Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19861030 - Número de Diario 22
(L53A2P1oN022F19861030.xml)Núm. Diario:22ENCABEZADO
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registro como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México D. F., jueves 30 de octubre 1986 NÚMERO 22
SUMARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
COMUNICACIÓN
Del Congreso de Guanajuato relativo a sus funciones legislativas. De enterado.
CONFERENCIA SOBRE LA MUJER, POBLACIÓN Y DESARROLLO
La Gran Comisión propone a la C. Blanca Esponda de Torres para asistir a dicha conferencia celebrarse en Montevideo, Uruguay. Se aprueba.
JORNADAS DE INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL DERECHO
Propuesta de la Gran Comisión para que los CC. Heriberto Ramos Salas y Leopoldo Arturo Whaley Martínez asistan a dichas jornadas a celebrarse en Mar de Plata, Argentina. Se aprueba.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES PARA NOVIEMBRE
Votación. Escrutinio. Resultado. Declaratoria.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
Proyecto de decreto de reformas a la fracción VI del inciso a) del artículo citado.
CONDECORACIÓN
Proyecto de decreto que permita al C. Praxedes González Hernández, aceptar usar la que le confiere el Gobierno del Brasil.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cuatro proyectos de decreto que autorizan a los CC. David Téllez Arredondo, María B. Rodríguez Montes de Oca, Víctor M. Estrada Villa, Miguel A. López Merino, José A. Reynoso Alvarado, Sergio Soto Silva, Ricardo Gutiérrez Portillo, Manuel A. Bañuelos Rosales, Julia Mejía Mendieta, Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia A. Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar puedan hacerlo en bajadas y consulados de países extranjeros. Se aprueba. Pasa al Senado.
CONGRESO MUNDIAL DE LA PAZ
La C. Gabriela Guerrero Oliveros hace consideraciones al respeto, al que asistió en representación del Partido Popular Socialista.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
El. C. Jorge Cárdenas González presenta adición a
la fracción V del artículo 5 de la ley citada. Se turna a comisión.
ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL
El C. Xavier Abreu Sierra presenta modificaciones a dicho artículo, que incorpora a nivel constitucional los derechos de familia. Se turna a comisión.
ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL
El C. Carlos Barrera Auld presenta reformas a la fracción XVIII del artículo mencionado. Se turna a comisión.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La C. María Luisa Solís Payán se refiere a reformas al artículo 162 de dicha ley, aprobada por la Cámara de Diputados de la L Legislatura, sin que a la fecha el Senado la haya aprobado, solicita que la colegislatura informe al respeto. Se turna a comisión.
LEY SOBRE ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONÓMICA
Presentada por el C. Víctor Guillermo Alvarez Herrera que reforma la ley expresada. Se turna a comisión.
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. Manuel Fernández Flores presenta modificaciones a la fracción VI del apartado A y Vl del B artículo nombrado. Se turna a comisión.
COMENTARIOS SOBRE LAS ELECCIONES REALIZADAS EN SINALOA
Del C. Salvador Robles Quintero, quien expresa que no hubo irregularidades en las mismas en el campo rural.
RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PROPÓSITOS ELECTORALES ILÍCITOS
El C. José Angel Conchello Dávila expresa se investigue el desvío de dichos recursos.
ELECCIONES REALIZADAS EN SINALOA
Retoman este asunto los CC. Mario Niebla Alvarez y Gonzalo Altamirano Dimas, Receso. Se reanuda la sesión. Continúan con el tema los CC. Jesús González Gortázar. Alejandro Gascón Mercado, Salvador Robles Quintero, José Angel Conchello Dávila, quien modifica su proposición. Se desecha. Prosiguen los CC. Pablo Alvarez Padilla, Diego Valadés Ríos, José Camilo Valenzuela, Gabriel Jiménez Remus, Jorge Amador Amador, Diego Valdés Ríos, Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Jorge Alcocer Villanueva, Mario Niebla Alvarez, Eduardo Valle Espinosa, Alejandro Cañedo Benítez y Pedro José Peñaloza.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
CÓDIGO CIVIL
Proyectos de decreto que reforma el código mencionado. Se turna a comisión.
LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL
Proyecto de la ley mencionada. Se turna a Comisión.
PROPOSICIÓN ACERCA DE PROTESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO ANTE EL DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Quien firma ocho partidos, en que esta Cámara rechaza referencias y amenazas y se solidariza en la nota de protesta. Se aprueba.
ACUERDO SOBRE LAS COMPARECENCIAS
Que amplía el aprobado el 22 de noviembre de 1985.
MINUTO DE SILENCIO
Guardado en memoria del periodista Manuel Buendía a solicitud del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
CONCEPTOS DE LA PRESIDENCIA
Emitidos con motivo a la conducción de las sesiones durante el mes de octubre.
La C. Laura Pavón Jaramillo hace consideraciones sobre los asuntos tratados durante el mes de octubre.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. JUAN MOISÉS CALLEJA GARCÍA
(Asistencia de 307 ciudadanos diputados)
APERTURA
El c. presidente (a las 11:30 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres.
«Segundo período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
30 de octubre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del congreso del estado de Guanajuato.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Elección de la mesa directiva.
Dictámenes de primera lectura
De las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto de reformas a la fracción VI del inciso a) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Praxedes González Hernández, para aceptar y usar la condecoración Da Meldalha Mérito Tamanderé, que le confiere el Gobierno del la República Federativa del Brasil.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. David Téllez Arredondo, para prestar servicios en la Embajada de Dinamarca en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, para presentar sus servicios en la Embajada de la República de Corea en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Ricardo Gutiérrez Portillo, Manuel Alfonso Bañuelos Rosales y Julia Mejía Mendieta, para presentar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios en los consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en la Embajada de Estados Unidos de América en México».
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. prosecretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Juan Moisés Calleja García
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta minutos del martes veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y seis, con asistencia de trescientos cincuenta y un ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día veintitrés de los corrientes, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La legislatura del estado de Oaxaca suscribe atenta invitación a la sesión solemne que tendrá lugar el día treinta del actual, en la que el C. Jesús Martínez Alvarez, gobernador interino constitucional de la entidad, rendirá el VI informe de Gobierno.
Para asistir a dicha sesión en presentación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa a los CC. Oswaldo García Criollo, Mario Bustillo Villalobos, Mauro Rodríguez Cruz, Juan Manuel Cruz Acevedo, Alberto Juan Pérez Mariscal, Rodolfo Linares González, Oney Cuevas Santiago, Patricia Villanueva Abrajam, Porfirio Leonel Rojas Medina, Alfredo López Ramos, Joaquín Contreras Cantú, Pablo Ventura López, Leopoldo de Gyvez de la Cruz, Francisco Hernández Juárez, Jaime Castellanos Franco, Juan de Dios Colli Mas.
Invitación de la legislatura del estado de Veracruz, a la sesión solemne que se llevará a cabo el día treinta y uno del presente, en la que el C. licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador constitucional de la entidad, rendirá el Vl y último informe de su gestión administrativa.
La presidencia nombra, para llevar la presentación de este cuerpo legislativo a la sesión de referencia, a los CC. Juan Maldonado Pereda, Guilebaldo Flores del Angel, Santana Franco Lima, Emérico Rodríguez García, Guadalupe Natalia Solares Sauza, Juan Nicolás Calleja Arroyo, Héctor Yunes Landa, Carlos Roberto Smith Véliz, María Aurora Munguía Archundia, Sergio Roa Fernández, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Isidro Pulido Reyes, Hesiquio Aguilar de la Parra, Sebastián Guzmán Cabrera, Héctor Sen Flores, Pedro Sánchez Arrieta, Héctor Aguirre Barragán, Elvira Rebeca Arenas Martínez, Cirilo José Rincón Aguilar, Pastor Murguía González González, Rafael García Anaya, Federico Fernández Fariña, Oscar Aguirre López, Luis Pérez Díaz, Angel Sergio Guerrero Mier, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Humberto Ramírez Rebollo y Antonio Monsiváis Ramírez.
La Legislatura del estado de Baja California, comunica la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer período ordinario de sesiones. De enterado.
El C. Presidente de la República por el debido conducto, envía iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En atención a que este documento ha sido impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la secretaría le da el siguiente trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso para que el C. Praxedes González Hernández, pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de la República del Brasil. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La H. Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales. Recibo y a la Comisión de Justicia.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público emite un dictamen con proyecto de decreto, que señala las características de las monedas de quinientos pesos.
En atención a que este dictamen ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea le dispensa el trámite de segunda lectura.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Hace uso de la palabra, en contra los CC. Jorge Alcocer Villanueva y José Angel Conchello Dávila; por la Comisión Dictaminadora el C. Rafael López Zepeda; para hechos los CC. Jorge Alcocer Villanueva, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Héctor Morquecho Rivera; por la comisión el C. Javier Garduño Pérez y para hechos el C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
Se considera suficientemente discutido en lo general.
A discusión en lo particular. Sin que motive debate, en votación nominal se apruebe en lo general y en lo particular, por trescientos nueve votos en pro, treinta y nueve en contra y tres abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social suscribe un dictamen relativo a la iniciativa presentada por la diputación del Partido Acción Nacional, tendiente a adicionar el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.
El dictamen en cuestión concluye con el siguiente punto resolutivo:
"Único. Se desecha por notoriamente improcedente la propuesta de adiciones al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que esta disposición laboral deberá mantener vigente su texto actual".
El C. Alfonso Joel Rosas Torres, en los términos del artículo 109 del reglamento, usa de la palabra para solicitar que el dictamen regrese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para nuevo estudio.
En pro de la moción suspensiva interviene el C. Jorge Alcocer Villanueva; para hechos y para sumarse a la moción el C. Magdaleno Yañez Hernández; en contra de la moción el C. Angel Sergio Guerrero Mier; para hechos los CC. Consuelo Botello de Flores, María del Carmen Jiménez de Avila, Edeberto Galindo Martínez y Juan Manuel Lucia Escalera.
La asamblea en votación económica no admite la moción suspensiva y en cuenta se da por desechada.
A discusión el punto resolutivo.
Abordan la tribuna, para razonar el voto del Partido Mexicano de los Trabajadores en contra, el C. Eduardo Acosta Villeda; en pro el C. Renán Silís Avilés; en contra el C. Javier Paz Zarza; para hechos el C. Alfonso Santos Ramírez; para fundamentar el voto de abstención del Partido Socialista Unificado de México, el C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez, en pro el C. Humberto Andrés Zavala Peña y en contra el C. Juan de Dios Castro Lozano.
A las quince horas la presidencia declara un receso de noventa minutos.
A las dieciséis horas y treinta minutos se reanuda la sesión.
Continúan en el uso de la palabra, para hechos y una aclaración el C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez; por la comisión el C. Samuel Quiroz de la Vega; para hechos el C. Magdaleno Yanez Hernández; en pro el C. Manuel Fernández Flores; para hechos los CC. Federico Durán y Liñán y Alejandro Gascón Mercado; en pro los CC. Miguel Alonso Raya y Alfonso Godínez López.
Suficientemente discutido el punto resolutivo, en votación económica y por mayoría, se aprueba en sus términos.
La Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, presenta un dictamen relacionado con la proposición presentada por el C. diputado Jesús González Schmal, a efecto de que se imponga el nombre de don Francisco I. Madero, al llamado Salón Verde de esta Cámara de Diputados.
El dictamen finaliza con el siguiente Punto de Acuerdo
"Único. La Cámara de Diputados de la LIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, acuerdan no aceptar la proposición presentada en el sentido de imponer el nombre de Francisco I. Madero al llamado Salón Verde de esta Cámara, en virtud de que su nombre ya está inscrito en ella, y recomienda respetar esta denominación que la tradición legislativa le ha asignado".
A discusión el punto de acuerdo.
Intervienen, en contra el C. Jesús González Schamal; en pro el C. Santiago Camarena Flores; en contra el C. Alejandro Cañedo Benítez; para hechos el C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; en pro el C. Genaro José Piñerio López; para hechos el C. Juan de Dios Castro Lozano y los CC. Santiago Camarena Flores, Jesús Heriberto Noriega Cantú, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Cecilia Romero Castillo, Jorge Alcocer Villanueva, Juan de Dios Castro Lozano, a quien formula peticiones el C. Jorge Montúfar Araujo.
Por último, hablan para hechos los CC. María del Carmen Jiménez de Avila y Pedro José Peñaloza.
Suficientemente discutido el punto de acuerdo, en votación económica se aprueba en sus términos, por mayoría.
La misma Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, suscribe un dictamen en relación a la proposición presentada por el Partido Popular Socialista, a través de su fracción parlamentaria, a fin de que se celebre una sesión solemne para conmemorar el L aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
El dictamen en cuestión terminada con un punto de acuerdo, en virtud del cual se acuerda que la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, celebre una sesión solemne el día dos de diciembre, para conmemorar dignamente el L aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
A discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba.
La secretaría, por instrucciones de la presidencia, da lectura a un oficio de la Gran Comisión de esta Cámara, en el que expresa que en virtud del elevado número de iniciativas, propuestas, denuncias y comunicaciones de los ciudadanos diputados federales que han venido presentado fuera del orden del día, se propone que durante el mes de noviembre se realicen tres sesiones ordinarias por semana.
A discusión la proposición.
Hace uso de la palabra, en contra el C. Ricardo Francisco García Cervantes.
En votación económica la asamblea aprueba la proposición.
El C. Graco Ramírez Garrido Abreu presenta y da lectura a una proposición, a efecto de que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Energéticos, integre un grupo de trabajo pluripartidista que se aboque a conocer directamente con Petróleos Mexicanos, su representación laboral, el Sindicato de Trabajadores Petroleros y el Instituto Mexicano del Petróleo, las causas de los accidentes que se han presentado en dicha industria, así como las condiciones existentes en el mantenimiento de la planta petrolera y las concesiones a particulares para la perforación de yacimientos de hidrocarburos.
La asamblea admite a discusión la proposición. Túrnese a la Comisión de Energéticos.
Por su parte el C. Jorge Acedo Samaniego, a nombre de varios ciudadanos diputados, presenta y da lectura a una proposición a efecto de que se implante en la Industria Siderúrgica Nacional, la semana laboral de cuarenta horas con pago de cincuenta y seis.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las veinte horas y treinta minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves treinta de octubre, a las diez horas».
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada señor presidente.
COMUNICACIÓN
La misma C. prosecretaria:
«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, México D.F.
En sesión celebrada el día de hoy, el H. LIII Congreso Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, eligió la mesa directiva que fungirá durante el segundo mes del primer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente forma:
Diputados: presidente, J. Guadalupe Enriques Magaña; vicepresidente, Miguel Angel Torres León; prosecretario, Tadeo Martínez Sáenz.
Lo que comunicamos a ustedes para los efectos correspondientes.
Reiteramos a ustedes con este motivo las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 9 de octubre de 1986.
Rafael Sánchez Leyva diputado secretario; Eusebio Flores Flores, diputado secretario".
Trámite: De enterado.
CONFERENCIA SOBRE LA MUJER, POBLACIÓN Y DESARROLLO
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Honorable asamblea:
Esta Cámara de Diputados recibió la invitación formulada por el Consejo Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que se designe un representante que forme parte de la delegación mexicana, que asistirá a la Conferencia sobre la Mujer, Población y Desarrollo, que el fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia de población, efectuará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del tres al siete de noviembre próximo.
Esta conferencia forma parte de una serie de reuniones que sobre el tema Mujer, Población y Desarrollo, la Organización de Naciones Unidas ha venido desarrollando desde 1983 y su propósito ha sido el estudio y análisis de la situación de la mujer trabajadora.
Por lo anterior consideramos que es importante la participación de esta Cámara en estos foros internacionales, por lo que propone para que asista a esta conferencia a la C. diputada Blanca Esponda de Torres.
México D. F., a 28 de octubre de 1986.
Diputados: Eliseo Mendoza Barrueto, presidente;
Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario».
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor presidente.
JORNADAS DE INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL DERECHO
El mismo C. secretario:
«Honorable asamblea:
Esta Cámara de Diputados, recibió invitación formulada por la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de gobierno de la provincia Buenos Aires, Argentina para participar en las segundas jornadas de informática al servicio del derecho. A celebrarse en Mar del Plata, Argentina, del seis al ocho de noviembre del presente año.
El propósito de dicha reunión es el de analizar conjuntamente con varios parlamentos latinoamericanos ya inscritos en dichas jornadas, la posibilidad de establecer los marcos de una mayor cooperación científica y tecnológica para la integración e intercambio de nuestros sistemas de información legislativa analizando también los diferentes sistemas que ya operan en otros países.
Considerando que es importante la participación de nuestra Cámara en dicho foro, proponemos que asistan a dicha reunión con la representación de esta Cámara de diputados, los señores diputados Heriberto Ramos Salas y Arturo Whaley Martínez.
México D. F., a 29 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Nicolás Reynés Berezaluce, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario».
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor presidente.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES PARA NOVIEMBRE
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de presidente y vicepresidentes para el mes de noviembre, se ruega a los ciudadanos diputados, pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(Se pasa lista)
La misma C. secretaria: -El resultado del escrutinio es el siguiente:
Un voto para la siguiente planilla: presidente Leonardo Durán Juárez, vicepresidentes Javier Pineda Serino, Rosa María Armendáriz Muñoz, Miguel Alonso Raya, Carlos Barrera Auld, Reyes Rodolfo Fuentes García.
Un voto para una plantilla: presidente Guillermo Fonseca Alvarez, vicepresidente Víctor Hugo Islas, Rosa María Armendáriz Muñoz, Miguel Alonso Raya, Carlos Barrera Auld, Alejandro Ontiveros Gómez.
Un voto para presidente José Luis Sánchez.
Un voto para presidente José Trinidad Cervantes Aguirre, vicepresidente Juan de Dios Colli Mas, Roberto Calderón Tinoco, Antonio Monsiváis Ramírez, Jesús Zamora Flores, Gustavo Valenzuela Santelis.
Un voto para presidente Roberto Calderón Tinoco, vicepresidentes Javier Pineda Serino, Rosa María Armendáriz Muñoz, Miguel Alonso Raya, Carlos Barrera Auld, Reyes Rodolfo Fuentes García.
Dos votos para presidente Guillermo Fonseca Alvarez.
Un voto para presidente Guillermo Fonseca Alvarez.
Dos votos para presidente Guillermo Fonseca Alvarez.
Vicepresidentes: Javier Pineda Serino, María Emilia Farías Mackey, Miguel Alonso Raya, Carlos Barrera Auld, Reyes Rodolfo Fuentes García.
Dos votos para presidente, Javier Garduño Pérez; vicepresidentes: Adner Pérez de la Cruz, Luis Pérez Días, Alberto Pérez Mariscal, Héctor Pérez Plazola, Juan Carlos Pérez Velasco.
Dos votos para presidente, Guillermo Fonseca Alvarez; vicepresidentes: Javier Pineda Serino, Rebeca Arenas Martínez, Miguel Alonso Raya,
Carlos Barrera Auld, Reyes Fuentes García.
Siete votos para presidente, Guillermo Fonseca Alvarez; vicepresidente: Javier Pineda Serino, Rosa María Armendáriz Muñoz, Miguel Alonso Raya, Gabriela Guerrero Oliveros.
32 abstenciones y 257 votos para la planilla como presidente: Guillermo Fonseca Alvarez; vicepresidentes: Javier Pineda Serino, Rosa María Armendáriz Muñoz, Miguel Alonso Raya, Carlos Barrera Auld, Reyes Fuentes García.
El C. presidente: -Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva para el mes de noviembre, los siguientes ciudadanos diputados: presidente Guillermo Fonseca Alvarez; vicepresidentes: Javier Pineda Serino, Rosa María Armendáriz Muñoz, Miguel Alonso Raya, Carlos Barrera Auld, y Reyes Fuentes García. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
«Comisión de Trabajo y Previsión Social, Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Honorable asamblea:
A las comisiones que suscriben fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reformas a la fracción VI del inciso a) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el C. Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional.
Tras el estudio y análisis de la iniciativa y de su exposición de motivos y con fundamento en los dispuesto por los artículos 56,62 y 64 de la Ley Orgánica y 56 y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Sometan a la consideración del pleno siguiente:
DICTAMEN
Dentro de los derechos fundamentales de los trabajadores, consagrados por la Constitución de 1917, el salario y su defensa ocupan un lugar principal y constituyen principios inalterables a los que deben ajustarse las acciones públicas.
Las comisiones que suscriben reconocen con la exposición de motivos materia de este dictamen, que la defensa del salario de los trabajadores constituye un problema que no debe soslayarse y en cuya solución debe adaptarse medidas concretas.
Concebidos los salarios mínimos como el límite inferior de protección salarial y debiendo el monto de estos ser suficiente para la satisfacción de las necesidades normales de un jefe de familia, las circunstancias económicas adversas a las mayorías trabajadoras han impreso una nueva dinámica a su fijación por órganos tripartitas. Así a partir de 1982, respondiendo al impacto que la espiral inflacionaria tuvo en los precios de bienes y servicios requeridos por los trabajadores mexicanos para la satisfacción de sus necesidades elementales, el Congreso de la Unión aprobó iniciativa presentada por la diputación obrera facultado al Secretario de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que la convocatoria de revisión de salarios mínimos vigentes se realizara en cualquier momento y no, como antes ocurría anualmente. El efecto de esta trascendental reforma ha permitido que la distancia entre precios y salarios no sea tan grande como hubiera sido de mantenerse vigente el sistema anterior.
La experiencia acumulada a lo largo de los últimos cuatro años ha puesto de manifiesto ciertas dificultades de carácter administrativo que impiden la pronta fijación de los salarios mínimos. A este respecto destacan los procedimientos de revisión y modificación de los salarios fijados por las comisiones regionales a cargo de la Comisión Nacional. De igual forma la experiencia reciente muestra como las propias comisiones regionales han ido cediendo a la Comisión Nacional la responsabilidad de fijar los salarios mínimos.
Respondiendo al propósito esencial de revisar con el máximo de agilidad los salarios mínimos buscando ajustes oportunos entre precios y salarios, la iniciativa presidencial materia de este dictamen propone una simplificación importante preservado el contenido esencial que la Constitución otorga al salario mínimo en lo que respecta a su atributo de suficiencia y al carácter tripartita de los órganos encargados de tomar decisiones en materia.
La iniciativa propone otorgar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la función de fijar los que deben regir en todo el país. Se elimina así el doble proceso que hoy existe, proceso que impide la celeridad que las adecuaciones salariales reclaman. Con el objeto de que la Comisión Nacional se encuentra siempre en las mejores condiciones técnicas para la toma de decisión y con el de tomar en cuenta las particularidades de las distintas áreas geográficas del país, se establece el auxilio consultivo de comisiones especiales
integradas también en forma tripartita.
La iniciativa en examen propone las substitución del ámbito de aplicación de los salarios mínimos. El concepto de zona económica se substituye por una clasificación más simple y flexible denominada área geográfica. Las comisiones que suscriben estiman este cambio como positivo, toda vez que permitirá el establecimiento de distinciones realistas suprimiéndose el fraccionamiento arbitrario que hoy implica la zonificación económica que ha sido rebasada por el propio crecimiento industrial y por la mayor comunicación y accesibilidad de productos idénticos en zonas dispares. Paralelamente las comisiones estiman que la tendencia hacia la división del ámbito de aplicación de los salarios mínimos en dos o a lo sumo tres áreas geográficas permitirá en el futuro inmediato un mejor y más amplio conocimiento por los trabajadores, de los salarios que les corresponden, suprimiéndose tablas múltiples que facilitan la confusión y entorpecen la eficaz defensa de los derechos laborales.
Las comisiones que suscriben, consideran que la iniciativa recoge en los substancial las razones hechas valer por la diputación obrera en la iniciativa aprobada por el Congreso en 1982 tendientes a dotar la flexibilidad y autonomía a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La autonomía habrá de reflejarse en la posibilidad de fijar los salarios sin necesidad de convocatoria, y la flexibilidad en la posibilidad de hacerlo en cualquier momento que sus integrantes, atendido a los legítimos reclamos que se les formulen, decidan hacerlo.
La iniciativa presidencial propone, como concepto genérico de salario mínimo, el que deben disfrutar los trabajadores urbanos y del campo. Las comisiones que suscriben estiman que no ha lugar a distinguir entre unos y otros. Las comisiones, antenas a la equiparación plena entre los trabajadores del campo y la ciudad, propone al pleno una redacción en la que no se establezca distinción alguna en razón de que desde 1982 se ha producido un importante movimiento de igualación y equiparación que no justifica el uso en la Carta Constitucional de expresiones que pudieran sugerir la necesidad de establecer salarios mínimos generales diversos.
Atendiendo a las consideraciones anteriores y recordando que el esfuerzo y valentía con que los trabajadores mexicanos han hecho frente a la crisis, debe acompañarse de aquellas reformas legales que permitan un salario suficiente para que las familias trabajadoras satisfagan sus necesidades materiales, sociales y culturales, estas comisiones estiman que la iniciativa en examen debe ser aprobada.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, 73 fracción X, 135 de la Constitución General de la República, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben someten a la consideración de esta asamblea, el siguiente
PROYECTO DE REFORMAS A LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo único. Se reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 123 de la Constitución General de la República para quedar como sigue:
VI. Los salarios mínimos que deberán percibir los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
TRANSITORIOS
Artículo único. El presente decreto, entrará en vigor el 1o. de enero de 1987.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D.F. a 23 de octubre de 1986.
Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social: Blas Chumacero Sánchez, presidente; Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Eduardo Acosta Villeda, Miguel Alonso Raya, voto particular: Consuelo Botello de Flores, Rosalba Buenrostro López, Juan Moises Calleja García, Eleazar Camarillo Ochoa, Jaime Castellanos Franco, Humberto Cervantes Vega, Joaquín Contreras Cantú, Emilio Cordero García,
Porfirio Cortés Silva, Oney Cuevas Santiago, Elena de Anda López, Leopoldo de Gyvez de la Cruz, Alejandro Encinas Rodríguez, abstención; Blanca Esponda de Torres, Salvador Esquer Apodaca, Manuel Fernández Flores, Reyes Rodolfo Fuentes García, José Luis Galviz Cabral, María de la Luz Gama Santillán, Cristobal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Gómez Castillo Manuel Gurría Ordóñez, Eduardo Hernández Mier, Eduardo Lecanda Lujambio, Guadalupe López Breton, Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael Lozano Contreras, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monreal Zamarripa, Heriberto Morales Arroyo, Carlos Palafox Vazquez, Ricardo Pascoe Pierce, Javier Paz Zarza, Javier Pineda Cerino, Rogelio Preciado Cisneros, Antonio Punzo Gaona, Samuel Quiroz de la Vega, Alberto Rabago Camacho, Raúl Ramírez Chávez, Salvador Ramos Bustamante, Leobardo Ramos Martínez, Sergio Roa Fernández, Marcelino Rodríguez Silva, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sainz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solis Avilés, José Nerio Torres Ortíz, Héctor Hugo Varela Flores, Isaías Vázquez Mendoza, Juan Carlos Velasco Pérez, Patricia Villanueva Abrajam, Magdaleno Yañez Hernández, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sainz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solís Avilés, José Nerio Torres Ortíz, Héctor Hugo Varela Flores, Isaías Vázquez Mendoza.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Enriquez Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, (abstención), Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Romero Flores Caballero, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmall, Miguel A. Herrería Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez Ríos, Sergio Valls Hernández, Jorge Montúfar Araujo, Fernando Ortiz Arana.>
El C. presidente: -En atención a que este dictamen ha sido impreso y se esta distribuyendo entre los ciudadanos, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
Al C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
CONDECORACIÓN
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano capitán de fragata AN. PA. Diplomado de Estado Mayor Naval Praxedes González Hernández, pueda aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano capitán de fragata AN. PA. Diplomado de Estado Mayor Naval Praxedes González Hernández, para aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F., a 29 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago
Oñate Laborde, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlin Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, German Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rosendo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerias Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Pindaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez, Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el cuatro de septiembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano David Téllez Arredondo, pueda prestar servicios administrativos, en la Embajada de Dinamarca en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión el día 25 de septiembre próximo pasado, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Dinamarca en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano David Téllez Arredondo, para prestar servicios como chofer gestor, en la Embajada de Dinamarca en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México D. F; a 20 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadés Ríos, Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
Segunda lectura. Está a discusión el proyecto de decreto.
El C. presidente: -No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea si autoriza recoger la votación de este asunto, en
un solo acto, con los siguientes.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se autoriza que se tome la votación de este asunto, en un solo acto, con los siguientes. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se reserva para su votación en conjunto señor presidente.
El mismo C. secretario:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 10 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Beatriz Rodríguez Montes de Oca, Víctor Manuel Estrada Villa, Miguel Angel López Merino, José Antonio Reynoso Alvarado y Sergio Soto Silva, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Corea en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 21 de octubre se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los particionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Corea en México, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Beatriz Rodríguez Montes de Oca, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Estrada Villa, para prestar servicios como secretario particular del Agregado de Defensa, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel López Merino, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Reynoso Alvarado, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Corea en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Sergio Soto Silva, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Corea en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F; a 22 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto; presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez Ríos, Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
El C. presidente: -Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo, para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, consulte la secretaría a la asamblea si autoriza recoger la votación de este asunto, en un solo acto, con los siguientes.
La C. prosecretaria Guadalupe Ponce Torres: -Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se autoriza que se tome la votación de este asunto en un solo acto, con los siguientes. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se reserva para su votación en conjunto señor presidente.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda.
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 22 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ricardo Gutiérrez Portillo, Manuel Alfonso Bañuelos Rosales y Julia Mejía Mendieta, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y Consulado de Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 9 de octubre, se turnó a la Comisión que suscribe para se estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General en Guadalajara Jalisco, serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Gutiérrez Portillo, para prestar servicios como bibliotecario, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Manuel Alfonso Bañuelos Rosales, para prestar servicios como encargado de prensa y relaciones culturales, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo tercero. Se concede a la ciudadana Julia Mejía Mendieta, para prestar servicios como bibliotecaria, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México D. F; a 10 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo (abstención), Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez Ríos, Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
Segunda lectura.
El C. presidente: -Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va reservar algún artículo, para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, consulte la secretaría a la asamblea si autoriza recoger la votación de este asunto, en un solo acto, con el siguiente.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se autoriza que se tome la votación de este asunto, en un solo acto, con el siguiente. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se reserva para su votación en conjunto señor presidente.
La C. prosecretaria Guadalupe Ponce Torres:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea:
En oficio fechado el 29 de septiembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Carbajal Martínez, María de Lourdes Montaño Espinosa, Claudia Antonia Torres Ortega y María del Pilar Duarte Salazar, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de Estados Unidos de América en México y consulados generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 16 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Luis Carbajal Martínez, para prestar servicios como empleado administrativo, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Montaño Espinosa, para prestar servicios como auxiliar de nómina, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero: Se concede permiso a la ciudadana Claudia Antonia Torres Ortega, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Duarte Salazar, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
México D. F; a 17 de octubre de 1986.
Eliseo Mendoza Berrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; diputados: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urselay, José Gonzalo Badillo Ortíz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García (*), Carlos Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmall, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, José Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, José Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Nicolás Reynés Berezaluce, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Diego Valadez Ríos, Sergio Valls Hernández.
(*) Artículo 84 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos».
Segunda lectura.
El C. presidente: -Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo, para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Se va a recoger la votación nominal y en lo particular, de este y los anteriormente reservados en un solo acto, se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
¿Falta algún diputado de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la mesa. Para los dictámenes primero y segundo se emitieron 300 votos en pro y siete abstenciones; para los dictámenes prestantes se emitieron 290 votos en pro, 11 en contra y siete abstenciones.
El C. presidente: -Aprobados los proyectos de decreto, los dos primeros 300 votos y los otros por 290 votos.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: -Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
CONGRESO MUNDIAL DE LA PAZ
El C. presidente: - Iniciamos en relación con iniciativas y proposiciones. Tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero Oliveros, del Partido Popular Socialista.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor presidente; honorable asamblea: sin exagerar es posible considerar el momento actual que vive la humanidad como el mayor peligro de todos cuantos ha enfrentado a lo largo de milenios que tiene la existencia, porque si bien es verdad que hubo otros que representaron riesgos graves para la colectividad de su tiempo, nunca como ahora la amenaza es global y presupone el peligro de liquidación de todo lo construido hasta hoy, y de todas las formas de vida superior.
Esa es, señoras y señores diputados, la dimensión real del peligro que representa una guerra con las armas nucleares. Sin embargo, por la propia dinámica de la historia en la misma proporción que ha ido creciendo la magnitud de los daños para los seres humanos y para las naciones cada guerra nueva destaca en aras de la ambición de poder y de dominio, ha ido creciendo también el número de los hombres y mujeres conscientes de que esas masacres se deben y se pueden impedir.
Hasta antes de nuestro siglo la decisión de la guerra o de la paz entre las naciones se circunscribía a los más elevados círculos de poder de los jefes de gobierno o de los mandos militares, pero desde el momento en que los pueblos como tales adquieren conciencia de su soberanía y empiezan a incursionar primero por la vía de la fuerza masiva y después por la de su fuerza organizada en la construcción de su propio destino, comprendiendo cada vez más claramente que la guerra es ajena a sus intereses, se comenzó a conformar un escenario en el que se va estrechando el ámbito de impune decisión de quienes se benefician y enriquecen con las guerras, al mismo tiempo que se va ampliando en cambio el escenario en el que los pueblos que todo lo forjan y todo lo construyen, imponen su voluntad de frebarlas o evitarlas.
Ahora mismo, señoras y señores diputados, cuando día a día la aplicación de la estrategia criminal del imperialismo de asentar el primer golpe nuclear aniquilador, se hace cada vez más factible ya que a causa de la paranoia militarista de Washington, se ha venido reduciendo un dramático salto el tiempo necesario para la oportunidad de reaccionar y evitar el holocausto nuclear.
De los 30 minutos con los cohetes intercontinentales en los años sesenta a los siete minutos con el Pershing II de principios de los años ochenta, hasta la perspectiva inminente de su reducción a fracción de segundos con los rayos láser que el Pentágono proyecta utilizar en la falaz iniciativa de defensa estratégica con la que pretenden militarizar el cosmos. Con igual o con mayor rapidez con que se plasman en la realidad estas infernales concepciones de la guerra, ha crecido la resistencia de toda la humanidad para aceptarla y se ha elevado la conciencia de todos para luchar contra la posibilidad de su empleo.
Uno de éstos saltos, señoras y señores diputados, saltos en la conciencia colectiva contra la guerra nuclear, se produjo con la reunión cumbre de Reikiavik, ante la cual los pueblos del mundo quedaron atónitos por el rechazo del presidente Reagan a las múltiples, concretas y radicales medidas de desarme, propuestas por el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov.
Actitud insólita que le mereció el desprecio de la humanidad entera incluido el de su propio pueblo, que lo ha colocado como el hombre solitario de Washington rodeado sólo por el odio de quienes incapaces de entender el mundo nuevo de paz, amistad y solidaridad entre los pueblos, pretenden hundirlo todo, aún cuando con ello se hundan ellos mismos.
Pero, señoras y señores diputados, consideramos
que el fracaso de la cumbre de Reikiavik, no ha clausurado la posibilidad del desarme, porque debemos estar seguros que esta creciente conciencia pacifista que se desarrolla en todas partes del planeta, movilizará a los pueblos para exigir que la puerta de Reikiavik permanezca abierta y que vuelvan a sentarse a la mesa de deliberaciones en breve tiempo los dirigentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos, para conseguir avanzando sobre las bases de paz planteadas por la Unión Soviética, en esa histórica reunión, misma que debemos valorar como metas mínimas, factibles y compatibles con los anhelos de paz de la humanidad.
Muchos hechos sustentan esta convicción. Uno de estos, es el que después de cuatro días de la criminal e irracional actitud de Regan, de la que el mundo no acaba todavía de asombrarse, en Copenhague - señoras y señores diputados - más de 2 mil 500 delegados procedentes de todos los rincones del mundo, de todas las profesiones y de todas las actividades posibles, expresándose en todas las lenguas y entendiéndose todos por el solo afán de construir la paz y rechazar el intento de militarizar el cosmos que a todos nos pertenece, se reunieron en el Congreso Mundial organizado con motivo del Año Internacional de la Paz, que en siete meses y cinco días de intenso y apasionado trabajo llegó al consenso de que es imperativo prevenir la catástrofe nuclear, de que sólo es posible evitar el holocausto nuclear si se frena la carrera armamentista. De que el inicio del desarme debe comenzar con la suspensión de las pruebas nucleares, de que es urgente presionar a Estados Unidos para avanzar en el diálogo y la concertación con la Unión Soviética; de que es necesario seguir movilizando a los pueblos con múltiples medios como la convocatoria a una conferencia sindical mundial sobre seguridad económica.
La elaboración de un juramento de los científicos, respecto a no trabajar en proyecto para preparar la guerra nuclear, el impulso renovado al trabajo excepcional del Grupo de Nueva Delhi y la proposición de que 1987, fuera declarado año de la iniciativa de los pueblos, años sin pruebas nucleares.
Otras conclusiones, señoras y señores diputados, igualmente trascendentales, fueron las que sólo con el cese de la carrera armamentista se puede alcanzar un nuevo orden internacional, que es necesaria la conversión de la investigación científica, a fin de que sirva sólo a fines pacíficos y constructivos, que es urgente la eliminación de las bases extranjeras y la retirada de las tropas extranjeras de los conflictos locales y la que se debe apoyar la aplicación estricta de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas para reducir el peligro de que los conflictos locales degeneren en conflictos globales que abran la puerta al enfrentamiento nuclear.
Estas fueron, entre otras, señoras y señores diputados, las recomendaciones y conclusiones de este trascendental Congreso Mundial de Fuerzas de Paz, al que tuvimos la honrosa oportunidad de asistir.
Profunda satisfacción me produjo como mexicana, como militante del movimiento mexicano por la paz, el antiimperialismo y la solidaridad entre los pueblos y como miembros del grupo de parlamentarios por la paz que integramos más de 80 diputados de esta LIII Legislatura, el hecho significativo de que respaldo por la firma de casi la totalidad de los más de 2 mil 500 delegados de 120 países del mundo se aprobara el llamamiento de Copenhague propuesto al Congreso por las delegaciones de los seis países que integran el grupo de Nueva Delhi.
El llamamiento de Copenhague dice "para detener la carrera de armas nucleares sobre la tierra y prevenirla en el espacio exterior; para eliminar todas las armas nucleares demandamos como medidas prácticas urgentes alto inmediato a todas las pruebas de armas nucleares y no a la guerra de las estrellas".
Otro motivo de legítima satisfacción fue el hecho de que fuera recogida la proposición del movimiento mexicano por la paz, el antiimperialismo y la solidaridad entre los pueblos, de elaborar el juramento de los científicos del mundo para que los hombres de ciencia se comprometan de cara a su propia generación y con elevada responsabilidad ante sus hijos y las nuevas generaciones humanas a poner sus conocimientos y su genio al servicio de la paz y a no trabajar nunca para impulsar o desarrollar artefactos de destrucción masiva, particularmente las armas nucleares bacterio - lógicas o químicas, ni para que sea militarizado el espacio extraterrestre que es el hábitat de toda la humanidad y nos pertenece a todos por igual.
La propia delegación mexicana fue responsabilizada de la tarea de elaborar este juramento. Una proposición más de la delegación del movimiento mexicano por la paz que mereció el aplauso de su foro fue la de que el próximo 5 de diciembre todos los educadores del mundo de todos los niveles desde el jardín de niños hasta los centros de educación superior y de investigación científica, realicen una jornada excepcional para explicar el profundo significado del llamamiento de Copenhague.
Señora y señores diputados, con la emoción vibrante todavía en mi propia conciencia de haber
asistido y participado en este inolvidable encuentro por la paz, he solicitado a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, hacer uso de la tribuna no para hacer proposición alguna en torno a este Congreso Mundial y sus magníficos resultados que en su oportunidad y en su momento podrán surgir de mi fracción parlamentaria o de las otras representadas ante esta Cámara, sino para traer ante ella, ante ustedes una idea aún cuando sea de pálida manera, de toco cuando ahí se hizo con la convicción de que será suficiente y altamente valorado por esta LIII Legislatura que entre otras muchas y valiosas actitudes se ha distinguido por su decisión unitaria de pronunciarse por la paz, el desarme y contra la guerra nuclear.
Señoras y señores diputados; frente a aquel maravilloso escenario de Copenhague, frente a miles de hombres y mujeres procedentes de todos los rumbos del mundo a quienes antes no conocía y con quienes al finalizar el congreso estrechamos las manos formando una cadena sin fin, recordé con emoción el poema "presente y futuro" del maestro Vicente Lombardo Toledano, escrito en Varsovia en 1950 al concluirse los trabajos del Congreso Mundial de partidarios de la paz, cuando dice:
Cuán grande se siente el más humilde de los seres como yo, sirviendo de soldado en la batalla más grande de los siglos. Yo sé que venceremos, que será nuestra la victoria, que habremos de sufrir, pero que llegará el día de sol sin nubes, de alegría sin dolor, de paz profunda. Muchas gracias.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
El C. presidente: - Esta presidencia indicó hace un momento que se iban a tratar lo relacionado con iniciativas, recalca que efectivamente debe ser a ese respecto y para evitar cualquier confusión, la presidencia informa que para iniciativas se encuentran inscritos los diputados Jorge Cárdenas González, Javier Abreu, Carlos Barrera, Solís Payán y Víctor Alvarez. Tiene la palabra el diputado Jorge Cárdenas González.
El C. Jorge Cárdenas González: -Con su permiso, señor presidente.
«Honorable asamblea:
Con fundamento en lo ordenado por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permite someter a la consideración de esta soberanía, iniciativa de decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 5o. de la Ley Federal de Educación, fundamentándome para ello en los siguientes
CONSIDERANDOS
La educación que imparte el Estado tiene como fin fundamental erradicar el analfabetismo y su objetivo es el de impartir educación social a todos los mexicanos.
La educación en México es fruto y conquista de las luchas sociales que nuestro país ha vivido desde 1810 a la fecha, resultando innegable que todos los mexicanos llevamos en la misma sangre el anhelo a una inalcansable justicia social.
La educación en nuestro país ha enaltecido desde su origen el espíritu cívico de los mexicanos, ha buscado que el individuo se realice en la sociedad con estricto apego a la honestidad, la honradez y el respeto a los derechos de los demás.
México tiene ante si un gran desafío y en estos momentos considero es imprescindible consolidar la confianza en el Estado y el Gobierno.
Un pueblo sin educación cívica es un pueblo condenado a la confrontación estéril y a la negativa infiltración de ideologías extranjeras las cuales bajo ninguna circunstancia debemos permitir que proliferen en la conciencia de las nuevas generaciones. La honradez y el respeto a las instituciones nacionales como fundamento de la educación es necesaria para que la juventud crea en la patria, la defienda y luche por el progreso social, económico y político del país.
Ya que estas actitudes conforman la columna vertebral de la vida pública y privada de México.
Por lo anteriormente señalado me permito proponer a esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona la fracción V del artículo 5o. de la Ley Federal de Educación para quedar como sigue:
Artículo quinto. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimientos de validez oficial de estudios, se sujetarán a los principios instituidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá las siguientes finalidades:
V. Fomentar el conocimiento y el respeto de las instituciones nacionales así como enaltecer e inculcar la honestidad y la honradez de palabra y de
obra, como principios vertebrales de la vida pública y privada de México.
Diputado Jorge Cárdenas González».
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Educación Pública.
ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Xavier Abreu Sierra.
El C. Xavier Abreu Sierra: -Compañeros diputados:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad y el Estado de formas de organización social interdependientes solidarias, complementarias y subsidiarias. El Estado es de mucho más reciente aparición histórica que la sociedad, y tiene como finalidad la consecución del bien de toda la sociedad.
Ambos, sociedad y Estado, existen, aunque de manera imperfecta y con miras a ir perfeccionándose día con día, para la consecución del bien de todo el hombre y de todos los hombres a través de la satisfacción de sus necesidades biológicas, morales, culturales, sociales, políticas y espirituales.
De todas las formas de organización social la primera por su importancia y por su función es la familia. Es en el seno de la familia donde la persona adquiere sus hábitos, costumbres, valores y principios básicos que normarán su existencia. Por esto es de trascendental para la sociedad y el Estado garantizar y fomentar las condiciones que den la posibilidad a la familia para su desarrollo integral y elevación humana.
Considerando que en nuestro país los derechos de la persona, aunque expresados como derechos del individuo en las garantías que consagra nuestra Constitución, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla su expresión innata y vital en la familia.
Considerando que la familia, sociedad natural y básica, existe desde siempre antes que el Estado o cualquier otra comunidad y posee derechos propios que son inalienables. Considerando que el matrimonio es la institución natural y civil a la que esta confiada la misión de transmitir la vida.
Considerando que la familia constituye, además de una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales y espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad.
Considerando que la familia y la sociedad, vinculados mutuamente por lazos vitales y orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa y promoción del bien de la nación y de cada persona.
Considerando que anteriormente ha habido intentos en los que el Estado buscaba proteger a la familia con medidas de carácter político, económico y jurídico, tratando de contribuir a la consolidación de la unidad y estabilidad familiar para que pueda contribuir con su misión específica.
Considerando que los derechos, las necesidades fundamentales, el bienestar y los valores de la familia, por más que se ha intentado ir salvaguardándolos en leyes y reglamentos secundarios, con frecuencia son ignorados y en ocasiones hasta minados por instituciones y programas socioeconómicos.
Con base al derecho que nos asiste y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite proponer a su consideración la siguiente
INICIATIVA QUE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE INCORPORA A NIVEL CONSTITUCIONAL LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
Artículo cuarto. El varón y la mujer son iguales ante la ley, todas las personas tienen el derecho a escoger libremente su estado civil y por lo tanto, a contraer matrimonio y establecer una familia o permanecer solteros. Esta ley protegerá la organización y desarrollo de la familia.
I. El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno consentimiento de los cónyuges debidamente expresado. Los cónyuges, dentro de la natural complementariedad que existe entre el hombre y la mujer, gozan de la misma dignidad y de iguales derechos respecto al matrimonio.
II. Los cónyuges tienen el derecho inalienable de fundar una familia y decidir sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear teniendo en plena consideración los deberes para consigo mismos, para con los hijos, la familia y la sociedad. La familia tiene derecho, en pleno ejercicio de su libertad, a la asistencia
del Estado en lo referente a sus deberes de procreación de los hijos.
III. La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. Los niños, tanto antes como después de nacidos, tienen derecho a una especial protección y asistencia. Todos los menores de edad, nacidos dentro o fuera del matrimonio, gozan del mismo derecho a la protección social para su desarrollo personal integral.
Los menores minusválidos tienen derecho a encontrar casa y en la escuela un ambiente conveniente para su desarrollo humano.
IV. Los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educar a sus hijos; por esta razón son reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo. La familia tiene el derecho a que los medios de comunicación social idean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad y que fortalezcan los valores fundamentales de la familia.
V. Cada familia tiene el derecho de escoger libremente sus creencias religiosas, así como profesarla, sin discriminación alguna.
VI. La familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la construcción de la nación. Las familias tiene el derecho de formar asociaciones con otras familias e instituciones, con el fin de cumplir la tarea de manera apropiada, así como para defender sus derechos.
VII. Las familias tiene derecho a condiciones económicas que les aseguren un nivel de vida apropiado a su dignidad y a su pleno desarrollo. Este derecho a las condiciones económicas adecuadas comienza con el derecho de las personas a la alimentación necesaria.
VIII. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia, la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de este Constitución.
IX. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados a 21 de octubre de 1986.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Xavier Abreu Sierra».
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Carlos Barrera Auld.
El C. Carlos Barrera Auld: - Con su permiso señor presidente.
«Honorable asamblea.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara la iniciativa mediante la cual se propone la reforma a la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en razón de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los legisladores representantes de todos los partidos que integramos esta Cámara, en diversas ocasiones y oportunidades hemos expresado en todos los tonos nuestra convicción republicana.
Si somos congruentes y nuestra convicción es sincera, debemos entender que lo que distingue a la República del cesarismo o del absolutismo, es el hecho de que en la República los poderes distintos al Ejecutivo sí ejercitan las facultades que le son propias, mientras que en el cesarismo se renuncia a ellas por sistema y sin justificación alguna.
Una de esas inaceptables renuncias o claudicaciones, se registró el cinco de octubre de 1982, cuando la diputación priísta votó a favor de una absurda limitación para el Congreso de la Unión.
En efecto, antes de ese voto claudicante, el Poder Legislativo estaba facultando constitucionalmente para fijar y determinar el valor de la moneda extranjera, mientras que ahora, según la fracción XVIII del artículo 73 Constitucional vigente, es el Ejecutivo el que determina dicho valor.
Así, el cinco de octubre de 1982, por el voto de aquella mayoría priísta, el Legislativo renunció a una de sus facultades conquistada y que, hasta entonces, estaban consagradas específica y textualmente en nuestros textos constitucionales.
Hoy, señores legisladores, estamos ante el deber
de rectificar, devolviéndole al Congreso una de sus facultades y de la cual sin razón alguna fue despojado.
Recordemos señores diputados, que ya desde la Constitución Política de la monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, se establece en la fracción XIX la facultad de las cortes para determinar el valor, ley y tipo de nominación de las monedas.
Igualmente, en el artículo 116 del Decreto Constitucional para la libertad de la América Latina, sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, se mantiene esta misma facultad y la cual perdura en todos los antecedentes, como el artículo 50, fracción XV de la Constitución de 1824; o en el artículo 76, fracción XIII, de las bases orgánicas de la República de 1842.
Otro de estos antecedentes, lo encontraremos en el artículo 72, fracción XXIII de la Constitución de 1857, en el que se precisa que el Congreso tiene la facultad para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. La anterior redacción, se reprodujo textualmente en el artículo 73, fracción XVIII de la Constitución de 1917.
A partir del cinco de octubre de 1982, insistimos, el Congreso renunció a esta facultad conquistada para entregársela al Ejecutivo, es decir, al Presidente.
La razón, la historia, nuestra convicción republicana, constituyen un llamado para que nosotros, diputados de la LIII Legislatura, le devolvamos al Congreso esta facultad a la que jamás debió renunciarse. Si a esto alguien se opusiera alegando sinrazones de carácter técnico, vale responder que no hay ninguna dificultad de ese orden para el ejercicio por parte del Legislativo de esta facultad, en virtud de que el Congreso cuenta con los elementos técnicos para ello y, además, para algo deben de servir las comisiones que prevé la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Así, a fin de que el Congreso recobre la facultad que le reconoció en forma expresa la Constitución de 1857 y la cual fue ratificada en la de 1917, propongo la reforma de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, según el siguiente texto:
Artículo 73, Fracción XVIII
El Congreso tiene la facultad para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el valor activo de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.
Por la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.
México D. F; a 23 de octubre de 1986.
diputado Carlos Barrera Auld»
Trámite: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada María Luisa Solís Payán.
La C. María Luisa Solís Payán:
«A la honorable LIII Legislatura Federal, presente.
La diputación obrera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, expresa que en la L Legislatura Federal, se aprobó por esta honorable Cámara la reforma al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que desde 1970 estableció la obligación de los patrones de pagar a los trabajadores una prima de antigüedad al dejar de prestar sus servicios.
La disposición original dispuso, que la prestación se pagaría a los trabajadores de planta al separarse voluntariamente del empleo; los que lo hagan por causa justificada y a los que sean separados independientemente de la justificación o injustificación del despido, siempre que hayan cumplido quince años de servicio por lo menos. La prima de antigüedad se hizo consistir en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios limitado el emolumento al doble el mínimo cuando fuera mayor el del trabajador. Por otra parte, la fracción V, del artículo 5o. transitorio de la misma ley, impuso que la antigüedad sólo se computaría a partir del 1o. de Mayo de 1970, fecha de vigencia.
Desde la promulgación de la ley, la clase trabajadora organizada se inconformó con el mandato porque únicamente tenía aplicación para los trabajadores de planta; no se pagaba con el salario del trabajador cuando era superior al doble del mínimo; el importe total era reducido y, porque la disposición transitoria, sin tener ese carácter mutiló la verdadera antigüedad de los trabajadores. En consecuencia, desde entonces hubo un pronunciamiento por la reforma del artículo 162 de la
Ley federal del trabajo y la desaparición del artículo 5o. transitorio.
En la L Legislatura Federal, la diputación obrera del Partido Revolucionario Institucional, propuso la reforma al artículo de comentario y supresión del transitorio, que finalmente la honorable Cámara de Diputados las aprobó como sigue:
"Artículo 162. Los trabajadores tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con la norma siguiente:
I. La prima de antigüedad consiste en el importe de quince días de salarios, por cada años de servicios prestados o la parte proporcional al tiempo trabajando en fracciones menores de un año.
II. Se deroga.
III. La prima de antigüedad se entregará a los trabajadores, o en su caso, a sus beneficiarios, al terminarse o al rescindirse el contrato o relación de trabajo, sea cual fuere la causa de la terminación o de la rescisión, sobre la base del último salario que hubiere estado devengado.
En los casos de suspensión de las relaciones de trabajo, los trabajadores tendrán derecho a pedir que se les entregue el importe de la prima de antigüedad que les corresponda, hasta el momento de la suspensión. En este caso al cesar la causa de la suspensión y reanudarse las relaciones laborales, se empezará a computar nuevamente la antigüedad para, solo para los efectos de este artículo
IV ...
a) ...
b) ...
c) ...
V ...
VI ...
TRANSITORIOS
Primero. Se deroga el artículo 5o. transitorio de la ley Federal del Trabajo.
Segundo. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial".
Al aprobarse las anteriores reformas también se acordó, conforme al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, que pasará al senado para sus efectos constitucionales. Esto ocurrió en la sesión del día 15 de octubre de 1976, sin que hasta hora haya informado la Colegisladora sobre el trámite constitucional que le corresponde. En consecuencia, la diputación obrera firmante, pide a esta soberanía, solicite a la honorable Cámara de Senadores proporcione el informe que se requiere, sin desatender lo dispuesto por el inciso a), del artículo 72, de la Constitución Federal.
Atentamente.
Diputados: Alfredo González González, Rogelio Preciado Cisneros, Pedro López Vargas, Gaspar Valdés Valdés, Alfonso Santos Ramírez, Jorge Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Joaquín Martínez, Federico Durán Liñán, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Alfonso Reyes Medrano, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Gonzalo Catellot Madrazo, Cristobal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, J. Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Carrillo Flores, Porfirio Camarena Castro, Felix Liera Ortíz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heriberto Serrano Moreno, José Delgado Valle, Juan Carlos Velasco Pérez, Abimael López Castillo, Raúl Ramírez Chávez, Leobardo Ramos Martínez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, Oney Cuevas Santiago, Blas Chumacero Sánchez, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinosa Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solís Payán, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Pliego, Emilio Jorge Cordero García, Diego Navarro Rodríguez, Luis Najera Olvera, Américo Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, Rafael García Anaya, José Nerio Torres Ortiz, José Luis Galaviz Cabral, Rebeca Arenas Martínez, Porfirio Cortéz Silva, Heriberto Morales Arroyo, Samuel Quiroz de la Vega, Salvador Ramos Bustamante, Serafín Roa Cortéz, Sergio Roa Fernández, Porfirio Leonel Rojas Medina, Rafael Sainz Moreno, David Serrano Acosta, Isaías Vázquez Mendoza, Jorge Acedo Samaniego, Eduardo Hernández Mier, Manuel Monreal Zamarripa, Gonzalo Padilla Fuentes, José Marcelino Rodríguez Silva, Eleazar Camarillo Ochoa, Luis Pérez Díaz, Arturo Ruiz Morales».
Dejo este documento en manos de la secretaría para los efectos correspondientes que se consignan en el cuerpo del mismo. Muchas gracias.
El C. presidente: -Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY SOBRE ATRIBUCIONES AL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA ECONÓMICA
EL C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Víctor Guillermo Alvarez Herrera.
El C. Víctor Guillermo Alvarez Herrera: - Señor presidente; señoras y señores diputados:
«Ante las constantes alzas de combustibles derivados del petróleo y de tarifas de energía eléctrica y las graves repercusiones que esto tiene en el poder adquisitivo del pueblo en general, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, considera inminente la necesidad de adecuar y precisar la legislación en la materia, hacia la mayor protección de los intereses del pueblo mexicano.
El artículo 28 constitucional dice: "las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materiales o productos que consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular".
Y en otro de sus párrafos dice: " la ley protegerá a los consumidores".
El reglamento sobre artículos de consumo necesario marca en el artículo 1o "tienen el carácter de artículos de consumo necesario los siguientes, dentro de la lista esta petróleo y sus derivados" "La ley reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de monopolios" reglamenta para que "puedan regularse los precios para que no se abatan en perjuicio de los salarios ni aumenten a expensas del consumidor" y sanciona el hecho de "imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios, con perjuicio del público en general o de una clase social.
Vemos la necesidad de reformar el artículo 2o. de la "Ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica" que en la forma que ésta dice:
"Artículo 2o. el Ejecutivo Federal tendrá facultades para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo y fijar las tarifas de los servicios siempre sobre la base de reconocimiento de una utilidad razonable tratándose de las mercancías y servicios comprendidas en el artículo anterior.
Los motivos que nos mueven a presentar esta iniciativa son verdadera y auténticamente democráticos, ya que democracia no son solamente elecciones, sino la participación del pueblo en los actos de gobierno y las decisiones que toma unilateralmente (uno solo de los poderes) en la aplicación de precios y tarifas, de luz, gas doméstico, gasolinas y combustibles derivados de éstas, afecta directa y cotidianamente a todos los mexicanos y sin duda son bienes de uso común necesario, insustituibles y con grave incidencia directa en el proceso inflacionario. Por el interés público expuesto en estas decisiones, es indispensable que como ocurre y se concibió constitucionalmente en la materia fiscal, sean decisiones en las que intervenga la representación nacional.
Por lo que toca al párrafo del artículo 2o. de la "Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo de Materia Económica" que se refiere a "siempre sobre la base de una utilidad razonable" quedan sin posibilidad de determinación esta ya que el costo gira sobre dos ejes movibles que son el gasto equivocado o superfluo y el alto porcentaje de impuestos con los que se gravan dichos servicios y productos.
Mientras este artículo 2o. no se modifique discrepará con el artículo 73 constitucional en su fracción VII a la letra dice.
Artículo 73. El Congreso tiene la facultad: VII para imponer la contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
Por el alto porcentaje de impuesto que tienen los precios de los energéticos, modifican el Presupuesto de Ingresos aún en el supuesto de que los aumentos a los combustibles y energéticos fueran los adecuados a los necesarios, el procedimiento mismo le quita legitimidad al hacerlo sin la aprobación del pueblo o sus representantes desoyendo los preceptos que marcan los artículos 39 y 40 constitucionales.
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática.
El pueblo tiene sus legítimos representantes que somos nosotros los diputados, diputados de diferentes fracciones parlamentarias, que no podemos negarnos a nosotros mismos, la capacidad para representar al pueblo mexicano en la determinación de los precios y tarifas que van a repercutir en su capacidad adquisitiva de la vida diaria.
Por esto el sentido de la presente iniciativa es que intervenga esta Cámara pluripartidista en la fijación de precios y tarifas de gas doméstico, luz, gasolina y combustibles derivados de éstas.
Por lo antes expuesto y fundado en lo dispuesto
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica.
Artículo único. Se adiciona el artículo 2o. para quedar como sigue:
Artículo segundo. El Ejecutivo Federal tendrá facultades para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo y fijar las tarifas de los servicios, en su caso, siempre sobre la base de reconocimiento de una utilidad razonable, tratándose de las mercancías y servicios comprendidos en el artículo anterior, excepción hecha de los servicios y tarifas relacionadas con energía eléctrica, gasolinas y derivados en cuyo caso será necesaria la previa autorización de la Cámara de Diputados y en los recesos de esta, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 30 de octubre de 1986.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, diputado Víctor Guillermo Alvarez Herrera».
El C. presidente: -Túrnese a las Comisiones de Comercio y de Energéticos.
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano Manuel Fernández Flores.
El C. Manuel Fernández Flores: -Señor presidente; honorable asamblea:
«Los que suscriben, diputados del Partido Popular Socialista, miembros de esta LIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución General de la República y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que modifica y adiciona la fracción VI del apartado A de la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, para establecer la escala móvil de los salarios.
Fundamos esta iniciativa en las siguientes consideraciones:
Nuestro partido , al igual que numerosas organizaciones sindicales de nuestro país, ha venido advirtiendo con profunda inquietud como de manera acelerada y constante se deteriora el poder adquisitivo de los salarios de todos los que, en una u otra forma, intervienen en el proceso de la producción. Instados por la burguesía voraz a moderar sus demandas salariales y prestaciones sociales, los trabajadores, al igual que la población en general, están siendo víctimas de una incontrolada y desenfrenada alza de los precios, no sólo de los artículos fundamentales para su subsistencia, sino de todos aquellos que se han vuelto imperativos por las condiciones de trabajo y las condiciones generales de vida.
Esta agresiva campaña de elevación de los precios -criminales en un período inflación, de recesión, de estancamiento de la producción y de desorden monetario- y la constante fuga de los recursos hacia el exterior del país, y frente al derroche y despilfarro de los recursos por diversas vías, además de la cada vez más exagerada acumulación de las ganancias, del engaño al consumidor, de una política de austeridad, dirigida contra los trabajadores las masas populares, tiene como resultado el deterioro del salario, la pérdida de su poder adquisitivo y la reducción masiva del consumo, con lo que, al tratar de superar la coyuntura económica, se descargan sobre los asalariados y las masas populares las consecuencias de una política económica aberrante, como si ellos fueran los responsables de la crisis que sacude los cimientos del sistema capitalista.
Los hechos que constituyen esta realidad social son tan evidentes que no pueden ya disimularse con subterfugios los fuertes impactos que ellos producen en la economía familiar. Afectan por igual no sólo a los que viven exclusivamente de un ingreso fijo, incluyendo a determinadas categorías de trabajadores como los empleados de confianza y también a los pequeños campesinos productores de artículos básicos sujetos a un precio de "garantía", a los jubilados y pensionados. El resultado más dramático de esta situación se refleja en el hecho de que el 70% de la población, no alcanza siquiera a disfrutar de la dieta mínima para su desarrollo físico y mental. En el año que está por concluir, se anuncia que el incremento de los precios llegará a mas del 100%, en tanto que el aumento salarial ha sido muy inferior y cuya capacidad para satisfacer las nuevas necesidades sociales derivadas de los cambios económicos producidos, arroja una pérdida notable en contra de los asalariados.
Especulación desenfrenada con necesidades apremiantes.
El abatimiento del poder adquisitivo de los salarios se agudiza con la intervención de otros factores, igualmente graves para la economía individual y el desarrollo progresivo del país. Entre esos otros factores esta la extrema especulación que se hace en forma oprobiosa, con el negocio de arrendamiento en virtud del alza brutal de los alquileres, a la que no escapan la modesta vivienda, los cuartuchos redondos y las barracas carentes de todos los servicios y de las mínimas condiciones de comodidad e higiene. La vivienda, que junto con la alimentación es una necesidad vital -una parte de la subsistencia-, queda de esta manera forma sujeta a la más desenfrenada especulación. Lo mismo ocurre con los terrenos urbanos, que alcanzan precios prohibitivos; sus mejores áreas, por esta razón, se han convertido en fraccionamientos lujosos, exclusivos de las restringidas capas privilegiadas, terrenos urbanos a cuyo aumento de valor contribuye la extensión de todos los servicios públicos. Los elevados precios de los materiales para la construcción no sólo carecen y dificultan las obras públicas de carácter social, sino que hacen prácticamente imposible su empleo por los sectores propietarios de modestos recursos. Los crecientes intereses de los préstamos en garantía inmobiliaria o hipotecaria hacen que su hipoteca funcione muchas veces como medio de despojo, ante la imposibilidad de pagar, las actuales circunstancias, el crédito y sus intereses.
Negar que todos estos factores absorben ya una parte muy considerable del ingreso de los trabajadores, sería pretender desconocer que esta situación real orilla a restringir otros gastos igualmente importantes para la subsistencia, entre ellos el volumen y la calidad tan precarios de los alimentos; a buscar la solución en el hacinamiento de varias familias que contribuyan al pago de los altos alquileres, o refugiarse en las zonas insalubres o en las concentraciones urbanas indebidamente llamadas "colonias proletarias", como si los trabajadores no tuvieron derecho a una vivienda decorosa, digna de su calidad humana y de su carácter de productores de todas las riquezas. La mínima aportación de los patrones al Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, deducible por otra parte, y que finalmente recae sobre el pueblo, impide resolver el problema de la vivienda. La falta de una secretaría de Estado que asuma las tareas de planeación, programación y construcción de vivienda para los trabajadores de manera masiva, ha agravado este problema.
Educación, cultura y salud plena, fuera del alcance de los trabajadores.
La inflación, la especulación, la política de austeridad y el descenso del poder adquisitivo de los salarios, tienen muy graves repercusiones, que se traducen en detrimento de la salud y de la educación del pueblo. El alza exorbitada de los precios de las medicinas y de los productos químicos farmacéuticos, impuesta por la fuerza mediante la rebelión de las empresas multinacionales de esas ramas que operan en nuestro país, y como consecuencia, la reducción de los cuadros básicos de los medicamentos tiende a restringir, o más bien restringe ya, la eficacia de los servicios médicos y la pronta recuperación de la salud. Para la población no asegurada, que constituye todavía una parte muy importante del total, no hay posibilidad de acceso a las atenciones médicas y hospitalarias, al igual que le está vedado o muy restringido el uso de los medicamentos. Debido al incremento de la población cada vez más numeroso, aumenta el porcentaje de los accidentes de trabajo, se multiplican las enfermedades nerviosas, mentales y cardiacas, y se acentúa el desgaste físico prematuro de los trabajadores.
El aumento a los precios de los libros escolares de la segunda enseñanza y de la enseñanza superior, de los artículos escolares y de los libros de cultura general, no tiene límite alguno. Las ocasionales publicaciones que hace el Instituto Nacional del Consumidor en la prensa nacional no dejan la menor duda respecto a la anarquía en los precios y la voracidad capitalista. En las condiciones de vida impuestas hoy por el progreso de técnica y el desarrollo de la sociedad, la actividad intelectual representa para el trabajador un esfuerzo cada vez más difícil de realizar, no tan sólo por el agotamiento provocado por la intensidad del trabajo, sino por la abusiva elevación de los libros de consulta.
Por todo ello, una gran masa de trabajadores está condenada a permanecer al margen de las luces de la cultura.
No es exagerado decir que para millones de mexicanos jamás han figurado en su presupuesto familiar por los bajos salarios y el constante descenso del poder adquisitivo de estos gastos como los correspondientes a la lectura y las distracciones educativas o recreativas. La asistencia a los espectáculos deportivos, al teatro, y a otras diversiones honestas, igualmente populares, esta excluida de sus posibilidades económicas.
En el deterioro de poder adquisitivo inciden también de forma no menos perjudicial, los aumentos correspondientes a los gastos del gas, de la electricidad, del agua, de los impuestos prediales, de los seguros por préstamos hipotecarios y los relativos a los artículos llamados de línea
blanca y de manejo de casa. No menos impacto tienen los aumentos de precios de bebidas refrescantes y gaseosas, inclusive de aquellas de elaboración doméstica que tradicionalmente han constituido para nuestro pueblo un complemento de su raquítica alimentación. Mientras que muchas empresas gozan de exenciones y transigencias fiscales de diversos tipos, los trabajadores como causantes cautivos ven mermados notablemente sus salarios por los crecientes impuestos al producto del trabajo, que junto con los impuestos indirectos exacerban muchos más la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones y jubilaciones. No es raro que en las negociaciones sobre contratos colectivos los patrones se resistan a incluir en el presupuesto familiar, considerándolos como gasto "suntuarios", los transportes el automóvil, etcétera, imprescindible en la vida moderna. El nivel de vida tradicional conduce a sacrificar algunas necesidades físicas -alimentarias, por ejemplo - , en provecho de ciertas exigencias sociales, por otra parte difícilmente evitables: empleadas de comercio o de oficinas que se "alimentan" al mediodía con una torta y un refresco, o no hacen más que una comida al día, para poder vestir como los empresarios o su profesión los exigen, ya que de otra forma perderían su empleo.
En algunos casos, el salario menos bajo permite luchar contra el incremento de los gastos requeridos para la compra de ropa y calzado del trabajador y de su familia, cuyos precios se han multiplicado en los últimos meses, haciéndolos que duren el mayor tiempo posible mediante el zurcido y el remedio de esos indispensables artículos, y con el mantenimiento minucioso o el incremento de los gastos de tintorería y de lavado de ropa, que tampoco han conservado un nivel tolerable. En los casos de salario inferior, la compra de esos efectos se limita a los de más baja calidad, para preservarlos del desgaste rápido y sin remedio. En ambos casos se da esta realidad para cubrir el mínimo de los gastos no alimentarios exigidos por la vida cotidiana, se hace necesario reducir la calidad de los alimentos, y no sólo de su cantidad.
Los dueños del dinero revierten su responsabilidad.
Porque no ha habido hasta hoy ninguna fórmula para resolver esta dramática situación creada por la degradación de las condiciones de vida, y la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios, la familia trabajadora que cuenta con ciertas posibilidades de empleo y de ingreso tiene que absorber, mediante su solidaridad, cargas que siendo de la exclusiva responsabilidad de los dueños del dinero, la revierten éstos sobre la sociedad, entre ellas el desempleo. En el seno de cada familia - en las condiciones actuales de crisis, de inflación, de especulación y de afán de ganancias desmedidas- no existe un lugar en el que no haya, cuando menos, uno o dos desempleados, y uno o dos inactivos, sin contar a quienes cursan estudios por el alto índice de población joven que caracteriza a nuestro país.
Pero esta forma de obligada solidaridad a llegado también a su punto crítico, en la medida en que el empobrecimiento relativo y absoluto ha cancelado, o ha dificultado las posibilidades de renovación de la fuerza de trabajo en las condiciones exigidas por la salud y el bienestar de la familia obrera.
Añadamos a todo esto que algunas prestaciones sociales de alto contenido humano, establecidas en la constitución de nuestro país e incorporadas en la legislación laboral y en los contratos colectivos de trabajo, como por ejemplo las vacaciones instituidas para posibilitar la recuperación de la energía gastada en el trabajo y proteger la salud de los trabajadores, han llegado a ser ya para muchos trabajadores inoperantes, no sólo porque el dinero recibido por el trabajador por ese concepto es destinado a pagar deudas e intereses apremiantes, sino porque los altos precios que imperan en los centros de recreación, en los restaurantes y en los transportes, hacen prohibitivo su disfrute. Una reciente encuesta realizada por un canal metropolitano de la televisión sobre el destino que los interesados darían a los dineros provenientes de los aguinaldos, puso en relieve que el monto de esta prestación estaba ya, con mucha antelación, destinado a cubrir los múltiples gastos derivados, asimismo del alza del costo de la vida.
Hoy es más evidente que nunca la diferencia entre miseria y opulencia.
Estos son los hechos de la realidad social y de sus tendencias en el momento actual que vive nuestro país. Con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, debida fundamentalmente a la elevación exagerada de los precios, a la agudizada explotación de los trabajadores y de las masas populares, a la inflación y a la especulación, y a la desmedida rapacidad y a la afán de lucro excesivo, se ha acentuado aún más el drama nacional que desde hace tiempo vive nuestro pueblo; hoy es más evidente que nunca la diferenciación y la división de la sociedad mexicana en sus dos polos: por un lado, la miseria, con su correlativa relación, el hambre, y, por el otro la opulencia creciente de un pequeño grupo de multimillonarios. Lo que indigna es que al lado de tan pocos multimillonarios, haya millones de desposeídos, burlados en sus intereses, carentes de los más indispensables medios para subsistir, porque la
existencia de los primeros implica, como relación de causa a efecto, la existencia de los segundos.
Es hora de decir que en nuestro medio no puede haber solución que permita satisfacer, a la vez, los intereses de los grandes monopolios adueñados de sectores vitales de nuestra economía, como el de la alimentación y el de los medicamentos, y los de los sectores que penosamente pueden apenas subsistir.
En estas circunstancias sin la menor exageración que la persistencia de esta situación esbozada no permita ya la plena renovación física de la fuerza de trabajo de la gran mayoría de los trabajadores mexicanos. En este contexto histórico en el que hay que situar la institucionalización de la escala móvil de los salarios. Es indispensable cuando menos, si no liquidar, en todo caso y contra todos los intereses con tener y limitar las agresiones del poder adquisitivo de los salarios para, mediante la adopción de las medidas necesarias, impedir que por los canales del alza de los precios y la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, los capitalinos recuperen lo que los asalariados hubieren conseguido por medio de los aumentos de las renumeraciones.
El mecanismo mediante el cual se propone proteger y mantener el nivel del poder adquisitivo de los salarios, es y debe ser independiente de la lucha económica, de la lucha reivincadora que los trabajadores llevan a cabo, la cual tiene por objeto obtener mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo; esta lucha está en relación con las oscilaciones de los salarios en función de las diversas fases de la acumulación capitalista, de la intensificación del trabajo, del incremento de la productividad, de la aplicación en la producción de las conquistas de la ciencia y de la técnica, y de las condiciones mismas del trabajo.
En ese sentido es como el valor de la fuerza de trabajo llega a ser una magnitud variable, de la cual dependen las necesidades históricamente definidas de la clase obrera, y se expresan el salario nominal, es decir, en la suma por lo cual el trabajador vende su fuerza de trabajo.
La escala móvil de los salarios legítima aspiración de los trabajadores.
La iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, no es original, no constituye una novedad, ni es tampoco una medida extraña a la salvaguarda de los intereses nacionales. Popularizada desde hace muchos años en el mundo del trabajo con el nombre de "Escala Móvil de los Salarios", se haya actualmente en funcionamiento en numerosos países donde los salarios son menos bajos que en el nuestro. No sólo es una legítima aspiración de los trabajadores, sino una necesidad impostergable para detener la degradación del nivel de vida de los asalariados.
En nuestro país, de acuerdo con las referencias escritas que se conocen, comenzó a plantearse esta reivindicación desde 1934, en el Congreso Extraordinario de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM). Su planteamiento, independientemente de las condiciones concretas de entonces, significaba ya la preocupación por dotar a los trabajadores de un instrumento que impidiera a los capitalistas seguir arrebatando a los trabajadores, mediante los aumentos de los precios, lo que con duros sacrificios y acosta de prolongadas y difíciles luchas lograron arrancar a sus explotadores.
Más tarde en los congresos nacionales de derecho del trabajo, convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los años de 1949 y 1952, representantes de diversas organizaciones sindicales de nuestro país reiteraron iguales planteamientos. Alarmados por los incesantes aumentos de los precios que los despojan de una cantidad mayor de mercancías y de recursos propios para subsistir decorosamente, se puede decir que en ningún momento de la acción en defensa de los trabajadores ha dejado de plantearse la escala móvil de los salarios, con este o con cualquier otro nombre, como instrumento para detener los abusos contra el nivel de vida de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de ley que adiciona un párrafo a la fracción VI del apartado A y fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:
Artículo 123...
Apartado A...
VI...
Apartado B...
IV...
Para proteger y preservar el poder adquisitivo de los salarios, pensiones y jubilaciones, se establece la escala móvil de los salarios. Para determinar las modalidades, las necesidades fisiológicas y sociales resultantes de los progresos técnicos y el desarrollo de la sociedad, la distribución
porcentual y las partidas que debe contener el presupuesto familiar, así como las condiciones matemáticas para la aplicación automática de la escala móvil de los salarios ante el alza de los precios, se crea la Comisión Nacional de Protección y Conservación del Poder Adquisitivo de los Salarios, integrada por igual número de representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno. Este sistema es independiente de las acciones reivindicatorias de los trabajadores en favor de los aumentos de salarios. Corresponde a la Ley Reglamentaria establecer las bases que regirán a este sistema.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Manuel Fernández Flores».
El C. presidente: -Túrnese a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
COMENTARIOS SOBRE LAS ELECCIONES REALIZADAS EN SINALOA
El C. presidente: - Entramos en proposiciones, tiene la palabra el diputado Salvador Robles Quintero.
El C. Salvador Robles Quintero: - Con su venía señor presidente; señoras y señores diputados: en la sesión anterior con motivo de la iniciativa de dar el nombre de Francisco I. Madero al Salón Verde, se hicieron algunas afirmaciones serias sobre el proceso electoral del estado de Sinaloa; no obstante que nosotros queríamos respetar el orden del día de esta sesión hubo sin embargo insistentes intervenciones para tratar de empañar la imagen de ese proceso electoral. Nosotros deliberadamente nos abstuvimos de venir a esta tribuna hasta no tener la mayor cantidad posible de datos preliminares, no oficiales, sobre el proceso electoral del estado de Sinaloa.
Ahora consideramos necesario y urgente venir a esta tribuna, en virtud no sólo de los datos preliminares de que se tiene ya noticias sobre el proceso electoral, sino sobre nuevos hechos que hacen urgente y necesaria una decisión, un pronunciamiento de esta asamblea soberana; permítanme resumir la intervención de los CC. diputados del Partido Acción Nacional en aquella ocasión.
Presentaron en primer lugar un cuadro deprimente de la realidad de Sinaloa haciendo afirmaciones serias que me voy a permitir precisar. Señalaron también que hubo un doble proceso electoral, según ellos; el urbano perfectamente limpio o aceptable para ellos, y el rural con graves irregularidades. Ellos repitieron las irregularidades que vienen sosteniendo de siempre, de alteraciones en el padrón que afectan a los representantes de los panistas en las casillas, de robo de urnas, de alteraciones diversas no sólo en la realización del proceso electoral sino en la fase de la preparación.
Nosotros queremos empezar por responder con una breve recordación de los antecedentes de estas elecciones en Sinaloa. En noviembre de 1983 se celebraron, como todos recordamos, elecciones en el estado de Sinaloa para renovar autoridades en 18 ayuntamientos y diputaciones locales. En todos los municipios y distritos electorales participaron seis de los siete partidos políticos de los registrados. El Partido Acción Nacional entonces, como ahora, declaró haber triunfado en tres plazas municipales del estado: Culiacán, Mazatlán y Ahome. En estos municipios Acción Nacional había postulado a tres prominentes empresarios del estado de Sinaloa: El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán, y el expresidente de la Cámara Nacional en Ahome; sus nombres: Jorge del Rincón, Humberto Rice y Ernesto Heid.
Durante la campaña electoral se advirtió claramente que el Partido Acción Nacional había recibido un decidido apoyo de un sector del estado, localizado en Culiacán, encabezado por Manuel Clouthier, dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial hasta julio de 1983.
El uno de noviembre de ese año la Comisión Estatal Electoral anunció los resultados oficiales. En el recuento de votos el Partido Revolucionario Institucional ganó en los 18 municipios del estado, y en los que el Partido Acción Nacional reclamaba triunfos, el margen fue relativamente estrecho. No obstante estos resultados, la inconformidad de Acción Nacional en Culiacán y en Mazatlán se manifestó en diversos mítines y manifestaciones. El 17 de noviembre en la ciudad de México los diputados de Acción Nacional abandonaron la Cámara de Diputados en protesta, por lo que entonces calificaron de fraude electoral en Sinaloa. Y el 20 de noviembre se efectuó en Mazatlán un mitin panista de repudio a los resultados.
Tres días después, en Culiacán, la comisión municipal electoral, declaró válidas las elecciones del 6 de noviembre y el 26 de enero de 1984 el Partido Acción Nacional acordó aceptar, finalmente, las 14 regidurías que había obtenido en los comicios del municipio de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
La toma de posesión de los alcaldes de la entidad se desarrolló en forma pacífica, no obstante que la oposición había anunciado movilizaciones de protesta.
Menciono estos antecedentes de hace tres años, para tratar de ilustrar a esta H. asamblea acerca de cual ha sido la táctica permanente de los miembros de Acción Nacional en torno a los resultados electorales, no sólo en Sinaloa sino en muchos otros estados de la República.
Una vez perdidas las elecciones, se trata de empeñar la imagen del proceso electoral. Una vez perdidas las elecciones, se trata de poner en entredicho los resultados y utilizar cualquier incidente, provocado o no por el partido Revolucionario Institucional o por cualquier otro partido, para desacreditar el proceso y para ponerlo, una vez más, someterlo a juicio según ellos.
Este conocido método no contribuye en nada a elevar la participación de nuestro pueblo en el proceso electoral. Si cada vez que un partido, cualquiera que éste sea, pierde las elecciones, automáticamente salta a calificarlo de fraudulento, estamos degradando el proceso político mexicano y yo vengo a protestar contra esta táctica electoral.
Es bueno que se denuncien irregularidades con pruebas y suficientemente demostradas en tiempo y forma, jamás nos hemos opuesto a eso. Pero también es bueno, por la salud política del pueblo mexicano y por la conveniencia de nuestros partidos, todos, que se reconozcan legítimamente los triunfos habidos y se tenga la grandeza de ánimo político para reconocer las derrotas electorales que inevitablemente se presentan en todo proceso político.
El partido mayoritario, en muchas ocasiones, ha reconocido derrotas y se ha esforzado por recomponer sus fuerzas y recuperar las posiciones,, y eso no es prepotencia ni triunfalismo, es simplemente aceptar las reglas del juego político en un sistema de mayorías como el nuestro.
Aquí se lanzaron afirmaciones temerarias sobre lo que era Sinaloa. Se dijo, por ejemplo, que Sinaloa era solamente narcotráfico y violencia, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Sinaloa es una de los estados más ricos de la república, de tierras fértiles, de muchos ríos y mantos acuíferos ricos, de grandes bellezas naturales y con una historia plena de avances y de realizaciones, desde la independencia hasta nuestros días sin olvidar la etapa gloriosa de la Revolución Mexicana. Es un estado eminentemente agrícola, pesquero y turístico, que merced a la combinación de grandes obras de inversión en infraestructura, realizadas por los gobiernos de la Revolución y sobre todo, gracias al trabajo esforzado de miles y miles de hombres y mujeres sinaloenses, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. El estado de Sinaloa constituye, pues, uno de los grandes motores de la producción agropecuaria y pesquera nacional. Ahora, en su aspecto electoral, el padrón registró aproximadamente un millón 50 mil ciudadanos sinaloenses, distribuidos en cerca de 3 mil 700 casillas, que el pasado domingo expresaron su derecho a manifestar su voluntad soberana mediante el ejercicio del voto universal libre, secreto y directo y con participación amplia de todos los partidos políticos registrados. En forma pacífica legal y ordenada los sinaloenses eligieron gobernador, diputados locales y la totalidad de ayuntamientos del estado.
Cifras preliminares -reitero- señalan que el porcentaje de participación fue mayor del 52% y que de las 3 opciones electorales que se le presentaron a la ciudadanía sinaloense, se escogió al mejor programa, al mejor candidato y a quién realizó junto con sus compañeros, una campaña de mayor altura durante los meses previos al acto electoral. Presentar un cuadro deprimente de Sinaloa como el que aquí se hizo por un diputado de la oposición panista, hablando del problema del narcotráfico y de la violencia para ligarlo y así explicar una derrota electoral, es por decir los menos, una grosera simplificación que altera la realidad y que Sinaloa no merece.
Ciertamente existen estos problemas en Sinaloa, pero no representan el panorama general en que se realizó la elección del domingo 26 pasado.
Yo pienso, yo sostengo que los partidos políticos, conforme la ley, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y en la solución de sus problemas comunitarios, y no presentar visiones deformadas, falsas o deprimentes que contribuyen a aumentar la indiferencia y el pesimismo para participar en las elecciones y resolver los problemas sociales que casi en todas las comunidades existen y que forman parte de su vida en relación en una comunidad moderna. Sinaloa, señores, es mucho mas que narcotráfico y violencia, es una comunidad civilizada en amplias, amplísimas capas de la población de hombres y mujeres que trabajan y que producen para el bienestar de ellos mismos y de la nación.
Durante la etapa previa de las elecciones, se realizaron todos los procesos que marca la ley, la ley federal y la ley estatal; el padrón definitivo que se utilizó en las elecciones constitucionales de Sinaloa se entregó a los comités distritales electorales y a los partidos políticos que contendieron en la elección el debido tiempo y forma. Cabe
destacar que en la sesión pública del día 22 de octubre, una semana antes de las elecciones de la comisión estatal electoral, se procedió a subsanar el caso de sus 320 electores, reitero 320 electores de un millón 70 mil que tiene el padrón, en 3 mil 700 casillas, lo cual significa que solo 320 personas fueron eliminadas del padrón; ellos nos demuestran la calidad de ese padrón, pues en Sinaloa los trabajos previos de depuración y actualización permitieron captar altas por el orden de 185 mil ciudadanos y una bajas por el orden de 80 mil que cambiaron de domicilio, que fallecieron o que repitieron nombres.
Se hicieron los registros ante los organismos electorales competentes por la parte de los partidos registrados.
Y en el caso del Partido Acción Nacional, a pesar de haber recibido oportunamente del 5 de octubre del año en curso un tanto del padrón del estado de Sinaloa por parte del señor Gabriel López Palomares comisionado de este partido ante el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Federal de Electores, no se porque, pero algunos afirman que tendenciosamente, el Partido de Acción Nacional retraso la presentación de los nombramientos de sus representantes, tanto de partido como de candidatos para las mesas directivas de casillas y solo las hizo presentes hasta el 25 de octubre ante los Comités Distritales Electorales para su registro y sello. Ahora que nos venga a decir aquí que los organismos electorales devolvieron tardíamente los nombramientos sellados, pues según consta en la propia acta de la sesión pública de la comisión electoral a la que por cierto no asistió el comisionado de Acción Nacional, se mostró el control de presentación de la solicitud del registro y de la hora que fueron recibidos por los organismos electorales.
Si Acción Nacional presentó tardíamente los nombramientos y los comités distritales electorales se entregaron lo más tarde, 12 o 24 horas, los nombramientos ya sellados no hay derecho a reclamar que no se les dio el nombramiento respectivo en tiempo y forma, porque Acción Nacional no registró nombramientos de representantes generales.
Cabe indicar también como parte de la etapa previa a las elecciones que a propuesta del partido Revolucionario Institucional se usaron urnas traslúcidas que se armaron ante los representantes de todos los partidos y los funcionarios de casillas. Que hubo abstencionismo, sí es cierto, el pueblo de Sinaloa acudió a las urnas a emitir su sufragio ordenadamente a excepción de actos violentos ejecutados por el candidato del Partido Acción Nacional y de sus partidarios, entre ellos sus hijos y una reducida pandilla, porque no puedo llamarla de otra manera, de activistas electorales que trataron de alterar los cómputos y de obtener violentamente las actas finales del escrutinio.
Nuestro candidato, según la cifras preliminares, reitero, obtuvo más de 300 mil votos y el candidato del Partido Acción Nacional obtuvo más de 110 mil votos aproximadamente.
Estos datos revelan, repito un avance del 53% del total de electores que tenían derecho a votar, lo cual indica que los Sinaloenses si acudieron a expresar su voluntad ciudadana en su gran mayoría a pesar del clima de tensión y de violencia que con declaraciones procaces se trató de sembrar en la etapa previa a la elecciones.
Y ese 53% debe considerarse como un porcentaje relativamente apropiado de la experiencia electoral de nuestro estado y de otros estados de la República.
Faltan por computarse mil actas finales de escrutinio; pero seguramente ahí se rectificará el triunfo de nuestro candidato, el licenciado Francisco Labastida Ochoa, que es un servidor público de toda su vida, que es un militante distinguido del sector revolucionario de México, que se ha desempeñado como profesor universitario y que además siempre ha cumplido con alto sentido de responsabilidad, las tareas públicas que se le han encomendado.
Hubo incidentes por municipios y por casillas. Sí los hubo, pero no llegan al 1%; no representan de ninguna manera el panorama general y no es responsabilidad sólo de un partido, esos incidentes. Hay un conjunto de actas que serán presentadas oportunamente ante las autoridades competentes para calificar el proceso electoral.
Yo no quisiera desaprovechar esta oportunidad para señalar que sí hubo una campaña de intimidación, empezó desde mucho antes de las elecciones, burlándose de los cincuenta y tantos mil ciudadanos sinaloenses que iban a participar en el proceso electoral y adelantando prejuciadamente una conducta que todavía no se registraba ni se registró. Sería largo enumerar esa campaña, sin embargo, y para terminar, quiero llamar la atención de esta asamblea soberana a cerca de un dato curioso que he registrado. Han desfilado por esta tribuna, numerosos oradores del Partido Acción Nacional para debatir el proceso electoral de Sinaloa, desconozco, pero es cierto, desconozco si por pudor o por alguna razón subjetiva que reclamaría la asesoría de un psicoanalista, casi ninguno de dichos oradores han mencionado el nombre de su candidato a la gubernatura del estado: ese señor ingeniero Manuel Clouthier, el pintoresco candidato, de cuya vida personal,
obras y actitudes no me voy a ocupar, solamente señalaré los aspectos que tienen repercusión pública y social. Por respeto a la opinión pública, a la seriedad de esta tribuna y al pueblo de Sinaloa no hablaré de las andanzas personales de este flamante agricultor transnacional, dirigente empresarial reconocido y ya procaz candidato cuyos dichos y hazañas llenarían varios tomos de la picaresca política y empresarial de Sinaloa y de parte de México.
Me interesa destacar sobre todo su papel social; descendiente de una familia terrateniente tradicionales de mi estado el abuelo empleado de Porfirio Díaz continúa fiel a la cruz de su parroquia política al estar enfrentado desde hace muchas décadas a grupos campesinos que lo denunciaron como poseedor de latifundios abiertos y simulados y como rentista de tierras; su nexos con empresas transnacionales y con algún incidente de narcotráfico, son bastante conocidos y su búsqueda de puestos públicos por cualquier partido que sea no son tampoco misterio para nadie. Este personaje, hoy candidato del Partido Acción Nacional, distinguido oligarca, descendiente de rancias familias latifundistas y próspero empresario ligado a conocidos políticos americanos, no puede contar con el voto de los campesinos; tampoco el de los obreros; tampoco el de los pescadores y de los cooperativistas que ante la crisis que a todos preocupa y a ellos sobre todo, observan el despliegue de dinero y de prepotencia violenta en este robusto personaje. Así no hay lógica en afirmar que el voto rural fue recogido por el Partido Revolucionario Institucional en forma irregular en favor de nuestros candidatos y en contra de este personaje.
Yo quiero precisar que jamás hubo irregularidades en el proceso electoral en el campo rural ni hubo tampoco un doble proceso electoral, el de la ciudad, elegante y limpio y el de la ciudad desdeñado y hasta despreciado aquí por algunos de los diputados de la sesión anterior. El voto rural es y seguirá siendo por mucho tiempo contrario a los intereses de las fuerzas conservadoras de este país que se oponen a todos los avances de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. (aplausos.)
RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PROPÓSITOS ELECTORALES ILÍCITOS
EL C. presidente: -Tiene la palabra el señor diputado José Angel Conchello.
El C. José Angel Conchello: - Señores diputados: en la sesión anterior se hizo aquí una denuncia que pasó muy a la ligera no sé si por una complicidad mal entendida o por que no se entendió la magnitud de lo que se estaba denunciando.
Me refiero a la denuncia que se hizo de que, con propósitos electorales en el estado de Sinaloa se estaban usando alimentos que las Naciones Unidas estaban destinando en un gran programa mundial de alimentación.
Yo quiero aclarar ante ustedes la magnitud de este programa, para que se vea la magnitud de esa desviación. Enaltecer el gran momento que está viviendo México, estaba viviendo México, con ese extraordinario programa y que por intereses ilícitos de carácter electoral está en peligro de venirse abajo.
Ese programa de las Naciones Unidas señores, es un gran ensayo en el que México era, ya no puedo decirles, era el país piloto. Miren ustedes la situación en que se debate el país: los financistas andan todavía con el cuenco en la mano viendo a ver si mañana u hoy, creo que se cierra el plazo, completan el dinero necesario dizque para salvar al país. Entercados en una idea que muchos hemos dicho no se ajusta a este país, que es querer invertir lo que no tenemos, para beneficiar lo que sí tenemos, que es querer invertir capital para crear trabajo. Cuando otros muchos hemos dicho, se ha dicho en las Naciones Unidas, que los países en desarrollo no deben copiar los esquemas de desarrollo de las naciones avanzadas y que deben buscar la forma de invertir trabajo para crear capitales.
Y esto que a muchos les parece extraño era precisamente el propósito del programa de Naciones Unidas, gracias a la colaboración canadiense y holandesa, se habían creado raciones alimentarias, raciones por valor de 22 millones de dólares que estaban destinadas a ser entregadas a los campesinos que emprendieran tareas colectivas que ellos decidieran y que el resultado de sus tareas sería propiedad de todos, Y en aquellas regiones se hicieron granjas avícolas, se hicieron canales, los campesinos desocupados una parte del año empleaban sus momentos libres en tareas que ellos habían decidido y como el Gobierno de México no tenía en ese momento recursos para darles el salario mínimo, las Naciones Unidas al menos, creaban una ración cotidiana de alimentos porque esos hombres estaban creando un capital del cual se iban a beneficiar, un ensayo que dicho con 22 millones de dólares habla de muchos días de trabajo voluntario de los campesinos que allá al ras del suelo y al ras de pueblo iban a crear con sus manos los campesinos mexicanos. Había intereses en que fuera en África, había
intereses de que fuera en Sudamérica pero las Naciones Unidas decidieron que fuera preferible ensayarlo en México y aquí ensayaron un gran programa piloto que si funcionaba, iba aplicarse en todos los países del mundo subdesarrollado para que no dependiéramos ya del capital de las naciones avanzadas. Era un cambiar los esquemas a los que estamos acostumbrados, salir de la cárcel financista y convertir, permítanme la expresión, a la mesa en energía, simplemente bajo la guía técnica de las Naciones Unidas, pero obteniendo el principal impulso en manos de los campesinos, primero de México y luego de todo el mundo.
Estábamos disfrutando de un momento privilegiado de la historia y esa ayuda, esa nueva organización del trabajo voluntario no tiene nada de indigno, estaba siendo canalizada por otras partes allá en Sinaloa a través de la Secretaría de la Reforma Agraria a través de la Secretaría de Salud, pero de pronto, nos encontramos que este patrimonio que venía sagradamente destinado a promover un nuevo ensayo, un plan piloto a nivel mundial, estaba siendo desviado con ilícitos, con incalificables propósitos electorales.
Señores, y si esto no limpia la imagen de México, ya la señora Blanca Paredo, encargada del programa de nuestro país dijo que tiene que informar a Roma de la desviación de los recursos que las naciones unidas ponen en manos del pueblo mexicano o del Gobierno mexicano.
Señores, para limpiar el nombre de México yo les doy el beneficio de la duda a los que quieran, pero para limpiar el nombre de México es necesario que esta Cámara emprenda una investigación exhaustiva primero, si fue cierto como nos consta que sí fue, que hubo desviación, y segundos, si hubo tal desviación cómo fue posible que esta desviación ocurriera, de lo contrario señores, se va a manchar el nombre de México, se va a manchar el nombre de un gran programa, y se va a interrumpir un plan piloto que puede ser de gran beneficio colectivo.
Por todo lo anterior, y pensando que lo que está en juego son los derechos humanos, nos permitimos pedirles acepten esta proposición, nos permitimos pedirles simplemente la acepten para investigar, y la proposición dice así:
"Que la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara inicie una exhaustiva investigación sobre el desvío de recursos de las Naciones Unidas, pertenecientes a un gran programa piloto para el cual fue elegido nuestro país, hacia propósitos ilícitamente electorales; que en esa investigación se dirija a los secretarios de la Reforma Agraria y de Salud para que expliquen cómo fue posible esa incalificable desviación, México, octubre 30 de 1986. Los diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional".
Señores, podemos negarnos a todo, menos a investigar a fondo este problema. Muchas gracias.
ELECCIONES REALIZADAS EN SINALOA
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Mario Niebla Alvarez.
El C. Mario Niebla Alvarez: - Señor presidente; compañeros diputados: el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, vino a hacer una serie de afirmaciones sin ni siquiera haber presentado un sólo elemento. Nosotros tenemos conocimiento de que esto que está urdiendo el compañero Conchello no es más que una simple treta de la que él, por haber tenido ya un poco de experiencia en la Cámara, ha querido utilizar, ésta como una caja de resonancia de una denuncia que están ustedes inventando.
Tenemos nosotros una información de que los 100 millones de dólares de los "contras" que se dieron para desestabilizar a Nicaragua, parte de la misma, en el caso especifico de desestabilización, en el caso informativo fueron recibidos por algunas de las gentes prominentes de Acción Nacional que dirigen alguna agencia de información. En el caso específico, estamos averiguando, igual que como usted, y pido que esta legislatura precisamente abra una investigación al respecto de quienes son esos prominentes panistas...
(Voces varias): -Que dé nombres. Que se investigue.
No se enoje, mi compañero, cálmese, no se enoje. Sería muy bueno, yo pediría que aquí hubiese en un momento determinado una investigación para ambas. Eso sería muy importante, yo quisiera pedirlo. Entonces, cálmense señores, no estén tan alterados. Cálmense, compañeros, cálmense. Parece que les molestó demasiado compañeros, póngase tranquilo.
Nosotros pensamos definitivamente que esta Cámara hasta que en un momento determinado no se tengan otros datos contundentes, no podemos considerarnos una Cámara investigadora, mientras venga alguien a crear, en un momento dado, una supuesta violación, un supuesto desvío de fondos, o un supuesto desvío de material que se haya enviado para cualquier propósito de México. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor presidente; señoras y señores diputados: parece que la capacidad de reacción de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, es manifiesta, por que anteayer presentábamos algunas denuncias sobre los sucesos en las elecciones de Sinaloa y después de más de 24 horas su cerebro empieza a carburar y vienen a responder con estas reflexiones para después de la muerte.
Qué falta de seriedad del diputado Niebla de venir a hacer afirmaciones no solamente irresponsables, sino totalmente fuera de la realidad. Y las tácticas que ha venido realizando el partido Revolucionario Institucional no son nuevas. Lo hemos visto cómo han venido manipulando información tendenciosa, a través de organismos específicos, por ejemplo; el Partido Laboral Mexicano, a quienes les pagaron cuentas de hotel precisamente en las elecciones de hace tres años en Sinaloa, les editaron a todo color unos folletos lujosos en los cuales se habla de calumnias contra el Partido Acción Nacional, anteriormente fue el Partido Socialista Unificado de México el objeto de esas calumnias.
Allí se hacen afirmaciones bastante serias, que nos parece sospechosa la actitud de la Secretaría de Gobernación, precisamente cuando solicitó su registro al Partido Laboral Mexicano, el dictamen de la Comisión Federal Electoral, cuyo titular es Manuel Bartlett, a quien tendremos aquí en los próximos días, el dictamen le negó el registro al Partido Laboral Mexicano porque se dijo que este partido tenía ligas o dependencias con el exterior, concretamente con un señor Lyndon Larousse y toda una serie de patrocinadores que le están inyectando dinero, eso sí para provocar problemas internos en el país con la complacencia del señor secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz. Realmente esta afirmación que hace el diputado Niebla, es grave, ¿cómo es posible que el Gobierno mexicano haya callado si realmente fuera cierta esta afirmación, de que cien millones de dólares, parte de estos cien millones de dólares hayan sido canalizados hacia nuestro país? ¿Cómo es posible que la Secretaría de Relaciones Exteriores o el propio Secretario de Gobernación hayan estado callados hasta el momento? Es que realmente esta ligereza del diputado Niebla es parte de muchas otras tantas ligerezas que han venido mostrando a lo largo de estos tres años.
Pero en fin, nosotros nos sumamos a su proposición y que se investigue, que se investigue eso y no que nos hagan como la Comisión Permanente cuando el diputado Jesús González Schmal, tomándoles la palabra para que se investigaran supuestos nexos de Acción Nacional con el extranjero, ustedes lo rechazaron.
Vamos a aceptar esto y acepten también la proposición del diputado Conchello, que no es producto de su imaginación, sino es producto de una investigación minuciosa del periódico El Norte, que fue publicado en Monterrey y una investigación de campo, porque en Sinaloa precisamente los reporteros dieron testimonio de cómo los comestibles destinados a ayuda de la población estaban siendo manipulados en la campaña del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Mario Niebla Alvarez: -¿Me permite una moción?
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -Moción no se la permito; interpelación si se dirige usted al presidente, se la acepto.
El C. presidente: - Si la acepta usted, con mucho gusto.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -Sí la acepto.
El C. Mario Niebla Alvarez: -¿Quién es el dueño del periódico El Norte?
Dígame si no son prominentes panistas de ese Estado.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -El periódico el Norte es uno de los periódicos que se ha significado por una mayor información objetiva y no solamente en este terreno.
El C. Mario Niebla Alvarez: - Pero no me ha contestado, compañero.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -Ya le permití la interpelación, señor diputado, ustedes deben saber quienes son los dueños, ustedes tienen más información.
Señor presidente, refiriéndome al tema planteado por el diputado que vino a darnos una cátedra de moralidad política, cuando precisamente en las discusiones del pasado período de sesiones fue señalado como uno de los autores de cambiar un dictamen legislativo, esa sí una gran inmoralidad y hoy se nos viene a hablar de moralidad política.
Se nos viene a reseñar las incidencias de la campaña en el estado de Sinaloa de hace tres años, y si recuerda el diputado Robles Quintero y los diputados de su partido, realmente en Sinaloa ganó Acción Nacional en los principales municipios. Ustedes recuerdan la campaña específica de Mazatlán donde triunfamos por más de ocho votos a dos; en Mazatlán se dieron varias manifestaciones en apoyo al triunfo de los candidatos de Acción Nacional y cómo posteriormente fue sacado en la prensa como actuaron los alquimistas del partido oficial. Y hoy nuevamente la historia parece pretender repetirse, hoy nuevamente
nos vienen a hablar de triunfalismo, cuando las informaciones que nos han llegado es de que Acción Nacional lleva una amplia delantera en los principales municipios, especialmente Mazatlán, Culiacán y Mochis.
No es que estemos desacreditando el proceso electoral a través de estas denuncias, no es que estemos degradando el proceso cuando hemos hablado con objetividad sobre algunos hechos y yo me voy a referir diputado Robles Quintero a algunos hechos que presenciamos en el municipio de Culiacán.
Concretamente en la población de El Dorado, en la escuela secundaria en víspera de la elección, fueron llevados 32 paquetes, 32 paquetes en la víspera de la elección que fueron transportados posteriormente a la zona rural para cambiar los paquetes de la elección por esos paquetes que ya estaban arreglados.
En Mochis, han detectado ya también laboratorios de los famosos "mapaches", palabra que tanto les indigna a ustedes, laboratorios de alquimistas que están como hace tres años, tratando de arreglar las elecciones con la participación vergonzante del magisterio que está encabezando.
El C. Salvador Robles Quintero: -Me permite una interpelación?
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - No se la permito ya señor diputado.
El C. Salvador Robles Quintero: - Usted me tiene miedo.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -Usted me da lástima. Continúo, están arreglando precisamente los paquetes electorales para intentar un nuevo fraude electoral, se nos dice también que no aceptamos las reglas del juego y que nosotros estamos diciendo que Sinaloa es solamente narcotráfico y corrupción, no es cierto, nosotros hemos denunciado que los malos gobernantes de Sinaloa son los que han propiciado esta situación de narcotráfico, de violencia y de corrupción. Las muertes de los periodistas, recientes, que se han sumado ya a la larga cadena de otras muertes de los informadores sociales.
La violencia que se está generando día con día, el señalamiento de que está involucrado en el narcotráfico el hijo del gobernador Toledo Corro y que no ha querido ser investigado, proposición que ustedes han rechazado insistentemente cuando lo hemos presentado ante esta Cámara de Diputados y no nos digan que el narcotráfico no existe, acuérdense cuando los denunciábamos también en Sinaloa y cuando decían que el gobernador Samuel Ocaña era ajeno a las actividades del narcotráfico y hoy vemos que un hermano de él, Gilberto Ocaña, hermano del exgobernador de Sonora, Samuel Ocaña y delegado del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, delegado de su partido en estas elecciones, el hermano, Gilberto, está siendo procesado por los delitos de narcotráfico, precisamente. Después nos van a salir con que son invenciones del Partido Acción Nacional. También el diputado Robles Quintero viene a acusar a Manuel J. Clouthier de haber tenido un abuelo porfirista. No es ninguna vergüenza, señor diputado, porque entonces sería vergüenza para todos los que tienen ese antepasado y precisamente el primer priísta de la nación, Miguel de la Madrid, su abuelo fue gobernador porfirista. No creemos que sea vergonzante, a menos que usted lo considere así.
También quisiera decirle: dice usted que no van a hablar de las andanzas personales de Clouthier, seguramente porque no tienen ningún expediente y el candidato de ustedes sí tiene un voluminoso expediente. Desgraciadamente la vida privada en política se hace pública cuando no se tiene la calidad moral y cuando se viene a tratar de tergiversar en tribuna, los hechos que no son acordes con la realidad. Porque dice usted que Manuel J. Clouthier ha sido acusado de latifundista, usted ha sido dirigente, - y frustrado dirigente-, frustrado aspirante a la secretaría general de la Confederación Nacional Campesina y ustedes habían acusado a Manuel J. Clouthier de latifundista y ¿por qué no le han quitado sus tierras? ¿Por qué? Porque precisamente las tierras que él posee, están de acuerdo a la ley, mas si es latifundista, si fuera latifundista, es con la complacencia de las autoridades de ustedes y es bastante grave este hecho.
Mire, señor diputado Robles Quintero, tan la votación de Acción Nacional fue bastante alta, que ni el gobernador Toledo Corro pudo ganar en la casilla que él votó. Ahí la votación fue para el Partido de Acción Nacional como en la mayor parte de la población de Sinaloa, donde se pudo computar los votos porque precisamente como usted dijo, en el campo, se manipuló la elección, en el campo, y a mí me tocó comprobar eso, acudían los presidentes de casilla que no llevaban copias suficientes y no las entregaron a muchos representantes, sin embargo en los ejidos, Acción Nacional obtuvo una votación copiosa y lo vamos a ver con las actas que pudimos rescatar.
No es patrimonio del partido oficial el campo que ha dejado de ser tabú para la oposición y nos extraña, finalmente, que con estas actitudes triunfalistas, con estas actitudes que esconden toda una actitud antidemocrática, toda una actitud que pretende llevar la política de carro completo como
lo hicieron en Chihuahua, estén preparando la comparecencia del secretario de Gobernación. ¿Qué nos va a decir aquí Manuel Bartlett Díaz cuando precisamente siga la secuencia del proceso electoral y se hayan realizado los cómputos?
Con estas actitudes realmente ustedes no elevan ni siquiera el debate, no elevan la calidad democrática, no elevan las aspiraciones democráticas del pueblo de México, de sufragio efectivo, con estas actitudes realmente ustedes están contribuyendo a que haya un mayor desaliento. No fue el 52% de electores que no fueron a votar, el número de electores que no fueron a votar es realmente mucho mayor y es realmente preocupante y precisamente con estas actitudes ustedes están tratando de alentar el abstencionismo pero lo que están logrando es una mayor inconformidad, es una mayor decisión del pueblo de México que día a día está recobrando la confianza en el verdadero concepto democrático y no en las actitudes que fueron calificadas de antidemocráticas por el pueblo de Sinaloa al que ustedes están dando la espalda ahora. (Aplausos.)
El C. presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea que son las quince horas y consecuentemente se levanta la sesión para reanudarla a las 16 horas con treinta minutos.
El C. presidente: - Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el C. Jesús González Gortázar.
El C. Jesús González Gortázar: -Señor presidente, compañeros diputados: en la primera parte de la sesión correspondiente al día de hoy, hemos escuchado una serie de versiones, comentarios, alusiones, sobre el problema político del estado de Sinaloa.
Acuerde dirigente de los cañeros, quienes durante el actual sexenio hemos dado a la patria las cuatro zafras más altas de la historia, esto logrado gracias a la coordinación inteligente, seria, sensata, de Francisco Labastida Ochoa, creo de elemental justicia levantar la voz de un sector que aunque participa en Sinaloa, se extiende por todo el territorio nacional en su parte tropical. Porque en esa forma vamos a tratar de dibujar una personalidad política, una personalidad, válgase la redundancia, llena de riquezas y de virtudes humanas, que ha ganado el voto mayoritario del pueblo de Sinaloa. Yo respeto, admiro inclusive, a quienes defienden sus victorias electorales, pero que esas victorias se basen en el voto, en el sufragio mayoritario, que no se basen en una interpretación personal merced a la cual se busque distorsionar la realidad de los hechos.
Los cañeros de Los Mochis, de Navolato, de El Dorado, de Costa Rica, han informado a la dirección nacional los resultados claros, diáfanos y limpios, de unas elecciones que han despertado el interés de todo el pueblo mexicano.
Francisco Labastida Ochoa, me lo dijo a mí, prefiero perder que hacer el menor fraude electoral. Y Francisco Labastida Ochoa, una gente íntegra y responsable, ha hecho honor a su palabra y presenta ante el pueblo de México cifras y hechos indubitables.
Cierto es que en algunos sectores de Culiacán la votación reñida espera todavía cómputos para resolverse. Cierto es que en algunas zonas de Mazatlán y de Los Mochis, puede haber casillas perdidas. Pero la elección se gana por mayoría. No sobre una base geográfica. No sobre una casilla determinada. Y aquí en Sinaloa, nuestro partido, el Revolucionario, logró un equilibrio inteligente entre su plataforma de principios y un candidato de lujo, un candidato extraordinario.
Es importante remontarnos a la historia y tratar de ver por qué de la acción de los sinaloenses; hay que recordar que ese estado era frontera de mesoamérica y terminaba en San Miguel de Culiacán, ahí confluían los límites del Huastlastenuango de Aztlán, lugar mítico del cual salieron los aztecas. Y fueron gentes de Jalisco, de aquella Nueva Galicia, las que subieron al norte para colonizar lo que hoy son los estados de Sonora y de Sinaloa, gente de origen vascongado principalmente, gente que iba a abriendo brecha al paso de su caballo parodiano al Cid Campeador, llegaron a terrenos inhóspitos, donde los caítas emparentados con los yaquis y con los mayos sabían marcar un alto en defensa de sus derechos, hubo armonía, hubo trabajo, hubo realización histórica de los acontecimientos y así fue como en la Independencia con González Hermosillo, un alteño de Jalisco, todo Sinaloa y Sonora estuvieron a favor de dar soberanía al pueblo mexicano.
Durante la reforma en la Intervención Francesa, Rosales derrotó una y diez veces a las fuerzas imperiales, tanto de traidores conservadores como de soldados que en aquél entonces se consideraban los mejores del mundo. Y llegó la revolución después de una etapa porfirista, una etapa que todos nosotros conocemos y el pueblo ha juzgado y así todavía las tamboras vienen tocando con alegría, que Carrasco se disgustó con la muerte de Madero y por eso se levantó con 100 hombres en Potrero, Carrasco y Buena, Angel Flores y tantos otros sinaloenses revolucionarios estuvieron trabajando para dar a nuestro movimiento nacionalista, antiimperialista, democrático y popular una carta de naturalización en el estado de Sinaloa y en esa forma Sinaloa entró ya a la etapa institucional de la Revolución Mexicana.
Sinaloa señores, en un 80% está fuera de la zona de eficacia termopluviométrica. Estos términos medio científicos significan que no hay lluvia suficiente, pero tienen 11 ríos que la convierten en la Mesopotamia de México, y fue la acción de los gobiernos revolucionarios, a partir del presidente caballero Manuel Ávila Camacho, el que estuvieron captando aguas de la Sierra Madre para entonces iniciar los distritos de riego. Desgraciadamente el tiempo parece que se termina, pero esos distritos de riego, entregados a los campesinos tanto ejidatarios como pequeños propietarios, han dado un florecimiento a la economía de este estado prócer.
No es extraño pues, que el voto verde como se le llama, se haya volcado abrumadoramente a favor del licenciado Labastida Ochoa; no es extraño pues que los agricultores y ganaderos, especialmente los pequeños propietarios que tengo el honor de representar en esta legislatura, hayan sufragado el domingo anterior por los colores verde, blanco y rojo del Partido Revolucionario Institucional.
Puede haber muchas palabras, pero decimos los rancheros que contra hechos no hay argumentos, y los hechos son que Francisco Labastida Ochoa triunfó en una forma abrumadora gracias a la voluntad, gracias al espíritu, gracias a la entrega del pueblo de Sinaloa. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Alejandro Gascón Mercado para hechos, cinco minutos.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señoras y señores diputados: es posible que algunos de los señores diputados sientan extrañeza por esta intervención mía. No me voy a referir esencialmente al proceso de Sinaloa, al proceso electoral que acaba de ocurrir, porque yo mantengo el criterio que ya he expresado en reiteradas ocasiones de que este sistema electoral actual no refleja, de ninguna manera, la voluntad de los mexicanos. Eso es evidente.
Por eso cuando se nos informa que todo estuvo mal o que todo estuvo bien, yo creo muy poco de todo esto, francamente. Tengo 40 años de participar en los procesos electorales y esa es mi experiencia y las conclusiones a las que hemos ido llegando paulatinamente por los hechos concretos que se han dado en el país.
Por otro lado siento también que los adversarios más importantes de este sistema en el campo electoral con motivo de las elecciones de Sinaloa, no son una opción para el pueblo mexicano. Yo siempre he creído y lo he manifestado que los pollos gordos no vuelan; cuando los trabajadores siguen a algunos hombre es que no representan los intereses económicos, no tiene razón, pero yo quiero dejar clara una cosa en esta tribuna, porque fui enseñado desde niño que la amistad se defiende con hechos, yo soy amigo personal desde los 15 años de Samuel Ocaña García y quiero dejarlo establecido claramente aquí. Hace mucho tiempo que no lo veo, sin embargo no creo que porque su hermano está involucrado en un supuesto delito se deba culpar a Samuel Ocaña García.
Yo le conozco desde las escuelas secundarias para hijos de trabajadores, desde entonces lo conozco, y sé que Samuel ha participado con las fuerzas revolucionarias en su juventud y más tarde se incorporó - con mi desilusion- al Partido Revolucionario Institucional. Pero entiendo que dentro de los gobernantes de este país, es el de los menos malos que ha habido.
Yo no creo que pueda haber buenos gobernantes con este sistema, lo digo muy abiertamente. Por eso no podría decir: es buen gobernante, nadie, ni siquiera mi hermano Julián pudo ser buen gobernante, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque el sistema no lo permite, yo creo que aquí lo que podemos decir es que, éste es mal o buen gobernante, en los términos del menos malo de todos. Y yo puedo afirmar -sin temor a equivocarme- que todo lo que se ha dicho alrededor de Samuel no tiene nada que ver con él personalmente. Que su hermano pudo haber cometido un delito, es posible, si...
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -¿Me permite una interpelación?
El C. Alejandro Gascón Mercado: -Sí.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Nada más quisiera preguntarle, tal vez usted me escuchó mal. Yo no señale que el señor Samuel Ocaña estuviera involucrado, yo señale que él había sido recientemente gobernador de Sonora y que su hermano estaba sujeto a investigación.
El C. Alejandro Gascón Mercado: -Eso si se corresponde a la verdad; pero yo quiero dejar establecido con toda claridad, porque a veces nosotros en este país nuestro, abusamos de hechos políticos para tergiversarlos y darles una caracterización diferente. Yo no apoyo a Samuel en cuanto a militante del Partido Revolucionario Institucional, no lo apoyo como representante del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, porque probablemente siguió fielmente todas las indicaciones que le dieron en la campaña electoral, eso no es lo que yo estoy defendiendo aquí.
Yo digo que Samuel Ocaña no es narcotraficante, y lo afirmo categóricamente. Lo conozco desde
siempre y me parece que eso debe quedar establecido. No podría decir lo mismo de su hermano porque no lo conozco. Y también quiero hacer notar una cosa. Cuando hubo 11 mil hectáreas sembradas en Chihuahua de mariguana, nunca dijeron quién, cómo y cuándo.
Ahora se trata de 5 hectáreas, desgraciadamente eso se da muy comúnmente en el noroeste de México y en otros lugares. Claro, nosotros cuándo vamos a acabar con ese sistema, no creo que dentro del sistema capitalista se pueda hacer mucho francamente, porque la corrupción es inherente al sistema capitalista.
Yo por eso digo, bueno, pues hay algunos que pensamos que esto hay que terminarlo pero a fondo. Y esa es la única aclaración de estos hechos que quería hacer, me satisface la aclaración del diputado Dimas. Muchas gracias por haberme escuchado.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Salvador Robles Quintero.
El C. Salvador Robles Quintero: - Señor presidente, señoras y señores diputados: vengo a usar exclusivamente un minuto de su valioso tiempo para denunciar que ante los argumentos presentados por mi, sobre el proceso electoral del estado de Sinaloa, se me llenó de injurias y se me acusó hasta de no haber sido secretario general de la Confederación Nacional Campesina.
Como no es el tema, como no estamos discutiendo mi personalidad, sino el proceso electoral del estado de Sinaloa, por respeto a esta audiencia, por respeto a ustedes y por acatamiento al reglamento, no voy a contestar ninguna de las alusiones personales, excepto ésta: todo lo que vino a arrimar este joven fanático del Partido Acción Nacional, es falso en relación conmigo y a la larga se aclarará. Es una lástima que no esté aquí el diputado, por ejemplo el diputado del Partido Socialista Unificado de México, Jorge Alcocer, para que diga con toda claridad si tuve alguna responsabilidad en la alteración, en la supuesta alteración de una hoja del dictamen sobre Banrural. Es una lástima también que en lugar de contestar argumentos, se usen insultos contra personas.
Yo no desprecio ni le tengo lástima a este diputado que vino a expresarse mal de mí, simplemente me parece que no es el tema y por lo tanto vengo a refutar, a rechazar por falsas todas las imputaciones que se me hicieron en lo personal, y a reclamar, a pedir a esta soberanía que continúe el debate sobre el proceso electoral de Sinaloa y sus consecuencias para mi estado y para mi país. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el C. Jesús González Schmall.
El C. Jesús González Schmall: -Concedo mi turno al señor diputado Conchello.
El C. presidente: Tiene la palabra el diputado José Angel Conchello Dávila.
El C. José Angel Conchello Dávila: - Señor presidente; señores diputados: se nos ha olvidado que realmente el motivo de la discusión posterior no es simplemente el proceso electoral de Sinaloa, sino que está pendiente de aprobación o rechazo una proposición inicial que yo hice, proposición que, como le dije al señor presidente, vengo a retirar mi proposición original suplicándole que primero resolvamos esto que considero de gran importancia y de urgente y obvísima resolución. Cambiar la proposición inicial en estos términos para que vean ustedes que no estamos cerrados a la investigación que quiere emprender la Comisión de Derechos Humanos.
Mi nueva proposición que sometemos a la consideración de ustedes dice: "Que la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara inicie dos investigaciones simultáneamente: una de ellas sobre el desvío de recursos donados por las Naciones Unidas pertenecientes a un programa piloto hacia propósitos electorales; la otra para que se haga pública la investigación que según el diputado Niebla, se esta realizando sobre el hecho de que miembros del Partido Acción Nacional en Sinaloa, han recibido dinero destinado a los contras de Nicaragua y que hechas ambas investigaciones, la Cámara tome las medidas conducentes".
Quiero decirles, señores diputados, que si aceptan ustedes, respaldarán la propuesta hecha y aceptada en términos generales, por su diputado, pero que si no la aceptan, su diputado quedará en la misma situación en que él dijo que estábamos nosotros; que hicimos una denuncia sin pruebas, él hizo otra denuncia sin pruebas. Que la Comisión de Derechos Humanos busque las pruebas en bien del nombre de México y en bien del nombre del Congreso.
El C. Mario Niebla Alvarez: -¿Me permite una interpelación?
El C. José Angel Conchello Dávila: -Sí, señor.
El C. Mario Niebla Alvarez: -¿Cuándo afirmé yo que panistas de Sinaloa estaban involucrados en esto?
El C. José Angel Conchello Dávila: -En su discurso, señor, y si usted me dice cuál fue su
acusación, yo cambio el texto de la proposición para que usted no quedé insatisfecho de que esta Cámara no tome en cuenta su denuncia. Usted me dice cómo quiere que lo redactemos y lo redactamos.
El C. Mario Niebla Alvarez: - Yo no quiero que usted lo redacte como usted quiera porque nosotros nos vamos a hacer lo que usted quiera.
El C. José Angel Conchello Dávila: - Lo que usted afirmó, señor. Quiero decir con esto... (Interrupción.)
El C. Mario Niebla Alvarez: - Usted acaba de inventar esto de Sinaloa.
El C. José Angel Conchello Dávila: -¿Quiere usted que vayamos al Diario de los Debates?
El C. Mario Niebla Alvarez: - Yo ninguna vez mencioné a los panistas de
Sinaloa.
El C. José Angel Conchello Dávila: -Le estoy dando el beneficio de la duda. Redactamos la proposición de investigación en la forma y términos en que usted quiera.
El C. Mario Niebla Alvarez: - No señor, lo que usted quiere es que caigamos en el garlito suyo, compañero.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -¿Me permite una interpelación?
El C. José Angel Conchello Dávila: -Sí, señor.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: -¿Estaría usted de acuerdo en que se dejara simplemente panistas?
El C. José Angel Conchello Dávila: ¿Está de acuerdo el diputado que se diga simplemente panistas?
El C. Mario Niebla Alvarez: -No va a ser lo que usted considere, compañero.
El C. José Angel Conchello Dávila: - Yo estoy sometiendo a la consideración de la asamblea señores, es que si ustedes rechazan esta proposición, quedará en pie, primero, que rechacen investigar si es cierto o no que hubo desvío de alimentos donados por la Naciones Unidas. Y segundo, si es cierto o no una imputación también sin prueba que hizo el diputado y como no quiero discutir, aquí esta la proposición para que el señor presidente proceda conforme al reglamento.
El C. presidente: - Pregunte la secretaría si hay oradores en pro o en contra respecto a la admisión.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si existe en pro o en contra.
El C. presidente: - Orador en contra, el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, tiene la palabra... A ver, ¿Quiénes están en pro o en contra? en contra el diputado Valadés, en pro el diputado Altamirano Dimas. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas. Declina.
Tiene la palabra el diputado Diego Valadés Ríos. Declina.
Pregunte la secretaría si se admite o no a discusión la proposición.
El mismo C. secretario: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición de Acción Nacional. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor presidente.
El C. presidente: - Quiero muy respetuosamente insistir a la asamblea que se encuentran inscritos varios diputados en relación con el tema que se está discutiendo.
Para no incurrir en lo que sucedió en la vez anterior, pido la anuencia de sujetarme a este orden en atención a todos los señores diputados.
Entonces tiene la palabra el diputado Jorge Ortíz Gallegos.
El C. Jorge Ortíz Gallegos: -Yo cedo mi turno al compañero Pablo Alvarez Padilla.
El C. presidente: - Bueno tiene la palabra el diputado a quien le cedieron la palabra.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente: compañeros diputados: yo creo que la mejor, la mas grande prueba de respeto que yo puedo dar a ustedes, es el hablarles con la total y absoluta verdad. Yo creo que en estos términos ustedes me harán favor de escucharme y yo haré un esfuerzo por tratar de presentar a ustedes lo que yo veo como una realidad objetiva en relación al asunto y al tema que nos está ocupando en este momento.
Hablar de Sinaloa en general y hablar de las elecciones de Sinaloa, es una empresa harto difícil, hablar de uno de los estados de República de
los más feroces; de los que: como decía el licenciado González Cortázar, bañados por las riberas, por las aguas de once ríos, de grandes caudales; que tiene las posibilidades agrícolas de las más grandes, de las más grandes de la República y que se ha convertido en uno de los productores más importantes de recursos alimenticios para el país, debe ser motivo de un gran respeto por parte de todos y cada uno de nosotros.
Y en esos términos, mi reconocimiento para la ciudadanía del estado de Sinaloa, que casi en un 50%, cosa inusitada, ocurrió a sufragar, independientemente y fuera de calificación de por qué partidos sufragaron. Esto de por sí puede ser considerado como un avance de la ciudadanía, como una concientización de la ciudadanía y como una toma de conciencia, como una actitud y actuación respetuosa hacia lo que entendían por democracia y por sustitución o cambio por la vía electoral, de sus autoridades. Y hablando de este enorme y de este rico y hermoso estado, también es importante hacer de él y en el, una ambientación de ser posible en algunos órdenes para comprender las elecciones. Es un estado que precisamente en relación de su ubicación y riqueza, ha propiciado enormes, cuantiosísimas fortunas, de las cuales unas han sido hechas con negocios lícitos y otras han sido hechas con negocios ilícitos. Esto es innegable. Yo creo que todos los reconocemos. Todos estamos al pendiente de que así es.
Ahora bien, esta situación de riquezas bien y mal habidas, ha propiciado también la existencia de cacicazgos, y entiendo por cacicazgos, aquellos grupos de poder respaldados casi siempre en lo económico o en la fuerza de la gente desalmada, de la gente sin principios morales, que para proteger generalmente los negocios ilícitos, está dispuesta a confrontar cualquier situación para que se mantenga el estado de cosas que han imperado en algunas de las zonas de ese estado, especialmente en algunas de las zonas montañosas precisamente de la Sierra Madre Occidental.
O. Luchar por la libertad política de un pueblo no es nada fácil y creo que los compañeros priístas nos comprenderán a los de oposición, en donde sin recursos casi, en donde contra viento y marea, nuestros candidatos sabiendo de la represión, de esa situación hostil hacia ellos, participan, tienen la valentía de participar en un partido de oposición respetable, como decía el diputado Martínez Cortázar hace un momento. No pido que nos reconozcan ningún grado de heroicidad, simplemente pido el grado de respeto que nos corresponde para participar en elecciones, en estas difíciles condiciones. Y ante este panorama más o menos presentado con las deficiencias en cuanto a extensión, quiero también narrar a ustedes, aquellas cosas de las que fui testigo.
Viajé bastante por el estado de Sinaloa, en lo que corresponde al municipio de Escuinapa y me fueron presentados dos ranchos, extensísimos, bien ubicados, modernizados, con amplios galerones llenos de maquinaria y se me dijo: "Este rancho se llama "Las Cabras", y es propiedad del gobernador actual Antonio Toledo Corro y este otro rancho que colinda con él, es precisamente el rancho de un gran narcotraficante que se llama "El Cochiloco", por mal nombre, y de apellido Salcido. Y yo extrañamente, me preocupaba y preocupa, ¿qué hace el poder político unido con el poder ilegítimo? Por lo menos en colindancias de territorio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el estado de Sinaloa?
Yo creo que esto, sin que signifique una acusación, sí es motivo de una grave preocupación para la Procuraduría General de la República, para el Presidente de la República que pretende sanear en materia de narcotráfico al país de esta grave lacra, de la que todos estamos conscientes, debe buscarse la erradicación inmediata y total y absoluta. Esta situación de colindancia, me causó extrañeza porque inclusive el rancho de Antonio Toledo Corro, "Las Cabras", tiene una pista que es usada por todos los vecinos, al parecer de la zona. No sé si el famoso "Cochiloco" haga uso de ella, pero sin embargo; yo creo que por lo menos, alguna presunción de encubrimiento sí podría existir y digo podía existir sin que esto signifique una acusación frontal.
También no todo fue malo, no crean ustedes que todos los testimonios que yo pude recabar fueron negativos. Me di cuenta de un camión particular que había sido puesto a disposición del ejército, que traía las siglas del Partido Revolucionario Institucional, por el lado de las redilas. Comedidamente hice la parada al teniente que iba al mando de aquel destacamento, y le pedí que quitara aquellas siglas de las redilas, puesto que significaban una propaganda que ilegalmente se estaba formulando en esa camioneta, y él amablemente accedió a la petición y quitó las calcomanías priístas de las redilas del camión particular que se había puesto a su disposición.
Pero también hubo cosas malas, hubo testimonios negativos muy graves que debieran de entristecernos, que debieran de causarnos honda preocupación a aquellos que entendemos que la ética y la política no pueden estar en manera alguna desligada, que son algo así como el hidrógeno y el oxígeno en la conformación de un átomo de agua.
Y es precisamente que existió intimidación de representantes no sólo de Acción Nacional, también de otros partidos de oposición, incluyendo al Partido Socialista Unificado de México, así me lo
comentó un representante del Partido Socialista Unificado de México.
Al parecer y según los dichos de algunos campesinos, votaron por el Partido Revolucionario Institucional y no por ningún otro partido, ante la intimidación, ante la oferta impresionante que habían tenido de los ingenieros de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos quienes, al decir también de los vecinos, habían recibido 50 mil pesos por promover el voto dentro de las áreas que les correspondía revisar o atender en materia agraria.
Eso es triste si es cierto; es muy triste. Lo que sí me consta, lo vi, y aunque parezca un error gramatical lo vi con mis propios ojos, fue que hubo reparto a puños de credenciales del Partido Revolucionario Institucional, y que algunas criaturas con evidente minoría de edad, de aproximadamente 14 y 16 años, acudían a las casillas con la pretensión de votar, y por ejemplo en la casilla 25 de Escuinapan, en la orilla del pueblo, la orilla sur del pueblo, ubicada esa casilla precisamente en una escuela de kinder, ahí acudieron a votar y fueron admitidos ante las protestas del representante del Partido Socialista Unificado de México y de la representante de Acción Nacional.
En la zona rural, y esto no lo invento y ustedes podrán haber sido testigos mil veces, se violó el secreto del voto; se violó el sigilo, se violó este ambiente de absoluta libertad, sin coacción en el cual cada uno de los ciudadanos sinaloenses tenía todo el derecho de votar. Sobre una mesa se colocaron las urnas, sobre una mesa se colocaron las boletas y sobre esa mesa y ante la vista de los comisariados ejidales y de los delegados municipales se llevó a cabo la elección bajo la presión de la mirada de las personas ya enunciadas que estaban en esa mesa.
Yo creo que hablar de que amamos a la democracia es una buena señal, pero actuar de una manera en donde se evidencie ese amor, ese cariño por la democracia, eso ya es ejemplo.
Amigos diputados, compañeros diputados: ojalá que el ejemplo de la democracia sea la tarea diaria en materia electoral. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Diego Valadés Ríos.
El C. Diego Valadés Ríos: Ciudadano presidente, ciudadanos diputados: con gran interés he participado con mis colegas diputados de la exposición que formuló el ciudadano Alvarez Padilla en los términos a los que él mismo hizo referencia de observancia de la verdad, según señalo y se procura de una objetividad en el planteamiento de sus puntos de vista.
Dentro de esa objetividad a la que el diputado Alvarez Padilla apeló, cabe el reconocimiento que hace de un transportista que cambió las siglas que adornaban las laterales de un camión. Pero hay también afirmaciones que deben ser puntualizadas y qué bueno que podamos discutir dentro de un ambiente civilizado y eminentemente respetuoso.
En primer lugar, me complace que el propio diputado Alvarez Padilla reconozca la afirmación que en la primera parte de esta jornada formulara el diputado Robles Quintero, en el sentido de que votaron más del 50% de los sinaloenses. Esto efectivamente es algo que nos enorgullece quienes formamos parte de esa comunidad, porque se trata de una demostración palmaria del interés por participar y militar activamente en asuntos de cuestión y de interés público.
El C. Pablo Alvarez Padilla: -¿Me permite una interpelación?
El C. Diego Valadés Ríos: -Con todo gusto, diputado.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Quiero hacerle notar que de las experiencias de zonas que yo viví, el resultado electoral era de 50% o más aproximadamente. Desconozco yo los datos del resto del estado en donde creo oscilan del 35 y 45%.
El C. Diego Valadés Ríos: (Continúa su intervención.) -Gracias, señor diputado. Por lo que se refiere a otro aspecto que forma parte de una denuncia hecha desde este tribuna por el diputado Alvarez Padilla, quiero subrayar que también ha sido objeto de una denuncia que en múltiples foros y que en el proceso mismo de la campaña electoral, formuló el partido en el cual milito; el Partido Revolucionario Institucional, aquel que se refiere a los problemas originados por el narcotráfico.
En esta medida, es bueno constatar que las diferentes fuerzas políticas que intervinieron en el proceso correspondiente en Sinaloa, llámese Partido Acción Nacional, Movimiento Popular Sinaloense, Partido Popular Socialista, Partido Revolucionario Institucional, participamos del común sentimiento de que es necesario erradicar de manera definitiva ese ominoso lastre que pesa sobre la conciencia de los sinaloenses y de los mexicanos.
Celebro que sobre este aspecto -en alguno habríamos al fin y al cabo de coincidir - podamos plantear una posición conjunta. Donde yo discrepo de las aseveraciones del ciudadano Alvarez Padilla, es en lo que se refiere a que hubo una situación hostil para los panistas, así lo registré
yo, si estoy desvirtuando sus palabras con todo gusto escucharía la rectificación.
El C. Pablo Alvarez Padilla: -Es correcto. Sí hubo hostilidad de parte de las autoridades de algunas casillas en relación con los funcionamientos de los representantes de partidos, en concreto el Partido Socialista Unificado de México y del Partido Acción Nacional.
El C. Diego Valadés Ríos: -Muchas gracias, ciudadano diputado. Se ratifica pues que hubo hostilidad en particular para dos partidos. Suponiendo, sin conceder, que este fuera el caso como ciudadano lo deploro profundamente, pero suponiendo sin conceder que este fuera el caso, como ciudadano también declaro que existen las instancias legales para hacer valer los derechos o los intereses que se consideren legítimamente afectados. Y que hasta el momento en el municipio de Escuinapa, al que de manera particular se refirió el diputado Alvarez Padilla, solamente existen interpuestos o recursos, no es previsible dado que ya transcurrieron las 72 horas posteriores al cierre de las casillas electorales, que se presenten más recursos.
De manera que en el caso supuesto de que se hayan dado semejantes actos de hostilidad, no pasaron en todo caso de seis las circunstancias que, suponiendo también que fueran calificadas positivamente que se encontraban en la situación denunciada por el diputado Alvarez Padilla.
No hubo pues esta intimidación a los representantes de los partidos, no hubo esta violación al secreto del voto, de una manera que pudiese estimarse que fuera más allá de los seis casos objetos de la denuncia; y esto, repito en el supuesto de que se acreditara la procedencia del recurso en los seis casos interpuestos.
Hay un aspecto sobre el cual tampoco deseo que, pasarlo por alto, silenciarlo, omitirlo en esta tribuna, pueda servir para que se de lugar a interpretaciones distorsionadas. Mencionaba el diputado Alvarez Padilla la colindancia de los ranchos, uno perteneciente al gobernador del estado llamado "Las Cabras" y otro cuyo nombre no citó, perteneciente a un conocido narcotraficante más ampliamente identificado por su sobre nombre de "Cochiloco".
Es dudoso que aún existiendo esta supuesta colindancia entre ambos terrenos pueda inferirse de ese solo hecho que haya una posible colusión; el diputado fue muy cauto al señalar que él mismo de ese solo hecho de la colindancia no desprende la posibilidad de imputar colusión alguna, en todo caso, lo que queda en el aire, es algo que no da lugar a responsabilidad por parte del declarante, que me precedió en el uso de la tribuna, pero que si da lugar a múltiples conjeturas por parte de quienes escuchamos la acusación. Y es que eventualmente pudiese existir la colusión, que eventualmente pudiese existir el uso mancomunado de áreas de propiedad privada pertenecientes a dos diferentes individuos, y esto, en todo caso, yo afirmo aquí, es objeto de investigación por parte de instancias legales existentes en nuestro país.
Un aspecto importante, tenemos que subrayar los mexicanos, y en particular sus diputados. Recordemos que antes que otra cosa, que los mexicanos somos los representantes de la nación, no somos representantes de una fracción, no somos representantes de una parcialidad, no somos representantes de una comunidad siquiera, de una comunidad geográficamente identificada, somos representantes de toda la nación. Y en esta misma medida, conviene a los intereses de la nación que observemos pautas de respeto entre nosotros, pero que también observemos pautas de responsabilidad, por la que hace a nuestras afirmaciones.
Afirmaciones temerarias o tendenciosas, hechas desde esta tribuna, sólo pueden ser utilizadas para desviar el sentimiento de la opinión pública mexicana y bastante afligida se encuentra ya nuestra comunidad, por los efectos de una crisis económica que se ha prolongado por algunos años, hará que a eso le añadamos el sacrificio que significaría la pérdida de la confianza en sí misma y en quienes la representa. Este es un lujo que no podemos darnos y más que un lujo, es una responsabilidad de la que no podemos prescindir.
Por lo mismo, hago, para finalizar mi intervención, un exhortación para que los aspectos que se sigan planteando con relación al proceso electoral en el estado de Sinaloa, como a cualquier otro proceso político que pública y que lícitamente podemos ventilar en esta tribuna y en este auditorio, se formulen siempre dentro de los términos de objetividad y de responsabilidad a los que nos comprometen nuestro mandato. Muchas gracias, ciudadano presidente.
El C. presidente: -Tiene la palabra el C. diputado José Camilo Valenzuela.
El C. José Camilo Valenzuela: -Con su permiso señor presidente: compañeros y compañeras diputados: dejando a un lado acusaciones contra acusaciones, versatilidad de tonos, que la discusión ha venido teniendo, es importante hacer resaltar cuál es la realidad del proceso electoral de Sinaloa y cuál es el marco económico, social y político en el que se desarrolla.
Yo quiero en primer lugar destacar que Sinaloa ha
padecido en los últimos seis años uno de los gobiernos más caciquiles, más represivos y más voraces, uno de los gobiernos más irresponsables que ha manejado el estado para enriquecerse junto a un reducido equipo de amigos y que bajo esta irresponsabilidad se ha posibilitado el desarrollo del narcotráfico y de la violencia social hasta superar niveles que el estado vivió en la primera mitad de la década de los setenta; y un promedio nada más, el promedio de casi cuatro muertos diarios en el municipio de Culiacán durante los últimos cinco años. Esto da una idea del nivel de violencia que se ha alcanzado.
Quiero también destacar que el gobierno de Toledo Corro entrega un estado en el que las organizaciones campesinas, tanto las que luchan por la tierra como los ejidos, han sido golpeados y debilitados a niveles extremos, de tal manera que lo que deberían ser ejidos florecientes, son en la realidad ejidos profundamente debilitados, desintegrados, víctimas del rentismo y del llamado latifundismo financiero, que empieza a gestar una respuesta organizada de los campesinos, independientemente de las centrales, coordinándose para defender los precios de garantía; coordinándose para luchar contra los impuestos de la costera y otras ocurrencias del gobierno del estado.
Quiero destacar también que en Sinaloa el gobierno de Toledo Corro, entrega una situación urbana caracterizada por la represión hacia los esfuerzos organizativos de los sectores populares del estado y la destrucción de las organizaciones que los sectores más marginados habían construido para defenderse de la especulación con terrenos y con los servicios públicos.
Quiero destacar que en Sinaloa, el gobierno de Toledo Corro ha golpeado al sindicalismo no sólo al democrático independiente, sino incluso al sindicalismo oficial, a la Confederación de Trabajadores de México, creando organizaciones del transporte paralela y enfrentando al sindicato de transporte y a la Confederación de Trabajadores de México en el estado, creando, registrando sindicatos blancos que los trabajadores no saben que existen pero que se les ha dado curso para dar protección a connotados empresarios del comercio y de las agroindustrias y de las grandes haciendas capitalistas que ahí existen, en contubernio abierto entre empresarios del Partido Revolucionario Institucionalidad y empresarios del partido Acción Nacional, entre los que entra Clouthier.
Quiero destacar que en general, Toledo Corro entrega un estado en el que acosó y debilitó al extremo a la Universidad Autónoma de Sinaloa y prohijo una universidad particular y elitista para tratar de debilitar la institución del estado, de educación superior en el estado.
Quiero señalar que este es el marco social en el que arribamos a la coyuntura electoral. Y entender este marco es importante porque si no se van a entender otros fenómenos que ahí se están cursando y que aquí se están obviando: el abstencionismo. Es cierto que ya podemos contar que en Sinaloa votó más del 50%, yo creo que no. En primer lugar, la mayoría de quienes ahí estuvimos y nos movimos en las casillas, nos dimos
En segundo lugar, los mismos datos que hasta hoy maneja el Partido Revolucionario Institucional, suman escasos 400 mil votos de más de un millón de ciudadanos que deberían de concurrir a los votos.
Y aunque no se hubiera contabilizado el 60% de las casillas, dentro de ellas, principalmente las urbanas es en donde ha habido más votación, es decir, a un escaso 40% de ciudadanos en edad de votar, los mismos datos que maneja el presidente del Partido Revolucionario Institucional, no hay todavía condiciones para hablar de sí ahí se redujo el abstencionismo. Nuestra desconfianza hacia el proceso electoral, debe tenerse en cuenta que en Sinaloa ha tenido mucho peso y va a seguir teniendo mucho peso, en primer lugar, porque el sistema electoral actual no es confiable, está en manos del Gobierno, está el partido oficial que es el que parte el queso y distribuye las partes, no hay posibilidad de que el pueblo conozca realmente los resultados, y esto genera una gran desconfianza para concurrir a las votaciones y en Sinaloa hay gran abstencionismo.
Otra característica del proceso electoral en Sinaloa es el bipartidismo, un bipartidismo que en nuestro estado adquiere ribetes, adquiere características realmente significativas de lo que es y tiende a ser el bipartidismo entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que señala muy acertadamente el carácter del candidato a gobernado del Partido Acción Nacional, un empresario agrícola, comercial financiero, que se dice ha hecho su riqueza con negocios lícitos. ¿Y qué es negocios lícitos? ¿Mantener a decenas de miles de obreros agrícolas sin posibilidad de sindicalizarse, perseguir con saña los esfuerzos que esos obreros agrícolas han hecho para sindicalizarse a través de guardias blancas? ¿Eso es negocio lícito? No, evidentemente que no, pero, compañeros sobresalientes del Partido Revolucionario Institucional, no se distinguen en nada de Clouthier, los Tamayo Miller, los Ortogón Cervera, son igual que Clouthier, son grandes empresarios agrícolas, e industriales que persiguen con la misma saña a los obreros agrícolas para someterlos a una explotación brutal, zafra, zafra. Son ellos los que cuando los
denunció el pueblo sinaloense realizan reinversiones millonarias mientras se enfrentan en la esfera política, son ellos los que en contubernio, han concebido que se les registren sindicatos blancos, los mismos que protegen a los Tamayo Cervera, a los Clouthier para seguir persiguiendo a los obreros agrícolas, para seguir persiguiendo a los empleados del comercio y evitar que se sindicalicen.
Ciertamente que Clouthier es uno de los más prominentes empresarios de Sinaloa, pero el presidente municipal de Culiacán, Tamayo Müler es también uno de los más prominentes empresarios de Sinaloa, y no se distingue de Clouthier en nada, como Peña Farver, candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional en Ahome, reúne las mismas características y es uno de los responsables del asesinato personal de campesinos del Rancho California en 1972. Pero no podemos distinguir a este connotado terrateniente de los terratenientes del Partido Revolucionario Institucional, y este es el bipartidismo que se está desarrollando en Sinaloa; ese es el bipartidismo que Toledo Corro estimuló, porque no es cierto que Toledo Corro haya enfrentado y golpeado a Clouthier y al avance de la oposición de derecha. En la medida en que se golpeó a los trabajadores, en la medida en que se golpeó al sindicalismo independiente y oficial, en la medida en que se destruyeron las organizaciones de los colonos para resistir la especulación, en la medida en que se persiguió a los campesinos solicitantes de tierra para proteger el latifundio que puede estar encubierto pero no deja de ser latifundio, en esa medida se creo el espacio necesario para que la derecha ocupara posiciones que la fuerza democrática y de izquierda tenía. Ese es en el fondo el papel político que jugó el gobierno de Toledo Corro, y que hoy no se venga aquí a tratar de demostrar una fuerte contradicción entre ese gobierno y los intereses representados por Clouthier y el Partido Acción Nacional.
Y en cuanto al proceso electoral concreto, ¿cuál ha sido el comportamiento de los partidos? Esto es muy importante resaltarlo con objetividad. Sinaloa no es Chihuahua; la temperatura política que se vive en Sinaloa es otra, si bien está creciendo y aceleradamente, sin embargo en Sinaloa se invirtieron un poco los papeles, en lugar de la actitud prepotente que el Partido Revolucionario Institucional desarrolló en Chihuahua, que empezó a hablar de la victoria desde antes de las elecciones, que empezó a manejar que había ganado en todos los puestos, la política de carro completo desde antes que se conocieran los resultados en Sinaloa fue el Partido Acción Nacional el que jugó este papel; y desde antes de las elecciones, toda la campaña se orientó a manejar que se iba a ganar, que eran los triunfadores, y a la una de la tarde del domingo 26 ya se estaba manejando que se había triunfado, cuando todavía no se habían recopilado las actas de las casillas electorales.
Esta actitud irresponsable del candidato del Partido Acción Nacional ha sido posteriormente manifestada en un acto que se realizó el día lunes en la tarde, donde se pasó a realizar acciones agresivas, y no sólo contra instituciones públicas también contra periodistas, que han tenido la posición crítica respecto a la valoración en el Partido Acción Nacional, fueron agredidos y sometidos a una guerra de huevos.
Esa actitud evidentemente es en el caso de Sinaloa un grave error político del Partido Acción Nacional, y en todo caso exhibe la soberanía y la prepotencia de los grandes terratenientes e industriales que en Sinaloa vanguardizan el Partido Acción Nacional y que son tan y más arbitrarios que el gobierno de Toledo Corro, también representante y ligado a las transnacionales norteamericanas.
Por su parte, el partido oficial, en el transcurso de la campaña tuvo la habilidad para modificar, desde el punto de vista de su comportamiento, esa actitud prepotente, y manejó una actitud más sensata en particular en voz del candidato oficial. Sin embargo, desde el día de ayer, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, y empezó a modificar esa actitud, y empezó a manejar datos que nos parecen sospechosamente arbitrarios.
En primer lugar, se intenta oscurecer el hecho objetivo de que en algunos lugares y en particular en Culiacán, el Partido Acción Nacional ha ido ganando. Nos consta porque tenemos un alto número de boletas electorales y el Partido Acción Nacional ha ido ganando en proporción de dos por una. Y negar esta realidad, pretendiendo detener el avance de la oposición de derecha, es en realidad una forma de evitar que el pueblo haga su experiencia política y conozca los alcances de los distintos proyectos que se le están proponiendo para gobernar.
En realidad lo único que se hace es atizar el desprestigio del régimen, es atizar la beligerancia de la oposición de derecha y es evitar que nuestro país y nuestro estado se encaminen por cauces democráticos que permitan al pueblo elevar su conciencia política, elevar su experiencia política. Ciertamente que el Partido Acción Nacional ha manejado irresponsablemente triunfos en otra serie de municipios, en los cuales las actas del Movimiento Popular Sinaloense que tenemos, corroboran que ese manejo es eminentemente político, no se compadece de la realidad de las votaciones
Desde Escuinapa, pasando por Mazatlán, hasta Angostura Guamuchil y a Ahome. Ahí ha sido evidente un debilitamiento del Partido Acción Nacional.
Nos preocupa también que en ese manejo de datos del presidente del Partido Revolucionario Institucional, se exprese el juego de intereses internos y un esfuerzo por tratar de aprovechar las elecciones para ajustar cuentas al seno del régimen priísta en beneficio de los grupos de poder más retardatarios que ahí se han conformado. En particular creemos que es evidente el manejo arbitrario de los datos, en relación al municipio de Mazatlán, donde la campaña realizada por el candidato del Partido Revolucionario Institucional ahí, fue una campaña muy superior a la campaña que se realizó en Culiacán. Y, sin embargo, los resultados electorales que en nuestras actas se reflejan favorables al Partido Revolucionario Institucional, son alterados por el manejo oficial del presidente de este partido.
Por lo que hace a la votación del Movimiento Popular Sinaloense, hasta hoy en números manejados por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, han excluido al resto de los partidos contendientes, y en nuestro caso, en la coalición del Movimiento Popular Sinaloense, a nombre del cual hablo de las fracciones parlamentarias del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores, es evidente que hemos realizado la mejor campaña, reconocida por los propios candidatos de los partidos tanto del oficial como del Partido Acción Nacional. Sin embargo, hasta hoy se han negado a dar cifras. Y eso nos preocupa seriamente, porque nuestras actas hablan de un avance importante en relación a las elecciones de 1985 y que avanzamos o nos acercamos al nivel que tuvimos en las elecciones de 1983.
En estas condiciones, el Movimiento Popular Sinaloense, se plantea en Sinaloa mantener la información y valoración a los barrios y rancherías y promover acciones propias, a la espera de los resultados oficiales para discutir cuál será la táctica a aplicar. Y ahí en función de cómo se atienda la voluntad popular y de cómo se le altere el Movimiento Popular Sinaloense, definirá las alianzas y compromisos puntuales que realizará para defender la voluntad popular y para combatir las arbitrariedades y el manejo fraudulento de la votación que nos preocupa seriamente porque sabemos el tipo de régimen que hemos tenido en Sinaloa.
Los grupos de poder se han predominado en el Partido Revolucionario Institucional y que se siguen predominando y el manejo sospechoso de los gastos que está haciendo el presidente del partido oficial. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Gabriel Jiménez Remus.
El C. Gabriel Jiménez Remus: -Señor presidente; señoras y señores diputados: aun cuando desde el punto de vista procesal parlamentario, por llamarlo de alguna forma, puede ser inoportuna esta primera parte de mi intervención, simplemente para efectos de aclaración quiero leer textualmente la constancia del Diario de Debates que acabamos de rescatar.
Casi al inicio de la intervención del señor diputado don Mario Niebla, dice: "tenemos nosotros una información de que los cien millones de dólares de los contras que se dieron para desestabilizar a Nicaragua, parte de la misma en el caso específico de desestabilización en el caso informativo, fueron recibidos por algunas de las gentes prominentes de Acción Nacional.
Para no molestar al señor secretario, permítame continuar, y retoma su intervención don Mario Niebla y dice: "En el caso específico estamos averiguando igual como usted, refiriéndose al diputado José Angel Conchello, y pidió que esta legislatura -repito- y pido que esta legislatura precisamente abra una investigación al respecto de quiénes son esos prominentes panistas".
Bueno, pues yo creo que el resultado de la votación respecto a la proposición del diputado Conchello y su respectiva modificación pues fue incoherente en relación con la proposición de don Mario Niebla.
Ahora bien, debo aclarar que el grupo parlamentario de Acción Nacional, no ahora sino desde siempre, ya esperábamos las diatribas muy enérgicas que se han lanzado en el transcurso de la anterior sesión plenaria y lo que llevamos hasta ahora.
Pero con toda honestidad y con todo respeto, yo creo que lejos, muy lejos han estado los señores diputados don Salvador Robles Quintero, el señor diputado Don Mario Niebla, el señor diputado González Cortázar y don Diego Valadés, de alterar el juicio que el pueblo de México tiene respecto de todas las elecciones que se celebran en nuestro país y en especial esta última a la que nos referimos y que es la del estado de Sinaloa.
Si con una clara y escrupulosa conciencia escuchamos al hombre de la calle, en nuestra vida cotidiana cuando desafinamos las horas, en cualquier actividad humana, se desprende con mucha precisión que el pueblo de México tiene un juicio.
certero, cuando está convencido que el carburante que usan para alcanzar un destino distinto de aquel destino que quiere en realidad el pueblo de México, es el fraude electoral genéricamente hablando, con aditamentos de muy variados especies y circunstancias.
Por otra parte, cuando hemos hecho las denuncias de estas y otras elecciones, el Partido Acción Nacional y otros partidos políticos, inmediatamente surge en bloque, por una unidad muy manifiesta, la susceptibilidad de los señores diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y yo creo que los políticos, en su estado democrático, carecen del derecho a la susceptibilidad, sólo cuando está en juego los bienes de la comunidad que gobiernan o de los profundos intereses de sus mandatarios. Yo creo que no puede salir a flor de piel las susceptibilidades que han surgido en esta sesión, cuando se están tratando y denunciando hechos que cuando menos se tiene la obligación de escuchar y analizarlos. Pero todos los argumentos, con todo respeto lo manifiesto, que se han venido a esgrimir a esta tribuna, en forma reiterada, no hacen mas que esconder el fondo del problema y no detectar la deformación que se está viniendo a denunciar.
En Mazatlán, al inicio prácticamente de la jornada electoral, surgió un rumor -y debo aceptar rumor - de que los señores presidentes de las casillas, cuando menos de la zona metropolitana, anunciaban a los representantes del Partido Acción Nacional que no iban a ser entregadas las actas, todas, no nada más las de escrutinio y computación final, sino todas las que se iban a levantar en la casilla.
Aceptando al inicio que fuera un rumor, con toda oportunidad se dirigieron comunicaciones a los señores presidentes de los comités distritales del XVI y XIII Distrito Electoral así como del comité municipal de Mazatlán, recordándole que todos los partidos políticos y sus candidatos y sus representantes tienen derecho de recibir oportunamente las constancias certificadas que se les solicita y la obligación de los funcionarios de entregarlas con esa misma inmediatez y oportunidad con que se lo solicitan.
Por la hora en que fue presentada se abundaba en la recomendación de que todavía se tenía tiempo suficiente para indicarles a sus subalternos presidentes de casilla, que fueran entregadas estas constancias de la jornada electoral, por una sencillísima razón, por que la ley les había confiado a estos funcionarios electorales la exacta y debida aplicación de la ley.
No obstante lo anterior, al término de la jornada electoral y todavía al día siguiente, podrán ustedes imaginarse en serio, todas las gestiones desgastantes que harían nuestros representantes para lograr obtener esta constancias solicitadas. Por otra parte, hay pruebas firmadas, fotografías y declaraciones de efectivos que indebidamente fueron usados vehículos de Banrural de Mazatlán a efecto de concertar a un grupo de personas en un cine de una colonia "Flores Magón" supuestamente para integrar gente de votantes falsos. También con toda oportunidad se hizo esta declaración o esta petición o esta denuncia, al señor Inspector General de Policía de Mazatlán, con copia al General jefe de la Comandancia con residencia en Mazatlán. Contesta el Inspector General de Policía que efectivamente hay una concentración en el cine "Flores Magón" de la colonia del mismo nombre, pero que se trataba de promotores del voto que iban a recorrer las casillas electorales para promover el voto de los ciudadanos que estaban esperando su oportunidad; el General fue omiso y no hizo mención alguna a nuestra petición respetuosa y oportuna.
Se recibió la denuncia de Villa Unión y un grupo de empistolados en forma cínica amenazaban a los representantes del Partido Acción Nacional. Se presentó otra denuncia ante el ministerio público del fuero común, se le participó de esta comunicación nuevamente al Comandante jefe de la Comandancia de Mazatlán y ambas autoridades fueron omisas, en la contestación oportuna.
Los auxiliares del comité estatal del estado de Sinaloa como en otros estados, suplantando funciones de presidente de casilla tomaban decisiones y festinaban la actuación de los representantes del Partido Acción Nacional.
Se presentó igualmente denuncia ante el Agente del Ministerio Público, contemplando la posibilidad de que dichos hechos se encuadraran en los delitos previstos por la ley electoral del estado. Ante esta serie de denuncias con pruebas de hechos concretos, repito, cuando menos con un principio de buena voluntad, y de rectitud de intención, debería existir la posibilidad de esta honorable asamblea entrara en estudio y análisis de los hechos denunciados. Pero no es así, es tanta la insistencia y la deformación de los hechos, que cuando se sube a esta tribuna a defender con vehemencia y se pintan los hechos del color de acuerdo con los intereses -repito- se pierde el sentido de la controversia y el sentido de los hechos denunciados. Y llegamos a la conclusión mas triste y peligrosa, de que entonces lo normal, es decir entonces lo anormal de las jornadas electorales, se vuelva lo normal para todos los mexicanos.
La pérdida del prestigio político y moral que se manifiesta sobre todo en las jornadas electorales,
no impide desde luego señores diputados, que se sigan cometiendo nuevos atropellos, y lo que es aun peor, que se extienda y se afiance el poder. Pero yo creo que en esta época de crisis, a finales del siglo XX, cuando existe marcada restricción en el pueblo de México para el cambio civilizado y democrático de sus autoridades, no es válido ni en política ni en conciencia ni en moral, que todavía se recurra a esos procedimientos. Qué bien se hablaría entonces de esta legislatura cuando por encima de los intereses partidistas se entre al estudio, análisis y resolución en consecuencia, de los hechos que aquí se denuncian.
Nada más hermoso sería para estos representantes populares, que incluso se señalara a un partido que calumniosa e interesantemente denunciara hechos falsos. Nada más hermoso y afianzaría a la democracia en nuestro país, que de no ser ciertas las denuncias o pruebas si previa investigación se viniera aquí a denostarnos que somos faltarios a la verdad. Aceptamos ese riesgo. Pero cuando se hieren susceptibilidades y se niega cualquier posibilidad de investigación, no es el partido denunciante el que queda en entredicho. Esto tenemos que aceptarlo, lo que queda en entredicho es el prestigio del sistema político mexicano y el prestigio del partido que ahora ostenta la mayoría en este Congreso. Y para quitarnos esa duda y esa sombra de sospecha. Yo creo que se debería de aceptar la investigación respetuosa que se tenga de esos hechos denunciados, de lo contrario yo me preguntaría entonces ¿de qué sirve la renovación y la reforma de las leyes electorales, si no existe la voluntad de cumplirlas? Yo me pregunto también entonces ¿con qué fuerza moral y con qué prestigio actual se puede venir a presentar una nueva iniciativa de reformas a la ley que nos rige electoralmente en política? Si no existe esa voluntad que se debe demostrar con los hechos, yo creo entonces, que la vida política y la vida democrática está muy lejos de alcanzarse en México. Yo creo que lo que debe prevalecer ahora con serenidad y por encima de los intereses partidistas es aceptar las investigaciones de los hechos denunciados, aceptar que eventualmente se pudieron siquiera cometer errores, pero aceptar la realidad, que se está denunciando.
Y cuando se lanzan calumnias o afirmaciones como se dijo aquí en esta tribuna con independencia de que pueden no ser tomadas en cuenta, si entrañan una injuria, venga de quién venga, y yo ya lo he repetido muchas veces en esta tribuna la injuria ofende más a quien la dice que a quién la recibe. Muchas gracias.
El C. presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Amador Amador.
El C. Jorge Amador Amador: -Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: vengo ante esta soberanía a hablar sobre el tema de las elecciones del estado de Sinaloa, mi propósito es realizar un testimonio, hacer una protesta, hacer una denuncia y plantear también una petición.
¿Quién habla? ¿En nombre de quién hablo? Habla el Partido Socialista de los Trabajadores, un partido que llegó a las tierras de Sinaloa en el año de 1980, llegó con el propósito de convertirse en un instrumento de lucha y de organización de los trabajadores del campo y de la ciudad de Sinaloa, llegó con el propósito de contribuir a la lucha desigual del pueblo trabajador de Sinaloa en contra de la oligarquía sinaloense. Una minoría de empresarios inmensamente ricos, dueños de tierras al margen de lo que permite la Constitución, usufructuarios de las obras y del desarrollo que propició la revolución, con inmensas cuentas bancarias en Sinaloa y en el extranjero; dueños también de importantes posiciones de poder en el aparato de gobierno en el estado de Sinaloa.
Modestamente nos convertimos en continuadores de la lucha del pueblo campesino de Sinaloa, por la aplicación de la Ley federal de Aguas, por la aplicación de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Los compañeros campesinos miraron en el Partido Socialista de los Trabajadores una esperanza; se organizaron junto con él. Los dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores reclamamos junto con los campesinos soluciones a sus demandas en todas las dependencias, en las locales y en las federales. Los intereses de esta oligarquía todos los conocemos, son muy fuertes; no había respuestas. Tuvimos que utilizar formas de lucha que el propio pueblo campesino ha inventado en nuestro país; nos fuimos a la tierra para demostrar que sí había; nos fuimos junto con ellos, con los campesinos para demostrar que sí había campesinos con derechos a salvo de acuerdo con la Constitución. Una y otra vez fuimos reprimidos, pero quienes tenemos conciencia de que el pueblo de México tiene la legalidad constitucional un instrumento histórico para hacer valer sus reivindicaciones, persistimos, a veces a la orilla de las carreteras, a veces en las oficinas de los funcionarios, y seguimos luchando por la afectación de los intereses de esta oligarquía.
En abril 10 de 1982, el propio presidente del Partido Socialista de los Trabajadores y un servidor, encabezamos la ocupación de predios del grupo Corerepe entre Guasave y Los Mochis. Duramos algunos meses, nos salimos a la carretera, venimos en Martha a la ciudad de México en
septiembre; fuimos recibidos por el presidente José López Portillo en la explanada de los Pinos, en una manifestación de solidaridad de más de 30 mil campesinos de todo el país.
El presidente prometió solución a los problemas agrarios de Sinaloa de acuerdo con la ley; los campesinos y el partido tomamos la decisión de esperar esa resolución en el Monumento a la Revolución. Ahí vivieron los campesinos y sus mujeres hasta noviembre de 1982. Todos ustedes saben como hay que hacer reuniones con el Secretario de Agricultura con el Secretario de la Reforma Agraria, con el Secretario de Gobernación, con el propio Presidente, para que se reconozca que hay evidencias, de que hay tierras que ilegítimamente están detentadas por multimillonarios de Sinaloa, que hay tierras que de acuerdo con decretos expropiatorios ya pertenecen a la nación, que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y que, sin embargo, en la práctica la siguen usufructuando propietarios privados con el pretexto de que no se les ha pagado la indemnización. Y cuando demostramos esto, finalmente se tomó la decisión de que se nos entregara una parte de todo aquello a lo que tenían derecho nuestros compañeros.
Recibimos en el papel mil 500 hectáreas de riego del predio Chinos y Brasiles en el municipio de Salvador Alvarado. Una mínima parte de las inmensas posesiones ilegítimas de la oligarquía sinaloense. Una mínima parte, pero de gran significación, porque se demostraba que con una línea justa de utilizar la legalidad constitucional como arma de lucha y todas las formas de combate que la clase campesina y trabajadora de nuestro país ha inventado, se puede luchar y se puede triunfar. Este es el Partido Socialista de los Trabajadores.
La sociedad de solidaridad social marcha nacional campesina, que fue la organización que recibió las tierras, se puso inmediatamente a organizar la producción, hay una nueva población en el territorio de Sinaloa que se llama Cruz Blanca, donde residen los trabajadores de esta sociedad. Estos compañeros hicieron uso de su imaginación y en el segundo ciclo produjeron más trigo por hectárea que los propietarios privados de la zona y que los propios ejidos de la zona. Estaba demostrado el tremendo poder potencial transformador del trabajo de los trabajadores.
No solamente se puede establecer restaurar la legalidad ahí donde ésta ha sido violada por la oligarquía, también se pueden hacer producir la tierra y los recursos naturales de manera más eficiente, cuando lo que prevalece es el trabajo, el interés de una comunidad de vencer a la naturaleza, de sacarle fruto para bien de todos.
Compañeras y compañeros ¿Cuál fue el castigo político contra el Partido Socialista de los Trabajadores por este atrevimiento? En las elecciones federales de 1982 este partido que no tenía antecedentes en Sinaloa obtuvo más de 5 mil votos, casi 6 mil votos. Pero en 1983 no pudo participar en el proceso electoral. Los órganos locales vetaron la participación del Partido Socialista de los Trabajadores.
El Partido Socialista de los Trabajadores es un partido federal, con registro federal, pero los órganos locales dijeron que tenía que registrarse en determinada fecha ante los órganos locales. No participamos, no obtuvimos votos como partido. Nuestros compañeros tuvieron que lanzar candidatos sin partido y de alguna manera cumplimos nuestra responsabilidad ante la ciudadanía de Sinaloa.
Es decir, la oligarquía tiene tentáculos no solo en las empresas privadas, también en los propios órganos del gobierno de Sinaloa.
Y compañeras y compañeros, esta situación de partido marginado, es la que los militantes de nuestro partido no admiten y es contra la que se revelan, y es con este propósito que hemos participado con este proceso electoral. Es este el partido que viene a rendir el testimonio, la protesta, la denuncia y la solicitud a las que me voy a referir.
¿Contra quién haremos esta protesta y esta denuncia? repito, contra la oligarquía sinaloense: contra, también, el Partido Acción Nacional en la medida que se presta como instrumento de la oligarquía sinaloense; contra los órganos, algunos de ellos parapoliciacos y paramilitares que debajo de las crinolinas del Partido Acción Nacional también operan.
No somos ciegos. En el Partido Acción Nacional hay caballeros como Jiménez Remus y hay también casi bestias como el ciudadano aquel que inventó aquella divisa de "matar un comunista no es un delito, es un deporte". Y ahí anda en el viaje, ahí anda junto con el Partido Acción Nacional en estos procesos. ¿Qué atestigua? Atestiguó la realización de un proceso electoral difícil, tremendamente difícil para el pueblo trabajador de Sinaloa. Un proceso electoral donde las fuerzas que se disputan el poder en Sinaloa, atiborraron de mensajes todos los medios, no tanto para hacer conciencia en el pueblo de Sinaloa, sino al contrario para someter conciencias.
Este pueblo valiente y trabajador, protestó y no fue a votar todo él, una gran parte manifestó su protesta absteniéndose de votar cuando no vio programas claros de parte de los partidos tradicionales, cuando vio incitaciones a la violencia,
pero sobre todo cuando observó un fraude político de tamaño colosal, al que me voy a referir. Sin embargo, debo atestiguar también, al visitar las distintas casillas de una parte del estado de Sinaloa y al recibir el testimonio de los compañeros de mi partido que no sólo hubo una gran abstención, también una tranquilidad en la mayoría de las casillas donde se realizaron las elecciones. Puede observar personalmente el desarrollo de los trabajos de la comisión electoral el día de las elecciones y puede observar también el desarrollo del proceso en muchas casillas y con el testimonio de mil compañeros de casilla en muchas más, de mis compañeros de partido y puedo llegar a la conclusión de que en la mayoría de las casillas el pueblo que tomó la decisión de ir a votar lo hizo con tranquilidad y en condiciones de respeto a la ley. Que hubo incidentes, que hubo problemas en algunas casillas, también es cierto, pero de ninguna manera pienso que la cantidad de estos incidentes y la magnitud de estos incidentes desvirtúan o descalifican este proceso tan interesante.
Compañeras y compañeros, también quiero testificar la forma provocadora en que algunas fuerzas se han comportado en el estado de Sinaloa. Y ahora paso para darle contenido a este testimonio, al aspecto de la protesta.
Ya aquí en este mismo lugar, en la sesión pasada, un compañero diputado del Partido Socialista de los Trabajadores, hizo la oportuna denuncia del secuestro del candidato del Partido Socialista de los Trabajadores, a la presidencia municipal de Culiacán por parte del candidato a gobernador Clouthier, del Partido Acción Nacional.
Quiero reiterar esta denuncia porque también fui testigo en parte de este acontecimiento, y quiero manifestar la más enérgica protesta de mi partido contra el candidato del Partido Acción Nacional y contra los señores del Partido Acción Nacional, que se solidaricen con esta actitud del candidato del Partido Acción Nacional. Los hechos son conocidos, brevemente los voy a recordar.
El candidato del Partido Socialista de los Trabajadores fue a votar a la casilla 337 en la colonia Revolución de la ciudad de Culiacán; como ciudadano consciente de contribuir a la vigilancia del proceso, observó una anomalía que no tenía mucha trascendencia, observó que una persona tenía cinco boletas en su mano y cinco boletas en la otra mano, era la esposa de otro compañero que también estaba votando, había un matrimonio. Tenían 10 boletas entre ambos, no había una boleta de más, no había una boleta de menos. Pero, de esas diez boletas, ocho eran para la planilla municipal de Culiacán. Y el compañero Eleazar Barranca Sánchez, candidato a presidente municipal del Partido Socialista de los Trabajadores, observó que eso era una anomalía y se los hizo ver a los funcionarios de la casilla. Preguntó a los votantes por qué tenían esas boletas y ellos dijeron: porque así nos las entregaron. Indagó con los representantes y el presidente de las casillas y discutía sobre eso, estaban llegando a un acuerdo de que había que corregir ese procedimiento, cuando de repente se hicieron presentes personas con un gafete que decía "prensa", en un fondo amarillo. Y estas personas con walkies tolkies, como se dice por ahí, hablaron a otras personas y de repente, se hizo una discusión tremenda en la casilla y compareció el candidato del Partido Acción Nacional, seguido de una larga caravana de aproximadamente diez vehículos y en un plan prepotente, llegaron a la casilla, buscando al "Mapache".
Secuestraron, creo que esa es la palabra técnica con la que se puede decir esto, a un auxiliar del Comité Distrital. Dijo personalmente Clouthier: "llévense a éste," y se lo llevaron. Y al candidato nuestro, ciertamente con él, no se utilizó el método de la fuerza, pero se utilizó el método de la persuasión y de la fuerza psicológica. Lo envolvieron, lo subieron al automóvil, le dijeron que lo iban a rescatar, se lo llevaron, le hablaron de la posibilidad de recibir dos millones de pesos por ser el descubridor de la "mapachada". El les pidió que lo pusieran en contacto con su dirección, conmigo, con el Partido Socialista de los Trabajadores, le dijeron que sí, cómo no, que lo iban a llevar. Pero una ciudad tan pequeña relativamente, como Culiacán, tardaron más de cuatro horas antes de llevarlo a las oficinas de la Comisión Estatal Electoral, no ante la presencia de la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores.
Contra su voluntad lo llevaron a la comisión electoral, para que fuera a decir que vio lo que no vio. Afortunadamente con oportunidad lo rescatamos, lo recogimos de este grupo de personas que lo tenía y lo traían y lo llevaban, que lo ubicaron en una casa en una de las colonias de Culiacán, etcétera, etcétera; y lo rescaté. Recibí la información de este compañero nuestro y nos percatamos de que en el fondo solamente había unas charadas. Y desde luego un error, pero no solo un error, también una labor que desde nuestro punto de vista es delictiva y que como consideramos que hay un delito detrás de estas actitudes, pondremos en conocimiento de la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa, estos hechos para que se investiguen, se llamen a los involucrados, se cite a los testigos y desde luego, se castigue a los responsables, contra eso protestamos. No nos parece correcta esta conducta y que la ley se aplique con todas sus
consecuencias, en contra de los responsables de esta actitud.
Compañeras y compañeros; ¿qué denuncio? Mi partido denuncia un fraude otras dimensiones. No el fraude que se mide en un voto más o en un voto menos o en mil votos más o en mil votos menos. Mi partido denuncia el fraude contra el pueblo trabajador de Sinaloa, de quienes siendo responsables de la situación que padece el pueblo de Sinaloa, se arroguen el derecho de representar a ese pueblo, el derecho de ser gobernadores de ese pueblo; el derecho de expresar intereses de ese pueblo. ¿Cómo es posible que un empresario que saca dólares, lo confiesa y dice: qué y qué; que un empresario que reconoce que estudió en una escuela militarizada de Estados Unidos y que tiene el grado de subteniente o de teniente del ejército norteamericano, y dice: qué y qué. ¿Cómo es posible que un simulador agrario, y debo decir que nosotros tendremos el próximo lunes pruebas y campesinos para demostrar que hay simulación agraria en los terrenos que tiene Clouthier, se presente como representante de los intereses del pueblo de Sinaloa? Y sépase que en Sinaloa, como en todo el país, la mayor parte del pueblo son trabajadores del campo y de la ciudad.
Ese sí es un fraude político. Que el pueblo de Sinaloa no haya tenido oportunidad, para conocer la verdadera naturaleza de este engaño, que un partido como el nuestro no haya tenido la capacidad de revelar este engaño. Eso son cuestiones que se explican por el escaso desarrollo político y la escasa capacidad política, todavía de un partido como el nuestro. Pero eso no le quita el hecho de que se trate de representar intereses populares por parte de aquéllos que son precisamente, los enemigos más claros de los intereses populares. Y eso es lo que denuncio. Y también denuncio lo que ha quedado evidenciado en el comportamiento de Clouthier y compañía, después del proceso electoral. No se necesita ser muy agudo para observar, cuál es la naturaleza de esta fuerza que representa Clouthier. No se necesita ver detrás de las cosas para observar el fascismo, el neofascismo, en el lenguaje y el comportamiento de quienes hablaron y se comportaron en el mitin de antier en Culiacán, la prensa de Culiacán, es todo un documento que debía circular en todo el país, en la medida en que retrata los discursos y retrata las actitudes de las personalidades del Partido Acción Nacional y de la base engañada por el Partido Ación Nacional en Culiacán.
¿Qué dice Clouthier en su discurso como elementos de muestra de esta oratoria nueva neofascista? "...y ahora les voy a decir para qué sirve el huevito que traen en la mano, nomás que vamos al palacio municipal para decirles"... Manuel J. Clouthier bajó del templete y se dirigió al frente de la muchedumbre hasta llegar al palacio municipal, para luego impulsarse y lanzar el blanquillo sobre las paredes del edificio municipal, acción que fue seguida y coreada por miles de personas, luego a pie también el candidato del Partido Acción Nacional, seguido por cerca de 900 personas, se enfiló nuevamente por las calles de Obregón al norte, hasta llegar a la calle de Rosales para ahí perderse. En el mitin dijo que Manuel Bartlet, de Gobernación, le había dicho que estuviera tranquilo porque habría respecto en el proceso electoral y en respuesta dice Clouthier, le recordé a su familia. Al referirse a Miguel de la Madrid, se refirió como al más grande defraudador, estos con los conceptos profundos, del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, en este mitin de la supuesta victoria. Y léase en la prensa de Sinaloa para los que no fueron presentes ahí, en este acto, y véase lo que hicieron las muchedumbres de Clouthier frente al Partido Revolucionario Institucional, ahí en el centro de Culiacán. Un pobre gato iba pasando por ahí, lo agarran, lo matan y ensangrentado lo lanzan sobre el edificio del Partido Revolucionario Institucional. ¿Estas son imágenes trágicas? ¿Eso es lucha social para rescatar el más profundo anhelo democratizador del pueblo trabajador de Culiacán? ¿Es ese el futuro al que invita Clouthier y al que está prestando el Partido Acción Nacional?
Compañeros y compañeras, esto es una revisión del fascismo y la historia de México no nos conduce al fascismo si sabemos a tiempo estar alerta y tomar las medidas que necesitamos tomar. Alertas a denuncias que hago es para estar alertas, para que nos deslindemos los que somos seres humanos de las posiciones animalescas, no importa con qué maquillaje se presenten a la comunidad nacional. Y compañeros y compañeras, ¿qué pedimos, qué pide el Partido Socialista de los Trabajadores? Pedimos una investigación a fondo de todas las denuncias, y particularmente de las que aquí hacemos.
El Partido Socialista de los Trabajadores ha llamado a su militancia, todavía escasa, lo reconocemos, en el estado de Sinaloa, para que esté presente públicamente frente a todos los comités municipales y distritales este domingo, esclareciéndole al pueblo lo que está en juego, y demandando efectivamente un cómputo limpio de la voluntad del pueblo de Sinaloa.
El Partido Socialista de los Trabajadores ha convocado el próximo lunes a una movilización de su militancia en Culiacán de todo el estado, para ir en marcha a la Procuraduría del estado a presentar formalmente denuncia penal por los hechos delictivos que le resulten al candidato Clouthier y a las personas que lo acompañaban
por el secuestro de nuestro candidato a presidente municipal de Culiacán.
¿Qué pedimos? Que estemos alertas y que sepamos escuchar el mensaje que nos envía el pueblo de Sinaloa. El pueblo de Sinaloa es un pueblo insatisfecho, es un pueblo que demanda la reconstrucción de Sinaloa, la reconstrucción de las relaciones sociales, económicas, políticas en el estado de Sinaloa. Ya no quiere un control policiaco de sus colonias y de sus ejidos, quiere una relación franca, de auténtica representación con sus autoridades. Ya no quiere más estar bajo los pies de una oligarquía que se enriquece y se desnacionaliza; quiere que la tierra y su producto sea para quienes la trabajan; quiere que haya vivienda digna para los trabajadores y todo el pueblo, en las ciudades; quiere que las cooperativas sean democráticas y que se respeten los derechos y las prerrogativas que la ley les permite a los cooperativistas pesqueros; quiere en fin participar en el gobierno de sus ejidos y sus comunidades; quiere un trato digno de parte de sus autoridades, quiere que las autoridades cumplan con el mandato constitucional de ser servidoras del pueblo, y eso es una responsabilidad de todos, contribuir para que se reconstruya Sinaloa, para que se acaben las viejas relaciones que someten al pueblo a los intereses de una oligarquía.
Compañeras y compañeros, y también queremos pedir que se respete la votación del Partido Socialista de los Trabajadores. Tenemos evidencias parciales de los resultados. La proyección de nuestra votación nos hace estar seguros de que si se respeta la votación, el Partido Socialista de los Trabajadores, el partido castigado por luchar por los campesinos puramente de acuerdo con la ley, deje de ser una fuerza marginada y tenga voz y voto en el Congrego de Sinaloa. Los votos del Partido Socialista de los Trabajadores, son votos sagrados, son votos de una parte del pueblo que conoció a su partido, votó por él y defendió sus votos. Y lo digo, porque hay grupos locales, caciquiles, que han comenzado a tratar de borrar estos votos ante el hecho de que el pleito es con los grandes y no con los pequeños. Y lo digo, porque en la sociedad de solidaridad social, ahí donde vive el grupo de campesinos que conquistaron la tierra en 1982 junto con el Partido Socialista de los Trabajadores, ahí se dio un bombardeo de parte de las fuerzas priístas de Salvador Alvarado, para que la votación fuera a favor del Partido Revolucionario Institucional, aunque los compañeros lucharon y triunfaron con el Partido Socialista de los Trabajadores.
Esa maniobra no prevaleció, los compañeros votaron por el Partido Socialista de los Trabajadores, ganamos la casilla 115 bis, pero fue desproporcionado el esfuerzo para acatar la voluntad de los compañeros de esa población de Cruz Blanca de Salvador Alvarado. Y sentimos que más allá de nuestras fuerzas, hay fuerzas locales interesadas en borrar estos votos y aquí demandamos un respeto a esta votación que, repito, es sagrada. Gracias compañeros.
El C. presidente: -Tiene la palabra para hechos cinco minutos el diputado Diego Valadés Ríos.
El C. Diego Valadés Ríos: -Ciudadano presidente; ciudadanos diputados: Sinaloa es un estado que por largas décadas ha dejado sentir su vigorosa presencia política, innovado en muchas ocasiones los estilos políticos en boga. En esta medida cabe rendir homenaje a la gesta democrática que en 1908 José Ferrel protagonizó en contra del último gobernador porfiriano; Diego Redo.
Desde entonces, Sinaloa se habituó a la democracia y ha vivido intensamente en ella. Prueba evidente que no me apena reconocer, es que en 1941 el candidato del Partido Revolucionario, Guillermo Liera, perdiera la gobernatura del estado frente a un candidato de oposición independiente, Rodolfo de Loaiza.
Hay pues en Sinaloa el fermento de la democracia y el reconocimiento pleno de las instancias populares para dirimir a quien se le entrega el mando del gobierno local y de los gobiernos municipales. Ante esta circunstancia, vengo aquí para reconocer con profunda pena que efectivamente en Sinaloa hubo fraude. En Sinaloa las elecciones fueron fraudulentas. Y lo vengo a plantear en los términos de fraude político a que hacía referencia el diputado Jorge Amador.
Es evidente que cuando hablamos de fraude en materia electoral, no estamos haciendo referencia a lo tipificado por el artículo 386 del Código Penal del Distrito Federal o su equivalente 351 del estado de Sinaloa; cuando hablamos de fraude electoral, estamos haciendo referencia a esa actitud que ha sido considerada por los cánones y quienes definen los términos de la lengua española, como el engaño, la inexactitud consciente, el abuso de confianza que produce o prepara un daño. Y en este sentido, no solo a denunciar, no solo a declarar, sino con gran pena a aceptar que tuvimos fraude en Sinaloa.
Yo solamente lamento que un partido político nacional, que en otras ocasiones se ha caracterizado por el escrúpulo en la selección de sus candidatos y por la defensa de sus principios ideológicos, haya en este caso prestado sus siglas para que un aventurero irresponsable tratara de medrar con ella en contra de los interese del pueblo de Sinaloa y de la democracia mexicana.
Se ha hablado aquí de fraude y el fraude en su
sentido como lo he dicho, fue perpetrado desde mucho antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y en los días que han sucedido al proceso electoral por un señor, a cuya fama estamos contribuyendo con las innómeras menciones que ha recibido ya en esta tribuna, un señor que obedece al nombre de Clouthier, nieto del perfecto que prohibió a Francisco I. Madero, a quien en la sesión anterior defendía el Partido Acción Nacional, que pudiera reunirse cívica, legítima, y pacíficamente en Culiacán en 1911.
Hay pruebas evidentes, están publicadas de cómo se preparó el fraude, cómo se preparó el engaño de las conciencias de los sinaloenses. Todavía el día de la elección cuando, de acuerdo con los términos de la ley electoral local, estaba imposibilitado todo partido para hacer propaganda política, una organización que obedece al nombre de desarrollo humano integral, y cuyos vínculos políticos son plenamente conocidos en todo México, publicaba recuadros en los periódicos diciendo: "ciudadano: si no estás conforme con tu gobierno demuestra tu inconformidad votando en las elecciones de hoy"; y más aun, en los periódicos de Sinaloa en los días en que también estaba prohibida la propaganda política y aun el mismo día de la elección salían desplegados a veces de un cuarto de plana y a veces de plana entera firmados por la misma organización de desarrollo humano integral, llamando a la temporada del "mapache", e introduciendo en la conciencia de los sinaloenses la convicción de que se iba a cometer un fraude en su perjuicio.
Esta preparación del fraude en las conciencias de los sinaloenses es de la responsabilidad de una organización filial criptopanista que no titubeó en defraudar al pueblo de Sinaloa para escamotear la posibilidad del acceso de la democracia. Y ocurrieron cosas de otro juez, a las cuatro de la tarde del día de las elecciones, dos horas antes de que se cerraran las urnas para que los ciudadanos emitieran su voto, el candidato del Partido Acción Nacional, ya estaba participando en una rueda de prensa proclamándose vencedor de las elecciones. Además de manipulador, es un insigne adivino, porque con las urnas cerradas, él sabía, y con la gente todavía votando, él sabía según dijo, que era el gobernador electo de Sinaloa. Es que seguramente él sí sabía la clase de fraude que había preparado en detrimento de la población sinaloense.
Hoy se ha dicho que una de las formas de demostrar hasta que punto el Partido Revolucionario Institucional perdió las elecciones, es que la casilla en la que votó el gobernador de la entidad fue ganada por el Partido Acción Nacional. Yo utilizaría ese mismo argumento, para decir que es hasta qué punto, en todas las casillas en que usufraguó el pueblo de Sinaloa, hubo pleno respeto para la opinión de los sinaloenses.
Y por otra parte mencionaría, que en la casilla en la que votaron el señor Clouthier y su familia y donde estuvo como su representante, su señora suegra, el señor Clouthier fue derrotado y está el acta correspondiente firmada por la señora a la que acabo de hacer alusión.
Los actos de revocación, los actos de prefascismo, a los que se ha hecho alusión aquí, por el diputado Amador, son del dominio público. Los periodistas nacionales y extranjeros, fueron agredidos a instancias del señor Clouthier en el mitin que celebró en la tarde del lunes pasado. Periodistas como la muy conocida en Sinaloa, Carmen Aida Guerra Miguel, fue víctima del atropello más inicuo sobre su cabeza se partieron cinco huevos podridos, se le introdujo en el vehículo, cuando el vehículo fue objeto de sucesivos y violentos puntapiés, y cuando un grupo que escolta permanentemente al señor Clouthier, intentó volcar el vehículo en una calle de Culiacán.
Esto es fascismo, y esto es fraude a la democracia. Así es que si aquí se dice que se cometió un fraude en detrimento de la población de Sinaloa, nosotros tenemos que venir a decir que sí se cometió, pero que por fortuna existen instancias legales y por fortuna existen partidos interesados en que prevalezca la legitimidad de las elecciones y por eso haremos valer antes esas instancias lo recursos que procedan y que por eso denunciaremos los actos proditorios cometidos por los enemigos de la democracia para que ni en Sinaloa ni en ninguna parte del país, sujetos como éste que desprestigien a cualquier partido, sigan haciendo víctimas y atentando contra la población para que sus derechos legítimos no sean debidamente respetados.
Protestamos contra esos actos inicuos, y dejamos en esta tribuna y en las actas de esta Cámara, constancia de nuestro profundo repudio y de nuestra denuncia vehemente, en contra de los actos de manipulación electoral, en los que pretendió sumirnos el señor de apellido Clouthier que abandera un partido que debió haberse abstenido de patrocinar a un buscasiglas como este señor. Muchas gracias.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -En su primera intervención esta tarde - ya lo extrañábamos por mas de los diez días de ausencia que el reglamento señala en este período - el diputado Valadés, mensurado, hizo una exhortación a ser respetuoso en la tribuna.
Bastó que alguna de las paraestatales viniera a
acuñar un diferente tono, sumarse al tono que por lo visto le gusta. Comienza por decir que hechos que han sido mencionados en la prensa y denunciados por él, son hechos probatorios. Todo un señor abogado, ilustre jurista, da por hecho lo que no tiene más sentido que una acusación. Da por probado lo que no es mas que un indicio. Así va el abogado Valadés. Menciona que en Sinaloa la democracia se demuestra porque en 1941, un candidato que no era el candidato oficial, ganó la gubernatura, por lo visto está reconociendo cuánto de retrógrada tiene el sistema al que sirve, porque desde entonces no se ha vuelto a repetir la ocasión y hay ocho partidos de la oposición y ninguno puede ganar siquiera limpiamente las alcaldías, porque todos tienen que ganarlas a base de venir a reclamarlas aquí, pero en lo que no tiene límites, la capacidad de agresión y de irresponsabilidad del diputado Valadés, es cuando volvió a decir aquí; que puesto que el abuelo de Manuel Clouthier había sido amigo de don Porfirio, entonces resultaba que su nieto es un fraude. Se le está olvidando, que el abuelo del presidente Miguel de la Madrid tuvo exactamente la misma actitud que el abuelo de Clouthier. ¿Tiene la culpa Manuel Clouthier o tiene la culpa Valadés de que se le fuera en vano la palabra? Y viene a decir que esto, que nosotros planteamos y hemos hecho es un fraude, fraude el del señor candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Sinaloa que todavía el jueves, día prohibido para hacer propaganda, en la televisión oficial en el canal 13 se estuvo haciendo entrevistas de prensa; fraude que el señor no haya podido demostrar su residencia, que le permitiría efectivamente ser el candidato a gobernador, fraude el de todo el sistema para el cual hemos hecho denuncias y que ahora vamos a repetir, ahora a repetir ahondando.
Alguna persona que tiene una condición de hombre respetuoso, diputado del Partido Revolucionario Institucional vino a decir que él no podía creer que el candidato Labastida pudiese dejar de cumplir con su palabra de que no admitiría más que los votos limpios. A lo largo de muchos años de participar en política, yo recuerdo diferentes formas de cantidades del partido oficial, diferentes maneras de aparentar y de presentarse, quizá todas ellas sintetizadas. En una ocasión en que siendo el señor secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz, me dijo al reclamarle algunos inconvenientes y malos hechos del partido oficial en Michoacán: "Compañero de oposición, esta cocina es la federal; yo no soy la cocina de Michoacán". Parece que una vez más se pretende que la cocina de Sinaloa no es la cocina federal.
Y en esa interferencia, en ese juego sucio entre federación y estados, hay candidatos del partido oficial que ciertamente ganan por ausencia de oponentes, o simplemente porque sus oponentes no tuvieron suficientes votos. Hay otros que no son como en aquel dicho de Martín Fierro "políticos que tiran la piedra y esconden la mano, en un lado tiene el nido y en otro lado pegan el grito", y se atreven a decir que no se dan cuenta de que les hicieron elecciones sucias y que les ayudaron a formar expedientes con votos falsos.
Y hay otros que dicen que todo está limpio, y cierran los ojos a la realidad que es la que estamos viviendo una vez más en Sinaloa. ¿Donde comenzó el fraude de Sinaloa? Si recordamos el padrón de 1985 y la serie de discusiones que tuvimos en esta tribuna cuando el diputado que vino aquí en tono respetuoso y luego agresivo a decirlo, se comportó como uno de los grandes majaderos del Colegio Electoral, recordaremos que los códigos de las computadoras de la Secretaría de Gobernación manejaron tres guarismos de cada diez para establecer los votos falsos.
Por ello, en el caso de Sinaloa, tres días antes de la elecciones no pudimos contar con 500 de los 900 representantes que se necesitaban por ejemplo en la ciudad de Culiacán.
La ley de Culiacán es tan curiosamente celosa del trabajo de presentación electoral, que permite registrar como candidato a gobernador a un señor que no tiene la residencia en el estado, pero le exige a un representante de la oposición que viva en el sector o sección de la casilla para poder ser representante.
Con las listas del padrón entregadas oficialmente por la Secretaría de Gobernación a través de la oficina del padrón en Culiacán, se manda la lista de los representantes y resulta que tres días antes de las elecciones devuelven de 900, a 500 gentes diciendo que no están en el padrón, y entregan la otra copia del padrón para verificar que no existen en el padrón. Limpiaron una vez más el padrón de vivos, para meter sus consabidos muertos.
Aquí algún otro diputado de la oposición no del partido oficial, decía que él no creía que hubiese habido suficiente votación, que había habido una gran abstención. Y las cifras oficiales de un señor cuyo primer nombre es un poco majadero y prefiero no mencionarlo para no inferir a una protesta, declara que los señores del partido oficial ya llevan 413 mil votos dentro de un padrón de un millón. No tenían votos, nuestro compañero que no es del partido nuestro, señala que hubo abstencionismo, pero resulta que ya van en 413 mil votos. ¿Otra vez la fabriquita de los votos detrás de las credenciales falsas sacadas del padrón? ¿Otra vez los padrones hechos en el estilo de Gobernación con los códigos de la computadora? Y
vienen a defender los triunfos del sistema del partido oficial. Este es el fraude, ese es el fraude que debía confesar el diputado Valadés tuviera capacidad analítica y tuviera honestidad intelectual y tuviera decoro de abogado.
Así se entiende también que venga a decir, que la oposición que nosotros hemos formado y representamos, pues como no interpuso los recursos antes de los tres días que señala la ley y las instancias, pues que ya perdimos la opción. Pero, señores del partido oficial, ¿quién hizo la ley electoral de Sinaloa? ¿Quién puso las aberraciones de que los representantes no pueden ser sino los que viven en la casilla? ¿Quién hizo el montón de boletas electorales que permitían poner los tacos? ¿Quién inventó las supuestas ánforas transparentes, que a la hora de la hora no eran transparentes, eran cajitas de cartón mas o menos oscuras, pero que además no estaban selladas y permitían levantar la tapa para echar los tacos de votos? El sistema del partido oficial y su mayoría que no quiere reconocer que el pueblo de México quien ya no vota por el sistema y usa todos los recursos a su alcance, que son todo el poder, todo el dinero, toda la gestión, que ya ven ustedes, para hacer las elecciones.
Los señores promotores del voto, presionadores para que la gente vote por quienes ustedes quieren. El dinero tirado en grande abundancia en propaganda de todo tipo, ¿de dónde salen? De las arcas oficiales. ¿Quiénes son los promotores del voto? Los señores que trabajan en la burocracia federal a cumplir el oficio de pervertidores del voto. ¿Y a eso le llaman ustedes limpieza? Ese es el fraude electoral que ustedes están intentando confirmar realizar en Sinaloa.
Ustedes pretenden que las elecciones reclamen de la oposición que tengan a unos grupos a la Sherlok Holmes a lo Valente Quintana, investigadores o detectives profesionales para que les encontremos todas las cosas con las cuales ustedes hacen las elecciones sucias. No están sirviendo al pueblo para que se facilite la expresión libre de democracia, están usando el poder para ver cómo impiden que la democracia se realice y cómo el pueblo puede expresar libremente su voto.
Señores; Acción Nacional nació hace 40 años. 46 años para ser exactos, con el propósito de cambiar esta terrible y triste situación de un pueblo que está siendo constantemente engañado, violentado, amagado para que sirva a un sistema que quiere seguir en el poder, para que lográsemos que el pueblo entrase en esta convicción de tener ejercicio de sus derechos y en primer lugar ejercer su soberanía para nombrar y designar a sus gobernantes. Ustedes insisten en usar los métodos por los cuales hasta el último rincón de la República no se pueda realizar esa gestión, ese derecho personal del pueblo.
No hemos podido avanzar en este país, ni siquiera el escenario de esta Cámara para que haya respeto a las minorías. Abusan de la mayoría para que la minoría se conserve siempre en minoría y así pretenden hacerlo en Sinaloa. Y cuando no les permiten, cuando no acaban ustedes de realizar su fraude ya dan por hechos, simples indicios y atrocidades y majaderías e insultos.
Yo le podría responder al diputado Valadés en forma personal, pero no lo voy a hacer. Creo que lo ha hecho mal y él lo reconocerá, en insultar personalmente a un hombre extraordinario que se ha entregado al servicio del pueblo en esta ocasión con tal de seguir en nuestra causa.
Y yo quiero recordar que esta esperanza maravillosa que hemos sembrado en los caminos de México a lo largo de 46 años, está viva y sigue brillando y será la ocasión próxima y constante la que siempre tendremos para hacer realidad aquella expresión que ahora se me viene a la memoria de Juan Ramón Jiménez, cuando decía: "Mientras la última luz de la esperanza alumbre débilmente mi camino, yo iré sonriente a mi destino contento como un niño de la andanza".
Estamos contentos y felices de contender y defender una vez más el derecho del pueblo mexicano a emitir su sufragio a pesar de todo lo que ustedes están pretendiendo hacer para que no se respete el voto del pueblo de Sinaloa.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Sinaloa es en verdad una tierra de patriotas y de luchadores valiosos, una tierra que a lo largo de la historia de nuestro país en el seno de ella, su pueblo, los sinaloenses, han librado grandes y valiosas batallas.
Distinguidos miembros de mi partido han sido sinaloenses; compañero nuestro en esta Cámara de Diputados en la LI Legislatura, muy querido por todos los diputados del campo democrático de entonces, el camarada Lázaro Rubio Félix, fundador del partido, dirigente de masas en Sinaloa, legendario luchador de aquella misma región; Simón Jiménez Cárdenas y podríamos hacer una muy larga lista.
Sinaloa recientemente ha vivido una campaña electoral de características peculiares, seis candidatos a gobernadores, planillas a diputados
locales, a ayuntamientos en aquella entidad presentadas por seis organizaciones políticas, seis de ellas merecen el respeto de todos, una no; merece el respeto desde luego el Partido Socialista de los Trabajadores, que ya el compañero diputado ha hecho una exposición de las características de su presencia y su lucha en Sinaloa y que pertenece al campo de las fuerzas democráticas.
Merece el respeto el Movimiento Popular Sinaloense que integraron tres partidos políticos nacionales: Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores y otras organizaciones políticas también, todas del campo democrático y que hicieron una buena campaña en Sinaloa, progresista, con planteamientos programáticos e ideológicos.
Los compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con modesta presencia, pero también estuvieron en el lado de las fuerzas democráticas; y los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, con todas las características que conocemos del Partido Revolucionario Institucional, su heterogeneidad, su composición compleja, hicieron una campaña connotadamente democrática, patriótica, antiimperialista, progresista, en alto grado, merecen el respeto, plantearon ideas y plantearon tesis programáticas.
Y no voy a hablar de las características de la campaña de mi partido que postuló como candidato a gobernador a otro de los prestigiados dirigentes agrarios y campesinos de Sinaloa, de 30 años de lucha, el compañero Rigoberto Arriaga Ruiz, y que hizo una campaña extraordinaria, pero no es el caso relatarlo.
No merecen en lo absoluto respeto, mío en lo personal, ni de mi partido, ni de ningún ciudadano honesto de Sinaloa, la campaña que hizo el Partido Acción Nacional, si es que se puede llamar campaña electoral a lo que hizo este partido.
Jamás un planteamiento ideológico, jamás una tesis programática, una solución concreta, una propuesta para resolver algunos de los tantos problemas que sufre el pueblo sinaloense; siempre ese lenguaje que ya han caracterizado aquí otros compañeros de la tribuna; ese lenguaje de provocación, ese lenguaje de injurias, ese lenguaje de calumnias, ese lenguaje prepotente, sin tesis, sin contenido, sin argumentación, sólo la afirmación siempre injuriosa. Ese lenguaje que usó Adolfo Hitler y Benito Mussolini, ese lenguaje que usa Pinochet, ese lenguaje fascista; siempre sólo ese lenguaje fascista. Eso caracterizó la campaña de Acción Nacional en todos sus momentos; eso y el derroche de recursos económicos. Eso no merece en lo absoluto mi respeto.
La conducta del Partido Acción Nacional y de sus candidatos, el conjunto de candidatos y dirigentes. No comparto la tesis de que accidentalmente haya llegado ahí por azar el aventurero Jesús Clouthier; porque Jesús Clouthier, el tío de él - Jorge del Rincón - es el dirigente estatal, el dirigente regional del Partido Acción Nacional en Sinaloa y es una gente cortada con la misma tijera. Y a esa misma configuración ideológica y moral - debiera decirle catadura - pertenecen gentes como Morgan, como tantos otros y todos ellos hicieron una campaña de esas características; y no podían hacerle de otro modo, por una sencilla razón: no se le pueden pedir peras al olmo. Quienes están en esa configuración ideológica, quienes están a ese nivel político y moral, jamás podrán producir ideas ni debatir con serenidad, ni argumentar sosteniendo sus posiciones, ni enfrentarse con valor civil al debate. Siempre tendrán que recurrir a esas mismas conductas.
Lo mismo Clouthier, siempre ha sido un provocador, como lo han sido todo este tipo de gentes. Este Clouthier era el que alguna ocasión había llamado al sector patronal, del cual ha sido dirigente durante algunos años, a tomar las armas, a tomar las armas así como ahora lo está haciendo en estos mítines de provocación postelectorales. Esos mítines de provocación en los que curiosa concepción fetichista, el valor se convoca a darse valor a demostrar valor, llevando en la mano, un huevo de gallina, ese es el sentido del valor que tienen este tipo de individuos.
Este señor Clouthier había llamado a tomar las armas, cosa curiosa decía, en caso de que el Partido Revolucionario Institucional escogiese para la candidatura a la presidencia de la República, a alguien que no gustara en la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuando él era dirigente de esta organización, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Pero nunca ha sido una gente seria, siempre ha sido una gente que recurre a las balandronadas y a las amenazas como una forma de chantaje, para después cosechar en forma de negocios, en forma de canonjías, en forma de prebendas económicas o políticas.
Un ilustre periodista que merece, ese sí, el respeto de todos, lo mismo de los marxistas que de los demócratas o de los progresistas, de los patriotas simplemente, lo calificaba siempre con muy poco respeto como yo mismo lo trato, y alguna vez decía este ilustre periodista refiriéndose a Clouthier, que él no imaginaba cómo pudiera tomar las armas a menos que las armas fueran una nueva marca de whisky, de coñac.
Y este mismo Clouthier es quien en alguna ocasión envió una delegación de integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana a Estados Unidos a instruirse en tácticas de defensa de las libertades humanas, los principios occidentales y la libre empresa; defender estos conceptos contra los embates del socialismo que declaraba que estaba aplicando el Gobierno mexicano.
Y esa distinguida delegación de miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana que asistieron a Estados Unidos a estos eventos, fue encabezada por otro destacado dirigente panista, de otra región del país, no de Sinaloa, el señor Cuandró. Una delegación numerosa - denunciaba el mismo periodista - muy respetable al que había hecho mención hace un momento, una delegación numerosa encabezada por Cuandró que acudió a la reunión que celebraba un organismo fascista en Pensilvania.
En esta reunión dos generales de la USA Army, un almirante de la USA Navy y un vicemarshall de la Royal Air Force inglesa fueron algunos de los instructores para los asistentes, para prepararlos en el arte de buscar alternativas para preservar y defender la libertad - entre comillas - la libertad según las concepciones de Cuandró y de Clouthier. Este mismo Clouthier es el que dirigió el paro patronal de Puebla, y el que convocó un paro patronal a nivel nacional en oposición a la nacionalización de la banca.
Este mismo Clouthier es aquel que llamaba a tomar las armas equivocándose de etapa, olvidando que la rebelión de los políticos quedó hace muchos años atrás en la historia de nuestra patria. Este Clouthier, hay mucho escrito sobre él, y hoy solamente me he permitido recoger algunas fichas, algunas citas textuales del distinguido periodista Manuel Buendía, colega de la también respetable trabajadora de la comunicación; Carmen Aída, que también ha sido víctima de las injurias, de las acciones vergonzosas, de las que es capaz un individuo como Clouthier.
Manuel Buendía, por cierto hoy, 30 de octubre, se cumplen dos años cinco meses de su caída a manos criminales y todavía no suficientemente esclarecida. Manuel Buendía decía también, relataba del viaje de Clouthier junto con Gavin a Estados Unidos Salt Lake City, capital de Utha, donde participaron en una reunión convocada por el Snobeth Institute; en esta reunión denuncia Manuel Buendía, a quienes mis "amigos", los panistas, les merecen muy poco respeto, lo mismo que a mí - su sí amigo Clouthier - . Relata Buendía: fue ahí donde Jesús Clouthier dio sus personales apreciaciones sobre la situación de México en un informe de 3 mil 492 palabras, cuya función fundamental fue la de despertar en las fuerzas más derechistas de Estados Unidos expectativas, con relación al estado actual de la economía de México y a lo que él llamó: la decadencia del sistema político.
Y denuncia Buendía que es precisamente a Clouthier a quien se debe el mérito de haber vendido a las organizaciones de extrema derecha de los Estados Unidos la opción PAN, la opción del Partido Acción Nacional, como la forma más adecuada para intervenir en la vida de México, e imponer aquí los intereses de los Estados Unidos así como operan, con características parecidas o diferentes en otros países de América latina.
Dice textualmente Buendía: "después de la palabra número 2 mil 400, el Varón de Clouthier se entusiasmó con su idea de vender el Partido Acción Nacional a los norteamericanos, les dijo que este partido tradicionalmente favorito de las derechas anticomunistas, había logrado ya después de muchos años dar un espectacular brinco de voto, sobre todo en las zonas urbanas. Este proyecto de venta panista al buen tío Sam - sigo citando textualmente a Manuel Buendía - , es lo que está en el meollo del plan zona, que tan abiertamente han apoyado la embajada, los empresarios y el audaz obispo Quintero Arce"; todo esto fue publicado en la columna de Buendía en Excélsior del 19 de mayo de 1983, y termina esa columna de Manuel Buendía con estas frases: "Finalmente, Clouthier presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en este inverosímil discurso aseguró - palabra 3 mil 301 y siguientes - , que otros grupos de mexicanos en los que incluyó asociaciones civiles y entidades religiosas, están listos para participar en la lucha para el poder; sería conveniente el apoyo de los Estados Unidos".
Y palabra número 3 mil 385 y siguientes, "previno a Estados Unidos sobre el peligro que el actual sistema destruya y los activistas y dogmáticos, los que reciben consignas del exterior y los anarquistas, pudieran aprovecharse y alcanzar el poder".
Este es el señor Clouthier, digno representante, candidato, dirigente del Partido Acción Nacional, digno y respetado por los de Acción Nacional, pero de ninguna manera por los mexicanos patriotas y bien nacidos, de ninguna por los sinaloenses que no son tontos, de ninguna manera por los diputados progresistas de esta Cámara, por los diputados progresistas democráticos.
Qué otro tipo de campaña podría haber hecho Clouthier, si no esa de nuestros, de insultos, de injurias, de calumnias; campaña que no tuvo
frutos, ningunos frutos, porque aquí lo han reconocido diputados de distintas corrientes políticas, y lo reconoce Acción Nacional con su misma actitud tibia y blandengue.
En Sinaloa no se vieron las circunstancias de Chihuahua, toda esta serie de calumnias, de injurias, de provocaciones, de llamados a la violencia fueron desoídos, fueron rechazados, fueron despreciados por el pueblo sinaloense, no tuvieron ningún eco, su votación se ha desplomado con relación a la que habían logrado en ocasiones anteriores, la votación de las fuerzas democráticas en su conjunto y prácticamente cada una de ellas, se ha desarrollado de manera vigorosa. ¿Por qué entonces esta conducta de Clouthier después de las elecciones? ¿por qué hacer ese tipo de mítines, donde para darse valor tiene que llevar un huevo de gallina en la mano? ¿Por qué esa conducta ridícula y provocadora después de una campaña donde no tiene absolutamente nada que alegar? Absurdo que pudiera haber ganado la elección en un municipio o un distrito electoral cuando no hubo ninguna respuesta popular. Siempre ha sido un negociante, siempre ha sido una gente dispuesta a la venta de lo que se pueda vender, al lucro, siempre ha sido una gente con dos caras en todos los aspectos, y también eso lo denuncia Buendía, quien le siguió la pista durante muchos años, desde por allá de los setenta y cuatro, hasta vísperas de su muerte.
Dice Buendía: "Manuel J. Clouthier podría ser el grueso ejemplo de esta dicotomía tan mexicana, empresa pobre, empresario rico, la compañía arrocera de la que es propietario en Sinaloa, está en deuda en dólares y su aspecto contable mueve a compasión; sin embargo, una sola de las cuentas pequeñas del señor Clouthier en bancos de Estados Unidos, tiene 460 mil dólares"; publicado en El Excélsior del 29 de marzo de 1982.
"Doble rostro patronal", escribía Buendía; Manuel J. Clouthier y el dirigente del Opus Dei en México, este último aparece expresando sarcásticas censuras contra el entonces secretario de Hacienda López Portillo, y aquel Clouthier hablaba de tomar las armas en caso de que el Partido Revolucionario Institucional se decidiese por equis candidato a la presidencia.
Pero el 14 y el 16 de marzo de 1979, 40 meses después, los mismos dos dirigentes patronales se mostraron nuevamente como el dios Jano ante López Portillo, y tuvieron que hacer maromas para aparentar otro rostro y otra imagen y demandar ciertas canonjías y ciertos negocios. Esta es la conducta de los dirigentes de los candidatos del Partido Acción Nacional, ésa es y se corresponde de manera nítida con el partido mismo, no son dos cosas distintas.
Y por cierto, decía yo, hoy 30 de octubre se cumplen dos años cinco meses de la caída de este destacado trabajador de la información. No se sabe quién lo hizo asesinar todavía. Debemos insistir en la reclamación de investigación a fondo y de aclaración de los hechos, un dato, un dato para la investigación.
En El Excélsior del 15 de noviembre de 1982, contestaba Buendía a un desplegado de amenazas, de agresiones que insertó Clouthier en la prensa en contra de Manuel Buendía y este periodista destacado, inteligente, irónico, como siempre lo fue, decía así: "El barón de Clouthier pagó el viernes un dieciseisavo de plana - habráse visto tacañería - , para lanzarme públicamente esta pregunta ¿quién le paga? y algunas veladas amenazas. Jamás desde la primaria, me habían hecho pregunta más fácil de responder, y mi gratitud con Monsieur Le Barón no tiene límites, me paga Excélsior" y viene la lista de instituciones periodísticas y culturales para las que él trabajaba. Qué le ha hecho a usted Clouthier, preguntaron esta misma mañana varias personas - sigue diciendo Buendía - : "Ahora sí está furioso, me advirtieron"; y en efecto, el pequeño desplegado indica una rabia contenida: "pues con que no me caiga encima todo está bien" - comentaba Buendía - . "Yo en lo personal nada le he hecho al señor Clouthier, excepto quizás bromas inocentes, como reconocerle su título nobiliario a compararlo con Orlson Welles; lo político es otra cosa, me parece que vamos a continuar enfrentados mientras él siga golpeando los intereses del pueblo mexicano"; El Excélsior, 15 de noviembre de 1982.
Hace dos años cinco meses cayó asesinado Manuel Buendía, merece todo nuestro respeto, no así Jesús Clouthier, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón.
Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a todos los del campo democrático, de diversas corrientes ideológicas y políticas. Señor presidente, voy a terminar esta intervención sometiendo a la consideración de ustedes una proposición, una proposición de un
PUNTO DE ACUERDO
Que dice así:
Único. Guardar un minuto de silencio en memoria del destacado periodista democrático Manuel Buendía, quien después de su desaparición en manos de criminales, sigue librando batallas contra los enemigos del pueblo y la Nación.
Pido señor presidente, en términos del reglamento, se someta a la consideración de esta
asamblea. Manuel Buendía también está en este momento en la pelea contra los enemigos de la Patria, en Sinaloa y en todo México. Muchas gracias.
El C. Mario Niebla Alvarez: - Pido la palabra.
El C. presidente: - ¿En relación con esto? digo, ¿en relación con esto, es decir con el tema?
El C. Mario Niebla Alvarez: - Sí.
El C. presidente: - Le voy a conceder la palabra primero a quien la pidió antes que usted.
Tiene la palabra el C. Jorge Alcocer y después el C. Mario Niebla.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; señores diputados: quiero antes de entrar en materia, referirme a una alusión que se hizo aquí en el curso del debate, a mi persona. Tengo aquí la versión estenográfica, lamentablemente yo no estaba en el salón, pero el diputado Robles Quintero dijo aquí, en respuesta al diputado Gonzalo Altamirano Dimas, cito textualmente: "Es una lástima que no esté aquí el diputado por ejemplo, el diputado del Partido Socialista Unificado de México, Jorge Alcocer, para que diga con toda claridad si tuve alguna responsabilidad en la alteración", luego él dice en la "supuesta alteración de una hoja del dictamen sobre el Banco Nacional de Crédito Rural".
Este asunto salió aquí a la tribuna traído por el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, yo quiero decir aquí lo siguiente: el diputado Robles Quintero conoce mejor que yo a quien cambio la hoja, no veo que tuviese, que hubiese lugar aquí a que el diputado Gonzalo Altamirano Dimas lo mencionara.
El C. Juan de Dios Castro: - ¿Me permite señor presidente una interpelación?
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - En un momentito Juan de Dios, en un momentito, para terminar la idea. En aquel debate, yo desde una tribuna aclaré los hechos, ahí está la versión estenográfica, ahí está lo que dije y ahí está lo que fue mi versión de los hechos. Ustedes la conocen también Salvador Robles Quintero sabe tan bien como yo, que él no cambió la hoja, pero sí sabe quién la cambio ahora...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Desde la legislatura anterior compañero diputado, a mí me ha preocupado el hecho de la alteración de un dictamen, porque no tiene que yo recuerde, antecedentes - que yo recuerde - y si como usted dice que el diputado Robles Quintero sabe tan bien como usted quién cambió la hoja, está obligado a decirlo o de lo contrario es un encubridor.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor diputado lo único que le puedo decir, que lo que usted acaba de decir, lo dijo usted no yo ¿de acuerdo?.
Entro al tema. ¿Cuál es aquí el problema? estamos discutiendo Sinaloa, estamos discutiendo un proceso electoral caracterizado por demasiados problemas que vienen de muy atrás, otros que están más recientes. Aquí se ha hablado mucho del personaje Manuel Clouthier, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Sinaloa, se han dicho muchas cosas sobre él, pero faltan algunas cosas que decir, ¿por qué Manuel J. Clouthier es quien es? habría que recordar algunas cosas ¿quién le ha prestado dinero a Manuel J. Clouthier? le ha prestado dinero el Gobierno por ejemplo; ¿quién ha apoyado a Manuel J. Clouthier?, el Gobierno por ejemplo con créditos, con créditos cuantiosos, existen los datos, créditos para sus empresas; eso es legítimo me podrán contestar. Que impide que Manuel J. Clouthier haga uso de recursos estatales ¿por qué no puede? sí, si puede, lo que ocurre, lo que estamos presenciando en México es a nuestro juicio lo que podríamos llamar a su sublevación de los cuervos, los criaron durante muchos años y ahora le sacan los ojos a quien los alimentó y Manuel J. Clouthier es un terrateniente a nuestro juicio, sí lo es, es uno de los nuevos barones de la tierra en México, si es cierto, lo es, pero los hay mejor dicho del otro lado ¿o ya se les olvidó que el señor Toledo Corro es dueño de un rancho que es envidia de sirios y troyanos que se llama Las Cabras? ¿aquél donde se sembraron miles de cocoteros con cargo al presupuesto estatal, aquél en el que se abrió un canal para que entraran los barcos de su propiedad y él pudiera verlos ahí en Las Cabras? ¿Y ya se les olvidó también que Antonio Toledo Corro mandó construir una carretera que está ahí inconclusa, una de esas obras monstruosas sin sentido alguno, en la cual gastó más del 70, 80% del presupuesto de inversión del Gobierno Federal estatal para beneficiar a sus compadres, a sus parientes, a sus amigos?.
Ese es el problema que tenemos en la política mexicana; tenemos efectivamente un problema de degradación de la política; tenemos a empresarios enriquecidos al amparo del Estado, enriquecidos bajo la tolerancia del Estado, hoy peleando contra el Estado, contra el Gobierno y tenemos desde el Gobierno a empresarios también que siguen enriqueciéndose al amparo de los puestos públicos.
Eso es lo que yo creo, lo que nosotros creemos que es el motivo de indignación de la ciudadanía sinaloense, y ahí la izquierda, el movimiento popular sinaloense, intentó plantear otra opción,
intentó abrir un cauce, intentó plantear un programa de frente al candidato gubernamental y al candidato del Partido Acción Nacional.
Pero es muy difícil efectivamente, porque la política en México está degradada, porque necesitamos, y lo hemos dicho otras veces, cambiar las reglas del juego, recuperar para las elecciones credibilidad, ese es un problema que todos tenemos, cuando menos todos los que queremos que las elecciones sean un camino de la solución de los problemas y de las divergencias entre los mexicanos, y que esas divergencias y esas diferencias se resuelvan por vías civilizadas.
Porque el señor Labastida Ochoa podrá decir que no aceptaría votos ilegítimos, y merece el beneficio de la duda, pero ¿por qué no se refirió a lo mismo, a los recursos mal habidos que fueron empleados en la campaña electoral? Porque para todo el mundo fue claro el despliegue de recursos de nueva y de múltiple vez en la campaña electoral de Sinaloa. De nuevo los recursos del erario público puestos al servicio del partido oficial, mientras que del lado del Partido Acción Nacional, el señor Clouthier ponía su fortuna al servicio de su campaña, y en esas condiciones, señores, la democracia no puede operar, porque el resto de los partidos, lo que tenemos que enfrentar es el choque de fuerzas que hacen uso de recursos, unos del Estado y otros de los empresarios para intentar comprar el voto, comprar la conciencia de los ciudadanos, eso es lo que hay que desterrar del panorama político mexicano.
Lo que hay que desterrar es el uso indebido de recursos de una y de otra fuente, para que la política recupere la credibilidad que merece de parte de los ciudadanos, porque si no, no lo va hacer, y el movimiento popular sinaloense hizo una gran campaña, recorrió por primera vez los municipios y los pueblos de Sinaloa, pero la voluntad indoblegable de las gentes de la izquierda, a veces no basta frente al poder de los recursos del Estado y del capital. Ese es el problema que enfrentamos.
Por eso resulta aquí para nosotros ofensivo oír acusaciones cruzadas de uno y otro lado, porque yo no lo rebajo a lo que aquí se ha dicho en otras ocasiones; pero efectivamente el problema es que la política se está degradando por parte de las dos formaciones políticas más importantes del país, y ese es un problema para el país, y ese es un problema para los ciudadanos, y ese es un problema que tenemos que aprender a resolver, porque en Sinaloa el abstencionismo también obedece a la historia y aquí podemos coincidir con los diputados que han dicho que en Sinaloa no puede ser circunscrita ni reducida al narcotráfico ni a la violencia, no desde luego que no, Sinaloa es mucho más que eso y los sinaloenses no nos merecen esa falta de respeto; Sinaloa es mucho más y sus ciudadanos son mucho más.
Pero en Sinaloa hay un reclamo, es el reclamo frente a la complacencia del poder ante los narcotraficantes; es el reclamo de la ciudadanía frente a la complacencia, ante la violencia; es el reclamo ante la complicidad de los cuerpos policíacos con los narcotraficantes; es el reclamo de una ciudadanía que exige democracia, que exige auténtica participación y eso es lo que no se ha conquistado en Sinaloa.
Y aquí lo dijo el diputado Camilo Valenzuela en nombre del movimiento popular sinaloense: en Sinaloa estamos enfrentando una auténtica confrontación de dichos, dimes y diretes, en donde salen las abuelitas, las suegras, los abuelos y esto ya parece pleito de lavadero. ¿Eso va a elevar la política en México? ¿o lo que la va a elevar es la confrontación de programas? ¿o lo que la va a elevar es la transparencia de los recursos que se usan en las campañas? Eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando.
Y así como antes lo dijimos, hoy lo reiteramos. Ahí donde el voto popular, el voto de la ciudadanía sea burlado, la izquierda independiente, la izquierda democrática lo denunciará, porque lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: el voto es del ciudadano, el voto debe ser respetado, independientemente del partido por el que se emita, ese debiera ser el compromiso, que se respetara auténticamente, porque si no, entonces podemos acusar de todo a Clouthier, pero ¿podemos acusar de eso a los ciudadanos que sufragaron por el Partido Acción Nacional?
Merecen o no respeto esos votos, como lo merecen también los que se hayan sufragado por cualquier otro partido en condiciones limpias. Y por eso nosotros decimos que no se vale por parte de Acción Nacional venir a proclamar, o proclamar como se hizo en Culiacán, como se hizo en Sinaloa, triunfos cuando no se tenía nada; porque eso señores, repito, y hay que recordárselo aquí a quien lo mencionó del Partido Revolucionario Institucional, eso repite la táctica de un diputado del Partido Revolucionario Institucional al que yo vi por televisión en Chihuahua a las seis de la tarde, anunciar el triunfo apabullante de sus candidatos. Las técnicas y las tácticas empiezan a ser copiadas de uno y de otro bando, y eso no lleva ningún lado.
Veamos efectivamente lo que pasó en Sinaloa mostremos cada quien nuestra verdad, mostremos nuestros documentos, mostremos lo que tenemos y mantengamos la responsabilidad en la política y no sigamos contribuyendo a que la política sea
frente a los ojos de nuestro pueblo, arte de truhanes u oficio de gente que no tiene otra cosa que hacer. Muchas gracias.
El C. presidente: - Indiscutiblemente que estamos en un debate de un interés mayúsculo. La presidencia piensa que este se debe terminar en esta sesión para que no se quede pendiente para la otra; en esa virtud, se sugiere y considera que apegados al reglamento, como ya solamente están hablando para hechos, nos privamos o nos limitemos al tiempo que el propio reglamento señala.
De tal manea que tiene usted la palabra, diputado Mario Niebla.
El C. Mario Niebla Alvarez: - Señor presidente; compañeros diputados de las intervenciones anteriores de múltiples de nuestros compañeros, veníamos observando aquí que se insiste en querer hacer una tendencia clara a la discusión en un sistema bipartidista, y en México tenemos un sistema plural, lo hay en México, lo hay en Sinaloa porque no solamente está nuestro partido, el partido de la derecha, sino que en Sinaloa existe verdaderamente un movimiento firme, sólido, también de la izquierda.
Efectivamente, el movimiento popular sinaloense y los demás partidos de izquierda, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Popular Socialista, etcétera, tuvieron una gran participación y se esfuerzan por tener presencia en la vida política de nuestro país, a todos, nuestros respetos y nos referimos en este caso específico porque algunos de los compañeros diputados hablaban de las transnacionales, mas que nada - rectifico - , de las paraestatales como partidos políticos.
Decía también otro diputado aquí hace un momento, que el ingeniero Clouthier, que me merece todo el respeto, era un hombre maravilloso, recuerdo muy bien una declaración del ingeniero Clouthier en el periódico El Debate, el reportero Arturo Reyes Raso, donde declaró firmemente "no tengo estómago para el Partido Revolucionario Institucional, ni hígado para el Partido Acción Nacional", esta es la contundencia ideológica del ingeniero Clouthier.
Pero pedían casos concretos, pedían hechos contundentes, y les vamos a mostrar un hecho contundente para no perderlos. En la casilla número 160 del rancho Paralelo 38, sindicatura de Costa Rica, propiedad del ingeniero Manuel Clouthier, de un padrón de 286 electores, en el acta de escrutinio que ustedes tienen copia señores de Acción Nacional, aparece un total de 400 votos para el Partido Acción Nacional. Ustedes tienen la copia, señores, está en su poder y también la tenemos nosotros, señores; 15 votos para el Partido Revolucionario Institucional, 1 voto para el Partido Socialista de los Trabajadores y uno para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La pregunta en concreto, si querían datos concretos, reitero, es: ¿de dónde salieron los votos que independientemente, si se hubiese incluido el 10% que por ley se permite, lo máximo que llegarían para sufragar serían 315 votos. Y ustedes tienen en esa casilla del señor Clouthier - les repito por si no me escucharon bien - , 400 votos. Nos afirman las gentes que estuvieron el la casilla, después de investigar esto, que fueron algunos representantes de Acción Nacional, y que lástima que algunos de ellos decían, que ahora están ustedes aprendiendo lo que en otra etapa nos imputaban a nosotros.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Mario Niebla Alvarez: - Con mucho gusto, señor.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - ¿Tendría usted inconveniente en que concursáramos las copias que usted dice?, porque muy claro está que en esta casilla había 180 votos para el Partido Acción Nacional y 22 para el Partido Revolucionario Institucional.
El C. Mario Niebla Alvarez: - No señor.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Su afirmación es gratuita, compañero.
El C. Mario Niebla Alvarez: - No señor, le voy a contestar claramente señor. La casilla a la que hago alusión, ustedes la mencionan en un periódico, y a declaración expresa de sus dirigentes de partido.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Insisto, vamos a pruebas periciales.
El C. Mario Niebla Alvarez: - Vamos a ir a pruebas periciales señor, y ahora se van a dar ustedes cuenta cómo en un momento determinado su dirigencia y ustedes, están alterando votos. Sí ustedes hablaban de dos tipos de elecciones señores, hablaban de la elección de tipo rural y de la elección urbana. Entonces, con este comentario que ustedes hacían de que la elección fue doble, probablemente tenían razón y en este caso específico sí lo confirman. No la totalidad de la elección porque no creo que hayan podido hacer un total de maniobras de este tipo, pero en el estado de Sinaloa, insisto, ustedes reclaman como votos suyos, 400 votos para el Partido Acción Nacional en la casilla número 160, rancho
Paralelo 38, sindicatura de Costa Rica, propiedad del ingeniero Manuel Clouthier.
Así que esta es mi respuesta contundente señor, a las interpelaciones que ustedes venían haciendo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Eduardo Valle Espinosa.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente ¿me puede informar cuál es el orden de la lista?
El C. presidente: - Estoy dando la palabra conforme a la lista, sin pasar por alto. La información siguiente: en primer lugar el diputado Eduardo Valle, después el diputado Cañedo y al último usted diputado.
El C. Eduardo Valle Espinoza: - Con su permiso señor presidente; compañeros: largas horas las diversas fracciones parlamentarias han estado discutiendo, ya ahora sí con algunos datos, las elecciones generales en el estado de Sinaloa. Quizá, cuando conozcamos todos los datos, llegaremos por unanimidad lógica y obligada a una conclusión. A la mayoría de los ciudadanos en edad de votar y con posibilidades de hacerlo en el estado de Sinaloa, no les interesaron las elecciones ¿que les interesa a los ciudadanos en Sinaloa? Yo estoy absolutamente seguro que a todos los ciudadanos en Sinaloa les interesa el problema del narcotráfico y de la violencia de los narcotraficantes contra los ciudadanos pacíficos: y estoy absolutamente seguro que a todos los ciudadanos en Sinaloa les interesa el problema de la producción agrícola; que a todos ellos les interesan los problemas laborales que en un momento determinado se puedan presentar afectando la vida social y política del estado de Sinaloa, y escuchando a algunos de mis compañeros - y aquí apelo a la memoria histórica de Diego Valadés - , de alguna manera recordé el asesinato del general Loaiza por el pistolero de "El gitano", de alguna manera recordando la historia, se puede entender cómo el general Loaiza fue asesinado por gentes del poder, con el objetivo de golpear a un grupo político al interior del propio partido de la revolución mexicana y conociendo todas las expresiones que se han dado aquí, valdría la pena recordar que estas complejidades no son nuevas en Sinaloa, que en muchas ocasiones la violencia y el vandalismo, han actuado no contra un partido en particular, sino contra la ciudadanía en lo general, y después de escucharlos yo me preguntaría lo siguiente: ¿a quién beneficia el clima de discusión que se ha desarrollado alrededor de las elecciones en Sinaloa? Para mí, conociendo Sinaloa como lo conozco, sin lugar a dudas los beneficios de este tipo de discusión son los narcotraficantes.
Esta es una situación que vale la pena mencionar, yo no sé si el Partido Acción Nacional, o el Partido Revolucionario Institucional, o el movimiento popular sinaloense, pudieran entender que en estos momentos lo que se juega en Sinaloa no compete solamente a la paz social en Sinaloa, sino que también tiene que ver con cosas más importantes que se refieren directamente a la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.
Con toda evidencia, con un gobernador muy golpeado, va a poder actuar con menos eficacia contra los narcotraficantes, con toda evidencia un Pescador Osuna golpeado hasta por sus propios compañeros de partido, no va a poder cumplir lo que prometió, que fue actuar contra el narcotráfico en Mazatlán, que tiene vínculos directos prácticamente con todos los centros de poder económico, social y político de Mazatlán. Y el problema surge al final de cuentas de una situación particular, el sistema electoral mexicano tan degradado, tan devaluado, tan deteriorado, nos ha llevado ya a esta discusión donde el grito de fraude es un grito que de origen es creído, y se pueden ganar posiciones políticas simplemente por grita a tiempo y con habilidad ¡fraude!, y este es el problema al cual todos nos enfrentamos ahora, en términos relativos o en términos absolutos como parte del sistema de estructura de poder nacional y del propio sistema nacional. ¿Por qué? ¿quién podría olvidar aquí - y esta es una reflexión que tendríamos que hacer - , que hay oligarcas en el Partido Revolucionario Institucional y que hay oligarcas en el Partido Acción Nacional?.
Hace muchos años, en 1967 y ahora aquí - apelo a la memoria de mi compañero Camilo Valenzuela - , nosotros decíamos que algún día algún Tamayo Müller sería candidato a la presidencia municipal de Culiacán, pero por el Partido Acción Nacional y ¿saben por quién fue candidato a la presidencia municipal?, ¿saben ustedes por quién fue Tamayo Müller candidato a la presidencia municipal de Culiacán? No, fue por el Partido Revolucionario Institucional.
Y era una burla que nosotros nos hacíamos a nosotros mismos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nos resultó, nada más que por el lado contrario.
¿Quién podría olvidar de una manera concreta que en el municipio, Salvador Alvarado quien ha golpeado sistemáticamente a las comunidades campesinas más antiguas de Guamuchil, es precisamente la gente del Partido Revolucionario Institucional, cuando ha ocupado la presidencia municipal? ¿Quién podría olvidar que a final de cuentas las evidencias públicas y la voz pública en Sinaloa conectan al equipo de Toledo Corro con los más grandes y los más importantes
narcotraficantes del estado de Sinaloa? en los cuales por cierto - hay que recordar que hay relación muy estrecha entre Sinaloa y Sonora - , a veces se habla mucho del narcotráfico en Sinaloa porque se habla de los productores, pero también habría que pensar que en Sonora, en algunos lugares también se da el financiamiento al narcotráfico en Sinaloa. Son cosas que están en la evidencia pública o en la mentalidad pública de los sinaloenses.
¿Quién podría olvidar, compañeros que en los últimos años Tierra Blanca se convirtió en la nueva Chicago? ¿Quién podría olvidar las violaciones contra las muchachas sinaloenses arrancadas de los restaurantes públicos, en frente de los ojos de sus padres? ¿Quien podría olvidar masacres terribles que han ocurrido hasta en los propios entierros de los mafiosos? ¿Quién podría olvidar la inseguridad brutal que se ha padecido en Culiacán y en el sur de Sinaloa durante muchos años?
Estas son reflexiones compañeros que poco tienen que ver con los resultados electorales aparentemente, pero son reflexiones que tienen que hacerse porque en última instancia, el pueblo de Sinaloa necesita paz, y necesita que se le demuestre que no hay colusión del poder político con los narcotraficantes, y en la última instancia - hoy Labastida o en su caso Clouthier, si es que efectivamente como dicen algunos, ganó la elección para gobernador, cosa que todavía no se ha demostrado - , o Pescador Osuna o el otro candidato de Mazatlán, o nuestros propios compañeros del movimiento popular sinaloense, tendrían que llevar esta situación no a la decisión de un solo partido, sino a la decisión popular, porque hay una forma de terminar con el narcotráfico en Sinaloa, que es entregándole la tierra a los campesinos y organizarlos para la producción, realmente importante para el país, pero esto no se hace. Para nosotros el movimiento popular sinaloense, la situación está clara, nosotros vamos a defender el voto popular, si el Partido Acción Nacional demuestra que Clouthier ganó la gubernatura, nosotros vamos a defender esta situación, pero si Labastida lo demuestra, habría que ser congruentes con ellos.
Como habría que ser congruentes en Mazatlán, porque si a pesar de lo que diga Mariano Carlón, Pescador Osuna ganó la alcaldía de Mazatlán, entonces habrá que defender el voto del pueblo mazateco que le dio la alcaldía, la presidencia municipal al panista Pescador Osuna. Y si la gente del Partido Acción Nacional ganó las elecciones en Culiacán, hay que defender a la gente del Partido Acción Nacional en Culiacán, porque esa es la única elemental congruencia que hoy tenemos, porque si esa congruencia nos desprestigiamos todos, unos y otros.
Pero por encima de todo, en Sinaloa se necesita luchar contra la criminalidad que implica el narcotráfico y que implica la colusión del narcotráfico con las autoridades de carácter público. Y para nosotros el movimiento popular sinaloense, también implica luchar por una cosa: por las reivindicaciones de carácter popular y de carácter social de los obreros y sobre todo, los campesinos sinaloenses.
En esa situación, recordando al general Loaiza, y viendo también las maniobras que hoy se dan prácticamente para defender situaciones de carácter político circunstancial, nosotros no podemos olvidar, ni lo vamos a olvidar, que los principales enemigos del pueblo de Sinaloa son los narcotraficantes, los políticos corruptos y los grandes empresarios agrícolas que se han burlado sistemáticamente de la revolución agraria en México, compañero diputado García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes: - Aunque no es precisamente una interpelación, pero la expresión de que un grito de fraude dicho con habilidad, con oportunidad, representa posiciones políticas o pueden representarlo, tienen implicaciones. El grito generalizado de fraude en Chihuahua, en Durango, en el caso de Valentín Campa, que es mucho más familiar...
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Perdone, Valentín Campa no es mi familiar.
El C. Ricardo García Cervantes: - Ahora esos gritos de fraude que se han generalizado y que se han levantado por muchos sectores, no solamente por afirmaciones de partidos políticos ¿qué posiciones políticas han representado, o cómo se explicaría las políticas de carro completo con esa afirmación de que el grito de fraude, hecho con habilidad y oportunidad, representa posiciones políticas?.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Amigo mío, yo tengo la costumbre de no ver los acontecimientos políticos sólo en el momento en que se dan, también procuro ver las tendencias de largo plazo y ver las circunstancias, cómo van evolucionando los partidos. Yo parto de dos bases, compañero Ricardo, en primer lugar, este sistema electoral está viciado de origen. Y el grito de fraude no es un problema...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Compañero, por favor, permítame.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Es sobre lo que acaba usted de decir.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Como no compañero, pero quisiera terminar mi idea, claro está.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Yo quiera dejarlo terminar su idea, pero se refiere exactamente a la expresión que está pronunciando "viciado de origen" ¿entonces cómo se puede reconocer como legítima, la victoria de Labastida, si la saca?.
El C. Eduardo Valle Espinosa: - Compañero, perdóneme, pero en primer lugar yo no estoy reconociendo nada, tú eres abogado, hace rato dije - habría que consultar la cuestión esta, de que nos tomas taquigráficamente lo que decimos - ,hace rato dije que si Clouthier ganaba y esto se demostraba, había que apoyar la victoria de Clouthier, y si Labastida ganaba y se demostraba la victoria de Labastida, había que señalar que ganó, eso fue lo que dije, cuando menos procuro ser congruente conmigo mismo.
Ahora bien, con respecto a tu interpelación, yo señalaba dos cosas: primero, que el sistema electoral está viciado de origen, y hay que eliminar esos vicios de origen porque entonces, lo que ha ocurrido es lo que se planteó el compañero Jorge Alcocer; la degradación de la política prácticamente hecha por todos, no por unos cuentos solamente. Y en segundo lugar, el problema concreto al que hoy nos estamos enfrentando, es que no se puede ni se debe degradar la política, y aún más el propio sistema electoral viciado de origen, sobre la base de que en un momento determinado tú gritas "yo gané, el otro me fraudeó las elecciones, y sobre esta base me voy al vandalismo"; porque de esa forma lo único que estás lastimando es, a final de cuentas, la percepción política que puedan tener en un momento determinado todos los ciudadanos con respecto al comportamiento de todos los partidos, y si hoy se golpea a Carmen Aida, a Carmen Aida que es una persona muy limpia en el periodismo sinaloense, extraordinariamente limpia en el periodismo sinaloense, no están golpeando al Partido Revolucionario Institucional, están golpeando a una persona que es en un momento determinado la posibilidad de tener una voz popular. Eso es lo que quería reclamarles. Gracias.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Hace rato comuniqué a la asamblea que había varios oradores inscritos.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - señor presidente, sí pero para otro tema y yo me refiero a ésto.
El C. presidente: - No, para el mismo tema, señor diputado. Hace un momento comuniqué a la asamblea que se había anotado para hechos en relación con este tema, además del diputado Eduardo Valle, el diputado Alejandro Cañedo, el diputado Pedro Peñaloza y el diputado Píndaro Urióstegui, hasta este momento.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Cañedo Benítez.
El C. Alejandro Cañedo Benitez: - Señor presidente: ya llevamos varias horas con el tema de Sinaloa y todavía no encontramos cuál es el camino, cuál es el camino que le queda no al pueblo de Sinaloa, al pueblo de México cuál es el camino ¿democracia o dictadura? Eso es realmente lo que esta pasando en un país donde un partido político gana todas las elecciones, no se puede decir que es un país democrático. Ya algunos diputados han hablado y han comentado, pero no quisiera yo dejar la propuesta que hizo el diputado Niebla, no sabemos si él subió a muto propio, si lo mandaron, pero sí queremos decirle que estamos aceptando que se compulsen no nada más esa casilla, todas las casillas, que se compulsen y ahora que lo acepta, si él se desdijo hace rato que vengan a hacer el compromiso formal de compulsar las casillas, y yo venda después que ya se olvidó o que le dijeron que no.
Pero en este lugar de buscar cuál es el camino, creo que vale la pena mencionar un punto muy importante y que es el que falsee la democracia.
¿Cuál es el costo de la campaña política que hace el partido oficial? Se estimó que en la campaña de Chihuahua se gastaron 20 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto de Chihuahua. ¿En Sinaloa cuánto se gastó? ¿Cuánto costó el traslado de maestros, sus sueldos de sus promotores del voto? ¿Cuanto costó la campaña en Imevisión? ¿Cuánto costó las gacetillas que diariamente salían en los 11 ó 12 ó 13 periódicos que se publican en el Distrito Federal, a cerca de las actividades de la campaña de su candidato? ¿Cuántas camionetas oficiales de Banrural y de muchas dependencias, fueron pintadas tres días antes de las elecciones para poder utilizarlas, y no evitar el problema de que se les quitara el letrero?, y lo vimos en Mochis y lo vimos en diferentes municipios. Entonces ¿cuál es el camino que estamos buscando? El Gobierno hace la ley, el Gobierno hace el padrón, el Gobierno hace, nombra comisiones electorales, el Gobierno imprime las boletas, el Gobierno distribuye las boletas, el Gobierno paga la campaña del candidato oficial, y el Gobierno maneja el Colegio Electoral y el Gobierno gana las elecciones. ¿Eso es democracia?
El C. Alejandro Cañedo Benitez: - Yo quisiera evitar al diputado que habló, de - si le dan
permiso desde luego - , de que lo quisiera decir aquí, nosotros le damos permiso. Y vale la pena decir que muchos diputados se han creído eso de la gran fortuna de Clouthier, se lo han creído los diputados de Sinaloa, los diputados, los diputados que son los que conocen a Clouthier, muchos de ellos probablemente hayan ido a la casa de Clouthier, pero ¿cuál es el problema? Ustedes han puesto a los Candidatos del Partido Acción Nacional y les han puesto de adjetivos, pero en realidad es que con todos los adjetivos que ustedes les pueden decir a los candidatos del Partido Acción Nacional, pues el pueblo de Sinaloa y el pueblo de Chihuahua y de todo México, a pesar de todas las calumnias, a pesar de todo lo que digan, ese pueblo vota por los candidatos de Acción Nacional. Los pueden calumniar, pero la realidad es que el pueblo de Sinaloa votó por Clouthier y ahí es donde realmente, donde tenemos que llegar al punto.
¿Cuál es el camino decía, democracia o dictadura? Yo quisiera decirles y leerles el pequeño párrafo de los principios de doctrina que hablen acerca de lo que son los partidos políticos y dice: "son antidemocráticos los sistemas del partido único o de partido oficial sostenidos política y económicamente por el Gobierno, porque tales partidos son instrumentos de un poder totalitario o autocrático, de artículos que intentan nulificar o impedir que se manifieste la diversidad de corrientes de opinión que necesariamente existe en toda sociedad". Esto lo dijimos en la proyección de principios hace 20 años.
Creo que es conveniente y ahora que se acerca la reforma, entre comillas política, los cambios, el Secretario de Gobernación que va a venir a hablarnos de las bondades de esas reformas, lleguen a pensar que cuál es el camino, democracia o dictadura.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro José Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente; señora y señores diputados: no sé cuantas horas hemos debatido el problema de Sinaloa. Lo que sí señalo, es que se ha hablado de una diversidad de temas que sería muy difícil abordarlos en esta tribuna, porque van desde la concepción de los partidos, que planteó Robles Quintero, desde las ideas de Conchello, desde el Partido Laboral Mexicano, etcétera.
Yo creo señora y señores diputados, que en esta tribuna hemos consumido muchas horas sobre un tema fundamental, que no es Sinaloa; que hemos discutido ya durante muchas horas y seguiremos discutiendo, todo indica que es el problema del fraude electoral.
Se han dado aquí argumentos desde las mas diversas ópticas para justificar el triunfó de x o y candidato, yo creo que el movimiento popular sinaloense, pretendió en un principio tratar de politizar la discusión en el seno de la sociedad sinaloense. Sin embargo no se pudo y no se pudo porque la izquierda se enfrentó en primera instancia, con dos grandes aparatos electorales y políticos, lo cual no nos preocupa si hubiese sido con los mismos recursos, pero resulta que teníamos por un lado Labastida Ochoa, con la llave de las arcas públicas, y por otro lado al señor Clouthier, con las llaves de las cajas de sus empresas; entonces, es muy difícil hacer una campaña en donde enfrentamos los recursos de una fracción de la burguesía.
En ese sentido, nosotros pensamos que hay que dar un enfoque distinto a lo que estamos discutiendo, yo creo que lo que estamos discutiendo en esta tribuna, señoras y señores es la óptica que se tiene sobre la democracia en este país, ese es el problema de fondo que estamos discutiendo y no se puede venir aquí a teorizar sobre si ganó Labastida o Clouthier, porque no hay datos aún que demuestren los hechos, se pueden decir irregularidades, las vamos a decir, pero yo creo que es muy pretencioso decir, como lo dijo un señor de nombre Carlos López en Culiacán, Sinaloa donde dijo el día de ayer, que lleva la delantera el señor Labastida con 380 mil votos, para 113 del Partido Acción Nacional ¿de qué se trata esto? Ahora resulta que ya se pueden dar resultados de esta naturaleza con un universo de 800 mil votos, dice este señor, cuando todavía faltan varios días para que se dé el resultado final.
No sé si ustedes sean delegados allá para que intervengan ¿no? no, bueno, entonces yo lo que digo es que debemos discutir aquí, es el problema de cómo vamos a lograr, cómo vamos a lograr, señoras y señores diputados, que la concepción sobre la democracia que queremos se plasme aquí, y no se eclipse la discusión a través si hubo o no fraude exclusivamente. Porque yo quiero insistir en una nueva idea que hemos desarrollado en la izquierda independiente., que es de que nosotros vamos a defender el voto de quien sea, repito, de quien sea, y aquí no hay fraude patriótico ni teorización semejante, y en ese sentido, nosotros estamos convencidos que las perspectivas de discusión que tenemos enfrente, máxime la discusión que va a plantear el Secretario de Gobernación próximamente, es lo que está en el fondo, es lo que vértebra esta discusión, y no podemos venir aquí a frivolizar una discusión que requiere el análisis a fondo, con este tipo de apreciaciones como las que hemos escuchado aquí, de descalificar a alguien o venir a presentar una casilla, como algún diputado hizo, de que ganó el Partido Revolucionario
Institucional porque tiene tantas casillas contabilizadas. En el Colegio Electoral se valía eso, pero aquí yo creo que no.
Entonces, yo creo que hay que recordar varias cosas sobre lo que estamos discutiendo. Yo tengo una imagen que recuerdo mucho; el señor Clouthier el primero de diciembre de 1982, apareció en los principales diarios del país con una cara de decepción confundida con rabia, se había nacionalizado la banca, y ahí fue la fractura, ahí fue cuando Clouthier de dio cuenta que había que descubrir otro partido. Pero era del Partido Revolucionario Institucional, era del Partido Revolucionario Institucional, simpatizaba con el Partido Revolucionario Institucional, se enriqueció por las prebendas del Partido Revolucionario Institucional y se dio cuenta de que la nacionalización de la banca implicaba una cosa, y una frase que sintetiza esta discusión y que refleja lo que está pasando en el país, cuando un sector de empresarios se han pasado al Partido Acción Nacional y han hecho el Partido Acción Nacional su partido, que la burguesía se cansó de reinar y ahora quiere gobernar, y eso no se ha entendido, solamente se ha dicho bajo una óptica simplista de que la burguesía reaccionaria, etcétera, etcétera.
No, ha habido una fractura en el sistema de dominación mexicana, eso es lo que está en el fondo porque si no, analicemos la trayectoria de Clouthier y demás empresarios: ¿dónde estaban antes de ese movimiento en torno al fraude? ¿dónde estaban? Preguntemos, y tratemos de contestar, porque estaban en el Partido Revolucionario Institucional y se enriquecieron gracias al Partido Revolucionario Institucional.
Así que no se venga aquí a decir que hay una lucha entre los priístas defensores de la Nación, y los panistas defensores de los intereses reaccionarios. No, hay una frase por ahí del Partido Socialista de los Trabajadores que acuñaron, que me parece afortunada, mencionan que el Partido Revolucionario Institucional, es una táctica de empanizar a sus candidatos para competir con los candidatos del Partido Acción Nacional, es decir, oponía a un dirigente empresarial otro dirigente empresarial, y ahí las listas .
Entonces señoras y señores diputados, el punto nodal de esta discusión debemos ubicarlo en qué queremos, no para Sinaloa hoy, qué queremos para el país ¿que en cada sesión discutamos aquí lo del fraude? Bueno está bien, a algunos les ha de gustar, con un espíritu sadomasoquista, a unos no nos interesa eso, queremos discutir, confrontar en esta tribuna, las concepciones de la democracia, es lo que está en el fondo, creo que hay que insistir sobre este tema. Y no nos vamos a cansar de insistir en este tema que para nosotros es nuclear en esta discusión que estábamos dando.
Entonces, señoras y señores diputados, me parece que una buena forma - porque ya oí quien viene por ahí después de mí - ,una buena forma de concluir esta discusión no va a ser, se lo suplico, no va a ser con un discurso grandielocuente, prepotente y autosuficiente, de que el partido del Gobierno seguirá siendo del partido del Gobierno por siempre. No queremos esas conclusiones, queremos debate, que se vengan aquí a confrontar ideas y no por favor, por los tiempos que hay en el país, se venga a decir aquí el mismo discurso gastado, prepotente, ya conocido, de que el Partido Revolucionario Institucional no soltará el poder y por lo tanto, hará las modificaciones que conserven al Partido Revolucionario Institucional en el Gobierno.
Yo creo - hay una frase que sintetiza lo que pasa en el país - ,señores priístas panistas y pedemistas y de más partidos; un fantasma recorre el país, el fantasma de la democracia. Gracias.
El C. presidente: - Están anotados, como ya hemos indicado, para hablar los diputados Castro y Urióstegui, pero la presidencia va a dar trámite a unos asuntos.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
CÓDIGO CIVIL
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Escudo nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Anexa al presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma el Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 28 de octubre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
El mismo C. secretario:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Es para todos los mexicanos un hecho evidente que el país, en los últimos cincuenta años ha venido sufriendo un proceso de transformación cada vez más acelerado, para pasar de una conformación eminentemente rural, a una conformación eminentemente rural, a una estructura urbana caracterizada por un alto índice de concentración de población en algunas ciudades, entre las que destaca de manera incontrastable el Distrito Federal. Lo anterior ha traído como consecuencia cambios profundos en los órdenes social, económico y político, cuya atención, regulación y encauzamiento, exigen la actualización y fortalecimiento del marco jurídico administrativo que orienta el quehacer público hacia la satisfacción de las necesidades colectivas y a la formación e impulso de su desarrollo económico, procurando la vinculación de los programas encomendados, a cumplir las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto a la administración de bienes y recursos, así como a la prestación de los servicios públicos, con los presupuestos aprobados, mediante la planeación, programación y evaluación de las acciones de Gobierno.
Dentro de este contexto, el Ejecutivo Federal a mi cargo y de acuerdo con principio contemplando el Programa de Modernización de la Administración Pública, para cumplir con las responsabilidades que tiene encomendadas en el Distrito Federal en cuanto a la prestación de bienes y servicios de demanda la colectividad, requiere aprovechar los elementos que proporcionan los avances tecnológicos, a efecto de lograr mejores niveles en el desarrollo y ejercicio de las funciones y atribuciones que le son propias. En este orden de ideas, se considera inaplazable avanzar en nuestros programas de simplificación administrativa en una de las instituciones de mayor trascendencia para la vida de los mexicanos, como lo es el Registro Civil, cuya actividad está encaminada a hacer constar los hechos y autorizar los actos del estado civil de las personas, mediante documentos auténticos.
Con el fin de lograr estos propósitos, se hace necesaria la adecuación del ordenamiento legal que regula la actividad de dicha institución, para hacerlo acorde con las exigencias que demanda la vida actual de la sociedad, por lo que somete a esa soberanía por el conducto de ustedes, la presente iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del título cuarto, libro primero del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal.
La necesidad de simplificar la actividad registral, en un primer término, hace que se distingan los hechos y actos del estado civil de las personas sobre los que deben extenderse un acta, de aquellos que únicamente sean objeto de anotaciones en el propio documento. Por tanto, los jueces del Registro Civil solamente autorizarán tres tipos de actas: de nacimiento, de matrimonio y de defunción, dejando como anotaciones en ellas lo relativo al reconocimiento de hijos a la adopción, al divorcio, a la tutela y a la pérdida o limitación legal para administrar bienes. Con lo anterior, se simplifican los sistemas de registro; se reducen los costos de operación, control y conservación de archivos; se disminuyen los volúmenes de documentos y las cargas de trabajo, traduciéndose en una mejor prestación del servicio.
Asimismo, con el fin de dar agilidad al procedimiento, se suprime la intervención de los testigos en las actas de nacimiento y de defunción, comparecencia innecesaria, toda vez que el juez del Registro Civil se encuentra investido de fe pública. En cuanto a la celebración del matrimonio, se conserva la presentación de testigos, en virtud de la solemnidad que reviste dicho acto.
Finalmente, ante la práctica tradicional del Registro Civil de expedir para constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas, copias fieles que contienen todos y cada uno de los datos asentados en los registros correspondientes, de los que una gran parte carecen de relevancia para hacer constar el hecho o acto que se trata de acreditar, situación que se traduce en una mayor carga de trabajo que resta capacidad de respuesta a la satisfacción de la demanda de servicios por parte de la Institución, se propone que los hechos o actos del estado civil de las personas puedan ser probados indistintamente con certificados literales o en extracto de los registros relativos.
Por lo anterior y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Federal, me permito someter a la consideración de esa soberanía por su honorable conducto, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL REGISTRO FEDERAL EN LA MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL
Artículo primero. Se forman los artículos 35,36,37,38,39,40,41,44,45,47,48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 65, 67, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 98, fracciones I, VI, y VII, 103, 110, 114, 115, 119, 120, 122, 126, 131, 132, 133, 134, 136, primer párrafo, 137, 138, primer párrafo, 138 bis primer párrafo, 252, 272, 291, 369, fracciones I y II, 395
segundo párrafo, 401 y 410; se adicionan los artículos 114 con un segundo y tercer párrafos, 137 con el segundo párrafo, 138 con el segundo párrafo, 138 bis con párrafos segundo, tercero y cuarto y un artículo 705 bis del Código Civil para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en materia federal, para quedar como sigue:
Artículo 35. En el Distrito Federal, estará a cargo de los jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, matrimonio y defunción, dentro de los perímetros que determine el jefe del Departamento.
Los actos de adopción, reconocimiento de hijos, divorcio administrativo, así como la inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela y la pérdida o limitación de la capacidad legal para la administración de bienes, se registran mediante anotaciones o, en su caso, mediante las actas especiales a que se refiere el siguiente Código.
Artículo 36. las actas y anotaciones a que se refiere el artículo anterior, se encuentran mecanográficamente y por duplicado en las formas de Registro Civil.
Las anotaciones forman parte del acta a que se refieran, por lo que deberán adherirse a cada uno de los ejemplares, relacionándolas entre sí.
Artículo 37. Las actas y anotaciones del Registro Civil, sólo se podrán asentar en las formas a que se refiere el artículo anterior.
La infracción a esta regla, producirá la nulidad del acta o de la anotación y se castigará con la destitución del juez del Registro Civil.
Artículo 38. Si se deteriorare, perdiere, destruyere o se encontraren alteraciones en alguno de los ejemplares de las actas del Registro Civil, se repondrá inmediatamente, obteniendo copia del que obre en el otro archivo.
La Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal, cuidará de que se cumpla esta disposición y a este efecto, el titular de la Oficina Central del Registro Civil le dará aviso de la pérdida.
Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias y los certificados del Registro Civil literales o en extracto; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.
Artículo 40. Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieran ilegibles o faltaren las formas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, corresponderá a la autoridad judicial poder suscribir prueba del acto por instrumentos o testigos.
Artículo 41. Las formas del Registro Civil serán expedidas por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, o por quien él designe.
Los Jueces del Registro Civil remitirán inmediatamente un ejemplar de las actas y anotaciones que autoricen a la central de Registro Civil; y el otro, con los documentos que integren el expediente, quedará en el archivo del juzgado en que se haya actuado.
Artículo 44. Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar por un mandatario especial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos. En los casos de matrimonio o de reconocimiento de hijos, se necesita poder otorgado en escritura pública o mandato extendido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, juez de lo familiar, menor o de paz. En el divorcio administrativo, no es admisible la representación.
Artículo 45. Para el registro de los actos y hechos del estado civil de las personas, no se requiere la comparecencia de testigos, únicamente para la celebración del matrimonio, en el que deberán presentarse dos testigos que conozcan ambos contrayentes, prefiriéndose a los parientes de éstos.
Artículo 47. Los vicios o defectos que hayan en las actas o anotaciones, sujetan al juez del Registro Civil a las correcciones que señale el reglamento respectivo, pero cuando no sean substanciales no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste.
Artículo 48. Toda persona puede solicitar certificados de las actas del Registro Civil, así como de los documentos con ella relacionados, y es obligación del juez del Registro Civil expedirlos.
Artículo 49. Las actas y anotaciones del estado civil del propio juez del Registro Civil, de su cónyuge, ascendientes y descendientes de cualquiera de ellos, no podrán autorizarse por él mismo; para el efecto, deberán acudir al de la adscripción más próxima. La infracción a este precepto, se castigará con la destitución del juez.
Artículo 50. Las actas y anotaciones del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que
preceden hacen prueba plena en todo lo que el juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia, sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa.
Artículo 51. Para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la República, serán bastantes las constancias que los interesados presenten de los actos relativos, sujetándose a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y siempre que se registren en la oficina que corresponda del Distrito Federal o de los estados. Si se tratare de matrimonios en los que no se haya pactado régimen patrimonial, para sus efectos en la República Mexicana, los cónyuges deberán convenir, ante el Juez del Registro Civil, el régimen que adopten, adjuntando a la solicitud de registro las capitulaciones matrimoniales correspondientes, sujetándose para ello a las disposiciones de los capítulos V y VI del título quinto del presente libro, a falta de convenio, se entenderá que adoptan el régimen de separación de bienes.
Las inscripciones a que se refiere este artículo se asentarán en el Distrito Federal en las formas prevenidas en este Código, haciendo constar dicha circunstancia en el acta.
Artículo 52. Los jueces del Registro Civil, serán nombrados por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. Sus ausencias temporales, serán cubiertas por el juez sustituto que determine el titular de la oficina central.
Las ausencias temporales del juez central del Registro Civil, serán cubiertas por el juez sustituto que señale el jefe del Departamento del Distrito Federal o quien él designe.
Artículo 54. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al nacido en la oficina del juez del Registro Civil competente, salvo que por imposibilidad demostraba no pueda hacerse, y en tal caso, el juez se trasladará al lugar en donde se encuentre el nacido.
Artículo 58. El acta de nacimiento contendrá:
I. La fecha y hora del registro.
II. El nombre o nombres que se le asignen al registrado y el primer apellido de sus progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca; la edad y sexo del registrado; la fecha, hora y lugar del nacimiento, así como la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto.
III. Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad y domicilio de los padres; excepto que se trate de un hijo habido fuera de matrimonio y comparezca uno solo de sus progenitores, en cuyo caso sólo se anotarán los del que comparezca;
IV. Los nombres y apellidos de los abuelos paternos y maternos, de conformidad con lo señalado en la fracción anterior;
V. La huella digital del registrado, salvo en el caso previsto en el artículo 75 del presente código;
VI. Las firmas autógrafas del o los comparecientes. Para el caso de que alguno no sepa o no pueda firmar, la impresión de su huella digital;
VII. La constancia de autorización y de fe del acta; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez, y
VIII. Los demás datos previstos en este Código y en los diversos ordenamientos legales aplicables.
Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.
Artículo 65. Toda persona que encontrare a un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere expuesto alguno, deberá presentarlo con los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él, ante el Ministerio Público, declarando día y lugar donde lo hubiere hallado y demás circunstancias que en su caso hubieren concurrido; quien determinará la casa de asistencia o la persona que se hará cargo de él y ordenará el depósito de los objetos y valores con él encontrados, otorgando recibo formal de ellos. El director, administrador, jefe, encargado de la casa de asistencia o el particular que fuese designado responsable del expósito, deberá presentarlo junto con la copia certificada de la averiguación, ante el juez del Registro Civil, a fin de que se registre su nacimiento.
Artículo 67. El acta de nacimiento del expósito contendrá:
I. La fecha y hora del registro;
II. El nombre y apellidos que el juez del Registro Civil le asigne;
III. La razón de si se presentó vivo o muerto;
IV. La edad, fecha y hora del nacimiento que el juez le asigne, para cuyo efecto se apoyará en el dictamen del médico legista;
V. El lugar del nacimiento, asentado como tal aquél en el que fue expuesto;
VI. El sexo del presentado;
VII. El nombre, apellidos y demás generales del compareciente, así como los datos relativos a la averiguación a la que alude el artículo 65 del presente Código;
VIII. La constancia de que el acta fue levantada con fundamento en el presente artículo;
IX. La huella digital del registrado, salvo el caso previsto por el artículo 75 de este Código, y la firma autógrafa del compareciente. Para el caso de que no sepa o no pueda firmar, la impresión de su huella digital, y
X. La constancia de autorización y fe del acta; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez.
El acta asentada en los términos del presente artículo, no producirá efectos de filiación.
Artículo 75. Tratándose de recién nacidos que fallezcan, invariablemente deberá registrarse el nacimiento y la defunción en cuyo caso, no será necesaria la prestación del registrado, ni la impresión de su huella digital. Ambas actas estarán relacionadas entre sí, haciendo constar dicha circunstancia.
Artículo 76. Cuando se trate de un parto múltiple, se asentará una acta por cada uno de los nacidos, en la que además de los datos que señala el artículo 48 de este Código se hará constar el orden en que ocurrió el nacimiento, y se relacionarán entre sí.
El juez del Registro Civil hará constar en documento por separado, las particularidades que distingan a los registrados, el que se agregará al expediente de cada una de las actas.
Artículo 78. Cuando el reconocimiento se hiciere por comparecencia ante el juez del Registro Civil, después de haber sido registrado el nacimiento, si éste fue levantado en el Distrito Federal, lo anotará en dicha acta, cerciorado de la identidad de los comparecientes y previa solicitud por escrito que le presenten de conformidad con las prescripciones de este capítulo y del capítulo IV del título séptimo de este libro, la cual se archivará en el expediente del acta de nacimiento.
Si el nacimiento fue registrado fuera del distrito Federal, hará constar el reconocimiento en acta especial y remitirá certificado de ésta, al encargado de la oficina del Registro Civil en donde obre el acta de nacimiento para que lo anote.
En la anotación o en el acta especial, se harán constar los nombres y apellidos y nacionalidad de la persona que reconozca, los nombres y apellidos de los abuelos paternos o maternos, según sea el caso; el nombre completo del registrado; la fecha del reconocimiento y de la anotación o de autorización del acta especial; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez del Registro Civil.
Artículo 80. Cuando el reconocimiento se hiciere por alguno de los otros medios establecidos en este código, después de haber sido registrado el nacimiento, se representará la copia certificada del documento que lo compruebe, en el Registro Civil del lugar en donde obre archivada el acta de nacimiento, para que se anote.
Cuando no exista acta de nacimiento, la copia certificada del documento que compruebe el reconocimiento, se presentará ente el juez del registro Civil del domicilio del reconocido, para que extienda el acta de nacimiento, en la que se hará constar dicha circunstancia, observándose las demás prescripciones contenidas en este Código.
Artículo 81. La omisión de la anotación de reconocimiento o del registro del acta de nacimiento, previstas en el artículo anterior, no quita los efectos legales al reconocimiento hecho conforme a las disposiciones de este Código.
Artículo 82. Anotado el reconocimiento en el acta de nacimiento, el juez del Registro Civil archivará en el expediente del acta, la copia certificada que compruebe el conocimiento, así como los demás documentos relacionados.
Artículo 83. La solicitud de reconocimiento deberá hacerse, ante el juez del Registro Civil del lugar en donde se encuentre archivada el acta de nacimiento, siempre que corresponda al Distrito Federal.
Si el nacimiento fue registrado fuera del Distrito Federal el juez del Registro Civil competente será el del domicilio del reconocido o del reconocedor.
Artículo 84. El juez del Registro Civil que reciba copia certificada de la resolución judicial que decrete una adopción, la anotará en el acta de nacimiento del adoptado.
Artículo 85. La omisión de la anotación de adopción no quita a ésta sus efectos legales .
Artículo 86. En la anotación de adopción, se hará constar la denominación de la autoridad que resolvió la adopción; los nombres y apellidos del adoptante o adoptantes; el nombre y apellidos que se autorizaron al adoptado en su caso; las fechas de la resolución de la ejecutoria y de la anotación; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez del Registro Civil.
Artículo 87. Anotada el acta de nacimiento del
adoptado, las copias certificadas relativas, se archivarán en el expediente de la misma.
Artículo 88. El juez del registro Civil que reciba copia certificada de la resolución judicial que resuelva que una adopción queda sin efectos, hará las anotaciones correspondientes y la archivará en el expediente del acta de nacimiento,
Artículo 89. Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicado en los términos que previenen en Código de Procedimientos Civiles, el juez de lo familiar remitirá copia certificada del auto mencionado al juez del Registro Civil para que realice la anotación respectiva en el acta de nacimiento. El cuidador cuidará del cumplimiento de este artículo.
Artículo 91. La anotación de tutela contendrá:
I. El nombre, apellido y edad del incapacitado;
II. La clase de incapacidad por la que se haya discernido la tutela;
III. El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado bajo su patria potestad antes del discernimiento de la tutela;
IV. El nombre apellido, edad, profesión y domicilio del tutor y del curador;
V. La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás generales del fiador, si la garantía consiste en fianza; o la ubicación y demás señas de los bienes, si la garantía consiste en hipoteca o prenda, y
VI. El nombre del juez que pronunció el auto de discernimiento y la fecha de éste.
Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:
I. Los certificados de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce:
II...
III...
IV...
V...
VI. El certificado de Registro Civil de defunción del cónyuge fallecido, o del de matrimonio, con la anotación de divorcio o nulidad, en caso de que uno o ambos de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente, y
VII. La constancia de la dispensa de impedimento, si lo hubo.
Artículo 103. El acta de matrimonio, además de la fecha y la hora de la celebración, contendrá:
I. Los nombres, apellidos, nacionalidad, edad y domicilio de los contrayentes:
II. Los nombres y apellidos de los padres de los contrayentes:
III. Tratándose de incapaces, el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o la tutela o de las autoridades que deban suplirlo:
IV. Que no hubo impedimento para contraer el matrimonio o que éste se dispensó;
V. La declaración de los contrayentes de ser su voluntad unirse en matrimonio y la de haber quedado unidos, que hará el juez del Registro Civil en nombre de la ley y de la sociedad;
VI. El régimen patrimonial a que estará sujeto el matrimonio;
VII. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos;
VIII. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo anterior;
IX. Las huellas digitales de los contrayentes y las firmas autógrafas de las personas que comparezcan a la celebración del acto, en caso de que alguno no sepa o no pueda firmar, la impresión de su huella digital.
X. La constancia de autorización y fe del acto; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez del Registro Civil, y
XI. Los demás datos previstos en este Código y en los diversos ordenamientos legales aplicables.
Artículo 110. El juez del Registro Civil que celebre un matrimonio teniendo conocimiento de que hay impedimento legal o de que este se ha denunciado, será destituido de su cargo, independientemente a las sanciones a que se haga acreedor conforme a los que disponga el Código Penal.
Artículo 114. El juez del registro Civil que reciba copia certificada de una resolución judicial que decrete un divorcio, lo anotará en el acta de matrimonio correspondiente.
La anotación contendrá: la denominación de la autoridad que decretó el divorcio, lo anotará en el acta de matrimonio correspondiente. La anotación contendrá: la denominación de la autoridad que decretó el divorcio; la razón de que ha quedado disuelto el vínculo matrimonial; el
tipo de divorcio; el nombre del cónyuge culpable y la situación jurídica de los hijos, en su caso, las fechas de la resolución, de la ejecutoria y de la anotación; los datos distintivos a la firma autógrafa del juez del Registro Civil.
La copia certificada de la resolución, se archivará en el expediente del acta de matrimonio.
Artículo 115. El juez del Registro Civil que decrete un divorcio en los términos del artículo 272 de este Código, efectuará la anotación correspondiente en el acta de matrimonio, si este fue celebrado en el Distrito Federal; si se llevó a cabo en lugar distinto, lo hará constar en acta especial. En la anotación o en el acta especial, se hará constar la razón de que ha quedado disuelto el vínculo matrimonial; el tipo de divorcio, las fechas de la solicitud, de la ratificación y de la anotación o de la autorización del acta especial; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez del Registro Civil.
Los escritos de solicitud y ratificación, así como los demás documentos relativos, se archivarán en expediente del acta de matrimonio.
Artículo 119. El acta de defunción, además de la fecha y hora en que se levante, contendrá:
I. El nombre, apellidos, edad, sexo, nacionalidad y domicilio que tuvo el finado;
II. Los nombres y apellidos de los padres del finado;
III. La fecha, hora y lugar de fallecimiento; las causas que lo originaron; el nombre, apellidos y domicilio ,del médico que certifica la defunción; la especificación de si el cuerpo será inhumado o cremado; el número que corresponda a la autorización que el juez del Registro Civil extienda para el efecto; el nombre y ubicación del panteón;
IV. El nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de la persona que comparece para registrar la defunción;
V. La firma autógrafa del compareciente;
VI. La constancia de autorización del acto; los datos distintivos y la firma autógrafa del juez, y
VII. Los demás datos previstos en este Código y en los diversos ordenamientos legales aplicables.
Artículo 120. Los habiten la casa en que ocurra el fallecimiento; los directores o administradores de los establecimientos de reclusión, hospitales, colegios o cualquiera otra casa de comunidad, los huéspedes de los hoteles, mesones o las casas de vecindad tienen obligación de dar aviso al juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento y en caso de incumplimiento se sancionará con una multa de 10 a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 122. Cuando el juez del Registro Civil sospeche que la muerte fue violenta o se entere de que el cadáver ya fue inhumado o cremado, dará parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que tenga para que proceda a la averiguación conforme a derecho.
Siempre que el Ministerio Público averigüe un fallecimiento, remitirá las copias respectivas al juez del Registro Civil, para que levante el acta respectiva. Si se ignora el nombre del finado, se asentarán los datos que se tengan conforme a lo establecido en el artículo 119 del presente Código, se asentarán además, las señas de éste, las de los vestidos y objetos que con él hubieren encontrado y en general todo lo que pueda conducir a la identificación de la persona y se relacionará el acta con la averiguación correspondiente.
Cuando el Ministerio Público obtenga los datos que identifiquen al finado, los comunicará el Registro Civil para que se anoten.
Artículo 126. El acta de defunción se asentará en el juzgado del Registro Civil del Distrito Federal del lugar en donde ocurrió el fallecimiento; o bien, en el del domicilio del finado, siempre que corresponda también al Distrito Federal; salvo las excepciones justificadas.
Para la inhumación del cadáver de una persona fallecida fuera del Distrito Federal, deberá insertarse en el Registro Civil el acta de defunción extendida en el lugar en donde ocurrió.
Las inserciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán asentarse en las formas del Registro Civil para las funciones, haciendo constar dicha circunstancia.
Artículo 131. Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, el divorcio o que se ha perdido o limitado la capacidad para administrar bienes, dentro del término de ocho días remitirán al juez del Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva para su anotación.
Artículo 132. Las anotaciones a que se refiere el artículo anterior, contendrán la denominación de la autoridad judicial que haya dictado la resolución; los datos esenciales de ésta; las fechas de la resolución, de la ejecutoria y la de la anotación; los datos distintivos y firma autógrafa del juez del Registro Civil que las autorice.
La copia certificada de la resolución se archivará en el expediente del acta respectiva.
Artículo 133. Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, se revoque la adopción o se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se dará aviso al juez del Registro Civil por el mismo interesado y por la autoridad que corresponda, para que haga la anotación que deje sin efecto la anotación a que se refiere el artículo 131 de este Código y se archivará la documentación en el expediente del acta correspondiente.
Artículo 134. La rectificación o modificación de un acta o anotación del Registro Civil no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en Virtud de sentencia ejecutoriada de este, salvo los casos exceptuados por este código.
La aclaración de las actas o anotaciones del Registro Civil, no puede hacerse sino ante la oficina central del Registro Civil, salvo los casos exceptuados por la ley.
Artículo 136. Pueden pedir la rectificación o aclaración de las actas o anotaciones del Registro Civil:
I. a IV...
Artículo 137. El juicio de rectificación de acta o anotación se seguirá en la forma que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles.
El procedimiento administrativo de aclaración de acta o anotación, se seguirá en la forma que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 138. La sentencia ejecutoria de rectificación de acta o anotación, se comunicará el registro Civil del lugar en donde obre aquella, para que se anote, y contendrá la denominación de la autoridad judicial que la dictó; los datos esenciales de la resolución, las fechas de la resolución, de la ejecutoria y de la anotación; los datos distintivos y firma autógrafa del juez del Registro Civil.
La copia certificada de la resolución se archivará en el expediente del acta o anotación correspondiente.
Artículo 138 Bis. La aclaración de las actas y anotaciones del registro Civil, procede cuando en el Registro existan errores mecanográficos, ortográfico o de otra índole que no afecten los datos esenciales de aquellas, y deberán tramitarse ante la oficina central del Registro Civil.
La resolución administrativa de aclaración de acta, se comunicará el juez del Registro Civil del lugar en donde obre aquella, para que se anote.
La anotación contendrá, la denominación de la autoridad administrativa que la dictó; los datos esenciales de la resolución; las fechas de la resolución y la anotación, sus datos distintivos y la firma autógrafa del juez del Registro Civil.
Los documentos relativos se archivarán en el expediente del acta correspondiente.
Artículo 252. Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad de un matrimonio, la autoridad judicial, remitirá inmediatamente copia certificada de la resolución al Registro Civil del lugar en donde el acta de matrimonio, para que se anote.
Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no hubieren procreado hijos, sean mayores de edad y den por determinada la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente y no por conducto de apoderado ante el juez del Registro Civil del lugar en donde se encuentre archivada el acta de matrimonio; si este se celebró en el Distrito Federal, en caso contrario, ante el que corresponda a su domicilio; comprobarán con los certificados del Registro Civil respectivos, que son casados y mayores de edad, y manifestarán por escrito que es su voluntad divorciarse.
El juez del Registro Civil, cerciorado de la identidad de los consortes, los citará a los quince días hábiles, para que personalmente y por escrito, ratifiquen su solicitud de divorcio, ratificada que sea, los declarará divorciados y procederá a efectuar la anotación o a levantar el acta especial en los términos del artículo 115 del presente código.
El divorcio así obtenido, no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges son menores de edad o tienen hijos, independientemente de que se harán acreedores a las penas que establezca la ley de la materia.
Los consortes que pretendan divorciarse y no se encuentren en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán hacerlo ocurriendo ante la autoridad judicial, en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 291. Ejecutoriada la sentencia que decrete un divorcio, la autoridad judicial remitirá inmediatamente copia certificada de la resolución al Registro Civil del lugar en donde obre el acta de matrimonio, para que se anote.
Artículo 369...
I. Por declaración expresa ante el juez del Registro Civil, al declarar el nacimiento o al contraer matrimonio;
II. Por comparecencia ante el juez del Registro Civil, en los términos del artículo 78;
III. a V...
Artículo 395...
El adoptante podrá darle nombre y sus apellidos al adoptado, haciéndose las anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento.
Artículo 401 Ejecutoriada la sentencia que decrete una adopción, la autoridad judicial remitirá inmediatamente, copia certificada de la resolución al Registro Civil del lugar en donde obre la acta de nacimiento, para que se anote.
Artículo 410. Ejecutoriada la sentencia que revoque una adopción, la autoridad judicial remitirá inmediatamente, copia certificada al Registro Civil del lugar en donde obre el acta de nacimiento para que se hagan las anotaciones correspondientes.,
Artículo 705 Bis. Hecha la declaración de ausencia o de presunción de muerte, la autoridad judicial remitirá inmediatamente, copia certificada de la resolución al lugar en donde obren las actas de nacimiento y de matrimonio, siempre que se conozcan, para que se hagan las anotaciones correspondientes. Para el caso de que no se conozca el lugar y no existan las actas señaladas, la presunción de muerte se probará con las copias certificadas de la sentencia definitiva.
Artículo segundo. Se modifica la denominación de los capítulos III, IV, V, VIII y XI del título cuarto, libro primero, del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, para quedar como sigue:
CAPÍTULO III
De las anotaciones de reconocimiento
CAPÍTULO IV
De las anotaciones de adopción
CAPÍTULO V
De las anotaciones de tutela
CAPÍTULO VIII
De l as anotaciones de divorcio
CAPÍTULO XI
De las rectificación, modificación y aclaración de las actas y anotaciones del Registro Civil.
Artículo tercero. Se derogan los artículos 59, 61, 68, 92, 116 y 118 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. quedan derogadas las disposiciones que se opongan a las reformas del presente decreto.
Artículo tercero. El Departamento del Distrito Federal establecerá los procedimientos administrativos necesarios para aplicar estas reformas en un plazo no mayor de noventa días.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., a 28 de octubre de 1986.
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado».
El c. presidente: - En virtud de que ese documento ha sido impreso y ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría darle el trámite correspondiente.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Recibo y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
El C. presidente: - Posiblemente el compañero Peñaloza estaba distraído, acaba de informar la presidencia que faltan de hablar los diputados Juan de Dios Castro y el diputado Urióstegui que se les va a conceder la palabra, solamente estoy dando trámite a unos asuntos que se requiere que así se haga. Eso es todo.
LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México D.F. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones
del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de Ley de Salud para el Distrito Federal, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D. F., 28 de octubre de 1986.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Desde el principio de la presente administración, se determinó que la consolidación de un sistema nacional de salud debía ser el instrumento básico para ampliar y mejorar la atención a la salud de los mexicanos cuya protección constituye una garantía social consagrada en el artículo cuarto de la constitución General de la República.
El propio precepto señalado menciona que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Ley Fundamental.
La naturaleza, alcances, bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, han sido definidas y reguladas en la Ley General de Salud publica en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de 1984 que indica la forma de integración del Sistema Nacional de Salud y señala la obligación para las entidades federativas de planear, organizar y desarrollar en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud.
Al respecto, el acelerado crecimiento del Distrito Federal, hace evidente el imperativo de establecer los mecanismos jurídicos y administrativos para solventar las necesidades básicas, especialmente las de alimentación, vivienda y salud que se traducen en altos niveles de desnutrición y morbilidad, bajos niveles de escolaridad y una hábitat precario; por ello, los gobiernos de la revolución han estado atentos a destinar a la salud, los mayores recursos posibles y a continuar la tarea permanente de promover los instrumentos legales sanitarios que normen la actividad del Estado en la materia.
Por lo anterior, y toda vez que la Ley General de Salud considera como autoridad sanitaria al Departamento del Distrito Federal, el Ejecutivo de la Unión a mi cargo ha considerado conveniente presentar al honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de Ley de Salud para el Distrito Federal la que tiene por objeto regular las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud por parte de la población en el Distrito Federal.
En ella se plantea la competencia del Departamento del Distrito Federal en materia de salubridad local y las normas conforme a las cuales se ejercerá sus atribuciones en la materia; así mismo, fijar las normas conforme las cuales se ejercerá sus atribuciones en la presentación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 13, apartado B) de la Ley General de Salud; y determina la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para que el Departamento participe con la Secretaría de Salud en la presentación de los servicios de salud derivados de programas contra la farmacodependencia; el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación; el relativo al proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; el correspondiente a establecimientos dedicados al proceso de los productos descritos; el control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere la Ley General de Salud; el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; la materia de sanidad internacional, y los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios.
La iniciativa que se somete a esa representación soberana se estructura con cinco títulos que tienen como propósito fundamental establecer las normas generales de acción para enfrentar las consecuencias del diagnóstico que en el aspecto de salud ha sido planteado en el Plan Nacional de Desarrollo: reducida participación comunitaria en la solución de problemas de salud; centralización administrativa de los servicios; insuficiente infraestructura de estos, sobre todo en los dirigidos al control sanitario y al saneamiento del medio; débil coordinación de las autoridades sanitarias y las educativas que repercute en la formación del personal no responda plenamente a las necesidades de los servicios; escaso desarrollo de la investigación, entre otras.
El título primero denominado "De las disposiciones
generales", establece las atribuciones del Departamento del Distrito Federal en materia de salubridad local y general concurrente y se constituye el sistema de salud del Distrito Federal, integrado por las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento del Distrito Federal y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
En este mismo título, se determinan las facultades del propio Departamento en materia de salubridad general; es decir aquellas actividades que con fundamento en la Ley General de Salud y en el marco que ésta constituye realizará el Departamento por tratarse de facultades que pueden ser ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas del país, en su carácter de autoridades sanitarias locales.
De esta manera se establece como el Departamento ejercerá sus atribuciones para organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica, atención materno infantil; planificación familiar; salud mental; ejercicio de actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; promoción para la formación de recursos humanos en su rubro; investigación para la salud y control de ésta en los seres humanos educación para la salud; orientación y vigilancia en materia de nutrición; prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre; salud ocupacional; prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles; prevención de la invalides y rehabilitación de los inválidos; asistencia social, así como programas contra el alcoholismo y el tabaquismo; todo ello en los términos de las disposiciones de la Ley General de Salud.
Asimismo, se crea el Instituto de Servicios de Salud del Distrito Federal, como órgano desconcentrado del Departamento que tendrá a su cargo no solo la organización y operación de las acciones de regulación de control sanitario en materia de salubridad local y la prestación de los servicios de salubridad general concurrente a que se refiere el artículo 13 apartado B) de la Ley General de Salud, sino que constituirá la estructura administrativa a través de la cual el Departamento participe con la Secretaría de Salud en la prestación de los servicios de salud ya mencionados; la autonomía técnica que caracteriza al órgano desconcentrado permitirá que el instituto preste los servicios encomendados con oportunidad y eficacia, sin perjuicio que en la propia iniciativa se contempla un precepto que autoriza al Jefe del Departamento del Distrito Federal a encargar la prestación de determinados servicios de salud o bien el control sanitario de actividades, materia de salubridad local, a las delegaciones del Distrito Federal.
Finalmente, en este título primero, se señalan las atribuciones con que contará el Jefe del Departamento como coordinador del sistema de salud del Distrito Federal.
El título segundo. denominado "De la Salubridad Local", define y establece las actividades y establecimientos que estarán sujetos al control sanitario del Departamento: mercado y centros de abasto; construcciones, edificios y fraccionamientos, cuando no corresponda a la Secretaría de Salud; cementerios, limpieza pública, rastros, agua potable y alcantarillado, establos y caballerizas, reclusorios y centros de readaptación social, albercas y baños públicos, centros de reunión y espectáculos peluquerías, salones de belleza, estéticas y establecimientos de esta índole; los de hospedaje; el transporte urbano y suburbano, gasolineras, lavanderías, tintorerías, planchadurías, similares; vendedores ambulantes y en general, establecimientos dedicados a actividades industriales, comerciales y de servicios.
En los capítulos que conforman el título de que se trata se establecen las normas generales a que se sujetarán las actividades y establecimientos señalados en el párrafo precedente y las atribuciones que al respecto tendrá el Departamento del Distrito Federal.
El título tercero denominado "De las Autorizaciones y Certificados" está vinculado con las actividades y establecimientos sujetos a regulación y control sanitario de salubridad local ya que para su realización y funcionamiento requerirán de la autorización respectiva que comprenden las licencias sanitarias, los permisos y las tarjetas de control sanitario. En este título se indica el tiempo por el que se otorgarán las autorizaciones, los establecimientos que requieran licencia sanitaria y las personas que necesitarán licencia sanitaria y las personas que necesitarán permiso o tarjeta de control sanitario para el desarrollo de determinada actividad; las causas por las que se podrán revocar dichas autorizaciones y el procedimiento que extenderá el Departamento de Distrito Federal.
El título cuarto trata "De la Vigilancia Sanitaria" y en él se regula la forma en que el Departamento del Distrito Federal levará a cabo las visitas de inspección a los establecimientos sujetos a control sanitario.
Finalmente, el título quinto denominado "De las Medidas de Seguridad y Sanciones", se estructura
con cuatro capítulos que regulan las medidas de seguridad sanitaria que podrá determinar el departamento y que serán de inmediata ejecución para proteger la salud de la población; las sanciones administrativas que se impondrán a quienes violen las disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás normas dictadas con base en ellas, así como los elementos que se tomarán en cuenta para la aplicación; el procedimiento para aplicar las medidas de seguridad y las sanciones; el recurso de inconformidad que podrá promoverse contra actos y resoluciones del Departamento en aplicación de la ley, y las reglas de prescripción para la imposición de las sanciones administrativas.
Por lo anterior, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución General de la República, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la presente
INICIATIVA DE LEY DE SALUD PARA EL DISTRITO FEDERAL
TITULO PRIMERO
De las disposiciones generales
CAPÍTULO I
De los conceptos básicos y competencias
Artículo 1o. La presente ley de orden público e interés social y tiene por objeto:
I. Regular las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud por parte de la población en el Distrito Federal y la competencia del Departamento del Distrito Federal en materia de salubridad local;
II. Fijar las normas conforme a las cuales el Departamento del Distrito Federal ejercerá sus atribuciones en la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 13 apartado B) de la Ley General de Salud, y
III. Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para que el Departamento del Distrito Federal participe con la Secretaría de Salud en la prestación de los servicios de salud a que se refieren las fracciones III, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de la Ley General de Salud.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. Ley General, a la Ley General de Salud;
II. Secretaría, a la Secretaría de Salud;
III. Departamento, al Departamento del Distrito Federal;
IV. Delegación, a las delegaciones del Departamento del Distrito Federal;
V. Instituto, al "Instituto de Servicios de Salud del Distrito Federal;
VI. Sistema de salud, al Sistema de Salud del Distrito Federal;
VII. usuario del servicios de salud, a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores públicos, social y privado, en las condiciones conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta ley y demás disposiciones aplicables;
VIII. Servicios de salud a todas aquellas acciones que se realizan en beneficio del individuo de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; estos se consideran como servicios públicos de salud a la población en general, cuando se presten en establecimientos públicos de salud a la población en el Distrito Federal que así lo requiera, regidos por criterios de universalidad, y
IX. Regulación y control sanitario, a los actos que lleve a cabo el Departamento para ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de las actividades que se realicen en los establecimientos a que se refiere esta ley y los reglamentos respectivos, a través del otorgamiento de autorizaciones vigilancia aplicación de medidas de seguridad e imposición de sanciones en los términos de esos ordenamientos.
Artículo 3o. Son autoridades sanitarias del Distrito Federal;
I. El Presidente de la República;
II. El Consejo de Salubridad General:
III. La Secretaría de Salud, exclusivamente, en el ámbito de competencia que le confiere la Ley General, y
IV. El Departamento del Distrito Federal.
Artículo 4o. Corresponde al Departamento como autoridad sanitaria local la aplicación de la presente ley.
Artículo 5o., En materia de salubridad local corresponde
al Departamento la regulación y control sanitario de:
I. Mercados y centros de abasto;
II. Construcciones, edificios y fraccionamientos, excepto aquellos cuya autorización esté reservada a la Secretaría.
III. Cementerios;
IV. Limpieza pública;
V. Rastros;
VI. Agua potable y alcantarillado;
VII. Establos caballerizas y otras similares;
VIII. Reclusorios y centros de readaptación social;
IX. Baños públicos;
X. Centros de reunión y espectáculos públicos;
XI. Peluquerías, salones de belleza, estéticas y en general establecimientos de cada índole;
XII. Establecimientos dedicados a actividades industriales, comerciales y de servicios, cuando no corresponda a la Secretaría de Salud;
XIII. Establecimientos de hospedaje;
XIV. Transporte urbano y suburbano;
XV. Gasolineras;
XVI. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y demás establecimientos similares;
XVII. Albercas públicas;
XVIII. Vendedores ambulantes; y
XIX. Las demás materias que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 6o. En las materias de salubridad general a que se refiere el artículo 13 apartado B) de la Ley General de Salud, dentro del territorio del Distrito Federal, corresponderá al Departamento realizar las actividades establecidas en ese ordenamiento conforme a sus disposiciones, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar de la manera prescrita en la Ley General de Salud:
a) La prestación de los servicios de atención médica en sus formas preventivas, curativas y de rehabilitación;
b) La prestación de los servicios de atención y materno infantil que comprende la promoción de la integración y del bienestar familiar, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo y promoción de la vacunación oportuna y la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;
c) La prestación de los servicios de planificación familiar;
d) La prestación de los servicios de salud mental;
e) El ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, que estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional, relativo al ejercicio al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, así como la Ley General, demás normas jurídicas aplicables y bases de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias y educativas;
f) Los servicios de promoción de la formación de recursos humanos para la salud;
g) La prestación de los servicios de coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos;
h) La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el Distrito Federal;
i) La prestación de los servicios de educación para la salud;
j) La prestación de los servicios de orientación y vigilancia en materia de nutrición conforme a los programas que se formulen y desarrollen al respecto;
k) La prestación de los servicios de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;
l) La prestación de los servicios de salud ocupacional para lo cual se promoverá, desarrollarán y difundirán investigaciones de carácter multidisciplinario que permitan prevenir y controlar las enfermedades y accidentes ocupacionales, así como para estudios para adecuar los instrumentos y equipos de trabajo a las características del hombre;
m) La prestación de los servicios de prevención y control de las enfermedades transmisibles a las que se refiere la Ley General y de acuerdo con las disposiciones de la misma;
n) La prestación de los servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes;
o) La prestación de servicios de prevención de la invalidez y rehabilitación de los inválidos;
p) La prestación del servicio de asistencia social que comprenderá el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;
q) El programa contra el alcoholismo;
r) Los programas contra el tabaquismo;
II. Programar, organizar y desarrollar el Sistema de Salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud, coadyuvando a su consolidación y funcionamiento.
III. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local le competan.
IV. Elaborar la información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes;
V. Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y
VI. Las demás que el atribuyan esta ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 7o. Se crea el Instituto de Salud del Distrito Federal, como un órgano desconcentrado del Departamento.
Artículo 8o. El Instituto tendrá a su cargo:
I. Planear, organizar y desarrollar el Sistema de Salud del distrito Federal;
II. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de salubridad local;
III. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 6o. de esta ley;
IV. Apoyar los programas y servicios de salud de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren.
En el caso de los programas y servicios de las instituciones federales de seguridad social, el apoyo se realizará tomando en cuenta lo que previene las leyes que rigen el funcionamiento de dichas instituciones.
V. Determinar la periodicidad y características de la información que deberá proporcionar las unidades administrativas del Departamento en materia de salud, y
VI. Las demás que se señalen otras leyes y disposiciones aplicables.
Artículo 9o. El jefe del Departamento por medio de acuerdos delegatorios los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Dependencia, establecerá las atribuciones que correspondan a las delegaciones. El Instituto supervisará que estas atribuciones se ejerzan de conformidad a las establecidas en la Ley General, esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 10. Serán órganos de dirección y administración del Instituto, una junta directiva y un director general.
Artículo 11. La junta directiva estará integrada en la forma que se establezca en su manual de organización que será expedido por el jefe del Departamento y se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Dependencia.
El director general será nombrado y removido por el jefe del Departamento y tendrá, al igual que la junta directiva, las atribuciones que se señalen en el propio manual de organización.
Artículo 12. Para los efectos de la participación del Departamento en la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de la Ley General, en los términos de las bases de coordinación que se expidan entre el Departamento y la Secretaría, el Instituto será la estructura administrativa a través del cual el propio Departamento realice esa actividades.
CAPÍTULO II
Del sistema de salud del Distrito Federal
Artículo 13. El Sistema de Salud está constituido por las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones que se
suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 14. El Sistema de Salud tiene por objeto ejercer las atribuciones correspondientes para la protección de la salud, en los términos de la Ley General, esta ley y demás disposiciones aplicables y en consecuencia tenderá a:
I. Proporcionar servicios de salud a la población y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del Distrito Federal y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;
II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del Distrito Federal;
III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social;
IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;
V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;
VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;
VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinan hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección, y
VIII. En general, a prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local a que se refiere esta ley, así como realizar las acciones de regulación y control sanitario en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 15. La coordinación del Sistema de Salud del Distrito Federal estará a cargo del jefe del Departamento, para lo cual podrá:
I. Elaborar y conducir la política en materia de salud en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables, y de conformidad con las políticas del Ejecutivo Federal;
II. Coordinar los programas de servicios de salud en el Distrito Federal;
III. Establecer la forma y términos de concertación en los sectores social y privado para garantizar la prestación de los servicios de salud;
IV. Determinar la forma de coordinación de asistencia social, en los términos de la ley de la materia;
V. Establecer la adecuada coordinación y vinculación con la Secretaría, los institutos nacionales de salud y hospitales de especialidades, para brindar atención médica de alta especialidad a la población del Distrito Federal;
VI. Evaluar los programas y servicios de salud en el Distrito Federal;
VII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud;
VIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el Distrito Federal en el ciudadano de salud;
IX. Analizar las disposiciones aplicables en materia de salud y formula propuestas de reformas y adiciones a las mismas;
X. Coadyuvar con las dependencias federales competentes a la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de salud;
XI. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Salud del Distrito Federal y las que determinen las disposiciones generales aplicables, y
XII. Celebrar bases de coordinación sanitaria con los gobiernos de los estados circunvecinos, sobre aquellas materias que sean de interés común.
Artículo 16. El Departamento promoverá la participación en el Sistema de Salud del Distrito Federal, de los prestadores de servicios de salud de los sectores públicos, social y privado, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan.
Artículo 17. El sistema de Salud del Distrito Federal, contará con comisiones delegacionales que tendrán carácter de órganos consultivos y funcionarán en cada una de las delegaciones y por cuatro vocales, representantes del Instituto, de la junta de vecinos y de dos que nombrará el jefe del Departamento.
Artículo 18. Para los efectos de esta ley, se entiende por norma técnica local en conjunto de reglas científicas o tecnológicas de carácter obligatorio, emitidas por el Departamento que establece los requisitos que deben satisfacerse para el desarrollo de actividades en materia de salubridad local, con el objeto de unificar principios, criterios, políticas y estrategias.
Artículo 19. Cuando, con motivo del ejercicio de las facultades en materia de salubridad general y local tiene el Departamento, con fundamento en esta ley, las bases de coordinación que se celebren o hayan celebrado y las demás disposiciones aplicables, se imponga una multa, el Departamento a través de la autoridad competente, la determinará señalará las bases para su liquidación, las fijará en cantidad líquida y requerirá el pago de las mismas.
Artículo 20. El Departamento con la intervención que corresponda al Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal, definirá la forma de coordinación y colaboración en materia de planeación de los servicios de salud, de conformidad con las disposiciones de esta ley y las que al efecto sean aplicables.
TITULO SEGUNDO
De la salubridad local
CAPÍTULO I
De los conceptos básicos
Artículo 21. Para los efectos de la presente ley se entiende por:
I. Mercados, el sitio público destinado a la compra y venta de productos en general, preferentemente agrícolas y de primera necesidad, en forma permanente o en días determinados;
II. Central de abastos, el sitio destinado al servicio público en maniobras de carga y descarga, la conservación en frío y demás operaciones relativas a la compraventa al mayoreo y medio mayoreo de productos en general;
III. Construcciones, toda edificación o local que ese destine a habitación, recreo, trabajo o cualquier otro uso;
IV. Cementerios, el lugar destinado a la inhumación o incineración de cadáveres;
V. Limpieza pública, el servicio de recolección y tratamiento de basuras;
VI. Rastro, el lugar destinado a la matanza de animales para el consumo público;
VII. Establos, caballerizas y otros similares, todos aquellos lugares destinados a la guarda, producción y explotación de animales;
VIII. Reclusorios y centros de readaptación, la institución pública destinada a la internación de quienes se encuentran privados de su libertad corporal;
IX. Baños públicos, el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo corporal, deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando incluidos en esta denominación los llamados de vapor y aire caliente;
X. Alberca pública, el establecimiento público destinado para la natación, recreación familiar, personal o deportiva;
XI. Centro de reunión, las instalaciones destinadas al agrupamiento de personas con fines recreativos, sociales, deportivos, culturales u otros de esta misma índole;
XII. Espectáculos públicos, las representaciones teatrales, las audiciones musicales, las exhibiciones cinematográficas, las funciones de variedades, las carreras de caballos, perros, automóviles, bicicletas, etcétera; las exhibiciones aeronáuticas, los circos, los frontones, los juegos de pelota, las luchas y en general, todos aquellos en los que el público para el derecho por entrar y a los que acuden con el objeto de distraerse;
XIII. Peluquerías, salones de belleza, estéticas y similares, los establecimientos dedicados a rasurar, teñir, decolorar, peinar, cortar, rizar o realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas; arreglo estético de uñas de manos y pies o la aplicación de tratamientos capilares y faciales de belleza al público, en las que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas;
XIV. Establecimientos industriales, aquellas edificaciones en las que se realiza la extracción, conservación, procesamiento, maquila y transformación de materias primas, acabado de productos y elaboración de satisfactores;
XV. Establecimientos comerciales, las instalaciones donde se efectúan actividades lucrativas consistentes en la intermediación directa o indirecta entre productos y consumidores de bienes;
XVI. Establecimientos de prestación de servicios, las construcciones, edificaciones o instalaciones en general, en las que se ofrezcan y comercien servicios de cualquier tipo;
XVII. Establecimientos de hospedaje, los que proporcionen al público alojamiento y otros servicios complementarios, mediante el pago de un precio determinado quedando comprendidos los hoteles, moteles, apartamentos amueblados, campos para casa móviles, de turistas y casas de huéspedes, así como cualquier edificación que se destine a dar albergue;
XVIII. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares, todo establecimiento o taller abierto al público, destinado a limpiar, teñir desmanchar o planchar ropa, tapices, telas y objetos de uso personal, doméstico, comercial o industrial, cualquiera que sea el procedimiento que se emplee;
XIX. Vendedores ambulantes, las personas que realicen actividades comerciales, sin que se establezcan en un sitio determinado;
XX. Gasolineras, el establecimiento destinado al expendio de gasolinas, aceites y demás productos derivados del petróleo, y
XXI. Transporte urbano y suburbano, todo vehículo destinado de carga, de alimentos perecederos o de pasajeros, sea cual fuere su medio de propulsión.
Artículo 22. Es competencia del Departamento ejercer el control y regulación sanitaria, de los establecimientos enunciados en el artículo 21, mediante la realización de las acciones necesarias que tengan por objeto prevenir riesgos y daños a la salud y a la población.
Dichas acciones consisten en el otorgamiento de las autorizaciones sanitarias, la vigilancia e inspección de los establecimientos, la aplicación de medidas de seguridad, la imposición de sanciones y, en general todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local de los habitantes del Distrito Federal.
Artículo 23. Todo cambio de propietario o de denominación o razón social de un establecimiento, deberá ser comunicado al Departamento en un plazo que no excederá de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se efectúe.
Artículo 24. Sin perjuicio de lo establecido en los capítulos subsiguientes, los establecimientos y actividades a que se refiere este título, estarán sujetas a las condiciones sanitarias que determinen las disposiciones legales aplicables, los reglamentos respectivos y normas técnicas locales que emita el Departamento.
Artículo 25. El Departamento emitirá las normas técnicas locales para la regulación y control sanitario de las materias de salubridad local.
Artículo 26. Para el funcionamiento de los establecimientos enunciados en el artículo 21 de esta ley, los interesados deberán obtener la autorización sanitaria del Departamento, así como la tarjeta de control sanitario que acredite a los responsables y auxiliares de su operación, independientemente de los demás requisitos que para tal efecto establezcan los reglamentos respectivos.
CAPÍTULO II
De los mercados y centros de abasto
Artículo 27. Corresponde al Departamento ordenar que periódicamente se fumiguen los mercados y centros de abasto, con el propósito de evitar la proliferación de roedores o cualquier animal, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Ley General.
Artículo 28. Los vendedores y personas cuya actividad esté vinculada con los mercados y centros de abasto, estarán obligados a conservar las condiciones higiénicas indispensables para el debido mantenimiento de sus locales y puestos.
CAPÍTULO III
De las construcciones, edificios y funcionamientos
Artículo 29. En los aspectos sanitarios, las construcciones, reconstrucciones, modificaciones y adaptaciones deberán cumplir con las disposiciones de esta ley, las demás disposiciones aplicables y las normas técnicas correspondientes, exceptuándose aquellas cuya autorización esté expresamente reservada a la Secretaría de Salud.
Artículo 30. Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción, modificación y acondicionamiento de un edificio, se requiere el permiso sanitario del proyecto, en cuanto a iluminación, ventilación, instalaciones sanitarias y contra accidentes.
Artículo 31. El responsable de la construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento de los inmuebles a que ese refiere este título, deberá dar aviso de inicio y terminación de obra al Departamento, quien vigilará el cumplimiento de los requisitos en el proyecto previamente aprobado.
Artículo 32. En el supuesto de que se pretenda una construcción en terrenos pantanosos o que hubieren estado destinados a basureros o cementerios, los interesados deberán, comunicar estas circunstancias a la autoridad sanitaria, para que dicte las medidas que juzgue pertinentes para evitar peligros a la salubridad pública.
Artículo 33. Los edificios, locales, construcciones o terrenos urbanos, podrán ser inspeccionados por el Departamento quien ordenará las obras necesarias para satisfacer las condiciones higiénicas y de seguridad en los términos de esta ley y del reglamento aplicable.
* Artículo 34. Los propietarios o poseedores de los edificios o locales o de los negocios den ellos establecidos, están obligados a ejecutar las obras sanitarias que se requieran para cumplir con las disposiciones de higiene y seguridad que establezca la ley y sus reglamentos.
Artículo 35. En el caso de que los edificios, construcciones o terrenos representen un peligro por su insalubridad, el Departamento, de acuerdo con su competencia, podrá ejecutar las obras que estime de urgencia con cargo a sus propietarios, poseedores o dueños de las negociaciones en ellos establecidos, cuando estos no las realicen dentro de los plazos concedidos al efecto.
CAPÍTULO IV
De los cementerios
Artículo 36. El Departamento atenderá el establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de cementerios en el Distrito Federal, ya sea por sí mismo o por concesión que se otorgue a los particulares.
Para otorgar la concesión respectiva, deberá recabarse previamente la autorización sanitaria que expida el propio Departamento.
Artículo 37. Los cementerios deberán contar con áreas verdes y zonas destinadas a reforestación.
Artículo 38. La aprobación de las solicitudes de refrigeración, exhumación y cremación de cadáveres deberán ajustarse a las medidas de higiene y seguridad sanitaria que al efecto expida el Departamento y las normas técnicas que dicte la Secretaría.
CAPÍTULO V
De la limpieza pública
Artículo 39. El Departamento, por conducto de las delegaciones, proveerá de depósitos de basura en los parques, jardines, paseos, públicos y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su jurisdicción, además de ordenar la fumigación periódica en los mismos; asimismo, fijará lugares especiales para depositar la basura, tomando en cuenta lo que sobre el particular disponga la legislación aplicable en materia de contaminación ambiental.
La basura deberá incinerarse periódicamente o destruirse por otros procedimientos, excepto que sean industrializados o tengan empleo útil, siempre que no signifiquen un peligro para la salud.
Artículo 40. El Departamento ordenará la construcción de depósitos generales y hornos de basura en los mercados, hospitales y establecimientos públicos que los requieran y se encuentren en su jurisdicción.
CAPÍTULO VI
De los rastros
Artículo 41. La matanza de animales en los rastros se efectuará en los días y horas que fije el Departamento, tomando en consideración las condiciones del lugar y los elementos de que disponga dicha autoridad para realizar la inspección sanitaria.
Los animales deberán ser examinados en pie y en canal por la autoridad sanitaria competente, la cual señalará qué carne puede dedicarse a la venta pública, mediante la colocación del sello correspondiente.
Artículo 42. Queda estrictamente prohibida la matanza de animales en casa o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público; si la carne y demás productos se destinan al consumo familiar, el Departamento concederá permiso para el sacrificio de ganado menor a domicilio. Dicho permiso será concedido bajo la condición de que el animal y sus carnes sean inspeccionadas por dicha autoridad.
Artículo 43. Queda a cargo del Departamento las actividades de funcionamiento, conservación y aseo de los rastros públicos, así como la vigilancia y supervisión de la operación de los privados. Dichas funciones las podrá ejercer por conducto de las delegaciones, en los términos de los acuerdos que al efecto se expidan.
CAPÍTULO VII
Del agua potable y alcantarillado
Artículo 44. Corresponde al Departamento aprobar los proyectos y sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, para lo cual ordenará el análisis periódico sobre la potabilidad de las aguas.
Artículo 45. En las áreas del Distrito Federal en que se carezca del sistema de agua potable y alcantarillado, deberán protegerse las fuentes de abastecimiento para prevenir su contaminación, conforme a las normas técnicas correspondientes.
Asimismo, conforme a estas normas, para el consumo humano no podrá utilizarse el agua de algún pozo o algibe, si este no se encuentra situado a una distancia conveniente de retretes, alcantarillas, estercoleros o depósitos de desperdicios que puedan contaminarlos.
artículo 46. Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no podrán suprimir este servicio en los edificios habitados excepto el los casos que determinen las disposiciones generales aplicables.
Artículo 47. Queda prohibida la descarga de aguas residuales o de contaminantes en cualquier cuerpo de agua superficial o subterráneo, cuando éstas se destinen para usos o consumos humanos.
Los usuarios que aprovechen en su servicio aguas que posteriormente serán utilizadas para uso o consumo de la población, estarán obligados a darles el tratamiento correspondiente a fin de evitar riesgos para la salud humana.
Artículo 48. Queda prohibido que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean vertidos en ríos, arroyos, acueductos, corrientes o canales por donde fluyan aguas destinadas al consumo humano, en todo caso deberán ser tratados y cumplir con las disposiciones legales en materia de contaminación.
Artículo 49. Los proyectos para la implantación del sistema de alcantarillado deberán ser estudiados y aprobados por el Departamento y la obra se llevará a cabo bajo la inspección de este.
Artículo 50. El Departamento procurará que todas las delegaciones cuenten con sistemas adecuados para el desagüe rápido e higiénico, preferentemente por medio de alcantarillado o fosas sépticas.
CAPÍTULO VIII
De los reclusorios y centros de readaptación
Artículo 51. Corresponde el Departamento, integrar, conducir, desarrollar, dirigir y administrar en forma permanente los servicios médico quirúrgicos generales y las especialidades de psiquiatría y de odontología que se presten en los reclusorios y centros de adaptación, a efecto de otorgar en forma permanente, oportuna y eficiente la atención a los internos.
Los responsables de la aplicación de los servicios médicos, coadyuvarán a la elaboración y ejecución de programas nutricionales, de prevención de enfermedades y accidentes.
Para tal efecto, los directores de dichas instituciones deberán proveer de todos los elementos, equipos y materiales para prevenir y en su caso, contrarrestar los riesgos y daños en la vida y salud de los internos.
Artículo 52. Tratándose de enfermedades de emergencia, graves o cuando así lo requiera el tratamiento, a juicio del personal médico de la institución, el interno podrá dar aviso para ser trasladado al centro hospitalario que determine el propio Departamento; en cuyo caso se deberá hacer del conocimiento de la autoridad competente.
Las personas encargadas de los servicios médicos de los reclusorios y centros de readaptación deberán, a partir de que tengan conocimiento de alguna enfermedad transmisible, proceder a adoptar las medidas de seguridad sanitaria previstas en el capítulo I del título sexto de esta ley, para evitar sus propagación, así como informar en un plazo no mayor de 24 horas al Departamento.
CAPÍTULO IX
De las albercas y baños públicos
Artículo 53. Sin perjuicio de los requisitos que exijan sus reglamentos respectivos, es obligación de los propietarios o administradores de las albercas y baños públicos, mantener comunicación y acceso a la vía pública, o áreas y espacios abiertos, tratándose de aquellos que funcionen como anexos a clubes, centros sociales, deportivos o escolares.
Artículo 54. Estos establecimientos deberán contar con personal capacitado y un sistema de vigilancia para el rescate y prestación de primeros auxilios, a aquellos usuarios que resulten accidentados.
Igualmente con el objeto de prestar los primeros auxilios, contarán con botiquín completo que reúna los medicamentos y materiales de curación necesarios y autorizados por el Departamento, el que se ubicará en un lugar visible y apropiado para esta finalidad.
CAPÍTULO X
De los centros de reunión y espectáculos
Artículo 55. Además de los requisitos reglamentarios respectivos, las instalaciones y edificios que se destinen a centros de reunión y a espectáculos públicos deberán tener acceso directo a la vía pública, espacios abiertos, escaleras de emergencia, y todas aquellas disposiciones que, a juicio
del Departamento sean necesarias para la evacuación del público en casos de emergencia.
Artículo 56. A la terminación de las edificaciones de este tipo de establecimientos, el Departamento ordenará visitas de inspección a efecto de observar si se cumplen con las medidas de higiene y de seguridad correspondientes, sin cuyo requisito no será permitida la apertura de los mismos al público. El Departamento dispondrá la clausura de dichos locales si no se cumplen las medidas de higiene y sanidad suficientes para garantizar la vida y la salud de las personas.
CAPÍTULO XI
De las peluquerías, salones de belleza, estéticas y establecimientos de esta índole
Artículo 57. Está prohibido utilizar productos de belleza no autorizados ni registrados por la Secretaría, asimismo no podrán utilizarse procedimientos que a juicio de ésta sean peligrosos para la salud.
Artículo 58. Los procedimientos de embellecimiento del cuerpo humano, son aquellos que se utilizan para modificar las características externas y superficiales, mediante la aplicación de substancias, productos o preparados de uso externo, los destinados a incrementar la belleza del cuerpo humano o a mejorar su apariencia física y en lo que no haya intervención quirúrgica.
CAPÍTULO XII
De los establecimientos de hospedaje
Artículo 59. En los establecimientos de hospedaje se contará necesariamente con los elementos para prestar los primeros auxilios y con los medicamentos y materiales de curación mínimos que para el efecto considere necesarios el Departamento.
En caso de contar con los servicios complementarios como restaurantes, servicios de bar, peluquería , sala de belleza, baños, lavandería, planchaduría y tintorería, éstos quedarán sujetos a las normas y requisitos que fijen los capítulos correspondientes de este ordenamiento, y de sus reglamentos respectivos.
CAPÍTULO XIII
Del transporte urbano y suburbano
Artículo 6o. El Departamento vigilará y establecerá los controles para que la prestación de este servicio Público, se ajuste a las medidas de seguridad e higiene preceptuados en esta ley y sus reglamentos.
CAPÍTULO XIV
De las gasolineras
Artículo 61. Todo establecimiento dedicado al expendio de gasolina o lubricantes, será sometido a una revisión periódica por el Departamento con el propósito de constatar que se reúnan las condiciones higiénicas y de seguridad establecidas en los reglamentos respectivos.
CAPÍTULO XV
De los vendedores ambulantes
Artículo 62. Los vendedores ambulantes que expendan productos alimenticios, deberán cumplir con las condiciones higiénicas que establezca el Departamento, pero en ningún caso lo podrán hacer en zonas consideradas insalubres.
TÍTULO TERCERO
De las autorizaciones y los certificados
CAPÍTULO I
De las autorizaciones
Artículo 63. La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual, el Departamento permite la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta ley y demás disposiciones aplicables.
Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos o tarjetas de control sanitario en su caso.
Artículo 64. Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por el Departamento, con vigencia de terminada.
Las autorizaciones expedidas, podrán ser objeto de prórroga por parte de la autoridad.
Artículo 65. El Departamento resolverá sobre las solicitudes de las autorizaciones respectivas, cuando el solicitante hubiese satisfecho los requisitos que señalen las disposiciones legales aplicables y cubierto, en su caso, los derechos que establezcan la legislación fiscal.
Quedan exceptuadas del pago de los derechos mencionados con antelación, las dependencias de Ejecutivo Federal, los establecimientos educativos
del sector público y las instituciones de asistencia privada.
Artículo 66. La solicitud para prorrogar la autorización respectiva, deberá presentarse al Departamento, con antelación al vencimiento de la misma.
Sólo procederá la prórroga cuando se sigan cumpliendo los requisitos que se señalen en esta ley y en las demás disposiciones aplicables y previo pago de los derechos correspondientes.
En el caso de las licencias sanitarias, la solicitud de revalidación deberá presentase dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento.
En todo caso, el Departamento podrá ordenar visitas de inspección en los establecimientos solicitantes a efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos.
Artículo 67. Cuando los establecimientos a que se refiere el artículo anterior cambien su ubicación, requerirán nueva licencia sanitaria .
Artículo 68. Los establecimientos estarán obligados a exhibir, en un lugar visible, la licencia sanitaria correspondiente.
Artículo 69. El Departamento expedirá la autorización relativa para el funcionamiento de establecimientos que presten servicios de asistencia social.
Artículo 70. El Departamento exigirá tarjetas de control de sanitario a las personas que realicen actividades mediante las cuales se puedan propagar alguna enfermedad transmisible, en los casos y bajo las condiciones que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 71. El Departamento podrá expedir permisos para:
I. Los responsables de la operación y funcionamiento de equipo de rayos X y a sus auxiliares y técnicos, sin perjuicio de los requisitos que exijan otras autoridades competentes, y
II. El embalsamiento de cadáveres.
CAPÍTULO II
De la revocación de autorizaciones
Artículo 72. El Departamento podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado, en los siguientes casos:
I. Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los productos o el ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño para la salud humana;
II. Cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado, exceda los límites fijados en la autorización respectiva;
III. Por que se dé un uso distinto a la autorización;
IV. Por incumplimiento a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones generales aplicables;
V. Por reiterado desacato de las órdenes que dicte la autoridad sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones generales aplicables;
VI. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado, que hubieren servido de base para que la autoridad sanitaria otorgara la autorización;
VII. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en que se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido de ésta;
VIII. Cuando lo solicite el interesado, y
IX. En los demás casos en que conforme a la ley lo determine la autoridad sanitaria.
Artículo 73. Cuando la revocación de una autorización se funde en los riesgos o daños que pueda causar a la población en el Distrito Federal, el Departamento dará aviso a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tengan atribuciones de orientación al consumidor.
Artículo 74. En los casos a que se refiere el artículo 72 de esta ley, con excepción de lo previsto en la fracción VIII, el Departamento citará al interesado a una audiencia, para que este ofrezca pruebas y alegue lo que a su derecho convenga.
Artículo 75. El Departamento emitirá la resolución que corresponda al concluir la audiencia o dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual se notificará de manera personal al interesado.
Artículo 76. La resolución de revocación surtirá efectos, en su caso, de clausura definitiva, prohibición de venta, prohibición de uso o de ejercicio de las actividades a que se refiere la autorización revocada.
CAPÍTULO III
De los certificados
Artículo 77. Se entiende por certificado, la constancia expedida en los términos que establezca el Departamento, para la comprobación o información de determinados hechos.
Artículo 78. Para fines sanitarios, el Departamento a través de sus unidades administrativas correspondientes, expedirá los siguientes certificados:
I. Prenupciales;
II. De defunción;
III, De muerte, fetal; y
IV. Los demás que determine la Ley General y sus reglamentos.
Artículo 79. El certificado médico prenupcial será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan contraer matrimonio, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.
Artículo 80. Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos una vez comprobado el fallecimiento y determinadas las causas de este, por profesionales de la medicina.
TÍTULO CUARTO
De la vigilancia sanitaria
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 81. Correspondiente al Departamento la vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que en ámbito de su competencia, detecten irregularidades que a su juicio, pudieran constituir violaciones a estos ordenamientos, deberán hacerla del conocimiento del Departamento.
Artículo 82. A efecto de llevar a cabo la vigilancia sanitaria, el Departamento ordenará la realización de visitas de inspección, las que se efectuarán por personal acreditado. Los inspectores deberán, en el desempeño de sus funciones, apegarse a las normas previstas en esta ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 83. Las inspecciones que ordene el departamento podrán ser:
a) Ordinarias , las que se efectuarán en días y horas hábiles, debiendo entenderse por ello, los días y horas de funcionamiento habitual de los establecimientos industriales, comerciales o de servicios;
b) Extraordinarias, las que podrán efectuarse en cualquier tiempo.
Artículo 84. Los propietarios, administradores, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos comerciales, industriales , de servicios o cualquier otro regulado por esta ley, así como los conductores de vehículos, estarán obligados a permitir el libre acceso a los edificios , construcciones e instalaciones objeto de la vista y dar facilidades e informes que requieran los inspectores para el desarrollo de su función.
Artículo 85. Para la práctica de las visitas, el Departamento proveerá a los inspectores sanitarios, de órdenes escritas debidamente fundadas y motivadas, las que deberán contener el lugar o zona, objeto y el alcance de la inspección, mismas que deberán exhibirse a la persona con quien se entienda la diligencia, entregándosele una copia.
Las órdenes podrán expedirse para visitar establecimientos de una rama determinada de actividades o señalar al inspector la zona en la que vigilará el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, de todas las personas obligadas al mismo.
Tratándose de actividades que se realicen a bordo de vehículos o en la vía pública, las órdenes podrán darse para vigilar una rama determinada de actividades o una zona que se delimitará en la misma orden.
Artículo 86. En la diligencia de inspección sanitaria se deberán observar las siguientes reglas:
I. Al iniciar la visita, el inspector sanitario deberá acreditarse en la credencial vigente, expedida por el Departamento;
II. El inspector sanitario deberá requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento o conductor de vehículo, a efecto de que proponga dos testigos que deberán permanecer durante el desarrollo de la visita. Ante la negativa o ausencia del visitado, los designará la autoridad que practique la inspección;
III. En el acta que se levante con motivo de la inspección, se harán constar además de las anteriormente señaladas, las circunstancias de la diligencia, de las deficiencias o anomalías sanitarias observadas y, en su caso, las medidas de seguridad que se ejecuten, y
IV. El propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento o conductor del vehículo podrá, al concluir la visita de inspección,
manifestar lo que a su derecho convenga, asentando su dicho en el acta respectiva y recabando su firma en el propio documento, del que se le entregará una copia.
La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer constar en el referido documento y no afectará su validez ni la de la diligencia practicada. En todo caso, los hechos asentados en las actas de inspección sanitaria, se tendrán por ciertos, en tanto no se demuestre lo contrario.
TÍTULO QUINTO
Medidas de seguridad y sanciones
CAPÍTULO I
De las medidas de seguridad sanitaria
Artículo 87. A efecto del proteger la salud de la población y prevenir los riesgos de una enfermedad, el Departamento, con apego a lo preceptuado en esta ley y demás disposiciones aplicables, dictará las medidas de seguridad necesarias, las que ordenarán por escrito; serán de inmediata ejecución y durarán el tiempo estrictamente indispensable hasta que desaparezca el peligro o se controle el riesgo de contagio. Dichas medidas se dictarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan.
Artículo 88. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:
I. El aislamiento, entendido como la separación de personas infectadas, en el período de transmisibilidad, en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio, previo dictamen médico;
II. La cuarentena, consistente en la limitación á la libertad de tránsito de personas sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible, por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio, previo dictamen médico; las personas expuestas no podrán abandonar determinado sitio o se restringirá su asistencia a determinados lugares;
III. La observación personal, es la estrecha supervisión sanitaria de los presuntos portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con el fin de facilitar la rápida identificación de la infección o enfermedad transmisible;
IV. La vacunación de personas, que procederá cuando no hayan sido vacunadas, debiendo serlo en los términos del artículo 144 de la Ley General de salud; en caso de epidemia grave; si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el Distrito Federal, y cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales aplicables.
V. La vacunación de animales, cuando éstos puedan constituirse en transmisores de enfermedades al hombre o que pongan en riesgo su salud, en coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal;
VI. La desnutrición o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva;
VII. La suspensión de trabajo o servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de las personas. Esta medida de seguridad, podrá ser total o parcial y se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspención. Esta será levantada a instancia del interesado o por la propia autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la que fue decretada. Durante la suspensión sólo se podrá permitir el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que la motivaron;
VIII. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos y substancias; que tendrá lugar cuando se presuma que puedan ser nocivos para la salud de las personas o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en esta ley y demás disposiciones generales aplicables. El departamento podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo dictamen, su destino; si el dictamen reportara que el bien asegurado no es nocivo para la salud y cumple con las disposiciones de esta ley, se procederá a su inmediata devolución, a solicitud del interesado dentro de un plazo de treinta días hábiles, en su defecto, se entenderá que el bien causa abandono y quedará a disposición de la autoridad sanitaria para su aprovechamiento lícito; si del dictamen resulta que el bien asegurado es nocivo, el Departamento podrá determinar, previa observancia de la garantía de audiencia, que el mismo sea sometido a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento por el interesado, o sea destruido si no pudiere tener un uso lícito por parte de la autoridad;
IX. La suspención de mensajes publicitarios en materia de salud;
X. La emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligros de daños de salud;
XI. La desocupación y desalojo de casas, edificios,establecidos y en general de cualquier
predio; cuando , a juicio del Departamento, previo dictamen pericial y respetando la garantía de audiencia, se considere que esta medida es indispensable para evitar un daño grave a la salud o a la vida de las personas; y
XII. Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud.
CAPÍTULO II
De las sanciones administrativas
Artículo 89. El Departamento impondrá sanciones administrativas a quienes incurran en violaciones a esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 90. Las sanciones administrativas podrán ser:
I. Multa;
II. Clausura; la cual podrá ser temporal o definitiva y parcial o total, y
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.
Artículo 91. El departamento fundará y motivará la resolución en la que impongan una sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios:
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;
II. La gravedad de la infracción;
III. Las condiciones socieconómicas del infractor, y
IV. La calidad de reincidente del infractor.
Artículo 92. La infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 23; 28; 30; 31; 41; 42; 54; 59; 68; 79 y 80 de esta ley, serán sancionadas por el Departamento, con multa equivalente hasta por veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Artículo 93. Se sancionará con multa equivalente de diez hasta cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 46; 47; 48; 53; 55; 57; 67 y 84 de esta ley.
Artículo 94. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda; para los efectos de este capítulo se entiende por reincidencia, que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones se esta ley o sus reglamentos dos o más veces.
Artículo 95. Las infracciones no previstas en este capítulo, serán sancionadas con multa equivalente hasta por quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, atendiendo a la gravedad de la infracción y los demás criterios contenidos en el artículo 91 de esta ley.
Artículo 96. El Departamento, podrá simultáneamente, dictar las medidas de seguridad que procedan, hasta en tanto se subsanen las irregularidades, e imponer las sanciones administrativas pertinentes.
Artículo 97. El Departamento ordenará la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y características de la actividad o establecimiento, en los siguientes casos:
I. Por carecer, los establecimientos a que se refiere el artículo 21 de esta ley, de la correspondiente licencia sanitaria;
II. Cuando, por la violación reiterada de los preceptos de esta ley y de las disposiciones que de ella emanen, constituyan rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, originando un peligro para la salud de las personas;
III. Cuando después de la reapertura de un establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio, por motivo de suspensión de trabajos o actividades o clausura temporal, las actividades que en él se realicen, sigan constituyendo un peligro para la salud;
IV. Cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza del establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio de que se trate , sea necesario proteger la salud de la población, y
V. Cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento, violan las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro grave hacia la salud.
Artículo 98. El Departamento dictará las medidas necesarias para corregir en su caso, las irregularidades que se hubieren detectado en la inspección que al efecto se haya efectuado, notificándolas al interesado y dándole un plazo adecuado para su realización, sin perjuicio de aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que en ese supuesto procedan.
Artículo 99. A efecto de lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan, el Departamento podrá hacer uso de la fuerza pública y de todas las medidas legales necesarias.
Artículo 100. Si del contenido de un acta de inspección sanitaria, se desprenden y detectan irregularidades e infracciones contra esta ley y demás ordenamientos aplicables, el Departamento citará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco días hábiles, ni mayor de quince, comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime procedentes, en relación con los hechos asentados en la misma.
En caso de que el interesado no compareciera dentro del plazo fijado, se procederá a dictar, en rebeldía, la resolución definitiva y a notificarla personalmente o por correo certificando con acuse de recibo.
Artículo 101. Una vez dictada cualquiera de las sanciones previstas en este título, el Departamento podrá sancionar con arresto hasta por treinta y seis horas a quien:
I. Interfiera o se oponga al desempeño de las funciones que el Departamento ordene o realice con apego a esta ley y demás disposiciones aplicables; y
II. Provoque un riesgo o peligro para la salud de las personas por negarse, en rebeldía, a cumplir con las disposiciones y requerimientos que en materia sanitaria establezca el Departamento.
Impuesto el arresto, el Departamento lo hará del conocimiento de la autoridad correspondiente a efecto de que proceda a su ejecución.
Artículo 102. Una vez sustanciado el procedimiento a que se refiere el presente capítulo, el Departamento procederá, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada al interesado o a su representante legal en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo.
Artículo 103. En los casos de suspensión de trabajos o de servicios o de clausura temporal o definitiva, parcial o total, el personal comisionado para su ejecución, procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones.
Artículo 104. Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes, cuando del contenido de un acta de inspección se desprenda la posible comisión de uno o varios delitos, el Departamento formulará la denuncia correspondiente el Ministerio público.
CAPÍTULO III
Del recurso de inconformidad
Artículo 105. Contra actos y resoluciones del Departamento que con motivo de la aplicación de esta ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad administrativa u órgano desconcentrado que hubieren dictado la resolución o emitido el acto.
Artículo 106. El recurso deberá interponerse, por escrito ante la autoridad competente, dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha en que se hubieren notificado la resolución o acto que se impugne, y deberá contener los siguientes requisitos:
I. El nombre y domicilio de quien promueva;
II. Los hechos objeto del recurso;
III. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento de la resolución recurrida;
IV. Los agravios que directa o indirectamente, a juicio del recurrente, le cause la resolución o acto impugnado;
V. La mención de la autoridad que hay dictado la resolución, ordenado o ejecutado el acto;
VI. El ofrecimiento de las pruebas que el inconforme se proponga rendir;
VII. Las razones que apoyen la impugnación, anexando los documentos que acrediten su dicho, y
VIII. La firma del recurrente o de su representante debidamente acreditado.
El recurso que se pretenda hacer valer extemporaneamente se desechará de plano y se tendrá por no interpuesto.
Artículo 107. Al escrito deberán acompañarse los siguientes documentos:
I. Los que acreditan la personalidad del promovente, siempre que no sea el directamente afectado y cuando dicha personalidad no hubiera sido reconocida con anterioridad por el Departamento, en la instancia o expediente que concluyó con la resolución impugnada;
II. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba y que tenga relación inmediata y
directa con la resolución o acto impugnado, y
III. Copia de la resolución impugnada.
Artículo 108. En la substanciación del recurso sólo procederán las pruebas que se hayan ofrecido en la instancia o expediente que concluyó con la resolución o acto impugnado que concluyó con la resolución o acto impugnado y las supervenientes.
En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de medidas probatorias, excepto la confesional y la testimonial a cargo de las autoridades sanitarias.
Artículo 109. Una vez integrado el expediente, la autoridad competente dispondrá de un término de 30 días hábiles para dictar resolución confirmando, modificando o dejando sin efectos al acto impugnado.
La resolución deberá notificarse personalmente al interesado, en caso de ignorancia el domicilio se publicarán los puntos relativos en la Gaceta oficial, surtiendo efectos de notificación.
Artículo 110. El titular del Departamento en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del propio Departamento, podrá delegar la atribución consignada en el artículo anterior.
Artículo 111. El Departamento resolverá sobre la suspensión de la ejecución de los actos o resoluciones recurridos que soliciten los recurrentes, conforme a las siguientes reglas:
I. Si el infractor garantiza el interés fiscal en el caso de las sanciones pecuniarias;
II. Tratándose de sanciones administrativas u otras resoluciones que en materia sanitaria emita el Departamento, la suspensión del acto o resolución impugnado, atenderá a los siguientes requisitos:
a) Siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan normas de orden público, y
b) Cuando la ejecución del acto o resolución causen al recurrente, daños y perjuicios de difícil reparación.
Artículo 112. En la tramitación del recurso de inconformidad, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
CAPÍTULO IV
De la prescripción
Artículo 113. Los interesados podrán hacer valer la prescripción, por vía de excepción; la autoridad deberá declararla de oficio.
Artículo 114. Serán aplicables a la prescripción las disposiciones contempladas en el capítulo V del título décimo octavo de la Ley General de Salud.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este ordenamiento.
Tercero. Los reglamentos, acuerdos y disposiciones que no se opongan a esta ley continuarán vigentes en tanto no se expidan los nuevos ordenamientos.
Reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 28 de octubre de 1986.
El presente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado».
El C. presidente: - En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría dar el trámite correspondiente.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Recibo y túrnase a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
PROPOSICIÓN ACERCA DE PROTESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO ANTE EL DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
El presidente: - Dentro del tiempo reducido que nos falta, esta presidencia recibió del diputado Juan José Bremer un acuerdo de las fracciones parlamentarias de esta Cámara, por lo que solicito a la secretaría leerlas y a continuación, si no hay inconveniente pregunte a la asamblea si se aprueba.
El secretario Antonio Melgar Aranda:
«Las fracciones parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional, Socialista de los Trabajadores, Socialista Unificado de México,
Popular Socialista, Mexicano de los Trabajadores, Revolucionario de los Trabajadores, Auténtico de la Revolución Mexicana, Demócrata Mexicano, representados en esta H. Cámara, proponen los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La H. Cámara de Diputados rechaza enérgicamente las referencias y amenazas lesivas para con nuestro país contenidas en la Ley para el Control de Narcóticos de 1986.
Segundo. La H. Cámara de diputados expresa su solidaridad con la nota de protesta presentada por el Gobierno de México ante el Departamento de Estado norteamericano el día de ayer, en relación a este mismo asunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de octubre de 1986.
Suscriben los puntos de acuerdo:
Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Eliseo Mendoza Berrueto; por el Partido Socialista de los Trabajadores, diputado Graco Ramírez Garrido Abreu; por el Partido Socialista Unificado de México, diputado Arnoldo Martínez Verdugo; por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado Eduardo Valle Espinoza; por el partido Revolucionario de los Trabajadores, diputado Pedro José Peñaloza; por el partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Reyes Fuentes García; por el Partido Demócrata Mexicano, diputado Roberto Calderón Tinoco».
Por instrucciones de la presidencia, está a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado señor presidente. Comuníquese.
ACUERDO SOBRE LAS COMPARECENCIAS
El C. presidente: - En el transcurso de la sesión se entregó a esta presidencia un acuerdo parlamentario, se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Honorable asamblea.
Dentro de la práctica democrática y legal que ha significado la comparecencia de los ciudadanos secretarios de despacho ante la asamblea general de esta honorable Cámara de Diputados y siguiendo los fundamentos normativos marcados en la Constitución Política de nuestro país, todas las fracciones parlamentarias que integran esta LIII Legislatura presentaron al pleno, el 22 de noviembre del año pasado, durante el primer período ordinario de sesiones, un acuerdo de práctica parlamentaria que estableció el procedimiento para el desahogo de las comparecencias de los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.
El acuerdo con el procedimiento aprobado por esta soberanía demostró ser adecuado, razonable, y propició la fluidez del desarrollo de las comparecencias de los servidores públicos indicados. Sin embargo, al elaborarse y presentarse a esta honorable asamblea, se limitó su ámbito de aplicación a los casos, señalados por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, pues esas fueron las necesidades existentes en aquel momento; por ello es necesario ampliar el ámbito de aplicación de este acuerdo para que establezca en esa forma el procedimiento a seguir durante el desahogo de las comparecencias, en sesión ordinaria de todos los servidores públicos a quienes esta cámara acuerde citar.
Por todo lo anterior, las fracciones parlamentarias integrantes de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión, se permiten presentar a esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se amplía el acuerdo de práctica parlamentaria aprobado en sesión ordinaria el 22 de noviembre de 1985, para que el procedimiento en él establecido, sea aplicado a todos los casos de comparecencias que establece el segundo párrafo del artículo 93 constitucional.
México D.F., 27 de octubre de 1986.
Diputados: Eliseo Mendoza Berrueto, Partido Revolucionario Institucional; Jesús González Schmal, Partido Acción Nacional; Arnoldo Martínez Verdugo, Partido Socialista Unificado de México; Graco Ramírez Garrido Abreu, Partido Socialista de los Trabajadores; Antonio Monsiváis Ramírez, Partido Demócrata Mexicano; Indalecio Sayago Herrera, Partido Popular Socialista; Carlos Enrique Cantú Rosas, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Miguel Eduardo Valle Espinoza, Partido Mexicano de los Trabajadores; Pedro José Peñaloza, Partido Revolucionario de los Trabajadores».
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.. Aprobado señor presidente.
MINUTO DE SILENCIO
EL C. presidente: - También durante el curso de esta asamblea el diputado Cuauhtémoc Amezcua hizo una proposición en el sentido de guardar un minuto de silencio en memoria del periodista Manuel Buendía.
Pregunte la secretaría si están conformes con esta proposición.
La C. prosecretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite el punto de acuerdo de la proposición presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada señor presidente.
El C. presidente: - Esta Presidencia suplica a todos los presentes ponerse de pie. (Se guarda un minuto de silencio.)
El C. presidente : - Muchas gracias.
CONCEPTOS DE LA PRESIDENCIA
El C. presidente: - Con toda atención y sin menoscabo de conceder la palabra a los diputados mencionados, esta presidencia antes de que se de fin a esta sesión que se encuentra próxima a terminarse, que es la última de otro mes de actividades parlamentarias durante la cual obtuve la determinación para presidir esta honorable Cámara.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, moción de orden; antes de su despedida quisiera que continuara con los oradores anotados.
El C. presidente: - Permítame ese abuso señor diputado. Muchas gracias. (Continúa.) Durante la cual obtuve la determinación para presidir esta honorable Cámara, junto con sobresalientes diputados de mi fracción parlamentaria y de otros partidos, permítaseme expresarle mi más acentuado agradecimiento por haber encontrado sin excepción espíritu que ha de definir a la LIII Legislatura Federal como una auténtica expresión pluripartidista en donde se ha practicado y se practica con democracia la libertad que ideas , de criterio, de interpretaciones, con denominador común que es el bien de México.
Y por esa determinación que a todos nos inspira, me satisface reconocer que he encontrado en la función una cooperación ilimitada que en el dable error nos haya ayudado a sobrepasarla y en la tarea adecuada a confirmar de quien la realiza como función mayor, sino de una comunidad parlamentaria que se despoja de lo intranscendente para centrarse en la problemática nacional, en sus soluciones en la norma jurídica creada para proveer lo necesario y adecuado en bien de la comunidad.
Desde este lugar, el que aún ocupamos, busqué vuestra ayuda y encontré respuesta; la de quien tiene una responsabilidad mayúscula por su carácter de presidente de la Gran Comisión y del cual traté de abundar en su gran experiencia y excepcional calidad humana, las de quienes sin menoscabo de la propia nos dieron su cercanía, antes no obtenida porque la lejanía de los escaños, luego nos hace desconocidos a pesar de que en ellos convivimos.
Apreciamos sin excepción sus ideas, deseos de expresar en tribuna, la sujetamos a un orden y nos preocupamos porque no diera limitación, sin razón y sin fundamento. A todos, para todos, creo que hubo comprensión; nos ha tocado observar una nueva experiencia que razonablemente las fracciones parlamentarias previeron, la de un horario hasta ahora razonable que ha permitido mejor captación de las ideas y ha dado con el receso, recuperación a la inteligencia, tiempo para captar con lucidez las intenciones del debate. Creo que en menos tiempo esta legislatura ha hecho más y mejor en bien de su representación.
Es natural, insisto, la incidencia en el error, sin embargo careciendo de una mala intención es venero de experiencia, advertencia para que los que seamos a fin de que su mandato sea mejor como debe serlo. En la aspiración común pues, repito, las tareas de un cuerpo colegiado como este, sobrepasa la individual y penetra en la responsabilidad colectiva con los resultados, se valora una legislatura.
La LIII, es de esta soberanía, desde este sitial he estado acompañando de inmejorables compañeros, a todos y cada uno de ellos, mi agradecimiento por su consejo oportuno y necesario, al diputado Arnulfo Villaseñor Saavedra, entrañable amigo, por su colaboración invaluable. Muchas gracias a esta honorable asamblea por su comprensión y
ayuda; gracias a todos lo que con su experiencia administrativa, nos han ilustrado. Perdóneme usted, diputado. (Aplausos).
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui Miranda.
El C. Píndaro Urióstegui Miranda: - Para declinar el uso de la palabra.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Para declinar el uso de la palabra.
La C. Laura Pavón Jaramillo: - Pido la palabra.
El presidente: - Tiene la palabra la diputada Laura Pavón Jaramillo.
La C. Laura Pavón Jaramillo: - Con su autorización señor presidente; ciudadanos diputados: al término de la sesión de hoy, concluye el segundo. mes del segundo período ordinario de sesiones, estatutariamente habrá de renovarse la mesa directiva que condujo las sesiones del presente mes de octubre.
Importante es reiterar que durante este espacio de tiempo se han venido ventilando aquí asuntos de interés general, este ha sido un foro abierto, a los acontecimientos nacionales e internacionales.
Quienes han defendido en esta tribunas sus tesis, sus convicciones, sus puntos de vista, lo han hecho siempre mirando fundamentalmente por el supremo interés de la nación, ciertamente con pasión, con énfasis partidista, con ánimo de convencer; todos estamos seguros que aún en los momentos de mayor algidez siempre ha sido de buena fe, sin ánimo de ofender, aún cuando en ocasiones como hoy, al enfrentar un problema se encienda la pasión pero sin merma del talento. Entendemos que esta es la democracia, el amplio significado de la libertad de expresión.
El signo característico de esta legislatura se ha dejado sentir en el presente mes; oportunidad de participación y de diálogo, apertura, pero sin olvidar el marco legal que rige nuestra vida democrática; se ha escuchado por igual a distinguidos diputados de las fracciones aquí representadas y al margen de las lógicas diferencias siempre serán mayores los valores que nos unen a los intereses que nos separen.
Han sido conducidos los debates con mesura, con calidad, con la tranquilidad que da la experiencia de nuestro presidente, quien ha preferido en ocasiones el exceso en el uso de esta tribuna antes de coartar la libertad de expresión, conduciendo los trabajos en un marco jurídico de calidad excepcional sobresaliente; fue el consenso de los partidos políticos aquí representados, independientemente de sus particulares tesis ideológicas se pronunciaron en contra de las agresiones económicas y políticas de que nuestro país sigue siendo objeto, haciendo llegar su protesta ante el Senado de los Estados Unidos, comprobando con ello el carácter nacionalista de los integrantes de esta LIII Legislatura y de su profundo amor a México.
La mayoría priísta está consciente de que lo es, lo ha ganado y luchará por mantenerse en ella, pero fundamental y prioritariamente le anima la certeza de que su lucha es la misma que la de todos los mexicanos; es común a quienes conformamos esta asamblea nacional: es el tomar la mejor opción, favorecer al mayor número, encontrar el sendero del progreso y la paz social, ayudar en suma a conformar un país mejor.
La Nación mexicana es el fruto de empeños seculares, pero es también un proyecto, un ideal siempre por alcanzar todos en el pequeño ámbito de nuestra acción, contribuimos a ello; hoy reconocemos que Juan Moisés Calleja cumplió con ese elevado empeño. (Aplausos.)
ORDEN DEL DÍA
La C. prosecretaria Guadalupe Ponce Torres: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión:
«Segundo período ordinario de sesiones. LIII Legislatura.
Orden del Día
4 de noviembre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de ciudadano diputado
El Gobierno de la República, invita al acto de inhumación de los restos de José María Pino Suárez, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General la secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de octubre por las comisiones permanentes y especiales.
Comunicación de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Iniciativas del Ejecutivo
De reformas a los artículos 52, 53, segundo párrafo, 54, primer párrafo y fracciones II, III, y IV; 56,60 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De Código Federal Electoral.
Iniciativa de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Socialista Unificado de México, Partido Demócrata Mexicano, Partido Mexicano de los Trabajadores y Partido Revolucionario de los Trabajadores, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Rafael de la Colina y Juan Arévalo Gardoqui, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Mauricio Scheleske Sánchez, para aceptar y usar la condecoración Grao - Mestre Da Orden De Mérito Naval, en grado de Grande Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Rosa María Caballero Campos, Hilda Neuman Scheffer, Reynaldo Manuel Sosa Ortiz, Alberto Aróstico Vázquez y Marta Elsa Mauri Hernández, para prestar servicios en la Embajada Británica en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal; el Código Federal de Procedimientos Penales, y la Ley de Vías Generales de Comunicación.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales.
Dictámenes a discusión
De las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del inciso a) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Praxedes González Hernández, para aceptar y usar la condecoración Da Medalha Mérito Tamandaré, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sesión secreta».
El C. presidente (a las 20:30 horas): - Se levanta la sesión y se cita a la próxima que tendrá lugar el día 4 de noviembre, a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES