no es posible, que prospere la proposición hecha por el compañero Jiménez Remus y les pedimos a los miembros de esta Cámara que la rechacemos y que esperemos que una vez que termine la Comisión de Justicia con su trabajo que le ha sido encomendado, estaremos todos los compañeros de esta Cámara en posibilidades de conocer todos los avances y lo relacionado con la
campaña de narcotráfico. Muchas gracias, señor presidente.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para hechos, cinco minutos.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señores y señoras diputados; se plantea en primer término la comparecencia del señor Procurador General de Justicia de la República, jurídicamente el abogado del Ejecutivo, para que de información al pleno de la Cámara sobre las cuestiones que el diputado Gabriel Jiménez Remus, planteó en su proposición y el señor presidente de la Comisión de Justicia no dice que ha llegado a la Cámara un oficio suscrito por el señor secretario de gobernación licenciado Manuel Bartlett, con una serie de anexos, donde se da a conocer paso a paso la campaña que la procuraduría está emprendiendo contra el narcotráfico.
A mi no me quedó clara la respuesta del C. David Jiménez Remus, a la pregunta concreta que hizo el diputado Gabriel Jiménez, en relación a si estaban o no en los anexos las cuestiones contenidas en la proposición. Bien es cierto que el oficio se recibió el 20 de octubre de 1986, probablemente antier en el debate la Comisión de Justicia todavía no tenía conocimiento del contenido de este oficio y del contenido de los anexos, pero, hay dos cuestiones que nos llaman la atención de lo afirmado por el C. David Jiménez, presidente de la Comisión de Justicia.
La primera de ellas, no hay denuncia, acusación, ni querella, apoyada dicha denuncia, acusación o querrella por persona digna de fe en los términos del artículo 16 constitucional. Así lo dijo. Si no hay denuncia, acusación o querella apoyada por persona digna de fe en los términos del artículo 16, ¿por qué el Procurador ha iniciado una investigación? ¿Por qué se ha investigado exhaustivamente? Yo diría que no basta ni siquiera las instrucciones del Ejecutivo Federal. El artículo 16 es categórico, por un lado.
Pero si el señor Procurador ha dado información acerca de si se está investigando la probable responsabilidad de las personas que se han mencionado en la prensa extranjera, está realizando una investigación de oficio sin que está precedida de denuncia, querella, acusación, y sin declaración firmada bajo protesta de persona digna de fe.
Entonces el señor Procurador debe informar a esta soberanía nacional, de los elementos de que dispone para haber realizado una acusación, una investigación de esa naturaleza.
Si se nos ha contestado por parte del compañero diputado David Jiménez a los planteamientos que le hizo Gabriel Jiménez Remus, se nos ha dicho que por la prensa el señor Procurador ha dado amplias respuestas a las acusaciones instauradas o entabladas o dirigidas contra el señor Secretario de Defensa; ha sido involucrado el gobernador saliente del estado, de uno de los estados del norte de la República; ha sido involucrado en esas informaciones de un familiar del Ejecutivo Federal, y el señor Procurador ha realizado las investigaciones y nos dice ha dado esporádicamente informes categóricos a la prensa nacional, a la televisión nacional y a los medios de comunicación. Señoras y señores diputados, ¿estarían ustedes de acuerdo en el sentido de que la televisión y la prensa sean el medio de enlace entre el Procurador y esta soberanía nacional? Nosotros estamos de acuerdo en solidarizarnos con el Gobierno mexicano en contra de esta campaña en caso de que resulten inocentes los funcionarios y personajes que han sido involucrados. Pero para eso es necesario tener la información directa de labios del Procurador General de Justicia de la Nación.
No vayamos, señoras y señores diputados, a volver al debate aquel cuando se pidió la comparecencia de la señora procuradora Adato y que después fue premiada con un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, pido a los señores diputados, ya que no desean que el Pleno sea el que cuestione al señor Procurador, den la posibilidad a la Comisión de Justicia, para que conforme a la propuesta planteada, la Comisión de Justicia resuelva si es en la Comisión o es en el pleno donde deba comparecer el Procurador, pero que comparezca. Muchas gracias
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo José Pascual Moncayo para hechos.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente; compañeros: vale la pena hacer una breve reflexión sobre algunos de los objetivos que desde nuestro punto de vista debe perseguir la Cámara de Diputados, los representantes populares, para citar a funcionarios al pleno de la Cámara. Y digo que vale la pena hacer esta reflexión, porque en el curso de los debates que hemos tenido cuando diferentes grupos parlamentarios hemos planteado la solicitud de que comparezcan funcionarios que tienen diferentes responsabilidades a su cargo, es porque partimos de la idea, compañeros, de que el que se les convoque, el que se les invite a la Cámara, no es necesariamente no es precisamente el venir a hacerles un juicio ni a hacerles un interrogatorio. Se les pide información de lo que tiene a su cargo, dado que como representantes populares o queremos ampliar
la información, queremos profundizarla, queremos confrontarla. El día de ayer estuvo aquí el licenciado Petriccioli, bueno, en el curso de la reunión no era un interrogatorio el que se le hacía al licenciado Petriccioli, sino era confrontar la información y las versiones y las ideas diferentes que tenemos de lo que ha realizado en el curso de los últimos días la Secretaría de Hacienda en torno a la renegociación de la deuda.
Bueno, compañeros, David y otros compañeros pediría que escucharan por favor, de que lo que estamos planteando, compañeros, de parte de nuestro grupo parlamentario no es, en este caso o como en otros casos, pedirle al Procurador que venga para hacerle un juicio, y para sentarlo en el banquillo de los acusados a que dé explicaciones.
Desde el punto de vista de nuestro partido, es importante que un funcionario como el Procurador General de la República venga a esta Cámara en el momento actual, porque en este momento hay una ofensiva de parte de los Estados Unidos que se ha expresado a través de diferentes formas, desde una ley contra nuestros hermanos que van a trabajar a Estados Unidos, con una ley que agrede directamente a la economía mexicana, con una campaña de calumnias que afecta no solamente a nuestro país en términos del ámbito internacional en imagen, sino que tiene repercusión de carácter económico que limita el ingreso de turistas a México a partir de esta visión de un país supuestamente sumido y ahogado en la corrupción; en una actividad que ha venido desarrollando en los últimos tiempos los Estados Unidos, que tratan de poner contra la pared a nuestro país, no solamente al Gobierno, sino al país en su conjunto. En un momento como este, compañeros, es importante que un funcionario como el Procurador use precisamente la tribuna de la Cámara, use esta relación con otro de los poderes para que quede claro, para que quede preciso que no se está haciendo eco que la campaña calumniosa que se está realizando en Estados Unidos, a nosotros, a nuestra fracción parlamentaria, no es precisamente el señalamiento sobre funcionarios, sobre parientes del Presidente o sobre el Secretario de la Defensa lo que nos convoca lo que nos llama a invitar al Procurador a que venga a la plenaria, no a explicar, compañeros, a informar y vean claramente la diferencia no es hacerle un juicio, sino usar precisamente esta tribuna, esta tribuna que llamamos de a nación, para que dé información, evidentemente la información la ha habido, compañeros, la habido en la Comisión de Justicia, pero porqué negarse, por qué obsecarse en esta negativa defensiva a que venga el a dar información, a dar información no solamente frente a la agresión de los Estados Unidos, sino también a cuestiones que nos preocupan localmente, sobre la lucha en contra del narcotráfico.
Cuál es el problema que le encuentran los compañeros de la mayoría a esto, necesitan eliminar de veras, necesitan quitarse esas barreras defensivas que cree que todo es precisamente para hacer juicios y no es, es para que en este momento podamos desde la Cámara de Diputados confrontando la información, ampliando la información, realmente tener una alternativa desde la Cámara de Diputados para enfrentar a esta actividad que ha venido y ha tratado de socavar permanentemente la capacidad de nuestro pueblo, la moral de nuestro pueblo y en el ámbito internacional vulnerar la responsabilidad de nuestro país. Y creo que esta es una oportunidad, compañeros, para que aprovechemos la visita del Procurador para que de una iniciativa de conjunto podamos realmente actuar en unidad frente a la agresión de los Estados Unidos. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Calvo Vázquez. El C. Vicente Calvo Vázquez: - Seré muy breve, señor presidente, compañeros diputados, es de todos conocida la intensa campaña de calumnias que desarrollan en los Estados Unidos funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso y una prensa vinculada a intereses obscuros; estos hechos preocupan a todos los mexicanos, y a nuestro juicio esta Cámara, representante del pueblo, debe expresar su opinión por lo que, ciudadanos diputados, formulo a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, una proposición alternativa y que dice así.
PUNTO DE ACUERDO
"Único. La Cámara de Diputados, rechaza con toda energía las calumnias formuladas por miembros del Congreso y del Gobierno norteamericano, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico en contra de personas e instituciones del Estado mexicano, firmado por un servidor".
Señor presidente, solicito el trámite de urgente resolución con base en los artículos 58 y 59 del reglamento.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado David Jiménez González. El C. David Jiménez González: - Señor presidente: hemos escuchado a los compañeros que han hecho uso de la tribuna con toda atención y
celebro que no ha habido uno que no esté de acuerdo en toda esa serie de calumnias injurias y difamaciones de que hemos sido objeto, ya no solamente el Gobierno de México sino el pueblo de México, y que bueno que hay coincidencia, porque creo que ante esta estrategia que obedece a obscuros intereses de Estados Unidos de Norteamérica, está la defensa que debemos de hacer de nosotros, de los intereses de nuestro país, de nuestro pueblo y también en defensa de nuestras instituciones.
Qué bueno que coincidimos en que se trata de calumnias, de difamaciones y de injurias, que bueno también que coincidimos que trata de desprestigiarnos, y por qué no decirlo, a veces de desestabilizarnos, pero se han encontrado con un pueblo y un gobierno maduro y responsable, un gobierno que por conducto del C. presidente de la República Miguel de la Madrid y por conducto de sus órganos de gobierno como puede ser en este caso la Procuraduría General de la República, manifestó no solamente al pueblo de México sino al mundo entero en la pasada reunión de Vallarta, que todo aquel sujeto, persona que pudiera tener parentesco, que pudiera tener alguna posición económica, social o inclusive pública, que se encontrara inmiscuido con este tipo de delito no tendría bajo ninguna actitud para que se solapara o se protegiera, sino que se actuaría con todo el rigor del la ley, sean quien fuere, esa ha sido la declaración del Presidente de México, esa ha sido la declaración del Procurador General del la República, aquí no se está escudando a nadie ni se está ocultando nada.
El informe que da la Procuraduría General de la República, es un informe veraz, abierto y que ha estado a disposición de todos y dada uno de nosotros. Yo considero que en la proposición que ha hecho el compañero Jiménez Remus la última, junto con el compañero Alcocer, se encuentra ya implícita dentro de las funciones que esta realizando la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia, al haberse reunido en las dos pasadas ocasiones, fueron sus miembros los que asistieron junto con el Procurador General de la República, para ver que este tipo de problemas, para analizarlo, para constatarlo, las acciones que se están llevando a efecto.
La próxima reunión que aquí ya lo había anunciado, no el pasado martes o el día de hoy, sino en alguna otra intervención en donde tuvimos la oportunidad de subir a esta tribuna, decía que en la siguiente etapa la Comisión decía que en la siguiente etapa la Comisión misma de Justicia iría al estado de Sinaloa para constatar la operación Pacífico para que nosotros viéramos de una manera clara y objetiva, todas las acciones que se están llevando a cabo y además poder preguntar, cuestionar, de alguna otra duda que se nos pudiera presentar respecto a la actitud o a la acción o a la conducta, en un momento dado que está guardando esta institución respecto a esta serie de calumnias, difamaciones o injurias de que hemos sido objeto en estos últimos días. No podemos perder esta perspectiva, yo creo que cuando estemos los miembros de la Comisión de Justicia, que es lo que están ustedes pidiendo y que la analicemos, pues va a estar ahí con nosotros en la misma comisión en el mismo seno de la Comisión de Justicia, el Procurador General de la República, como lo ha estado en las dos ocasiones anteriores. Ahí ustedes, los miembros de la Comisión de Justicia, podrán hacerle todo tipo de cuestionamientos que consideren pertinentes y podemos como vamos a hacerlo porque es una obligación que adquirió la Comisión de Justicia ante la Comisión Permanente cuando le fue turnada esta proposición por las nueve fracciones políticas que se integran aquí en la Cámara, vamos a informarle a todo el pleno de la Cámara.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - ¿Me permite interpelarlo?
El C. David Jiménez González: - Sí, con mucho gusto, señor diputado.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - Señor diputado, estaría usted de acuerdo que en esta proyectada Comisión, viaje de la Comisión se incluyera en forma formal oficialmente en la agenda de trabajo, los temas planteados en esta proposición?
El C. David Jiménez González: - Quiero decirle a usted, mi querido compañero Jiménez Remus, lo siguiente: en ninguna de las dos anteriores reuniones ha habido una cortapisa por parte de los diputados para preguntar lo que nosotros hemos considerado pertinente al señor Procurador General de la República y creo sinceramente que no será la excepción en la reunión que tengamos la Comisión de Justicia con el Procurador del estado de Sinaloa.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - Don David si usted acepta en presencia de la asamblea, retiro mi proposición.
El C. David Jiménez González: - Le quiero manifestar a usted, que si usted, esta proposición y esta serie de preguntas que ha hecho por conducto de ello la hace usted allá en Sinaloa en la reunión que vamos a tener con el Procurador, no
habrá ningún objeto por parte de ningún miembro de la Comisión de Justicia y daremos inclusive al pleno la respuesta que se dé a los miembros de la comisión como ustedes lo están pidiendo en este momento.
Entonces no sé, compañero Jiménez Remus, si hemos dado respuesta a su pregunta, a su inquietud. Si es que se ha dado respuesta a esta pregunta, o a esta inquietud o a esta interpelación que usted me ha hecho, entonces desde luego dejaría de tener vigencia su proposición.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - No dudo de la cortesía de don Sergio para contestar esta u otras preguntas, tampoco dudo de la apertura de usted y de los miembros de la Comisión para que se trate este tema, pero por principio de orden y para terminar el debate, acepte usted por favor que si usted quiere como requisito de forma, que se trate en la próxima reunión.
El C. David Jiménez González: - Yo creo que no hay ningún inconveniente para que sea tratada esta serie de preguntas y de interrogantes y de inquietudes que ustedes han manifestado, en la próxima reunión con el señor Procurador General de Justicia.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - ¿Entonces sí la acepta?
El C. David Jiménez González: - Claro que la acepto.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - Señor presidente, retiro mi proposición.
El C. presidente: - Se termina el débate en relación a este con este punto.
El C. David Jiménez González: - Entonces lo que quiero pedir, con la venia de la presidencia, es que la proposición que hicieron nuestros compañeros del Partido Popular Socialista sea sometida a consideración del pleno de la Cámara. Muchas gracias señor.
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Señor presidente, nosotros nos habíamos sumado a la propuesta haciendo una variante, queremos hacerlo por escrito, es en relación al mismo tema.
El C. presidente: - Bueno, la proposición ya está retirada señor diputado. Si usted quiere hacer otra proposición.
El C. Jorge Montúfar Araujo: - Está pendiente también la contraposición del Partido Popular Socialista.
El C. Pablo Pascual Moncayo: - Señor presidente; compañeros: las intervenciones que ha tenido nuestro grupo parlamentario en relación a este tema, nos sumamos a la propuesta de que viniera el señor Procurador. Ya no lo comentaré más, simplemente quiero leer una propuesta, un
PUNTO DE ACUERDO
"Único. Citar a comparecer al ciudadano Procurador General de la República, para dar información sobre el combate al narcotráfico.
Firmar por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, Pablo Pascual Moncayo".
El C. presidente: - Como está enterada esta asamblea, la presidencia informa que hay una proposición que presentó el diputado Vicente Calvo del Partido Popular Socialista, en que solicitó que por considerar obvia y pronta resolución, se tome el acuerdo al respecto.
Pido a la secretaría haga esta consulta.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición hecha por el compañero del Partido Popular Socialista. El mismo C. Secretario: - "Punto de acuerdo. La Cámara de Diputados rechaza con toda energía las calumnias formuladas por miembros del Congreso y del Gobierno norteamericano su pretexto de la lucha contra el narcotráfico, en contra de personas e Instituciones del Estado mexicano. Firman por la fracción parlamentaria del Partido Popular socialista."
Solicito que el trámite sea de urgente resolución en base a los artículos 58 y 59.
Se repite la consulta a la asamblea por instrucciones de la presidencia. Los que estén por que se admita o no a discusión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Admitida señor presidente Igualmente con fundamento en el artículo 59, se consulta a la asamblea si se le considera de urgente y obvia resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. Está
aprobada de que es de urgente y obvia resolución señor presidente. Nuevamente se consulta a la asamblea si a este asunto que le considera de urgente y obvia resolución, en los términos del artículo 59, de nuestro Reglamento, los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Aprobada señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría si aprueba la proposición. El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba en sus términos esta proposición del Partido Popular Socialista. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pié. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de igual manera... Aprobada la propuesta, señor presidente.
El C. presidente: - Cúmplase la proposición.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea, si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Pablo Pascual Moncayo, de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, si se admite a discusión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Desechada, señor presidente.
El C. presidente (a las 12:25 horas): - Se cierra la sesión del día 21 de octubre.
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