Legislatura LIII - Año II - Período Ordinario - Fecha 19861216 - Número de Diario 44
(L53A2P1oN044F19861216.xml)Núm. Diario:44ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D. F., martes 16, de diciembre de 1986 NÚM.. 44
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba
INVITACIÓN
Al CLVI aniversario luctuoso del libertador Simón Bolívar, el 17 del actual en esta ciudad. Se designa representante.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RESTAURACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE SALARIOS
Punto de acuerdo emitido en relación a la propuesta del PPS, que determina el apoyo de esta Cámara Sin discusión se aprueba.
ACUERDO PARA QUE EL SENADO INFORME DE UN PROYECTO APROBADO EN 1976
Punto de acuerdo relativo a reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo. Sin discusión se aprueba.
SALARIOS MÍNIMOS A PERIODISTAS PROFESIONALES
Punto de acuerdo que recomienda a la Comisión de Salarios Mínimos considere el particular.
A discusión. Hablan en pro los CC. Gonzalo Altamirano Dimas y Ángel Sergio Guerrero Mier. Se aprueba.
Tratan el tema, el C. Miguel Eduardo Valle Espinosa para expresar su reconocimiento por haberse dictaminado el asunto, el C. Efraín Jesús Calvo Zarco para dar su punto de vista.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 1985
Proyecto de la Cuenta de Referencia.
FELICITACIONES A PERIODISTAS
Por parte del C. Reyes Fuentes García, por sus labores en favor del pueblo.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 1985
Continúa el debate de la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal. El C. Manuel Terrazas Guerrero da lectura al voto particular del PSUM en contra del dictamen de la cuenta citada.
A discusión el dictamen de lo general. Hablan los CC., para solicitar se fundamente el dictamen: Juan José Castillo Mota, lo que hace el C. Gilberto Nieves Jenkin; en contra Federico Ling Altamirano; en pro Sócrates Rizzo García; para hechos Federico Ling Altamirano; en
contra Beatriz Gallardo Macías: en pro Lulio Valenzuela Herrera; en contra Efraín Jesús Calvo Zarco; en pro Javier Garduño Pérez; en contra Miguel Eduardo Valle Espinosa; en pro Manuel Jiménez Guzmán; en contra Carlos Barrera Auld; en pro Juan Moisés Calleja García; para una modificación al artículo 5o. Manuel Terrazas Guerrero; en pro Homero Díaz Córdova; para hechos Efraín Jesús Calvo Zarco, Manuel Terrazas Guerrero y Juan José Castillo Mota; para alusiones Manuel Terrazas Guerrero en contra Héctor Morquecho Rivera; en pro Adrián Mora Aguilar. Se aprueba por mayoría con los artículos no impugnados.
A discusión en lo particular. A debate el artículo 2o. Hablan los CC., para una adición Héctor Pérez Plazola; en pro Lulio Valenzuela Herrera; para hechos Pérez Plazola. Se desecha.
A debate los artículos 5o. y 6o. Intervienen los CC., para modificaciones Cecilia Romero Castillo; al artículo 5o. Efraín Jesús Calvo Zarco; por la comisión Homero Díaz Córdova. Se aceptan las modificaciones de la diputada Cecilia Romero Castillo y del diputado Manuel Terrazas Guerrero al artículo 5o. y se rechaza la del diputado Efraín Jesús Calvo Zarco.
Sigue para una adición al artículo 6o. el C. Jorge Alcocer Villanueva; en contra de ella el C. Rafael López Zepeda. La diputada Cecilia Romero Castillo retira su propuesta al artículo 6o. Se desecha la adición del diputado Jorge Alcocer Villanueva. Se aprueban los artículos 2o. y 6o. en sus términos con la modificación. Pasa al Ejecutivo
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY DEL CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
Proyecto de la Ley de Referencia
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa se refiere a la propuesta que hizo el C. Jaime Aguilar Alvarez Mazarrasa en el seno de la comisión, sobre la integración de la Comisión Federal Electoral, la cual critica. Opinan al respecto los CC. para aclaraciones, Fernando Ortiz Arana; nuevamente Miguel Eduardo Valle Espinosa; para precisar conceptos Jaime Aguilar Alvarez. Se da lectura a la versión estenográfica de la propuesta en cuestión.
LICENCIA DEL DIPUTADO GERARDO UNZUETA LORENZANA
Comunicación en que manifiesta, la da por concluida para reintegrarse a sus funciones el 17 del actual. Se toma nota.
DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDOR PÚBLICO
A la que da lectura el C. Efraín Jesús Calvo Zarco. La denuncia acusa al funcionario de fraude a empresas paraestatales y pide se le forme juicio político. Previa moción del C. Juan de Dios Castro Lozano se turna la denuncia a comisiones.
RECEPCIÓN NEGADA A CORRESPONDENCIA DEL PAN
A la que dice el C. Pablo Alvarez Padilla es partícipe de esta negativa al administrador de Correos de León, Guanajuato. Habla para hechos el C. Héctor Pérez Plazola. La denuncia se turna a Comisión.
ORDEN DEL DÍA
De la sesión próxima. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENTE DEL C. REYES RODOLFO FLORES ZARAGOZA
(Asistencia de 307 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 12:00 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Guadalupe Ponce TORRES:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura
Orden del día
16 de diciembre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico conmemorativo del CLVI aniversario luctuoso del libertador Simón Bolívar, que tendrá lugar el próximo 17 del actual.
Dictámenes a discusión
Tres de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo relativos a las proposiciones para que se respalden las demandas del movimiento sindical y restaurar el poder adquisitivo de los salarios; para que se solicite a la H. Cámara de Senadores proporcione informes sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y para recomendar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se incluya a los periodistas.
De las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal de 1985."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. secretaria:
Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
Presidencia del C. Pastor Murguía González
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del lunes quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de doscientos ochenta y tres ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, verificada el día once del actual, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, presenta un dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al año de 1985.
En atención a que dicho dictamen ha sido distribuido entre los ciudadanos diputados, la asamblea le dispensa el trámite de segunda lectura.
La secretaría da lectura al voto particular presentado por el Partido Socialista Unificado de México.
A discusión en lo general.
Hace uso de la palabra para fundamentar el dictamen el C. Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Previas mociones de los CC. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Juan de Dios Castro Lozano y Jorge Montúfar Araujo, y de la lectura de los artículos 108 y 104 del Reglamento, intervienen para hechos, los CC. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Jesús Murillo Karam; en contra, Jesús Galván Muñoz; en pro, el C. Jesús Murillo Karam; para hechos, el C. Juan de Dios Castro Lozano y el C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos; en contra, el C. Jorge Alcocer Villanueva; en pro, el C. César Augusto Santiago Ramírez; en contra, el C. Roberto Calderón Tinoco; en pro, la C. María Marcela González Salas; en pro, el C. Reyes Fuentes García; en contra, el C. Máximo de León Garza y el C. Héctor Morquecho Rivera; en pro, el C. Oswaldo García Criollo; para hechos, el C. Héctor Morquecho Rivera; en contra, los CC. Miguel Eduardo Valle Espinosa y Ricardo Pascoe Pierce quien da lectura a voto particular del PRT en contra. Finalmente en pro, el C. Sócrates Rizzo García.
Se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen.
Presidencia del C. Reyes Rodolfo Flores Zaragoza
En votación nominal se aprueba el dictamen en lo general con los artículos no reservados para su
discusión, por doscientos quince votos en pro y cincuenta y tres en contra.
A discusión en lo particular.
El C. Juan de Dios Castro Lozano propone la adición de un artículo 21. Habla en contra de la misma el C. Jesús Murillo Karam.
Después de la lectura de los artículos 124 y 125 del Reglamento, la asamblea no admite la proposición y en consecuencia se desecha. Por su parte el C. Alejandro Cañedo Benítez propone la adición de un artículo 22, que la asamblea no admite y por tanto se da por desechada.
A debate el artículo 1o. Hacen uso de la palabra, para una modificación del C. Héctor Pérez Plazola; en pro, el C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra; para hechos, el C. Héctor Pérez Plazola; en contra, la C. Magdalena García Rosas. Se desecha la modificación. Se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 2o. Habían, en contra, el C. Carlos Arturo Acosta González; en pro, el C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra. Suficientemente discutido el artículo. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Los artículos 3o. y 4o. no son impugnados y en tal virtud se reservan para su votación nominal.
A discusión el artículo 5o. Intervienen, en contra, el C. Hildebrando Gaytán Márquez, y el C. Víctor Guillermo Alvarez Herrera; en pro, el C. Jorge Flores Solano. Suficientemente discutido se reserva para su votación nominal.
A debate el artículo 8o. Usan de la palabra, en contra, el C. Genaro José Piñeiro López y el C. Jaime Delgado Herrera; en pro, el C. Javier Michel Díaz. Suficientemente discutido el artículo. Se reserva para su votación nominal.
A debate el artículo 9o. Intervienen, en contra, la C. María Esperanza Morelos Borja; en pro, el C. Luis Ignacio López Moctezuma y Torres. Suficientemente discutido el artículo. Se reserva para su votación nominal.
A discusión el artículo 10. Usan de la palabra, en contra, el C. Humberto Rice García; en pro, el C. Eleno de Anda López; para hechos, los CC. Humberto Rice García, Jorge Alcocer Villanueva y José Felipe Flores Gutiérrez; en pro, la C. Blanca Esponda de Torres. Suficientemente discutido el artículo. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
A discusión el artículo 11. Hablan, en contra, el C. Xavier Abreu Sierra; en pro, el C. Ismael Torres Díaz; para hechos, el C. Eduardo Turati Alvarez y el C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno. Se reserva el artículo para su votación nominal.
A discusión el artículo 12. Abordan la tribuna, en contra, el C. Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola; en pro, el C. Darío Maldonado Casiano. Se reserva el artículo para su votación nominal.
A debate el artículo 14. Hacen uso de la palabra, en contra, el C. Vicente Calvo Vázquez y el C. Ubaldo Mendoza Ortiz; en pro, el C. Homero Díaz Córdova. Se reserva el artículo para su votación nominal.
A debate el artículo 15. Intervienen, para proponer una modificación, el C. Jorge Alcocer Villanueva; en pro, el C. Alfonso Reyes Medrano; para hechos, los CC. Jorge Alcocer Villanueva y Consuelo Botello de Flores. Se desecha la modificación. Se reserva el artículo para su votación nominal.
A discusión el artículo 16. Usan de la palabra, en contra, el C. Víctor Guillermo Alvarez Herrera; en pro, el C. Gerardo Higinio Fernández Casanova. Se reserva el artículo para su votación nominal.
A debate el artículo 17. Hablan, en contra, la C. María del Carmen Jiménez de Ávila; en pro el C. Eduardo Beltrán Hernández. Se reserva el artículo para su votación nominal.
A discusión el artículo 18. Intervienen, en contra, el C. Amado Olvera Castillo; para una modificación, el C. Pablo José Pascual Moncayo; también para una modificación, el C. Jorge Alcocer Villanueva. Se desecha la modificación del C. Pablo José Pascual Moncayo. Se admite la propuesta del C. Jorge Alcocer Villanueva. Se reserva el artículo para su votación nominal con la modificación aprobada.
A debate el artículo 19. Hablan, para proponer una modificación, el C. Héctor Pérez Plazola; en pro, el C. Manuel Jiménez Guzmán. Se desecha la proposición.
En votación nominal se aprueban los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 19 en sus términos, por doscientos cuatro votos en pro y treinta y ocho en contra.
El artículo 18. se aprueba con la modificación propuesta y aprobada por la asamblea, por doscientos seis votos a favor y treinta y seis en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1985. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaria, por instrucciones de la presidencia, da lectura a un oficio de la H. Cámara de Senadores, por el que comunica haber solicitado al C. Presidente de la República la asistencia del C. Procurador General de la República, licenciado Sergio García Ramírez, en la sesión del próximo 18 de los corrientes, a fin de que amplíe información sobre las altas cuestiones de la justicia. Solicita se designe un representante de este Cuerpo Legislativo a dicha sesión. La presidencia nombra al C. diputado David Jiménez González, presidente de la Comisión de Justicia, para llevar la representación de la Cámara de Diputados a la sesión de referencia.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dos horas del martes dieciséis de diciembre se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar hoy mismo, a las diez horas.
La C. secretaria Guadalupe Ponce Torres: - Está a discusión el acta.
La misma C. secretaria: - No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado, señor presidente.
INVITACIÓN
El C. secretario:
"C. diputado licenciado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, presidente de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación el acto cívico conmemorativo del CLVI aniversario luctuoso del Libertador Simón Bolivar, que tendrá lugar el próximo miércoles 17 del actual, a las 11:45 horas, frente a la estatua erigida a su memoria, ubicada en Paseo de la Reforma y Violeta, de esta capital.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa honorable Cámara de Diputados que usted dignamente preside. Reitero a usted, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez"
Rúbrica.
El C. presidente: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara de Diputados se designa al C. diputado Antonio Tenorio Adame.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RESTAURACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE SALARIOS
La misma C. secretaría:
"Comisión de Trabajo y Previsión Social
Honorable asamblea: En sesión celebrada el día 7 de octubre pasado, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presentó a esta soberanía una proposición para que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su calidad de representante del pueblo mexicano, respetable las justas demandas del movimiento sindical para restaurar el poder adquisitivo que han perdido los salarios y rechace la conducta profundamente egoísta y falaz del sector patronal.
Esta proposición fue turnada para su atención a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este órgano legislativo, en la que fue objeto de un análisis meditado, cuyo resultado concluye en que efectivamente la situación económica de la clase trabajadora ha sufrido deterioro sensible como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los incrementos que en los satisfactores básicos se han venido operando, efectuando gravemente los renglones de alimentación, educación y vivienda de las familias obreras del país. La clase trabajadora y fundamentalmente el movimiento obrero organizado ha venido insistiendo en que los aumentos que aprueba la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sean verdaderamente correlativos a los incrementos que se operan en el renglón de satisfactores básicos y de esta manera se restituya el poder adquisitivo de los salarios y además ha implementado una estrategía para que sus sindicatos planteen las revisiones indispensables en los contratos colectivos, llegando incluso al movimiento de huelga, para
obligar a la clase patronal a otorgar los justos y proporcionarles aumentos salariales que la situación económica actual demanda para satisfacer los renglones mínimos que, señala la fracción VI del artículo 123 constitucional.
En vista de lo anterior, la Comisión consideró como muy conveniente la propuesta y que sería una expresión de solidaridad con el movimiento obrero organizado, el que esta honorable Cámara hiciera un pronunciamiento como el contenido en la proposición de referencia y en esa virtud se permite someter a la consideración del pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respalda las justas demandas del movimiento obrero nacional, para restaurar el poder adquisitivo de los salarios.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, México, D. F., a 15 de diciembre de 1986.
Blas Chumacero Sánchez, presidente; Ángel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Eduardo Acosta Villeda, Miguel Alonso Raya, Consuelo Botello de Flores, Rosalba Buenrostro López, Juan Moisés Calleja García, Eleazar Camarillo Ochoa, Jaime Castellanos Franco, Humberto Cervantes Vega, Joaquín Contreras Cantú, Emilio Jorge Cordero García, Porfirio Cortés Silva, Oney Cuevas Santiago, Eleno de Anda López, Leopoldo De Gyves de la Cruz, Alejandro Encinas Rodríguez, Blanca Esponda de Torres, Salvador Esquer Apodaca, Manuel Fernández Flores, Reyes Fuentes García, José Luis Galaviz Cabral, María de la Luz Gama Santillán, Cristóbal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Tomas Gómez Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Eduardo Fernando Hernández Mier, Eduardo Lecanda Lujambio, Guadalupe López Bretón, Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael del Jesús Lozano Contreras, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Manuel Monreal Zamarripa, M. Heriberto Morales Arroyo, Carlos Palafox Vázquez, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Javier Paz Zarza, Javier Pineda Serino, Rogelio Preciado Cisneros, Antonio Punzo Gaona, Samuel Quiroz de la Vega, Alberto Rábago Camacho, Raúl Ramírez Chávez, Salvador Ramos Bustamante, Leobardo Ramos Martínez, Sergio Roa Fernández, José Marcelino Rodríguez Silva, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sáinz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solís Avilés, José Nerio Torres Ortiz, Héctor Hugo Varela Flores; Isaías Vázquez Mendoza, Juan Carlos Velasco Pérez, Patricia Villanueva Abrajam y Magdaleno Yañez Hernández."
La misma C. secretaria: - Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los señores diputados si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el punto de acuerdo, señor presidente.
El C. presidente: - Prosiga la secretaría.
ACUERDO PARA QUE EL SENADO INFORME DE UN PROYECTO APROBADO EN 1976
El C. secretario: (falta nombre)
"Comisión de Trabajo y Previsión Social
Honorable asamblea: Con fecha 30 del mes próximo pasado, la diputación obrera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición a esta soberanía para que se solicite a la H. Cámara de Senadores de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, proporcione informes sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.
En efecto, en la sesión correspondiente al día 15 de octubre de 1976 esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo a la iniciativa presentada por la diputación obrera de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional reformando el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y derogando el artículo 5o. transitorio del propio ordenamiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución General de la República y de las disposiciones del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se acordó que dicho proyecto de decreto pasara a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del mencionado artículo 72 de la Constitución Federal.
Hasta la fecha la Colegisladora no ha informado a esta Cámara sobre el trámite a dicho proyecto de decreto. En consecuencia se estima procedente que la Cámara de Diputados solicite a la H. Cámara de Senadores proporcione el informe relativo al trámite constitucional que corresponde y para ello se propone a esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Solicítese a la H. Cámara de Senadores de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, informes sobre el trámite constitucional al proyecto de decreto que reforma el artículo 162 y deroga el artículo 5o. transitorio de la Ley Federal del
Trabajo, aprobado por esta Cámara de Diputados en sesión correspondiente al 15 de octubre de 1976.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados. México D. F., a 15 de diciembre de 1986.
Blas Chumacero Sánchez, presidente; Ángel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Eduardo Acosta Villeda, Miguel Alonso Raya, Consuelo Botello de Flores, Rosalba Buenrostro López, Juan Moisés Calleja García, Eleazar Camarillo Ochoa, Jaime Castellanos Franco, Humberto Cervantes Vega, Joaquín Contreras Cantú, Emilio Jorge Cordero García, Porfirio Cortés Silva, Oney Cuevas Santiago, Eleno de Anda López, Leopoldo De Gyvez de la Cruz, Alejandro Encinas Rodríguez, Blanca Esponda de Torres, Salvador Esquer Apodaca, Manuel Fernández Flores, Reyes Fuentes García, José Luis Galaviz Cabral, María de la Luz Gama Santillán, Cristóbal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Gómez Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Eduardo Hernández Mier, Eduardo Lecanda Lujambio, Guadalupe López Bretón, Joaquín López Martínez, Rafael Lozano Contreras, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monreal Zamarripa, M. Heriberto Morales Arroyo, Carlos Palafox Vázquez, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Javier Paz Zarza, Javier Pineda Serino, Rogelio Preciado Cisneros, Antonio Punzo Gaona, Samuel Quiroz de la Vega, Alberto Rábago Camacho, Raúl Ramírez Chávez, Salvador Ramos Bustamante, Leobardo Ramos Martínez, Sergio Roa Fernández, Marcelino Rodríguez Silva, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sáinz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solís Avilés, José Nerio Torres Ortíz, Héctor Hugo Varela Flores, Isaías Vázquez Mendoza, Juan Carlos Velasco Pérez, Patricia Villanueva Abrajam, Magdaleno Yañez Hernández, Rafael López Zepeda"
El mismo C. secretario: - Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado el punto de acuerdo, señor presidente.
SALARIOS MÍNIMOS A PERIODISTAS PROFESIONALES
El C. secretario:
"Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Honorable asamblea: El día 30 de septiembre último, las nueve fracciones parlamentarias, representadas en este Cuerpo Legislativo, presentaron a esta soberanía una proposición para recomendar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se incluya la actividad específica de periodistas para hacerles susceptibles del beneficio que en estricto rigor les corresponde, debiéndose fijar en consecuencia salarios mínimos profesionales en provecho de los mismos.
Dicha proposición turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que suscribe, fue debidamente analizada, considerando el espíritu que la propia ley establece al respecto, en la fracción VI del artículo 123 constitucional, en donde se estipula que los salarios mínimos profesionales deben de aplicarse en ramas determinadas de la industria, del comercio, en profesionales u oficios y en trabajos especiales.
Esta comisión considera que la profesión de periodista, por el tipo de tareas cotidianas y la especialización consiguiente, se ubica de manera natural en cuatro grandes áreas de funciones, como son las de reportero, reportero gráfico, redactor y redactor editor, y que esas actividades deben quedar enmarcadas dentro de la norma constitucional a que se refiere el párrafo anterior y que por lo tanto exigen una calificación en materia de salario, por lo que proponemos a esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Recomiéndese a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que considere en los términos de sus normas de funcionamiento, la inclusión dentro de la fijación de los salarios mínimos profesionales, de la profesión específicamente conocida como de periodista.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados. México, D. F., 15 de diciembre de 1986.
Blas Chumacero Sánchez, presidente; Ángel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Eduardo Acosta Villeda, Miguel Alonso Raya, Consuelo Botello de Flores, Rosalba Buenrostro López, Juan Moisés Calleja García, Eleazar Camarillo Ochoa, Jaime Castellanos Franco, Humberto Cervantes Vega, Joaquín Contreras Cantú, Emilio Jorge Cordero García, Porfirio Cortés Silva, Oney Cuevas Santiago, Eleno de Anda López, Leopoldo De Gyves de la Cruz, Alejandro Encinas Rodríguez, Blanca Esponda de Torres, Salvador Esquer Apodaca, Manuel Fernández Flores, Reyes Fuentes García, José Luis Galaviz Cabral, María de la Luz Gama Santillán, Cristóbal García Ramírez, José Ramón García Soto, Gerardo Gómez Castillo, Manuel Gurría Ordóñez, Eduardo Hernández Mier, Eduardo Lecanda Lujambio, Guadalupe López Bretón,
Joaquín López Martínez, Rafael López Zepeda, Rafael Lozano Contreras, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monreal Zamarripa, M. Heriberto Morales Arroyo, Carlos Palafox Vázquez, Ricardo Pascoe Pierce, Javier Paz Zarza, Javier Pineda Serino, Rogelio Preciado Cisneros, Antonio Punzo Gaona, Samuel Quiroz de la Vega, Alberto Rábago Camacho, Raúl Ramírez Chávez, Salvador Ramos Bustamante, Leobardo Ramos Martínez, Sergio Roa Fernández, José Marcelino Rodríguez Silva, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sainz Moreno, Antonio Sandoval González, David Serrano Acosta, Heriberto Serrano Moreno, Renán Solís Avilés, José Nerio Torres Ortiz, Héctor Hugo Varela Flores, Isaías Vázquez Mendoza, Juan Carlos Velasco Pérez, Patricia Villanueva Abrajam, Magdalena Yáñez Hernández.
El mismo C. secretario: - Está a discusión el punto de acuerdo.
El C. presidente: - Se abre el registro de oradores para la discusión del punto de acuerdo ¿Oradores en contra? ¿en contra diputado? en pro, en pro, diputado Altamirano. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del partido Acción Nacional.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor presidente, compañeras y compañeros diputados: la recomendación que pone a consideración de esta asamblea la Comisión de Trabajo y Previsión Social, nos merece algunos juicios, dada la importancia que tiene esta recomendación que redundará en beneficio de los periodistas; creemos que el trabajo humano tiene la dignidad eminente de quienes lo realizan, independientemente de lo que produzcan. El trabajo humano no es mercancía, ni simple factor de la producción, para Acción Nacional que ha defendido vigorosamente el respeto a la persona del trabajador, a sus organizaciones, a sus anhelos y ha luchado por un sistema económico, político y social que refleje y garantice la primacía del trabajo sobre los bienes materiales e instrumentales que constituyen el capital, ve en esta recomendación un acto de justicia que desde hace mucho tiempo debió haberse dado; es necesario que exista en el medio periodístico, que existan salarios justos y remuneradores, desgraciadamente los salarios que perciben los periodistas, hasta el momento, no corresponden a las ganancias que algunos medios de comunicación tienen; desgraciadamente estas empresas de la comunicación, no revierten de un manera justa esas ganancias hacia sus trabajadores.
Por lo tanto, apoyamos esta recomendación que ha sido firmada por todas las fracciones parlamentarias y que va a contribuir a mejorar la calidad en el periodismo. Mejores salarios, van ha hacer mejores periodistas, mejores salarios, van a cambiar las condiciones que en algunos casos han permitido desvíos o usos indebidos del ejercicio periodístico; nosotros creemos que con esta recomendación que hace la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y en caso de aprobarlo esta soberanía, va a redundar no solamente en beneficio de los trabajadores de la comunicación, sino en general va apoyar y va a beneficiar la libertad de expresión en todo el país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Ángel Sergio Guerrero Mier.
El C. Ángel Sergio Guerrero Mier: - Con su venia señor presidente: honorable asamblea; indiscutiblemente que el punto de acuerdo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recogiendo la proposición de las nueve fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara presenta a su consideración, encierra un propósito definido, aunque se a través de una recomendación de que se incorporen a las normas mínimas de funcionamiento interno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una profesión digna, respetable, que entraña una función de primordial importancia para la vida política social y económica del país, como es la del periodista, en relación con la profusión de los medios de comunicación.
Este punto de acuerdo, ha sido materia no solamente del criterio y de la aprobación unánime de los miembros de la Cámara de Trabajo y Previsión Social, sino que, además debemos enfatizarlo, mereció la preocupación especial de sus miembros y del dirigente de la misma, el señor diputado Blas Chumacero quién anticipadamente promovió una entrevista con el licenciado Javier Bonilla, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para externarle la preocupación, la inquietud y el apoyo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que en sus diversas categorías, no sólo las que limitadamente se mencionan en la parte expositiva de los puntos de acuerdo, sino de conformidad con los estudios, con los análisis que realiza la dirección técnica de esa Comisión de Salarios Mínimos, se incorpore esta actividad y sea protegida al igual que los trabajadores manuales e intelectuales de todo el país, contemplados dentro de las tablas de esta Comisión.
Creemos que indudablemente, significa una corresponsabilidad y al mismo tiempo una correspondencia de esta Cámara, si aprobamos este punto de acuerdo de respaldar la tarea digna, ejemplar
y de servicio público que realizan los periodistas, a través de todos los medios de comunicación social. Muchas gracias. (Aplausos.)"
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El C. secretario: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido. En votación económica se pregunta sí se aprueba el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo, señor presidente. Gracias.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el C. diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa, en los términos del 102 del Reglamento.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización señor presidente: vengo a esta tribuna, a hacer un reconocimiento a la Comisión de Trabajo, que preside el diputado Blas Chumacero.
Ya lo había hecho personalmente, pero he considerado que también se vale hacerlo públicamente. El punto de acuerdo que ya ha sido aprobado, tiene una particular importancia para la vida política, social y cultural del país; en especial muy particularmente en el interior de la República. En el interior de la República, los compañeros periodistas, padecen condiciones de trabajo muy difíciles, este punto de acuerdo les abre una posibilidad de negociación y una posibilidad de fuerza, que seguramente redundará en beneficio de todo el país. Por supuesto este punto de acuerdo, no perjudica sino al contrario, fortalece el trabajo de los distintos sindicatos nacionales y locales de periodistas, en términos de contratación colectiva y es evidente que una consideración de este tipo por parte de la Cámara de Diputados, además una consideración ponderada y meditada, ayuda al trabajo periodístico en nuestro país.
Un trabajo periodístico, que se enfrenta a distintas situaciones; ahora mismo en Oaxaca, tenemos una huelga prolongada difícil, que ha recibido algunas muestras de solidaridad de diversos sindicatos: en el Diario de Oaxaca. Aquí mismo en esta tribuna, había señalado hace tiempo, que la situación del Diario de Oaxaca, era una situación difícil por la prepotencia y la violencia, de que hacía objeto de este diario. Este punto de acuerdo fortalece a los periodistas y fortalece al trabajo de comunicación social; éste punto de acuerdo puede ser en un momento determinado, un precedente muy importante para que los compañeros periodistas, empiecen a trabajar también por el salario de 40 horas, que es una demanda también de la unión de periodistas democráticos y del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.
Y si tomamos en cuenta que en estos momentos, simplemente pagarles la comida, la comida a una familia integrada por cinco miembros, representa más de 3 mil 350 pesos; mucho más que el salario mínimo general. Y si tomamos en cuenta que el salario mínimo constitucional, debiera ser en términos de suficiencia de 10 mil 093 pesos, entonces esto significa que este punto de acuerdo representa un paso importante para el desarrollo de la lucha de los obreros y de los trabajadores asalariados por lograr mejores condiciones de vida, no solo para los periodistas, sino para todos ellos. Por ello, y en función de estas consideraciones reitero mi reconocimiento a la Comisión de Trabajo que preside el ciudadano Blas Chumacero. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Efraín Jesús Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Señor presidente: hemos pedido la palabra para hechos, para señalar que evidentemente desde nuestro punto de vista, el punto de acuerdo que se acaba de aprobar, es un substancial avance para los trabajadores, reporteros que hacen opinión en este país, que no solamente se dedican a tomas la realidad y plasmarla en sus páginas de los periódicos, sino que además forman una parte muy importante de la opinión pública. Pero quisiéramos que esta actitud positiva, se pudiera traducir y ampliar en otras instancias y en otros organismos.
Mencionamos esto, solamente por una razón: hay muchos trabajadores gráficos, muchos reporteros, muchos trabajadores, todos ellos dedicados a la prensa, que constantemente ven afectados sus derechos laborales, es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Siteuno, sindicato que no ha sido reconocido aún, a pesar de varias luchas que ha llevado ya a cabo, por las autoridades laborales.
Sería muy bueno, que ese espíritu positivo que hoy se está mostrando en esta ocasión en esta Cámara de Diputados, pudiera ser considerado para que se terminen muchas e estas injusticias con los trabajadores de las artes gráficas. Muchas Gracias.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 1985.
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal
Honorable asamblea: El Ejecutivo Federal en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en al artículo 43 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, presento en tiempo y forma a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1985.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turno en su oportunidad el citado documento a esta honorable Cámara de Diputados por conducto de su Oficialía Mayor, quien en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo remitió a la Comisión de Vigilancia, para que esta a su vez turnara la cuenta pública a la Contaduría Mayor de Hacienda y a las comisiones unidas que suscriben para proceder a su análisis en los términos de la Ley orgánica del citado órgano técnico de esta representación popular.
La Contaduría Mayor de Hacienda, procedió a elaborar y rendir el informe previo en los términos del artículo 3o. de su ley orgánica, mismo que envió en su oportunidad y dentro del plazo legal a la Comisión de Vigilancia quien lo remitió a estas comisiones dictaminadora.
Como resultado en los trabajos realizados por estas comisiones en el análisis profundo de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, se somete a la alta consideración de este pleno el siguiente:
DICTAMEN
Las Comisiones Unidas en la elaboración del presente, lo han dividido para su mayor comprensión en los apartados que conforman su estructura lógica y que son los siguientes:
I. Marco jurídico;
II. Perfil socioeconómico;
III. Resultados financieros;
IV. Objetivos y metas de los principales programas;
V. Conclusiones.
Constituyendo capítulo especial de singular relevancia el análisis del cumplimiento por parte del Departamento del Distrito Federal de las disposiciones legales que rigen tanto su actividad dentro de los ámbitos competenciales que la delimitan, como particularmente la observancia de los ordenamientos financieros que esta representación aprobó para el ejercicio fiscal de 1985, es de elemental lógica iniciar este dictamen con la referencia al marco jurídico que integrado por múltiples ordenamientos aplicables en la materia presupuestaria hace posible encuadrar las responsabilidades constitucionales que a ésta soberanía impone el artículo 74, fracción IV de nuestra Carta Magna.
I. Marco jurídico
Acto legislativo de gran trascendencia constituye la revisión que de la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal realiza la honorable Cámara de Diputados en uso de atribuciones exclusivas y que consiste en el examen financiero de un ejercicio fiscal contemplado como un acto no sólo de contenido técnico, sino particularmente de carácter político.
La reforma constitucional al artículo 74, confirió una amplitud a la atribución de ésta soberanía en cuanto a la revisión de la cuenta pública para que dicha función lejos de concentrarse a un mero ejercicio contable de gasto y partidas, permita la formulación de juicios sobre el logro de objetivos programados.
Sobre el supuesto anterior, las comisiones dictaminadoras, para evaluar la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal de 1985, han tomado en consideración como elemento sustancial en su estudio, el informe previo que la Contaduría Mayor de Hacienda, Órgano Técnico de la honorable Cámara de Diputados formuló en cumplimiento a la obligación que le impone la fracción II inciso a) del artículo tercero de su Ley Orgánica.
Dentro de este conexo cabe señalar que los ordenamientos objeto de evaluación en su cumplimiento, pueden dividirse en dos grandes rubros, a saber: ordenamientos sustantivos que enmarcan las actividades del Departamento del Distrito Federal como entidad de la Administración Pública, parte del Poder Ejecutivo Federal, como entidad coordinadora de sector y ordenamientos adjetivos.
que básicamente regulan aspectos financieros relacionados con los ingresos y su captación y los egresos y su ejercicio.
De acuerdo con esta división material, en el primer rubro ubicamos a la Ley de Planeación, la Ley de la Deuda Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; y en el otro apartado haremos el análisis de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985; la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Ley de Planeación
Ordenamiento de importancia singular como sustento de todo un sistema de planeación nacional, con apoyo específico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su aplicación fue objeto de análisis sobre dos aspectos de las actividades del Departamento del Distrito Federal; el primero está relacionado con la coordinación entre dicha entidad, sus unidades administrativas y sus unidades coordinadas, observándose el cumplimiento en materia de planeación y programación sectorial derivada del establecimiento de procedimientos adecuados para verificar la relación que deben guardar los programas y presupuestos de cada unidad sectorizada, así como la implantación de un sistema de evaluación que hizo posible adoptar medidas tendientes a corregir con la debida oportunidad las disposiciones dictadas en el seguimiento de los programas, realizando la corrección mediante el ejercicio de reprogramación de actividades que permita alcanzar los objetivos y las metas propuestas.
En cuanto a la planeación, el Departamento del Distrito Federal, estableció un sistema interno que propició los mecanismos de autoevaluación y valoración que operan en las unidades sectorizadas contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de planeación, elemento estructural dentro de su sistema de planeación, constituyó el programa de acción elaborado por el Departamento como entidad cabeza de sector con fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, así como el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro. Resultado de los foros de consulta popular organizados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal.
Cabe manifestar que en la observancia del ordenamiento objeto del presente apartado, y con apoyo en el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, fue posible establecer una falla de comunicación entre las unidades coordinadas y el Departamento del Distrito Federal, referida a la validación de los programas mencionados, susceptibles de corregirse mediante la atención oportuna y permanente a las entidades.
Ley de la Deuda Pública
En cuanto a la observancia de este documento, la revisión se concentró en verificar el cumplimiento de los requisitos para la autorización de financiamiento, así como el de los compromisos derivados de su contratación, y por otra parte, la obligación de informar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, sobre los movimientos relacionados con la deuda pública y el pasivo circulante. Cabe apreciar que en términos generales el Departamento del Distrito Federal cumplió cabalmente con las obligaciones antes señaladas, afirmación que encontró su apoyo en informes proporcionados por las dependencias globalizadoras a que se ha hecho mención.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Constituyó objeto de examen el grado de cumplimiento de las obligaciones que como dependencia y como coordinador sectorial tienen a su cargo el Departamento del Distrito Federal.
Al respecto se estableció que el Departamento del Distrito Federal expidió y viene aplicando los manuales de organización institucionales específicos que han sido validados y se mantienen actualizados y acordes con su estructura, esta obra culminó con la elaboración y publicación del Manual General de Organización del Departamento del Distrito Federal en el Diario Oficial del 26 de marzo de 1986. Parte trascendente resulta el registro y trámite del ejercicio del gasto público en el cual el Departamento del Distrito Federal observó los lineamientos establecidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Finalmente, para elaborar y conducir la programación, coordinación y evaluación de las operaciones de sus entidades, el Departamento creó un sistema interno de planeación que permite evaluar con la debida oportunidad las operaciones de sus entidades coordinadas y que se retroalimente con la información que éste le envían.
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal
Fue objeto de examen entre otros aspectos, como parte sustancial de la función fiscalizadora, el control y registro de la constitución de las garantías que aseguren el exacto cumplimiento de los contratos y convenios que celebra el Departamento del Distrito Federal: las erogaciones por servicios y las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y, lo referente a las concesiones de servicio público.
Del análisis de éstos aspectos, se aprecia que los contratos y convenios celebrados por el Departamento del Distrito Federal, fueron elaborados en los formatos tipos sujetándose a la normatividad aplicable en la materia; en lo tocante a las erogaciones por servicios y adquisiciones de bienes mueble e inmuebles, fueron debidamente controlados y vigilados mediante el sistema de ejercicio presupuestal implantado por el Departamento y el Comité de Compras que funciona en la propia entidad; en lo referente a las obligaciones en materia de concesiones de servicio público, cabe expresar que la información proporcionada no es suficientemente amplia, siendo preciso que el órgano fiscalizador de esta Cámara profundice sobre este aspecto, con la debida oportunidad durante las acciones tendientes a la elaboración del informe de resultados.
Ordenamientos de carácter financiero y normativo de los ingresos y egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985.
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985
Se concentró el análisis en la observancia de este ordenamiento, en la materia relacionada con la captación de recursos por concepto de financiamiento, estudiándose el endeudamiento neto, así como los ingresos obtenidos como resultado del aumento en la productividad o por la modificación de precios y tarifas. Respecto al endeudamiento neto del Departamento del Distrito Federal para 1985, cabe concluir que los recursos obtenidos por este medio se aplicaron a cubrir el programa de inversión autorizado oportunamente por la Secretaría de Programación y Presupuesto; respecto a los ingresos obtenidos como resultado del aumento en la productividad o por la modificación de precios y tarifas de bienes y servicios del Departamento del Distrito Federal, no fue posible dadas las fechas de modificación de los precios y tarifas contar con suficiente información que permita apreciar los alcances de estos ingresos, siendo comprensible esta situación por las contingencias derivadas de los sismos de septiembre de 1985, por lo cual será el informe de resultados quien permita determinar los alcances de estas acciones en materia de ingresos promovidos por el Departamento del Distrito Federal y tendientes a lograr el saneamiento de sus finanzas.
Presupuesto de Egresos el Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1985
En lo referente a la ejecución del presupuesto, se analizó lo relativo a la prohibición de afectar recursos públicos para fines específicos, las erogaciones por concepto de servicios personales, la prohibición de contratar nuevos arrendamientos, los gastos de adquisición de bienes, las normas del programa de austeridad en gastos que deben reducirse al mínimo indispensable, los gastos por concepto de ayuda o subsidios y lo relativo a la adjudicación de contratos de obra pública.
Sobre cada una de las obras objeto de análisis, cabe resaltar, el Departamento del Distrito Federal cumplió con la normatividad derivada del decreto aprobatorio de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 1985, contando con la vigilancia permanente de su contraloría general interna y ajustándose a los lineamientos dictados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, mismos que son dados a conocer a sus unidades coordinadas mediante circulares, políticas y tabuladores; las normas de austeridad fueron aplicadas en la celebración de contratos de arrendamiento, de adquisición de muebles e inmuebles así como los gastos que debieron reducirse al mínimo indispensable, solicitándose en éstos últimos casos, autorización al titular de la dependencia: en relación con las obras adjudicadas en forma directa o por convocatoria simplificada, el Departamento del Distrito Federal no siempre pudo ajustarse a los montos máximos establecidos al tener serias dificultades para conseguir contratistas con la capacidad técnica suficiente para encargarse de obras de gran magnitud como son las del sistema de transporte colectivo y el sistema hidráulico; en materia de adquisiciones, el Departamento del Distrito Federal cuenta con un Comité Central de Compras que participa y vigila el cumplimiento de la normatividad en la materia proporcionando servicio al propio departamento y a las entidades del sector.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento
Particular atención revistió la observancia del cumplimiento de la obligación que tiene a su
cargo el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas de informar con la debida oportunidad el monto y características de su deuda pública flotante, así como la obligación de obtener autorización de la Secretaría de Programación y Presupuestos para la celebración de contratos de obra pública, de adquisiciones y de suministros que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el ejercicio fiscal de 1985 y que afectan presupuestos de años subsiguientes. Por lo que respecta al ordenamiento reglamentario de la ley de la materia, fueron objeto de análisis las obligaciones que el Departamento del Distrito Federal en su carácter de coordinador para orientar a sus entidades coordinadas en el cumplimiento de las acciones relativas a políticas y lineamientos en materia presupuestaria, de contabilidad y de gasto público federal así como el establecimiento de procedimientos acordes con las necesidades del sector y que permiten la congruencia con la normatividad que en materia de gasto público haya emitido la Secretaría de Programación y Presupuesto, asimismo se revisaron la aplicación de normas y lineamientos que en la elaboración de los programas de entidades y dependencias emite cada año la Secretaría de Programación y Presupuesto para el cumplimiento de los lineamientos que se deben observar al contraer compromisos.
Sobre este apartado, cabe indicar que en lo tocante a la Ley del Departamento del Distrito Federal, manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento al informe sobre su deuda pública, pasivo flotante en los plazos legales, debido a que su presupuesto de egresos se ejerce a través de recursos propios, de financiamiento y de estímulos fiscales que son proporcionados para que físicamente cubra su gasto, no siendo en consecuencia posible el reporte de pasivos circulantes, concretándose a definirlo para que sea reportado al Gobierno Federal mediante la presentación de la cuenta pública.
Se estima que independientemente de la justificación dada por el Departamento del Distrito Federal, tiene la obligación de ajustarse a la normatividad aplicable en la materia por lo que deberá realizar un esfuerzo en dicho sentido.
En relación con las obras, adquisición y suministro que rebasan en su contratación un ejercicio fiscal, el Departamento manifiesta que se trata de proyectos de gran magnitud como son las obras del transporte colectivo y sistema hidráulico en cuya realización se canalizan recursos durante 3 o 4 años, sin embargo todas las obras han sido autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuestos y el Departamento del Distrito Federal únicamente comprende cada año los recursos presupuestales autorizados en el presupuesto correspondiente.
Respecto al cumplimiento por parte de las entidades coordinadas del Departamento del Distrito Federal en cuanto al registro contable de sus operaciones, puede apreciarse que en lo general fue satisfactorio, sin embargo existen algunas discrepancias entre las entidades y su coordinador sectorial destacando entre ellas la falta de un proceso sistemático de programación.
Respecto al cumplimiento del reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en términos generales cabe apreciar que el Departamento del Distrito Federal y las entidades por él coordinadas se ajustaron a este ordenamiento, siendo únicamente de destacar; la falta de oportunidad en la comunicación a las entidades del sector de las políticas relativas al estricto cumplimiento del citado ordenamiento, asimismo de la información captada, cabe concluir que aun no se ha establecido un mecanismo para vigilar que los recursos por concepto de transferencias que no hubiesen sido devengadas se reintegren a al Tesorería de la Federación por parte de las entidades coordinadas, manifestando el Departamento del Distrito Federal que las entidades cumplieron con dicho reintegro toda vez que no reportan excedente alguno, cabe expresar que será la Contaduría Mayor de Hacienda quien profundice sobre este particular en las actividades que realiza tendientes a la elaboración del informe de resultados.
Respecto a la cuenta detallada de la aplicación de fondos y aportaciones otorgadas con cargo al presupuesto de Egresos de la Federación, el Departamento del Distrito no ha considerado necesario establecer mecanismos adicionales sobre este particular dado que el otorgamiento de subsidios se realiza en forma centralizada y de acuerdo a los lineamientos que sobre el particular emite la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Ley de Obras Públicas y su Reglamento
Respecto a las obligaciones en esta materia se revisó fundamentalmente los aspectos relativos a la programación de obras en general, la adjudicación de contratos de obra mediante licitaciones públicas, el otorgamiento de garantías por los contratistas, los avisos de iniciación y terminación de las obras, así como el envío de información a las secretarías de Programación y Presupuesto y Contraloría General de la Federación.
En forma sustancial cabe manifestar que en el cumplimiento de estos ordenamientos el Departamento del Distrito Federal no se apegó estrictamente a lo dispuesto en los mismos, justificando dicha conducta en las características de emergencia que se presentaron durante el ejercicio fiscal de 1985, así como en la necesidad de contar con empresas contratistas idóneas para realizar obras de la magnitud del metro y del sistema de drenaje profundo, sobre este particular será la Contaduría Mayor de Hacienda la que determine en uso de sus atribuciones si es valida la justificación dada por la entidad, teniendo en consideración los criterios de eficiencia y oportunidad que deben satisfacer en el caso de obras públicas, relativas a servicios de primera necesidad que demanda la población capitalina como son transporte, abastecimiento de agua y drenaje.
Ley de Adquisiciones, y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles
En esta materia fue objeto especial de revisión el control, guarda y almacenamiento de bienes muebles por parte del Departamento del Distrito Federal, así como sus entidades coordinadas; los mecanismos relativos a la simplificación administrativa, descentralización y delegación de funciones y ajuste de los objetivos y políticas para adquisiciones y arrendamientos, conforme a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo e implantación de medidas para la conservación y operación de los bienes adquiridos.
Cabe apreciar que tanto el Departamento del Distrito Federal como sus entidades coordinadas, dieron cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley de la materia siendo de resaltar las siguientes observaciones, objeto de la función fiscalizadora:
Las entidades coordinadas afirmaron carecer de instalaciones y espacios adecuados para el debido almacenamiento de los bienes que adquieren, situación que resulta comprensible dado los efectos del sismo que afectó edificios del Departamento del Distrito y sus entidades coordinadas, así como áreas destinadas al almacenamiento de bienes. Respecto a la obligación de realizar las adquisiciones con proveedores registrados en el padrón respectivo de la Administración Pública Federal, el Departamento informa que no obstante haber dado cumplimiento en lo general a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley de la materia, existieron situaciones urgentes en las cuales fue preciso llevar a cabo pedidos y contratos con la aprobación del Comité Central de la dependencia, en circunstancias excepcionales lo cual será examinado a detalle por la Contaduría Mayor de Hacienda.
Consideración general sobre este apartado
Del análisis de los ordenamientos que rigen el ejercicio de las atribuciones del Departamento del Distrito Federal, en su doble carácter de entidad del Ejecutivo Federal y coordinador de sector, así como de los ordenamientos de vigilancia anual de carácter financiero como son la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1986 y su presupuesto de egresos para el propio ejercicio fiscal, y además ordenamientos aplicables en la materia, es posible apreciar que el Departamento del Distrito Federal de cumplimiento en lo general a las disposiciones contenidas en el marco jurídico que regula su actuación, siendo de estimar que la inobservancia de algunas disposiciones, particularmente aquellas relativas a las obras públicas, derivan de la naturaleza de la entidad que realiza como objetivo primordial acciones de gobierno de la ciudad capital, lo cual le imponen a su actuación un matiz singular que permite apreciar criterios de valorización excepcionales, en cuanto al cumplimiento de disposiciones que en circunstancias ordinarias debe ser estricto, para que en casos de emergencia y ante necesidades imperiosas de cobertura continua de servicios públicos indispensables para la comunidad hace posible un margen de flexibilidad, es decir la disyuntiva de dejar realizar obras de emergencia por el necesario cumplimiento de disposiciones legales, traduciéndose esto en perjuicios irreparables para la comunidad, la acción del gobierno capitalino debe ser vista con apego a criterios de oportunidad y eficiencia, independientemente de que se comprueben a posterior por el órgano fiscalizador de esta representación nacional, la situación de emergencia que hace necesaria la contratación de obras en condiciones excepcionales, que de ninguna manera colocan a la dependencia en un marco de ilegalidad o arbitrariedad.
II. Perfil Socioeconómico
Durante el período comprendido entre 1983 y 1985, el país ha avanzado en la dirección correcta pero ante la presencia de obstáculos imprevistos, no fueron logradas la totalidad de las metas.
Para lograr una evaluación objetiva del acontecer económico debemos considerar los retos que enfrentaba el país a fines de 1982, cuando la tendencia de la crisis apuntaba a una hiperinflación y quiebra masiva de empresas; además debemos tomar en cuanta las dificultades que surgieron tales como el deterioro continuo de los
precios internacionales del petróleo y la persistencia de altas tasas de interés externas.
Con esta perspectiva en mente cobran sentido los avances logrados en controlar la inflación y la planta productiva y en la cuidad capital, el incremento de los servicios públicos de transporte, abasto, agua potable, drenaje y demás servicios de gran impacto social.
En la balanza comercial y en cuanta corriente se lograron resultados positivos pero desde mediados de 1984 se empieza a observar una desaceleración de las exportaciones, situación que se agudiza en 1985 por la reducción del precio internacional del petróleo.
La producción industrial se recuperó desde mediados de 1983 y para el primer semestre de 1985 presenta un comportamiento muy dinámico que aunque significa por un lado mas empleo por el otro aceleró las importaciones deteriorando la balanza de pagos.
Durante el segundo semestre de 1985, se detiene el crecimiento económico ante el surgimiento de escasez de divisas y de recursos financieros externos.
En 1985 en materia de producción se logró una tasa de crecimiento de 2.7% similar a la prevista (3%) pero menor en 1% a la observada un año antes de 3.7%. La mayoría de los sectores económicos mostraron a lo largo del año un comportamiento dual ya que el primer semestre fue de auge y el segundo de contracción.
Entre las dificultades u obstáculos que afectaron negativamente la producción y la balanza de pagos deben destacarse las de origen externo. En este sentido podemos mencionar la disminución del precio del petróleo de exportación tanto en febrero como mayormente en junio, la restricción crediticia en los mercados financieros internacionales (prácticamente inaccesible durante todo el año de 1985), la permanencia de las tasas de interés internacionales en niveles elevados, la desaceleración de la economía y el comercio mundial, y la agudización de las barreras proteccionistas de los países desarrollados a nuestras exportaciones.
En el ámbito interno se evidenciaron desviaciones y presiones importantes: aceleración del proceso inflacionario, elevación de las tasas de interés, aceleración del proceso de deslizamiento del peso respecto al dólar.
Los obstáculos internos y externos obligaron a un nuevo esfuerzo de austeridad presupuestal que implicó una reducción de 850 mil millones de pesos en el gasto público, es decir condiciones de austeridad mas severas que las que se habían previsto originalmente. El resultado de esto fue que se tuvieron que posponer o reducir el ritmo de realización de programas, obras y proyectos.
Las desviaciones respecto a las previsiones originales de inflación, tipo de cambio y tasas de interés impactarán hacia arriba al gasto no programable (fundamentalmente el pago de intereses) y por ende reducción en el gasto de obras públicas y en otros rubros de gasto en bienes y servicios, con el fin de evitar un disparo en el déficit público que hubiera acelerado la inflación y los problemas de balanza de pagos.
Dado que el Distrito Federal se concentra una proporción importante de la actividad productiva, se afectaron sus condiciones económicas.
La tasa de desocupación abierta en el Distrito Federal registró cifras trimestrales de 5.7, 4.3, 5.2 y 4.4 en 1985 que son mayores que las cifras respectivas a nivel nacional (5.2, 3.9, 4.6 y 3.7, respectivamente).
El índice de precios al consumidor registró un incremento entre diciembre de 1984 y diciembre de 1985 de 63.8% en el Distrito Federal prácticamente igual a la variación registrada a nivel nacional, pero que altera la tendencia de otros años en que la variación era menor en el Distrito Federal, que a nivel nacional.
A la reducción de la capacidad presupuestal para atender las demandas de la sociedad se agregó un reto adicional derivado de enfrentar problemas ocasionados por los mismos registrados en el mes de septiembre de 1985.
No obstante estas dificultades, en la cuenta pública de 1985, se observa que el Gobierno de la ciudad de México realizó enormes esfuerzos de coordinación, oportunidad en la acción, canalización selectiva de recursos humanos y materiales, mejorías en la organización y simplificación administrativa, que permitieron ejercer control de la situación socioeconómica apoyado prioritariamente las actividades de alto contenido social, de mayor beneficio a los grupos populares.
Para analizar el esfuerzo, avance y dificultades en el manejo presupuestal del Departamento del Distrito Federal, además de las condiciones económicas generales del país, debemos tomar en cuenta la magnitud de los problemas de la ciudad de México y en particular las presiones demográficas a que está sujeta.
Sabemos bien que nuestro país por sus características de desarrollo , tiene una distribución demográfica inadecuada, originando áreas subpobladas y otras con altas densidades poblacionales, donde se dan grandes concentraciones industriales, comerciales y de servicios. La cuidad de México presenta esta situación en su máxima expresión, donde se asienta una población de 10.5 millones de habitantes, que representan el 12% del total del país, concentrada en menos de la milésima parte del territorio nacional, por lo que se considera como una de las ciudades mas pobladas del mundo; ya que la densidad poblacional en el área urbana del Distrito Federal fue de 17 543 habitantes por kilómetro cuadrado.
Situación que se ve agravada por los casi 7 millones de personas que viven en las áreas conurbanas, y que de una u otra forma utilizan la infraestructura de servicios existentes en la ciudad capital. Igualmente es conveniente resaltar que aproximadamente el 37% del producto interno bruto nacional no agrícola, se produce aquí, el 50% de la producción industrial que emplea el 45% de la mano de obra utilizada en este sector.
El crecimiento urbano originado por la población y la intensa migración de los últimos lustros, se ha dado en forma desordenada provocado que el suelo sea utilizado en forma irracional, ocupando áreas destinadas a las actividades agropecuarias y ocasionando además problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra y costos crecientes en la introducción de todo tipo de servicios.
Este gran crecimiento, ha originado que la demanda de servicios públicos se haya incrementado en forma extraordinaria, requiriendo erogaciones que rebasan la disponibilidad de recursos financieros con que cuenta la cuidad.
Para ilustrar los avances, complejidad y los altos costos que representa proporcionar los servicios básicos urbanos, se mencionan los siguientes datos, referentes a 1985; el servicio de agua potable se otorga al 100% de la población; el 97.0% a través de la red de distribución domiciliaria y el 3.0% restante mediante carros tanque. Este líquido se trae desde considerables distancias, como son las cuencas de los ríos Lerma y Cutzamala, así como de 784 pozos ubicados en el Valle de México. Para su conducción y distribución se cuenta con 555 kilómetros de red primaria, 12 mil kilómetros de red secundaria, 443 kilómetros de acueductos, que surten a 200 tanques de almacenamiento y se cuenta con 102 plantas de bombeo, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, infraestructura que requiere de un mantenimiento permanente. Se estima que durante 1985, el Distrito Federal recibió un caudal promedio de agua potable de 33.9 metros cúbicos/segundo. Además, se cuenta con 1.5 metros cúbicos por segundo de agua tratada, para uso de las áreas verdes.
En la Cuenta Pública de 1985 se informa que en materia de drenaje y tratamiento de aguas negras, se dio servicio al 74% de la población. El 26% que carece de él, está ubicado en la periferia de la cuidad y en asentamientos irregulares. Se cuenta con una infraestructura de 1 mil 208 km de red primaria, 12 mil 184 km de red secundaria, 52 plantas de bombeo y 400 km de drenes principales para la conducción de aguas residuales; tres ríos entubados y 90 km de drenaje profundo. Toda esta infraestructura requiere de trabajos continuos y costosos para su conservación y ampliación, tratando de mejorar la cobertura del servicio y hacerlo mas eficiente, así como reducir los riesgos de inundación por lluvias torrenciales.
En una ciudad como el Distrito Federal, considerada como una de las mas pobladas del mundo, la recolección de basura alcanza cifras impresionantes; para 1985 se recolectaron un promedio de 12 mil 877 toneladas diarias, utilizando para ello una gran infraestructura para su traslado y disposición final; de ésta se dio tratamiento a 565 mil 423 toneladas en el año, así como la construcción y operación de rellenos sanitarios y plantas de incineración, como las de San Juan de Aragón y Tlalpan que están en proceso. Asimismo, se eliminaron 2 mil 950 tiraderos clandestinos de basura y clausuraron cuatro más a cielo abierto, con el propósito entre otros, de erradicar la fauna nociva que se genera.
De los grandes problemas que nos aquejan y que tienen diversas repercusiones, es el del transporte público, servicio que tiene un carácter estratégico ya que coadyuva al desarrollo socio - económico de la ciudad.
En los diversos foros de consulta entre autoridades y ciudadanos se ha planteado insistentemente la máxima prioridad a la solución del problema del transporte. En respuesta a dicho planteamiento comunitario el Gobierno de la ciudad ejerció en servicio de transporte más de un tercio del gasto programable total en 1985.
Tomando en cuenta la gran extensión urbana del Distrito Federal, así como la zona conurbana, en donde se realizan poco más de 33 millones de viajes- persona - día, durante 1985 ha sido necesaria una concertación de acciones entre las autoridades del estado de México y del Departamento del Distrito Federal; con la finalidad de mejorar la presentación de este servicio. En 1985 la demanda de 22.8 millones de viajes - persona - día, fue atendida
por el Departamento del Distrito Federal a través de sus diferentes modos de transporte, en aproximadamente el 55%. Contando para ello con 112.5 km en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y un parque vehicular de 2 mil 080 carros, con lo cual se logró la transportación de 1 324.4 millones de personas anuales con un promedio de 4.1 millones de pasajeros en día laborable . El servicio de Transporte Eléctrico cuenta con un parque vehicular de 853 trolebuses, equipo con el cual movilizó a un total de 187 millones de pasajeros en el año. Autotransportes Urbanos de pasajeros Ruta - 100, transportó 1 970.6 millones de pasajeros en sus diferentes rutas con un parque vehicular de 6 mil 631 unidades.
Una de las consecuencias mas graves para la salud de todos los que habitamos esta región, debido principalmente a esta gran concentración urbana- industrial, es la contaminación ambiental que sufrimos ya que se producen seis mil toneladas diarias de contaminantes que provienen en un 85% de gases emitidos por vehículos de combustión interna, y el 15% restante de instalaciones fabriles y otros agentes contaminantes.
La explosión demográfica, el hacinamiento, las dificultades para obtener un empleo estable y bien remunerado han motivado que se registre una elevación en la frecuencia e intensidad de conductas antisociales que se reflejan en un crecimiento de los índices de alcoholismo, drogadicción y vandalismo. Es por ello que para brindar una mayor seguridad se incrementó el número de policías en servicio activo con 1 mil 533 nuevos elementos, se amplió el equipo por lo que se contó con 2 mil 507 patrullas, 11 helicópteros, 4 mil 304 vehículos diversos y se construyeron 86 módulos de seguridad en las diferentes delegaciones.
Además, debe destacarse lo que informa la cuenta pública de 1985 en cuanto al especial cuidado que se puso en la profesionalización de los miembros del cuerpo de seguridad de la ciudad mediante el aumento del número de elementos que han cursado los programas básicos así como de los que han tomado cursos de especialización y/o actualización policial.
A las dificultades financieras vinieron a sumarse los efectos derivados de los sismos que se registraron en esta ciudad en el mes de septiembre de 1985; segando la vida de cientos de capitalinos; la infraestructura existente registró graves deterioros, sobre todo en materia educativa, donde 1 mil 658 escuelas sufrieron daños, hospitales, mercados públicos, comunicaciones; redes de agua potable donde se originaron 5 mil 285 fugas; drenaje y oficinas públicas, así como gran cantidad de construcciones particulares y viviendas populares que se vieron afectadas.
En cuanto a los servicios educativos, conviene señalar que al Gobierno de la ciudad le corresponde otorgar el servicio de mantenimiento a las instalaciones de los diversos niveles educativos y se coordina con las áreas responsables a nivel del Gobierno Federal para determinar donde localizar los nuevos centros educativos. Cabe destacar que se logró dar mantenimiento a la totalidad de los edificios escolares en los diversos niveles. Además, se ejecutaron acciones de emergencia para rehabilitar en breve tiempo los planteles escolares que sufrieron daños por los sismos ocurridos en el mes de septiembre.
Respecto a vivienda las facultades del Departamento del Distrito Federal en la atención de la demanda es mínima ya que los organismos federales como el Infonavit y Fovi , entre otros, son las instituciones responsables de apoyar la construcción de vivienda; sin embargo, el Departamento del Distrito Federal realizó en 1985, 1 mil 338 acciones conformadas por 754 operaciones de autoconstrucción, 34 de mejoramiento de vivienda y 550 viviendas terminadas. Además, a través de las cajas de previsión de la policía y para los trabajadores a lista de raya, se construyeron 310 viviendas.
Entendemos que los servicios de salud que presta el Departamento del Distrito Federal, se orientan a cubrir los requerimientos de la población no atendida por las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, es decir población no asalariada y de bajos niveles de ingreso. Al respecto, la cuenta pública informa que en la ciudad de México se cuenta con la siguiente infraestructura: cuatro hospitales generales con 774 camas; 13 hospitales pediátricos con 892 camas y ocho unidades médico - quirúrgicos con 185 camas. Además, se tienen cinco unidades médicas en los Centros de Readaptación Social.
Para compensar la aceleración de las presiones inflacionarias ocurridas en 1985, se justifica el reforzamiento de los programas y acciones orientadas a reducir o atenuar sus efectos en la capacidad de compra de los grupos de menor ingreso.
Al respecto, en la cuenta pública de 1985 se informa que en materia de abasto y comercialización, el Gobierno capitalino realizó un enorme esfuerzo de concertación, coordinación y organización para apoyar la modernización del Sector Comercio, en especial el que se relaciona con bienes básicos.
Entre las acciones realizadas destaca la reubicación de 15 mercados sobre ruedas y la modernización de 158 mercados públicos. También debe destacarse que con el inicio de operaciones de 11 almacenes más se llegó a un total de 76 Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal, que dan servicio a la población en general en forma oportuna y suficiente de precios accesibles.
Para mejorar la administración de justicia se promovió la revisión del régimen jurídico que incluyó adecuaciones a los siguientes ordenamientos: Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Comercio y la Ley Orgánica de Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Asimismo, se modernizaron y simplificaron los procedimientos judiciales y se capacitó al personal además de aumentar sus emolumentos.
De esta manera se han descrito los avances logrados para mejorar la calidad de la vida en el Distrito Federal, así como las deficiencias que aun persisten y los problemas u obstáculos que han surgido para ampliar la cobertura de los servicios públicos.
Es evidente que aunque se han intensificado acciones emprendidas para desconcentrar la actividad económica, urbana y poblacional, éstas han sido rebasadas por la emigración de los habitantes que han traído como consecuencia que la demanda de servicio se vea incrementada cada año, en mayor medida que los recursos financieros asignados.
Sin embargo, a pesar de la austeridad presupuestal y de los desastres naturales, fue posible incrementar la cobertura de los servicios de transporte, agua, vigilancia, abasto, entre otros. El haberse logrado todo esto con recursos presupuestales limitados y otras dificultades refleja el esfuerzo de coordinación, productividad y eficiencia realizada por la Administración del Gobierno del Distrito Federal durante 1985.
III. Resultados Financieros
La finalidad de este apartado es analizar de manera conjunta la gestión financiera realizada por el Sector Central y los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, en materia de ingresos, egresos, deuda y déficit.
Este análisis tiene como propósito conocer el grado en que se ajusto el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos en su ejercicio, así como los factores que influyeron en las variaciones más importantes.
Consolidado de Ingresos
La política tributaria del Departamento del Distrito Federal, se enfocó principalmente al fortalecimiento de la capacidad financiera y de gestión administrativa del Departamento del Distrito Federal. Como respuesta se llevaron a cabo acciones encaminadas a la actualización de los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización, así como la desconcentración de áreas administradoras y recaudadoras para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, asegurando así los recursos económicos para que el gobierno capitalino pueda satisfacer las necesidades de servicios públicos que demandan los habitantes de la ciudad de México.
Los ingresos recaudados por el Departamento del Distrito Federal, durante el Ejercicio Fiscal de 1985, fueron 787 527 millones de pesos, cifra superior al original programado en 17%. Esta captación represento un crecimiento respecto a 1984 de 58% en términos nominales y un decrecimiento del 6% en términos reales. El incremento a lo previsto fue por una mayor obtención de recursos del Sector Paraestatal, provenientes de subsidios y aportaciones, y de las participaciones en impuestos federales, así como por los financiamientos al Sector Central.
La recaudación por ingresos ordinarios del Sector Central fue de 353 445 millones de pesos, ello significó un incremento de 38% en relación al año anterior.
Los ingresos ordinarios que mayor dinamismo mostraron a lo largo del año, tienen la siguiente estructura: los ingresos obtenidos en las fracciones de predial y adquisición de inmuebles, alcanzaron montos de 22 148 y 12 449 millones de pesos respectivamente, registrando crecimientos de 56% y 74% en relación a los ingresos obtenidos en 1984. Incrementos que se explican por la normalización de los cobros en predial en bienes revaluados y a la aplicación de impuestos sobre adquisición de inmuebles con valores actualizados. Cabe señalar que los propietarios de predios afectados por los sismos ocurridos, fueron eximidos del pago del impuesto predial a partir de septiembre de 1985, así también de aquellos inmuebles que fueron expropiados.
Para el logro de la recaudación del período analizado, se hizo necesario modificar la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, mediante la derogación y reformas de diversos preceptos, manteniendo vigentes las disposiciones que establecen desgravaciones en impuestos predial y de adquisición de inmuebles,
contribuciones de mejoras y derechos por servicio de agua, protegiendo así a los sectores de la población de menores recursos económicos.
Por lo que respecta a los ingresos no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos), durante 1985 alcanzaron la cantidad de 36 930 millones que representan un crecimiento nominal de 4% respecto al año anterior.
La captación por concepto de derechos fue del orden de 24 585 millones de pesos, 26% más de lo recaudado en el año precedente, con una disminución del 9% a lo estimado para el ejercicio. Esta caída se originó por la suspensión del cobro de la cuota por servicio de agua potable en las zonas afectadas de la ciudad.
Los ingresos en la fracción de productos, ascendieron a 10 574 millones de pesos, cifra superior en 4 419 millones, 72% más ante su presupuesto de 6 155 millones, provenientes de los intereses generados por las inversiones en valores, originando por el establecimiento y operación de un nuevo sistema que permite la recepción en firme por parte de la Institución Bancaria de la recaudación diaria.
Se registró un importe de 1 771 millones de pesos en aprovechamientos, lo que significa un 26% menos en relación a lo estimado, esto como consecuencia de haber pasado renglones importantes de su recaudación a otros capítulos como es el caso de las multas fiscales que se reclasificaron contablemente en los conceptos de accesorios de las contribuciones.
Las participaciones en impuestos federales, fueron del orden de 277 793 millones de pesos, cantidad superior, en 12 984 millones, 5% más ante su estimación y en comparación al año pasado, registro un crecimiento del 43%. Consecuencia de que los impuestos (IVA e ISR principalmente) son proporcionales con el incremento al índice de precios.
En apoyos fiscales ingresaron 53 817 millones, 46 por ciento mayor al registrado en 1984, distribuyéndose estos principalmente en el Programa Regional de Empleo, Programa de la Carne, adquisición de vehículos y equipo de seguridad, becas y apoyos a delegaciones, aplicados en acciones de recolección y tratamiento de basura, mejoramiento urbano, agua potable, escuelas y drenaje, así como el pago de Adefas.
Por lo que respecta al financiamiento documentado obtenido durante 1985, fue del orden de 155 815 millones de pesos, este permaneció inalterable respecto al nivel que se aprobó en el presupuesto autorizado. Las Adefas de ingresos se situaron en 83 875 millones de pesos, el crecimiento que se presenta con respecto al original de 53 875 millones de pesos, obedece a que se recurrió al financiamiento no documentado con acreedores y contratistas, con la finalidad de realizar acciones prioritarias, orientadas a ampliar y mejorar las obras y servicios básicos que demanda la ciudadanía. Dicho financiamiento celebrado en diciembre de 1985, será cubierto a corto plazo con recursos presupuestales de 1986.
Se recaudaron ingresos reales de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritario del Departamento del Distrito Federal, por 140 575 millones de pesos, significando un aumento de 21% a la cantidad prevista originalmente y 71% respecto al año anterior. Esta variación presupuestal se expresa por el aumento considerable de los apoyos fiscales en el transporte urbano; siendo todavía uno de los grandes problemas que se ha planteado en la ciudad de México desde años y por ende es preocupación de las autoridades el dotar de recursos necesarios a estos organismos para ofrecer los medios de movilización adecuados a su población, señalando que las tarifas a la fecha, aun no se habían incrementado.
Los ingresos obtenidos en el período correspondieron, 72% del total a los subsidios del Gobierno Federal, 13% a la venta de bienes y servicios y 15% a ingresos diversos.
Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100
Este organismo público, presta servicios aproximadamente a seis millones de pasajeros/día, integrado por un parque vehicular de 6 mil 631 unidades, brindando transportación no tan solo a los habitantes de las 16 delegaciones políticas de la capital, sino también a los de la zona metropolitana. Para el ejercicio de 1985, ingresaron 79 630 millones de pesos, 17% mayor al autorizado y 39% mayor a 1984. La captación de dichos ingresos se integran por la venta de servicios 5 924 millones de pesos, ingresos diversos 1 876, aportaciones del Departamento del Distrito Federal, 1 744 y 70 086 de transferencias del Gobierno Federal.
Sistema de Transporte Colectivo
El Metro transportó en 1985, a 83 millones de personas más que en 1984, reflejo de las ampliaciones que entraron en operación el mismo año, para alcanzar 112.5 km de vías dobles, 105 estaciones y 20 correspondencias entre sus 7 líneas.
Los ingresos obtenidos ascendieron a 43 963 millones de pesos, 9% menor a la asignación autorizada y 16 por ciento mayor a 1984. Se recaudaron por ingresos propios 3 455 millones y en transferencias y aportaciones 40 508 millones de pesos.
Servicio de Transportes Eléctricos
Este medio de transporte no contaminante destinó gran parte de recursos a la adquisición de trolebuses, así como a su restauración, conservación y construcción de nuevas líneas, financiando tales erogaciones con 800 millones de recursos propios, 7 230 millones de transferencias del Gobierno Federal y 9 362 millones en aportaciones del Departamento del Distrito Federal. Siendo el total recaudado de 17 392 millones, que comparado con 1984 se incrementó en 31%.
Industrial de Abastos
Ante la situación que prevalece en nuestra economía se ha visto afectado el poder adquisitivo de los ingresos familiares en los últimos años, los ingresos de los trabajadores se han reducido como resultado de la inflación que afecta en forma directa a los principales renglones del consumo. La entidad recaudó un total de ingresos en 1985 de 11 560 millones de pesos 242% superior a 1984 y similar a la estimación original. Sus ingresos propios se situaron en 9 860 millones de pesos y 1 mil 700 de aportaciones. Dicho organismo presenta un superávit favorable para este ejercicio.
Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal
Este organismo se constituyó para brindar beneficios económicos y sociales a los miembros de la policía preventiva, siendo en total la recaudación de 4 895 millones de pesos, correspondientes a ingresos propios, 81% de incremento en relación a la estimación original de 2 700 millones y 36% mayor a 1984.
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya
La recaudación de ingresos totales ascendió a 7 751 millones de pesos, a través de recursos propios, cifra superior en 76% a 1984 y 210% en relación a la estimación original. La captación de estos recursos fueron principalmente por concepto de recuperación de préstamos a corto plazo e hipotecarios.
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu)
Los ingresos de esta entidad se situaron en 9 495 millones de pesos, 2 769 millones de recursos propios y 6 726 de aportaciones del Departamento del Distrito Federal, en relación al autorizado representó un incremento del 50%.
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (Servimet)
Esta empresa registró ingresos totales por 1 759 millones de pesos, provenientes de recursos propios. Respecto a la estimación original, presentó una disminución del 62% y en relación al año pasado tuvo un incremento de 27%.
Consolidado de Egresos
Se continuaron observando las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, como directrices para llevar a cabo, el ejercicio y evolución del gasto dentro del marco de honestidad y eficiencia, reflejo de voluntad de la gestión pública del Departamento del Distrito Federal.
Los resultados del gasto reflejados en la cuenta pública de 1985 se presentan como sigue:
El presupuesto original autorizado ascendió a 672 038 millones de pesos, modificándose por ampliaciones y reducciones en 117 474 millones lo que determinó un presupuesto modificado autorizado de 789 512 millones.
El ejercicio real fue de 787 527 millones de pesos, reflejado un cumplimiento de aproximadamente 100% respecto al presupuesto modificado, 17% mayor al presupuesto original y 58% mayor en términos nominales al del año pasado, observándose una reducción del 6% en términos reales.
Los recursos de las ampliaciones se destinaron principalmente a incrementar obras del transporte colectivo en la línea nueve, así como en la construcción y mantenimiento del drenaje semiprofundo, apoyo a los programas de seguridad, regional de empleo e incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Federal.
En cuanto al gasto programable consolidado es decir, aquel que excluye el pago de deuda y aportaciones a los organismos, se destinaron 541 037 millones de pesos, de los cuales correspondieron 390 772 millones al Sector Central y 150 265 a organismos, modificándose a
629 227 millones, incremento que se distribuyó básicamente a cubrir incrementos salariales, adeudos de la Central de Abastos, apoyos al programa de becas y obras de vivienda, obras del colector semiprofundo de Iztapalapa y desazolve de la red de drenaje, así como apoyo al Programa Regional de Empleo y a la adquisición de 806 autobuses nuevos de Ruta - 100.
El gasto programable ejercido fue del orden de 627 642 millones de pesos, correspondiendo al Sector Central 452 306 millones y 175 336 a organismos y empresas, que comparando al presupuesto modificado resultó una economía presupuestaria de 1 585 millones, producto de un desfasamiento en la construcción de escuelas en la que no se contó con los terrenos oportunamente, así como obras de mejoramiento urbano y del sistema de agua y drenaje.
Los gastos directos de administración, fueron 268 453 millones de pesos, representando el 34% respecto al gasto total; uno de los capítulos que reflejaron mayores erogaciones, fue el de servicios personales, debido a los incrementos de carácter general decretados durante el año. En lo referente al gasto de inversión su evolución fue favorable, asignándose recursos a la terminación de obras en proceso, iniciación de nuevas, de conservación y mantenimiento y de adquisiciones de equipo, que por su magnitud requieren continuidad en el proceso de programación - presupuestación. Sin embargo, cabe resaltar que para este período de estudio se canalizó para este concepto el 44% respecto al gasto total, resultado de las necesidades básicas de la población. En relación al año anterior, el gasto de inversión disminuyó 8%, esta situación se debió fundamentalmente al incremento en los conceptos de pago de deuda.
La gestión pública del Departamento del Distrito Federal, oriento sus acciones para proporcionar condiciones dignas de vida y opciones viables de superación a la ciudadanía a pesar de la difícil situación económica que enfrentaba el país, a esta se agregaron los problemas provocados por los movimientos telúricos, exigiendo erogaciones impostergables y necesarias para atender las situaciones de emergencia y restauración de los servicios fundamentales de la ciudad de México. Bajo este contexto los organismos y empresas presentaron las siguientes erogaciones presupuestales en 1985.
Sistema de Transporte Colectivo
Este organismo fue apoyado para su operación, con un presupuesto original de 48 350 millones de pesos, modificándose a 44 429 millones, estas reducciones se presentaron al posponerse la instalación de bandas transportadoras de usuarios en las estaciones de La Raza y Consulado, el programa de adquisiciones de trenes, así como las retenciones del 20% que afectaron las ministraciones de subsidios programados de agosto a diciembre, para materiales, suministros y servicios generales. Lo expuesto refleja como resultado que la asignación ejercida del Metro fuera de 42 963 millones, dejándose de ejercer 1 466 millones.
Autotransportes de Pasajeros Ruta - 100
Sus acciones prioritarias se encaminaron a disminuir la contaminación, el mejoramiento de las instalaciones modulares, la adquisición de mayor número de unidades y a la capacitación y adiestramiento del personal para elevar su nivel de productividad y eficiencia.
En lo concerniente al presupuesto autorizado, se le asignaron 68 002 millones de pesos, que durante el transcurso del ejercicio se modificó a 80 327 millones, esta ampliación se debió a la adquisición de nuevas unidades de transporte, ejerciendo al final, la suma de 79 630 millones, mismos que fueron destinados en un 74% a gasto corriente y 26% a inversión física, sin presentar amortización de la deuda y una diferencia de gasto por ejercer de 697 millones.
Servicio de Transportes Eléctricos
El presupuesto original correspondiente a este organismo ascendió a la cantidad de 19 150 millones de pesos, modificándose a 17 512 millones, esta reducción de recursos, obedeció principalmente a no haber adquirido en forma total los trolebuses programados. En tanto el ejercicio real fue de 16 457 millones, canalizándose 46% a los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y 54% a gasto de inversión.
Industrial de Abastos
I.D.A. concluyó su ejercicio con el cumplimiento de garantizar en épocas de escasez el abasto de la carne y reacondicionar sus instalaciones para la producción y venta de productos cárnicos e industrializados, incluyendo nuevos productos con un alto nivel nutricional. Realizando erogaciones por 11 098 millones de pesos, cifra similar a la asignación modificada y mayor en 234 por ciento con respecto al original, esta variación se dio para regular el precio de la carne y de esta forma permitir la estabilización del mercado.
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Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu)
La asignación autorizada para este organismo en materia de vivienda alcanzó un total de 6 335 millones de pesos, cuyo destino fue a la inversión, cifra que se modificó por una ampliación presupuestal de 3 160 millones, ejerciendo 7 638 millones, 20% superior al original y menor en la misma proporción al modificado, dejándose de ejercer 1 857 millones, correspondientes a obras en proceso terminadas en 1986.
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V. (Servimet)
El presupuesto original autorizado a Servimet fue por la cantidad de 4 603 millones de pesos. Durante el ejercicio se registraron reducciones por un importe de 3 474 millones de pesos y ampliaciones por la cantidad de 630 millones de pesos con lo cual se llegó a un presupuesto modificado de 1 759 millones de pesos.
Las reducciones que se efectuaron al presupuesto de la empresa, fueron consecuencia de que en 1984 se anunció la posible liquidación de Servimet, por lo cual se retrajeron las acciones inmobiliarias en gran parte del año de 1985, que se ubican en el Programa 2D Planeación de los Asentamientos Humanos.
Por lo que respecta a las acciones del Programa 2L Mejoramiento Urbano, casi en su totalidad se llevaron a cabo, salvo la construcción de cajones de estacionamientos, que no se efectuaron debido a la indefinición de la continuidad de las operaciones de la entidad y en parte a los efectos de los sismos de septiembre. Por las causas comentadas anteriormente, el ejercicio presupuestal de Servimet alcanzó un 38% con relación al presupuesto original y un 100% con respecto al presupuesto modificado.
Caja de Previsión de la Policía
El estado general de egresos presupuestales que presenta esta entidad fue la siguiente: su gasto real ejercido ascendió a 4 895 millones de pesos, correspondiendo el 58% a gasto de operación, 10% a inversión física y 32% a inversiones financieras. Con respecto a 1984 su crecimiento fue de 36%, arrojando saldos positivos para este ejercicio.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
Los gastos efectuados alcanzaron la cifra de 7 751 millones de pesos, correspondiendo 67% a inversiones financieras, 30% a gasto de operación y 3% a inversión física. Las ampliaciones presupuestales otorgadas se canalizaron básicamente a cubrir prestamos a corto plazo e hipotecarios para el beneficio directo de sus afiliados.
Deuda Pública
El Departamento del Distrito Federal ha recurrido al financiamiento en su mayor proporción al gasto de inversión, con la finalidad de fortalecer los programas de obras y servicios urbanos básicos que demanda la ciudadanía.
Para 1985 se programó originalmente un pago por concepto de deuda pública por 131 001 millones de pesos, meta que fue modificada a 164 298 millones, ejerciéndose 159 885 millones 22% mayor a lo autorizado, cuyo incremento se ubicó en la deuda no titulada (Adefas) como resultado de la insuficiencia de los ingresos propios y del financiamiento no recibido en 1984.
Del total del pago de la deuda, correspondió 158 776 millones al Sector Central y 1 109 al Sector Organismos y Empresas.
El incremento en el pago de la deuda de 1985 respecto a 1984 fue de 158%, consecuencia de los créditos contratados con Banobras incluyendo las pérdidas cambiarias ante los tipos de cambio de diciembre de 1984 a diciembre de 1985.
El saldo de la deuda total al 31 de diciembre de 1985, ascendió a 443 060 millones de pesos, 436 855 millones al Sector Central y 6 205 millones a Organismos y Empresas. Esta situación llevó a las autoridades a estudiar posibles alternativas de reestructuración para que el Gobierno Federal asumiera la deuda del Departamento del Distrito Federal, cuyos resultados serán reflejados en el siguiente ejercicio presupuestal.
Déficit
Los ingresos que se presentaron para 1985 descendieron, en tanto el gasto no lo hizo en la proporción necesaria para compensar la insuficiencia de los ingresos propios, situación que se manifiesta por la difícil situación económica. Estos indicadores reflejaron un déficit financiero de 216 179 millones de pesos que representaron un 33% mayor comparado con el presupuesto original y 80% superior al año anterior. Este aumento se debe a que se autorizó un mayor gasto de inversión, obteniendo un ahorro corriente descendente al que originalmente se había previsto. Esta reducción de ahorro fue
GASTO TOTAL CONSOLIDADO DEL D. D. F.
(MILLONES DE PESOS)
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(MILLONES DE PESOS)
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PARAESTATAL (MILLONES DE PESOS)
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resultado de las inversiones realizadas en los servicios básicos que demanda esta concentración urbana y que no son recuperables por la vía de precios y tarifas, por lo cual fue necesario obtener fuentes de financiamiento para cubrir dicho déficit, este fue apoyado por un endeudamiento neto titulado de 125 965 millones, resultado de las colocaciones por 156 514 millones y un pago de amortizaciones por 30 549 millones, recibiendo transferencias por parte del Gobierno Federal por 47 478 millones, generándose una deuda no titulada por 36 397 millones como consecuencia de un gasto pendiente de pago para 1986 de 83 875 millones y un pago de adeudos de 1984 por 46 478 millones.
DÉFICIT FINANCIERO CONSOLIDADO DEL D. D. F.
( Millones de Pesos )
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IV. Objetivos y Metas de los Principales Programas
En este apartado y para dar cumplimiento a los preceptos legales de la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 1985, se analizan los objetivos y metas contenidos en los programas que sustentan la acción de Gobierno en el Distrito Federal
En este período destacan los esfuerzos que mejoraron la programación presupuestaria, ya que la estructura programática utilizada en 1984 quedó establecida en 37 programas; para 1985 se presenta una nueva estructura programática que abarca un total de 22 programas, que agrupan en forma ordenada las acciones que anteriormente se encontraban dispersas, permitiendo agilizar el ejercicio del gasto público, como así también la simplificación en los trámites administrativos, obteniéndose un mejor control y seguimiento del uso y destino de los fondos públicos.
Para este año se establecieron como programas prioritarios, los siguientes: Transporte Urbano, Seguridad Pública, Agua potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras, Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física Educativa, Vivienda, Regularización de la Tenencia de la Tierra, Salud, Recolección y Tratamiento de Basura y deuda Pública del Departamento del Distrito Federal. Estos programas, en relación al
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monto total del presupuesto original representaron el 68%, sin embargo a través del total de programas, se atendió la cobertura de los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal, aprovechando su capacidad instalada, a pesar de los daños presentados por los sismos de septiembre del año pasado, donde se respondió a las demandas mas urgentes de los capitalinos, así como a las acciones señaladas el programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la región centro. El presupuesto asignado al Sector del Distrito Federal, permitió una distribución de recursos acorde a las necesidades, bajo los lineamientos enmarcados dentro de la estrategia de reordenación económica, donde se establecieron como objetivos prioritarios; mantener e incrementar en lo posible la prestación de los servicios públicos básicos, continuar con el estricto control del crecimiento urbano, impedir el establecimiento de industrias contaminantes y desalentar la concentración de la población en el Distrito Federal.
