Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19861023 - Número de Diario 20
(L53A2P1oN020F19861023.xml)Núm. Diario:20ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
Año II, México D. F., jueves 23 de octubre de 1986 NÚMERO 20
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
ACUERDO SOBRE PETRÓLEO TOMADO POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El C. Heriberto Ramos Salas, a nombre de todas las diputaciones, presenta punto de acuerdo que manifiesta el desacuerdo de la LIII Legislatura con la resolución tomada al respecto por el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos de América. Opinan acerca del tema los CC. Héctor Terán Terán, Eduardo Valle Espinosa, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Francisco Hernández Juárez, Efraín Calvo Zarco, Pablo José Pascual Moncayo, Joaquín Contreras Cantú, José Angel Conchello Dávila y Jorge Alcocer Villa. Se aprueba.
AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LA CONTRARREVOLUCIÓN NICARAGÜENSE
Proposición de cinco diputaciones que presenta el C. Pedro José Peñaloza en la que lamenta la aprobación del Senado norte americano por dicha ayuda tanto económica como militar. Apoya la propuesta el C. Manuel Fernández Flores. Se aprueba.
JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LA DEUDA EXTERNA
El C. Indalecio Sáyago Herrera propone se salude con este motivo, a pueblos hermanos. Se turna a comisión.
COMUNICACIONES
Los congresos de Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz, inherentes a sus funciones legislativas. De enterado.
INFORME DE LA PROCURADURÍA RELATIVO AL NARCOTRÁFICO
Que se ha desplegado sobre este problema social, durante el mes de septiembre. Se turna a comisión.
MINUTAS DEL SENADO
CÓDIGO PENAL
Proyecto de decreto que lo reforma y adiciona. Se turna a comisión.
CÓDIGO PENAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
Minuta proyecto de decreto de reformas y adiciones a estos códigos y a la ley de referencia. Se turna a comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
MONEDAS DE 500 PESOS
Proyecto de decreto que señala las características de las monedas expresada.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos proyectos de decreto que permiten a los CC. David Téllez Arredondo, María B. Rodríguez Montes de Oca, Víctor M. Estrada Villa, Miguel A. López Merino, José A. Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, hacerlo en embajadas extranjeras, acreditadas en nuestro país.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley citada. La C. Cecilia Romero Castillo presenta una moción suspensiva, y en contra de la misma, habla el C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno; para hechos el C. Javier Paz Zarza. Se desecha.
A discusión en lo general. Fundamenta el dictamen el C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno. Se declara un receso.
Se reanuda la sesión. Continúa el debate en lo general. Sigue los CC., para fundamentar el voto del Partido Socialista Unificado de México Josefina Sánchez Ponce; en pro Hildebrando Gaytán Márquez; para fundar el voto del Partido Demócrata Mexicano Magdaleno Yánez Hernández; en pro José Angel Aguirre Romero y José Berber Sánchez. Se aprueba con los artículos no impugnados.
A discusión en lo particular. A debate el artículo 43. Hablan los CC., para una modificación el C. Javier Paz Zarza; en pro José Ramón García Soto; para hechos Sergio Teodoro Meza López; nuevamente García Soto. Se desecha la modificación. Se aprueba el artículo en sus términos.
A discusión el artículo 91. Propone modificaciones la C. María del Carmen Jiménez de Avila; en pro Macario Rosas Zaragoza. Se desechan. Se aprueba en sus términos. Se aprueba el dictamen. Pasa al Senado.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Punto resolutivo sobre reformas y adiciones a los artículos 4 y 26 de la ley citada, para establecer la Secretaría de la Vivienda, que determina ser improcedente. Voto particular del Partido Popular Socialista.
A discusión. Hablan los CC., para una aclaración Manuel Terrazas Guerrero; para fundar el dictamen Héctor Jiménez González; en contra Manuel Fernández Flores; en pro Luis Ignacio López Moctezuma y Torres; en contra Jesús Heriberto Noriega Cantú; para hechos Gregorio Macías Rodríguez; en pro Lulio Lulio Valenzuela Herrera; en contra Adner Pérez de la Cruz; para fundar el voto del partido Mexicano de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México Manuel Terrazas Guerrero; en pro Javier Michel Díaz; para hechos Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se aprueba.
CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A USUARIOS DE BAJA CALIFORNIA
Escrito firmado por el C. Héctor Terán Terán quien solicita que la Comisión Federal de Electricidad suspenda el corte expresado hasta que se realice consulta sobre tarifas. Aclaración y exhortación de la presidencia.
LEY SIMPSON RODINO
Proposición de todos los partidos, que lee el C. Romeo Flores Caballero, en que esta Cámara lamenta la aprobación de esta ley por el país norteño. Se aprueba.
MINUTO DE SILENCIO
Que se guarda a solicitud del C. Hildebrando Gaytán Márquez en memoria de Zamora Moisés Machel, presidente de Mozambique.
HOMENAJE A LÁZARO CÁRDENAS
Que rinde el C. Reyes Fuentes García en ocasión del XVI aniversario luctuoso.
IMPEDIMENTO DE INTERVENCIÓN AL DIPUTADO HEBERTO CASTILLO
El. C. Oswaldo Muñoz señala que en la sesión de ayer, a nivel comisión, sucedió lo expresado durante la comparecencia del Secretario de Hacienda y solicita se haga una excitativa al presidente de la comisión, que cuenta con el apoyo de ocho partidos.
El presidente de la comisión Luis Manuel Orcí Gándara aclara su actitud, siendo interpelado por el diputado Valle Espinosa.
Hablan para hechos los CC. Jorge Alcocer Villanueva y Eduardo Valle Espinosa, y para aclaraciones el C. Porfirio Camarena Castro. Se desecha la excitativa.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JUAN MOISÉS CALLEJA GARCÍA
(Asistencia de 310 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. presidente (a las 12:30 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres:
«Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
23 de octubre de 1986
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de los nueve grupos parlamentarios, relativa al impuesto norteamericano a la importación del petróleo crudo.
Comunicación de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores.
Comunicación de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de la República en la campaña contra el narcotráfico, que abarca el mes de septiembre.
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Téllez Arredondo, para prestar servicios en la Embajada de Dinamarca en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Beatriz Rodríguez Montes de Oca Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, para prestar servicios en la Embajada de la República de Corea en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
De las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal».
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La mismas C. prosecretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Juan Moisés Calleja García
En la ciudad de México, a las once horas y veinticinco minutos del martes veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y seis, con asistencia de trescientos diez ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día dieciséis de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta a los asuntos en cartera:
El Congreso del estado de Aguascalientes suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día veintidós del actual, en la que el C. Rodolfo Landeros Gallegos, gobernador Constitucional de la entidad, rendirá el sexto y último informe de su gestión administrativa.
Para asistir a dicha sesión en representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa a los CC. Alfredo González González y Jorge Antonio Díaz de León Valdivia.
Invitación del congreso del estado de Michoacán al acto cívico que con motivo del CLXXII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá verificativo el día 22 del presente en la ciudad de Apatzingán, Michoacán.
La presidencia nombra a los CC. José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Leonel Villalobos Chávez, Raúl Castellano y Martínez, Antonio Correa López y Juan Carlos Velasco Pérez, para que en representación de este cuerpo legislativo, concurran al acto de referencia.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto conmemorativo que en ocasión del CLXXII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que se llevará a efecto el día 22 del mes en curso en la Plaza de la Ciudadela de esta capital.
La presidencia designa para asistir a este acto en representación de la Cámara de Diputados, a los CC. Lulio Velenzuela Herrera, Sergio Roa Fernández, Guillermo Juan Altamirano Conde y Félix Liera Ortiz.
El C. Martín Tavira Urióstegui solicita licencia para ausentarse de las sesiones durante el tiempo necesario, en atención a la posibilidad de que su partido, el Popular Socialista, le encomiende una tarea de carácter electoral en el estado de Guerrero.
La presidencia considera este asunto de urgente resolución y la asamblea en votación económica le dispensa todos los trámites.
A discusión el punto de acuerdo respectivo. Sin que motive debate, en votación económica se aprueba. Comuníquese.
Oficio del C. diputado Miguel Angel Barberena Vega, por el que comunica que en virtud de haber sido declarado gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, con fundamento en el artículo 125 constitucional, opta por dicho cargo. Se toma nota. Llámese al suplente C. Alberto Alcalá de Lira.
La H. Cámara de Senadores comunica haber aprobado los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. El Senado mexicano participará en la celebración de las reuniones interparlamentarias México Belice.
Segundo. Las reuniones interplanetarias México Belice serán anuales y deberán celebrarse alternada y sucesivamente en cada uno de los dos países. Tercero. Las sedes y fechas de celebración de las reuniones interparlamentarias México Belice, así como la agenda de trabajo a que se sujetarán, se determinarán oportunamente por los congresos de ambas naciones.
Cuarto. Se faculta a la Gran Comisión del Senado de la República para que designe a los delegados senadores que participarán en las reuniones interparlametarias México Belice. De enterado.
El C. Fernando Ulibarri Pérez a nombre de los integrantes de la delegación mexicana que asistió a la LXXVI Conferencia de la Unión Interparlamentaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 6 al 11 de octubre del año den curso, rinde el informe de las actividades y acuerdos más relevantes que se plantearon en dicha conferencia. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por instrucciones del C. Presidente de la República, el C. Secretario de Gobernación remite el informe sobre las razones y criterios en que se han fundamentado las medidas adoptadas para la reestructuración del sector Paraestatal. Recibo y a las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta y Pública y de Patrimonio y Fomento Industrial.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a las solicitudes de permiso para que los CC. Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, puedan prestar servicios como empleados en la Embajada de la República de Corea, acreditada en nuestro país. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen con proyecto de decreto emitido por la Comisión de Seguridad Social, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Institución de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos, diputados, la asamblea en votación económica le dispersa la lectura. Queda de primera lectura.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, suscriben un dictamen que concluye con un punto resolutivo relativo a la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, tendiente a reformar y adicionar los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En virtud de las consideraciones contenidas en el cuerpo del dictamen, las comisiones unidas consideran que la iniciativa en cuestión carece de viabilidad, por lo que es improcedente. Es de primera lectura.
Dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que autoriza a los CC. Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y en los, consulados generales de dicho país en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de primera lectura.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social emite un dictamen relativo a la iniciativa de reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputación del Partido Acción Nacional.
Por los considerandos contenidos en el cuerpo del dictamen, se concluye que es improcedente la reforma propuesta a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, ya que supone un "registro automático" que no cumple con los requisitos de forma establecidos para el registro de sindicatos que redundan en favor de los trabajadores que lo integran. Es de segunda lectura.
A discusión el dictamen.
Una vez que la presidencia da lectura a los nombres de los oradores inscritos, hacen uso de la palabra, en contra el C. Eduardo Acosta Villeda, en pro el C. Miguel Alonso Raya, en contra el C. Javier Paz Zarza, en pro el C. Reyes Fuentes García, en contra el C. Alejandro Encinas Rodríguez, en pro el C. Gonzalo Castellot Madrazo, en contra el C. Magdaleno Yáñez Hernández, en pro el C. Héctor Hugo Varela Flores, en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano, en pro el C. Javier Pineda Serino, para hechos el C. Juan de Dios Castro Lozano en contra la C. Consuelo Botello de Flores, en pro el C. Juan Carlos Velasco Pérez y en contra el C. Alejandro Gascón Mercado.
A las quince horas y diez minutos se declara un receso de noventa minutos. A las dieciséis horas y cuarenta minutos se reanuda la sesión.
Continúa, en pro el C. José Armando Lazcano Montoya, en contra el C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para hechos los CC. Jorge Acedo Samaniego, Leopoldo Arturo Whaley Martínez y Magdaleno Yáñez Hernández, en pro el C. Joaquín López Martínez, para hechos el C. Porfirio Cortés Silva, en pro los CC. Arturo Ruiz Morales, y Manuel Fernández Flores.
Presidencia del C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra
Prosiguen, por la comisión dictaminadora los CC. Blas Chumacero Sánchez y Juan Moisés Calleja García, para hechos los CC. Juan de Dios Castro Lozano y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
Suficientemente discutido el dictamen, en votación económica se aprueba en sus términos por mayoría.
La secretaría por instrucciones de la presidencia da lectura a un dictamen con punto de acuerdo, en virtud del cual se convoca al C. licenciado Alfredo del Mazo González, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para que el día 11 de noviembre ante el pleno de esta soberanía, exponga y explique el Programa de Reconversión Industrial y su impacto sobre las empresas del, sector Paraestatal, y dé respuesta a las preguntas que los ciudadanos diputados deseen hacerle, con relación al tema.
A discusión el punto de acuerdo, No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Comuníquese.
En seguida hacen uso de la palabra los siguientes ciudadanos diputados: El C. Jorge Alcocer Villanueva, para presentar y dar lectura a una iniciativa de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo, para presentar a nombre del Partido Acción Nacional, del Partido Demócrata Mexicano, del Partido Socialista Unificado, de México, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, una iniciativa de decreto tendiente a reformar y derogar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Presidencia del C. Juan Moisés Calleja García.
El C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez, para expresar que desde mil novecientos setenta y siete se han celebrado cinco encuentros internacionales de escritores bajo el lema "La Paz, Esperanza del Planeta". Señala que del 28 al 30 de este mes se llevará a cabo el sexto encuentro en la ciudad de Sofía Bulgaria.
Propone a nombre de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara, enviar un saludo solidario al sexto encuentro de escritores, "La Paz, Esperanza del Planeta" a celebrarse en Sofía Bulgaria, del 28 al 30 de octubre de 1986, deseando éxito en sus trabajos y expresando la identificación con la aspiración por la paz mundial.
Se considera de urgente resolución. Se aprueba.
Comuníquese.
La C. Beatriz Gallardo Macías, para manifestar que hace algunos días en la costa norte del estado de Tamaulipas ha aparecido el fenómeno contaminante denominado "Marea Roja".
Propone que se integre una comisión pluripartidista que se traslade a la zona afectada para rendir a esta soberanía un informe, a fin de propiciar una eficaz intervención de todas las dependencias que se requieran.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Ecología.
El C. Gabriel Jiménez Remus, para referirse a las imputaciones publicadas en la prensa norteamericana y en la nacional, en contra del señor general de división Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional y en contra del Gobernador del estado de Sinaloa y de un pariente del señor Presidente de la República, como implicados en el narcotráfico de nuestro país.
A nombre de la diputación del Partido Acción Nacional solicita la comparencia ante esta Cámara del C. procurador general de la República, doctor Sergio García Ramírez, a efecto de que informe todo lo que él conozca, con motivo de su función, relacionado con las imputaciones y noticias que ha mencionado, así como de las actividades ministeriales que esté realizando.
En los términos del artículo 58 del reglamento, usan de la palabra, en pro el C. Jorge Alcocer Villanueva, en contra el C. David Jiménez González.
Siendo las veinte horas y veinticinco minutos, la presidencia ruega a la secretaría consulte al pleno si se prolonga la sesión hasta terminar este debate, o se levanta, de conformidad con el acuerdo que sobre el particular aprobó la asamblea.
Consultada la asamblea, en votación económica se aprueba se dé por terminada la sesión.
Se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
Previas mociones de orden, la presidencia manifiesta la asamblea, que acatando el acuerdo de la misma va a suspender la sesión, quedando pendiente el debate de este asunto para el próximo jueves y procede a registrar para hacer uso de la palabra para hechos, a varios ciudadanos diputados.
A las once horas y cinco minutos se reanuda la sesión.
Intervienen, para hechos los CC. Pedro José Peñaloza, Gabriel Remus, Eliseo Rangel Gaspar, Leopoldo Arturo Whaley Martínez, Gabriel
Jiménez Remus, quien propone que su proposición se turne a la Comisión de Justicia y ésta informe sobre el particular al pleno.
Continúan los CC. David Jiménez González, Juan de Dios Castro Lozano, Pablo José Pascual Moncayo, Vicente Calvo Vásquez, quien hace una proposición alternativa, para que la Cámara de Diputados rechace las imputaciones en contra de funcionarios públicos.
Después de la intervención del C. David Jiménez González, el C. Gabriel Jiménez Remus retira su proposición.
El C. Pablo José Pascual Moncayo hace otra proposición sobre el particular.
La asamblea en votación económica admite la proposición del C. Vicente Calvo Vázquez y la considera de urgente resolución. Se aprueba en sus términos. Cúmplase.
En votación económica no se admite la propuesta del C. Pablo José Pascual Moncayo y por tanto se desecha.
A las doce horas y veinticinco minutos se levanta la sesión para proseguir de inmediato con la sesión de hoy jueves veintitrés de octubre.
Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se prueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada señor presidente.
ACUERDO SOBRE PETRÓLEO TOMADO POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Garduño Pérez para una comunicación de los grupos parlamentarios, en su ausencia lo hará el diputado Heriberto Ramos Salas.
El C. Heriberto Ramos Salas: - Para poner a la consideración de ustedes un punto de acuerdo que ha sido suscrito por las nueve fracciones parlamentarias de esta Cámara, y que dice lo siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La LIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, manifiesta su absoluto desacuerdo con la decisión del Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos de América, que significa para las exportaciones petroleras mexicanas, un impuesto de 11.7 centavos de dólar por barril, lo que es discriminado y atentatorio de los intereses de México.
Por lo mismo, considera esta Cámara, que la posición asumida y las acciones emprendidas por el Ejecutivo mexicano en los foros bilaterales y múltiples en relación a este problema, es la de defender prioritariamente, los intereses nacionales.
Palacio Legislativo, San Lázaro D. F., 21 de octubre de 1986, fracciones parlamentarias; Partido Revolucionario Institucional, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Demócrata Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Popular Socialista, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Acción Nacional con voto razonado. Dejo este escrito en esta presidencia y solicito también que este asunto sea sometido a la asamblea como de urgente y obvia resolución.
Gracias.
El C. presidente: - Tiene el diputado Héctor Terán Terán el uso de la palabra para razonar el voto.
El C. Héctor Terán Terán: - Compañeras y compañeros. Cuando se nos presentó la redacción de este acuerdo el día de antier, lo aceptamos bajo la condición de que lo íbamos a razonar.
Nosotros consideramos que los acuerdos o comunicados son difíciles, porque muchas veces inclusive una palabra puede ponernos en diferencia con los demás asignatorios del acuerdo sobre este asunto de que estamos comentando sobre el impuesto al petróleo, impuesto por el Congreso de Estados Unidos, creo que ha cambiado la situación. Pero si queremos dejar bien aclarado que todo aquello que vaya en contra de los intereses superiores de la Nación y que nos afecta en nuestra economía, es de capital importancia para Acción Nacional.
Y quisiera poner de relevancia cómo nuestra situación de proveedor cautivo que es en definitiva la petrolización del país, nos pone en una situación de peligro, una amenaza de esta naturaleza.
Les decía yo que no estamos de acuerdo en el fondo, porque para nuestro criterio y por las informaciones de prensa que hemos tenido, ese impuesto no lo va a pagar el exportador sino que lo van a pagar los importadores, para eso quisiera leerles yo unas declaraciones de prensa que aparecen hoy en el financiero de parte del agregado comercial en la Embajada de los Estados Unidos, dice: "por su parte el agregado comercial de la.
Embajada de Estados Unidos en México, Robert W. Miller, explicó al financiero del referido gravamen a las importaciones de petróleo y derivados que ya existía, no es nuevo. En realidad lo único que se aprobó fue el incremento del monto del impuesto, pero no la creación del mismo, dijo el funcionario norteamericano.
También informó el ordenamiento legal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, señala que la refinerías de ese país son las que tienen que pagar 11.7 centavos de dólar por barril importado de petróleo y sus derivados".
Cuestionado respecto a que si las refinerías piden a los exportadores que asuman el costo de esta contribución, señaló que esta es una especulación sobre la cual no tuvo más comentarios.
Evidentemente que ese impuesto ya existía y es aumentado, en algo nos puede afectar en nuestras exportaciones. Es cierto, verdad. Pero en los términos en que está hecho este acuerdo, dice: "La LIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados manifiesta su absoluto desacuerdo por la decisión del Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos de América, que significa para las exportaciones petroleras mexicanas un impuesto del 11.7 centavos de dólar por barril, lo que es discriminatorio y atentatorio a los intereses de México".
Yo creo que esto, el fondo de esto es la creación de un impuesto pensado que es un nuevo cuando ya existía; la otra parte de nuestra diferencia consiste en que no es pagado por el exportador, sino es pagado por el importador.
En tales condiciones, este voto que nosotros habíamos razonado porque no estábamos de acuerdo en la segunda parte del acuerdo en cuanto se habla aquí de conversaciones bilaterales y multilaterales de las cuales no estamos informados, no estamos informados y el presidente Miguel de la Madrid, en su estancia en Washington, trató este asunto con el presidente Reagan, que ya estaba tratándose este asunto en el Congreso; por ese motivo habíamos razonado el voto.
Pero yo creo que ahora debemos de examinarlo todos juntos y si es necesario reformularlo en las condiciones y criterios que consideraremos que está de acuerdo al fondo del problema. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Eduardo Valle Espinosa.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor presidente: Estados Unidos comienzan a tener graves dificultades en su aparato productivo, lo muestra con toda evidencia para cualquiera que quiera discutir el problema, los problemas del dólar en los mercados financieros internacionales, muy especialmente sus déficits tanto comercial como presupuestal y muy especial la evolución de su recurso de innovación tecnológica. En la práctica lo que ha venido sucediendo es que la caducidad de la tecnología norteamericana se muestra en los mercados internacionales, lo cual les crea conflictos comerciales y los lleva a una dinámica de dificultades de largo plazo.
Al interior de los Estados Unidos el gobierno de Reagan ha venido desarrollando una serie de transformaciones especialmente de carácter legislativo y muy particular lo que acaba de anunciar ayer, de firmar ayer el asunto de su reforma fiscal que al parecer tiene una particular importancia para incrementar el consumo interno en Estados Unidos y aplicar recursos financieros fiscales a base de una mayor aportación de las empresas.
En este contexto donde se ve con toda claridad que el país que usaba el libre cambio como un instrumento ideológico y político de penetración en nuestros mercados, tanto de bienes como de capitales, adopta una serie de propuestas, de iniciativas y de medidas de proteccionismo económico, no solamente en el terreno de los bienes primarios, sino también en las propias manufacturas en donde incluso ha llegado a extremos, doping como todos nosotros lo sabemos.
Pero ahora resulta que el proteccionismo en los Estados Unidos no es solamente una medida económica. el proteccionismo en los Estados Unidos es también quizás, sobre todo ahora en los últimos tiempos a partir de la visualización de las dificultades de largo plazo que tiene la economía norteamericana, resulta ser que el proteccionismo en los Estados Unidos tiene sobre todo y principalmente ahora, insisto ahora, connotaciones políticas.
El nuevo impuesto, más bien el incremento al impuesto, representa para los importadores, para las refinerías, en términos del petróleo que nosotros exportamos, alrededor de 150 mil dólares diarios. Es un impuesto que efectivamente ellos usan, 150 mil dólares diarios, es un impuesto que ellos efectivamente piensan usar en términos de sus dificultades de ecología, de una serie de razones que ellos tienen para aplicar este dinero.
Pero cuál es el efecto que tiene hacia nosotros, el efecto que tiene hacia nosotros es que definitivamente afecta nuestras exportaciones de petróleo, independientemente de quién pague el impuesto.
Pero esto que aparece simple y llanamente como un problema de carácter fiscal, soberano al interior de los Estados Unidos, representa sin ninguna duda una medida de presión económica y política contra México.
Yo quisiera recordarle a esta LIII Legislatura, un artículo que apareció en The Wall Street Journal, hace unos cuantos días, hace alrededor de unos diez días. Wall Street Jowrnal, demandaba prácticamente con energía en un tono absolutamente inamistoso para nuestro país, hacia nuestro país dos cosas: primero, que el próximo Presidente de la República fuese una gente acorde con los intereses de los Estados Unidos específicamente con los intereses financieros de las grandes corporaciones de los Estados Unidos y en segundo lugar, Wall Street Jowrnal demandaba también que antes de que sucediera cualquier cosa, se les diese a conocer a la banca internacional, el nombre del candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Lamentablemente esto también lo escribí yo en algún artículo, no ha habido hasta el momento nadie en México, especialmente una figura de Estado, que les diga a los señores de Wall Street Journal y que les diga a los señores de la banca transnacional, que los asuntos políticos de los mexicanos son asuntos soberanos y de su exclusiva competencia de los mexicanos.
Hasta ahora, no ha habido una respuesta por más elemental que esta fuese a las actitudes adoptadas específicamente por el vocero de los intereses de la banca transnacional.
De esta manera y sobre todo, pensando en al alza de precios del petróleo que es inminente, y pase lo que pase, porque podrá en términos de un mercado errático, en seis o un año, conservarse esto errático de los precios y la tendencia supuesta hacia la baja del mercado internacional del petróleo, pero tarde o temprano los precios del petróleo van a subir, pensando en momentos de alzas de precios, en la tendencia general al alza de precios del petróleo consumido por los Estados Unidos, se establece este impuesto.
Quizá valiera la pena, que pensásemos en dos situaciones. Hace mucho tiempo, en momentos de la guerra contra México, el presidente James Knox Polk recordaba que nosotros le debíamos mucho dinero a los Estados Unidos. El presidente James Knox Polk decía que teníamos una forma de pagarle, el dinero que le debíamos a los Estados Unidos y que esa forma simple y sencillamente era con territorio nacional.
Ellos desde esos momentos, hablaron de California, hablaron de Nuevo México, hablaron de una serie de territorios nuestros - que lo fueron nuestros - y hablaban de que esta era la forma que nosotros teníamos de pagarle el dinero que el debíamos a los Estados Unidos.
Desde entonces la mentalidad del destino manifiesto, la mentalidad de los Estados Unidos de América, con un Distrito Federal, que se llama Distrito de Colombia, por cierto, porque estaba pensando como un distrito prácticamente para toda América y hay testimonios históricos que reflejan esto, desde entonces el destino manifiesto, la política o la filosofía del destino manifiesto no habla de este tipo de presiones y de este tipo de apetitos. Quién sabe si en un momento determinado valiese la pena no venderles un sólo barril de petróleo a los Estados Unidos por razones económicas, por razones políticas y por razones estratégicas; quién sabe si en un momento determinado frente al reclamo que hoy nos están haciendo para pagar el dinero de la deuda, que después puede ser asumido en términos de la filosofía del destino manifiesto con reclamaciones territoriales como las de que algunos han hecho ya, en términos de un partido integracionista, o de entregarles Baja California a los Estados Unidos para pagarles la deuda; quién sabe si en algún momento determinado también valiese la pena reflexionar en términos de los intereses nacionales y tampoco venderles un sólo barril de petróleo y ni siquiera tampoco pagarles los intereses de la deuda. En estos momentos nosotros llamamos la atención ante un fenómeno económico que aparece como una situación fiscal al interior de los Estados - Unidos, pero que representa una vez más de nueva cuenta, por enésima ocasión, un acto de agresión en términos de un proteccionismo que parece irracional pero que a final de cuentas tiene un fondo político estratégico y que representa en términos de su filosofía, una llamada de atención para defender en verdad, sin retórica, los intereses de nuestro país.
Por eso estimados compañeros de la LIII Legislatura, nosotros apoyamos el punto de acuerdo que aquí se ha expresado. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Heriberto Noriega Cantú.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: han transcurrido tan sólo unos pocos días de haber sido aprobada por el Congreso estadounidense y aún está por ser firmado por el presidente Reagan, la Ley Migratoria Simpson Rodino que por su contenido y alcances atenta contra los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, cuando ya se asesta un segundo golpe en contra de México al haber aprobado la aplicación de un
impuesto, como en efecto se ha señalado, de 11.7 centavos de dólar por barril importado de petróleo a los Estados Unidos.
México canaliza actualmente a los Estados Unidos el 52% de su plataforma de exportación estimada para este mes en 1.3 millones de barriles por día, o sea que el mercado norteamericano capta 676 mil barriles diarios.
El impuesto exigirá un pago de 79 mil 900 dólares diarios a los compradores de Estados Unidos cuya tasa analizada sería de 28 mil millones 500 mil dólares en el caso de México. Para algunos compañeros pudiera no tener mayor significancia desde el punto de vista económico, esta cifra, pero la repercusión más trascendente será la condicionalidad de las ventas petroleras.
La esperada reactivación de los precios del petróleo fuertemente deprimidos a lo largo de los primeros seis meses de este año, sería eliminada virtualmente por la aplicación de este gravamen estadounidense por el compromiso del país con el Fondo Monetario Internacional, toda vez que superada la barrera de los 44 dólares por barril, la economía mexicana tiene que enfrentar por sí misma los embates de la economía internacional.
No se trata pues, de una reacción desproporcionada la enérgica protesta presentada por el Gobierno mexicano y la Cámara de Senadores ante el gobierno de Reagan, por este impuesto que como aquí se ha dicho, pretendiendo soslayar las causas de fondo, finalmente pagan los importadores estadounidenses con el propósito de crear un fondo que permita limpiar los terrenos actualmente contaminados de desechos tóxicos, sino de una condena que requiere el amplio respaldo y conocimiento de esta soberanía, frente a una medida que si bien por ahora, este impuesto sería absorbido por los importadores estadounidenses, consideramos que constituye un primer paso para que pueda incrementarse, como se ha venido sosteniendo, hasta tres o más dólares, el gravamen al barril de petróleo importado.
Y finalmente, los refinadores norteamericanos habrían de demandar que este incremento al impuesto fuera absorbido también por los exportadores, porque a final de cuentas esto se da en el marco de una política estadounidense que busca salvar del colapso a su industria petrolera interna, frente al desplome mundial de los precios y al estrechamiento del mercado, no hay duda pues para nosotros que es una medida unilateral proteccionista y discriminatoria que es incongruente con los acuerdos y convenios suscritos con la administración Reagan, que es incongruente porque no corresponde plenamente a los principio a los que en la Reunión Ministerial de Punta del Este, Uruguay, ratificó el Gobierno estadounidense en relación con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, pero no quisiéramos analizar estos hechos en forma aislada porque se pierde la perspectiva y la profundidad de las medidas que sí pudiéramos tomar, porque como aquí se ha manifestado hay quienes consideran que la información que da la Embajada norteamericana es una información veraz, aquí no ha pasado nada, de ninguna manera afecta a los exportadores, solamente afecta a los importadores y finalmente será el pueblo norteamericano quien con las alzas de los productos derivados del petróleo habrá de pagar el mismo.
Para nosotros son dos eslabones más de la larga cadena de presiones y agresiones que enfrenta nuestro país. Pareciera que en las últimas décadas no habíamos presenciado relaciones entre nuestros dos países tan difíciles y complejas, como las que hemos tenido en el transcurso de estos seis años de la administración Reagan. Baste recordar dentro de esta escalada de agresiones en contra de nuestro país, la injerencia grosera que Estados Unidos de América, en el proceso electoral del norte del país, la campaña tramposa que aquí se ha señalado en relación al narcotráfico que va más allá de la simple denuncia de funcionarios mexicanos inmiscuidos en el mismo y que ha llegado a tocar las puertas del Senado estadounidense que se ha pronunciado por recomendar al presidente Reagan que pueda tomar y ejercer medidas económicas, presiones políticas y aún el boicot turístico en caso de que no rinda frutos esta lucha contra el narcotráfico en nuestro país desde su propio enfoque y sus propios intereses; o bien la campaña injuriosa de los círculos más reaccionarios estadounidenses y la campaña pues, en sí propagandística, que busca exhibir a México como una Nación sumida en el caos, en el desgobierno, en la ilegitimidad.
Para nosotros por ello, éstos no constituyen de ninguna manera hechos aislados, pero lo preocupante para la fracción del Partido Socialista de los Trabajadores es que hay importantes sectores del Gobierno, y que se expresan en esta Cámara de Diputados, que en aras de superar ese clima de confrontaciones y avanzar hacia una política de vecindad, en donde a través de una política conciliatoria se de un mayor acercamiento entre el Gobierno mexicano y el estadounidense; existen quienes se han ido con el señuelo, es decir, hay quienes solamente ven el paquete de zanahorias por limitaciones de clase, por intereses creados y de grupo o porque su antiimperialismo no va más allá de la circunstancia en donde empiezan a verse afectados sus intereses, pero lo real es de que ven el paquete de zanahorias y son incapaces de ver la vara que lo sostiene y la trampa que se esconde detrás de este señuelo.
Porque solamente en este marco podemos comprender que haya habido pronunciamientos en el sentido, hace unas semanas, cuando muy activo el Presidente Reagan presionaba a la reacia banca privada internacional con el propósito de que otorgara nuevos créditos a nuestro país, y hubo quien señalaba que ya nos encontrábamos en una nueva etapa de mayor relajamiento de las relaciones México Estados Unidos, en una mayor relación de dignidad y de respeto entre nuestros dos países.
Viene a demostrar, sin lugar a dudas estos dos nuevos hechos, que atentan contra nuestra soberanía lo difícil de estas relaciones, lo complejo de las mismas y la limitación de quienes han considerado simplemente esto como coyuntural en función de un proceso electoral interno por el que atraviesa los Estados Unidos.
Para nosotros es claro el tratamiento que se le está dando a México. Pareciera ser el caso de aquel prestamista al cual le hemos hipotecado la casa o parte de la casa y lo que busca no es que paguemos el capital, sino que lo que busca es mantenernos atados al pago de los intereses, y a final de cuentas quedarse con la casa, o por lo menos incidir en forma cada vez más determinante al interior de la misma; a ello se debe el que nos estén colocando mil obstáculos para que no estemos en condiciones de cumplir con nuestros compromisos financieros, porque es en este contexto en donde solamente pueden entenderse las nuevas barreras arancelarias, la presión a la baja de nuestras materias primas, las probables alzas a las tasas de interés, la expulsión muy probable de decenas de miles de compatriotas mexicanos que han contribuido al desarrollo industrial del sur de los Estados Unidos.
pero como bien lo señalaba aquí un compañero diputado de la izquierda, lo que está en el fondo es de que se pretende que México cubra parte del costo de un déficit fiscal que va a andar alrededor de este año de los 170 mil millones de dólares o un déficit presupuestario que posiblemente se encuentre alrededor de los 215 mil millones de dólares.
Lo que está en el fondo es una estrategia planteada por la administración Reagan ante un espejismo de una recuperación económica transitoria que está por terminar, porque están inmersos en una profunda crisis irreversible del sistema económico capitalista y que pretenden cargar a nuestra ya de por sí desangrada economía.
Por ello es positivo que aquí haya habido compañeros diputados, que hayan venido a plantear la posibilidad, muy remota por lo demás, de que se pueda elevar el precio del petróleo cuando bien sabemos que la competencia que se da en el mercado internacional, y que estamos en riesgo de perder los mercados con los que actualmente contamos.
Pero es bien cierto que se debe avanzar en el sentido de seguir diversificando nuestro mercado internacional, a fin de que se puedan colocar nuestros productos de exportación.
Para nosotros pues es claro y por ello nuestro voto razonado, el sumarnos a esta condena, a esta ,repulsa del congreso mexicano ante medidas de fuerza, ante posiciones inamistosas y agresivas, no justificadas de ninguna manera en contra de nuestro país.
Pero, ¿cómo seguir justificando ante el pueblo de México que habrá más créditos y no un ajuste al servicio de la deuda si esto nos ata aún más al gran acreedor? ,¿cómo no aprender la lección de lo que hoy ocurre frente a quienes ven como la salida fundamental a la crisis simplemente el incremento sustancial a las exportaciones no petroleras, olvidando el lento crecimiento de las economías desarrolladas que no van a estar en condiciones de absorber las exportaciones mexicanas?, ¿cómo justificar ante las generaciones futuras, que encuentren eco aquellas voces que plantean abrir las puertas a la inversión directa del capital extranjero y la reprivatización de la economía?, si esto significa a final de cuentas que serán más brutales estas presiones, la escalada será mayor, puesto que los tendremos dentro de nuestro país con un mayor peso económico y sin lugar a dudas con una mayor influencia política.
Demostrado está pues, que poco puede hacer nuestro país para incidir en el comportamiento del mercado internacional frente a esta oleada proteccionista, frente a un intercambio desigual en el comercio internacional. Pero consideramos que además de sumarnos, insisto, a este voto de censura frente a las medidas tomadas de presión por la administración Reagan, lo fundamental es que sea aleccionador para que seamos capaces de enfrentar también con medidas de fondo a está agresión y que ojalá que sea aleccionador para quienes simplemente se van con el señuelo, ven el paquete de zanahorias y son incapaces de ser la vara que los sostiene y la trampa que se esconde detrás de este señuelo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Hernández Juárez.
El C. Francisco Hernández Juárez: - Señor presidente; señoras y señores diputados: el diputado Héctor Terán Terán del Partido de Acción Nacional, manifestó en esta tribuna que ya no están
de acuerdo con el fondo del documento a debate,. basándose en las declaraciones que hizo la Embajada de Estados Unidos en México. No es novedosa esa actitud del partido de la derecha, de variar su conducta, de variar su posición siguiendo los lineamientos que le marca la Embajada yanqui.
Por lo que toca a nosotros, los miembros del Partido Popular Socialista vamos a manifestar nuestra opinión basándonos en los documentos, en las declaraciones que ha hecho el Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En los últimos tiempos el imperialismo norteamericano, encabezado por Ronald Reagan, ha desatado una serie de agresiones económicas y políticas en contra de México, en contra de su Gobierno y en contra del pueblo mexicano. Se han ejercido múltiples presiones sobre nuestro Gobierno para cambiar nuestra política exterior ,que se basa en la defensa de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de independencia y de ejercicio pleno de nuestra soberanía, del arreglo pacífico de los conflictos entre las naciones y de cooperación económica entre los estados sin condiciones políticas.
Igualmente en el pasado, el propio imperialismo norteamericano a través del establecimiento de un orden económico injusto ha impuesto a otras naciones en vías de desarrollo y a México una política de rapiña en contra de nuestras materias primas y nos ha llevado a la pobreza obligando a nuestro país a adquirir grandes empréstitos para subsistir, hecho que nos ha conducido a tener una deuda externa que ahora rebasa a los 100 mil millones de dólares.
Con esta deuda, el imperialismo norteamericano y sus centros financieros como el fondo internacional y el banco Mundial, nos han obligado a adoptar medidas lascivas a nuestros propios intereses, como el Plan Baker, para someternos a sus intereses y dominios.
No conformes con este sometimiento de México a las reglas del juego que nos han impuesto, tratan ahora de liquidarnos definitivamente como país independiente, por eso esta campaña periodística orquestada de desprestigio en el país, del norte y que en México se impulsa por las fuerzas más reaccionarias, incluyendo a la jerarquía eclesiástica. Por eso, en estos últimos días se han dictado tres disposiciones que lesionan gravemente nuestra economía, el ejercicio pleno de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional.
El 17 de octubre pasado el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan firmó una ley que fija un impuesto al petróleo importado en una proporción de 11.7 centavos de dólar por barril de petróleo, con vigencia de cinco años para financiar la limpieza de depósitos de desechos tóxicos de ese país. Esta ley no sólo perjudica a México sino a todos los países exportadores de petróleo, a los Estados Unidos. Esta ley además es violatoria a la letra y al espíritu de los acuerdos tomados como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y es contrario a lo que con tanta verborrea el Gobierno norteamericano ha expresado de que desea ayudar a México para salir de la crisis económica en el que él mismo lo ha sumido.
Esta ley proteccionista norteamericana es contraria a las normas internacionales de comercio, porque se nos obliga a financiar un impuesto de los Estados Unidos para realizar una obra de ese país, equiparándose este financiamiento, con lo que todos los pueblos subdesarrollados de América latina han aportado para el sostenimiento de la política armamentista de los Estados Unidos de Norteamérica.
El mismo propósito de sometimiento y de chantaje representan las obras medidas que ha dictado este Gobierno de imponer sanciones de tipo económico, comercial y turístico contra México si no ofrece pruebas objetivas de que realiza un verdadero combate contra el narcotráfico.
Es el mismo sentido que encierra la ley migratoria conocida como Ley Simpson Rodino, aprobada por el Congreso norteamericano que en esencia atenta contra los derechos humanos y lesiona gravemente el derecho laboral de los trabajadores migratorios y lesiona también las relaciones socioeconómicas que por necesidad, presiones y chantajes se han establecido por el país del norte.
Las fuerzas patrióticas, nacionalistas y antiimperialistas de México, protestamos y condenamos enérgicamente estas medidas económicas y políticas agresivas que el imperialismo sigue instrumentando contra la Nación mexicana y sus pueblos encaminados a someternos totalmente a su dominio.
En nuestro concepto, esta Cámara de Diputados debería recomendar al Ejecutivo Federal decretar la suspensión del pago de la deuda externa en reciprocidad a la aprobación de la ley de impuestos y la importación de petróleo y de otras medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos. Pero por ahora compañeros diputados, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, se adhiere a la proposición del punto de acuerdo a discusión, por lo que votaremos afirmativamente. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Señor presidente: yo creo que no tenemos que ser ingenuos respecto a esta medida aprobada en los Estados Unidos por que sí nos afecta, ciertamente en los últimos días ha venido apareciendo una serie de informaciones periodísticas que matizan la información originalmente vertida en los periódicos; ciertamente el impuesto no lo van a pagar los exportadores sino los importadores, pero ya este simple hecho lesiona nuestros intereses nacionales, porque es una discriminación contra un producto de exportación de México y de otros países de América latina. Le resta competitividad al petróleo como uno de los productos que se importan en los Estados Unidos, pero hay más todavía, además de esto contiene una trampa muy interesante, porque sólo el petróleo refinado será objeto de este impuesto, no así el petróleo dedicado a la reserva estratégica de los Estados Unidos, o sea que también tiene una intención de tratar de orientar las exportaciones petroleras mexicanas y de otros países para engrosar todavía más la reserva estratégica de los Estados Unidos que es uno de los principales instrumentos del imperialismo norteamericano y de las compañías americanas para manejar como se les antoja, en última instancia, el precio del petróleo.
Por eso, a pesar de los atenuantes que se han presentado, este impuesto nos afecta y por eso nosotros estamos en contra y protestamos y apoyamos la moción presentada en el sentido de que se condene este nuevo impuesto o este aumento de impuesto que han metido ahora los norteamericanos.
Pero nosotros quisiéramos ubicar este problema del impuesto en un marco más general, porque hay un mecanismo muy claro en el imperialismo norteamericano cuando se presentan iniciativas del Gobierno mexicano para negociar su deuda externa, han habido dos grandes momentos de la negociación de la deuda en los últimos meses; el primero de ellos fue cuando se ligó la banda esta de la que se habla, el precio del, petróleo mexicano al pago de la deuda externa y del que hiciera referencia el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en su informe presidencial aquí en esta Cámara de Diputados como uno de los grandes logros de la política exterior mexicana.
Otro gran momento fue la pasada renegociación de la deuda externa que tanto hemos debatido y que se llevó a efecto estos últimos días. Es muy curioso ver el comportamiento del imperialismo norteamericano y sus intenciones cuando se negocian una serie de cosas, el Gobierno norteamericano y el mexicano, porque tanto en aquella ocasión como en esta, la respuesta del imperio del norte ha sido brutal , ya no se siente lo duro sino lo tupido. En esta ocasión a la renegociación habida con respecto al problema de la deuda externa, se nos contesta en tres frentes por lo menos. Uno de ellos es la serie de señalamientos que se hicieron a funcionarios del Gobierno mexicano que por cierto ya discutimos y que ustedes se niegan a esclarecer completamente estos hechos, a la manera en que nosotros lo proponemos.
Otro es la Ley Simpson Rodino a la que también de una u otra manera esta Cámara de Diputados ha empezado a dar una respuesta cuando ha pasado a comisiones una propuesta para que se estudie esta Ley de Simpson Rodino, y el otro es este problema del impuesto al petróleo.
Tres frentes por lo menos en esta nueva renegociación. ¿Cuál es el objetivo del imperialismo norteamericano?, el objetivo evidentemente es hacer fracasar los intentos que en su momento pueda hacer el Gobierno mexicano para renegociar su deuda en mejores condiciones, porque además la característica especial de este nuevo impuesto, es que sale de los marcos de lo ya renegociado, se sale por ejemplo de la banda del predio del petróleo con respecto al pago de los intereses de la deuda, pactados por el Fondo Monetario Internacional, porque el Gobierno norteamericano va a decir que no se trata de ninguna manera de este asunto, es otra cosa, es un impuesto a las exportaciones. Y en efecto, se trata de un golpe seco, de un golpe duro, de un golpe bajo pegado por el imperialismo norteamericano que se sale precisamente de esos acuerdos anteriores; esto quiere decir que el Gobierno norteamericano ante cada renegociación que se pueda hacer de la deuda, va a sacar nuevas barajas, va a sacar nuevos golpes bajos, cosas que no están contempladas en los acuerdos y que de una y de otra manera van a seguir lesionando los intereses nacionales. Este es uno de los problemas principales que tenemos enfrente, porque ¿qué vamos a seguir haciendo?, ¿qué vamos a seguir planteando ante cada nuevo golpe del imperialismo norteamericano?, ¿protestas?, ¿declaraciones de esta Cámara de diputados?, ¿comisiones que investiguen los ataques de los que estamos siendo objeto? Eso es lo que vamos a seguir haciendo cada vez que volvamos a llevar a cabo una renegociación, de nueva cuenta nos van a meter el pie a ver si nos caemos, nos van a poner la cáscara de plátano a ver si caemos en la trampa.
Una y otra vez, la respuesta ¿cuál va a ser?, porque declaraciones se pueden hacer. Pero en concreto, ¿qué más podemos hacer?, ¿cómo vamos a responder ante esa ofensiva planteada en muchos frentes por parte del imperialismo
norteamericano? Nosotros pensamos francamente que de declaraciones ya estuvo bien. Es cierto, son importantes las declaraciones, aquí mismo estamos apoyando esta declaración en esta ocasión pero pensamos que las declaraciones no bastan, ni más altas siquiera bastan. Tenemos que empezar a pensar en medidas más acordes con nuestra realidad, en medidas cada vez más fuertes, una ya la planteaba el diputado Eduardo Valle ¿por qué no vamos pensando en dejar de engrosar la reserva estratégica de Estados Unidos de América?, ¿por qué no vamos pensando en dejar de venderle petróleo al gigante del norte? Y otra cosa muy importante, que es ya demanda sentida por muchísimos mexicanos y es una de las principales reivindicaciones y de las discusiones que tenemos en esta Cámara de Diputados y fuera de ella, ¿por qué no vamos pensando en la discusión del pago de la deuda? ¿Qué buena oportunidad que el día precisamente de hoy, el día que se llama la Jornada Continental contra el desconocimiento, contra el pago de la deuda, se esté discutiendo este asunto; porque aquí lo que se necesita es empezar a tomar medidas políticas de largo alcance, medidas políticas continentales, medidas políticas que en realidad sí afecten al Gobierno norteamericano y que no le hagan lo que estas declaraciones, que le hacen cosquillas. Necesitamos empezar a tomar una determinación más nacionalista y una unidad latinoamericana más firme para lograr el desconocimiento de la deuda externa y de esta manera sí, oponernos firmemente ante la política del opresor imperialista, que a cada rato va a sacar nuevas maniobras para parar y hechar a un lado, para hechar a perder los pocos logros que se vayan logrando en materia de renegociación de la deuda, y esa ocasión cuando se presente este nuevo impuesto al petróleo mexicano exportado a los Estados Unidos de América, nosotros sabemos que es una forma más que trata de sentar precedentes como ya los sentó otro diputado para después ponernos más fuerte la bota en el cuello y hacernos que en México se doblegue ante los intereses y las pretensiones del imperio del norte.
No estamos de acuerdo en que se deba reformular la moción presentada, sí pensamos que nos afecta, pero creemos, por último, que no debemos de quedarnos en este tipo de medidas, que es urgente y necesario que hoy hagamos caso a esos gritos que vamos a oír en la tarde, reclamando la suspensión del pago de la deuda externa, no como ayer dijo Petriccioli que señalaba que el problema de la deuda externa no era un problema de soberanía nacional. Claro que es un problema de soberanía nacional y nosotros tenemos que estar al frente para defenderla. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Pascual Moncayo.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente; compañeros: en relación al tema que nos trata, que coincidimos todos los grupos parlamentarios en hacer la condena al impuesto unilateral establecido por Estados Unidos al petróleo que importa este país, pedimos hacer uso de la palabra para señalar algunas cuestiones en torno a la política que sigue nuestro país en relación a Estados Unidos, y en particular al problema del petróleo.
Pensamos que en esta situación de crisis económica que estamos viviendo, nos hace más vulnerable, nos vuelve más vulnerable nuestros errores y nuestras omisiones, y precisamente en el caso del petróleo, en relación a este impuesto, ese daño es mayor por haberse incumplido uno de los lineamientos de acción del Programa Nacional de Energéticos, tanto para el organismo descentralizado relativo, en este caso Petróleos Mexicanos, como para la dependencia responsable del Ejecutivo, la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal.
En efecto, uno de los citados lineamientos establecido en el inciso que tiene que ver con las relaciones con el exterior en materia energética, consiste, cito: "Dos. En seguir limitando las exportaciones de petróleo hacia un solo país a un máximo del 50% del total de las ventas externas". Sin embargo, en 1985, según la cuenta pública y según la memoria de labores de Petróleos Mexicanos, las exportaciones a Estados Unidos fueron del 52.2% del total, y hay versiones periodísticas que han señalado que la participación de ese país en las exportaciones mexicanas en este año han seguido aumentando, es decir, además de esta política violatoria de acuerdos internacionales, de esta política que viola pactos bilaterales y multilaterales comerciales, nosotros profundizamos nuestra situación vulnerable a partir de que seguíamos una visión que establece en los hechos una mayor dependencia en relación con Estados Unidos, no solamente con el comercio internacional en general, sino con Estados Unidos en lo particular.
En torno a múltiples temas que hemos debatido aquí en la Cámara al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, al problema de la deuda. En buena medida se han enfrentado, se han confrontado dos puntos de vista polares en torno a lo que debe ser el crecimiento económico en el país, a lo que debe enfrentarse este crecimiento económico, a quien debe favorecer dicho crecimiento. Porque en el fondo existen me parece dos puntos de vista que simplificando se podrían sintetizar de la siguiente manera:
Por una parte, una política orientada por la actual administración en la cual establece en el comercio
internacional, en las relaciones internacionales, la posibilidad del desarrollo económico de nuestro país, es decir, a través de estas relaciones internacionales se puede fortalecer internamente de la economía, y en el curso de los últimos años se nos ha venido demostrando sistemáticamente que cada vez nos volvemos más vulnerables en el ámbito internacional por no estar fortalecidos internamente.
Y en el otro extremo, insisto, en una forma muy polar y simplista, está una tesis que señala que hay que fortalecer internamente nuestra economía, que hay que atender tareas de construcción nacional, que hay que atender necesidades el grueso de la población en el ámbito de lo económico, orientando la industria a la creación de satisfacciones para el grueso de la población, creando empleos, etcétera, etcétera, y que estos nos van a permitir este fortalecimiento interno, nos va a permitir a tener más relaciones internacionales sanas.
Bueno compañeros, los hechos han demostrado que esta mayor dependencia, esta mayor vinculación con el mercado internacional y particularmente con los Estados Unidos, nos ha vuelto más dependientes y más vulnerables; y en el caso este, que atendemos ahora, el impuesto a las exportaciones petroleras de parte de Estados Unidos demuestra que los errores, omisiones y además la voluntad política del actual Gobierno que se ha expresado en la estructuración de la economía y en la mayor vinculación en el ámbito internacional a Estados Unidos, nos vuelve cada vez más vulnerables, más dependientes y más insuficientes para poder crear realmente una alternativa de carácter nacional. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Joaquín Contreras Cantú.
El C. Joaquín Contreras Cantú: - Compañeras y compañeros diputados: las intervenciones de los compañeros representantes de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta soberanía, confirma el acuerdo que hemos puesto a la consideración de ustedes esta mañana. Ha sido saludable que además de expresarlo, así el documento, cada uno de los diputados de los partidos políticos aquí concurren, ratifiquen la preocupación de nuestro país por un acuerdo que ciertamente es para nosotros, para todos violatorio de normas comerciales de carácter internacional.
Independientemente de las posiciones políticas e ideológicas hoy nos une un sentimiento común y es por lo tanto muy importante que ratifiquemos aquí esta medida, aún cuando sea la expresión de la soberanía de mi país, no deja de ser atentatoria a los principios del intercambio internacional y discriminatoria a los intereses de nuestro país. Lo es porque obstaculiza esta medida en forma importante el acceso de uno de nuestros principales productos de exportación a ese mercado, encareciéndolo en relación con los productos de ese propio país; por la misma razón lo consideramos discriminatorio y por lo tanto, resulta trascendente no el debate, sino la coincidencia que se ha dado en esta tribuna.
Nuestro país ha mantenido en los últimos años su soberanía energética y ha participado con seriedad y responsabilidad en los mercados internacionales, y ha instrumentado y cumplido puntualmente una política comercial orientada hacia la diversificación de clientes de nuestros productos petroleros.
Lo sabemos todos, que en estos momentos México tiene ya 19 clientes distintos a los cuales entrega y con los cuales comercializa sus productos petrolíferos, por lo tanto no está a juicio esa política sino la coincidencia que hoy se ha dado aquí y que tenemos que manifestar en ejercicio también nosotros de nuestra soberanía como representantes del Poder Legislativo de la Nación.
Por todo ello, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar que este acuerdo de manifestar nuestro absoluto desacuerdo con la decisión del Congreso de Estados Unidos, se someta señor presidente, a la consideración de la asamblea para su aprobación considerándolo, como así se propuso, de urgente y obvia resolución.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado José Angel Conchello Dávila.
El C. José Angel Conchello Dávila: - Señores diputados, señor presidente: queremos someter a consideración de ustedes una moción suspensiva para la aprobación de este acuerdo. Indudablemente no lo podrán ustedes negar el acuerdo, fue sometido a ustedes hace dos días cuando no se conocían las declaraciones oficiales donde se nos señala que el impuesto no va a ser pagado por los exportadores sino por los importadores. Esto que ustedes se han fijado ha cambiado totalmente el tono de la discusión de hoy.
Partimos del hecho de que nos afecta, pero los gringos nos caen gordos y entonces vamos hacer una protesta aunque el impuesto no nos afecte en el desarrollo de las discusiones; ha habido cosas que resultan incongruentes y que yo diría por salvar el prestigio y la lógica del Congreso, debiéramos nosotros analizar y por eso pido esa moción suspensiva.
En un principio se nos dijo que el arancel de importación americano era un ataque a la soberanía nacional, pero no sólo a la soberanía nacional sino también a la soberanía de Kuwait, de Nigeria o de los Emiratos Arabes.
Creo que es tener una pobre idea de la soberanía nacional pues sería tanto como pensar que una alza de los aranceles de México sería un atentado a la soberanía de otros países.
Encuentro más lógico en la actitud de quienes dicen que mejor no les vendamos una gota de petróleo a Estados Unidos que en la de aquéllos que después de haber dicho que no les vendamos petróleo vienen a quejarse de que establecen un impuesto doméstico para el petróleo.
Decía el compañero del Partido Revolucionario Institucional que me procedió, que resultaba atentatorio a nuestra soberanía el hecho de que los yanquis pusieran un impuesto del 1%, comparado con el 43% que tiene la extracción de hidrocarburos, la cuantía es insignificante y nuestra soberanía, repito no esta en juego. Tenemos nosotros una moción muy elevada de la soberanía para pensar que once centavos de dólar en un barril de petróleo es un insulto a la patria.
Si estamos de acuerdo en que la política equivocada del Gobierno de elevar la deuda externa pensando que aumentando la deuda somos más independientes, eso es una política suicida, pero en vista de los hechos sobrevivientes que no se tenían aquí el martes y para no tomar una decisión que puede comprometer no la voluntad del Congreso que ya es clara, sino por lo menos al buen juicio del Congreso para calificar a fondo los hechos sobre los cuales no se tenía suficiente información, proponemos esta moción suspensiva de urgente y obvia resolución.
Que esta Cámara se dirija a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda para que nos informe a la brevedad posible de los alcances del nuevo impuesto y de las consecuencias que puede tener para nuestro país, y una vez que tengamos esa información, la Cámara hará un pronunciamiento teniendo más información al respecto. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - ¿Va usted a poner a votación la moción suspensiva?
El C. presidente: - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110, después de escuchar al diputado que hace la proposición, puede haber otro que haga la impugnación a su proposición. Si usted quiere hacer, tiene la palabra.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente, señores diputados: nos parece a nosotros que no procede la propuesta que hace el diputado Conchello, por una razón: porque desde un principio ha estado claro que el impuesto lo paga el importador norteamericano, pues claro que lo paga. Cómo podría el Congreso norteamericano decretar un impuesto que van a pagar en el extranjero ciudadanos que no son norteamericanos, personas físicas o personas morales.
Ha estado claro desde el principio que el Congreso norteamericano, en el momento que apruebe el impuesto, pues se lo aplica los importadores del petróleo norteamericano que son las empresas norteamericanas.
El Congreso norteamericano no puede decidir un impuesto y aplicárselo a Petróleos Mexicanos, eso es obvio, eso está claro. El problema esta en que ese impuesto es violatorio de los acuerdos suscritos por el Gobierno norteamericanos a nivel bilateral y a nivel multilateral; entre otros, es violatorio del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del que los norteamericanos son tan defensores; viola acuerdos internacionales y pone en una situación de absoluta desventaja e indefensión, incluso a los países exportadores, a los cuales les eleva el precio del petróleo de exportación y ahí es donde afecta a países como México. Entonces la protesta que aquí se debe presentar, que aquí se propone presentar, es por esos hechos, no porque necesitamos que nos aclaren quién va a pagar el impuesto. Es obvio que lo van pagar los importadores, pero eso es violatorio de acuerdos bilaterales, diputado Conchello; es violatorio de acuerdos multilaterales y lo hacen sin tomar en cuenta para nada estos acuerdos y perjudican a los países exportadores. Ese es el problema.
Entonces, nos parece por esas razones, que no podemos aquí aceptar esa moción suspensiva. Para nosotros esta claro, cuál es el problema y por eso solicitamos que entonces no sea aprobada la moción suspensiva.
El C. presidente: - Consulte la secretaría si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
- Por disposición de la presidencia y en los términos que señala el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Proceda la secretaría a tomar la votación en relación con el asunto anterior.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
- Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o no la proposición, el punto de acuerdo que fue sometido a consideración y que estaba a discusión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, manifestarlo igualmente poniéndose de pie... Se admite señor presidente.
Como lo solicita el que presentó la proposición y una que ha sido admitida se pregunta a la asamblea, en votación económica si se le considera de urgente y obvia resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente y obvia resolución señor presidente.
El C. presidente: - Proceda a tomar la votación señor secretario.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - No habiendo quien haga uso de la palabra y por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, igualmente sírvanse manifestarlo... Aprobada señor presidente.
AYUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS A LA CONTRARREVOLUCIÓN NICARAGÜENSE
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Pedro José Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente; señoras y señores diputados: traigo a esta asamblea un punto de acuerdo de diversas fracciones parlamentarias que tiene que ver con un asunto que está vinculado de alguna manera con lo que hemos discutido en el punto anterior, eso es la actitud cada día mas abiertamente violenta y belista, del Gobierno que encabeza Ronald Reagan que ahora no únicamente ha presionado, ha castigado a la economía mexicana, sino que estamos en presencia de un ataque evidente a pueblos hermanos del pueblo de México, me refiero al pueblo de Nicaragua. Es decir, el Gobierno norteamericano no ha escatimado esfuerzos ni diplomáticos, ni económicos para tratar de desprestigiar, de desgastar a la joven Revolución nicaragüense, prueba de ello, y así dice el texto que voy a dar lectura, sucedió lo siguiente:
«Considerando que el día 16 de octubre la Cámara de representantes y el senado de Estados Unidos Americanos aprobaron los 100 millones de ayuda militar y logística para la contrarrevolución nicaragüense; que el financiamiento y asesoría a las fuerzas contrarrevolucionarias de Nicaragua, pone en peligro la paz en la región y constituye un serio obstáculo a las gestiones del Grupo Contadora y su grupo de apoyo, encaminadas a lograr una solución política y negociada del conflicto centroamericano.
1. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lamenta la aprobación por parte de la Cámara de representantes y del Senado de Estados Unidos americanos del paquete de ayuda económica y militar a la contrarrevolución nicaragüense.
2. La Cámara de Diputados manifiesta que no existe ninguna justificación para aprobar apoyos para atacar a un gobierno legítimamente constituido.
3. La Cámara de Diputados considera que corresponde únicamente al pueblo de Nicaragua, en uso de sus derechos democráticos de autodeterminación, resolver su destino.
4. La Cámara de Diputados expresa su apoyo a una solución pacífica y negociada del conflicto centroamericano impulsada por el Grupo Contadora.
Firman este punto de acuerdo: el diputado Eduardo Valle Espinosa, en nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores; el diputado Juan José Bremer, en nombre del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Arnoldo Martínez Verdugo en nombre del Partido Socialista Unificado de México; el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, en nombre del Partido Popular Socialista y su servidor el diputado Pedro José Peñaloza en nombre del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Suplico a la presidencia sea tomada de urgente y obvia resolución esta propuesta. Gracias.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Está a discusión el punto de acuerdo.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Fernández Flores.
El C. Manuel Fernández Flores: - Compañeros diputados, en la sesión de esta Cámara, el martes de la semana pasada el Partido Popular Socialista planteó y denunció una serie de hechos que corroboran una vez más la política intervencionista del Gobierno de Estados Unidos americanos, su involucramiento en los asuntos internos de la hermana república de Nicaragua y la participación cínica y descarada de la CÍA, esta tenebrosa red de espionaje al servicio del Gobierno de los Estados Unidos Americanos, a la que John Bush, el vicepresidente de Estados Unidos americanos esta tan íntimamente relacionada, y es la CÍA la que ha provocado sabotajes, secuestros, asesinatos, magnicidios, y en la que vemos con una profunda preocupación cómo día a día está avanzando en esa actitud que ofende a todos los pueblos libres del mundo.
Se está concretando ya la entrega de los cien millones de dólares para los contrarrevolucionarios nicaragüenses, y también estamos convencidos, que son ellos, los gobernantes norteamericanos los que oponen a la política de México a través de Contadora, todos aquellos obstáculos para que el problema nicaragüense se resuelva por la vía pacífica, y de acuerdo con la orientación que el Grupo Contadora y el grupo de apoyo, ha dado.
Esto indica la violación a las normas más elementales del derecho internacional que el Gobierno de Estados Unidos está cometiendo constantemente. Pero un caso gravísimo es el terrorismo de Estado que está institucionalizado en las relaciones internacionales.
Vemos con satisfacción las declaraciones del representante de México en la Organización de las Naciones Unidas; refuerza la posición del Gobierno de México en torno a este problema. Cuando en la semana pasada propusimos que esta Cámara pronunciara y definiera su punto de vista, vemos con profunda satisfacción que las corrientes revolucionarias de nuestro país representadas aquí en esta Cámara hacen un pronunciamiento al que con una profunda satisfacción suscribimos y reiteramos nuestros puntos de vista. Muchas gracias compañeros diputados.
(Aplausos.)
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se prueba. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada señor presidente.
JORNADA INTERNACIONAL CONTRA LA DEUDA EXTERNA
EL C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Indalecio Sayago Herrera.
El C. Indalecio Sayago Herrera: - Compañero diputado Moisés Calleja, presidente de la Cámara de Diputados: hoy 23 de octubre, se celebra la importante Jornada Internacional contra la Deuda Externa. El mundo en el que vivimos está regido por injustas relaciones económicas, en el predominan graves desigualdades en el intercambio económico, las que tienden a agudizarse cada vez más.
Los monopolios y los países imperialistas imponen elevados precios a los bienes industriales y bajos precios a las materias primas, además de políticas proteccionistas que llevan a la quiebra económica a los pueblos en desarrollo.
Existen una serie de derechos económicos para todos los pueblos que las grandes potencias desarrolladas se niegan a reconocer, el más importante de todos es el relativo al derecho de ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y su patrimonio nacional; de él se derivan otros varios, tales como el derecho a nacionalizar empresas extranjeras con apego a las leyes propias, el de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras de acuerdo con sus normas e intereses nacionales, el derecho a reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales para que se adecúen a las leyes domésticas, el derecho de practicar el comercio internacional sin discriminaciones ni presiones de ninguna especie.
Es un hecho que preocupa al Partido Popular Socialista el que a pesar de los fundamentos jurídicos ya existentes, las grandes potencias capitalistas se niegan prestar su colaboración económica.
Para una justicia distributiva en favor de los pueblos en desarrollo, una cooperación económica internacional justa implica una serie de prerrogativas e interrogaciones que debieran ser respetadas e impulsadas, tales como el derecho de los pueblos débiles para asociarse en la defensa de sus intereses económicos sin presiones de ninguna naturaleza.
El derecho a partir de acuerdo con el principio de la igualdad jurídica de los Estados en la adaptación de decisiones para la solución de problemas económicos, financieros y monetarios. El deber de todos los Estados de cooperar para que los países en desarrollo tengan acceso a la ciencia y a la tecnología, y puedan lograr la creación de la suya propia de acuerdo con los objetivos a corto
u largo plazo. El deber de la colaboración internacional para extender y diversificar el comercio sin taxativas de ninguna especie, así como para adoptar medidas que permiten beneficios adicionales hacia los países en desarrollo.
En América latina los problemas económicos y sociales se han agudizado en un mundo de relaciones económicas injustas. En 1985 el Producto Interno Bruto creció sólo en un 2.8% en tanto que la población sufrió un incremento de 3%. Estas cifras lo demuestran, que la economía, no ha crecido. La inflación en promedio fue de 610%, las exportaciones experimentan una baja de 24 mil millones de dólares a 21 mil 500. La deuda externa ascendió a más de 368 mil millones de dólares. Las transferencias de recursos hacia el exterior llegaron a 30 millones de dólares sólo en un año, en 1985. Para tener una idea más clara de la magnitud de esas cifras, será bueno recordar que la propuesta Alianza para el Progreso de John Kennedy, planteaba la perspectiva de otorgar como colaboración económica para enfrentar los problemas económicos y sociales de América latina la cantidad de 20 millones de dólares en partidas a invertir en un período de 10 a 15 años. Nuestro sur continente es exportador neto de capital. Podemos afirmar que ha caído en un colonialismo de tipo financiero.
Por eso nuestros países tienen que mancomunarse para encontrar los mecanismos eficaces que les permitan desarrollarse con justicia e independencia. La monstruosa deuda externa de América latina no es resultado de un convenio libremente establecido, sino de una situación abusiva, sus antecedentes son tres siglos de dependencia colonial y de dependencia nacional, además de reglas leoninas para el intercambio, medidas proteccionalistas dumping y sobrevaloración del dólar.
Por esa razón, el Partido Socialista estima que no existe obligación moral para México y los demás países de América latina de pagar la deuda que si existe es a causa de la conducta deshonesta de los acreedores; y el Partido Popular Socialista ha enarbolado la demanda de lucha por su cancelación total del principal y los intereses, tarea en la que debe unir sus esfuerzos con los demás países hermanos que como nosotros también son víctimas de esta nueva forma de saqueo. Hoy día 23 de octubre se celebra la Jornada Internacional contra la deuda Externa, en este marco, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace un fraternal llamado a todas las otras fracciones parlamentarias del campo democrático, progresista y revolucionario a elevar nuestra conciencia sobre este grave problema y a unir nuestras voces en un fraternal saludo a todas las organizaciones políticas y sociales de nuestro país y de los demás países hermanos que luchan por sacudirse el pesado yugo de la deuda externa, que no es sino una forma más de hegemonía imperialista y de tramposo saqueo de nuestra economía.
Por lo expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista pone a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, saluda calurosamente a todos los pueblos hermanos que luchan por superar las actuales relaciones inequitativas de intercambio en el escenario del mundo, una de cuyas expresiones es la enorme e injusta deuda externa que afecta a los países en vías de desarrollo".
En términos del reglamento proponemos el trámite de urgente resolución. Atentamente fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la presidencia se recibe y se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
COMUNICACIONES
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres:
«Chilpancingo, Guerrero 1o. de octubre de 1986.
C. presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio legislativo, México, D.F.
Para su conocimiento y efectos legales conducentes, informo a usted que la Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del estado, con esta fecha dio inicio a su segundo período ordinario de sesiones, correspondientes al tercer año de su ejercicio constitucional, habiendo quedado integrada la mesa directiva que fungirá durante el mismo, de la siguiente manera:
Presidente, diputado León Marcelino Díaz Sotelo; vicepresidente, diputado Neftali Gracida Guerrero; secretario propietario, diputada profesora María Teresa Bernal Castañón; secretario propietario, diputado Alberto A. Velez Avila; secretario suplente, diputado Fidel Gutiérrez Gordillo; secretario suplente, diputado licenciado Federico Miranda Castañeda.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Coordinador del H. Congreso del Estado, diputado profesor Jesús Romero Guerrero».
Trámite: De enterado.
La misma C. prosecretaria:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados México, D.F.
La H. Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional al Congreso del estado de Nuevo León, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, eligió la mesa directiva que fungirá durante el próximo mes de octubre del año en curso, la que quedó integrada de la siguiente forma:
Presidente, C. diputado Adolfo Dávalos Garza; vicepresidente, C. diputado doctor Eulalio Villarreal Ayala; primer secretario, C. diputado Arturo Quintanilla Guerra; segundo secretario, C. diputada Leonor Garza Salinas de Barocio; tesorero, C. diputado Ramiro Hidrogo Gómez.
Sin otro particular, reiterámosle (s) las seguridades de nuestra consideración distinguida y atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León a 30 de septiembre de 1986
H. Congreso del Estado.
Diputado secretario, Antonio Aguilar Lara; diputado secretario, Eustolio Vallines García».
Trámite: De enterado.
La misma C. Prosecretaria:
"C. presidente de la H. Cámara de Diputados.
Palacio legislativo, México D.F.
Nos permitimos comunicar a usted (s) que el día de ayer 17 de septiembre del año en curso, a las 11 horas con fundamento al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del estado de Oaxaca en vigor, se eligió la Gran Comisión de la Quincuagésima Tercera Legislatura del estado libre y soberano de Oaxaca, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente, diputado profesor Sergio Vera Cervantes; secretario, diputado licenciado Manuel Díaz Cisneros; primer vocal, diputado ingeniero Lino Celaya Luria; segundo vocal, diputado licenciado Mario Luis Guzmán Rodríguez; tercer vocal, diputado licenciado Javier Mendoza Aroche.
Atentamente.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 18 de septiembre de 1986.
Licenciado Mario Luis Guzmán Rodríguez, diputado presidente; profesora Soledad Ruiz Sarmiento, diputada secretaria; doctor Hugo Sarmiento Díaz, diputado secretario».
Trámite: De enterado.
La misma C. prosecretaria:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados.
Palacio legislativo, México, D.F.
En cumplimiento de preceptos legales, comunicamos a usted (s) que la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del estado, en sesión ordinaria efectuada hoy, procedió a la elección de presidente y vicepresidente para funcionar en el mes de octubre próximo, habiendo resultado electos por mayoría de votos los CC. diputados:
Doctor Jorge Iturribarria Bolaños, presidente; licenciada Perla Marisela Woolrich Fernández, vicepresidente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 26 de septiembre de 1986.
Profesora Soledad Ruiz Sarmiento, diputada secretaria; doctor Hugo Sarmiento Díaz, diputado secretario».
Trámite: De enterado.
La misma C. prosecretaria:
« C. presidente de la H. Cámara de Diputados.
Palacio legislativo, México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado y 17 del reglamento interior del mismo,
participamos a ustedes con toda atención que la honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Veracruz Llave, que este día inicia sus funciones, está integrada por los siguientes ciudadanos diputados:
Uninominales: licenciado Nicodemus Santos Luck, Benito Castellanos Marín, Alberto César Martínez Morales, Rodolfo Reyes Betancourt, doctor Arturo Nájera Fuentes, ingeniero Ismael García Huesca, licenciado Fluvio César Vista Altamirano, José Luis Enríquez González, Raúl Barranco Durán, Hugo Hernández Muñoz, profesora Avelina Prieto Méndez, licenciado Jorge Moreno Salinas, licenciado Gustavo Arroniz Zamudio, profesor Felipe García Ruiz, licenciado Miguel Angel Díaz Pedroza, Rosendo Enrique Guzmán.
Plurinominales: profesor Arnulfo García Rangel, profesora Martha Silvia Sánchez de Orta, licenciado Estanislao Ramos Osario, licenciado Carlos Francisco Mora Domínguez, licenciado Gabriel Fuster Jiménez, licenciada Rosa María Campos Gutiérrez, Arturo Tremari Blanno, Arturo Herrera Cruz, Leonardo Marrero Tapia, ingeniero Jorge Ruiz Ochoa, ingeniero Manuel Zamora Casal, doctor Viterbo Cortés Lobato, licenciado Heli Herrera Hernández, Donato Alberto Flores Soto. Manuel Laborde Cruz.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, expresándole la seguridad de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz octubre 1o. de 1986.
H. Legislatura del estado.
Licenciado Carlos Francisco Mora Domínguez, diputado presidente; José Luis Rodríguez González, diputado secretario».
Trámite: De enterado.
La misma C. prosecretaria:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados. México D. F.
Con fundamento en lo previsto por los artículos 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado y 17 del reglamento para el gobierno interior del mismo, con todo respecto participamos a usted que la honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Veracruz Llave, quedó legítimamente constituida el día 30 de septiembre último e instalada hoy a las 11:00 horas en su recinto oficial, iniciando sus actividades, de acuerdo con lo que señala el artículo 51 de la constitución política local, asimismo eligió la mesa directiva que fungirá en el presente mes, quedando integrante en la siguiente forma:
Presidente, licenciado Carlos F. Mora Domínguez; vicepresidente, Avelina Prieto Méndez; secretario José L. Enríquez González.
Lo que hacemos de su conocimiento, expresándole la seguridad de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 1o. de 1986.
H. Legislatura del Estado.
Licenciado Carlos F. Mora Domínguez, diputado presidente; José L. Enríquez González, diputado secretario».
Trámite: De enterado.
INFORME DE LA PROCURADURÍA RELATIVO AL NARCOTRÁFICO.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretaria de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines que estimen procedente, a continuación transcribo oficio que el C. doctor Sergio García Ramírez, procurador general de la República, envió a esta dependencia del Ejecutivo.
"En seguimiento a mi anterior oficio de fecha 17 de septiembre pasado, me permito remitir a las H. Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por el digno conducto de la Secretaría de Gobernación, si lo tiene a bien, informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por esta dependencia en la campaña contra el narcotráfico. El informe que ahora proporciono abarca el mes de septiembre íntegramente y alude a las acciones realizadas, día por día, con el equipo aéreo de la Procuraduría General de la República".
Al manifestar a ustedes lo anterior les envío con el presente el informe que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 20 de octubre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
MINUTAS DEL SENADO
CÓDIGO PENAL
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de reformas y adición al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D. F., a 22 de octubre de 1986.
Senador Fernando Mendoza Contreras, secretario; senadora Yolanda Sentíes, secretaria».
MINUTA
PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
«Reformas y adición al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal.
Artículo primero. Se reforman los artículos 150 y 152 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:
Artículo 150. Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido. procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.
Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años.
Artículo 152. Al que favorezca al mismo tiempo o en un solo acto, la evasión de varias personas privadas de libertad por la autoridad competente, se le impondrá hasta una mitad más de las sanciones privativas de libertad señaladas en el artículo 150, según corresponda.
Artículo segundo. Se adiciona con una fracción V y se reforma el último párrafo del artículo 214 del ordenamiento jurídico citado en el anterior numeral, para quedar como sigue:
Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:
I...
II...
III...
IV...
V. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Al infractor de las fracciones III, IV, o V, se le impondrán de dos años a siete años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo tercero. Se reforma la fracción XXVI del artículo 225 de la misma ley sustantiva penal invocada en el numeral anterior, para quedar como sigue:
Artículo 225...
I a XXV...
XXVI. Permitir, fuera de los casos previstos de la ley, la salida temporal de las personas que están recluidas.
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México D. F. a 22 de octubre de 1986.
Senador Víctor Manzanilla Schaffer, presidente; senador Fernando Mendoza Contreras, secretario; senadora Yolanda Sentíes, secretario».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
CÓDIGO PENAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presente.
Para sus efectos correspondientes, tenemos el honor de remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecta de reformas y adición al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; al Código Federal de Procedimientos Penales, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México D. F. a 22 de octubre de 1986.
Senador Fernando Mendoza Contreras, secretario; senadora Yolanda Sentíes, secretaria».
MINUTA
PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y A LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.
«Artículo primero. Se reforma el artículo 62 y se adiciona el 385 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:
Artículo 62...
Cuando por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos se causen lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, sólo se procederá a petición del ofendido o de su legítimo representante, siempre que el conductor no se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, y no se haya dejado abandonada a la víctima.
Artículo 385. Se considera como abuso de confianza y se sancionará con seis meses y seis años de prisión y multa hasta de cien veces el salario a quien disponga indebidamente o se niegue sin justificación a entregar un vehículo recibido en depósito de autoridad competente, relacionado con delitos por tránsito de vehículos, habiendo sido requerido por la autoridad que conozca o siga conociendo del caso.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 181. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto, de él, así como aquéllos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con este, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al ciudadano y bajo la responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Tratándose de delitos de imprudencia ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos podrán asegurarse por el Ministerios Público, en cuyo caso se entregarán en depósito a su conductor o a quien se legitime como propietario, quienes deberán presentarlos ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite. En caso de incumplimiento del depositario, se procederá conforme lo que dispone el artículo 385 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
Artículo tercero. Se reforman los artículos 533, 536 y 537 de la Ley de Vías Generales de Comunicación,
para quedar como sigue:
Artículo 533...
Si el delito fuere cometido por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales. En este caso, el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causando más la reparación de este.
Artículo 536...
Si el delito fuere cometido por imprudencia y con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales. En este caso, el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado más la reparación de éste.
Al que coloque intencionalmente señales que puedan ocasionar la pérdida o grave deterioro de vehículos en circulación, será castigado con prisión de uno a cinco años.
Si se ocasionaren los accidentes mencionados, se aplicarán las reglas de acumulación con el delito o delitos que resulten consumados.
Artículo 537. Los conductores y demás tripulantes que intervengan en el manejo de vehículos, si realizan sus actividades en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, serán sancionados con treinta a noventa días de trabajo en favor de la comunidad o multa de treinta a noventa días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, área metropolitana. La sanción se duplicará cuando se transporten personas en un vehículo que de servicio colectivo, aún cuando no se hubiesen cubierto los requisitos que para la prestación del mismo se exigen.
I. Por la primera infracción se aplicará multa por veinte días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, área metropolitana.
II. Por la segunda infracción se aplicará multa por cuarenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, área metropolitana.
III...
TRANSITORIO
Artículo único. Las presentes reformas entrarán en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores.
México D.F. a 22 de octubre de 1986.
Senador Víctor Manzanilla Schaffer, presidente; senador Fernando Mendoza Contreras, secretario; senadora Yolanda Sentíes, secretaria».
Trámite: recibo y túrnese a la comisión de justicia.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
MONEDAS DE 500
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio y dictamen en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la iniciativa del Presidente de la República que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
El Ejecutivo Federal considera que las características señaladas por el Congreso de la Unión para las monedas de quinientos pesos, son muy similares a las de las monedas de cuproníquel conmemorativas del CLXXV aniversario de la iniciación de la Independencia, del LXXV aniversario del comienzo de la Revolución y del XIII campeonato mundial de fútbol que se celebró en nuestro país en este año. Lo anterior, se estima, puede originar problemas en cuanto a su adecuada diferenciación, puesto que su circulación puede ser coincidente. Además, se estima que es correcto que con las nuevas características que propone de la moneda de quinientos pesos, se logrará una adecuada economía en la fabricación de dichas piezas.
La comisión, una vez estudiada la iniciativa, considera procedente dicha propuesta, aunada además a que, una vez diferenciadas las referidas monedas de quinientos pesos de las de doscientos pesos, las características señaladas por el Congreso para estas últimas, pueden ser utilizadas en lo futuro, para aquellas piezas conmemorativas que se acuerde emitir.
En forma adicional, el proyecto propone reducir un milímetro al diámetro de las piezas de quinientos pesos autorizadas por el Congreso de la Unión, con lo cual se hace más fácil su circulación, pues queda ligeramente mayor a la moneda
de cien pesos, de la que además se distingue por su color.
Asimismo, debe señalarse que con las nuevas características de la moneda de quinientos pesos, se mantiene el sistema dimensional de los propios signos cambiarios, establecidos por la legislación actual.
Por los anteriores razonamientos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera procedente la iniciativa del Ejecutivo de la Unión y propone a esa honorable asamblea la aprobación del siguiente.
PROYECTO DE DECRETO QUE SEÑALA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS DE QUINIENTOS PESOS
Artículo primero. Las características de la moneda de quinientos pesos a que se refiere el inciso b), del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:
Valor: Quinientos pesos.
Diámetro: 28.5 mm (veintiocho milímetros cinco décimos).
Composición: Podrá, conforme a lo previsto en el citado artículo 2o., inciso b), ser cualquiera de las siguientes:
A) 0.160 a 0.180 (ciento sesenta a ciento ochenta milésimos) de cromo; 0.0075 (setenta y cinco diesmilésimos) de níquel, máximo; 0.0012 (doce diezmilésimos) de carbono, máximo; 0.01 (un centésimo) de silicio, máximo; 0.01 (un centésimo) de manganeso, máximo; 0.0003 (tres diezmilésimos) de azufre, máximo; 0.0004 (cuatro diezmilésimos) de fósforo, máximo: y lo restante de fierro.
En esta composición las tolerancias serán las máximas antes indicadas; el peso será 11.1 g. (once gramos un décimo), con una tolerancia en peso por unidad de 0.390 g (trescientos noventa miligramos) en más o en menos.
B) 0.0055 (cincuenta y cinco diezmilésimos) de carbono, máximo; 0.00009 (nueve milésimos) de manganeso, máximo; 0.0025 (veinticinco diezmilésimos) de silicio, máximo; 0.001 (un milésimo) de fósforo, máximo; 0.0005 (cinco diezmilésimos) de azufre, máximo; 0.06 (seis centésimos) de níquel, máximo y lo restante de fierro.
En esta composición las tolerancias serán las máximas antes indicadas; el peso será 11.9 g. (once gramos nueve décimos) con una tolerancia en peso por unidad de 0.420 g (cuatrocientos veinte miligramos) en más o en menos.
C) 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre y 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
En esta composición la tolerancia será 0.015 (quince milésimos) es más o en menos: el peso será 12.7 g (doce gramos siete décimos), con una tolerancia en peso por unidad de 0.440 g (cuatrocientos cuarenta miligramos) en más o en menos.
D) 0.010 (diez milésimos) de níquel, máximo; 0.030 (treinta milésimos) de cobre, máximo, y lo restante de zinc.
En esta composición las tolerancias serán las máximas antes indicadas; el peso será 10.2 g (diez gramos dos décimos), con una tolerancia en peso por unidad de 0.360 g (trescientos sesenta miligramos en más o en menos.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda en el exergo "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfica en forma de puntos.
Reverso: Al centro, mirando hacia la derecha en posición de tres cuartos, la efigie de don Francisco I. Madero; centrados en el campo inferior, en conjunto para leerse en dirección horizontal, el signo de pesos "$" y el número "500"; en la parte inferior izquierda para ser leído en dirección horizontal, iniciando después del marco y terminando arriba del signo de pesos, el apellido de "Madero"; en el campo superior izquierdo, sobre el eje horizontal el año de acuñación; en la parte inferior derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", en el marco sesenta y ocho gráficas escalonadas.
Será liso para la composición del inciso A) y estriado para las composiciones de los incisos B), C) y D).
Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, determinará la composición metálica de la moneda de quinientos pesos a que se refiere el presente decreto, señalando cualquiera de las alternativas previstas en el artículo anterior o sustituyendo la así señalada por otra de ellas, tomando en consideración las condiciones de abastecimiento de los metales respectivos y su costo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión, en el mes de noviembre de cada año, de las determinaciones que sobre la composición metálica de la moneda de quinientos pesos, hubiere efectuado en los doce meses anteriores, según los dispuesto en el párrafo anterior de este artículo.
Artículo tercero. A partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine la composición de la moneda a que se refiere el artículo precedente, la Casa de Moneda de México deberá iniciar los ajustes que requieran sus instalaciones para llevar a cabo la acuñación de dicha moneda.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se deroga el decreto de 18 de diciembre de 1985, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1986 en la parte relativa a las características que fijó para la moneda de quinientos pesos.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 22 de octubre de 1986.
Comisión de Hacienda y Crédito Público. Luis Orcí Gándara, presidente; Porfirio Camarena Castro, secretario; Hesiquio Aguilar de la Parra, Amilcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Abelardo Alanis González, Rebeca Arenas Martínez, José Eduardo Beltrán Hernández, Gonzalo Castellot Madrazo, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Francisco Contreras Contreras, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Blanca Esponda de Torres, Romero Flores Caballero, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Enrique González Isunza, Marcela González Salas, Angel Sergio Guerrero Mier, David Jiménez González, Agustín Leñero Bores, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, José Angel Pescador Osuna, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Carlos Barrera Auld, Roberto Calderón Tinoco, Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, Alejandro Gazcón Mercado, Jorge Ortiz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Rubén Rubiano Reyna, Héctor Terán Terán».
El C. presidente: - En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. prosecretaria Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. prosecretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 4 de septiembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano David Téllez Arredondo, pueda prestar servicios administrativos, en la Embajada de Dinamarca en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 25 de septiembre próximo pasado, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Dinamarca en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano David Téllez Arredondo, para prestar servicios como chofer gestor, en la Embajada de Dinamarca en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión.
México D. F., a 20 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo, José Gonzalo Badillo Ortiz, Antonio Brambila Meda, Carlos Cantú Rosas, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Oswaldo García Criollo, Miguel Herrerías Alvarado, Gabriel Jiménez Remus, Arnoldo Martínez Verdugo, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Francisco Berlín Valenzuela, Juan Moisés Calleja García (*), Heberto Castillo Martínez, Juan de Dios Castro Lozano, José Luis Díaz Moll, Guillermo Fonseca Alvarez, Jesús González Schmal, David Jiménez González, Juan Maldonado Pereda, Jorge Masso Masso, Jorge Montúfar Araujo, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Pablo José Pascual Moncayo, Guadalupe Ponce Torres, Ignacio Ramos Espinoza, Nicolás Reynés Berezaluce, Píndaro Urióstegui Miranda, Fernando Ortiz Arana, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Heriberto Ramos Salas, Humberto Salgado Gómez, Diego Valadez Ríos, Sergio Valls Hernández (*).
Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
Es de primera lectura.
La misma C. prosecretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 10 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva; puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Corea en México.
En sesión efectuada por la cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, el día 21 de octubre de turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Corea en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Beatriz Rodríguez Montes de Oca, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Estrada Villa, para prestar servicios como secretario particular del agregado de defensa, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel López Merino, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Reynoso Alvarado, para prestar servicios como chofer de la embajada de la República de Corea en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Sergio Soto Silva, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República de Corea en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 22 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez y Sergio Valls Hernández.
Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL.
La misma C. prosecretaria:
«Comisión de Seguridad Social.
Honorable asamblea:
La Comisión que suscribe recibió para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, enviada por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, misma que, en su oportunidad, fue distribuida a los integrantes de este honorable asamblea.
La Comisión ha revisado cuidadosamente el contenido de las reformas y adiciones de la mencionada iniciativa y después de haber sido discutida por sus integrantes, con fundamento de los artículos 54, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa soberanía el presente:
DICTAMEN
Como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, la finalidad de la misma es la modernización del marco jurídico, en el cual se desenvuelven las actividades asistenciales privadas, a efecto de promover y desarrollar acciones de esta naturaleza, sustentadas en el más puro sentido de la solidaridad y altruismo humanos, atendiendo a la simplificación de los mecanismos legales. Asimismo, se propone la concreción de esfuerzos asistenciales a fin de que estos se cumplan en toda su extensión, teniendo como marco las directrices sociales establecidas por nuestra Constitución Política, en conjunción con el pleno respeto a las garantías individuales.
Esta ley que se propone reformar en le seno de la asamblea, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día dos de enero de 1943, entrando en vigor el mismo día; tal ordenamiento ha sufrido reformas, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 17 de julio de 1943; 28 de febrero de 1944; 8 de marzo de 1948 y su fe de erratas del 22 de abril de 1948; 23 de diciembre de 1974 y su fe de erratas del 13 de marzo de 1975 y el 15 de mayo de 1978.
La materia de la asistencia privada, ha sido de una gran tradición a través de la historia de México independiente, y aún más se remonta en sus inicios hasta la Colonia, dándosele singular importancia durante la época de la reforma, ya que se consideraba entre las actividades asistenciales privadas, además de las prestaciones económicas que ésta podría realizar, la muy importante función de la prestación de servicios médicos.
La Constitución Política que nos rige, al establecer un régimen de corte liberal social, y por ende del estado social de derecho, ha buscado el equilibrio entre el liberalismo individual y el pensamiento social. Es así como ordena elementos que en algún momento parecieron antitéticos, tales como la actuación, en términos económicos y sociales, de los particulares y del Estado. Es aquí donde la sabiduría del Código Político se manifiesta, al dotar de elementos jurídicos, dentro de un marco de respeto, a las garantías individuales, para que los particulares presten actividades colaterales a la acción del Estado, tal como es la asistencia privada, junto a la asistencia social.
Pero para lograr lo anterior, es menester regular la acción de los particulares, a través de un marco jurídico adecuado, a fin de que dichas actividades no se extravíen y nieguen su carácter puramente altruista y solidario.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su texto, las actividades de asistencia privada, al tenor del artículo 27 fracción III, dándonos los lineamientos del régimen patrimonial de las instituciones que prestan tales servicios, siendo este precepto constitucional el que fundamenta la regulación de las instituciones de asistencia privada.
Es por ello que se hace menester el precisar la asistencia privada como el conjunto de acciones que realizan determinadas instituciones, las cuales cuentan con personalidad moral, en los términos de la ley que hemos mencionado, y que con bienes de propiedad particular, ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Estos actos pueden ser de la más diversa índole y referirse a rubros tan diversos como prestaciones económicas, prestaciones en especie, atención a niños, ancianos y desvalidos, o a la prestación de servicios médicos, entre otros muy importantes.
No podemos soslayar la importancia que ha tenido en México la asistencia privada, la cual representa un mecanismo de ayuda solidaria de que menos necesita a quien menos tiene.
En otro sentido y en un esfuerzo de agrupación por materia, se ha considerado que la asistencia tanto pública como privada, conforme un subsector específico del sector salud y del Sistema Nacional de Salud, el cual observa su fundamento constitucional tanto en el artículo 4o., párrafo 3o. de nuestra Carta Magna, que establece el derecho a la protección a la salud, así como el artículo 73, fracción XVI; el cual faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre las materias de salubridad general.
Así las cosas, la Ley General de Salud Reglamentaria de dichos artículos constitucionales, toma como tarea definir lo que es la salubridad general, lo cual hace a través de una lista enunciativa contenida en le artículo 3o. de este ordenamiento, y así, en la fracción XVIII del señalado artículo, se establece la asistencia social como uno de los rubros de la salubridad general.
Siendo la asistencia social y la asistencia privada materias conexas en su contenido, se ha establecido esta sectorización tal como lo hemos mencionado a fin de darle mayor congruencia a las acciones tanto de regulación como de ejecución de la asistencia social, junto con la asistencia privada, que otorgan los particulares.
Este agrupamiento por materia permite un mejor y más eficaz control de las actividades relacionados con tal hecho, de las cuales se encarga de realizar tal vigilancia la Secretaría de Salud, a través del órgano desconcertado por función denominado Juan de Asistencia Privada.
Al respecto, conviene comentar que la iniciativa contiene un artículo, el 93 - Bis, que establece que la Secretaría de Salud podrá celebrar acuerdos de coordinación con los estados, a efecto de que la Junta de Asistencia Privada les proporcione a los gobiernos de éstos, asesoría y asistencia técnica para promover la expedición de leyes estatales relativas a la materia de la asistencia privada, favoreciendo la creación y desarrollo de este tipo de actividades.
La iniciativa busca propiciar la concertación de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, a fin de lograr que la asistencia en sus diversas formas de prestación, llegue a los más necesitados. Para tal efecto se propone facilitar los mecanismos de acción de la asistencia privada, haciéndolos más ágiles y eliminado requisitos que otrora se prestaban en el texto de la ley vigente, como es el caso de la reforma al artículo 40, en donde se elimina la autorización de la Junta de Asistencia Privada para recibir donativos, herencias o legados, salvo que éstos sean onerosos o condicionados. De la misma manera, todo donativo, herencia o legado destinado a la asistencia privada en general, serán recibidos por la Junta y canalizados a las instituciones que mejor aplicación de los recursos puedan hacer. Este criterio de eliminación de requisitos y simplificación administrativa se presenta a través de toda la iniciativa, a efecto de promover las actividades asistenciales privadas, no se trata de crear mayor regulación, sino hacer más efectiva la ya existente, a la vez de promover tales actividades, dentro de un marco jurídico adecuado.
Por otro lado, se establece en la ley el Sistema de Estímulos Fiscales, para aquellas personas que realizan donativos a las instituciones de asistencia privada, tomando el sistema creando con anterioridad por la ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, lo cual tiene por propósito promover este tipo de donaciones. En el sentido de la legislación fiscal del Distrito Federal, la iniciativa propone que la Junta de Asistencia Privada, pueda realizar mediante los mecanismos que la autoridad local juzgue pertinentes, un sistema de estímulos, a través de deducciones o subsidios, a efectos de promover la asistencia privada y garantizando por parte de las instituciones, un nivel mínimo de efectividad en sus actos asistenciales. Este rubro es importante a efecto de promover adecuadamente el manejo fiscal de dichas personas morales y que, por otro lado, no existan actos lesivos para el erario
público, tanto federal como local, quien lleva así un adecuado control sobre de ellas.
La iniciativa sometida al H. Congreso de la Unión por el ciudadano Presidente de la República, cumple con sus objetivos de la manera más amplia, y viene a vigorizar el aparato jurídico en el cual se sustenta la acción tanto del Estado, como de los particulares en relación a la asistencia privada.
En atención de lo expresado anteriormente y con mérito en tales consideraciones, la Comisión de Seguridad Social se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o.; 13, fracción II; 27, 40, 41, 42, 43, 44, 51, fracciones II y V; 53, fracción XIV; 54, 57, 58, 59, 67; 76, incisos c) y e); 83, 84, 86, 88, 89, r91, 121, 128, 147, 148 y 150, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como siguen:
Artículo 1o. Las instituciones de asistencia privada son entidades jurídicas que con bienes de propiedad particular, ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Podrán acogerse a las disposiciones de esta ley, las personas físicas o morales que pretendan crear instituciones cuyo objeto sea alguno de los que menciona el artículo 27, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 13. Las personas que en vida deseen constituir una institución de asistencia privada, presentarán a la junta de ese ramo un escrito que contenga:
I. ...
II. El nombre, objeto y domicilio legal de la institución que se pretenda establecer;
III a la VII. ...
Artículo 27. El patronato de la fundación así constituida, no podrá dispensar a los albaceas, de garantizar su manejo o de rendir cuentas y exigirá a los mismos, cuando el testador no los haya eximido de esta obligación, que constituyan en favor de la fundación que ellos representen, una garantía en los términos que establece el artículo 1708 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Artículo 40. Los donativos que reciban las instituciones requerirán autorización previa de la Junta cuando sean onerosos o condicionales.
En los demás casos, las instituciones deberán informar a la Junta, de la donación recibida al presentar su información financiera periódica.
Los donativos, herencias o legados que se destinen a la asistencia privada en general, los recibirá la Junta y los canalizará a las instituciones de asistencia privada.
Artículo 41. La persona que quiera hacer un donativo oneroso o condicional a una institución, lo manifestará por escrito al patronato de la misma para que ésta lo haga del conocimiento de Junta.
Una vez concedida la autorización a que se refiere al artículo 40 de esta ley, la institución lo hará del conocimiento del donante por escrito, para que quede perfeccionada la donación sin perjuicio de que se cumplan las formalidades establecidas en la legislación común.
Artículo 42. Las personas físicas o morales que donen bienes en favor de las instituciones constituidas conforme a esta ley, podrán deducir de sus ingresos el importe de los donativos realizados, el cual deberá constar en un recibo expedido por la institución donataria, que reúna los requisitos fiscales que al efecto señalen la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, al momento de efectuarse la donación.
Artículo 43. Los donativos efectuados a favor de las instituciones hechos conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse, una vez perfeccionados; sin embargo, se admitirá la reducción de las donaciones en los términos del artículo 2348 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los deba conforme a la ley, en la proporción que señale el juez competente.
Artículo 44. Además de los donativos a que se refiere este capítulo, las instituciones podrán contar, a manera de aportaciones en servicios, con el auxilio de colaboradores voluntarios que con el ánimo exclusivo de prestar asistencia privada, destinen parte de su tiempo a realizar actividades personales sin remuneración, que permitan el
cumplimiento de los objetivos de una asociación o fundación.
Artículo 51. No podrán desempeñar el cargo de patrono de una institución:
I. ...
II. Las personas que desempeñen cargo de elección popular, los secretarios y subsecretarios de Estado, los oficiales mayores de las secretarías de Estado, el jefe, los secretarios generales y el oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, los directores generales, gerentes generales o similares, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal; el presidente y los vocales de la junta de Asistencia Privada, representantes del sector público conforme a lo establecido por el artículo 84 de esta ley, los funcionarios y empleados de la misma;
III y IV. ...
V. Los que por sentencia ejecutoria dictada por la autoridad judicial, hayan sido suspendidos o privados de sus derechos civiles o condenados a sufrir una pena por la comisión del algún delito internacional.
Artículo 53. Los patronatos tendrán las siguientes obligaciones:
I a la XIII. ...
XIV. No entregar dinero, mercancía o valores que no estén amparados con documentos, siempre que el monto de aquél o el valor de los últimos exceda de un día del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
XV a la XVII. ...
Artículo 54. Los patrones, .en el ejercicio de sus funciones, no se obligan individualmente, pero están sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que incurran, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 57. A más tardar el primero de diciembre de cada año, los patrones de las instituciones deberán remitir a la junta, en los términos y con las formalidades que ella establezca, los presupuestos de ingresos y el de inversiones en activos fijos. La información contable periódica correspondiente deberán presentarla al inicio de cada año.
Al enviarse los presupuestos a que se refiere el párrafo anterior, se remitirá el programa de trabajo correspondiente al mismo período.
Artículo 58. En ningún caso, en instituciones que estén operando normalmente, los gastos de administración podrán ser superiores al importe de los servicios asistenciales.
Artículo 59. En caso de que en un ejercicio resultare remanente, éste se aplicará a cubrir faltantes de ejercicios anteriores y si no los hubiere, el remanente se aplicará a incrementar el patrimonio de la institución.
Artículo 67. Los libros principales, registros, auxiliares y de actas, en su caso, archivos y documentos que forman un conjunto del que pueda inferirse el movimiento de las instituciones, deberán ser conservados por los patronatos en el domicilio de las mismas o en el despacho que oportunamente darán ellos a conocer a la junta, y estará en todo tiempo a disposición de ésta para la práctica de las visitas ordinarias o extraordinarias que acuerde.
Los fondos de las instituciones deberán ser depositados en alguna sociedad nacional de crédito, cuando su cuantía lo haga aconsejable.
En ningún caso podrán estar los fondos y documentos en el domicilio particular de alguno de los patrones, colaboradores o empleados de las instituciones, salvo que ese sea la sede de la institución.
Artículo 76. Cuando las instituciones presten con garantía hipotecaria, se sujetarán a las siguientes reglas:
A) y B). ...
C). El valor de los bienes objeto de la hipoteca, será fijado por avaluó hecho por alguna sociedad nacional de crédito.
D). ...
E). El plazo de los préstamos no excederá de diez años.
El pago deberá hacerse por el sistema de amortizaciones, en los términos que determine la Junta de Asistencia Privada.
Artículo 83. La Junta de Asistencia Privada es un órgano administrativo desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Salud, por medio del cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre las instituciones y asistencia privada.
Artículo 84. La Junta estará a cargo de un consejo de vocales integrados por:
I. Un presidente que será designado por el Secretario de Salud, y
II. Por ocho vocales designados entre personas de reconocida honorabilidad, mexicanos de nacimiento y quienes deberán desempeñar sus funciones personalmente. Dicho cargo es indelegable.
Al sector público le corresponde designar cuatro vocales por conducto de la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública y por el Departamento del Distrito Federal, los cuales nombrarán, cada uno de ellos, un vocal.
Los vocales restantes serán designados por las instituciones. Aquéllos podrán ser o no patronos de éstas y se designarán de acuerdo a la función asistencial predominante prestada por las instituciones de acuerdo a los siguientes rubros:
a) Asistencia a niños y adolescentes;
b) Asistencia al anciano;
c) Asistencia médica, y
d) Asistencia en la educación, económica, en especie u otras.
la designación de estos vocales, se hará por mayoría de votos, teniendo un voto cada institución y en caso de empate, decidirá el presidente de la junta.
Artículo 86. El presidente de la junta percibirá el sueldo fijo mensual que le asigne el presupuesto aprobado por la Secretaría de Salud. Las instituciones cubrirán a la junta una cuota de seis al millar sobre sus ingresos brutos, destinada a cubrir los gastos de operación de la junta, de conformidad con el presupuesto anual acordado y a los gastos extraordinarios autorizados por el consejo de vocales. los honorarios de los vocales representantes de las instituciones, serán fijados cada año por el consejo de vocales, debiendo cubrir las instituciones la parte alícuota o proporcional que les correspondan de acuerdo a sus ingresos.
Las cuotas a que se refiere este artículo, no formarán parte de los ingresos del estado, ni figurarán en sus presupuestos; serán pagadas por las instituciones mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la forma y lugar que señale la junta.
Artículo 88. Podrá haber sesión cuando concurran por los menos cinco vocales y las determinaciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes en el consejo, teniendo el presidente voto de calidad en los casos de empate.
Si un vocal fuera patrono o empleado de una institución, deberá abstenerse de opinar y votar en cualquier asunto relacionado con aquélla, y abandonará el salón de sesiones en el momento de tratarse dicho asunto.
Artículo 89. Las ausencias del presidente se suplirán por el vocal designado por la Secretaría de salud o, en su caso, por algunos de los vocales designados por el sector público, en el orden establecido en el artículo 84 de esta ley, lo cual se hará contar en el acta de sesión.
Artículo 91. Para el cumplimiento de sus fines, la junta tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar las normas internas de operación del consejo de vocales;
II. Autorizar la creación, modificación o extinción de las instituciones;
III. Autorizar los estatutos de las instituciones y en caso de no haber sido formulado por éstas, elaborarlos;
IV. Promover ante las autoridades competentes, el otorgamiento de estímulos fiscales;
V. Aprobar la declaratoria mediante la cual se autoriza la constitución de una institución y representar los intereses de esta última, entre la expedición de la misma y de la declaración formal de constitución de dicha institución;
VI. Ordenar la inscripción de las instituciones en el Registro Público de la Propiedad, en los términos mínimos de esta ley;
VII. Aprobar los presupuestos de ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos, de las instituciones, así como sus modificaciones, formulando los comentarios conducentes;
VIII. Aprobar el informe de labores que, en términos de esta ley y demás disposiciones, deba ser presentado ante ella por las instituciones;
IX. Defender los intereses de las instituciones en los casos establecidos en esta ley;
X. Formular sus proyectos de presupuesto, así como sus programas;
XI. Elaborar anualmente un informe general de los trabajos realizados durante el periodo;
XII. Sujetar la creación, operación, modificación o extinción de las instituciones a los programas de asistencia privada;
XIII. Opinar sobre la interpelación de esta ley y demás relativas, en caso de duda respecto a su aplicación, resolviendo las consultas que las autoridades o las instituciones les planteen en relación con las asistencias privadas;
XIV. Ayudar a los patronatos a la buena administración de los bienes de las instituciones; haciéndoles el efecto, las sugerencias conducentes para que, de acuerdo con sus objetivos y estatutos, presten de manera eficaz los servicios inherentes a sus objetivos;
XV. Vigilar que los capitales productivos de las instituciones se impongan de acuerdo con la presente ley y asimismo, que las operaciones que realicen sean llevadas a cabo con las debidas seguridades para que sean costeables;
XVI. Vigilar que los patronatos empleen los ingresos con estricto apego a lo que dispongan sus presupuestos de egresos e inversiones de activos fijos;
XVII. Vigilar que los patronatos cumplan con las disposiciones de esta ley y los estatutos;
XVIII. Vigilar que las instituciones cumplan con los fines para los cuales se constituyeron;
XIX. Revisar los estatutos de las instituciones, a fin de que los mismos se ajusten estrictamente a esta ley, cuidando especialmente que en ellos no se contraríe la voluntad de los fundadores. La junta indicará, en su caso, al patronato de una institución, las reformas que fueran necesarias a sus estatutos y les señalará un término de sesenta días para llevar a cabo dichas reformas:
XX. Autorizar a las instituciones todos los demás actos que se deriven de la presente ley y otras disposiciones aplicables, y
XXI. Las demás que le confiera la ley, la Secretaría de salud y otras disposiciones aplicables.
Artículo 121. Si el fundador o fundadores hubieren consignado en los primeros estatutos o en el escrito de solicitud para la constitución de la institución de que habla el artículo 13 de esta ley, la clase de acto de asistencia que deberá ejecutar la institución al cambiar de objeto, se estará a lo mandado por ellos.
En el caso de que los fundadores no hubieren previsto la desaparición de esa necesidad asistencial o un nuevo objetivo, la junta determinará el nuevo objetivo.
Artículo 128. Cuando la junta de asistencia privada resuelva la extinción y liquidación de una institución de asistencia privada, se nombrará un liquidador por el patronato y otro por la junta. Si el patronato no designare el liquidador que le corresponde dentro del plazo de ocho días hábiles, en su rebeldía hará la designación la junta de Asistencia Privada.
Cuando el patronato haya sido designado por la junta de Asistencia privada conforme a la fracción II del artículo 50 de esta ley, el nombramiento del liquidador será siempre hecho por la misma junta.
Artículo 147. Cuando los patronos incurran en faltas que no sean causa de remoción, la junta los amonestará y, en caso de reincidencia, les impondrá una multa por el equivalente de seis a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo 148. La resistencia de un patrono a separarse de sus funciones, una vez resulta su remoción conforme al artículo 108 de la presente ley, se castigará con seis meses a tres años de prisión y una multa de seis a sesenta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo 150. Los delegados, inspectores o auditores que rinden a la junta de Asistencia Privada informes que contengan hechos falsos, serán sancionados con un mes a dos años de prisión y multa de uno a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.
Artículo segundo. Se adiciona con los artículos 86 Bis, 93 Bis, 145 Bis y 161 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como siguen:
Artículo 86 Bis. Cuando las instituciones sin causa justificada no paguen dentro del mes correspondiente sus cuotas a la junta, en los términos del artículo 86 de esta ley, cubrirán adicionalmente como sanción un interés sobre sus saldos insolutos. El tipo de interés a pagar, se calculará sobre los rendimientos que por ese mes pague las sociedades nacionales de crédito en los depósitos a noventa días.
Los intereses que se cobren a las instituciones en mora, se destinarán a crear e incrementar un fondo de ayuda extraordinaria para las instituciones.
Artículo 93 Bis. La Secretaría de Salud, podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados para que, por medio de la Junta de Asistencia Privada, se les proporciones asesoría y asistencia técnica a fin de que se promueva la expedición de leyes estatales que favorezcan la creación de desarrollo de la asistencia privada.
Artículo 145 Bis. Las instituciones de asistencia privada, tendrán cada una de ellas un símbolo que las identifique como tales. Este símbolo será autorizado por la junta de Asistencia Privada, mediante las disposiciones que al efecto se emitan y deberá usarse en todo documento generado por las instituciones.
Las personas que se ostenten y funcionen como instituciones de asistencia privada, sin autorización de la Junta de Asistencia o que usaren la simbología a que se refiere el párrafo anterior, serán sancionadas con arresto hasta de treinta y seis horas y multa de tres a treinta días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de su responsabilidad civil.
Artículo 161. Las sociedades nacionales de crédito en donde se constituyan fideicomisos en beneficio de las instituciones de asistencia, privada deberán informar a la junta de asistencia privada la constitución de los fideicomisos de referencia, dentro de los primeros treinta días al en que suceda.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Las presentes reformas y adiciones entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se concede un plazo de sesenta días naturales contando a partir del que entren en vigor estas reformas y adiciones, para que las instituciones de asistencia privada legalmente establecidas usen y ostenten símbolo que para que para su identificación se prevé en el artículo 145 Bis.
Artículo tercero. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contravengan las presentes reformas y adiciones.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D.F., a 20 de octubre de 1986.
Comisión de Seguridad Social.
Guillermo Altamirano Conde, presidente; Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, Secretario; Fernando Abarca Fernández, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Eleazar Camarillo Ochoa, Rodolfo Mario Campos Bravo, Humberto Cervantes Vega, Porfirio Cortés Silva, Blas Chumacero Sánchez, José Delgado Valle, Ezequiel Espinos Mejía, Salvador Esquer Apodaca, Cristóbal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Tomás Gómez Castillo Sebastián Guzmán Cabrera, José Herrera Arango, Rafael de Jesús Lozano Contreras, Manuel Valenzuela, Manuel Monrreal Zamarripa, Heriberto Morales Arrollo, Diego Navarro Rodríguez, Pedro Ortega Chavira, Manuel Germán Parra Prado, Luis Pérez Díaz, Laura Rendón Castrejón, Serafín Roa Cortés, Macario Rosas Zaragoza, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Ismael Torres Díaz, Gaspar Valdes Valdes, Isaías Vazquez Mendoza, Patricia Villanueva Abrajam Agustín Villavicencio Altamirano, Jorge Doroteo Zapata García, Efraín Jesús Calvo Zarco, Partido Revolucionario de los Trabajadores; María de la Luz Gama Santillán, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Magdalena García Rosas, Partido Socialista de los Trabajadores, Hildebrando Gaytán Marquez, Partido Popular Socialista; Juan Manuel Lucia Escalera, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Javier Paz Zarza, Partido Acción Nacional; Eduardo Turati Alvarez, Partido Acción Nacional; Gerardo Unzueta Lorezana, Partido Socialista Unificado de México; Magdaleno Yáñez Hernández, Partido Demócrata Mexicano.
El C. presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, en la forma acostumbrada... Dispensada la segunda lectura.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Pido la palabra para una moción suspensiva.
El C. presidente: - Tiene la palabra la diputada Cecilia Romero para una suspensión.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Señor presidente; señores diputados: el dictamen al cual se le ha dispensado la segunda lectura en este momento, reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal.
La discusión de este asunto compete obviamente a los habitantes de la ciudad capital y es muy importante que la comisión correspondiente de esta Cámara, conozca su contenido y emita su opinión antes de que sea discutido por esta asamblea.
Naturalmente hubiera sido muy importante que desde un principio esta iniciativa hubiera sido turnada, aparte de a la comisión a la que fue hecha, también a la Comisión del Distrito Federal. Y no solamente esta iniciativa, sino todas aquellas que se presentan y que tienen que ver con el Distrito Federal.
Este es un problema del que ya hemos hablado mucho, ya hemos hablado suficientemente sobre la situación de ciudadanos de segunda que vivimos los habitantes de la ciudad capital. Hemos presentado en anteriores legislaturas, diferentes iniciativas para que se logre dar una solución a esta situación de injusticia que se vive en la ciudad capital, porque los capitalinos no tenemos la oportunidad de ejercer el derecho de elegir a nuestros representantes. Acabamos de presentar la sesión pasada, más bien dicho esta misma sesión, en su primero período del martes pasado, una iniciativa conjunta de cinco partidos políticos, para la formación del estado del Valle de Anáhuac, se ha hablado de que cada vez, es más urgente la implementación de las reformas necesarias para que el Distrito Federal tenga su Cámara de Diputados, tenga sus autoridades electas.
Esto todavía no se da. Seguiremos insistiendo en que se dé, pero mientras esto no suceda, es importante que cuando menos la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, conozca y emita su opinión sobre todas aquellas iniciativas que competen al Distrito Federal, es por eso que consideramos que no puede dictaminares y no puede ponerse a discusión del pleno, una iniciativa sin que la Comisión correspondiente del Distrito Federal, tenga conocimiento sobre ella y emita su opinión, como ésto no ha sido hecho, es por lo que en este momento, presento una moción suspensiva que voy a dejar en manos de la secretaría y que leo así:
"Con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno interior del congreso, propongo moción suspensiva a la discusión sobre la iniciativa de decreto, que reforma y adiciona la ley de instituciones de asistencia privada del distrito federal; enviando por el presidente de la república, con el fin de que la comisión del distrito federal, conozca y emita su opinión al respecto.
A 23 de octubre de 1986.
Firma su servidora».
Es importante que esto se tome en cuenta, porque no podemos permitir que se pueda dictaminar y se pueda disponer en el pleno, una iniciativa sin que tenga la opinión de la comisión respectiva del distrito federal. Gracias.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto señor diputado? como impugnador. Pase usted a la tribuna.
El C. Bulmaro Andrés Moreno: - Señor presidente; honorable asamblea: la propuesta que acaba de hacer la ciudadana diputada que hizo uso de la palabra, a nosotros los miembros de la comisión de seguridad social, la fracción priísta no nos parece, porque esta iniciativa de decreto que reforma varios artículos de la ley de instituciones de asistencia privada para el distrito federal; fue conducido de acuerdo a reglamento y entregado a la comisión de seguridad social en su respectivo tiempo, y la comisión de seguridad social, citó a dos reuniones donde se discutió, se analizaron los 27 artículos que se reforman y a los cuatro que se propone adicionar a esa asamblea.
Aquí hubo discusiones, donde participaron diputados del partido demócrata mexicano, diputados del partido socialista Unificado de México, la fracción de diputados del partido revolucionario institucional; y también participaron en su calidad de miembros de la comisión, el diputado Javier Paz del partido acción nacional, en las dos reuniones en la primera, en donde hubo una discusión artículo por artículo y una explicación de los propósitos de la reforma que se pretende y de la adición de los otros cuatro. Hubo discusiones e incluso se aceptaron propuestas de reformas al dictamen, propuestas por una diputada del partido socialista unificado de méxico y hubo plena libertad, estuvo abierta la comisión a recibir todo este tipo de sugerencias; por eso a nosotros nos parece que la propuesta de la diputada Cecilia Romero del partido acción nacional, es inoportuna, no procede, y que la iniciativa de reformas a la ley de instituciones de asistencia privada del distrito federal, ha sido plenamente discutida y aprobado el dictamen aprobatorio por la mayoría de los diputados de la comisión. Por tanto, pido a usted, se pida se deseche esta propuesta de la diputada de acción nacional. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene cinco minutos el diputado Javier Paz Zarza, para hechos.
El C. Javier Paz Zarza: - Señor presidente: señoras y señores diputados: en primera instancia, creo que es importante lo que señaló la diputada Cecilia Romero de que la comisión del distrito federal conozca esta ley en particular.
Normalmente a los ciudadanos del distrito federal se les ha considerado menores de edad, y hoy día a la propia comisión del distrito federal se le hace a un lado en un punto tan importante como es esta ley.
Respecto a lo que mencionó el diputado Pacheco, creo que es importante señalar que hubo efectivamente dos reuniones de la comisión de seguridad social, en las cuales las únicas personas que opinaron fueron, o los partidos independientes, o la persona enviada por el Ejecutivo para
contestar. Lamentablemente no hubo oportunidad de escuchar puntos de vista por parte de los diputados del partido oficial; quien contestaba cualquier argumento era el jefe del Jurídico de la secretaría de salud. Lamentablemente los señores diputados del partido revolucionario no opinaron en absoluto un solo punto de vista; se dio lectura a los artículos, se escuchó el punto de vista de la compañera del partido Socialista Unificado de México, y de los compañeros de acción nacional, y sin escuchar un solo argumento de los compañeros que conforme la mayoría relativa, se votó este dictamen.
Creo que es superficial el análisis. Es importante que la Comisión del Distrito Federal conozca y profundice sobre esta iniciativa de ley, por lo tanto solicito que se vote a favor de esta proposición de la compañera Cecilia Romero. Gracias.
El C. presidente: - En los términos del artículo 110 del reglamento, pregunte la secretaría si se toma en consideración inmediatamente la proposición suspensiva.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica. Si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada por la diputada Cecilia Romero Castillo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo de igual manera ...Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el diputado Bulmaro Pacheco Moreno por la comisión, para fundamentar el dictamen.
El C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno: - Señor presidente; compañeros diputadas y diputadas: el derecho a la protección de la salud, es una garantía constitucional que disfrutamos los mexicanos tal y como lo establece el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra carta magna.
En la actualidad, cerca de 70 millones de mexicanos, tienen acceso a los servicios de salud y seguridad social. En este proceso concurren los esfuerzos del gobierno federal através de la secretaría de salud. Los gobiernos estatales, el departamento del distrito federal, la secretaría de la defensa nacional, Marina, el Desarrollo Integral de la Familia, el seguro social, el Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, los hospitales de algunas organizaciones sindicales y los particulares. Entre todos ofrecen la posibilidad de atender a la mayoría de los mexicanos para garantizar el disfrute real de la garantía constitucional aludida.
Más y mejores esfuerzos se hacen hoy por responder a la demanda de la sociedad en materia de salud, ha habido avances, la legislación se ha modernizado, la administración pública se ha reestructurado y nuevas y mejores bases de coordinación funcionan hoy para alcanzar con éxito los objetivos trazados en los programas de gobierno.
La sociedad tiene ahora una mayor participación y un número cada vez mayor de mexicanos de involucran en la prestación de los servicios de salud y asistencia social de las grandes ciudades, hasta las comunidades más apartadas.
Sin embargo, el reto de sumar a la población marginada, la que todavía no está incorporada a ningún tipo de servicio, la que no disfruta de sistema de seguridad social alguno, es vigente y la demanda es contante.
Son cerca de ocho millones de mexicanos los que están al margen de los servicios de salud. En el distrito federal son aproximadamente 700 mil. Otros más, por efectos de la desigualdad social y económica, carecen de lo esencial, rayan en la indigencia en el distrito federal cerca de 150 mil personas.
La política de salud del gobierno mexicano es muy clara, la ley general de salud, contempla entre sus apartados a la asistencia social como un mecanismo tendiente protección a la población marginada: ancianos, mujeres abandonadas, niños desamparados, indigentes y otros grupos sociales que padecen en carne propia las peores manifestaciones de desigualdad persistente que se padece el algunos sectores de la sociedad mexicana. En las tareas tendientes a lograr la atención a estos grupos, el Estado mexicano a través de sus funciones, hace el esfuerzo, se avanza, se busca y se obtienen resultados concretos. En esta tarea ha sido importante también la participación de las instituciones de asistencia privada, fundaciones, asociaciones y juntas de socorro, que con estructuras definidas, marco jurídico, recursos y equipo, se suman también al esfuerzo de brindar atención a la población que lo requiere en la mayoría de los casos.
La evolución de este tipo de instrucciones ha sido gradual y se han ido adaptando al desarrollo histórico y social de nuestro país, con respecto al marco jurídico y a la coexistencia de las iniciativas públicas y privada.
Nosotros concebimos a la beneficencia privada como un acto de solidaridad social, no caritativo, de respecto a la dignidad y una acción de desprendimiento de quienes menos necesitan a quienes más requieren para su subsistencia.
La asistencia privada se ha ampliado y ha avanzado en el país, en el Distrito Federal se cuenta hoy con cerca de 164 instituciones de asistencia privada, afiliados a la junta de asistencia privada coordinada por el sector salud.
La asistencia tanto pública como privada, conforme un subsector específico del sector salud y del sistema nacional de salud, el cual observa su fundamento constitucional tanto en el artículo 4o. párrafo 3o. de nuestra constitución que establece el derecho a la protección de la salud, así como en el artículo 73 fracción XVI, el cual faculta al congreso de la unión para legislar sobre la materia de salubridad general.
La ley general de salud reglamentaria de dichos artículos constitucionales, define lo que es la salubridad general. En la fracción XVIII de su artículo 3o., se establece la asistencia social como uno de los rubros de la salubridad general, siendo pues la asistencia social y la asistencia privada materia con ésas en su contenido, se ha establecido esta sectorización como la hemos mencionado, a fin de darle mayor congruencia a las acciones tanto de regulación, como de ejecución de la asistencia social, con la asistencia privada.
Este agrupamiento por materia, nos permite un mejor y eficaz control de las actividades relacionadas con la asistencia, de las cuales se encarga de realizar tal vigencia de secretaría de salud a través del órgano desconcentrado denominado junta de asistencia privada.
La iniciativa de decreto que reforma y adiciona la ley de asistencia privada para el distrito federal que hoy se presenta a consideración y aprobación de esta asamblea, tiene los siguientes propósitos:
Primero. Enriquecer la participación del estado en la regulación de las actividades y de la asistencia privada, incorporando a los individuos y a grupos necesitados a una vida plena y productiva, con respeto pleno a la decisión que en este renglón tomen las particulares.
Segundo. Agilizar, e invocar las legislación, adecuándola a los avances en los procesos sociales.
Tercero. Modernizar la legislación relativa a la asistencia, y consolidar el fortalecimiento de la asistencia con un sentido de simplificación administrativa y de beneficio general.
Cuarto. Reordenar y racionalizar la participación de los representantes de las instituciones de asistencia privada, en un contexto de colaboración y coparticipación.
No se trata de establecer un mayor control, tampoco de inhibir la participación de los particulares, ni de hacer más rígidos los mecanismos de regulación de la ley con las instituciones, mucho menos de invadir esferas y limitar acciones, la ley es clara y precisa.
En el artículo 9o. párrafo cuatro de la ley vigente, queda establecido que el estado sólo tiene facultad para vigilar e inspeccionar la administración de las instituciones de la asistencia privada, y el artículo 83 vigentes, al referirse a la junta de asistencia privada, le señala la función de cuidado y vigilancia que le competen a ésta sobre las instituciones referidas, en la reforma propuesta, a quedar un ejercicio de vigencia y asesoría del poder público a través de la junta, que en esta reforma a la ley, queda completada como órgano administrativo desconcentrado por función y subordinado a la Secretaría de Salud.
Se propone la reforma de 27 artículo de la ley vigente y la adición de cuatro, se reforma el 1o. 13, y 17, asimismo el 40, 41, 42, 43, y 44; el 51, fracciones II y V; 53, fracciones XVI, LIV, LVII, LVIII, LIX, LXVII, incisos c) y e); 83 y 84, 12, fracción I y II; 86, 88, 89, 91, 121,128,147, 148, 150; y se propone la adición de los artículos 86 bis, 145 bis, y 161, relacionados con el orden mencionado, con la constitución de las instituciones, donativos, aportaciones del trabajo, voluntarios, obligaciones de patrones y patronatos, su contabilidad, la conformación y atribuciones de la junta de asistencia privada y de sus miembros, que de siete vocales, pasan a nueve con la reforma propuesta y de 13 atribuciones, pasa a tener 21, con la reforma también propuesta al artículo 91; y el último sobre la modificación y extinción de las instituciones de asistencia privada.
Asimismo, se propone la adición de cuatro artículos se refieren a sanciones al incumplimiento del artículo 86, posibilidad de coordinación con los gobiernos de los estados, para que la junta de asistencia privada les brinde asesoría y asistencia técnica, a quien lo solicite de esos gobiernos, a fin de que se promueva la expedición de leyes estatales que favorezcan y el desarrollo de la asistencia privada, así como lo referente a la simbología de las instituciones y constituciones de fideicomisos.
Esta reforma se suma a las que han sido realizadas a la presente ley publicada en el Diario Oficial de
la Federación en julio de 1943, febrero 1944; marzo de 1948; diciembre de 1974 y su fe de errates, del 13 de marzo de 1975 y 15 de mayo de 1978.
La iniciativa propuesta pone el acento en propiciar la concretación de esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Para tal efecto, se propone facilitar los mecanismos de acción de la asistencia privada, haciéndolos más ágiles y eliminando requisitos que se presentan en el texto de la ley vigente, como es el caso de los donativos.
Se busca además promover las actividades asistenciales privadas, se reitera no se busca una mayor regulación, sino darle mayor efectividad a la existente, a fin de promover tales actividades dentro de un marco jurídico adecuado.
No podemos soslayar la importancia que ha tenido México la beneficencia privada desde la Colonia hasta hoy, como servicio, apoyo, actividad concurrente, coordinada y de solidaridad social reconocida incluso en la fracción III del artículo 27 constitucional.
Basta mencionar a cinco instituciones ejemplares como muestra, entre otras, la Cruz Roja; el hospital de asociación para evitar la ceguera en México, El Hospital de la Luz; El Hospital de Jesús; en el Distrito federal, y las fundaciones Pozo Rodríguez de Sonora.
Gracias a la concertación, a la coordinación, al estímulo y al reconocimiento de esta actividad, contra todo lo que se pudiera decir, el número de instituciones ha aumentado. En 1942 por ejemplo, había 60 instituciones en el distrito federal; 84 en 1964, 95 en 1966 y hoy, en 1986, funcionaran 164 instituciones de asistencia privada, en 199 establecimientos en el distrito federal, extendiendo su cobertura a la protección; aquí mismo, a cerca de 150 mil personas en asistencia diversa, a niños, adolescentes y ancianos; servicios médicos, educativos, económicos, en especie y otros.
El reto por superar los rezagos sociales en el distrito federal y en el país en su conjunto, es contante y una responsabilidad moral y política que concierne a todos. La política social en su intención, redistribución de todos los ciudadanos. No bastan los esfuerzos aislados, la cobertura de servicios de salud y seguridad social y de asistencia pública y privada, debe de ampliarse, mejorarse, lograr mayor eficiencia y buscar el objeto fundamental, revolucionario por excelencia: la justicia social.
Por las razones expuestas, señor presidente, me permito solicitar a esta soberanía, que en su momento se vote en favor del dictamen presentado por la Comisión se seguridad social. Muchas gracias.
El C. presidente: - Esta presidencia informa que se han inscrito para discutir en lo general, en contra , los siguientes diputados: Josefina Sánchez, Javier Paz Zarza y Magdaleno Yañez. Y en favor, los diputados: Bulmaro Pacheco , José Ramón García , Hildebrando Gaytán, Macario Rosas, Dario Maldonado, Graco Ramírez, José Angel Aguirre y José Berder.
Siendo las 14:00 horas, se suspende la sesión y se reanudará a las 16:30 horas, explicándoles a todos su atenta asistencia a la hora indicada.
(Receso.)
El C. presidente: - Se reanuda la sesión ( a las 16:30 horas). Tiene la palabra la diputada Josefina Sánchez.
La C. Josefina Sánchez Ponce: - Compañeras y compañeros diputados: he pedido el uso de la palabra para fundamentar la posición de mi partido, ante la iniciativa que ahora discutimos. Nuestro grupo parlamentario considera que si bien, pueden ser positivas las reformas que se introducen a la ley que regula a las instituciones de asistencia privada en el distrito federal, estas no son relevantes en sí misma, y lo que es más importante, nos parecen insuficientes para enfrentar los verdaderos problemas de salud y de asistencia social de los mexicanos.
Queremos aclarar, que de ninguna manera estamos en contra de fortalecer las acciones de asistencia social; por el contrario hemos sostenido en forma reiterada en este y en otros foros, que se le deben dar mayor importancia a todas aquellas acciones que de alguna manera contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los grupos marginados que además se han visto deterioradas en los últimos años y que aún estamos muy lejos de poder considerar que ya se ha hecho todo en materia de asistencia social, privada o pública; sin embargo, lo realmente importante y urgente es la necesidad de emprender acciones de fondo en materia de salud y seguridad social. Actualmente tenemos noticias y evidencias concretas de que el grado de deterioro de la salud de muchos mexicanos alcanza niveles preocupantes, la tasa de mortalidad infantil ha empezado a aumentar desde hace tres años, los casos de muerte por desnutrición se están multiplicando. Es evidente los efectos de este retroceso se agravan al disminuir la capacidad de atención médica de las
instituciones de salud y de seguridad social, así como también las de asistencia.
Ante eso, no podemos permanecer indiferentes, ni como representantes populares ni como mexicanos. Por ello estamos convencidos de la urgencia de ampliar el gasto público en salud y seguridad social y de tomar otras medidas que vayan a la raíz de estos problemas.
La situación actual exige modificar las bases sobre las que han venido operando los servicios de salud en general, incluyendo a la asistencia social, no sólo para dedicar más recursos a la atención de la población, sino para reorientar los actuales programas hacia una política de prevención en las enfermedades. De fortalecimiento de los ingresos de las familias más necesitadas y de creación de empleos.
Compañeras y compañeros: y si bien ya algo se mencionaba en la exposición anterior, la constitución consagra el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, este derecho hasta ahora, está aún muy lejos de ser una realidad. Estas reformas que ahora se presentan no contribuyen en forma significativa a garantizar lo anterior, por eso no estamos exponiendo; el partido socialista unificado de México se abstendrá en esta votación. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. Hidelbrando Gaytán Márquez: - Señor presidente; señoras y señores diputados, la ley del sistema nacional de asistencia social, marco general en el que se inscribe la asistencia privada que hoy nos ocupa, define en dos aspectos el enfoque y tratamiento de la asistencia social.
Por un lado, el conjunto de acciones para modificar y mejorar las condiciones de carácter social, que impiden el desarrollo pleno del individuo y por otro, la protección física, mental o social a personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o metal.
Como puede verse, uno de los enfoques mira a atacar las causas que produce que esta serie de mexicanos esté en condiciones de desventaja social. Y por otro lado, otras acciones atienden a la situación como se encuentra de desventaja, para darles una solución inmediata aunque no de fondo sino de corte transitorio. De esta manera la asistencia privada, desde nuestro pueblo de vista ataca a los efectos y no a las causas. La Ley de Asistencia privada en el distrito federal mantiene las características que la defiende como humanitarias, como un servicio no de lucro y destinada sin hacer distinciones a los que va dirigida.
Las instituciones de Asistencia Privada pueden ser fundaciones, asociaciones y en situación transitoria ante casos emergentes, las juntas de socorro. Nosotros consideramos importante dentro de la reforma que se hace a una parte del artículo de la ley, el hecho de que la junta de Asistencia Privada, esclarece su función y se enriquece inclusive para poder coordinar mejor, y aumentar su vigilancia con este tipo de asociaciones privadas.
Por un lado, se prevé que los gastos en cuenta corriente, no deben ser mayores que las cantidades que tenga que canalizar en inversión o en asistencia. Determina que las instituciones, es decir las asociaciones privadas presenten no solamente el presupuesto, la cantidad que considerablemente van a mejorar durante un año, sino una vez transcurrido ese período presenta un informe de ¡cómo fueron los ingresos y los egresos y qué fueron destinados? También es importante, que los donativos, herencias o legados destinados a la asistencia privada en general cuando no llevan un curso particular, sino que son otorgados en los general, los recibe la junta de asistencia privada, que es el órgano desconcentrado de la secretaría en estos menesteres, y ésta los canalice de acuerdo con su programa y de acuerdo con las necesidades de las diferentes asociaciones. Y otros aspectos más importantes en la intervención que tiene el estado en este ramo.
La asistencia privada, en nuestro punto de vista, tuvo su auge en una época en que se desconocían las leyes objetivas del desarrollo social y el papel también de la apropiación privada de los medios de producción, enmascarándose las causas que originaban las clases sociales.
En esas condiciones, si ignora que la desigualdad social podría suprimirse en la sociedad, como ya ha sucedido en nuestra época y en varios países, y en otros se han tomado medida importante para desarrollar la seguridad social, y sobre todo promover una distribución menos injusta de la riqueza.
Los que añoran a las asociaciones de asistencia privada, con la connotación del México colonial, no pueden desconocer por otra parte que el altruismo de "muchos benefactores" - entre comillas - es a costa de beneficios fiscales que ayuda a sus bolsillos y les lleva tranquilidad a su conciencia en los bienes que han adquirido.
Por eso, en opinión del partido popular socialista, que va a votar a favor de esta medida, sin
embargo no puede dejar pasar que piensa que no es por el lado de la asistencia privada como se van a solucionar los problemas de este sector de la población, sino en el otro sentido que establece en función de la asistencia social, es decir, en el cambio de las condiciones económicas y sociales del pueblo, Y por otro lado, con la ampliación de la seguridad social en manos del Estado como está ya, función del desarrollo integral de la familia. Que atiende aspectos diversos, como es la prevención y rehabilitación de inválidos, la orientación nutricional, el desarrollo integral de la familia, el desarrollo a zonas marginadas, la vigilancia y aplicación de la legislación laboral en el caso de los menores y otros aspectos más.
Por eso pensamos que al imponerte trabajo que se ha hecho hasta hoy por el Estado, debe dársele la mayor fuerza a estas instituciones del estado, como es el desarrollo integral de la familia. Podemos apreciar que el desarrollo integral de la familia ha aumentado las atención de la seguridad y la asistencia de 4.3 millones en 1982, a 7.3 en 1986. Que los minusválidos que atendía en 1983, que eran 325 mil en 1986, se informa son 542 mil; los ancianos en estado de abandono que en 1983, eran 153 mil en este año son 844 mil. Esta es la institución que desde nuestro punto de vista debe seguirse fortaleciendo, sin desconocer el papel eventual de las asociaciones privadas que ahora ocupa la ley con la iniciativa a discusión.
Pero, insistimos, en que lo más importante es el ataque de fondos a las cuales de la pobreza, de la mala nutrición, la falta de condiciones higiénicas de la vida familiar, muchas veces por la carencia de vivienda popular. Asimismo, siendo nuestro concepto que la seguridad se fortalezca y se amplíe y no demerite en los servicios que ya ofrece, como en los aspectos normativos que tiene, es en este caso nuestra preocupación también de que con un Estado económicamente más fuerte y no el estado débil al que quieren colocar algunos funcionarios del gabinete económico, sino con un estado dentro de la vía de la revolución mexicana, es como se seguirán las bases y la garantía de que la seguridad social sea una realidad y haga justicia al esfuerzo del trabajo del pueblo y al derecho a la salud consagrado en la constitución. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Yáñez Hernández.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: - Señor presidente; señoras y señores diputados: tengo para reflexionar sobre la presente iniciativa y la posición que tomará fracción, debido que si bien es cierto que se necesitan instituciones que vengan a complementar la seguridad social en nuestro país, pues, en este caso creemos que en la presente iniciativa de reformas a la ley de la salud, no encontramos ningún avance, ya que solamente se vienen a reglamentar instituciones que ya existen. Además de que hay ciertas cargas que aún sería un poco más engorroso su servicio, si fuera alguna aportación nueva, esto debería hacer que se crearan instituciones nuevas que vinieran a dar atención a una gran cantidad de mexicanos que están desvalidos. Hay una gran cantidad de niños que duermen en los pasillos del metro o debajo de los puentes, que andan vendiendo chicles y que aún en ocasiones se tienen que esconder de la policía porque los persiguen.
En este aspecto creo, que es donde hace falta más la atención para los niños desvalidos, para los ancianos o para los inválidos que deambulan por la ciudad de México y por otras ciudades del país.
Pero aquí no se presenta una nueva opción, no hay nada nuevo, solamente se reglamenta algo que ya existe, algo que el estado no ha creado, lo importante sería que el estado pues si bien reformara esta ley era para que se crearan otras instituciones que vienen a dar servicio a algo nuevo, no lo que ya existe. Por lo que creemos que no existe ningún adelanto en el aspecto de la seguridad social, por lo tanto nos abstendremos.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado José Aguirre Romero.
El C. José Aguirre Romero: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: actualmente existen aproximadamente 10 millones de mexicanos que viven de la caridad, los cuales de alguna manera se encuentran asistidos por instituciones de beneficencia privada o pública; y aunque en el pasado pedir caridad era una actitud hasta denigrante, en nuestros tiempos la cruda realidad económica de nuestro país, agravada por la crisis, ha hecho que un número mayor de personas recurran a ellos, niños, jóvenes y ancianos en su mayoría carecen de lo mínimo, indispensables para subsistir, acuden a instituciones de beneficencia en busca de aliviar su precaria situación.
Por otro lado, es también cierto que el presupuesto para los organismos de asistencia social es raquítico e insuficiente. La secretaría de salud dispone de un presupuesto promedio de mil pesos anuales por derechohabiente para este precepto, lo cual resulta dramático si consideramos que existen no pocos mexicanos sin ninguna posibilidad económica para tratarse y que requieren rehabilitación, atención médica especializada, tratamiento psiquiátrico o simplemente medios para subsistir.
Ante esta innegable realidad, se hace necesaria la optimización de programas que contribuyan a dar asistencia a los habitantes de las zonas marginadas tanto del campo como de la ciudad. Programas, que aunque dispongan de recursos financieros limitados, alivien temporalmente la situación de algunos de nuestros compatriotas.
Nuestra opinión, ante esta situación, es que no obstante que deben tomarse medidas de este tipo, las cuales consideramos no son más que una contención ante una crisis que día a día genera más pobres; es necesario buscar todas posibilidades que aminoren las consecuencias de dicha crisis, pues es preocupante que en los centros urbanos, el 20% de los mexicanos sean considerados pobres y el 6%, indigentes.
Y aún más, que en las zonas rurales la situación se torne más grave todavía, pues casi la mitad de los hogares se ubica en la línea de la pobreza y la quinta parte, en la indigencia, por no decir en la miseria.
Los paliativos para resolver esta situación, pueden ser muchos, pero la realidad es que por otro lado los problemas de fondo como la inflación constante, los elevados índices de desempleo y subempleo, la perdida del poder adquisitivo, los altos porcentajes de desnutrición y, en resumen, la recesión de nuestra economía, no han sido resueltos y aunque son estos algunos de los retos fundamentales a enfrentar para lograr que menos mexicanos vivan niveles graves de subsistencia, resulta en este momento positiva una incitativa del Ejecutivo que pretenda reformar y adicionar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, en el Distrito Federal, pues consideramos que con ello se permitirá de alguna manera modificar, el marco jurídico en el cual actúan dichas instituciones, se podrá también regular la acción de los particulares, a fin de que las actividades que realiza no dejen de cumplir con un carácter meramente solidario y de asistencia y lo que puede ser más positivo, es que se pretendiera que las instituciones de asistencia privada sean más eficientes al distribuir sus recursos para ampliar la cobertura de sus acciones.
Otro aspecto importante de la iniciativa del Ejecutivo que hoy nos ocupa, es sin duda que de ser aprobada, se permitirá eliminar requisitos para que las instituciones de asistencia privada reciban donativos, herencias o legados y, por otro lado, que con ella se abra la posibilidad en la ley de que existe un sistema de estímulos fiscales para aquellas personas que realicen donaciones, lo cual puede redundar en un incremento de ellas.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, por mi conducto manifiesta a esta honorable asamblea su voto a favor de la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado José Berber Sánchez.
El C. José Berber Sánchez: - Señor presidente; honorable asamblea: me he inscrito a favor del dictamen de la iniciativa de ley que nos ocupa, merced a que la encuentro consecuente con propósitos fundamentales de la nación. En diciembre de 1983 se elevó a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, meta importante que debemos lograr los mexicanos a corto, mediano y largo plazo, trabajando todos los días, en diferentes frentes; toda vez que la salud, como se ha dicho aquí en más de alguna ocasión, no solamente es ausencia de enfermedad, sino es un completo estado de bienestar físico, mental y social.
El día en que México construya menos hospitales y más sistemas de agua potable; el día que México construya menos unidades de concentración para la atención especializada y construya más caminos, más escuelas, comunique mejor a los mexicanos, estaremos aproximándonos seguramente a esta concepción maravillosa de la salud.
Creo que es necesario precisar algunos conceptos: esa definición de la salud a la que me he refiero, solamente se logra a través de un camino que ciertamente México ha iniciado hace muchos años y ha venido progresando paulatinamente, es la seguridad social. Instrumento extraordinario que vela por el individuo desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte. Pero la seguridad social no se consigue por decreto; es una consecuencia del desarrollo de los países. Y nosotros tenemos que partir de un hecho fundamental, las instituciones de la seguridad social en México cubren una población ciertamente importante del país. Y a través de la capacidad instalada de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se cubre también un importante número de mexicanos.
La calidad de las prestaciones son más importantes desde su menor costo que este se va elevando y se va reduciendo naturalmente a grupos más pequeños. Llega prácticamente a todos los mexicanos. Seguramente a todos los mexicanos, así nos los dicen algunos indicadores fundamentales a los que me voy a referir, la educación para la salud, la prevención específica a través de múltiples vacunas que todos ustedes conocen y mediante las cuales se han abatido las tasas de morbimortalidad de manera sensible. Me refiero al sarampión, me refiero a la tosferina, me refiero a
la tuberculosis, a la poliomielitis, para la que hay campañas específicas.
Después viene la atención médica oportuna. Después la limitación de lesiones que esa es la cirugía básicamente y finalmente la rehabilitación. La rehabilitación es de los renglones más costosos junto con la asistencia social.
La presente ley tiende a aprovechar los recursos disponibles. Por una parte, seguimos desarrollando a través de la seguridad social y cubriendo un mayor número de mexicanos; por otra parte a través de la capacidad instalada de la Secretaría de Salubridad y Asistencia dar mejor medicina preventiva, proporcionar mejor medicina preventiva y mejor y más numerosa atención médica oportuna tan importante para hacer descender las tasa de mortalidad; no es lo mismo atender a un niño cuando comienza con los síntomas primarios de un padecimiento, a atenderlo veinticuatro horas después y setenta y cuatro horas después. Y decía hay también un buen número de mexicanos, que ejercitando un sentimiento de solidaridad simplemente manifestando su altruismo, contribuyen diariamente a hacer más llevadera esta carga tan pesada que es la atención de la salud.
La presente iniciativa de ley a mi manera de ver, tiende a darle una unidad orgánica, jurídica, administrativa y técnica a todas estas instituciones, inicialmente en el Distrito Federal, pero después como se verá en el artículo 9o, bis faculta a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que celebren convenios con los gobiernos de los estados y se pueda también replicar esta ley a la que nos estamos refiriendo. Estas instituciones de asistencia social, en el Distrito Federal son un buen número de asistencia médica, en un buen número también de asistencia a los niños y a los adolescentes, a los ancianos, básicamente ahí están el 90% de las instituciones en el Distrito Federal, el resto son de rehabilitación y otras.
Ciertamente, tiene un gran valor el altruismo, tiene un gran valor el sentimiento de solidaridad, pero si se trabaja exclusivamente con estos valores fundamentales, sin actualizarse medicamente, para poderles dar una atención adecuada a los niños, a los ancianos, entonces, ese sentimiento de altruismo y de solidaridad se nulifica.
Son casi 170 unidades de esta naturaleza de asistencia privada en el Distrito Federal; si todas ellas trabajan con programas establecidos como dice la iniciativa de ley a la que nos hemos estado refiriendo, si son evaluados los programas de trabajo y presentan sus prepuestos, y estos son sujetos también a auditorías periódicas para ser rendir óptimamente este recurso, si podemos evaluar la naturaleza del trabajo de todas estas unidades, seguramente que serán una contribución positiva al Sistema Nacional de Salud, seguramente serán contribución poderosa para la salud de los mexicanos.
Yo siento que este es esencialmente el ángulo positivo; van a estar uniformadas bajo criterios médicos actualizados, criterios administrativos actualizados, y si esto a mi manera de ver, en muy corto plazo nos va a dar seguramente resultados altamente positivos.
No es esta una vía para lograr la meta de salud, simplemente es un recurso más que debemos aprovechar para poder hacer efectivo este derecho constitucional, el derecho a la protección de la salud, por lo tanto me inclino, compañeros, y los insto también a ello, para que nos pronunciemos en favor de la iniciativa de ley de referencia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido señor presidente.
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un sólo acto.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la oficialía Mayor haga los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 162 votos a favor y 43 abstenciones.
El C. presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 162 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 43 y 91 fracción VII, 19 y 36.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 43.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 43 el diputado Paz Zarza. Y para hablar en pro los diputados Guillermo Altamirano, Porfirio Cortés y José Ramón García Soto.
Tiene la palabra el diputado Javier Paz Zarza.
El C. Javier Paz Zarza: - Señor presidente; señoras y señores diputados: nosotros consideramos que la asistencia social es tarea de todos los que estamos en nuestra sociedad, el régimen de seguridad no debe excluir en ningún caso la participación, tanto del sector público como del privado, e incluso se debe promover en todo lo que fuera necesario la participación de todos los sectores de la sociedad.
el caso es que en el artículo 43 dice textualmente: "Los donativos efectuados a favor de las instituciones hecho conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse una vez perfeccionados", sin embargo, se admite la reducción de donaciones en los términos del Código Civil que este en su artículo 2348 habla sobre la obligación del donante de ministrar alimentos.
Nosotros consideramos que es recomendable que este artículo 43, señale cualquier caso en el que el donante pretenda desviar ese donativo sin cumplir una obligación. Es decir, nosotros estamos proponiendo que ese artículo 43 incluya el aspecto parcial del Código Civil y se refiera a cualquier ordenamiento legal.
Es decir, proponemos que diga: "Los donativos efectuados a favor de las instituciones hechas conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse una vez perfeccionados, sin embargo, se admite la reducción de las donaciones cuando así lo estipulen otras disposiciones legales".
A efecto de dar claridad a esta proposición, queremos señalar un ejemplo. En el supuesto de que un empresario sea obligado a pagar una obligación por un lado y él para eludirlo hiciere algún donativo a alguna institución de beneficencia, automáticamente pretendería él desligarse de esa obligación.
En este caso particular consideramos que los derechos del trabajador están por encima de la voluntad de donar estos bienes. Por eso mismo la ley debe contemplar cualquier otro caso que las disposiciones legales señalen para efecto de los requisitos de donativos.
Entonces concretamente, es al proposición que estamos haciendo nosotros.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado José Ramón García.
El C. José Ramón García Soto: - Muchas gracias, señor presidente; honorable asamblea: nos ha tocado en esta ocasión presentarnos ante este honorable pleno en apoyo al dictamen de la ley que esta asamblea se está sometiendo a consideración de los ciudadanos diputados, y en particular al artículo 43 de la iniciativa de reformas y adiciones a la ley de instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
En el concepto particular del que habla, consideramos haber tenido la oportunidad de estudiar minuciosamente en las secciones de comisión respectiva el contenido de este importante documento que no encierra en sí, más que un aspecto de carácter filantrópico en el pleno ejercicio de sus mandatos constitucionales.
Si bien es cierto que el artículo 43 del mandamiento en discusión dice que los donativos efectuados a favor de las instituciones hechas conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse una vez perfeccionados; sin embargo, se admitirán la reducción de las donaciones en los términos del artículo 2348 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los deba conforme a la ley de proporción que señale el juez competente.
Los mecanismos establecidos en el artículo 43 tienen algunas finalidades de haberse plasmado en la reforma que se está sometiendo a consideración de ustedes, no tiene más objetivo que establecer esos mecanismos para prever en cualquier momento un posible fraude de carácter fiscal o en su caso...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, ¿Me permite hacerle una interpelación? Le ruego le pregunte.
El C. presidente: - si el orador lo permite, con mucho gusto.
El C. José Ramón García Soto: - Con todo gusto, licenciado.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - señor presidente, gracias, señor diputado: en esta ley se
esta estableciendo un control y una vigilancia en la cuestión interna de las instituciones de beneficencia. ¿Usted cree que una institución filantrópica, bien sea persona moral o bien sea persona física, que lo haga por filantropía, que de esas hay muchas en el país, estuviera de acuerdo con que el Estado interviniera para probarles sus presupuestos de ingresos y egresos, por ejemplo: ¿para elaborarle sus estatutos sino los elaboran ellos? ¿Estaría de acuerdo usted en que el Estado tuviera ese tipo de intervenciones y limitar de esa manera la participación de muchas agrupaciones en este tipo de instituciones?
El C. José Ramón García Soto: - Señor diputado, en mi concepto creo que para darle personalidad jurídica al órgano que en este caso se puede crear en base a la ley, y subsecuentes tramitaciones ante las dependencias oficiales y para efectos fiscales, inclusive, creo que sí es necesario que esté supervisada, que esté controlada, organizada, integrada por la propia junta de la Secretaría de Salud.
Se habla también de que el artículo 43 se considera en su términos que ha sido plasmado, porque como dije al principio, evita una posible defraudación fiscal para que se manejen documentos de algunos donantes que no tienen un carácter definitivo, ni positivo; y por otro lado, esta disposición, en los términos del Código Civil, también está dejando a salvo la atención alimenticia de los menores y de la esposa, en caso de abandono.
El C. Javier Paz Zarza: - Señor presidente, pregunte al orador si me permite hacerle una interpelación.
El C. presidente: - Si el orador consiente.
El C. José Ramón García Soto: - Con mucho gusto señor.
El C. Javier Paz Zarza: - ¿Cuál considera usted el bien más importante de defender, los derechos de un trabajador o de alguien que hace algún donativo?
El C. José Ramón García Soto: - ¿El derecho de un trabajador y el de un donante? Supongo que el derecho de un trabajador, en primer lugar. Defender el derecho de un trabajador y por consecuencia, el fruto del trabajador repercute en un beneficio social que se lleva a través de esta ley.
El C. Javier Paz Zarza: - Entonces aprueba usted la proposición que hicimos.
El C. José Ramón García Soto: - De ninguna manera la apruebo, con todo respeto y apoyo en todas y cada una de sus partes, el dictamen emitido por la comisión a la cual pertenezco. Gracias.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el señor diputado Sergio Meza López.
El C. Sergio Teodoro Meza López: - Señor presidente; señores diputados, señoras y señoritas diputadas: es probable que muchos de los diputados aquí presentes no hayan leído el dictamen y en concreto no se sepa en qué consiste el artículo a discusión y muchos menos la proposición de la modificación hecha por el diputado Paz.
El artículo 43 dice lo siguiente: "Los donativos efectuados a favor de las instituciones hechos conforme a esta ley, no podrán en ningún caso revocarse un vez perfeccionados; sin embargo, se admitirá la reducción de las donaciones en los términos del artículo 2348 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal cuando perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes les deba conforme a la ley, en la proporción que señale el juez competente".
Esta prevención es correcta, pero en opinión del diputado Paz Zarza, es limitativa; debe de ampliarse porque bien puede darse el caso de que se den donaciones a instituciones en que esas donaciones impliquen en sí en fraude a terceras personas; puede ser que esas donaciones se hagan para evitar algún pago a algún trabajador o a algún acreedor, o al fisco. Lo único que se pide es una modificación, que no se limite a que pueda reducirse una donación en cuanto a lo que señala en materia de alimentos al Código Civil, sino que sea más amplio, esa es la proposición que hace el diputado Paz Zarza.
Creo que el espíritu de este artículo lo enriquece la proposición, no va en contra de ese espíritu, al contrario, lo enriquece y lo ayuda a proteger más a terceras personas, ayuda a evitar que haya un fraude a terceras personas, a acreedores, puede ser el fisco, puede ser un particular, pueden ser trabajadores; por lo que pido que después de deliberar, decidan y antes de las deliberaciones. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado José Ramón García Soto.
El C. José Ramón García Soto: - Gracias señor presidente; honorable asamblea: creo que en la determinación del artículo 43 es suficientemente claro su espíritu y su tendencia. En consecuencia, me convenzo de que se está discutiendo un aspecto estrictamente de carácter social y que por lo
tanto o debe ser involucrado en lo absoluto el aspecto laboral.
No considero tampoco que al aplicarse esta disposición, pueda tener algunas repercusiones en terceras personas o afectación de derechos. Gracias.
El C. presidente: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Paz Zarza, al artículo 43. La prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite la proposición hecha por el diputado Paz Zarza, al artículo 43. los ciudadanos que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo poniendo de de pie. Los ciudadanos que estén por la negativa , sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... No se admite señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 43 se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si esta suficientemente discutido el artículo 43. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... suficientemente discutido señor presidente.
se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 43 en sus términos.
(votación.)
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: - Señor presidente una sugerencia, que se reserven todos los artículos para votarlos en una sola ocasión.
El c. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por disposición de la presidencia se consulta a la asamblea si los artículos se reservan para tomar la votación en un solo acto. Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo poniéndose de pie... Autorizado señor presidente.
El C. presidente: - Se inicia la discusión del artículo 91 fracciones III, VII, XIX. Se abre el registro de oradores en contra. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Jiménez de Avila.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Quiero hacer la aclaración de que la fracción VI no va a ser impugnada por mi, fue una equivocación, van a ser las fracciones III, VII, XIX.
De acuerdo con la exposición de motivos, estas reformas a la Ley de las Instituciones de la Beneficencia Privada, tiene por objeto facilitar la creación y funcionamiento de dichas instituciones; sin embargo, de acuerdo con las reformas que se proponen a este artículo 91 en las fracciones señaladas, considero que no se facilita ni la creación ni el funcionamiento de dichas instituciones, por una parte, y por la otra, son contradictorias estas reformas que pretenden llevarse a cabo con la personalidad jurídica que tienen y que les reconoce a estas instituciones; veamos en la fracción VI, dice; como funciones de la junta expresa: "autorizar los estatutos de las instituciones y en caso de no haber sido formulados por está, elaborarlos". Consideramos que la junta no tiene por qué elaborar en ningún caso los estatutos de las instituciones privadas, eso sería no reconocerle plenamente la personalidad jurídica que tiene y sería una intromisión del Estado o de la junta en la vida de estas instituciones. Por lo tanto proponemos, que esa fracción III del artículo 99 quede únicamente: "autorizar los estatutos de las instituciones" , y que se suprima el segundo renglón que dice: "y en caso de haber sido formulados por ésta, elaborarlos".
En al fracción VII dice el dictamen: "aprobar los presupuestos de ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos de las instituciones, así como sus modificaciones, formulando los comentarios conducentes; señoras y señores, esto equivale prácticamente a la estatización de las instituciones privadas.
Insisto, ¿por qué tiene que ser la junta, la que elabore presupuestos de ingresos y egresos y de inversiones en activos físicos? Esta es una función que corresponde estrictamente a las instituciones, de ninguna manera a la junta.
Entonces, proponemos que la modificación al artículo séptimo consista en cambiar la palabra "aprobar" por la palabra "conocer", para que quedara de esta forma: "conocer los presupuestos de los ingresos y egresos y de inversiones en activos fijos de las instituciones, así como las modificaciones formulando los comentarios conducentes".
Y en la fracción XIX dice: "revisar los estatutos de las instituciones a fin de que los mismos se ajusten estrictamente a esta ley, cuidando especialmente que en ellos no se contraríe la voluntad de los fundadores". Hasta aquí estamos de acuerdo.
Pero luego se agrega: "la junta indicará, en su caso, al patronato de una institución, las reformas que fueren necesarias a sus estatutos, y se señalará un término de 60 días para llevar a cabo dichas
reformas". Esta segunda parte preponemos que desaparezca del dictamen y quede únicamente: "revisar los estatutos de las instituciones a fin de que los mismos se ajusten estrictamente a esta ley cuidando especialmente que en ellos no se contraría la voluntad de los fundadores".
Estas son las reformas que proponemos, que considero que están con la exposición de motivos, y de acuerdo también con el reconocimiento de las instituciones como entes jurídicos. Gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - tiene la palabra el diputado Macario Rosas Zaragoza.
El C. Macario Rosas Zaragoza: - Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: escuché con atención a la compañera diputada que me antecedió en el uso de la palabra, yo quisiera hacer alguna referencia antes de entrar a si es procedente o no procedente, la reforma que propone la compañera.
Tuve la oportunidad de dirigir una Junta de Asistencia Privada, y realmente ninguna institución que en aquel entonces tenía sus estatutos, cuando tuvimos la oportunidad de comunicarnos con las instituciones, vieron mal el que la Junta revisara sus estatutos. Es más propusimos, en efecto, una especie de guión, con el objeto de que pudiera ordenarse el funcionamiento, con el objeto de agilizar también el procedimiento y quedaran cubiertos los intereses de los integrantes del patronato y por otro lado los fines que se seguían.
Decir que con esto de colaborar con las instituciones presentándoles un proyecto, se ahuyenta la participación de los ciudadanos, en constituir instituciones de esta naturaleza, creo que es muy ligero. Las personas cuando quieren ayudar y organizarse para ayudar es su interés ayudar, y que las cosas que dan estén ordenadas y sirvan al objetivo para el cual fue señalado. No que haya elementos para que las instituciones y las gentes que quieran organizarse se ahuyenten porque la Junta los auxilie.
Consecuentemente no hay elementos fuertes para no estar de acuerdo con esa fracción del artículo 91.
En cuanto se refiere a la fracción VII, también los integrantes de los patronatos, los que ayudan a estas instituciones, quieren saber cómo se manejan sus recursos, qué hace falta para seguir avanzando en atención a los objetivos señalados y, consecuentemente, una Junta que es la institución que ordena, controla, vigila, apoya y busca mejores servicios, también se debe de saber qué dinero va a tener esa institución y cómo lo va a gastar, porque también hay gente que puede buscar a oportunidad de incrementar sus ingresos de estas instituciones y que pueden concurrir a la Junta para pedir una orientación a dónde poderlos otorgar. Y la mejor administración de una institución, conociendo sus presupuestos de ingresos y egresos, se les puede canalizar.
Luego entonces, no creo que los elementos que se dijeron sean fuertes como para que no estén de acuerdo con la fracción del artículo 91.
En cuanto se refiere a la fracción XIX, ya lo decía al principio del comentario de la fracción III, pues hay que apoyar a las instituciones para su mejor ordenamiento, y consecuentemente las ya existentes sino están adecuadas al nuevo ordenamiento, pues hay que promover la organización, el adecuamiento de las normas internas de los estatutos para su mejor funcionamiento, al fin que en las disposiciones no van a decir el destino de los apoyos, que los recursos no van a distraer, al contrario, a normar a mejor canalización.
Les digo esto independientemente de lo establecido, que está bien ordenado, tuvimos esa oportunidad con una ley precisamente que manejaba en su contexto todas estas nuevas reformas; la gente no se ahuyenta, el que quiere ayudar ayuda, el que quiera administrar mejor, qué bueno que lo ordene, que le digan cómo hacerlo, porque si los estatutos están totalmente contrarios, por alguien que lo quizo hacer de buena fe pero fuera de algún texto legal, pues no lo vamos a dejar que siga fuera del contexto legal, hay que apoyarlo.
Yo considero que esa fracción XIX del artículo 91 es correcta y no tiene porque quedarse en la mera parte primaria de la fracción, el término es correcto porque, insisto, les podemos señalar hablando como Junta, el camino de cómo hacerlo. Esto, con modestia, simplemente por orientación ya lo hicimos, habiendo sido presidente de la Junta de Asistencia Privada en nuestra entidad.
Por lo tanto, creo que no hay elementos para seguir debatiendo esto y debe aprobarse. Muchas gracias.
El C. presidente: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, al artículo 91 en sus fracciones III, VII y XIX.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Por la disposición de la presidencia, en votación económica se pregunta si se admite o se desecha
la modificación propuesta por la diputada María del Carmen Jiménez de Avila, a las fracciones III, VII y XIX del artículo 91.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por que se deseche, sírvase manifestarlo igualmente... Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 91 en las fracciones mencionadas, se encuentran suficientemente discutido.
El C. secretario Eliseo: Rodríguez Martínez - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 91 en sus fracciones III, VII y XIX.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos reservados en su conjunto. Se ruega a la oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 171 votos en pro, y 13 abstenciones.
El C. presidente: - aprobados los artículos 43 y 91 por 171 votos, en sus términos. Aprobado en sus términos en lo general y en lo particular en el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Pasa al senado para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres:
Honorable asamblea:
A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la Secretaría de la Vivienda, presentada a la consideración de esta soberanía por la fracción parlamentaría del Partido Popular Socialista .
Habiéndose efectuado un análisis minucioso del contenido de dicha iniciativa, con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 del reglamento respectivo, se formula el siguiente dictamen de acuerdo a los considerandos y puntos resolutivos siguientes.
CONSIDERANDOS
1. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de la Vivienda con atribuciones relacionadas con la planeación, normatividad, programación, coordinación y evaluación de las acciones de construcción de vivienda en el país, resulta innecesaria, ya que en la actualidad existe una gran dependencia del Ejecutivo Federal aunque no con el nombre específico de Secretaría de Vivienda, con las atribuciones legales mencionadas que coordina, sin el riesgo de duplicar esfuerzos, a los diversos organismos involucrados en la solución de este problema.
2. Que la creación de una dependencia con atribuciones para normar las acciones de construcción de viviendas en el país, implicaría de hecho el reconocimiento para que la misma, pudiera expedir disposiciones de carácter normativo que regularan esta materia, con lo que se violaría el principio de división de poderes establecido en la Constitución, por el ejercicio de una atribución formalmente legislativa, siendo idelegable.
Por otra parte, la expedición de preceptos de observancia general u obligatoria sobre esta materia en el caso extremo, sólo puede ser competencia del Ejecutivo Federal en el ejercicio de la facultad reglamentaria, con la salvedad de ser indelegable y de tener que apegarse estrictamente al texto y al espíritu de una ley previamente expedida por el propio Congreso.
3. Que el establecimiento de una secretaría, resultaría contraventora de la política actual implementada por el gobierno Federal, misma que está orientada a una reducción selectiva del gasto, ya que por una parte, se incrementaría el gasto corriente, con la consiguiente repercusión en los de inversión, implicando con ello la cancelación de proyectos y programas prioritarios de las entidades, y por otra, obstaculizaría el programa de simplificación administrativa, por los tramites excesivos que se tuvieran que seguir para obtener vivienda.
PUNTO RESOLUTIVO
Unico. en mérito a las consideraciones expuestas, la iniciativa analizada carece de viabilidad, por lo que se considera improcedente.
salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.
México D. F., 12 de mayo de 1986.
Diputado Sergio Valls Hernández, presidente; diputada Jarmila Olmedo de Garcilita, secretaría; diputados: Carlos Arturo Acosta González, Hesiquio Aguilar de la Parra, Rubén Aguilar Jiménez, Aureliano Caballero González, Héctor Calderón Hermosa, Efraín Calvo Zarco, Ricardo Canavati Tafich, Ronaldo Castillo Gamboa, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Justino Delgado Caloca, Homero Díaz Córdoba, Leonardo Durán Juárez, Gerardo Fernández Casanova, Cristóbal García Ramírez, Enrique González Isunza, Jesús Gutiérrez Segoviano, Eduardo Hernández Mier, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Luis López Moctezuma, Joel Severio Reyes, Héctor Mejía Gutiérrez, Javier Michel Díaz, Heriberto Noriega Cantú, Margarita Ortega de Romo, Homero Pedrero Priego, Adner Pérez de la Cruz, Guadalupe Ponce Torres, Leobardo Ramos Martínez, Oscar Rivas Muños, Gustavo Robles González, Rubén Román Sánchez, José Salinas Navarro, José Luis Sánchez González, Manuel Terrazas Guerrero, Manuel Urrutia Castro, Lulio Valenzuela Herrera, Héctor Ximénez González.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Luis Díaz Moll, Juan Antonio Araujo Urcelay, Guillermo Fonseca Alvarez, José Gonzalo Badillo Ortiz, Romero Flores Caballero, Antonio Brambila Meda, Reyes Rodolfo flores Zaragoza, Francisco Berlín Valenzuela, Oswaldo García Criollo, Juan Moisés Calleja García, Jesús González Schmal, Juan José Castillo Mota, Miguel Angel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Carlos E. Cantú Rosas, Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, Jorge Masso Masso, Germán Corona del Rosal, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, María Guadalupe Ponce Torres, Jorge Montúfar Araujo, Ignacio Ramos Espinoza, Antonio Monsiváis Ramírez, Heriberto Ramos Salas, Melquiades Morales Flores, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alejandro Ontiveros Gómez, Nicolás Reynés Berezaluce, Luis Manuel Orci Gándara, Humberto Salgado Gómez, Fernando Ortíz Arana, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez Ríos, Sergio Valls Hernández.
La misma C. Prosecretaría:
«Voto particular.
De la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista con relación a la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Para establecer la Secretaría de la Vivienda.
Los suscritos miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, Expresamos nuestro desacuerdo con respecto al fondo y la forma del proyecto del dictamen elaborado por dichas comisiones, y rechazamos cada uno de los considerados en que fundamenta su punto resolutivo, y por lo tanto también este último. Examinamos enseguida dichos
CONSIDERANDOS
1. Dice el dictamen que "la creación de una Secretaría de Vivienda con atribuciones relacionadas con la planeación, normatividad, programación, coordinación y evaluación de las acciones de construcción en nuestro país, resulta innecesaria ya que en la actualidad existe una dependencia del Ejecutivo Federal, que atiende esas funciones".
Lo cierto es que la dependencia, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tiene una amplia gama de funciones y responsabilidades, lo que le resta eficacia y hace que, en la práctica, desatienda o atienda apenas de manera superficial este problema que es prioritario para el pueblo de México.
Dice el mismo considerando, que abría el riesgo de duplicar esfuerzos, pero esto obviamente no ocurriría, pues lo que se propone es separar esas funciones de la actual Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y concentraras en una secretaría que tuviera de manera específica, la responsabilidad de acatar de lleno el problema de la insuficiencia de vivienda digna y decorosa para el pueblo, derecho que se consagra con el artículo 4o. de la Constitución.
2. Dice el dictamen "que la creación de una dependencia con atribuciones para normar las actividades de construcción de viviendas en el país, implicaría de hecho una violación al principio de división de poderes establecido en la Constitución". Este alegato entra en contradicción con el planteado en el primer considerando, pues allí reconoce que ya ahora al Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología tiene atribuciones de normatividad. El dictamen no señala que esas atribuciones sean contrarias a la división de poderes
constitucional de poderes, porque no existe esa contraposición, pues es sabido que la propia Carta Magna deja en manos del Ejecutivo facultades de normatividad a nivel reglamentario, que son las que ahora ejerce, de manera insuficiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y que ejercería con mejores perspectivas, la Secretaría de la Vivienda que propuso el Partido Popular Socialista.
3. Dice el dictamen que " la creación de una Secretaría de la Vivienda resultaría contraventora de la política actual implementada por el Gobierno Federal, misma que está orientada a una reducción selectiva del gasto" y añade que "obstaculizaría el programa de simplificación administrativa, por los trámites excesivos que se tuvieran que seguir para obtener vivienda".
Respecto al primer argumento, hay que señalar que está prejuiciado, pues no existe ningún elemento objetivo en el que se pueda fundamentar la apreciación de que, por crearse una secretaría de Estado que atienda de manera exclusiva y con elevado rango el problema de la vivienda, vayan necesariamente a verse incrementados los gastos corrientes. Sí en cambio, consideramos, y esto es un problema de fondo, de filosofía en materia económica, que a la construcción de vivienda deben canalizarse mucho mayores recursos, y no a cuestiones de carácter superfluo.
Estimamos que un Gobierno surgido de una Revolución democrática y popular como la mexicana de 1910, tiene el deber insoslayable de atender las necesidades del pueblo sin subterfugios ni concesiones a las ideas de la derecha y la contrarrevolución. No se trata de incrementar necesariamente el gasto corriente, pero sí destinar recursos substanciales a la inversión en vivienda para el pueblo.
El argumento sobre simplificación administrativa, también es prejuiciado y carece de fundamento, pues al surgir la idea de que la creación de una secretaría específica para la vivienda, conllevaría mayor complejidad administrativa, da a entender, de manera correlativa, que a menor número de secretarías de Estado, mayor simplificación, y esta argumentación, evidentemente falsa, de llevarse a sus últimas consecuencias, condeciría a sus autores, tal vez a proponer que desaparezcan todas las secretarías de Estado y se concentren todas en una supersecretaría, que tenga que ver absolutamente con toda clase de asuntos. El argumento es claro, carece de validez.
Visto el carácter de los considerandos del dictamen, dado que son superficiales y carecen de solidez, los suscritos estimamos que el resolutivo igualmente carece de validez y proponemos al pleno se deseche el dictamen.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 1986.
Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; diputado Adner Pérez de la Cruz, miembro de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Está a discusión el punto resolutivo.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Señor presidente, aparezco firmando el dictamen y eso no es exacto.
La C. Prosecretaría María Guadalupe Ponce Torres: - Sí, disculpe, no está firmado por usted señor diputado.
El C, presidente: - Se abre el registro de oradores para la discusión del punto resolutivo.
Tiene la palabra el diputado Héctor Ximénez González, para fundamentar el dictamen.
El C. Héctor Ximénez González: - Señor presidente; compañeros diputados: esta honorable cámara ha reconocido la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, par establecer la Secretaría de la Vivienda, y ha reconocido también en esta sesión, el dictamen formulado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas.
En los considerandos del dictamen examinado, ha quedado sentada claramente la improcedencia de esta iniciativa, en vista de que representa un claro retroceso en la organización de la Administración Pública Federal y en las políticas de desarrollo social que ha puesto en práctica el Ejecutivo Federal.
Con base en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, el primero de diciembre de 1982, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para adicionarla creando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología .
La exposición de motivos de esta iniciativa, y el desarrollo posterior de las políticas de desarrollo social, muestran claramente que la atención al problema de la vivienda que enfrenta la sociedad mexicana, no puede verse más como un problema aislado, sino que se encuentra estrechamente vinculado a las políticas de desarrollo urbano y ecología.
La vivienda, tal como la postula nuestra Constitución en su artículo 4o., y entendida como un elemento básico de bienestar de las familias, sólo puede alcanzarse si el Estado mexicano, en ejercicio de su facultades de rectoría, cuenta con los instrumentos necesarios para orientar el crecimiento ordenado de las ciudades, para constituir las reservas territoriales necesarias, que eviten fenómenos especulativos en la tierra para la vivienda, para determinar los usos y destinos que a de darse al suelo urbano y para inducir la utilización de tecnologías de construcción de viviendas, que procuren preservar el medio ambiente, y en suma, para proteger los recursos naturales que constituyen el entorno de la vivienda y el patrimonio de la nación.
Con estos instrumentos, la acción habitacional de las instituciones públicas, ha logrado condicionar el desarrollo de programas de viviendas y la disponibilidad de infraestructura y servicios urbanos, y ha logrado orientar, con base en la existencia de reservas territoriales constituidas por la Federación y desincorporadas en favor de los gobiernos estatales, la consolidación de un patrón de asentamientos humanos de desarrollo regional más equilibrado.
Como queda visto, la creación de una secretaría que tuviera la facultad exclusivamente en materia de vivienda, significaría una desventaja en el esquema de administración pública, organizado sectorialmente, que facilita precisamente el tratamiento de problemáticas estrechamente vinculadas y la coordinación de las diversas entidades e instituciones que inciden en estas tareas.
Cabe recordar, que el Gobierno Federal entre otras acciones, adopta en julio de 1985, un paquete de medidas entre las que destaca la de abatir el crecimiento del gasto corriente del sector público, reduciendo 146 unidades, consistentes en subsecretarías o direcciones generales, evitado con ello frecuentemente duplicidad en sus funciones, tanto en gasto como repito en sus funciones, lo que ha permitido el ahorro de recursos y la reorientación de su asignación programática. En esta materia, desde 1977 hasta 1982, la actividad de los organismos públicos habría logrado generar 650 mil viviendas. La reorganización administrativa y la ejecución política de desarrollo social, sostenidas por el presidente Miguel de la Madrid, ha permitido concluir tan solo en el último trienio, 750 mil viviendas, lo que representa un 115% de lo realizado en los siete años anteriores.
Es necesario mencionar, que estos logros no serían posibles si el Estado mexicano no contara con las sólidas instituciones constituidas por los fondos de Vivienda de los Trabajadores asalariados y al servicio del Estado; estas instituciones representan un logro fundamental del sector obrero y de los sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, pero también sabemos que en materia de vivienda, las tareas por realizar son de gran magnitud.
Esto lo reconoce mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, que apoya todas las acciones encaminadas a favor de los mexicanos a tener una vivienda digna y decorosa, derecho social consagrado en nuestra Constitución; lo que queremos precisar, es que no queremos contribuir a crear más burocracia, cuando existe la dependencia que coadyuva a resolver los problemas de la vivienda, enfoquemos nuestros recursos a actividades prioritarias: apoyo al campo, autosuficiencia en productos alimentarios, conservar y ampliar la planta productiva, para crear empleos y no espacios burocráticos innecesarios, por ello, compañeros diputados, solicitamos el voto aprobatorio para ese dictamen en discusión. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Fernández Flores.
El C. Manuel Fernández Flores: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: hablar del problema de la vivienda, es hablar de uno de los problemas más graves que el pueblo mexicano tiene, porque es el de la vivienda uno de los problemas en que se refleja injusta situación en la que viven millones de mexicanos.
Entre las principales causas de la insatisfacción, de la necesidad de mayor parte de la población nacional, están la concentración de riqueza y de los ingresos, y la falta de empleo adecuadamente remunerado para una gran parte de la población. Dicha situación se agrava por la inadecuada distribución de la población en el territorio y la especulación con el suelo urbano.
La vivienda es una condición básica para la reproducción de la fuerza de trabajo de la población, no obstante, es imposible para la mayor parte de los pobladores del país, satisfacer tal necesidad, debido a sus exiguos ingresos, en comparación con los costos que representa tener una morada adecuada. Estos costos son muy altos entre otros factores, por el carácter mercantil de la tierra urbana y la especulación a que está sujeta, y por el alza inmoderada de los precios de la construcción propiciada por las altas tasas de ganancia e interés prevaleciente en el país.
Ante la imposibilidad de convertirse en demandantes solventes de las viviendas que se ofrecen en el mercado para renta o compra, la mayoría de la población tiene que resolver su necesidad mediante una serie de formas, cuya característica
general es la de no reunir las condiciones mínimas de habitabilidad socialmente determinadas: vecindades, ciudades perdidas, tugurios autoconstruidos en lotes invadidos o en fraccionamientos ilegales, y mediante otras formas similares.
En el campo, el acceso de la mayor parte de la población a una vivienda, se realiza mediante la autoconstrucción de viviendas submínimas, que carecen de redes de agua potable, de drenaje y de energía eléctrica; tienen piso de tierra, están hacinadas y construidas con materiales inadecuados o poco resistentes.
El desarrollo no planeado de las áreas y la especulación del suelo, conduce a un uso ineficiente de la tierra urbana, y a la urbanización de tierra agrícola. Para ello, además de analizar el funcionamiento del mercado privado de la tierra, es necesario revisar el papel del sector público en los problemas del uso del suelo.
¿Las instituciones y las políticas existentes, son adecuadas para enfrentar tal exigencia? ¿debería estar el Estado limitado a la reglamentación del uso del suelo, o debería influir en el desarrollo urbano futuro, por medio de la intervención directa en el mercado de la tierra? ¿debería reglamentar el uso del suelo, o debería imponer a la propiedad privada del suelo urbano, y por tanto al mercado de éste, las modalidades que impone el interés público? Según parece, los reglamentos del uso del suelo son demasiado débiles, como para cambiar decisivamente el papel dominante del mercado privado de la tierra.
Por lo tanto, la capacidad financiera para pagar los precios más altos, es el factor determinante de los precios y de la distribución de la tierra. Una cuestión básica pues, es la concepción estatal de la tierra como bien económico o como un recurso natural.
En México, predomina un patrón de urbanización altamente concentrado en pocas áreas metropolitanas, en las que se manifiestan en forma aguda los problemas del uso del suelo. Como resultado de la intensa construcción de conjuntos de vivienda, los propietarios de la tierra agrícola de la periferia urbana, se abstienen de vender sus propiedades mientras no se decrete el cambio en el uso del suelo. En contrapartida, existe fuerte presión de fraccionadores e instituciones para usar esa tierra para proyectos urbanos.
Todo esto, produce un rápido incremento en los precios de la tierra alrededor de la ciudades. El incremento en los precios de la tierra tiene muchos efectos, en primer lugar, genera un alza en el precio de las viviendas. Esto constituye una fuerte limitante para los grupos de bajos ingresos de la población, quienes se ven esforzados a adquirir, viviendas fuera de la ciudad, elevando sus costos de transporte o invadir tierras. En segundo lugar, incrementa la riqueza de los fraccionadores y propietarios de bienes raíces.
Muchos migrantes sin posibilidades de cubrir la renta o el precio del suelo, se asientan en forma espontánea, lo que origina gran inseguridad en la tenencia de la tierra. Esta situación se acentúa por la disminución de la capacidad adquisitiva de sectores de bajos recursos que ha provocado la inflación. En los últimos años los precios de los materiales de construcción han aumentado más rápidamente que el índice general de precios.
A lo anterior, se suman algunos problemas de tipo institucional, existe por una parte poco apoyo de alto nivel para satisfacer adecuadamente las necesidades de vivienda de los sectores de bajos ingresos, por otra, para grupos bajos o medios, hay una multiplicidad de organismos cuya coordinación es insuficiente.
En México, en los últimos 25 años, el crecimiento de la industria de la construcción se ha ido desacelerando, 8.5% en el período de 1953- 1960, 8.3% en 1960- 1970 y 6.2 en 1970- 1978. En general, su ritmo de aumento ha sido mayor que el del producto interno bruto, por lo que su participación en el producto ha aumentado.
En 1958 representó el 3.7% del producto interno bruto, el 4.1% en 1960 y el 4.6% en 1970, y en 1978. el 5%.
La población total, por citar algunas cifras en determinados periodos, pasó del 16.5 millones de habitantes en 1930, a 50.7 millones en 1970. La tasa media de crecimiento anual fue de 2.8%.
Respecto a la distribución urbana rural de la población, en 1930 solo el 33% de la población, habitaba en localidades mayores de 2 mil 500 habitantes, utilizando el límite censal de población rural y urbana. Y el resto vivía en localidades en el ámbito rural.
El proceso de industrialización posterior a 1930. estimuló una corriente migratoria de tal magnitud, que en 1960 la mitad de la población del país radicaba en áreas urbanas y en 1970 llegaba ya al 59%, es decir, la población rural pasó de 11 millones de personas en 1930, a 20.9 millones en 1970. Una tasa media anual de crecimiento de 1.8%, mientras que la población urbana ascendió de cinco y medio millones en 1930, a 29.8 millones en 1970, una tasa del 4.2%.
Las diferencias en el comportamiento de la población en áreas urbanas y rurales, obedece principalmente
a la corriente migratoria campo ciudad, esta se caracteriza porque los flujos principales se registran hacia las grandes urbes. Estas migraciones reflejan la transformación estructural de la economía mexicana.
Este fenómeno, no sólo agrava el problema de la vivienda en el área urbana, sino que también provoca la participación o la división de las familias y, por lo tanto, aumenta la necesidad de nuevas viviendas. El área urbana que centraliza las actividades económicas, políticas y sociales, no tiene la capacidad de responder con la capacidad requerida a las necesidades de los emigrantes. Aparece así uno de los fenómenos más comunes en los países subdesarrollados, asentamientos irregulares con precarias condiciones en lo que a edificación y servicios básicos se refiere.
Por lo que se refiere a la distribución urbana rural de la vivienda por tipo de materiales, en 1970 casi 80% de las viviendas de tabique y ladrillo se hallaron en localidades mayores de 2 mil 500 habitantes. Las viviendas urbanas de estos materiales representan el 70% de las viviendas en este medio, según parece, el tabique y el ladrillo son materiales más aceptables como el estandard mínimo en las grandes ciudades, y por imitación en localidades más pequeñas.
De 8.4 millones de viviendas que había en el país en 1970, sólo 2.8 - el 34%- , dejaban satisfechos los requerimientos mínimos en cuanto a la relación persona por cuarto; en cambio, 39.7 millones de personas, el 78.3% de los habitantes del país, se hacinaban en 5 y medio millones de viviendas, aunque en términos relativos, el panorama más grave se presentaba en el área rural, donde 18 millones de personas, 86.2% de la población, habitaba en viviendas con un índice superior a 2 y media personas por cuarto; en términos absolutos, la situación en el área urbana era peor, pues 21.7 millones de personas habitan viviendas hacinadas. Existen viviendas con siete o más habitaciones ocupadas por una o dos personas, lo que implica un gran derroche de recursos y refleja la injusta distribución del ingreso y la riqueza. En el otro extremo, existen viviendas de un cuarto, ocupadas por 10 ó más personas.
El grado de hacinamiento en estos casos, forma parte de las miserables condiciones que padecen sus moradores.
En México, no existe información sobre el deterioro de las viviendas, hay estimaciones, en 1970 se estima que el 19% de las viviendas necesitaban reponerse, el 74% rehabilitarse y más del 23% se consideraron no deterioradas; las proporciones son de 16.6, 55.1 y 28.3, respectivamente, para el área urbana; mientras que en el área rural son del orden del 23.61 y 16% respectivamente.
En 1970, por ejemplo, 5.1 millones de viviendas , 8.3% del total no contaban con toma de agua domiciliaria, en ellas se alojaban alrededor de 31 millones de personas, el 61.2% de la población. La situación fue más critica en el campo, pues casi 83% de las viviendas carecían de toma domiciliaria y en ellas habitan 17.3 millones de pobladores. Asimismo una proporción cercana a la mitad de las viviendas del área urbana, carecían de servicios.
La diferencia entre el campo y la ciudad es más dramática en cuanto a dotación de servicios, porque mientras en el área urbana 45.9% de las viviendas que albergan aproximadamente a 13.5 millones de mexicanos contaba con los tres servicios elementales, en el área rural sólo el 9.9% de sus locales de su habitación ocupados por 2.1 millones de personas disponían de ello.
En lo que respecta las viviendas en condiciones casi inhabitables, su proporción tanto en el área urbana, como en la rural, 74 y 94% respectivamente, dan una idea clara de la situación habitacional del país.
Las viviendas que no reúnen las normas mínimas, en 1970 fueron 7.7 millones y albergaban a cerca de 47.8 millones de personas.
El problema de la vivienda es tan complejo, que para poder incidir en él, es necesario implantar soluciones audaces, ambiciosas y decididas. De otra forma, la propia población seguirá resolviendo sus necesidades de abrigo de la forma y con los elementos que están a su disposición. Ello, como se ha visto, se traduce en viviendas totalmente inadecuadas y provoca un crecimiento desordenado de las ciudades que a mediano plazo, se traducirá en problemas urbanos de gravedad creciente cuya solución requerirá mucho más recursos que los necesarios en este momento para un programa coherente de vivienda.
El déficit habitacional entre 1983 y 1988 de acuerdo a la Subsecretaría de Vivienda, será de 3 millones 970 mil viviendas. Para el período comprendido entre 1980 al año 2 mil, se estima que el país alcanzará los cien millones de habitantes, es decir, que se habrá incrementado en 33 millones, por lo que se requerirá de 6 millones 600 mil viviendas.
Por otra parte, las tendencias del proceso de urbanización permiten pronosticar que para el 2 mil, las necesidades de vivienda serán localizadas principalmente en el medio urbano, ya que sólo
el 20% de la población, permanecerá en el medio rural.
En la actualidad, los programas del sector público, se dirigen prioritariamente a grupos sociales con ingresos de hasta cuatro veces el salario mínimo y establece una oferta diversificada de vivienda terminada progresiva y mejoramiento, según el grupo económico demandante.
El siete de febrero de 1983, concluyó el proceso por el que fue adicionado en el artículo 4o. de la Carta Magna, elevando a rango constitucional el derecho de toda familia mexicana a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Si bien es cierto que es un paso de la mayor importancia, es evidente que no basta con eso, se requiere de una serie de medidas de variedad; yo pregunto, señores diputados ¿cómo se concretará este derecho para todos aquellos mexicanos que carecen de este elemental satisfactor de la vida?
Las diversas dependencias públicas para resolver este problema, construyeron en más de medio siglo, del año de 1925 a 1958, 598 mil 542 viviendas.
Los trágicos acontecimientos del 19 de septiembre de 1985, han agudizado el problema; las necesidades son mayores, mucho mayores, las estimaciones más benignas entre el déficit de vivienda popular, lo fijan en la actualidad en un millón de unidades. Otros señalan un mayor número. Después de consumada la elevación a rango constitucional, el derecho a la vivienda no se había producido acción más importante sino hasta el 11 de octubre de 1985, con el decreto expropiatorio.
Con el consecuente disgusto del sector empresarial y los latifundistas urbanos, sin embargo, a más de un año de distancia, todos aquellos organismos, todas aquellas instituciones, no han resuelto el problema, por eso hemos dicho que muchas acciones están pendientes de desarrollarse para avanzar con paso firme la satisfacción del postulado del artículo 4o. de la Constitución.
El visto particular que hemos emitido en contra del dictamen, mencionan que los elementos que contiene el dictamen que rechaza nuestra proposición, son tan débiles, tan inconsistentes, que no están a la altura del problema que se está tratando. Sería deseable que al no aceptar nuestra proposición, se planteara otra solución; solución a uno de los problemas más graves de la sociedad mexicana.
Estamos plenamente conscientes que el problema no se resuelve a corto plazo ni con una sola medida, ni siquiera una reforma urbana a fondo resolvería el problema, nuestra proposición no es una solución definitiva, pero no vemos en estos momentos un cambio viable que se haya planteado. El único que tiene la capacidad suficiente para afrontar el problema, es el Estado, pues la iniciativa privada, los especuladores, los latifundistas urbanos, no resolverán jamás este problema.
Yo invito muy respetuosamente a mis compañeros diputados que no acepten esta proposición, a que planteen alguna medida que se oriente a resolver esta grave situación. Pienso que una proposición certera sería una gran aportación de esta honorable Cámara, para resolver uno de los problemas más graves del pueblo mexicano. Nosotros hemos hecho una .
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Ignacio López Moctezuma y Torres.
El C. Luis Ignacio López Moctezuma y Torres: - Ciudadano presidente; compañeros diputados: he pedido la palabra porque deseo precisar algunos puntos de la iniciativa presentada por el Partido Popular Socialista y para aportar algunos elementos que han fundado el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Las facultades que se pretenden dar a la Secretaría de Vivienda, son las mismas que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se le asignan a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y ésta las ejerce a través de la Subsecretaría de la Vivienda. Como es el formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos y urbanismos, vivienda y ecología, promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción promover el desarrollo de programa de vivienda y urbanismo y apoyar a las autoridades estatales y municipales en su ejecución y preveer a nivel nacional las necesidades de tierra para vivienda y para desarrollo urbano y regular en coordinación con los gobiernos y los municipios el sistema tendiente a satisfacer dichas necesidades, y que en su reglamento interno se precisan, ya que entre otras facultades tiene la de conducir la política de vivienda, definir los lineamientos y mecanismos de acuerdo con los gobiernos estatales y municipales, elaborar el anteproyecto del programa sectorial de vivienda, dictaminar los programas presupuestales de las entidades e instituciones sectorizadas y de las entidades no sectorizadas, establecer las bases de concertación con los sectores social y privado y proponer las políticas y lineamientos para el programa financiero de la vivienda, a fin de que, a otorgamiento de créditos
sea congruente con la política general en la materia.
Otros hechos, deseamos aclarar de la iniciativa en cuestión, se dice en ésta, que después de la reforma constitucional del siete de febrero de 1983, que consagró el derecho de toda familia a contar con una vivienda digna y decorosa, no se habían producido nuevas acciones de importancia en materia de vivienda. Esto representa una muy grave omisión que no deja ver el progreso jurídico e institucional que ha promovido el ciudadano Presidente de la República.
El siete de febrero de 1984 fueron promulgadas la Ley Federal de Vivienda, el Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Federal de Bienes Nacionales, el decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, y también se reformaron a la Ley Federal de la Reforma Agraria y las reformas al 115 constitucional.
La Ley Federal de Vivienda, reglamentaria del artículo cuarto, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, establece disposiciones de orden público e interés social que tienen por objeto establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda.
Esta ley, en sus artículos primero y sexto, establece claramente que el conjunto de facultades otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología están orientadas a conducir el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, a la coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, y a la concertación de las organizaciones de los sectores social y privado conforme a los lineamientos de la política general de la vivienda.
Así encontramos que el Gobierno Federal se encuentra amplia y suficientemente dotado para cumplir con las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia de vivienda, lo que hace a todas luces innecesaria en esta circunstancia, la creación de una nueva dependencia que no habría sino desviar recursos hacia un aparato de administración y reducir con ello los recursos disponibles para los propios programas de vivienda.
Todos estos hechos, compañeros diputados, muestran claramente la decidida voluntad del Gobierno de la República de persistir en la definición de los instrumentos legales e institucionales que corresponden al papel rector del Estado en materia de vivienda, y a su voluntad de coordinar los esfuerzos de toda la sociedad para enfrentar las necesidades habitacionales del pueblo de México.
En la intervención del diputado Adner que me antecedió, él menciona una serie de inquietudes que yo estoy de acuerdo en el fondo pero no en la forma en que se tratan de resolver. El habló de proporcionar la vivienda a los habitantes, una urbanización digna, agua potable, habló él, hablaría yo de drenaje, diría yo electricidad; habló también él de que no exista una densificación más allá de donde pueda ser viable su habitabilidad, habló de un uso del suelo, habló de una normatividad en la construcción; habló de una supervisión del tipo de obra.
Como vemos en esto, en su proposición, en lo que él se opone al dictamen está muy envuelto el desarrollo urbano con vivienda. Parece ser que llegaríamos a la hora de instrumentar todo el clausulado de la Secretaría de Vivienda, en llegar a una Secretaría de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología, únicamente cambiarle el nombre a la secretaría y con las mismas funciones.
No podemos nosotros despegar la casa del suelo, es toda una unidad. Como digo: yo estoy de acuerdo en el fondo del problema de la vivienda, pero no en la forma.
Por lo antes expuesto, señor presidente, con todo respeto solicito se considere suficientemente discutido este asunto y se someta a votación a la asamblea. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - Con su autorización compañero presidente; señores diputados: nos hemos registrado para hablar en contra del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 26 y 4o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que considera improcedente la misma por carecer de viabilidad la creación de la Secretaría de la Vivienda propuesta, en base a las siguientes consideraciones de la comisión: y que han venido a reiterarse por los compañeros diputados que han hecho uso de la palabra a favor del presente dictamen.
Primero. Que es innecesaria la creación de una secretaría de la Vivienda porque esas facultades y atribuciones las cumple ya la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Porque se viola el principio de división de poderes por el ejercicio de una atribución que es indelegable por precepto constitucional, en virtud de que tendría
atribuciones para normar las acciones de construcción de vivienda en el país, así como también se fundamenta en la actual política económica que está orientada por la reducción del gasto y que la creación de dicha secretaría incrementaría el gasto corriente, implicando con ello la cancelación de proyectos y programas prioritarios, así como también, se afirma obstaculizaría el programa de simplificación administrativa.
Respecto a esta fundamentación que se presenta en el dictamen de la comisión, consideramos que el voto particular presentado por los compañeros del Partido Popular Socialista, precisa y da respuesta con toda claridad a cada uno de ellos, por lo que mi intervención fundamentalmente va en el sentido de reafirmar las razones de carácter programático por las cuales el Partido Socialista de los Trabajadores mantiene su firme decisión de dar una respuesta de fondo a un problema que nadie ha negado ni podrá negar, es prioritario para el pueblo de México.
Nadie puede negar, pues, que la escasez de vivienda en nuestro país, es una realidad cotidiana a la que se enfrentan millones de ciudadanos, para dar un ejemplo de esto, bastaría señalar que sólo en el medio rural existe un déficit de vivienda que asciende a más de 3 millones, si a esto sumamos el acaparamiento de suelo urbano en unas cuantas manos, que son por lo demás las que determinan el costo de la vivienda guiados por la especulación y necesariamente ello, repercute en el nivel de vida de los trabajadores.
Por otra parte, y según estimaciones oficiales, en el país existen más de 12 millones de viviendas, de las cuales aproximadamente el 50% son construcciones de tabique, sólo 5.2 millones cuentan con servicio de drenaje, más de ocho millones tienen servicio de agua y aproximadamente nueve millones cuentan con energía eléctrica.
Esto revela la baja calidad de los asentamientos humanos existentes, que no cuentan en la mayoría de los casos con los mínimos requerimientos en cuanto a seguridad.
Todo esto nos revela la urgente necesidad de solucionar el problema que en cuanto a vivienda existe, no sólo en términos de cantidad, sino además de elevar la calidad de la misma.
Si bien es cierto que existen instituciones que tienen la facultad de acuerdo a la ley para enfrentar los problemas relacionados con la vivienda, también es cierto que estas instituciones, además de esas facultades, también ejercen otras, por lo que no, de manera particular se abocan a la solución de este problema y que en la realidad ha demostrado su insuficiencia para hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda.
Por ello, la demanda de la creación de una Secretaría de Vivienda cobra especial importancia en las actuales circunstancias de desorden y carencia de una política de vivienda que se dirija fundamentalmente a la satisfacción no sólo de la demanda existente, sino también que contemple el mejoramiento de la vivienda actual con el fin de elevar el nivel de vida de la población haciendo realidad las demandas populares.
Se requiere de una secretaría que aglutine y coordine a las instituciones hasta hoy existentes, para que instrumente una reforma urbana que acabe con el acaparamiento de la tierra, prohiba la especulación y lleve a cabo programas que tiendan a dotar a cada familia trabajadora de una vivienda digna. Asimismo que regule las tarifas de arrendamiento en base a los ingresos familiares y que cree una instancia en donde el inquilino pueda recibir asesoría y apoyo.
Por ello, consideramos que sólo con medidas de fondo y no de forma se podrá avanzar en la solución de los graves problemas existentes en materia de vivienda.
La iniciativa en cuestión plantea la creación de una Secretaría de la Vivienda, que como ya lo hemos dicho, coordine las acciones encaminadas hacia el cumplimiento de lo señalado en el artículo 4o. constitucional, en cuanto al derecho que tienen todos los mexicanos de una vivienda digna.
La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores considera, que para hacer realidad este derecho constitucional se requiere que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, así como las dependencias que actualmente existen para la creación de vivienda coordinen sus esfuerzos de tal manera que pueda enfrentarse con una acción globalizadora los grandes problemas y rezagos que en esta materia subsisten.
E indiscutiblemente que estamos de acuerdo con la conclusión final de los compañeros de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, que presentó esta iniciativa de creación de una Secretaría de Vivienda, en el sentido de que si bien es cierto, no se niegan por parte de la comisión las necesidades fundamentales y las graves insuficiencias por las que atraviesa nuestro país para proveer de vivienda al pueblo mexicano, no puede simplemente quedarse en el terreno de la negación de una serie de planteamientos que se hacen en esta iniciativa, y sí, en cambio, se requiere una respuesta también, de otra manera quedaría un vació que nos conduciría a que en lo
futuro, ante los dictámenes que se presenten en las comisiones, pareciera que caemos en un desahogo, haciendo planteamientos y contraplanteamientos, lo cual es legítimo de todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, por ello, avalamos fundamentalmente el mensaje político que se planteó en el sentido de la necesidad de una respuesta frente a un problema prioritario y fundamental del pueblo de México. Muchas gracias por su atención.
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Gregorio Macías Rodríguez, por cinco minutos.
El C. Gregorio Macías Rodríguez: - Señor presidente; honorable asamblea: hemos solicitado la palabra para hechos, en torno a este dictamen, en razón de que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, considera que la creación de una Secretaría de Vivienda que se avocará exclusivamente a esta rama, viene a complicar el aparato administrativo, ya que es del conocimiento de todos nosotros que, dada la situación, dada inclusive la situación económica de nuestro país, sería en primer término, gravoso en el supuesto caso de que esta iniciativa se aprobase.
Es bonito, como lo dijo mi antecesor, un mensaje político, que bueno que estuviésemos en plena economía floreciente para que de una manera terminante se aceptase una iniciativa de esta envergadura, pero es injusto reconocer la buena labor de todas las instituciones que se han dedicado al fomento de la vivienda en nuestro país.
En primer término tenemos el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, un organismo muy perfeccionado con sus cuatro ramas, si mal no recuerdo, para el desarrollo de la vivienda. Los burócratas también tienen a donde acudir. Además, tenemos el apoyo de los gobierno de los estados, que al haber desaparecido Indeco, formaron en cada entidad una Secretaría de la Vivienda.
También es justo reconocer los argumentos del Partido Popular Socialista, que estamos faltos de vivienda; que la mayoría de los mexicanos estamos faltos de vivienda, pero eso no implica que las instituciones que actualmente trabajan para ello, no estén haciéndolo de acuerdo a las necesidades y con el empuje necesario para cumplir al máximo con su cometido. Ante esta situación, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sin partidismos, reconociendo la voluntad tremenda del Partido Popular Socialista, de una secretaría que a futuro pudiese ser, pero que en estos momentos de la patria, es imposible por los tremendos gastos, e inclusive por una nueva burocracia; sería imposible digo, en estos momentos, abocarnos a una situación de tal envergadura.
Ante esta situación, los parmistas apoyamos este dictamen para que se deseche el plano. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Lulio Valenzuela Herrera.
El C. Lulio Valenzuela Herrera: - Con su permiso señor presidente; señores y señoras diputados: la Comisión de Asentamientos Humanos, las comisiones unidas emitieron este dictamen en función de la propuesta del Partido Popular Socialista, en las cuales se coinciden en los enunciamientos de carácter general, efectivamente, coincidimos en que el problema de la vivienda, es uno de los ingentes y más urgentes problemas de nuestros compatriotas, tanto es así que desde 1925 el Estado mexicano ha venido o ha iniciado el problema, la solución al problema de la vivienda, enfrentándolo fundamentalmente desde el punto de vista como derecho social, como derecho que corresponde a las clases y a los sectores sociales más desprotegidos de nuestro pueblo. Es así que se han creado a lo largo de la historia de nuestro país los fondos de vivienda de los trabajadores, de los empleados, de los campesinos de las clases urbanas.
Tenemos pues, en la creación de estas instituciones la disposición y la voluntad del Estado mexicano de resolver el problema de la vivienda, porque se entiende la solución del problema de la vivienda no sólo en el sentido de la edificación de muros y techos que precisamente propendan a parar una vivienda, también el problema de la vivienda entraña la regularización y el control del insumo básico que es la tierra y consecuentemente los insumos de los materiales de construcción, y es precisamente el anhelo del gobierno y el anhelo de esta representación al de resolver el problema de la vivienda, lo que hace que esta representación nacional aprobara, elevarla a rango de garantía social en el artículo cuarto constitucional.
Y es ese mismo anhelo y ese mismo interés el que hace que esta representación nacional discutiera y aprobara una Ley Federal de Vivienda, donde le da facultades y obligaciones a los organismos del sector público para resolver, para ayudar en la solución de este problema de nuestros compatriotas.
Crea también esta representación nacional la Ley de la Administración Pública Federal, donde crea el organismo federal encargado de normar y de coordinar todas las acciones de vivienda en el país. Ello le da fundamento a los fondos de vivienda popular creados con anticipación para
trabajadores, para empleados, para campesinos y para las clases urbanas.
He ahí pues, la muestra y el interés material de que el asunto del problema de la vivienda está en solución, y precisamente uno de esos organismos como ya se dijo aquí, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, uno de esos organismos está encargado específicamente de orientar y de coordinar esta solución que es la Subsecretaría de Vivienda, dependiente de esta Secretaría.
Coincidimos pues, en que la urgente necesidad de resolver el problema de la vivienda es una tarea urgente, legislativa, y una tarea del Poder Ejecutivo Federal, pero también debemos coincidir que a lo largo de la historia, y que en la realidad, se están dando los pasos necesarios para que la solución de la vivienda se oriente en el verdadero sentido constitucional de derecho social y de derecho que beneficie a las clases y a los sectores sociales.
Por eso, consideramos que la propuesta de las comisiones unidas deja a salvo la solución, y deja más que nada, constata más que nada que la solución a este problema de la vivienda está en marcha, y que no es necesario en este momento crear otra oficina u otro organismo para que se encargue específicamente como se ha dicho aquí, de coordinar y orientar el problema de la vivienda. Porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no sólo orienta esta solución sino que va más allá, coordina y orienta el desarrollo urbano y la reforma urbana que tanto requerimos en este país.
Es pues, en el sentido global del desarrollo urbano, en este sentido general como también encontramos la solución del problema de la vivienda, porque si bien el problema de la vivienda es el problema fundamental y la deficiencia fundamental de nuestro pueblo, también es cierto que va ligado íntimamente al desarrollo urbano.
La escasez de vivienda se ha tratado también en esta tribuna, coincidimos también porque las estadísticas no mienten, que el déficit de vivienda está a la vista; pero también debemos coincidir que la participación de los grupos de peticionarios, que la organización en torno a lo mandado por la Ley Federal de Vivienda, es lo que nos puede hacer avanzar en el abatimiento de este déficit.
Es pues, la orientación fundamental, el cumplimiento de las leyes sobre vivienda, la organización de los grupos que están ansiosos de satisfacer esa demanda, tienen en la reglamentación constitucional del artículo 4o. de esta Ley Federal de Vivienda, la base fundamental. Y tenemos nosotros los legisladores, el instrumento necesario para avanzar en el abatimiento de este déficit. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Adner Pérez de la Cruz.
El C. Adner Pérez de la Cruz: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: la lucha librada por el pueblo mexicano a lo largo de toda su historia, ha tenido tres objetivos fundamentales; en primer lugar, lograr la plena independencia económica de nuestra patria respecto de las potencias extranjeras, en segundo lugar, la luchas por la democratización en este país, y en tercer lugar, la elevación del nivel de vida de nuestro pueblo.
Es precisamente en este aspecto, en este último aspecto en donde se incluye la lucha por satisfacer las necesidades elementales de nuestro pueblo: casa, vestido y alimentación, y conquistar además los bienes que a lo largo de su historia ha construido el hombre como serían la cultura, los bienes de la cultura.
La Revolución Mexicana de 1910, retoma precisamente esos aspectos, fue un renovado y vigoroso impulso por alcanzarla. En este LXXVI aniversario de nuestra Revolución Mexicana que vamos a cumplir el próximo 20 de noviembre, hay que decirlo con toda honestidad; hemos avanzado, claro que hemos avanzado, pero no lo suficientemente, no como lo quisiera nuestro pueblo. Todavía por desgracia tenemos escasez de servicios médicos, de vivienda, y aquí están las cifras que manejó nuestro compañero Manuel Fernández y también el compañero Cantú del Partido Socialista de los Trabajadores. Todavía hay que decirlo, falta un largo trecho que recorrer para lograr la satisfacción de estos tres aspectos fundamentales de nuestra patria.
En el caso del nivel de vida de nuestro pueblo, no hemos alcanzado siquiera la satisfacción de las necesidades mismas, no tiene todavía por desgracia un elevado número de compatriotas, acceso a una vivienda digna y decorosa.
Han habido medidas avanzadas, positivas del gobierno, hay que decirlo con honestidad; han habido sexenios en los que hemos avanzado, han habido gobiernos sensibles que han logrado entender este problema y hemos avanzado un gran trecho. Pero han habido otros, y también hay que decirlo con honestidad, que han abandonado este camino. Nosotros cuando hacemos una propuesta compañeros diputados, lo hacemos con elevada actitud de mira, no lo hacemos con minucia,
como aquí se nos ha querido venir a plantear para defender el dictamen, Basta revisar las cifras que manejó nuestro compañero Manuel Fernández Flores, de 1925 a 1978 sólo se construyeron 598 mil 542 viviendas populares; con este ritmo, yo pregunto, ¿cuántos años tendrían que pasar para resolver este gravísimo problema de la vivienda que se acentuó todavía más con los sismos que conmovieron nuestra capital el año pasado?
El Compañero Manuel Fernández manejó una cifra aquí, dijo que según cifras, estimaban el déficit de la vivienda entre un millón y 7 millones, pero es mucho más, eso se eleva a mucho más, y también planteaba nuestro compañero Manuel Fernández, que si había una propuesta superior a la nuestra que la vinieran a plantear aquí, pero no ha habido, los compañeros que han venido a esta tribuna, no han hecho una propuesta superior a la nuestra, han venido a leer informes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, no han venido a aportar una medida superior a la nuestra, para defender el dictamen, y entonces, eso es lo que nos ha movido a nosotros, a proponer el voto particular.
Yo consulto a mis compañeros diputados, si no ha habido aquí una propuesta superior, como lo planteó nuestro compañero Manuel Fernández, yo convoco al plenario entonces, y a mis compañeros de comisión para que reconsideren el dictamen y se deje para mejor ocasión. No se pueden venir a manejar aquí minucias, de que producto de cifras va a convertirse en un problema más burocrático y no se qué tantas cosas, al contrario, nosotros estamos por la simplificación administrativa.
Yo repito, si no hay otra propuesta superior a la nuestra, entonces invito a mis compañeros diputados a que reconsideren el dictamen. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: estamos discutiendo un dictamen, ese es el problema concreto. Un dictamen en torno a una iniciativa, una iniciativa que de una u otra manera tienen que ver con un problema muy grave, de los más importantes que afectan a las grandes masas populares de nuestro país. El problema de la vivienda.
Nuestra fracción parlamentaria, coincide con la preocupación de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, del Partido Socialista de los Trabajadores y de otras fracciones, con relación a este problema grave, y el afán de buscarle una solución. No somos de ninguna manera de aquellos que no ven, sino al contrario, estamos viendo que el dictamen no contiene argumentos sólidos, es nuestra opinión, francamente. Desde este punto de vista, el dictamen deja mucho que desear. A nuestro juicio, tanto la iniciativa del Partido Popular Socialista, como el dictamen mismo, establecen con todo y las otras consideraciones, pero en cuanto a la iniciativa concreta, un camino que no será aceptado. No es por ahí el asunto, lo decimos nosotros con toda claridad y precisión.
El problema a nuestro juicio, radica principalmente y eso no se va a resolver con la creación de una secretaría, no es de ninguna manera la medida que corresponde en este momento, esa es la cuestión principal, decíamos que el problema principal es que hay una carencia notable, importante, de una verdadera, integral, global política de vivienda, desde el Gobierno Federal y no de éste, de los otros gobiernos también.
Este es el problema principal, no hay una política que ataque a fondo el problema de la vivienda. Aquí se ha dicho, es que hay una Ley Federal de Vivienda; hay otras realizaciones importantes, pero no corresponden en ninguna manera a la magnitud del problema de la vivienda y fundamentalmente de la vivienda de los trabajadores.
Nosotros queremos decir y afirmar, responsablemente, que no hay de parte de la política estatal, de parte de ese gobierno y de los gobiernos anteriores, una política que corresponda a la elevación a rango constitucional, del derecho a una vivienda digna y decorosa. Ese es el problema principal que tiene diferentes aspectos.
Nosotros decimos: para resolver el problema de la vivienda, no es por el lado de crear una nueva secretaría, Secretaría de la Vivienda. Es por el lado de formular una verdadera política integral, agrupada, de vivienda en el país. Es por el camino de restituir el derecho de los trabajadores que se establecía, que estaba consagrado en la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores tuvieran el derecho de contar con la construcción de viviendas de parte de las empresas. El camino a nuestro juicio, es por el lado de formular y de aprobar una verdadera reforma integral, el camino es por el lado de aprobar la Ley Nacional Inquilinaria. El camino es por el lado de una verdadera reforma fiscal. El camino está en dirección de obligar al gran capital y al sistema bancario nacional, a una política distinta. Esa es la cuestión principal.
Y nosotros pensamos que hay deuda, gran deuda con este problema de la vivienda, de los trabajadores,
de los campesinos, porque ¿cómo ha avanzado la solución? Aquí se ha dicho desde esta tribuna, como para complacernos, como para dejarnos satisfechos a todos. Y habrá que ver dos hechos. Está solucionándose el problema de la vivienda. Es inexacto. No corresponden las palabras con los hechos. Habría que ir al fondo de la cuestión.
Por eso, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, y en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores, nosotros nos vamos a abstener. Vamos a abstenernos porque no creemos que la solución sea ahora y que sea un paso que encaminara hacia la solución del problema., la creación de la Secretaría de la Vivienda.
Y porque el dictamen no hace frente al problema, porque el dictamen establece razonamientos, entre comillas, que no son sólidos, que no son admisibles y además, elude el problema principal.
Por esa razón nuestras fracciones parlamentarias se van a abstener de votar en esa cuestión. Muchas gracias por su atención.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Michel Díaz.
El C. Javier Michel Díaz: - Con la venia de la presidencia, compañeros diputados: este debate muestra el gran interés, que existe sobre el tema de la vivienda de los mexicanos, sin embargo, como ya se ha dicho aquí, el tema es complejo y hay que diferenciarlo; por una parte la voluntad que todos tenemos de que todo mexicano pueda tener la vivienda digna a que tiene derecho y por la otra, ¿cuál es la forma de implementación de los programas de vivienda?, ¿cuál es la forma en que va a ser posible que esto se haga realidad?
Es nuestro parecer que la creación de una Secretaría de la Vivienda, en los términos propuestos por la iniciativa que hoy se debate desconoce la naturaleza del sector vivienda de la Administración Pública Federal y de las instituciones y programas que lo conforman. Por una parte, los principales organismos públicos de vivienda están constituidos por los fondos de los trabajadores asalariados al Servicio del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, de acuerdo a sus leyes orgánicas, dichos fondos se integran por las aportaciones que efectúan los trabajadores, los servidores públicos, los patrones y el propio Gobierno Federal; por esta razón en sus órganos de gobierno están representadas las partes que son literalmente las titulares de su patrimonio.
En este sentido, el Estado no podría sin desnaturalizar el fin de estas instituciones, pretender regir su vida interna y los programas promovidos por los propios sindicatos que deliberan en el seno de los órganos de gobierno respectivos sobre los programas institucionales que se diseñan año con año, como se plantea en la iniciativa.
Por otra parte, lo que se denomina el programa financiero de vivienda, obtiene sus recursos del sistema bancario nacional y de los fondos financieros que el Estado aporta para subsidiar y hacer más accesibles a los sectores medio y popular la vivienda promovida por los particulares.
Muchas otras empresas públicas, tales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, desarrollan también programas de vivienda para sus trabajadores, y de igual forma diversos fideicomisos de carácter nacional o local atienden a las necesidades habitacionales de la población no asalariada o de las poblaciones de aquellas regiones en que se observan un alto índice de crecimiento, como es el caso del Fondo Nacional de Habitación Popular, y de los fideicomisos Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Acapulco, Laguna de Ostión, Tijuana y otros.
De esto se desprende que los objetivos y facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha otorgado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, buscan coordinar la acción de todas aquellas entidades e instituciones que actúan en el campo de la vivienda, y buscan fundamentalmente orientar sus programas según los criterios de Desarrollo Urbano y Ecología que señala la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por esta razón, es que dicha Secretaría se encuentra representada ya en todas las instancias y órganos de gobierno de las instituciones del sector, y por ello mismo es que preside sus consejos en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Es conveniente, también, recordar que al momento de promover la liquidación del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, el Indeco, el Ejecutivo resolvió entregar a los gobiernos estatales el patrimonio inmobiliario y los recursos de aquel instituto, para reforzar los programas habitacionales locales, y para fortalecer las facultades que en materia de vivienda corresponden a los Estados de la Federación.
En este sentido mediante aportaciones fiscales y recursos crediticios, el Gobierno Federal ha venido apoyando una actividad que debe ser esencialmente descentralizada. Entonces sobra decir que la vuelta a un esquema centralizado como el contenido en la iniciativa que aquí discutimos, es evidentemente inconveniente.
Como ya fue dicho por los compañeros diputados de mi partido, que me antecedieron, la eficacia del esquema administrativo actual se muestra claramente en los logros alcanzados. Es cierto, que en materia de viviendas las tareas por realizar son de una gran magnitud, en este aspecto coincidimos todos los partidos políticos aquí representados.
Pero las cifras muestran que la acción pública está encaminada a abatir el grave déficit habitacional que enfrenta nuestra sociedad, y que los ritmos de actividad de los organismos públicos están logrando importantes avances. Las estadísticas nacionales muestran que cada año se requieren 480 mil viviendas nuevas y que 80 mil viviendas más deben ser mejoradas. Los ritmos anuales que han seguido la acción habitacional del Estado en el último trienio y las cifras estimadas para 1986, permiten afirmar que cada vez más se cierra la brecha del déficit habitacional.
A este respecto, quisiera referir también algunas cuestiones específicas contenidas en el voto particular en contra de la diputación del Partido Popular Socialista, se habla de la necesidad de incrementar el monto de los recursos asignados al sector. Y es necesario mencionar que de 1980 a 1982 se invirtieron 210 mil millones de pesos; en 1983, 350 mil millones; en 1984, 534 mil millones; en 1985, 740 mil millones; en 1986, habrán de invertirse casi un billón de pesos.
Estos recursos desde luego, no son suficientes, pero representan la respuesta del Gobierno en lo que corresponde dentro de un problema que es de la sociedad entera, y muestran la tendencia creciente de la inversión en estos sectores prioritarios para el Gobierno del presidente De la Madrid.
Por todo esto, deseamos manifestar nuestro voto favorable al dictamen en discusión, toda vez que antes que pensar en desmembrar el esquema de la administración pública vigente, que es necesario reforzarlo como lo muestra la política seguida por el Jefe del Ejecutivo, y tal como se hizo del conocimiento del Congreso de la Unión al rendir su IV Informe de Gobierno, al anunciar la ejecución de un importante programa de vivienda para 1987, que ya está siendo concertado en todos los sectores sociales y productivos del país, incluídos desde luego los sectores de población rural, cuyas necesidades habitacionales son urgentes en lo que coincidimos seguramente todos los partidos políticos aquí representados.
Por lo tanto, pido respetuosamente a la presidencia que se considere suficientemente discutido este dictamen y se someta a votación en su oportunidad. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: la preocupación en torno al problema de la vivienda, es una vieja preocupación del Partido Popular Socialista y en general del conjunto de los mexicanos que formamos parte del conjunto de fuerzas democráticas y patrióticas. Esta iniciativa nuestra de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que hoy estamos discutiendo, el dictamen que generaron las comisiones unidas al respecto, viene a ser un aporte más de los muchos que hemos hecho la fracción parlamentaria de nuestro partido desde hace varias legislaturas a esta Cámara.
Nosotros hemos considerado que en efecto el problema de la vivienda es un problema complejo, de no fácil solución que requiere un conjunto de medidas diversas de fondo para ir avanzando en su solución. Nosotros hemos propuesto por ejemplo una ley iniquilaria, coincidiendo con un planteamiento que hacía el compañero diputado Terrazas; nosotros hemos propuesto un conjunto de medidas que conforman lo que nosotros llamamos reforma urbana, y en lo que habrá que ahondar e insistir en ocasiones posteriores, que implican reformas de carácter constitucional y reformas al marco jurídico a otro nivel, a nivel de leyes reglamentarias, porque esta reforma urbana nosotros consideramos que debe caracterizarse con una serie de medidas importantes; por ejemplo la primera de ellas, la de mayor magnitud, sería afectar el problema del acaparamiento de la tierra urbana.
Nuestra Constitución, surgida de una revolución democrática y popular, estableció límites a la propiedad de la tierra en el campo, y eso es uno de los avances más importantes de nuestra Carta Magna. Pero hasta ahora no ha avanzado de manera correlativa para establecer límites a la propiedad de tierras en materia urbana, entonces en las grandes ciudades se da el acaparamiento y hay quienes son propietarios de millones de metros cuadrados, y muchas veces se acapara suelo urbano simplemente por razones de especulación se compran lotes, y jamás se utilizan, jamás se construye en ellos por parte de ese primer comprador, deja esos lotes durante muchos años para que gracias a la inversión del Estado en
infraestructura urbana, se incremente el valor comercial de esos terrenos y posteriormente se vendan para incrementar el capital de esos especuladores, con lo cual se hace un doble daño a la nación mexicana.
Por una parte se retiran capitales que debieran estar dedicados a la producción, a la producción industrial o a la producción agraria y que en vez de eso, están destinados a la especulación.
Y por otro lado, se sustraen de el uso para vivienda o para otros fines de carácter socialmente útil, necesario, esos lotes baldíos que en su conjunto llegan a comprender extensiones de gran magnitud.
Así pues, una reforma urbana debiera considerar en primer lugar, el problema de modificar el artículo 27 constitucional, para adicionar al límite de la propiedad privada, en materia rural, también límites a la propiedad privada de tierra en los centros urbanos.
Pero además debiera esta reforma urbana, para sacar a fondo el problema de la vivienda, tener otras características, como sería de establecer facultad únicamente del Estado, la de fraccionar, la de fraccionar y construir viviendas para los trabajadores. Eso no es una cuestión que deba estar en manos privadas y aquí cuando se habla de que el sector privado debe participar en esto, como una medida de descentralización, se confunde, como también se hace cuando se habla de política económica, en general, la idea de descentralización con la idea de privatización de la economía y esta última, la privatización, es una vía que nada tiene que ver con la esencia de los planteamientos de la Revolución Mexicana de 1910 y su consecuente desarrollo, que corresponde a la actual etapa de la vida de nuestro país.
Y hay toda una gama de medidas más que deben comprender un ataque a fondo del problema de la vivienda. Como la de establecer que el Estado debe contar con sus propias empresas constructora para evitar el contratismo; como la de establecer que el Estado debe tener sus empresas de materiales de construcción y muchas otras más que podremos ir proponiendo a la consideración de ustedes compañeras y compañeros diputados, en ocasiones posteriores.
Decía yo que ese problema de la vivienda es una vieja preocupación nuestra. Hoy mismo aquí algunos compañeros de los que han intervenido en pro del dictamen, han recordado y valorado el hecho de que nuestra Constitución recoja en su artículo 4o., el derecho de toda familia mexicana a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Y nos cabe compañeras y compañeros diputados, la legítima satisfacción, al Partido Popular Socialista, de haber sido la fracción parlamentaria que inició esta reforma, así lo propusimos a esta soberanía el 24 de septiembre de 1981. Y a partir de esa iniciativa nuestra fue que se desembocó finalmente, después de haber tenido un dictamen positivo, aprobatorio, por la comisión a la que fue turnada, de gobernación y puntos constitucionales, haberse sometido al pleno, haber sido aprobada esa iniciativa de reformas a la Constitución por el pleno, haber sido turnada al Senado y seguir todo el procedimiento que señala nuestra Constitución, para las reformas a ese mismo mandato supremo.
Así pues, tenemos una vieja preocupación en torno a esto y hemos hecho muchos aportes, algunos han sido valorados. Este de hoy, consideramos que es desestimado. Consideramos que es desestimado sin haber sido estudiado con suficiente profundidad. Han sido varios los compañeros que en esta tribuna, compañeros de otros partidos políticos han coincidido con nosotros en que los argumentos que se manejan en el dictamen son argumentos superficiales.
Nosotros hemos planteado la idea de que los compañeros diputados la demanda, la invitación de que los compañeros diputados que han hablado en pro del dictamen, aportarán otras posibles soluciones, otras ideas para avanzar en la solución del grave problema de insuficiencia de vivienda que padece nuestro pueblo.
Sin embargo, no ha habido tales, lo que han hecho los compañeros ha sido señalar que lo que se está haciendo ahora es lo correcto, que la política actual es la positiva, esa es la mejor forma de atacar el problema de la vivienda, pero a nosotros nos parece compañeros y compañeras diputados que los hechos son elocuentes desmienten esa posición, nuestros compañeros del Partido Popular Socialista que han hablado antes que yo en esta tribuna han manejado datos estadísticos en 50 años de intervención del Estado en este grave problema, intervención valiosa, de ninguna manera desestimable pero en 50 años esto produjo casi 600 mil viviendas, del déficit es de una enorme magnitud a ese ritmo no solamente no se avanza para reducir la brecha sino se amplia la brecha.
A veces es difícil actualizar los datos estadísticos porque ahora en lo reciente se han modificado los conceptos de los indicadores y entonces en vez del concepto "construcción vivienda" se habla del concepto "acciones para la vivienda" y este concepto es de otro carácter, pero el hecho real es que el crecimiento de vivienda va a un ritmo bastante mayor que el crecimiento de satisfacción de vivienda; por eso nosotros hemos querido fundamentalmente llamar a la reflexión de nuestros
compañeros diputados de todas las fracciones del campo democrático, no es un problema que nos preocupe desde el punto de vista partidista, como partido a la fracción del Partido Popular Socialista el que se dictamine en contra de una iniciativa nuestra, eso entendemos que ocurre, ha ocurrido muchas veces, ocurrirá en muchas otras, a veces se aprueba nuestras iniciativas, a veces se rechazan las iniciativas y más adelante se retoman y se propone nuevamente por parte de otras fracciones parlamentarias, a veces la hace suya la fracción parlamentaria mayoritaria, tiempo después, y entonces se aprueban y eso nos llena de júbilo y de satisfacción y de ninguna manera lo reclamamos, al contrario, les felicitamos por tener esas coincidencias.
Entonces no es materia para recriminar o para mostrar disgustos desde el punto de vista del partido, pero sí hemos considerado legítimo llamar a la reflexión sobre la necesidad de ahondar, de profundizar en este problema, de innovar, de proponer soluciones más audaces, más a fondo, de mayor recursos, que calen más hondo en el problema, porque estimamos que hasta ahora, en la medida en que se está caminando, sin que la orientación sea injusta, en la medida en que el Estado interviene; sin embargo sí es del todo insuficiente.
Pensamos pues, esa es nuestra convicción, que el dictamen de la comisión debiera ser desechada. Están planteadas nuestras observaciones; invitamos a los compañeros legisladores a votar en contra del dictamen. Muchas gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto resolutivo.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto resolutivo.
Los ciudadanos diputados que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Suficientemente discutido señor presidente.
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto resolutivo de este dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado señor presidente.
CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A USUARIOS DE BAJA CALIFORNIA
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - La presidencia ha entregado a esta secretaría el siguiente documento firmado por el diputado Héctor Terán Terán:
«Pido que se recomiende al presidente de la Comisión de Energéticos su intervención, solicitando a la Comisión Federal de Electricidad suspenda el corte del servicio de energía eléctrica a los usuarios del estado de Baja California que no han pagado sus adeudos que tiene con esta descentralizada, hasta que la propia Comisión de Energéticos realice la consulta sobre tarifas el día 31 de los corrientes.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 23 de octubre de 1986».
Cumplido, señor presidente.
El C. presidente: - Esta presidencia está enterada que por acuerdo de la asamblea se turnó lo solicitado a la Comisión de Gestoría y Quejas, por cuyo motivo la misma presidencia, en uso de las facultades que le concede el artículo 21 en su fracción III, pide a dicha comisión o la que corresponda para que acuerde lo más pronto posible lo que se está solicitando.
El C. presidente: - Tenemos anotados de las sesiones anteriores para proposiciones, a los siguientes diputados: Romero Flores Caballero, Hildebrando Gaytán Márquez, Reyes Fuentes García, Jorge Acedo Samaniego, Miguel Alonso Raya, Víctor Guillermo Alvarez Herrera, Roberto Calderón Tinoco, Manuel Fernández Flores, Arturo Whaley, Héctor Morquecho Rivero, Jorge Cárdenas González, Carlos Barrera Auld, Pedro José Peñaloza, Gonzalo Altamirano Dimas, Jaime Haro Rodríguez y Oswaldo Harris Muñoz.
Y además tenemos anotados otros diputados para asuntos de tipo general.
LEY SIMPSON RODINO
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Romeo Flores Caballero.
El C. Romero Flores Caballero: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: durante el día de hoy algunos compañeros diputados han ocupado la tribuna y al hacerlo han manifestado su mas enérgica protesta y desacuerdo sobre algunas decisiones que tomadas de carácter unilateral aprobadas en Estados Unidos lesionan intereses de nuestro país.
Las protestas señalan entre otros efectos negativos los intercambios comerciales y en el precio de alguno de los productos mexicanos y de nuestras materias primas.
Otros se han pronunciado con la misma energía en contra de la ley de inmigración recientemente aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Sobre este particular, y atendiendo a una recomendación del grupo de trabajo para analizar el contenido de la Simpson Rodino, se aprobó por unanimidad de las coordinaciones de la fracciones parlamentarias representadas en la Cámara el siguiente documento que voy a leer a ustedes.
"El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de inmigración conocida como Simpson Rodino que afecta los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores migratorios indocumentados de México. La ley que ha de firmar el Presidente de ese país, es discriminatoria en su intención y a juzgar por la impaciencia y acciones de las autoridades encargadas de ejecutarla, podría resultar represiva y policiaca. La decisión del Congreso norteamericano, lesiona nuestros intereses en lo económico, político y social; viola, además, principios de nuestras relaciones amistosas que hasta ahora han caracterizado los encuentros de los presidentes, así como el espíritu de cooperación mutua de las reuniones interparlamentarias de ambos países.
La ley resulta ajena a los principios de derechos y práctica internacionales que sobre esta materia establece las relaciones entre estados y cuestiona las bases de la Carta de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La Cámara de Diputados advierte que el Gobierno de Estado Unidos no atiende los acuerdos firmados en el sentido de que la migración es un problema internacional y su solución se debe acordar por los estados involucrados y no por decisiones unilaterales de gobierno.
La ley ignora la historia de las relaciones fronterizas, así como los intercambios de ayuda mutua y el apoyo político y económico que el pueblo de México ha proporcionada a Estados Unidos en varias de sus crisis".
Por lo anterior, las nueve fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, lamenta la decisión de Estados Unidos al aprobar la ley Simpson Rodino. Expresan su desconcierto porque la ley no corresponda a la equidad en su legislación laboral y se usa de manera coyuntural. Exigen respeto a los derechos y a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos y de mandan ante las autoridades correspondientes de nuestro país que se supervise la nacionalidad de quienes pueden ser sujetos de deportación de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Gracias.
El C. presidente: - Pregunte la secretaría si se aprueba la proposición presentada por el diputado Romero Flores Caballero.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el documento presentado por el diputado Romero Flores Caballero. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado señor presidente.
(Minuto de silencio.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente; honorable asamblea: de alguna manera esta Cámara de Diputados registra y valora los hechos más importantes que ocurren en el ámbito internacional, es el caso que el domingo pasado falleció en un accidente que no está suficientemente esclarecido, el presidente de la República de Mozambique, Zamora Machel. No está suficientemente esclarecido, y así lo demandó el representante de México en la Organización de las Naciones Unidas, que se hiciere al respecto una exhaustiva investigación porque hay elementos concretos aparte de la situación política general sobre las luchas de este político contemporáneo.
Zamora Machel entró desde joven a la política en lucha por la liberación de su pueblo, junto con Eduardo Monglein fundó en 1960 el Frente para la Liberación de Mozambique; en 1966 Monglein fue asesinado por las tropas al servicio de los colonialistas; y en el segundo congreso de esta organización Samora Machel fue elegido como el presidente del Frente para la Liberación de Mozambique. La lucha de Machel no se circunscribió a la liberación de su patria, de su pueblo, como todo gran reformador social, vio ese fenómeno del colonialismo en toda su magnitud y su lucha se extendió a otros pueblos de África. En este sentido Machel no solamente es el libertador de su pueblo, sino de otros pueblos de África porque colaboró entre otros, por la liberación Zimbawe y otros de estas zona del sur el continente.
Con la estatura pues de un libertador de pueblos, como fue Bolívar en el siglo pasado, Machel lo es en nuestros tiempos y triunfante la lucha de Machel en la independencia de Mozambique, con una visión de estadista contemporáneo, con valor, con sabiduría y capacidad, electo presidente de su
país en 1975, se dio a la tarea de la reconstrucción de su patria y de levantar una nueva sociedad de la que los colonialistas dejaron sólo ruinas, puesto que en los momentos postreros en que habrían de abandonar a ese país, se dieron a la tarea de destruir la planta industrial, de quemar los archivos y de arrasar con las instalaciones y la infraestructura para hundir al pueblo de Mozambique que recién conquistaba su independencia, en una situación que le hiciera postrarse ante los colonialistas para abanderar, para abonar el camino que del neocolonialismo. Pero la constitución que dio el pueblo de Mozambique con Machel a la cabeza, al frente, sin aplicar las medidas que corresponde a un país que quiere levantar su independencia y llevar a su pueblo a estadios de verdadera justicia social.
En ese sentimiento, pues, aparte de liberador, Machel es un gran constructor en la economía de su país, en el perfil de las instituciones que existen en esta república popular, y en la lucha infatigable que siguió dando en contra del apartheid, en contra del neocolonialismo y por un nuevo orden económica internacional. Por eso el fallecimiento que ha enlutado a su pueblo, es una pérdida para toda África, que tiene problemas agudos aún del colonialismo de antaño.
Por esas razones que consideramos suficientes para proponer a ustedes que esta Cámara de Diputados, sensible a la pérdida de este libertador, de este estadista, de este hombre de su tiempo entregado a las causas más nobles de la humanidad, proponemos el siguiente punto de acuerdo, que esperamos se apruebe y sea considerado como de urgente y obvia resolución.
"Único. Que la honorable Cámara de Diputados guarde un minuto de silencio en memoria del distinguido libertador, estadista y presidente de la República de Mozambique, Zamora Moisés Machel. A 23 de octubre de 1986". El que habla a nombre de la fracción del Partido Popular Socialista, Hildebrando Gaytán.
El presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si admite la proposición.
El secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o no la proposición a que acaba de referirse el señor diputado Gaytán.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado señor presidente.
El C. presidente: - En cumplimiento al acuerdo solicitamos todos nos pongamos de pie.
(Minuto de silencio.)
HOMENAJE A LÁZARO CÁRDENAS
EL C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Reyes Fuentes García.
El C. Reyes Fuentes García: - Compañeros México vivió en 1970 un momento de profunda tristeza y de intenso dolor nacional. La conciencia nacional, enraizada firmemente en los patriotas mexicanos sufrió gran pena. Murió el 19 de octubre de 1970 a las 5:15 de la tarde un gran hombre, un gran estadista mexicano. En la capital de la República en la calle de Andes 605 de esta capital, sucumbió físicamente, un gran hombre, el general Lázaro Cárdenas, y el pueblo incrédulo se negó a aceptar el fallecimiento. El general Lázaro Cárdenas, con don Francisco I. Madero y Emiliano Zapata ha representado y representa para la historia positiva de México un triunvirato de grandes caudillos populares. Apenas cumplía el general Lázaro Cárdenas 75 años de vida con 5 meses; había nacido el 21 de mayo de 1895 y acontecía su muerte el 19 de octubre de 1970.
Cárdenas de genuina extracción popular, a temprana edad no había soportado la tiranía y el atropello a los suyos. Forjado en la lucha armada que se inició en 1910, que se plasmó en instituciones democráticas en la Constitución de 1917, y que, se profundizó en objetivos nacionalistas y de reivindicación nacional, sensiblemente, de 1934 al 1940; escribió durante su vida fecunda un bello historial; que es gloria y orgullo para México y la causa de los pueblos oprimidos.
Cárdenas fue un convencido patriota; un nacionalista de convicciones profundas. Siendo jefe de la zona militar en Veracruz en el año de 1929, contempló con tristeza cómo el pueblo veracruzano y el de las huastecas; eran felonamente asesinados y oprimidos por las compañías petroleras extranjeras; a través de grupos de "Guardias Blancas", jefaturadas por un bandolero de nombre Manuel Peláez. ¡En aquella zona de influencia petrolera no había más orden que el orden impuesto por las compañías petroleras!
Incorruptible, el general Cárdenas llegó comisionado como jefe militar, en Villa Cuauhtémoc, Veracruz. Un alto funcionario de una empresa petrolera, se presentó ante el general Cárdenas seguido de un sirviente que cargaba una caja de champagne y un sobre blanco. El funcionario petrolero, extendió la mano al general Cárdenas entregándole el sobre cerrado. El general Cárdenas abrió el sobre y de este sobre cayó al suelo un cheque por 50 mil dólares. El funcionario petrolero le dijo al general, refiriéndose al sobre: "esto significa que no pedimos ninguna ayuda especial a usted, únicamente que nos permita
sostener nuestras guardias en los campos petrolero, así lo han hecho otros jefes".
Indignado, el general Cárdenas, ante el intento de soborno de las compañías petroleras; rompió el cheque en fragmentos y tiró estos a los pies del sorprendido funcionario diciéndoles: "la forma en que ustedes piden mi ayuda demuestra que no proceden con honradez. Y advirtió: a partir de este momento comenzaré a disolver las Guardias Blancas".
La narración del anterior hecho histórico, ubica al general Cárdenas en el campo de los hombres que no venden sus principios, no su dignidad, menos a la patria. ¡El general Cárdenas demostró en aquella ocasión, como durante toda su vida, ser un hombre incorruptible, demostró siempre ser un mexicano portador de las altas cualidades morales del pueblo mexicano!
Pero la huella imperecedera del general Cárdenas durante su larga y fructífera vida, ha quedado grabada definitivamente y para siempre en la conciencia nacional, cuando este gran gobernante llevó a cabo el 18 de marzo del 1938, la gloriosa expropiación petrolera.
¡Fue aquel 18 de marzo de 1938 un día de gloria nacional! ¡Jamás había registrado la historia después de 1910 un hecho del tamaño de la expropiación petrolera! ¡Era un momento de fuerte e intenso latir del corazón de los mexicanos! Mucho tiempo, la nación mexicana había abrigado la esperanza de rescatar para México, de menos extranjeras, el petróleo. Pero aquella vieja espiración de los mexicanos, se había prolongado por más de 30 años. Salía un gobierno y otro se encumbraba al poder y, el pueblo veía prolongar sus esperanzas de reivindicación nacional. Siempre los propósitos justos de rescatar México los recursos petroleros, se encontraba con la fuerte oposición de las compañías petroleras norteamericanas e inglesas.
Estas compañías, voraces y opresoras; cuando los gobiernos de México querían llevar a cabo la expropiación que establece la Constitución Política de México en su artículo 27 constitucional, siempre, estas compañías, recurrían a los gobiernos extranjeros y, pronto la presión diplomática y las amenazas a la integridad territorial se dejaban sentir. ¡Presión y amenazas, de las compañías petroleras se presentaron contra el presidente Carranza! ¡Presión y amenazas se presentaron contra el Gobierno del general Obregón, y ahí están los ignominiosos Tratados de Bucareli! ¡Presiones y amenazas de las soberbias compañías petroleras, se presentaron contra el Gobierno del General Lázaro Cárdenas antes de que se decretara la expropiación petrolera.
Las amenazas, las fuertes presiones diplomáticas, el boicot internacional al petróleo, el repentino abandono de los técnicos y empleados extranjeros al decretarse la expropiación petrolera, fueron armas sucias, inmorales e incalificables, que utilizaron las compañías petroleras para denigrar a México y al Gobierno del general Lázaro Cárdenas. El general Cárdenas no se dejó amedrentar. Si las compañías petroleras habían retado y desafiado las leyes nacional, habían tocado la dignidad nacional, imponíase el deber de someterla al orden constitucional. Las compañías. Las compañías petroleras habían negado un aumento decoroso de sueldos a los trabajadores, Cárdenas impuso la justicia para los trabajadores petroleros.
¡Con la expropiación petrolera, Cárdenas demostró que los países subdesarrollados, coloniales y semicoloniales, bien pueden asomarse al mundo de la independencia económica y política, nacionalizando las industrias y los recursos naturales en manos de voraces monopolios extranjeros! Cárdenas de esta manera se agigantó por encima de las fronteras nacionales para convertirse en un ejemplo y en un símbolo de los pueblos que han sido condenados al atraso y a la miseria por los monopolios extranjeros.
Aquel día de marzo de 1938, los mexicanos se cubrieron de gloria, la Patria se erguía orgullosa de sus hijos, los mexicanos frenéticamente, aplaudían a Lázaro Cárdenas, al jefe del Gobierno de la República. Aquel 18 de marzo el tañer de campanas en todo México se escuchó sin precedente. Aquel día de marzo mujeres y niños, estudiantes y ancianos, hombres y mujeres de todas las creencias, de todas las ideologías, de todas las condiciones sociales irrumpieron en las calles en ruidosa manifestación de júbilo, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, institución educativa fundada por el general Cárdenas, se lanzaron a la calle cantando victoria. Igualmente los estudiantes de la Universidad Autónoma de México invadieron las calles en pública manifestación. Viene a colación la presencia de los estudiantes de la universidad que irrumpieron, en torrente, frente al palacio nacional. Hasta ahí llegaron los estudiantes y, el entonces rector de la universidad licenciado Chico Goerne, dirigiéndose emocionado al señor general Lázaro Cárdenas, así le habló. Presidente de mi Patria. ¡He ahí el alma y la carne joven de México, están contigo, porque tú estás con el honor!
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional siempre apoyarían al general Cárdenas por ser el fundador del Instituto Politécnico Nacional, el que daría los técnicos para el futuro nacional. Fue entonces también, cuando Cárdenas creó la Escuela Normal de Educación Física y la Escuela Normal para Maestros no titulados.
Con el general Cárdenas estaban ya los maestros rurales y urbanos porque el presidente Cárdenas, en poco tiempo había creado sin precedente alguno, 13 mil 158 escuelas rurales y 17 escuelas agrícolas nacionales. Grandiosa obra educativa del Gobierno cardenista, cuando creó además de lo anterior 32 centros de capacitación indígena, formándose inmediatamente 600 maestros de extracción aborigen para educar mejor a estos núcleos de población nacional. Y ese impulso, con sentido eminentemente popular de la educación rural, se llevaba a cabo en difíciles condiciones.
La obra del Gobierno del general Cárdenas en salubridad y asistencia médica a la población, fue un renglón destacado. En 1936, había en el país 4 mil 520 médicos. De esa cantidad 2 mil estaban concentrados en el Distrito Federal, un mil 500 se encontraban distribuidos en 70 ciudades importantes del país y únicamente 610 residían en pequeñas poblaciones de México. Lo anterior significa que había, en aquel entonces, 84 mil municipios sin médico alguno. Ante el pavoroso problema de escasez de médicos, el Gobierno del general Cárdenas creó el Departamento de Medicina Rural, dependiente del Instituto Politécnico Nacional.
Se hicieron planes para que de la Escuela de Medicina Rural, salieran 800 médicos por años y que estos hicieran servicio social en el medio rural. Pero además se programó la formación de médicos hacia el futuro, para que llegase un momento en que en México existiera por lo menos un médico por cada 2 mil habitantes, fue en esta dirección política, de atender con médicos al medio rural, que se crearon también, en varias regiones del país, los servicios médicos ejidales que son propiamente el antecedente de la creación del Seguro Social en el campo.
Con todo eso, con la expropiación petrolera, y con el reparto agrario de 18 millones de hectáreas y 10 mil 651 resoluciones agrarias ejecutadas; culminaba la obra fecunda y trascendente del general Lázaro Cárdenas. Por cierto que, los 18 millones de hectáreas de tierras repartidas por el general Lázaro Cárdenas vinieron a sumarse a los 8 millones de hectáreas, únicamente repartidas de 1919 a 1934. ¡Con el primer período largo y doloroso de reparto agrario y con el segundo período de reparto agrario cardenista, vía campesina, vía zapatista; terminó en lo fundamental la Reforma Agraria que conforme al censo de 1940, sólo había en el país y habían sólo 25 millones de hectáreas cultivables o susceptibles de cultivo. Hubo un cambio de esencia a esencia en la estructura agrícola nacional.
Una obra como nunca México la había logrado, una transformación social y económica que sentó las bases para un sólido desarrollo económico nacional. A partir de esa época, México inició con el nacimiento de Petróleos Mexicanos y con el sector público de la economía nacional, el desarrollo industrial actual. Con esa obra cardenista, con el nacimiento del Instituto Politécnico Nacional, México inició el desarrollo de la educación tecnológica para dar suficientes técnicos a la industria nacional. Con las transformaciones cardenistas de 6 años de su Gobierno, México estableció definitivamente en la estructura agrícola nacional "dos instituciones básicas". La pequeña propiedad agrícola y ganadera y la propiedad ejidal.
¡Fructífera fue la vida del general Lázaro Cárdenas! ¡Cuántos gobernantes los hay a través de la historia que, después de dejar su mandato constitucional, actúan de tal manera que niega su propio pasado histórico! La historia registra casos de gobernantes que en la medida que envejecen dan la espalda a su pueblo, se olvidan de su extracción popular se hacen momias de alma, de espíritu y de pensamiento. ¡De estos el pueblo se burla y los compadece porque viven para la negación y para el retroceso!
Cárdenas no pertenecía a esa clases histórica, Cárdenas vivió siempre del lado de las causas populares, al lado de las causas de los pueblos oprimidos. A pesar de los "San Benitos" que a Cárdenas le cuelguen insistentemente, los enemigos tradicionales de México y del pueblo. A pesar de las diatribas y de los ataques que lancen los amargados o los resentidos o los veletas de la política, Cárdenas siempre brillará en el horizonte de la patria, porque defendió la soberanía de la nación y la independencia nacional, la autodeterminación y se pronunció contra la no intervención, porque siempre defendió la paz mundial. ¡Jamás los resentidos o los amargados le harán mella alguna! Cárdenas murió joven de espíritu, joven de principios y de convicciones.
Por eso el pueblo lo quiere y lo respeta, por eso el pueblo y la nación entera lloran su muerte este día. En la tribuna de la LIII legislatura rendimos homenaje póstumo al gran patriota Lázaro Cárdenas. Los corazones del pueblo, en contraste con el alegre latir de los corazones en marzo de 1938 y en el período gubernamental de 1934- 1940, los corazones de los mexicanos suspenderán, repentinamente su fuerte latir porque el dolor y la tristeza los embarga. ¡Cárdenas el patriota, el nacionalista, el héroe en la vida y en la muerte, yace muerto, ha sucumbido. Su obra se agiganta y su paso por la historia narra acontecimiento volcánicos. Aquí en México, Distrito
Federal, un hombre sin vida, de perfiles nacionales descansa sepultado por decreto presidencial en el Monumento de la Revolución.
IMPEDIMENTO DE INTERVENCIÓN AL DIPUTADO HEBERTO CASTILLO
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Oswaldo Harris Muñoz.
El C. Oswaldo Harris Muñoz: - Con su permiso, señor presidente; señoras y señores diputados: el artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, establece la plena libertad de expresión de los ciudadanos diputados en el trabajo de las comisiones.
Esta libertad, es base fundamental de nuestros trabajos. Atentar contra ella, es ir en contra del funcionamiento republicano y libre del Congreso de la Unión, debe tomarse en cuenta que el artículo 92 habla de cualquier miembro de la Cámara. Peor resulta cuando se impide hablar en una sesión a un integrante de una comisión.
Señor presidente: el día de ayer, 22 de octubre, en la sesión de la Comisión de Hacienda con la presencia del C. Secretario de Hacienda, bajo pretextos por demás burdos, se impidió el uso de la palabra al C. diputado federal Heberto Castillo Martínez.
Las fracciones parlamentarias que firman esta formal protesta y con los antecedentes del compañero del comportamiento legislativo del C. diputado Luis Orcí Gándara, manifiestan su más enérgica condena al procedimiento antireglamentarios usado por el presidente de la Comisión de Hacienda y atenta y respetuosamente, solicitan del presidente de la Cámara con fundamento en la fracción B del artículo 34 de la Ley Orgánica y el artículo 21 del reglamento, fracción III, haga formal excitativa al C. presidente de la Comisión de Hacienda, a atenerse a los procedimientos y formas establecidas en nuestra legislación.
Firmamos esta petición, los diputados de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Popular Socialista, Partido Demócrata Mexicano, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Partido Mexicano de los Trabajadores. Dejo aquí a usted esta petición que hacemos.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Manuel Orcí Gándara.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su permiso señor presidente; compañeros diputados: ayer de acuerdo a una indicación de esta asamblea, la Comisión de Hacienda de esta Cámara, invitó a reunirse con nosotros aquí en palacio legislativo, al grupo negociador mexicanos que ha venido llevado a cabo todo el procedimiento de la deuda externa en cuanto a estas negociaciones.
En este grupo vino el señor secretario de Hacienda Gustavo Petriccioli acompañado de su demás equipo negociador.
La sesión se inició como estaba previsto, a las nueve horas de la mañana, previsto también la sesión a terminarse esa misma mañana a las 12 horas cosa que no sucedió porque había muchísimos compañeros diputados que tenían gran interés en preguntarle, en comentarle a este equipo negociador que llegó a informarnos de acuerdo a la indicación que le habíamos nosotros hecho.
Al inicio de esta sesión, leí una de diputados que habían solicitado el uso de la palabra y nos tardó un tiempo de aproximadamente seis horas, en esta reunión de la Comisión de Hacienda, para agotar el uso de la palabra de esos 17 diputados que habían solicitado. Fueron tres diputados de Acción Nacional; dos diputados del Partido Socialista Unificado de México; seis diputados del Partido Revolucionario Institucional y uno por cada uno de los demás partidos que asistieron, con excepción del Partido Mexicano de los Trabajadores, que de esa fracción hablaron el señor diputado valle y Gascón Mercado.
Al final de la reunión y durante el curso de la reunión, tuve la solicitud de varios diputados adicionales que querían hacer uso de la palabra, en caso de que hubiera tiempo para ello. Entre ellos, el señor diputado Heberto Castillo.
A las 15:10 horas de la tarde, cuando concluyó la lista de los 17 diputados, pedí a otros 10 que habían solicitado el uso de la palabra que hicieran el favor de entregar sus preguntas que tenían o sus comentarios, y el señor Secretario de Hacienda se comprometió a darle contestación a esas dudas o estas indagaciones. Y en esos términos quedó, en todo momento, todas las reuniones de la Comisión de Hacienda han sido completamente abiertas como les consta a todos los compañeros diputado, jamás ha habido y nunca ha habido ningún tipo de restricción, salvo las que el tiempo y los procedimientos obligan. Esta fue la situación de ayer, es sorprendente que haga este planteamiento, el señor diputado Heberto Castillo, cuando, perdón.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinoza: - ¿Me permite hacer una interpelación, señor diputado
Orcí? ¿Quién informó a usted que el diputado Gastón Mercado pertenece a mi grupo parlamentario?
Segunda situación, ¿por qué en lugar de inscribir al diputado Heberto Castillo que es miembro de la comisión, sin consultarme me inscribió a mi, yo nunca le solicité el uso de la palabra.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Todos los diputados que solicitaron el uso de la palabra, en total son 17, se inscribieron, pero sí usó la palabra señor, así es, como decía entonces, fue así, que fue el procedimiento, como decía ahí, como indicaba ahí, fue el procedimiento que se llevó, hubo una lectura completa, todos los diputados que estaban en la lista inicial que leí hicieron uso de la palabra, hubo contestación del Secretario de Hacienda y los otros 10, que por el tiempo que ya implicaba la imposibilidad de continuar, no continuaron ese proceso señor diputado. Muchas gracias.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - No contestó usted mi interpelación, ¿quién le informó que el diputado Gastón Mercado pertenece a mi grupo parlamentario?
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva, para hechos cinco minutos.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; señor diputado: yo que la solicitud que hemos planteado las fracciones parlamentarias a la presidencia, de que se haga esta excitativa al presidente de la Comisión de Hacienda, es plenamente justificada.
Lo que vimos ayer, al concluir la reunión con el Secretario de Hacienda, fue una muestra simultánea de prepotencia y de maniobra no digan de un congreso, porque miren ustedes, yo quiero aclararle al compañero Orcí lo siguiente: él dice que Gazcón habló a nombre del Partido Mexicano de los Trabajadores, él sabe que no es cierto, yo vi la lista que Porfirio Camarena, en donde estaban los nombres de los anotados, y decía claramente Alejandro Gazcón Mercado, independiente; porque Alejandro, desde que solicitó la palabra aclaró que él hablaría a título personal, puesto que él no forma parte de la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores. Primera aclaración.
Segunda, esa lista de supuestos diez diputados que estaban solicitando la palabra también, lo digo aquí claramente, la inventaron, no era cierto. ¿Cuando solicitó la palabra cualquiera de los que fueron leídos en esa lista? ¿Quién vio cuando la solicitaron? La inventaron ahí para negarle la palabra a Heberto Castillo, en una actitud inaceptable.
Y tercer situación: ahí está Porfirio Camarena y no me va a dejar mentir, y a él me atengo. Yo fui y le pregunté a Porfirio Camarena: .Porfirio, en qué lugar me toca? Y me dijo. Y le dije: ¿en qué lugar le toca al ingeniero Castillo, porque ya pidió la palabra desde que llegó? Y estaba transcurriendo la sesión. Y Camarena me dijo que al diputado Castillo se le iba intercalar antes del diputado Garduño, que fue el último que habló.
Y eso fue lo que yo le dije al ingeniero Castillo cuando me preguntó si estaba en la lista, y le dije yo que no estaba en la lista, pero que ya el diputado Porfirio Camarena sabía que él había solicitado la palabra y que se le incluiría en la lista.
Entonces, lo que vimos ahí al final, fue una maniobra inaceptable - inaceptable- además, déjenme decirles, ¿por qué involucró a diputados que nosotros sabemos que de habérseles consultado no se hubieran prestado a esa maniobra, y eso lo sabe también Luis Orcí? Eso es lo que no aceptamos y es lo que reclamos, que este tipo de maniobras bajas se usen para negarle el elemental derechos de la palabra que el reglamento consagra como derecho de cualquier diputado, máxime siendo el diputado Castillo miembro de la Comisión de Hacienda, ¿a qué venía el negarle la palabra? ¿Que se hubiera perdido? ¿Qué estaba en juego, para negarle de esa manera la palabra al diputado Castillo?
Nos parece que eso es inaceptable y estos no son procedimientos que podamos aplicar en esta Cámara. Hágase la excitativa y quede esto como un ejemplo de lo que no vamos a aceptar y de lo que no se debe hacer.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa por cinco minutos, advirtiendo esta presidencia que será el último orador, en razón de que está por terminarse el tiempo.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización señor presidente: la conducta a veces intolerante y a veces francamente mentirosa del diputado Orcí, complica los problemas de una manera grave. Nosotros promovimos esta solicitud de excitativa y le habíamos comentado a personas responsables de la dirección de la Cámara, que no nos interesaba, que nos interesaba que se hiciese una excitativa pública. Y habíamos señalado a personas de la dirección de la Cámara, que nos interesaba que el comportamiento de cualquier presidente, de cualquier comisión, se ajustase simple y llanamente conforme a reglamento.
Ahora, el compañero Orcí viene a decir nuevas mentiras y viene a exhibirse de una manera francamente vergonzosa y vergonzante para todos con respecto al incidente ocurrido. Nosotros solamente planteamos lo siguiente.
Efectivamente, existe una posibilidad para un ajuste en la conducta de los compañeros, no se trata de crear más conflictos de los que ya se han creado, existen otras posibilidades, conste, de acuerdo a reglamento para tratar este asunto, nosotros no queremos hablar, hacer mas conflictos; lo único que solicitamos es que se actúe conforme a reglamento y no se caiga en esta conducta que puede lastimar el trabajo republicano y libre del conjunto de la Cámara de Diputados.
Solamente para aclarar una cuestión, ustedes escucharon aquí, delante de todos, las cosas que dijo el diputado Orcí, escucharon mis interpelaciones, escucharon mis respuestas; esto, simple y llanamente quiere decir, que el diputado Orcí trata de engañar al conjunto de la Cámara. Nos parece que no es prudente, que no es correcto, que no es aceptable que un diputado actúe de esta manera independientemente del cual sea su fracción. Gracias.
El C. presidente: - Para no dejar pendiente este debate y con el propósito de que haga una aclaración el diputado Porfirio Castro, a quien se le hicieron comentarios en relación con lo que se esta debatiendo, tiene la palabra.
El C. Porfirio Camarena Castro: - Gracias, señor presidente; compañeros diputados: con el objeto de hacer una breve aclaración sobre un asunto que consideramos necesario dejar suficientemente esclarecido y quizás porque consideramos que no debe tener la trascendencia que en un momento dado pudiera darse o interpretarse respecto a ese asunto. Creo que los procedimientos parlamentarios que se han venido realizado en la Cámara y particularmente se corresponde a las actividades en cada una de las comisiones, pueden dejar registro de que se ha respetado el espíritu y las disposiciones del reglamento que rige los trabajos de esta Cámara.
En ocasión de la reunión que permitió la comparecencia del Secretario de Hacienda, quisiera decir a todos ustedes que se siguió una práctica parlamentaria que ha sido aprobada en el seno de la Comisión de Hacienda. Se elaboró una lista de todos aquellos compañeros que desearon hacer uso de la palabra y se hizo un llamado previo, y durante el propio desarrollo de la comisión, en el sentido de buscar conciliar la participación de cada uno de los miembros de la comisión con los tiempos disponibles para el efecto de optimizar la presencia del Secretario de Hacienda.
La relación se manejó entonces en función de esa práctica parlamentaria de la comisión. Se ofreció la palabra en el orden correspondiente, se anotaron y se señalaron cada uno de los compañeros participantes, al que habla le correspondió dar el turno a cada uno de los miembros de la comisión, en el momento de la participación del aludido, compañero diputado Alejandro Gazcón - repito- el que habla le dio la palabra sin mencionar el partido correspondiente, precisamente porque conocemos el carácter y la condición de su participación.
Por cuanto hace a la participación anunciada del compañero Heberto Castillo, quiero decirles que en efecto, hubo un grupo de diputados que se anotaron y que lamentablemente por las condiciones limitantes del tiempo no tuvieron posibilidad de participación. Sin privilegio alguno, participaron todos y en la misma condición en que el compañero Heberto Castillo, que lamentamos por supuesto, que no hubiera participado él como otros compañeros más de otros partidos, lamentamos que no lo hubieran hecho, pero quedaron exactamente en la misma situación, no hubo privilegios, participaron los compañeros de acuerdo con su representatividad de partido, participaron abierta y libremente y en ningún momento se puede considerar que haya habido un vicio en la práctica parlamentaria.
Creo pues, que es injusto plantear una excitativa de la naturaleza que se ha planteado aquí, y creo que el procedimiento se ajustó a los términos parlamentarios, por lo que creo que asiste reconocer en estos términos el trabajo realizado durante la comparecencia del Secretario de Hacienda. Muchas gracias.
El C. presidente: - Esta presidencia, desde que se hizo cargo del puesto que desempeña, ha sido profundamente respetuosa de la soberanía de esta asamblea. En consecuencia, le solicito a la secretaría pregunte a la misma si se admite o no la excitativa.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la excitativa presentada por el diputado Oswaldo Harris, a nombre de varias fracciones parlamentarias.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los ciudadanos diputados que estén porque se rechace, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Rechazada señor presidente.
El C. presidente: - Informe la secretaría si hay asuntos pendientes que resolver.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: - Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. secretario:
«Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
28 de octubre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Oaxaca, invita a la sesión solemne en la que el C. Jesús Martínez Alvarez, gobernador interino constitucional del estado, rendirá el VI Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 30 de octubre.
El Congreso del estado Veracruz, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador del estado, rendirá el VI Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 31 de los corrientes.
Comunicación del Congreso del estado de Baja California.
Iniciativa del Ejecutivo
Que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Praxedes González Hernández, pueda aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Minuta
Con proyecto de decreto de reformas al Código Federal de Procedimiento Penales.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa del C. diputado Jesús González Schmal, para que el salón verde de la Cámara de Diputados lleve el nombre de Francisco I. Madero.
De la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, relativo a la proposición del C. diputado Indalecio Sáyago Herrera, para que se lleve a cabo una sesión solemne por el L aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional».
El C. presidente (a las 20:40 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 28 de octubre, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y
DIARIO DE LOS DEBATES