Los objetivos y metas alcanzados por el Departamento del Distrito Federal durante 1985, muestran avances significativos a pesar del crecimiento demográfico y de los efectos causados por los sismos que ocasionaron graves daños a la infraestructura de servicios, a la planta física educativa y a la vivienda.
Las variaciones observadas en el ejercicio del gasto son producto del retraso de las entregas de insumo para el transporte colectivo en sus diferentes modalidades, a proyectos de construcción que estuvieron sujetos a cambios y programaciones, por el alza en los materiales de la construcción; y a la atención de programas prioritarios afectados por los sismos, que obligaron a reforzarlos, para la reanudación de los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal.
Transporte Urbano.
El transporte público en el Distrito Federal coadyuva al desarrollo socioeconómico, ya que participa en la reorganización territorial de las actividades económicas y de los asentamientos humanos, permitiendo que este se preste a la ciudadanía en forma eficiente y económica.
Bajo este contexto y ante el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de México durante los últimos años, motiva que sean impulsados los
esfuerzos para mejorar el transporte masivo en sus diversas modalidades. Para ello los recursos asignados a este programa representan un porcentaje de participación dentro del presupuesto ejercido el 1985 del orden del 29.6%, siendo este programa uno de los de mayor importancia del propio Departamento del Distrito Federal.
En 1985 fueron transportados 3 482.0 millones de personas de los 4 218.3 millones programados originalmente, con lo cual se cumple la meta en un 83%. La variación que se presentó se debió fundamentalmente a la suspensión en el mes de marzo del servicio de tranvías por inicio de las obras del tren ligero ya que Ruta - 100 no contó oportunamente por parte del proveedor del parque vehicular programado, como así también el Sistema de Transportes Eléctricos en la entrega de trolebuses.
El sistema de Transporte Colectivo Metro, proporcionó el servicio a 1 324.4 millones de personas, cifra mayor en 14.4 millones a la de 1 310.1 millones de usuarios programada originalmente. El sistema de red alcanzó 112.5 km, con un total de 2 080 carros en operación y 105 estaciones. La longitud construida de red fue de 9.38 km, con lo que se superó la meta programada en un 15% y entraron en operación 7.74 km al inaugurar la línea 7 los tramos Auditorio - Tacubaya, con 2.74 km y Tacubaya Barranca del Muerto con 5.00 km.
Por otra parte se continuó con los proyectos de las lineas 7 norte y 8, los cuales se avanzaron según programa; adicionalmente se construyeron 9.80 km de vialidad coincidente, correspondiente a la 4a. etapa, meta que se cumplió al 100%. En la adquisición de trenes de un meta modificada de 17, se logro la adquisición de 14 trenes, debido a que la compañía constructora de carros de ferrocarril, no cumplió con las entregas en los tiempos establecidos, por tal motivo el período de los trenes restantes fue diferido para el ejercicio de 1986.
Con respecto a las acciones de mantenimiento menor de los 2 080 carros, se alcanzó un cumplimiento de 3.017 acciones que representan el 93% de la cifra programada. Además se les proporcionaron 34 992 acciones de mantenimiento cíclico correspondiendo; 24 097 a mantenimiento menor y 10 895 al mayor; siendo esta última cifra inferior a la programada de 17 291 acciones. Entre los factores que impidieron la consecución de esta meta se encuentran, la falta de disponibilidad oportuna de refacciones y equipo de importación. Sin embargo, lo anterior no fue obstáculo para que con el personal y material disponible, se realizaran los mantenimientos requeridos para tener en óptimas condiciones el equipo rodante.
El servicio de Transportes Eléctricos transportó a 187.0 millones de usuarios de los 365.0 millones programados originalmente. Por medio de Trolebús y Tranvías, la variación de la meta alcanzada obedeció a que la empresa Mexicana de Autobuses, S. A. retrasó la entrega de unidades ya que los 160 trolebuses programados soló entregó 92, sin embargo, la necesidad de contar con un número mayor de vehículos anticontaminantes, obligó a reprogramar su adquisición.
En la meta prevista de la construcción de 114.5 km de nuevas líneas de trolebuses, a diciembre sólo se tenía un avance de 23 km, lo que significó el 20% respecto a la meta original. Cabe mencionar que actualmente los restantes 91.5 km mostraron un avance de obra de un 85%, lo que permitió que a julio del presente año se igualara la diferencia y se inauguraran seis nuevas rutas con lo que quedó concluida esta acción, elevándose significativamente el número de personas transportadas por este medio no contaminante.
Con el fin de mejorar la operación del servicio se restauraron 100 trolebuses y se proporcionaron 3 576 acciones de mantenimiento y se dio conservación a 555.2 km de líneas elevadas y a 50 subestaciones.
Con referencia a los tranvías se les proporcionó mantenimiento a los 40 en operación; este servicio fue suspendido, para iniciar la construcción del tren ligero, programándose 18 km para 1985 en vía doble, construyéndose sólo la primera etapa que comprende el tramo de la estación Tasqueña de metro a Huipulco con 11.4 km y la segunda etapa, que correrá de Huipulco a Xochimilco con una longitud de 6.6 km en vía doble; la cual fue diferida para 1986 debido a que se consideró prioritaria la terminación del primer tramo.
Es conveniente aclarar que por una impresión en el proceso de programación - presupuestación, se consideró que la construcción y la rehabilitación de vías destinadas al tren ligero tendrá un total de 18 km, siendo que la cifra correcta es de 26.0 km, en doble circulación en dos etapas, la primera que comprende 11.4 km de Tasqueña a Huipulco y la segunda de 14.2 km de Huipulco a Xochimilco; a diciembre de 1985 se cumplió con la primera etapa y la segunda actualmente cuenta con un avance del 15% en obra física.
A través de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 se transportó a 1 970.6 millones de
usuarios, 5% menor a la cifra modificada de 2 075.7 millones, las acciones desarrolladas permitieron reconstruir 175 autobuses de los 300 programados, los recursos de la diferencia de las 125 unidades restantes, se transfirieron para llevar a cabo la reconstrucción de motores, así como entre otros trabajos la reparación de transmisiones, bombas de inyección, chasises, inyectores, etc., no es el desafiamiento en el programa de reconstrucción se debió a que el retraso de 1984 repercutió en 1985, motivado por el incumplimiento de las compañías constructoras, sin embargo para mejorar este servicio se adquirieron 806 nuevas unidades y a fin de eficientar la red de operación se construyó un módulo prototipo y un taller tipo.
Cabe resaltar que debido a los sismos registrados en septiembre se otorgó servicio gratuito del 21 al 26 del mismo mes, lo que también contribuyó a que no se alcanzara la meta programada. Como metas complementarias y con el propósito de planear el crecimiento de la infraestructura del transporte masivo, tanto subterráneo, como el de superficie, se elaboraron 34 estudios, 27 referentes a la vialidad e infraestructura, seis sobre revisión de precios unitarios y uno de evaluación de proyectos; con lo que se cumplió el 100% de la meta modificada.
Es conveniente destacar que el programa de transporte se ha llevado mayores inversiones en los últimos años.
Hoy en día existe una demanda de 22.8 millones de viajes - persona - día en la ciudad de México, de los cuales el 55% es atendido por el Departamento del Distrito Federal. En este mismo año las tarifas existentes no permitían la recuperación de sus costos de operación y de inversión.
A este programa le fueron asignados originalmente 210 528 millones de pesos, 93 720 millones para gasto de operación y 116 803 para inversión física, cifra que fue modificada a 233 176 millones, 11% más de la cifra original que correspondió casi en su totalidad a gasto de capital, y cuyo destino fue la adquisición de autobuses de Ruta - 100, obras de ampliación del metro, y a diversas acciones de mantenimiento mayor de instalaciones de este último. El presupuesto ejercido ascendió a 233 172 millones de pesos, casi el 100% del total modificado.
Ante el crecimiento demográfico de la ciudad de México, es necesario tomar acciones que desalienten el uso de vehículos particulares, una de ellas sería aumentar la prestación del servicio de transporte colectivo en el número y capacidad suficiente para la demanda que se presente, por ello se hace necesario recalcar la importancia del programa en cuanto a la asignación de recursos, los cuales de acuerdo a la posibilidad del Departamento del Distrito Federal, no deben ser restrictivos y deberán ser aplicados, mediante las normas establecidas para tal fin.
Además deberá considerarse conveniente el incremento paulatino a las tarifas como el aplicado en este año, con lo cual se logrará el equilibrio deseado; mismo que permitirá el saneamiento de las finanzas del Departamento del Distrito Federal.
Seguridad Pública
El contenido de este programa tiene como propósito fundamental brindar seguridad a los habitantes de esta ciudad, mantener el orden público, proteger la integridad física y moral de las personas en sus bienes y posesiones y dar la fluidez vehicular en el tránsito capitalino.
Bajo esta premisa las acciones desarrolladas se enfocaron disminuir los índices de delincuencia, accidentes y siniestros, por medio de los 27 mil elementos con los que cuenta el Departamento del Distrito Federal, habiéndose patrullado una área de 1 251 km2, meta superior en 9.0% a la programada de 1 145 km2, variación se fundamenta por la aleatoridad de la demanda por parte de los ciudadanos capitalinos.
En acciones ligadas a las operaciones de rescate se otorgaron 17 251 servicios, meta 15% mayor a la modificada, con lo que se evitó en la medida de lo posible la ocurrencia de siniestros y la perdida de vidas humanas.
En acciones de rescate, otorgados 18 mil servicios médicos de urgencia, 10% menor a la meta modificada en virtud de que este servicio depende de la demanda ciudadana.
En la expedición y control de documentos se superó la meta programada en un 12%, lo cual se explica por la demanda de la población, que hizo uso del servicio otorgándose 562 mil documentos.
Con el propósito de mejorar los servicios que otorga el cuerpo de policía y tratando de profesionalizar a estos, se impartieron 49 cursos de especialización y formación policial básica, cantidad 96% mayor a la meta programada y 43% menor a la modificada, la variación en esta última se debió a que se suspendieron las actividades a consecuencia de los sismos ocurridos durante 1985.
Para este mismo año, la inscripción registrada fue de 3 271 personas, habiendo egresado 1 533 elementos, esta meta tuvo un cumplimiento menor a lo previsto, debido a que las generaciones 16, 17, 18 y 19 terminaron sus cursos durante los primeros meses de 1986, siendo incorporada la mayoría de los elementos al cuerpo de policía preventiva.
En 1985 se programó la compra de un terreno a efecto de construir las nuevas oficinas de la Secretaría de Protección y Vialidad, sin embargo, dicha acción no fue posible llevarla a cabo debido a las opciones de compra de terreno no cumplieron con los requerimientos de operación y ubicación.
Como parte de la modernización de los sistemas de información y comunicación se incorporó nuevo material, destacando la adquisición de 500 patrullas, y equipo diverso como jeeps, grúas, panels, pick - ups, motocicletas, equipos de radio móvil, transmisores - receptores, torres de intercomunicación y un conmutador.
Adicionalmente por medio de las delegaciones, se construyeron 86 módulos de protección e información, a través de los cuales se presta el servicio en forma mas oportuna.
Las prestaciones del personal tuvieron mejoras sustanciales como son el otorgamiento de casa habitación, créditos, despensas e incrementos en primas e indemnización y jubilación, también destaca la coordinación de los programas de capacitación profesional del cuerpo de policía, con la participación de la U.N.A.M. y de la U.A.M.
Es necesario resaltar que dentro de las acciones de seguridad, se llevaron acabo las tareas de vigilancia rutinaria o de patrullaje a pie o en base a rondas en las colonias populares; las operaciones de protección habitacional, a las instituciones crediticias y de pago, receptorías de rentas, de protección obrera los días de raya; operaciones contra secuestros de autobuses; de vigilancia en parques y jardines; operaciones de vigilancia en eventos deportivos y especiales; de dispersión de pandilleros; de protección a escolares; de control de tránsito en manifestaciones; de rescate aéreo de emergencia y de protección a turistas, entre otras.
Los recursos asignados originalmente fueron 23 144 millones de pesos, cifras que se incrementó en un 50% arrojando un presupuesto modificado y ejercido de 34 798 millones de pesos.
El incremento presentado se debe a los aumentos de las remuneraciones del cuerpo de policía, de policías en activo, así como del vestuario, alimentación, prestaciones sociales, vehículos, armamento y equipo de comunicaciones adquirido para un mejor desempeño de sus funciones.
El comportamiento de las metas alcanzadas puede considerarse como aceptable, sin embargo podrá detener el alto índice delictivo es necesario continuar tecnificado las acciones de seguridad, ampliando el ingreso de nuevos elementos, y reducir la vigilancia de las instituciones bancarias para poder contar con mas elementos en activo. Por otro lado la Secretaría de Protección y Vialidad, deberá instrumentar acciones tendientes a la utilización de sistemas de operación ágiles que prevengan los actos delictivos de la ciudad de México.
Agua Potable.
En este concepto, las acciones se orientaron a mantener el nivel de abastecimiento de vital líquido en calidad y cantidad suficiente para cubrir las necesidades de los 10.5 millones de habitantes del Distrito Federal, mediante la ampliación de la infraestructura correspondiente y el mantenimiento del sistema de distribución.
Mediante la infraestructura existente se surte el agua potable al 97% de la población a través de la red de distribución domiciliaria y el 3.0% restante mediante carros tanque, además de contar con agua tratada para uso en las áreas verdes.
Dentro de las acciones desarrolladas destacan la construcción de 8.19 km del Acueducto Periférico Ramal Sur, meta que se alcanzó al 96% respecto a la meta modificada; a pesar de las modificaciones de obra por el tipo de terreno que dificultaron la aplicación de las técnicas de trabajo.
En la ampliación de la red primaria Río Magdalena Cerro de Agua, la meta fue alcanzada en 75 metros de los 1 mil 560 metros programados originalmente. Esta meta quedó modificada con una longitud de 100 metros, debido a que los vecinos del lugar se opusieron a su realización, ya que su trazo se consideraba la afectación a la vialidad de la zona. Los recursos sobrantes se canalizaron a obras de sustitución de pozos en los Valles de México y Lerma.
A fin de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua potable, se construyeron los tanques "La Era y Santa Ursula Xitla" con capacidad global de 3 mil metros cúbicos, además se realizó la primera etapa de construcción de los tanques "Cerro de la Estrella y Villa Verdum", que tendrán una capacidad total de 100 500 metros
cúbicos, la meta alcanzada fue del orden del 58%, con respecto a la modificada; en la perforación de pozos, la meta fue rebasada en un 7% con respecto a la original y modificada perforándose 32 pozos, en Lerma y el Valle de México; en la ampliación de las líneas de conducción, se alcanzó un avance del 53% o sea 19.0 km de los 35 programados como modificados, la variación fue motivada por retrasos en la contratación de la obra, no obstante los 17 km restantes se encuentra en proceso de construcción.
En la distribución gratuita de agua potable en carros - tanque, se tuvo una meta modificada de 73 millones 645 mil 200 litros, y se alcanzó 1 mil 266 millones 969 mil 100 litros. La fuerte variación en esta meta se debió, a que por los sismos que se vio afectado el sistema de abasto normal y se tuvo que intensificar el reparto de agua por medio de pipas. En la instalación de bolsas ahorradoras de agua fueron colocadas 478 mil 083 bolsas, cumpliéndose la meta establecida y se instalaron también 1 mil 543 paquetes sanitarios de bajo consumo en la Delegación Benito Juárez, meta realizada en un 31%; el incumplimiento fue debido a que los accesorios son de importación, por lo que se ha promovido ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la producción nacional.
Por otro lado se instalaron 48 mil 600 medidores de agua, 62% mas de la meta programada; en materia de conservación y mantenimiento de vehículos se otorgaron 5 mil 695 acciones, 48% más a la meta original; también se atendieron 417 unidades de equipo diverso y 312 unidades de plantas de bombeo, cantidades menores a las previstas, por dar prioridad a otras acciones derivadas de los sismos.
El mantenimiento correctivo al equipo, se cumplió al proporcionarlo a 417 equipos programados en la meta modificada, el mantenimiento preventivo a plantas de bombeo y equipo diverso no se cumplió en su totalidad, debido a que se mantuvieron en operación permanente los equipos electromecánicos, y las de las plantas durante la temporada de precipitación pluvial, los recursos no ejercidos se utilizaron en apoyar las obras de construcción y revestimiento de sifones, así como en la sustitución de pozos.
En la rehabilitación de 80 pozos, sólo se alcanzaron 55, debido a la distracción de los recursos humanos y materiales para apoyar el programa de emergencia originado por los sismos, no obstante la diferencia de 25 se encuentran en proceso de rehabilitación.
En la impermeabilización de tanques, mantenimiento eléctrico a plantas potabilizadoras, ampliar la red secundaria, conservación y mantenimiento de la misma red, inspección de pozos particulares, operación de tanques y plantas de bombeo, operación de la red primaria, instalación del control automático de pozos, conexión de tomas domiciliarias y adquisición de insumos, las metas establecidas para cada uno de estos conceptos se cumplieron en su totalidad y en algunos casos se superaron.
Adicionalmente se repararon 108 mil 423 fugas de agua y fueron censadas 500 mil tomas domiciliarias.
Con lo que respecta al servicio de agua potable afectado por los sismos disminuyó el caudal en 7.6 metros cúbicos por segundo, como consecuencia de 16 facturas en los acueductos del sur y 5 mil 285 desperfectos en las redes primarias y secundarias, lo que motivó al Departamento del Distrito Federal a la realización de acciones correctivas, que reinstalarán el servicio a la población.
La asignación original de recursos a este programa fue de 29 646 millones de pesos, la cantidad modificada de 29 247 millones y la ejercida de 29 236 millones, siendo su distribución del 90% a inversión y 10% a corriente.
En términos generales se observó que el cumplimiento de objetivos y metas previstas fue satisfactorio a pesar de las circunstancias enunciadas en párrafos anteriores.
Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras
En este servicio las acciones se orientaron a mantener la cobertura y mejorar la eficiencia, en la descarga, recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales, así como a reducir los riesgos de inundación provocados por las lluvias torrenciales y hundimientos, dando especial atención al 26.0% de la población que carece de él, y que se encuentra ubicada en la periferia le la ciudad y/o en asentamientos humanos irregulares.
Para mantener esta cobertura, se excavaron 200 metros de túnel de interceptor central de drenaje profundo, el cual ya cuenta con 90 km, obra que se cumplió satisfactoriamente conforme a la meta modificada, también se construyeron 8.9 km de líneas de conducción de agua tratada de los 12.4 km establecidos como meta modificada, la reducción se debió a la necesidad de disponer recursos, para continuar la construcción de las
lumbreras 3y 4 de colector semiprofundo de Iztapalapa.
Las obras de regularización de Ciénega Grande y de rectificación de cause del río San Buenaventura fueron suspendidas , para dar atención a acciones prioritarias de las obras, colector de alivio Refinería Trujillo; rectificación y entubamiento de 5.5 km, sobre el Canal Nacional y de Chalco, Barranca de Memetla y parte de los Ríos Tacubaya y Becerra. en cuanto a la construcción del contenedor del colector semiprofundo de Iztapalapa, se alcanzó la construcción de 4.367 metros, superando la meta original y modificada. Además se inició la construcción de la primera etapa de las plantas de bombeo, Central de Abasto II y Miramontes; con el fin de ampliar la capacitación de descargas domiciliarias, fueron construidos 64.5 km de redes secundarias, 0.4 km, de redes primarias y 0.4 km de colectores de alivio; en la zona de los Pedregales Coyoacán, se construyó la primera etapa del sistema de drenaje con 9 km de colectores, 15.1 km de atarjeas, 2.6 km de colectores auxiliares y 1 mil 509 descargas domiciliarias, obras que beneficiaron a 217 mil habitantes de la zona. Las delegaciones ampliaron la red secundaria del sistema de alcantarillado en 102 km, y otorgaron mantenimiento preventivo a 3.768.1 km de la propia red.
Por otra parte, se efectuó la limpieza y desazolve en presas, ríos, canales, cárcamos y barrancas en 303 mil 002 metros cúbicos, se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 203 unidades de maquinaria y equipo; la primera alcanzó un 90% y la segunda tuvo un avance menor, por la transferencia de recursos para apoyar acciones de reconstrucción.
Dentro del mantenimiento al parque vehicular, se efectuaron 5 mil 624 acciones, 84% más a la cifra programada originalmente, esto se debió a que muchas unidades por su edad funcional requirieron la permanencia de este.
Asimismo, se llevó acabo el desazolve y limpieza de 1 millón 237 mil 166 piezas integradas por colectores, atarjeas, pozos de vista y coladeras, meta que casi se duplicó conforme a la establecida, debido a las necesidades de mantenimiento que requieren en época de lluvia; también se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo electromecánico y de radio al 1 mil 463 unidades, 17% mayor en la meta programada; en forma permanente y sistemática fueron operadas las nueve plantas del tratamiento de aguas negras y de manera adicional, se construyeron 1 mil 347 metros de atarjeas y albañales.
Por lo que se refiere a los daños sufridos el sistema de drenaje por los sismos de 1985, hubo necesidad de revisar su estructura, destacándose daños considerables en el Río de la Piedad a lo largo de 6 mil 500 metros, lo que ameritó su reparación inmediata en el cause del Río Churubusco, con el cruce con la avenida Pantitlán, se apareció una fractura en las cajones del río, la cual fue reparada con la prontitud debida; otros daños presentaron en la laguna de aireación de San Luis Tlaxialtemalco, en el colector "Los Pueblos del Sur" y varios conectores de descarga al gran canal de desagüe, los cuales también fueron atendidos.
Los recursos asignados a este programa originalmente ascendieron a 19 602 millones de pesos, mismos que se incrementaron a 26 806 millones de presupuesto modificado y se ejercieron 26 731 millones; la distribución de éste fue 98% para inversión y el 2% restante a gasto corriente.
Dentro de este programa se observó un cumplimiento razonable de los objetivos y metas; sin embargo debe seguir considerándose como prioritario, ya que obras de la magnitud como es el drenaje profundo, permitirán a esta ciudad de México bajo su crecimiento natural, satisfacer la demanda de este servicio a futuro.
Educación
Las acciones de este programa, se orientaron a atender la demanda de la población escolar capitalina, a través de la construcción y mantenimiento de las instalaciones educativas, en coordinación de la Secretaría de Educación Pública.
En educación preescolar, se construyeron 23 planteles 56% de la meta modificada, lo que permitió beneficiar a una población infantil de 9 mil 200 niños; los 18 planteles restantes quedaron en proceso de construcción, que a la fecha registran un 80% de avance promedio en obra física. Esto se debió a las dificultades para la localización de predios con características adecuadas; en este mismo concepto se les dio mantenimiento a 807 edificios, 6% más de la meta modificada.
En educación primaria se programó originalmente la construcción de 26 escuelas, misma que se modificó a 38, alcanzándose 32, con 480 aulas, quedando las seis restantes en proceso de construcción que a la fecha registra un avance del 90%; la diferencia fue por dificultades en la adquisición de predios, la construcción de estos planteles permitió beneficiar a 48 mil alumnos
en dos turnos; en el mantenimiento de escuelas se rebasó la meta modificada de 1 mil 125, alcanzándose 1 mil 190 un 6% más, todo ello derivado por los sismos.
En relación a las escuelas secundarias generales se programó una meta de construir 21 planteles, cifra que se modificó a 48 y se alcanzó la construcción de 39 escuelas con 585 aulas, beneficiando a 58 mil 500 alumnos en los turnos, matutino y vespertino, las nueve restantes presentan un avance de obra física del 99%; en el mantenimiento de escuelas de las 400 establecidas como modificadas se alcanzaron 466, 14% más.
En cuanto a la construcción de escuelas secundarias técnicas, fueron terminadas 57 con 636 aulas, beneficiando a 63 mil 600 alumnos, de las 78 programadas como modificadas. Las causas por las que no se cumplieron las metas obedecieron a la escasees de predios para su construcción; así como la reorientación de recursos para apoyar las obras de emergencia, las 21 escuelas restantes se encuentran en proceso de construcción con un avance promedio del 85% en obra física; en el mantenimiento de escuelas se dio conservación a 60 edificios 13% menor a la establecida como meta modificada, la variación se debió a que sólo se otorgó a las escuelas que así lo requirieron.
Los trabajos que se demandaron con motivo de los sismos determinaron que la Secretaría de Educación pública y el Departamento del Distrito Federal, se abocaran a modificar y realizar las reparaciones necesarias, a los planteles dañados, de los cuales 421 sufrieron daños mayores, 1 mil 237 con cuarteaduras que no afectaron su estructura, habiéndose reparado a la fecha y puesto en operación un total de 1 mil 310 escuelas.
A este programa se le otorgó un presupuesto original de 11 495 millones de pesos, mismo que se modificó a 12 825 millones y se ejercieron 12 779; 11% más al presupuesto original, la variación obedece a las reparaciones hechas a raíz de los sismos.
Es recomendable para evitar el desfasamiento de metas, que exista una mayor coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal, para la ubicación de los planteles escolares.
Salud
En este concepto el Departamento del Distrito Federal proporcionó asistencia médica a la población abierta buscando consolidar la atención oportuna, en especial a las clases económicamente mas desprotegidas, incrementar los niveles mínimos de salud e higiene y contribuir a la erradicación de las enfermedades transmisibles.
Con la infraestructura básica se otorgaron servicios Hospitalarios, médicos generales e infantiles a 2.1 millones de personas, cifra superior en un 18% a la modificada, crecimiento motivado por la atención de personas afectadas por los sismos; también se aplicaron 47 mil 131 dosis de vacunas para evitar brotes de epidemias, proporcionándose adicionalmente 554 mil medicamentos, 11% mayor a la meta original y 516% más que en 1984, en apoyo a familiar de ingresos menores.
Con el fin de capacitar al personal médico se impartieron 331 cursos, 14% más a la meta modificada; con la participación ciudadana, se realizaron 120 campañas de educación y orientación para la salud y fueron atendidas 22 mil 910 mujeres en edad fértil, sobre planificación familiar.
En la construcción del nuevo hospital Central de Urgencias "Rubén Leñero" se avanzó en un 30% según programa de obra, para este año se tiene como propósito el incrementar la cobertura de los servicios proporcionados por los hospitales de Traumatología. se iniciaron los trabajos para la transformación de dos hospitales infantiles a generales, el de Xochimilco y el de Iztapalapa; los sismos de septiembre, obligaron a dar prioridad a otras acciones de urgencias.
En el mantenimiento de unidades y hospitales, se programaron 99 instalaciones y se otorgó la conservación a 73, encontrándose una variación del 26%, esta meta no se alcanzó en virtud de que el último trimestre de año, se tuvieron que distraer recursos humanos, financieros y materiales, para la atención de la etapa de emergencia provocada por los sismos; adicionalmente en apoyo a la rehabilitación de pacientes, se llevó a cabo el trasplante de 121 córneas, beneficiando a igual número de personas, reintegrándose a su vida normal.
Este programa tuvo una asignación original de 12 418 millones de pesos, cifra que se modificó a 16 306 millones, ejerciéndose 16 303 millones, cifra que mostró una variación de 31% más comparada con la original; del presupuesto ejercido fue el 64% para gasto corriente y el 36% a inversión.
En general se observó un cumplimiento aceptable en los objetivos y metas planteados.
Vivienda
El problema de la vivienda en el Distrito Federal es difícil de resolver, por el mismo crecimiento
demográfico; aunado a ello se acrecentó mas debido a los daños causados por los sismos de septiembre de 1985, sin embargo considerando que existen entidades encargadas para tal fin, el Departamento del Distrito Federal, contribuye en forma marginal en el desarrollo habitacional a través de la construcción de vivienda a costos razonables, beneficiando así a las clases sociales mas desprotegidas.
Las metas alcanzadas a través de las cajas de previsión para los trabajadores a lista de raya y de la policía del Distrito Federal, ascendieron a 310 casas de interés social construidas.
Originalmente se programaron 460, meta que se modificó a 709 debido a que la Dirección General de Regularización Territorial asignó 15 predios. El desafiamiento de 480 viviendas que se presenta a diciembre de 1985, se debió por un lado a que 210 viviendas aun se encuentran en proceso de construcción por la disposición tardía de los predios, de las restantes 270, sólo se construirán 220, en virtud de cambios en el destino de la reserva territorial. En cuanto al mantenimiento de viviendas este se proporcionó a 2 mil 840, cumpliéndose la meta establecida.
El Departamento del Distrito Federal edificó 550 viviendas mediante el sistema de auto construcción, de las 760 programadas modificadas, la diferencia de 210 quedaron inconclusas, debido a que los periodos requeridos para los diferentes frentes de construcción fueron entregados en forma extemporánea, y porque las obras y proyectos tuvieron que ser revisados con motivo de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 1985.
Mediante el Fividesu Se llevó a cabo la edificación de 754 viviendas, mediante el otorgamiento gratuito de asesoría y supervisión técnica beneficiando a 3 mil 770 pobladores de las diversas delegaciones. La meta original de 2 mil 464 viviendas se redujo, debido a que fueron suspendidos temporalmente los trabajos en el frente denominado " Minas de Cristo", ya que los autoconstructores no lograron conjurar la fuerza de trabajo requerida para la ejecución de esta obra.
En mantenimiento de viviendas de la meta modificada de 72 viviendas, sólo se alcanzaron 34; esta meta fue reducida en virtud de que 38 solicitantes de crédito para el mantenimiento de su vivienda, no eran sus legítimos propietarios, requisito básico para otorgar este beneficio, quedando en estudio igual número de nuevas solicitudes.
Dentro del mejoramiento de viviendas se lograron atender a 248 cifra superior en un 20% a la modificada; por su parte las delegaciones dieron conservación y mantenimiento a 25 unidades habitacionales; seis en la delegación Iztapalapa y 19 en la Miguel Hidalgo.
El presupuesto asignado originalmente fue de 7 461 millones de pesos, el modificado y ejercido fue de 10 776 millones de pesos, el incremento con respecto a al original fue del 44%.
El cumplimiento observado en las metas, alcanza aproximadamente el 60%, esto se debió fundamentalmente a la redefinición de la reserva territorial, por ello lo es conveniente considerar para los años subsecuentes, programar en base a una disponibilidad de terrenos, con características afines al tipo de constitución.
Tenencia de la Tierra
Entre los factores que afectan mayormente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, es la irregularidad en la tenencia de la tierra, que a su vez se traduce en un crecimiento desordenado de la urbe, por ello resulta una tarea propietaria, establecer una política que se base fundamentalmente a favorecer su situación y a orientar un desarrollo gradual del crecimiento de esta ciudad de México.
Bajo este contexto se expidieron 40 mil escrituras, siendo 22 mil de propiedad particular y 18 mil de propiedad del Departamento del Distrito Federal, con lo que la meta se cumplió al 80%; la variación del 20% se debió a que la Dirección General de Regularización Territorial, tuvo que suspender sus labores cerca de mes y medio, en virtud de que sus instalaciones fueron afectadas por los sismos de septiembre, además del cierre temporal de los juzgados por el mismo motivo, lo que dificultó la agilización de trámites relacionados con el proceso legal de la escrituración de predios.
En coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria se realizaron las siguientes acciones: se estableció un inventario por delegación de los principales problemas, estableciéndose como prioridad atender las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo a. Madero, Iztacalco y Tlalpan, por representar todas estas más del 80% del programa de regularización; asimismo, a través de la Delegación Agraria del Distrito Federal, se avanzó en la integración del Catastro Rural, el cual permitirá la identificación de la propiedad rústica, verificación de linderos, delimitación de asentamientos humanos irregulares y la regularización de predios.
Por conducto de las delegaciones, se proporcionaron 4 mil 193 asesorías jurídicas en materia de
regularización territorial, 15% más a la meta modificada de 3 mil 646 asesorías.
El presupuesto original asignado a este programa fue de 1 857 millones de pesos, asignación que fue modificada a 1 390 millones, al reducirse el gasto corriente de acuerdo a la política de austeridad, ejerciéndose 1 254 millones, 96% a gasto corriente y 4% a inversión.
El cumplimiento de las metas es aceptable, ya que por los imponderables enunciados, y a la reducción del gasto fue posible su atención de acuerdo a su capacidad.
Recolección y Tratamiento de Basura
A cargo del Gobierno del Distrito Federal, se encuentra la operación del sistema integral de Recolección de Desechos Sólidos, a efecto de procurar la limpieza e imagen de la ciudad.
Por ello fueron recolectados 4.7 millones de toneladas, 16% más de la meta modificada, de las cuales se les dio tratamiento a 565 mil 423 toneladas; las 16 delegaciones contrataron el arrendamiento de 15 mil 190 vehículos, meta superior en un 93% a la modificada, para poder atender el sistema de recolección. En el mantenimiento del equipo de limpia se cumplió la meta al atender a 1 mil 159 unidades de las delegaciones de Iztacalco y Cuauhtémoc.
En la construcción de estaciones de transferencia se terminaron la de Xochimilco e Iztapalapa, no así la de Gustavo A. Madero, la cual fue suspendida, debido a que los habitantes del lugar se opusieron, por quedar ésta dentro del perímetro de una clínica médica; en la terminación de la construcción de la estación de transbordo en Coyoacán, no se reportó avance físico, en virtud de que se programó exclusivamente, el finiquito de la obra la cual fue concluida y entregada en el ejercicio de 1984.
Por otra parte, se avanzó en un 90% la terminación y montaje de las 2 líneas de incineración de las plantas de San Juan de Aragón y Tlalpan. Así también fue puesto en marcha el programa de 123 contenedores de recolección nocturna, el cual permitió la recolección de 30 mil toneladas en 27 kilómetros de las principales vías vehiculares.
Con la participación ciudadana se difundieron 7 campañas de prevención y control de la contaminación y fue concluida la elaboración del programa maestro de desechos sólidos, que organiza las acciones de todas las áreas involucradas en el manejo de basura.
Con el objeto de mejorar las técnicas y procedimientos en la disposición final de los desechos sólidos, se inicio la operación del relleno sanitario, ubicado en el ex lago de Texcoco, con una capacidad operativa de 3 mil 500 toneladas diarias de basura provenientes de seis delegaciones. Así también, con el propósito de erradicar la fauna nociva, se eliminaron 2 mil 950 tiraderos clandestinos de basura y se clausuraron cuatro más a cielo abierto.
La asignación presupuestal original a este programa fue de 13 148 millones de pesos, cantidad que se incrementó en un 25% llegando a un presupuesto modificado de 16 373 millones y ejercido de 16 371 millones, todo ello destinado a inversión.
El comportamiento de las metas se avaluó como aceptable, si consideramos la cantidad de desechos sólidos producidos por una ciudad de más de 10 millones de habitantes, este programa debe seguir siendo incluido como prioritario y los recursos asignados deberán canalizarse a la construcción de plantas de tratamientos de desechos sólidos a fin de erradicar los tiraderos a cielo abierto y así proporcionar un servicio adecuado en esta ciudad de México.
V. Conclusiones
Al revisar la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, se abocará a examinar su situación jurídica, económica y social bajo las cuales se ejerció el presupuesto aprobado por esta honorable. Cámara.
Bajo este contexto se observó el comportamiento de los ingresos, gastos y financiamientos de los sectores, Central y Paraestatal, se evaluaron las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas, y sobre este último concepto se revisaron los programas señalando los avances de logrados, así como la justificación a las variaciones de las mismas.
La observancia de los preceptos legales del sector Departamento del Distrito Federal fue adecuada, tomando en cuenta que durante este año se presentaron circunstancias especiales, como los sismos y el comportamiento desfavorable de la economía nacional, que provocaron el desfasamiento de los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por consiguiente se considera que las omisiones observadas no representan una falta grave de cumplimiento.
En relación al aspecto financiero, el Departamento del Distrito Federal a nivel consolidado, incrementó su captación de ingresos comparado al año anterior, sin embargo los ingresos propios no fueron suficientes para financiar los gastos, esto se debió a que los sismos ocurridos en el mes de septiembre obligaron a reducir su capacitación, ya que los inmuebles dañados quedaron exentos a partir del último cuatrimestre del pago del impuesto predial y derechos por consumo de agua, además de los predios expropiados por el mismo motivo.
En el apartado de gasto, este fue superior al presupuesto original, debido a que los niveles de inflación rebasaron las estimaciones previstas provocando ampliaciones que estuvieron debidamente autorizadas, sin embargo la política de gasto se apegó a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, esto dio como respuesta contener el crecimiento del gasto corriente y aumentar la participación de la inversión, todo ello con el fin de incrementar la infraestructura de los servicios públicos.
El concepto de deudas fue mayor al registrado en el año anterior, esto se debió a que el costo de los programas fue mayor, lo que obligó a acudir al financiamiento para obtener los recursos necesarios en apego a las políticas establecidas en materia de deuda.
Se analizaron los 22 programas establecidos en la apertura programática del Departamento del Distrito Federal, observándose que en términos generales y de acuerdo a la problemática presentada cumplieron en su mayoría con las metas previstas para este año.
Con referencia a la eficiencia lograda, las acciones desarrolladas se ubicaron dentro de los lineamientos establecidos en las políticas de gasto, ya que administrativamente se suprimieron áreas y se dio apoyo a aquellas que se consideraron como prioritarias; esto se reflejó en los beneficios directos otorgados a la población capitalina.
Actualmente la población exige una mayor atención en los conceptos de seguridad pública, transporte, abasto y distribución de bienes de consumo y de diversos servicios considerados como primordiales. Para poder encontrar la congruencia entre la oferta de servicios y la demanda de los mismos es necesario vincular la capacidad operativa con la financiera.
La estrategia de desarrollo en esta ciudad capital debe de quedar condicionada al reordenamiento de la zona metropolitana, a la desconcentración, descentralización y a reducir los índices de inmigración provocados por el alto desempleo que se presenta en el interior del país.
La solución de estas medidas representan un alto costo y tienden a llevarse a cabo a un mediano o largo plazo, sin embargo es necesario considerar las acciones pertinentes para lograr tal fin y no dejar que los problemas crezcan de manera que hagan imposible la vivencia en esta ciudad de México.
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 70 y 74 fracción IV, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos artículos 56 y 57, Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda artículos 11 y 13 y demás relativos, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 1985
Artículo 1o. El Ejecutivo Federal en cumplimiento constitucional, presentó a satisfacción en cuanto a tiempo y forma requeridos, a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal del Ejercicio Presupuestal de 1985.
Artículo 2o. Esta representación nacional revisó la observancia de los criterios legales presupuestales, por parte del Departamento del Distrito Federal, así como de los órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal bajo su control; en los términos de la parte I del cuerpo del dictamen.
Artículo 3o. Se analizaron y evaluaron los resultados financieros; en los términos de la parte III.
Artículo 4o. Todos los programas fueron revisados, particularmente los prioritarios, en cuanto al grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. En los términos de la parte IV del dictamen.
Artículo 5o. Para mejorar su ejercicio presupuestal el Departamento del Distrito Federal, deberá:
A) Vigorizar los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos, en lo referente a los servicios que proporciona mediante una política de precios y tarifas realistas y considerando su impacto en la población de menores recursos.
B) Para un mejor análisis de los objetivos y metas de los programas, deberá explicarse con mas amplitud las causas que motivaron sus variaciones particularmente en aquellos relacionados con la prestación de servicios públicos.
C) Redoblar esfuerzos a fin de que en todas la unidades administrativas se aplique rigurosamente la normatividad relativa a la contratación y ejecución de obras públicas y a las adquisiciones, para consolidar los avances logrados en este aspecto.
D) Llevar un control y seguimiento del financiamiento no titulado, el cual ha tenido incrementos sustanciales en los últimos ejercicios y por estar contratado a corto plazo compromete parte del ejercicio siguiente.
E) Anexar en la cuenta pública un apartado correspondiente al análisis de los principales conceptos en las clasificaciones, económica y por objeto del gasto.
F) Incrementar la cobertura del servicio de transporte colectivo a través de la ampliación de su infraestructura.
G) De acuerdo y con el apoyo del Gobierno Federal, acelerar las acciones relativas a la desconcentración económica del área metropolitana, dentro de un marco de desarrollo interregional como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 6o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorias y realice las acciones legales que permitan esclarecer cualquier posible irregularidad en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1985, en los términos de ley.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D. F., a 10 de diciembre de 1986.
Comisión del Distrito Federal: diputados Gilberto Nieves Jenkin, presidente; Manuel Gurría Ordóñez, secretario; Jaime Aguilar Alvarez, Federico Granja Ricalde, Luis Manuel Altamirano Cuadros, José Herrera Arango, Gonzalo Altamirano Dimas, Manuel Jiménez Guzmán, Francisco Berlin Valenzuela, Armando Lazcano Montoya, Agustín Bernal Villanueva, Héctor Ling Altamirano, Juan Moisés Calleja García, Joaquín López Martínez, Efraín Jesús Calvo Zarco, Rafael López Zepeda, Rodolfo Mario Campos Bravo, Rafael Lozano Contreras, Carlos Enrique Cantú Rosas, Manuel Monarrez Valenzuela, Ofelia Casillas Ontiveros, Adrián Mora Aguilar, González Castellot Madrazo, Jarmila Olmedo de Garcilita, Juan José Castillo Mota, Santiago Oñate Laborde, Juan José Castro Justo, Manuel Germán Parra Padro, José Trinidad Cervantes Aguirre, Javier Pineda Serino, Homero Díaz Córdova, Antonio Punzo Gaona, Federico Durán y Liñán, Alfonso Reyes Medrano, Manuel Fernández Flores, Sócrates Rizzo García, Guillermo Fonseca Alvarez, Lorenzo Silva Ruiz, Beatriz Gallardo Macías, Manuel Terrazas Guerrero, Jesús Galván Muñoz, Fernando Ulibarri Pérez, Javier Garduño Pérez, Lulio Valenzuela Herrera, Alfonso Godínez López, Leopoldo Whaley Martínez.
Los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: Luis Donaldo Colosio Murrieta, presidente; Jesús Murillo Karam, secretario; César Augusto Santiago Ramírez, Marcela González Salas, Pindaro Uriostegui Miranda, Luis Orcí Gándara, Sócrates Rizzo García, Blas Chumacero Sánchez, Jorge Flores Solano, Gerardo Fernández Casanova, Homero Díaz Córdova, Gilberto Nieves Jenkin, Alejandro Ontiveros Gómez, Francisco Contreras Contreras, Pedro Goytia Robles, Alfonso Reyes Medrano, María Esther Scherman Leaño, Juan Manuel Pablito Tovar Estrada, Héctor Ximenéz González, Antonio Brambila Meda, Blanca Esponda de Torres, Manuel Jiménez Guzmán, Oswaldo García Criollo, Elba Esther Gordillo Morales, Antonio Melgar Aranda, Javier Garduño Pérez, Eduardo Beltrán Hernández, María Emilia Farías Mackey, Regina Reyes Retana, Rodolfo Menendez, Bulmaro Pacheco Moreno María Aurora Munguía Archundia, Enrique Pelayo Torres, Dionisio Moreno Cortéz, Humberto Salgado Gómez, Romeo Flores Caballero, Jorge Doroteo Zapata García, Jeol Ramírez Alcocer Villanueva, Alejandro Encinas Rodríguez, Josefina Sánchez Ponce, Héctor Morquecho Rivera, Miguel Eduardo Valle Espinosa, José Ángel Conchello Dávila Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, Jesús Galván Muñoz, Ricardo Pascoe Pierce, Jorge Amador Amador, Máximo de León Garza, Roberto Calderón Tinoco, Juan de Dios Colli Mass, Reyes Fuentes García, Enrique Bermúdez Olvera, Rubén Aguilar Jiménez."
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la segunda lectura al dictamen, señor presidente.
FELICITACIONES A PERIODISTAS
El C. presidente: - Para hechos, tiene la palabra el ciudadano diputado Reyes Fuentes García del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El C. Reyes Fuentes García: - Con permiso, señor presidente: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no quiso dejar pasar la oportunidad para felicitar a los compañeros periodistas que tan abnegadamente han desempeñado labores fecundas, labores extraordinarias, labores de información diariamente en favor de nuestro pueblo, en favor de los trabajadores.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, firmó con sus representantes en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el compañero Chumacero, firmó este punto de acuerdo por considerar que es efectivamente una justa demanda, una justa reivindicación, una positiva reivindicación para los trabajadores.
Ojalá y que estos trabajadores que habían sido ignorados por muchos años, que trabajan ahí sin derechos, sin Seguro Social, que trabajan ahí con sueldos misérrimos, ojalá y que estos trabajadores por fin se les haga justicia y también quiero referirme a muchos trabajadores que hacen artículos de fondo, que escriben en las páginas editoriales y que no tienen otro medio de ingreso que sus penurias y sus raquiteces económicas. Ojalá y que se haga extensivo este acuerdo y beneficie a los articulistas que escriben en los distintos diarios de provincia en los periódicos nacionales y que no se les paga un sólo centavo; por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana felicita nuevamente a estos trabajadores de la prensa, de la tecla y ojalá y que esta victoria sea el principio de otras nuevas victorias en el campo de los ingresos, en el campo y la defensa de los salarios reales. Muchas gracias.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 1985
El C. presidente: - Siendo de segunda lectura el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal..., un momentito diputado, un momentito. El ciudadano diputado Manuel Terrazas ha solicitado la palabra para dar lectura a un voto particular. Tiene la palabra en consecuencia, el ciudadano diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Socialista Unificado de México.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente; compañeros diputados: Antes de dar lectura al voto particular de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, me voy a permitir con relación al dictamen acerca de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente al años de 1985, hacer algunas consideraciones con relación a este dictamen.
Seguramente todos o la gran mayoría de nuestros compañeros diputados y diputadas, están de acuerdo en que muchos aspectos de la actividad legislativa deben modificarse, cambiar, desecharse, sustituir por otros nuevos, por otros usos y métodos útiles, saludables, eficaces, los que ya no tienen ninguna solvencia, este es el caso y esperemos que un gran número de diputados y diputadas coincidan también con nosotros, acerca del tipo de dictamen como el que nos presentan las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, justificativo a toda costa, en gran parte huero de análisis.
No obstante que en las consideraciones al dictamen se habla como resultados de los trabajos realizados por estas comisiones en el análisis profundo de la Cuenta Pública, repetimos, en gran parte este dictamen huero de análisis, acrítico, omisivo, sin capacidad de respuesta a los argumentos, a los hechos, a los señalamientos de la oposición, mecánico y en ocasiones panegirista y elogioso respecto a las autoridades, en términos que son extraños por completo a lo que debe ser un dictamen serio, sobrio razonado, convincente. Así es este dictamen, por eso votaremos en contra y llamamos a rectificarlo y a enmendarlo en buena parte.
El voto particular al que nos hemos visto determinados a presentar por las características y los rasgos de este dictamen que no se justifican, habla de los hechos en que nos apoyamos para presentar esta demanda a la Cámara de Diputados, con objeto de que no permita que este dictamen pase como ha sido presentado.
Nos preguntamos y preguntamos cuando en el dictamen hay ausencia total, por ejemplo: de metas incumplidas, de sus causas, de las modificaciones del punto de partida, no respecto a las metas originales sino de las rectificaciones; nos preguntamos si el dictamen se pronuncia en el punto quinto por un hecho grave, recomendar la las autoridades elevación de precios y tarifas, ¿en dónde está el interés del pueblo del Distrito Federal? Y vamos a demostrarlo, compañeros.
Nos preguntamos ¿a quien se le quiere prestar este flaco servicio? Qué bueno sería, compañeras y compañeros, la eliminación de toda actitud cortesana en el estudio y aprobación de conclusiones en problemas tan importantes como los relativos a la cuenta, por eso concluimos en estas consideraciones previas, debe terminarse ya, - cómo la señalamos en nuestro voto particular con el vicio, con la deformación de hacer de los dictámenes sobre la Cuenta Pública del Distrito Federal, como el que ahora nos ocupa, la simple reproducción resumida de partes de la cuenta; se impone el análisis, el juicio crítico y a partir de el, de medidas correctivas y preventivas.
No quisiéramos de ninguna manera dejar de considerar también algunas preguntas a la comisión. Nosotros quisiéramos preguntarle a la comisión ¿qué quiere decir en el apartado, sobre el marco jurídico con lo siguiente? Para darnos una idea del juego de las palabras, sin entrar al fondo del problema, sin considerar la trascendencia y la seriedad del examen del gasto público en el Distrito Federal.
Dice así el inicio de este apartado: "1o. Acto legislativo de gran trascendencia, constituye la revisión que de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, realiza la H. Cámara de Diputados, en uso de atribuciones exclusivas y que consiste en el examen financiero de un ejercicio fiscal contemplado como un acto no solo de contenido técnico, sino particularmente de carácter político".
Y no hay nada absolutamente ¿qué quiere decir, qué quiere decir la comisión, las comisiones unidas en este primer planteamiento?, por favor una explicación. Pasamos pues en seguida, a dar a conocer el voto particular de la fracción parlamentaria del PSUM, dice así:
"Primero: En la parte que trata del cumplimiento de las leyes aplicables en los casos de incumplimiento, se pretende justificarlo en virtud de unas supuestas condiciones de emergencia en 1985, cuando en todo caso, el terremoto afectó una parte minoritaria del año.
No hay consistencia entre este intento de justificación, por ejemplo en la página 15 y la recomendación inciso c) del artículo 5o. del proyecto de decreto, pagina 90, en el sentido de que "se aplique rigurosamente la normatividad relativa". a estos ordenamientos y concretamente a otras públicas.
Segundo. En la parte del perfil socio - económico, hay afirmaciones que no corresponden a la realidad como la de que "en 1983-1985 se ha avanzado en la dirección correcta y otras que parten de ese supuesto general, también se incluyen cifras que no corresponden a las oficiales, cuando se dice: para magnificar lo ocurrido después que la tasa de inflación anualizada fue de "más del 120% a principios de 1983", cuando que la más alta de abril de 1983 frente al mismo mes del año anterior fue de 117%.
En general se pretende justificar los incumplimientos específicos con afirmaciones generales, desde esta parte (páginas 19 a 23 especialmente). En la 22, además se vierten elogios a las autoridades capitalinas que ni proceden en un documento de esta naturaleza, ni se corresponden con los altos niveles de incumplimiento registrados en la Cuenta.
Tercero. Se insiste - y lo hemos impugnados en años anteriores - en referir los resultados a las metas modificadas y no a las originales, que no sólo son las legalmente válidas sino que son las fijadas por el Congreso de la Unión mismo, mientras que las modificadas tienen un carácter meramente administrativo, esto tiende a disimular los incumplimientos, por ejemplo en la vivienda, página 80, sobre esto insistimos en la necesidad de señalar los incumplimientos.
Cuarto, Sobre los mandatos que se plantean al Departamento del Distrito Federal en el artículo 5o. del decreto, se contienen puntos positivos; pero objetamos los siguientes y aquí permítanme compañeras y compañeros diputado hacer una rectificación -: en el proyecto de dictamen aparece un texto que es producto de la discusión de comisiones unidas, el texto que nosotros presentamos corresponde al proyecto ya superado, pero de todas maneras, por la importancia que tiene y quizá se constituya este inciso a) del punto quinto en uno de los problemas fundamentales que no deben ser de ninguna manera aprobados por esta Soberanía, quisiera con el permiso de ustedes, de todas maneras referirme al punto anterior, al que fue modificado por comisiones unidas, dice así:
"a) En este inciso se plantea vigorizar los ingresos propios".
Estamos totalmente de acuerdo, con la necesidad de vigorizar los ingresos propios, pero no por las vías y los caminos que señala comisiones unidas, sino por caminos y vías diferentes que no hagan caer sobre los intereses de las masas populares y sobre precios y tarifas, el ingreso propio fundamental del Departamento del Distrito Federal.
Es correcto, pues, afirmamos, vigorizar los ingresos propio, pero se dice luego: "en especial en lo referente al transporte público mediante una política de precios y tarifas selectiva, pero más realista", ¿que hay aquí compañeras y compañeros?, que la comisión a proposición de una compañera diputada, hizo la modificación, pero en lugar de resolver el problema, lo agravó, hizo más trascendente desde el punto de vista negativo el planteamiento anterior, y se le suprimió lo relativo "al transporte público mediante una política de precios y tarifas selectivas, pero más realista". Vamos a leer en seguida como quedó el inciso aprobado por la comisión.
Vigorizar los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos en lo referente a los servicios que proporciona, ¿mediante que?, mediante una política de precios realistas y considerando ese impacto en la población de menores recursos, ese ya es el tratamiento más o menos idóneo que merecía no una recomendación sino prácticamente una orden, para que el Departamento del Distrito Federal, al decir una política más realista eleve los precios en lo general, ya no solamente al transporte como estaba inicialmente ahora la comisión indica al Distrito Federal que eleve los precios y las tarifas de los servicios que presta, esta es la "ventaja" el servicio que prestó esta enmienda de una compañera diputada, que en aras de suprimir, de tratar de suavizar y de permitir que entrara el planteamiento y lo hizo más general, más negativo y más contrario a los intereses populares y nos pronunciamos totalmente en contra de esta proposición y pedimos su modificación.
Quinto. El propósito del dictamen, no debe ser la simple reproducción resumida de parte de la cuenta sino su análisis y a partir de él, la adaptación de medidas correctivas y preventivas, para algo está la Contaduría Mayor de Hacienda y los ejemplos que se ponen en este voto particular, muestran que es mucho lo que hay que corregir:
Ingresos
Los ingresos públicos totales del Gobierno del Distrito Federal, fueron 17% mayores que los esperados; la mayor parte del excedente provino de partidas del Gobierno Federal, para subsanar el mal cálculo hecho al presupuestal en cuanto a precios y salarios. En salarios. En términos reales, sin embargo, los ingresos fueron en total prácticamente iguales a los de 1984, pues aumentaron nominalmente 58% frente a ese año y el aumento de precios anualizados 1984 - 1985, fue de 57.7%. Los ingresos propios del Departamento del Distrito Federal, sin embargo, fueron 11% menores que los presupuestados, además de los ingresos de origen federal, subieron los de los organismos y empresas dependientes del Departamento, que fueron 61% mayores que los esperados, básicamente por las alzas de precios.
Siguen bajando los ingresos propios desde 1983, inclusive, cada aumento de impuestos, básicamente predial y derechos, principalmente agua, se pretende justificar con la pobre participación de los ingresos propios del mismo Departamento en sus ingresos totales. Recientemente ha habido nuevas declaraciones en el mismo sentido, sin embargo, la realidad es que esa participación, pese a los aumentos sigue cayendo como proporción de los ingresos totales y porque no se puede obtener dinero de quien no lo tiene y la mayoría de los afectados son personas de escasos recursos.
Esa participación, que era de 18.6% en 1981 y de 16.0% en 1982, ha estado cayendo sin parar al 14.9% en 1983, al 12.3% en 1984 y en 1985 conforme a la Cuenta pública que nos ocupa a 9.6%, pese a que se había presupuestado que presentaran el 12.7%.
Una causa adicional de origen federal de este fenómeno, son las subestimaciones de inflación al presupuestar y han sido constantes a lo largo de esta administración y como a mediados de año ya no se puede modificar fácilmente la Ley de Ingresos, se recurre al fácil expediente de subir precios, temblor, predial y especulación inmobiliaria.
Es claro que el temblor del 19 de septiembre influyó en el ejercicio de 1985, pero en la Cuenta Pública se quiere exagerar esta influencia y atribuirle problemas que vienen de antes y que además no pueden ser explicados por su magnitud, por un fenómeno que solo pudo influir en la parte final del año, es el caso del impuesto predial, cuya recaudación fue 23% menor que la programada, mientras que el impuesto sobre adquisición de inmuebles tuvo una recaudación 10% mayor que la esperada. Ambos impuestos son igualmente influidos por la revaluación catastral y también en ambos casos hubo exención para
los afectados por el sismo, aunque solo en la parte final del año.
El hecho de que los dos impuestos tengan comportamiento opuesto, muestra que no basta ninguna explicación genérica como las que se dan, además es el segundo año consecutivo en que se da este fenómeno. En 1984 se recaudó 7.8% menos predial que el esperado, pero 15.2% más de impuesto sobre adquisición de inmuebles, la causa real de este comportamiento distinto, es que parte de los afectados por la revaluación no pueden pagar el predial por el enorme aumento implicado y la mayor recaudación sobre lo previsto, en dos años consecutivos del impuesto sobre adquisición de inmuebles nos habla de un auge en la especulación inmobiliaria, que es precisamente especulación y no compra para construir, especialmente a medida que entre en crisis la industria de la construcción, como ocurre en la segunda mitad de 1985 y más claramente en 1986.
El gasto programable
Vamos a referirnos aquí al gasto programable, pues el no programable debe ser considerado globalmente y a nivel nacional, de otro modo la absorción de deuda del Departamento del Distrito Federal y otras entidades por el Gobierno Federal y en menor escala la llevada a cabo por el Departamento, con deuda de organismos de él dependientes, impediría ver claramente la realidad. Tómese pues en cuenta lo dicho sobre pagos de deuda a nivel federal y pasamos aquí al gasto programable del Departamento del Distrito Federal, aunque ese gasto fue en total 16% mayor que el presupuestado y 44% nominalmente superior al del año anterior, como los precios subieron más que ese gasto y más rápido también que lo supuesto a presupuestar, en términos reales fue 9% menor que el de 1984, ya de por sí muy disminuido. En especial se redujo la inversión física del sector paraestatal del Departamento del Distrito Federal, 2% inferior a lo presupuestado y que aunque nominalmente fue 13% mayor que el del año anterior, eso equivale a una reducción real del 28% frente al 1984.
No se respetaron prioridades en cuanto a la distribución de este gasto por programa, los programas considerados en el presupuesto como prioritarios no han tenido, al ejercerse el presupuesto, esa prioridad; así, la suma de los proyectos prioritarios bajó de ser el 75.8% en 1983 al 73.3% en 1984 y al 67.7% del programable total en 1985, en 1981 esos mismos programas representaron el 78.7% del programa total.
Incumplimiento del decreto aprobatorio del presupuesto
Dentro de este cuadro - nos referimos al presupuesto de 1985 - en especial, hay violación expresa de la prohibición de reducir el gasto en los programas prioritarios, salvo si se hubieran cumplido plenamente sus objetivos presupuestales. Concretamente se redujo el gasto en dos programas prioritarios: regularización de la tenencia de la tierra menos 32% y agua potable menos 1%; aunque en este último caso el porcentaje nominal es pequeño, la infracción existe formalmente y en términos reales, la reducción es mayor porque la inflación fue superior que la que se usó como base al presupuestar, con lo cual el gasto tuvo mayor poder de compra; además, el terremoto impuso obras de emergencia en el sistema de agua potable, que reclamaban un gasto aún mayor a costa de los programas no prioritarios en los cuales, por cierto, se gastó de más.
Pasamos a señalar los principales incumplimientos observados en relación con las metas aprobadas por esta Cámara; estamos conscientes que esos incumplimientos no existen, existen en nuestra imaginación, proclive a la discusión y a la confrontación y al examen crítico de los problemas.
Principales incumplimientos de metas.
Está reportado el incumplimiento de numerosas metas, incluso en porcentajes muy elevados, compañeros de comisiones unidas, en la mayoría de los casos, las explicaciones a las variaciones bajo el capítulo así intitulado o no son tales o dejan mucho que desear, veamos algunos casos que afectan de modo especial a la población capitalina.
Transporte urbano
Mientras que el número de pasajeros que usaron el servicio de transporte colectivo Metro, fue 14.4% mayor que el estimado al presupuestar, el mantenimiento sistemático menor de carros fue 7% menor que el programado; el mantenimiento cíclico mayor fue 37% menor y la compra de trenes 7% menor, sin que haya explicación alguna al respecto.
En cuanto a transportes eléctricos, se transportaron en tranvías 77% menos pasajeros que los estimados al presupuestar y en trolebuses 48% menos, en mantenimiento de trolebuses se incumplió en 10%, su compra en 43% y el tendido de sus líneas en un 80%; pero lo del mantenimiento en vez de explicarlo en la sección respectiva se dice "que se cumplió satisfactoriamente" sin que se de razón del retraso del tendido de líneas.
Se incumplió en un 37% la meta del tendido de líneas del tren ligero, sin que se explique por qué, salvo la afirmación de que el segundo tramo se difirió para 1986 por considerar prioritario el primer tramo, cuando que estaba programado terminar los dos.
Nada se explica sobre la enorme diferencia entre el número de pasajeros transportados en trolebuses y los que se pensó transportar. En cuanto a tranvías se aclara que se suspendió el servicio por obras del tren ligero, el cual como vimos, tampoco se concluyó y cuya posterior historia, incluido el incendio el día de su frustrada inauguración, es bien conocido el problema al cual seguramente vamos a tener que referirnos después, con relación a las multas, con relación al retraso, con relación a la rapidez del tren ligero, etcétera.
Cabe notar que el programa de transporte urbano tiene una participación decreciente, en el de por sí decreciente en términos reales, gasto programable del Departamento del Distrito Federal, desde el inicio del actual Gobierno, pese a ser un programa prioritario: del 48.4% del programable en 1982 ha caído 45.3% en 1983, 39.4% en 1984 y 37.2% en 1985, mientras que las llamadas peceras del servicio privado, suben desorbitadamente de precio.
Vivienda
Los incumplimientos en este programa son generales. La construcción de vivienda con las cajas de previsión se incumplió en un 33% sin que haya explicación en el capítulo correspondiente, la construcción mediante acciones se incumplió en un 22%, lo cual se pretende atribuir a escasez de material y de mano de obra calificada, discutible esto último, dado el alto nivel de desempleo especialmente en la industria de la construcción; se quiere atribuir el incumplimiento en la meta de auto - construcción a los sismos de septiembre, lo cual afectó en todo caso al último cuarto del año, cuando que el incumplimiento es del 69% o sea de más de las dos terceras partes y ninguna explicación se da al incumplimiento de un 95% del programa de mejoramiento de viviendas, que incluso puede haber contribuido a que algunas se hayan derrumbado, recordemos las reclamaciones de los vecinos de Tlatelolco al respecto.
Agua potable
Viene de atrás la falta de mantenimiento a la red de agua potable del Distrito Federal, mientras que en 1981 se dio mantenimiento a 11 mil 539 kilómetros de la red y en 1982 a 12 mil 859, o sea que se abarcaba anualmente una longitud comparable a la de la red, en 1983 se dio mantenimiento sólo a 64 kilómetros, en 1984 a 2 mil 150 y para 1985 no se programaron metas en ese sentido: el que apenas un sexto de la red haya recibido mantenimiento desde el principio del sexenio, contribuyó evidentemente a que los daños de los sismos de septiembre fueran mayores de lo que pudieron ser, obligaron a hacer, después del daño, parte de lo que no se hizo antes, programando metas modificadas y dando mantenimiento a 3 mil 543 kilómetros además de la reparación de averías; aún con esto, menos de la mitad de la red recibió mantenimiento desde principios del sexenio.
Sin mayor explicación, se incumplió en un 95% la meta de construcción de la red primaria Río Magdalena - Cerro del Agua, y la meta de construcción de líneas de conducción del Lerma sólo se cumplió el 63%, lo cual se atribuye a retrasos en la contratación de la obra.
Se atribuye también al temblor y la necesidad de dar prioridad a obras que ese fenómeno hizo necesarias los incumplimientos en el mantenimiento, entre otros a plantas de rebombeo, a equipo y a plantas, tanques y casetas, pero los niveles de incumplimiento son tales 77, 72, y 81% respectivamente, que esa explicación por la reducida parte del año transcurrida después del sismo, no vale.
Drenaje y tratamiento de aguas negras
El incumplimiento de un 83% de la meta en la construcción del interruptor central, del 70% en la red de distribución de agua tratada y del 95% de la planta de bombeo, no merecen en el capítulo respectivo la menor explicación; y en cuanto al incumplimiento del 100% en la rectificación del cauce del Río Buenaventura y en la construcción de la laguna de regulación en Ciénega Grande que subsisten como metas modificadas, se dice que "fueron suspendidas por atender acciones prioritarias como son: colector de alivio refinería Trujillo, rectificación y entubamiento de 5.5 kilómetros sobre el Canal Nacional y de Chalco, Barranca de Memetla y parte de los ríos Tacubaya y Becerra."
Cabe señalar que ninguna de estas acciones prioritarias estaba presupuestada, ni siquiera en las metas modificadas, ni en la cuenta se dice que se hayan realizado al enumerarse los proyectos; el mantenimiento también es incumplido en un 57% en cuanto al desazolve y en 89% el mantenimiento de maquinaria y equipo, en el primer
caso se da como causa la sobre estimación del volumen de azolve y en el segundo porque "se transfirieron recursos para apoyar acciones de construcción", en las que ya vimos que hubo incumplimientos aún peores en casos importantes.
Prevención y control de la contaminación ambiental
Finalmente dedicamos un comentario a este programa, pues los incumplimientos contribuyen a explicar, en parte, los fenómenos de inversión térmica prolongada, con altos niveles de contaminación en la atmósfera que se dieron a principios de 1986. La meta de muestreo regionales de protección ecológica, sólo se cumplió en una cuarta parte de la meta, de lo cual se hecha la culpa también al temblor ocurrido, cuando habían transcurrido casi tres cuartas partes del año.
Y entre otras metas incumplidas, destacan la de diagnosticar el estado de motores de vehículos, cumplida sólo en un 3% y la realización de monitoreos de apoyo al control de emisiones de humo, unidades de Ruta 100 cumplida en sólo un 6%. Se atribuyen estos incumplimientos a que desapareció la dependencia responsable, la Comisión de Ecología, pasando sus metas a otra dependencia.
Estos resultados no hablan nada bien de la reordenación administrativa en cuestión.
Conclusión
Una primera y elemental conclusión, es que en el decreto de revisión de la Cuenta se debe demandar al Departamento del Distrito Federal, en las explicaciones de las variaciones que en efecto las explique y que se concrete a ello, pues se nos quiere contabilizar, por ejemplo, desde la línea una del Metro, siendo la Cuenta Pública en 1985, página 565, y es preciso un exhorto a la seriedad en las explicaciones que se den.
La otra conclusión es para el Congreso, la excesiva discrecionalidad que se ha permitido en el ejercicio del gasto, ha dado para aberraciones como las que hemos referido. Los lineamientos presupuestales se deben concluir, por todo lo anterior, nuestro voto es en contra del dictamen y en el sentido de que esta Cámara asuma su papel en la revisión de la Cuenta Pública.
Firman los diputados de la fracción parlamentaria del PSUM, pertenecientes a comisiones unidas, de Programación, Cuenta Pública y Departamento del Distrito Federal, compañero Jorge Alcocer y un servidor, Manuel Terrazas.
Me permito terminar con una consideración que va precedida por nuestro agradecimiento más profundo, por la atención a estos señalamientos y por la respuesta concreta, que merezcan de parte de las comisiones unidas nuestros cuestionamientos.
Tienen importancia, porque además de esta manera al plantearlos aquí, sí estamos recogiendo lo que es respuesta a la demanda de democratización del Distrito Federal, para subestimar esta demanda diciendo que los habitantes del Distrito Federal tiene el privilegio de ser gobernados. nada menos que por el Presidente de la República y que los habitantes del Distrito Federal, con relación al resto del país, tienen el privilegio de que sus asuntos y leyes no sean tratados por un Congreso local, sino que sean tratados nada menos por el Congreso de la Unión, quienes desprecian las demandas de democratización, nos salen con esto; quienes quieren hacer de la asamblea legislativa del Distrito Federal, una caricatura ampliada de consejo consultivo, nos salen con esto. El privilegio de tratar los asuntos del Distrito Federal, pues bien, tratémoslo compañeros. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. presidente: - Está a discusión en lo general el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal. Se abre el registro de oradores, oradores en contra: Federico Ling Altamirano, Manuel Terrazas Guerrero, Efraín Jesús Calvo Zarco, Beatriz Gallardo Macías, Miguel Eduardo Valle Espinosa, Manuel Fernández Flores; en pro: diputado Sócrates Rizzo García, Homero Díaz Córdova, Juan Moisés Calleja García, Lulio Valenzuela Herrera, Alfonso Reyes Medrano, Javier Garduño Pérez, Manuel Jiménez Guzmán, don Adrián Mora Aguilar.
El C. presidente: - Para hechos, diputado Juan José Castillo Mota, tiene la palabra.
El C. Juan José Castillo Mota: - Con permiso señoras y señores.
El C. presidente: - Diputado Juan José Castillo Mota, va ha hablar usted para hechos o para explicar las razones del dictamen o para fundamentar.
El C. Juan José Castillo Mota: - Para solicitar.
El C. presidente: - Muchas gracias señor.
El C. Juan José Castillo Mota: - Con apoyo en el artículo 108 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General y dada la importancia que reviste la discusión del dictamen que rinden las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal, sobre la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal, vengo a solicitar que a nombre de la comisión, que elaboró el dictamen respectivo, se fundamente dicho dictamen.
El C. presidente: - En los términos del artículo 108 del Reglamento, se pide a las comisiones que expliquen los fundamentos de su dictamen. Tiene la palabra el ciudadano diputado Gilberto Nieves Jenkin, para explicar los fundamentos del dictamen por la comisión.
El C. Gilberto Nieves Jenkin: - Compañeros diputados: la acción relevante en los trabajos de esta honorable Cámara de Diputados de la LIII Legislatura, constituye la revisión de la Cuenta Pública tanto del Gobierno Federal como del Departamento del Distrito Federal, ya que esta atribución conferida con carácter exclusivo a la Cámara de Diputado, ratifica la visión del Constituyente mexicano que al plasmar en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta función, otorgando el ejercicio de la misma al órgano que representa al pueblo, confirma en plenitud la vigencia de un principio fundamental dentro de nuestro régimen político, como lo es la división de los poderes del Estado para su ejercicio, división que lejos de implicar confrontación, significa corresponsabilidad política. La sabiduría del Constituyente hace posible que sea el pueblo mismo, por conducto de sus legítimos representantes, quien emita un juicio político sobre la acción del Gobierno, en su carácter de mandatario de aquel en quien radica la soberanía, y que es el propio pueblo.
Con este criterio, fue concebida la revisión de la Cuenta Publica que en cumplimiento al mandato constitucional, rinde el Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1985 y que turnada en tiempo y forma a comisiones, fue objeto de acucioso estudio, teniendo por resultado el dictamen que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, y con el cual concluye la primera parte de la función legislativa de carácter fiscalizador, que realizan tanto esta plenaria como el órgano competente de la Cámara de Diputados, que es la Contaduría Mayor de Hacienda.
La función revisora de la Cuenta Pública en sus diferentes etapas, no se limita a la simple y fría comprobación de cifras de lo ejercido en cuanto a licitud de las erogaciones efectuadas; sino que conforme a la substancial reforma realizada por el Constituyente Permanente en el año de 1977, al artículo 74 de nuestra Carta Magna, se amplía el análisis haciendo objeto del mismo a la gestión financiera, así como el cumplimiento de los criterios presupuestales y el logro de metas y objetivos consignados en los programas contenidos en el presupuesto de egresos aprobados por ésta representación nacional para el año de 1985.
Es conforme a esta concepción político - filosófica, que el estudio de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, reviste características y aspectos muy particulares, derivados de la naturaleza jurídica de este órgano del Ejecutivo Federal, que le imprimen su acción, el carácter preponderante de función de gobierno; que debe estar revestida de un profundo sentido político, que permita dar una orientación precisa a las asignaciones presupuestales autorizadas, respetando las prioridades señaladas en los programas respectivos por esta representación Nacional, al aprobar el presupuesto de egresos.
Queremos resaltar con lo apuntado, que la acción del Departamento del Distrito Federal debe ser apreciada desde tres diferentes aspectos que son: como órgano del Ejecutivo Federal incluido dentro de su estructura; como autoridad responsable por mandato constitucional del gobierno de la ciudad de México; y como entidad, cabeza de sector, obligada a vigilar y coordinar la acción de los organismos y empresas sujetas a su control.
Como responsable del gobierno de la ciudad de México, el Departamento del Distrito Federal debe imprimir una dinámica excepcional a su actividad, que impregnada de un profundo contenido social, haga posible la ejecución de sus programas prioritarios con criterios de eficiencia, tales que permitan cubrir la prestación de los servicios públicos básicos que demanda la población de la ciudad capital, en forma oportuna y eficiente.
Las implicaciones que este enfoque significa, deben darle un matiz muy particular, a la revisión de la Cuenta Pública, que dio cómo resultado el dictamen que en este acto se somete a vuestra consideración.
Por otra parte, y desde otro ángulo contemplado, el Departamento del Distrito Federal como órgano del Ejecutivo Federal debe encuadrar su acción dentro de los lineamientos que señala el Plan Nacional de Desarrollo, observando y aplicando las políticas y directrices que de dicho instrumento emanan y ajustando su acción a lo previsto tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en su propia Ley Orgánica.
Finalmente, el propio Departamento del Distrito Federal, tiene la obligación de coordinar a las entidades comprendidas en su sector y cuya acción se comprende en la rendición de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, que hoy nos ocupa.
Cabe expresar a esta honorable asamblea que en la función revisora de la Cuenta Pública, que rinde el Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, las comisiones apreciaron los efectos, que sobre las asignaciones ejercidas tuvieron las acciones de emergencia realizadas con motivo de los sismos del mes de septiembre del propio año, sometiendo al juicio de esta asamblea, la magnitud de los trabajos que implicó restablecer los servicios públicos, que demanda la población capitalina como son: el agua potable, el drenaje, el transporte la salud, la educación y la vivienda, entre otros que sufrieron serios quebrantos en su prestación, con motivo de los efectos devastadores de los fenómenos naturales señalados y que no obstante ello, gracias al esfuerzo solidario de la población capitalina, hicieron posible el restablecimiento de su prestación en plazos razonables; evitando que se alterara la vida urbana y se creara una verdadera situación de catástrofe.
Estas medidas de emergencia implicaron, necesariamente disponer de recursos presupuestales de los diferentes programas, para enfrentar las circunstancias con carácter excepcional y con criterio igualmente singulares, y si bien, los sismos se presentaron en el mes de septiembre de 1985, su acción fue tal que obstaculizó el desarrollo de algunos programas desfasando el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Sobre estas bases y de esta forma, enmarcados los trabajos llevados a cabo por las comisiones legislativas del Distrito Federal, unidas a la de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, el dictamen que se somete a vuestra consideración, se encuentra estructurado en cinco apartados que son los siguientes: marco jurídico, perfil socioeconómico, resultados financieros, objetivos y metas de los principales programas y conclusiones, mismos que en síntesis trataré de describir.
Marco jurídico
Fueron objeto de análisis en esta apartado, ordenamientos que confieren atribuciones al Departamento del Distrito Federal y que vienen a constituir su ámbito competencial, así como leyes de contenido económico que regulan las finanzas del gobierno capitalino, siendo algunas de ellas de vigencia anual como el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1985, cuyo acatamiento constituye la esencia de la revisión de la Cuenta Pública rendida.
Bajo este contexto, se revisó por las comisiones el cumplimiento por parte del Departamento del Distrito Federal, durante el año de 1985, de los siguientes ordenamientos:
Ley de Planeación; Ley de Deuda Pública Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1985, Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1985; Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, Ley de Obras Públicas y su Reglamento y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
Como será posible observar de la lectura del dictamen en este apartado, la función revisora realizada en esta etapa, concluye estableciendo que la acción del Departamento del Distrito Federal en 1985, se ajustó en términos generales a los ordenamientos legales, cuya observancia fue objeto de análisis, teniendo en consideración la prioridad que como responsabilidad política esencial para la entidad, constituye el ejercicio de la acción de Gobierno que debe ser ante todo oportuna para resultar eficaz.
Perfil socio - económico
Durante 1985, la economía nacional presentó una disminución en su recuperación que se venía dando desde 1983; así lo prueban el comportamiento que registraron las principales variables macroeconómicas, para esto se conjugaron aspectos externos con internos que nos llevaron a una situación donde la tasa de inflación refutó, bajaron las exportaciones, la producción industrial se contrajo, los precios internacionales del petróleo disminuyeron, se aceleró la devaluación de nuestra moneda, las tasas de intereses internacionales permanecieron altas y las internas subieron y se agudizaron las políticas proteccionistas en el comercio internacional. Bajo este contexto, se desenvolvió el quehacer del Gobierno capitalino realizando grandes esfuerzos por mantener y reconstruir esta gigantesca infraestructura, que permitió seguir proporcionando los servicios indispensables a esta enorme ciudad de más de 10 millones de habitantes.
Resultados financieros
La política financiera desarrollada por el Gobierno de Distrito Federal en 1985, refleja el interés de
éste, porque los recursos ejercidos se ajustarán al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos que esta honorable Cámara aprobó en su oportunidad.
En cuanto a política tributaria el Departamento del Distrito Federal, se abocó principalmente al fortalecimiento de su capacidad financiera y de gestión administrativa; asegurando así los recursos económicos para que el Gobierno capitalino pudiera satisfacer las necesidades de servicios públicos, que demandan los habitantes de la ciudad de México.
En gastos se observaron las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina, como directrices para llevar a cabo el ejercicio y evolución del gasto dentro del marco de eficiencia, reflejo de la voluntad de gestión del Departamento del Distrito Federal.
Objetivos y metas de los principales programas: la función de gobierno, se verifica a través de las actividades desarrolladas en materia de servicios; el Departamento del Distrito Federal en este período reforzó sus acciones a efecto de incrementar su cobertura en programas tales como: el transporte urbano, educación salud y en otros la mantuvo de acuerdo al crecimiento poblacional como son en los servicios de agua potable, drenaje, y limpia entre otros.
Bajo este contexto se realizó el análisis de los objetivos y metas de total del programas y específicamente de aquellos establecidos como prioritarios; observándose que en el desarrollo de los mismos, en el renglón programático se redujo la estructura de 37 programas a 22; lo que permitió una agrupación de actividades que se encontraba dispersa a efecto de hacer más afines y congruentes las acciones desarrolladas.
En el concepto de gasto, éste se orientó en alto grado en los programas de mayor contenido social, permitiendo satisfacer las demandas de bienes y servicios públicos, aprovechando la capacidad instalada para atender las demandas más urgentes; además de tomar en cuenta los lineamientos de austeridad y racionalidad como medida económica de acuerdo a lo establecido por el propio gobierno federal.
Las metas programadas en algunos casos, sufrieron desviaciones motivadas por causas externas en las cuales se justifica su variación; sin embargo, en ningún momento se dejó de atender los servicios proporcionados por el Departamento del Distrito Federal.
Conclusiones
En este apartado se sintetiza el contenido del dictamen que se esta sometiendo a está asamblea soberana y se vierten en el mismo, los juicios que sobre la acción del Departamento del Distrito Federal en el ejercicio de 1985, emiten las Comisiones Unidas, mismos que se encuadran dentro del supuesto que establece el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la inteligencia de que deben nuevamente resaltarse que la revisión de esta Cuenta Pública se hizo teniendo en consideración las circunstancias especiales, por las que atravesó el gobierno capitalino en el citado año. Lo cual de ninguna manera limitó las recomendaciones que en artículo V, del decreto, se formula la citada dependencia del Ejecutivo Federal, para que realice una serie de acciones tendientes a mejorar su ejercicio presupuestal, igualmente, se solicita al órgano fiscalizador de esta honorable Cámara de Diputados, que es la Contaduría Mayor de Hacienda que, en cumplimiento de la segunda parte de la función fiscalizadora que implica la revisión de la Cuenta Pública, practique las auditorias y realice las acciones legales que permitan esclarecer cualquier posible irregularidad, en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal, correspondiente a 1985. Instrucción, esta que deberá transmitir la asamblea en caso de aprobarse el dictamen, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría, he de expresar ante ustedes, que en la revisión de la cuenta, las Comisiones Unidas tuvieron en consideración el triple enfoque que debe aplicarse, dada la naturaleza jurídica del Departamento del Distrito Federal, ya que sólo mediante esta óptica, es posible llegar a un juicio valorativo sobre la acción realizada en el ejercicio fiscal que se analiza.
Cabe resaltar en forma significativa que el trabajo realizado por las comisiones fue de plena apertura, contando en todo tiempo con la asistencia de las autoridades correspondientes del Departamento del Distrito Federal, a quienes se les demandó con la debida oportunidad la información requerida en la función revisora.
En las distintas fases de esta labor, pudo apreciarse que dentro de las naturales discrepancias ideológicas que se dan en el seno de los órganos por integración pluripartidista, fue factible percibir el consenso que se estableció y que consiste en el ánimo y la voluntad que privó en los legisladores que participaron en los trabajos de realizar su actividad, con plena convicción de la grave responsabilidad que recae en el Poder Legislativo, cuando revisa la actuación de un órgano
del Ejecutivo Federal, como lo hace en el caso de la revisión de la Cuenta Pública.
Es satisfactorio confirmar que en estos trabajos, todos los diputados que integran las comisiones unidas tuvieron presente la naturaleza del Departamento del Distrito Federal, como órgano responsable del gobierno de la ciudad capital, siendo de citar con carácter ejemplificativo, las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Socialista Unificado de México, que fueron incorporados al dictamen al haber sido aceptados por la mayoría.
Esta presidencia, agradece a los miembros de la Comisión del Distrito Federal, la responsabilidad demostrada durante los trabajos realizados, que dieron como fruto la presentación de este dictamen a la honorable asamblea; esperamos que el debate que suscite su contenido, esté a la altura de las aportaciones de las distintas fracciones parlamentarias que hicieron en su oportunidad. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 96 del Reglamento, esta presidencia da a conocer la lista de oradores. Oradores en contra, el ciudadano diputado Federico Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional; la diputada Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores; el ciudadano diputado Eduardo Valle Espinosa, del Partido Unificado de los Trabajadores; el diputado Efraín Calvo Zarco, del Partido Unificado de los Trabajadores; el diputado Manuel Fernández Flores, por el Partido Popular Socialista y el diputado Manuel Terrazas Guerrero, por el Partido Socialista Unificado de México.
En pro se inscribieron los diputados: Sócrates Rizzo García, Alfonso Reyes Medrano, Manuel Jiménez Guzmán, Adrián Mora Aguilar, Javier Garduño Pérez, Homero Díaz Córdoba, Juan Moisés Calleja García y Lulio Valenzuela Herrera.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Federico Ling Altamirano del Partido Acción Nacional.
El C. Federico Ling Altamirano: - Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Cuando se inauguró el metro de la ciudad de México hace ya casi 20 años, recuerdo que un amigo priísta él por cierto, y cosa curiosa, bastante simpático, comentó lo siguiente: - por supuesto en plan de broma y se entendía que en broma - "caray, ahora que por fin hay un transporte eficiente en la ciudad de México, lo ponen al servicio de los pobres" y yo le pregunté ¿pues qué sugieres Ignacio? y el dijo: "que haya credencial de pobre y que haya credencial de rico y que a los que traigan credencial de pobre no los dejen subir al metro para que los ricos podamos hacer mejor nuestras labores".
Por supuesto en aquellos años de bonanza, todo mundo entendía que se trataba de una simple broma, si lo hubiera dicho hoy, a lo mejor ya muchos no lo podrían tomar tan en broma, debido a que ya empezamos a hablar de diferenciales en tratamiento social para los pobres y para los que tienen recursos; incluso en el dictamen se empieza a considerar las tarifas y precios selectivos para diferentes clases o estratos sociales y recuérdese además, que han empezado a funcionar los tortibonos, con un criterio político que no voy a decir en este momento, sino voy a pasar al grano de la cuestión que nos ocupa.
¿Cómo es compañeros diputados que fiscaliza la Contaduría Mayor de Hacienda? La Contaduría nos lo dice con toda claridad en la página 66 del informe previo, dice que para hacer su labor, para ello, "se obtiene información por medio del envío de cuestionarios, que cubren los principales aspectos relacionados con la observancia de la legislación aplicable al Sector Departamento del Distrito Federal". Se envían cuestionarios.
"Las apreciaciones generales que se exponen en este capítulo", dice el informe," tienen su origen en el análisis de la información recabada mediante cuestionarios, y otra parte mediante revisiones directas a las operaciones del Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas".
Dado que este es el procedimiento para obtener información en la Contaduría Mayor de Hacienda, no es de extrañar que en la página 72 empiecen las quejas y así dice que en materia de concesiones de servicios públicos, "la información proporcionada a la fecha del presente informe no fue suficiente para emitir una opinión al respecto" y más adelante dice en la página 73, respecto de los ingresos obtenidos como resultado del aumento en la productividad o por la modificación de precios y tarifas, al momento de elaborar este informe aún no se proporcionaba información suficiente.
Es natural si se usa este procedimiento de cuestionario y esperar la respuesta que quiera dar el Departamento del Distrito Federal, yo entiendo que haya funcionarios que sean muy veraces, pero habrá otros que no y si la información que se requiere se tiene que recabar trimestralmente, es natural que muchos funcionarios simplemente digan y hay que conocerlos, pues nada más hay que
ir a verlos en las oficinas del Departamento; dirán muchos funcionarios, "ahí vienen otra vez estos latosos contadores, diles que vamos al 40% del programa y al 60% de el gasto ejercido, etcétera", y aquí empiezan a aparecer naturalmente las deficiencias y la queja.
Pero hay algo más, de los 22 programas que consta el presupuesto del Departamento del Distrito Federal, se analizan menos de la mitad de los programas y esto es lógico, porque el número de contadores de que disponen la Contaduría Mayor de Hacienda y el número de auditores pues es sumamente limitado, eso lo entendemos, pero lo que ya nos empieza a incomodar es que no se analizaron ni siquiera todos los programas prioritarios.
Los programas prioritarios, que conforme al decreto aprobatorio para ejercer el presupuesto de 1985 debían analizarse, son 14, pero no se analizaron ni el B-1 que es aportaciones a la administración de justicia, ni el R-4 abasto y comercialización, ni el 6-Q prevención y control de la contaminación ambiental y el Z - P que es un subprograma llamado protección social, incluido en el programa de desarrollo social y ¡oh! cosa curiosa señores diputados, justamente esos cuatro programas prioritarios son los que en el trabajo de comisiones en 1984, lograron introducirse como recomendación expresa de que debían vigilarse y analizarse; pero ese trabajo de comisiones que se plasmó en el decreto aprobatorio del presupuesto para 1985 no fue atendido.
¿Para qué sirven pues las recomendaciones que hace el pleno de esta Cámara? ¿Para qué sirve la recomendación expresa de un decreto de ejercicio de presupuesto? Este es el caso que nos hacen. Pero voy más allá, en la página 47 del informe previo dice en síntesis, que las fuentes de consulta en que se basa dicho análisis, son las cuentas económicas del Departamento del Distrito Federal y es importante señalar que en el caso de algunos rubros, las cifras que se mencionan en el texto difieren de las registradas en dichas cuentas, y luego de la explicación, y yo les suplico que pongan mucha atención a la explicación que ofrece al informe, dice:
"Esto se debe a que el Departamento del Distrito Federal autoriza, a cada una de sus entidades paraestatales, para canalizar recursos financieros hacia actividades distintas de las proyectadas previamente, de acuerdo con la prioridad que tenga cada actividad particular", y como ejemplo se pone autotransportes urbanos Ruta 100, la cual se dice sacrificó una parte de los recursos destinados a obras de infraestructura para seguir subsidiando a los usuarios del sistema; cosa por cierto falsa, porque si uno analiza el cómo se ejerció el presupuesto, no fue para mejorar la infraestructura de Ruta 100, fue para comprar 500 autobuses más y en vez de comprar los 300 programados, compraron 800 con la simple autorización del Departamento del Distrito Federal.
Y esto a mi juicio, señores diputados, constituye una violación gravísima del decreto aprobatorio del presupuesto para el año de 1985, ya que en el artículo 8o. de dicho documento se establece perfectamente que el Departamento del Distrito Federal, "en el ejercicio del presupuesto vigilará que no existan compromisos que rebasen el monto ni que haya desviaciones en el gasto autorizado" y en otro párrafo agrega, y eso es lo más grave de todo, "será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los directores, etcétera, el contraer o autorizar compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las unidades administrativas y entidades a su cargo". Existe pues, evidentemente, claramente la posibilidad de fincar una responsabilidad jurídica al Jefe del Departamento y al Departamento mismo en el ejercicio del presupuesto en 1985.
En cuanto al manejo de la deuda, en la autorización de presupuesto - y hablo del mismo documento aprobatorio -, el decreto que suele olvidarse una vez que se aprueba, en la autorización de presupuesto para los ejercicios de 1984 y 1985, ya existía el convenio de consolidación y redocumentación de adeudos, mediante el cual la federación absorbía parte de la deuda del Departamento y en especial, la pérdida cambiaría para liberar recursos y quitarle peso específico al servicio de la deuda.
Las comisiones que suscribieron el presupuesto para 1985, aprobado por esta Cámara en diciembre de 1984, reiteraron la necesidad de que se observen estrictamente las medidas, no que recomienda, que exige dicho convenio, mediante las cuales el Departamento del Distrito Federal se compromete a sanear sus finanzas y se exigió que los ingresos propios - fíjense bien - los ingresos propios crezcan con mayor dinamismo que el monto de la deuda y esto no se cumplió, evidentemente, porque mientras los ingresos propios crecieron un 23%, la deuda lo hizo en un 92%, incluyendo el fuerte aumento, sobre todo en deuda no titulada, adefas 23% contra 92%, ese es el caso que nos hacen, ese es el caso que le hacen al documento de plena validez jurídica y que debiera ser observado estrictamente por las autoridades subordinadas a tal documento, ese es el caso que nos hacen y es cuando después de mucho batallar se logra en el pleno de esta asamblea,
incluir algunas modificaciones para mejorar.
En lo estructural, basta leer los párrafos primero, segundo y tercero de la página 53 del informe previo, para darse cuenta - y lo dice expresamente- "que la optimización en el manejo de los recursos, - quiero conceder la hipótesis- ya se logró, ya se logró la optimización y ya no se puede mejorar con este modelo económico los resultados" y esto es sumamente grave, porque si no se hubiera logrado esta optimización, podríamos todavía hacer mucho en materia técnica y de aplicación de presupuestos, pero si ya se agotaron las posibilidades y estamos como estamos en esta ciudad, señores diputados, lo que se ha agotado es el modelo de la ciudad, que se ha pretendido construir y lo que hay que hacer radicalmente, lo reiteramos como desde hace muchos años, lo que hay que cambiar es el modelo de la ciudad que se ha propuesto al pueblo de México.
No voy a insistir, porque ya lo mencionó el diputado Terrazas, en el hecho de que jurídicamente es el ejercido, no en comparación con el presupuestado lo que se juzga en el dictamen o debe juzgarse en el dictamen; el modificado tiene solamente razones administrativas internas para el Departamento del Distrito Federal; de otra manera se discute un presupuesto no autorizado, en lugar de discutir por qué no se ejerció el autorizado y la respuesta - quisiera no llegar a pensar que - es para encubrir el exceso de gasto financiado con más endeudamiento.
Respecto a los criterios aplicables en materia presupuestal y de contabilidad y vigilancia, pues son la congruencia, la suficiencia, la eficacia y la eficiencia. Y qué nos dice en sus análisis la Contaduría Mayor de Hacienda - ¡ah! nos dice unas cosas muy interesantes -, dice en cuanto a la eficacia y eficiencia: "hay que mencionar que debido a los efectos de evaluación de programas no es suficiente la información que se presenta, tanto en el presupuesto de egresos y en la Cuenta Pública de 1985 como en el IV Informe de Gobierno", no fue posible estimar la eficiencia con que se aplicaron los recursos de cada programa, ni siquiera con la información contenida en los voluminosos anexos del IV Informe de Gobierno y asimismo, cabe apuntar que por razones similares, no fue posible profundizar en el análisis de las causas de las variaciones programáticas.
Hecho gravísimo, no es posible analizar por falta de información confiable y no fue posible determinar, continúa el informe: "el nivel de eficiencia con que se aplicaron los recursos de cada programa, debido a que en general la información que se presenta en la Cuenta Pública de 1985, no permite asociar a cada una de las metas, los recursos correspondientes; además, existen algunas limitaciones en la justificación de las variaciones que obedecen fundamentalmente a que se requiere un mayor grado de desagregación", estamos de acuerdo, "aunque esto no será fácil de lograr por las dimensiones que actualmente han alcanzado, tanto la Cuenta Pública como el Presupuesto de Egresos".
Ese juicio que casi es definitivo en cuanto a aprobar o no aprobar la Cuenta Pública que analizamos o por lo menos el dictamen, no es mío, es el contenido en el informe previo de nuestro órgano fiscalizador.
Pero quiero analizar un aspecto sumamente interesante que pocas veces se toma en cuenta y que es, señores diputados, la confiabilidad de las cifras y voy a poner solamente unos cuantos botones de muestra. Por ejemplo, todos recordamos que a mediados de los años setenta, se hablaba de que la cuidad de México, ya estaba recibiendo 44 metros cúbicos de agua por segundo, pero que había que aumentar esto para satisfacer hasta el año 2000 los requerimientos, trayendo agua desde Cutzamala.
Yo no pensaría que si Cutzamala agregó 1.7 metros cúbicos por segundo, estaríamos en el rango de 46 metros cúbicos por segundo, sin embargo no, en el decreto aprobatorio del presupuesto para 1985 se habla de 37,7 metros cúbicos por segundo menos y en el análisis que nos ocupa hoy día, la cifra es todavía menor, 35.4 metros cúbicos. Yo no se, tal vez no, para cualquier persona es fácil apreciar la diferencia, quizá solo viendo en términos su porcentaje; la diferencia entre 44 que se manejaba hace ya 10 años y 35.4 que se maneja ahora, un 25% menos después de 10 años y de tanta obra hidráulica que se ha hecho.
Pero un tema más sencillo quién puede contestar consultando documentos oficiales diversos, determinar o contestar la simple pregunta de ¿cuántos habitantes somos en el Distrito Federal? Si ustedes consultan diferentes documentos oficiales, todos con la misma contabilidad, difieren hasta en medio millón o tres cuartos de millón y, señores, errores de ese tamaño, nos dan a entender que la confiabilidad de las cifras con las que se manejan los presupuestos, las cuentas, los criterios de asignación de recursos no pueden ser confiables.
Otro ejemplo muy sencillo: se dice que egresan 1 mil 500 policías al año aproximadamente, de la
academia, si alguien conoce que en 1982 había ya 27 mil policías, tendría derecho a pensar que para 1986 serían otros 6 mil policías o sea 33 mil, pero seguimos con 27 mil o un poco menos y todos sabemos la explicación, también hay bajas en el cuerpo de la policía, esa es la solución del misterio; pero el hecho que nos preocupa es que no se mencionan las bajas en los informes y en los análisis, se dice simplemente está aumentando el número de policías, porque egresan 1 mil 500 al año y la verdad es que seguimos igual que antes.
Hace dos años, un diputado del PAN tuvo que acorralar materialmente al general Mota, para que confesara una cosa tan sencilla como que sí hay bajas en el cuerpo de la policía; y otro dato curioso sobre la misma policía, que es un bello capítulo de incongruencias numéricas; fíjense ustedes, en 1985 la matrícula total del año, la matrícula total del año fue de 3 mil 200 policías, pero la meta era que salieran 6 mil, díganme ustedes, si alguien es director de escuela, ¿cómo hace con 3 mil 200 inscritos, ponerse la meta de sacar 6 mil egresados? La explicación es muy sencilla pero no se da, la meta se puso antes de tener la inscripción, lo peor es que el número de egresados reales es sólo de 1 mil 500 y la explicación que debió dar el Departamento del Distrito Federal y que todos hubiéramos aceptado es muy sencilla, la inscripción fue muy baja, ¿pero saben ustedes cual es, señores diputados, la explicación que ofrece para no haber cumplido la meta el Departamento del Distrito Federal?, dice que algunos terminaron en 1986, pues yo creo que aunque hubieran terminado todos los 3 mil 200, no se hubiera cumplido la meta.
Tenemos otro dato: hay 2 mil 500 patrullas, y se le asigna una meta de patrullaje en kilómetros recorridos de 1 millón 100 mil km al año, basta tener una regla de cálculo antigüita o una calculadora moderna para dividir 1.1 millones de kilómetros entre 2 mil 500 patrullas, para saber lo que recorre cada patrulla al año y nos da 440 kilómetros al año y si lo dividimos entre 365 días, resulta que cada patrulla recorre directamente 1.2 kilómetros diarios, 1.2 kilómetros diarios, 1.2 kilómetros diarios, probablemente la distancia para llevar en la patrulla al hijo del patrón a la escuela y regresar; o qué, ¿las compran para estar paradas? Yo creo que no, la explicación es muy sencilla y la podríamos aceptar, pero que se diga: la verdad es que hay un número de patrullas en reparación sumamente alto, probablemente bastante más de la mitad, la prueba es que los mismos patrulleros protestaron porque los obligaron a arreglar las patrullas, y estas cosas son las que deben decirse para poder tener un grado mayor de confiabilidad en las cifras que manejamos.
Pero dentro del informe previo que nos sirve de base para el dictamen de Cuenta Pública, hay contradicciones muy importantes. En relación con las normas y los lineamientos a que deben sujetarse las entidades en la ejecución del presupuesto, se informa que con oportunidad se recibieron de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se dieron a conocer en las entidades las normas y lineamientos a que deben sujetarse; pero si uno va y le pregunta a las entidades, muchas de ellas contestan, y así lo dice: "que las propias entidades coordinadas manifestaron desconocer parte de dicha normatividad", ¿cómo podemos funcionar si parte de las entidades coordinadas - no especifica qué parte - no conoce, no se da por enterada de la normatividad que la rige?
Lo mismo ocurre en relación con las políticas de cada sector que establece el Departamento del Distrito Federal, las comunica a las entidades y a los organismos por medio de circulares; sin embargo, las entidades coordinadas manifestaron que las políticas del sector no les son comunicadas oportunamente ¿cómo van a ejercer las políticas del sector, si no las conocen oportunamente?.
Pero hay algo más: "no obstante, de acuerdo con los informes proporcionados, existieron algunas discrepancias entre las cifras analizadas que son y que debieran ser por falta de un proceso sistemático de programación", afirmación categórica de la Contaduría Mayor de Hacienda: la falta de un proceso sistemático de programación; ni como tecnócratas sirven muchos funcionarios del Departamento del Distrito Federal.
Y ahora viene una cosa que divertiría mucho a Federico Fellini. Se dice que no se puede formalizar muchos actos de entrega, recepción de obras, porque los perversos y endemoniados contratistas no entregan la documentación que se les requiere, la culpa, por lo tanto, es de los señores contratistas; pero por otro lado, dice: "respecto a la obligación de conservar en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de las obras que realiza o contrata el Departamento del Distrito Federal, informó que en algunos casos sólo cuenta con documentación parcial de las obras realizadas en 1985, debido a los fuertes sismos del año pasado"; se destruyeron los archivos, ¡qué mala suerte!, pero dicen que los están rescatando con los contratistas que sistemáticamente les niegan los documentos para formalizar las entregas, ¡sí Jesusita, cómo no!...
"Aparentemente no se ha establecido un mecanismo para vigilar los recursos por concepto
de transferencias". Esto de aparentemente no es cierto, en la página 93 lo dice categóricamente, "no se ha establecido un mecanismo para vigilar lo siguiente", señores diputados, "vigilar que los recursos por concepto de transferencias que no hubiesen sido devengados, se reintegren a la Tesorería de la Federación; sin embargo, el Departamento del Distrito Federal afirma que todas las entidades cumplieron con dicho reintegro, en virtud de que no se reportó ningún excedente", con este criterio de las gentes del Departamento del Distrito Federal, se podría hacer el símil, si la ley establece que el ladrón devuelva lo robado, las gentes del Departamento del Distrito Federal concluirían de que en vista de que nadie ha devuelto nada, no hay ladrones.
Pero vamos a hecharle un vistazo, aunque sea en forma de muestreo, a tres programas muy interesantes y una vez más surge el tema de la confiabilidad de las cifras. En el programa de basura, en el documento que aprobó el presupuesto para 1985, se hace el siguiente análisis: cada habitante de esta ciudad produce 817 gramos diarios de basura -817 gramos diarios de basura-, por esa razón se producen 12 mil toneladas, pero si este dato lo analiza el ingeniero Heberto Castillo, por ejemplo, con su regla de cálculo, se da cuenta de que razón de 817 gramos por persona, se necesitarían para producir 12 mil toneladas de basura, 14 millones de habitantes, pero el número de habitantes reconocido en este dictamen, el que analizamos hoy, en el capítulo socioeconómico se dice que hay 10.5 millones en el Distrito Federal, una de las tantas cifras que se manejan, y en ese caso las 12 mil 800 toneladas entre 10 millones y medio de kilo y cuarto por persona, un 50% de diferencia. La conclusión inevitable de esto es que o el Departamento está recogiendo la basura en el Estado de México, porque es para 14 millones de habitantes o la producción de basura es mucho más alta de lo que han calculado; esta es la verdad, pero que se diga, es mucho más alta la producción de basura, por eso hay tiraderos clandestinos.
Además, relacionando los programas de basura y de contaminación ambiental, es de los programas no analizados, vemos que es sensiblemente semejante al volumen de basura y de polvos contaminantes que se producen anualmente; por un lado, 4 millones 700 mil toneladas anuales de basura y por otro, 4 millones 900 mil toneladas anuales de polvo contaminante en la atmósfera; este polvo contaminante en la atmósfera es, en cuanto a su cantidad, como si se triturara toda la basura anual que se produce en el Distrito Federal se triturara al grado de polvo y se echara a la atmósfera, habría suficiente, habría disponibles dos kilos diarios de basura para que respirara cada uno de los habitantes del Distrito Federal; y sin embargo, a pesar de que es muy deficiente el programa de basura, se le asigna el 2% del presupuesto, mientras que al otro problema que es igualmente grave y va a ser más grave todavía en el futuro, se le asigna la cuarta parte o sea sólo el medio por ciento, pero esto será más bien materia de presupuestación.
Hay, hablando de basura, se nos dice 1 mil 436 camiones de basura, se nos dice también que se alquilaron camiones de volteo para el servicio en cantidad de 15 mil 200; por lo tanto son, en números cerrados 17 mil camiones que recogen la basura en esta ciudad, en la parte que le toca al Distrito Federal, 12 mil 800 toneladas. Creemos que esta cifra es correcta, pero entonces resulta que dividido entre los 17 mil camiones da un resultado pobrísimo: 50 kilos por camión, a qué costo nos sale recoger la basura en esta ciudad señores diputados.
Pero hay algo más con un programa fascinante, que es el de seguridad y vialidad y aquí otra vez, la policía en su esplendor. Se nos dice que se gastaron 4 mil millones de pesos en bienes muebles, preguntando se sabe que es la adquisición de 190 nuevas patrullas y entonces uno se preguntaría, ¡bueno pues, qué cuestan 20 millones de pesos cada patrulla? Dividiendo da ese resultado, y no, no, no, no hay que alarmarse, lo que pasa es que el resto fue para comprar 10 grúas, digo se compró al precio normal y el resto fue para comprar 10 grúas y armamento más poderoso.
Y aquí señores diputados, permítanme tratar con toda seriedad y con profunda preocupación el capítulo del armamento que está usándose por la policía en la ciudad de México; porque a lo largo de los años hemos visto que el criterio tiende a ser menos y menos policías, con más y más armamento o por lo menos más y más poderoso armamento, llevando al límite, a la hipótesis límite esta situación, llegaríamos a que la tendencia culminaría cuando hubiese sólo un policía con una bomba atómica en la mano.
Creo que el actual comandante de la policía capitalina, ha puesto un límite al poder de las armas que usa la policía, pero hay una serie de incongruencias, por ejemplo: se dice que se va a sacrificar la función principal de la policía, que es matar al delincuente, afirmación que produce escalofríos para no dañar a la ciudadanía en caso de persecuciones o similares.
Pero por otro lado, en la página 67 del proyecto de dictamen se dice que: "el objeto es quitar vigilancia
de las instituciones bancarias y poner armamento más poderoso", pero yo pregunto ¿dónde?, porque la tercera incongruencia sobre incongruencia y todos lo hemos visto en los noticieros de televisión, en las mamparas enfrente de los bancos, en donde están los policías armados con rayos láser para poder hacer disparos nocturnos de alta precisión.
Todo este capítulo de la policía, bien vale la pena una comparecencia para que se nos explique a los representantes de los habitantes del Distrito Federal, cuál es finalmente la filosofía que está atrás de algo que parece encaminarse a una represión total de la delincuencia en su caso, o quizás en un futuro no muy lejano de la ciudadanía si es necesario.
Para no alargar demasiado esta intervención, quiero decir que en materia de agua hay una serie de cosas que ameritarían una explicación adicional, no nos es suficiente lo que se ofrece. Se dice por ejemplo, para no tratar todo lo del programa hidráulico, drenaje, agua potable y demás, que se limpiaron X número de coladeras que representa el 200% de lo programado. ¡Ah caray! en materia de limpiar coladeras el Departamento del Distrito Federal es tremendamente eficiente, ¿merecería un aplauso por esta eficiencia? Yo digo que no señores, pienso, no lo se, no me consta, pero siento que estos son destajos dados por dedazo a amigos del Jefe del Departamento del Distrito Federal o de alguien relacionado con el Departamento del Distrito Federal, y que claro, trabajando a destajo se reporta el doble y cuando alguien se sorprenda de que esta meta llegó al 200% se pone la explicación en el informe de Cuenta Pública, que esto se debió a las lluvias y yo preguntó, ¿qué es el único año que llovió en México? ¡Caray!
Compañeros diputados: permítanme que en esta ocasión me exprese a título personal, en primera persona. Yo creo que muchos de los que están aquí pueden querer a la ciudad tanto como yo, porque muchos de ustedes al igual que yo, señores diputados, nacimos, crecimos, nos educamos, estudiamos, nos formamos políticamente en esta ciudad que tanto queremos y pienso que hay muchos, que a los muchos se pueden agregar otros pocos que pueden amarla aun más a esta querida ciudad de México. Y a los muchos y a los pocos me dirijo: ¡seamos exigentes para que las cosas mejoren, para que nuestra ciudad sea mejor!, ¡para que esté mejor administrada!; en lo que a mi toca y a los diputados de mi grupo parlamentario, por lo aquí expuesto, no podemos aprobar en esta ocasión la Cuenta Pública. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Sócrates Rizzo en pro.
El C. Sócrates Rizzo García: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: hemos escuchado con gran atención la acuciosa y detallada exposición del compañero Ling Altamirano, que refleja que se ha metido, estudiando, detalles importantes de la Cuenta Pública, ojalá que esta exposición, estas inquietudes y comentarios, se hubieran presentado en ocasión de las reuniones de la Comisión del Distrito Federal y en ocasión de la reunión en la que se dictaminó la Cuenta Pública del Distrito Federal.
Hubieran sido muy importantes comentarlas y discutirlas en detalle, en aquella ocasión, en la que por cierto el compañero Ling Altamirano expresó algunos comentarios que no lo hemos escuchado en esta ocasión, de que si bien había problemas y desviaciones en el ejercicio presupuestal de 1985 había avances importantes, innegables en la administración del Departamento del Distrito Federal.
Yo quisiera concentrar mis comentarios en consideraciones generales, ya que estamos en esta parte del debate y dejar quizá para después y para otros compañeros, algunos comentarios, a aspectos particulares a que hizo referencia el compañero Ling Altamirano.
En relación al informe previo, consideramos importante comentar que no es exhaustivo, como tampoco lo es, el informe de resultados. La fiscalización superior en todos los países donde se aplica, no es un ejercicio exhaustivo en donde se audite a todas y a cada una de las entidades y dependencias.
Lo mismo sucede en el caso de nuestro país, sin embargo, como lo comentabamos en el día de ayer, se ha avanzado de manera significativa en la penetración y en la cobertura de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ha mejorado su análisis, ha mejorado la capacitación de su personal que por cierto ha aumentado de una manera importante, de 1982 a 1986 de 450 personas que había en la Contaduría Mayor en 1982, en 1986 ascienden a 1 mil 078. En 1985 sí se hicieron auditorías a la Cuenta Pública que corresponde precisamente a 1984 y que oportunamente se presentaron a esta soberanía en el informe de resultados de la Cuenta Pública de 1984, las auditorías y el examen a fondo de esta Cuenta Pública de 1985, se está realizando en estos momentos y se presentará en su momento a través del informe de resultados de 1985.
La Contaduría emite juicios importantes que es necesario destacar en relación a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, en la página 81 y 82 del informe previo se informa que en conclusión el Departamento del Distrito Federal cumplió con la información contable, financiera, presupuestal, programática y económica, es un juicio importante que vierte la Contaduría Mayor de Hacienda en relación a esta Cuenta Pública, se ha mencionado por el compañero Ling Altamirano, una serie de datos de información que requeriría quizás como él lo pidió, la calculadora de otro compañero diputado y yo desafortunadamente no traigo la mía, pero creo que estas cifras si bien reflejan la preocupación legítima del compañero Ling Altamirano, no alteran, no alteran el dictamen y las conclusiones que se vierten en el mismo.
Ciertamente ha habido cambios en las mediciones en cuanto al agua potable, la cifra que esta en el dictamen de 37 metros cúbicos por segundo, creemos que es la cifra correcta la que se manejaba anteriormente de 42 o 44 metros cúbicos por segundo, es incorrecta y esto es pues resultado del perfeccionamiento en las medidas, en los mecanismos de medición, que anteriormente se hacían a través de lo que se llama la macromedición y según nos explican los técnicos, se ha venido perfeccionando a través de aforos específicos en los pozos y ha habido una corrección en cuanto a este asunto, ésto refleja el que se presente precisamente la cifra de 37 y se reconozca de que la anterior estaba mal, la apertura, la amplitud de información que se da a través de la Cuenta Pública, y creo que es importante que mejoremos la precisión en nuestras mediciones.
Hay otras variables, tales como población que difícilmente podíamos pretender aquí y tampoco creo que los técnicos o los demógrafos especialistas, pudieran pretender esa actitud en sus previsiones, sabemos todos nosotros que es cada 10 años que se realiza el censo nacional de población, y es cada década que conocemos con una mayor precisión la magnitud del total de habitantes del país y en particular del Distrito Federal, entre cada uno de esos diez años se realizan estimaciones bajo diferentes alternativas, hipótesis y creo que no sólo entre nosotros, sino sobre todo entre los técnicos expertos en la materia, habrá discrepancias y siempre las habrá por cuestiones metodológicas, en cuanto a las estimaciones de población, normalmente se presentan estimaciones altas, medias o bajas y en base a eso es que se escoge alguna de ellas, creo que esto es un problema propio del progreso de la ciencia y de los riesgos y certidumbres en todo tipo de estimaciones.
Yo quisiera insistir en las características del dictamen y porque vamos a votar a favor del mismo, creemos que el dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal, hace un análisis serio, detenido en primer lugar de cuales son las condiciones o el entorno, el entorno tanto nacional como metropolitano bajo el cual se ejerció el presupuesto y se hace un análisis, ciertamente, de los avances habidos respecto a 1984, pero también de las desviaciones respecto a las metas originales y las causas por las cuales fue necesario modificar esas metas por parte de la administración.
Pero, asimismo, hay un capítulo muy importante de recomendaciones, en donde implícita o explícitamente se reconocen las deficiencias habidas y se proponen medidas para mejorarlas creo que en lo particular, tendremos oportunidad en este capítulo de discutir y de captar las inquietudes de los diferentes diputados para mejorar la eficiencia en la Administración Pública. En cuanto al entorno económico, creo que es importante destacarlo y lo hace y lo subraya el dictamen, el Distrito Federal cuya población es de alrededor de 10 millones y medio aquí podríamos discrepar si es más o menos 5 o 6% y no habría mucho desacuerdo en eso creo que el que sea una de las ciudades más pobladas del planeta, que enfrente una creciente migración, sobre todo en los últimos años de crisis, cuando encontramos que cada vez, son más las personas que vienen a la ciudad de México, en busca de nuevos horizontes.
Qué además, está circunscrita en un área conurbada que a estos 10 millones y medio agrega 7 millones adicionales, creo que es un entorno importante que debemos considerar, y si eso no fuera suficiente habría que agregar las condiciones adversas en lo natural que tuvimos el 19 y 20 de septiembre.
Los problemas se agravan, por la concentración en la ciudad de México, de la industria, de la población, de los servicios públicos y se agrava en términos de costo para proporcionar los servicios cada vez es más costoso traer el agua a la ciudad de México, cada vez es más costoso proporcionar los servicios de transporte público, seguridad, creo que este entorno, estas condiciones que se subrayan en el dictamen de Cuenta Pública, son muy importantes, para que cualquier juicio que se haga sobre 1985.
Pero esté año, el Departamento del Distrito Federal, el Gasto Público, los esfuerzos para proporcionar más servicios a toda la población, se enfrentó también con los problemas económicos del país, se enfrentó con una inflación mayor a la prevista originalmente y se enfrentó a los programas de austeridad pública que se
empezaron aplicar desde febrero de 1985, y esto significó como se dice claramente en el dictamen, que el gasto presupuestal se redujera en términos reales.
Mientras que en el gasto total ejercido por el Departamento, el total de dinero dedicado a los servicios de transporte, el agua, a la vigilancia y a todos los servicios que proporciona el Departamento del Distrito Federal, subieron en 44% el total de recursos, tuvimos una inflación promedio de casi 58%, lo que significa que en términos reales, en términos del poder de compra de ese presupuesto, hubo una reducción del 9%.
Es decir tenemos una situación no solamente de los sismos, o que queramos exagerar los sismos para justificar desviaciones, tenemos un problema real presupuestal, de que los recursos en términos reales se redujeron 9%, pero que se hizo frente a esas limitaciones y frente a la adversidad y al desastre del 19 y 20 de septiembre. ¿Cuáles son los resultados que están reflejados en la Cuenta Pública? ¿Qué tanto avanzamos, respecto a lo que teníamos en 1984?
Veamos solo unas cuantas cifras: la red del Metro se incrementó en kilómetros de 106.9 a 114.7 me refiero de 1984 a 1985, los centros de abasto popular de 62 que había en 1984 se pasó a 70 en 1985, la longitud del drenaje profundo, es un proyecto de largo alcance, muy importante para evitar las eventuales inundaciones de la ciudad de México, pasó de 90 kilómetros a 92 kilómetros el año pasado.
En cuanto a agua potable, en el dictamen se insiste en que se sigue cubriendo el 100% de las necesidades, un 97% a través de tomas domiciliarias, y otro a través de pipas y otros mecanismos, en cuanto a drenaje se cubre el 74% de las necesidades y se deja de cubrir y todavía falta por cubrir sobre todo el de las zonas montañosas de la ciudad de México.
En vigilancia en lo cual quisiéramos más y vamos a insistir en las recomendaciones en este punto, se incrementó en sí 1 mil 533 elementos; en recolección de basura hubo un incremento de 700 toneladas, en transporte público que es un servicio social muy importante hubo un incremento en cuanto al número de personas, días, transportadas de 3 mil 347 millones en 1984 a 3 mil 481 millones en 1985.
Esto refleja el énfasis en las prioridades sociales, donde es casi el 65% del presupuesto que gasta el Departamento del Distrito Federal, el destinado a cubrir estas necesidades, es decir el 63% del presupuesto, beneficia en una manera directa a los sectores mayoritarios de la ciudad de México. Tan solo el transporte público representa el 34% del gasto que ejerce el Departamento del Distrito Federal.
Por lo tanto, consideramos que con menos recursos disponibles en términos reales se incrementaron los servicios públicos fundamentales y eso a pesar de los sismos del 19 y 20 de septiembre, ésto es, consideramos el juicio más importante, que el pueblo de México está esperando de sus diputados, que tanto se avanzó, y por eso consideramos que se avanzó en la dirección correcta.
Pero no sólo eso, sino que además observamos en 1985 y 1986 que los ingresos propios, los ingresos propios se captan cada vez de una manera más equitativa y sobre todo debatimos mucho el año pasado, en ocasión de los ajustes al impuesto predial y a los derechos de agua, en donde vemos claramente que los ingresos se están captando de las personas que más tienen, esto nos indica que se cumple claramente con el criterio de obtener más del que más tiene y dar más al que menos tiene.
Pero de todas maneras debemos subrayar que en 1985, además de todo esto, hubo un intenso proceso de consulta pública, lo cual la consulta popular se ha convertido en una práctica cotidiana en la ciudad de México, en las delegaciones, en el Departamento del Distrito Federal, ya sea para analizar el plan parcial de desarrollo, en donde muchos diputados del Distrito Federal, participamos con los vecinos para defender sus inquietudes y sus demandas, o ya sea una consulta popular para analizar y captar las opiniones de la población, sobre el Programa de Vialidad en el centro de la ciudad.
En Coplade por ejemplo, se hicieron 158 reuniones durante el año pasado, además de las de más de 40 reuniones que se hicieron en los comités de reconstrucción, por todo esto consideramos que el dictamen refleja realmente lo que pasa en 1985 y que su conclusión de que avanzamos en la dirección correcta, es la correcta, que por todas estas razones, es que no es transacción, considera que el dictamen refleja realmente lo que pasa en 1985.
Por todo eso nuestra fracción parlamentaria, votará a favor del dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal e invitamos a todos los compañeros a que reflexionen y que en el mismo sentido emitan su voto a ese dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos el ciudadano diputado Federico Ling Altamirano.
El C. Federico Ling Altamirano: - Señor presidente, la intervención del diputado Rizzo, me obliga a una cuestión de caballerosidad. El ha hecho alusión a que los argumentos para votar en contra del dictamen que expuse aquí, no los expuse en la comisión cuando se discutió el dictamen y quiero disculparme, sinceramente por no haberlo podido hacer en aquella ocasión.
Dada la explicación en aquel entonces y los que estuvieron presentes la recuerdan, que Acción Nacional, no tienen un equipo de asesores ni de técnicos para analizar este tipo de documentos; En esta ocasión nuestro equipo se reducía a la presencia del licenciado Jesús Galván y de un servidor y el licenciado Galván estaba enfermo por esos días, esto lo dije en la Comisión y también hice el reconocimiento de que entre los presupuestos y cuentas públicas que se presentaban hace muchos años, queda en una sola cuartilla, a los presupuestos que tenemos que analizar ahora, hay una notable mejoría, también dije que la presencia de un contador público en el Departamento del Distrito Federal, facilitaba una mejor construcción de este tipo de documentos.
Y eso lo reitero aquí con honestidad y señor diputado Rizzo, si el año que entra tenemos más oportunidad, menos cargas de trabajo individual, con muchísimo gusto haremos nuestras aportaciones en la propia Comisión. Gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Beatriz Gallardo Macías, del Partido Socialista de los Trabajadores.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: durante 1985, la economía sufrió serios quebrantos, atribuibles en gran parte a la baja en los ingresos, por ventas de petróleo en el exterior.
Costo económico que entre algunas de sus consecuencias, provocó la reducción y ajuste del Gasto Público. 1985... fue un año muy difícil para el país, el vencimiento de pago de intereses y amortizaciones del capital agravaron la situación, se hicieron recortes presupuestales, en gasto corriente, representando una reducción al presupuesto de egresos de ese año.
Esto fue dramático para miles de familias trabajadoras y en especial para los trabajadores al servicio del Estado y del gobierno capitalino, pues el despido masivo ascendió a más de 50 mil empleados de confianza, supernumerarios, de lista de raya, etcétera.
Además de esa prolongación de la crisis económica, muchos meses después tendríamos que enfrentar y sufrir las consecuencias de una tragedia natural, la cual puso en evidencia todas las ineficiencias y contradicciones de la estructura económica del país y específicamente de esta gran ciudad.
No obstante todo esto, los sismos no fueron la única causa de la agudización de la económica, sino que las verdaderas razones se encuentran en el modelo económico actual y en la injusta redistribución de la riqueza.
El Distrito Federal, es ejemplo vivo de la materialización de políticas, como la política económica del centralismo en lo político y contradicción, y concentración irracional de las actividades económicas que nos han colocado en una ciudad imposible de seguirse gobernando, bajo el actual marco.
Porque en 1985, existía ya una población de más de 10 millones de habitantes, asimismo la urbanización excesiva de la capital ha degradado el uso del suelo, agotado los recursos naturales, creado una grave contaminación ambiental, y ahora ante la falta de recursos económicos, resulta cada vez más difícil proporcionar todos los servicios públicos a la población capitalina.
Por otra parte, se ha pronosticado que de no ponerse remedio a la migración excesiva y la contaminación ambiental, se hace ya imposible vivir en esta ciudad, el Distrito Federal estará al borde de una catástrofe ecológica.
A pesar de que el transporte fue en 1985 y sigue siendo uno de los programas prioritarios para el gobierno capitalino y de los esfuerzos que esté ha llevado a cabo, sigue siendo un problema creciente y difícil de solucionar con las partidas asignadas. El 29% que en 1985 se asignó a este programa, fue totalmente insuficiente para resolver la demanda de transporte que tanto necesita la población de menos ingresos del Distrito Federal.
La severa crisis económica, ha provocado la agudización de los problemas sociales, los cuales aunados a la constante penetración ideológica y a la limitación de modelos, se hace la realidad 1985, mostró a la mayoría de los habitantes un severo descenso de su nivel de vida, ya que para hablar de avance, sería necesario una redistribución de la riqueza social a aquellos que la
generaron, y el presupuesto de egresos no se dirigió precisamente a solucionar las ancestrales iniquidades económicas, políticas y sociales, que aquejan a millones de habitantes de la capital.
Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, votará en contra de este dictamen por considerarlo limitativo y ejemplo claro de una política económica con la que nosotros no estamos de acuerdo, porque lesiona los intereses de los habitantes de más bajos ingresos y a los trabajadores que golpeados por la crisis fueron protagonistas del fracaso económico, y penosamente víctimas de ésta política y de los efectos del sismo de 1985.
Ciudadanos diputados y diputadas, para algunos la ciudad de México es un gran negocio, para otros una pesadilla, algo que se deteriora inevitablemente, para los trabajadores es un lugar donde trabajar y en una medida donde vivir; mis razonamientos anteriores, me permiten concluir con una recomendación principal, de la cual se derivan otras recomendaciones, por cierto no dirigidas al órgano técnico la Contaduría Mayor de Hacienda, ni a funcionarios intermedios, sino a quienes tienen la principal responsabilidad política y por lo mismo el poder suficiente para hacerla suya, nos parece que se debe de reorientar constitucionalmente el presupuesto y su ejercicio; por lo tanto:
Primero. Dotar al Distrito Federal de un gobierno democrático y representativo, devolviendo a los ciudadanos el ejercicio pleno en sus derechos electorales;
Segundo. Invertir en la generación de empleos y alentar las iniciativas espontáneas del pueblo, como las del comercio ambulante y la organización de cooperativas de consumo y producción para garantizar el ingreso de cada familia y hacer del Distrito Federal una ciudad productiva de bienes, servicios y bienestar;
Tercero. Garantizar la salud de los capitalinos con la mejor de las medicinas preventivas, abasto de alimentos, un ambiente saludable y sobre todo ingresos suficientes, mediante la generación de empleos y el mejoramiento de la justicia laboral;
Cuarto. Promover un basto programa de vivienda vertical, que trasforma la actual política defensiva, simplemente regularizar los asentamientos horizontales, arrancados al bosque y a la agricultura, en una política de ofensiva que se anticipe a los hechos y que propicie la participación organizada de los millones de interesados.
Así el sueño de una vivienda digna, se vea realidad, violentando el miope y lento caminar de la burocracia, sin iniciativa y sin entusiasmo;
Quinto. Promover una cruzada educativo - cultural, que permita convertir a los que saben en maestros de los que no saben, no sólo en materia de alfabetización, sino en todos los campos de la educación y la cultura, como puede advertirse, nuestro afán es convertir esta pesadilla, este gran negocio de pocos, en la casa de todos, en una ciudad digna de trabajar y de vivir en ella. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Lulio Valenzuela Herrera.
El C. Lulio Valenzuela Herrera: - Con permiso señor presidente; señoras y señores diputados: para los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el análisis y debate de las cuentas públicas del Distrito Federal y la de 1985 no es la excepción, es un acto eminentemente de trascendencia política que anualmente lleva a cabo la Cámara de Diputados, ya que significa a la vez que un deber constitucional marcado en la fracción IV del artículo 74, es de las actividades más importantes de esta soberanía, que implica la función de revisar la aplicación correcta y acertada de los presupuestos que esta misma Cámara aprueba con anterioridad; pero no sólo en el sentido aritmético de confrontar números o cifras, sino también comprobar la orientación y el contenido social de los gastos para revisar la congruencia y concordancia entre los postulados políticos de la justicia social, justicia para las mayorías de esta ciudad, mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, avance en la satisfacción de las necesidades materiales, a través de los programas que previamente la Cámara de Diputados discute y aprueba.
Coincidimos con la diputada Beatríz Gallardo, del Partido Socialista de los Trabajadores; en esa preocupación que ella expuso en el interior de la comisión legislativa, coincidimos en los elementos que enmarcan en ejercicio presupuestal de 1985, en los elementos condicionales de las crisis económicas y los efectos negativos del terremoto; y coincidimos también en la preocupación de ella y de su partido, de atender la solución prioritaria de los problemas de las clases populares de esta ciudad y esa preocupación de ella se reflejó en la modificación de uno de los incisos del artículo 5o. del dictamen, enfatizando el interés de proteger las clases populares.
El análisis de la Cuenta Pública es también la manera de confrontar, si este gasto del Departamento del Distrito Federal obedeció y seguirá
obedeciendo a los fines que se marcan en la Constitución General de la República y a las obligaciones que tiene encomendadas el Titular del Ejecutivo Federal, manifestadas y reglamentadas a través de diversos instrumentos jurídicos como la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la ciudad de México y de la Región Centro del País, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Y el propio decreto sobre el presupuesto, en las cuales se reconocen están implícitas las aspiraciones del pueblo, que a través del tiempo las va creando y a través de esta Cámara de Diputados va perfeccionando, para que periódicamente en forma trimestral o anual se califique el quehacer del Gobierno en base a los gastos autorizados.
El Distrito Federal, la población más densa del país y una de las más grandes del mundo se enfrentan no ahora, sino de siempre a los graves problemas de una ciudad que crece inconteniblemente y la solución a los problemas de una ciudad que crece inconteniblemente y la solución a los problemas, siempre va a la zaga ejemplificando así la muestra que el desarrollo nacional es irregular en ocasiones, injusto pero que nuestro pueblo tiene el empeño de corregir, revertir para su desarrollo adecuado.
Así la Cuenta Pública de 1985, no son las cuentas alegres de que todo se haya hecho bien, ni la panacea que ha resuelto los problemas de Distrito Federal, es un documento a conciencia que revele metas no alcanzadas y en algunas metas cumplidas no alcanza a cubrir el volumen de la necesidad real, pero si refleja cabalmente la seria intención gubernamental en las áreas que la ciudadanía entiende como prioritarias y urgentes.
De los 22 programas que desarrolló el Departamento del Distrito Federal en 1985, destacan 10 que son prioritarios, agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, transporte urbano, seguridad pública, ampliación y mejoramiento de la planta física educativa, regularización de la tenencia de la tierra, salud y recolección y tratamiento de basura y deuda pública. ¿prioritarios por que? Porque, su ejecución esta encaminada a resolver los problemas de los grupos mayoritarios y populares de la ciudad que habitan en colonias, que carecen de servicios públicos o los tienen deficientes.
La compleja situación del Distrito Federal en lo social, político y económico, obliga al Gobierno de la República a emprender verdaderos programas de beneficio colectivo que lleven a un auténtico mejoramiento de sus habitantes y los posibiliten para una participación efectiva en la conservación de los espacios, lugares, servicios, y los elementos comunitarios que integran esta ciudad.
En la revisión del ejercicio presupuestario del Departamento del Distrito Federal en 1985, los diputados nos hemos dado cuenta que la entidad Departamento del Distrito Federal, ha ajustado su conducta a los ordenamientos legales de carácter público que norman su funcionamiento, tanto en lo interno como en lo externo, salvo en el caso de algunas obras que ameritaban su realización urgente e ineludible, motivadas por los sismos de 1985, y cuya ejecución era impostergable porque afectaron a amplios sectores de la población, circunstancia que los diputados hemos ponderado adecuadamente, y por ser condiciones de excepción, determinamos que su proceder fue responsable y correcto al velar en todo momento, porque los servicios afectados por los sismos no dejaran de prestarse.
El análisis de la Cuenta Pública, nos lleva a la consideración de que las metas en los programas no fueron logradas en su totalidad, debido a graves problemas y de presiones económicas que todos conocemos, pero es necesario dejar muy en claro que en los servicios públicos claves, como el transporte público, el abasto, agua potable, drenaje, recolección de basura, educación, vivienda, salud y vigilancia no sólo se continuaron prestando, sino que algunos se incrementaron; y no obstante lo problemas económicos sobre el Distrito Federal, recayeron los efectos mas devastadores de ese movimiento telúrico, del cual no quisiéramos acordarnos, pero que nos dejó una estela de muerte y destrucción para muchas familias. Todos sentimos sus alcances destructores, desde la interrupción de servicios públicos, como agua y vivienda, hasta pérdidas de vidas humanas y pérdidas materiales de toda índole, tanto públicas como privadas.
Ello motivó que el Departamento del Distrito Federal realizara esfuerzos extraordinarios para poder hacer frente con éxito a la adversidad y el infortunio, y aquí destaca la destreza y el estoicismo de nuestro pueblo para seguir adelante y reponerse de los embates naturales. Concluyendo, que las instituciones del Gobierno Federal, estuvieron y están a la altura del valor y del heroísmo del pueblo; sobrepoblación, ampliación de servicios públicos, crecimiento incontenible, escasez de recursos económicos y ahora reconstrucción, son aspectos medulares que la autoridad y el pueblo del Distrito Federal enfrentan juntos y juntos habrán de salir adelante.
La modernización en los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización, es un elemento digno
de tomarse en cuenta en los resultados financieros, el manejo honesto de los ingresos, cuyos orígenes están en el subsidio del gobierno del Distrito Federal, en la venta de bienes y servicios y en ingresos diversos, así como la agilidad y oportunidad en la solución de las deficiencias más urgentes que el pueblo plantea y manifiesta, consideramos son las características más sobresalientes del gobierno del Distrito Federal.
La ampliación material y en eficiencia de la Ruta 100, la ampliación, conservación y debido mantenimiento del Metro y el fortalecimiento de los transportes eléctricos, reflejan indudablemente una voluntad política de cumplir el deber gubernamental de justicia social hacia las clases obreras, campesinas, populares y medias de esta ciudad. Abasto barato a través de tiendas de productos básicos, construcción de viviendas y organización de ciudadanos para captar estos beneficios, también en una tarea gubernamental importante que se valora en la Cuenta Pública de 1985.
En el cumplimiento de todos los programas el Departamento del Distrito Federal, observó los siguientes objetivos: mantener e incrementar la prestación de los servicios públicos básicos, controlar el crecimiento urbano, impedir el establecimiento de industrias contaminantes y desalentar la concentración de la población.
Los programas fundamentales se cumplieron en condiciones razonables, debido a circunstancias diversas, pero se observó siempre atender y fortalecer aquellos cuya incidencia se orienta al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo.
Pero es necesario, y así lo reconoce el dictamen de la Cuenta Pública de 1985, que este desarrollo del Distrito Federal siempre debe estar condicionado al reordenamiento de la zona metropolitana, a la desconcentración, a la descentralización y a reducir la inmigración interna.
Por todos esos elementos, los diputados de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional apoyamos el dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal de 1985. Muchas gracias por su atención.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Efraín Jesús Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Señor presidente; señores y señoras diputados: la intervención del diputado Lulio, me debió haber merecido una intervención para hechos, sobre todo en lo referente a un punto, no quiero empezar mi texto sin tocar porque no lo contemplo en él, en lo relativo a la Ley de Obras Públicas.
Se dice en el dictamen que el Departamento del Distrito Federal, no siempre pudo ajustarse a los montos máximos establecidos, al tener serias dificultades para conseguir contratistas, con la capacidad técnica suficiente para encargarse de obras de gran magnitud, y se refiere a obras como el Metro o las derivadas de los sismos.
Pero hay una cosa que preocupa, esta aseveración de que no se ha cumplido con los ordenamientos de la Ley de Obras Públicas, está presente en el dictamen de la Cuenta Pública de 1979, el de la de 1981 y el de la de 1983, o sea que constantemente no se ha cumplido la Ley de Obras Públicas y esto preocupa mucho. Preocupa mucho, porque resulta que se maneja muy ampliamente, que una de las formas de enriquecimiento ilícito es precisamente ésta, la de no respetar la Ley de Obras Públicas.
Se justifica el no respetarla, supuestamente con el argumento de que hay obras para los que no se consiguen contratistas adecuados y por tanto, se tiene que rebasar lo que establece la ley.
Pero nosotros nos preguntamos, si la ley no se ajusta con la realidad, entonces para qué sirven esos ordenamientos, si no se van a respetar, hay un problema que hay que analizar con más detalle un día de estos.
Es evidente que el dictamen que se nos presenta de Cuenta Pública, contiene un análisis muy elaborado de la Cuenta Pública del Distrito Federal de 1985, se nota que hay trabajo en el dictamen, lo que sin embargo, no obstante, para que podamos afirmar que carece de un análisis político global, serio de lo que pasó en ese año en nuestra ciudad capital.
Lo que podemos aceptar para empezar, es que lo que sucedió este año de 1985 en nuestra ciudad capital, lo que se planeó, lo que se presupuesto y lo que se ejerció fue producto de la consulta popular. Porque ya sabemos perfectamente, que todo lo que se hace en nuestra ciudad se decide en un pequeño círculo y no es obra de consulta popular alguna.
Es ampliamente conocido en cualquier parte que las estrategias económicas están íntimamente ligadas a profundas construcciones políticas, este es el caso, evidentemente de nuestra ciudad capital, lugar en donde la forma específica de gobierno que tanto hemos condenado, plantea una
orientación apegada a su muy particular modo de gobierno, no está de mas reiterar lo que el propio dictamen asienta cuando se trata de encuadrar a la capital en un determinado tomo socioeconómico.
Nunca será demasiado insistir, en que la forma de dominación capitalista ultracentralizada que tiene su contraparte política en el presidencialismo mexicano ha forzado y deformado nuestra realidad nacional, de tal forma que la mayor parte de la importancia económica nacional se concentra en una milésima parte del territorio.
En efecto, como lo reconoce el dictamen aquí se concentra el 12% del total de la población, se produce cerca del 40% del producto interno bruto, el 50% de la población industrial no agrícola y se usa el 45% de la mano de obra de ese sector, si hemos llegado a esta situación es porque la concentración socioeconómica de la capital viene creciendo en proporciones geométricas, sobre todo a partir de la última década y de ninguna manera se ha detenido en la de los ochenta, por el contrario, en estos años no sólo a aumentado la población capitalina, ya sea por desarrollo propio o porque la imigración continua, sino que esto ha traído aparejado un aumento del requerimiento de servicios de todo tipo.
La falta de planeación generada por este desarrollo vertiginoso, ha provocado, como correctamente se asienta en el documento que hoy analizamos, cito que la demanda de servicios públicos se haya incrementado en forma extraordinaria, requiriendo en ocasiones que rebasan la disponibilidad de recursos financieros con que cuenta la ciudad. Es bueno que el dictamen reconozca esta realidad, pero es una lástima que lo haga como un mero ejercicio sociológico a temporal, siendo miles de responsabilidades, pero sobre todo sin trascendencia para el análisis, en efecto, se señala el hecho pero no se establecen comparativamente, los crecimientos de las nuevas necesidades.
Tampoco se dice, de quién ha sido la responsabilidad histórica de que se hayan desatado semejantes fuerzas apocalípticas, pero lo más grave es que esta realidad sólo se menciona una vez en todo el documento, y no se vuelve a presentar nunca más por ningún lado. Además la aseveración, relativa al crecimiento de la demanda de los servicios públicos, se utiliza como base para plantear que la situación es difícil y que se requieren grandes esfuerzos, pero a continuación se justifica la falta de energía en los mismo, debido a las complicaciones de la situación económica de 1985, agrabada por los sismos del mismo año.
Así se hace un recuento, parecido al que el día de ayer discutíamos, que se hizo en relación a los problemas por los que atravesó México en ese año, en ese entonces dice el dictamen los factores externos resultaron ser los más importantes para complicarnos la vida, las disminuciones de los precios del petróleo en febrero y junio, aunados a las restricciones crediticias, más las altas tasas de interés que privaron en 1985, y la desaceleración de la economía internacional que provocó nuevas y peores barreras arancelarias, nos aguaron la fiesta.
Unos cuantos factores internos complicaron todavía más el panorama, y entonces tal y como si estuviéramos escuchando a Gustavo Petriccioli o Salinas de Gortari, justificando la política económica seguida en 1986, se dice en el documento que fue necesario, cito de nueva cuenta hacer un nuevo esfuerzo de la austeridad presupuestal que implicó una reducción de 850 mil millones de gasto público. Naturalmente las consecuencias no se hicieron esperar y continua diciendo el dictamen, el resultado de esto es que se tuvieron que posponer o reducir el ritmo de realización de programas, obras y proyectos, claro, el documento se refiere a variables nacionales pero es claro que si menciona tales cosas, es porque se busca justificar lo que paso con el ejercicio en la propia capital.
Y por cierto, para rematar con broche de oro las justificaciones de lo que pasó el año pasado y que se parecen tanto a las damas para éste, y lo que nos induce a extraer la irresistible conclusión de que hay una falta de imaginación, increíble para explicar las cosas de parte del equipo gubernamental, el dictamen adelanta la siguiente conclusión:
Dice que las desviaciones respecto a las previsiones originales de inflación, tipo de cambio y tasas de interés, impactaron hacia arriba el gasto no programado, fundamentalmente el pago de intereses y por ende presionaron para una reducción en el gasto de bienes y servicios, con el fin de evitar un disparo en el déficit público que hubiera acelerado la inflación y los problemas de la balanza de pagos. Aunque no de manera inmediata, pero el dictamen sin embargo, traslada esta penosa situación nacional al Distrito Federal, cuando afirma en la página 45, que en relación al año anterior, el gasto de inversión en la capital disminuyó 8%, esta situación se debió, dice el dictamen, también fundamentalmente al incremento en los conceptos de pago de la deuda.
La penuria se deja sentir en todos los indicadores, así por ejemplo, cuando se habla de los ingresos se reconoce que los mismos aumentaron sólo el 58% respecto a los de 1984, mismos que contra una inflación del orden del 65%, arrojaron una
disminución real de la capitación de 6 a 9% en 1985.
Ello a pesar que el Distrito Federal, contó para este año con nuevos instrumentos tributarios mucho más pesados para los contribuyentes, como lo fue el caso de la llamada Nueva Ley de Hacienda, y de que el Gobierno Federal tuvo que apoyar fuertemente las finanzas del Departamento del Distrito Federal, con mayores participaciones federales, o incluso a pesar de que se tuvo que recurrir a mayor endeudamiento.
Esta difícil de los ingresos se reflejó como un espejo en el gasto ejercido durante ese año, mismo que también sufrió una reducción en términos reales del 6 al 9%, el dictamen de la Cuenta Pública de 1985 debe reconocer una situación aun más crítica, de las que muestran la cifras citadas con anterioridad.
Así por ejemplo en su página 54, cito: los ingresos que se presentaron para 1985 descendieron, en tanto, el gasto no lo hizo en la proporción necesaria para compensar la insuficiencia de los ingresos propios, situación que se manifiesta por la difícil situación económica.
En pocas palabra, para hablar claro, se gastó lo que no se pudo recaudar, lo que aunado al aumento no calculado del pago por el servicio de la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal, condujo a un grave déficit financiero de 216 mil 179 millones de pesos, que como dice el multicitado documento, representa un déficit de un 33% mayor, comparado con el presupuesto original y 80% superior al del año pasado.
Naturalmente habría que cubrir de alguna manera este déficit y uno de los instrumentos que se utilizó con tal fin, fue el del financiamiento; de tal forma, se contrajo una deuda mayor en 22% a la autorizada, pero como al respecto se arrastraba un viejo vicio, resultó que el incremento del pago de la deuda de 1985, respecto al de 1984, fue nada menos que de 158%, el resultado no se hizo esperar y así el pago de la Deuda Pública del Departamento del Distrito Federal, absorbió poco más del 30% de todo el presupuesto ejercido, tanto como lo destinado a la transportación.
En el marco de esta crítica situación, ¿qué avances reales, se podían esperar en la Cuenta Pública de 1985?, prácticamente ninguno, ciertamente se ejercieron presupuestos mayores a los programados en varios rubros, pero aún así disminuyó en términos reales el gasto de inversión en un 8%, como ya se señalo anteriormente.
Importantes organismos vieron disminuir notablemente sus presupuestos proyectados, por ejemplo: el Sistema de Transporte Colectivo, tenía presupuestados 48 mil 350 millones de pesos y sólo se ejerció 42 mil 963. Para mencionar un caso muchos otros ya los mencionó el compañero Terrazas.
Se perfectamente que cuando termine mi exposición, alguno de los diputados priístas tomará la palabra para citar cifras y cifras de lo gastado en 1985, señalando muy probablemente, que hubo un aumento de tantos millones con respecto al ejercicio anterior; ello se hará con el objeto de dar la impresión de que hubieron grandes avances. De hecho, esto se trata de hacer en el dictamen, cuando luego de enlistar una serie de gastos hechos en rubros como: agua potable, drenaje, basura, transporte, vigilancia, etcétera, se dice, de esta manera se han descrito los avances logrados para mejorar la calidad de vida en el Distrito Federal.
Pero la verdad es que los números por sí mismos, no dicen nada a pesar de que se cuenten por millones; para que un dato arroje verdadera luz sobre los avances o los retrocesos, deberá presentarse en forma relativizada, o sea, todo aumento en el ejercicio del gasto, debe ser presentado como un porcentaje de la cantidad utilizada del año anterior. Y si dicho porcentaje no es significativamente mayor a la inflación real registrada en dicho año, no importará un aumento real del presupuesto ejercido; yo dudo mucho, créame que lo dudo que aquí se pueda presentar muchos aumentos reales, en relación a los gastos que se hicieron en servicios o inversión pública durante el año de 1985.
Cuando más podrán ustedes demostrar que unos cuantos rubros, en unos cuantos rubros el gasto no cayó estrepitosamente, o sea tal vez se logre presentar evidencias en el sentido de que las cosas se mantuvieron por lo menos igual, aunque de cualquier forma el dictamen reconoce que tanto el ingreso como el egreso disminuyeron un 6% en términos reales. Y aquí el problema, es que esta tendencia no es nueva, ya se había registrado por los menos en los últimos tres años anteriores al ejercicio de la Cuenta Pública del Distrito Federal, una disminución en términos reales del gasto ejercido, y aquí está el rollo del problema.
¿Como es posible presentar como un avance, lo que es un retroceso? Eso ni Cantinflas se atreve a tratar de hacerlo, a pesar de su simpática retórica; pero aun cuando el presupuesto hubiera tenido un crecimiento cero, habría un serio problema, pues ¿es o no cierto, que las necesidades del Distrito Federal, han crecido en forma geométrica, ¿por qué se oculta? ¿En qué proporción se han desarrollado esas necesidades? ¿Es que acaso las
autoridades del Distrito Federal, son tan incapaces que desconocen esta variable? Yo no lo creo, más, bien tiendo a pesar, que no están interesados en dar a conocer esta información, porque al hacerlo habría que comparar lo realizado con lo que se requiere, y entonces se haría aun más la crudeza del fracaso de la administración del gobierno capitalino, no, en 1985 no hubieron avances, sino retrocesos absolutos. Por eso es que la ciudad conoció en mayor deterioro, así por ejemplo, en ese año habíamos llegado ya al limite de lo permitido, en relación a la población.
Desde hace varios años, decenas de organizaciones ecologistas o políticas veniamos saltando sobre el fenómeno que México se ha denominado en manera muy elegante, como "inversión térmica", pero que en otros países como Inglaterra se conoce como fumigación, porque eso es lo que le pasa a la gente, se fumiga y la mata las altas concentraciones de tóxicos en el ambiente, sin embargo, nada se había hecho para controlar la contaminación y en el presupuesto, al respecto para 1985 fue realmente inexistente. Esto no puede ser calificado mas que como un descuido criminal, porque esto cuesta vidas humanas, sólo hasta fines de 1985 este fenómeno empezó a hacer de una verdadera importancia para todos los capitalinos.
Otro deterioro notable de nuestra ciudad capital, se refleja en lo que el dictamen califica, también elegantemente de "aumento de la frecuencia e intensidad de actitudes antisociales" y que no es otra cosa que el aumento de la criminalidad, de sobra es conocido que está, este es un fenómeno característico de la época de crisis y que la desesperación de los pobladores para llevarse medios de vida a toda costa, se da, sí aun para ello hay que trasgerir el orden y la ley. La solución de fondo a dicho problema estriba en elevación del nivel de vida capitalinos, en el empleo pleno para la población, en la creación de oportunidades sociales para los jóvenes, pero para una solución de este tipo, no basta las migajas que nos presenta la Cuenta Pública, en vez de ello, en la lógica del gobierno capitalino sólo lo priva una mentalidad policiaca, la única forma de contener ese deterioro es para el criterio de la cuenta, el reforzamiento de los aparatos represivos policiacos, un paliativo por los demás provocador y equivocado.
Muchas otras son la áreas del deterioro de la ciudad, la mayoría de ellas no tan claramente visibles, ¿pero es que acaso las autoridades no se percatan de tan lamentable fenómeno? Nosotros sostenemos de que sí se dan cuenta de la situación real, pero que ocultan informaciones con objeto de encubrir, aunque sea parcialmente su estrategia, estrategia que sin embargo, se deja sentir en el dictamen cuando en el capítulo denominado "como metas de programas", se dice en relación a los objetivos, y voy a desglozar, lo que ya aquí leyó el diputado Lulio Valenzuela
Uno. Mantener e incrementar en lo posible - eso lo subrayamos nosotros -, la prestación de los servicios públicos básicos, que significa como ya vimos, más bien sacrificar el crecimiento de dicha prestación de servicios como el caso del transporte, que no cubra más que al 55% del total de las necesidades de los capitalinos en 1985.
Otro objetivo es continuar con el estricto control del crecimiento urbano, impedir el establecimiento de industrias contaminantes, control que por cierto no es tan estricto, pues si bien se ha comparado el índice de crecimiento de la ciudad, de ninguna manera ha significado un freno total y en relación al asunto de las industrias contaminantes, mejor ya ni hablamos, pues solo hasta en 1986 se han comenzado a ejercer algunas acciones aisladas al respecto y eso después que la inversión térmica causó tantas víctimas el año pasado y esta causando en este propio año. Claro, para Camacho Solís la situación no es peligrosa, pero que le pregunte a todos los capitalinos que padecen enfermedades de las vías respiratorias, para que vea si no es de cuidado y de peligro los efectos de esta inversión térmica.
Se menciona, sin embargo, un objetivo más; el más importante de todos desalentar, asegurar el dictamen la concentración de la población en el Distrito Federal. Pensemos cuidadosamente, lo que esto quiere decir, no se trata, entiéndase, de aumentar las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida en provincia con objeto de que la migración a la capital se desaliente, no se trata tampoco de mantener por lo menos la situación de los capitalinos en forma estable, para que las mejores oportunidades de afuera inviten a todos los de aquí a inmigrar; no, de lo que se trata es hacernos la vida imposible a los que vivimos en la capital, y sino veamos, ¿que pasa cuando la capital hace fama de ser una ciudad contaminada, peligrosa por su población y también por su delincuencia? ¿Que sucede cuando se conoce en todo el país que el transporte es cada vez más malo y ahora, incluso, caro ya sea porque subieron los precios del Metro y los camiones, o porque los taxis y peseros aquellos que cubren el otro 50% del servicio que no presta el Departamento del Distrito Federal, son cada día más inaccesibles?
¿Qué sucede cuando se conoce que el desempleo en la ciudad es tan grave, que prácticamente cinco de cada diez moradores se encuentran sin trabajo,
o venden chicles, limpian vidrios, o se dedican a una actividad similar? ¿Qué pasa cuando todo México sabe que como lo reconoce el dictamen, los precios están aumentando ya más fuertemente en la capital, que en provincia o cuando se sabe que venir a la capital va significar un suplicio en relación a conseguir una vivienda o escuelas para los niños?
Va a suceder que como lo asienta el documento, se va a desalentar la concentración de la población del Distrito Federal. Me van a ustedes a decir que esto es producto de una consulta popular, de ninguna manera, más bien, esto podría ser calificado como el método cavernario del desaliento de la migración o el método cavernario de impulso de la descentralización. Presente como estrategia del Departamento del Distrito Federal desde hace años, tal y como se muestran en los análisis de la Cuenta Pública que hoy discutimos; claro a las autoridades no se le ocurre otra manera de solucionar el problema, que aumentando los ingresos propios, pero elevando fundamentalmente, los impuestos y los servicios públicos que presta el Departamento del Distrito Federal, como dice el artículo 5o. del dictamen que estamos discutiendo.
Decíamos al principio que las estrategias económicas están íntimamente ligadas a profundas concepciones políticas, y así es en el caso del Distrito Federal, aquí la estrategia es dejar que la ciudad se deteriore, o peor aun, se vuelva un sitio inhabitable en más de un sentido, esta es la estrategia de un Regente Capitalino, que piensa que sus gobernados son demasiados privilegiados y que deben pagar por ello, significa la visión de un gobernante, que no se debe a los millones que habitan en esta gran urbe y que solo obedece órdenes superiores que le ordenan tomar cualquier medida posible para lograr uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la descentralización de la vida nacional, cueste lo que cueste. Representa también la actitud de un verdadero dictador para quien los intereses de sus súbditos, así nos toma a los capitalinos, son lo último a tomar en cuenta.
Así actuaron las autoridades impuestas en 1985. Tratando sin embargo de cubrir sus objetivos reales, hechándole la culpa a las dificultades de la situación económica internacional o exagerando los efectos negativos de los sismos, tuvimos que soportar en diciembre de este año como una maldición adicional, los capitalinos.
Y por cierto, con respecto de los sismos, cuando el señor Regente capitalino compareció el año pasado ante las comisiones de esta Cámara de Diputados, le preguntamos en que iban a afectar los sismo al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 1985 y la de 1986, y él nos contestó, que no iban afectar en nada, porque se habían destinado partidas especiales para subsanar los efectos negativos de los sismos y sin embargo, hoy se utiliza esta cuestión de los sismos como uno de los principales pretextos para justificar recortes sustanciales en varios de los programas o para justificar una disminución de los ingresos reales del Departamento del Distrito Federal, según el señor Regente, eso no iba a afectar, y la realidad está aquí presente.
Sin embargo, se exagera los efectos de los sismos, como ya dijo el compañero Terrazas, para de una o de otra manera justificar un fracaso de la política de las autoridades capitalinas.
El Departamento del Distrito Federal nos engaña, sabe perfectamente que su orientación es tan antipopular, que ya ha mostrado su peligro político, fue precisamente en 1985 durante las elecciones, cuando se evidenció que el PRI ha perdido la mayoría absoluta de los votos de los decenios, mismos que han votado ya mayoritariamente por las otras opciones políticas existentes.
No se nos olvida que el partido oficial sudó la gota gorda para ganar en varios distritos que estuvo a punto de perder y que solo mantuvo por ser la mayoría relativa. En el seno del partido oficial y del gobierno, esté fenómeno se conoce con precisión, tal vez a ello se deba que no se hayan puesto aún de acuerdo en relación a la forma de gobierno de los capitalinos, seguramente a ello se debe, pues más de un alto funcionario como Cossío Vidaurri, sea democratoide puede ser un veneno para la existencia de la hegemonia del partido oficial.
Y aquí reiteramos y recalcamos que ningún mecanismo de supuesta consulta popular, va ha lograr suplir el derecho que tienen los mexicanos de esta ciudad capital, a contar con un gobierno propio, y por todo lo aquí expuesto, llamamos a votar en contra del dictamen presentado, pero llamamos también a los capitalinos a redoblar esfuerzos por sacudirse la pesada lacra de los gobernantes impuestos, responsables directos de las crecientes dificultades, que como capitalinos estamos enfrentando. Muchas Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Javier Garduño en pro.
El C. Javier Garduño Pérez: - Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: un dictamen de Cuenta Pública, de una gran ciudad, de la ciudad más poblada del
mundo, es un documento que merece la objetividad en los indicadores, en las estadísticas, en el análisis cuantitativo y cualitativo que debe someterse un gobierno democrático como es el Gobierno de esta gran ciudad de México, capital de la República Mexicana.
Se reconocen en ese documento logros y esos logros hay que determinarlos puntualmente, para que no se minimicen; se encuentran también, incumplimientos que deben señalarse puntualmente, pero que no se vale magnificarlos.
El estudio de la teoría del gasto público pude llevarse a cabo desde dos puntos de vista: podemos seguir criterios normativos e investigar el papel del gasto público dentro de un ámbito económico eficiente, pero también podemos analizar la sociología o política del comportamiento fiscal, explicando las fuerzas que determinan el gasto público efectivo en el vigente contexto histórico e institucional.
El dictamen que aquí estamos presentando a la consideración de esta honorable soberanía, cumple puntualmente con la explicación en las dos funciones principales del gasto público, su asignación y su distribución. En el primer aspecto se determina el nivel y composición adecuados de los servicios públicos, es decir, en la distribución adecuada de los recursos disponibles entre las necesidades de la comunidad.
En la mayoría de los países en vías de desarrollo se ha insistido en el modelo de política fiscal de crecimiento más que una política fiscal anticíclica; dando el nivel de utilización de los recursos, una mayor tasa de crecimiento exige necesariamente un mayor nivel de formación de capital.
Esto significa acentuar la inversión pública en relación con el consumo público, en la función de asignación de la política presupuestaria; una combinación de política fiscal y monetaria que induzca a una elevada taza de formación de capital, para propiciar también una elevada capacidad de inversión en los sectores social y privado. Esto puede conseguirse combinando las facilidades de crédito con una dura política de ingresos. En condiciones menos favorables como es en las que vivimos, es preciso recurrir a la expansión de la inversión pública y a incentivos especiales a la inversión social y privada.
En este orden de ideas, la inversión pública en 1985 representó el 55% del gasto programable -insisto-, representó el 55% del gasto programable, quiere decir que hubo una gran inversión y que al contrario de lo que aquí se ha manifestado, en el dictamen se establece con toda claridad este esfuerzo de inversión pública que analizaremos puntualmente, indicando aquellos programas sobresalientes de los 22 que formaron la programación o que integró la programación del gobierno del Distrito Federal en 1985.
En este dictamen se analizan los objetivos y metas contenidos en los programas que sustentaron la acción del gobierno del Departamento del Distrito Federal en 1985.
Se mejoró notablemente la programación presupuestaria y a este logro se han referido diversos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. No hay la menor duda en esta Cuenta Pública de 1985, de que la programación presupuestaria mejoró notablemente y de los 37 programas que se establecieron en 1984 pasaron a 22, agrupando en forma ordenada algunas acciones que anteriormente se encontraban dispersas. En esta intervención que con el permiso de esta soberanía estamos ejerciendo, nos vamos a referir puntualmente a nueve programas de los trece que establece el dictamen, que está a debate de esta soberanía; hablaremos puntualmente del transporte urbano, de los logros y de las insuficiencias; de la seguridad pública; del agua potable; del drenaje y tratamiento de aguas negras, de la ampliación y mejoramiento de la planta física educativa; de la vivienda; de la regulación de la tenencia de la tierra; de la salud; de la recolección y tratamiento de basura para centrar el marco, en el queremos en esta ocasión dirigirnos a ustedes.
Estos programas representaron, señoras, y señores diputados, el 68% del gasto total; esto es importante porque la programación del presupuesto de 1985, se atendió a este principio en el que basábamos el inicio de nuestra intervención, de reforzar una política de gasto publico con una fuerte inversión pública para alentar la economía de esta gran ciudad de México.
Indiscutiblemente que los objetivos y metas alcanzados por el gobierno del Distrito Federal muestran avances significativos y lo vamos a probar; a pesar del crecimiento que causaron los sismos en ese año de 1985. Las versiones observadas son de orden diverso. En todos los casos se explica en este dictamen y cuando por excepción no se cumplen con la metas, se hacen las observaciones y tambien se señalan puntualmente las recomendaciones del caso; por ejemplo, hay casos en que no se cumplió con la meta por retraso en las entregas de vehículos como fue el programa de transporte
urbano, al que hacía referencia el compañero Terrazas, sí se señala que no se pudo cumplir con la puesta en marcha del número de vehículos que se programaron para 1985 porque no fue posible que la empresa constructora correspondiente entregara el número de vehículos programados , está claramente explicado en este dictamen y ya haremos referencia puntualmente.
Hay también casos en los que los proyectos de construcción estuvieron sujetos a cambios y a reprogramaciones, por el alza de precios en materiales de construcción y a veces también por el problema de incumplimiento de constructores. Sí se cumplió con la Ley de Obras Públicas y sí se tomó como base, como documento indispensable para la obra pública del Distrito Federal la Ley de Obras Públicas. Pero también se hizo valer las disposiciones de la Ley de Responsabilidades para casos de corrupción y casos que merecieron la aplicación de esa ley. Hubo también otros casos, en que la reprogramación se dio en el último trimestre para dar atención a los programas prioritarios que fueron el resultado o fueron necesarios programar para atender las consecuencias de los sismo, y entremos específicamente al transporte público, en sus tres modalidades: se transportaron 3 mil 482 millones de personas que esto es igual a un 83% de la meta.
A través del metro se transportaron 1 mil 324 millones de personas, 112.5 kilómetros tiene de cobertura este transporte masivo y se lleva a cabo a través de 2 mil 080 carros en operación; se superaron todas las metas y se continúo con la construcción de la línea siete hoy ya en funcionamiento, y empezó también la construcción de la línea nueve, en el transporte eléctrico. Decíamos no se cumplió con el 100% de la meta porque no se surtieron los vehículos pedidos, de 162 solicitados sólo se entregaron 92.
En cuanto al transporte urbano de Ruta 100, se cumplió con el 95% de la meta propuesta en la transportación de casi 2 mil millones de pasajeros; se reconstruyeron 175 autobuses de los 300 programados y los recursos que no se utilizaron en esos 300 programados, se destinaron a 125 vehículos reconstruidos, pero también se reconstruyeron con esos recursos no utilizados para programar los 300, se utilizaron los recursos para reconstruir bombas, motores y otros mecanismos y refacciones de estos vehículos.
Se adquirieron en 1985 806 nuevas unidades, así el programa de transporte se ha llevado definitivamente las mayores inversiones en los últimos años y ya decíamos también, algún compañero y efectivamente, que e transporte urbano de este 55% de inversión pública, pues se lleva aproximadamente el 50% de toda la inversión pública y es igual al 30% del gasto total del Departamento del Distrito Federal.
Como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, la demanda de transporte masivo en esta gran ciudad de México, de 10 millones de habitantes y 7 millones de personas que también habitan esta gran capital a nivel flotante, pues son demandantes de este transporte masivo que representa 22.8 millones de viajes - persona - vía, el servicio del Departamento del Distrito Federal cubre el 55% de esta demanda total.
Como metas complementarias y en un afán de proseguir ampliando la cobertura, se elaboraron 34 estudios tanto en lo referente al transporte subterráneo como el de superficie, así como estudios para analizar y con ello mejorar la vialidad de nuestra gran ciudad de México.
Aumentar la prestación del servicio de transporte colectivo es indudablemente un programa prioritario, que desalienta el uso de vehículos particulares, tanto para superar problemas de contaminación como mejorar la vialidad de la ciudad, lo cual requiere de una mayor asignación de recursos en el futuro, sobre todo, también, tomando en cuenta el crecimiento demográfico de nuestra ciudad de México.
En cuanto a seguridad pública, las acciones desarrolladas se enfocaron a disminuir los índices de delincuencia, accidentes y siniestros. Se patrulló un área superior a la programada de casi 10% más; en operaciones de rescate se llevaron 15% más de la programadas; la expedición y control de documentos superó la meta en un 12%, se impartieron cursos para la policías en un 96% más de lo programado, esto es, casi el doble para capacitar a nuestros policías.
En 1985 empezó de hecho a dar resultados positivos la renovación y modernización de la policía, programas emprendidos en 1983; sin embargo, la explosión demográfica y la situación económica sobre todo de 1986, han motivado, queramos o no y esa es la razón, el agravamiento de una serie de conductas antisociales; no tiene nada de elegante este término, eso es la realidad y que se reflejan en estos problemas sociales de alcoholismo, drogadicción, violencia y bandalismo; que han incrementado definitivamente estos fenómenos sociales la demanda en forma geométrica de este servicio de seguridad pública.
En el texto de la Cuenta Pública de 1985 se señala que en ese año hubo un ligero aumento de elementos, pero un avance más importante en programas
de profesionalización en planes y operativos; en este año de 1985, por ejemplo, entró en vigor el nuevo Reglamento para la Policía Preventiva del Distrito Federal y se dotó de equipo y armamento más moderno.
El comportamiento de las metas, puede considerarse definitivamente como aceptable; sin embargo, para detener el alto índice delectivo a que nos hemos hecho referencia, es necesario continuar tecnificando las acciones de seguridad, ampliar el ingreso de nuevos elementos con programas imaginativos, inteligentes para atraer a los jóvenes de esta capital a que sean policías de si barrio e instrumentar cada vez más acciones tendientes a la utilización de sistemas de operación más ágiles, que prevengan los actos delictivos de esta gran urbe.
En cuanto agua potable, se construyeron 8.19 kilometros de acueducto, periférico ramal sur, cumpliéndose con el 80% de la meta, el 20% restante no se cumplió por el tipo de terreno en que se encuentra la obra, que dificulta las técnicas de trabajo. Posteriormente, también se suspendió la obra Río Magdalena - Cerro del Agua, porque los vecinos del lugar se opusieron a su realización, ya que en su trazo se consideraba afectar la vialidad en esta zona; después de la consulta popular correspondiente se llegaron a cumplir las demandas de los vecinos, se reprogramó la obra y hoy en día está concluida esa obra. En tanques de almacenamiento también se superó la meta original en La Era y Santa Ursula Xitla, así como en el Cerro de la Estrella y Villa Verdúm.
En 1985 se benefició al 100%, lo decía Sócrates Rizzo, a la población en este servicio de agua potable; 97% con servicio a domicilio y 3% a través de una distribución con tanques.
En materia de conservación y mantenimiento fueron realizadas 5 mil 695 acciones de mantenimiento de vehículos, cifra definitivamente mayor a la programada, en términos generales se observó que el cumplimiento de objetivos y metas previstos fue satisfactorio a pesar de las circunstancias que originaron los sismos de septiembre.
En drenaje y tratamiento de aguas negras, en la Cuenta Pública de 1985 se apunta con toda precisión, la mejora de la infraestructura para el desarrollo de aguas residuales y pluviales, mediante la excavación de 200 metros de túnel interceptor central de drenaje profundo, el cual en la actualidad ya cuenta con 90 kilómetros, esta meta definitivamente se cumplió en forma satisfactoria.
También se construyeron 8.9 kilómetros de líneas de conducción de agua tratada, de los 12.4 kilómetros como meta modificada. Hoy en día el servicio de drenaje mantiene una cobertura del 74% de la población total, ya que las inversiones de los últimos años se han destinado precisamente, a atender los incrementos de la población para no permitir un deterioro en el nivel de este importante servicio.
Las zonas no atendidas se correlacionan lógicamente con los asentamientos irregulares; no obstante que las metas en 1985 se cumplieron en este programa, es necesario sin embargo, seguir considerando como prioritario, ya que ante el crecimiento de la población es necesario satisfacer la demanda de este servicio al futuro.
En educación, como todos ustedes saben, el Departamento del Distrito Federal atiende la construcción y mantenimiento de las instalaciones educativas. Rápidamente hablaremos de metas originales, por ejemplo: 26 escuelas primarias, se terminaron 32; 21 escuelas secundarias, se terminaron 39; 79 escuelas técnicas, se terminaron 57 y están en proceso 21; adicionalmente se proporcionó conservación y mantenimiento a 807 escuelas de educación preescolar, 1 mil 190 primarias, 466 secundarias generales y 60 secundarias técnicas.
No obstante que la meta programada fue superada casi en todo los casos, es necesario sin embargo, considerar dos aspectos: uno la afectación que dejaron los sismos a 421 planteles que sufrieron daños mayores y 1 mil 237 con cuarteaduras que no afectaron su estructura.
Actualmente se ha puesto en operación 1 mil 310 de esas escuelas. El otro aspecto que obstaculizó el cumplimiento de construcción de nuevas escuelas, fue el hecho de no coincidir los proyectos con los terrenos adecuados, precisamente, por lo que en el texto de nuestro dictamen que comentamos, se recomienda mayor coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal para reubicación de los planteles educativos.
En salud el gobierno del Departamenteo del Distrito Federal, proporciona asistencia médica a la población abierta, buscando consolidar la atención oportuna, en especial a la población más menesterosa; a través de la Dirección General de Servicios Médicos se brinda atención médica general y y de urgencias.
La infraestructura cuenta con 24 hospitales, cuatro generales, 12 pediátricos y ocho unidades médico-quirúrgicas en total suman cerca de 2 mil
camas. Además hay cinco unidades médicas en los centros de readaptación y 198 consultorios fijos para atención médica de consulta general.
A partir de septiembre de 1985, esta infraestructura tuvo que redoblar esfuerzos para atender casos de urgencias. Con esta infraestructura se otorgaron servicios hospitalarios, médicos generales e infantiles a 2.1 millones de personas 18% más de la meta modificada, se aplicaron 47 mil 131 dosis de vacuna para evitar brotes de epidemia. Se proporcionaron 554 mil medicamentos, 11% más de la meta original y 516 más que en año de 1984. Se impartieron 331 cursos al personal médico, se realizaron 120 campañas de educación y orientación para la salud, por lo que en general, se observó un cumplimiento aceptable en los objetivos y metas planteados en este rubro de salud.
En regulación y tenencia de la tierra se cumplió, en global, con el 80% de la meta; este problema se traduce necesariamente, en un crecimiento desordenado de la urbe; por ello resulta una tarea prioritaria establecer una política que se base fundamentalmente, a favorecer la situación de los sectores más desprotegidos de la población que son los afectados por asentarse en terrenos sin servicios públicos correspondientes, Se expidieron 40 mil escrituras de las cuales 22 mil fueron a particulares y 18 mil propiedad del Departamento del Distrito Federal, la meta no se cumplió por la afectación de las instalaciones de la Dirección General de Regulación Territorial con los sismos, no se cumplió al 100 por ciento pero si logró cumplirse al 80%.
En coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria, se avanzó en la integración del Catastro Rural mismo que permitirá la identificación de la propiedad rústica. verificación de linderos, delimitaciones de asentamientos irregulares y la regulación de predios; se proporcionaron 4 mil 193 asesorías jurídicas, aún con los ajustes presupuestales que redujeron el gasto 96% en el corriente y 4% en inversión. Las metas - insisto en este renglón -, se cumplieron en forma aceptable y así se asienta en el dictamen que estamos debatiendo.
En materia de vivienda ya se referían algunos de mis compañeros, como es bien sabido por todos nosotros la atención al problema de la vivienda es de responsabilidad del Gobierno Federal; sin embargo, el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, a través del Fideicomiso de Vivienda realizó en 1985 1 mil 338 acciones, correspondiendo 754 de orientación a la autoconstrucción, 34 de mejoramiento y 550 de vivienda terminada. También a través de las cajas de previsión para la policía y para los trabajadores a lista de raya se construyeron 310 casas. El presupuesto designado de 7000.4 millones de pesos se modificó a 10000.8 millones de pesos, 44% más con respecto al original.
En el último trimestre de 1985, realmente el Departamento del Distrito Federal realizó un esfuerzo extraordinario para auxiliar a cientos de miles de damnificados en la reparación y auxilio en casos de emergencia, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; por último las delegaciones, dieron conservación y mantenimiento a 25 unidades habitacionales: seis en Iztapalapa, 19 en la Miguel Hidalgo. El cumplimiento de las metas, lo puntualiza el dictamen que sometemos a la aprobación de esta soberanías, en materia de vivienda del 60%, debido, fundamentalmente a la redefinición de la reserva territorial; por eso, por este problema se recomienda en el dictamen considerar, para los años subsecuentes, programas en base sólida y definitiva de terrenos adecuados.
En basura, a través de este programa se busca procurar la limpieza de la ciudad mediante la operación del sistema integral de recolección, tratamiento y disposición final de la basura; fueron recolectados 4.7 millones de toneladas de basura, se dió tratamieno a 566 mil toneladas y se utilizaron 16 mil 200 vehículos para llevar a cabo todo este trabajo.
Hay un programa especial de construcción de estaciones de transferencia de basura, con el propósito de agilizar el transporte de la misma y aprovechar adecuadamente los desechos sólidos; este programa dio como resultado en 1985 la construcción de estaciones en Iztapalapa y en Xochimilco.
Se terminaron dos líneas de incineración de las plantas de San Juan de Aragón y de Tlalpan, se llevó a cabo el programa de 123 contenedores de recolección nocturna y un programa piloto de limpia de 27 kilómetros diarios de las principales vías vehiculares. El comportamiento de las metas en materia de basura es aceptable, si consideramos la cantidad de desechos sólidos producidos como decíamos, por 17 millones de habitantes que usan esta gran ciudad de México; este programa debe de seguir siendo incluido como prioritario y los recursos deberán seguir canalizándose a la construcción de plantas de tratamiento.
En realidad, señoras y señores diputados, no quisiéramos seguir insistiendo en otros programas también importantes, pero que denotan todos ellos dos cuestiones fundamentales: la primera,
que debemos de ubicarnos en esta gran ciudad, en la ciudad más poblada del mundo, una ciudad muy grande, también con los problemas más grandes que se pueden gestar en cualquier urbe de nuestro país. Por eso, por eso el programa de gobierno del Distrito Federal debe de ser también, un programa ambicioso, un programa que atienda las necesidades crecientes de esta gran población y por eso los diputados de LIII Legislatura debemos de ser muy objetivos, muy atentos a colaborar con el Ejecutivo, señalando sus logros sin magnificarlos y también señalar las limitaciones, sin minimizar los logros, ni magnificar las limitaciones o los incumplimientos.
Es así como yo llamo la atención a esta soberanía para que con ese sentido objetivo y pragmático, pueda aprobar el dictamen que estamos sometiendo a su atenta consideración. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Eduardo Valle Espinosa, por el Partido Mexicano de los Trabajadores.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Señor presidente, con su autorización; gracias.
La Cuenta Pública de 1985 para el Distrito Federal, refleja el comportamiento administrativo, financiero y de gobierno del tercer año de administración de Ramón Aguirre Velázquez. Y frente a un auditorio prácticamente vacío, vale la pena señalar que se pueden hacer dos tipos de evaluaciones frente a esta Cuenta Pública.
Yo quisiera hacer una en los términos en los que hablaba el diputado Garduño, pues con un buen tono de manera sorpresiva llamaba a la reflexión, a la ponderación y a la objetividad; yo pienso que si cabe la ponderación, la reflexión y la objetividad. Pero precisamente porque cabe esto, vale la pena señalar de una buena vez para comenzar el análisis, que esta reflexión crítica, necesariamente tiene que comenzar por la situación del Distrito Federal, no sólo por la que se refleja en el presupuesto en el ejercicio del gasto de 1985, sino porque la situación del Distrito Federal tiene que ver en mucho con las condiciones nacionales, a tal extremo diría yo que en el Distrito Federal se vive una particular situación en relación con la crisis nacional que padecemos desde hace tanto tiempo.
De hecho en nuestro país hay dos crisis o dos sentimientos y percepciones de la crisis: la que se puede tener en Tamaulipas o en Mérida, Yucatán o la que se puede tener en Tijuana o en Ciudad Juárez o Oaxaca o en Acapulco y la que tenemos en el Distrito Federal. En el Distrito Federal la crisis se agudiza y adquiere sus rasgos más irracionales y también más brutales; de hecho la percepción de la crisis, los sentimientos colectivos frente a la crisis de las distintas poblaciones que conforman la Federación, dejan ver con toda vivencia que hay estas dos percepciones y que la crisis en el Distrito Federal tiene rasgos mucho más acusados, mucho más agudos, mucho más explosivos.
Es natural que así suceda, el gigantismo de la ciudad ha tenido como uno de sus resultados objetivos, desde hace décadas el rompimiento del concepto de la integración de la ciudad. Hace no muchas décadas, la ciudad de México estaba integrada; se correspondía de una u otra manera a una estructura económica, a una estructura vertical, a una estructura social y política, incluso cultural más todavía con estos rasgos de integración.
A partir del gigantismo, un gigantismo que representa que en 1 mil 499 metros cuadrados existan 10.5 millones de habitantes y con una pequeña ampliación de la zona conurbada tengamos en frente a 17.5 millones de habitantes, este gigantismo ha tenido como uno de sus principales resultados culturales y sociales, el rompimiento de la integración de la ciudad.
Los barrios no son ya tales, al menos no pueden ser entendidos centralmente, desde la administración central como barrios, en los hechos, lo que ha sucedido es que los problemas rebasan al Departamento del Distrito Federal, no sólo en términos financieros, no sólo en términos administrativos ni siquiera solamente en términos de operación, sino sobre todo y principalmente en términos de sensibilidad, de sensibilidad como administración y de sensibilidad como gobierno.
En realidad lo que ha venido sucediendo frente al gigantismo y frente al rompimiento de nuestra integración, resultado al final de cuentas del centralismo, del centralismo económico y político que padece nuestro país en cuanto a posición con un federalismo racional y razonable que pudiésemos buscar, como en utopía o como deseo o como objetivo común para todos nosotros. En realidad lo que ha venido sucediendo es que la administración cada día está más centralizada y como administración más centralizada, cada día es menos gobierno; cada día más administración, cada día menos gobierno.
Es notable que quienes leyeran las obras de Alejandro Dumas o la novela de Singmars, se darían cuenta como en momento determinado el concepto de la administración centralizada va absorbiendo al concepto de gobierno y cómo en
última instancia lo que ahora importa es que la administración sea más centralista y como cada vez importa menos que la administración sea gobierno; es natural, que así suceda, no sólo por la influencia del centralismo, del centralismo político y de la estructura vertical del poder político de nuestro país.
Es natural que así suceda porque hemos perdido uno de los conceptos más bellos, que nos podía haber dado la Historia de la ciudad de México del siglo pasado o incluso de siglos anteriores y que corresponde de manera lógica y consecuente a la historia de nuestras ciudades: la historia de los barrios, la historia de las pequeñas comunidades que se afirmaban así mismas en términos culturales, religiosos, políticos de administración. Hoy en lugar de la ciudad de las mil ciudades o la ciudad de los mil barrios, tenemos un monstruo frente al cual los problemas planteados en términos de su dinámica cotidiana rebasan por completo a la administración, que no al gobierno, que prácticamente no existe y aquí está el problema de fondo, el problema de fondo no de Ramón Aguirre Velázquez, el problema de fondo no de la diputación del Distrito Federal, que dirige Gilberto Nieves Lenkin, el problema de fondo de los capitalinos, que es distinto, el problema de fondo de la percepción que tiene el gobierno frente a este rompimiento de la integración de la ciudad, el problema de fondo de ir centralizando cada vez más la administración para que cada vez sea menos gobierno.
En los hechos la contradicción entre pueblo, administración y gobierno se resuelve con la simulación; con la simulación del gobierno a través de la administración centralizada. En los hechos lo práctico, lo que sucede en la vida cotidiana es que la gente que vive en la ciudad de México, cada vez más alejada no sólo a la administración central, sino incluso a los representantes mismo de la autoridad en la calle esto a nivel de inspectores, a nivel de policías, a nivel de cualquier imagen o símbolo de la autoridad.
Esta contradicción entre pueblo, administración y Gobierno no tiene solución racional ahora, en términos de la propia estructura de gobierno que padecemos las gentes que vivimos en el Distrito Federal; pero uno de los elementos que vale la pena señalar, en términos de la objetividad que reclamaban Garduño, es lo siguiente: tanto el ejercicio del gasto, como el ejercicio del ingreso en términos reales decrecieron, no ha sido posible ya, a pesar de los abusos, incluso de revaluación predial, a pesar del impulso de una serie de participaciones en los subsidios, no ha sido posible incrementar, en términos reales, los ingresos del Departamento del Distrito Federal.
¿Por qué? Bueno, principalmente porque así como hay simulación entre Gobierno y administración, también no hay una simulación presupuestal. Una y muchas veces hemos señalado aquí que el ejercicio de gasto que se presenta en el Departamento del Distrito Federal, es un ejercicio oculto. Es un oculto por el gasto federal que se realiza en el Distrito Federal y que no puede ser contabilizado en la cuenta del Departamento del Distrito Federal; es un ejercicio que se realiza por billones de pesos, por billones de pesos, otra vez de la Federación y que no pasa a las cuentas del Distrito Federal; bueno esto puede ser lógico en términos contables, se puede asumir en términos de un ejercicio de la Federación, en la capital, pero lo cierto es que en términos de la lógica del ejercicio contable o en términos de la realización federal en la capital de la República, lo cierto es que ya existe en principio, en principio y por gusto una simulación presupuestal.
Pero además de estos dos fenómenos se dio uno más, el terremoto; el terremoto de septiembre de 1985, el terremoto significó posibilidades y representó para nosotros compromisos, compromisos que como LIII Legislatura no hemos cumplido, no hemos cumplido porque las posibilidades que nos dio el terremoto eran tan amplias que podíamos pensar en términos de una reforma urbana, frente al shock emocional psicológico y político, de la emergencia, de la buena voluntad de quienes viven en el Distrito Federal, pudimos haber actuado y no lo hicimos, no lo hicimos ni en el terreno de la reforma urbana, no lo hicimos ni siquiera en el terreno de la legislación; dejamos hacer y dejamos pasar y entonces una situación que pudo haber sido aprovechada para darle un nuevo giro a la vida cotidiana de los habitantes del Distrito Federal, no fue entendido como tal, sino que fue entendido como un ejercicio dogmático o un ejercicio de obsecuencia, de obsecuencia con el poder. Es lamentable que nosotros no hayamos podido cumplir los compromisos que firmamos en esta Cámara y es lamentable que todavía no tengamos ánimos ni manera de hacerlo.
Lo cierto es que el terremoto y las consecuencias inmediatas en términos de la emergencia, de una solidaridad vital, humana, esencial para la vida de la gente de la ciudad, no han sido aprovechadas. Y ni siquiera estas posibilidades que abría el terremoto pudieron ser entendidas como un ejercicio de auténtica renovación, para tratar de salvar la contracción entre pueblo, administración y gobierno. Lo cierto es, que ahora de nueva cuenta, se trata de ocultar esta contradicción.
La objetividad nos obliga a hablar de transporte urbano, no sólo para que se municipalicen los
taxis, no sólo para que se municipalicen las combis; sobre todo y principalmente para que entendamos que enorme daño le estamos causando al país con un plan nacional progresivo y de urgencia para el transporte urbano colectivo.
El transporte urbano en el Distrito Federal, es uno de los motivos centrales para la reflexión de cualquiera de las fuerzas políticas que están presentes en la vida de la ciudad. La existencia de más de 2 millones y medio de automotores en el Distrito Federal, nos plantea los más graves problemas de racionalización económica y de la vivencia y permanencia o mejora, incluso del habitat ecológico en el cual nosotros estamos insertos. Entre más automóviles haya en la ciudad, más daño nos habremos de causar en términos presupuestales y términos biológicos; nosotros necesitamos discutir un plan para el Distrito Federal y las zonas conurbadas, de impulso urgente y decisivo al transporte urbano y sobre todo y principalmente al metro de la ciudad.
La industria automotriz en nuestro país es la industria que nos hace ver y su uso en términos privados, que nos hace ver no sólo nuestro colonialismo económico, sino que nos hacer ver también nuestro colonialismo cultural. Necesitamos superar a toda costa, hasta en términos biológicos, el uso del automóvil para el transporte particular, necesitamos rebasar en mucho las posibilidades que significan para este país, el problema del uso de una enorme cantidad de recursos financieros, de energéticos, de industrias y de recursos naturales no renovables y hasta renovables, que significa la impronta del transporte particular; necesitamos discutir esto, pero creo que sería demasiado en estos momentos tratar de llamar la atención sobre esto, simple y llanamente en términos de que ustedes seguramente vendrán a decir que hubo la tercera parte del gasto para el transporte en el Distrito Federal.
Necesitamos discutir el problema de la regularización de la tierra, no nada más para que haya seguridad y para que evitemos este fenómeno tan grave que se presenta en la ciudad desde la especulación urbana; un fenómeno que lastima sobre todo y principalmente a los trabajadores asalariados; un fenómeno que llega al extremo - les llamó la atención a los diputados del Sector Obrero - que llega al extremo de que las habitaciones que están construidas para los asalariados en la unidades habitacionales muy grandes, terminan siendo objeto de especulación y los trabajadores asalariados son expulsados de la unidades habitacionales simple y llenamente, porque se ejerce el derecho de la especulación inmobiliaria en las unidades habitacionales.
Entonces resulta que los logros, los logros en la términos habitacionales de los sectores asalariados, se le revierten al Sector Asalariado, al sector de los trabajadores; pero estos son problemas que quizá sean demasiado complejos que seguramente no tienen la menor importancia, para quienes estamos representados aquí; son problemas que incluso, pueden ser entendidos como negocios, como se entiende la construcción de las unidades habitacionales por algunos dirigentes sindicales. Y es el problema también de la administración de los recursos, una administración que se realiza en términos centralistas con el objetivo de consolidar el centralismo de la administración. Y es el problema de que nosotros tenemos en frente no a un representante delegado del pueblo, sino un representante delegado del Presidente.
Y ya en términos concretos en esto voy a ser bastante breve, espero, cuando menos no amenazo, creo que lo voy a cumplir, en términos concretos este dictamen debe ser rechazado; no sólo por la apología que hace de la conducción económica del país, una apología que por cierto, en términos reflexivos se podría considerar como una apología tan débil y tan cuestionada en si mismo, por el texto mismo de la iniciativa, que no termina ni siquiera como apología, sino que se constituye como una llamada de atención y hasta en algunos momentos como una acusación a la misma conducción económica del país.
Entre el primer párrafo de la 19 y el segundo párrafo de la pagina 20, con el párrafo cuarto de la pagina 22 existen contradicciones de análisis económico que valdría la pena resaltar en términos de un ensayo de lenguaje económico y de uso por el Sector Gubernamental. Pero lo importante, lo fundamental de esta Cuenta Pública es que de nueva cuenta, una vez más el peso de la deuda nos hunde. No solamente porque de repente el peso de la deuda, en particular de sus intereses, se dispara 158%; 158% por arriba de lo programado, claro, por supuesto que una devaluación del noventa y tantos por ciento y con un incremento de los interese internos de una manera sistemática y cotidiana, evidentemente, el peso del pago de los intereses va a caer como piedra amivilar de cualquier posibilidad de racionalización financiera del ejercicio presupuestal del Departamento del Distrito Federal.
Pero no sólo eso, no sólo es el problema de sus financiamiento, no sólo es el problema del ejercicio de su gasto, es el problema de que a final de cuentas la irracionalidad está presente en términos de la posibilidad que tiene el Departamento del Distrito Federal con sus recursos
objetivos para hacer frente a problemas que lo rebasan, no sólo por su incapacidad financiera, no sólo por su incapacidad de administración, sino sobre todo y principalmente, por su concepción general de la ciudad.
O entendemos que la ciudad debe de regresar a la ciudad de las mil ciudades con sus barrios y sus gobiernos, con sus tradiciones y sus posibilidades de acción comunitaria o de nueva cuenta, cualquiera cantidad de dinero que se inyecte se habrá perdido en una serie de negocios y en una serie de promociones que en muchas ocasiones pueden ser perfectamente ilegales.
Así pues compañeros de la LIII Legislatura, valdría la pena, vale la pena señalar ahora, que no habrá solución al transporte urbano, que no habrá soluciones a seguridad pública, especialmente cuando el policía es entendido como el enemigo público número uno de los obreros y de los trabajadores humildes de la ciudad, que no habrá solución al agua potable o al drenaje y al tratamiento de las aguas negras, que no habrá solución para la ampliación y mejoramiento de la planta educativa en donde tampoco tiene que ver el Departamento del Distrito Federal y que no habrá solución al problema de la regularización de tenencia de la tierra, al problema de la ecología y al problema de la deuda sin participación popular y ustedes pueden ahora señalar, que esa participación popular se da con esa simulación del Consejo Consultivo de la ciudad de México, y e incluso, pueden advertir de antemano que algo vendrá para alguna reforma en futuro próximo lejano, en términos de una asamblea legislativa o de un Congreso Local, que por cierto, hoy en la práctica, está parado por incapacidad política del Gobierno.
Ustedes pueden señalar todo esto, pero lo que no podrán negar y esto en términos de su Cuenta Pública y en términos de dictamen favorable a la Cuenta Pública es que cada día los problemas son mayores y ustedes tienen menos recursos y menos legitimidad.
Por eso hay que rechazar este dictamen. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Manuel Jiménez Guzmán en pro.
El C. Manuel Jiménez Guzmán: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados federales: dos propósitos nos animan el día de hoy para abordar esta tribuna en el análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal: el primero hace algunos respetuosos y cordiales comentarios a la exposición del diputado federal Eduardo Valle del Partido Mexicano de los Trabajadores que toca los problemas medulares de la ciudad de México y de su zona conurbada y en donde existen coincidencias y divergencia; la segunda plantear la tesis, el juicio político, los comentarios, en breves palabras, que justifican el que la fracción mayoritaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, emita un juicio aprobatorio sobre el dictamen de la Cuenta Pública en la ciudad de México.
El control político del Legislativo al Ejecutivo, ha sido una constante de la voluntad mexicana desde las primeras etapas de la vida independiente del país; no habían transcurrido dos décadas, enfrentándonos a una población minoritaria, con respecto al país del norte, en franco proceso expansionista, poblacional, económico y político, cuando en 1814 se inscribe en la voluntad constitucional y política del mexicano la necesidad de fiscalización al Poder Ejecutivo, los debates del constituyente de 1824, 1857 y 1917 refrendan esta voluntad política del pueblo mexicano; a través de sus representantes.
Este es el marco, el origen, la raíz, la raigambre sólida del artículo 74 constitucional, que en diversas fracciones al día de ayer, comentábamos de manera puntual y detallada y que hoy confirma en el análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, el examen de la gestión financiera, la comprobación a los criterios presupuestales y el establecimiento de un juicio político sobre la política económica del gobierno mexicano, que por voluntad del pueblo de México, en teoría general del estado: población, territorio, gobierno y raíces históricas, coincidiendo con Eduardo Valle, viene a conformar el estado mexicano y por conducto del Gobierno de la República, establece una política económica especifica, en una coyuntura específica y frente a circunstancias de complejidad, de crisis y de adversidad política y económica, que independientemente de la doctrina política que afectemos con razón puede ser la aplicación inteligente de la teoría económica, política económica, en síntesis, que es la praxis de la ciencia económica.
Y en este contexto general, quisiera señalar que en el análisis de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, en donde concurrieron los comentarios, aportaciones y los juicios de las diversas fracciones parlamentarias en reuniones de trabajo de la Comisión del Departamento del Distrito Federal y de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública; en la presentación de documentos, análisis y discusión con los diversos responsables de la área del servicio público del gobierno de la ciudad de
México; en la asistencia de la comisión a diversas áreas del Departamento del Distrito Federal, para poder escudriñar con mayor detalle y profundidad este análisis de ese año de 1985, llegamos a la conclusión de que por una parte, hubo un ajuste puntual a los criterios presupuestales, existió apego al marco jurídico en torno a las leyes que el presidente de la Comisión del Departamento del Distrito Federal, en su exposición general señalada, también, en su primera parte. Pero bien decía y coincidimos con su pensamiento, impacta en la ciudad de México la crisis económica de todo el país.
No es una ínsula que pueda librarse de las altas tasas de interés, de la caída en los precios del petróleo, de un 1985 en donde persistieron las políticas proteccionistas de los países imperiales de la tierra, del resquebrajamiento del sistema financiero mundial y no escapa a esta adversidad exterior los problemas del Distrito Federal, precisamente por el gigantismo que apuntaba el diputado Valle, por la alta concentración que la misma Cuenta Pública y su dictamen reconoce y analiza, también en detalle, concentración económica, política, poblacional y cultural.
Hablar de los problemas de la ciudad de México, compañeros diputados federales, es hablar de los problemas mismos de nuestro país, solamente que en 1985 existieron problemas adicionales, también relatados en la exposición anterior y en las anteriores por nuestros compañeros diputados federales.
Los problemas que enlutaron los hogares mexicanos y que pusieron a prueba la capacidad de solidaridad y de unidad de movilización y de participación social de los jóvenes de los hombres y las mujeres de esta ciudad, en septiembre de 1985.
Baste señalar que el análisis somero de continuar con tendencias actuales en esta zona conurbada del Distrito Federal, habrá de acrecentarse en sólo 14 años muy cerca del 26% de la población nacional, en tan sólo el 0.1 del territorio mexicano; que la alta concentración económica nos lleva a reflexionar sobre el 35% de la industria manufacturera en la ciudad de México, que los problemas de transformación de ejidos y zonas comunales en regiones urbanas, plantean también un esquema que requiere inteligencia para el asunto y tratamiento y resolución de los grandes problemas de la tenencia de la tierra, de la seguridad de su irregularización y del sentido humanista de la propiedad y del hombre; que población y desarrollo son un binomio indivisible y que un análisis general, podríamos señalar que son términos complementarios que complican situaciones de hoy y del mañana. Fundamentalmente porque la población del Distrito Federal tiende a hacer mayoritaria a finales del siglo en su esquema y en su estudio por edades con una población menor de 19 años de edad, lo que implica, compañeros diputados federales, una mayor presión social, política y económica para el reclamo justo de empleo, de deporte, de cultura, de educación, de recreación, de justa distribución de la riqueza y el bienestar, en este país que es en instancia última el gran propósito de la Revolución Social Mexicana.
Que la estructura y en un análisis también somero, de la actividad económica de la ciudad de México, nos preocupa el avance, por ejemplo, del área de servicios que seguramente llegará a ser más del 65% en la ciudad de México que junto con el deterioro del problema económico y de la inflación, nos puede arrojar graves problemas de subempleo en la zona conurbada del Distrito Federal.
Frente a todo ello se establecen respuestas. Hay en el examen y del dictamen de la Cuenta Pública, el análisis del panorama económico que prevaleció en 1985; se reconoce la limitación desde el punto de vista financiero y económico; se reconocen rezagos; se plantea la necesidad a través de las recomendaciones que surgen y se puntualizan en el dictamen de mejorar los esquemas de participación social y política en la ciudad de México. Fundamentalmente en el área de los programas de descentralización de la vida nacional, de desconcentración de funciones, de ampliación en los programas para preservar el ecosistema de la ciudad de México, en la posibilidad de avanzar en mejores esquemas de mejoramiento en materia de finanzas públicas; apunta la Cuenta Pública también, de manera detallada, lo que el Gobierno realizó en metas cumplidas y rebasadas en las prioridades que establece el propio Departamento del Distrito Federal en agua, drenaje, tratamiento de aguas negras, seguridad pública, regularización de la tenencia de la tierra, deuda pública y fundamentalmente llegamos a una conclusión definitiva:
Cerca del 65% del presupuesto ejercido, tiene un impacto directo de carácter social; se atiende como el diputado Javier Garduño de manera detallada y cifra tras cifra señalada, fundamentalmente a las necesidades y demandas sociales de los habitantes de la ciudad de México. Por ello reiteramos, que frente a las circunstancias anotadas, en esta ciudad de México que desde el punto de vista de poder político, es más antigua que Washington o Moscú como sede de los poderes, en esta ciudad que de continuar con las tendencias de crecimiento demográficas llegará a ser la ciudad más grande del mundo, más
que Sao Paulo, Río de Janeiro, Calcuta o Nueva York; que en esta ciudad frente a los límites y circunstancias que se establecieron en el año de 1985, la política económica que asumió el Gobierno de la ciudad de México, fue a nuestro juicio la apropiada y en función de respuestas concretas a circunstancias y coyunturales y específicas.
Y esto es importante, estimados compañeros diputados federales; tras el análisis cuantitativo de las cifras, de los números, de las metas, de los propósitos, se reconoce el avance y se reconoce el incumplimiento. En cuanto a avance se señalan en el dictamen final, actitudes para mejorar, en cuanto a rezagos, plantea el dictamen; también la necesidad de establecer mecanismos que mejoren eficiencia en la aplicación del presupuesto y en el cumplimiento de las metas.
Si bien es cierto, que es importante la meta cuantitativa, el resultado cuantitativo no debe ser jamás, camisa de fuerza en la política social del Estado Mexicano. El análisis cuantitativo es justo y necesario, cuando a condición de escudriñar las cifras no se pierde la visión globalizadora y el contexto general en el que se otorga la medida o se realiza la aplicación de la política económica.
Fácil pero irresponsable sería, desde el punto de vista de juicio político, perder la visión global, integral, integradora, del contexto mexicano y de los problemas de la ciudad de México, y si bien es cierto que la meta cuantitativa es fundamental, sobresale en el juicio político de la política económica, el juicio de calidad, la preservación de los valores, de las instituciones y de los principios fundamentales, de la República y de nuestro estado de derecho; la preservación de la paz social, de la estabilidad, de la democracia constitucional, entendida, desde el punto de vista político en su expresión plural y desde el punto de vista económico, la justicia redistributiva del bienestar y del ingreso.
Los valores cualitativos del juicio político de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, nos lleva a aprobar el dictamen que hoy analizamos; nos lleva a señalar finalmente, que por lo que corresponde a la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional, sumamos nuestra razón, nuestro juicio aprobatorio, en las circunstancias que prevalecieron, de la aplicación de la política económica y social, en el Gobierno de la ciudad de México, y señalamos finalmente, que hoy confirmamos que no habremos de abdicar, en los principios, en los fundamentos y en los programas fundamentales del Gobierno de la República, que se legitima, proveniente de una revolución social, en pos de valores fundamentales irreversible e irrenunciables; libertad para el hombre, independencia para la nación y justicia social para el pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano Carlos Barrera Auld, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. Carlos Barrera Auld: - Con su permiso: Un adagio popular sostiene que, "palo dado ni Dios lo quita", con esta premisa que se antoja axiomática, cabría preguntarse, si la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal correspondiente a 1985 y también la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del mismo año, tiene algún sentido a "toro pasado". En el remotísimo caso de que la mayoría relativa de esta Cámara, reconociera la validez de los razonamientos ajenos y admitiera las objeciones formuladas por los grupos parlamentarios independientes y también los de la oposición libre, alguien será tan ingenuo como para suponer, que lo mal hecho podría corregirse o borrarse de los documentos oficiales y dejar constancia de ello en el Diario de los Debates.
De todo lo anterior, está consciente el grupo Parlamentario Demócrata, pero también tiene conciencia de que su deber es no callar las anomalías más notorias en el ejercicio para una mejor planeación de esfuerzos, que sirvan en las acciones que los gobernantes realicen en su gestión de servicio público; o a la ciudadanía abstracta, no a la sociedad como entidad moral sino a la población, a la comunidad de personas de carne y hueso que integran esta colectividad, de la que cada uno de nosotros forma parte.
Para empezar, hemos de reconocer que los trabajos de la Comisión del Distrito Federal se desarrollaron en ambiente sereno, de comprensión y respeto mutuo, con tesonera actividad del presidente de la misma, a efecto de que hubiese prioridad y concreción en las aportaciones de puntos de vista y opiniones.
Ello permitió, que en la amplitud del texto del dictamen llegaran a recogerse algunas, no todas, de las observaciones formuladas por un buen número de los participantes de dicha tarea de revisión para la elaboración del dictamen a que se refieren estos comentarios.
En razón de lo anterior, reconocemos y valoramos el esfuerzo de quienes cargaron con la mayor parte del trabajo de elaboración del dictamen, el cual en términos generales, en sentido
global muestra un intento de responder fielmente al afán de los legisladores por llegar al conocimiento cabal del ejercicio realizado en el uso y aplicación de los recurso y medios a la satisfacción de requerimientos y necesidades de la población capitalina.
Cinco fueron los rubros bajo los cuales se realizó la revisión y análisis a que venimos refiriéndonos:
a) Marco jurídico;
b) Perfil socioeconómico;
c) Resultados financieros;
d) Objetivos y metas de los principales programas, y
e) Conclusiones.
Desde luego en cada uno de estos apartados, el dictamen se orienta a la justificación plena de las acciones gubernamentales, así como del incremento de la carga impositiva, la elevación "desmesurada, según lo siente el bolsillo de los capitalinos en su casi totalidad". En la tarifa de los servicios públicos, la no confesada desviación de numerario y también el incumplimiento de la realización de algunos de los objetivos y algunas de las metas programadas.
Entendemos que la vida económica de la población capitalina y tanto de su Gobierno, dependen en gran parte del comportamiento que se da en el conjunto de la actividad económica del país. En este sentido, los principales recursos del Gobierno capitalino no solamente se integran con los aportes a través de los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos de los capitalinos, sino en parte muy considerable por el conjunto de las transferencias del Gobierno Federal.
A las causas externas de que se hace mención, debemos agregar los efectos devastadores del terremoto que afectó a la capital en septiembre de 1985, que tuvo incidencia directa en la Cuenta Pública y no hay por qué no aceptarla en el no cumplimiento de metas; sin embargo, debemos insistir en que esto en parte, se resarce o disminuya el peso del problema con las aportaciones generosas recibidas, tanto del extranjero como de nacionales que mostraron su solidaridad oportunamente.
Un hecho importante que debemos considerar en este análisis, es la sobrepoblación que se ha venido manifestando en los últimos años en el Distrito Federal, que en gran parte se debe a las condiciones que se les ofrecen a individuos de la provincia, al presentársele un atractivo aparente, que consiste en mejores salarios a los del resto del país, servicios públicos a menor precio, lo que ilusamente hace pensar que resulta más barato vivir en el Distrito Federal, que en el resto del país.
La realidad es que el 20% de la gente que trabajar en el Distrito Federal, recibe menos del salario mínimo, el desempleo ha ido creciendo significativamente, dándose el fenómeno de que el porcentaje es mayor al del resto del país.
Lo anterior ha provocado que en su afán de dar atención a las necesidad de la creciente población, el Gobierno capitalino desatiende renglones importantes, un ejemplo es el educativo, en el cual se registra una baja en la población escolar; las estadísticas indican que en 1984 había 1 millón de 382 mil alumnos de enseñanza primaria, en tanto que en 1985 bajó a 1 millón 361 mil.
En el nivel medio, la población escolar bajó de 4 millones 12 mil a 4 millones 7 mil y en el nivel básico, o sea en planteles de capacitación para el trabajo, el alumnado fue de 1 millón 16 mil en 1984 y de 1 millón 6 mil en 1985.
Por otro lado, en el apartado del perfil socioeconómico a que se refiere el dictamen, se nos dice que en cuanto a los servicios educativos, conviene señalar que al Gobierno de la ciudad le corresponde el servicio de mantenimiento a las instalaciones de los diversos niveles educativos.
Por otro lado, en el apartado relativo a los objetivos y metas de los principales programas, se nos dice que se dio mantenimiento a 807 edificios preescolares; aunque en el dictamen se nos ofrece una relación de los planteles que fueron reparados por los daños que sufrieron a causa de los sismos, nada se dice respecto al mantenimiento de los edificios de otros niveles educativos en condiciones normales. Sobre este renglón, independientemente de nuestra convicción en el sentido de que se pueden abatir los costos tanto por concepto de reparación como de construcción de escuelas, queremos señalar irregularidades que se registran en perjuicio de la economía de los padres de familia y que hasta la fecha no se han corregido.
Entre esas irregularidades figuran las frecuentes cooperaciones voluntarias y que en realidad son obligatorias y que según el decir de los directores, se aplican precisamente para mantenimiento de
los planteles. Frente a esta constante y tomando en cuenta que al Gobierno de la ciudad le corresponde otorgar el servicio de mantenimiento de las instalciones escolares, nos parece que es conveniente hacer la recomendación al Departamento del Distrito Federal en el sentido de que se informe de esto a las sociedades de padres de familia y con ello se eviten los cobros indebidos de esas cooperaciones.
En el renglón de gastos del gobierno del Distrito Federal, éste se cubrió con el 43% de participación de los impuestos federales y con subsidios directos del Gobierno Federal representaron el 8%; la función de pasivos significó un 37%; los ingresos directos significaron el 12% del total del presupuesto correspondiente. Llama la atención el incremento de la deuda pública y consecuentemente en pago de intereses de la misma que fue de 158%, atribuyéndose esto en parte a las pérdidas cambiarias ante los tipos de cambio de diciembre de 1984 a diciembre de 1985.
A este respecto, nosotros insistimos en la política equivocada de tipo de cambio que es lo que originó este problema, por no corregir oportunamente la situación de sobrevaluación de nuestro peso.
Hay razones de peso y de sobra para votar contra el dictamen, una de ellas se fundamenta en lo que sucede en la Ruta 100. En el dictamen se afirma que sus acciones se orientaron a disminuir la contaminación, el mejoramiento de las instalaciones modulares, la adquisición de mayor número de unidades y a la capacitación y adiestramiento del personal para elevar su nivel de productividad y eficiencia.
Se afirma igualmente, que en lo concerniente al presupuesto autorizado se le asignaron 68 mil 2 millones de pesos, pero que a final de cuentas y como sucede siempre, la cantidad aumentó a 79 mil 630 millones.
Con la inútil intención de justificar el incremento, se nos dice que este se debió a la adquisición de nuevas unidades de transporte, pero al mismo tiempo se confiesa que de los 79 mil 630 millones de pesos gastados, el 74% se destinó al renglón de gasto corriente.
Las cifras ofrecidas dan base para suponer que no hay tal adquisición o que fue insignificante; está claro por otra parte, que el Gobierno no ha cumplido su ofrecimiento de corregir la composición del gasto, pues lo que se destina a inversión sigue siendo mucho menor que lo que se destina a renglones administrativos Independientemente de las anteriores consideraciones, seguimos sosteniendo que la estatización del transporte resulta un engaño para los usuarios y contribuyentes, pues en lugar de que les resulte barato lo pagan a precio de oro mediante estratosférico subsidio, cuyo mayor monto a final de cuentas, lo cubren los asalariados empobrecidos.
Está visto que la existencia de los monopolios de Estado o de particulares, significa un daño a la sociedad y por esto reiteramos nuestra adhesión a las alternativas, que permitan el desarrollo de un nuevo tipo de empresa, que convierta a los trabajadores en copropietarios, entre ellos a los del transporte.
Si hablamos como lo hemos hecho, no es porque seamos enemigos del Gobierno; al contrario, queremos un Gobierno fuerte y esto es posible si al mismo tiempo es justo y respetable, si ama y sirve a su pueblo; la aplicación racional, honesta, inteligente de los recursos aportados por los contribuyentes, es norma que distingue a los gobiernos que quieren servir y que en el servicio den la razón de su poder, porque todavía hay mucho por corregir, rectificar en esta materia, los legisladores demócratas en su momento, votaremos en contra del dictamen. Muchas gracias por su antención.
El C. Presidente: - Corresponde la palabra al diputado Juan Moisés Calleja:
El C. Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente; honorable asamblea: Diría yo para empezar, que la sesión de este día y en relación con la Cuenta Pública, se inicio con los mejores auspicios en razón de que el primer orador que vino a esta tribuna, el diputado Ling Altamirano Federico, correspondiendo a su calidad humana, hizo el reconocimiento en relación con una conducta y una determinación que mucho lo destaca; también en este caso, inspirado en ello, me permito hacer un reconocimiento al diputado Carlos Barrera Auld, desde el punto de vista, que con toda franqueza y auténtica lealtad ha manifestado ante la soberanía, que el dictamen que está a nuestra consideración merece su satisfacción desde el punto de vista de su elaboración, dado que reconocen, el presidente de la comisión que permitió que dentro de las corrientes políticas que existen en este recinto hubiera una discusión auténticamente democrática, que llegó finalmente a la formulación del dictamen.
Sin embargo, yo podría decir entrando en materia, que si quisiera hacer una glosa de los expresado hasta estos momentos, diría que se presentan dos corrientes; una que nos hablado del deber ser y
otra que ha comentado solamente el ser; la primera, que es una preocupación tratando de fijar posibilidades para el rescate del bienestar social y la otra, ajustándose a los términos de un mandato constitucional, analizando lo realizado, lo hecho dentro de los cañones o dentro de las determinaciones de este ordenamiento jurídico; sin embargo, podemos decir que en la conjugación de las dos corrientes no hay divorcio, desde el punto de vista, que no creo que exista diputado en este recinto que no espire por su propia representación por su calidad solamente de humano, a buscar mejores derroteros, mejores caminos para tratar de resolver los graves problemas que afectan a la colectividad. Los que hemos actuado dentro de nuestros distritos, decencia profundamente popular y los que pertenecemos al movimiento obrero, indiscutiblemente que aspiramos a tener en esta ciudad donde vivimos, donde nos formamos, donde nos desenvolvemos, las mejores condiciones, mejores condiciones humanas; es preocupación de todos y en particular ha sido de nosotros, desde el punto de vista, que queremos para los grupos necesitados mejores viviendas, mejores servicios, más posibilidades de empleo, transportes adecuados, en fin, todo aquello que representa satisfacción desde el punto de vista individual y colectivo.
Sin querer cansar la atención de ustedes, permítanme recordar tiempos pasados; cuando en otra ocasión tuve la fortuna de tener el carácter de diputado federal por el distrito que hoy represento, en el que llegué y lo encontré en condiciones verdaderamente difíciles; calles sin pavimentar, sin luz, sin agua, escuelas alejadas, faltas de posibilidades desde el punto de vista económico carencia, para sintetizar, casi ausencia de servicios.
En aquel entonces, el diputado recogió muchas satisfacciones ante los requerimientos populares y ante las posibilidades del país, vimos con alegría, con profunda satisfacción la transformación de nuestros distritos, la creación no solamente de la escuela primaria cercana, sino del jardín de niños de la propia escuela primaria, de la escuela secundaria, de la escuela preparatoria y así, contemplamos que aquellos muchachos de ese entonces, que tenían que recorrer grandes distancias para lograr llegar a centros educativos, los acercaron a sus lugares en donde vivían. Contemplamos y comprobamos la realización, edificación de centros de salud, que indiscutiblemente fueron creando una población con mejores posibilidades a grado tal, que en ello nos basamos y conocemos que la vida de los habitantes de esta ciudad capital se ha ido aumentando, somos más longevos porque nos ha permitido tener mejores condiciones de vida, y eso fue época en la que actuamos dentro de las posibilidades de un país en pleno desarrollo.
Pero aquí se ha comentado con amplitud y es cierto, que independientemente de las discrepancias que pudiera haber en cuanto al origen, la verdad es que padecemos situaciones notoriamente perjudiciales para la comunidad; hablemos de crisis, la crisis, no solamente es una palabra que se encuentra en léxico de la economía, sino representa una condición en donde hay imposibilidades para resolver dentro de la normalidad las necesidades de la comunidad.
Se habla del precio de petróleo, sabemos sus consecuencias, la inflación y consecuentemente frente a todos esos problemas, hemos venido cotejando las imposibilidades materiales de resolver los graves problemas colectivos que son preocupación de todos, no solamente son preocupación de un partido, sino es preocupación de todos desde el punto de vista que todos, independientemente de nuestras banderas, aspiramos a la mejoría colectiva, a la mejoría de todos los habitantes de esta ciudad.
Pero hemos comprobado que las posibilidades del país tienen sus limitaciones, y frente a esas limitaciones, la clase trabajadora se esfuerza para ayudar a resolver estos problemas; se ha apretado más el cinturón, pero lucha con sentido patriótico y nacionalista, juntamente con un Gobierno que se esfuerza por encontrar los caminos adecuados para la solución de nuestros problemas.
No basta solamente estar en esta tribuna explicando las necesidades, las carencias, sino indiscutiblemente deben también proponerse las soluciones y nosotros pensamos con auténtica seguridad, que el papel, que la actuación del Estado, del Gobierno en todos sus aspectos y en todos sus propósitos se destina a resolver la situación en que nos encontramos; es decir, la posibilidad para que nosotros como representantes del pueblo, podamos resolver estas inquietudes, dar solución a estas necesidades que actualmente han sido motivo de preocupación y disposición en esta tribuna.
Pero eso, decía hace un momento, representa el adverso, lo que hay que hacer, pero también hemos explicado que en esta reunión estamos frente al ser, tenemos que analizar una Cuenta Pública que corresponda a un presupuesto aprobado y eso para nosotros, a través de nuestra permanencia en la comisión respectiva, a través de conocer el dictamen elaborado estamos conformes y entendemos que ha habido una correspondencia del Gobierno del Distrito Federal al mandato constitucional, del tal manera que no
podemos dejar de afirmar que la actuación del Departamento del Distrito Federal dentro de las carencias, dentro de las posibilidades, ha hecho un esfuerzo mayúsculo, para que ajustado a los principios que le sean señalados, pueda resolver las tantas inquietudes y las tantas necesidades que aquejan a esta ciudad.
Decía hace un momento el diputado Carlos Barrera Auld, y esto es cierto, en el sentido que de acuerdo con el dictamen, que es hoy motivo de nuestra preocupación, hay un estudio amplio y exhaustivo que marcó diversos caminos para entender debidamente la Cuenta del Distrito Federal, y dentro de ello señalaba que una de las preocupaciones se indica y se señala desde el punto de vista del cumplimiento de las disposiciones a que se encuentra sujeto el Departamento del Distrito Federal; y respecto de ello, diría yo que en este dictamen, cuya discusión se ha iniciado y respecto del cual ya hemos escuchado diversas interpretaciones, impone la intervención para considerarlo adecuado y consecuentemente con la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1985, analizarlo serena y responsablemente. En términos amplios diremos, que en cumplimiento al artículo 74 de la Constitución Federal, la Contaduría Mayor de Hacienda, tuvo la intervención que fue de su competencia, permitiendo conocer los resultados de la gestión financiera y comprobando que la Cuenta Pública analizada se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto, en concordancia a los objetivos contenidos en los programas. A esta soberanía sin lugar a dudas, está interesada en conocer y analizar dicha Cuenta en todos sus aspectos, y así lo hace.
El dictamen que suscribimos, mismo que para su mayor inteligencia tuvo a nuestro juicio la atingencia de estructurarse en diversos capítulos, comprendiendo su marco jurídico, o sea, el que interesa sobre el cumplimiento por parte del Departamento del Distrito Federal, de las disposiciones legales que rigen su autoridad dentro de los ámbitos competenciales y los de naturaleza financiera, que se vincula con las posibilidades presupuestales aprobadas por la representación de esta Cámara, para su ejercicio fiscal de 1985.
La función administrativa, es la función jurídica esencial, continua y permanente de la administración pública, porque cualquiera que sean las formas políticas y económicas, el papel orientador del Departamento, como órgano ejecutivo, está y se considera subordinado a una dirección general y a un indispensable equipo de trabajo, es una actividad que implica una compleja acción encaminada a fijar los métodos, normas que lo regulan, o sea, las que ponen en marcha los elementos operativos que hacen posible la consecución del bien común.
Es muy respetable las opiniones diversas cuando tiene el carácter constructivo, cuando sin afanes negativos señala fallas o errores; mas cuando en una función como la que se analiza se advierte el esfuerzo y la determinación inquebrantable hacia el perfeccionamiento en plena correspondencia al mandato legal que nutre su conducta, también es obligación ineludible apegado a los principios de una razonada ética pública a producir reconocimiento, a una conducta que el Departamento del Distrito Federal, como organización central y conforme a la norma de un Gobierno que a partir del mandato ha mantenido en la superación y perfeccionamiento, que ha establecido un control interno, que como se dice en el informe, propicia un mecanismo de autoevaluación y valorización que opera en las unidades sectoriales, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones a su cargo en materia de planeación, como las que ha sido posible establecer plena coordinación, salvo seguramente algún pequeño desajuste con la tendencia, la corrección del sistema, que sin duda tiene correspondencia con la eficiencia y mejor servicio con que ha operado y opera el Departamento del Distrito Federal - lo que hablé -, innecesariamente nos conduce a estimar lo adecuado del dictamen.
Vinculación con la conducta anterior, es la observancia dentro de la organización de la administración pública federal, de los manuales institucionales específicos que regulan y observan el Departamento del Distrito Federal, que además han sido superados con la publicación de un manual general de organización para este Departamento, a fin de que su actividad pública sea llevada con claridad y honestidad mediante el registro y trámite del ejercicio del gasto público, según los métodos establecidos por la Secretaría competente, también sujeta dentro de los lineamientos impuestos por nuestra soberanía, que ha permitido al Departamento crear un sistema interno de planeación para evaluar debidamente las operaciones de sus entidades, pero además, apegada a una conducta administrativa correcta, que llevada la función fiscalizadora señale el control de la constitución de garantías, que aseguran durante el ejercicio de 1985 el exacto cumplimiento de los contratos y convenios que celebró el Departamento, así como las organizaciones por adquisición de bienes, a fin de no permitir dudas su actual integridad en el ejercicio de la función.
La comisión ratificó que el Departamento del Distrito Federal cumplió con sus presupuestos de
egresos del ejercicio fiscal, contando con la vigilancia de su contraloría interna y dentro de las normas de la Secretaría de Programación y Presupuesto Sin embargo, se reconoce que en algunas obras adjudicadas en forma directa por convocatoria simplificada, no siempre hubo el ajuste a los montos máximos establecidos, lo cual tiene su explicación para conseguir contratistas con capacidad técnica y que antela urgencia de subsanar necesidades inaplazables y sin trastocar las autorizaciones otorgadas, se advierte en el ejercicio capacidad y correcto ejercicio. Después de los fenómenos naturales que desquiciaron la normalidad nacional y particularmente de esta ciudad, y los que desde antes ya eran impacto mayúsculo, explican un sano y positivo entendimiento para aquellos que sirven para resolver problemas de vivienda, de transporte, de saneamiento; respecto de estos, el Departamento del Distrito Federal por sí y en razón de sus funciones de Gobierno, asumió su responsabilidad para la prestación oportuna y adecuada para que los servicios fueran prontos y expeditos, que los habitantes de esta capital los disfrutaran, porque no pueden esperar indefinidamente que se hagan o no las ampliaciones del metro, dados sus desplazamientos a largas distancias que convierten su necesidad en exigencia que no es posible posponer, como no le es posible las construcciones de casas, de drenaje profundo, de redes de agua, la recolección de la basura, etcétera, y esto lo está haciendo el Gobierno de la República a través del Departamento del Distrito Federal, atingencia, responsabilidad y eficientemente.
La ampliación de los gastos no se sale de lo presupuestado, aunque fundamentalmente, y esto es lo que más interesa sin desviación indebida y mal uso de lo obtenido; consecuentemente, en el logro de los objetivos con ajuste a los ordenamientos que regulan su actividad, ha realizado sus programas de obras, adquisiciones, suministros con un criterio correcto y oportuno que ratificando, no desmerece la oportunidad que reclamara el interés social. En consecuencia, el ejercicio de la función debe calificarse, constreñir a los presupuestos autorizados, esto es, que las adquisiciones, suministros en el caso específico de obras públicas que se tienen que hacer, están expuestas a factores y circunstancias propias de una época crucial de crisis, en donde las predicciones presupuestarias se alteran por la inflación que trastoca precios y valor de la mano de obra.
Dentro de las comisiones presentes y sin dejar de entender que la actividad del Gobierno, en su calidad de órgano público, debe proveer con sentido político lo indispensable para la marcha de los servicios públicos, de las tareas competenciales en el orden administrativo; se tiene que entender, que una Cuenta Pública no es una operación contable que se satisface cuando hay correlación entre el haber y debe, entre el crédito y su gasto, cuando aquel se acrecenta en razón de los fines propuestos e inaplazables por su destino humano y colectivo.
Examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y consigo el del Departamento del Distrito Federal, supone que lo aprobado permite a los órganos estatales disponer coordinadamente, sin alterar el acuerdo de esta soberanía cuando hay en existencia.
La Secretaría de Programación y Presupuesto tiene esa función, constreñir a la dependencia o entidad favorecida a presentar su Cuenta Pública para revisión. El artículo 74 de la Constitución así está concebido, autorizar un todo para responder del mismo, sin que haya que considerar indebido que el Departamento del Distrito Federal haya obtenido un incremento para hacer realidad los servicios a su cargo.
Por eso en el dictamen que se discute y cuya aprobación se demanda, advierte su acuciosidad, su mayor atención en las autorizaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto para la celebración de contrato de obra pública, de adquisiciones y suministros, que al parecer rebasan las asignaciones presupuestales aprobadas para el ejercicio de 1985 y en esto existe una congruencia indiscutible con la aplicación de las normas y los lineamientos para los programas y dependencias que emite esa Secretaría.
De nuestra parte, enfatizamos, para valorar como corresponde una Cuenta Pública, para rechazar calificativos que no correspondan al esfuerzo de la autoridad del Departamento del Distrito Federal, a fin de que las entidades sectoriales observen inalterablemente un régimen contable de sus operaciones, sin fallas ni ocultaciones; que ha resultado satisfactorio, a pesar de algunas inoportunidades en la comunicación que debe ser corregida mediante mecanismos de vigilancia y control, pues nada debe empañar el esfuerzo de un titular que, invariablemente se destina para responder a quien tiene el mando nacional y a una función específica que compete a esta cámara, en relación con la Cuenta Pública.
En los términos de la fracción VI del artículo 27 constitucional, el Departamento del Distrito Federal, tiene plena capacidad para adquirir y poseer bienes necesarios para su función, siendo todos ellos de la Nación y por ende del pueblo, y su soberanía está interesada en el control y conservación.
El Departamento del Distrito Federal no ha sido omiso en la responsabilidad, abierto en su Cuenta Pública el especial control, guarda y almacenamiento de los bienes; cumplió y sigue haciéndolo conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, o sea la de Adquisición, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios, no obstante que algunas entidades coordinadas carecen de instalaciones adecuadas, pues el sismo generalizó sus efectos destructivos y es sólo el tiempo, las posibilidades y el esfuerzo de los mexicanos que están sobrepasando las insuficiencias, las carencias, que existen y que son de urgente resolución.
Así se ha atendido por la Contaduría Mayor, quien propone adecuar solución, sin que para ello y para nosotros implique negligencia o responsabilidad.
Como objetivo fundamental de un gobierno y del Departamento del Distrito Federal, entendido como tal, debe haber correlación entre le presupuesto y el gasto, su específica sujeción a las normas jurídicas que lo rigen; ellas se expresan y se han reconocido en la revisión de su Cuenta Pública.
Misma que fue turnada a la Contaduría Mayor de Hacienda, que a su vez lo hizo a la Comisión de Vigilancia, para llegar finalmente a las comisiones unidas de esta Cámara, que en su análisis recoge, con razón, que la del Departamento del Distrito Federal se apegó a la constitución y a los mandatos específicos que la rigen, agregando que su gobierno no se ha desenvuelto en la realización de funciones simplemente administrativas, sino también en las de carácter político para atender adecuadamente los servicios públicos que le corresponden, sobre todo en los momentos cruciales en que vivimos.
Para terminar, decía el diputado Carlos Barrera Auld: "lo mal hecho no se borra", y yo agregaría, lo bien hecho tampoco se borra, y nosotros estamos convencido de que ha correspondido el Departamento del Distrito Federal dentro de los términos de la constitución, a las obligaciones contraídas, por eso, nosotros apoyamos el dictamen y pedimos respetuosamente su aprobación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Socialista Unificado de México, tiene usted la palabra.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: Honrada y objetivamente ponemos a nuestro juicio, con razón, afirmar que se mantienen en pie, en su cabalidad y no hay de ninguna manera engreimiento en lo que decimos todas y cada una, queremos repetirlo, todas y cada una de nuestras afirmaciones, en la intervención y en el documento que presentamos para dar a conocer el voto particular de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México, con relación al dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, aprobado por la mayoría de comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Comisión del Distrito Federal.
Por esta tribuna han desfilado, y lo digo sin sentido peyorativo, un grupo selecto y seleccionado, hasta ahora de seis respetables compañeros diputados de la mayoría priísta; ninguno de ellos ha dado respuesta concreta, específica - en términos de debate parlamentario - de discusión, de consideración, de argumento a los puntos de vista que nosotros presentamos. Habrá que ver en tiempo - como se dice por ahí - las intervenciones de este día, con relación a este problema tan importante y a lo que se ha venido aquí, no es a defender el dictamen. Sostenemos que lo que han hecho nuestros compañeros de la mayoría priísta, ha sido, unos más y otros menos, otros como auténticos voceros, plenos, sin autorización y quizá sin patente, la política del Gobierno de la República en el Distrito Federal y la Política del Gobierno del Distrito Federal.
Eso es lo que se ha hecho, esas son las intervenciones, ha sido la defensa a ultranza, en muchos casos, totalmente acrítica, sin considerar problemas importantes planteados en las intervenciones, en este día de la política del Gobierno en el Distrito Federal, lo que nuestros compañeros han presentando desde esta tribuna.
Los hechos son eso, hechos y pueden ser interpretados pero ahí están tercos y van a permanecer durante mucho tiempo. Yo quisiera afirmar también, que este debate en donde no hemos recibido respuestas, el debate mismo y el comportamiento inclusive de muchos de nuestros compañeros, y lo decimos con muchos respeto, no hemos recibido respuestas a nuestro cuestionamiento. Ahí están y servirán en última instancia para ser considerados en la discusión que ahora es clandestina de esos problemas, porque poco se sabe de ellos, en la calle, nuestra Cámara es clandestina, nuestros debates son clandestinos, no son del conocimiento público, excepto en contadas ocasiones, pero nosotros trataremos de sacarlos del clandestinaje, de los marcos de la ilegalidad como llamamos nosotros cuando hemos sido sometidos, no por nuestros actos sino precisamente por la conducta del Gobierno,
llevarlos a la luz pública al conocimiento público.
Nos parece compañeras y compañeros, que la discusión ha demostrado una cosa, que es indiscutible la razón de la necesidad de un gobierno propio en el Distrito Federal, de una Cámara de Diputados propia en el Distrito Federal. A algunos compañeros les escandaliza, consideran que es el algo extraño, el margen de la discusión del debate, de los términos del dictamen, pero resulta que todos ellos,todos los compañeros de la mayoría priísta que han pasado hasta ahora por esta tribuna, han demostrado, aparte que el dictamen lo dice, que este debate tiene un profundo carácter político, y si no, remitámonos a la fundamentación del dictamen que hizo el compañero Gilberto Nieves Jenkin, en donde planteó los marcos, los marcos de la política del Distrito Federal, las ópticas, los tres ejes y los tres coincidentes concéntricos en una que diríamos unidos por circunferencias y por ruedas concéntricas totalmente, es la política del Gobierno, son los marcos del Gobierno Federal, lo que nos limitan y nos conducen a cumplir con última instancia la normatividad en el uso y en el gasto público y no podemos salir de ahí, eso demuestra efectivamente, lo que decía el compañero Eduardo Valle.
Aquí, compañeras y compañeros, tenemos un problema, esta política ya ha entrado en crisis; no va a entrar en crisis, está entrando en crisis y en crisis profunda, en la comparecencia del regente afirmamos que a nuesto juicio un rasgo indudable político de la situación del Distrito Federal, en el que deberíamos examinar la política de presupuesto de ingresos y de egresos, era que estábamos entrando en una profunda crisis política en el Distrito Federal.
Eso es lo que está ocurriendo, seamos sensibles a ello, aquí se ha planteado la defensa intransigente de la política del Gobierno Federal y del Distrito Federal, del regente, pues esa política, de continuarse, va a conducir a una profunda crisis política; esa es la realidad, sígase desconociendo el marco necesario para examinar y resolver los problemas del Distrito Federal, que es el Gobierno propio, la participación decisoria de las masas populares y ciudadanas del Distrito Federal, es el problema principal, compañeras y compañeros. No hay posibilidad de cambio en la política que se sigue al frente del Distrito Federal; la defensa total intransigente que se ha hecho aquí, la consideración de que en esta crisis no hay salida porque hay limitantes y nosotros decimos sí hay salidas, una época de crisis es la que permite resolver los problemas precisamente, no hay el limitante de la crisis, esta es la oportunidad histórica de poder resolver problemas que conduzcan a que sea el Distrito Federal quien tome en sus manos la solución de sus problemas.
Mientras no haya participación ciudadana, no habrá absolutamente ninguna solución; aquí el compañero Manuel Jiménez ha dicho, y refuta lo que yo estos afirmando y que motiva la incredulidad o sencillamente el regocijo. No quiero interpretar de algunos compañeros, pero ha hecho una afirmación que me refuta, totalmente me refuta y quiero reconocerlo así, aparte de otras cuestiones que han sido planteadas. He dicho que el Distrito Federal tiene un gobierno propio, democrático como es el Gobierno de esta gran ciudad de México; ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el Gobierno democrático de la ciudad de México?, de esta gran ciudad de México, la más poblada del mundo.
Efectivamente ya lo es, ¿dónde está el Gobierno democrático? Es Gobierno democrático porque lo elige la ciudadanía del Distrito Federal, ¿quién elige? ¿Quién elige al Gobierno de la ciudad de México? Lo designa el Presidente de la República del jefe del Gobierno del Distrito Federal que gobierna en su nombre, de los delegados políticos, ¿es democrático? ¿En razón de qué? ¿Porque lo dice la Constitución? ¿Y no hay que cambiar los términos de esta Constitución? Nosotros preguntamos ¿en qué se basan para decir que este es un Gobierno democrático, cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía del Distrito Federal es la razón, digo está planteando con razón que exige Gobierno propio, Gobierno democrático, electo por la ciudadanía del Distrito Federal?
¿Por qué el PRI ha perdido la mayoría en el Distrito Federal? Este es un hecho, ríanse compañeros, ríanse una y otra vez y las veces que quieran, pero el hecho concreto es que en el Distrito Federal hay un Gobierno impuesto; nosotros no venimos ni a manchar ni a elogiar a nadie, no manchamos la obra de nadie, ni tampoco venimos a defender a nadie Nuestro papel aquí es venir a debatir planteamientos, a hacer enjuiciamiento crítico, ese es nuestro papel. ¿Por qué se nos reprocha? ¿Por qué no reconocen ustedes que venimos a reconocer? ¿Por qué?, como le contestaba a un amigo que dirigía la revista política, y se le decía oye Marcué ¿Por qué razón tú siempre, por el contenido fundamental de tu revista es enjuiciar, atacar, o criticar al Gobierno? Contestaba Marcué. Porque ese no es mi papel, porque si yo viniera a elogiar al Gobierno no me bastaría ni la revista, ni el tamaño, ni el papel, ni los recursos que tengo, y nosotros venimos aquí a ser enjuiciadores críticos
de la política del Gobierno y consecuentemente del dictamen, ese es el problema principal y eso no aguanta, ni representa motivo de reproche alguno. Ese es el problema, lo que pasa, que aquí estamos en un diálogo ¿de sordos verdad? Porque no senos contesta nada, absolutamente nada, esa es la cuestión principal compañeros.
Lo fundamental, y eso fundamental sigue en pie, por eso nosotros decimos "no se nos ha contestado, mantenemos todas y cada una de las cuestiones que planteamos en nuestra intervención y seguimos exigiendo repuesta", no hay respuesta de parte de ustedes, no hay ánimo de debatir, hay ánimo en última instancia de imponer, esa es la realidad concreta, concretamente.
Por eso nosotros, pues en estas condiciones ¿cómo es que vamos a contestar las intervenciones de los compañeros? No podemos, no podemos porque sencillamente entran en el enjuiciamiento que nosotros hicimos del dictamen, un dictamen compañeras y compañeros, que no es sostenible de ninguna manera. Miren ustedes, vamos a leer de la página 17 la conclusión que se hace, una conclusión de carácter general sobre un apartado, un apartado de los del dictamen, es un apartado importante por lo que se desprende del contenido de esta consideración general. Vamos a ver compañeros, a ver que opinan ustedes, una prueba de que este dictamen, compañeros nuestros, no es sostenible de ninguna manera pese a los legados enormes con que algunos compañeros han pasado aquí, y la abundancia de juicios elogiosos de verdadero panegirismo, apologéticos, con ausencia total de la menor consideración de los puntos de vista que hemos dado o del enjuiciamiento crítico de la política del Gobierno del Distrito Federal, dice así. Voy a ver si tengo alientos para leerlo, ojalá, como dice el compañero, le agradezco su buen deseo, dice así: "Del análisis de los ordenamientos que rige en el ejercicio de las atribuciones del Departamento del Distrito Federal, en su doble carácter de entidad del Ejecutivo Federal y Coordinador de Sector, así como de los ordenamientos de vigilancia anual de carácter financiero, como son la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para 1986 y su presupuesto de egresos para el propio ejercicio fiscal y demás ordenamientos aplicables en la materia" Es posible apreciar que el Departamento del Distrito Federal de cumplimiento en lo general, a las disposiciones contenidas en el marco jurídico que regula su actuación, siendo de estimar que la inobservancia de algunas disposiciones particularmente aquellas relativas a las obras públicas, deriva de la naturaleza de la entidad que realiza como objetivo primordial acciones de Gobierno de la ciudad de México, de la ciudad capital. Lo cual imponen a su actuación un matiz singular que permite apreciar criterio de valorización excepcionales. En cuanto al cumplimiento, disposiciones que en circunstancias ordinarias debe ser estricto, para que en casos de emergencia y ante necesidades imperiosas de cobertura continua de servicios públicos indispensables para la comunidad, hace posible un margen de flexibilidad, es decir, ante la disyuntiva de dejar de realizar obras de emergencia por el necesario cumplimiento de disposiciones legales, traduciéndose esto en perjuicios irreparables para la comunidad.
La acción del Gobierno capitalino debe ser vista con apego a criterio de oportunidad y eficiencia, independientemente de que se comprueben a posterior por el órgano fiscalizador de esta representación nacional, la situación de emergencia que hace necesaria la contratación de obras en condiciones excepcionales que de ninguna manera colocan a la dependencia en un marco de ilegalidad o de arbitrariedad".
¿Alguien es capaz de entender esto? No hay un sólo punto, no hay un sólo punto, es cuartilla y cuarto, 31 líneas, una maraña de conceptos y de afirmaciones, afirmaciones estrictamente, alguien que conteste de la comisión, que examine críticamente este párrafo, ¿para quién? ¿Para quién va dirigido?, para engañamos a nosotros en la Cámara de Diputados, para los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Quién lo va a entender? Compañeras y compañeros. ¿Quién va a entender? ¡Ah, claro!, de eso se trata precisamente que esto no se entienda, aquí está la clave y la explicación de una redacción, qué caray, no es propia de una Cámara de Diputados, absolutamente no es propia y menos de una Comisión del Distrito Federal con tanto aparato, con tanta estructura térmica de asesoría, etcétera, etcétera.
Por otra parte, antes de presentar lo que para nosotros es un problema y no puede de ninguna manera de dejarse tal y como lo propone la comisión, quisiéramos referirnos a algo que ha dicho el compañero Manuel Jiménez. La Cámara cumple su papel de control político, de fiscalizador, esa es la manera, el dictamen de control político y de fiscalizador del Ejecutivo, es así como se controla y se fiscaliza al Poder Ejecutivo, cuando no hay absolutamente ningún análisis del incumplimiento de metas, cuando no hay absolutamente ninguna consideración de las causas, cuando no hay nada que se refiera a la violación, a la violación del decreto aprobatorio del presupuesto en lo que se refiere a las metas aprobadas, y el por qué de las transferencias y además de las afirmaciones con relación a la situación económica y política del Distrito Federal, cuando no hay aquí ninguna preocupación,
esto es fiscalizar y controlar al comité, al Gobierno desde el punto de vista político, esto es control político, no compañero Javier Garduño, esto no es, aunque no te merezcan ninguna consideración las afirmaciones que nosotros estamos haciendo.
Hemos planteado un problema, el relativo a una indicación que hace comisiones unidas al Gobierno del Distrito Federal, con relación a la cuestión de la aplicación en función de dotar de recursos propios del Distrito Federal; reafirmando lo que decíamos, somos partidarios de que el Distrito tenga recursos propios, estamos en desacuerdo con que la única vía aceptable para el Gobierno Federal y para el Distrito Federal sea el de aumentar tarifas y servicios, el de hacer que paguen los trabajadores y la inmensa mayoría los servicios que se requieren. En relación con esto no somos, planteamos reafirmando nuestro punto de vista, la opinión de que salga del proyecto de dictamen la indicación al Departamento, de que aumente servicios y tarifas, que no tiene nada que ver con el dictamen, porque no hay derecho para plantearlo.
Por eso en uso de nuestras facultades, queremos presentar aquí la propuesta de modificación del artículo 5o. fracción A del decreto relativo, a la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspondiente a 1985.
Leemos el texto completo de la proposición:
«En uso de la facultad que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo que se suprima de la fracción A del artículo 5o. del decreto que discutimos, la parte que dice: "Mediante una política de precios y tarifas realista", de modo que la citada fracción quede así: Fracción A "Vigorizar los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos en lo referente a los servicios que proporciona, considerando su impacto en la población de menores recursos.»
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo a 16 de diciembre de 1986.
Por el grupo parlamentario del Partido Socialista Unificado de México, un servidor Manuel Terrazas Guerrero.
Entrego a la secretaría la proposición concreta, y lo presentamos ahora en discusión de carácter general por la importancia que tiene y su repercusión de carácter general precisamente en todo el dictamen, por lo que ya hemos dicho sin rechazar de ninguna manera, que se discuta de acuerdo con el procedimiento correspondiente en lo particular, pero si reclamando una consideración del punto de visa de los compañeros que todavía quedan de hablar de parte de la mayoría. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Homero Díaz Córdova. (Aplausos.)
El C. Homero Díaz Córdoba: - Con su venia, señor presidente; compañeros diputados, compañeras y compañeros: ¿Cómo es posible que en esta tribuna se venga a hablar de ser una institución clandestina, que todo lo que aquí manejamos, se maneja en forma clandestina.
Quizás de alguna manera, con el respeto que me merece nuestro amigo y compañero diputado, quiero decirle que no comparto esa opinión y el hecho de que estemos aquí un sin fin de partidos políticos, que quizás hace algún tiempo se manejaban en la clandestinidad, ahora aquí somos escuchados y somos leídos por todo el país, porque de eso se encarga la prensa libre y los compañeros reporteros de esta fuente, que no van a permitir jamás que haya clandestinidad. (Aplausos.)
Quisiera hacer algunos comentarios en lo referente al voto particular de nuestro compañero, y quizás algunas observaciones que definitivamente no compartimos, él ha dicho su verdad y desde ese punto de vista él tiene todo su derecho y se lo respetamos.
Ciertamente, el terremoto del año pasado sí fue un drama para la ciudad de México, no lo estamos escondiendo, ni lo estamos maximizando ni minimizando; obviamente sentimos que fue una gran tragedia, pero como tal también hay que aceptarla, no venir a decir en esta tribuna que nos estamos basando en analizar y estudiar un dictamen con base en un terremoto.
Yo creo que ciertamente sí influyó, sí influyó de sobremanera y los corazones de los mexicanos quedaron dolidos porque ciertamente perdimos muchos compatriotas, independientemente también que hubieron pérdidas económicas y materiales, pero eso no lo venimos a poner en alto para justificar un análisis, un dictamen.
Quiero hacer del conocimiento de esta asamblea, que la Comisión Legislativa del Distrito Federal durante el mes de junio hasta la fecha, vino elaborando un sin fin de juntas previas para el análisis de este dictamen. El compañero Terrazas fue invitado, muchas veces por un servidor y por el señor presidente de la comisión y desgraciadamente lamentamos muchos que no nos
pudo acompañar, obviamente el trabajo legislativo no se lo permitió, pero no por eso hay cerrazón, no por esto estamos cegados y no por eso no hay conciliación y concertación.
Hemos tornado en consideración las opiniones de todas las fracciones que están representadas en la comisión y eso no me van a dejar mentir, todos participamos, unos más y otros menos, aquí no venimos nosotros a poner nuestra verdad sino venimos a poner la razón, sobre todo ante este pueblo que nos tiene confianza. Desde ese punto de vista, yo quisiera hacer algunos comentarios que me parece, se tocaron en un voto particular y que también obviamente, mi partido no los comparte.
Decimos y con justa razón, que vamos por el camino correcto, que desde 1983 a la fecha vamos por el camino correcto, aunque mucha gente no lo entienda o no lo quiera entender. Estamos pasando, obviamente, tiempos muy difíciles, pero también hay que saber entender que el esfuerzo de todos los mexicanos y del Poder Ejecutivo ha sido grande; y desde ese punto de vista, debemos estar conscientes y aceptar la realidad, obviamente en México hay cosas que hay que corregir, pero también has cosas que son buenas y hay que aceptarlas como son.
Se habló de porcentajes de una inflación anualizada, obviamente no nos vamos a meter en detalles, pero creo que sí es importante afirmar que el rumbo es correcto y hasta el momento las cosas han salido bien. Aquí se hizo mención de por qué no estamos en una situación de análisis profundo con relación a obras públicas. El compañero Terrazas en su documento, hizo esta observación; compartimos esta inquietud, pero en el Distrito Federal, ciudad compleja de muchos problemas urbanos, de una gran población obviamente, tiene problemas específicos, el cual obviamente serán resueltos por gente técnica y especializada. No queremos basarnos en esta función para protegemos, pero ciertamente hay obras en el Distrito Federal que son consideradas como de alta tecnología y porque tiene que hacerse por personal calificado y también conocedor de la materia, caso específico el túnel profundo de la ciudad, yo creo que algunos de sus compañeros ya lo conocen.
Aquí se hizo mención a que los conceptos técnicos y financieros no se han tocado con verdadero análisis critico, yo insisto en que el documento que se presentó por comisiones unidas, tanto la de Programación y Presupuesto como la de Comisión Legislativa del D. F., se pusieron en vela todos los puntos y se analizaron con gran profundidad y el aspecto financiero y el aspecto técnico de procedimiento, después de lo que ha analizado la Contaduría de Hacienda, obviamente está totalmente satisfecho.
Los ingresos han mejorado, obviamente el compañero Terrazas nos hizo mención de que algunos por el incremento catastral, ciertamente se incrementaron; pero yo quiero decirle que fue un impuesto que se ha manejado con gran sutileza social, dado que se está grabando más a los que más tienen y eso es obvio y está comprobado y se ha dejado a las zonas populares, a las zonas pobres se les ha tenido una muy buena consideración, no porque sean dádivas, sino porque obviamente es la estructura de un proyecto revolucionario que sí es democrático y que se está llevando a cabo en el Distrito Federal.
Se mencionó que los ingresos propios han bajado; sin embargo, nos hace mención que en algunos rubros ha sido bastante importante la recaudación; sentimos que en lo general ha habido un incremento porque se ha mejorado el sistema de recaudación fiscal, que ha mejorado administrativamente la desconcentración de la Tesorería y no es cierto que de ninguna manera nos estén subsidiando más porque estemos en forma ineficiente, al contrario, creo que cada día, cada momento del Departamento del Distrito Federal tendrá menos subsidios, porque está agilizando la política administrativa internamente.
Dentro de los comentarios que se virtieron del gasto programable, quiero decirle que de ninguna manera se han reducido aquellos programas que son importantes para la ciudad. Quizá ha habido, de alguna manera, alguna consideración en función de un aglutinamiento; anteriormente eran más de treinta los programas prioritarios, ahora son veintidós desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo que se han reducido. Pero de ninguna manera se ha dejado de considerar ni el gasto ni el problema ni el servicio. Yo creo que sí han reducido en función de estructura administrativa los nombres de los programas, pero eso no tiene que ver en los problemas prioritarios de esta gran ciudad estén descubiertos, definitivamente no. Ha sido una reestructuración administrativa ha sido un aglutinamiento de conceptos que se pueden manejar mucho mejor y en eso estamos totalmente conscientes para poderlo demostrar.
Se han respetado las prioridades; ciertamente un 1% en agua potable, hubo diferencia; pero yo le pregunto al compañero Terrazas que si de alguna manera observó el impacto que el aspecto del drenaje tuvo en esta ocasión; obviamente ahí es dónde hubo la diferencia, tendremos que considerar y no lo estamos haciendo como el alarde, el sismo nos provocó una serie de problemas, que
que bueno que se han resuelto, que a la actualidad estamos viviendo una ciudad tranquila, una ciudad con servicios públicos; en eso debemos de pensar la magnitud fue grande, pero ahorita quien se acuerda del sismo, ya ni se acuerdan de su impacto, creo que eso es importante porque no hemos sentido los problemas de servicios públicos porque se han venido dando.
De alguna manera también se hizo mención del programa de regularización de la tenencia de la tierra. Quiero que seamos conscientes en este tipo de programa ¿por qué? Desgraciadamente el sismo provocó que las oficinas, donde se encontraba esta oficina, estuvieran siniestradas obviamente hubo un atraso, no es que dejara de existir sino que se atrasó obviamente en su comportamiento durante el año; en eso debemos estar muy conscientes que ante las causas naturales, pues no podemos hacer gran cosa.
Se habló del transporte urbano, pero obviamente mis compañeros Javier Garduño, Manuel Jiménez Guzmán, el compañero Moisés Calleja han sido muy explícitos en todos nuestros programas que aquí se han comentado intensamente. Yo no quisiera dejarlos de mencionar y que han funcionado bien pero en obvio de que realmente pues a estas horas después de estar con el mismo debate, quisiera obviarlos pero si quisiera hacer comentario general sobre el transporte.
El transporte en la ciudad de México se ha mejorado. A pesar de los pocos recursos se han hecho muchos kilómetros de metros, se han dado a la ciudadanía, se han puesto en servicio trolebuses, se ha mejorado el aparato vehícular de Ruta 100; y si comparamos los autobuses que desde la municipalización se tenían, se contaban y los que estaban funcionando realmente podemos hacer una observación que se tuvo que cambiar todo el sistema y ahorita no hemos deteriorado en este aspecto y no hemos descansado y el gobierno de la ciudad ha tratado de ser más eficiente cada día.
En este aspecto sentimos y consideramos que está ampliamente tocado el aspecto del transporte urbano, pero que no esta por demás hacer dos o tres comentarios. Fueron transportados 3 millones, 482 mil de usuarios son cifras importantes que debemos dejar aquí plasmados en el Diario de los Debates, a efecto de que todo lo que se ha dicho en mentira anteriormente se pueda saber la realidad.
El transporte en el Distrito Federal se ha ampliado en forma eficiente, obviamente comparto la idea de que no solamente podemos ser o debemos de quedarnos ahí con este equipo, necesitamos más, pero yo quiero también que nos pongamos a considerar que los recursos son escasos, pero que se ha hecho un buen esfuerzo.
También es importante hacer mención - únicamente hacer mención - porque fue tocado por el compañero Terrazas el aspecto de vivienda; ustedes saben que el Departamento del Distrito Federal coadyuva a través del fideicomiso de vivienda del Distrito Federal, participa con la Sedue y otras dependencias de instituciones, en la solución del problema que es la vivienda, la habitación. Sabemos de antemano que presenta un déficit importante en la ciudad de México, se ha hablado de 850 mil viviendas quizás mas, quizás menos, pero es un problema importante. La caja de previsión de la policía ha participado haciendo viviendas, necesitamos que hagan más, esas son recomendaciones importantes. En el mes de marzo del año próximo pasado la Dirección General de Reservas Territorial asignó, predios algunos, algunos si fueron dados de inmediato, algunos no, hay muchos problemas que se integran al resolver quizás sólo uno, pero hay la voluntad, hay la voluntad política, hay la voluntad administrativa, de tratar cada día de ir resolviendo este problema de la vivienda y por eso vemos que en la ciudad hay programas de autoconstrucción, hay obreros que se han organizado para hacer sus viviendas, hemos visto de antemano que algunos amigos compañeros trabajadores han tenido ya una respuesta por parte del Departamento del Distrito Federal, y otras dependencias más que también coadyuvan en la resolución de esto, pero ha habido acción de Gobierno, y esto es muy importante que no debemos de venir a decir en la Tribuna que no hay nada y que vivimos en el clandestinaje.
Yo respeto profundamente la posición de mi amigo Manuel Terrazas porque se que es un hombre que lo hace con sinceridad, defendiendo su ideología y yo le pido que también entienda que hay verdades que debemos que reconocer que en México también hay cosas buenas, que no debemos satanizar todo, que también hay buenos administradores, que el Gobierno ha tenido la mejor buena voluntad de participar en los programas prioritarios en función de las mayorías, de que el sector popular tenga mejores beneficios; eso es lo que no debemos olvidar, porque aquí tengo yo un sin fin de números, de porcentajes que no podríamos pasar una, dos horas discutiéndolo y quizás volvemos y traemos documentos y lo justificamos, pero esa no es la situación que todos queremos.
Nosotros hemos venido a plantear a través de un dictamen, a través de un documento analizado, la verdad de una comisión en conjunto con Programación
y Presupuesto; que bueno hubiera sido que en su momento, esas observaciones hubieran quedado integradas, por eso es el trabajo de comisión, no hay cerrazón, al contrario bienvenidas las cosas buenas, bienvenidas las buenas intenciones.
La verdad que son tan grandes los datos y la información con que contamos, que yo quisiera ser de alguna manera breve y hablar quizás del último programa que nuestro compañero Manuel Terrazas tocó en su documento y que de aquí hizo los comentarios de que no habíamos venido a la tribuna a defenderlos. Obviamente habíamos esperado que en el transcurso de esta sesión, las cosas se vinieran planteando para que en su momento nosotros pudiéramos con toda la limpieza, a venir a decir nuestra verdad, lo que nosotros sentimos y que hemos analizado y estudiado, no queremos venir a mentir, por lo mismo yo siento que los programas fueron totalmente analizados y que el planteamiento que se pone en dictamen son los correctos. Aquí también se hizo algún comentario adicional sobre un artículo, me parece que es el número 5, en su apartado A.
Quiero comentar al compañero Terrazas que se discutió con la opinión de varios compañeros, también de la oposición, quizás también eso ya será motivo de lo particular hacer los comentarios respectivos, pero quiero decirle que de ninguna manera hay cerrazón, no hay cerrazón a efecto de que todo salga mejor.
El tratamiento de las aguas negras, ha sido un programa importante, el drenaje, la limpieza, la basura, el alumbrado, todos ellos muy importantes. Obviamente, creo que con esto dejamos en buena medida, comentados algunos de los, de los temas más importantes.
Hemos tenido también dentro de los comentarios, que aquí se dijeron algunos otros comentarios de otras fracciones parlamentarias, se ha hablado profundamente del interés de una fracción parlamentaria de incluir los dictámenes financieros de la auditoría externa. En el aspecto especial de este punto, el dictamen de los estados financieros por parte de los auditores externos, es con la finalidad de contar con la opinión especializada independiente de los resultados y su confiabilidad, obviamente, que muestran los organismos al cierre del ejercicio.
Por la independencia misma que caracteriza la auditoría externa, no se puede limitar su tiempo de actuación, porque carecería de validez el dictamen respectivo o bien daría lugar a salvedades que podrían causar efectos negativos, nada deseables.
Obviamente para los resultados de los organismos no es conveniente.
El incluir en la Cuenta Pública los dictámenes de los auditores externos, sería poco factible en las condiciones actuales, ya que las auditorias inician en su parte definitiva al concluir el cierre del ejercicio y se termina cuando la Cuenta Pública fue integrada. En consecuencia, los dictámenes correspondientes son entregados tanto a la Secretaría de la Contraloría, como a la Contaduría Mayor de Hacienda, siendo ésta última, el órgano fiscalizador de esta honorable Cámara de Diputados.
Y por cierto, se hizo mención hace rato que la Contaduría Mayor de Hacienda, no había atendido en 1984, algunas recomendaciones en el sentido de analizar por ejemplo: creo que comercialización, abasto, en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal. Quiero informarle al compañero que hizo tal comentario que hemos analizado el dictamen de ese tiempo de ese momento de 1984 y no viene mencionado. Quiero hacerlo saber, porque se ha manejado que no cumplió y yo creo que si de algo, de algo nos debemos enorgullecer en esta Cámara de Diputados, es de contar con un organismo de la calidad profesional de la Contaduría Mayor de Hacienda y de su contador y todo el personal técnico especializado que allí colabora. Me consta que son de una gran calidad, de una gran honorabilidad y de mucho trabajo y que jamás permitirían que alguna recomendación de esta Cámara lo dejaran en el olvido. He revisado totalmente el decreto de ese tiempo de 1984 y dice en su artículo 5o. "para mejorar su ejercicio presupuestal el Departamento del Distrito Federal deberá sanear las finanzas del sector central y paraestatal", después "afinar la instrumentación de mecanismos jurídicos administrativos". El punto C: "vigorizar los esfuerzos encaminados a lograr que los aumentos en la captación de ingresos ordinarios sean reales". De ninguna manera hace mención sobre el programa de abasto y comercialización y tampoco de administración de justicia, ni de prevención y control de la contaminación ambiental, ni de protección social. Tengo el documento y por eso lo hago ver y quiero aprovechar en está ocasión y en está tribuna, mi reconocimiento a esa institución que es un orgullo, es un orgullo, de nosotros los mexicanos. Muchas gracias.
El C. presidente: - Había solicitado para hechos el uso de la palabra el diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Señor presidente: hay una ventaja cuando discutimos con
Homero y es que es conciso y trata de responder a los puntos planteados a diferencia de la horas y horas de frases huecas que debimos soportar anteriormente. Homero Díaz toca un punto muy importante el de la recatastración, que significa este asunto de la recatastración, significa lo siguiente: en 1983 se aprobó finalmente la Ley de Hacienda que fue propuesta y rechazada en 1982, ¿qué planteaba esa ley de Hacienda esa nueva Ley de Hacienda? Tenía dos ejes fundamentalmente, uno era aumentar las tarifas del impuesto predial, las tarifas y el otro, era revaluar los valores catastrales de las propiedades, rezagados por décadas. Este ordenamiento se aprobó pero no se pudo llevar a la práctica, sino hasta apenas 1985; por una razón, por implicaba si se aplicaba tal y como estaba el ordenamiento, aumentos a los impuestos de índices elevadísimos, en más de un caso cuando se aplicó significó aumentos de hasta cinco mil a siete mil por ciento de lo que la gente pagaba anteriormente y después se dijo por ahí, que no se estaban elevando impuestos, sino que se estaban actualizando los impuestos, claro como el efecto era muy pesado sobre la población, las autoridades del Departamento del Distrito Federal, no se atrevieron a aplicar el ordenamiento en todos los lugares, de tal forma que solamente se aplicó en un 10 a un 15% de todos los predios existentes en el Distrito Federal la mayoría de ellos, aquellos de mayores recursos. Sin embargo, ya el simple hecho de que se haya aplicado en una parte muy importante, esta recatastración, ha permitido aumentos sustanciales de los impuestos prediales en la capital.
Y ahora no nos van a decir, que eso no se va a aplicar generalmente a toda la población, por una simple y sencilla razón. Porque el Departamento del Distrito Federal cuenta con el instrumento que le permite hoy, definir cuanto vale cada predio en el Distrito Federal; esté donde esté. Tiene un sistema que se llama: "el sistema cartográfico catastral", que le permite determinar en cuestión de segundos, cuanto podría pagar o debería pagar cualquiera de los capitalinos en el Distrito Federal.
Ya hicieron una prueba con el 12%, con gente de mayores recursos, ahora van a probar hasta donde pueden llegar en las colonias populares. Esto es, la nueva Ley de Hacienda, que es un instrumento antipopular, que es un instrumento destinado a una elevación brutal de los ingresos del Departamento del Distrito Federal, está como una espada de Damocles, sobre los contribuyentes de la capital y seguramente se va a empezar a aplicar, pero los efectos ya los empezamos a ver en años como 1985, ya los vimos en 1986 y vamos a discutir los efectos posibles que va a tener para 1987.
Ese es problema, con la recatastración y todo capitalino debe estar atento, a que no le vayan atropellar sus derechos y no le vayan aumentar en miles porcientos su impuesto predial, simple y sencillamente, porque el departamento dice que hay que modernizar los impuestos, como si eso fuera culpa del capitalino y no de las autoridades del Distrito Federal, que durante años no tuvieron la más mínima, el mas mínimo empacho en dejar las cosas como estaban.
Dice Homero Días Córdova que no se han reducido programas vitales o bueno, juega un poco con las cifras y dice: si por reducción se entiende, que se bajaron de 33 a 22 programas prioritarios, entonces si hay una reducción. Pero no estamos hablando de eso. Yo creo que ni Terrazas, ni ninguno de los otros diputados, que hablamos al respecto de la reducción de los servicios, nos referimos a esto, porque se trata de un recorte de programas o de una acumulación de programas, reduciendo el número de los mismos.
De lo que estamos hablando, es de lo siguiente: Es cierto, señores diputados, que ha habido inversiones, que ha habido construcción de más kilómetros de metro, que ha habido aumento de las unidades de sistema de transporte eléctrico; que ha habido aumento de la construcción del drenaje profundo, que ha habido aumento de la construcción de redes de agua y muchas, muchas otras cosas.
Pero hay una cosa, que ustedes eluden permanente y consistentemente y es los siguiente: los números así como se presentan, así como se nos vienen a decir aquí por millones, no dicen gran cosa, si no lo relativizamos.
Dice Homero Díaz: "no nos vamos a meter a los índices inflacionarios anuales" y entonces ¿como le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, pregunto yo, para medir si hay avances reales o no hay avances reales? Porque en el caso del presupuesto ejercido de 1985, que estamos discutiendo en este dictamen, se reconoce en el dictamen mismo, que hubo una reducción real del 6% del presupuesto en relación de 1984.
¿Hubo una reducción si o no ? Sí la hubo y lo malo es que también la hubo en 1983 y también la hubo en 1982, la hay en 1986 y ahí tenemos un problema atravesado.
Las necesidades de los capitalinos y las necesidades de esta gran ciudad, crecen en proporción geométrica y los presupuestos decrecen en proporción aritmética. Luego entonces ¿hay una crisis o no hay una crisis? ¿Hay un aumento real o no hay un aumento real? Porque no se puede
venir a decir aquí que hay aumentos en cantidades, sino tenemos que decir si hay aumentos reales o no los hay y nosotros sostenemos que no los hay y que este es un grave problema para los capitalinos, porque entonces esta ciudad se vuelve un conglomerado en el que es imposible vivir; porque entonces se nos hace imposible la vida en la capital, porque hay un deterioro creciente, porque ese deterioro lleva a más criminalidad, porque ese deterioro lleva a mayores índices de contaminación y lleva acarreado muchos otros problemas de servicios como aquel relacionado con el transporte; se nos dice que se ha mejorado el transporte, se ha modificado el porcentaje de personas a las que sirve el transporte del Departamento del Distrito Federal. No señores, se mantiene en el 50% desde hace años y no se piensa modificar, entonces no se venga a decir aquí que se aumentan los pasajes o se toman determinadas medidas con objeto de mejorar eso; lo más que se esta tratando de hacer es mantener las cosas por lo menos como están y evitar que se siga deteriorando más este tipo de rubros como el transporte colectivo en la Ciudad de México. ¡No señores! no se puede presentar como avance lo que no es avance, lo que es estancamiento o lo que es franco retroceso y en la Cuenta Pública de 1985, en el dictamen que ustedes elaboraron, reconocen que hubo retroceso, no; no nos vengan a decir aquí que no existen esas cosas o que son imaginaciones nuestras. Muchas gracias".
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Manuel Terrazas, para hechos.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero presidente, gracias. El diputado Homero Díaz ha dicho con una enorme seguridad y satisfacción incontenida, que vamos por el camino correcto y ha dicho vamos bien. Yo creo que estas frases las hemos escuchado en el sexenio pasado, anteriormente, muchas veces y casi siempre se han repetido de parte de la mayoría en cada uno de los exámenes de la Cuenta Pública del Distrito Federal, invariablemente, vayamos al Diario de los Debates; vamos bien, vamos por el camino correcto. El nivel de salarios actual es el que corresponde en términos reales a 1936, vamos bien, vamos por el camino correcto, adelante.
El índice de producción por persona, corresponde a 10 años atrás, vamos bien, vamos por el camino correcto, ¿es admisible lo afirmado? De ninguna manera. En segundo término nosotros queremos señalar, lástima que el diputado Homero Díaz, no haya entendido el sentido de nuestro planteamiento sobre el clandestinaje de nuestras discusiones, lástima, porque si alguien o de los que aprecian más la labor de la prensa, a contrapelo de muchos, se puede considerar somos también nosotros los que entendemos esa labor de la prensa y gracias a la prensa se sabe algo de lo que aquí se discute y repito, muchas veces a contrapelo, pero con una enorme limitación la de no poder informar de lo que aquí se discute en sus detalles, en detalles importantes, y nos referimos al clandestinaje a la falta de difusión, de información verdadera por eso, se han opuesto ustedes a las proposiciones acerca del conocimiento de los debates por radio ese es el sentido.
Lástima que el compañero diputado Homero Díaz no entendió a lo que nos referimos con relación al temblor, nosotros no estamos, no estamos de ninguna manera, de ninguna manera, considerando en este caso del temblor y de sus trágicas consecuencias, desconociendo los efectos en los programas, pero si estamos refutando que sea justificación para el cumplimiento de metas, a eso no referimos Homero, Díaz y el temblor fue el 19 de septiembre y seguramente apenas una tercera o menos de una tercera parte pudo afectar los programas y lástima también que Homero Díaz nos salga ahora con que nosotros todos lo satanizamos, todo lo desconocemos, concretamente, diputado Homero Díaz, hemos venido a plantear un problema: incumplimiento de metas.
Y por último en lo que se refiere a la asistencia de algunos de nosotros a las comisiones, pues la verdad que no ha reflejado los hechos el compañero Homero Díaz, porque nosotros hemos estados en comisiones y en la Comisión del Distrito Federal, hemos concurrido a ellas. No hemos ido a alguna reunión de trabajo porque se han empalmado actividades de la Cámara y lo sabe el compañero Homero Díaz, que no se quiera dar la impresión de que dejamos de asistir, y que no hemos dado a conocer nuestros puntos de vista; pero fundamentalmente, en la reunión de comisiones unidas, nos presentamos con una opinión integral de la fracción parlamentaria del PSUM y eso es lo fundamental, ahí expusimos nuestro punto de vista, de tal suerte pues, compañeras y compañeros que aquí hay una necesaria rectificación que yo se la pido en todo caso al compañero diputado Homero Díaz. Muchas gracias".
El C. presidente: - Tiene la palabra para hechos el C. diputado Castillo Mota:
El C. Juan José Castillo Mota: - Realmente nos extraña mucho la posición de nuestro compañero Manuel Terrazas. No es posible venir aquí a negar lo que se ha venido realizando en cuanto a los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal. Sabemos la situación por la que pasa el país, sabemos la situación económica
que priva en estos momentos, pero no podemos cerrar los ojos al mejoramiento que ha habido en el transporte, en los servicios de agua, de pavimentación, de alumbrado, de drenaje; eso no se puede negar, eso tenemos que verlo, tenemos que caminar por las calles de los distritos para darnos cuenta de cómo se van atendiendo esos problemas. Cómo se van enfrentando a pesar de la situación que priva en el país y en el Distrito Federal, y luego exigimos no al endeudamiento del Departamento del Distrito Federal, ¿qué cómo es posible que se siga endeudando? Pues es necesario ese endeudamiento si lo queremos... Espérame, Efraín, yo te doy chance... Si lo queremos evitar tenemos que aprender a pagar; en este Distrito Federal cuestan menos los servicios que en cualquier estado de la República. A ver Efraín...
El C. Efraín Calvo Zarco (desde su curul): - ¿Crees que ha habido cumplimiento real en lo presupuesto en los últimos cinco años, ¿sí o no?
El C. Juan Castillo Mota: - Creo que ha habido y sabes por qué creo que ha habido, porque se ha reflejado en servicios para los distritos, para la comunidad y ejemplo nuestro lo tenemos en mi distrito.
El C. Efraín Calvo Zarco: - ¿Entonces desmientes el dictamen?.
El C. Juan Castillo Mota: - ¿Por qué voy a desmentirlo?
El C. Efraín Calvo Zarco: - Porque dice que decreció en 6% en términos reales del presupuesto.
(Murmullos y risas.)
El C. presidente: - No está permitido el diálogo señores diputados, concrétense.
El C. Juan Castillo Mota: - ¡A que Efraín tan fregón!
(Risas.)
Entonces, entendemos, entendamos realmente lo que se ha ido logrando a pesar de la situación y creo que eso es lo que debemos atender, reconocer. Yo escuchaba, hace algunos días en una reunión una opinión de Federico Ling Altamirano, cuando hablaba cómo en algunos presupuestos anteriores nunca aparecía ni siquiera el presupuesto del Distrito Federal y como esto fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy existe, a presupuestos programáticos de las delegaciones. Es decir, cómo se ha ido mejorando esta situación hasta ir estableciendo controles que nos permiten evitar desviaciones, que nos permiten reflejar mejores servicios para la comunidad y lo hemos visto, yo lo veo en mi distrito que a pesar de tener muchos problemas, se van resolviendo los problemas de las mayorías; y por eso vine a esta tribuna, para hacer esa exhortación a mi compañero Terrazas".
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas en los términos del 102 del Reglamento.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Yo creo que la exhortación del compañero diputado Juan José Castillo Mota, no cabe. Verdaderamente, si para eso usó la tribuna, verdaderamente empleó muy mal su tiempo.
Porque ¿para qué tenemos necesidad de recursos artificiosos? Nosotros no venimos a negar nada, no venimos a negar lo que se ha logrado, ¿en dónde? ¿De dónde saca para dar lugar a esa expresión de como es posible que fulano de tal niegue la luz del sol? No podemos considerar como un logro - en todo caso - nada absolutamente nada, y menos lo que pudiera el compañero diputado Juan José Castillo Mota, considerar como realización; no negamos nada, sencillamente hemos venido a hacer un enjuiciamiento de un aspecto de la Cuenta Pública, que tiene estrictamente ese sentido: el incumplimiento de las metas programadas, porque no se refiere a eso el problema, de esa suerte pues, no tiene ni razón de ser, ni admito la exhortación, ni tampoco tiene el compañero Juan José Castillo Mota, que venir aquí a usar la tribuna, simplemente para afirmar algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros hemos afirmado ¿para qué? ¡Quién sabe! sólo el compañero Juan José Castillo Mota sabrá para qué vino a la tribuna a usar de un artificio, totalmente, en ese carácter. Muchas gracias".
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Morquecho, por el Partido Popular Socialista.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente con su permiso, gracias; compañeras y compañeros diputados: por una cuestión de principios estamos en contra del dictamen de la Cuenta Pública del 1985 del Distrito Federal, estamos partiendo de que, nosotros en el año de 1984, la fracción parlamentaria de mi partido, estableció que debería haberse implementado el ejercicio presupuestal para 1985, tomándose como base la ampliación del régimen democrático para esta entidad.
Y hemos observado que, conforme a lo que mi partido expresó en 1984, se siguió manejando de una manera particular, como una élite, la política económica, el presupuesto de ingresos y de egresos del Distrito Federal en el año de 1985.
Pero, además, estamos partiendo de otra cuestión, de las consideraciones que hace precisamente el documento, que estamos hoy discutiendo en lo general, en el sentido de que se está fundamentando en una serie de hechos, de fenómenos de la economía de acontecimientos y sin duda, ha habido una actitud pasiva una actitud que no toma en cuenta lo difícil de la situación, no lo toma con una gran sensibilidad, no ve los aspectos cualitativos, no tienen o no se observaron con audacia, con una actitud profundamente reflexiva los acontecimientos económicos en el contexto nacional; se parte de consideraciones de carácter económico, pero todo dentro de un círculo vicioso; consideraciones generales de criterios generales de política económica en los que se dice que hay que crecer económicamente, pero no mucho que hay que invertir para impulsar la economía, pero hay que invertir poco, que hay que gastar pero que también hay que reducir el gasto, que hay que impulsar la economía pero también contenerla, ampliar la demanda económica y reducirla; en todo esto, en el proceso de la banca nacionalizada se recurre a captar los recursos, pero luego como la inflación se ha venido incrementando, hay que desalentar la política de créditos bancarios, para reducir la inflación.
Todo esto no ha hecho mas que reducir el empleo y las plazas que se han creado son de carácter temporal. En el mismo contexto nacional de la economía se habla de impulsar las exportaciones, pero que dichas exportaciones se van a detener en su proceso de crecimiento, porque la propia devaluación que supuestamente impulsa esas exportaciones están haciendo más caras las divisas y de esa suerte las importaciones se encarecen y tendremos que detener el proceso de crecimiento de las exportaciones. Eso es en términos generales.
Los aspectos que en los que esta política económica, fundamentalmente en los últimos cuatro años se ha estado procesando, se ha estado llevando a cabo en un círculo vicioso como ya lo decía hace rato. En este aspecto del dictamen, tenemos que en la página 27, en su tercer párrafo hay un concepto que me parece que merece una reflexión. Dice el documento que "la explosión demográfica, el ascinamiento, las dificultades para obtener un empleo estable y bien remunerado, han motivado que se registre una elevación en la frecuencia e intensidad de conductas antisociales, que se reflejan en un crecimiento de los índices de alcoholismo y vandalismo".
Yo creo que esta apreciación no es la correcta y demuestra la concepción falsa, una concepción con fundamento falso, para explicar los problemas sociales que han sucedido en el Distrito Federal. No es un fundamento correcto porque si bien es cierto como se reconoce en la página 22 del dictamen en el sentido de que la taza de desocupación abierta en el Distrito Federal, registró cifras trimestrales de 5.7, 4.3 y 52% y 4.4% en 1985, que son mayores se refiere que, respecto de las cifras a nivel nacional; si bien es cierto que se reconoce que el desempleo provoca esta situación estas conductas antisociales, también es cierto que lo más importante radica en las raíces fundamentales, en las raíces de la estructura económica que ha prevalecido en el Distrito Federal en los últimos tiempos.
Concentración de la riqueza en una minoría es una característica que todos conocemos, ganancias excesivas de las clases empresariales, la existencia de un mercado cautivo de consumo que beneficia las ventas de los empresarios, que beneficia a los que proporcionan los servicios de espectáculos y del deporte; pero también hay una mano de obra concentrada que constituye también un mercado cautivo, es decir una oferta de mano de obra que por su abundancia ha abaratado tremendamente el precio de esta mercancía que es la fuerza de trabajo.
Esto lo vemos explicado en la página 23 en dónde se reconocen en el dictamen en los párrafos 1 y 2 sobre las características de la población en el Distrito Federal, dice que se asienta una población en esta área de 10.5 millones de habitantes, que son el 12% de la población total del país y se agrega que conviene resaltar que aproximadamente el 37% del producto interno bruto nacional no agrícola se produce aquí, y que el 50% de la producción industrial emplea el 45% de la mano de obra utilizada en este sector.
Esto no nos indica más que, compañeras y compañeros diputados, no nos expresa más que está operando la ley de la anarquía en la producción del sistema capitalista, a operado también en otro renglón, la ley de la depreciación de los salarios que ha significado el encarecimiento del costo de la vida y se ha expresado en los topes salariales.
La ley de la concentración y centralización del capital, ha permitido que se implemente para esta área metropolitana una política de subsidios a los empresarios de estímulos fiscales, concentración de la propiedad, concentración industrial y
beneficios múltiples para las empresas y las inversiones extranjeras. Sin duda, estas leyes objetivas del desarrollo capitalista, se derivan del carácter privado de la propiedad sobre los medios de la producción económica y del cambio.
Pero junto con estos problemas que no son debidamente atendidos en el dictamen decir no se toma en cuenta, estas leyes del desarrollo que ocasionan los problemas sociales se han venido agravando por la profunda crisis económica por lo que hemos conocido que son los recortes presupuestales y por los ajustes en el gasto. Ya se ha expresado que cayó en términos reales en un 6% en 1985 respecto, de 1984 en lo que toca al presupuesto, en este momento estamos examinando.
Por otro lado, otras de las cosas que han contribuido a que el Departamento del Distrito Federal no tenga los recursos suficientes para enfrentar el crecimiento de los problemas, de la necesidad de atender las demandas ha sido la ausencia de una reforma fiscal a fondo pero sobre todo, de la implementación de medidas sobre las clases privilegiadas que se han beneficiado con la política económica del Gobierno; de esta manera tenemos que el Departamento del Distrito Federal, dice que se observó un decrecimiento real del 8% en la captación de ingresos debido a que continua la evasión de impuestos, sobre todo en el predial, originado por los propietarios de grandes mansiones y residencias de lujo y también claro, porque la economía permaneció estancada y el retroceso, fundamentalmente, en el segundo semestre de 1985, como se expresa en el propio documento.
Tocante a las acciones de problemas de la vivienda, podemos observar que el Departamento del Distrito Federal en el año de 1985, llevó a cabo mil 338 acciones de vivienda, lo que fue realmente insuficiente si tomamos en cuenta que existe un déficit acumulado de 400 mil viviendas y este déficit se ha elevado como resultado del sismo del mes de septiembre.
Tocante a la cuestión del abasto, el número de almacenes y tiendas, pasó de 11 a 76, lo cual representa sin duda, un avance importante pero el abasto de alimentos sigue estando sin controlar y por lo tanto encarecidos por los grandes comerciantes privados que son los que manejan casi el 50% de la distribución y de abasto en el Distrito Federal.
Tocante a lo que se refiere al problema del sismo, estamos de acuerdo en que esto vino a perjudicar tremendamente los problemas, como se expresa en la página 28 de que "a las dificultades financieras vinieron a sumarse los efectos derivados de los sismos que se registraron en esta ciudad en septiembre de 1985" y se reconoce, se expresa, se establece de que todo esto contribuyó a agravar el problema social; pero nosotros hacemos hincapié en que precisamente por esa situación no era posible incrementar la contención económica ni reducir la demanda.
Por otro lado reconocemos que surgió o resurgió más bien, la actitud patriótica expresada en el decreto expropiatorio de octubre de 1985, un decreto revolucionario progresista, avanzado que volvió a retomar por parte de las autoridades el camino de las expropiaciones con finalidades de interés social, de atender los intereses populares, nacionalistas, cosa que debemos dejar establecido que recombatida por la derecha con pretextos falsos, con argumentos sin fundamento, pero que en el fondo eran cuestiones, eran argumentaciones para proteger los puntos de vista, los intereses de los casatenientes, de los caseros voraces, de los que se han enriquecido con los predios que ponen a engordar los terrenos para después cobrar más pesos por ellos.
Esas son nuestras consideraciones que estamos haciendo y queremos referirnos, hacer una referencia al artículo 5o. que habla de como mejorar, o sea una recomendación para mejorar el presupuesto del Departamento del Distrito Federal. En este sentido en la página 90, tenemos lo que toca a esta apreciación en el dictamen, que para mejorar su ejercicio presupuestal el Departamento del Distrito Federal, deberá, aquí tenemos anotado lo que toca al inciso a); el inciso a) habla de que es necesario vigorizar los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos en lo referente a los servicios que proporciona mediante una política de precios y tarifas realistas, y considerando su impacto en la población de menores recursos.
Realmente es una cantidad muy pequeña de ingresos propios lo que tiene y lo que tuvo en ese año el Departamento del Distrito Federal que fue del 10% del total del presupuesto de ingresos que obtuvo, tuvo gran financiamiento la participación del impuesto federal fue elevada con lo cual se suman ingresos ordinarios muy por encima de los ingresos propios.
Nada más que está manera o el enfoque que se quiera dar de esta recomendación para poder incrementar los ingresos propios en este renglón. Pensamos que no debe seguir descansando en la estructura inadecuada e injusta que ha prevalecido en los últimos años en la política hacendaria del Departamento del Distrito Federal. Se ha expresado
muchas veces, por diversos estudios se han examinado detenidamente las finanzas del área metropolitana, se ha examinado la concentración de la riqueza, se ha dicho muchas veces que existe en esta área metropolitana una burguesía altamente acaudalada, que de manera indirecta ha recibido grandes beneficios por la infraestructura del Estado, que es la que debe ser precisamente la que contribuya económicamente, que contribuya tributariamente, que asuma una mayor responsabilidad desde el punto de vista de su obligación, frente a las mayorías de nuestro país, la que tenga la carga para incrementar los ingresos propios del Departamento del Distrito Federal.
En efecto, ya no es posible que nuestro pueblo en estas condiciones, tenga mayores cargas o tenga que estar pagando mayores precios de tarifas y bienes que proporciona el gobierno, deben ser los grandes beneficiados, los sectores de la iniciativa privada, los grandes tiburones los que concentran la riqueza en sus manos las que tengan en su carga esta contribución para incrementar los ingresos.
Por otro lado, en lo que toca precisamente en este sentido, tenemos que en la página 34 del dictamen una apreciación tocante a los productos o sea al ingreso por conceptos de producto, posiblemente sea una apreciación un tanto a la ligera, pero se habla en la página 34 del dictamen en el último párrafo, que los ingresos en la fracción de productos, ascendieron a 10 mil 574 millones de pesos cifras superior en 4 mil 419 millones de pesos, 72% más ante su presupuesto de 6 mil 155 millones.
Se establece que "es proveniente de los intereses generados por las inversiones en valores, originado por el establecimiento y operación de un nuevo sistema que permite la recepción, en firme, por parte de la institución bancaria de la recaudación diaria".
Nosotros consideramos que lo que debe procurar hacerse es que si hay manera de captar recursos deben ser puestos de inmediato a trabajar para hacer producir esas cantidades de dinero que rindan más, produciendo bienes - servicios, evitando la especulación, evitando que se entre en el marco de la economía nacional, en el que se está alentando la captación de los recursos bancarios por la vía de la elevación de las tasas de interés. No es un gasto productivo el que de esta manera esta recibiendo el Departamento del Distrito Federal; pensamos que pudiera tener mayor rendimiento si pone a trabajar estos recursos, si se ponen a producir, a crear bienes para crear empleos, empresas, instituciones de producción que contribuyan a fortalecer las finanzas, a fortalecer la captación y de esa suerte mejorar los ingresos propios de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Y precisamente para ello, estimamos que es la manera en que se pude reducir el elevado financiamiento que recibe, es decir, por el elevado costo del dinero que recibe el Departamento, porque tenemos que el pago de la deuda pública subió un 22% más de lo autorizado, por lo que esto redujo aun más la escasa disponibilidad financiera. El endeudamiento general, en el renglón que estamos examinando para este año de 1985 se elevó en 158% respecto del año anterior. Siendo ésta una pesada carga que impide que el departamento pueda tener más recursos para ampliar su programa de bienes y servicios.
El saldo total de la deuda ascendió a 443 mil 060 millones de pesos y el déficit financiero fue de 33% comparado con el presupuesto original. Esto claro se encuentra justificado en virtud de que esa diferencia se debió a que había un mayor gasto de inversión y se obtuvo un ahorro en gasto corriente.
Finalmente, consideramos que la preocupación que se ha expresado por todos los partidos es justa, en el sentido de que se deben tomar medidas para desconcentrar la industria, para poder evitar la contaminación; pero nosotros insistimos en que debe regir un planteamiento de las clases sociales para efectos de precisar que es lo que se va a llevar a cabo en cuanto a la planeación industrial, y a que clase social se va a favorecer y de esa suerte, a juicio nuestro, deben tomarse medidas en las que la desconcentración el camino para descentralizar la industria para liberar la grave presión que constituye la contaminación, esto no debe ser de ninguna manera apoyado ni por el gobierno ni debe ser con los recursos que pagan, es decir, que llegan por la vía de contribución de impuestos, que pagan nuestro pueblo, deber ser ya el Sector Privado, debe ser la iniciativa privada, debe ser las empresas extranjeras beneficiadas, las que contribuyan, las que lleven a cabo esa desconcentración, bajo la planeación del Estado desde el punto de vista, de que deben estar obligadas a que tengan la obligación de poner sus recursos, de sus elevadas ganancias, luego de su gran riqueza acumulada, para que puedan en parte pagar una parte muy pequeña de todo lo que se han llevado, explotando a la clase trabajadora, a nuestro pueblo y desde luego con las concesiones que el gobierno les ha otorgado.
Pensamos que este debe ser el criterio, de esa manera, para efectos de que no se siga sacrificando más a las mayorías y toda vez que además se ha
reconocido, que los recursos son escasos y en esa virtud, los que se han beneficiado deben pagar más esta desconcentración industrial. Gracias
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Adrián Mora Aguilar, en pro.
El C. Adrián Mora Aguilar: - Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados federales: hemos escuchado con interés las diversas intervenciones que se han vertido en esta tribuna y que contienen diversos puntos de vista sobre la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente a 1985.
Han sido intervenciones, que se han referido más que cifras frías, al conjunto de acciones que ha llevado a cabo el gobierno de la ciudad para atender las más sentidas demandas sociales que se han venido presentando por lo habitantes de esta ciudad capital y que en la actualidad su solución total, es más que compleja.
El crecimiento demográfico exagerado, originado por la concentración industrial y comercial desde hace más de cuatro décadas y sus características geográficas, han conformado una urbe de más de 10 millones de habitantes con grandes contrastes sociales, heterogénea y donde la atención a los servicios cada vez es más difícil. Sobre todo en aquellas zonas periféricas donde la ciudad a crecido irregularmente.
La Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, por 1985, tiene su origen en el presupuesto que esta digna representación popular, aprobó para el ejercicio correspondiente al mismo año. Presupuesto, que fue aprobado por considerar que sus conceptos y cifras correspondían en ese momento, a la alternativa de solución más acertada, para dentro de un marco de saneamiento de las finanzas del Departamento del Distrito Federal, poder seguir atendiendo y ampliando los principales programas de atención comunitaria.
Dentro de este contexto, de atender carencias y necesidades, aparecía la sombra de las presiones inflacionarias que podrían provocar distorsiones en su ejercicio presupuestal, así como una serie de circunstancias internacionales de incertidumbre y problemas como el deslizamiento de nuestro peso y la caída de precios del petróleo, que dificultaban los procesos de planeación, programación y presupuestación.
En este contexto es como se aprueban 22 programas con un presupuesto total, tanto para el gobierno central, como para el Sector Paraestatal, por un monto de más de 672 mil millones de pesos, en donde destacan 13 programas prioritarios acordes al programa de desarrollo de la zona metropolitana de la ciudad de México y de la región centro.
Esta priorización, manifestó la presencia de diversas instancias de participación ciudadana activa y permanente en la búsqueda de la mejoría de los servicios y en apoyo a las legítimas demandas y aspiraciones de la mayoría. Así como por parte del gobierno, respondiendo mediante una línea definida de política económica, evitando que el ejercicio presupuestal no se tradujera sólo en un incremento de gasto corriente y de financiamiento al sector público, sino que este fuera realmente un instrumento de desarrollo social y económico que permitiera llevar beneficios reales a quienes más lo necesitan aunque es contundente el hecho de que las necesidades de la ciudad van adelante de las posibilidades gubernamentales. Sin embargo, esto no quiere decir en ningún momento que el gobierno sea rebasado por los problemas de la comunidad, es aquí donde destaca el esfuerzo permanente y enérgico para hacer frente a los retos y procurar un mejor nivel de vida a quienes habitan en la ciudad, buscando siempre que el gasto público, sea una herramienta útil para abatir las profundas desigualdades sociales.
Ahora bien como ya se ha señalado aquí, la Cuenta Pública del Sector del Departamento del Distrito Federal, es el instrumento formal de información al Poder Legislativo de la gestión realizada por el departamento, así como por los organismos y entidades coordinadas. Este amplio documento, que por cierto se ha ido perfeccionando en la última década, contempla diversidad de información financiera, económica, programática y de carácter general, tanto de las condiciones que prevalecieron de las actividades que se han realizado, de la problemática circunstancial de las metas que se alcanzaron, del reflejo de dichas actividades en la información contable, pero sobre todo, el impacto de la gestión de la autoridad como ejercicio de su gobierno y por lo tanto en la mejoría de las condiciones en la vida comunitaria.
El Departamento del Distrito Federal muestra características especiales, es una dependencia de la administración pública federal y a la vez es una entidad de gobierno, en tal virtud todo análisis que se haga debe de considerar tales características.
El aspecto administrativo y su apego al marco jurídico y a la normatividad, es principio que siempre debe de observar, perfeccionando cada vez los mecanismos para su observancia, o adecuándolos a las circunstancias cambiantes de la gran urbe.
Respecto a las cifras del presupuesto original de ingresos, como ya se ha indicado aquí, se estimaron para el sector central en 556 mil millones de pesos y para el sector paraestatal organismos en 116 mil 038 millones de pesos, lo que arroja una cifra total de ingresos presupuestarios por 672 mil 038 millones. Al respecto cabe hacer la siguiente reflexión sobre estas cifras: por cada peso asignado el presupuesto de ingresos del sector central, se integra de la manera siguiente en 1986: Ingresos propios 13 centavos; participación en impuestos federales 39; financiamientos 23; apoyos fiscales 4; adefas 4; ventas de bienes y servicios 3; subsidios del gobierno federal a organismos sectorizados 14 centavos. Estas cifras nos dan en 1985 una perspectiva de las limitaciones presupuestales del departamento al mostrarnos que solamente por cada peso, 59 centavos se originan en acciones propias del departamento y 41 centavos provienen de financiamientos y transferencias básicamente del gobierno federal. Estos ingresos se vieron incrementados a una cifra modificada de 789 mil 512 millones de pesos, alcanzando un ingreso real de 787 mil 527 que representa una cantidad adicional de 115 mil 489 millones, incremento de un 17.1% en relación con el original y en donde destacan los aumentos en los ingresos extraordinarios por concepto de financiamiento que alcanzó la cifra de 87 mil 691 millones de pesos y que en gran parte corresponden a financiamientos no titulados, 53 mil 876 millones, pasivos que fueron liquidados posteriormente en el ejercicio siguiente de 1986, procedimiento legítimo de práctica financiera para apoyar programas que no pueden ser interrumpidos o bien posponerse atendiendo a su urgencia social, hecho que se vio agravado por los sismos del mes de septiembre y que afectaron severamente las acciones de los últimos meses del ejercicio presupuestal.
Por otra parte, los ingresos ordinarios presentan un incremento de 3 mil 261 millones de pesos derivados de aumentos netos a los diversos renglones que integran este rubro, pero principalmente de una mayor participación en impuestos federales, originado por una alta más en la recaudación del IVA.
Respecto al incremento de 24 mil 537 millones de pesos de ingresos de organismos, fundamentalmente se derivan de ingresos diversos, 10 mil 987 millones de pesos y del aumento en subsidios del gobierno federal por 9 mil 986 millones.
En materia de egresos, la acción del gobierno refleja en la Cuenta Pública en lo general, transparencia, claridad en la administración a través de mejores sistemas de planeación, programación, control y evaluación del gasto público.
Si bien es cierto, que en casos particulares hubo diferencias de menos en algunas de las metas aprobadas en el presupuesto de 1985, en lo general podemos manifestar, un avance importante en las acciones de los programas de gobierno.
La asignación original de 672 mil 038 millones, reflejó un incremento neto de 117 mil 474 millones, alcanzando un presupuesto total autorizado de 789 mil 512 millones de pesos, 17.4 más de recursos para atender las prioridades exigidas por las mayorías y adecuarse a las condiciones originadas por las circunstancias económicas adversas, que ya se mencionaron.
Es de señalarse, que durante el ejercicio presupuestal, en ningún momento hubo sobregiros a las partidas correspondientes, que como ya se dijo, fueron ampliadas y autorizadas en los términos del artículo 9o. del decreto aprobatorio, del presupuesto de egresos del Distrito Federal.
Por lo que el gasto, se limitó estrictamente a estos montos y en ningún momento rebasó las cifras autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Por otra parte, en virtud de una serie de circunstancias de carácter general, como son los trámites presupuestales, la escasez de algunos bienes y de diversos materiales, el presupuesto mostró un subejercicio de 1985 millones de pesos que corresponde a menos del 1% del modificado.
Dentro de los programas que tuvieron una modificación a la alta destacan seguridad pública con un 50%, abasto y comercialización 99, desarrollo y servicios sociales 55%, vivienda 44%, drenaje y tratamiento de aguas negras 35%, aportaciones a la administración de justicia 47% y así otros incrementos significativos.
Como puede observarse el esfuerzo desarrollado por el Ejecutivo es importante, a pesar de las difíciles circunstancias y condiciones adversas, se logró modificar el presupuesto a fin de reducir el impacto inflacionario y proseguir con las acciones más importantes de gobierno.
Por lo que se refiere al ejercicio presupuestal de 1985, se realizó cumpliendo en lo general con el marco jurídico que rige la actividad presupuestal, de esta entidad federativa. Así pues, se cuidó la observancia de nueve leyes, en lo particular se hacen las siguientes consideraciones: Ley de planeación, en este sentido se observó que es necesario fortalecer la comunicación entre las diversas entidades que conforman el sector y las
áreas centrales de planeación a fin de adecuar oportunamente las acciones programáticas a las situaciones permanentemente cambiantes, por circunstancias diversas que ya se han mencionado en estas intervenciones.
Por lo que se refiere a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, se observo que es necesario que la entidad de cumplimiento al informe sobre su deuda pública y pasivo flotante en los plazos legales, pues actualmente se viene concretando a reportarlo al gobierno federal mediante la presentación de la Cuenta Pública.
Por lo que se refiera a la contratación ajustada al ejercicio fiscal de algunas obras y adquisiciones, se manifiesta que en virtud de tratarse de proyectos de gran magnitud como son las obras del metro y el sistema hidráulico, los compromisos y los recursos presupuestarios que canalizan durante periodos que exceden del año fiscal; sin embargo, todas las obras de estas características son autorizadas anualmente por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Ley de Obras Públicas y su reglamento: por tratarse del marco jurídico al principal concepto de gasto de inversión a obra pública, se profundizó la revisión en los aspectos relativos a la programación de obras, a sus proyectos, a la adjudicación de contratos, el otorgamiento de garantías por parte de los contratistas, así como los avisos de iniciación y terminación de las obras; en este sentido es de observarse que el departamento, tuvo dificultades para apegarse estrictamente a lo dispuesto en el mismo, dando como explicación el acelerado ritmo de construcción y la urgencia de las obras y por lo tanto la agilización de los trabajos incluyendo el proyecto. Consideramos que este aspecto deberá ser evaluado con profundidad, ya que si bien es cierto que la obra pública en una entidad de gobierno como lo es el departamento es un instrumento muy importante de servicio y que debe ser prestado en los términos de calidad y oportunidad, no es menos importante la estricta observancia del marco jurídico en materia de obras públicas.
Como consideración general para evaluar la observancia de las leyes que se han mencionado, será la Contaduría Mayor de Hacienda órgano superior fiscalizador de esta Cámara, la que a través de su revisión y examen de los activos y documentación comprobatoria correspondiente, emita su opinión al respecto.
En materia de resultados financieros destacan las acciones para modernizar los sistemas y mecanismos de recaudación y fiscalización dentro de un esquema de desconcentración, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como la normalización de los cobros en predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles con valores actualizados, materia en la que es necesario distinguir la exensión del pago del impuesto predial a los propietarios de predios afectados por los sismos, así como también a los propietarios de aquellos inmuebles que fueron expropiados.
En relación a los objetivos y metas de los principales programas, el ejercicio del gasto mostró una mayor agilidad y trasparencia al haberse reagrupado a 22 programas del esquema del gasto público, lo que permitió también un ejercicio presupuestal más dinámico y un mejor control y seguimiento de las acciones.
En materia de transporte se cumplió la meta de pasajeros transportados en un 83% entre los cuales se distingue el servicio proporcionado por el Sistema de Transporte Colectivo que dio servicio en el año a 1324 millones de personas, alcanzando el sistema de red, una longitud de 112.5 kilómetros, los que incluyen 9.38 kilómetros construidos en 1985.
Los hechos, por lo que se ha dicho aquí, son contundentes, los hechos son los hechos y el que no los vea o no los quiera ver, necesita un examen de la vista.
Por lo que se refiere al servicio que se presta a través de autotransporte de pasajeros de Ruta 100, se atendieron en el año a 1 970.6 millones de usuarios, alcanzándose una meta del 95%
En relación a este punto se hace notar que con motivo de los sismos se proporcionó servicio gratuito durante varias semanas. En 1985 la demanda de 22.8 millones de viaje, persona día fue atendida en un 55% por el Departamento del Distrito Federal. Este programa tuvo una asignación original de 210 mil 528 millones que se incrementó a 233 mil 176 millones, de los cuales se ejercieron 233 mil 172 millones, correspondiendo básicamente a gasto de capital y cuyo destino fue adquisición de autobuses, obras de ampliación del metro, así como diversas acciones de mantenimiento.
Por lo que se refiere a seguridad pública, es relevante el gasto destinado a la modernización de los sistemas de información de comunicación, así como la incorporación de equipo nuevo entre el que destaca la compra de 500 patrullas.
Respecto a la obra pública, se construyeron 86 módulos de protección e información distribuidos en las 16 delegaciones. Las mejorías al personal de la policía son necesarias, por lo que se dedicó especial atención, acciones como aumento en su remuneraciones, el otorgamiento de casas habitación, créditos, así como incrementos e indemnizaciones y jubilaciones, el presupuesto asignado originalmente fue de 23 mil 144 millones incrementándose en un 50% que arroja un ejercicio de 34 mil 798 millones.
El programa de agua potable, permitió la atención al 97% de la población a través de la red de distribución domiciliaria y el 3% mediante carros tanque. En relación a las actividades de mantenimiento preventivo al equipo de plantas de bombeo y equipo electromecánico únicamente se atendieron 312 acciones de las mil 100 programas y esto tiene explicación; se debió básicamente a dos aspectos: a una falla en el proceso de programación, presupuestación que no contempló que los equipos a mantener funcionan los 365 días del año y las 24 horas del día y que para darle mantenimiento hay que sacarlo de operación, lo que no es posible ya que por razones presupuestables no hay equipo de repuesto y sólo se retira de la operación cuando se considera estrictamente necesaria, de ahí que solamente se hayan realizado 312 acciones que implicaron una revisión amplia y cuidadosa de estos equipos.
Los sismos afectaron reduciendo el caudal a razón del 7.6 metros cúbicos por segundo, habiéndose desarrollado un esfuerzo excepcional que permitió su recuperación en el corto plazo, el presupuesto original fue de 29 mil 646 millones llegándose a un modificado y ejercido de 26 mil 266 millones.
En relación a obras y mantenimiento de drenaje y tratamiento de aguas negras, las acciones tuvieron como propósito atender la descarga, recolección, desalojo y tratamiento de aguas negras y pluviales y prevenir los riesgos de inundación. El servicio cubrió aun 74% de la población, faltando de atender a los asentamientos que se encuentran en la periferia de la ciudad.
Los sismos también afectaron el sistema, detectándose daños en el río de La Piedad y en el de Churubusco, habiéndose reparado con prontitud dichos daños, los recursos asignados ascendieron a 19 mil 602 millones de pesos incrementándose a 26 mil 806 millones y habiéndose ejercido 26 mil 731 millones.
En materia de educación se construyeron 23 planteles para educación preescolar, 38 para primaria, 39 para el nivel secundaria y 57 escuelas secundarias técnicas. La población escolar beneficiada fue del orden de 178 mil 600 estudiantes los sismos afectaron a numerosos planteles, los cuales 421 sufrieron daños mayores y 1 mil 237 resultaron con daños menores.
En cuanto a los servicios de salud, se otorgó asistencia médica a la población en forma abierta, fundamentalmente a las clases con menores recursos, otorgándose servicios a 2.1 millones de personas; en materia de obra pública, destaca la construcción del nuevo hospital de emergencia, Rubén Leñero el cual se encuentra en un avance de 30%
La carencia de vivienda en la ciudad de México, es un problema de difícil solución, a causa principalmente del enorme crecimiento demográfico, aunado a los daños causados por los terremotos, el Departamento del Distrito Federal, viene actuando de manera complementaria en los programas de desarrollo habitacional, beneficiando a los sectores de menores recursos. En este programa destacan las acciones de las cajas de previsión para los trabajadores a lista de raya y de la policía con la construcción de 310 casas.
Por el sistema de autoconstrucción se levantaron 550 casas y el Fideicomiso de la Vivienda construyó 754 casas, el presupuesto original, fue de 7 mil 461 millones, habiéndose modificado a 10 mil 776 millones que representan un incremento respecto al original de 44%
Como ya se ha señalado por intervenciones anteriores, la irregularidad en la tenencia de la tierra, es uno de los problemas que afectan con mayor severidad a los sectores de menores recursos de la población; es indispensable la regularización de las propiedades que se encuentran en dichas circunstancias. Dentro de este marco, se expidieron 40 mil escrituras, cumpliéndose la meta al 80%; la reducción se debió en alguna forma a la afectación causada por el terremoto a las oficinas responsables de la ejecución de este programa.
En materia de recolección y tratamiento de basura, fueron recolectadas 4.7 millones de toneladas y se realizaron acciones para dar tratamiento a 565 mil 423 toneladas. Por lo que se refiere a obra pública, se terminaron las estaciones de transferencia de Xochimilco e Iztapalapa, la asignación original fue de 13 mil 148 millones para cerrar con un ejercicio de 16 mil 373 millones de pesos.
Habiendo analizado los 22 programas, se concluye que en términos generales las metas alcanzadas fueron aceptables, considerando que el año de 1985 tuvo una inflación del 63.7%; así
como que estuvo sujeta a altas tasas de intereses y a un deslizamiento de nuestra moneda, aunado a los daños derivados de los movimientos telúricos del mes de septiembre.
Dentro de estas consideraciones y las ya vertidas en las intervenciones anteriores, consideramos que el dictamen de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, por 1985, así como el proyecto de decreto, refleja razonablemente las acciones programáticas del Departamento del Distrito Federal, así como del resultado de la revisión llevado acabo por esta Cámara, y las recomendaciones pertinentes a fin de mejorar el ejercicio de los recursos públicos.
Por las razones anteriores, nos pronunciamos por el voto a favor y proponemos a esta honorable presidencia pregunte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este informe y dictamen en lo general y se someta a la votación correspondiente. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En los términos del artículo 116 del reglamento, esta presidencia informa a la asamblea, que en este debate en lo general han hablado los siguientes ciudadanos diputados: Manuel Terrazas, para presentar un voto particular, Gilberto Nieves Jenkin para fundamentar su dictamen; en contra, Federico Ling Altamirano; Beatriz Gallardo Macías; Efraín Calvo Zarco; Eduardo Valle Espinosa; Carlos Barrera Auld; Manuel Terrazas Guerrero; Hector Morquecho; en pro, Sócrates Rizzo; Lulio Valenzuela; Javier Garduño; Manuel Jiménez Guzmán; Juan Moisés Calleja; Homero Díaz Córdoba; Adrián Mora Aguilar.
Para hechos hablaron: Federico Ling Altamirano, Efraín Calvo Zarco, Manuel Terrazas, Juan José Castillo Mota y otra vez Manuel Terrazas.
En consecuencia, consulte la secretaría, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea, si el dictamen se considera suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
La C. secretaria Guadalupe Ponce Torres: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente, se emitieron 218 votos en pro, 53 en contra y una abstención.
El C. presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 218 votos.
Esta presidencia informa, que han sido reservados para su discusión los artículos: 2, 5 y 6 del proyecto de decreto.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 2o.
¿Oradores en contra? El diputado Héctor Pérez Plazola. ¿Oradores en pro? El diputado Lulio Valenzuela.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Pérez Plazola del Partido Acción Nacional.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Advirtiendo que aun cuando no solamente no pertenezca a la Comisión del Distrito Federal, ni sea yo del Distrito Federal, tal vez por fortuna - diría yo -. De todos modos, he querido intervenir para hacer referencia a algo a lo cual el día de ayer mencionábamos en el sentido de que el dictamen que las comisiones respectivas deben presentar a este pleno en relación del análisis de cuentas públicas, debe ser definitivamente en sentido aprobatorio o desaprobatorio.
Y por fortuna, no soy el único que pienso e interpreto las cosas así, porque si ustedes han tenido oportunidad el día de hoy de leer la prensa nacional, absolutamente todos los medios informativos hablan de que fue aprobada la Cuenta Pública del año 1985. Entonces ahí se demuestra, que el sentido de la interpretación es, de que un dictamen se presenta para ser aprobado o rechazado
esa Cuenta Pública, claro ya se argumentó y está observado que en la constitución no se pide especificamente esa responsabilidad, pero creo que hace falta entonces o modificar el texto o interpretarlo en el sentido.
Entonces, en relación a este dictamen, pienso que también debería tener un artículo resolutivo en cuanto a que si se considera aprobable o rechazable, independientemente de las recomendaciones que se hacen también aquí, independientemente de lo que Ley Orgánica de la Contaduría de Hacienda específica y marca los plazos, para las investigaciones y todo el trabajo que debe hacer la Contaduría Mayor de Hacienda, de lo que por cierto nos han informado, que cuenta con un personal, no solamente mucho más amplio que años anteriores, sino además definitivamente más capaz, que es lo que decimos, que también se está desaprovechando.
Entonces al intervenir en el dictamen de hoy, quiero proponer a ustedes, que para ser congruente con esos propósitos y para que también, y es por la razón por lo que quise por otro lado, intervenir, también ayuden a beneficiar al resto de los pobladores del país, que también somos México, con una serie de correcciones, que definitivamente entre otras cosas lleven a editar, que se sigan chupando un alto porcentaje de presupuesto nacional, en beneficio tan solo de la capital, dejando al resto de los estados y municipios prácticamente en la miseria; puesto que la capital absorbe una cantidad millonaria, multimillonaria en proporción al resto de los mexicanos y ya que ustedes entre otras recomendaciones precisamente establecen un apartado en el cual recomiendan que se vigoricen los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamiento en lo referente a los servicios que proporcionan. Claro, aquí desafortunadamente establecen la recomendación de que sea mediante una política de precios y tarifas que se ha interpretado en la realidad y en la práctica por el gobierno del Distrito Federal, en simplemente aumentar costos a como de lugar, para que la población en lo general sea la que lleve el peso de esa carga.
Entonces decía que en razón de mi pertenencia al resto del país, yo les vengo a proponer aún cuando esto no está en el artículo 2o. pero en obvio de economía de participación parlamentaria, inscribiéndome en la discusión del artículo 2o les voy a dejar un comentario, para que esto, en su oportunidad, lo modifiquen, incluyendo dentro de ese término la recomendación de que también apliquen la máxima eficiencia en su operación, esto es pues, tan solo una mención para que en su oportunidad ustedes la consideren.
Al hablar entonces en resumen de ¿por qué me inscribo en el artículo 2o.? es para hacer notar que en los artículos de referencia concluyen que al final de cuentas nada más fueron revisados los apartados primero, tercero y cuarto en los que dividieron, precisamente la estructura lógica, para ser mejor comprendida por nosotros y en esa forma dividir el trabajo, previo a la elaboración del dictamen. Entonces al tener oportunidad de leer la redacción del dictamen, yo encontré que dedicaron más trabajo, más atención, más examen, más análisis al apartado II y sin embargo, definitivamente me extraña que ni siquiera se mencione el resumen concluyente de este dictamen; puesto que repito, en el artículo 2o. hablan de que revisando en los términos del apartado I, en el artículo III, hablan de que se analizaron en los términos de la parte tercera, entonces acá al principio nos dijeron, que habían dividido en cinco partes, aunque la quinta era conclusión. Sin embargo, para ser más congruentes con la redacción de esto, propongo que se modifique la parte final del artículo II, agregando lo siguiente: "después de mencionar que en el marco jurídico, observando los criterios legales presupuestales, por parte del Departamento del Distrito Federal, así como los órganos desconcentrados" entran, "analizaron en los términos de la parte I del cuerpo del dictamen" se agregue y "se analizaron los demás aspectos comprendidos en los apartados que conformaron la estructura lógica en que fue dividido el trabajo, para elaborar el dictamen".
Esto lógicamente, obligaría al hecho suprimir los artículos 1o y 4o, que no dicen nada al simplemente informar que también se analizaron los otros; entonces en concreto, la proposición es en el sentido que se generalice la aplicación del criterio que ustedes mismos se establecieron para el análisis de elaboración del dictamen y por lo consiguiente se eliminen en consecuencia los artículos posteriores, dejo aquí en la secretaría el texto de mi proposición de modificación. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. Lulio Valenzuela Herrera.
El C. Lulio Valenzuela Herrera: - Con su permiso señor presidente; señoras y señores diputados: al contrario de lo que manifiesta el diputado Héctor Pérez Plazola, y tomando las palabras del diputado Ling Altamirano, nosotros sin nos sentimos orgullosos de vivir y de representar y trabajar por esta ciudad y con ese orgullo, hemos trabajado como representantes de la ciudadanía del Distrito Federal y con ese orgullo trabajamos en la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal de 1985.
El artículo 2o. del dictamen es un acto constitucional el que realiza la Cámara de Diputados al fijar y revisar el cumplimiento de los objetivos de los programas de 1985, los criterios presupuestales se encuentran plasmados en los ordenamientos jurídicos que fueron objeto de esta revisión, y se encuentran en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de 1985.
Recordemos que la función fiscalizadora, tiene dos aspectos: 1o. la revisión que lleva a cabo este poder soberano y en el cual nos ocupa en este momento esta discusión, y otro el aspecto de la Contaduría Mayor de Hacienda, ahí está el fundamento del artículo 2o. del dictamen en esa función revisora de esta Cámara de Diputados, el estudio de la teoría del gasto público puede llevarse a cabo desde dos puntos de vista: podemos seguir criterios normativos e investigar el papel del gasto público debe representar en una economía eficiente y podemos también analizar la política del comportamiento fiscal explicando las fuerzas que determinan el gasto público efectivo en el vigente contexto histórico o de las instituciones.
El dictamen que aquí se presentó a la consideración de ustedes, señores diputados, cumple con la explicación en las dos funciones principales del gasto público, en el criterio normativo y en el criterio de la explicación del contenido real de este gasto público.
Creemos pues, que lo asentado por el diputado Héctor Pérez, no tiene ninguna razón legal, puesto que esta soberanía, está basándose en el artículo 74 constitucional, como él lo ha establecido, y él aquí mismo lo aceptó, por eso fundamentamos y confirmamos que el artículo 2o. del dictamen está apegado a derecho, que el entorno jurídico que sirve de base para calificar y revisar la Cuenta Pública, está precisamente basado en las normas de carácter sustantivo y de carácter adjetivo, como lo establece el dictamen. Muchas Gracias.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Pérez Plazola.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Ciudadano presidente, señoras y señores diputados: lamento mucho que nuestro compañero diputado Lulio Valenzuela, solamente haya observado o escuchado las primeras palabra que yo referí en cuanto a sentirme satisfecho de no ser del Distrito Federal, sin discutir el orgullo que tengan los que hayan nacido aquí, yo también estoy orgulloso de haber nacido en Jalisco, que es donde nací, por eso no discuto el orgullo de los defeños y entrando en materia específicamente de lo que él ha venido a argumentar, quiero decirles lo siguiente, ¿en qué se basa? ¿en qué fundamenta la falta de derecho de haber tenido mi intervención cuando yo en ningún momento cuestioné la redacción que ustedes presentaron al artículo 2o.?, no la he discutido en lo absoluto, no dije nada en contrario, simplemente propuse que se agregara un segundo párrafo, pero de ninguna manera discutí si estaba correcto o no lo que dice el artículo 2o., entonces está totalmente fuera la argumentación porque yo no me referí a eso.
Ahora a lo que si me referí es porqué excluyen del dictamen la referencia al análisis, al estudió, a la observación, etcétera etcétera, del trabajo que realizaron en los cinco aspectos en los que dividieron o los cinco apartados que dice concretamente para que pudiéramos comprender mejor los apartados en que dividieron la estructura lógica de este dictamen, hablaron de un marco jurídico, de su perfil socieconómico, de resultados financieros de objetivos y metas de los principales programas y el 5o. que fueron las conclusiones.
Sin embargo en el texto del dictamen ustedes van mencionando todo lo que hizo en cada uno de los apartados; sin embargo, en el dictamen excluyen la referencia en el trabajo que se hizo en el segundo apartado que fue perfil socio - económico, por fin, tuvo importancia le dedican bastantes hojas, al comentario al respecto, sin embargo no dicen que sí lo hayan hecho o que esto haya tenido alguna importancia.
En fin pues creo que está claro que estamos hablando de dos cosas diferentes e insisto por lo consiguiente en mi proposición.
Propongo las siguientes modificaciones a los artículos 2o, 3o., 4o., y 5o., del proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1985.
Primero. Se modifica la parte final del artículo 2o., agregando lo siguiente:
"Y se analizaron los demás aspectos comprendidos en los apartados que conformaron la estructura lógica en que fue dividido el trabajo para elaborar el dictamen".
Segundo. Se suprimen los artículos 3o., y 4o., de este decreto.
Tercero. Sustituir las palabras del apartado A)del artículo 5o. "mediante una política de precios y tarifas realistas" por: "aplicando la máxima eficiencia en su operación".
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 125 del Reglamento, sírvase la Secretaria preguntar a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición de adición presentada por el ciudadano, en los términos del artículo 125, señor secretario.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la propuesta de modificación a los artículos 2o, 3o., 4o., y 5o., presentada por el diputado Héctor Pérez Plazola. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie; los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada señor, presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si considera suficientemente discutido el artículo 2o. del proyecto de decreto.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 2o., Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido señor, presidente.
El C. presidente: - Resérvese su votación nominal para el conjunto.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 5o., que fue reservado por los ciudadanos diputados Cecilia Romero Castillo, Manuel Terrazas Guerrero y Efraín Calvo Zarco; oradores en contra, la propia diputada Cecilia Romero Castillo, el diputado Manuel Terrazas y el diputado Efraín Zarco; oradores en pro, el diputado Sócrates Rizzo, el diputado Adrián Mora, el diputado Homero Díaz Córdoba.
Tiene la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo del Partido Acción Nacional.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Presidencia, trataré un solo acto, las proposiciones sobre el artículo 5o. y 6o., si no hay problema gracias.
Antes de hacer las observaciones, referentes a los artículos 5 y 6 de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, para 1985, cabe la pena preguntarse en última instancia, si avanzamos. Esta respuesta nos interesa a todos, a todos los mexicanos, a los que somos orgullosamente mexicanos, de manera especial, nos interesa a los capitalinos y diría yo, muy en especial, a los que son orgullosamente capitalinos.
Más allá de los números y muy por encima de ellos, esta la población capitalina por un lado, y el gobierno de la ciudad, por el otro. Estamos viendo los resultados del ejercicio de la Cuenta Pública de 1985 y la respuesta de si avanzamos o no, hay que buscarla en las calles en las inconformidades, en las carencias y angustias, en la lejanía entre el Gobierno y la ciudad.
En la repetición sostenida de logros por parte del Gobierno y la evidencia sostenida de carencias, por parte de la ciudad; en el balance debemos concluir por encima de perspectivas personales o partidistas, reconociendo que estamos muy lejos de la sociedad armónica que deseamos, muy lejos del gobierno democrático que merecemos, muy lejos del progreso justo al que aspiramos.
Ante el dictamen que nos brinda la realidad, seamos por lo menos congruentes; mucho muchísimo nos falta por hacer, que cada quién haga su parte en conciencia para solucionar esta carencia grave que estamos viviendo y que aunque el dictamen no la presenta en toda su realidad, la realidad cotidiana de la ciudad, si nos la presenta.
Voy hacer alguna observación respecto al artículo 5o. y al artículo 6o., del dictamen de esta Cuenta Pública.
Respecto al artículo 5o., la Cuenta Pública de 1981, hizo 22 recomendaciones en el dictamen final, de ellas fueron atendidas 21 recomendaciones, la recomendación número 22, decía y sigue diciendo lo siguiente:
"Que los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, incluyan en la Cuenta Pública, sus estados financieros, dictaminados por auditores externos, con todas las notas aclaratorias y salvedades, así como las medidas que se están tomando para cumplirlas". La Contaduría Mayor de Hacienda, en el dictamen para este año, en el análisis previo, dice que por falta de oportunidades, su entrega, los dictámenes de estados financieros, no se incluyen en esta Cuenta Pública.
Es muy importante, que se tome en cuenta esta recomendación, que prevalece desde 1981, por lo tanto nosotros proponemos una adición al artículo 15 del dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal, con una aclaración, sabemos que no es posible que los auditores externos presenten en el mismo estado el mismo dictamen todo su resultado.
Sin embargo por una pequeña adición, queremos proponer que se añada un inciso h) al artículo 5o., con todo y la adición que proponemos, este inciso h) quedaría como sigue:
Que los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal, incluyan en la Cuenta Pública, sus estados financieros, dictaminados por auditores externos, que a la fecha de la presentación de la Cuenta Pública, hayan sido terminados con todas las notas aclaratorias y salvedades y como las medidas que se están tomando para cumplirlas.
Vemos que de esta manera, con la adición de un inciso h) al artículo 5o., se pueda tomar en cuenta la recomendación 22, que es muy importante para que la Cuenta Pública, tenga mayor fundamento y su discusión, pueda llevarse a cabo, de una manera más adecuada.
Esto es, sería la primera proposición, que voy a dejar por escrito en la secretaría.
Sobre el mismo artículo 5o., proponemos una adición más y es respecto a las transferencias que el departamento hace a las diferentes entidades y los posibles excedentes de estas transferencias.
Y es respecto a las transferencias, que el Departamento hace a las diferentes entidades y los posibles excedentes, de estas transferencias, en el análisis previo en la página 81, nos informa la Contaduría Mayor de Hacienda, que respecto a estas transferencias el Departamento del Distrito Federal, afirma que todas las entidades, cumplieron con dicho reintegro, en virtud de que no se reportó ningún excedente.
Realmente consideramos que ese tipo de conclusiones pues, lesiona la seriedad de un dictamen, en cuanto a dar por hecho que no sobró dinero puesto que no se regreso. Para salvar este dictamen recomendamos que se añada un inciso más en el artículo 6o., que en este caso sería el inciso I, suponiendo que aceptaran el h) que ya propuse anteriormente y que diría lo siguiente:
Inciso I) "Establecer la obligación y el mecanismo para que los organismos o entidades que reciben transferencia, devuelvan, en su caso, a la parte no ejercida de las mismas, esta sería la segunda proposición para el artículo 5o".
Y por último, para tratar un solo acto también el artículo 6o., que reservamos. Este artículo 6o., de acuerdo al dictamen dice lo siguiente: "Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales, que permitan esclarecer cualquier posible irregularidad en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1985, en los términos de ley".
Pensamos que es muy importante que se lleve a cabo lo que el artículo 6o. dice, pero que queda trunco si no se da un término, si no se pide un resultado de estas acciones legales y auditorías que el Departamento, que la Contaduría Mayor de Hacienda deberá realizar y que se pide a la Contaduría de que a través de la Comisión de Vigilancia, que la lleve acabo.
Por lo tanto, como es importante que esta Cámara conozca los resultados y los avances de las acciones que la Contaduría lleve a cabo, proponemos una adición al artículo 6o., en que inmediatamente terminando la redacción, en los términos de ley, se añada un párrafo que diga e informe a esta legislatura en un plazo no mayor de 90 días, del avance de sus gestiones.
No pretendemos que nos comunique del resultado, porque probablemente 90 días no sea el tiempo suficiente para que haya ya resultados, pero sí que haya un avance que se nos informe como se va llevando a cabo el trabajo que tiene que realizar la Contaduría en este sentido.
Cuando estamos hablando de algo que ya se realizó, de un dinero que ya se gasto, de un presupuesto que ya se ejerció, es muy difícil hacer proposiciones porque, pues nosotros hubiéramos propuesto que no se gaste en eso o que se gaste en aquello otro y pues en estos momentos ya no se pueden hacer ese tipo de proposiciones.
Sin embargo, en un afán de que esto sea más claro, de que se superen las lagunas y de que ciertamente se vea un esfuerzo por superar los problemas y porque nos acerquemos un poco más a ese sociedad y a esa ciudad de México que quisiéramos para todos los capitalinos y para todos los mexicanos, pues como punto mínimo consideramos que estas proposiciones que hacemos, sean incluidas en el dictamen final de la Cuenta Pública para que se vea una proposición un deseo real de avanzar de corregir errores y de subsana aquellos que se han venido, en que se ha venido reincidiendo durante muchos años y que son los que han obstaculizado durante mucho tiempo también el avance y el progreso de la ciudad de México, que unido a todo el aspecto grave importante de la cuestión de la democracia, de la participación de los ciudadanos y todo lo que padecemos los capitalinos puedan de alguna manera contribuir a que esto vaya mejorando.
Dejo en manos de la secretaría las tres proposiciones, que he leído ante ustedes. Gracias.
El C. presidente: - En atención a la petición de la ciudadana diputada Cecilia Romero de Castillo, se está tocando también el artículo 6o. esta presidencia debe preguntar, ¿algún otro orador en contra del artículo 6o.? diputado Jorge Alcocer.
El C. secretario: - Propuesta de modificación al artículo 5o. fracción A, del decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal de 1985.
"En uso de la facultad que me confiere de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo que se suprima de la fracción A del artículo 5o. del decreto que discutimos, la parte que dice: "mediante una política de precios y tarifas realista" y de modo que la citada fracción quede así: "A) vigorizar los ingresos propios a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos en lo referente a los servicios que proporciona, considerando su impacto en la población de menores recursos" Sala de sesiones de Palacio Legislativo a 16 de diciembre de 1986. Por el Grupo Parlamentario del PSUM diputado Manuel Terrazas Guerrero. Rúbrica."
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Efraín Calvo Zarco, en relación al artículo 5o.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Señor presidente, nosotros vemos varios problemas tres específicamente en relación al artículo 5o.
El primero de ellos tiene que ver en efecto con los ingresos propios del Distrito Federal, porque hay un problema grave que se reconoce a través de todo dictamen y se reconoce de nueva cuenta hoy que vamos a analizar el presupuesto de 1987 y también lo discutimos, cuando discutimos lo relativo a 1986 y es esto: a pesar de que ha venido aumentando la participación de impuestos federales de una manera vertiginosa el Distrito Federal, esto no ha alcanza todo a subsanar el crecimiento de las necesidades de la ciudad capital y no ha redundado de ninguna manera en un aumento real del presupuesto ejercido o por ejercer en la capital.
Siendo, sin embargo es, a una realidad evidente, pensamos que es equivocada la política que se ha seguido en el sentido de aumentar los ingresos propios del Departamento del Distrito Federal, aumentando las tarifas de los servicios que presta el propio Departamento.
Pensamos que es equivocado ese nuevo instrumento de la Ley de Haciendo que ha gravado como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores de manera muy dolorosa a muchos sectores de la población, independientemente de que sean o no sean de escasos recursos económicos. Pensamos que aquí en la capital en donde se genera una gran parte de la riqueza nacional del producto interno bruto y se utiliza muy buena parte de la mano de obra de este país, quiénes salen beneficiados fundamentalmente de las facilidades que se otorgan en la ciudad capital, son principalmente los industriales y comerciantes asentados en este lugar.
Por eso proponemos la modificación que a continuación leeremos y que busca precisamente gravar las ganancias o las super ganancias de ese sector social que se beneficia, en cuanto entonces a la fracción A del artículo 5o. proponemos la siguiente redacción:
"A) Aumentar sustancialmente los ingresos propios, a efecto de disminuir la dependencia de las transferencias y financiamientos por medio de incrementar los precios y tarifas que se proporcionan a los industriales y comerciantes asentados en la capital, buscando abatirlas a los pobladores de menores recursos."
En relación a la fracción G) del artículo 5o. nosotros, perdón, la fracción F) del artículo 5o. pensamos que este problema del transporte público es uno de los más debatidos en esta Cámara de Diputados y lo es por una razón, porque la cobertura de los servicios de transporte que otorga el Departamento del Distrito Federal solamente de 55%; sin embargo hay un verdadero encarecimiento de servicio por el que prestan los taxis y combis que pueden manejar muy caprichosamente los precios de los servicios que otorgan.
Pensamos que, incluso, lo que se está haciendo ahora de introducir minibuses que evidentemente implican un aumento de los precios del transporte público es un error y es lesivo a la economía popular. Por eso proponemos que para apuntar a la solución de este grave problema la redacción de la fracción F, quede como sigue: "incrementar la cobertura del servicio de transporte colectivo público que proporciona el Departamento del Distrito Federal en sus diversas modalidades hasta cubrir el ciento por ciento de la demanda".
Y finalmente, en relación a la fracción G del artículo 5o. que se refiere a la descentralización, nosotros proponemos que se suprima totalmente por la siguiente razón: porque como ya lo dijimos en nuestras intervenciones, desde nuestro punto de vista, la política, la orientación, la estrategia del Departamento del Distrito Federal en relación a sus habitantes, es hacerles la vida imposible
con objeto de tener una palanca que permita a las autoridades aplicar la descentralización de la vida nacional. Pensamos que no es esta la forma de llevar a cabo la descentralización de las actividades y de la población que vive en la capital de la República y en la medida en que no estamos de acuerdo con estos lineamientos ni con aquellos que establece el Plan Nacional de desarrollo proponemos que se suprima definitivamente la fracción G del artículo 5o. Dejo la propuesta en la Secretaría.
El C. presidente: - Bien, sírvase la secretaría en primer lugar, preguntar a la asamblea si se admiten las adiciones propuestas por la diputada Cecilia Romero Castillo al artículo 5o. en cuestión.
La misma C. secretaria: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite la proposición.
El C. presidente: - Un momentito, un momentito secretaria.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Homero Díaz Córdova.
El C. Homero Díaz Córdoba: - Con su venia señor presidente: La Comisión me ha encargado subir a esta tribuna para manifestarle a la fracción parlamentaria nuestra conformidad con lo referente a la proposición al artículo 5o. en el inciso H. 1. Que los organismos y empresas del Departamento del Distrito Federal incluyen en la Cuenta Pública sus estados financieros dictaminados por auditores externos que a la fecha de la presentación de la Cuenta Pública hayan sido terminados hasta ahí, si no hay inconveniente podríamos dejar, ¿de acuerdo?
Con relación a la proposición siguiente en el que dice establecer la obligación y el mecanismo para que los organismos o entidades que reciben transferencias devuelvan en su caso la parte no ejercida de las mismas. Yo quiero hacerle el comentario que cuando se ejerce totalmente todo el presupuesto o toda la transferencia, pues obviamente no tiene porque entregar nada a la Tesorería y en su caso si hubiera un excedente que no fuera entregado, le corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda el hecho de justificar, comprobar, ese tipo de excedentes que hayan sido reintegrados. Si usted me permite podemos dejarlo tal cual. Muchas gracias.
Con relación al informe a la Legislatura en un plazo no mayor de 90 días del avance de sus gestiones la proposición al artículo 6o, yo siento que estamos cortando a una entidad, a una organización que no puede, definitivamente, estar muy encasillada en tiempo; yo le suplicaría que lo consideraran y que dejáramos abierto en función de tiempo. Si usted cree conveniente creo que, queda totalmente aclarado todas las proposiciones.
Con relación a las propuestas que hizo el compañero Calvo, yo quisiera hacerle mención que en el transporte colectivo está incluido; así se le ha denominado a todo el servicio de transporte que presta el Departamento del Distrito Federal. Si usted no tiene inconveniente lo dejamos tal como está, porque creemos que con eso es una posición amplia, de ampliar la infraestructura del transporte colectivo, así pueda ser metro, así pueda ser de alguna manera trolebuses, podría ser Ruta 100, sentimos que lo dejamos abierto a efecto del que no se pueda mal interpretar.
Creemos que estamos dejando en una función amplia y por eso precisamente consideramos que debe quedar tal cual. Muchas gracias compañeros.
El C. presidente: - Diputado Homero, hay una proposición del diputado Manuel Terrazas sobre el artículo 5o.
El C. Homero Díaz Córdova: - Perdón, con relación a la propuesta del compañero Manuel Terrazas, señor presidente, está totalmente aceptada y el señor el presidente de la comisión legislativa y la Comisión de Programación y Presupuesto está totalmente de acuerdo que quede aceptada la propuesta del compañero Manuel Terrazas. Muchas gracias.
El C. presidente: - En consecuencia, pregunte la secretaria a la asamblea, si se acepta la adición propuesta por la diputada Cecilia Romero Castillo, aceptada por la Comisión en los términos expuestos aquí por los oradores.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la proposición presentada por la diputada Cecilia Romero, con las adiciones al artículo 5o., aceptada ya por la Comisión, que vino a ser representada por e diputado Díaz Córdova, el inciso H. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada señor, presidente.
El C. presidente: - Pregunte la secretaría a la asamblea, si acepta la modificación propuesta por el ciudadano diputado Manuel Terrazas, aceptada previamente también por la comisión.
El C. secretario Antonio Melgar Aranda: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite la modificación al artículo 5o., fracción a), aceptada por la comisión, o se desecha. Los ciudadanos diputados que estén por que se acepte, sírvanse manifestarlo... Aceptada señor, presidente.
El C. presidente: - Pregunte la secretaría a la asamblea, si acepta la proposición de modificación propuesta por el ciudadano diputado Efraín Calvo Zarco.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación al artículo 5o., presentada por el compañero diputado Efraín Calvo Zarco del PRT. Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada señor, presidente.
El C. presidente: - Respecto a la segunda adición propuesta al artículo 5o., queda declinada esta proposición.
La C. Cecilia Romero Castillo (desde su curul): - No es precisamente declinada, pero la comisión no la acepta.
El C. presidente: - Correcto, entonces pregunte la secretaría a la asamblea, si considera suficientemente discutido el artículo 5o., con las modificaciones aprobadas por la asamblea.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo 5o. con las modificaciones aprobadas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido el artículo 5o., señor presidente.
El C. presidente: - Se reserva su votación nominal para el conjunto.
Respecto al artículo 6o., expuso sus argumentos ya la ciudadana diputada Cecilia Romero Castillo, pero también esta inscrito en contra el ciudadano diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Socialista Unificado de México:
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señores diputados, esta propuesta nosotros ya la habíamos hecho en las comisiones, no próspero vamos aquí a exponer los argumentos por lo cual la reiteramos. "Como todos ustedes estarán enterados una de las obras importantes que el Departamento del Distrito Federal inició en el año de 1985, fue la rehabilitación de la vía, de la vieja vía de tranvías que corre de la estación Taxqueña del metro a Xochimilco, para en una primera fase construir hoy lo que se ha llamado tren ligero sobre vías cercadas, que fue inaugurado poco antes del mundial de fútbol, que represento una erogación muy importante por parte del Departamento del Distrito Federal; que de pronto, el mismo día de ser inaugurado, pues tronó.
Hay una frase que ya se ha vuelto célebre, de un alto funcionario secretario del Departamento del Distrito Federal, que dijo que si el Challenger había fallado, pues porque no podría fallar el tren ligero y eso fue la explicación que la ciudadanía recibió de la postergación de la entrada en servicio en este tren ligero que se había propagantizado tanto.
Desde la Comisión Permanente, nosotros planteamos la necesidad que se investigara que había pasado con el tren ligero. Nuestras peticiones, si bien no fueron escuchadas, por fortuna debo reconocerlo con mucha sensibilidad, fueron recogidas en la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la cual instruyó a la propia Contaduría ha que realizara una auditoría a la obra física y al contrato de adaptación, construcción de las unidades conocidas como tren ligero; creo que en realidad son varios tranvías, restaurados y ensamblados. Este acuerdo fue tomado hace aproximadamente 4 o 5 meses, ya estaba en la Cámara la Cuenta Pública, la cuenta pública se refiere al año de 1985, la obra fue concursada en 1985. Por lo tanto cabía que la contaduría mayor de Hacienda procediera a realizar la auditoría y que nosotros sepamos la esta realizando, lo que pase es que todavía no nos hay dicho nada del cual es el grado de avance en esa auditoría.
Suponemos que en el informe definitivo, en el informe de resultados de la Cuenta Pública de 1985, del Departamento del Distrito Federal, la Contaduría nos informará de ese resultado, pero sin embargo, curiosamente la Comisión del Departamento del Distrito Federal que fue realmente la que se avocó al estudio del dictamen de la Cuenta del Departamento, como ya es costumbre en la Cámara, no creyó necesario referirse en la Cámara, no creyó necesario referirse a este problema, pese a que es una de las obras más importantes realizadas en 1985 y culminada en
1986; pero no sólo no dijo nada, sino que de alguna manera sugiere el dictamen una especie, de digamos de cobertura por llamarlo de una manera menos fuerte al Departamento en esta Materia.
Miren si ustedes ven el dictamen en la página 15, se vienen revisando en el cumplimiento de las obras legales, por parte del Departamento, entonces se refieren a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento que dice la comisión dictaminadora, sobre la base creo yo, pues el informe previo de la Contaduría. Esto lo tomaron del informe previo, claro, con algunos matices que le introdujeron, dice "en forma sustancial cabe manifestar que en cumplimiento de éstos ordenamientos se refiere a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento el Departamento del Distrito Federal, no se apegó estrictamente a lo dispuesto en los mismos, justificando dicha conducta en las características de emergencia que se presentaron durante el ejercicio fiscal de 1985", me imagino que las características de emergencia que aquí se refieren, son los sismos, "así como la necesidad de contar con empresas contratistas idóneas para realizar obras de la magnitud del metro y del sistema de drenaje profundo", acto seguido la comisión declara que será la propia Contaduría Mayor la que determine si esas justificaciones son valederas.
Pero miren ustedes, compañeros, en el dictamen debería haberse puesto a menos que en el caso particular del concurso de obra del tren ligero, pero no tuvo nada que ver con los sismos, pongámonos de acuerdo en esto, esa obra se inició antes, no nos vayan a decir que por el problema del terremoto tuvieron que hacerlo así; no, esa obra se inició antes; no es una obra similar a la del metro, no es la excavación de túnel, no es el reforzamiento y todas esas enormes series de complicaciones de ingeniería y cálculos que tiene la construcción del metro es una obra civil; bastante sencilla, por lo que opinan los técnicos. Sí es bastante sencilla, por lo que opinan los técnicos en la materia, es vía confinada, era restauración de vía, bueno se le entregaron a una empresa contratista de ingeniería una empresa de ingeniería privada sin concurso, ¿por qué? Nadie sabe, nadie sabe porque no concursaron la obra, pero se entregó sin concurso y luego para la construcción del tren ligero, a una empresa que se llama Mollada que son sus iniciales, le entregaron la construcción de los trenes sin concurso también, pese a que la Ley de Adquisiciones señala que se deben concursar y no lo concursaron, bueno cuando menos habría que decir eso en el dictamen, esas dos. Uno es una violación a la Ley de Obras Públicas, lo otro es una violación a la Ley de Adquisiciones y no era cualquier contrato, es un contrato de miles de millones de pesos.
Y miren después de que al tren ligero le pasó lo que al Challenger aunque con menos pérdida por fortuna o sin pérdidas de vida; salió una noticia en el periódico, que después de dos meses de que el famoso tren ligero no se podía echar a andar, el Departamento del distrito Federal le puso una multa de 100 millones de pesos a Mollada, bueno pues esa multa fue ilegal señores, porque lo que debería de haber hecho el Departamento del Distrito Federal, era hacer efectiva la fianza que Mollada tenía depositada para garantizar el contrato, eso era lo que procedía.
Pero el Departamento del Distrito Federal lo que hizo fue ponerle una multa de 100 millones y ya está funcionando el tren ligero, me va a decir; ya de que nos preocupamos, como no nos vamos a preocupar de que se cumplan las disposiciones legales en esa materia, aunque ya esté funcionando. Entones a nosotros nos parece que el dictamen debería, por un ejercicio de responsabilidad del Congreso, haber señalado estos problemas y no los señala, no sólo no los señala, sino que en la página 16, cuando habla del cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, dice la comisión dictaminadora: "cabe apreciar que tanto el Departamento del Distrito Federal como sus entidades coordinadas, dieron cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley de la materia, siendo de resaltar las siguientes observaciones, objeto de la función fiscalizadora", pero empiezan diciendo que dieron cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley.
Pues cuando menos, en el tren ligero no dieron cabal cumplimiento y eso debería haber sido señalado; luego dicen en el párrafo siguiente, una cosa que a mi me llamó la atención, tanto por el lenguaje utilizado como por la justificación dada. Existieron dicen: "situaciones urgentes en las cuales fue preciso llevar a cabo pedidos y contratos con la aprobación del comité central de la dependencia", ¿cual es el comité central del Departamento del Distrito Federal?, porque, por ejemplo, en el PSUM hay un comité central, creo que el PRT también, hay un poliburó, y no sabemos cual es el comité central de la dependencia que autorizó estas cosas de urgencia.
Pero de nueva cuenta, lo del tren ligero no era urgente, señores, no; se puede justificar que no se haya sometido a concurso el tren ligero, porque no encontrarán ustedes situación de urgencia que lo ameritara; entonces nosotros creemos que eso debería de hacerse puesto en el dictamen, no se puso, no se puso nada y cuando se refieren al tren ligero en la página 62, lo único que nos dicen es que por una imprecisión en el programa, en la
programación presupuestación se equivocaron en el número de kilómetros, que pusieron que había que construir y que en realidad eran más kilómetros, en vez de ser 18, eran 26. A diciembre de 1985 se cumplió con la primera etapa y la segunda actualmente cuenta con un avance del 15% en obra física; nunca dicen los problemas que hubo con es obra, parece que no hubieran existido o que la comisión dictaminadora no se enteró que existieron; pero señores estamos analizando lo que pasó en 1985, no si el tren ligero se hecho andar en 1986.
Por eso, por todas estas razones, nosotros proponemos agregar al final del artículo 6o. del decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Departamento lo siguiente; entraría todo el texto como está y se agregaría la siguiente frase: "y concluya porque es una instrucción a la Contaduría Mayor", la auditoría que se realiza sobre la construcción y puesta en marcha del tren ligero de la ciudad de México".
Nos parece elemental, de elemental congruencia, que si ya está una auditoria en proceso, que si existieron todas estas irregularidades, pues el Congreso de la Unión no haga una política de esconder la cabeza en la arena, creyendo así que nadie se va a dar cuenta, porque ya se hecho a andar.
Asumamos nuestra responsabilidad, estemos claros de que será la Contaduría Mayor de Hacienda, la que juzgue sobre la pertinencia de las razones que tuvo el Departamento del Distrito Federal para no someter a concurso ni la obra física, ni la construcción de los trenes; pero no, no digamos por omisión que este congreso, no tendrá dudas, porque aquí hay una omisión señores, eso fue una de las cosas, que llamamos la atención de la ciudadanía del Distrito Federal a lo largo de todo este año.
No se trata de hacer un escandalo, no se trata de aprovechar una circunstancia; se trata de cumplir con la responsabilidad, que como legisladores no corresponde y en ese sentido lo que procede es que el Congreso de la Unión, asuma su responsabilidad y asuma plenamente que sobre esa obra se esta, realizando una auditoria, que debe ser concluida. Dejamos entonces, nuestra propuesta por escrito".
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael López Zepeda.
El C. Rafael López Zepeda: - Con permiso compañeros y compañeras diputados: hemos escuchado con atención, las expresiones del compañero diputado Jorge Alcocer en relación al asunto que el mismo plantea del tecnisismo.
En la mayoría de la Comisión del Distrito Federal, está muy clara, muy fija la idea de la amplia responsabilidad y la actitud seria, que ha asumido, en primer término de la Contaduría Mayor de Hacienda y en segundo término la Comisión de la Vigilancia de la Contaduría de este órgano legislativo.
Sabemos compañeros diputados, que esta Comisión tiene reuniones periódicas con funcionarios y con miembros de la Contaduría Mayor de Hacienda y que en esas reuniones que la comisión realiza, surgió la inquietud de algunos diputados a que se realizara una auditoría a esta obra que ha realizado el Departamento del Distrito Federal. Esta muy claro para nosotros los resultados, las amplias investigaciones, la serie lo conclusiones en las que otro tipo de auditorias, ha realizado la Contaduría Mayor de Hacienda, en sus diferentes aspectos financieros legales por ejecución de una.
De tal manera, que casualmente aquí asistimos a una exposición, en dónde se pregunta y a la vez se respuesta.
La respuesta, porque se sabe perfectamente que en breve lapso, en el ceno de la Comisión de Vigilancia y de la Contaduría Mayor de Hacienda, se darán las respuestas a esta auditoria que se ha solicitado, reconocerán ampliamente los resultados que seguramente, serán del conocimiento de los señores diputados, que participan en esta comisión y además con la amplitud necesaria y que así lo requieran, indagar en ella misma y conocer como ya lo dije antes, con la amplitud suficiente el resultado de la auditoria.
Es por eso, compañeros y compañeras diputados, en la mayoría de la Comisión del Departamento del Distrito Federal, no estamos de acuerdo por la propuesta hecha por el compañero Alcocer, y solicitamos a esta asamblea, que en su momento lo deseche. Y además al presidente de esta asamblea, pregunte si ha sido suficientemente discutido este artículo. Muchas gracias.
El C. presidente: - Honorable asamblea la proposición, la diputada Cecilia Romero Castillo está de acuerdo en retirar su proposición de adición al artículo 6o. Pregunte la secretaria a la asamblea, si se acepta o se desecha la proposición de adición del ciudadano diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. secretario Antonio Melgar: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea, si se acepta la propuesta de agregado al artículo 6o., presentada por del Grupo parlamentario del PSUM. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie. Los que
estén por que se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. presidente: - Pregunte usted a la asamblea, diputada secretaria, si considera suficientemente discutido el artículo 6o. del decreto.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el artículo 6o. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie: Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. presidente: - Sírvase la secretaría proceder a recoger la votación nominal del artículo 2o. en sus términos del artículo 5o. con las modificaciones aprobadas y del artículo 6o. del dictamen.
El C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - Se va a proceder a recoger la votación nominal, del artículo 2o. del artículo 5o. con las modificaciones aprobadas y del artículo 6o. en sus términos. Se ruega a la oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente: El resultado de la votación es el siguiente: Artículo 2o. aprobado en sus términos por 265 votos en pro; 11 en contra. Artículo 5o. con las modificaciones aprobadas previamente 264 votos en pro; nueve en contra y tres abstenciones. Artículo 6o. en sus términos por 265 votos en pro; 11 en contra.
El C. presidente: - Aprobados los artículos 2o. por 265 votos, el artículo 5o. por 264 votos con sus modificaciones y el artículo 6o. por 265 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, relativo a la cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY EL CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
La misma C. secretaria:
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Código Federal Electoral, presentada por el C. Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de las atribuciones que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional.
La iniciativa materia de este dictamen fue presentada el pasado 4 de noviembre a la Cámara de Diputados, junto con la relativa a la reforma de los artículos 52, 53, 54, 56, 60 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el mejor conocimiento de ambas iniciativas el pleno de la Cámara de Diputados a propuesta de la comisión que suscribe, acordó citar al Secretario de Gobernación, para que en los términos del artículo 93 constitucional, informase sobre sus alcances.
Toda vez que la reforma constitucional a que se hace referencia en el párrafo anterior ha sido aprobada en sus términos por el Constituyente Permanente y ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la comisión que suscribe procedió a examinar y discutir la iniciativa a que se refiere el presente dictamen tomando en consideración su exposición de motivos, lo manifestado a lo largo de la comparecencia a que se ha hecho referencia, lo expuesto en las audiencias de la consulta sobre la renovación política electoral y, de modo especial, las diversas propuestas formuladas ante la comisión que suscribe por diputados pertenecientes a los nueve partidos políticos nacionales, representados en esta Cámara. con apoyo en este examen se formula para consideración de la asamblea el siguiente dictamen:
CONSIDERACIONES
La iniciativa de Código Federal Electoral Reglamentaria entre otros, de los artículos 52, 53, 54, 56, 60 y 77 Constitucionales, artículos estos que fueron reformados por el constituyente permanente a iniciativa del C. presidente de la República como resultado de las conclusiones recabadas en la consulta sobre la renovación política electoral a que convocó el propio Ejecutivo Federal.
Las distintas propuestas vertidas tanto en las audiencias de la consulta a que se ha hecho referencia como en las reuniones de trabajo de la comisión que suscribe tienen, todas ellas, el propósito común de mejorar el funcionamiento de los órganos y procesos electorales mediante los cuales se conforma la representación nacional. La forma concreta en que la reforma de las leyes electorales ha sido planteada por el Ejecutivo Federal resulta, a juicio de la Comisión que suscribe, adecuada para introducir en la vida política nacional las transformaciones que la sociedad demanda pues se fortalece a un tiempo, la estructura de los partidos y los organismos electorales, asegura al gobierno el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución le fija en materia electoral y preserva para la ciudadanía mayor fidelidad en la conformación de la representación política.
La democracia es un proceso inacabado, siempre perfeccionable. La búsqueda de fórmulas más amplias de participación política es afán constante que, en la historia de nuestro pueblo ha enfrentado un sin número de amenazas y obstáculos y ha debido adaptarse a las tradiciones y cambios culturales y a los intereses legítimos del pueblo que la procura.
Los mexicanos hemos definido, como uno de los grandes frutos de nuestra revolución social, el tipo de democracia que queremos. esta definición va más allá de la estructura jurídica en que se expresa en la ley y del régimen político que la expresa. Es un sistema de vida integral en el que todos han de encontrar respuestas a demandas fundamentales aportando su voluntad y sumando su esfuerzo para, en un régimen de libertades conformar la voluntad política indeclinable de la nación.
Así la democracia en México es integral: nacional, social, liberal y electoral. Se inscribe en el ideario de conquistas históricas populares de "sufragio efectivo, no reelección"; de "tierra y libertad"; de "independencia y justicia social", plasmadas en el pacto federal de 1917.
Estos principios permiten avanzar en el cambio estructural y democrático de México transformando instituciones y procedimientos de acuerdo a la modernidad que reclama la realidad de nuestro tiempo, sin apartarnos de los valores fundamentales que sustentan la esencia de nuestro sistema de Gobierno republicano, representativo y federal que tiene su origen en la soberanía popular expresada en el mandato popular.
La renovación política electoral que ahora se propone tiene el fin de ensanchar los cauces de participación política de la ciudadanía y el fortalecimiento de los partidos. Se atiende así una aspiración sostenida del pueblo de México a través de su historia; es respuesta actual a una demanda permanente de avance democrático.
Las medidas que el Ejecutivo Federal propone en la iniciativa de Código Federal Electoral se orienta al perfeccionamiento de nuestro sistema de representación que asegure una más equitativa participación para todas las corrientes ideológicas que coexisten en la República en la integración de los órganos del poder público.
En la comparecencia del Secretario de Gobernación para explicar el alcance de las incitativas de renovación política, intervinieron todos los partidos políticos representados en esta Cámara y quedó de manifiesto que la renovación política electoral debe asegurar tanto el perfeccionamiento del sistema electoral, y de representación política, así como el fortalecimiento del poder legislativo. A juicio de esta comisión, la iniciativa en examen representa un significado avance en la vida política del país. Continuando una larga tradición democrática que se inicia a partir de la independencia, prosigue en la reforma y continúa en el presente siglo, la iniciativa de Código Federal Electoral se inscribe en el movimiento renovador que consistentemente ha permitido a México mantenerse como una Nación libre e independiente.
Nuestro sistema electoral vigente es un sistema mixto con dominante mayoritario. Los sistemas de mayoría relativa y de representación proporcional permiten a la ciudadanía elegir libremente a sus representantes sin excluir ni impedir la presencia de partidos minoritarios. Al Gobierno corresponde la esencial función de organizar y preparar los procesos electorales con la intervención de partidos políticos y ciudadanos bajo el principio de corresponsabilidad.
Nuestro régimen es producto, del triunfo de la Revolución que hizo de la democracia nuestro sistema de vida y que con la universalidad del sufragio y las reformas de 1946, 1963, 1973 y 1977 constituyeron un sistema político plural fundado en la acción responsable de partidos políticos a los que la Constitución reconoce el carácter de entidades de interés público que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática.
Hoy, no solamente la ley suprema define a los partidos políticos, sino que señala los derechos y prerrogativas y las formas específicas para su intervención en los procesos electorales garantizando su participación activa en los asuntos públicos.
Los grandes temas que en la consulta popular se definieron para elaborar la iniciativa que es materia de nuestro estudio así como la que motivó la reforma constitucional de referencia, tales como la integración de la representación política, la organización y los procesos electorales, el padrón electoral, el contencioso electoral y el propio tema de partidos políticos, fueron debatidos en esta Cámara por todos los partidos políticos.
Al respecto el Partido Popular Socialista presentó reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55, 58, 60, 115 constitucionales. Por su parte, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Socialista Unificado de México, Acción Nacional, Mexicano de los Trabajadores Revolucionario de los Trabajadores y Demócrata Mexicano presentaron reformas y adiciones a los artículos 41, 52, 53, 54, 56, 57 y 60 constitucionales.
Las dos iniciativas de referencia fueron discutidos por lo general al mismo tiempo que se debatió la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la renovación política. Las iniciativas de los grupos parlamentarios mencionados no fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara, fundamentalmente, por haberse considerado que no respondían a la evolución del sistema electoral mexicano, La iniciativa enviada por el Ejecutivo, apegada a nuestra tradición jurídico - política como se dijo ya, fue aprobada después de haberse discutido en lo general y en lo particular. En el debate de las iniciativas fueron expuestos ampliamente los diversos puntos de vista de todas las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara, haciendo uso de la palabra 75 legisladores.
Así, la iniciativa de reforma constitucional presentada por el C. Presidente de la República, es el fundamento inmediato para poder analizar y, en su caso, discutir y aprobar la iniciativa del Código Federal Electoral.
El Código Federal Electoral está integrado por 362 artículos y cinco transitorios. Los artículos se encuentran comprendidos en 8 libros, denominados de la siguiente forma: libro I; "Disposiciones Generales", que comprende a su vez varios títulos y capítulos y que van del artículo 1o. al 23. libro II: "De las Organizaciones Políticas", que al igual que el libro I y los subsecuentes está integrado por títulos y capítulos y que comprende del artículo 24 al 98. Libro III: "Del Registro Nacional de Electores", artículos 99 al 157. Libro IV: Del Proceso y Organizaciones Electorales", artículos 158 al 205; libro V: "De la Elección", artículos 206 al 295. Libro VI: "De los Resultados Electorales" artículos 296 al 311. Libro VII: "De los Recursos, Naturalidad y Sanciones", artículos 312 al 351 y libro VIII: "Del Tribunal de lo Contencioso Electoral", artículos 352 al 362.
Diputados pertenecientes a todos los partidos políticos representados en la Cámara, formularon observaciones a diversos artículos de los diferentes libros que contiene el Código Federal Electoral ya mencionado. La Comisión que suscribe examinó las diversas propuestas y estimó conveniente incorporar su análisis al cuerpo del presente dictamen.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales considera que la iniciativa de Código Federal Electoral, objeto del presente dictamen responde ampliamente a las principales preocupaciones que los partidos políticos y la ciudadanía han manifestado acerca de los procesos electorales en particular en audiencias de consulta pública llevadas a cabo sobre renovación político electoral.
La iniciativa propone el perfeccionamiento de los mecanismos de representación política nacional y del sistema electoral jurídicamente instituido.
La iniciativa persigue también el objetivo de promover una más amplia participación popular en las elecciones y de responsabilizar en forma comprometida y conjunta a la sociedad y a los partidos políticos en la preparación y realización de los procesos electorales a fin de que tengan como sustento fundamental el respeto al voto ciudadano.
Se deja constancia de la participación puntual, entusiasta y enriquecedora por parte de todos los partidos políticos en el estudio de esta iniciativa, lo que ha permitido integrar en su análisis el pluralismo ideológico y la diversidad de corrientes que forman a esta soberanía, destacándose sus importantes aportaciones en los trabajos de esta comisión.
Como ha quedado asentado en líneas anteriores, la perfectibilidad es consustancial al concepto de la democracia y es por ello que se ha considerado pertinente incorporar diversas modificaciones a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, modificaciones motivadas en la participación crítica, consciente y responsable de los diputados integrantes de la comisión.
Esta comisión asienta igualmente que diversas propuestas que presentaron partidos políticos respecto a otros artículos de la iniciativa que se dictamina, no se consideró oportuno incorporarlos por diversas razones expuestas, en su momento en el ceno de la comisión. Entre otras razones, porque el propio código ya contempla los supuestos que se propone o bien, porque se consideró que serían limitaciones a los propios partidos políticos o a derechos individuales o contrarios al estudio al espíritu de la iniciativa que se dictamina.
La denominación del Código Federal Electoral que sustituye a la actual de Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, se considera acertada a juicio de esta comisión, dada la amplitud de las materias contenidas en esta iniciativa, ya que define en forma integral su contenido normativo referido a una rama de derecho con un objeto y un fin que le son propios.
Igualmente, esta comisión destaca que la iniciativa en examen incorpora al proyecto del Código Federal Electoral numerosas disposiciones que hoy se contiene en el reglamento de la ley cuya abrogación se propone en el artículo segundo transitorio de la iniciativa. Con ello se elevan al rango de ley diversas disposiciones que inciden de modo fundamental tanto en la vida de los partidos políticos como en el desarrollo de los actos y procesos electorales; la comisión estima este cambio como altamente positivo.
Respecto al libro I, esta comisión puntualiza que se dedica a la definición de los derechos políticos, tales como el derecho al sufragio y la capacidad para ser electo, así como los requisitos de eligibilidad.
En su estructura se incluyen tres títulos: el primero, "Del objeto de este Código", el segundo, "De los derechos y obligaciones políticos electorales de los ciudadanos"; el tercero, "De la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo", se señala el carácter de orden público de sus normas y sus ámbitos formal y material de validez derivados del fundamento constitucional de derechos y obligaciones político electorales de los ciudadanos, la organización, función, derechos y obligaciones de los partidos políticos nacionales y la elección ordinaria y extraordinaria de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación y se asignan las tareas y responsabilidades que corresponden a las autoridades electorales.
Este libro I describe con precisión el contenido y alcance del código. Esta comisión ha considerado atendibles algunas de las propuestas planteadas por diversos partidos políticos, en los artículos que a continuación se citan: en el artículo 3o., que se refiere a la competencia de las diversas autoridades electorales, la diputación del Partido Popular Socialista propone que se modifique el término de mesas directivas de casilla por el de mesa de casilla y así mismo, que se amplié la responsabilidad de las propias autoridades a vigilar y garantizar el desarrollo del proceso electoral en su conjunto y no solamente la participación de las organizaciones políticas en dicho proceso. Esta comisión considera que la modificación propuesta es adecuada pues permite el cumplimiento más efectivo de las funciones asignadas a las autoridades electorales.
En el artículo 4o., que define el sufragio diputados del Partido Acción Nacional, han propuesto que en lugar de establecerse que el voto constituye una prerrogativa y una obligación del ciudadano se precise que se trata de un derecho y una obligación, con lo que esta comisión está de acuerdo, ya que la palabra derecho denota con mayor claridad que se trata de una facultad cuyo cumplimiento y respeto por parte de la autoridad puede exigirse por el ciudadano a quien le asiste.
El mismo artículo 4o., diputados del Partido Socialista de los Trabajadores propusieron en relación con la forma en que debe ejercerse el voto, se exprese en lugar de la confidencialidad del mismo, su carácter de secreto. Esta propuesta coincidió, con otra propuesta por Acción Nacional. Al respecto, la comisión considera adecuada la modificación.
En relación al artículo 8o. que se refiere a las causas justificadas o de fuerza mayor que los organismos electorales deben considerar para excusar a un ciudadano de desempeñar la función electoral que le haya sido asignada la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional propuso que se incluya, expresamente como causa justificada, aquella relativa a la designación como representante de un partido político para el día de la jornada electoral que al mismo tiempo recaiga en el funcionario electoral. La comisión considera aceptable la propuesta, toda vez que la propia justificación que se especifica constituye en sí misma una contribución cívica de la ciudadanía al proceso electoral.
Por lo que se refiere a los requisitos que para ser diputado federal, prevé el artículo 9o., de la iniciativa en estudio, la diputación del Partido Socialista Unificado de México solicitó que el texto de las fracciones XII y XIII se precise. Esta propuesta es atendible pues la intención que se persigue en ambas es acreditar que se cumplió con la obligación cívica de solicitar su inscripción en el padrón electoral. Al efecto la comisión acordó fusionar ambas fracciones en los términos propuestos.
El artículo 10 de la iniciativa señala que los candidatos registrados a diputados federales para ser electos según el principio de mayoría relativa, no podrán a la vez figurar en las listas correspondientes a la elección de representación proporcional. Este precepto responde a la necesidad de ofrecer al electorado mayores opciones, fortalecer el sistema mixto de representación y propiciar campañas políticas de intensidad y penetración en la ciudadanía. Sin embargo las fracciones parlamentarias del Partido Socialista de los Trabajadores, Acción Nacional, Mexicano de los Trabajadores, Socialista Unificado de México y Revolucionario de los Trabajadores expusieron su interés por mantener abiertas ambas vías en razón de que su actual desarrollo como partidos políticos requiere de la posibilidad de presentar a un mismo candidato tanto en la elección por mayoría como dentro de su lista. Atendiendo a las razones expuestas en el curso de los trabajos de la comisión, ésta propone mantener la posibilidad determinando un número máximo de 30 candidatos por partido político que puedan, al mismo tiempo, figurar como candidatos de mayoría y representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.
Por ello se propone a la asamblea la aprobación del siguiente texto para el artículo 10: "Los partidos políticos podrán registrar un máximo de 30 candidatos a diputados federales por mayoría relativa y representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales".
Por lo que se refiere a las organizaciones políticas, que regula el libro II de la iniciativa que se comenta, es de mencionarse que en él se establecen la forma como los ciudadanos podrán participar en aspectos políticos, destacando de manera preponderante la organización, constitución y registro, los derechos y obligaciones, así como las prerrogativas de los partidos políticos nacionales. Igualmente se establece lo relativo a las asociaciones políticas nacionales, sus derechos y obligaciones y lo conducente a los frentes, coaliciones, fusiones y pérdidas de registro, tanto de partidos como de asociaciones políticas nacionales.
El libro en cuestión se estructura en siete títulos. Es de hacer notar que en la iniciativa se amplían y precisan tanto los derechos como las obligaciones de los partidos políticos, así como las prerrogativas de los mismos. En particular se establece el sistema de financiamiento público de los partidos en su carácter de entidades de interés público.
Esta comisión, habiendo estudiado y discutido los artículos del libro que se comenta, considero conveniente atender la siguientes propuestas formuladas por los diputados de varias fracciones.
A propuesta de los Partidos Acción Nacional y Popular Socialista, se planteó una nueva redacción al artículo 26, a fin de precisar que el término "partido" se usa para efectos de este Código y que se encuentre registrado ante la Comisión Federal Electoral. Esta comisión aprueba la propuesta de referencia en los siguientes términos.
"Artículo 26. La denominación de partido se reserva en los términos de este código a las organizaciones que estén registradas ante la Comisión Federal Electoral como partidos políticos".
Igualmente y a fin de que quede expresa la actitud de los partidos políticos como corresponsables en la defensa de la soberanía nacional y para constancia en sus declaraciones de principios, se ha propuesto por parte de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y esta comisión comparte que la fracción III del artículo 30 quede redactada de la siguiente manera:
«Artículo 30. .....................
I. .................................
II. ................................
III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o subordine a cualquier organización internacional o los haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros y de rechazar toda clase de apoyo económico, político y propagandístico proveniente de entidades o partidos políticos extranjeros y de ministros de culto o de cualquier religión o secta»
En lo relativo a los derechos de los partidos políticos nacionales, las Fracciones Parlamentarias del Partido Popular Socialista y del Partido Acción Nacional propusieron algunas precisiones a la redacción del artículo 39. Esta comisión las considera procedentes.
El artículo 41 relativo a la facultad que tienen los partidos políticos de nombrar representantes generales, se propone sea adicionado para asegurar a los partidos un mínimo de representantes generales en cada distrito. Esta adición garantiza la mejor participación de los partidos políticos. Esta propuesta presentada por los Partidos Acción Nacional y Demócrata Mexicano, haciendo notar además, que una errata en la tercera línea del artículo 41 a fin de precisar que los representantes generales a que se refiere, debe ser a la fracción IX del artículo 39 y no a la del "artículo anterior" como la iniciativa lo establece.
La comisión señala, igualmente que el artículo 42 a propuesta del Partido Socialista Unificado de México y del Popular Socialista debe quedar redactado en los siguientes términos.
"Artículo 42. Los partidos políticos tendrán derecho a que la Comisión Federal Electoral les expida la constancia de su registro».
Por otra parte, esta comisión ha considerado la propuesta que hiciera el Partido Popular Socialista al artículo 30 en su fracción III relacionado con el artículo 45 relativo a las obligaciones de los partidos políticos; en virtud de lo anterior se propone el texto de dos fracciones que dirían:
XIII. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia con partidos políticos y entidades extranjeras y ministros de culto de cualquier religión o secta.
XIV. Las demás que establezca el código".
También la comisión estima pertinente la propuesta del Partido Acción Nacional para que el primer párrafo del artículo 49 relacionado con las prerrogativas en materia de radio y televisión quede redactado en los siguientes términos:
"Artículo 49. Las prerrogativas de los partidos políticos, en materia de radio y televisión, tendrán por objeto la difusión de sus bases ideológicas de carácter político, económico y social que postulen, la libre expresión de las ideas, en los términos del artículo sexto constitucional y de las leyes de la materia, y las acciones que pretendan tomar para realizar sus principios, alcanzar sus objetivos y las políticas propuestas para resolver los problemas nacionales».
Es importante mencionar también que desde la consulta popular sobre Renovación Político Electoral que antecedió a la iniciativa objeto de examen, se registró coincidencia de diversos partidos políticos a fin de que fuera ampliado el acceso a los medios masivos de comunicación y que su tiempo se incrementara en épocas de elecciones. Por lo mismo, esta comisión propone una nueva redacción al artículo 52, apoyándose en la propuesta presentada por el Partido Socialista de los Trabajadores.
A fin de garantizar la producción de los programas de los partidos políticos, es de aceptarse la propuesta del Partido Socialista Unificado de México, para agregar un segundo párrafo al artículo 56 en los siguientes términos.
La Comisión de radiodifusión contará con los elementos humanos y técnicos suficientes para la producción de programas.
Diputados de las fracciones parlamentarias del Partido Socialista Unificado de México, Partido Popular Socialista, Partido Acción Nacional y Partido demócrata Mexicano, solicitaron la incorporación de un nuevo párrafo a la fracción V del artículo 61 a fin de asegurar mayor equidad y justicia respecto a los recursos de que vayan a disponer los partidos políticos. Al respecto esta comisión propone la siguiente redacción.
"V. Para los efectos de la segunda y tercera anualidad a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Federal Electoral, propondrá los incrementos que considere necesarios".
Por su parte, los Partidos Socialistas de los Trabajadores y Revolucionario de los Trabajadores propusieron suprimir la fracción VIII del artículo 61; igualmente el texto de la iniciativa había sido objetado por el demócrata mexicano. La Comisión opta por la supresión de la fracción, al estimar que con ello se fortalece la autonomía de los partidos.
Respecto al régimen fiscal de los partidos políticos, se considera de aceptarse la propuesta de los diputados de Acción Nacional a la Federación del artículo 64 del Código para quedar como sigue:
"Artículo 64. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 62, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales".
La comisión ha propuesto hacer un agregado al segundo párrafo del artículo 83 relativo a los convenios de coalición que celebren los partidos políticos en los siguientes términos:
En todos los casos, los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo el registro y emblema o emblemas del partido o partidos político registrados y coaligados.
En relación con este artículo y a fin de ser congruente con la redacción anterior, se sugiere una modificación al artículo 86 para quedar como sigue:
"Artículo 86. Los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para el partido o partidos bajo cuyo emblema o emblemas o colores participaron en los términos señalados en el convenio de coalición".
En consecuencia de estas reformas, la comisión estima que la fracción V del artículo 88 debe quedar redactada en los siguientes términos:
"V. El emblema o emblemas y el color o colores del partido o partidos bajo las cuales participarán".
Por último y relacionado con la pérdida del registro de los partidos y asociaciones políticas nacionales, la Comisión considera que es de aceptarse la adición de una fracción VII al artículo 94. La propuesta de los partidos Socialista de los Trabajadores y Popular Socialista es la siguiente:
Por último y relacionado con la pérdida del registro de los partidos y asociaciones políticas nacionales, la Comisión considera que es de aceptarse la adición de una fracción VII al artículo 94. La propuesta de los partidos: Socialista de los Trabajadores y Popular Socialista es la siguiente:
"VII. Aceptar tácita o expresamente propaganda proveniente de partidos o entidades del exterior y de ministros de culto de cualquier religión o secta".
Pasando al estudio del libro III, que se refiere a las normas que estructuran el Registro Nacional de Electores, la comisión observa que la reforma propone una mayor participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y ciudadanos para mantener perfectamente actualizado y depurado el padrón electoral único, descentralizando las funciones de su Comité Técnico y de Vigilancia en comisiones estatales y comités distritales, éstos últimos de nueva creación; en dichos organismos participa un representante de todos los partidos políticos y se establece un sistema se sesiones regulares una vez al mes durante periodos no electorales y de dos veces al mes a partir de año anterior al de la elección hasta el momento en que se entreguen las listas nominales definitivas.
Asimismo, la iniciativa propone la revisión en forma anual y obligatoria del padrón electoral, y con la finalidad de que tanto los ciudadanos como los partidos políticos tengan la oportunidad de solicitar la inclusión o exclusión de electores del padrón, se amplía al efecto los plazos de exhibición y entrega de las listas correspondientes.
Esta comisión considera que las reformas al Registro Nacional de Electores propuesta en la iniciativa contribuyen a dar mayor transparencia al proceso electoral lo que resulta fundamental para garantizar elecciones confiables al disponer de un padrón permanente actualizado. La mayor participación de los partidos políticos y de la ciudadanía, la descentralización de funciones de los órganos dependientes del Registro y la posibilidad también contemplada en la iniciativa de impugnar sus decisiones mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, constituyen reformas de gran avance en el perfeccionamiento de la democracia mexicana.
La estructura del libro III se compone de tres títulos bajo las siguientes denominaciones: El primero, "Disposiciones Generales"; el segundo, "De la diputación del Padrón Electoral" y, el tercero, "De los Comités y de las Comisiones de Vigilancia del Registro Nacional de Electores".
La comisión que suscribe ha considerado procedente diversas propuestas de modificación al texto original de la iniciativa, presentadas por distintas fracciones parlamentarias, que enriquecen el proyecto y se refieren a los artículos que a continuación se mencionan:
La comisión que suscribe considera conveniente incorporar la propuesta de la diputación del Partido Acción Nacional, de que la entrega de las listas nominales, básicas y complementarias se realice a los partidos políticos nacionales a través de las delegaciones estatales del Registro Nacional de Electores; esta propuesta se incorpora a la fracción V del artículo 104.
En cuanto a las atribuciones del director general del Registro Nacional de Electores, previstas en el artículo 106 de la iniciativa en estudio, la fracción parlamentaria del Partido Mexicano de los Trabajadores, ha solicitado y esta Comisión lo juzga procedente, que dicho funcionario concurra a las sesiones de la Comisión Federal Electoral sin necesidad de que sea requerido para ello, como se establece en la fracción III del mencionado numeral, por estimar que su presencia permitirá desahogar con mayor prontitud las solicitudes de información que a él se formulen.
En relación a la obligación del Registro Nacional de Electores de tramitar la inscripción en el Padrón Electoral Único de todos los ciudadanos mexicanos que lo soliciten, a que se refiere la parte final del artículo 108 de la iniciativa, diputados de los partidos Socialista de los Trabajadores, Acción Nacional y Demócrata Mexicano han propuesto ante esta Comisión que la mencionada obligación del registro se complemente con la de entregar a los ciudadanos inscritos la constancia correspondiente. La comisión acepta esta propuesta.
Diputados del Partido Demócrata Mexicano propusieron adicionar la fracción IV del artículo 128 de la iniciativa para que las listas nominales definitivas que el Registro Nacional de Electores entrega para su distribución a los organismos electorales también sean entregados a los partidos políticos. Se estimó por la Comisión que con ello se amplían las garantías de los partidos políticos en consonancia con el espíritu de la iniciativa por lo que la adopta en sus términos.
Por iguales razones esta comisión considera que es de aceptarse la enmienda propuesta por diputados del Partido Acción Nacional, al artículo 129, a fin de que las listas nominales de electores definitivas se identifiquen con ese carácter.
A juicio de la comisión que suscribe debe modificarse el artículo 130 en los términos que lo proponen las fracciones parlamentarias del Partido
Demócrata Mexicano y del Partido Acción Nacional, simplificando la posibilidad de que las listas definitivas sean modificadas en los casos de causa grave motivos supervinientes, para que puedan efectuarse sin mayor requisito que el que se refiere a que el organismo tenga la posibilidad técnica de hacerlo.
El libro IV del Código, distingue tres etapas en el proceso electoral, los actos preparatorios de la elección, la jornada electoral y los actos posteriores a la misma. En cada una de ellas se establecen los recursos legales que aseguran los derechos de los partidos.
La regulación que en este libro se hace del proceso de los organismos electorales, aseguran a los partidos políticos su participación en los organismos electorales, así como la corresponsabilidad que la ley y la Constitución consigna.
Este libro comprende siete títulos "Del Proceso Electoral", "De los Organismos Electorales"; "Comisión Federal Electoral"; "Comisiones Locales Electorales", "Comités Distritales Electorales", y el sexto en el que se precisa la participación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla; finalmente en el título VII se señalan disposiciones comunes aplicables a los organismos electorales.
En el libro que nos ocupa los partidos políticos Socialista de los Trabajadores, Mexicano de los Trabajadores, Popular Socialista. Revolucionario de los Trabajadores, Auténtico de la Revolución Mexicana, Demócrata Mexicano, Acción Nacional y socialista Unificado de México, a través de diversas propuestas expusieron su coincidencia respecto a que los partidos políticos nacionales registrados sin excepción contarán con voz y voto en los organismos electorales.
A juicio de la mayoría de la comisión, los preceptos de la iniciativa que establecen la participación sin distingos de todos los partidos políticos en los organismos electorales y la capacidad de voto para los tres que representen mayor fuerza electoral, es consecuente con la representatividad que debe configurar las decisiones en los cuerpos electorales, por lo que la iniciativa no vulnera derechos a los partidos políticos.
Sin embargo, durante las reuniones de estudio llevadas a cabo por los grupos de trabajo, así como en las plenarias de esta Comisión, los partidos políticos ya señalados insistieron en que a su juicio deberían formar parte de los organismos electorales todos los partidos políticos nacionales registrados con igual posibilidad de manifestarse respecto a las decisiones que correspondan a estos cuerpos colegiados.
La mayoría de la comisión, atendiendo la solicitud de los partidos políticos representados en esta Cámara, ha considerado conveniente proponer modificaciones a los artículos 163 fracción V, 165, 178 y 190, introduciendo un sistema proporcional para la integración en lo que toca a comisionados de partidos políticos, tanto en la Comisión Federal Electoral, en las Comisiones Locales Electorales y en los Comités Distritales Electorales.
La fórmula de integración que para este caso se propone, siendo proporcional a la votación nacional emitida en las elecciones de 1985, establece un límite al partido que captó mayores sufragios durante la misma, a efecto de no incurrir en una conformación colegiada excesiva en los organismos electorales.
Es en el artículo 165 en el que se proponen las bases para la acreditación de los comisionados de los partidos políticos, mismos que se llevan en sus términos a las Comisiones Locales Electorales y a los Comités Distritales Electorales.
El artículo 165 se propone en los siguientes términos:
"Artículo 165. La Comisión Federal Electoral reside en el Distrito Federal y se integra con los siguientes miembros:
I. Un comisionado del Poder Ejecutivo Federal, que será el Secretario de Gobernación, quien fungirá como presidente.
II. Dos comisionados del Poder Legislativo, que serán un diputado y un senador, designados por sus respectivas Cámaras o por la Comisión Permanente, en su caso; y
III. Comisionados de los partidos políticos Nacionales con registro de los términos siguientes:
A) Un comisionado por cada partido político nacional registrado que tenga hasta 3% de la cotación nacional efectiva en la elección federal inmediata anterior, para diputados de mayoría relativa.
B) Un comisionado adicional para los partidos que hubieren obtenido más del 3% y hasta el 6% de la votación nacional a la que se refiere el inciso anterior.
C) Cada partido que hubiere obtenido más del 6% de la votación nacional efectiva, tendrá derecho a tantos comisionados en total, como veces contenga su porcentaje el 3% de la votación referida;
D) Ningún partido tendrá derecho a acreditar más de 16 comisionados; y
E) Los partidos políticos que tengan más de un comisionado, podrán designar a un representante común para que actúe ante la Comisión.
IV. Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este código les otorga, incluyendo el de voto, en los términos del inciso e) de la fracción anterior.
V. Por cada comisionado propietario habrá un suplente; la Comisión Federal Electoral contará además, con secretario técnico que ejercerá las atribuciones que correspondan a la secretaría técnica, en los términos de este código.
La mayoría de la comisión considera que con esta formula, que tiene variantes en las Comisiones Locales Electorales y en los Comités Distritales Electorales en tanto en los mismos no se cuenta con la representación del Congreso de la Unión.
A partir de la propuesta presentada por diputados del Partido Acción Nacional la comisión propone se reformen las fracciones XXIV y XXIX del artículo 170 a fin de que los auxiliares electorales especiales informen a la comisión el resultado de los trabajos que se les encomienden, así como consignar la obligación de la Comisión Federal electoral de dar a conocer los resultados de la elección por secciones.
El mismo partido, propuso aclaraciones a la fracción VII del artículo 171, mismas que la comisión adopta.
En el párrafo tercero del artículo 180, la comisión establece una reforma por lo que se refiere a la sesión que debe celebrarse por las Comisiones Locales Electorales que no haya sido posible efectuar por falta de asistentes sin exigirse citatorio previo. Con ello se estima que se recoge el espíritu de la propuesta formulada a la comisión por el Partido Socialista de los Trabajadores.
La comisión analizó la propuesta del Partido Acción Nacional respecto al primer párrafo del artículo 184 y aceptó agregar que al reverso de la credencial de los auxiliares electorales se consigne las facultades y obligaciones que el código les señala por estimar que con ello se facilita la tarea de los auxiliares.
Finalmente, la comisión a instancia de propuesto por el Partido Socialista de los Trabajadores estima que debe modificarse el artículo 200 de la iniciativa a fin de que el comisionado propietario y en su caso el suplente que no asistan, sin causa justificada por tres veces a las sesiones del organismo electoral y no dos veces como señala la iniciativa, deje de formar parte el partido del organismo electoral en cuestión.
Para efectos de congruencia con las reformas propuestas por esta Comisión a los artículos 165, 178 y 190 de la iniciativa materia de este dictamen se debe reformar el artículo 201 para quedar como sigue:
"Artículo 201. El secretario técnico de la Comisión Federal, comunicará a los presidentes de las comisiones locales y comités distritales electorales, para los efectos a que se refiere la fracción V del artículo 163 de este Código, y con base en la información estadística del Registro Nacional de Electores la votación que los partidos políticos nacionales registrados obtuvieron en la última elección de diputados federales por mayoría relativa».
En el libro V del código que se analiza, se reglamentan los preceptos constitucionales que estipulan el incremento de 100 diputados más y se anuncian los principios bajo los cuales se efectuará la asignación de dichos diputados de representación proporcional.
El sistema propugna por lograr una Cámara de Diputados que refleje de modo más amplio las diversas corrientes políticas nacionales que participan en la vida democrática del país.
Contiene diversos enunciados que apoyan el cumplimiento de las funciones que se encomiendan tanto a representantes de partidos políticos como funcionarios de casillas.
El adecuado funcionamiento de las mesas directivas de casilla se contempla desde su instalación hasta su clausura, con amplias garantías de respeto al sufragio, así como procedimientos claros y tiempos precisos. En todo el proceso electoral se busca el propósito de asegurar transparencia y legitimidad en el mismo con el fin de que el proceso electoral se realice en los mejores términos.
El libro V de la iniciativa denominado "de la elección" se compone de cuatro títulos cuyas denominaciones son: "De los actos preparatorios de la Elección", "De la documentación y material electoral", "De la Jornada Electoral" y "De la recepción de los paquetes electorales y de la información preliminar de los resultados".
El título I contempla lo relativo a las fórmulas a que se sujetarán las circunscripciones electorales, así como los requisitos que los partidos políticos deberán cumplir para poder acreditar a diputados plurinominales. También quedan claramente establecidos los plazos en que se deberán registrar los candidatos de los distintos partidos así como los requisitos que los candidatos deben reunir.
Respecto a la documentación y material electoral se contempla la forma en que las boletas electorales deberán ser elaboradas así como la manera en que el Comité Distrital hace llegar a la casilla la boletas las urnas, la tinta indeleble y la demás documentación y elementos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.
Una innovación sustancial en la vida política del país se introduce en el capítulo referido al día de la jornada electoral pues la iniciativa que se estudia plantea el cambio de efectuar las elecciones el primer miércoles de septiembre del año de elección ordinaria, desapareciendo la jornada electoral dominical. La instalación y la apertura de casillas así como su clausura queda claramente especificada consignándose la participación que tendrán los distintos miembros que la componen.
El proceso mediante el cual los electores participan contiene elementos tendientes a garantizar una mayor transparencia en la jornada cívica de las elecciones, así como garantizar el que el ciudadano en todo momento esté seguro de que su voto será respetado, y podrá realizarlo con las garantías de libertad y secreto. La iniciativa contiene elementos y principios para que el día de la elección se preserven los derechos de libertad, paz social y garantías individuales de que todos los mexicanos gozamos.
Una vez concluida la jornada electoral el escrutinio y cómputo de los votos, se llevará a cabo con reglas claras que reafirman el principio de transparencia electoral y garanticen la democrática participación de los partidos políticos. EL destino del "paquete electoral" queda consignado así, como en la forma en que éste debe hacerse llegar al Comité Distrital para los demás trámites electorales, a fin de que se den a conocer los resultados asentados en las actas recibidas y se informe a la Comisión Federal Electoral y a la Comisión Local Electoral del resultado general de la votación recibida.
La comisión, como ha quedado asentado anteriormente, se reunió con diputados de las distintas fracciones parlamentarias a fin de analizar detalladamente los artículos consignados en el libro.
V. Una vez revisado este proceso se han incorporado reformas y adiciones a la iniciativa enviada por el ejecutivo dentro de las que destacan aquellas que de manera verbal o por escrito se incorporan a los siguientes artículos:
El artículo 218 a instancia de los Partidos Acción Nacional y Demócrata Mexicano se agrega que a la solicitud de registro de candidatos se acompañara sólo el acta de nacimiento y en su caso la constancia de residencia. Para efectos de congruencia con el texto propuesto por esta comisión para la fracción V del artículo 88, debe igualmente reformarse el texto de la fracción IV del artículo 218. El Partido Popular Socialista planteo la incorporación de una fracción VI que garantice que el partido ha cumplido con lo que dispone el artículo 222. Estas propuestas fueron aprobadas por esta comisión.
En el artículo 228 fracción III a petición de los Partidos Socialista de los Trabajadores, Acción Nacional y Socialista Unificado de México se añade el derecho de los partidos políticos para proponer la ubicación de las casillas.
Esta comisión que suscribe, hace notar que el artículo 231 en su segundo párrafo precisa que será el Comité Distrital y no el presidente del mismo, quien atienda las objeciones que a las listas de las casillas se presenten o cuando los ciudadanos designados para integrarlas no reúnan los requisitos correspondientes; por lo que se propone esta modificación.
Respecto al párrafo cuarto del artículo 233 se plantea por los partidos Acción Nacional y Demócrata Mexicano que los representantes comunes se registren ante las comisiones y comités y se acrediten ante las mesas de las casillas. La comisión estima que esta redacción es conveniente.
En el artículo 237 se introduce una nueva redacción estableciendo la responsabilidad de los representantes de los partidos políticos de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del código y velar por la efectividad del sufragio como un forma de corresponsabilidad en el proceso electoral. Esta modificación se apoya en las propuestas presentadas por los Partidos Acción Nacional y Socialista Unificado de México.
En el artículo 239, fracción III y en el 240 numeral 7 los partidos Popular Socialista, Mexicano de los Trabajadores, Demócrata Mexicano, Revolucionario de los Trabajadores, y Socialista Unificado de México, coinciden en proponer que desaparezca dentro de el nombramiento de los representantes ante las mesas directivas de casillas la referencia a la fotografía. Lo anterior en virtud de que no es un documento necesario para acreditar debidamente a un representante. La comisión recoge estas propuestas de reforma y deja a los partidos el derecho de decidir libremente la utilización de fotografías en el nombramiento de sus representantes.
El artículo 250 de la iniciativa ha sido modificado por esta Comisión atendiendo las propuestas formuladas por diputados de los partidos Acción Nacional y Socialista Unificado de México en sus fracción IV y V con el objeto de precisar que los auxiliares electorales del Comité Electoral participaran en la recepción de los paquetes electorales precisamente en las oficinas del Comité y que las tareas que les encomiende el Presidente serán por escrito.
El Partido Socialista Unificado de México ha pedido que se elimine del segundo párrafo del artículo 262 el calificativo de "necesario" al tiempo que pueden permanecer los representantes generales en la casilla asignada a su supervisión y vigilancia.
Esta petición fue aceptada por los integrantes de la Comisión.
En el artículo 263, fracción III inciso B) el partido Acción Nacional añade que no se admitirá en las casillas a personas que se presenten no sólo en estado de ebriedad sino también a quienes lo hagan bajo el efecto de alguna droga o enervante, esta prohibición refuerza el que las elecciones se lleven a cabo en orden y en paz por lo que la comisión hace la propuesta.
Por lo que hace el párrafo segundo del artículo 274, el Partido Popular Socialista ha pedido se introduzca el párrafo que consigna el derecho de los partidos políticos a firmar el acta de cierre de escrutinio bajo protesta, lo que posibilita el que el partido político se reserve el ejercicio de derechos que la iniciativa en cuestión les otorga para manifestar inconformidades. La Comisión incorpora en el texto del artículo de referencia la modificación propuesta.
Los Partidos Popular Socialista, Revolucionario de los Trabajadores y Socialista Unificado de México ha propuesto en el artículo 283 el agregar que los representantes generales puedan escribir en ausencia de los representantes de los partidos las copias de las actas de instalación y cierre de la casilla de que se trate. Esta modificación es congruente con el hecho de que los representantes generales asuman responsabilidades en el proceso electoral y la comisión así lo estima por lo que la incorpora.
Finalmente el artículo 293, fracción I, se plantea por el Partido Socialista Unificado de México que el acceso al lugar donde van a quedar depositados los paquetes electorales deba sellarse si así lo determina el Comité Distrital. Esta precaución es importante y contribuye a garantizar la pulcritud electoral, garantizando que el paquete electoral no sufra alteración alguna.
El libro VI se refiere a los resultados electorales y se compone de cuatro títulos, en él se contienen todas las disposiciones que hacen referencia al cómputo de las elecciones.
De manera especial cabe destacar los tiempos que se han acortado entre la elección y los cómputos y como lo señala la propia iniciativa, "se ha establecido la obligación a los presidentes de los organismos electorales de dar información pública de los resultados preliminares, tan pronto como estos vayan llegando a los propios organismos".
La comisión que suscribe el presente dictamen hace notar que considera de aceptarse la propuesta de redacción al último párrafo del artículo 309, que han presentado por escrito diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, a fin de que cuando la Comisión Federal Electoral no expida constancia de mayoría a los Diputados electos, por el principio de mayoría relativa, sea cuando cuente con elementos que permitan presumir fundamentalmente que se dieron las causas de nulidad previstas en el artículo 337, lo que dará mayor seguridad a la negativa.
Expuesto lo anterior el párrafo de referencia quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 309. .....................
La Comisión Federal Electoral no expedirá la constancia de mayoría cuando cuente con elementos que permitan presumir fundadamente que se dieron las causas de nulidad previstas en el artículo 337, o cuando así lo resuelva el Tribunal de lo Contencioso Electoral».
Los recursos, nulidades y sanciones se encuentran regulados en el libro VII. Su título primero se refiere a los recursos de revocación, revisión, apelación y queja. Las nulidades se encuentran reguladas en el título segundo que establece en su Primer Capítulo los casos de nulidad y en el Segundo la declaración de la misma. Por último las sanciones se encuentran establecidas en el capítulo único del título III.
Por lo que a los recursos se refiere es necesario enfatizar que tienen derecho a interponerlos contra actos que consideren violatorios a sus derechos electorales, tanto los ciudadanos como los partidos políticos y sus representantes.
Los recursos pueden presentarse tanto en la etapa preparatoria como en la jornada electoral y se mencionan entre otras como autoridad competente al Tribunal de los Contencioso Electoral para conocer y resolver de los mismos.
En el libro que se comenta se establece el procedimiento que debe seguirse para la interposición de cada uno de los recursos, así como el contenido de la resolución de los mismos. Por lo que a nulidad se refiere se precisa cuando la votación recibida en una casilla es nula, así como los casos que una elección será nula y lo que se entiende por violaciones sustanciales.
Es de mencionarse que el tratamiento que la iniciativa da a las sanciones es bastante casuístico y completo.
Las propuestas de los Partidos Socialista Unificado de México y Popular Socialista, al artículo 334 relativas al contenido de la resolución de los recursos es la fracción III a fin de que se incluya "El examen y la calificación de todas las pruebas documentales aportadas". Estas propuestas se consideraron por la Comisión como procedentes.
El libro VIII de refiere al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Su articulado precisa su carácter, señala su estructura y los requisitos que para ser magistrado del mismo se requieren.
Se precisa, igualmente, cuándo debe instalarse y cómo debe funcionar así como las facultades de su presidente.
Al tribunal se le dota de plena autonomía y los Magistrados que lo integrarán designados por el Congreso de la Unión.
Hay que hacer notar que este tribunal es de nueva creación y responde a una demanda generalizada y contribuirá a incrementar las garantías de legalidad de los procesos electorales. La creación del tribunal tiene su fundamento en la iniciativa constitucional ya aprobada, en donde el artículo 60 se le menciona quedando claro que las resoluciones del mismo serán obligatorias y sólo podrán ser modificadas por los colegios electorales de cada Cámara, que serán la última instancia en la calificación de las elecciones.
La comisión ha considerado conveniente precisar la manera como serán resueltas las propuestas de los partidos políticos para nombrar a los magistrados, por lo que se ha estimado oportuno adicionar dos párrafos intermedios en la redacción que se sugiere:
"Artículo 353. ....................
Las propuestas de los partidos serán presentadas al presidente de la Cámara, quien las turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que en el término de 15 días presentará el dictamen en el que se funde y proponga la designación de los integrantes del tribunal.
El dictamen se someterá a la aprobación de la Asamblea, en los términos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en su caso, de ser aprobado se turnará a la Cámara de Senadores para su estudio y aprobación en su caso.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución General de la República, 56 de la ley Orgánica del Congreso General y 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DEL CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales
TÍTULO PRIMERO
Del objeto de este código
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1o. Las disposiciones de este código son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentan los artículos constitucionales relativos a los derechos y obligaciones políticos electorales de los ciudadanos, a la organización, función, derechos y obligaciones de los partidos políticos nacionales y a la elección ordinaria y extraordinaria de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.
Artículo 2o. Los Estados Unidos Mexicanos constituyen una República representativa, democrática y federal. El poder público dimana del pueblo, quien designa a sus representantes mediante elecciones que se verificarán conforme a las normas y procedimientos establecidos en este Código.
Artículo 3o. Corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales y a la Comisión Federal Electoral, Comisiones Locales Electorales, Comisiones Distritales Electorales y Mesas de Casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar y garantizar el desarrollo del proceso electoral, la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad de las elecciones federales.
TÍTULO SEGUNDO
De los derechos y obligaciones políticos electorales de los ciudadanos
CAPÍTULO PRIMERO
De los derechos
Artículo 4o. El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo mexicano.
Votar en la elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano mexicano que se ejerce para cumplir la función pública de integrar los órganos del Estado de elección popular.
El voto es universal, libre, secreto y directo. En los Estados Unidos Mexicanos las autoridades garantizarán la libertad y secreto de voto.
Artículo 5o. Deberán ejercer el derecho del sufragio, en los términos de este Código, los ciudadanos mexicanos, varones y mujeres, que hayan cumplido dieciocho años, se encuentren inscritos en el padrón electoral, y no se encuentren comprendidos dentro de los supuestos siguientes:
I. Estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde que se dicte auto de forma prisión;
II. Estar extinguiendo pena corporal;
III. Estar sujeto a interdicción judicial, o interno en establecimiento público o privado para toxicómanos o enfermos mentales;
IV. Ser declarado vago o ebrio consuetudinario, en tanto no haya rehabilitación;
V. Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta la prescripción de la acción penal;
VI. Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación, y
VII. Los demás que señale este Código.
Artículo 6o. Para el ejercicio de sus derechos políticos electorales, los ciudadanos mexicanos podrán organizarse libremente en partidos políticos y agruparse en asociaciones políticas en los términos previstos en el Libro Segundo de este Código.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las obligaciones
Artículo 7o. son obligaciones de los ciudadanos mexicanos:
I. Inscribirse en el padrón electoral, en los términos que señalan los artículos del 108 al 116 de este Código;
II. Votar en las elecciones federales en la casilla electoral que corresponda a su domicilio, salvo las excepciones que establece este Código;
III. Desempeñar los cargos federales para los que sean electos popularmente, y
IV. Desempeñar en forma gratuita las funciones electorales para las que sean requeridos.
Artículo 8o. Los organismos electorales que designen y expidan el nombramiento a un ciudadano para desempeñar una función electoral, podrán excusarlo de su cumplimiento únicamente por causa justificada o de fuerza mayor, con base en las pruebas aportadas por el ciudadano.
Será causa justificada del ciudadano que reciba un nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, el haber sido designado representante de un partido político para el día de la jornada electoral.
CAPÍTULO TERCERO
De los requisitos de elegibilidad
Artículo 9o. Son requisitos para ser diputado federal:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
III. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella;
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma celebre.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular;
IV. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella;
V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección.
Los Gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el período de su cargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
Los Secretarios de Gobierno de los Estados, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones sino se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes de la elección;
VI. No ser Ministro de algún culto religioso;
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59 constitucional y que se enuncian en el artículo 12 de este Código;
VIII. No ser Diputado de la Legislatura Local, salvo que se separe de sus funciones 3 meses antes de la fecha de elección de que se trate;
IX. No ser presidente municipal o delegado político en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna, las mismas funciones, salvo que se separe del cargo seis meses antes de la fecha de elección.
X. No ser Magistrado o Secretario del Tribunal de los Contencioso Electoral;
XI. No ser miembro de la Comisión Federal Electoral, ni de las Comisiones Locales, ni de los Comités Distritales Electorales, salvo que se separe de sus funciones seis meses antes de la fecha de la elección de que se trate; y
XII. Contar con su credencial permanente de elector o estar inscrito en el padrón electoral.
Artículo 10. Los partidos políticos podrán registrar un máximo de 30 candidatos a diputados federales por mayoría relativa y representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.
Artículo 11. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para diputado, excepto el de la edad, que será la de treinta años cumplidos el día de la elección.
Artículo 12. Los senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato.
Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Artículo 13. Para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento;
II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército, seis meses antes del día de la elección;
VI. No ser secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento Administrativo, Procurador General de la República, ni Gobernador de algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y
VII. No haber desempeñado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto.
TÍTULO TERCERO
De la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo
CAPÍTULO PRIMERO
De la integración del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 14. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.
La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. La totalidad de la Cámara se removerá cada tres años.
Se entiende por Distrito Federal Uninominal de la demarcación territorial donde se elegirá a un diputado por el principio de mayoría relativa, y por circunscripción aquélla donde se elijan un número determinado de diputados por el sistema de listas regionales según el principio de representación proporcional.
La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, electos directamente por mitad cada tres años, conforme al principio de mayoría relativa. Por cada diputado y senador propietario se elegirá un suplente.
Artículo 15. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales para la elección de los diputados por mayoría, relativa será la que resulte de dividir la población total del país entre el número de distritos electorales señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones plurinominales en el país, en los términos señalados en este Código.
Artículo 16. La elección de los diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, se sujetará a las disposiciones legales previas en los artículos 52, 53 y 54 constitucionales, y a lo que en lo particular dispone este Código.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 17. En los términos del artículo 80 de la Constitución el Poder Ejecutivo de la Unión se ejerce por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 18. La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será directa y por el principio de mayoría relativa en toda la República. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años.
CAPÍTULO TERCERO
De las elecciones ordinarias y extraordinarias
Artículo 19. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer miércoles de septiembre del año que corresponda, para elegir.
I. Diputados federales, cada tres años;
II. Senadores, la mitad de los integrantes de la Cámara, cada tres años; y
III. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.
Artículo 20. Las elecciones extraordinarias, se sujetarán a lo dispuesto por este Código y a lo que en particular establezca la convocatoria que al efecto expida el Congreso de la Unión, o, en su caso, la Cámara respectiva.
Artículo 21. En el caso de vacantes de miembros del Congreso de la Unión, electos por votación relativa, la Cámara de que se trate convocará a elecciones extraordinarias.
Las vacantes de los miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, se cubrirán con los candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, después de haberse asignado los diputados que le hubiesen correspondido.
Las elecciones extraordinarias que se celebren para Presidente de la República con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 constitucional se sujetarán a este Código y a las disposiciones de la convocatoria que al efecto expida el Congreso de la Unión.
Cuando se declare nula una elección, la convocatoria para la extraordinaria, deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la declaratoria de nulidad.
Artículo 22. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias, no podrán restringir los derechos que este Código reconoce a los ciudadanos mexicanos y a los partidos políticos nacionales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.
Artículo 23. La Comisión Federal Electoral podrá ampliar los plazos fijados en este Código a las diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya imposibilidad material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se establecen.
En el casó de elecciones extraordinarias, la Comisión ajustará dichos plazos, conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva.
LIBRO SEGUNDO
De las organizaciones políticas
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 24. Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en este Código, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del público, de acuerdo con los programas, principales e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Artículo 25. El presente libro regula los procedimientos para la constitución, registro, desarrollo y disolución de los partidos políticos, las formas específicas de su intervención y responsabilidad en el proceso electoral y el desarrollo de sus actividades. Además las garantías para el cumplimiento de sus fines, el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus prerrogativas en los términos dispuestos por este Código.
Los partidos políticos gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales.
Artículo 26. La denominación de "partido" se reserva en los términos de este Código a las organizaciones que estén registradas ante la Comisión Federal Electoral como partidos políticos.
TÍTULO SEGUNDO
De los partidos nacionales y su función
CAPÍTULO PRIMERO
De su función
Artículo 27. Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones establecidos en la Constitución y este Código, la acción de los partidos políticos deberá:
I. Propiciar la participación democrática de los ciudadanos mexicanos en los asuntos públicos;
II. Promover la formación ideológica de sus militantes, fomentando el amor, respeto y reconocimiento a la Patria y a sus héroes, y la conciencia de solidaridad internacional en la soberanía, en la independencia y en la justicia;
III. Coordinar acciones políticas y electorales conforme a sus principios, programas y estatutos;
IV. Fomentar discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre objetivos nacionales a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos; y
V. Estimular la observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus actividades.
Artículo 28. La Comisión Federal Electoral, vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley y que cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
CAPÍTULO SEGUNDO
De su constitución y registro
Artículo 29. Toda organización que pretenda constituirse como partido político, deberá formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades.
Artículo 30. La declaración de principios contendrá, necesariamente:
I. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;
II. Las bases ideológicas de carácter político, económico y social que postule;
III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o rechazar, en su caso, toda clase de apoyo económico, político y propagandístico proveniente de entidades o partidos políticos u organizaciones extranjeras ni de ministros de los cultos de cualquier religión o secta; y
IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
Artículo 31. El programa de acción determinará las medidas para:
I. Realizar sus principios y alcanzar sus objetivos enunciados en su declaración de principios;
II. Proponer las políticas para resolver los problemas nacionales;
III. Ejecutar las acciones relativas a la formación ideológica y política de sus afiliados; y
IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.
Artículo 32. Los estatutos establecerán:
I. La denominación del propio y el emblema y color o colores, exentos de alusiones religiosas o raciales, que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos;
II. Los procedimientos de afiliación, así como los derechos y obligaciones de sus miembros;
III. Los procedimientos internos para la renovación de sus dirigentes y la integración de sus órganos, así como sus respectivas funciones, facultades y obligaciones. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:
a) Una asamblea nacional;
b) Un comité nacional u organismo equivalente, que tenga la representación del partido en todo el país;
c) Un comité u organismo equivalente en cada una, cuando menos, de la mitad de las entidades federativas o en la mitad de los distritos electorales uninominales en que se divide el país, pudiendo también integrar comités regionales que comprendan varias entidades federativas;
IV. Las normas para la postulación de sus candidatos;
V. La obligación de presentar una plataforma electoral, mínima para cada elección en que participen, congruente con su declaración de principios y programas de acción, misma que sus candidatos sostendrán en la campaña electoral respectiva; y
VI. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas.
Artículo 33. Para que una organización pueda ostentarse como partido político, ejercer los derechos y disfrutar de las prerrogativas que le son propias, se requiere que se constituya, conforme a lo que disponen los artículos 29, 30, 31, 32 y 34 de este Código y, solicite y obtenga su registro en la Comisión Federal Electoral, con arreglo a los requisitos y procedimientos que señala el propio Código.
Artículo 34. Son requisitos para constituirse como partido político nacional, en los términos de este Código, los siguientes:
I. Contar con 3 mil afiliados en cada una, cuando menos, de la mitad de las entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, cuando menos, en cada una de la mitad de los distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior a 65 mil;
II. Haber celebrado, en cada una de las entidades federativas o de los distritos electorales a que se refiere la fracción anterior, una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario acreditado para tal efecto por la Comisión Federal Electoral, quien certificará:
a) Que concurrieron a la asamblea estatal o distrital el número de afiliados que señala la fracción I de este artículo, que aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatuto y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación;
b) Que con las personas mencionadas en el inciso anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, el número de la credencial de elector, y su residencia, y
c) Que, igualmente, se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el resto del país, con el objeto de satisfacer el requisito del mínimo de 65 mil miembros exigido por este artículo. Estas listas contendrán los datos requeridos por el inciso anterior; y
III. Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva ante la presencia de cualquiera de los funcionarios a que se refiere la fracción II de este artículo, quien certificará:
a) Que asistieron los delegados propietarios o suplente, elegidos en las asambleas estatales o distritales;
b) Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en la fracción II;
c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de la credencial de elector u otro documento fehaciente; y
d) Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos.
Artículo 35. Para obtener su registro como Partido Nacional, las organizaciones interesadas deberán haber satisfecho los requisitos a que se refieren los artículos del 29 al 34 de este Código, y presentado para tal efecto su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, acompañándola de las siguientes constancias:
I. Los documentos que contengan la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos;
II. Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción del artículo anterior, y
III. Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de la asamblea nacional constitutiva.
Artículo 36. La Comisión Federal Electoral al recibir la solicitud de la organización política que pretenda su registro político, integrara una subcomisión para examinar los documentos básicos a que se refiere el artículo anterior, con el propósito de verificar la realización de las asambleas constitutivas señaladas en el artículo 34. La subcomisión conformará el proyecto de dictamen de registro, del que conocerá y resolverá la Comisión Federal Electoral.
Artículo 37. La Comisión Federal Electoral, con base en el proyecto de dictamen de la subcomisión y dentro del plazo de 120 días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.
Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente, haciendo constar el registro. En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados; su resolución será definitiva y no admitirá recurso alguno. Toda resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 38. El costo de las certificaciones requeridas para la constitución y registro de un partido político, serán con cargo al presupuesto de la Comisión Federal Electoral. Los funcionarios autorizados por este Código para expedirlas, están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.
TÍTULO TERCERO
De los derechos y obligaciones de los partidos políticos nacionales
CAPÍTULO PRIMERO
De sus derechos
Artículo 39. Son derechos de los partidos políticos nacionales:
I. Ejercer la corresponsabilidad que la Constitución y este Código les confiere en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;
II. Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades;
III. Recibir las prerrogativas y el financiamiento público en los términos de este Código;
IV. Postular candidatos en las elecciones federales;
V. Participar en las elecciones estatales y municipales, en los términos del último párrafo del artículo 41 de la Constitución;
VI. Formar parte de la Comisión Federal Electoral, de las comisiones locales y comités distritales electorales;
VII. Proponer nombres de ciudadanos para desempeñar los cargos de escrutadores, propietarios y suplentes, en las mesas directivas de casilla;
VIII. Nombrar representantes ante las mesas directivas de casillas;
IX. Nombrar representantes generales; y
X. Los demás que les otorgue este Código.
Artículo 40. Los partidos políticos tendrán el derecho a nombrar los representantes a que se refiere la fracción VIII del artículo anterior, siempre y cuando postulen candidatos en la elección que corresponda.
Artículo 41. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar como mínimo 15 representantes generales que se refiere la fracción IX del artículo 39 para cada distrito electoral uninominal, sin perjuicio de que el Comité Distrital pueda determinar un número mayor de acuerdo a las peculiaridades del Distrito de que se trate.
Artículo 42. Los partidos políticos tendrán derecho a que la Comisión Federal Electoral les expida la constancia de su registro.
Artículo 43. No podrán formar parte de un organismo electoral o ser representantes de un partido político, quienes se encuentran bajo los siguientes supuestos:
I. Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;
II. Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;
III. Ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral;
IV. Ser miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o de la policía federal, estatal o municipal; y
V. Ser agente del ministerio público federal o local.
Artículo 44. Para poder participar en las elecciones, los partidos deberán obtener su registro, por lo menos, con un año de anticipación al día de la elección.
CAPÍTULO SEGUNDO
De sus obligaciones
Artículo 45. Son obligaciones de los partidos políticos:
I. Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro;
II. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados;
III. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;
IV. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección nacional, estatales, distritales, y cuando así lo establezcan sus estatutos, los municipales y regionales;
V. Contar con domicilio social para sus órganos directivos;
VI. Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de carácter teórico, trimestral;
VII. Sostener un centro de formación política;
VIII. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, la plataforma electoral mínima que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate;
IX. Registrar listas regionales completas de candidatos a diputados según el principio de representación proporcional, en todas las circunscripciones plurinominales de la elección de que se trate;
X. Registrar fórmulas de candidatos a diputados federales por mayoría relativa, por lo menos en 100 Distritos Electorales Uninominales;
XI. Comunicar a la Comisión Federal Electoral cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o estatuto y los cambios de sus órganos directivos o de su domicilio social, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que lo hagan;
XII. Designar a sus representantes en el Comité Técnico y de Vigilancia en las Comisiones Estatales de Vigilancia en los Comités Distritales de Vigilancia del Registro Nacional de Electores;
XIII. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia con partidos políticos, organismos o entidades extranjeras y de ministros de culto de cualquier religión o secta; y
XIV. Las demás que establezca este Código.
Artículo 46. Corresponde a los partidos políticos solicitar ante la Comisión Federal Electoral, que se investiguen las actividades de otros partidos, cuando exista motivo fundado para considerar que incumplen alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a los preceptos constitucionales o legales.
Artículo 47. Los dirigentes y los representantes de los partidos políticos son responsables, civil y penalmente, por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.
TÍTULO CUARTO
De las prerrogativas de los partidos políticos nacionales
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 48. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:
I. Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión;
II. Gozar del régimen fiscal que se establece en este Código y en las leyes de la materia;
III. Disfrutar de las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; y
IV. Participar en los términos del Título Quinto de este libro, del financiamiento público correspondiente para sus actividades.
Artículo 49. Las prerrogativas de los partidos políticos, en materia de radio y televisión tendrán por objeto la difusión de sus bases ideológicas de carácter político, económico y social que postulen, la libre expresión de las ideas, en los términos del artículo sexto constitucional y de las leyes de la materia, y las acciones que pretendan tomar para realizar sus principios, alcanzar sus objetivos y las políticas propuestas para resolver los problemas nacionales.
Artículo 50. La Comisión de Radiodifusión es el organismo técnico, encargado de la producción y difusión de los programas de radio y televisión de los partidos políticos y de las aperturas de los tiempos correspondientes.
Artículo 51. Cada uno de los partidos políticos tendrá derecho de acreditar, ante la Comisión de Radiodifusión, un representante con facultades de decisión sobre la elaboración de los programas de su partido.
Artículo 52. Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio, en los canales de televisión, cada partido político disfrutará de un tiempo mensual de 15 minutos en cada uno de estos medios de comunicación.
La duración de las transmisiones serán incrementadas en períodos electorales.
En el caso de las coaliciones éstas serán consideradas como un solo partido político y por lo mismo, no serán acumulables las prerrogativas a que se refieren los párrafos anteriores.
Artículo 53. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos y de la Comisión Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general para el tiempo estatal en la radio y la televisión. La Comisión Federal Electoral cuidará que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional.
Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de los partidos podrán transmitirse programas en cobertura regional. Estos programas no excederán de la mitad del tiempo asignado a cada partido para sus programas de cobertura nacional y se transmitirán además de éstos.
Artículo 54. Los partidos políticos harán uso de su tiempo mensual en dos programas semanales. El orden de presentación de los programas de los partidos políticos se hará mediante sorteo en forma semestral.
Artículo 55. La Comisión de Radiodifusión determinará las fechas, los canales, estaciones y los horarios de las transmisiones. Asimismo, tomará las previsiones necesarias para que la programación que corresponda a los partidos políticos, tenga la debida difusión a través de la prensa de circulación nacional.
Artículo 56. Los partidos políticos deberán presentar, con la debida oportunidad, a la Comisión de Radiodifusión, los guiones técnicos para la producción de sus programas, mismos que se realizarán en los lugares que para tal efecto disponga ésta. Los guiones deberán ajustarse a las posibilidades técnicas del órgano de producción.
La Comisión de Radiodifusión contará con los elementos humanos y técnicos suficientes para la producción de los programas.
Artículo 57. Los partidos políticos tendrán derecho además del tiempo regular mensual a que se refiere el artículo 52, a participar conjuntamente, en un programa especial que establecerá y coordinará la Comisión de Radiodifusión, para ser transmitido por radio y televisión dos veces al mes.
Artículo 58. La Comisión de Radiodifusión gestionará el tiempo, en la red y en la radio y la televisión, que sea necesario para la difusión de sus actividades.
En todo tiempo la Comisión de Radiodifusión, tomando en cuenta las experiencias y los estudios técnicos que realice, podrá solicitar la ampliación de los tiempos asignados a los partidos políticos en la radio y televisión, así como la frecuencia de sus transmisiones en estos medios de comunicación.
Artículo 59. La Comisión Federal Electoral dictará los acuerdos pertinentes a fin de que el ejercicio de esta prerrogativa, en períodos electorales extraordinarios, se realice con las modalidades de tiempos, coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión de los programas de los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo de transmisión de los partidos, no se computará con el utilizado en emisiones de cobertura nacional.
Artículo 60. Los partidos políticos durante sus campañas electorales, deberán observar lo siguiente:
I. Fijarán sus carteles, en los bastidores y mamparas colocados en los espacios que para tal efecto haya reservado en cada distrito electoral, la Comisión Federal Electoral;
II. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso público a las bases y procedimientos que convengan la Comisión Federal Electoral, las Comisiones Locales y los Comités Distritales, con las autoridades federales, estatales y municipales;
III. No fijarán la propaganda en los edificios públicos, y monumentos a que se refiere la ley de la materia;
IV. Convendrán con los propietarios la fijación de propaganda en lugares de propiedad privada; y
V. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje ni perjudique a los elementos que formen el entorno natural. En consecuencia, se abstendrán de utilizar con estos fines, accidentes orográficos tales como cerros, colinas, barrancas o mon - tañas.
TÍTULO QUINTO
Del régimen financiero de los partidos políticos nacionales
CAPÍTULO I
Del financiamiento público
Artículo 61. Los partidos políticos en complemento de los ingresos que perciban por las aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:
I. La Comisión Federal Electoral determinará con base en los estudios que realice, el costo mínimo de una campaña electoral para diputado. Esta cantidad será multiplicada por el número de candidatos a diputados de mayoría relativa registrados en los términos de este Código para cada elección. El monto que resulte de la anterior operación se dividirá por mitades será distribuida de acuerdo al número de votos válidos que cada partido político hubiese obtenido en la última elección para diputados federales por mayoría relativa y, la otra mitad, será distribuida de acuerdo a los diputados federales que hubiesen obtenido en la misma elección, por cualquiera de los dos sistemas;
II. La cantidad que se distribuya según los votos, se dividirá entre la votación efectiva para determinar el importe unitario por voto. A cada partido se le asignará esa cantidad tantas veces como votos haya alcanzado;
III. La cantidad que se distribuya según las curules, se dividirá entre el número de miembros de la Cámara de Diputados para determinar el importe unitario por cada curul. A cada partido se le asignará esa cantidad tantas veces como curules haya tenido;
IV . El financiamiento a que se refieren las fracciones anteriores se determinará una vez que las elecciones hayan sido calificadas por el Colegio Electoral en la Cámara de Diputados;
V. Los partidos políticos recibirán el monto de su financiamiento en tres anualidades, durante los tres años siguientes a la elección; la primera por el veinte por ciento del total, la segunda por el treinta por ciento y la última por el cincuenta por ciento: cada monto será distribuido conforme al calendario aprobado anualmente;
Para los efectos de la segunda y tercera anualidad a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Federal Electoral, propondrá los incrementos que considere necesarios;
VI. No tendrán derecho al financiamiento público los partidos políticos que no hubiesen obtenido el 1.5% de la votación nacional, para efecto de la conservación del registro, no obstante que sus candidatos hubiesen obtenido curules en la elección de diputados de mayoría relativa; y
VII. En el caso de las coaliciones a que se refieren los artículos 83 al 92 de este Código, el financiamiento público se le otorgará a la coalición.
CAPÍTULO II
Del régimen fiscal de los partidos
Artículo 62. Los partidos políticos no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes:
I. Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;
II. Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación o arrendamiento de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como por los ingresos provenientes de donaciones de bienes en numerario o en especie;
III. El relativo a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos y, en general, para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y
IV. Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 63. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior, no se aplicarán en los siguientes casos:
I. En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad, división, consolidación, traslación y mejora así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; y
II. De los impuestos y derechos que establezcan los Estados por la prestación de los servicios públicos municipales.
Artículo 64. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 62, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.
Artículo 65. Los partidos políticos disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el cumplimiento de su programa de acción.
Artículo 66. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:
I. Sólo podrán hacer uso de las franquicias postales los comités nacionales, regionales, estatales, distritales y municipales de cada partido;
II. Los partidos políticos acreditarán ante la Secretaría Técnica de las Comisión Federal Electoral, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas.
La Secretaría Técnica comunicará a la autoridad competente los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados;
III. Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités regionales, estatales y distritales podrán remitirlas a su comité nacional y a los comités afiliados de sus respectivas demarcaciones territoriales;
IV. La Comisión Federal Electoral, escuchando a los partidos políticos, gestionará ante la autoridad competente el señalamiento de la oficina y oficinas en la que éstos harán los depósitos de su correspondencia, a fin de que sean dotadas de los elementos necesarios para su manejo.
Los representantes autorizados y registrados por cada Comité ante la Secretaría Técnica de la Comisión Federal Electoral, deberán facturar los envíos y firmar la documentación respectiva;
V. Las franquicias postales de los partidos políticos ampararán sus envíos dentro del territorio nacional; y
VI. Los partidos políticos deberán hacer la mención de manera visible en su correspondencia, que ésta proviene de partido remitente.
Artículo 67. Los franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del territorio nacional y se sujetarán a las siguientes reglas:
I. Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas sus comités nacionales, estatales y distritales;
II. Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República, y los comités regionales, estatales y distritales para comunicarse con su Comité Nacional, los comités y afiliados de sus respectivas demarcaciones;
III. Las franquicias serán utilizadas en sus respectivas demarcaciones por dos representantes autorizados por cada uno de los comités. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán en la Secretaría Técnica de la Comisión Federal Electoral y ésta los hará saber a la autoridad competente;
IV. La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio, y los textos de telegramas se ajustarán a las disposiciones de la materia; y
V. La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos de interés personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma ciudad o zona urbana de giro.
Artículo 68. La Comisión Federal Electoral establecerá en su presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos que se originen en el cumplimiento de lo dispuesto en este Código.
TÍTULO SEXTO
De las asociaciones políticas nacionales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 69. Los ciudadanos mexicanos podrán constituir asociaciones políticas nacionales. Las que se formen en los términos de este Código, serán auspiciadas por el Estado. Estas organizaciones tendrán como objetivos contribuir a la discusión política e ideológica y a la participación política en los asuntos públicos.
CAPÍTULO SEGUNDO
De su constitución y registro
Artículo 70. Son requisitos para constituirse como Asociación Política Nacional en los términos de este Código, los siguientes:
I. Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país;
II. Establecer un órgano directo de carácter nacional y con delegaciones cuando menos, en diez entidades federativas de distinta región geográfica;
III. Haber efectuado como grupo u organización actividades políticas continuas, cuando menos, durante los dos últimos años;
IV. Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla;
V. Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o raciales, que la distingan de cualquier partido político o de alguna otra asociación política; y
VI. Haber aprobado los lineamientos ideológicos que la caracterizan y las normas que rijan su vida interna.
Artículo 71. Para obtener su registro como asociación política nacional, la agrupación de ciudadanos interesada deberá haber satisfecho los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y presentado para tal efecto su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, acompañándola de lo siguiente:
I. Las listas nominales de sus asociados, conforme a lo previsto en la fracción I del artículo que antecede;
II. Las constancias de que tiene un órgano directivo de carácter nacional y las respectivas delegaciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior;
III. Los comprobantes de haber efectuado actividades políticas continuas durante los dos años anteriores a la fecha de su solicitud de registro y de haberse constituido como centro de difusión de su propia ideología; política, y
IV. Los documentos públicos indubitables que contengan su denominación, sus lineamientos ideológicos y sus normas internas.
CAPÍTULO TERCERO
De sus derechos y obligaciones
Artículo 72. Las asociaciones políticas nacionales a partir de su registro tendrán personalidad jurídica propia y los derechos y obligaciones establecidos en este Código.
Artículo 73. La Comisión Federal Electoral estimulará el desarrollo de las asociaciones políticas nacionales, extendiendo para ellas las siguientes prerrogativas:
I. Las franquicias postales y telegráficas determinadas para los partidos políticos; y
II. Apoyos materiales para sus tareas editoriales.
Artículo 74 Los dirigentes y los representantes de las asociaciones políticas son responsables, civil y penalmente, por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 75. Las asociaciones políticas nacionales, conservando su responsabilidad jurídica, sólo podrán participar en las elecciones federales cuando hayan obtenido su registro, por lo menos, con seis meses de anticipación al día de la elección y previo convenio de incorporación celebrado con un partido político nacional registrado, en los términos del artículo siguiente.
Artículo 76. El convenio de importación que celebre una asociación política nacional con un partido político para participar en las elecciones federales contendrá:
I. La elección que lo motiva;
II. La candidatura o las candidaturas propuestas por la asociación al partido político y aceptadas por éste; y
III. Los nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos.
Artículo 77. La solicitud de registro de la candidatura o propuesta por la asociación política al partido político será presentada por ésta para su registro ante la Comisión Federal Electoral. Una vez registrado un convenio de incorporación, la Comisión Federal Electoral dispondrá dentro del término de diez días hábiles, sus publicación en el Diario Oficial de la Federación. En todo caso, la respectiva candidatura o las candidaturas serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de dicho partido político.
En la propaganda electoral se podrá mencionar a la asociación incorporada.
Artículo 78. Los derechos que le correspondan a las asociaciones políticas nacionales con motivo de su participación en elecciones federales, inclusive los relativos a impugnaciones de los actos o acuerdos de los organismos electorales deberán hacerse valer por conducto de los comisionados y representantes de los partidos políticos a los cuales se hayan incorporado.
TÍTULO SÉPTIMO
De los frentes, coaliciones y fusiones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 79. Los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales podrán confederarse aliarse o unirse, con el fin de constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.
Para fines electorales, todos los partidos políticos tienen el derecho de formar coaliciones a fin de postular candidatos en las elecciones federales.
En este caso deberán presentar una plataforma ideológica electoral mínima común, en los términos del artículo 45. fracción VIII, de este Código.
CAPÍTULO II
De los frentes
Artículo 80. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar:
I. Duración;
II. Las causas que lo motiven; y
III. La forma en que convenga ejercer en común sus prerrogativas, dentro de los señalamientos de este Código.
Artículo 81. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá comunicarse a la Comisión Federal Electoral, la que dentro del término de diez días hábiles dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos.
Artículo 82. Los partidos políticos y Asociaciones Políticas Nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su registro y su identidad.
CAPÍTULO III
De las coaliciones
Artículo 83. Los partidos políticos podrán celebrar convenios de coalición para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Senadores, así como para la de Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional.
En todos los casos, los candidatos de las coaliciones se presentarán bajo el registro y emblema o emblemas del partido o partidos políticos registrados y coaligados.
Artículo 84. Los partidos políticos coaligados para los efectos de la integración de los organismos electorales y sus sesiones, actuarán como un solo partido, acreditarán a un comisionado y no será compatible la actuación de otros comisionados ni la acumulación de los votos que corresponda a los partidos coaligados.
Artículo 85. Los partidos políticos que convengan en coaligarse podrán conservar su registro al término de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes del 1.5% de la votación nacional que requiere cada uno de los partidos coaligados.
Artículo 86. Los votos que obtengan los candidatos de una coalición serán para el partido o partidos bajo cuyo emblema o emblemas o colores participaron, en los términos señalados en el convenio de coalición.
Artículo 87. La coalición se formará con dos o más partidos políticos nacionales y postulará sus propios candidatos en las elecciones federales.
En la elección para senadores, la coalición comprenderá la fórmula de candidatos.
En la elección de diputados por representación proporcional, la coalición será para todas las circunscripciones plurinominales y deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa, en por lo menos dos terceras partes de los 300 distritos electorales. En los distritos electorales uninominales, las coaliciones comprenderán la fórmula de candidatos propietario y suplente.
Artículo 88. El convenio de coalición contendrá:
I. Los partidos políticos que la forman;
II. La elección que la motiva;
III. El nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos;
IV. El cargo para el que se les postula;
V. El emblema o emblemas y el color o colores del partido bajo los cuales participarán;
VI. La forma para ejercer en común sus prerrogativas y la distribución del financiamiento público establecido en el presente Código;
VII. La indicación del partido que representará a la coalición ante los organismos electorales, en los términos de los artículos 83 y 84 de este Código;
VIII. El orden de prelación para conservación del registro en el caso de que no se de el supuesto contenido en el artículo 85; y
IX. Señalará por cada distrito electoral uninominal a qué partido político pertenece el candidato registrado por la coalición.
Artículo 89. El convenio de coalición deberá presentarse para su registro ante la Comisión Federal Electoral a más tardar la semana anterior al día, en que se inicie el registro de candidatos. En el caso de elecciones extraordinarias por mayoría relativa, se estará al término que para el registro de candidaturas señala la convocatoria.
Una vez registrado un convenio de coalición, la Comisión Federal Electoral dispondrá, dentro del término de diez días hábiles, su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 90. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.
Artículo 91. Concluida la elección, automáticamente termina la coalición. Al término de ella conservarán su registro los partidos políticos que hayan cumplido con lo dispuesto en el artículo 85 de este Código.
Artículo 92. Dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero para ello es indispensable el consentimiento de éste.
Los votos se computarán a favor de cada uno de los partidos políticos que los haya obtenido y se sumarán en favor del candidato.
CAPÍTULO IV
De las fusiones
Artículo 93. Los partidos políticos podrán fusionarse entre sí y, con ellos, las asociaciones políticas nacionales. La fusión tendrá por objeto la formación de un nuevo partido, o la subsistencia de uno de ellos en los términos del convenio que celebren.
En todo caso, el convenio podrá establecer cuáles son las características del nuevo partido, o cuál de los partidos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro, y qué partido o partidos quedarán fusionados.
El convenio de fusión deberá comunicarse a la Comisión Federal Electoral, la que resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término de 30 días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse a la Comisión Federal Electoral, por lo menos una semana anterior al día en que se inicie el registro de candidatos.
TÍTULO VIII
De la pérdida del registro de los partidos y asociaciones políticas nacionales
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 94. Son causas de pérdida de registro de un partido político:
I. No obtener el 1.5% de la votación nacional, en ninguna de las elecciones federales;
II. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
III. Incumplir con las obligaciones que le señala el Código;
IV. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme a lo que establezcan sus estatutos;
V. Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo 93 de este Código;
VI. No publicar ni difundir en cada elección federal en que participe, su plataforma electoral mínima;
VII. Aceptar tácita o expresamente propaganda proveniente de partidos o entidades del exterior y de ministros de culto de cualquier religión o secta.
Artículo 95. La resolución de la Comisión Federal Electoral sobre la pérdida del registro de un partido político se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 96. Para la pérdida del registro a que se refiere la fracción I del artículo 94, la Comisión Federal, deberá emitir la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados que determinen los colegios electorales respectivos, una vez calificadas las elecciones.
Artículo 97. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.
Artículo 98. Son causas para la pérdida del registro de una asociación política nacional:
I. Haber dejado de satisfacer los requisitos necesarios para obtener su registro;
II. Incumplir las obligaciones que establece este Código;
III. Haber sido declarada disuelta por acuerdo de la mayoría de sus miembros; y
IV. Haberse fusionado con otra organización política, según lo previsto por el artículo 93 de este Código.
LIBRO TERCERO
Del Registro Nacional Electores
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
De su integración
Artículo 99. El Registro Nacional de Electores es el organismo técnico, dependiente de la Comisión Federal Electoral, encargado de inscribir a los ciudadanos mexicanos en el padrón electoral único, de mantenerlo permanentemente depurado y actualizado, y de elaborar las listas nominales de electores.
Artículo 100. El Registro Nacional de Electores se integra por:
I. Una oficina central, con residencia en el Distrito Federal;
II. Delegaciones estatales, con residencia en la capital de la entidades federativas y las delegación del Distrito Federal;
III. Delegaciones distritales, con residencia en la cabecera de cada uno de los distritos electorales uninominales;
IV. Delegaciones municipales, con residencia en la cabecera de cada uno de los municipios que integran al país; y
V. Las coordinaciones de zona que determine el Director General, previo acuerdo del Presidente de la Comisión Federal Electoral, con residencia en la capital de alguna de las entidades que la zona comprenda.
La oficina central ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, y las delegaciones y coordinaciones de zona en sus respectivos ámbitos.
Artículo 101. El Registro Nacional de Electores podrá establecer, además de las delegaciones estatales, distritales, municipales y coordinaciones de zona, oficinas en aquellos lugares que estime conveniente para el mejor desempeño de sus funciones, así como encomendar a oficinas federales, y convenir con las estatales y municipales, funciones auxiliares de registro.
Artículo 102, Tanto las distintas delegaciones del Registro Nacional de Electores, como las oficinas previstas en el artículo anterior, contarán con un delegado, y con los subdelegados y el personal técnico y administrativo que, de acuerdo con sus necesidades, determine el propio Registro.
CAPÍTULO SEGUNDO
De su estructura
Artículo 103. El Registro Nacional de Electores se estructura de la siguiente manera:
I. Una Dirección General;
II. Una Secretaría General;
III. Un Comité Técnico y de Vigilancia;
IV. Las Delegaciones estatales, distritales y municipales;
V. Las coordinaciones de zona que se requiera; y
VI. Las comisiones estatales y los comités distritales de vigilancia.
CAPÍTULO III
De sus atribuciones
Artículo 104. Son atribuciones del Registro Nacional de Electores:
I. Tramitar la inscripción, en el padrón electoral único, de los ciudadanos que así lo soliciten;
II. Expedir la credencial de elector;
III. Formular y mantener permanentemente actualizado y depurado el padrón electoral único y las listas nominales de acuerdo con las disposiciones de este Código, el Registro Nacional de Electores con la corresponsable participación de los partidos políticos en el seno del Comité Técnico y de Vigilancia, de las Comisiones Estatales de Vigilancia y de los Comités Distritales de Vigilancia, revisará anualmente el grado de depuración y actualización del padrón electoral único y aplicará las medidas necesarias para preservar su máxima confiabilidad;
IV. Entregar a los distintos organismos electorales las listas nominales en los términos previstos por los artículos 124 al 129 de este Código;
V. Proporcionar a los partidos políticos nacionales para su revisión, las listas nominales básicas y las complementarias a través de las delegaciones estatales los días 1o. de enero y 1o. de abril, respectivamente, del año en que se celebren las elecciones; y las definitivas el 1o. de junio del mismo año;
VI. Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en los 300 distritos electorales uninominales y someterlo para su aprobación a la Comisión Federal Electoral;
VII. Formular el proyecto de división del territorio nacional en cinco circunscripciones plurinominales, mismo que deberá ser presentado a la Comisión Federal Electoral para su aprobación;
VIII. Formular las estadísticas de las elecciones federales;
IX. Ejercer su presupuesto aprobado, bajo la vigilancia del presidente de la Comisión Federal Electora;
X. Dirigir su administración interna y disponer de sus recursos materiales;
XI. Gozar de las franquicias postales y telegráficas; y
XII. Las demás que le confiera este Código.
Artículo 105. El Registro Nacional de Electores podrá requerir la colaboración de los ciudadanos para formular y mantener permanentemente actualizado y depurado el padrón electoral único y las listas nominales de electores.
Artículo 106. El Director General del Registro Nacional de Electores tiene las siguientes atribuciones:
I. Someter al acuerdo del Presidente de la Comisión Federal Electoral los asuntos de su competencia;
II. Dirigir y coordinar las actividades del Registro Nacional de Electores en los términos de este Código y ejecutar los acuerdos de la Comisión Federal Electoral y de su Presidente en la espera de la competencia del registro;
III. Concurrir a las sesiones de la Comisión Federal Electoral y rendir informes sobre los asuntos a su cargo; y
IV. Representar al Registro Nacional de Electores en los asuntos en que este sea parte;
V. Ordenar la impresión de las credenciales de elector conforme al modelo que apruebe la Comisión Federal Electoral y firmarlas;
VI. Celebrar convenios con las autoridades competentes, para que en las elecciones estatales y municipales puedan ser utilizados la credencial de elector y el Padrón Electoral único elaborado por el Registro;
VII. Solicitar al Comité Técnico y de Vigilancia, y por su conducto a las Comisiones Estatales de Vigilancia, los estudios y el desahogo de las consultas sobre los asuntos que estime conveniente dentro de la esfera de competencia del registro;
VIII. Informar a la Comisión Federal Electoral o a su Presidente de los estudios, opiniones y recomendaciones presentadas al Registro por el Comité Técnico de Vigilancia y, por su conducto, por las Comisiones Estatales de Vigilancia y por los Comités Distritales de Vigilancia;
IX. Proporcionar al Comité Técnico y de Vigilancia los apoyos y auxilios necesarios para el desarrollo de sus actividades;
X. Afinar, conjuntamente con el Secretario General, las constancias, certificaciones e informes que requieran las Comisión Federal Electoral y aquéllas que por conducto de este organismo le soliciten los partidos políticos;
XI. Vigilar la integración de las estadísticas electorales;
XII. Determinar las coordinaciones de zona que se requieran;
XIII. Nombrar a los servidores públicos que le corresponda;
XIV. Señalar a los servidores del Registro Nacional de Electores las áreas de su respectiva competencia;
XV. Formular el proyecto del Presupuesto de Egresos del Registro Nacional de Electores que presentará el presidente de la Comisión Federal Electoral para su trámite y aprobación legal;
XVI. Ejercer el presupuesto anual de egresos del organismo bajo la supervisión del Presidente de la Comisión Federal Electoral;
XVII. Autorizar la instalación de las delegaciones o de las oficinas que sean necesarias para el mejor desempeño de las funciones del Registro Nacional de Electores;
XVIII. Realizar las visitas de supervisión a las Delegaciones y a las Coordinaciones de zona que estime pertinente, conforme al desarrollo de los trabajos; y
XIX. Los demás que le encomienden este Código, la Comisión Federal Electoral o su Presidente;
Artículo 107. Corresponde al Secretario General del Registro Nacional de Electores:
I. Presidir el Comité Técnico y de Vigilancia;
II. Dar fe de las actuaciones del registro, de manera conjunta con su Director General;
III. Firmar las constancias, certificados e informes que le sean solicitados al registro por la Comisión Federal Electoral;
IV. Registrar el nombre de los integrantes de las comisiones de vigilancia estatales y distritales;
V. Atender las solicitudes de los partidos políticos en los asuntos de su competencia;
VI. Solicitar al Director General del Registro Nacional de Electores los auxilios y apoyo necesarios para el adecuado desempeño de las funciones del Comité Técnico y de Vigilancia; y
VII. Aquéllas que le sean asignadas por el presidente de la Comisión Federal Electoral, el Director General del Registro o por las disposiciones de este Código.
CAPÍTULO IV
De la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral
Artículo 108. Todos los mexicanos que hubieren alcanzado la ciudadanía, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Electores.
La falta de cumplimiento en esta obligación, sin causa justificada, será sancionada en los términos que establece el artículo 38 constitucional.
Es obligación del Registro Nacional de Electores tramitar la inscripción en el Padrón Electoral único de todos los ciudadanos mexicanos que lo soliciten y entregar la constancia correspondiente.
Artículo 109. Es obligación de los ciudadanos mexicanos acudir a la delegación del Registro Nacional de Electores correspondiente a su domicilio, a efecto de solicitar su inscripción en el padrón electoral único.
Artículo 110. Los mexicanos que, en el año de la elección, estén por cumplir 18 años de edad entre el 1o. de marzo y el día de los comicios, deberán solicitar a más tardar el último día de febrero de ese mismo año su inscripción ante el registro Nacional de Electores.
Artículo 111. En el caso de algún ciudadano mexicano residente en el territorio nacional, se encuentre incapacitado físicamente para acudir a inscribirse ante la delegación del Registro Nacional de Electores correspondiente a su domicilio, deberá solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su ciudadanía y su incapacidad. En caso de continuar la incapacidad, el Registro dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial de elector.
Artículo 112. A petición de los ciudadanos, y de manera gratuita, las autoridades federales, estatales y municipales están obligados a otorgar todas aquellas certificaciones y constancias que les sean necesarias para acreditar su residencia, tiempo de la misma y mayoría de edad, a efecto de lograr su inscripción en el padrón electoral único.
Artículo 113. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral único, bajo pena de exclusión del mismo, dar aviso de su cambio de domicilio ante la delegación del Registro Nacional de Electores.
Artículo 114. Los ciudadanos que consideren haber sido incluidos o excluidos indebidamente en las listas nominales del padrón único, podrán solicitar por aclaración escrita a la delegación distrital del Registro Nacional de Electores correspondiente a su domicilio, su inclusión o exclusión del padrón.
En caso de que la delegación desestimara la solicitud, o no resolviera de acuerdo con lo solicitado, el ciudadano podrá interponer el recurso de revisión en los términos establecidos en este Código.
Para estos trámites, el ciudadano podrá ser asesorado por el partido político o por la asociación política a que pertenezca.
Estos recursos podrán ser interpuestos durante los períodos en los cuales se exhiban públicamente las listas básicas y complementarias.
Artículo 115. El trámite de la aclaración ante el Registro Nacional de Electores, a que se refiere el artículo anterior, tiene por objeto lograr la inclusión o exclusión de nombres de ciudadanos en las listas nominales de electores. Se interpondrá ante la oficina central o la delegación correspondiente del Registro Nacional de Electores, en el término establecido para la exhibición de las listas nominales básicas y complementarias.
Artículo 116. la resolución sobre la aclaración será notificada por correo certificado con acuse de recibo o por telegrama, al ciudadano interesado, cuando éste no acuda a la oficina del Registro Nacional de Electores, dentro de los tres días naturales siguientes a aquél en el que se hubiese dictado la resolución.
CAPÍTULO V
De la credencial de elector
Artículo 117. Todo ciudadano inscrito en el padrón electoral único tiene derecho a que se le entregue su credencial, mediante la cual acreditará su carácter de elector y su derecho a votar.
Artículo 118. La credencial de elector deberá contener la información relativa: entidad, municipio, localidad, distrito electoral uninominal y sección electoral correspondientes al domicilio del ciudadano inscrito; la clave de elector; apellido paterno, apellido materno y nombre, domicilio, sexo, edad, huella digital y firma del ciudadano; año de registro; espacios necesarios para anotar año y elección de que se trate, y la firma impresa del Director General del Registro Nacional de Electores.
Artículo 119. El modelo de credencial a utilizar deberá ser aprobado por la Comisión Federal Electoral.
Artículo 120. Toda credencial de elector que sea objeto de alteración, será nula. El día de la elección los presidentes de las casillas las recogerán y, acompañadas del acta que se levante por el secretario, las remitirán a la autoridad competente para que aplique al responsable las sanciones a que se haga acreedor.
Artículo 121. A más tardar el día 31 de julio de año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial se hubiere extraviado o sufrido algún deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la delegación del Registro Nacional de Electores, correspondiente a su domicilio.
CAPÍTULO VI
De las listas nominales de electores
Artículo 122. Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por el Registro Nacional de Electores que contienen el nombre de las personas que pueden ejercitar su voto dentro de una determinada sección electoral.
Artículo 123. La sección electoral es la demarcación territorial en que se dividen los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral único.
Cuando sea necesario dividir un municipio en varios distritos electorales, las listas comprenderán a los electores de cada distrito.
La demarcación de las secciones electorales estará sujeta a la revisión periódica de la división del territorio nacional en distrito electoral, que se efectúe en los términos del artículo 53 constitucional.
Artículo 124. Los comités distritales determinarán el número de casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones electorales comprendidas en su distrito. Para tal efecto, el día primero de abril del año de la elección, recibirán de la respectiva delegación distrital del Registro Nacional de Electores de la información referente al número de empadronados en cada una de las secciones electorales correspondientes al distrito.
Los Comités Distritales, a más tardar el día 21 de abril del año de la elección, comunicarán a la correspondiente delegación distrital del Registro Nacional de Electores el número de casillas que hayan determinado instalar en cada una de las secciones electorales del propio distrito para los efectos de la elaboración de las listas definitivas.
Artículo 125. El Registro Nacional de Electores, por conducto de sus delegaciones estatales, entregará a las delegaciones distritales y éstas a las municipales, las listas nominales de electores, en la forma siguiente:
I. A más tardar el 1o. de enero del año de la elección, las listas básicas para su publicación por sesenta días naturales; y
II. A más tardar el 1o. de abril del año de la elección, las listas complementarias, para su publicación por veinte días naturales.
La publicación se hará en cada delegación municipal, fijando las listas nominales de electores ordenadas alfabéticamente y por secciones, en la cabecera del municipio.
En el Distrito Federal las listas se publicarán, fijándolas en las entradas de la oficinas de las delegaciones distritales del Registro Nacional de Electores.
Artículo 126. Las delegaciones municipales del Registro Nacional de Electores, una vez que hubieren acreditado las observaciones pertinentes, devolverán a las delegaciones estatales las listas nominales básicas y complementarias, sin que en ningún caso la entrega pueda exceder del 2 de marzo y del 21 de abril, respectivamente. Recibidas por el Registro se procederá a introducir en el padrón electoral único las modificaciones del caso.
En el Distrito Federal las delegaciones distritales devolverán las listas a la delegación del Registro Nacional de Electores de la entidad, conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 127. Los partidos políticos que reciban las listas nominales de electores, en los términos 104 fracción V, deberán:
I. Formular por escrito al Registro Nacional de Electores, por conducto de la delegación distrital correspondiente, durante los plazos de exhibición de las listas, sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos en ellas; y
II. Manifestar por escrito su conformidad con las listas publicadas.
Artículo 128. El Registro Nacional de Electores, una vez que reciba las listas nominales básicas y complementarias exhibidas, procederá:
I. A incluir en el padrón único a los ciudadanos inscritos hasta el último día del mes de febrero del año de la elección, fecha en que concluye el empadronamiento;
II. A efectuar los cambios procedentes motivados por las observaciones de los partidos políticos y ciudadanos en general;
III. A imprimir las listas nominales definitivas por sección; y
IV. A entregar las listas nominales definitivas en los términos del artículo siguiente, para su distribución a los organismos electorales, y a los partidos políticos.
Artículo 129. La Delegaciones Estatales del Registro Nacional de Electores deberán entregar, el 1o. de junio del año de la elección, las listas nominales de electores definitivas que contendrán este señalamiento, a las Comisiones Locales Electorales para que las distribuya entre los comités distritales electorales, y estos procedan a su vez de igual manera respecto de los presidentes de casilla.
Artículo 130. Las listas definitivas entregadas en los términos de los artículos que proceden, no podrán modificarse, salvo por causa grave o motivos supervinientes y el organismo tenga posibilidades técnicas para el cambio.
Artículo 131. Los delegados estatales o distritales del Registro Nacional de Electores asesorarán a las comisiones locales y a los comités distritales electorales, a solicitud de su presidente, en el manejo de las listas nominales de electores.
TÍTULO SEGUNDO
De la depuración del padrón electoral
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 132. La depuración y actualización Permanentes del Padrón Electoral tienen como propósito mantener su fidelidad y confiabilidad. Para tal objeto, el Registro Nacional de Electores realizará una labor permanente de depuración y actualización del padrón electoral, la que habrá de suspenderse del día 1o. de junio del año de la elección al día de la celebración de ésta. La Comisión Federal Electoral podrá dictar las medidas extraordinarias que juzgue convenientes.
Los ciudadanos, los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales son corresponsables en esta función y tendrán la obligación de auxiliar al Registro.
Artículo 133. Siempre que lo solicite el Registro Nacional de Electores, las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal deberán proporcionarle la información demográfica, geográfica y estadística que requiera.
Articulo 134. Es obligación de los servidores públicos federales, estatales y municipales, prestar su auxilio al Registro Nacional de Electores, siempre que les sea solicitado, y sea necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro.
Artículo 135. La depuración es el procedimiento técnico censal mediante el cual se excluye del padrón único, a los ciudadanos que:
I. Hayan fallecido;
II. Se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de este Código:
III. Hayan cambiado de domicilio sin efectuar la notificación correspondiente en los términos de este Código; y
IV. En los demás casos que señale este Código.
Artículo 136. el padrón se depurará también en aquellos casos en los que aparezcan inscripciones duplicadas, dejándose sólo la efectuada en el último término.
Artículo 137. Los funcionarios de Registro Civil están obligados a darle aviso al Registro Nacional de Electores, de los fallecimientos de personas mayores de dieciocho años, que registre, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva, en los formularios que para el efecto les proporcione el Registro Nacional de Electores.
Artículo 138. Los jueces que dicten resoluciones relacionadas con alguno de los supuestos previstos en las fracciones I a VI del artículo 5o. de este Código, deberán notificarlas al Registro Nacional de Electores, en los formularios que éste les proporcione, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la respectiva resolución.
Artículo 139. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Registro Nacional de Electores de los casos en que:
I. Expida o cancele cartas de naturalización;
II. Expida certificados de nacionalidad; y
III. Reciba renuncias a la nacionalidad.
El aviso y la documentación necesaria para la identificación de la persona, deberán ser notificados al Registro, en los formularios que éste le proporcione dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se efectúe el supuesto respectivo.
Artículo 140. Las delegaciones municipales del Registro Nacional de Electores, y las distritales en el caso del Distrito Federal, colocarán las listas de las personas excluidas del padrón como consecuencia de su depuración, en lugares visibles durante el período del 15 de febrero del año de la elección. El Registro Nacional de Electores también utilizará los medios de publicidad que estime convenientes para darlas a conocer.
Artículo 141. Cualquier elector, partido político o asociación política nacional puede solicitar, dentro de los plazos previstos por este Código, y previa aportación de los elementos probatorios correspondientes, que se excluya del padrón único del registro de un elector, cuya inscripción debe ser depurada por alguna de las causas que señala este Código.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del procedimiento técnico censal
Artículo 142. El Registro Nacional de Electores podrá utilizar las técnicas censales - electorales por secciones, distritos o municipios, en forma total o parcial, en aquellos casos en los que así lo decida la Comisión Federal Electoral, por su iniciativa o a solicitud del Comité Técnico y de Vigilancia, o de las comisiones estatales o de los comités de vigilancia del propio Registro, a efecto de mantener actualizado el padrón electoral único.
Artículo 143. El Registro Nacional de Electores será el encargado de llevar a cabo, la técnica censal - electoral, siempre que se decida utilizarla, y se auxiliará de aquellos organismos y servidores públicos que este Código determine.
Artículo 144. La Comisión Federal Electoral, el Comité Técnico y de Vigilancia, las comisiones estatales y los Comités Distritales de Vigilancia del Registro Nacional de Electores podrán solicitar, para la aplicación de las técnicas censales - electorales y la correspondiente actualización y depuración del padrón único, a las respectivas autoridades federales estatales y municipales, por conducto del propio Registro, la colaboración ciudadana de los siguientes servidores públicos:
I. Los adscritos a la diversas oficinas del Registro Civil;
II. Los adscritos a escuelas federales, estatales y municipales, ya sea en labores docentes o administrativas; y
III. Aquellos otros que, por las funciones que desempeñan y a juicio de la Comisión Federal Electoral, cuenten con las aptitudes necesarias para colaboraren este tipo de tareas.
Artículo 145. Una vez que el Registro Nacional de Electores analice la información producto de la aplicación de la técnica censal - electoral, procederá a realizar la depuración y actualización del padrón electoral único.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO ÚNICO
De los comités y de las comisiones de vigilancia del Registro Nacional de Electores.
Artículo 146. El Comité Técnico y de Vigilancia, las Comisiones Estatales de Vigilancia y los Comités Distritales de Vigilancia, son los órganos del Registro Nacional de Electores que tienen como función organizar la participación de los partidos políticos, en la integración, depuración y actualización permanente del padrón electoral único.
Artículo 147. El Comité Técnico y de Vigilancia, las Comisiones Estatales de Vigilancia y los Comités Distritales de Vigilancia, sesionarán obligatoriamente por lo menos dos veces al mes a partir del mes de octubre del año anterior a la elección y hasta la fecha de entrega de las listas definitivas de electores a los organismos electorales. Concluido el proceso electoral, reiniciarán sus actividades y se reunirán por lo menos una vez al mes.
De cada sesión habrá de levantarse el acta correspondiente. Los asistentes a la misma tendrán la obligación de suscribirla. En caso de alguna inconformidad ésta deberá consignarse por escrito en la propia acta.
Los representantes de los partidos políticos tendrán derecho a recibir una copia del acta.
Artículo 148. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores se integra por:
I. El Secretario General del Registro Nacional de Electores, quien fungirá como presidente;
II. Un representante propietario y uno suplente por cada uno de los partidos políticos;
III. Un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; y
IV. Un secretario técnico designado por el Director General del Registro Nacional de Electores, de entre los servidores públicos del propio organismo.
Artículo 149. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores tiene las siguientes atribuciones:
I. Vigilar que la división distrital del territorio nacional se efectúe y se mantenga en los términos establecidos por el artículo 53 de la Constitución;
II. Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos se lleve a cabo en los términos establecidos en este Código y conforme a los acuerdos que sobre la materia dicte la Comisión Federal Electoral;
III. Vigilar que el Registro Nacional de Electores entregue oportunamente a los ciudadanos la credencial de elector;
IV. Solicitar, por conducto de la Dirección General del Registro Nacional de Electores, la colaboración de los servidores públicos en los términos de este Código;
V. Solicitar a la Comisión Federal Electoral, por conducto de la Dirección General del Registro Nacional de Electores, que se utilicen las técnicas censales - electorales para la depuración y actualización del padrón único, en forma total o parcial, toda vez lo juzgue conveniente;
VI. Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos para la depuración y actualización del padrón electoral único;
VII. Transmitir a los partidos políticos los informes que presente la Dirección General del Registro Nacional de Electores acerca de los actos de depuración y actualización del padrón electoral único;
VIII. Desahogar las consultas que le formule Dirección General del Registro Nacional Electores; y
IX. Las demás que le confiere el presente Código.
Artículo 150. El Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores desarrollará las acciones necesarias para asegurar que las Comisiones Estatales de Vigilancia se integren, sesiones y funcionen en los términos previstos por este Código, y les prestará el apoyo que sea necesario e informará a la Comisión Federal Electoral del desempeño de sus trabajos.
El Comité Técnico y de Vigilancia deberá, asimismo, informar periódicamente a la opinión pública acerca del estado que guarda la confiabilidad del Padrón Electoral único.
Artículo 151. Las comisiones estatales de vigilancia se integran por;
I. El delegado estatal del Registro Nacional de Electores, quien fungirá como presidente:
II. Un representante propietario y uno suplente de cada uno de los partidos políticos;
III. Un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la Entidad;
IV. Un secretario técnico, que lo será el subdelegado estatal del Registro Nacional de Electores.
Artículo 152. Las Comisiones Estatales de Vigilancia del Registro Nacional de Electores tienen, en su ámbito de responsabilidad, las siguientes atribuciones:
I. Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos se lleve a cabo en los términos establecidos en este Código y conforme a los acuerdos que sobre la materia dicte la Comisión Federal Electoral;
II. Vigilar que el Registro Nacional de Electores entregue oportunamente a los ciudadanos la credencial de elector.
III. Solicitar, por conducto del Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, la colaboración de los servidores públicos en los términos de este Código;
IV. Solicitar a la Comisión Federal Electoral, por conducto del comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se utilicen las técnicas censales electorales para la depuración y actualización, total o parcial, del padrón electoral único, toda vez que lo juzgue conveniente;
V. Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos, para la depuración y actualización del padrón electoral único;
VI, Transmitir a los partidos políticos los informes que presente la Dirección General o la Delegación Estatal del Registro Nacional de Electores acerca de los actos de depuración y actualización del padrón electoral único;
VII. Recibir de la delegación estatal del Registro Nacional de Electores y entregar a los partidos políticos, las listas básicas, complementarias y definitivas del padrón electoral único, en las fechas previstas en este Código;
VIII. Conocer los reportes que presenten los partidos políticos acerca de hechos que, a juicio de éstos, constituyen causas graves que motivaran la modificación de las listas definitivas de electores y comunicarlos al Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de electores para conocimiento de la Comisión Federal Electoral;
IX. Desahogar las consultas que le formule la Delegación Estatal de Registro Nacional de Electores; y
X. Las demás que les confiera el presente Código.
Artículo 153. Las comisiones estatales de Vigilancia del Registro Nacional de Electores desarrollarán las acciones necesarias para asegurar que los comités distritales de vigilancia se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por este Código, y les prestarán el apoyo que sea necesario.
Artículo 154. Las comisiones estatales de vigilancia deberán informar deberán informar mensualmente al Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores sobre el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo informarán acerca de las actividades de los comités distritales de vigilancia correspondientes al ámbito de su responsabilidad.
Artículo 155. Los comités distritales de vigilancia se integran por:
I. El delegado distrital del Registro Nacional de Electores, quien fungirá como presidente:
II. Un representante propietario y uno suplente de cada uno de los partidos políticos nacionales registrados; y
III. Un secretario técnico, que lo será el delegado municipal del Registro Nacional de Electores correspondiente a la cabecera del distrito.
Artículo 156. Los comités distritales de vigilancia del Registro Nacional de Electores tienen, en el ámbito de su responsabilidad, las siguientes atribuciones:
I. Vigilar que el empadronamiento de los ciudadanos que se lleve a cabo en los términos establecidos en este Código y conforme a los acuerdos que sobre la materia dicte la Comisión Federal Electoral;
II. Vigilar que el Registro Nacional de Electores entregue oportunamente a los ciudadanos la credencial de elector;
III. Solicitar, por conducto de la correspondiente Comisión Estatal de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, la colaboración de los servidores públicos en los términos de este Código;
IV. Solicitar a la Comisión Federal Electoral, por conducto de la Comisión Estatal de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que corresponda, que se utilicen las técnicas censales - electorales para la depuración y actualización total o parcial, del padrón electoral único toda vez que lo juzgue conveniente;
V. Recibir las solicitudes que formulen los partidos políticos, para la depuración y actualización del padrón electoral único;
VI. Transmitir a los partidos políticos nacionales registrados los informes que presente la delegación distrital, la delegación estatal o la Dirección General del Registro Nacional de Electores acerca de los actos de depuración y actualización del padrón electoral único;
VII. Desahogar las consultas que les formule la Delegación Distrital del Registro Nacional de Electores; y
VIII. Las demás que les confiera el presente Código.
Artículo 157. Los Comités Distritales de Vigilancia deberán informar mensualmente a la respectiva Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, sobre el desempeño de sus atribuciones.
LIBRO CUARTO
Del proceso de organismos electorales
TÍTULO PRIMERO
Del proceso electoral
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 158. El proceso electoral se inicia en el mes de octubre del año anterior a la elección ordinaria, y concluye en el mes de octubre del año de los comicios federales y comprende las etapas siguientes:
a) La preparatoria de la elección;
b) De la jornada electoral; y
c) La posterior a la elección.
Artículo 159. La etapa preparatoria de la elección comprende:
I. La exhibición y entrega a los organismos electorales y partidos políticos, de las listas nominales básicas, complementarias y definitivas por sección en las fechas señaladas, para los efectos de las observaciones que en su caso hagan los partidos y asociaciones políticas nacionales y ciudadanos en general;
II. La revisión de la demarcación de los 300 distritos electorales uninominales;
III. La determinación en el mes de marzo del año de la elección del ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales y del número de diputados que en cada una serán electos;
IV. La designación de los ciudadanos para integrar las comisiones locales y comités distritales electorales;
V. La instalación de las comisiones locales y comités distritales electorales, en los meses de enero y febrero del año de la elección;
VI. El registro de candidatos, fórmulas de candidatos y listas regionales, y la sustitución y cancelación en los términos de artículo 223 de este Código;
VII. El registro de convenios de incorporación, coalición y fusión que celebren los partidos y las asociaciones políticas;
VIII. La ubicación y la integración de las mesas directivas de casillas por los comités distritales electorales;
IX. Las publicaciones de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casillas;
X. El registro de representantes de partidos, comunes de los candidatos y generales;
XI. La preparación, distribución y entrega de la documentación electoral aprobada y la de los útiles necesarios a los presidentes de casilla para recibir la votación;
XII. El nombramiento de los auxiliares electorales que actuarán el día de la elección;
XIII. Los actos relacionados con la propaganda electoral;
XIV. Los actos y resoluciones dictados por los organismos electorales, relacionados con las actividades y tareas anteriores, o con otros que resulten, en cumplimiento de sus atribuciones y que se produzcan hasta la víspera del día de la elección.
Artículo 160. La etapa denominada de la jornada electoral comprende los actos, resoluciones, tareas y actividades de los organismos electorales, los partidos y asociaciones políticas y los ciudadanos en general, desde la instalación de las casillas hasta su clausura.
Artículo 161. La etapa posterior a la elección comprende:
I. En los comités distritales electorales:
a) La recepción de los paquetes electorales, dentro de los plazos establecidos;
b) La información preliminar de los resultados contenidos en las actas de la elección;
c) La recepción de los escritos de protesta;
d) La realización de los cómputos distritales de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de la República;
e) La recepción del recurso de queja; y
f) La remisión de los paquetes electorales al órgano que corresponda según la elección de que se trate;
II. En las comisiones locales electorales;
a) La realización de los cómputos de entidad federativa de la elección de senadores, y la expedición de las constancias de mayoría respectiva;
b) La concentración para su envío a las cámaras de diputados locales y Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de los paquetes de elección de senadores, y
c) La realización de los cómputos de la votación para listas regionales por las comisiones locales electorales residentes en las capitales cabeceras de circunscripción;
III. En la Comisión Federal Electoral:
a) La expedición de las constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos que las hubieren obtenido en la elección de diputados por mayoría relativa;
b) La realización de los cómputos de la elección de diputados electos por el principio de representación proporcional;
c) La asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, y
d) La expedición a cada partido político de las constancias de asignación proporcional que hubieren obtenido.
TÍTULO SEGUNDO
De los organismos electorales
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 162. La preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones es una función de orden público que corresponde al Gobierno Federal en los términos de esta ley.
Los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de esta función y participan en la integración de los siguientes organismos electorales:
I. La Comisión Federal Electoral;
II. Las Comisiones Locales Electorales;
III. Los Comités Distritales Electorales; y
IV. Las mesas directivas de casilla.
Artículo 163. En la Comisión Federal Electoral, en las comisiones locales y en los comités distritales electorales, los partidos políticos por conducto de sus comisionados, ejercerán los siguientes derechos:
I. Presentar propuestas o iniciativas, las que deberán ser resueltas a las disposiciones de este Código;
II. Interponer los recursos, establecidos en este Código;
III. Formar parte de las subcomisiones que se determine integrar;
IV. Formar el quórum para que puedan sesionar válidamente los organismos electorales;
V. De voto;
VI. Participar en la elaboración del orden del día para las sesiones de los organismos electorales, con excepción de las del Tribunal de lo Contencioso Electoral; y
VII. Los demás que expresamente se señalen en este Código.
TÍTULO TERCERO
De la Comisión Federal Electoral
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 164. La Comisión Federal Electoral es el organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en este Código y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización política de los ciudadanos mexicanos; y responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.
Artículo 165. La Comisión Federal Electoral reside en el Distrito Federal y se integra con los siguientes miembros:
I. Un comisionado del Poder Ejecutivo Federal, que será el Secretario de Gobernación, quien fungirá como Presidente;
II. Dos comisionados del Poder Legislativo, que serán un Diputado y un Senador, designados por sus respectivas Cámaras o por la Comisión Permanente, en su caso; y
III. Comisionados de los partidos políticos nacionales con registro en los términos siguientes:
A) Un comisionado por cada partido político nacional registrado que tenga 3% de la votación nacional efectiva en elección federal inmediata anterior, para diputados de mayor relativa;
B) Un Comisionado adicional para los partidos que hubieren obtenido más del 3% y hasta el 6% de la votación nacional a la que se refiere el inciso anterior;
C) Cada partido que hubiere obtenido más del 6% de la votación nacional efectiva, tendrá derecho a tantos comisionados en total, como veces contenga su porcentaje el 3% de la votación referida;
D) Ningún partido tendrá derecho a acreditar más de 16 comisionados; y
E) Los partidos políticos que tengan más de un comisionado, podrán designar a un representante común para que actúe ante la Comisión.
IV. Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este les otorga, incluyendo el voto, en los términos del inciso E de la fracción anterior, y
V. Por cada comisionado propietario habrá un suplente.
La Comisión Federal Electoral contará además, con un Secretario Técnico que ejercerá las atribuciones que correspondan a la Secretaría Técnica, en los términos de este Código.
Artículo 166. La Comisión Federal Electoral integrará las subcomisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que acuerde la propia Comisión.
En todos los asuntos que les encomienden, las subcomisiones deberán presentar un proyecto de resolución o de dictamen, con mención de los fundamentos legales, y en el consideren, cuando sea el caso, las opiniones particulares de los partidos políticos interesados, y las pruebas que se hubiesen presentado.
Artículo 167. La Comisión Federal Electoral, se reunirá dentro de los diez primeros días del mes de octubre del año anterior a las elecciones federales ordinarias, con el objeto de preparar el proceso electoral. A partir de esa fecha y hasta la culminación de los comicios, la Comisión sesionará por lo menos, dos veces al mes, Concluido el proceso se reunirá cuando sea convocada por el Presidente.
Artículo 168. En caso de vacantes de los comisionados del Poder Legislativo, el Presidente de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a las Cámaras del Congreso de la Unión, a fin de que hagan las designaciones correspondientes.
En los recesos de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Federal Electoral se dirigirá a la Comisión Permanente, a fin de que haga las designaciones correspondientes.
Artículo 169. Para que la Comisión Federal Electoral pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes, entre los que deberán estar el Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, y, en caso de empate, será de calidad el del Presidente.
El secretario técnico y el director del Registro Nacional de Electores concurrirán a las sesiones únicamente con voz.
En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo primero, la nueva sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los comisionados que asistan.
Artículo 170. Son funciones de la Comisión Federal Electoral:
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en este Código;
II. Resolver sobre peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, asociaciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos, relativas a la integración y funcionamiento de los organismos electorales, al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de su competencia;
III. Cuidar de la debida integración y funcionamiento de las Comisiones Locales y Comités Distritales Electorales;
IV. Publicar la integración de las Comisiones Locales y Comités Electorales;
V. Registrar supletoriamente los nombramientos de los comisionados de los partidos políticos que integrarán las Comisiones Locales y Comités Distritales Electorales;
VI. Registrar las candidaturas a Presidente de la República;
VII. Registrar de manera concurrente con las Comisiones Locales Electorales las candidaturas de Senadores;
VIII. Registrar de manera concurrente con los Comités Distritales Electorales los candidatos a Diputado que serán electos según el principio de mayoría relativa;
IX. Registrar concurrentemente con las Comisiones Locales Electorales que actúen en las cabeceras de circunscripción, las listas regionales de candidatos a diputados que serán electos según el principio de representación proporcional;
X. Sustanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en los términos de este Código;
XI. Proveer que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos y de las asociaciones políticas nacionales se desarrolle con apego a este Código;
XII. Proporcionar a los demás organismos electorales la documentación, las formas que apruebe para la actas del proceso electoral y los elementos y útiles necesarios;
XIII. Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional;
XIV. Hacer el cómputo de la votación efectiva de cada una de las circunscripciones plurinominales, a efecto de llevar a cabo la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional;
XV. Informar a los Colegios Electorales del Congreso de la Unión sobre los hechos que puedan influir en la calificación de las elecciones;
XVI. Editar una publicación periódica;
XVII. Resolver, en los términos de este Código, el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos y de las asociaciones políticas;
XVIII. Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos políticos, así como los de incorporación de las asociaciones políticas;
XIX. Dictar los lineamientos a que se sujetará la depuración y actualización del Padrón Electoral;
XX. Ordenar al Registro Nacional de Electores hacer estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República de 300 Distritos Electorales uninominales con base en el último Censo Nacional de Población, y en su caso, aprobar la división;
XXI. Ordenar al Registro nacional de Electores hacer los estudios y formular los proyectos para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales, para cada elección, y el número de diputados de representación proporcional que serán electos en cada una de ellas;
XXII. Determinar las capitales que serán cabeceras de circunscripción plurinominal cuyas Comisiones Locales Electorales se encargarán de realizar el cómputo de circunscripción plurinominal de la elección por representación proporcional;
XXIII. Investigar por los medios legales pertinentes, cualesquiera hechos relacionados con el proceso electoral y de manera especial los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda, candidatos o miembros;
XXIV. Nombrar para que efectúen las investigaciones y realicen las actividades que se requieran, auxiliares electorales especiales, quienes deberán informar a la Comisión, en todo caso, el resultado de las mismas;
XXV. Aplicar la fórmula electoral de asignación de diputados de representación proporcional, expedir las constancias respectivas y enviar al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, copia de las que haya expedido a cada Partido Político, y la documentación relativa a esta elección;
XXVI. Remitir a la Comisión Instaladora, del Colegio Electoral, un informe sobre la asignación de diputados por el principio de representación proporcional;
XXVII. Expedir las constancias de mayoría a los presuntos diputados que hayan obtenido mayoría de votos en los distritos electorales de mayoría relativa e informar al Colegio Electoral. Asimismo, informará los casos en que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, resolvió que no se expidiera la constancia;
XXVIII. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores funciones y las demás señaladas en este Código; y
XXIX. Dar a conocer los resultados de la elección por secciones.
Artículo 171. Corresponden al Presidente de la Comisión Federal Electoral las atribuciones siguientes:
I. Convocar a sesiones a los organismos electorales;
II. Nombrar al Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral y al Director General y al Secretario General del Registro Nacional de Electores;
III. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal, durante el mes de agosto el presupuesto de egresos de la Comisión Federal Electoral y sus dependencias y vigilar su ejercicio;
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Federal Electoral;
V. Proveer lo relativo a las prerrogativas y financiamiento público a los partidos políticos y asociaciones políticas nacionales, en los términos que dispone este Código y conforme a las partidas correspondientes del presupuesto de la Comisión Federal Electoral;
VI. Comunicar al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados la resolución sobre el registro o negativa de éste, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, al resolver el recurso de queja;
VII. Designar a los comisionados Presidente y Secretario para integrar las comisiones locales y comités distritales electorales, y publicar esta integración, y
VIII. Las demás que le confieran este Código y a las disposiciones relativas.
Artículo 172. La Comisión Federal Electoral publicará, en el Diario Oficial de la Federación los nombres de los miembros de las comisiones locales y comités distritales electorales designados por su Presidente, en los términos del artículo anterior.
Artículo 173. El secretario técnico de la Comisión Federal electoral tendrá a su cargo publicar en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de los miembros de las comisiones locales y comités distritales electorales designados por su Presidente, en los términos del artículo 171 de este Código.
Dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación, los partidos políticos podrán presentar objeciones fundadas sobre esos nombramientos.
El presidente de la Comisión Federal Electoral, cuando proceda la objeción, hará un nuevo nombramiento.
Artículo 174. Corresponde al secretario técnico:
I. Preparar el orden del día de las sesiones de la comisión Federal Electoral, declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y autorizarla conjuntamente con las firmas de los comisionados asistentes;
II. Auxiliar al presidente de la Comisión Federal Electoral;
III. Prestar apoyo a las subcomisiones y proveerlas de los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones;
III. Prestar apoyo a las subcomisiones y proveerlas de los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones;
IV. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las subcomisiones;
V. Ejecutar los acuerdos que dice el Presidente de la Comisión Federal Electoral, en materia de prerrogativas y financiamiento público a los partidos políticos;
VI. Proveer a la propia Comisión Federal Electoral y a los demás organismos electorales, de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
VII. Recibir los recursos que se interpongan en contra de los acuerdos de la Comisión Federal Electoral, y remitirlos dentro de las 24 horas siguientes al Tribunal de lo Contencioso Electoral.
VIII. Informar a la Comisión Federal Electoral, de las resoluciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Electoral acerca de los recursos, y de la expedición de constancias;
IX. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los comisionados;
X. Preparar los proyectos de documentación electoral y ejecutar los acuerdos relativos a su impresión y distribución;
XI. Proveer lo necesario a fin de que se hagan oportunamente las publicaciones que ordena este Código y las que disponga la Comisión Federal Electoral;
XII. Recibir de los partidos políticos las solicitudes del registro de candidatos que competan a la Comisión Federal Electoral de manera directa, concurrente o supletoria; e informar de estos registros, por la vía más rápida, a las comisiones locales y comités distritales electorales;
XIII. Recabar de los comités distritales y de las comisiones locales electorales, copias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;
XIV. Integrar los expedientes con la documentación necesaria, a fin de que la Comisión Federal Electoral efectúe los cómputos que conforme a este Código debe realizar, resuelva sobre la expedición de constancias de mayoría y sobre las asignaciones de diputados por representación proporcional;
XV. Organizar, en la etapas de preparación del proceso electoral, reuniones nacionales de orientación a funcionarios electorales y coordinar las que con carácter local se celebren en las entidades y distritos electorales, así como formular los instructivos y de capacitación para los funcionarios electorales;
XVI. Preparar, para la aprobación de la Comisión Federal Electoral, el proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias, cuando éstas deben celebrarse;
XVII. Llevar el archivo de la Comisión Federal Electoral;
XVIII. Llevar el libro de registro de partidos y asociaciones políticas, así como el de convenios de función, frentes, coaliciones e incorporaciones, y expedir copias certificadas de estos registros;
XIX. Llevar registro de los comisionados de los partidos políticos acreditados ante los organismos electorales;
XX. Firmar, junto con el presidente de la Comisión Federal Electoral, todos los acuerdos y resoluciones de la propia comisión; y
XXI. Lo demás que le sea conferido por la Comisión Federal Electoral o por su presidente.
Artículo 175. La Comisión Federal Electoral publicará, en su Diario Oficial de la Federación, los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquellos que sí lo determine.
En la misma forma se publicarán los nombres de los miembros de las comisiones locales y comités distritales electorales, que corresponde designar al Presidente de la Comisión.
TÍTULO CUARTO
De las comisiones locales electorales
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 176. Las comisiones locales electorales son organismos de carácter permanente, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus respectivas entidades federativas, en los términos de este Código y demás disposiciones relativas.
Artículo 177. En cada una de las capitales de las entidades federativas funcionará una Comisión Local Electoral que, a más tardar en la primera semana de enero del año de la elección ordinaria, se reunirá con el objeto de preparar el proceso electoral. A partir de esa fecha y hasta el término de los comicios, la comisión sesionará por lo menos dos veces al mes. Concluido el proceso electoral se reunirá cuando sea convocada.
CAPÍTULO SEGUNDO
De su integración y atribuciones
Artículo 178. Las comisiones locales electorales se integran con los siguientes miembros:
I. Un comisionado presidente y un comisionado secretario, designados en los términos de la fracción VII del artículo 171;
II. Por comisionados de los partidos políticos nacionales en los términos de los partidos políticos nacionales en los términos de las fracciones III y IV del artículo 165.
Por cada comisionado propietario habrá un suplente.
III. Los partidos políticos que tengan más de un comisionado, podrán designar a un representante común para que actúe ante la Comisión Electoral de que se trate; y
IV. Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este Código les otorga incluyendo el de voto en los términos de la fracción anterior.
Artículo 179. Para ser miembro de una comisión local electoral designado por el presidente de la Comisión Federal Electoral, se requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos pol'piticos, nativo de la entidad respectiva o con residencia no menor de un año, tener modo honesto de vivir, no desempeñar cargo o empleo público de confianza, ser de reconocida probidad y poseer la experiencia y los conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente sus respectivas funciones.
Artículo 180. Para que las comisiones locales electorales puedan sesionar, es necesaria la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente. Toda resolución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad del presidente.
Podrán concurrir a las sesiones únicamente con voz, el delegado estatal o en su caso el del Distrito Federal, del Registro Nacional de Electores.
En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo primer, la nueva sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los comisionados que asistan.
Artículo 181. Las comisiones locales electorales tendrán las funciones siguientes:
I. Vigilar el cumplimiento de este Código y demás disposiciones relativas;
II. Intervenir, conforme a este Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en las entidades respectivas;
III. Desahogar las consultas que les formulen los ciudadanos, asociaciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos sobre asuntos de su competencia;
IV. Registrar las candidaturas a senadores;
V. Efectuar el cómputo de la elección para senadores de la República y turnar la documentación correspondiente a las legislaturas locales. En la elección de senadores por el Distrito Federal la documentación será turnada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;
VI. Extender la constancia respectiva a los candidatos a senadores que hayan obtenido mayoría de votos e informar al Código Electoral. Asimismo le informarán los casos en que el Tribunal de lo Contencioso Electoral, resolvió que no se expidiera la constancia;
VII. Registrar los nombramientos de los comisionados de los partidos políticos, que se acrediten ante cada una de ellas;
VIII. Sustancias y resolver aquellos recursos que le competen en los términos de este Código;
IX. Nombrar Subcomisiones cuando el asunto de que se trate lo requiera; y
X. Las demás que les confieran este Código y las disposiciones relativa.
CAPÍTULO TERCERO
De las atribuciones de los presidentes de las comisiones locales electorales
Artículo 182. Corresponde a los presidentes de las comisiones locales electorales:
I. Informar a la Comisión Federal Electoral sobre el desarrollo de las funciones de la propia comisión local electoral y la de los comités distritales electorales;
II. Solicitar informes a los presidentes de los comités distritales electorales y a las autoridades federales, locales y municipales, sobre los hechos relacionados con el proceso electoral;
III. Entregar a los comités distritales electorales la documentación, formas aprobadas, útiles y elementos necesarios para el desempeño de sus funciones;
IV. Auxiliar a los presidentes de los comités distritales electorales, para que envién las actas del cómputo de la votación de diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, a los presidentes de las comisiones locales electorales que les corresponda realizar los cómputos de las circunscripciones;
V. Designar a los auxiliares administrativos y a los auxiliares electorales de la comisión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
VI. Comunicar al Colegio Electoral de la Cámara de Senadores, la resolución sobre el registro o negativa de éste, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, al resolver el recurso de queja;
VII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la comisión Federal Electoral y por el Tribunal de lo Contencioso Electoral; y
VIII. Lo demás que le sea conferido por la comisión Federal Electoral o su Presidente, este Código y demás disposiciones relativas.
Artículo 183. Los presidentes de las comisiones locales electorales tendrán a su cargo convocar a la sesión de instalación del organismo que presidan.
La sesión se celebrará dentro de la primera semana del mes de enero del año de la elección, y se instalará válidamente con los comisionados designados por el Presidente de la Comisión Federal Electoral y los que para esa fecha hubieren acreditado los partidos políticos.
Artículo 184. Los presidentes de las comisiones locales y de los comités distritales electorales, autorizarán con su firma y la de su secretario, los documentos de identidad de los auxiliares administrativos, y la credencial de los auxiliares electorales que actuarán el día de la elección, la que contendrá al reverso las facultades y obligaciones que les confiere este Código.
Estos documentos tendrán validez únicamente en sus respectivos ámbitos, y fenecerá el día último del mes de septiembre del año de la elección; no figurarán en ellos el Escudo Nacional ni los colores de la Bandera, ni se expedirán en metal; serán foliados y se llevará control de los expedidos.
Artículo 185. Los presidentes de las comisiones locales electorales tendrán a su cargo la coordinación y el auxilio a los comités distritales electorales de su entidad, y proporcionales la documentación, los útiles y los elementos materiales necesarios para el desempeño de las funciones que les atribuye este Código.
Artículo 186. Las comisiones locales electorales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción plurinominal, además de las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 181, tendrán las funciones siguientes:
I. Registrar, concurrentemente con la Comisión Federal Electoral, las listas regionales de candidatos a diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, en la circunscripción plurinominal correspondiente;
II. Recabar de los comités distritales electorales, comprendidos en su circunscripción, las actas de
cómputo de la votación por representación proporcional por listas regionales de diputados;
III. Efectuar los cómputos de su circunscripción plurinominal;
IV. Enviar a la comisión Federal Electoral la documentación relativa al cómputo de su circunscripción plurinominal; y
V. Las demás que le confieran este Código y las disposiciones relativas.
TÍTULO QUINTO
De lo comités distritales electorales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 187. Los comités distritales electorales son los organismos de carácter permanente, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del electorales uninominales, conforme a lo estipulado por proceso electoral, dentro de sus respectivos distritos este Código y demás disposiciones relativas.
Artículo 188. En cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide la República, funcionará un comité distrital con residencia en la cabecera del distrito, que a más tardar en la primera semana del mes de febrero del año de la elección, iniciarán sus sesiones y actividades regulares.
A partir de esa fecha y hasta el término de los comicios, sesionarán por lo menos dos veces al mes.
Concluido el proceso electoral se reunirán cuando sean convocados.
Artículo 189. Los presidentes de los comités distritales electorales tendrán a su cargo convocar a la sesión de instalación del organismo que presidan.
La sesión se celebrará dentro de la primera semana del mes de febrero del año de la elección; y se instalará válidamente con los comisionados designados por el Presidente de la Comisión Federal Electoral y los que para esa fecha hubieren acreditado los partidos políticos.
Los presidentes de las comisiones locales electorales vigilarán que los comités distritales electorales se instalen en los términos de este artículo.
CAPÍTULO SEGUNDO
De su integración y funciones
Artículo 190. Los comités distritales electorales se integran con los siguientes miembros:
I. Con un comisionado presidente y un comisionado secretario, designados en los términos de la fracción VII del artículo 171;
II. Por comisionados de los partidos políticos nacionales en los términos de las fracciones III y IV del artículo 165;
III. Los partidos políticos que tengan más de un comisionado podrán designar a un representante común para que actúe ante el Comité Distrital de que se trate y
IV. Todos los comisionados tendrán todos los derechos que este Código les otorga incluyendo el de voto en los términos de la fracción anterior.
Artículo 191. Para ser miembro de un Comité Distrital designado por el Presidente de la Comisión Federal Electoral, se requiere: ser ciudadano en ejercito de sus derechos políticos, ser nativo de la entidad que corresponda o con residencia no menor de un año en el distrito, ser de reconocida probidad, no desempeñar cargo o empleo público de confianza, tener modo honesto de vivir.
Artículo 192. Para que los comités distritales electorales puedan sesionar, es necesario la presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el presidente.
Toda resolución se tomará por mayoría de votos y, en caso de empate, será de calidad el del presidente.
En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo primero, se citará a una sesión que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los comisionados que acudan; entre los que deberá estar el presidente.
Artículo 193. Los comités distritales electorales tienen las funciones siguientes:
I. Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;
II. Cumplir con los acuerdos que dicte la Comisión Federal Electoral y la local respectiva;
III. Registrar a los candidatos a diputados que serán electos según el principio de mayoría relativa; en los términos del artículo 214 de este Código;
IV. Designar por insaculación a los ciudadanos que deban fungir como escrutadores en las mesas directivas de las casillas;
V. Resolver sobre las peticiones y consultas que les sometan los ciudadanos, asociaciones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos, relativas a la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de su competencia;
VI. Registrar en un plazo máximo de 48 horas a partir de su presentación y, en todo caso, diez días antes del día señalado para las elecciones, los partidos políticos, en los términos de los artículos 238 y 239 de este Código y los nombramientos de los representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas de casilla;
VII. Expedir dentro del plazo a que se refiere la fracción anterior, la identificación correspondiente a los representantes;
VIII. Realizar el cómputo distrital de la elección de diputados;
IX. Efectuar el cómputo distrital de la votación para senadores.
X. Hacer el cómputo distrital de la votación para Presidente;
XI. Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competen en los términos de este Código; y
XII. Las demás que les confiera este Código.
CAPÍTULO TERCERO
De las atribuciones de los presidentes de los comités distritales electorales
Artículo 194. Corresponde al presidente del Comité Distrital Electoral;
I. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casillas la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
II. Enviar las actas del cómputo distrital de diputados, a la Comisión Local Electoral Competente para realizar el cómputo de la circunscripción plurinominal correspondiente en la elección de diputados por el principio de representación proporcional;
III. Turnar los paquetes de la elección de diputados y de presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados;
IV. Remitir la documentación y paquetes de la elección de senadores a la oficialía mayor de la legislatura correspondiente;
V. Informar a la Comisión Federal Electoral y a la local sobre el desarrollo de sus funciones;
VI. Enviar al Registro Nacional de Electores copia de los cómputos distritales que haya efectuado;
VII. Publicar mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resultados de los cómputos distritales;
VIII. Designar al presidente y secretario de las mesas directivas de casilla, y elaborar el proyecto de listas de su ubicación;
IX. Designar a los auxiliares administrativos del Comité que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
X. Designar a los auxiliares electorales para el día de la elección;
XI. Recibir los recursos de revisión y apelación y remitirlos dentro de las 24 horas siguientes a la Comisión Federal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Electoral;
XII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que se dicten; y
XIII. Lo que le sea conferido por la Comisión Federal Electoral, la comisión local electoral o sus presidentes y las demás disposiciones relativas.
Artículo 195. Los presidentes de los comités distritales electorales tendrán a su cargo la coordinación y el auxilio a las mesas directivas de las casillas de su demarcación territorial y el proporcionarles la documentación y útiles necesarios para el desempeño de las funciones que les atribuye este Código.
TÍTULO SEXTO
De las directivas de casilla
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 196. Las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la recepción, escrutinio y computación del sufragio de las secciones en que se dividen los 300 Distritos electorales uninominales de la República.
En cada sección electoral serán instaladas las mesas directivas de casilla que, a juicio del respectivo comité distrital electoral y en los términos del artículo 226, sean necesarias con el propósito de hacer más ágil la votación por razones de distancia o por el número de electores incluidos en la lista nominal de la sesión.
CAPÍTULO SEGUNDO
De su integración y funciones
Artículo 197. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones.
Se integrarán con un presidente y un secretario, y los suplentes respectivos, designados por el presidente del Comité Distrital Electoral, y dos escrutadores y los suplentes respectivos, designados por insaculación por el Comité Distrital a partir de las listas que para tal efecto presente los partidos políticos.
Los comités distritales electorales tomarán las medidas necesarias, a fin de que los ciudadanos designados para integrar las mesas directivas de casilla reciban, con la anticipación debida al día de la elección, la capacitación necesaria para el desempeño de sus tareas.
Articulo 198. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de los partidos políticos y los comunes de los candidatos tiene las atribuciones siguientes:
A) De la mesa directiva de casilla:
I. Instalar y clausurar la casilla en los términos de este Código;
II. Recibir la votación;
III. Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;
IV. Permanecer en la casilla electoral, desde su instalación hasta su clausura;
V. Formular durante la jornada electoral las actas que ordena este Código; y
VI. Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas.
B) De los presidentes:
I. Vigilar el cumplimiento de este Código sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las casillas;
II. Recibir de los comités distritales electorales la documentación, formas aprobadas, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación;
III. Identificar a los electores;
IV. Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente, salvo los casos que menciona la fracción III del artículo 257;
V. Mantener el orden en el interior de la casilla y en el exterior, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;
VI. Suspender la votación en caso de alteración del orden. Restablecido éste se reanudará la votación;
VII. Retirar de la casilla a cualesquiera de los representantes que incurran en alteración grave del orden o realicen actos que lleven la intención manifiesta de retardar el resultado de la votación.
En los supuestos establecidos, en esta fracción y en la anterior, y tratándose de representantes de partidos, los presidentes deberán de observar lo dispuesto por el artículo 264 y respetar en todo tiempo las garantías que este Código les otorga; y
VIII. Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente el Comité Distrital Electoral los paquetes electorales y las copias de la documentación respectiva, en los términos del artículo 280.
En el caso de las fracciones V, VI, y VII de este inciso, los hechos deberán hacerse constar en el acta de cierre de votación, con mención del nombre de las personas que hubiesen intervenido, y con la firma de los funcionarios integrantes de la mesa directiva de casilla.
C) De los secretarios:
I. Levantar las actas durante la jornada electoral, que ordena este Código y distribuirlas; y
II. Las demás que les confieran este Código y disposiciones relativas.
D) De los escrutadores:
I. Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en las listas nominal y adicional;
II. Contar el número de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula o lista regional, y
IIII. Las demás que le confieran este Código y las disposiciones relativas.
E) De los representantes de partidos y candidatos, ejercer los derechos y las garantías que les confiere el artículo 237 de este Código.
TÍTULO SÉPTIMO
Disposiciones comunes
CAPÍTULO ÚNICO
Articulo 199. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus comisionados ante la Comisión Federal Electoral, las comisiones locales y los comités electorales, dentro de los treinta días siguientes de la fecha de instalación del organismo de que se trate. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus comisionados no formarán parte del organismo electoral respectivo, durante el proceso electoral.
Los partidos políticos podrán substituir en todo tiempo a sus comisionados en los organismos electorales.
Artículo 200. Cuando el comisionado propietario de un partido político y, en su caso, el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del organismo electoral ante el cual se encuentran acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo organismo durante el proceso electoral de que se trate.
La resolución del organismo electoral se comunicará al partido político respectivo.
Los Comités distritales notificarán por escrito a las Comisiones Locales Electorales de cada ausencia, para que a su notifiquen a la Comisión Federal Electoral, con el propósito de que esta entere a los comisionados de los partidos políticos.
Artículo 201. El Secretario Técnico de la Comisión Federal comunicará a los presidentes de las comisiones locales y comités distritales electorales, para los efectos la que se refiere la fracción V. del artículo 173 de este Código, y con base en la información estadística del Registro Nacional de Electores, la votación que los partidos políticos nacionales registrados obtuvieron en la última elección de diputados federales por mayoría relativa.
Artículo 202. Las comisiones locales y los comités distritales electorales, dentro de las 24 horas siguientes a su instalación, remitirán copia del acta respectiva a la Comisión Federal Electoral; los comités distritales electorales remitirán además copia a la Comisión Local Electoral de su entidad. En idéntica forma procederán respecto de las subsecuentes sesiones.
Artículo 203. Las comisiones locales y los comités distritales electorales determinarán sus horarios de labores, teniendo en cuenta que todos los días y horas en materia electoral, son hábiles. De estos acuerdos informarán a la Comisión Federal Electoral y a la comisión local electoral respectiva.
Artículo 204. Los presidentes de las comisiones locales y comités distritales electorales gozarán de las franquicias postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, según lo acuerde el Presidente de la Comisión Federal Electoral.
Artículo 205. Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los organismos electorales, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.
LIBRO QUINTO
De la elección
TÍTULO PRIMERO
De los actos de preparatorios de la elección
CAPÍTULO PRIMERO
De la fórmula y circunscripciones
Artículo 206. La Comisión Federal Electoral se reunirá en el mes de marzo del año de la elección, para determinar:
I. El ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales que comprenderá para cada una, el número de entidades federativas con todos los distritos electorales que les correspondan; y
II. El número de diputados que se elegirán por el principio de representación proporcional en cada una de las cinco circunscripciones.
Artículo 207. En cada circunscripción plurinominal, la votación efectiva será la resultante de deducir de la votación total de los partidos, las votaciones de aquellos que no hayan alcanzado el 1.5% de la votación nacional.
Artículo 208. En los términos del artículo 54 de la Constitución, las normas para la aplicación de la fórmula electoral que se observarán en la asignación de curules, son las siguientes:
I. No tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos por el principio de representación proporcional, el partido que:
A) Obtenga el 51% o más de la votación nacional efectiva, y su número de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total de la Cámara Superior o igual a su porcentaje de votos, o
B) Obtenga menos del 51% de la votación nacional efectiva y su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor a la mitad más uno de los miembros de la Cámara;
II. Si algún partido obtiene el 51% o más de la votación nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa representan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentajes de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos según el principio de representación proporcional, hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje de votos;
III. Ningún partido político tendrá derecho a que le sean reconocido más de 350 diputados, que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aún cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior;
IV. Si ningún partido obtiene el 51% de la votación nacional efectiva y ninguno alcanza, con sus constancias de mayoría relativa, la mitas más uno de los miembros de la Cámara, al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara; y
V. En el supuesto anterior, y en caso de empate en el número de constancias, la mayoría absoluta de la Cámara será decidida en favor de aquél de los partidos empatados, que haya alcanzado la mayor votación a nivel nacional, en la elección de diputados por mayoría relativa.
Artículo 209. La fórmula electoral denominada de primera proporcionalidad que se aplicará para la asignación de curules, según el principio de representación proporcional, se integra con los siguientes elementos:
A) Cociente rectificado;
B) Cociente de unidad; y
C) Resto Mayor.
I. Por cociente rectificado se entiende el resultado de dividir la votación efectiva de la circunscripción plurinominal, entre el número de sus curules multiplicado por dos.
II. Por cociente de unidad se entiende el resultado de dividir la votación efectiva, deducidos los votos utilizados mediante el cociente rectificado, entre el total de curules que no se han repartido.
III. Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, después de haber participado en la distribución de curules mediante el cociente rectificado y el cociente de unidad. El resto mayor podrá utilizarse cuando aún hubiese curules sin distribuir.
Artículo 210. Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:
I. Por el cociente rectificado se distribuirán sucesivamente la primera y segunda curules; a todo aquel partido político cuya votación contenga una o dos veces dicho ciente, le serán asignadas las curules correspondientes;
II. Para las curules que queden por distribuir se empleará el cociente de unidad. En esta forma a cada partido político se le asignarán tantas curules como número de veces contenga su votación restante el cociente de unidad; y
III. Si después de aplicarse el cociente rectificado y el cociente de unidad quedarán curules por repartir, éstas se distribuirán por el método del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos.
Artículo 211. Cuando se den los supuestos de la fracción I del artículo 208, se deducirán de la votación efectiva de cada circunscripción plurinominal, los votos del partido que se encuentre dentro de los supuestos A) o B) de la fracción referida. Para la asignación de diputados de representación proporcional a los demás partidos, se aplicará entre ellos la fórmula de primera proporcionalidad.
Artículo 212. Al partido comprendido en el supuesto de la fracción II del artículo 208, se le asignarán curules de representación proporcional, de acuerdo al procedimiento siguiente:
A) Se determinará, para ese partido, el número de curules del total de la Cámara que equivalga a su porcentaje de votos obtenidos;
B) Si del cálculo anterior resultara un número fraccionario, se considerará el número entero más cercano y, en el caso específico de que la fracción resultante fuese exactamente la mitad de la unidad, se tomará el entero superior;
C) Del número de diputados anterior, se restarán los diputados de mayoría relativa de ese partido, y el resultado se distribuirá en cada circunscripción, en forma proporcional a su votación;
D) Para ello, se obtiene el cociente de dividir la votación nacional de ese partido entre el número de diputados resultante del inciso anterior; y
E) Los diputados que ese partido distribuirá en cada una de sus listas regionales, será el número de veces que su votación de cada circunscripción contenga el cociente del inciso anterior. Si aun quedaran curules por repartir, éstas se distribuirán siguiendo el orden decreciente de los restos de votos de ese partido, en cada circunscripción.
Para la asignación de diputados a los demás partidos, se aplicará la fórmula de primera proporcionalidad considerando que:
I. Del Número de diputados asignables en cada circunscripción deberá deducirse el número de diputados que ya fueron asignados; y
II. De la votación efectiva de cada circunscripción se deducirán los votos del partido al que ya se le asignaron diputados.
En todo caso, en la asignación de diputados, se seguirá el orden que tuviesen en las listas regionales.
Artículo 213. Para la distribución de los diputados de representación proporcional según el supuesto comprendido en la fracción IV del artículo 208 se empleará el procedimiento siguiente:
A) Se determinará el partido con más constancias de mayoría, y se le asignarán diputados de representación proporcional, hasta alcanzar la mitad más uno de los miembros de la Cámara; los cuales serán distribuidos en cada circunscripción, en forma proporcional a su votación;
B) Para ello, se obtiene el cociente de dividir la votación nacional de ese partido entre el número de diputados resultante del inciso anterior;
C) Los diputados que ese partido distribuirá en cada una de sus listas regionales, será el número de voces que su votación de cada circunscripción contenga el cociente del inciso anterior, Si aun quedaran curules por repartir, éstas se distribuirán siguiendo el orden decreciente de los restos de votos de ese partido, en cada circunscripción; y
D) En la asignación de diputados a los demás partidos, se aplicará la fórmula de primera proporcionalidad, considerando que:
I. Del número de diputados asignables en cada circunscripción deberá deducirse el número de diputados que ya fueron asignados; y
II. De la votación afectiva de cada circunscripción se deducirán los votos del partido al que ya se le asignaron diputados.
En todo caso, en la asignación de diputados, se seguirá el orden que tuviesen en las listas regionales.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del registro de candidatos
Artículo 214. El término para el registro de candidatos, en el año de la elección será:
I. Para diputados electos por el principio de mayoría relativa, de 1o. al 15 de mayo, inclusive;
II. Para diputados electos por el principio de representación proporcional, del 15 al 30 de mayo, inclusive;
III. Para senadores, del 1o. al 15 de mayo, inclusive; y
IV. Para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1o. al 15 de mayo, inclusive.
Articulo 215. La solicitud de registro de candidatos será presentada:
I. La de diputados por mayoría relativa, ante el Comité Distrital Electoral respectivo, o ante la Comisión Federal Electoral;
II. La de las listas regionales de diputados por el principio de representación proporcional, ante la Comisión Local Electoral con residencia en la capital designada cabecera de circunscripción, o ante la Comisión Federal Electoral;
III. La de senadores, ante la Comisión Local Electoral que corresponda, o ante la Comisión Federal Electoral; y
IV. La de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Comisión Federal Electoral.
En los casos de las fracciones I, II y III, prevalecerá la solicitud presentada ante la Comisión Federal Electoral.
Artículo 216. Las candidaturas a diputados por mayoría relativa y por mayoría relativa y por representación proporcional y las de senadores, serán registradas por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un candidato propietario y candidato suplente.
Artículo 217. Corresponde a los partidos políticos el derecho exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular.
Artículo 218. La solicitud de registro de candidatos deberá contener;
I. Nombre y apellidos del candidato;
II. Edad, lugar de nacimiento y domicilio;
III. Cargo para el que se postula;
IV. Denominación, color o combinación de colores y emblema del partido o partidos que lo postule;
V. Ocupación y número de la Credencial de elector.
Con la solicitud, deberá acompañarse el acta de nacimiento y en su caso la constancia de residencia; y
VI. La constancia de que su partido cumplió con lo dispuesto por el artículo 222 de este código.
Artículo 219. La Comisión Local Electoral, con residencia en la cabecera de circunscripción y la Comisión Federal Electoral, para el registro de las listas regionales deberán comprobar previamente que el partido solicitante;
I. Registró la plataforma electoral mínima, a que se refiere la fracción VIII del artículo 45 de ese código;
II. Obtuvo el registro de sus candidatos a diputados por mayoría relativa, en 100 distritos electorales; y
III. Incluyó el número en las fórmulas de candidatos determinados para la circunscripción en cada una de sus listas regionales.
Además deberán comprobar que los candidatos propietarios y suplentes de las listas reúnan los requisitos de elegibilidad previstos en la constitución y los que establece este código.
Artículo 220. Las Comisiones Locales Electorales y los Comités Distritales Electorales comunicarán a la Comisión Federal Electoral el registro de candidatos dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que se lleve a cabo.
La Comisión Federal Electoral, les comunicará a su vez, en el mismo término, los registros de candidatos que hubiere efectuado.
Artículo 221. A los partidos políticos que no registren listas regionales completas de candidatos a diputados según el principio de representación proporcional, en todas las circunscripciones plurinominales, les serán cancelados los registros de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
Artículo 222. La plataforma electoral mínima que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su registro ante la Comisión Federal Electoral, dentro de los primeros quince días del mes de abril del año de la elección; la cual le expedirá la constancia correspondiente.
Artículo 223. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos observarán las disposiciones siguientes:
I. Solicitarlo por escrito a la Comisión Federal Electoral;
II. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente;
III. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, podrán sustituirlos por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o o renuncia; y
IV. En los casos en que la renuncia o negativa del candidato, fuera notificada por éste directamente a la Comisión Federal Electoral, ésta lo hará del conocimiento del partido político de que se trate, para que proceda a su sustitución.
Artículo 224. La Comisión Federal Electoral publicará oportunamente en el Diario Oficial de la Federación los nombres de los candidatos y las fórmulas de candidatos. Los demás organismos electorales los publicarán y difundirán por los medios de comunicación social, en sus respectivos ámbitos territoriales.
En la misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos.
Artículo 225. Los organismos electorales darán amplia difusión a través de los medios de comunicación social a los términos a que se refiere el artículo 223.
CAPÍTULO TERCERO
De la integración y publicación de las mesas directivas de casillas
Artículo 226. El procedimiento para designar a los integrantes de las mesas directivas de casilla, será el siguiente:
I. Una vez que se reciba la información del número de empadronados en las secciones comprendidas en el Distrito Electoral a que se refiere el artículo 124, el comité sesionará para determinar el número de casillas que se instalarán;
II. Dentro del término de cinco días a partir de la fecha de esta sesión los comisionados de los partidos políticos deberán presentar sus propuestas de ciudadanos para los cargos de escrutadores, propietarios y suplentes, de cada una de las mesas directivas de casilla;
III. Vencido el término a que se refiere la fracción anterior, el comité sesionará nuevamente, para que el presidente del Comité Distrital de a conocer los nombres de los ciudadanos designados por él, para los cargos de presidente y secretario, propietarios y suplentes, de cada una de las casillas;
IV. En la misma sesión el comité designará por el procedimiento de insaculación y con las propuestas de los comisionados de los partidos políticos, a los escrutadores, propietarios y suplentes, para cada una de las casillas; y
V. Los comisionados tendrán cinco días a partir de la sesión contemplada en la fracción III de este artículo, para presentar objeciones sobre las designaciones de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
Artículo 227. Los lugares para la ubicación de las casillas deberán reunir los requisitos siguientes:
A) Hacer posible el fácil y libre acceso de los electores;
B) Permitir la emisión secreta del sufragio;
C) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; y
D) No ser establecimientos fabriles.
Para la ubicación de las casillas se dará preferencia a los edificios y escuelas públicos cuando reúnan los requisitos indicados.
Artículo 228. El presidente desde la instalación del comité, podrá iniciar la localización de los lugares para la ubicación de las casillas, con base en las siguientes reglas:
I. Designará a los auxiliares administrativos necesarios para localizar los lugares que reúnan los requisitos que señala el artículo anterior para la ubicación de las casillas;
II. Confirmará mediante recorridos por el Distrito Electoral, en compañía del secretario y de los comisionados de los partidos que asistan, la información recabada por los auxiliares administrativos;
III. Recibirá las propuestas de los partidos políticos para la ubicación de las casillas; y
IV. Formulará con los datos y propuestas a que se refieren las fracciones anteriores, el proyecto de lista de ubicación de casillas, para someterlo a la consideración del comité, en la sesión a que se refiere la fracción III del artículo 226 de este código.
Dentro de los cinco días siguientes a partir de la sesión a que se refiere la fracción anterior, los comisionados de los partidos políticos podrán presentar las objeciones sobre los lugares propuestos.
Artículo 229. Vencido el término de cinco días a que se refieren los artículos 226 y 228 de este código, el Comité Distrital sesionará para:
I. Resolver las objeciones presentadas y hacer en su caso, los cambios y las nuevas designaciones que procedan;
II. Aprobar el proyecto de lista de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas y de los lugares de ubicación; y
III. Ordenar la publicación, por primera vez, de la lista de integración de las mesas directivas de casillas y de los lugares de ubicación en orden numérico progresivo de las secciones del Distrito Electoral.
Artículo 230. El Comité Distrital Electoral publicará el 15 de junio del año de la elección ordinaria, en cada municipio o delegación, numeradas progresivamente, el número de casillas electorales y su ubicación, así como los nombres de sus integrantes.
La publicación se hará fijando la lista de la ubicación de las casillas y los nombres de sus integrantes, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.
El secretario del comité distrital entregará una copia de la lista a cada uno de los comisionados de los partidos, haciendo constar la entrega en el acta respectiva.
El presidente del Comité Distrital Electoral, dentro de los quince días siguientes a su publicación, atenderá las objeciones y hará los cambios cuando los lugares señalados o los ciudadanos designados no reúnan los requisitos correspondientes.
Artículo 231. El Comité Distrital Electoral publicará por segunda ocasión, el 15 de julio del año de la elección ordinaria, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo anterior, la lista de las casillas, su ubicación y los nombres de sus integrantes con las modificaciones que hubieren procedido.
El Comité Distrital Electoral, dentro de los quince días siguientes al de su publicación, atenderá las objeciones y hará los cambios cuando los lugares señalados o los ciudadanos designados no reúnan los requisitos correspondientes.
Artículo 232. Cuando vencido el término de quince días relativo a la segunda publicación, ocurran causas supervinientes fundadas, el presidente podrá hacer los cambios que se requieran e informará al comité y tratándose de la ubicación de las casillas, mandará fijar avisos en los lugares excluidos indicando la nueva ubicación.
CAPÍTULO CUARTO
Del registro de representantes
Artículo 233. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos y fórmulas de candidatos y hasta diez días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla y representantes generales.
Los candidatos en un partido político tendrán derecho a creditar un representante común y a su respectivo suplente en cada una de las Comisiones Locales Electorales, en los Comités Distritales Electorales y en las mesas directivas de casilla.
El representante común será el que designe la mayoría de los candidatos de un partido político que concurran en la elección.
Los representantes comunes se registrarán ante las comisiones y comités y se acreditarán ante las mesas directivas de las casillas.
Con excepción de los representantes generales, en los demás casos por cada propietario, se designará un suplente.
Artículo 234. En cualquier acto ante los organismos electorales, en que estén varios representantes de un partido político se observarán las reglas siguientes:
I. Deberán actuar conjuntamente sin que se admita intervención por separado;
II. En las comisiones locales y Comités Distritales Electorales, actuarán por conducto del comisionado acreditado; y
III. En las mesas directivas de casillas, actuarán por conducto del representante de partido.
Artículo 235. Los representantes generales de los partidos políticos tendrá los siguientes derechos:
I. Coadyuvar, el día de la elección, con los organismos electorales, en el cumplimiento de las disposiciones de este código relativas a la emisión, efectividad e imparcialidad del sufragio; y
II. Presentar los escritos de protesta al término del escrutinio y computación, si no hubiesen estado presentes los representantes de su partido o candidatos.
Artículo 236. La actuación de los representantes generales de los partidos, estará sujeta a las normas siguientes:
I. Ejercerán su cargo exclusivamente dentro del Distrito Electoral para el que fueron designados; para el que se fueron designados.
II. Deberán actuar individualmente, y en ningún caso de manera colectiva;
III. No substituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos y candidatos ante las mesas directivas de casillas; y
IV. No asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla.
Artículo 237. Los representantes de los partidos políticos y comunes de los candidatos ante las casillas que estén acreditados, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de este código, velarán la efectividad del sufragio y tendrán los siguientes derechos para ejercer sus cargos:
I. participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta la conclusión del escrutinio y computación y la clausura;
II. Firmar todas las actas que deban elaborarse por la casilla;
III. Firmar bajo protesta las actas, con mención de la causa que la motiva;
IV. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla;
V. Presentar escritos relacionados con la votación;
VI. Presentar al término del escrutinio y computación el escrito de protesta como requisito de procedencia del recurso de queja; y
VII. Acompañar al presidente de la casilla, al Comité Distrital Electoral correspondiente, para hacer la entrega del paquete electoral.
Artículo 238. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla a que se refiere el artículo anterior y de los representantes generales, se sujetará a las reglas siguientes:
I. En la fecha de la segunda publicación de la lista de casillas, el Comité Distrital correspondiente proporcionará a los comisionados de los partidos políticos acreditados, las formas por duplicado, de los nombramientos, en el número que corresponda a las casillas que se instalarán en el distrito electoral;
II. Los comisionados de los partidos políticos, deberán devolver al Comité Distrital, a más tardar quince días antes de la elección, los nombramientos por duplicado, con los datos de los representantes de que se trate; y
III. El Comité Distrital Electoral conservará un ejemplar de cada uno de los nombramientos y entregará a los comisionados de los partidos políticos, a más tardar diez días antes de la elección, los demás nombramientos debidamente registrados con las firmas del presidente y el secretario, y el sello del comité.
Artículo 239. La devolución al Comité Distrital de los nombramientos por los comisionarios de los partidos políticos se sujetará a las reglas siguientes:
I. Se hará mediante escrito firmado por el funcionario del partido político o candidatos que hagan el nombramiento;
II. El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de casillas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes;
III. Los nombramientos que carezcan de alguno o algunos de los datos del representante serán devueltos al comisionado del partido político; y
IV. Los comisionados de los partidos políticos tendrán tres días a partir de la fecha de la devolución a la que se refiere este artículo para subsanar las omisiones a que alude la fracción III. Vencido este término sin corregirse las omisiones, no se registrará el nombramiento.
Artículo 240. Los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:
1o. Denominación del Partido Político;
2o. Nombre del representante;
3o. Tipo de nombramiento;
4o. Número del Distrito Electoral y casilla en que actuarán;
5o. Domicilio del representante;
6o. Número de la credencial de elector;
7o. Firma del representante;
8o. Fotografía del representante cuando así lo acuerde el partido político correspondiente y lo comunique al Comité Distrital Electoral para su inclusión en el nombramiento que al efecto expida; y
9o. Lugar y fecha de expedición.
Para garantizar a los representantes ante la casilla ele ejercicio de los derechos que le otorga este código, se imprimirá, al reverso del nombramiento el texto de los artículos que correspondan. Asimismo el nombramiento podrá contar con fotografía del representante cuando así lo soliciten los partidos políticos.
Artículo 241. La Comisión Local Electoral correspondiente, a petición del partido político o de los candidatos interesados, hará el registro supletorio de los representantes a que se refiere este artículo, cuando el Comité Distrital Electoral, dentro del término de cuarenta y ocho horas, no resuelva o niegue el registro solicitado.
Artículo 242. Para garantizar a los representantes de los partidos políticos su debida acreditación ante la mesa directiva que indique su nombramiento, el presidente del Comité Distrital entregará al presidente de cada mesa directiva de casilla, una relación de los representantes de los partidos políticos que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate.
Artículo 243. Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos datos que los nombramientos de los representantes ante la casilla, con excepción del número de casilla.
Para garantizar a los representantes generales el ejercicio de los derechos que les otorga este código, se imprimirá al reverso del nombramiento, el texto de los artículos que correspondan.
TÍTULO SEGUNDO
De la documentación y material electoral
CAPÍTULO PRIMERO
De la documentación electoral
Artículo 244. Para la emisión del voto se imprimirán las boletas electorales correspondientes conforme al modelo que apruebe la Comisión Federal Electoral.
I. Las boletas para la elección de presidente de la República, senadores y diputados contendrán:
A) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación;
B) Cargo para el que se postura al candidato o candidatos;
C) Color o combinación de colores y emblema del partido político;
D) Nombre y apellidos del candidato o candidatos;
E) En el caso de la elección de diputados por mayoría relativa y representación proporcional, un solo círculo por cada partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional;
F) En el caso de la elección de senadores, un solo círculo para la fórmula de propietarios y suplente postulados por un partido político;
G) En el caso de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un solo círculo, para cada candidato; y
H) Las firmas impresas del presidente y secretario de la Comisión Federal Electoral;
II. Las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regionales de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos nacionales; y
III. Los colores y emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la antigüedad de su registro.
Artículo 245. En caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya estuvieren impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme acuerde la Comisión Federal Electoral. Si no se pudiere efectuar su corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los organismos electorales respectivos, al momento de la elección.
Artículo 246. Las boletas deberán obrar en poder del Comité Distrital veinte días antes de la elección y serán selladas al dorso por el secretario del comité. Los comisionados de los partidos, si lo desearen, pondrán firmarlas y tendrán derecho a que se les expida constancia de su intervención, así como del número de las boletas firmadas.
La falta de firmas no impedirá su oportuna distribución.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del material Electoral
Artículo 247. Los Comités Distritales Electorales entregarán a cada presidente de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección:
I. La lista nominal de electores de la sección;
II. La relación de los representantes de los partidos y de los candidatos registrados en el Comité Distrital Electoral para la casilla;
III. Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de su sección, más de un 10%;
IV. Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate;
V. La tinta indeleble; y
VI. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios.
Artículo 248. Para garantizar el secreto del voto, las urnas en las que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un material que impida conocer el sentido del voto antes del escrutinio y computación y de preferencia plegables o armables.
Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible la denominación de la elección de que se trate.
Artículo 249. El nombramiento de los auxiliares electorales estará sujeto a las reglas siguientes:
I. Serán nombrados por el presidente del Comité Distrital, diez días antes de la elección;
II. Serán nombrados en el número necesario conforme a las características del Distrito Electoral y el número de las casillas que se instalarán; y
III. Para el ejercicio de sus funciones y para identificación recibirán el nombramiento con su fotografía.
Artículo 250. Las funciones de los auxiliares electorales del Comité Distrital serán las siguientes:
I. Auxiliar al Comité Distrital dentro de los diez días a que se refiere el artículo anterior, en la entrega a los presidentes de casilla de la documentación, material y útiles para la elección;
II. Vigilar la instalación de las casillas el día de la elección, e informar al Comité Distrital de las casillas que no se hubiese instalado y las causas;
III. Instalar las casillas, en cumplimiento expreso de los acuerdos del Comité Distrital;
IV. Auxiliar en la recepción de los paquetes electorales; en las oficinas del Comité Distrital electoral; y
V. Cumplir las tareas que por escrito les ordene el presidente, y los acuerdos que determine el comité.
Artículo 251. Los auxiliares electorales de las Comisiones Locales Electorales, serán nombrados por la propia comisión local, a propuesta de su presidente, y actuarán exclusivamente el día de la elección para cumplir las tareas que expresamente les sean indicadas, dentro de la entidad federativa de que se trate.
TÍTULO TERCERO
De la jornada electoral
CAPÍTULO PRIMERO
De la Instalación y apertura de casillas
Artículo 252. El primer miércoles de septiembre de año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores, propietarios, de las mesas directivas de las casillas, procederán a su instalación en presencia de los candidatos que concurran, levantando el acta de instalación de la casilla.
En el acta deberá hacerse constar que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios, representantes y electores presentes para comprobar que estaban vacías.
Los nombramientos de la mesa directiva de la casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.
Artículo 253. De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo siguiente:
I. Si a las 8:15 horas no se presentaren alguno o algunos de los propietarios, actuarán en su lugar los respectivos suplentes;
II. Si a las 8:30 horas no ésta integrada la mesa directiva conforme a la fracción anterior, pero estuviere el presidente o suplente, cualquiera de los dos designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá a su instalación.
III. En ausencia del presidente y de su suplente y si no hubiese impedimento en razón de las distancia o falta de comunicaciones, el comité distrital autorizará la instalación de la casilla por un auxiliar electoral, quien nombrará a los funcionarios correspondientes; y
IV. En ausencia del auxiliar, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos ante las casillas, designarán, de común acuerdo, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva, en cuyo caso se requerirá:
A) La presencia de un juez o notario público, quienes tienen la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y
B) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.
Artículo 254. De la instalación de la casilla se levantará acta de acuerdo al modelo aprobado por la Comisión Federal Electoral, la que deberá ser firmada, sin hacer excepción, por todos los funcionarios y representantes.
Artículo 255. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado cuando:
I. Ya no exista el local indicado en las publicaciones respectivas;
II. El local se encuentre cerrado o clausurado, y no se pueda obtener el acceso para realizar la instalación;
III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;
IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el libre acceso de los electores, o bien, no ofrezcan condiciones que garanticen seguridad para la realización de las operaciones electorales, o resguarden a los funcionarios de la mesa o a los votantes de la inclemencias del tiempo. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes, tomen la determinación de común acuerdo;
V. Exista acuerdo mayoritario de los funcionarios y representantes, para facilitar la votación, en los términos de los artículos 196 y 227 de este código;
VI. El Comité Distrital Electoral así lo dispongan y se notifique al presidente de la casilla; y
VII. Al momento de instalarse la casilla, se determine que el lugar no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 227 de este código.
Artículo 256. En los casos de cambio de casillas por causa justificada, el nuevo sitio deberá estar comprendido en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la votación y cierre de la votación
Artículo 257. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de la casilla, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
I. Exhibir su credencial permanente de elector;
II. Identificarse por alguno de los siguientes medios:
A) Credencial o documento diverso en el que consten los datos personales que identifiquen al elector, a satisfacción de los integrantes de la mesa directiva de la casilla;
B) Licencia de manejo;
C) Cotejo de la firma que conste en su credencial de elector con la que escriba en papel separado, en presencia de los funcionarios de la mesa y sin tener a la vista su credencial; o
D) Por el conocimiento personal que de él tengan los miembros de la mesa.
En ningún caso servirán para identificar al elector credenciales o documentos expedido por organizaciones políticas;
III. El presidente de la mesa se cerciorará de que el nombre del ciudadano que aparece en la credencial de elector figure en la lista nominal de electores de la sección a que corresponda la casilla.
De esta regla se exceptuarán ciudadanos que teniendo su credencial de elector estén comprendidos en los siguientes casos:
A) Que se encuentren transitoriamente en lugar distinto al de su sección electoral por causas justificables a satisfacción de los funcionarios de casillas;
B) Que el elector sea militar en servicio activo, en cuyo caso votarán en la casilla más próxima al lugar de donde desempeñe su servicio;
C) Que se trate de representantes de partidos políticos o candidatos, quienes votarán en la casilla en que actúen; y
D) Que se trate de auxiliares electorales designados por los organismos electorales.
En estos supuestos se observará lo siguiente:
I. Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, por senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Si el elector se encuentra fuera de su sección y distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senadores y por Presidente de la República.
En este caso el presidente de la casilla le entregará la boleta única para la elección de diputados, anotándole la leyenda "soló diputados por representación proporcional", o la abreviatura "R.P.";
III. Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional y por presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En este caso, el presidente le entregará la boleta única para la elección de diputados, anotándole previamente la leyenda "solo diputados por representación proporcional" o la abreviatura "R.P.";
IV. Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, únicamente podrá votar por presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y
V. El secretario de la mesa hará para cada uno de los cuatro apartados anteriores, una lista adicional de los electores comprendidos en ellos, anotando nombre y apellidos, domicilio, lugar de origen, ocupación y número de credencial permanente de elector. La lista adicional se integrará al paquete electoral; y
IV. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector, el presidente de la casilla le entregará las boletas correspondientes, según la elección de que se trate
Artículo 258. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos que estando en la lista nominal de electores correspondientes a su domicilio, su credencial permanente de elector contenga errores de seccionamiento.
En este caso, los presidentes de casilla, además de identificar a los electores en el término de este código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente, por el medio que estimen más efectivo.
Artículo 259. El presidente de la casilla recogerá las credenciales permanentes de elector que tengan muestra de alteración o no pertenezcan al elector, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.
El secretario de la mesa anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.
Artículo 260. la votación se efectuará en la forma siguiente:
I. El elector, de manera secreta, marcará el círculo de cada una de las boletas que contengan el color o colores y emblema del partido por el que sufraga.
El elector podrá escribir en el lugar correspondiente el nombre de su candidato o fórmula de candidatos, si éstos no estuvieran registrados.
Si el elector es ciego o se encuentra impedido para sufragar, podrá auxiliarse de otra persona.
El elector que no sepa leer ni escribir, podrá manifestar a la mesa si desea votar por persona o fórmula distinta a las registradas, en cuyo caso podrá también auxiliarse de otra persona.
El personal de las fuerzas armadas, la oficialidad, las clases, tropa y policía, deben presentarse a votar individualmente en los términos de la fracción III, inciso b) , del artículo 257, sin armas y sin vigilancia o mando de superior alguno;
II. El elector, personalmente, o quien lo auxilie en caso de impedimento físico, introducirá la boleta electoral en la urna respectiva; y
III. El secretario de la casilla anotará en la lista nominal de electores la palabra "voto".
Artículo 261. Para identificar a los electores que ya hubiesen votado, el secretario de la casilla procederá:
I. A perforar la credencial de elector en el lugar indicado para ello; y
II. A impregnar con la tinta indeleble el dedo pulgar derecho del elector.
El presidente de la casilla devolverá su credencial al elector.
Artículo 262. A fin de asegurar la libertad y el secreto del voto, únicamente permanecerán en la casilla sus funcionarios, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos, el número de electores que puedan ser atendidos y, en su caso, los notarios públicos o jueces durante el ejercicio de sus funciones.
Los representantes generales permanecerán en la casilla el tiempo para comprobar la presencia de los representantes de su partido político y sus candidatos, o recibir de ellos la información relativa a su actuación.
Artículo 263. El presidente de la casilla tiene la responsabilidad de mantener el orden de la elección con el auxilio de la fuerza pública si lo estima conveniente, conforme a las disposiciones siguientes:
I. Cuidará la conservación del orden en el interior y en exterior inmediato de la casilla;
II. Vigilará el libre acceso de los electores a la casilla;
III. No admitirá en la casilla a quienes:
A) Se presenten armados;
B) Acudan en estado de ebriedad; o bajo el efecto de enervantes, o cualquier droga;
C) Hagan propaganda, y
D) En cualquier forma pretendan coaccionar a los votantes;
IV. Mandará retirar de la casilla a todo individuo que infrinja las disposiciones del código u obstaculice el desarrollo de la votación; y
V. Suspenderá la votación en caso de que alguna persona trate de intervenir por la fuerza, con el objeto de alterar el orden en la casilla, y cuando lo considere conveniente dispondrá que se reanude.
Artículo 264. Los representantes de los partidos políticos, de los candidatos y los generales, tendrán derecho a que el secretario de la casilla haga constar en una acta especial las circunstancias que motiven el retiro de la casilla; por violar lo dispuesto en el artículo anterior.
El acta deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y por los representantes de los partidos políticos.
Artículo 265. Los electores, los representantes de los partidos políticos y comunes de los candidatos, y los candidatos, podrán presentar escritos ante la mesa directiva de la casilla, durante el curso de la votación.
El secretario deberá:
I. Recibir esos escritos;
II. Hacer, en el acta de cierre de la votación, una relación pormenorizada de ellos; y
III. Integrados al paquete electoral de la elección de diputados.
Los integrantes de la mesa directiva de casilla se abstendrán de discutir sobre el contenido de esos escritos, y de emitir juicio alguno al respecto.
Artículo 266. Las reglas para cerrar la votación de las casillas, serán las siguientes:
I. A las dieciocho horas o antes, si ya hubiesen votado todos los electores incluidos en la lista nominal; y
II. Después de esta hora si aun se encontrasen electores sin votar y hasta que todos los presentes hayan votado.
Artículo 267. Concluida la votación se levantará el acta de cierre de votación, de acuerdo con el modelo aprobado por la Comisión Federal Electoral, la que será firmada sin hacer excepción, por todos los funcionarios y representantes.
CAPÍTULO TERCERO
Del escrutinio y computación
Artículo 268. El escrutinio y computación es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:
I. El número de electores que votó en la casilla:
II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; y
III. El número de votos anulados por la mesa directiva de la casilla.
Artículo 269. El procedimiento de escrutinio y computación se practicará para cada una de las elecciones en el orden siguiente:
1o. El de la elección de diputados;
2o. El de la elección de senadores; y
3o. El de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 270. El escrutinio y computación de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:
I. El secretario de la mesa de la casilla contará las boletas sobrantes, y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta; y anotará el número de boletas inutilizadas que resulte en el acta final de escrutinio y computación;
II. El primer escrutador contará el número de electores que aparezca que votaron conforme a:
A) La lista nominal de electores de la sección; y
B) Las listas adicionales de los electores que votaron en la casilla, por encontrarse fuera de su sección;
III. El secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores, y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;
IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;
V. El presidente, auxiliado por los dos escrutadores, clasificará las boletas para determinar;
A) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;
B) El número de votos que resulten anulados; y
VI. El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores.
Artículo 271. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:
I. Se contará un voto por cada círculo marcado, así como cuando el elector marque en algún lugar del cuadro que contiene el círculo o emblema del partido;
II. Se contará un voto, cuando el elector marque más de un círculo, si los partidos políticos cuyos círculos hayan sido marcados postulan al mismo candidato o candidatos.
En este caso el voto contará para los candidatos; y
III. Los votos emitidos en forma distinta a la descrita en las dos fracciones anteriores serán nulos.
Artículo 272. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a la de otra, se procederá como sigue:
I. Al término del escrutinio y computación que esté practicándose, se hará el que corresponde a esas boletas; y
II. Se anotarán los resultados en el espacio previsto para este caso, en el acta final de escrutinio y computación de la elección respectiva, a fin de sumarlos a los resultados que se obtengan en ella.
Artículo 273. El acta final de escrutinio y computación de los resultados obtenidos deberá contener los datos siguientes:
I. La narración de los incidentes ocurridos durante el escrutinio y computación;
II. El número de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y computación; y
III. Las causas invocadas por los representantes de los partidos políticos para firmar bajo protesta el acta.
Artículo 274. Concluido el escrutinio y la computación de cada una de las votaciones, se levantará el acta correspondiente, conforme al modelo aprobado por la Comisión Federal Electoral, la que firmará, sin hacer excepción, todos los funcionarios y representantes.
Los representantes de los partidos políticos y candidatos ante las casillas, tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma en los términos de la fracción III del artículo inmediato anterior. La negativa de representantes a firmar esta acta sin materia los escritos de protesta que en su contra presenten.
Artículo 275. Al término del escrutinio y computación de cada una de las elecciones, se formará un paquete con la documentación siguiente:
I. Un ejemplar del acta de instalación;
II. Un ejemplar del acta de cierre de votación;
III. Un ejemplar del acta final de escrutinio y computación;
IV. Las boletas que contengan los votos válidos y los votos nulos;
V. Las boletas sobrantes inutilizadas;
VI. Las listas nominales y adicionales de los electores, que correspondan a la elección; y
VII. Los escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos y candidatos, que correspondan a la elección.
Para garantizar la inviolabilidad de la documentación interior, el paquete deberá quedar cerrado y sobre su envoltura firmarán los miembros de la mesa directiva de la casilla y los representantes.
El Comité Distrital proporcionará a los presidentes de casilla el material adecuado para hacer el paquete.
Artículo 276. La denominación "paquete electoral" corresponderá al que se hubiese formado en los términos del artículo anterior.
Para hacer constar su formación, el secretario levantará una acta que deberán firmar las personas mencionadas en el último párrafo del artículo precedente.
Artículo 277. En esa acta, se determinará:
I. Los miembros de la mesa directiva de la casilla que harán la entrega del paquete electoral al Comité Distrital respectivo; y
II. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos, que los acompañarán.
Artículo 278. La lista nominal de electores y la lista adicional de los electores que votaron en la casilla para diputados, por encontrarse fuera de su sección, se incluirán en el paquete de la elección de diputados.
Artículo 279. El presidente de la mesa directiva de la casilla conservará un ejemplar de cada una de las casillas, a fin de entregarlas al Comité Distrital Electoral que corresponda, conjuntamente con el paquete de la elección de que se trate.
CAPÍTULO CUARTO
De la clausura de la casilla y de la remisión del paquete electoral
Artículo 280. Concluidos el escrutinio y computación de cada una de las elecciones, se clausurará la casilla.
Los presidentes de las mesas directivas bajo su responsabilidad, harán llegar al Comité Distrital que corresponda los paquetes electorales y las copias de las actas a que se refieren los artículos 275 y 276, lo más pronto posible, y a más tardar dentro de los términos siguientes, contados a partir de la clausura de la casilla:
I. Doce horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas en cabecera de distrito;
II. Treinta y seis horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de cabecera de distrito; y
III. Cuarenta y ocho horas cuando se trate de casillas rurales.
El Comité Distrital Electoral tomará previamente al día de la elección las previsiones necesarias para que los paquetes electorales sean entregados dentro de los términos anteriores.
La demora en la entrega de los paquetes y de las actas, únicamente se justificará por causa de fuerza mayor.
Artículo 281. Se considerará que existe causa justificada para que el paquete electoral sea entregado al Comité Distrital Electoral, fuera de los plazos que este Código establece, cuando:
I. Las comunicaciones se encuentren interrumpidas; y
II. Exista caso fortuito o de fuerza mayor.
En ambos casos, se requerirá que la causa justificada sea debidamente comprobada ante el Comité Distrital Electoral.
Artículo 282. Los presidentes de las casillas, al término del escrutinio y computación, fijarán avisos en lugar visible de la casilla, los resultados obtenidos en cada una de las elecciones.
Artículo 283. De las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio de las casillas, se entregará una copia legible a cada uno de los representantes de los partidos y, en su ausencia, a los representantes de los candidatos a los representantes generales.
El secretario recabará, en una acta especial, la firma del representante que reciba las actas legibles de la elección, mencionando en ella si el representante estuvo presente o no durante el proceso de la votación.
CAPÍTULO QUINTO
De las garantías para los electores
Artículo 284. El día de la elección y los tres que le preceden no se permitirá la celebración de mitines, reuniones públicas ni actos de propaganda política directa o alusiva, cualquiera que sean los procedimientos empleados.
Artículo 285. Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública de la Federación, de los estados y los municipios, deben presentar el auxilio que la Comisión Federal Electoral y los demás organismos electorales requieran, conforme a este código, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo del proceso electoral y en particular el de la votación.
Artículo 286. Ninguna autoridad puede, el día de la elección, detener a un elector, sino hasta después de que haya votado, salvo en los casos de flagrante delito o por orden expresa del presidente de una casilla o en virtud de resolución dictada por autoridad judicial competente.
Artículo 287. Los representantes de los partidos políticos, comunes de los candidatos y generales gozarán de plenas garantías para la realización de sus funciones. las autoridades en el ámbito de su competencia les brindarán las facilidades para este propósito y únicamente podrán ser detenidos cuando se trate de flagrante delito o del cumplimiento de resolución dictada por autoridad judicial competente.
Las autoridades harán la determinación y sus causas de manera fehaciente.
Artículo 288. El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los miembros uniformados de la fuerzas públicas encargadas del orden.
Artículo 289. El día de la elección y el precedente, permanecerán cerrados todos los establecimientos que, en cualesquiera de sus giros, expendan bebidas embriagantes.
CAPÍTULO SEXTO
De las autoridades administrativas y de vigilancia
Artículo 290. Las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de proporcionar a los organismos electorales lo siguiente:
I. La información que obre en su poder;
II. Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo;
III. El apoyo necesario para practicar las diligencias, que les sean demandadas para fines electorales; y
IV. La información de los hechos que puedan motivar la incapacidad de los candidatos o alterar el resultado de la elección.
Artículo 291. Los juzgados de distrito, los locales y municipios permanecerán abiertos durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del Ministerio Público y las oficinas que hagan sus veces.
Artículo 292. Los notarios públicos en ejercicio, los jueces y funcionarios autorizados para actuar por receptoría, mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos o comunes de los candidatos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.
Para estos efectos los colegios de notarios de las entidades de la Federación publicarán, cinco días antes del día de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO
De la recepción de los paquetes electorales y de la información preliminar de los resultados
Artículo 293. La recepción de los paquetes electorales por los Comités Distritales Electorales se hará conforme a las reglas siguientes:
I. El presidente del Comité Distrital dispondrá el depósito de los paquetes electorales en un lugar, dentro del local del comité, que reúna las condiciones de seguridad desde el momento de su recepción hasta el día en que se participe el cómputo distrital, el acceso a este lugar deberá sellarse, en caso de que así lo determine el Comité Distrital;
II. Los paquetes electorales se recibirán en el orden en que sean entregados por los presidentes o integrantes de las mesas directivas de casilla con los representantes de los partidos políticos y candidatos;
III. Los paquetes electorales serán colocados en el lugar a que se refiere la fracción I, en el orden numérico de casillas; y
IV. En el acta circunstanciada relativa a la recepción de los paquetes, se tomará nota de aquellos paquetes que sean entregados sin reunir los requisitos de su formación.
Artículo 294. La información pública de los resultados que aparezcan en las actas de escrutinio y computación, entregadas con los paquetes electorales al Comité Distrital, se dará conforme a las siguientes reglas:
I. Las comisionados de los partidos políticos acreditados ante el comité, tendrán derecho a ser dotados de los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas;
II. El presidente del comité recibirá las actas de escrutinio y computación, y de inmediato dará lectura, en voz alta, al resultado de la votación que aparezca en ellas; y
III. El secretario anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en el formato destinado para el registro conforme al orden numérico de las casillas.
Artículo 295. Para conocimiento del público en general, una vez conocida la recepción de los paquetes electorales y de las actas de escrutinio y computación de todas las casillas instaladas en el Distrito Electoral, el presidente del comité deberá:
I. Fijar en el exterior del local del Comité Distrital, el total de los resultados asentados en las actas recibidas; y
II. Informar a la Comisión Federal Electoral y a la Comisión Local Electoral que corresponda, de los resultados recibidos.
LIBRO SEXTO
De los resultados electorales
TÍTULO PRIMERO
De los cómputos distritales
CAPÍTULO ÚNICO
Del procedimiento de cómputo
Artículo 296. Los Comités Distritales Electorales celebrarán el domingo siguiente al miércoles de la elección, para hacer el cómputo de cada una de las elecciones, en el orden siguiente:
1o. El de la votación para diputados;
2o. el de la votación para senadores; y
3o. El de la votación para Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 297. Son obligaciones de los Comités Distritales:
I. Practicar los cómputos en el orden establecido en el artículo anterior.
II. Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta su conclusión. En ningún caso, la sesión podrá entrar en receso sin haber concluido determinado cómputo;
III. Expedir a los partidos políticos, a los candidatos o a sus representantes, las copias certificadas que soliciten;
IV. Rendir a la Comisión Federal Electoral un informe detallado sobre el desarrollo de la elección en el Distrito Electoral y para los efectos de la expedición de la constancia de mayoría;
V. Enviar a la Comisión Local Electoral, de las entidades a que corresponda el Distrito Electoral, las actas relativas al cómputo distrital de la elección de senadores;
VI. Hacer llegar a la Comisión Local Electoral con residencia en la capital que se cabecera de circunscripción plurinominal y a la que pertenezca el Distrito Electoral, copia legible del acta de cómputo distrital de la elección de diputados para que esa Comisión efectúe el cómputo de su circunscripción; y
VII. Enviar al Tribunal de lo Contencioso Electoral los escritos de queja que se hubieren interpuesto y la documentación relativa del cómputo distrital correspondiente.
Artículo 298. El cómputo distrital de una elección es el procedimiento por el cual el Comité Distrital determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y computación de las casillas, la votación obtenida en un Distrito Electoral.
Artículo 299. El cómputo distrital de la votación para diputados, se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Se abrirán los paquetes de esta elección que no tengan muestra de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas, se cortejarán los resultado de las actas de escrutinio y computación contenidas en los paquetes con los resultados de las mismas actas que obren en poder del comité, y cuando los resultados de ambas actas coincidas se tomará nota de ello;
II. Cuando los resultados de las actas no coincidan, o no exista acta final de escrutinio y computación en el paquete de la casilla ni en poder del comité, se practicara el escrutinio y computación levantándose el acta individual de la casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo;
III. La suma de los resultados obtenidos después de realizar las operaciones indicadas en lo dos puntos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional;
IV. Se formará un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, copias de todas las actas levantadas en ellas, copias del acta de cómputo distrital, y los demás documentos relativos al cómputo y se remitirá a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, para su depósito y salvaguarda en tanto la elección;
V. Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren; y
VI. El comité distrital remitirá a la comisión cabecera de circunscripción que comprende el Distrito Electoral, copia legible del acta de cómputo distrital de la elección de diputados, a fin de que esa comisión local practique el cómputo de circunscripción de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.
Se enviará a la Comisión Federal Electoral copia de la documentación relativa al cómputo y, en su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral cuando se interponga el recurso de queja.
Artículo 300. El cómputo distrital y la votación para senadores se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior;
II. La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas operaciones constituirá el cómputo distrital de la elección de senadores de la República;
III. Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurren; y
IV. Se formará un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, las actas de escrutinio y computación distrital y los demás documentos que resulten del cómputo distrital y los demás documentos que resulten del cómputo. Este paquete se remitirá a la legislatura local correspondiente y en el caso del Distrito Federal, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, se enviarán a la Comisión Federal Electoral copias del acta de cómputo distrital y de la documentación que resulte del cómputo y, en su caso el Tribunal de lo Contencioso Electoral cuando se interponga el recurso de queja.
Artículo 301. El cómputo de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I y II, del artículo 299, de este código;
II. La suma de los resultados obtenidos después de realizar estas operaciones constituirá el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
III. Se harán constar en el acta los resultados y los incidentes que ocurrieren; y
IV. Se formará un paquete de la elección con los paquetes de las casillas, las actas de escrutinio y computación levantadas en ellas, copia del acta de cómputo distrital y los documentos relativos al cómputo, y se remitirá a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados para su depósito y salvaguarda en tanto se califica la elección. Se enviará a la Comisión Federal Electoral copias del acta de cómputo distrital y de la documentación que resulte y, en su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral cuando se interponga el recurso de queja.
Artículo 302. Los presidentes de los comités distritales electorales publicarán en el exterior de sus locales, el término del cómputo distrital, los resultados obtenidos en cada una de las elecciones.
TÍTULO SEGUNDO
De los cómputos de entidad federativa para senadores
CAPÍTULO ÚNICO
Del procedimiento de cómputo
Artículo 303. Las Comisiones Locales Electorales celebrarán sesión el segundo miércoles de septiembre para hacer el cómputo de entidad federativa, correspondiente a la elección de senadores.
Artículo 304. El cómputo de entidad federativa es el procedimiento por el cual cada una de las Comisiones Locales Electorales determinan, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de la elección de senadores, la votación obtenida en esta elección, en la entidad federativa que corresponda, y se sujetará a las reglas siguientes:
I. Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital;
II. La suma de esos resultados constituirá el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores de la República;
III. Se harán constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieren;
IV. Concluido el procedimiento anterior el presidente de la Comisión Local Electoral rendirá a la Comisión Federal Electoral, un informe sobre el proceso electoral de senadores y le remitirá copia del acta del cómputo de entidad federativa; y
V. Enviará a las Legislaturas y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; en el caso del Distrito Federal, un informe del cómputo de entidad federativa, con la documentación relativa.
El secretario expedirá a los representantes de los candidatos y de los partidos políticos, las copias certificadas que soliciten relativas a este cómputo.
La Comisión Local Electoral expedirá la constancia de mayoría a las integrantes de la fórmula de candidatos a senadores, propietario y suplente, que hubiesen obtenido la mayoría de votos salvo que el Tribunal de lo Contencioso Electoral hubiere ordenado no expedirla al resolver el recurso de queja.
TÍTULO TERCERO
De los cómputos de representación proporcional en cada circunscripción
CAPÍTULO ÚNICO
Del procedimiento del cómputo
Artículo 305. La Comisión Local Electoral que resida en la capital cabecera circunscripción plurinominal, hará el segundo miércoles de septiembre el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados electos según el principio de representación proporcional.
Artículo 306. El cómputo de circunscripción es el procedimiento por el cual cada una de las Comisiones Locales Electorales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, determinan la votación obtenida en la elección de diputados electos por el principio de representación proporcional, mediante la suma de los resultados anotados en las actas del cómputo distrital levantadas por los Comités Distritales Electorales comprendidos en la circunscripción.
Artículo 307. El cómputo de circunscripción se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Se tomará nota de los resultados que consten en las actas de cómputo distrital de la circunscripción;
II. La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total emitida en la circunscripción plurinominal;
III. Se harán constar que el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurrieran; y
IV. Dentro de las 24 horas siguientes, el presidente de la Comisión Federal Electoral, enviará la documentación electoral correspondiente a este cómputo.
Artículo 308. Los presidentes de las comisiones locales electorales publicarán en el exterior de sus oficinas, los resultados obtenidos en los cómputos que les corresponda practicar.
TÍTULO CUARTO
De las constancias de elección de diputados
CAPÍTULO PRIMERO
De las constancias de mayoría relativa
Artículo 309. La Comisión Federal Electoral tendrá la facultad de expedir las constancias de mayoría a los diputados electos por el principio de mayoría relativa cuando:
I. No se hubiese interpuesto el recurso de queja; y
II. Así lo determine la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral.
La Comisión Federal Electoral no expedirá la constancia de mayoría cuando cuente con elementos que permitan presumir fundamentalmente que se dieron las causas de nulidad previstas en el artículo 337, o cuando así lo resuelva el Tribunal de lo Contencioso Electoral.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las constancias de asignación proporcional
Artículo 310. La Comisión Federal Electoral, después de haber determinado la expedición de las constancias de mayoría. procederá en los términos del artículo 54 de la Constitución Política, a la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional. Para este efecto, se observará los siguiente:
I. Con base en el resultado de la votación nacional emitida en la elección de diputados según el principio de representación proporcional, se hará la declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron el 1.5% de dicha votación;
II. Se procederá, con base en esta declaratoria y en los términos del artículo 207 de este código, a determinar la votación efectiva cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, siguiendo el orden numérico de dichas circunscripciones; y
III. Con base en la votación efectiva en cada una de las circunscripciones plurinominales, se asignarán los diputados electos conforme a este principio, en los términos de los artículo 208 a 213.
Artículo 311. La Comisión Federal Electoral expedirá a cada partido las constancias de asignación proporcional , lo que informará al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.
LIBRO SÉPTIMO
De los recursos nulidades y sanciones
TÍTULO PRIMERO
De los recursos
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 312. Los recursos son aquellos medios de impugnación con que cuentan las personas legitimadas por este código, tendientes a lograr la revocación o la modificación de las resoluciones dictadas por los organismos electorales, en los términos del presente libro.
Artículo 313. El presente código establece los siguientes recursos:
I. Durante la etapa preparatoria de la elección:
A). Revocación;
B). Revisión; y
C). Apelación; y
II. Para impugnar los cómputos distritales y la validez de cualquier elección, el de queja.
Durante la jornada electoral, se deberán presentar los escritos de protesta que los representantes de los partidos políticos nacionales y los candidatos consideren necesarios.
Artículo 314. La interposición de los recursos corresponderá exclusivamente a:
I. Los ciudadanos, los representantes de los partidos y asociaciones políticas nacionales, así como a los candidatos registrados para la respectiva elección federal, durante la etapa preparatoria de la elección; y
II. Los partidos políticos para impugnar los cómputos distritales y la validez de la elección, durante la etapa posterior al día de la elección.
Los representantes de los partidos políticos y los candidatos durante la jornada electoral podrán presentar el escrito de protesta.
Para los efectos de la interposición de los recursos, la personalidad de los representantes se tendrá por acreditada en los términos de este código.
Artículo 315. Para la interposición de los recursos, se observará lo siguiente:
I. Deberán formularse por escrito y estar firmados por los promoventes, en todo caso con la firma del representante del partido, en el supuesto de ser interpuesto por el candidato; además expresarán el acto o resolución impugnado, el organismo que lo hubiere realizado o dictado, los preceptos legales que considere violados y la exposición de los hechos ocurridos;
II. Sólo se admitirán pruebas documentales públicas, las cuales precisa el Código Federal de Procedimientos Civiles; y
III. Se acreditará la personalidad del promovente, en el caso de que no lo hubiere hecho con anterioridad.
Artículo 316. Para la sustanciación de los recursos establecidos por este código, los organismos cuyas resoluciones se combatan deberán hacer llegar al organismo competente y en su caso al Tribunal de la Contencioso Electoral, el escrito correspondiente, copia de la resolución, un informe relativo, las pruebas aportadas, y todos los demás elementos que se estimen necesarios por la resolución.
En ningún caso, se aceptarán pruebas que no hubieran sido aportadas dentro de los plazos establecidos en este código.
Artículo 317. Inmediatamente después de haberse recibido los recursos, el organismo competente, y en su caso el Tribunal de lo Contencioso Electoral, acordará sobre su admisión, desechando de plano los notoriamente improcedentes.
En ningún caso, la interposición de los recursos suspenderá los efectos de los actos y resoluciones reclamadas.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Competencia
Artículo 318. Son competentes para resolver los recursos.
I. La Comisión Federal Electoral, respecto de los recursos de revocación interpuestos en contra de sus propios actos;
II. Las Comisiones Estatales de vigilancia, respecto de los recursos de revisión interpuestos contra los actos de las Delegaciones del Registro Nacional de Electores;
III. Las Comisiones Locales Electorales, respecto de los recursos de revisión interpuestos contra los actos de los Comités Distritales Electorales; y
IV. El Tribunal de lo Contencioso Electoral:
a) Respecto de los recursos de apelación interpuestos durante la etapa preparatoria; y
b) Respecto de los recursos de queja.
Todos los recursos interpuestos dentro de los 5 días previos al de la elección, serán resueltos por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, al resolver sobre los recursos de queja, con los cuales guarden relación.
CAPÍTULO TERCERO
De la revocación
Artículo 319. La revocación se interpondrá ante la Comisión Federal Electoral respecto de sus propias resoluciones.
El término para interponer el recurso será de tres días naturales, que empezarán a contarse a partir del día siguiente en que se hubiese notificado la resolución recurrida.
Artículo 320. En contra de las resoluciones que dicte la Comisión Federal Electoral sobre los recursos de revocación interpuestos, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal de los Contencioso Electoral.
CAPÍTULO CUARTO
De la revisión
Artículo 321. La revisión procede contra actos o acuerdos de las Comisiones Locales Electorales y de los Comités Distritales Electorales, y en el caso de las resoluciones que dicte sobre la aclaración el Registro Nacional de Electorales.
Artículo 322. El recurso de revisión se interpondrá ante el organismo electoral u oficina del Registro Nacional de Electores que hubiese dictado la resolución recurrida. Cuando se trate de actos o acuerdos de las delegaciones correspondientes del Registro Nacional de Electores en la Entidad, el recurso de revisión se interpondrá ante las comisiones estatales de vigilancia.
El término para interponer el recurso de revisión será de tres días naturales, que empezaran a contar a partir del día siguiente en que se hubiese notificado la resolución recurrida.
CAPÍTULO QUINTO
De la apelación
Artículo 323. La apelación procede contra las resoluciones dictadas al resolverse el recurso de revisión. También procede contra las resoluciones de la Comisión Federal Electoral dictadas sobre la revocación.
El recurso de apelación se interpondrá ante el organismo electoral que hubiese resuelto el recurso de revisión o de revocación, en el término de tres días, que empezarán a contarse a partir del día siguiente al que se había notificado la resolución recurrida.
Artículo 324. En el caso del recurso de apelación, el titular del organismo respectivo deberá enviar el escrito por el cual se interponga el recurso y las pruebas aportadas al Tribunal de lo Contencioso Electoral, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción.
Artículo 325. Las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Electoral recaídas a los recursos de apelación, serán notificados a la Comisión Federal Electoral, a las comisiones locales electorales, comités distritales electorales y al Registro Nacional de Electores, por correo certificado o por telegrama, remitidos a más tardar el día siguiente de que se pronuncien.
CAPÍTULO SEXTO
De la queja
Artículo 326. La protesta de los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y computación de las casillas, será el medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.
Esta se presentará ante la mesa directiva de casilla al concluir el escrutinio y computación, o dentro de los tres días siguientes ante el comité distrital electoral que corresponda.
El Tribunal de lo Contencioso Electoral deberá tener en cuenta la presentación en tiempo del escrito de protesta, al momento de resolver sobre el recurso de queja.
Artículo 327. La queja es el recurso que procede contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, para hacer valer las causales de nulidad consignadas en el artículo 337 de este código.
La queja tiene por objeto lograr la declaración de nulidad de la elección.
El recurso de queja se interpondrá ante el Comité Distrital Electoral respectivo, dentro del término de cinco días naturales, que empezarán a contarse a partir del día siguiente del señalado para la práctica del cómputo distrital.
Artículo 328. Los comités distritales electorales remitirán al Tribunal de lo Contencioso Electoral, dentro del término de tres días, los recursos de queja que ante ellos se hubiesen interpuesto, así como la documentación a que se refiere el artículo 316 de este código.
El Tribunal de lo Contencioso Electoral sustanciará de inmediato los recursos de queja, para resolverlos dentro del término a que se refiere la fracción II del artículo 332 de este código.
Artículo 329. El presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral remitirá la resolución emitida sobre el recurso de queja con el expediente relativo, dentro de las 24 horas siguientes, a:
I. La Comisión Federal Electoral para los efectos de la expedición de la constancia de mayoría en la elección de diputados por mayoría relativa;
II. Las comisiones locales electorales en la elección de senadores;
III. La Comisión Federal Electoral, cuando se trate de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que por su conducto se haga saber la resolución al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados; y
IV. Los colegios electorales de ambas cámaras.
Artículo 330. La resolución sobre el recurso de queja será notificada a los políticos, mediante cédula colocada en los estrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral el mismo día en que la resolución se dicte, y deberá contener el nombre del partido y candidato recurrentes, el Distrito Electoral, la elección de que se trate y los puntos resolutivos del fallo.
A la Comisión Federal Electoral y a los colegios electorales, lo notificación se hará mediante oficio, el que deberá ir acompañado de la documentación relativa y de copia certificada de la resolución, la que se entregará dentro de los tres días siguientes a la fecha de la resolución, en sus respectivos domicilios.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De las resoluciones y sus efectos
Artículo 331. La revocación y revisión deberán ser resueltas por los organismos competentes, en la primera sesión que celebren después de su presentación.
Artículo 332. Los recursos de apelación y queja serán resueltos conforme a las siguientes reglas:
I. El pleno del tribunal resolverá los recursos de apelación dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se reciban; y
II. El tribunal resolverá los recursos de queja en el orden en que fueren recibidos, debiéndolo hacer en su totalidad dentro de los cinco días naturales anteriores a la instalación de los colegios electorales.
Artículo 333. Al dictar la resolución correspondiente, el tribunal tomará en cuenta exclusivamente las pruebas que se hubieren ofrecido al momento de la interposición del recurso.
Artículo 334. Toda resolución deberá contener:
I. La fecha, lugar y organismo que la dicta;
II. El resumen de los hechos controvertidos;
III. El examen y la calificación de todas las pruebas documentales aportadas;
IV. Los fundamentos legales de la resolución;
V. Los puntos resolutivos; y
VI. El término para su cumplimiento.
Artículo 335. La resoluciones del tribunal tendrán los siguientes efectos:
I. Confirmar, modificar o revocar el acto impugnado;
II. Ordenar a la Comisión Federal Electoral no expedir las constancias de mayoría, cuando en la elección respectiva se hayan dado los supuestos previstos en el artículo 337 de este código.
III. Ordenar a la Comisión Federal Electoral no expedir constancia de asignación, cuando en la elección respectiva se hayan dado los supuestos previstos en el artículo 337 de este código; y
IV. Ordenar a las comisiones locales electorales no expedir las constancias de mayoría, cuando en la elección de senadores se hayan dado los supuestos previstos en el artículo 337 citado.
TÍTULO SEGUNDO
De las nulidades
CAPÍTULO PRIMERO
De los casos de nulidad
Artículo 336. La votación recibida en una casilla será nula:
I. Cuando, sin causa justificada, la casilla se hubiere instalado en lugar distinto al señalado por el Comité Distrital correspondiente;
II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casillas o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertar o el secreto del voto, y esos hechos influyan en los resultados de la votación en la casilla;
III. Por haber mediado error grave o dolo manifiesto en la computación de votos, que modifique sustancialmente el resultado de la votación;
IV. Cuando el número de votantes anotados en las listas adicionales, en los términos del artículo 257 fracción III de este código, exceda en un 10% al número de electores con derecho a voto en la casilla; y
V. Cuando, sin causa justificada, el paquete electoral sea entregado el Comité Distrital, fuera de los plazos que este código señala.
Artículo 337. Una elección será nula:
I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior, se declaren existentes en un 20% de las secciones electorales de un Distrito Electoral, y sean determinantes en el resultado de la elección;
II. Cuando exista violencia generalizada en un Distrito Electoral;
III. Cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la jornada de la elección, y se demuestre que las mismas son determinantes en el resultado de la elección.
Se entiende por violaciones sustanciales:
a) La realización de los escrutinios y cómputos en lugares que no llenen las condiciones señaladas por este código, o en lugar distinto al determinado previamente por el órgano electoral competente;
b) La recepción de la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección; y
c) La recepción de la votación por personas y organismos distintos a los facultados por este código.
IV. Cuando en un 20% de las secciones electorales de un distrito electoral uninominal:
a) Se hubiere impedido el acceso a las casillas de los representantes de los partidos políticos, de los candidatos o se hubieren expulsado de la casilla sin causa justificada;
b) No se hubieren instalado las casillas, y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; y
V. Cuando el candidato a diputado de mayoría relativa, que haya obtenido constancia de mayoría en la elección respectiva, no reúna los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la declaración de nulidad
Artículo 338. La nulidad, en los casos a que se refieren los artículos 336 y 337 de este código, únicamente podrá ser declarada por el H. Colegio Electoral que califique la elección respectiva; y tratándose de la nulidad de la votación de una o más casillas, se descontará la votación anulada de la votación total distrital para la elección de diputados por ambos sistemas, para obtener los resultados de la votación válida, siempre que no se esté en el supuesto de la fracción I del artículo anterior.
Artículo 339. Tratándose de la inegibilidad de candidatos a diputados de representación proporcional que deban atribuirse a un partido político nacional, tomará el lugar del declarado no elegible el que lo sigue en la lista regional correspondiente al mismo partido.
TÍTULO TERCERO
De las sanciones
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 340. Se impondrá multa por el equivalente de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer el delito o prisión hasta de tres años, o ambas sanciones a juicio del juez y destitución del cargo o empleo en su caso, o suspensión de derechos políticos hasta por tres años, a los funcionarios electorales que:
I. No hagan constar oportunamente las violaciones de que hayan tenido conocimiento en el desarrollo del proceso electoral;
II. Siendo servidores públicos del Registro Nacional de Electores, no admitan la solicitud de inscripción de alguna persona cuando sea procedente o se nieguen a inscribirla; alteren, oculten o sustraigan documentación relativa al padrón único; expidan credencial de elector a quien no le corresponda, no la expidan oportunamente, o la entreguen en blanco a quienes no les corresponda tenerla en su poder;
III. No proporcionen oportunamente la documentación electoral correspondiente a los presidentes de las mesas directivas de casilla;
IV. Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla, consientan que la votación se lleve a cabo en forma ilegal o rehusen admitir el voto de quien conforme a este código tenga derecho al sufragio;
V. Sin causa justificada, se nieguen a reconocer la personalidad de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos, o bien les impidan el ejercicio de las atribuciones que les corresponden;
VI. Que retengan o no entreguen al organismo electoral correspondiente el paquete electoral; y
VII. Teniendo la obligación de hacerlo, se nieguen, sin causa justificada, a registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos, dentro del plazo establecido en la fracción III del artículo 238 de este código.
Artículo 341. Se impondrá multa por el equivalente hasta de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito, o prisión hasta de tres años y destitución, en su caso, del cargo o empleo que desempeñe e inhabilitación para obtener algún cargo público hasta por tres años, al servidor público federal que:
I. Absurdo de sus funciones, obligue o induzca a los electores para votar a favor o en contra de un candidato;
II. Prive de la libertad a los candidatos, a sus representantes, a los representantes de los partidos políticos, o a los funcionarios electorales, bajo pretexto de comisión de delitos inexistentes y sin existir orden de aprehensión para ello; y
III. Impida indebidamente la reunión de una asamblea o manifestación pública, o cualquier acto legal de propaganda electoral.
Artículo 342. A los notario públicos que sin causa justificada dejen de realizar las actividades señaladas por el artículo 292 de este código, se les revocará la patente para el ejercicio notarial.
Artículo 343. Se impondrá multa por el equivalente de hasta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la falta de criterio del juez, a los ministros de culto religioso que por cualquier medio y por cualquier motivo, induzcan al electorado a votar o actuar en contra de un candidato, o fomenten la abstención o el desorden como medio de presión.
Artículo 344. A todo aquel extranjero que se inmiscuya en los asuntos políticos del país, se le revocará su calidad migratoria cualquiera que ésta fuera y se le aplicará lo dispuesto por la Ley General de Población.
Artículo 345. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por tres años a los presuntos diputados o senadores que, debiendo integrar el Colegio Electoral en los términos del artículo 60 de la Constitución, no se presente a desempeñar las funciones que les correspondan en esos cuerpos colegiados.
Artículo 346. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara, respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución.
Artículo 347. Se procederá a la cancelación del registro, a juicio de la Comisión Federal Electoral, de todos aquellos partidos políticos que:
I. Acuerden la no participación de sus candidatos electos en el Colegio Electoral; y
II. No acrediten comisionados ante la propia Comisión Federal Electoral en los términos de este código, o bien, queden sin representación durante dos sesiones consecutivas, previa notificación de la primera ausencia.
Artículo 348. Ninguna suspensión de derechos políticos o suspensión o cancelación de registro de que tratan los artículos anteriores podrá acordarse sin que previamente se oiga en defensa al interesado, para lo cual deberá ser citado, a fin de que conteste los cargos y presente las pruebas tendientes a su justificación.
Artículo 349. En todos los casos de cancelación de registro, la resolución que la determine deberá publicarse en la misma forma que el otorgamiento del registro.
Artículo 350. Cuando alguno de los actos señalados en el presenten título suponga la comisión de cualquiera de los delitos previstos en las leyes penales, independientemente de las sanciones indicadas en este código, la Comisión Federal Electoral deberá formular denuncia o querella ante la autoridad competente, a fin de que ésta ejercite la acción penal correspondiente.
Artículo 351. Cuando por motivo de un procedimiento electoral o en relación a éste, un individuo realice una conducta que no sea de las previstas en el presente título, pero sí de las mencionadas en la Ley Penal como delito, las autoridades competentes deberán intervenir en el ejercicio de sus funciones.
LIBRO OCTAVO
TÍTULO PRIMERO
Del tribunal de lo contencioso electoral
CAPÍTULO ÚNICO
Integración y funcionamiento
Artículo 352. El Tribunal de lo Contencioso Electoral es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía, para resolver los recursos de apelación y queja, a que se refiere el libro séptimo de este código.
Artículo 353. El Tribunal de lo Contencioso Electoral se integrará con siete magistrados numerados y dos supernumerarios, nombrados a propuesta de los partidos políticos, por el Congreso de la Unión, en el mes de mayo del año anterior a la elección. La Cámara de Diputados será Cámara de origen.
Las propuestas de los partidos serán presentadas al presidente de la Cámara, quien las turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la que en el término de 15 días presentará el dictamen en el que se funde y proponga la designación de los integrantes del Tribunal.
El dictamen se someterá a la aprobación de la asamblea en los términos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en caso de ser aprobado se turnará a la Cámara de Senadores para su estudio y aprobación en su caso.
En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente hará el nombramiento de los magistrados.
Artículo 354. Fungirá como presidente del tribunal, el magistrado que designe el pleno para cada elección federal ordinaria.
Artículo 355. Para ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento y en pleno goce de sus derechos;
II. Tener 30 años cumplidos al tiempo de la designación;
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho y registrado en los términos de la ley de la materia;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de una año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente a la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. No pertenecer ni haber pertenecido al estado eclesiástico ni ser o haber sido ministro de algún culto;
VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular; y
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo o empleo en algún partido político.
Artículo 356. Los magistrados serán designados para ejercer sus funciones en dos procesos electorales ordinarios sucesivos, pudiendo ser reelectos, y recibirán la retribución que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 357. El Tribunal de lo Contencioso Electoral se instalará e iniciará sus funciones, a más tardar la tercera semana de octubre del año anterior a las elecciones federales ordinarias, para concluirlas al término del proceso electoral de que se trate.
En caso de elecciones extraordinarias se estará a lo dispuesto en la convocatoria respectiva.
Artículo 358. Para la tramitación, integración y substanciación de los expedientes relativos a los medios de impugnación que deba resolver el tribunal, su presidente nombrará los secretarios y personal auxiliar que considere necesario.
El Tribunal contará, además, con un secretario general nombrado también por su presidente, para atender la administración de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el funcionamiento del organismo.
Artículo 359. Los secretarios del Tribunal a que se refiere el artículo, anterior, deberán ser de nacionalidad mexicana, mayores de 25 años, con título de licenciado en derecho legalmente registrado, y en pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Artículo 360. Son facultades del presidente del Tribunal de los Contencioso Electoral:
I. Convocar a los demás miembros del tribunal para la instalación e inicio de sus funciones, en los términos de este código;
II. Presidir las sesiones del pleno de tribunal, dirigir los debates y conservar el orden durante las mismas;
III. Designar al secretario general, secretarios y al personal administrativo, necesario para el buen funcionamiento del tribunal;
IV. Representar al tribunal ante toda clase de autoridades;
V. Despachar la correspondencia del tribunal;
VI. Comunicar a los organismos electorales las resoluciones que pronuncie sobre la expedición de constancias de mayoría;
VII. Notificar a los organismos electorales y al Registro Nacional de Electores, para su cumplimiento, las resoluciones que dicte sobre el recurso de revisión; y
VIII. Las demás que le atribuya este código.
Artículo 361. El Tribunal funcionará siempre en pleno. Este deberá integrarse con la presencia de seis magistrados, entre los que deberá estar el presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.
Las sesiones del tribunal serán públicas.
Artículo 362. Los magistrados supernumerarios se ocuparán de supervisar y dirigir los trámites a los recursos planteados, y suplirán las faltas de los magistrados numerarios.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente código entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Queda abrogada desde esa fecha, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, del 28 de diciembre de 1977, y sus reformas y derogadas las demás disposiciones que se opongan el presente código.
Artículo tercero. La elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional correspondiente a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, la elección de senadores a la LIV Y LV Legislaturas del Congreso de la Unión, y la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el período de 1988 a 1994, tendrán lugar el primer miércoles del mes de julio de 1988, y se regirán por las disposiciones contenidas en este código.
Artículo cuarto. Para los efectos indicados en el artículo anterior, se iniciarán con dos meses de anticipación a las fechas que señala este código para su cumplimiento, todos los actos, decisiones, tareas y actividades del proceso electoral que realicen los organismos electorales y sus dependencias, las autoridades que en el ámbito de su competencia las auxilien para el cumplimiento de sus atribuciones, los ciudadanos mexicanos y los partidos políticos nacionales registrados.
Artículo Quinto. El financiamiento público a que se refiere el artículo 61 del presente código, se distribuirá a los partidos tomando en consideración los candidatos registrados en 1985 y los resultados electorales de ese mismo año, a partir de la segunda anualidad del 30% correspondiente a 1987.
Sala de comisiones de la H. Cámara de Diputados, México, D. F., a 15 de diciembre de 1986.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Eliseo Mendoza Barrueto, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; diputados, Rubén Aguilar Jiménez; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; Juan Antonio Araujo Urcelay; José Gonzalo Badillo Ortcz; Francisco Berlín Valenzuela; Antonio Brambila Meda; Carlos E. Cantú Rosas; Juan Moisés Calleja García; Heberto Castillo Martínez; Juan José Castillo Mota; Juan de Dios Castro Lozano; Germán Corona del Rosal; José Luis Díaz Moll; Romeo Flores Caballero; Reyes Rodolfo Flores Zaragoza; Guillermo Fonseca Alvarez; Oswaldo García Criollo; Jesús González Schmal; Miguel Herrerías Alvarado; David Jiménez González; Enrique Gabriel Jiménez Remus; Juan Maldonado Pereda; Arnoldo Martínez Verdugo; Jorge Masso Masso; Antonio Monsivais Ramírez; Jorge Montufar Araujo; Melquiades Morales Flores; Alejandro Ontiveros Gómez; Luis Manuel Orcí Gándara; Fernando Ortiz Arana; Pablo José Pascual Moncayo; Pedro José Peñaloza; María Guadalupe Ponce Torres; Abreu Graco Ramírez Garrido; Ignacio Ramos Espinosa; Heriberto Ramos Salas; Nicolás Reynés Berezaluce; Humberto Salgado Gómez; César Augusto Santiago Ramírez; Píndaro Uriostegui Miranda; Diego Valades Ríos; Sergio A. Valls Hernández.»
El C. presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría pregunte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
Es de primera lectura.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: (desde su curul): - Pido la palabra hechos sobre el dictamen.
El C. presidente: - Para los hechos en los términos del artículo 102.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización señor presidente: algunos compañeros - Nicolás Reynés entre ellos -, pregunta que: ¡cuáles hechos?, ahorita vamos a hablar de los hechos.
Hace unas horas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales - y estos son los hechos Nicolás Reynés -, el diputado Jaime Aguilar Alvarez, nos propuso una transacción singular y particular, en términos textuales y prácticos, lo que el diputado Jaime Aguilar Alvarez nos decía: "era que aceptábamos por consenso de todos los partidos, la fórmula de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral o mayoría priísta en la comisión, regresaría a la fórmula original propuesta por el Presidente de la República.
Por supuesto, este chantaje - chantaje -, consta en el Diario de los Debates, cuando menos en la versión estenográfica. Este chantaje no podía ser formulado sólo por Jaime Aguilar Alvarez.
El compañero Pedro Peñaloza con inteligencia, le preguntó...
- Eso muy bien compañeros, eso síganle, síganle - Le formuló a Santiago Oñate una pregunta, le preguntó de una manera muy sencilla que si esta propuesta de la mayoría priísta.
Entonces, se aclaró ahí, que efectivamente era una propuesta de la mayoría priísta; como se sabe en un asunto tan importante como estos, una propuesta de la mayoría priísta no pasa sin el conocimiento y la aprobación del dirigente de la mayoría priísta.
Entonces nosotros o del Partido Mexicano de los Trabajadores, queremos dejar constancia en el Diario de los Debates. ahora mismo, este chantaje, que el diputado Jaime Aguilar Alvarez pretendió hacernos objeto.
Yo no sé hasta donde pueden llegar la perversión en las formas en la política por parte de ustedes, los diputados de la mayoría. Lo que si sé, es que en esta ocasión, rebasaron a los asaltantes de caminos, Porque asaltante de caminos, pretende que al mismo tiempo que se le asalta a uno, se le felicite al asaltante por el asalto.
Y en última instancia, yo quisiera decirles aquí de una manera muy ponderada y respetuosa, que en esta ocasión, ustedes han cometido una falta, que se refiere no solamente a la conducta de ustedes frente a nosotros, sino que se refiere a la conducta de ustedes frente al país.
En los hechos, lo que ustedes nos proponían era que aplaudiésemos la propuesta original del Partido Revolucionario Institucional, que el Partido Revolucionario Institucional hizo en la Comisión de Renovación Electoral o la Consulta Popular sobre renovación electoral o muy enojados y molestos regresaban a la fórmula de los tres representantes de la Comisión Federal Electoral de los partidos con mayor votación.
Por supuesto, estoy seguro que por parte del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano de los Trabajadores y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, no sólo nos hemos burlado de la tentativa de chantaje de esta burda tentativa del chantaje, sino que además hemos puesto en evidencia la maniobra.
A final de cuentas como era obvio y lógico, el grupo mayoritario sostuvo ahora en el dictamen, la representación proporcional integral en la Comisión Federal Electoral, que ahora les garantiza una mayoría automática en la Comisión Federal Electoral, sin tapujos y conforme a los deseos del presidente, ahora el proceso electoral, se encuentra bajo el dominio directo y absoluto del Gobierno y su partido. De esta manera el descrédito del gobierno se trasmite de manera automática a los organismos electorales y al proceso eleccionario en su conjunto.
En esta situación y simplemente para hechos, yo quisiera dejar constancia de que una maniobra de estas características un chantaje tal elemental, tan burdo, tan turbio, a los únicos que coloca en evidencia es ustedes, no a nosotros, porque nosotros ni lo aceptamos ni lo entendimos como un proceso legislativo correcto y a final de cuentas señores, ustedes tuvieron que aceptar la representación proporcional que era la propuesta original del Partido Revolucionario Institucional, en la Comisión de Renovación Electoral, por ello ahora es muy interesante señalar como a final de cuentas ni siquiera sus chantajes dan resultados. Muchas gracias.
El C. presidente: - Para hechos tiene la palabra el ciudadano diputado Fernando Ortiz.
El C. Fernando Ortiz Arana: - Con su autorización señor presidente; compañeras y compañeros diputados: he solicitado la palabra para hechos, para referirme de manera directa, a lo que ha expuesto en esta tribuna el señor diputado Eduardo Valle Espinosa; por principio de cuentas, debo empezar por rechazar los calificativos que él virtiera en la tribuna de que la propuesta, de las varias que se han presentado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la que hoy se presentó, constituye lo que él califa de maniobra, chantaje, amenaza y exhibición de nuestra parte , todos estos calificativos, carecen del menor razonamientos, a mí me parece a veces que mi amigo el diputado Eduardo Valle, viene a la tribuna más con el ánimo de conmover que con el deseo de convencer. (Aplausos.)
Y es delicado el asunto que él ha tratado en la tribuna, porque se refiere lo mismo al trabajo llevado a cabo en una comisión de esta Cámara, que a un compañero de todos nosotros el diputado Jaime Aguilar Alvarez. Quiero decirles señores diputados, que en las más de 15 reuniones que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, lo mismo en grupos de trabajo que en el pleno, ha venido llevando a cabo en el análisis del Código Federal Electoral, todos los partidos, han venido interviniendo acreditando sin duda, una buena fe y el deseo de que los preceptos que habremos de discutir y el código, respondan a los objetivos que lo definen para regular lo mismo la vida de los partidos políticos que los procesos electorales federales.
Hoy se llevó a cabo una larga reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que se conociera el dictamen y se pusiera a consideración de los miembros de la misma, durante la reunión que hoy celebramos, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Jaime Aguilar Alvarez, en nombre de la mayoría, señaló al principio de la reunión que en los términos que el dictamen precisa, la mayoría considera y así se dará cuenta seguramente mañana, que la propuesta contenida en la iniciativa presidencial, para integrar los diversos organismos electorales, nos parece adecuada, en función que se sustenta en la fuerza electoral de los partidos políticos, que sin embargo el propio dictamen lo señala.
Ocho partidos políticos de esta cámara, habían manifestado a través de diversas proposiciones a la Comisión de Gobernación, su demostrado interés en que se buscaran las fórmulas para que todos los partidos políticos puedan tener voz y voto en todos los organismos electorales.
El propio dictamen hace mención que la fórmula de modificación que se plantea a varios artículos a la fracción V del 163, al 165, al 168, al 190 y al 201, propuesta de la mayoría priísta, para integrar la Comisión Federal Electoral las Comisiones Federales Electorales y los Comités Distritales de una fórmula proporcional respondía fundamentalmente como lo dice el dictamen al deseo de atender el planteamiento de 8 Partidos Políticos, en el sentido de que todos los Partidos Nacionales registrados cuenten con voz y voto en los organismos electorales.
Este señalamiento, que el dictamen lo contiene lo precisó el diputado Jaime Aguilar Alvarez, y de manera respetuosa y comedida hizo el planteamiento que consideraba que con ésto se estaba respondiendo en términos generales a la inquietud de partidos políticos, y que por ello estimaba, podría darse, o habría de darse, o debería de darse consenso en estos 4 ó 5 artículos de los 362 que contiene el proyecto del Código Federal Electoral.
Ciertamente señaló no el tono de amenaza, de chantaje, de maniobra, o de manipuleo que aquí se ha dicho, que no es así señaló que si esta propuesta de mayoría, no respondía a la inquietud de los partidos políticos, no se lograba consenso, estaría la posibilidad de que replanteáramos la mayoría, y pudiéramos regresar al texto original de la iniciativa.
Esto, fue motivo suficiente para que nuestro compañero Eduardo Valle, expresara en Comisiones lo que hoy ha expresado al pleno de esta soberanía, hay mismo en la comisión compañeros diputados no solo priístas, sino de otros partidos políticos no coincidieron con el criterio subjetivo de apreciar esta propuesta por parte de nuestro compañero Eduardo Valle.
Y a mayor abundamiento, debo recordarle al compañero Valle, y ésto lo vivieron todos los compañeros de la Comisión de Gobernación, que en esta misma sesión, otros respetables partidos políticos como lo son todos en esta cámara, señalaron que en el caso de que decidiera retirar la propuesta de la mayoría, ellos que en principio estarían de acuerdo en lo general del dictamen, habrían de cambiar de actitud y estar contra del dictamen.
Situación normal, que puede darse en cualquier discusión, en cualquiera de las comisiones, planteamiento similar al que hizo el señor diputado Jaime Aguilar Alvarez, esto fue planteado por dos partidos políticos, quienes señalaron. Señores diputados si está propuesta es retirada, nosotros también cambiaríamos de actitud, e iríamos en contra del dictamen y entonces no se dijo de ninguna manera que implicara una maniobra, porque no es así, ni un chantaje, ni una amenaza de cambiar de actitud o que fuera retirada alguna parte del dictamen que se pensaba proponer.
Por otro lado el procedimiento de presentar propuestas en las comisiones en el trabajo de las comisiones, el que se trate que estas propuestas correspondan a la inquietud de varios políticos, de ocho partidos políticos, el que la propuesta del diputado Jaime Aguilar Alvarez en nombre de la mayoría, se formuló en términos puntuales a la parte expositiva contenida en el dictamen, no merece de ninguna manera y por nadie que sea calificado en esos términos y menos aún que se diga que no se responde a una actitud como diputado federal, sino a otras instancias como aquí lo ha señalado y responsablemente el compañero diputado Eduardo Valle.
Yo me sentí compañeros diputados, por haber participado en la sesión en la que se presentó la propuesta a la que ha hecho mención el diputado Eduardo Valle, me sentí en la obligación de dirigirme a todos ustedes para aclarar cuales fueron los hechos para señalar con precisión que no hubo ninguna actitud aviesa, chantajista, amenazante o manipuladora en un planteamiento abierto que normalmente se hace que lo hicieron de alguna manera en forma similar dos partidos políticos mas con referencia a una cuestión distinta.
Por estos motivos solicité la palabra para hechos, porque no es válido querer cuestionar a un compañero diputado, cuando ha venido cumpliendo responsablemente con su trabajo con la encomienda que le ha sido asignada por el voto popular y que al igual que todos nosotros nos merecemos entre nosotros para tener afuera respecto invariable. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. Miguel Eduardo Valle Espinosa.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Gracias señor presidente: creo que debo de agradecer las palabras del compañero Fernando. Dicen los abogados que a confesión de partes, relevo de pruebas y aquí hay dos hechos, mas bien tres. Primero las palabras de Jaime Aguilar Alvarez, en la Comisión de Gobernación. Si Jaime Aguilar Alvarez hubiera actuado como dice Fernando de manera comedida, política, con objetivo de lograr un consenso, con el objetivo de señalar un procedimiento las cosas serían distintas, pero las palabras que recoge el acta estenográfica, o que debe recoger el acta estenográfica, son muy sencillas o aceptan este procedimiento o nosotros rechazamos esta situación y nos vamos a la propuesta original.
Pero el otro hecho político, el otro hecho de fondo es que la propuesta que hoy recoge la Comisión de Gobernación es la propuesta que hizo el Partido Revolucionario Institucional originalmente en la Comisión de Renovación Electoral. Estos dos, los dos hechos políticos básicos. No es aceptable compañero Fernando de ninguna manera, no es aceptable que se coloquen ultimatums en las comisiones; no puede ser aceptable, para nadie, bueno ni siquiera para ustedes
caramba, ni siquiera para ustedes que de una manera increíblemente prepotente e injusta con el carácter de la representación nacional se establezcan las cosas de aceptar estos o entonces tendrán que aceptar esto porque tenemos la mayoría. Y estos fueron los términos reales y precisos con los que intervino Jaime Aguilar Alvarez y yo le pido, señor presidente, que si está en sus posibilidades se lea aquí el acta estenográfica en que precisa donde se establece la versión de preciso, supongo yo, de lo que dijo el diputado Jaime Aguilar Alvarez cuando nos colocó en la alternativa de aceptar la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional en la comisión de renovación electoral o de aceptar la iniciativa del presidente propuesta por el la iniciativa del Código Federal Electoral.
Lo cierto entonces, lo cierto entonces, es que se nos ha pretendido ser objeto de un chantaje y este chantaje no lo vamos aceptar a final de cuentas vuelvo a insistir ahí están los hechos y el tercer hecho es que el compañero Fernando Ortiz Arana en la práctica, claro con las cosas y consideraciones que él ha querido hacer aquí en la práctica se ha aceptado que se nos dijo aceptan esto o aceptan lo otro, y entonces nosotros no podemos pasar de ninguna manera en falso una situación de estas características y yo solamente quisiera reclamarle a Fernando que en última instancia la responsabilidad se la he dejado al licenciado Mendoza Berrueto y la he dejado dentro de la Cámara. Ahora si él ha interpretado otra cosa bueno, entonces será una problema de quienes han estado promoviendo el Código Federal Electoral y entonces esa yo no será responsabilidad mía sino de Fernando Ortiz Arana. Gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Alvarez para hechos.
El C. Jaime Aguilar Alvarez: - Señor presidente, compañeros diputados. La exposición de mi compañero Fernando Ortiz Arana, creo que ha dejado claramente las circunstancias que rodearon todo este asunto al que vino hacer referencia el diputado Valle.
Quedó claro que desde todos puntos de vista, se actuó dentro de las formas de un régimen parlamentario, que todos tenemos derecho de hacer proposiciones y en un momento dado, de reiterarlas.
No quiero abundar en esto, porque creo que en la exposición de Fernando Ortiz Arana, ha sido puntual, ha sido desde el punto de vista de procedimiento jurídico y apegada a la verdad, solo pedí la palabra para pedir, que la secretaría diera lectura a las versiones estenográficas de la reunión a donde como dice Fernando, se hicieron proposiciones y contraproposiciones que son normales en la práctica parlamentaria y que en este caso, el diputado Valle pretende adjudicarles valores que no tienen y con esto pretende desvirtuar, como otras muchas veces las discusiones de fondo irreales en las comisiones. Yo le voy a pedir a la secretaría que dé lectura a las versiones estenográficas.
El C. presidente: - Proceda la secretaría a hacer la lectura que solicita el ciudadano diputado Jaime Alvarez.
La C. secretaria María Guadalupe Ponce Torres: - "El ciudadano diputado Jaime Aguilar: señores diputados, no parece evidente que en el dictamen de que se ha dado cuenta., se acredita no sólo el trabajo de la Comisión y los partidos políticos, sino además la apertura en el análisis y aceptación de propuestas de reformas formuladas por las fracciones parlamentarias.
"Dentro de esta mayoría se propuso reformas, la mayoría propuso reformas a los artículos 163 fracción V, 165, 178, 190 y 201 con objeto de que todos los partidos políticos nacionales tengan derecho de voz y voto en los organismos electorales.
"Con esta proposición se recoge, a nuestro juicio, la inquietud planteada por ocho partidos y consideramos que en los artículos de que se trata deberá haber concenso de todos los partidos políticos; por eso, propongo a la consideración de ustedes que con respecto a estos artículos se tome la opinión de la comisión desde ahora, pues de no ser así, de no haber llenado nosotros en nuestra proposición estas inquietudes, se desvirtuaría la propuesta y nosotros propondríamos regresar a la propuesta original de la iniciativa".
El ciudadano diputado Jaime Aguilar Alvarez: "la propuesta de la mayoría es que trató de recoger la inquietud de los partidos políticos de tener voz y voto en los organismos electorales, tratando de dar respuesta a esta inquietud la mayoría en la Comisión, planteó las modificaciones a los artículos a que hago referencia.
"Nosotros pensamos que si los partidos políticos, todos los partidos políticos que habían planteado esta inquietud, no solo desde ahora, sino durante todo el término de las comparecencias, de la consulta popular y de las discusiones internas de la Comisión, que si nosotros como mayoría en nuestra proposición no recogíamos la solución a esta inquietud de todos los partidos políticos, se desvirtúa nuestra propia proposición y por eso nosotros proponemos que de no ser así se regrese
a la iniciativa, a la proposición de la iniciativa porque además en el dictamen que acabamos de escuchar oímos claramente que la mayoría cree que esta iniciativa, responde al mandato constitucional sobre los organismos electorales, no se si ahora quedó más claro. (Aplausos.).
"Una moción aclaratoria señor diputado Valle, no es ninguna amenaza, nosotros los hicimos de la mejor buena fe, tratando de recoger esa inquietud, puede ser que no lo hayamos logrado, no es ninguna amenaza, simple y sencillamente no queremos hacer una proposición que no está respondiendo a las inquietudes de los partidos políticos; señor diputado, yo le quiero aclarar que de ninguna forma es amenaza.
"El ciudadano diputado Jaime Aguilar Alvarez: compañeros diputados, para algunos comentarios sobre la proposición que me permití hacer durante la reunión de en la mañana.
"Primero, permití aclarar que me habían encargado el trabajo en relación a este libro cuarto y en ella habíamos oído parte, de parte de todos quienes participaron en las inquietudes a que hice referencia en la mañana, quiero decir y repetir como lo comenté cuando me permití responder al compañero Valle, que mi proposición estaba hecha totalmente de buena fe, que era congruente con el sentido de tratar de recoger dentro de los partidos, un concurso en el creemos que era necesario estar por el fondo mismo de la proposición, que durante este receso ha hecho algunas consultas con los miembros de la mayoría.
"Que esta proposición responde, desde mi punto de vista a un sistema parlamentario normal, a donde se hacen proposiciones, se aceptan o se desechan y la muestra de ello ha sido el trabajo permanente de esta Comisión y el hecho de que algunos otros partidos también han presentado proposiciones concretas en relación e este tema.
"Quiero insistir que la proposición que me permití hacer en la mañana, sobre los artículos de referencia no tienen en ningún sentido o no lleva un sentido como aquí se ha podido expresar y que insisto en que esto es algo que debiéramos comentar entre todos".
El C. Jaime Aguilar Alvarez: - Señor presidente: señores diputados: muchas gracias, era solo para leer a lo que hizo referencia el diputado Valle la versión estenográfica de la reunión de todo el día de hoy en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Muchas Gracias. (Aplausos.)
LICENCIA DEL DIPUTADO GERARDO UNZUETA LORENZANA
El C. presidente: - En el transcurso de la sesión se recibió una comunicación del ciudadano diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, se ruega a la secretaría dar cuenta con la misma.
El C. secretario:
«México, D. F., a 11 de diciembre de 1986.
C. diputado Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, presidente de la Cámara de Diputados. Presente.
Como es conocido de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 2 de septiembre del presente año solicité licencia para ausentarme de los trabajos legislativos para atender la comisión, encomendada por mi partido, de participar en las elecciones del estado de Tamaulipas como candidato a gobernador.
Con esta fecha me permito comunicar a usted que a partir del día 17 del presente mes de diciembre me reincorporaré a las actividades de esta Cámara de Diputados.
Atentamente, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana ».
El C. presidente: - Se toma debida nota.
DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDOR PUBLICO
El C. presidente: Ciudadanos diputados, pidieron oportunamente el uso de la palabra dos compañeros diputados: Efraín Calvo Zarco para hacer una denuncia, y Pablo Alvarez Padilla para hacer una proposición. tiene la palabra el ciudadano Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Con su venia señor presidente: a petición expresa de un ciudadano, el licenciado José Guzmán Lazo, vamos a dar lectura a la siguiente denuncia y después daremos lectura a una propuesta de punto de acuerdo de esta Legislatura, dice así:
«LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión. Presente.
México, D. F., a 12 de diciembre de 1986.
Los recursos patrimoniales de la nación bajo la administración de las entidades paraestatales deben de manejarse honestamente, sin engaños, sin
fraudes. Son, en proporción, muy escasos y por lo tanto de gran valor para un pueblo ahora empobrecido.
Debe cuidarse, por tanto, que su manejo quede en manos responsables, como ya lo señala y exige específicamente la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Pero poco valor tiene la disposición legal si para cumplirla se falsifico una personalidad y se le adorna con falsos valores académicos y profesionales. De darse este caso, el trabajo de esta Legislatura resultaría totalmente infructuoso y las disposiciones legales del país, basadas en nuestra Constitución Política, sólo serían letra muerta.
DENUNCIA
I. El servidor público Manuel Millán Campuzano, actualmente director general de las empresas paraestatales mayoritarias "Exportadora de Sal, S.A.", con el propósito de ejercer la profesión de licenciado en derecho, la cual no cursó, formó la sociedad "Grupo jurídico y Asesores, S.C."
A través de dicha sociedad el citado servidor publico defraudo mediante el sobro indebido de honorarios a diversas empresas paraestatales, entre otras a Algonodera Comercial Mexicana S.A., Acciones Bursatiles Somex, S.A., o almacenadoras Somex, S.A., Arrendadora Somex, S.A., etcétera, violando con ello el artículo 5o. constitucional en el que se encuentra el fundamento y origen de la prohibición para ejercer profesión alguna sin título, su Ley Reglamentaria, así como el artículo 2608 del Código Civil y el artículo 250 fracción II, del Código Penal, ambos de carácter federal por tratarse de asuntos que atañen a la federación.
El citado Manuel Millán Campuzano, toda vez que pudo actuar ilícitamente utilizando embustes y engaños sin consecuencia alguna en su contra y posiblemente cicateado por la inpunidad e inmunida de que hasta entonces había gozado y continua gozando, con el fin evidente de lograr una alta designación a su favor, además de seguir ostentándose como licenciado en derecho, a partir del año de 1982, empezó adecuándose al momento a ostentarse específicamente como egresado de la generación 1952 de abogados de la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo inclusive la osadía de decirse autor de una tesis profesional denominada "Las capitulaciones y sus efectos en el contrato matrimonial", cuando ni siquiera concluyo el primer año de la carrera de licenciado en derecho, con tal conducta continúa transgrendiendo los preceptos legales antes citados.
Posteriormente Manuel Millán Campuzano incurriendo en falsedad en términos del artículo 247 del Código Penal, llegó al extremo de hacer público los hechos antes citados a través de un documento oficial como es el Diccionario Heliográfico del Gobierno mexicano, los que aparecen impresos en sus páginas 285 y 286 las cuales plagadas de otros actos falsos, como los que he señalado y todos los cuales.
Sin embargo le velierón ser designado director general de Exportadora Sal, S.A. de C.V y de Transportadora de Sal S.A., el 17 de noviembre de 1983.
Estos hechos representaron obviamente un daño grave en la nación. En efecto la impostura con la usurpación haciendo valer pública o privadamente títulos o capacidades inexistentes; y la obtención en esta forma de puestos o cargos de cualquier nivel dentro de la administración pública, reviste un problema más grave de lo que ha simple vista parece.
La estructura misma de un gobierno integrado con funcionarios o empleados carentes realmente de la capacidad o de la preparación, que hagan valer estos falsamente y mediar el engaño como si la tuvieran y a quienes se les otorgan los puestos o cargos en estas condiciones es sumamente riesgosa, cabría preguntar por ejemplo ¿acaso la crisis que padece nuestro país podría en cierta medida explicarse por situaciones como en las que han incurrido Manuel Millán Campuzano? ¿Cuantas de nuestras paraestatales opuestos en el Ejecutivo no se encuentran ocupados con gente impreparados e incapaces que han fraudulentamente, mediante la obtención de títulos o capacidades inexistentes, obtenido sus nombramientos?
Nuestra juventud, como ejemplo con el servidor público que denuncio ¿acaso no preferiría mejor dejar de estudiar y preparar para lisa y llanamente el día de mañana ostentarse como si lo hubiera hecho?
La Comisión de Delitos para la consecución de puestos públicos es condenable en sí misma, ocasionando además perjuicios graves a la Nación, sí como consecuencia parte de sus recursos quedan bajo la administración de quien transgrede la ley.
II. el 17 de noviembre de 1983, Manuel Millán Campuzano fue designado por el C. Subsecretario de la Industria paraestatal básica, ingeniero Romárico Arroyo Marroquin, director general de las empresas paraestatales mayoritarias "Exportadora de Sal, S.A. de C.V." y "Transportadora de Sal, S.A.", puestos donde siguió ostentándose como
licenciado en derecho, atribuyéndose tal condición de profesionista, incurriendo de nuevo en las violaciones legales antes señaladas.
La conducta que implica atribuirse la calidad jurídica de profesionista, sin serlo, está prohibida por la ley, pero quien se atribuye tal condición es un funcionario y esto lo hace antes, al momento, durante el tiempo y en el ejercicio y con motivo de sus funciones, es incuestionable, que esto implica una situación también contraria a derecho, ilícita, y más grave aún, si consideramos el carácter de servidor público del infractor.
A mayor abultamiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 21 fracción II y 38 de la Ley Federal de entidades paraestatales y el artículo 214 del Código Penal Federal en cuestiones que concierne a la Federación, es inconcuso que de acuerdo a los hechos hasta ahora expuestos, que en el ejercicio de su función como director de "Exportadora de Sal, S., A. de C.V" y Transportadora de Sal, S.A.", Manuel Millán Campuzano, hállase trasgrediendo las citadas leyes, puesto que carece - y siempre ha carecido - del requisito legal de haber desempeñado cargo alguno de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio hubiera requerido conocimientos y experiencia en materia administrativa.
Esta situación conduce a que dichas empresas paraestatales estén a administradas por un incapaz y deshonesto causando graves daños a la nación.
III. Posteriormente a su nombramiento como director general de "Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Transportadora de Sal, S.A.", Manuel Millán Campuzano contrató a la C. María Luisa Ceron Anaya - su socia y coadministradora en "Grupo Jurídico y Asesores, S.C." - habiéndola designado para el desempeño de sus funciones, la oficina de compras de la ciudad de México, de dichas empresas y después como su secretaria privada, en contravención expresa al artículo 77, fracción XVII de la Ley Federal de la Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La transgresión anterior, implica daños graves a la Nación, al distraer al servidor público denunciado, recursos federales en beneficio de sus socios.
IV. Manuel Millán Campuzano ha incurrido en una situación más grave aún, como lo es en consistente en seguir cobrando con cargo a las dos empresas paraestatales, para si, y para personas a el allegadas, como la C. María Luisa Cerón Anaya, cantidad de dinero aún después de haber sido designado el 17 de noviembre del 1983, director general, valiéndose de la mencionada sociedad, Grupo Jurídico y Asesores, S.C., empresa creada por él, exprofeso para poder lucrar ilícitamente, dándose la irregular e ilegal situación de ser el, quien como director general de Exportadoras de Sal, S.A. de C.V., y transformadora de Sal, S.A., también a su vez cobra a través de Grupo Jurídico y Asesores, S. D., con lo que se vio la letra y el espíritu 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, particularmente de la fracción XV, así como el artículo 220, fracción 1a. del Código Penal, vigente, ocasionando esta situación, también perjuicios graves a la nación.
La denuncia que ha recibido esta cámara y a la que ha acompañado, las pruebas documentales correspondientes a los hechos denunciados en contra el servidor público, Miguel Millán Campuzano quién según se dijo, para poder calificar y ser designado director general de las empresas paraestatales mayoritarias "Exportadora de Sal, S.A de C.V. y Transportadora de Sal, S.A.", inventó una historia curricular, a la que se dio difusión pública y oficial que se demuestra, parte fraudulenta a la vista de los documentos aportados de mi parte.
Es así como importantes recursos naturales de la nación, las Salinas más grandes del mundo, las de Guerrero Negro, Baja California Sur y los activos fijos y monetarios de ambas empresas, puestos a su cuidado, están bajo riesgo, si se toma en cuenta el engaño premeditado y expreso bajo el cual se originó el otorgamiento de esta responsabilidad social al mencionado servidor público.
En la denuncia se manifiesta también, que el citado servidor público, Manuel Millán Campuzano, ha incurrido en ejercicio abusivo de funciones, en actos que implican conflictos de interés, los artículos 109 y 110 de nuestra Constitución y sus leyes derivadas, facultan a esta Cámara a instruir el procedimiento relativo al juicio político en forma autónoma e independiente de la intervención que corresponda a las autoridades penal y administrativa, actuando como órgano de acusación contra los servidores públicos, cuando sus actos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Para el caso de la presente denuncia, considero que se satisfacen los requisitos procedimentales exigidos por los artículos 109 y 110 constitucionales, consistentes en:
I. En la existencia de una denuncia presentada, en términos del artículo 109 y 110 constitucional en su parte final de la fracción III, por un ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, quien la ha
formulado mediante la presentación de elementos de prueba;
II. Que la denuncia contiene hechos y omisiones de un servidor público que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, lo que satisface lo previsto en la fracción I del artículo 109 constitucional.
III. Que el servidor público denunciado está entre los comprendidos por el artículo 110 constitucional, párrafo 1o., dado su carácter de director general de dos empresas paraestatales mayoritarias.
Considero que los hechos materia de la denuncia, asimismo, afectan los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, en términos de los artículos 109 y 110 constitucionales y de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en tanto que se han violado la constitución, leyes federales como lo son los Códigos Civil y Penal, federales en materias que atañen a la Federación, a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, causándose perjuicios graves a la Federación en dos de sus empresas paraestatales, a la sociedad y motivando trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
Considero que es deber ineludible de la cámara pronunciarse sobre y resolver las denuncias de los ciudadanos fundados en el artículo 109 constitucional, como la que ha formulado.
Por lo expuesto, a esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atentamente pido:
I. Tener por presentada la presente denuncia, para los efectos legales previstos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y sustanciar el procedimiento respectivo que el caso amerita, otorgándole al denunciado las garantías de audiencia y defensa a que tiene derecho, y para mí, la intervención que me corresponde en mi carácter de denunciante, con el interés legítimo tutelado por el artículo 109 de la Constitución.
II. Que esta Cámara desde luego solicite al C. Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que con fundamento en el artículo 64 fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, suspenda de inmediato, temporalmente, al presunto responsable en sus actuales cargos por convenir así a la conducción de las investigaciones relativas al juicio político que se llevará a cabo.
C. José Guzmán Lazo, licenciado en derecho y licenciado en administración de empresas."
La petición de diputados de varias fracciones parlamentarias es la siguiente:
«México, D.F., a 16 de diciembre de 1986.
En atención a la petición hecha por el licenciado José Guzmán Lazo, los firmantes diputados de diversas fracciones parlamentarias de esta LIII Legislatura, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la denuncia presentada, se turne a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio y dictamen. Firman: Eduardo Acosta Villeda, por el Partido Mexicano de los Trabajadores; Jorge Alcocer Villanueva, por el Partido Socialista Unificado de México; diputada Consuelo Botello de Flores, por el partido Acción Nacional; y un servidor, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.»
Dejo a la secretaría la propuesta. Gracias.
El C. presidente: - ¿Alguno de los ciudadanos diputados desea hacer uso de la palabra, en contra o en pro de la proposición del diputado Efraín Calvo Zarco?.
Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, ¿qué no es acusación contra un director de empresa paraestatal?.
Entonces, yo creo que conforme al Reglamento debe pasarse directamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a lo mejor...
El C. presidente: - El presidente está sujeto a la determinación de la asamblea en los términos del artículo 18 señor diputado Juan de Dios Castro, por eso me permito consultar... Pido a la secretaría que consulte a la asamblea.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Perdone señor presidente. El criterio de consultar
a la asamblea sería tanto como cuando yo presenté una iniciativa de ley, preguntar a la asamblea si se turna a la Comisión, conforme a la Ley de Responsabilidades, turno inmediato a Gobernación y en Gobernación es la que decidirá... Discúlpame, señor presidente.
El C. presidente: - Ciudadano diputado, estamos escuchando con mucha atención en el caso de iniciativas de ley, se pasan a las comisiones correspondientes, podría ilustrarnos con la cita del artículo que nos obliga a turnar de inmediato a Comisión.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - No tengo la Ley en este momento. Artículo 12 de la Ley de Responsabilidades.
El C. presidente: -Es una proposición que no es una iniciativa de ley señor diputado, pues yo creo que la asamblea podrá determinar en este momento con justo criterio su Comisión.
El C. Juan de Dios Lozano: - De ninguna manera pretendemos violar el procedimiento
El C. presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado. Por favor pida usted la Ley de Responsabilidades, y demos lectura al artículo 12.
La misma C. Secretaria: - "Artículo 12. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular por escrito de enuncio ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el artículo 7o. y por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por las que determina el párrafo segundo del artículo 5o., presentada la denuncia y ratificada dentro de 3 días naturales, se turnará de inmediato con la documentación que la acompañe a las Comisiones de Gobernación Puntos Constitucionales y de Justicia para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo segundo así como la denuncia es procedente y por lo tanto amérita la infracción del procedimiento".
El C. presidente: -Gracias diputada secretaria. La presidencia agradece, al señor diputado Juan de Dios Castro su observación, no hay necesidad de someter esto a acuerdo de la asamblea.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. RECEPCIÓN NEGADA A CORRESPONDENCIA DEL PAN
El C. presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Pablo Alvarez Padilla, para una proposición:
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente, compañeros diputados; la historia de las conductas de funcionarios públicos que actuando contra la ley lesiona los intereses de los partidos políticos y en ello a los intereses del pueblo de México, se repite ya con más frecuencia de la que puede tolerarse con un criterio sumamente amplio, a pesar de existir una ley de organizaciones políticas y procesos electorales, que en su artículo número 48 fracción V, establece como prerrogativa para los partidos políticos, la de disfrutar de franquicias postales y telegráficas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, la actitud de algunos funcionarios de la Dirección de Correos, y concretamente del servicio postal, impide que los partidos políticos podamos disponer de esta franquicia en bien de las tareas que nos son propias.
En fecha 10 de julio del presente año, el señor licenciado Francisco Velásquez García, jefe del departamento del Servicio Postal Nacional de la Dirección General de Correos, comunicó por oficio número 3464 al gerente postal estatal de Guanajuato, señor José Sarabia Lizárraga, que para los efectos de la franquicia postal a que como prerrogativa se tiene derecho por parte del Partido Acción Nacional, se le daban a conocer los nombres de las personas autorizadas y registradas por nuestro partido para tales efectos.
Igualmente el citado señor Sarabia Lizárraga, giró oficio número 12 al Administrador de Correos de León Guanajuato a efecto de que se otorgara las facilidades para utilizar la franquicia postal que conforme a la ley tiene derecho el Partido Acción Nacional, a favor de los nombres acreditados de los ciudadanos Antonio Rodríguez Piñón y de Pablo Alvarez Padilla, su servidor.
El oficio de referencia, iba dirigido al señor Pedro Moncada, Administrador de Correos de León, Guanajuato, a pesar de haber recibido este, el oficio de referencia, hasta la fecha se ha negado a recibir en la oficina a su cargo la correspondencia que Acción Nacional desea depositar, contraviniendo lo dispuesto por la fracción V, del citado artículo de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales aun vigente. Siendo la Secretaría de Gobernación o mejor dicho,
estando a cargo del secretario de Gobernación en su función de presidente de la Comisión Federal Electoral, y de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 2o. de la LOPPE, que prevee que está a su cargo el vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas, y las contenidas en la mencionada ley, es procedente proponer y para tales efectos propongo, se mande copia de la versión estenográfica esta denuncia al ciudadano Secretario de Gobernación en funciones de presidente de la Comisión Federal Electoral, a efecto de que tome medidas que corrijan las fallas denunciadas y que oportunamente informe a esta Cámara de los resultados obtenidos.
Lo que propongo como punto de acuerdo, fundado en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Protesto lo necesario.
México, D.F. 16 de diciembre de 1986.
Pablo Alvarez Padilla».
Compañeros diputados, están aquí a la vista, las copias de los oficios, las copias selladas de los oficios a que ha hecho referencia, estoy anexando copias fotostáticas de dichos oficios, para que se corra traslado al Secretario de Gobernación, no es justo que además y a pesar de las condiciones difíciles en que trabajamos los partidos de oposición, todavía estemos recibiendo este tipo de oposición de funcionarios menores que tratan de obstaculizar el ejercicio el buen ejercicio de los partidos políticos; es mucho el dinero que se paga en el movimiento de correspondencia que tenemos necesidad de hacer los partidos políticos, en concreto Acción Nacional.
Es el tipo o de los pocos tipos de ayuda, que Acción Nacional acepta fuera del papel para algún tipo de impresión como prerrogativa, creemos que es injusta la actitud que se da a Acción Nacional por parte de este Administrador de Correos y que es competencia del Secretario de Gobernación, llamarle a cuentas y ordenarle que acate lo dispuesto por el artículo 58 fracción V de la Ley Federal Electoral, dejo aquí pues, una copia de la proposición y copia de los oficios a que he hecho referencia en la secretaría. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El C. presidente: - En los términos del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, ¿alguno de los ciudadanos diputados desea el uso de la palabra
labra?
Tiene la palabra para hechos el diputado Héctor Plazola.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Diputados: independientemente de que puede ser en pro, he solicitado el uso de la palabra para hechos en relación a esta proposición, con el objeto de hacer referencia a que el pasado día diez estuvimos discutiendo precisamente la Ley, la nueva Ley del Servicio Postal Mexicano, en donde insistíamos que se clarificara perfectamente lo referente a este tipo de derechos de los Partidos Políticos, por lo consiguiente quiero traer a colación, por qué insistimos en que se agregara un párrafo en el sentido de que los partidos políticos tenían este derecho, ya que, en la Ley de Derechos Federales, que es lo único que dejaba a salvo esa Ley Postal.
En su artículo 147, modifica y contradice lo que la Legislación Electoral establece de franquicia postales necesarias para el cumplimiento de las funciones necesarias de los partidos políticos, pues en el segundo párrafo del artículo 147 dice: "Los partidos políticos constituidos en los términos de la Legislación correspondiente, no pagaran el derecho de correo, por la correspondencia que envían, siempre que se trate de propaganda electoral, y esta se presente en bultos o cartas abiertas, conforme a las disposiciones administrativas aplicables". O sea esto contradice lo que la Ley Electoral establece, que inclusive el proyecto de Código lo transcribe textualmente como esta Ley vigente, entonces para poder clarificar este artículo 147 de la Ley de Derechos, en donde se apoyan los jefes de las Oficinas Postales, es por lo que se hace necesario pues dar trámite a la proposición y, que la Secretaría de Gobernación intervenga al respecto. Muchas gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría, a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición por el diputado Alvarez Padilla de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Admitida, señor presidente.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La misma C. secretaria: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día
17 de diciembre de 1986.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Eusebio del Cueto Ruiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nosoen en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de los países Bajos.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Florentino Rodríguez Huesca, para presentar servicios administrativos en la Embajada del Brasil en México.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rogelio García Martínez, para prestar servicios como empleado de nóminas en la Embajada de los Estados Unidos en México.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de Ley del Código Federal Electoral.
Y los demás asuntos con los que la secretaría de cuenta».
El C. presidente: - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 17 de diciembre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES