Legislatura LIII - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19880119 - Número de Diario 4
(L53A3PcpN004F19880119.xml)Núm. Diario:4ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Nicolás Reynés Berezaluce
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
AÑO III México, D. F., martes 19 de enero de 1988 NÚM. 4
SUMARIO
ASISTENCIA
Relación de diputados y senadores presente.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO
El H. Congreso del estado participa la elección de presidente y vicepresidente para el mes de enero. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
Por el que se solicita permiso constitucional para que los CC. Antonio Riva Palacio, Gustavo Petriccioli, Alfredo del Mazo González, Ramón Aguirre Velázquez, Alfonso de Rosenzweig Díaz , Pedro González Rubio S., Ricardo Villanueva Hallal, Salvador Jiménez Muñoz, Arturo Puente Ortega, Elda Paz Gutiérrez, Alejandro Ortiz, Alfredo Miranda, María del Carmen Aguirre Le Vinson, María de la Luz Oñate Muñoz, Víctor Flores Olea, Jorge Carpizo Macgregor, Eduardo Matos, Luis Torresgrosa, Arturo Azuela, Ignacio Villaseñor Arano, Jorge Alberto Lozoya, Antonio Villegas Villalobos, Enrique Madero Bracho, Mauricio de María y Campos, Alfredo Phillips Olmedo, Luis Padilla, Antonio Mendoza Morales, Pedro Bautista Pérez y Francisco Pérez Riojas, pueden aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Venezuela. Se recibe y se turna a la Tercera Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional para que el C. Jorge Enrique Robles Saavedra, pueda aceptar y usar condecoración que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que se solicita permiso constitucional para que las CC. Luz María Sánchez, Graciela Barajas y Blanca Pulido, puedan prestar sus
servicios en la Embajada de Francia, en México. Se reciben y se turnan a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Primera Comisión para que la C. Raquel Sales Vargas de Guarneros, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Corea, en México.
De la Primera Comisión, para que el C. Angel Olmedo Rodríguez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República de Filipinas, en México.
De la Primera Comisión, para que el C. José Francisco Montiel Gallegos, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia, en México.
De la Primera Comisión, para que los CC. Jacinto Larrieta Cano y Carlos Romero Guerrero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Venezuela, en México.
DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA
CONDECORACIÓN
De la Tercera Comisión, para que el C. Carlos González Parrodi, pueda aceptar y usar condecoración que le confiere el gobierno de la República Popular de Polonia. Sin discusión se aprueba y pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, para que el C. José Roberto Canales García, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Suiza, en Monterrey, Nuevo León. Sin discusión se aprueba y pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
De la Primera Comisión, para que los CC. Juan Domínguez Echeverría y Esther Gordón Hass, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Israel, en México. Sin discusión se aprueba y pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
De la Primera Comisión, para que los CC. Miguel Angel Reyes Corona, Eduardo Delgado Rivas, Alma Susana de la Mora, Arreguín, Ramón Cabrales Santiago, José Enrique Marín Guerra, Bertha Alicia Ortega Frías, Dagoberto Vázquez del Mercado Muro, Miguel Angel Alvarado Saucedo, Antonio Marmolejo Aguilar, José Abel Ruiz Castillo, Alejandro Cázares Guerrero, Guillermo Arvizo Vázquez, Arturo Vázquez Hernández, Arturo Galarza González, Manuel Arturo Monroy Galindo, Antonio Lamas Figueroa, Mario Castillo García, Juan Ignacio Herrera Magaña, María de Lourdes Bolaños Perea, Paz Margarita Aguilar Razura y Alicia Andrea Muñiz Carrasco, puedan prestar sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco. Interviene el diputado Héctor Morquecho Rivera y hace consideraciones en contra. Se aprueba. Pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia informa de los nombres de legisladores inscritos.
DIARIO DE LOS DEBATES
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, hace referencia al hecho de que, por primera vez, se encuentra al día su edición, con relación a las fechas en que sesiona la Comisión Permanente.
DENUNCIAS
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, hace alusiones a hechos de violencia en el Municipio de Xemac, Yucatán.
El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana presenta punto de acuerdo y hace consideraciones por hechos de violencia en Pinotepa, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
PROCESO ELECTORAL
El diputado Roberto Calderón Tinoco, hace consideraciones a lo ya
establecido en relación a la manera de cómo se está realizando actualmente. Intervienen los CC. Diputados Ricardo Pascoe Pierce, Fernando Ortiz Arana, Gerardo Unzueta Lorenzana, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Santiago Oñate Laborde. Se pone a consideración la propuesta del diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para que comparezca el Subsecretario de Gobernación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia informa de los nombres de legisladores inscritos.
ESQUIPULAS II
El diputado Héctor Morquecho Rivera hace referencia a la reunión y a los firmantes de la misma y lee un documento que firmaron los integrantes de la Comisión Permanente. El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos lee una carta del Presidente de Costa Rica y presenta un punto de acuerdo. Interviene para una propuesta el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana; el senador Gonzalo Martínez Corbalá hace consideraciones al respecto. Se admite el punto de acuerdo, se turna a la comisión de la Cámara de Diputados.
PETICIÓN SALARIAL
El diputado Ricardo Pascoe Pierce, presenta punto de acuerdo para respaldar la que presentó el Sindicato Nacional de Instituciones de Seguros. Se admite el punto de acuerdo y se turna a comisión de la Cámara de Diputados.
COMICIOS EN HIDALGO
El diputado Jorge Amador Amador, hace alusión a hechos del pasado 6 de diciembre en que se celebraron, establece denuncias y las deja a consideración.
SOLICITUD PARA COMPARECENCIA
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, pregunta sobre la que se presentó el 6 de enero de este año, para que comparezca el director de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, ante la comisión de la Cámara de Diputados. La presidencia hace excitativa para que la comisión respectiva, resuelva la solicitud.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE
(Asistencia de veinte ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
Amador Amador, Jorge; Calderón Tinoco, Roberto; Calleja García, Juan Moisés; Hoyos de Navarrete, Myrna Esther; Jiménez González, David; Madero González, Francisco José; Maldonado Pereda, Juan; Martínez Corbalá, Gonzalo; Martínez Martín, Ramón; Martínez Rivero, Abraham; Mora Plancarte, Norberto; Morquecho Rivera, Héctor; Oñate Laborde, Santiago; Ortiz Arana, Fernando; Ortiz Gallegos, Jorge Eugenio; Pascoe Pierce, Ricardo; Ramos Dávila, Yrene; Reyes Esparza, Diamantina; Reyes Medrano, Alfonso; Reynés Berezaluce, Nicolás; Trasviña Taylor, Armando; Unzueta Lorenzana, Gerardo; Zegbe Sanén, Alfonso.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:20 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. Secretaria senadora Diamantina Reyes Esparza: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Cámara de Diputados. - Comisión Permanente. - Tercer Receso de la LIII Legislatura.
Orden del Día
19 de enero de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Jorge Enrique Robles Saavedra, pueda aceptar y usar la condecoración "The Meritorious Service Medal", que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.
Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que las CC. Luz María Sánchez, Graciela Barajas y Blanca Pulido, puedan prestar servicios en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Raquel Sales Vargas de Guarneros, para prestar servicios en la Embajada de la República de Corea, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Angel Olmedo Rodríguez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Filipinas, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Francisco Montiel Gallegos, para prestar servicios en la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Jacinto Larrieta Cano y Carlos Romero Guerrero, para prestar servicios en la Embajada de Venezuela, en México.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Carlos González Parrodi, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Popular de Polonia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Polonia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. José Roberto Canales García, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Suiza, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Juan José Domínguez Echeverría y Esther Gordón Hass, para prestar servicios en la Embajada de Israel, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Miguel Angel Reyes Corona, Eduardo Delgado Rivas, Alma Susana de la Mora Arreguín, Ramón Cabrales Santiago, José Enrique Marín Guerra, Bertha Alicia Ortega Frías, Dagoberto Vázquez del Mercado Muro, Miguel Angel Alvarado Saucedo, Antonio Marmolejo Aguilar, José Abel Ruiz Castillo, Alejandro Cázares Guerrero, Guillermo Arvizo Vázquez, Arturo Vázquez Hernández, Arturo Galarza González, Manuel Arturo Monroy Galindo, Antonio Lamas Figueroa, Mario Castillo García, Juan Ignacio Herrera Magaña, María de Lourdes Bolaños Perea, Paz Margarita Aguilar Razura y Alicia Andrea Muñiz Carrasco, para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América¡,» en Guadalajara, Jalisco.
«ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, efectuada el día trece de enero de mil novecientos ochenta y ocho.
Presidencia del C. Nicolás Reynés Berezaluce
En la ciudad de México, a las once horas y veinte minutos del día trece de enero de mil novecientos ochenta y ocho, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de veintitrés ciudadanos legisladores.
Se da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba.
La secretaría da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Puebla para asistir a la
lectura del primer Informe de Gobierno del licenciado Mariano Piña Olaya. Se designan para asistir en representación de esta Comisión Permanente a los señores senador Alfonso Zegbe Sanén y Héctor Morquecho Rivera.
La misma secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional a fin de asistir a la Tercera Reunión de los jefes de Gobierno integrantes de la Iniciativa de Paz y Desarme que se llevará a cabo en Estocolmo y realizar una visita oficial a Suecia. Es de primera lectura.
La presidencia considera este asunto como de urgente resolución y solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura. Se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos del Partido Acción Nacional hace uso de la palabra para presentar un voto particular.
La senadora Silvia Hernández de Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra para expresar su apoyo al punto de acuerdo y el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos nuevamente hace uso de la palabra para señalar que el viaje del Presidente de la República, debe realizarse dentro de la mayor austeridad. El diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, también hace uso de la palabra para manifestar el apoyo de su partido al viaje del Presidente de la República a Suecia. El diputado Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, también expresa su apoyo al viaje presidencial y hace una exposición de lo que para él significa la paz mundial. Los diputados Héctor Morquecho Rivera del Partido Popular Socialista, y Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hacen uso de la palabra para expresar su respaldo al dictamen a discusión. La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto. Se considera suficientemente discutido y se pone a votación, aprobándose por unanimidad de veinticuatro votos.
La presidencia hace la siguiente declaratoria: Aprobado en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto por veinticuatro votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaría da cuenta con el dictamen con proyecto de decreto, de la Tercera Comisión, por el que se concede permiso al señor Carlos González Parrodi, para aceptar y usar una condecoración que le fue conferida por el gobierno de Polonia. Es de primera lectura.
La secretaría da cuenta con tres dictámenes con proyecto de decreto, de la Primera Comisión, dos por lo que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en embajadas extranjeras en nuestro país y uno para que el señor José Roberto Canales García pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Suiza, en Monterrey, Nuevo León. Son de primera lectura.
Hace uso de la palabra el senador Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional para referirse a conceptos expresados por los diputados Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional y Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el sentido de que para que exista la paz exterior en el ámbito internacional, se requiere que exista también la paz hacia el interior del país. Manifiesta que la búsqueda de la paz interior corresponde también a los partidos políticos y que todos tenemos que luchar por ella. Indica que las campañas que están llevando a cabo los candidatos presidenciales de los diversos partidos políticos, no corresponden a esa búsqueda de la paz interior "en la que todos coincidimos plenamente". Hace un breve análisis del mensaje que el Presidente de la República dirigió a la nación con motivo del nuevo año.
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para refutar los argumentos del senador Gonzalo Martínez Corbalá, afirmando que la tesis de su partido es que el pueblo tiene la legítima libertad de usar los caminos, cuando no son violentos, de la resistencia pacífica. Manifiesta que no justifican la violencia, pero reclaman las vías de hecho, de la libertad de expresión y de defensa contra actos del gobierno.
En el uso de la palabra para alusiones personales, el senador Gonzalo Martínez Corbalá responde al diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Hace uso de la tribuna el diputado Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y se refiere a la exposición del senador Martínez Corbalá, manifestando que la mejor defensa de la soberanía es la auténtica, la verdadera y real democracia en el país. Afirma que éste es el problema de la defensa de la soberanía, de poder discutir realmente qué es lo que vamos a hacer con la política económica; qué es lo que vamos a hacer con la política social y al final de su intervención también se refiere al mensaje del Presidente de la República al pueblo de México.
El C. Diputado Roberto Calderón Tinoco hace uso de la palabra para referirse a la intervención del senador Gonzalo Martínez Corbalá, indicando que vivimos en un momento político importante en el país y por tanto es necesario definir el perfil de la nación que se debe dar desde las diferentes posiciones políticas de los partidos. Indica que el trabajo de los partidos políticos no es nada fácil, pero que aun dentro de esas dificultades, están encaminados a la promoción de la misma paz interna, de la misma defensa de la soberanía del país a través de un régimen democrático que respete las libertades de todos los ciudadanos.
Hace uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista y también se refiere a la intervención del senador Gonzalo Martínez Corbalá, manifestando que su juicio político proviene de un documento de Vicente Lombardo Toledano que considera es valedero en esta ocasión y señala que su partido inicia su lucha partiendo de la existencia de la lucha de clases, de la existencia de clases sociales y de la lucha entre estas mismas, de la existencia entre la burguesía oligárquica, la burguesía del Estado, la pequeña burguesía, la clase obrera y la clase campesina. El diputado Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, califica de oportuna la intervención del senador Gonzalo Martínez Corbalá, porque permite airear esta cuestión que se estaba quedando en el terreno de los rumores, de las confusiones, de los malos entendidos. Afirma que el tiempo político que estamos viviendo es el tiempo de la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo del país, es el tiempo en que el protagonista principal de la vida nacional, el pueblo de México, tiene la oportunidad de dar un veredicto acerca de la gestión pública de sus autoridades y de la nueva integración de dichos poderes. Es un tiempo propicio que reclama reflexiones profundas y análisis de las instituciones políticas y jurídicas que tiene nuestro país.
El diputado Jorge Unzueta, del Partido Mexicano Socialista, hace uso de la palabra para referirse al mensaje del Presidente de la República y formula algunas reflexiones sobre diversos temas nacionales como son el Pacto de Solidaridad Económica, la Escala Móvil de Salarios, el problema de la deuda externa, el control de precios, el aumento de las tasas de interés, el control de cambios y manifiesta que precisamente la resistencia popular fue la base de la pluralidad de partidos que ahora existe en el Congreso de la Unión, afirmando que en su concepto la resistencia popular es un instrumento para el desarrollo democrático del país.
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos hace uso de la palabra para referirse a diversas agresiones que según él ha sufrido su partido con motivo de la campaña presidencial, por parte de autoridades de la Secretaría de Gobernación quienes han impedido que el mensaje de los candidatos del Partido Acción Nacional se difunda a través de diversas estaciones de radio y de televisión en los estados de Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, y propone el siguiente punto de acuerdo: Toda vez que los hechos denunciados hacen nugatorias las prerrogativas de mi partido político, consagradas en nuestra Carta Magna y en la Ley Federal Electoral, pido a esta presidencia sea turnada la presente denuncia a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos denunciados.
La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la propuesta del diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, y admitida ésta, se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que proceda conforme a sus atribuciones.
El diputado Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, hace uso de la palabra para referirse al problema que implica la venta de las empresas paraestatales y particularmente se refiere a la Compañía Minera de Cananea, proponiendo el siguiente punto de acuerdo: La Comisión Permanente, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, acuerda solicitar al Ejecutivo Federal, la información relativa a la venta de las empresas paraestatales ubicadas en áreas estratégicas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presidencia manifiesta al diputado Pascoe Pierce que la Comisión Permanente no tiene facultades para intervenir en este asunto, sugiriendo que se suprima la expresión que dice: "La Comisión Permanente acuerda". El diputado Pascoe Pierce manifiesta su conformidad con la sugestión de la presidencia y con dicha salvedad se pone a consideración de la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del referido diputado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Aprobada la misma, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista, hace uso de la palabra para referirse a las operaciones que realizan las casas de bolsa y de cambio en México y propone el siguiente punto de acuerdo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerda turnar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la solicitud de información de la
Comisión Nacional de Valores, sobre las funciones de control y vigilancia que esa institución actualmente ejerce sobre las casas de bolsa y sus resultados más recientes. Puesta a discusión de la asamblea, se aprueba dicha propuesta y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional, señala que es necesario profundizar más en la venta de las empresas paraestatales y propone que comparezca el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que informe sobre cada una de las empresas paraestatales que se han puesto a la venta, sobre los concursos que hayan celebrado para recibir ofertas, los precios y condiciones en que se venden y sobre la pérdida de utilidad que se obtiene en la venta de dichas empresas.
El diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra para referirse a la propuesta del diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y manifiesta que la política de nacionalización es positiva para nuestro país y que las empresas paraestatales son las que han dado rumbo, han dado acumulación de capital propio a México, han dado sustento a la Revolución Mexicana y por desgracia se han venido abandonando.
Nuevamente el diputado Ortis Gallegos hace uso de la palabra para insistir en su propuesta, la cual es sometida por la presidencia a consideración de la asamblea y aceptada por ésta, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista se refiere a los acontecimientos suscitados en el estado de Chiapas y solicita a la presidencia que se haga una excitativa a las comisiones de Derechos Humanos, Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para que realicen la investigación acordada por el pleno de la Cámara de Diputados, relativa a los asesinatos y hechos violentos sucedidos en el municipio de Independencia del estado de Chiapas y que fue turnada a dichas comisiones con fecha 8 de diciembre del año pasado. La presidencia lleva a cabo dicha excitativa.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la próxima sesión.
A las dieciséis horas con cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 19 de enero a las once horas.
La misma C. Secretaria: - Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO
La misma C. Secretaria:
«H. Congreso del Estado de Guerrero. - Chilpancingo, Gro., enero 4 de 1988.
C. Presidente de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar a usted, que previas las formalidades de ley, la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del estado, en su sesión ordinaria del día 29 del mes de diciembre del año pasado, tuvo a bien elegir a los CC. Antonio Díaz Salgado y Adolfo Matildes Ramos en su calidad de presidente y vicepresidente, respectivamente, quienes fungirán durante el próximo mes de enero de prórroga del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del primer año de su ejercicio constitucional.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El oficial mayor del H. Congreso del estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que los ciudadanos que a continuación se enlistan puedan aceptar y usar la condecoración que les confirió el gobierno de la República de Venezuela, con motivo de la visita de Estado que hiciera el Presidente Jaime Lusinchi a México, del 27 al 30 de julio de 1987:
Orden del Libertador a: Licenciado Antonio Riva Palacio, presidente (en ese entonces) de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Senadores; licenciado Gustavo Petriccioli, Secretario de Hacienda y Crédito Público; licenciado Alfredo del Mazo González, Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal; contador público Ramón Aguirre Velázquez, jefe del Departamento del Distrito Federal; embajador Alfonso de Rosenzweig Díaz, subsecretario de Relaciones Exteriores; embajador Pedro González Rubio S., director general del protocolo, Secretaría de Relaciones Exteriores, el grado de Gran Cordón.
Orden del libertador a: licenciado Ricardo Villanueva Hallal, director del protocolo, Secretaría de Relaciones Exteriores; licenciado Salvador Jiménez Muñoz, director para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores; licenciado Arturo Puente Ortega, director técnico (en ese entonces) del protocolo, Secretaría de Relaciones Exteriores; licenciada Elda Paz Gutiérrez, directora (en ese entonces) del ceremonial, Secretaría de Relaciones Exteriores, el grado de Comendador.
Orden del Libertador a: licenciado Alejandro Ortiz, jefe del Departamento de Visitas de Estado y de Gobierno, Secretaría de Relaciones Exteriores; y licenciado Alfredo Miranda, jefe del Departamento de Países Andinos, Secretaría de Relaciones Exteriores, el grado de Oficial.
Orden del Libertador a: Señora María del Carmen Aguirre Le Vinson, jefa del Departamento de Eventos Sociales, Secretaría de Relaciones Exteriores y licenciada María de la Luz Oñate Muñoz, jefa del Departamento de Ceremonias y Condecoraciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, el Grado de Caballero.
Orden Andrés Bello a: embajador Víctor Flores Olea, subsecretario de Asuntos Multilaterales, Secretaría de Relaciones Exteriores y doctor Jorge Carpizo Mcgregor, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el grado de Banda de Honor 1a. Clase.
Orden Andrés Bello a: arqueólogo Eduardo Matos, director general del Museo Nacional de Antropología e Historia; doctor Luis Torresgrosa, director general del Hospital Infantil de la Ciudad de México y maestro Arturo Azuela, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el grado de Corbata 2a. Clase.
Orden Francisco de Miranda a: embajador Ignacio Villaseñor Arano, director en jefe para Asuntos Bilaterales, Secretaría de Relaciones Exteriores; embajador Jorge Alberto Lozoya, director en jefe de Cooperación Internacional, Secretaría de Relaciones Exteriores y embajador Antonio Villegas Villalobos, director general para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores, el grado de 1a. Clase.
Orden Francisco de Miranda a: ingeniero Enrique Madero Bracho, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Asuntos Internacionales, el grado de 2a. Clase
. Orden Francisco de Miranda a: licenciado Mauricio de María y Campos, subsecretario de Comercio, Secofi; licenciado Alfredo Phillips Olmedo, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior; licenciado Luis Padilla, presidente de la Comisión Mexicana del Comité Empresarial México - Venezuela; coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Antonio Mendoza Morales; coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Pedro Bautista Pérez, y coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Francisco Pérez Riojas, el grado de 3a. Clase".
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 12 de enero de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretario de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 16 de diciembre de 1987.
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el C. teniente de infantería Diplomado de Estado Mayor, Jorge Enrique Robles Saavedra, pueda aceptar y usar la condecoración "The Meritorious Service Medal", que le confiere el Gobierno de Estados Unidos de América."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de enero de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presentes.
El C. Jean Meyer, director de la Cemca, se ha dirigido a esta dependencia manifestando lo siguiente:
"Jean Meyer, con el carácter de director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en México, organismo científico, dependiente de la Embajada de Francia en México, ante usted comparezco y atentamente expongo: Que desearía utilizar en mi establecimiento, a partir de esta fecha, los servicios de la señorita Luz María Sánchez de nacionalidad Mexicana, como bibliotecaria en dicho centro. Con este objeto, me permito solicitar de esa H. secretaría, la autorización correspondiente."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos correspondientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presentes.
El C. Jean Meyer, director de la Cemca, se ha dirigido a esta dependencia manifestando lo siguiente:
"Jean Meyer, con el carácter de director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en México, organismo científico, dependiente de la Embajada de Francia en México, ante usted comparezco y atentamente, expongo: Que desearía utilizar en mi establecimiento, a partir de esta fecha, los servicios de la señorita Graciela Barajas, de nacionalidad mexicana, como asistente bibliotecaria en dicho centro. Con este objeto, me permito solicitar de esa H. Secretaría, la autorización correspondiente."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos correspondientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presentes.
El C. Jean Meyer director de la Cemca se ha dirigido a esta dependencia manifestando lo siguiente:
"Jean Meyer, con el carácter de director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en México, organismo científico, dependiente de la Embajada de Francia en México, ante usted comparezco y atentamente expongo: Que desearía utilizar en mi establecimiento, a partir de esta fecha, los servicios de la señorita Blanca Pulido, de nacionalidad mexicana, como correctora de textos en el departamento de publicaciones en dicho centro. Con este objeto, me permito solicitar de esa H. secretaría, la autorización correspondiente."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos correspondientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 10 de diciembre de 1987, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Raquel Sales Vargas de Guarneros, pueda prestar servicios como auxiliar de traductor, en la Embajada de la República de Corea, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará, en la Embajada de la República de Corea, en México, serán como auxiliar de traductor;
c) Que la solicitud se ajuste a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Raquel Sales Vargas de Guarneros, para prestar servicios como auxiliar de traductor, en la Embajada de la República de Corea, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 8 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador, senador Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 1o. de diciembre de 1987, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Angel Olmedo Rodríguez, pueda prestar servicios administrativos en la Embajada de la República de Filipinas, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 6 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República de Filipinas, serán como chofer - mensajero;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Angel Olmedo Rodríguez, para prestar servicios como chofer - mensajero en la Embajada de la República de Filipinas, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 13 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna
Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador, senador Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 15 de diciembre de 1987, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Francisco Gallegos, pueda prestar servicios administrativos en el Departamento Comercial de la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 6 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el departamento Comercial, de la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia, serán como chofer y mensajero.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Francisco Montiel Gallegos para prestar servicios como chofer y mensajero, en el Departamento Comercial de la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 8 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, Senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador, senador, Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea En oficios fechados el día 1o. de diciembre de 1987, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jacinto Larrieta Cano y Carlos Romero Guerrero, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de Venezuela, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 6 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Venezuela, serán como mensajero y chofer, respectivamente;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jacinto Larrieta Cano, para prestar servicios como mensajeros en la Embajada de Venezuela, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Carlos Romero Guerrero, para prestar servicios como chofer en la Embajada de Venezuela, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo,
D. F., a 14 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador, senador Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA
CONDECORACIÓN
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano embajador Carlos González Parrodi, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Popular de Polonia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de ese país.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Carlos González Parrodi, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Popular de Polonia, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de ese país.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 7 de enero de 1988. - Diputado Fernando Ortiz Arana, diputado Santiago Oñate Laborde, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera, senador Luis José Dorantes Segovia.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 9 de diciembre de 1987, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Roberto Canales García, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Suiza, en Monterrey, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 6 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Suiza, serán de carácter estrictamente consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Roberto Canales García, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Suiza, en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 8 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador, senador Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
Señor presidente, se emitieron 22 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 22 votos.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficios fechados los días 4 y 3 de diciembre de 1987, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan José Domínguez Echeverría y Esther Gordón Hass, puedan prestar servicios como chofer y secretaria, respectivamente, en la Embajada de Israel, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios solicitantes prestarán, en la Embajada de Israel, en México, serán como chofer y secretaria;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 Constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Domínguez Echeverría, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Israel, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Esther Gordón Hass, para prestar servicios como secretaria, en la embajada de Israel, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 8 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador, senador Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Segunda Lectura.
El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general...No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 22 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
La C. Secretaria Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Ejecutivo para sus defectos constitucionales.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficios fechados los días 1o. y 2o. de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Angel Reyes Corona, Eduardo Delgado Rivas, Alma Susana de la Mora Arreguín, Ramón Cabrales Santiago, José Enrique Marín Guerra, Bertha Alicia Ortega Frías, Dagoberto Vázquez del Mercado Muro. Miguel Angel Alvarado Saucedo, Antonio Marmolejo Aguilar, José Abel Ruiz Castillo, Alejandro Cázares Guerrero, Guillermo Arvizo Vázquez, Arturo Vázquez Hernández,
Arturo Galarza González, Manuel Arturo Monroy Galindo, Antonio Lamas Figueroa, Mario Castillo García, Juan Ignacio Herrera Magaña, María de Lourdes Bolaños Perea, Paz Margarita Aguilar Razura y Alicia Andrea Muñiz Carrasco, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado de los Estados Unidos de América , en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 6 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO.
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel Reyes Corona, para prestar servicios como Programador de Computadoras en el consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Delgado Rivas, para prestar servicios como empleado de distribución en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Alma Susana de la Mora Arreguín, para prestar servicios como auxiliar de contabilidad en el consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ramón Cabrales Santiago, para prestar servicios como asistente de servicios generales, sección administrativa, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano José Enrique Marín Guerra, para prestar servicios como supervisor de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Bertha Alicia Ortega Frías, para prestar servicios como secretaria bilingüe en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Dagoberto Vázquez del Mercado Muro, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel Alvarado Saucedo, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Antonio Marmolejo Aguilar, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano José Ruiz Castillo, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Cázares Guerrero, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Arvizo Vázquez, para prestar servicios como electricista en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano Arturo Vázquez Hernández, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimocuarto. Se concede permiso al ciudadano Arturo Galarza González, para prestar servicios como ebanista en el consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano Manuel Arturo Monroy Galindo,
para prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimosexto. Se concede permiso al ciudadano Antonio Lamas Figueroa, para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimoséptimo. Se concede permiso al ciudadano Mario Castillo García, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimoctavo. Se concede permiso al ciudadano Juan Ignacio Herrera Magaña, para prestar servicios como chofer - mensajero en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimonoveno. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Bolaños Perea, para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo vigésimo. Se concede permiso a la ciudadana Paz Margarita Aguilar Razura, para prestar servicios como asistente de servicios generales en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo vigesimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Alicia Andrea Muñiz Carrasco, para prestar servicios como asistente de beneficios federales al Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., a 11 de enero de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador, senador Alberto Villanueva Sansores.»
Trámite: - Segunda lectura.
El C. Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general.
El C. Diputado Héctor Morquecho Rivera (desde su curul): - En contra.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, en contra.
El C. Diputado Héctor Morquecho Rivera: - Compañeros legisladores: El dictamen de la Primera Comisión de esta Permanente, plantea permisos para 21 personas para que éstas presten sus servicios en el consulado norteamericano, en la ciudad de Guadalajara.
Por la naturaleza política que esto implica, a juicio de mi partido y por las apreciaciones que haré en seguida, votaremos en contra de ese dictamen que se ha puesto a consideración.
Para el PPS y el conjunto de las fuerzas democráticas y antiimperialistas, las cuales en este momento histórico y grave de nuestro país, han reforzado su unidad y de su lucha, constituye una cuestión de principios votar en contra de este presente dictamen.
Partimos de lo que la vida nos ha enseñado, de lo que la historia nos ha enseñado, con dolor, con experiencias amargas, pero, que en cada situación hemos tenido y hemos logrado un repunte moral e ideológico ante proceso histórico, muy difícil, muy complicado para el desarrollo de nuestro país.
Es evidente y es palpable, lo que ha representado la Embajada de Estados Unidos en México. Y quiero decir que no sólo en México, sino en todo el resto del mundo. Pero en este caso, por la cuestión que nos ocupa, nos referimos a nuestro país, a lo negro, a lo negativo, a lo nefasto, a los hechos nefastos que ha realizado la embajada norteamericana en contra de México.
Quiero establecer que ya anteriormente precisamos nuestros fundamentos en contra de que se otorguen este tipo de permisos, en cantidad exagerada, en nuestra opinión, muy exagerada la cantidad, que se ha otorgado en favor de que presten sus servicios y trabajos nuestros compatriotas en Embajada y Consulado de Estados Unidos.
He aquí lo que hemos dicho, planteado, particularmente en esta LIII Legislatura. El 5 de septiembre de 1985, el diputado Manuel Fernández Flores, destacado sindicalista e integrante de la fracción parlamentaria de mi partido, el Popular Socialista, hizo una proposición al pleno de la Cámara, proposición que implica cuatro preguntas, los fundamentos de tal proposición en torno a los permisos del asunto que en este momento estamos discutiendo o tratando, eran los siguientes:
1. Es saludable que la Cámara de Diputados tome en sus manos las peticiones de ciudadanos interesados en prestar sus servicios en las embajadas extranjeras.
2. Ha sido nuestra experiencia histórica la que ha marcado dicha necesidad de Examinar las peticiones señaladas.
3. Ante la actual situación tanto de México como de otros países este procedimiento es válido, toda vez que además muchos hechos que han acontecido en nuestro país se entienden como derivados, como producto de las tareas de espionaje, y yo quiero citar un hecho muy conocido por todos los compañeros legisladores, pero que en verdad no se han examinado a fondo sus implicaciones y que en mi opinión todo el pueblo de México debe conocer, particularmente las nuevas generaciones, me refiero al hecho ocurrido en el año de 1913, en que la Embajada norteamericana hizo embajador a Henry Lane Wilson, intervinieron en la vida política de nuestra patria, azuzando a los demás diplomáticos de entonces para que se detuviese de intervenir, tratando de detener, de desviar el nuevo rumbo social, político, económico, histórico, que el pueblo de México se estaba marcando a sí mismo, y además en un contexto tan difícil para nuestra patria, ya que no contábamos con la solidaridad internacional, como hoy cuentan otros países en muchos casos en nuestra historia contemporánea.
Señalaba en ese documento el compañero Manuel Fernández Flores, que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, el gobierno norteamericano y su monopolio de la economía crearon la organización criminal, la cual no es más que un nido de ratas, de asesinos, de gente de la peor calaña, creó Estados Unidos y sus monopolios la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y con ella ha intervenido el gobierno norteamericano en nuestro país a través de su embajada y de sus embajadores, los cuales más o menos en calidad hacia arriba o hacia abajo han sido gente, dichos embajadores con una moralidad más abajo del cero y de características en su trato, en su aspecto, en sus relaciones, características totalmente alejadas del respeto para el pueblo de México y nuestra nación.
Esta Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la Embajada de Estados Unidos crearon también el Instituto América para impulsar el desarrollo de los que ellos llaman los sindicatos libres en el afán de intervenir en el movimiento obrero y quebrarlo. Esta misma agencia de espionaje y terrorismo integrada por asesinos a sueldo, protegida por la embajada Yanqui, ha contribuido al soborno de dirigentes políticos, de funcionarios en América Latina; ha contribuido también para el asesinato de luchadores revolucionarios de Guatemala, de Granada, de la República Dominicana, de Chile, de Paraguay, de Honduras y además, esta Agencia Central de Inteligencia norteamericana constituye el sostenimiento económico y el sostenimiento financiero de los partidos de la derecha. Ha sido evidente, ha sido muy clara la denuncia que han hecho los pueblos, las fuerzas revolucionarias en contra de la Fundación Heritage, del Fondo Republicano para la Cruzada Anticomunista y también ha promovido las reuniones de agentes de la CIA con senadores de Estados Unidos y políticos de la derecha, políticos mexicanos de derecha que se han hecho cómplices, se han hecho reuniones para apoyar a los contras que luchan en contra del pueblo de Nicaragua y en contra del gobierno de Nicaragua.
Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para precisar que en realidad, que en verdad, no se lucha por parte de la CIA, de la embajada norteamericana, no se lucha contra el comunismo ni contra el socialismo en nuestro país como sistema económico de la vida social, lo que procuran los monopolios norteamericanos a través de la CIA y de la embajada norteamericana es romper, procuran romper quebrar, dividir la lucha de nuestro pueblo con su liberación definitiva desde el punto de vista económico, político y social, porque hay que repasar las declaraciones de funcionarios norteamericanos, del Congreso de los Estados Unidos, de los elementos más derechistas, y también de los políticos mexicanos más conservadores auspiciados por Estados Unidos, en el sentido de que para ellos cualquier medida nacionalista en la economía mexicana, o cualquier medida económica en favor de nuestro pueblo es una medida totalitaria, es una medida comunista, es una medida que afecta a la seguridad de los Estados Unidos. Yo quiero dejar asentado eso porque en realidad ésa ha sido la verdadera trayectoria que ha seguido la Embajada de Estados Unidos y sus agencias de espionaje y terrorismo.
Pero en el texto del documento del diputado Manuel Fernández Flores también se señalaba que ahora la embajada norteamericana, en vez de utilizar agentes extranjeros está reclutando, está propiciando llevar a los mexicanos a su servicio, es decir quiere aplicar el refrán de que "para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo", o bien, si hay un agujero en vez de como se dice, cocer el cenizo, meter una cuña de la misma madera.
Por eso el compañero diputado Manuel Fernández Flores dijo en 1985: Es extraña ya la cantidad de solicitudes de mexicanos para prestar sus servicios en la embajada norteamericana.
Y, compañeros legisladores, las preguntas con las que concluyó este texto del documento el compañero diputado Manuel Fernández Flores fueron preguntas en torno a las preocupaciones sobre la duración de los permisos, preocupación de nuestro
partido sobre la actividad que habrían de realizar los mexicanos mediante esos permisos, y a la vez la necesidad de controlar, o la manera en que se puede controlar la seguridad nacional por parte del Estado mexicano.
El mismo septiembre de 1985, el día 18, insistimos con un voto particular en el mismo sentido, voto particular que fue leído tres veces por la secretaría, ante tres tantas solicitudes de permisos para trabajar en la Embajada de Estados Unidos, y ese documento fue firmado por el PMT, el PST y por el PPS.
Y ya en el año pasado, en 1987, el 22 de septiembre, buscando concretar, buscando la manera de darle pues una aplicación de estudio, de análisis, de consecuencias a todos estos permisos que se han otorgado, la fracción parlamentaria del PPS presentó una iniciativa para crear la Ley Reglamentaria del artículo 37 constitucional en su apartado "B".
En los considerandos, dice el artículo 37 de la Carta Magna, en vigor, contempla los casos en que un mexicano puede perder la nacionalidad o la ciudadanía.
Tal parece que esta disposición unificó a los Constituyentes de 1856 y 1857 y a los de 1917, puesto que no se suscitaron debates que demostraran posiciones contradictorias en materia de fundamental importancia.
En relación con la fracción II del apartado "B", perteneciente al artículo 37 constitucional, que estipula como una causal de la pérdida de la ciudadanía mexicana "el prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente", no se han dictado las disposiciones reglamentarias necesarias.
Tal parece que los asuntos de tanta importancia, como los que se refieren a los permisos que debe otorgar la representación nacional, a quienes solicitan autorización para trabajar en embajadas o consulados, se desahogan de una manera rutinaria.
En forma concreta, somos testigos de las solicitudes de permisos para trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América, en nuestro país; se remiten al congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en un número tan elevado que ha llegado el momento de preguntar si esa representación diplomática está de veras necesitada de tantos empleados.
Las precisiones que se hacen en cuanto a la ley reglamentaria son precisamente con un sentido patriótico, democrático y en su artículo 4o. que se propuso dice: Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga el expediente completo del solicitante, lo remitirá a la Secretaría de Gobernación, la cual deberá hacer todas las investigaciones pertinentes que el caso amerite y determinará si procede o no, hacer los trámites correspondientes ante el congreso de la Unión o su Comisión Permanente.
En este sentido, compañeros legisladores, es que estamos reiterando, estamos insistiendo en que debe la representación nacional, debe la Comisión Permanente, debemos todos ser más sensibles para vigilar de cerca lo que hace a la Embajada de Estados Unidos, lo que habrán de hacer los que solicitan prestar sus servicios en esa entidad norteamericana.
Y, compañeros legisladores, para efectos de citar unos datos que tengo en este momento y que son hasta el día 5 de diciembre de 1985, que planteó también el PPS en el pleno de la Cámara, y que son muy ilustrativos, se refieren a lo siguiente, dice: Preocupados por las múltiples denuncias y evidencias al respecto, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, solicitamos desde esta tribuna, se investigara lo relativo a los numerosos permisos a connacionales para trabajar en esa embajada, pues su elevado número visto en el contexto de las denuncias de referencia abre la posibilidad de que el gobierno norteamericano utilice la vía de empleos para tratar de capturar compatriotas nuestros y ponerlos al servicio del cuerpo de espionaje, desestabilización y terrorismo, denominado Agencia Central de Inteligencia.
Dice en seguida el texto: la investigación realizada por la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, sobre el número de permisos otorgados por el Congreso de la Unión durante los últimos tres años, arroja los siguientes datos:
Permisos otorgados para trabajar en las embajadas de: Arabia Saudita: Uno.
Nueva Zelanda: Uno.
Irán: Uno.
Finlandia: Un permiso.
Dinamarca: Uno.
Noruega: Dos.
Países Bajos: Uno.
Hungría: Cuatro.
Suiza: Uno.
En el caso de países latinoamericanos, sólo hubo en el período de tres años, los siguientes casos:
Brasil: Cuatro.
Venezuela: Tres.
Dominicana: Uno.
Ecuador: Uno.
Sobresalen, por elevado número, las embajadas de: La liga de Estados Arabes, con: Cinco.
La India: Con cinco.
Yugoslavia: Seis.
Israel: Con diez.
Países tan importantes como Italia, Francia y Canadá, tuvieron tres, once y dos, respectivamente.
Frente a este cuadro, compañeros legisladores, sobresale de manera asombrosa, el caso de la embajada de Estados Unidos con 226 permisos. Mientras todos los demás países del mundo suman solamente 60.
En base a estas consideraciones, a estos razonamientos que hemos hecho, la fracción parlamentaria de mi partido, votará en contra de este dictamen. Gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si estima suficientemente discutido en lo general el dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Por la negativa... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Señor presidente, se han emitido dieciocho votos en pro y cuatro en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Ciudadanos legisladores: se han inscrito ante esta presidencia para hacer algunas denuncias los siguientes señores diputados: Señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos del Partido Acción Nacional; señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista; Señor diputado Jorge Amador Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores; y el señor diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.
Por lo tanto, tiene la palabra, el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional.
DIARIO DE LOS DEBATES
El C. Diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros de esta Comisión Permanente: Le voy a rogar al señor presidente que me autorice a tener primero una breve intervención relacionada con el trabajo de esta comisión, muy breve, y después entrar a la denuncia en la que ya quedé inscrito.
El C. Presidente: - Con todo gusto, señor diputado, puede usted hacerlo.
El C. Diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Dicen los historiadores contemporáneos que la gran metodología para precisar y definir los procesos y los hechos históricos, se divide entre ver la historia a priori y a posteriori.
Esto que es simplemente una terminología de carácter técnico en la historia, alcanza aplicación muy interesante entre nosotros, a propósito de que todas nuestras deliberaciones que deben ser contenidas en el Diario de los Debates, por lo menos en lo que corresponde a esta Legislatura en la que hemos trabajado por tres años en la Cámara de Diputados, ha venido padeciendo un retraso tan grande, que podríamos decir que encaja dentro de la historia a posteriori, una posteriori que significa que sobre hechos remotos, sobre hechos pasados sobre el relato de lo que hicimos o dijimos y transcripción de textos, hay que meterse ya a la historia muy atrás para poder definir y analizar la manera de pensar, de discutir el horizonte político, social y económico de México.
Popular es compañeros, hemos encontrado que el Diario de los Debates de esta Comisión Permanente se encuentra ya en nuestras manos, no sólo el número primero sino el segundo número que se refiere a nuestra participación de la semana pasada.
Esto nos permite que la historia de esta Comisión Permanente resulte una historia reciente, una historia casi a priori. Por ello, es de justicia felicitar al director del Diario de los Debates que firma con el nombre de licenciado Benjamín Martínez Martínez y por supuesto felicitar también por su evidente apoyo a esta obra y para esta comisión, al licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de esta comisión creo que es de justicia hacerle este reconocimiento al trabajo específico de la Cámara.
DENUNCIAS
El C. Diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Compañeros y compañeras: El domingo pasado 17 de enero en el pequeño municipio de Xemac, los ejidatarios correspondientes al ejido que lleva ese nombre, que se agrupan en el comisariado ejidal a razón de 346, citaron para una reunión en la que estuvieron presentes 324 de los 346 y cuando iban a comenzar su reunión e introducirse al local que ocupa el comisariado ejidal, vecino el edificio al palacio municipal, los guardias blancas, de algún modo se les debe dar nombre a esta policía estatal que es anticonstitucional, se apersonaron para impedirles el uso del local. Ante la resistencia y la negativa de los ejidatarios, la policía usó gases lacrimógenos más de 300 policías y terminó balaceando sobre la multitud habiendo por lo menos cuatro heridos, dos de ellos de gravedad de nombres Leonardo y Modesto Xiu.
Esto resulta una terquedad insistente del desorden establecido por el gobernador Cervera Pacheco en el estado de Yucatán. A sólo 16 días de entregar el poder, una vez más agrede a los habitantes del municipio de Xemac que en un acto legítimo de su grupo ejidal se reunía para deliberar sus problemas.
Hay aquí en este hecho no sólo una violación de las garantías constitucionales y un agravio y una agresión seria y profunda contra el pueblo, sino tres por lo menos, asuntos de carácter importante que ofenden la vida institucional de la paz en aquel estado.
Primero, el que a 16 días o 12 días de dejar el poder el gobernador Cervera Pacheco provoque o permita que se provoque un incidente más como éstos, después de que tuvo en la cárcel injustamente a José Domingo Xamal durante dos años y diez meses, hasta que el Tribunal reconsideró su asunto y lo catalogó y lo reclasificó porque no había la posibilidad de que hubiera cometido un crimen como el que se había dicho, porque no estaba sino distante del lugar de los hechos; este incidente, repito, permitido o alimentado por Víctor Cervera Pacheco, significa el sembrarle en el camino tropezones al próximo gobernador Mancilla Schaffer. Esto es una omisión y una incursión en la paz del estado de Yucatán.
Pero en segundo lugar, compañeros, el mantenimiento de esta policía represiva significa una transgresión del orden constitucional, de acuerdo con el 115 de nuestra Constitución, en donde el servicio de la seguridad pública corresponde a los municipios, y el gobernador Cervera Pacheco ha mantenido esos guardias blancas tomando el palacio municipal durante varios meses, para hacer una especie de represión contra el pueblo de Xemac. Hay pues una violación constitucional contra la cual venimos a protestar.
Finalmente, compañeros, ¿por qué se impide a un pequeño conglomerado ejidal el celebrar sus reuniones? Este ejido está compuesto por ciudadanos que pertenecen a diversos partidos; ni siquiera es un proceso político porque en ese ejido lo mismo hay panistas que miembros activistas del partido oficial. Simplemente aquí hay un compromiso terco del gobernador con la reforma agraria, que pretende desconocer la legitimidad de que en elecciones auténticas y en procesos democráticos auténticos, se renueven las directivas de los comisariados ejidales.
Contra este acto, pues, ominoso, vengo a presentar mi protesta formal, porque no se trata simplemente, en este caso, de una reiterada agresión contra un municipio que no pertenece a la oposición, no pertenece al sistema del partido oficial, sino aquí se trata de una agresión contra la ciudadanía y la legítima deliberación de unos cuantos
ejidatarios que tienen, como todos los mexicanos, el derecho de resolver sus asuntos en forma pacífica sin ser agredidos por un órgano de violencia institucional en el estado de Yucatán. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista.
El C. Diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Compañeros legisladores: Vengo a dar a conocer un hecho, que a mi juicio, es de extremada gravedad. Vengo a dar a conocer un hecho, que a mi juicio, es un vandálico atentado contra las personas humanas. Y a demandar la investigación inmediata de ese hecho por la Procuraduría General de la República.
El día 16 de enero por la tarde, entre las 18 y las 19 horas, en las afueras de la ciudad de Pinotepa, en Oaxaca, fueron detenidas 14 personas de nacionalidad salvadoreña que iban con destino a la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El grupo lo formaban ocho adultos: Cuatro hombres, cuatro mujeres y seis niños.
Este grupo fue detenido por cuatro elementos de la Policía Judicial Federal que se identificaron como tales, los cuales procedieron a golpear a los hombres y a las mujeres por negarse, porque éstos se negaban, a entregarles el dinero que llevaban. Pero se detuvieron ahí, pasaron de inmediato a violar a las cuatro mujeres, entre ellas, a una señora con cuatro meses de embarazo de nombre Rosa Paguado Domínguez, quien a consecuencia de los golpes y de la violación, murió más tarde.
Dejaron ir al resto del grupo y detuvieron al señor José Ricardo Hernández Gómez y a su hija de cuatro años, Iris Maritza Domínguez, por quien exigieron 60 mil pesos para poder entregarla.
El detenido es el esposo de la señora que murió a consecuencia de la brutal y criminal agresión de los policías judiciales; el hombre intentó, diciendo que tenía familiares en Pinotepa, prometió dejando en rehén a su hija, que si lo dejaban ir conseguiría el dinero para pagar ese rescate; él con ayuda de amigos suyos procedió a realizar una colecta en el mercado de la ciudad, pidió ayuda a quienes pudieran hacerlo y pagó el rescate de su hija.
Esto le fue denunciado, entró en conocimiento de esto el profesor Oscar Bautista Sarmiento, quien hizo la comunicación a nuestro órgano Periodístico del Partido Mexicano Socialista La Unidad, dando estos datos; después ha sido difícil localizarlo, tanto por la lejanía como por el clima de temor que despertó este acto verdaderamente vandálico.
Hay que decir que no es la primera ocasión que esto sucede estos son hechos que a partir del agravamiento de las tensiones en Centroamérica se han estado repitiendo. En estos seis años se han denunciado a la prensa y por organismos de solidaridad con los pueblos centroamericanos actos similares. Constantemente se extorsiona, se roba y se detiene ilegalmente a centroamericanos en Chiapas, en Oaxaca, en el Distrito Federal y en algunos puntos fronterizos con los Estados Unidos; estos hechos son graves violaciones a los derechos humanos, pero es difícil encontrar otros tan vandálicos como el que hemos denunciado aquí.
Claro está que aquí hay una base que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista general. Se comprende que esta situación pueda producirse por el limbo legal en que viven los ciudadanos centroamericanos en México, debido a que el gobierno mexicano no ha firmado los acuerdos internacionales sobre refugiados, es decir, México no reconoce el estatus de refugiado.
Nosotros ahora, queremos señalar que es necesario que esta Comisión Permanente haga lo que está en sus manos, para lograr que por lo menos este hecho sea castigado, que este hecho no permanezca impune y para ello, nosotros presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Túrnese la presente denuncia sobre los detenidos en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 16 de enero pasado, a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados e instruya a la mencionada comisión para que solicite de inmediato toda la información correspondiente a la Procuraduría General de la República y dé cuenta a esta Comisión Permanente, de los resultados de su trabajo."
En segundo lugar, pedimos como una cuestión política general, necesaria para nuestro país y que entre otras cosas impediría que se siguieran cometiendo o por lo menos pondría un freno a que se siguieran cometiendo actos como el denunciado, que México reconozca el estatus de refugiado que hasta ahora no ha firmado. Muchas gracias por su atención; dejo en la secretaría la propuesta de punto de acuerdo.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra...
No habiendo oradores en pro o en contra, túrnese a la Comisión de Justicia de la honorable Cámara
de Diputados, para su discusión y resolución en los términos que le competen.
PROCESO ELECTORAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Amador Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. Diputado Jorge Amador Amador (desde su curul): - Prefiero posponer mi intervención para después, hoy mismo.
El C. Presidente: - Con todo gusto, señor diputado.
Señor diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, tiene la palabra.
El C. Diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: El trabajo de las campañas políticas, de los distintos candidatos a la Presidencia de la República, se encuentran en marcha en todo el país; los medios de comunicación y los reportes de los propios partidos, han estado dando cuenta de este trabajo.
Para esto sabemos y es del conocimiento no solamente de los legisladores, de las autoridades, sino de todo el pueblo de México, que la Constitución primero y en lo general el Colegio Electoral fijan los derechos o el derecho de los ciudadanos a manifestarse y en la misma forma los partidos políticos que como tal están considerados como entes de interés público que para ello cubrieron requisitos formales para operar en consecuencia y participar en la lucha por el poder a través de los procesos electorales.
Todo esto lo entendemos, está plasmado en la Constitución y en el mismo Código Federal Electoral, sin embargo los derechos que consagran estos ordenamientos y la Carta Magna principalmente y las facilidades que se prevén para los partidos políticos, a fin de que puedan realizar con amplitud sus campañas con una amplia difusión y al mismo tiempo para exponer sus programas de gobierno, sus proyectos de nación y lo que ofrecen al electorado, quien es el que le da forma a estos procesos con su participación final, vemos que se obstaculiza en la práctica.
El día de ayer, en sesión de la Comisión Federal Electoral, presentamos una denuncia y queremos rectificarla en este foro de la Comisión Permanente, por la obstaculización que se está dando al trabajo de los candidatos a la Presidencia de la República, y en el caso concreto quiero referirme a la del candidato del Partido Demócrata Mexicano, quien se ha visto afectado en esta promoción política, por el acoso primero de una infinidad de agentes que dicen ser de la federal de seguridad o agentes de gobernación o encargados de investigación política, que obstruyen en el trabajo del candidato, al grado de que en algunos lugares, como fue el caso de Tabasco, estuvieron a punto de producir algunas reyertas cuando el candidato a la Presidencia de la República participaba en diálogos públicos en distintos puntos de la ciudad de Tabasco.
Otro de los elementos que nosotros hemos señalado como nocivos para el desarrollo de esta campaña, es que señores agentes de Gobernación o miembros de la federal de seguridad que dependen de la Secretaría de Gobernación, con el pretexto de conocer el itinerario de los candidatos, supuestamente para brindar la protección en su recorrido, al conocer la composición del programa de actividades, esto sirve para que ellos se avancen y cancelen, obstaculicen algunos de los trabajos que se tienen programados para realizarse en determinado día.
Es el caso, como ya lo han señalado algunos otros legisladores, respecto al interés que hay por parte de los candidatos de utilizar los medios electrónicos, en este caso la radio, para transmitir algunos mensajes y participar de algunas entrevistas con participación del público a través del sistema de teléfono abierto.
Hemos encontrado negativa por parte de los directivos o gerentes de las radiodifusoras que dicen no tener autorizado el brindar este tipo de servicio a los partidos políticos y algunos otros exigen el que sean presentados los oficios correspondientes de la Secretaría de Gobernación en los que se autoriza a realizar este tipo de trabajo.
Esta situación nosotros la denunciamos porque viene a entorpecer el trabajo de los candidatos y de los partidos políticos y porque en alguna forma pues aumenta la participación ciudadana y deja la posibilidad de que al ser obstaculizado este trabajo, el propósito y el objetivo de los partidos políticos cuyo interés es el de participar en el combate del abstencionismo y de mover al electorado a ciudadanos a la participación política, se queda como un mero intento y esto con las consecuencias que nosotros conocemos porque un país en donde su pueblo no participe en la decisión o en la elección de sus gobernantes, este pueblo tarde o temprano habrá de enfrentar situaciones críticas, adversas, que pueden constituirse en estadillo social por las limitaciones que se oponen a la participación política.
Nosotros estamos de acuerdo con los propósitos manifestados por el Secretario de Gobernación
cuando dice que el gobierno mantiene y preservará el estado de derecho y que se han venido realizando las acciones por parte del gobierno, de tal manera que este proceso se dé en un ambiente de paz, de respeto a la ley y de tranquilidad. Pero nosotros reclamamos el que estas declaraciones se den cuando se sabe que está sucediendo lo contrario, cuando se sabe que en la práctica no hay tal respeto a la ley, ni tal libertad a los partidos políticos para realizar sus trabajos de promoción y de difusión de sus programas, que esto entorpece el desarrollo democrático del país y desalienta a los ciudadanos en el trabajo de la participación política.
Queremos nosotros, en este señalamiento, que la opinión pública conozca de esta situación que se está dando para que exija a nuestras autoridades, al gobierno, a respetar el desarrollo del trabajo de los partidos políticos, que como señalamos en una intervención anterior en este foro, se entienda que el trabajo de los partidos políticos independientes o de oposición no se da con las facilidades como se da el trabajo del candidato del partido oficial, y que en este campo de desventajas en las que tenemos que sortear una serie de dificultades para nuestra promoción, no es válido que el peso del poder del gobierno y de su partido, se manifieste tan descaradamente y se pongan trabas, se pongan zancadillas a los participantes políticos opositores al sistema.
Esto no es ningún signo que refleje una verdadera libertad política ni un respeto al trabajo de los demás. Reclamamos nosotros y hacemos votos porque se reivindique este derecho, y que ojalá que la denuncia presentada en su oportunidad ante el órgano correspondiente que es la Comisión Federal Electoral, sea atendida por el presidente de la misma para que se den instrucciones para que en el caso concreto de los agentes de seguridad o de Gobernación se concreten exclusivamente a la vigilancia que deben desempeñar, si es que están obligados a prestar ese servicio, pero no así a obstruir o a obstaculizar, o a impedir el desarrollo abierto de las campañas de los candidatos.
Esto lo señalamos y dejamos constancia de nuestro reclamo en esta tribuna para conocimiento de todos los legisladores, y al mismo tiempo de la opinión pública. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señores legisladores: El planteamiento que ha hecho el diputado Calderón Tinoco abre una expectativa de discusión en torno a lo que subyace detrás de la denuncia que realiza el gobierno en contra de las campañas electorales de los partidos de oposición.
La estrategia electoral que hoy se vislumbra por parte del PRI, es una en donde se busca golpear y aterrorizar a los posibles electorales en la próxima contienda electoral.
Al realizar el día de ayer el PRI una denuncia en contra de tres partidos políticos, entre ellos el Revolucionario de los Trabajadores, creemos que se sigue profundizando una lógica y una línea del partido oficial para tratar de crear un clima de incertidumbre de torno a lo que hoy se está debatiendo en la nación.
Y esto, como partidos políticos, responsables, queremos dejar claro que no lo podemos permitir; que no podemos permitir que se busque, a través de estos recursos teatrales, poner en entredicho el debate político que debiera darse en esta contienda electoral. Y que debiera darse entre todos los partidos y sus candidatos.
Pero justamente ante petición expresa de mi partido, en la Comisión Federal Electoral, resulta que la negativa priísta a acceder a un debate entre candidatos - insistimos - pone en entredicho el propio proceso electoral, y pone en entredicho la concepción de la democracia que queremos implementar y profundizar a través de la lucha electoral.
¿Por qué el Partido Revolucionario Institucional se ha negado sistemáticamente a debatir, a aceptar un debate entre candidatos presidenciales? Porque existe, y queremos dejarlo bien claro, existe una estrategia de desinformación y de confusión hacia el electorado.
No se ha buscado clarificar los términos del debate, más bien el Revolucionario Institucional busca devolver el proceso electoral y a la lucha electoral un carácter cavernícola y de clandestinaje entre los propios partidos.
Ante la denuncia de que partidos políticos hemos planteado diversas formas de resistencia a las políticas económicas del gobierno y en particular al Pacto de Solidaridad Económica, resulta que se abre una gran incógnita en torno al futuro de la disidencia en nuestro país, se ensancha ese peligroso camino que nos puede llevar - y lo he dicho en otras ocasiones - a un desenlace autoritario en el proceso político del país, porque ahora resulta que se quiere castigar la disidencia, ahora resulta que se quiere castigar a quienes, en efecto, nos oponemos y lo hemos dicho abierta y públicamente en todos los foros, a esa política económica del régimen que está llevando al país a
una ruina total y absoluta en su aparato productivo y la entrega de la soberanía nacional, y frente a estas críticas ¿cuál es la respuesta?, la respuesta es querer castigar por instrumentos legales las posiciones disidentes y yo quiero decir con absoluta franqueza y apertura, que debemos entonces a partir de esta discusión, discutir qué democracia queremos en nuestro país, y si esta democracia que nos proponen los representantes del Revolucionario Institucional, que exige esencialmente que nos callemos la boca ante lo que está pasando en el país, respondemos desde ahorita y categóricamente que no nos vamos a callar, que no tenemos por qué dejar de criticar los gravísimos errores que está cometiendo este gobierno y no dejaremos en ningún momento de señalar que en nuestra concepción democrática, la única manera de tener un verdadero debate claro, en torno a cuáles son los puntos a discusión verdaderos en el país, gira en torno a la posibilidad de que debatan de manera pública y franca los candidatos a la Presidencia.
Nosotros creemos que el licenciado Carlos Salinas de Gortari, tiene miedo a salir a discutir con los partidos de oposición y que el PRI en su conjunto, no quiere discutir seriamente con la oposición, porque nosotros, como partidos opositores, somos representantes de un bloque creciente de electores en este país que quieren buscar alternativas de fondo a lo que está ocurriendo hoy por hoy y ustedes en el Revolucionario Institucional, represente un bloque electoral cada vez más pequeño, porque ésas son las tendencias electorales en los últimos años, que tratan de atrincherarse en razones legales - jurídicas y de supuesta estrategia, para evitar un debate serio en torno a las tareas que tiene la nación enfrente, ante la profunda crisis que hoy padece la nación.
Y en vez de ello, en vez de un debate democrático, en vez de una discusión pública, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen en primer lugar, un castigo a la disidencia, nos ofrecen que ante el reclamo de una población cada vez más herida por la crisis, que cualquier planteamiento de repudio a las políticas del gobierno, este repudio debiera considerarse como un atentado en contra del gobierno y por lo tanto, se cuestiona la esencia y la razón misma de la disidencia y la posibilidad de un debate político democrático abierto en la nación.
Pero no es solamente una lógica de desprestigio de la oposición, lo que se pretende. Se introdujo una línea y nosotros lo dijimos aquí la semana pasada, desde el informe o el mensaje de año nuevo del Presidente, de una línea que intenta profundizar, una lógica política profundamente preocupante, y en nuestra opinión, que contiene un elemento profundamente antidemocrático; porque ustedes manejan que disidencia es exactamente lo mismo que otras expresiones que tratan de golpear y subvertir los procesos democráticos en el país. Y por lo tanto se quiere arrinconar a la oposición y de presentarla también con un propósito electoral y no de abierta y franca discusión y debate, sino como un propósito de empujar y arrinconar al debate que necesariamente tiene que darse en la nación y que, sin embargo, ustedes eficazmente y con argumentos propios impiden o en todo caso se niegan a ello.
Nosotros creemos que esta lógica que profundiza la crisis, esta lógica tiende a ahondar la crisis política del país, tiende incluso a tener una repercusión más allá de los partidos. La repercusión más allá de los partidos de este planteamiento, es el de aterrorizar a la población con relación al proceso electoral, no solamente de confundir los términos, no solamente de no presentar realmente programas alternativos y de no debatir de manera abierta y franca cuáles son las alternativas que cada quien propone, sino lo que está surgiendo como estado anímico hoy, es el temor a que este proceso electoral pudiera desembocarse en una situación de facto muy preocupante para la nación y para un ejercicio democrático en el país y permite justificar muchas cosas a posterior, y éste es el problema de fondo en este planteamiento que hace el revolucionario Institucional en contra de los partidos.
Nosotros creemos que si ustedes hablan de desobediencia civil y quieren castigar ese término, yo les aseguro que el que más comete desobediencia civil en el País, hoy por hoy, es aquel que atenta en contra de los derechos de los trabajadores y del pueblo de México. ¿Por qué no castigar a quienes no quieren otorgar un aumento justo a los trabajadores de las aseguradoras?
¿Por qué empezamos a ver conatos de movimientos huelguísticos en donde ya no se les quiere dar aumento justo a los trabajadores, en donde ya no se plantea con toda celeridad la ejecución de resoluciones presidenciales en el campo? Aquellos que no resuelven esos problemas del pueblo trabajador, son los que no desde hoy, sino desde hace muchos años en este país han ejercido la desobediencia civil como práctica política cotidiana para mantenerse en el poder, ése es el verdadero problema que enfrenta el país hoy, ésa es la verdadera disyuntiva que enfrentamos los mexicanos y es por ello que decimos es de fundamental importancia lograr desterrar todas estas prácticas buscando una salida democrática a los problemas que enfrentamos hoy.
Si el propósito es aterrorizar a la población que también no es una táctica nueva, nosotros también calificaríamos esa táctica o estrategia como
pudiera verse electoral, también como un atentado en contra de los derechos del pueblo, porque hay un manejo de los medios, y hay una manejo de los instrumentos para presionar y obligar a la población a que responda de determinada manera.
Entonces ¿qué es lo que quieren procurar ustedes, una población aterrorizada por lo que pudiera ser el desenlace del proceso electoral, una población temerosa de participar abierta y plenamente por que no sabe a qué atenerse por las amenazas que profiere el régimen en contra de todos aquellos que se atrevan hoy por hoy a disentir de las políticas del gobierno? Este es el problema de fondo que enfrentamos hoy y que con toda claridad se plantearon el día de ayer en la sesión de la Comisión Federal Electoral.
Nosotros creemos que ante ese clarísimo enrarecimiento del ambiente político en el país que está procurando el Revolucionario Institucional, resulte indispensable, entre otras cosas, si avanzar por el camino del debate entre los candidatos presidenciales y que ese factor miedo ya no sea un elemento para impedir que exista una verdadera explicación al pueblo de México de cuáles son las propuestas concretas o no, de cada partido y ahí tendrá que decidir el pueblo, ahí tendrá que salir a votar y expresar su voto en ese sentido si es que también se atreven a respetar el voto.
Pero esta línea electoral nos debe preocupar a todos, y hondamente, porque lo que se está procurando es avanzar por el camino de una nueva imposición que el pueblo no quiere, que el pueblo no favorece y que el pueblo no va a avalar, y el problema es que ustedes tienen una responsabilidad fundamental en este proceso.
Por lo tanto, llamamos a romper esa lógica que empieza a imponerse, llamamos a replantear el sentido y la orientación de las campañas electorales, y creemos que el punto de partida de esa nueva concepción de la campaña y la lucha electoral, porque es una lucha electoral entre programas y partidos, sería precisamente la confrontación pública y democrática, abierta, de los candidatos, no simplemente para aparecer en la televisión, sino para que el pueblo pueda efectivamente conocer en detalle cuáles son las verdaderas propuestas de cada partido.
Nosotros insistimos en que estamos ante una disyuntiva de crucial importancia, y no podemos dejar de advertir la importancia que significaría el tomar el camino equivocado en este rumbo, y creemos firmemente que lo que ustedes están proponiendo hoy no solamente es el camino equivocado, sino que es un camino que nos lleva a problemas mucho más graves, mucho más serios, mucho más profundos para el pueblo de México, y no allana el camino a verdaderas soluciones a la crisis. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Diputado Fernando Ortiz Arana: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Hoy trajo a esta tribuna de la Comisión Permanente el señor diputado Ricardo Pascoe, una parte de los temas que debatimos el día de ayer en una larga sesión de la Comisión Federal Electoral.
El trató, en términos generales, tres temas y así yo habré de ocuparme de su refutación.
Primero, se refirió a la denuncia que presentó mi partido el día de ayer ante la Comisión Federal Electoral solicitando una investigación respecto a la incitación a la violencia y a vulnerar el orden jurídico de tres candidatos de tres partidos políticos nacionales.
Después tocó, por otro lado, la propuesta que formularon, y que desechamos en la Comisión Federal Electoral, de solicitar un debate entre candidatos a la presidencia de la República.
Y, en tercer lugar, el diputado Pascoe mezcla estos dos temas con el asunto del pacto de Solidaridad, con el derecho a la crítica y con el derecho a la oposición al gobierno.
Voy a ocuparme del primero de ellos. Es cierto, el partido Revolucionario Institucional presentó el día de ayer una denuncia, de hechos, ante la Comisión Federal Electoral, señalando que los partidos políticos, como alguien precisaba aquí, son entidades de interés público que tienen como finalidad sustantiva organizar a los ciudadanos para que lleguen al ejercicio del poder a través del sistema democrático nacional.
Los partidos políticos tienen fundamento y existencia jurídica, tienen prerrogativas y muchas, es cierto, pero también obligaciones que todos debemos observar.
En nuestro escrito de denuncia precisábamos, y hoy hay que repetirlo, que el artículo 30 del Código Federal Electoral establece expresamente que: "La declaración de principios de todo partido político deberá contener necesariamente la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanan."
No es válido que en una denuncia de nuestro partido, llamando al respeto a la ley a todos los
partido políticos, señalando en el caso de tres candidatos, entre ellos la candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario de los Trabajadores ha estado incitando permanentemente a la rebelión como tácticas política y electoral.
Hoy todavía la prensa lo recoge en el sentido de que no habrá de abdicar de sus llamados a la rebelión, a la transgresión del orden jurídico.
Estos señalamientos presentados en la Comisión Federal Electoral, merecieron ciertamente un amplio debate que hoy venimos a repetir en la Comisión Permanente, los argumentos del diputado Pascoe fueron señalados por compañeros de su partido con amplitud en la Comisión Federal Electoral, pero no es legítimo que él desde esta tribuna califique una denuncia de hechos de un partido político, señalando concretamente a cuales nos referíamos, y solicitando su investigación para lo que tiene facultades la Comisión Federal Electoral de política cavernícola, de que quiere acabar con la disidencia, de que hay autoritarismo o intolerancia.
El señalaba al inicio de sus palabras en esta tribuna que es miembro de un partido responsable, la primera responsabilidad que tenemos los partidos, es ajustar nuestra actividades, al respeto a la ley y al respeto a la Constitución, no es posible que cuando el PRI presenta una denuncia se quiera llenar de adjetivos y de calificativos y muchas, algunas presentadas por ellos señalando actos de nuestro partido, han tenido curso y se ha procedido a las investigaciones.
También tocó el diputado Pascoe la solicitud presentada en la Comisión Federal Electoral, para un debate político entre candidatos a la Presidencia de la República. Ayer señalábamos y es válido reiterar la posición del Partido Revolucionario Institucional, les decíamos a los partidos y hoy lo refrendamos que la estrategia electoral la fija libremente cada partido político nacional, que para nosotros el debate que importa e importa mucho es el que estamos llevando a cabo en la campaña política de nuestro candidato a la Presidencia de la República con la inmensa mayoría del pueblo de México; no son actos monólogo, se debaten entre los priístas los grandes problemas nacionales que hoy confronta el país, se escuchan puntos de vista, se decide la estrategia que el partido habrá de seguir en caso de contar con la voluntad popular y por ella llegar al gobierno, ése es el debate que tiene trascendencia específica para el Partido Revolucionario Institucional debatimos y dialogamos sí, con cientos de miles de ciudadanos, cientos de miles de militantes nuestros en cada una de las entidades de la República. No es temor, diputado Pascoe, al diálogo entre candidatos, es problema de estrategia política de cada partido, de cada organización y es un problema de valoración y de interés específico de los partidos.
Decíamos y hoy lo refrendo, en México están claramente marcadas las líneas que distinguen cada proyecto ideológico de cada partido político. En otros sistemas a los que seguramente se refería el diputado Pascoe, al convocar a un debate entre candidatos, es tan tenue la línea que los distingue, que vaya, vale la pena entonces que debatan los dos candidatos.
Por otro lado, recordábamos las disposiciones del Código Federal Electoral. El nuevo ordenamiento electoral, previene la obligación para los partidos políticos, ahora, para esta contienda electoral, de presentar una plataforma electoral mínima, plataforma electoral que, además, debe publicar ampliamente cada partido político en todos los distritos electorales.
El incumplimiento de esta disposición, trae aparejada, incluso, la pérdida del registro del partido político. Es la voluntad del legislador porque se conozca mayormente la plataforma ideológica de cada partido político. Por eso señalamos, que la posición del PRI es debatir ampliamente los problemas nacionales con la inmensa mayoría del pueblo de México.
Una tercera parte de la intervención del diputado Pascoe, mezclando la denuncia que presentamos, llamando al respeto, a la legalidad; el asunto del debate político entre candidatos, la mezcla con los problemas de orden económico y dice, y dice mal, por cierto, que de nuestra denuncia se desprende, para él, que pretendemos cancelar el derecho de crítica a los partidos de oposición. Nada más falso que ello. Que no se confunda un llamado fundamentado en derecho, a los partidos políticos para que nos ajustemos a la legalidad en el proceso electoral y otro, el que pretendamos, lo que nunca haríamos, cancelar el derecho de crítica de los miembros de diferentes partidos políticos.
Decía él que con esto pretendemos aterrorizar, ese término empleaba, a la población en el proceso electoral. En ello también falta a la verdad, pretendemos por el contrario que la población sepa que todas las organizaciones políticas nacionales llevarán a cabo un proceso electoral ajustado a derecho dentro de la paz pública, que permite el ejercicio de todos los derechos incluyendo el del sufragio. Que da seguridad para que la ciudadanía salga el 6 de julio y emita libremente su opinión política por quien más los convenza. Aterroriza, sí diputado, llamar a la violencia, a romper el orden
jurídico, eso sí aterroriza, no llamar a la legalidad.
Finalmente, decía el diputado, que qué tipo de democracia se quiere. Queremos la democracia que permita en México la libre manifestación de las ideas, la democracia que permita en México la existencia de partido políticos sujetos a la majestad de la ley, que todos nos adecuemos en nuestras acciones como organizaciones políticas, al respeto a la ley que nos da origen y nos da sustento como partidos políticos. Eso es lo que queremos y a eso ha llamado el Partido Revolucionario Institucional.
Que no nos indilguen intenciones o fines aviesos que nunca hemos tenido, la denuncia en sus términos puede ser claramente entendida, llamamos al respeto a la ley, a la Constitución que da confianza a la ciudadanía para emitir libremente su voluntad política. Muchas gracias.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce (desde su curul)Pido la palabra, para alusiones personales.
El C. Presidente Tiene la palabra, para alusiones personales, el señor diputado Pascoe. El C. diputado Ricardo Pascoe Pierce: - El diputado Fernando Ortiz Arana ha señalado apasionadamente que falté a la verdad, entonces habría que aclarar algunos de los conceptos vertidos para ver realmente en dónde quedó la bolita de la verdad. El señala y creo que es una falta a la verdad, que el Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia ante la Comisión Federal Electoral. Esto no es cierto, el Partido Revolucionario Institucional no presentó una denuncia, el PRI presentó una propuesta que pasaría a una subcomisión para investigar a tres partidos políticos, y la pregunta que hay que hacernos es la pregunta que hemos hecho con anterioridad cuando usamos esta tribuna, es ¿qué sigue después de esa investigación que por cierto no se aceptó en el seno de la Comisión Federal Electoral que pasara a una subcomisión?, pero suponiendo que se hubiese aprobado la propuesta que hacía el PRI, ¿cuál era el paso que seguía? Porque el artículo 47 del Código Federal Electoral reza textualmente en los siguientes términos:
"Los dirigentes y los representantes de los partidos políticos son responsables civil y penalmente por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones".
Nosotros no decimos que no es cierto lo que afirma el artículo 47 del Código Federal Electoral, pero lo que sí decimos es que con esta propuesta de subcomisión y de investigación que propuso el día de ayer el PRI en el seno de la Comisión Federal Electoral, prefigura toda una intención de iniciar una persecución política y penal a los partidos políticos disidentes de la conducción económica, política y social de este régimen.
Claro, a esto el diputado Ortiz Arana no da ni una sola respuesta, pero entonces el problema es que dónde queda la inquietud que manifestamos, si es que lo queremos planear como inquietud, no como pregunta, para que no suene ocioso que estemos aquí hablando; el planteamiento que hicimos en el sentido de que bueno y aquéllos que no ejecutan las resoluciones presidenciales y que por lo tanto no entregan las tierras a los campesinos y aquéllos que no quieren otorgar aumentos salariales debidos a los trabajadores, tal y como estamos viviendo hoy en el caso del Sindicato de Trabajadores de Instituciones de Aseguradoras, ¿dónde queda entonces el problema del acatamiento que tanto se defiende y no nos sorprende que el diputado Ortiz Arana no haya defendido o no haya tenido la atención de explicarnos si ellos también son desobedientes civiles a la situación política electoral que vive el país, porque nosotros dijimos que ése es el origen del problema que hoy se plantea.
Las campañas electorales, en el caso de nuestro partido, no están cumpliendo la ley ni se está colocando fuera de ella, ni pretende colocarse fuera del marco legal vigente en el país, aunque haya muchas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho, empezando por este Código Federal Electoral.
Pero independientemente de ello, estamos ceñidos necesariamente a este código, y no estamos discutiendo si está bien o está mal el código o si queremos regresar a la LOPPE, o si queremos una democracia plena. Eso no lo estamos discutiendo. Ya nos hemos disciplinado a esta democracia coartada y lisiada en la que vivimos el día de hoy.
Pero ciertamente no hay respuesta a esos desobedientes civiles que no están respondiendo y contestando a las demandas del pueblo trabajador, y es por ello, y es absolutamente lógico desde el punto de vista político, que acudan a candidatos que simpatizan con sus demandas, y no es casualidad que no acudan al candidato del Revolucionario Institucional sino a candidatos como a nuestra candidata, para plantear sus demandas, añejas, de hace muchos años que no se resuelven en este país. Y ése es el problema verdadero como fondo en este debate que estamos teniendo.
Entonces, el diputado Ortiz Arana señala que no hay temor a debatir, que es un problema de estrategia
electoral de su partido. Eso lo podría respetar si no hubiese un concepto por ahí volando en el aire, que me sigue confundiendo enormemente, y que ahora me confunde más, que es ese término de política moderna.
¿En dónde queda la política moderna con esto?, ¿en dónde queda la política moderna con los cuestionamientos que se hace a la posibilidad de disentir, porque sí creemos que hay una intención de castigar a la disidencia, cuando se dice que se ejerce hoy política moderna? Y que México hable, nos dicen. Bueno, pero hay muchas formas de hablar, porque hay bla, bla, bla, que no es un diálogo, que ni es debate ni se asemeja a algo racional, y también hay la posibilidad de juntar a los candidatos para hacer un ejercicio democrático, de verdadera exposición de cuáles son las propuestas y alternativas de los candidatos.
Y yo insisto, el temor es que ahí es donde el pueblo tiene que juzgar, frente a ese tipo de debates donde el pueblo realmente tendrá los elementos para decir: ¡ah!, es que realmente aquel partido apoya tal cosa y el otro a tal otra cosa. Y que quede claro el debate; que quede claro cuál es el trasfondo de una contienda electoral que se desarrolla a la par de la más profunda crisis de nuestro tiempos.
Este es el verdadero problema que hoy enfrentamos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para alusiones personales, el señor diputado Fernando Ortiz Arana.
El C. diputado Fernando Ortiz Arana: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Qué bueno que el señor diputado Pascoe, en su segunda vuelta a esta tribuna, haya señalado que, independientemente que en su momento no hayan estado de acuerdo con el Código Federal Electoral, él considera que sus actos, así lo entendí, sus acciones del partido deben ceñirse a las disposiciones del propio Código Federal Electoral.
Esto ya centra mayormente la discusión que hemos tenido y que a ratos parece pretender desviarse hacia análisis de aspectos económicos o de aspectos políticos de otro tipo, que se pretende vincular con lo que hemos planteado, referido específicamente al proceso electoral y a la actitud de algunos candidatos invitando a la transgresión del orden jurídico establecido en México.
Insiste el diputado Pascoe que la intención que él encuentra en el fondo de la denuncia que presentamos, usando el término como narración de hechos, como debe entenderse, y como una propuesta que se presentó ciertamente a la Comisión Federal Electoral, acompañando la denuncia de los hechos, que en ella hay la intención de castigar a la disidencia. Yo le reitero diputado Pascoe, que no existe la menor intención de llevar hacia ese objetivo la denuncia que hemos presentado; se trata simple y llanamente de presentar hechos que a todas luces son violatorios de normas establecidas por el Código Federal Electoral, al que usted ha aceptado, deben ceñirse las actividades de los partidos políticos nacionales.
Se dice que hay un afán de castigar porque ¿qué ocurre después de la presentación de este documento por parte nuestra?, y para esto se invoca como sustento el contenido del artículo 47 del Código Federal Electoral que tiene una relación diferente y que ni siquiera invocado en el documento que presentamos en la Comisión Federal Electoral, el artículo 47 establece la posibilidad de la responsabilidad civil y penal de dirigentes y representantes de partido que puedan ocurrir en el ejercicio de sus funciones, mi partido no invocó como sustento de su denuncia el artículo 47, ni cancelamos el derecho de crítica, estamos como partido en contra de cualquier acto ilegal; sabemos que hay demandas campesinas pendientes, que hay reclamos obreros pendientes, nunca lo hemos ignorado, se viene dialogando ampliamente y debatiendo con nuestros militantes, los problemas de los campesinos, de los obreros y de las clases medias populares, es un debate que aun cuando no se quiera aceptar por partidos diferentes al nuestro se está dando todos los días en la más intensa campaña política que nuestro partido ha llevado a cabo en la República.
De ese debate y a la luz de nuestros principios de nuestro partido, habrá de surgir el programa de gobierno, que en caso de que la voluntad popular lo decida podrá ejecutarse, del debate que estamos dando con nuestros miembros, militantes y simpatizantes, y que quede claro compañeros, no hay fines aviezos en las denuncias que hemos hecho, es llamado al respeto a la legalidad como medio indispensable para mantener la paz social y está como requisito para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, para hechos.
El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - En verdad me parece que no tenemos aquí, como tarea de legisladores y de políticos, examinar lo que ayer pasó en la Comisión Federal Electoral (CFE). Este es un elemento, éste es un elemento y está bien que Ortiz Arana y Pascoe, dejen puntualmente establecido todo lo que ahí ocurrió. Pero a mí lo que me parece que es decisivo,
es de qué forma parte este hecho. De qué forma parte la discusión de ayer en la Comisión Federal Electoral. De qué forma parte la denuncia presentada por el PRI y la consecuente propuesta y el consecuente desenlace posible. ¿De qué forma parte?
Ya la vez pasada discutimos aquí a partir del mensaje del señor Presidente, el día 8 y ya entonces decíamos que ese mensaje contenía una amenaza contra el movimiento político de oposición. Incluso, después precisamos, con toda claridad, que el Presidente había hablado de que no es arma legítima de lucha, así lo decía él, colocaba en la ilegitimidad a quienes la usaran, concitar a los ciudadanos a la rebelión civil o a la resistencia frente a las leyes o la autoridad.
En realidad, aquí se estaba situando una posición política que colocaba a quienes resisten, se utiliza luego el término "a las autoridades" o "a las leyes", pero a quienes resisten y éste es el problema central, a quienes resisten a una determinada política y recordemos que el marco político en el que se encontraba toda la argumentación presidencial, era: El pacto. A quienes resisten el pacto. Y podríamos encontrar fuera de quienes firmaron el pacto, y me refiero a las personas, solamente, podríamos encontrar ya muchos, pero muchos millones de mexicanos que resisten. Que resisten a esa política y que resisten a ese pacto, y señalábamos claramente que el pacto no es una ley, el pacto no es una ley, y frente a la política económica del gobierno hay la necesidad de concitar, sí, de concitar la mayor cantidad posible de voluntades para enfrentar las graves consecuencias que ese pacto trae. Es un instrumento de política económica, no tráiganlo a confusión, es un instrumento de política económica para aplicar esta política a la que está comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, con la banca internacional para resolver positivamente los problemas que tiene hacia fuera y los problemas que tiene hacia dentro con el capital financiero, vamos a decirle, nacional, aunque no lo merece.
Hace días y como una obligación profesional tuve que escribir un artículo en El Universal, en el que tomando una figura creada por Jorge Luis Borges presentaba al pacto como una serpiente de dos cabezas, una de las cuales es el Fondo Monetario Internacional, la banca internacional y la otra la oligarquía mexicana, y las dos dispuestas a inyectar veneno, según la referencia de Plinio.
Y esto es a lo que nos oponemos, yo diría, sí, resistencia, hemos formulado la idea de la resistencia no con el planteamiento que en otras corrientes políticas se usa, la resistencia civil. Hemos hablado de la resistencia popular, de la resistencia popular como un medio de la lucha política para enfrentar la política económica del gobierno. Sí, ya la resistencia popular tuvo su expresión al día siguiente de esta discusión y una expresión por cierto extraordinariamente importante, por cuatro arterias de la ciudad desfilaron decenas de miles, no centenares, no llegamos a esa inflación publicitaria, decenas de miles de mexicanos para enfrentarse al pacto, y no diría yo que rebosado en el Zócalo pero casi lo llenaron, decenas de miles de mexicanos y el día anterior estuvieron otras decenas de miles y el día anterior estuvieron otras decenas de miles y en la mañana de ese mismo día estuvieron otros miles y en el país comienza a conformarse esa gran corriente de resistencia popular.
Y decíamos la vez pasada que la resistencia popular en México ha sido modeladora de las características peculiares inmediatas, concretas del Estado mexicano y que esto fue lo que trajo la reforma política, y que esto fue lo que trajo en su tiempo la reforma agraria y que esto fue lo que trajo en México la reafirmación de los derechos de la clase obrera, pero ¿esto qué ha traído? Nos dice Ortiz Arana, perdón por la alusión, que no existe la intención de enfrentar a la disidencia política y que no se trata de crear una amenaza contra la crítica, me parece que así fue. Vamos viendo cómo están las cosas, en la realidad.
El 14 de enero o sea al día siguiente de la discusión que aquí realizamos, el presidente del PRI, licenciado Jorge de la Vega Domínguez, demandó en Monterrey castigo a los partidos de oposición que intentan romper el estado de derecho y el orden con llamados a la desobediencia y a la resistencia civil, pues consideró que la subversión, el desorden y la provocación son rechazados por la mayoría de los mexicanos y exigimos que sean castigados conforme a derecho. Qué manera de amoldar las cosas, qué manera de amoldar las cosas. Los llamados a la desobediencia y a la resistencia, sí nosotros hacemos llamados a la resistencia, claro que los hacemos, claro que los hacemos porque hay que resistir en este país, porque a este país nos lo están convirtiendo en un gran maquilador y es muy evidente la tendencia del gran capital norteamericano, son y ahora 250 mil trabajadores los que elaboran en la industria maquiladora; bienaventurada la industria maquiladora que combate el desempleo en México, pero que nos está creando toda una cadena de economía subsidiaria del gran capital norteamericano, y ya en Monterrey ya se está planteando el problema de la industria maquiladora, y ya está surgiendo el gran conflicto económico - social entre la clase obrera, y ya lo están planteando para Yucatán, incluso con la formación de todo un
torrente de lanchones para ir a instalar la maquiladora, la industria maquiladora en Yucatán.
¿Qué parte del país se va a salvar de ser un gran maquilador, de formar parte del gran maquilador? Con esta política, con la política de la liquidación de la pequeña y mediana empresas, con la política de liquidación de los recursos propios del país para desarrollarse, con incluso la destrucción, el despilfarro, el dispendio de mano de obra que significa la industria maquiladora ¿a dónde vamos?
¿Hay que enfrentarse, hay que resistir a eso? Hay que resistir. Yo creo que las luchas que ahora se comienzan a dar, en por fortuna para mí ser paisano de ellos es muy bueno porque están dando una lucha muy interesante en el norte de Tamaulipas, los trabajadores de la industria maquiladora, y no es la primera, ya han dado otra, la gran huelga de 1983, de 16 mil trabajadores de la industria maquiladora, la primera gran huelga de la industria maquiladora, y en Nuevo León también, comienza a surgir un movimiento para enfrentarse a la industria maquiladora; sí enfrentarse como sistema económico y también como forma de opresión económico - social, como forma de despojo de los derechos sindicales de la clase obrera, porque para la industria maquiladora no hay contratos colectivos, para la industria maquiladora no hay Ley del Seguro Social plena, para la industria maquiladora no hay Ley de Inversiones Extranjeras, etcétera, y pudiéramos hablar mucho más de esto, pero esto es simplemente una perspectiva.
¿Y qué otras perspectivas? La miserabilización de los trabajadores mexicanos. Si vamos a llegar al mes de marzo cuando se establecerá la escala móvil, y aquí lo digo con ese tono precisamente porque la escala móvil debió plantearse cuando los salarios tenían un nivel racional, no cuando los salarios se encuentran hundidos, y si no se plantea hoy, inmediatamente, el 40%, por lo menos de aumento de salarios para recuperar lo que tenían los trabajadores en 1987, si no se hace eso se hará la escala móvil, se establecerá, será una escala móvil, no de salarios, sino una escala móvil de miseria. Y hay que resistir. Claro que hay que resistir.
Nosotros llamamos a esa resistencia; pero entonces, esa resistencia es subversión, desorden y provocación. Pero también Sócrates Rizzo, él que está dejando de ser diputado, pero que ahora es presidente del Revolucionario Institucional en Nuevo León, aseguró que dará la batalla contra los partidos de oposición y contra los medios de comunicación que en particular, en este estado, hacen eco de las críticas de los candidatos opositores al partido oficial.
Pues, ¿en dónde estamos?, ¿en dónde estamos? El mismo día que De la Vega hacía su planteamiento. Y qué decía Sócrates, Sócrates Rizzo, el otro no, ni se atreve a pensar en la cicuta, Sócrates Rizzo decía, que es necesario denunciar a quienes aprovechan la democracia que tanto el pueblo como el gobierno han sabido constituir, para predicar la intolerancia, la confusión y la ilegalidad y el desorden.
Y luego, pasaba al terreno filosófico, no Sócrates, sino Salinas de Gortari: "Existe la obligación de rebatir a la oposición y en especial denunciar que la filosofía de la llamada desobediencia civil es la substitución de la razón del derecho por la lógica de la fuerza".
Pero, ¿por qué, pero por qué, si la resistencia civil, si la resistencia popular se mantiene dentro del derecho a la manifestación, se mantiene dentro de la lucha por cambiar las cosas? Y bien, nos sacan un argumento ya muy trillado.
Ah, ¿pero ustedes llaman a que los campesinos tomen las tierras cuando hay ejecutoria presidencial; cuando hay ejecutoria presidencial?, ¿por qué el gobierno, por la Secretaría de la Reforma Agraria, por qué las instituciones agrarias locales impiden la ejecución de la resoluciones presidenciales, por qué las frenan, por qué tienen décadas los campesinos con una resolución presidencial y no tienen la tierra? Y que, no son formas de participación, de intervención, de actuación el de actuar frente al gran latifundio urbano, ¿qué hace el gobierno para que el latifundio urbano no se constituya, qué hace? Facilitar que se constituya, facilitar que se mantenga, pero hay más, hay más.
Salinas de Gortari, ¿que ya se declaró presidente?, por cierto, con lo cual pues también transgrede la ley, él dijo: No están ustedes hablando con un candidato, están ustedes hablando con el presidente de todos los mexicanos a partir del 1o. de diciembre, así lo dijo, ya sustituyó al Congreso de la Unión, ya...
El C. diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Una interpelación señor diputado. ¿No sabe el contexto, la frase que dijo nuestro candidato?, dijo la primera parte que usted menciona y dijo después que sería con la voluntad mayoritaria del pueblo de México, no lo saque de contexto.
El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Pero dijo que él sería presidente a partir desde el 1o. de septiembre, sea por la voluntad divina si quiere, como los reyes, por la voluntad divina.
Bueno, decíamos que Salinas, que ya se declaró presidente por la gracia del espíritu santo, perdón,
de la soberanía popular, declaró claramente, dijo claramente quienes están en la antesala de promover el desorden, también corren el riesgo de abrir una caja de pandora en la cual quisieran cosechar en aguas turbulentas y también dijo algo más, dijo algo más: Cuando la reacción y los populistas, supongo que entre los populistas nos señalaba a nosotros, pretenden convocar al pueblo para que desconozcan la ley, están no sólo cometiendo una ilegalidad, sino además en el terreno político están promoviendo inseguridad para los mexicanos; ¿y cuál fue la solución?, someteremos a la ley, no prometió someternos a la ley y respetar la legalidad en los hechos, pero lo que queremos es que respeten la legalidad, lo que queremos es que respeten las leyes mexicanas. Efectivamente, Ortiz Arana nos hace el planteamiento aquí, de que ellos se atienen a la ley. Yo diría ellos no llaman a transgredir la ley, ellos la transgreden, ellos la transgreden y la transgreden incluso en la forma como nos hicieron aprobar, como hicieron aprobar al Congreso de la Unión, el pacto, el contenido del Pacto de Solidaridad Económica, atropellando los derechos de la Cámara de Diputados.
Yo creo, compañeros diputados, que esta discusión, esta discusión es muy importante, porque aquí no se trata de lo que dijo el señor Presidente el día 8 o de lo que pasó ayer en la Comisión Federal Electoral (CFE), se trata de todo un proceso, se trata de todo un proceso y este proceso no es, no es aquel que pudiera desembocar en el desarrollo de la democracia mexicana, no es la idea de enfrentar a los partidos políticos con la discusión, con la polémica, con la lucha abierta; solamente es una parte de la negativa el que los candidatos a presidente, el candidato a presidente del PRI, no esté dispuesto a dialogar, a discutir, no es solamente eso; lo han hecho toda la vida. Yo nunca pude discutir con el candidato a gobernador de Tamaulipas ni con el candidato a presidente municipal de Tampico, jamás pero es que eso es una línea. La línea es no discutir, la línea es no enfrentar las posiciones en el terreno directo de los hechos, en el terreno de la lucha política, con abstracciones, con formulaciones generales; como nosotros somos los representantes de la ley, nosotros estaremos dentro de los cauces de la ley, cuando precisamente en los hechos es donde este deber de atenerse a la ley, no se produce.
Yo creo, compañeros legisladores, que nosotros tenemos la obligación de enfrentarnos a cualquier tendencia, a restringir el elemento de vida democrática, los elementos de vida democrática que existen, no diríamos la democracia mexicana, no, los elementos de vida democrática que existen en México, nosotros debemos de impedir que se restrinjan, debemos impedir que se retraigan, debemos de impedir que aquello que ha conquistado el pueblo de México y que lo ha conquistado por medio de la resistencia popular, por medio de la lucha popular, por medio de la acción en la calle, por medio incluso del sacrificio, ¿qué ya nos hemos olvidado de más de los 300 muertos de Tlatelolco?, ¿nos hemos olvidado ya?
Esos, esos que dieron la batalla y esos que han dado la batalla en el campo, esos que tomaron las tierras en los años treintas y que con ello promovieron toda una transformación de la legislación mexicana en lo que se refiere a la reforma agraria, ellos, ¿acaso los hemos olvidado? Ellos han sido coautores de estos elementos de vida democrática que existen en México.
No permitamos que vayan para atrás, porque los mensajes son claros, compañeros, ¿cómo va a interpretar todo este conjunto de planteamientos el presidente municipal de uno de los poblados del estado de México? Que están fuera de la ley, pues a meterles, que los vamos a dejar hacer un acto, no los vamos a dejar, no si hay que impedir que haya subversión.
¿Qué vamos a dejar que usen los medios de comunicación?, no los vamos a dejar, ¿y qué va a hacer Absalón Castellanos, asesino de tantos campesinos ya, asesino de cuatro campesinos hace apenas unos días?, ¿qué va a hacer Absalón Castellanos? Si aquí se está dando la señal, que si aquí se están dando señales para la intolerancia, para la agresión, para la acción anticonstitucional, antijurídica, antidemocrática, de la que pueden ser víctimas los mexicanos ahora.
Que no hay ese riesgo, con hechos, traigámoslo con hechos, demos solución a los problemas que están planteados ahora, resuélvanse los problemas que actualmente se tienen, resuélvase el problema de la disminución del valor del salario real, resuélvase el problema de la disminución del precio de garantía, resuélvase el problema del drenaje, de reservas internacionales que significa la compra de los bonos cero, con lo cual el cero en conducta para las autoridades hacendarias está bastante claro.
El C. Presidente: - Para hechos, se concede la palabra al señor diputado Ortiz Gallegos, de Acción Nacional.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor Presidente: Algún cronista de la sesión de ayer celebrada por la Comisión Federal Electoral comenta que a lo largo de tres horas 20 minutos de debate, el verbo debatir se conjugó en todas las personas y todos
los tiempos posibles y aquí entre la conversación tenida por el diputado Calderón Tinoco, el diputado Ricardo Pascoe y el diputado Ortiz Arana, se está diciendo que no se da el debate. Hay algún problema de interpretación del lenguaje o hay un problema de lenguaje que disfraza y pervierte los hechos.
El candidato del partido oficial Salinas de Gortari, se negó a participar en el debate público porque dice que el debate que a él le importa es el que tiene con la mayoría del pueblo. Y en la Comisión Federal la proposición respecto a que hiciese y se realizase un debate entre candidatos, por lo que dice aquí la crónica de los periódicos, no parece haberse obtenido debate, pues que se da y que no se da, diálogo de sordos, palabras, palabras mientras los hechos se falsifican.
El debate se está dando a través de medios de comunicación y quiero recordar la denuncia que espero que el diputado Santiago Oñate, que preside la Comisión de Gobernación, reúna a su comisión, la cual hacíamos explícito y denunciábamos que los medios de comunicación están cerrados, que trabajan en forma dispareja para el sistema, y que como decía Lorenzo Mayer, la política del sistema, del partido oficial, es ocultar al adversario, por eso el debate no se quiere dar en los terrenos públicos, porque es más fácil ocultar a los candidatos oficiales cerrando los medios de televisión, cerrando la radio, y abriéndola con toda amplitud para el candidato del partido oficial.
Y esto nos lleva a un asunto muy grave que ya se denunció aquí, y se denunció también, entiendo, en la Comisión Federal Electoral, cuando alguno de los grandes personeros concesionarios de la televisión dijo: "Aquí en mi empresa somos particulares y hacemos lo que nos parece correcto, y todos somos del partido oficial".
Señores, esto significa decir que este país lo puede tomar un concesionario del gobierno para hacer lo que le dé su regalada gana, y que el interés público y las leyes no significan nada para la vida institucional del país.
Yo debo recordar que el artículo primero del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, además es de la Ley de la Industria Cinematográfica, dice claramente que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público y corresponde al Estado, en los términos de la ley de la materia y de este reglamento, protegerla y vigilar el cumplimiento de sus funciones sociales.
Si hay un señor que se dice miembro de un partido, y como miembro de un partido le cierra a los demás partidos la información, y se la da amplia, cinco o diez minutos en cada noticiero diario a su solo partido, ¿no está violando esta específica disposición de la ley?
¿Se trata de que la televisión y la radio, aunque sean concesionarias se conviertan en patrimonio privado de una familia o de un grupo económico?
Señores, esto se llama oligopolio, y los oligopolios como los monopolios están prohibidos por la Constitución, y aunque nuestra Ley de Monopolios es probablemente muy retrasada, no se puede dejar de configurar el hecho público de que quien usa un instrumento que debe ser al servicio de las instituciones públicas, como son los partidos políticos, no puede trabajar, como decimos en el norte, disparejamente porque lo convierte en chipotudo.
Así pues, si el debate se establece, debe incluir en términos preliminares el que se denuncie y se ponga en orden esto que Lorenzo Meyer ha llamado pues, la ocultación del adversario.
Pero a propósito de este debate, alguno de los compañeros, el diputado Calderón Tinoco ha venido a decir que hay otros procedimientos para ocultar al adversario.
En las campañas que se están dando en los diferentes lugares de los estados, a los candidatos se les está impidiendo el uso de los auditorios oficiales. Yo tengo por aquí un hecho concreto, un señor presidente municipal de la ciudad de Neza, vecina aquí a los terrenos de la Cámara de Diputados, de nombre José Salinas Navarro, se negó a facilitar, para la presidencia de nuestro candidato, Manuel Clouthier, el auditorio que lleva el nombre de Alfredo del Mazo.
Creo que aquí hay una especie de incongruencia o congruencia inconsciente, como se le quiera ver, para decir que si se le dio el nombre de Alfredo del Mazo, pues es propiedad de Alfredo del Mazo y de su grupo para los fines, de los propósitos que se le quiera tomar por este año y por años venideros y por los siglos de los siglos.
Esta es la manera de proceder, al margen del debate, al margen de la ley y con la prepotencia con la que se están haciendo las cosas en esta campaña política.
Se sigue, a pesar de los pronunciados promisorios del candidato oficial, cerrando las escuelas para llevar a los niños a que desfilen con su banderita y los maestros los encaminan para estar presentes en la parada oficial en donde pasa aclamado, este nuevo salvador de la República mexicana.
Señores: Aquí hay un problema que debe debatirse. El debate se está evitando para no enfrentar estas realidades.
Pero vamos un poco más al fondo de lo que se persigue. Esta acusación o denuncia hecha en la Comisión Federal Electoral, cuando se dice: "No es arma legítima de lucha política concitar a la ciudadanía a la violación del orden jurídico y a la realización de actos que entrañen un alto riesgo para la paz social, indispensable para el cabal ejercicio de las libertades de expresión, asociación y sufragio en que se descansa la legitimidad del Estado mexicano".
Señores: ¿Es legítimo lo que ya denunciábamos, el monopolizar los instrumentos y los recursos del gobierno para que se usen en la campaña oficial, y se impida a los candidatos de la oposición usarlo? Aún más, si se quiere investigar yo creo que la petición hacha por, entiendo el diputado Ortiz Arana, en la Comisión Federal Electoral, debió ser más extensa para que se investigase también al partido oficial, o ¿ya es tan evidente que ya no vale la pena investigar?, sino simplemente en la prepotencia acostumbrada decir: y qué, como nos dijo el alcalde en la Neza, porque yo digo no se presta este auditorio porque yo lo digo o como dijo el señor de la televisión, yo digo que no saben los noticieros porque yo digo, los instrumentos del gobierno que son del pueblo se ponen pues al margen del debate y al margen de la denuncia y al margen del orden jurídico que se está reclamando en la ponencia presentada por el diputado Ortiz Arana en la Comisión Federal Electoral apenas ayer.
La prepotencia es extrema, hemos visto en esta campaña del partido oficial otra vez el cierre de escuelas, el cierre de sindicatos, el acarreo de gente, el uso de instrumentos oficiales como el transporte, de instrumentos oficiales como las delegaciones, como las alcaldías, los presidentes municipales pintando las bardas con el nombre del candidato oficial, kilómetros y kilómetros de barda, eso señores ¿no significa en la mención que hizo el diputado Ortiz Arana, violación del orden jurídico y realización de actos que entrañan un alto riesgo para la paz social?, ¿qué creen que ustedes que el pueblo se sienta en paz de ver de esa manera maltratados, dilapidados, de esa manera puestos bajo el dominio de la sobejanía que ustedes ejercen, digo sobejanía no soberanía, señores ustedes son lo que están buscando, los que están promoviendo el rompimiento de la paz social; autocrítica elemental, sentido primario de la conciencia de un pueblo que está hambriento de justicia no nada más hambriento de pan, hambriento de tortilla, hambriento de comida, autocrítica elemental para que vean y se miren en el espejo y sepan que ya no se puede seguir haciendo este tipo de declaraciones ni propuestas que están entrañando una confesión oculta de que son capaces de ver a México con la limpia mirada con que un ciudadano realmente nacionalista, tiene que ver la democracia mexicana.
Compañeros, el debate sigue sin darse, porque no se quiere tener el debate, no simplemente en los programas de la televisión demandados ayer o en los noticieros, no se quiere dar el debate aquí, enseñando limpiamente las cartas y sabiendo cuáles son los propósitos y cuál es el uso justo y legítimo que tenemos de los derechos del pueblo y de los medios al alcance de la ciudadanía.
Decíamos apenas, que no se trata de volver a los tiempos de la opresión, de la persecución, de los ominosos años de 1968. Creemos que aunque quisieran ustedes, ya no lo podrían hacer y no lo podrían hacer porque aun los miembros sometidos al sistema de la represión y de la opresión que mantiene el sistema del partido oficial, ya no les obedecerían en el camino de represión contra el pueblo. Mírense una vez más al espejo y dense cuenta de que ya están quedándose solos unos cuantos, al servicio de esa simple pertinacia, de esa simple permanente devoción de entregarse a controlar el poder y a perpetuar el poder en el continuismo de una oligarquía que ya demostró su incapacidad para sacar adelante a este México hermoso que puedo ser el magnífico cuerno de la abundancia y resulta el cuerno de la miseria. No nada más en lo económico, sino, sobre todo, en su sentido del ejercicio de sus derechos y los ejercicios de la libertad a la cual se supone que debíamos estar conjuntamente en esta comisión, avocados para servir al pueblo de México. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Oñate Laborde.
El C. diputado Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente; señores legisladores: Han venido a esta tribuna, legisladores pertenecientes al PRT, al PMS, al PAN, todos ellos para formular sus concepciones y externar denuncias y preocupaciones en torno a lo que llaman, la tendencia autoritaria de los priístas y nuestra involución autoritaria por haber pedido que los partidos políticos se atengan en sus campañas a los mandatos que fija la ley.
Realmente es singular, se plantea este debate, tal parecería que para mis compañeros es lícito, oportuno y tal vez lo estimen, un deber fundamental como políticos el subir a esta tribuna y denunciar al Partido Revolucionario Institucional de violar la ley y de querer transformarse en autoritario. Eso lo estiman justo y correcto, ¡ah!, pero que el
PRI, partido también, acuda a denunciar violaciones que ellos realizan en el curso de sus campañas, les parece inadmisible, dos criterios, dos medidas. Ayer en efecto, los comisionados de nuestro partido tuvieron a bien presentar una denuncia de hechos en la cual solicitan a la Secretaría de Gobernación investigue hechos que los priístas estimamos contrarios a la legalidad constitucional.
Han venido aquí a criticar la posición de los comisionados del Partido Revolucionario Institucional y a criticar a nuestro partido cuando exige el apego a la ley. Pero que quede claro, ninguno de los que acudió aquí desmintió ni negó los hechos por nosotros relatados en esa denuncia de hechos.
No estamos aquí, compañero Unzueta, calificando la disidencia, ni calificando la crítica como conducta contrarias a derechos, yo entiendo que usted, en un afán tal vez legítimo por llevar adeptos a su causa, digo que lo que usted entiende por disidencias son las críticas al Pacto de Solidaridad y que invoque, no sin rubor, la realización de manifestaciones públicas contrarias a esa política gubernamental para decir que es ésa la resistencia que su partido está propugnando, nosotros no hablamos de eso en nuestra denuncia, compañero Unzueta.
Tampoco hablamos de actos que tengan por objeto cumplir con mandatos legales o con resoluciones presidenciales, lo priístas también compartimos, primero que nadie, con el pueblo de México, la demanda porque dichas resoluciones agrarias se cumplimenten y formalicen a la mayor brevedad. Nosotros también protestamos por dilaciones administrativas injustificables e injustificadas que han impedido la realización plena de derechos de campesinos o de obreros. Pero no es de eso de lo que hablamos en nuestra denuncia, hablamos de quien dijo que continuaría entregando tierras a campesinos y a residentes de las ciudades. ¿Cuál es el contexto, compañero Unzueta, de quien ya dijo que despacharía en Los Pinos, de quien ya dijo que despacharía en Los Pinos y que seguirá entregando tierras? Pues si las cosas son como usted las plantea ahora, compañero Unzueta, que serán en el momento en que llegue a la Presidencia de la República, bien valdría que se le aclarara a los campesinos que será entonces, para que pierdan ya toda esperanza de recibir tierras de su candidato, porque si condición para que las entregue es que acceda al poder, pues sentimos que está de nuevo tratando de engañar a los campesinos mexicanos.
Cuando hablamos de actos contrarios a derechos nos referimos al llamado a que la población deje de acatar con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 constitucional; nos referimos en general a aquellas conductas y también en lo particular, que entrañar una relación normativa, no a la crítica, no a la resistencia, no a la oposición legítima, saludable y necesaria que a toda medida de gobierno pueda surgir en el seno de la sociedad; no aspiramos los priístas a una sociedad unánime, somos conscientes de las características propias de nuestra sociedad, de su pluralismo, de su diversidad de intereses y de sus distintas aspiraciones, anhelos y maneras de concebir la misma acción política y del gobierno. Bienvenida la crítica, no rechazamos ni negamos su validez, rechazamos sí y enfáticamente el que se confunda maliciosa y abiertamente, la resistencia, la crítica, la oposición con la violación de la ley. Estamos contra la violación de la legalidad, y estimamos, junto con el Presidente de la República, que no es esa táctica política lícita.
Se queja Unzueta de que el Presidente haya llamado a cumplir con la legalidad; no vemos de dónde pueda arrancar la crítica a una autoridad que postula el cumplimiento de la ley como su primer deber de mandatario, y como obligación de gobierno para que todos podamos en estos momentos de campañas políticas electorales disfrutar de ese marco de libertad, de ese marco de contienda tan necesario para la democracia mexicana.
Ni el Presidente de la República, ni el candidato Salinas de Gortari, ni el presidente de nuestro partido Jorge de la Vega han hablado de condenar a la oposición por la oposición. Se ha condenado, sí, y lo seguiremos haciendo en donde haya menester, a aquellas tácticas que bajo un manto político entrañan un desacato a la legalidad institucional. El derecho a oponerse, el derecho a criticar no se discute, se ejerce; el derecho a la manifestación de las ideas no es renunciable, no es negociable, y deberá de asegurarse a todos el puntual respeto, es por ello que dentro de ese marco hemos entendido los priístas la necesidad de debatir, como lo decía mi compañero Ortiz Arana, los auténticos problemas que los mexicanos enfrentamos.
Sí discutimos el problema de los salarios móviles, sí discutimos el problema de los precios de garantía, sí discutimos la tenencia de la tierra, sí discutimos la prestación de servicios; lo hacemos con el electorado, lo hacemos con la población, con aquellos que habrán de expresar en julio su voluntad en cuanto al rumbo y al destino de la patria. No lo hacemos en cambio con quienes no han podido o no han logrado ese acercamiento, ese contacto con las mayoría para exponer sus posiciones.
Entendemos al debate como la forma para clarificar las posiciones, y en ese sentido nosotros clarificamos nuestra posición ante nuestro electorado,
es el pueblo quien deberá de entender cuál es la propuesta que se formula, porque habrá de decidir sobre la misma.
Oportunidad para conocer las de los demás partidos; necesaria e indispensable. No aprobamos los priístas medidas que tiendan a evitar el derecho de cualquier partido a externar ante la ciudadanía sus puntos de vista, sus plataformas electorales.
Enfatizamos que ese derecho a todos nos asiste y que a nadie corresponde vendarlo o tratar de reducirlo.
Por mandato legal, todo partido habrá de dar a conocer su plataforma electoral, plataforma que deberá de circular también, de modo público y abierto entre la ciudadanía. No rechazamos, pues, esa posibilidad, y anticipo, que estamos también en contra de cualquier medida que tienda a desinformar sobre las mismas o alterar el contenido de tales pronunciamientos.
Hablaba el diputado Ortiz Gallegos, de la necesidad de que se investigue también al PRI, porque afirma él, realiza sus actos y conduce sus campañas a través de los recursos del gobierno.
Queremos decirle al diputado Ortiz Gallegos que eso es justamente lo que hizo la Comisión Federal Electoral cuando fue turnada a la misma la denuncia correspondiente presentada por miembros del Partido Mexicano Socialista. Dicha denuncia ha sido desahogada y se han presentado los elementos de prueba necesarios para justificar los hechos en tal denuncia presentados por el Partido Mexicano Socialista.
Habremos de proceder, de la misma manera, ante cualquier denuncia fundada, en donde se alegue que nuestro partido, el Revolucionario Institucional, se vale de recursos públicos, desvía recursos presupuestales afectos a otros fines, para la realización de sus campañas. No habremos de tolerar tales desviaciones, y somos los primeros en estar interesados en que se esclarezcan tales conductas.
Se habla de la necesidad de un diálogo, de un diálogo abierto y en los medios de comunicación. Como partidos, contamos en este código, que algunas rechazan pero dicen que habrán de acatar, con una serie de prerrogativas en cuando al uso del radio y la televisión; prerrogativas que no son propias de regímenes autoritarios, como se ha querido aquí, de modo un tanto insustancial, calificar al nuestro.
Prerrogativas que quizá no satisfagan la necesidad de algunos, en cuanto a la comunicación con la ciudadanía; pero que existen y que habrán de ser distribuidas y ejercidas de la manera en que los órganos partidistas acuerden ante la Comisión Federal Electoral. No negamos ni rechazamos ese derecho.
Las relaciones particulares que cada candidato pueda establecer, como persona o como partido, con medios de comunicación, es asunto que también está tan sólo sujeto a la legalidad; discrepo de Ortiz Gallegos cuando habla de que los concesionarios de los medios de comunicación se apartan de la ley y se constituyen por encima de ésta una vez que se declaran como miembro de un determinado partido.
Yo no niego la libertad aun de ellos, de los propietarios de los medios de comunicación para profesar y militar dentro del partido que mejor cuadre a sus convicciones. Yo no me opondría a que una concesión radiodifusora fuese otorgada a un ciudadano por el solo hecho de pertenecer a Acción Nacional, creo que esa conducta sería por demás censurada y criticable, pero también me opongo y censuro a pretender que quienes tengan concesión de cualquier medio de comunicación, deban por ese solo hecho de renunciar a cualquier actividad política que como individuos la Constitución les reconoce.
La manera en que estos concesionarios llevan a efecto la comunicación de mensajes y programas se sujeta a la ley y se sujeta a las leyes de radio y televisión y al reglamento por usted invocado y cualquier violación que cometan en el ejercicio de las atribuciones que la concesión les otorga, es también susceptible de ser juzgada, de ser analizada y eventualmente castigada cuando se aparta de la misma.
No es con denuestos como se contribuye al debate político que la sociedad reclama, se exige aquí un debate, lo damos en este momento los legisladores priístas con aquellos compañeros de la oposición, pero pedimos sí, por elemental respeto a esta tribuna, ajustarnos a la veracidad de los hechos, a no trastocarlos con un simple afán de calificar de resistencia cualquier gesto oposicionista, no juguemos con las palabras y no juguemos tampoco con la voluntad de los mexicanos.
El C. Presidente: - Se le concede el uso de la palabra, para hechos, al diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señores legisladores: Yo creo que hay una cuestión central que la intervención del diputado Oñate no esclarece y que mucho valdría la pena que se fuera esclareciendo.
Porque él habla de que nosotros, como partido opositores, hemos cometido actos ilícitos, actos contrarios a la legalidad constitucional y que por ello su partido presentó ante la Comisión Federal Electoral, una denuncia acompañada de una propuesta, en el sentido de que se investigara esta situación.
Si no queremos jugar, como él dice, que no juguemos y nos convoca a no jugar, independientemente de la conjugación de la palabra jugar, esta convocatoria a no jugar, entonces se la debemos revertir y preguntar. Si ellos no estaban jugando el día de ayer en la Comisión Federal Electoral, entonces ¿por qué retiraron su propuesta? ¿Por qué no se formó una subcomisión para investigar los hechos?, porque esa subcomisión, no se formó porque el Partido Revolucionario Institucional no avanzó en su propuesta y entonces la pregunta obligada es ¿quién está jugando aquí? Y la respuesta es muy clara: ustedes están jugando, están jugando con una táctica electoral de acusar, de señalar, de tratar de asustar y atemorizar y yo insisto, y que ante el desarrollo del propio debate, pues retiran, a su conveniencia, esta propuesta.
Si ustedes verdaderamente son los auténticos paladines del orden, establecido tal y como se quieren presentar ante la opinión pública, entonces ¿por qué no procedieron, por qué no avanzaron en esta propuesta?
La única conclusión que yo puedo sacar de todo esto, es que sí hay un partido que sí está jugando, que está jugando con las elecciones y está jugando con el espacio político que trata de conquistar. Y ese partido, es el Revolucionario Institucional.
Y entonces a partir de eso, incluso se nos dice ahora que lo que queremos es llevar adeptos a nuestra causa con este debate. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta afirmación?, ¿cuántas veces los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, nos acusaron que ante las críticas queríamos simplemente llevar adeptos a nuestra causa? ¿Cuántas veces vamos a tener que escuchar estos planteamientos como concepción política que emerge de este Estado, gobierno y el PRI, de la lucha política y de la disidencia en el país? Porque sigue siendo el problema, sigue siendo el problema el papel de la disidencia y ustedes con todo lo que han dicho aquí, yendo mucho más allá de cinco minutos, sin tarjeta roja, no han convencido y queda en el tapete de la discusión cuál es el respeto que hay que ejercer en este país con relación a la disidencia.
Ese sigue siendo el debate central y fundamental que hay aquí y no es posible utilizando todas las artimañas de un debate oscurecer este hecho, no es posible. El hecho real es que no es un propósito expreso el de nuestra parte que al criticar llevemos por consecuencia adeptos a nuestra causa. Claro, lo que nosotros queremos es convencer al pueblo de México de que en efecto la política económica que instrumenta este gobierno está llevando al país al desastre. Lo que pasa es que no requiere de muchos argumentos, porque el pueblo eso ya lo sabe, lo que requiere en todo caso es una articulación, una organización que pretendemos efectivamente darle al pueblo para poder protestar y llevar a cabo una nueva y distinta política en el país.
Por lo tanto, yo insisto, nosotros no estamos jugando, no estamos jugando aquí ni con las palabras ni con los conceptos, ni con las acciones, cuando se dice aquí que planteamos la resistencia, en efecto, aquí nadie ha dicho que no y no es prueba de nada en absoluto el que el diputado Oñate diga: y aquí no han venido a desmentir que están haciendo esas cosas. En efecto, estuvimos en una marcha la semana pasada, marchamos al Zócalo, y qué lastimoso es para la República que se cuestione ese derecho, qué lastimoso es que hoy se diga: ustedes que marcharon desde cuatro puntos cardinales de la ciudad y llegaron al centro del Zócalo para protestar en contra de la política del Pacto de Solidaridad Económica, está de una u otra manera cuestionando la legalidad constitucional del país, esto es lo que nos preocupa. Y en efecto, cuando decimos y no lo decimos, a la ligera, sino lo decimos con una profunda preocupación política, de que puede darse una situación de mayor autoritarismo frente a los acontecimientos del país.
Nosotros no solamente creemos que es pertinente decirlo, sino que aquí lo afirmamos y reiteramos, porque si no cómo entendemos los ataques no solamente del PRI como partido, porque no es solamente un debate con el PRI, es un debate con el gobierno, es un debate con el Presidente de la República, es un debate con todos los funcionarios que permanentemente nos están acusando de que a cada crítica queremos simplemente llevar agua a nuestro molino. Esa verdadera vulgarización del papel del debate político en el país es lo que nos tiene que preocupar, y cuando señalamos nuestra preocupación y no alarma ante estos acontecimientos, no lo estamos haciendo, insisto, para jugar con palabra, lo estamos diciendo porque nos parece que enfrentamos efectivamente una de las situaciones de mayor riego político en el país, y que estamos advirtiendo que es necesario hoy crear un dique de contención en contra del avance de las fuerzas que claramente están propugnando por una salida de fuera a la situación que
vivimos en el país y esa salida es producto de una gran incapacidad del gobierno de dar no solamente salida a la crisis sino solución a las demandas populares; por eso la gente acude a campañas políticas de partidos opositores, justamente buscando una solución a la crisis que están viviendo y porque de ninguna manera encuentra eco en sus demandas, en los actos de un partido oficial; éste es el verdadero problema y yo insisto y reitero que el debate de fondo es el papel de la disidencia y nosotros insistimos que aquí hay efectivamente un cuestionamiento al derecho disidente en el país y en ese proceso electoral y debemos advertir al pueblo que existe un peligro que se cierne sobre nosotros y que debemos frenar a toda costa.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ortiz Arana.
El C. diputado Fernando Ortiz Arana: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: En su reciente intervención, el diputado Ricardo Pascoe afirmó seguramente por ausencia de información de lo que ocurrió en la sesión de la Comisión Federal Electoral el día de ayer, que el PRI había retirado su denuncia y propuesta, y esto no es así, la propuesta fue recibida por el presidente del organismo electoral y como ha ocurrido en casos similares, la turnó a la Secretaría Técnica para que ésta proceda a instrumentarla en los términos solicitados. En conclusión, no estamos jugando, no aceptamos que nos califique usted en estos términos; la propuesta fue presentada y está teniendo el curso que han tenido propuestas similares que ya se han presentado en la Comisión Federal Electoral.
El debate que estamos dando sigue desviándose, sigue confundiendo el diputado Pascoe el llamado a la legalidad, la denuncia de hechos que consideramos contrarios al orden jurídico, imputándonos por ello que queremos limitar el derecho de crítica, que queremos cuestionar a la disidencia. No es así, diputado Pascoe, se lo hemos dicho varias veces ya en esta tribuna; no confundamos los términos, no se trata de cuestionar el derecho de crítica que tienen todos los mexicanos y que ejercen los partidos políticos; no se trata de menoscabar a la disidencia; es una denuncia de actividades realizadas por partidos políticos que consideramos son ajenas y transgresoras del orden jurídico. Volvamos, en consecuencia, al tema central del debate; no tratemos de encontrar salidas que no corresponden al debate que hemos venido dando esta mañana en la Comisión Permanente. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ortiz Gallegos, de Acción Nacional.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente. Regreso a esta tribuna para referirme a la intervención del diputado Santiago Oñate que, o no entendió o no quiso entender cuál era el sentido de mi denuncia sobre la forma en que se expresa algún dueño de concesión de medios de difusión electrónica.
Yo mencioné que el que ese señor se declarase, en su persona y en su organización, miembro de un partido que resulta el oficial, y que agregase que con motivo de esa adhesión hacía con su tiempo y con la información de esa estación emisora, lo que le parecía.
Con esa consecuencia de su declaratoria, está rompiendo el orden legal establecido, porque si simplemente se trata de que el gobierno otorga una concesión a una empresa privada, y esa empresa privada la administra para su propio interés, sin cuidado de atender a las leyes y a la concesión otorgada, estaríamos en el caso que ya mencioné y que para un cultísimo abogado como es el diputado Santiago Oñate no puede ocultarse, se constituye por esa vía un oligopolio.
Yo estoy, pues, aquí condenando a quienes con el pretexto de tener un criterio político personal al que tienen derecho, de acuerdo con la libertad constitucional y los derechos humanos, con ese pretexto violan la ley específica y la ley específica de la comunicación, y convierten eso en un reino particular y privado como si se tratase de un estanco, como si se tratase, perdónenme la expresión en este venerable e importante escenáculo, de un burdel.
No se puede tratar en esa forma un instrumento de comunicación que en las leyes mismas se señala que debe de buscar objetivos superiores al servicio de la comunidad. Cuando, por otra parte, la Constitución establece y las leyes, que los partidos políticos son de interés público, hay en el ejercicio de esta concesión, la obligación de mantener un equilibrio al servicio de la comunidad.
No sé si desventurada o venturosamente el diputado Oñate invocó que él no se opondría a que un concesionario tuviese la adhesión al Partido de Acción Nacional y tuviese una concesión de radio y televisión, para que ejerciese la libertad de expresión a la manera que él quisiese de acuerdo con su credo político.
Señor licenciado Santiago Oñate y diputado, amigo nuestro, usted no quiso o no entendió, yo no estoy condenando el deseo y la convicción
personal de ninguno de los dueños de radio y televisión, pueden pertenecer al partido que más les interese de acuerdo con sus convicciones y a donde de acuerdo con sus intereses particulares, pero el tiempo de la televisión, el tiempo de la radio debe estar sometida a un equilibrio en este país en donde queremos establecer la prioridad política e ideológica. Yo he censurado que en los noticieros que conocemos en todos esos medios electrónicos le den un espacio extensísimo a todos los eventos y con el pretexto de que eso es lo que llama la atención pública y no llama la atención pública lo que los partidos de oposición estén diciendo, llenen espacios que lamentablemente y habría que investigarlo cuidadosamente no son gratuitos, llenen espacios que no sirven al equilibrio de la comunidad, ésa es concretamente mi denuncia, por lo cual pedí anteriormente aquí en esta comisión que se investigase, y para que esto tengan más sentido me permito agregarle hoy, una vez en otro tipo de propuesta a la comisión respectiva, y dejo aquí en su poder la siguiente proposición:
«Con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, proponemos que comparezca ante las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cine y la de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación, Fernando Pérez Correa, a fin de que explique el mecanismo y los términos en que se han otorgado las concesiones a las empresas de radio y televisión de la República mexicana y presente copias de los contratos que la sustentan.
En esta Comisión Permanente, en la fecha de hoy, el suscrito Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.»
Creo que el diputado Santiago Oñate ahora sí podrá aceptar que mi proposición es correcta y que no es un problema de debatir sobre hechos o supuestos, a partir de esta comparecencia sabremos si los contratos que se han otorgado reiteran los términos de la ley y obligan o no al equilibrio de los medios de difusión electrónicos, para que en su oportunidad las autoridades revisen que no se están cumpliendo con los ordenamientos legales en esta materia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Ortiz Gallegos: Le ruego a usted nos permita que a su propuesta le demos trámite al final de este debate una vez que las personas...
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Le pido al señor presidente tenga la gentileza de excusar el no haberle solicitado el permiso a tiempo de una vez presentar esta proposición. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Está usted entonces de acuerdo que al final la tramitemos, ¿verdad?
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Por supuesto.
El C. Presidente: -Muchas gracias.
Para alusiones personales, señor diputado Oñate.
El C. diputado Santiago Oñate Laborde: - Compañeros legisladores; compañero Ortiz Gallegos: Intenté entenderle; creo que le entendí la primera vez, pero le he entendido más en esta segunda ocasión.
Efectivamente, el código electoral, otorga la prerrogativa a los partidos políticos nacionales, para tener acceso en forma permanente a la radio y la televisión.
Nuestra ley electoral no se limitó a consagrar y dejar en el vacío, sujeto a las fuerzas del mercado, por decirlo de algún modo, este derecho, sino que previó de un mecanismo a través del cual los partidos, entidades de interés público, puedan hacer uso de los medios masivos de comunicación, en forma adecuada a expresar y proponer sus ideas en tiempo expresamente dedicado a tal efecto, porque así hemos considerado los legisladores mexicanos, que se garantiza a todos ese acceso a los medios de comunicación.
También entendí cuál era su opinión, la opinión que a usted le merece algún concesionario de la televisión. En ese asunto no incido, es la opinión personal que usted tiene de un concesionario de los medios de comunicación y es asunto que respeto.
Cuando usted habla de que los medios de comunicación concesionados están obligados a respetar la ley, coincido plenamente con usted.
Están obligados a respetar las leyes en la materia. Usted habla de un trato equitativo a todos los partidos; fracción que yo no encuentro dentro de las leyes de la materia.
Los concesionarios de los medios, radio y televisivos, elaboran sus programas noticiosos atendiendo a criterios periodísticos para la elaboración de sus informaciones y está sujetos a lo que las leyes disponen en esa materia, al igual que cualquier otro medio de comunicación.
En ese sentido si su partido estima que ha habido violaciones a las leyes de la materia, estamos reitero abiertos a investigarlo, como habremos de hacerlo con motivo de la denuncia ya por usted
presentada y turnada en sesión pasada a la comisión correspondiente.
El C. Presidente: - Pide la palabra para alusiones personales el diputado Ortiz Gallegos.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente: Hay un dicho viejo que dice poco a poco hila la vieja el copo, en la primera intervención el diputado Santiago Oñate ha reconocido que me entendió un poco, en la segunda otro poco, a ver si al fin armamos el copo de la integración en esta materia.
Y en esta intervención el diputado Oñate sí fue al fondo del problema para decir que según la interpretación de los enunciados legales existe ya en el código electoral una prerrogativa para que los partidos políticos usen un tiempo del estado que se ha discutido en la Comisión Federal Electoral si es tiempo A, B o C, y si está distribuido equitativamente. Parece que los partidos no están de acuerdo porque ayer seguían discutiendo en la comisión federal, pero no es mi tema.
El tema es el de que no se puede tener una concesión que desde el punto de vista de la definición del reglamento interior debe ser actividad de interés público y el Estado tiene obligación de que se cumpla con eso, que en algún otro se establece en el tercero del mismo reglamento que la radio y televisión orientarán perfectamente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propalación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones, etcétera, etcétera; no se puede pensar que estas disposiciones no conduzcan a una materia de preceptiva de carácter legal.
Volvemos al fatídico ejemplo que le puse al licenciado Oñate, esto no es concesionar un prostíbulo, es concesionar un medio superior que ha permitido la cultura y la civilización moderna tenerla al alcance de los pueblos y que no puede ser instrumentada para los servicios dados en el sistema de facción política, así se pretende ocultar un supuesto criterio de carácter periodístico, esa superabundancia de medios al servicio del partido oficial y en la denuncia que estoy presentando y en la propuesta que estoy haciendo debe hacerse constar con claridad, cuando se investigue que no es posible que en forma oculta los tiempos de todos los medios de comunicación estén siendo comprados, vayan siendo comprados por el partido oficial sin que se especifique para que el pueblo entienda que se trata de un información pagada.
Sabemos que se están comprando cabezas de ocho columnas que se facturan al PRI, no puede ser lo mismo cuando se trate de medios de televisión y de radio porque ésos sí son concesiones y una concesión por razón del principio de equidad que supongo que el licenciado Santiago Oñate conoce más profundamente por su técnica que yo, debe ser compartido en forma equilibrada al servicio de los partidos al servicio del interés público y allá es a donde debemos llegar en una deliberación dentro de una comisión que excede los límites de una discusión en esta comisión a la cual estamos entregados esta mañana. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El señor diputado Calderón Tinoco, para hechos y en los términos del 102.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: A lo largo de las intervenciones se han ratificado los elementos que la motivaron y la intervenciones del PRI considero que en lugar de contradecir lo denunciado, en alguna forma ha servido para avalar nuestras denuncias.
Se atribuyen ilícitos a otros partidos por lo que han dicho sus candidatos o por las acciones que han sugerido para que sean tomadas en cuenta por el pueblo, por los ciudadanos a quienes se dirigen. Tal parece que la queja del PRI de alguna manera tiene similitud con la del caso de la vecina que dice no estar en contra de su comadre pero al final de cuentas presenta una denuncia en la delegación y pide para la denunciada un castigo severo. En este caso está la denuncia presentada con el propósito de castigar la desobediencia civil.
Y mucho se ha hablado de este aspecto que aun cuando nosotros no lo hemos manejado, pero cabría que hubiera una definición de la misma o se dijera qué es eso, qué significa, qué delito hay en este tipo de acciones o de llamados. No se da una relación de hechos ni una precisión de los mismos, ni se fundamentan, debidamente.
En los ordenamientos jurídicos se establecen sanciones a los que incumplen con sus obligaciones; en el derecho civil se les sanciona con daños y en la falta del cumplimiento de las obligaciones fiscales se sancionan con multas y recargos. Tal parece que en la forma en que se presenta esta queja se quiere que se añadan sanciones sobre las sanciones que prevé cada uno de los ordenamientos con el sano propósito de asustar, de intimidar y callar toda crítica o disentimiento manifestado por cualquiera de los contendientes.
Nosotros pensamos que esto de alguna manera es ver la paja en el ojo ajeno, pero que no dice nada respecto a lo que denunciamos nosotros, y quizá se quiera que los oponentes se ajusten a lo que se llama la legalidad, en tanto que por parte del sistema se dan actos ilegales en contra de sus oponentes.
El uso de los bienes públicos para campañas de su candidato, ¿qué significan, constituyendo o no un acto ilícito? El que los empleados públicos desarrollen trabajos partidistas, integrándose inclusive a las campañas, que están en su derecho si ellos son militantes de ese partido, pero, ¿por qué siguen devengando sueldos con cargo al erario cuando no están en forma efectiva en su trabajo?
Podría decirse que esto no es cierto, pero reconocemos el llamado que hizo el Secretario de Educación a los trabajadores, a los empleados de la Secretaría de Educación para que volvieran a sus trabajos. Está visto, compañeros legisladores, que el sistema insiste en la continuación de prácticas que debieran haber sido ya superadas en aras de una verdadera lucha democrática.
Está visto que no obstante su convicción de que constituyen o son el partido mayoritario, y lo que en alguna forma debería de ser signo de confianza en el resultado electoral, no están dispuestos a permitir el crecimiento de sus oponentes. El hecho de que no se esté dispuesto a que su oponente crezca podríamos considerarlo como una acción y un derecho válido; pero lo que no es válido es que se aleje de la buena lid, de que se obstaculice el trabajo de los oponentes aprovechando los recursos con que se cuenta y con la parcialidad de quienes deberían de velar porque todos los partidos desarrollen sus actividades en forma igualitaria y respetada.
Por eso se presentan o se prestan oídos sordos a las denuncias que presentamos, ésas tal parece que su único objetivo, cuando son presentadas, es recibirlas y archivarlas, pero no se da ninguna acción para enmendar estos actos que nosotros consideramos ilegales porque dañan la promoción abierta que cada partido político tiene derecho a desarrollar en todo el país.
Y de alguna manera se induce con este tipo de frenos, con este tipo de desatención por parte de las autoridades, a que los interesados en la lucha por el poder, cambien o cambiemos los métodos de lucha, a que las acciones se vean matizadas con cierta agresividad y, al mismo tiempo, se acompañen de acciones violentas.
Se habla mucho en nuestros tiempos de la política moderna y nosotros la entendemos como la que se realiza en forma civilizada, que no se debe dar sobre la base de la subversión o la acción violenta; pero de alguna manera entiéndase que el manejo del término de la política moderna queda solamente en un bello pronunciamiento, sin una concepción definida que permita que los partidos contendientes y que se interesan por la lucha en el poder se mantengan en forma vertical acogidos a los ordenamientos legales, ya que como decimos, se está orillando a que se cambien los métodos de lucha.
Ayer, en el seno de la Comisión Federal Electoral, uno de los representantes partidistas hacía una réplica a otro de los integrantes del partido mayoritario, en cuanto al origen de su gobierno o de su partido.
Nosotros no podemos aspirar a una revolución al menos en el sentido de la lucha armada, porque sabemos que acarrearía mayores males que los que pretendemos resolver y que nos llevaría a envolvernos en un proceso de disturbios en el que finalmente la nación, el pueblo en su conjunto tal vez saldría perdiendo, pero recuérdese que como recurso válido al pueblo cuando no es oído, escuchando y respetado, a veces se le orilla a seguir ese tipo de acciones, tratemos de evitarlas atendiendo las demandas justas de los partidos e invocando sí, hacia la participación abierta, pero respetada y con libertad. Muchas gracias.
El C. Presidente: - El C. diputado Fernando Ortiz, tiene usted el uso de la palabra.
El C. diputado Fernando Ortiz Arana: - Compañeros legisladores: Es realmente extraño que el diputado Calderón Tinoco, comisionado propietario hasta donde entiendo en la Comisión Federal Electoral y quien ayer estuvo presente, incluso participó en el amplio debate que se dio en la Comisión Federal Electoral, hoy venga a esta tribuna a afirmar que en el caso de la denuncia nuestra presentada el día de ayer, no se relacionaron los hechos, él la escuchó y narramos los hechos y no se dio fundamento, dice él, también en eso falta a la verdad, en la propia denuncia se señalaron los artículos 28, 30 fracción I y 46 del Código Federal Electoral.
Ayer, si no recuerdo mal, Roberto no intervino es este debate, en esta parte del debate en la Comisión Federal Electoral, sí participó en lo que se refiere a la concertación que ellos estaban proponiendo para un debate público entre los candidatos a la Presidencia de la República, y ahí debatimos con él el día de ayer, pero en este punto su partido ayer no hizo pronunciamiento
alguno y hoy viene a señalar, primero que no relatamos los hechos, falso; segundo, que no dimos fundamento jurídico, también falso; y ahora maneja un criterio similar a compañeros que le antecedieron en el uso de la palabra, de decir que con esta denuncia el PRI pretende asustar dice él, intimidar o callar la crítica. Ninguna de las tres cosas, diputado Calderón. Ya hemos insistido hasta el cansancio en esta tribuna y en este debate de cuál es la voluntad del partido al presentar la solicitud el día de ayer.
En consecuencia, no está usted informado o no se acuerda usted, de que ayer fundamentamos la denuncia y relacionamos los hechos.
Eso de que vemos la paja en el ojo ajeno, tampoco es cierto y que las denuncias de la oposición no han sido atendidas, también no es cierto. El sabe, porque participa en la Comisión Federal Electoral, que ante una investigación respecto a la utilización de unos vagones de ferrocarril, por parte de nuestro partido, se solicitó la información a la empresa, se obtuvo el contrato que está suscrito y ayer se entregó a todos los comisionados ante el máximo organismo electoral. Rechazo categóricamente las imputaciones del diputado Calderón en el sentido de que estemos utilizando bienes del Estado en la campaña presidencial que estamos llevando a cabo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para alusiones personales, el señor diputado Calderón Tinoco.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Señor presidente; señores legisladores: Con la aclaración hecha por el diputado Santiago Oñate, perdón, ojalá no sea motivo para una intervención para hechos, pero en todo caso de todas maneras será bien escuchada, el compañero diputado Ortiz Arana, en cuanto a que sí se fundamentó, la acepto con la aclaración hecha.
En cuanto a lo que dice que sí son atendidas las quejas, ahí sí difiero. No ha habido tal atención y en última instancia, una es la convicción manifestada en tribuna, inclusive por los, por el presidente de la misma Comisión Federal Electoral en cuanto a la disposición tanto del gobierno como del partido mayoritario, de que serán respetadas las actividades de los partidos políticos y atendidas sus quejas, pero...
El C. diputado Fernando Ortíz Arana (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Cómo no.
El C. diputado Fernando Ortíz Arana (desde su curul): - Sobre denuncias que presentan los partidos de oposición. Dígame usted si es cierto o no que en el caso de los hechos solicitados en la investigación por el PMS se acordó en la Comisión Federal Electoral y solicitó al director de Ferronales el contrato. Dígame usted si es cierto o no.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Lo acepto.
El C. diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Gracias.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - En lo referente a las acciones que han dado o que se han tenido con los dirigentes, gerentes o administradores de las estaciones de radio, que han negado a los políticos que solicitan tiempo y que han sido del conocimiento de la Comisión Federal Electoral, yo preguntaría si han sido atendidas o si se ha corregido esto. Al haberse corregido sería un respuesta afirmativa en el sentido de que se están atendiendo las quejas, en este sentido sabemos que no lo hay y por lo tanto vale mi reclamo de que no han sido atendidas las quejas de los partidos de oposición cuando han sido previamente presentadas.
Por otra parte, se ha producido ya un daño al partido político cuando se le ha negado disponer de los espacios y de los medios de difusión, ciertamente aquí se aplica aquello de que palo dado ya nadie lo quita, en este sentido el partido se ha visto afectado, pero no se dan las acciones encaminadas a que en lo sucesivo no ocurra esto. Y decía que una es la bella declaración de que hay una disposición de que los partidos políticos sean respetados en su trabajo y otra lo que se da en la práctica, que eso sí somos cuidadosos y analizamos las informaciones que proporcionan algunos medios periodísticos sobre el daño que se produce en los partidos políticos, es una prueba evidente de que se mantiene ese sistema de negativa a los partidos para hacer uso de los medios de difusión, aun pagando las tarifas que fijan para ello.
Esta situación puede cambiar y es a lo que nosotros estamos apelando, a que haya el sentido político por parte de la mayoría, pero más que de la mayoría por parte del gobierno para resolver esto que se está constituyendo en un serio problema en el trabajo de los partidos políticos, y es lo que nosotros estamos reclamando atención inmediata por parte del gobierno. muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Gerardo Unzueta, por cinco minutos en los términos del 102.
El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Realmente cinco minutos es tiempo bastante para decir que lo que nos han venido a plantear aquí ambos oradores del Partido Revolucionario Institucional, pues es un cuento de antaño. Desde luego, nos dicen que habrá debate y que hay debate sin oponentes.
Esto es, se va a debatir con el pueblo a decirle y a contarle y a presentarle proyectos, etcétera, pero sin oponentes, los oponentes en la lucha política están ausentes y el PRI no los admite.
Se habla de respeto a la crítica, también nos han venido a hacer una larga promesa de respeto a la crítica, pero una crítica bajo amenaza, una crítica bajo amenaza, y no diría yo desde el 8 de diciembre, diría desde que Díaz Ordaz nos cambió un delito por ocho, cambió el grito de disolución social por los ocho delitos de la seguridad de la nación.
Pero también bajo amenaza concreta, bajo la amenaza concreta que no es la reunión de la CFE, me refiero a la Comisión Federal Electoral, no a la electricidad; lo que ocurrió en la CFE es simplemente que forma parte de una cadena, eso es todo, forma parte de una cadena de hechos que comienzan el 8 y que no sabemos cuándo terminarán. Ya me permití dar a conocer algunos de los elementos de esa cadena.
Apoyo a las demandas campesinas, sí, también se trata de que el Partido Revolucionario Institucional está interesado en que se reparta la tierra; sí, apoya a la demandas campesinas, pero a contrapelo de la represión del gobierno donde los campesinos son reprimidos, son disueltas sus organizaciones para que no haya el demandante de la tierra.
Libertad para el uso de radio y televisión, por favor, a condición de que los dueños, que se confiesan priístas, son los que deciden cuándo se permite el acceso, el permanente acceso, subrayado, con comillas y negritas, o sea en el colmo de la ironía, cuando los dueños priístas son los que deciden a quien le dan tiempo, pues ¿qué clase de prerrogativa es ésa?, ninguna, aún pagándola a precio de oro no dan el tiempo y bueno también nos dicen también que están interesados en la defensa del salario, sí, pero sobre la base de exigir la disciplina al pacto, bueno pues sí, casi un paraíso, casi un paraíso en las palabras, pero en los hechos una política de enfrentamiento a los intereses populares, a las necesidades populares, y por si fuera poco a los derechos que ha conquistado el pueblo mexicano.
Yo creo que el licenciado Oñate, y lo menciono para que tenga derecho a la réplica, ha mantenido con exceso dogmático su idea de la juridicidad, pero ha dejado a un lado su aspecto politólogo; ha dejado a un lado su aspecto politólogo porque nos viene aquí, quiere circunscribirnos aquí a que si dijeron tal, si fundamentaron en tal artículo, etcétera, etcétera, sus posiciones de ayer, pero no estamos discutiendo las posiciones de ayer, ése es solamente un elemento.
Aquí se trata de lo que es la política, y en concreto la política que se viene aplicando desde el día 8, y como se formula esa política desde el día 8, y ahí hay que encuadrar la denuncia y la propuesta.
No somos nosotros, nosotros no somos los culpables de que hayan recibido tan triste comisión, no somos los culpables, y también ahí hay que encuadrar la declaración de Azcárraga, también ahí hay que encuadrar la declaración de Azcárraga. ¿Azcárraga tiene derecho a ser miembro del PRI? Sí, tiene derecho a ser miembro del PRI, pero el hacer pública su militancia en el PRI cuando está a discusión el uso de los medios de comunicación, y cuando está a discusión el uso de los medios de comunicación por la oposición, eso ya no es ejercer su libertad de afiliación; eso es incidir en una política y plegarse a la política del régimen.
Yo creo, compañeros, que habría mucha tela de dónde cortar; simplemente para no olvidar un elemento presentado en la intervención del diputado Oñate, yo recordaría que hace ocho años la Universidad Autónoma de Puebla ha estado solicitando una estación de radio y hasta ahora no la ha conseguido. Bueno, gran libertad hay, desde luego, gran libertad para instalar estaciones de radio y televisión, quienes tienen dinero pueden hacerlo, etcétera. Sí, la Universidad Autónoma de Puebla tiene dinero y derecho, y no se le ha otorgado.
Bueno, es que esto es un juego, esto es un juego, éste es el juego político, y la política del gobierno está claramente expresada en pacto, está claramente expresada ahora, en la condena de la resistencia popular a la política económica del gobierno.
Está reflejada, en consecuencia, en lo que es la vida actual, y esto es lo que se condena. Que hace juego de palabras el Presidente, sí hace juego de palabras el Presidente, y hace juego de palabras De la Vega Domínguez y hace juego de palabras Salinas y hace juego de palabras Oñate. Es juego de palabras, juego de palabras, bueno, ministerial. Juego de palabras para eludir el fondo del problema, para eludir la cuestión central.
Aquí sí, efectivamente, a partir del día 8 se está jugando un nuevo elemento en la vida política nacional, una amenaza sobre las libertades ciudadanas, sobre los derechos electorales y sobre la actividad electoral de los partidos, y éste es el problema con el que nosotros queremos enfrentarnos, con el que nosotros deseamos enfrentarnos.
Cualquier cosa puede ser calificada de rebeldía civil, etcétera, con cualquier nombre, cualquier cosa, como se podría hacer con los artículos 145 y 145 - B del Código Penal, cuando éste era vigente.
Ahora, se nos presenta todo un complejo: La Constitución, las leyes concretas, la autoridad, las autoridades, todo aquello, que constituye la expresión directa de la política gobernante. Esto es lo que no es admisible.
Aquí se trata de conocer, desarrollar, mantener los elementos jurídicos; pero tomar en cuenta que estamos en una vida política, y esta vida política es hoy uno de los elementos más importantes de nuestra nación.
Que nosotros, ahora entendemos, que del desarrollo democrático de esta vida política depende nuestro futuro, porque depende también la economía, la economía en este caso es un derivado de la vida política.
El C. Presiente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Amador Amador, del Partido Socialista de los Trabajadores.
El C. diputado Jorge Amador Amador: - Ciudadano presidente; compañeras y compañeros legisladores: No atino todavía a denominar el carácter de mi intervención, pudiera ser un comentario sobre este prolongado debate que hemos aquí presenciado pero también pudiera llamarse una denuncia acerca de este prolongado debate.
Traigo la encomienda de mis compañeros del Partido Popular Socialista, que forman parte del Frente Democrático Nacional, y de mis compañeros de partido, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, antes partido Socialista de los Trabajadores, de comentar que desde nuestro punto de vista se han aquí artificialmente creado protagonistas y hasta cierto punto también de manera artificial se ha planteado como centro del debate un problema que no existe como tal.
No es un comentario de descalificación moral, sino que es un juicio político. El fondo del debate sentimos nosotros no es el que de muchas maneras se pretendió decir aquí; el fondo del debate es otro, el fondo del debate es con qué política se va a gobernar este país en los próximos seis años y tal vez en las próximas seis décadas, el fondo del debate es, si la vía por la que se ha conducido el desarrollo económico y social de México puede seguir siendo la misma o no, y efectivamente este debate tiene un rango profundo y amplio en el seno del país, entre las comunidades campesinas, entre los habitantes de las colonias populares, en los círculos escolares, entre los trabajadores de las fábricas, de las empresas, de los centros de trabajo. Este debate ya va. Azcárraga no lo puede parar, nadie lo puede parar.
Compañeras y Compañeros: Yo que admiro las cualidades del Estado mexicano y la forma en que ha venido superando muchas dificultades, debo decir aquí que admiro más cuando está la ofensiva su conducta, que cuando está a la defensiva.
Y claro, a mí me parece, sin juzgarlo moralmente, sino políticamente, que el Estado está en un plan de auto defensa y en la guerra política, como en la guerra en general, se vale lanzar señuelos, no sólo proyectiles de verdad, sino también señuelos para engañar a quien quiera engañarse, a quien no pueda eludir el engaño, a quien tenga vocación para ser engañado.
¿ Qué nos presenta el panorama político nacional? Una campaña presidencial en la que por primera vez en muchas décadas, ha surgido un candidato popular, ampliamente respaldado por la población mexicana y aparte de una candidatura popular, ha surgido o resurgido, una teoría política también popular. La candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es una candidatura popular. A estas alturas, es evidente el entusiasmo que ha comenzado a despertar allí donde va y la teoría política que ha resurgido es la teoría política del cardenismo. El cardenismo no estaba escondido en libros de texto en las universidades; el cardenismo como ideología popular, ha sido preservado por millones de campesinos, por millones de obreros, por quizá cientos de miles de intelectuales patriotas, yo digo que por la mayoría de la población mexicana.
El problema no es solamente reconocer que hay crisis económica: el problema también es dilucidar con precisión quién es el causante y beneficiario principal de esa crisis económica y aquí se han lanzado señuelos desde hace varios años a través de todos los medios masivos de comunicación y de todo tipo de voceros, de todo tipo de filiación política, para tender una nube que oculte al principal responsable de la crisis.
Mi partido nunca ha negado la responsabilidad en parte del gobierno de la crisis, pero mi partido ha destacado que fundamentalmente la fuerza ha
generado con su ambición por sus intereses egoístas, esta crisis económica y este deterioro de las condiciones de vida de la nación son los grandes empresarios, y es el gran capital internacional estrechamente aliado con los grandes empresarios mexicanos, al grado de que las grandes decisiones económicas en este país ya no son prácticamente decisiones políticas las decisiones políticas vienen a posteriori, buscando un esquema que de alguna manera corresponda a lo que la práctica económica ya se impuso.
Como dijera el personaje de El Principito: aquí se ordena que salga el sol porque no se puede impedir que salga el sol. Aquí se ajusta la política económica a la devaluación del peso, cuando las 114 familias de la bolsa ya lo devaluaron en la práctica, aquí se elabora un Pacto de Solidaridad Económica para ajustar el desgobierno de los precios relativos para ajustarlo al desajuste que ya se dio en la práctica.
Y hemos llegado aquí porque hubo un tiempo en que se creyó que por la vía capitalista del desarrollo se podrían lograr las metas de la Revolución Mexicana, que habría congruencia en los objetivos. Y las ilusiones iniciales, el entusiasmo inicial, el famoso milagro mexicano, finalmente nos ha colocado frente a la cruda realidad, y la realidad es que hemos logrado miseria para la población, hemos logrado deterioro de la soberanía nacional y de su capacidad de defensa frente a los intereses transnacionales. Hemos logrado la creación de una fuerza social antinacional poderosísima, capaz de saquear en días, en horas, la riqueza que el país ha acumulado durante décadas. Esa es la realidad.
Y una crisis económica como ésta no solamente deteriora las condiciones de vida de la mayoría de la población, una crisis como ésta evidentemente afecta al sistema político, evidentemente afecta los lazos que vinculan al gobierno en su base popular, al Estado mexicano con su sustento popular. Evidentemente afecta a los lazos teóricos, ideológicos y políticos de la práctica del gobierno y del Estado con relación a la teoría de la revolución, de la Revolución Mexicana, por supuesto.
Y por eso, compañeras y compañeros, nosotros pensamos que en interés de la nación y en interés del pueblo el tema que está a la orden del día es, ¿con qué nueva política, con qué nueva política económica, por qué nueva vía se debe conducir a la nación mexicana y quiénes son los protagonistas que pueden realizar este encaminamiento nuevo para la nación mexicana?, y nosotros que integramos un frente democrático nacional nos hemos unificado alrededor de una candidatura popular y particularmente nosotros, desde el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pensamos que la nueva vía tiene que ser una vía no exclusivamente capitalista. Creemos en la legalidad como arma de lucha, en la legalidad constitucional como medio para que el pueblo ejerza el principio de soberanía popular, porque este pueblo ha conquistado el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y hoy esta modificación es una necesidad social y esta necesidad social tiene una respuesta política, un gobierno de democracia nacional, amplio, deslastrado de las minorías oligárquicas que hoy imponen su voluntad al gobierno y a la población. Y en esa lucha no podremos ser apologistas de la ilegalidad, desde luego que no y en esa lucha no podemos estar atentos a los señuelos que desde el Estado nos lancen para ir tras ellos, en esta lucha sabemos quien es el protagonista que puede, si se organiza, si se unifica alrededor de un programa propio, cambiar la situación y ese protagonista es el gran constituyente, es el pueblo de México y todo nuestro esfuerzo va dirigido hacia allá, hacia el pueblo de México, con todo el respeto que se merece el pueblo de México y en una candidatura y en todas las candidaturas y en la unificación en un frente de muchas fuerzas diversas pero coincidentes. En esto estamos empeñados, empeñando nuestros mayores esfuerzos.
Por eso, compañeras y compañeros, hablo en lo particular en este momento, de mi partido, para nosotros el pacto es un señuelo; que lo siga el que quiera. El pacto morirá de muerte natural, tiene una duración temporal. El pacto no cambia lo que ya está sucediendo, el pacto es una buena capa de no sé que color para que la embistan quienes quieran embestir; la mejor respuesta es el 6 de julio, un pueblo organizado en las 60 mil casillas en todo el país, un pueblo que haya examinado los problemas nacionales, un pueblo que no se haya dejado engañar por los protagonistas inflados y los temas inflados que en un momento dado, a través de los medios de comunicación pueden ser transmitidos o pueden ser comunicados.
¿Quién ignora que el Estado tiene la capacidad de crear personalidades, quién ignora que el Estado tiene la capacidad de crear mitos, quién ignora que lo pequeño luego puede aparecer grande y viceversa, pero quién ignora que el pueblo todavía tiene la capacidad de trascender este tipo de obstáculos y de ver las realidades en su verdadera dimensión?
Cuando aquí se hace alusión a la resistencia ilegal, cuando aquí se hace alusión a la lucha campesina, yo me siento particularmente afectado porque por ahora jefaturo una organización campesina,
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, y para no dar oportunidad a que se hable por alusiones, solamente mencionaré, sin decir nombre, al candidato que de manera, yo pienso irracional e irresponsable, llama a los campesinos a que ilegalmente tomen la tierra. Es un absurdo, no nos ayuda para nada ese llamamiento.
En la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tenemos la teoría de la toma legal de la tierra, y la apología es toma legal de la tierra, toma constitucional de la tierra, y el movimiento campesino de México ha conquistado las más de cien millones de hectáreas que tiene en su poder la propiedad social, en su mayor parte mediante la toma legal de la tierra, ¿por qué un intelectual se arroga el derecho de propagandizar la toma ilegal de la tierra? A los campesinos no les sirve la toma ilegal de la tierra, les perjudica, los enfrenta, los expone, los divorcia no sólo del gobierno y del orden constitucional, los divorcia de sus propios compañeros de clase.
Sobre cada predio hay cinco o seis grupos peleando legalmente por ese predio; si les damos la luz verde para que tomen la tierra, los enfrentamos. No es correcto eso, no ayuda.
Compañeras y compañeros legisladores: Pensamos nosotros que era necesario fijar esta posición. En el Palacio de Bucareli, en el Palacio de San Lázaro, muy posiblemente, como esta vez, haya otros encuentros palaciegos, de cruces verbales, no alrededor del tema principal; pero qué bueno que abajo, en las comunidades, en los barrios, en los centros educativos, en los centros de trabajo, el verdadero problema ya se está debatiendo. La verdadera respuesta ya se está materializando. Esa es la confianza que nos llevamos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar trámite a la propuesta del señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Sea usted tan amable de darle lectura.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Dice textualmente:
"Con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, proponemos que comparezca ante las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cine, y la de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación, Fernando Pérez Correa, a fin de que explique el mecanismo y los términos en que se han otorgado concesiones a las empresas de radio y televisión de la República mexicana, y presente copias de los contratos que los sustentan."
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra.
El C. diputado Santiago Oñate Laborde (desde su curul): - Señor presidente: con todo respeto solicito que toda vez que el expediente relativo a la investigación solicitada por el diputado Ortiz Gallegos ha sido turnada en la sesión anterior exclusivamente a la Comisión de Gobernación, pido que la propuesta adicional se turne sólo a esta comisión y no a las comisiones unidas de Gobernación y de Radio y Televisión, como se solicita.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): - Estoy de acuerdo con la apreciación del diputado Santiago Oñate Laborde.
El C. Presidente: - Entonces túrnese esa petición del señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Informo a ustedes que se han inscrito ante esta presidencia, los siguientes diputados Héctor Morquecho Rivera, el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, el señor diputado Ricardo Pascoe Pierce, el señor diputado Roberto Calderón Tinoco y el señor diputado Jorge Amador Amador.
ESQUIPULAS II
EL C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Héctor Morquecho Rivera.
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros legisladores: Como todos nos hemos enterado de un gran problema mucho muy importante y que el propio Presidente de la República en Europa ha tomado declaraciones en torno a este asunto, me voy a permitir expresar a ustedes algunas reflexiones, lo referente a la reunión de Esquipulas II y los firmantes de diferentes gobiernos.
Compañeros legisladores: Se llevó a cabo la reunión de los firmantes de Esquipulas II, esta reunión que se llevó a cabo recientemente estuvo propiciada o más bien estuvo realizada en un ambiente, en una situación muy irregular. Son de todo mundo conocidas las presiones que el presidente norteamericano llevó a cabo en torno a esta reunión de estos cinco gobernantes para revisar, para precisar sobre el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas.
El Presidente Ronald Reagan realizó presiones y amenazas públicas en el sentido de que Estados Unidos retiraría su apoyo económico a aquellos gobiernos que no siguiesen sus indicaciones, que no estuviesen de acuerdo, que no cumplieran sus indicaciones para islar al pueblo, al gobierno de Nicaragua y presentar una imagen muy deteriorada de lo que realmente está realizando el pueblo y el gobierno de Nicaragua.
Creo que, considero que no es nada saludable, no es constructivo, no es positivo que el presidente de Estados Unidos haya realizado esta acciones, esas presiones y amenazas, porque esto no contribuye a que se lleve a cabos la paz en Centro América y además muestra una actitud unilateral, una actitud fraccional por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Quiero señalar, además, que lo que se pretende o lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, es obligar únicamente a Nicaragua, obligar únicamente al gobierno y pueblo de Nicaragua, a cumplir con todo lo que implica los acuerdos de Esquipulas II y esto, desde luego que es injusto.
Por otra parte, mientras que el Presidente Ronald Reagan asume esta actitud egoísta, unilateral, poco constructiva y que choca con el criterio generalizado de los gobiernos firmantes de este acuerdo de Esquipulas II, mientras que el Presidente de Estados Unidos realiza esas acciones y esos propósitos, tenemos como contrapartida, lo siguiente: Salta a la vista, compañeros legisladores, el informe de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, la cual está integrada por el Grupo Contadora, por el Grupo de Apoyo a Contadora, por el secretario general de la ONU, por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo cual nos dice, nos indica con toda claridad el nivel de imparcialidad de esta comisión verificadora, y dicho informe, compañeros legisladores, valora pondera muy en alto, el esfuerzo del pueblo y del gobierno de Nicaragua para cumplir con los acuerdos de Esquipulas II. Es decir, son dos actitudes muy distintas, una actitud prepotente, hegemónica de estados unidos, del gobierno de la administración de Ronald Reagan, frente a lo que significa el esfuerzo de Nicaragua para cumplir con estos acuerdos.
Queremos recalcar que no es en vano, no es ocioso, este reconocimiento que hace esta Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento a los esfuerzos que de manera honesta y objetiva ha hecho el gobierno de Managua, para llevar objetivamente, materialmente, la paz a la región y para evitar la intervención de las fuerzas extranjeras en esta área de Centroamérica.
Por otro lado, queremos dejar establecido que no obstante las deficiencias y omisiones del gobierno de Costa Rica, de Arias, este gobierno está contribuyendo de manera positiva a la pacificación de esta región, pero esta propia acción de Arias, por desgracia no la lleva a cabo el gobierno de Honduras, ya que allí siguen todavía las fuerzas militares que asesinan a los nicaragüenses y además se amenaza con incrementar los efectivos militares
Y en este mismo contexto el Presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, con una actitud contradictoria con lo que lleva Arias en este sentido positivo de lo que está procurando hacer en favor de esta región, el presidente Duarte exige reconocer beligerancia a los contras, los cuales como todo mundo sabemos, compañeros legisladores, únicamente cuentan con el apoyo de los presupuestos ilegales de guerra de los Estados Unidos de América, el cual insiste y ha reiterado que se llevará adelante su guerra sucia en contra de Nicaragua.
Sin embargo, a pesar de este proceso difícil, complejo, contradictorio, a lo que el presidente Miguel de la Madrid ha hecho llamamientos para que se detenga la ayuda militar, económica y financiera a la contra en este contexto difícil los firmantes de Esquipulas II se han decidido por dar los pasos para acabar con la guerra, para acabar con la muerte de niños, mujeres, jóvenes y ancianos de estos pueblos que como el nuestro, luchan con toda justicia y con toda razón por la plena autodeterminación política, económica, social, demandando paz, libertad, trabajo, alimentos, educación y un futuro claro y con perspectivas sanas y seguras.
Y en consecuencia, han firmado un comunicado conjunto en cuyo texto quiero permitirme leer un párrafo que es muy relevante, que aparece hoy en la prensa, concretamente en el periódico El Día de esta ciudad.
Dice lo siguiente esa parte del texto importante: "Por no estar satisfecho enteramente el cumplimiento de los compromisos de Esquipulas II, se comprometen los gigantes, entre paréntesis, a satifacer obligaciones incondicionales y unilaterales que obligan a los gobiernos a un cumplimiento total e inexcusable. Dentro de ésta se encuentran el diálogo, las conversaciones para la concertación del cese de fuego, la amnistía general y sobre todo la democratización que necesariamente incluye el levantamiento del estado de excepción, la libertad de prensa total, el pluralismo político y el funcionamiento de tribunales especiales; los compromisos enunciados que no se han cumplido por los gobiernos, deberán
ser cumplidos inmediatamente en forma pública y evidente.
Como se puede entender, compañeros legisladores, estos puntos que habrán de llevarse para lograr la pacificación, sólo se pretende exigírsele al gobierno de Nicaragua y al pueblo de Nicaragua. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en que debe ser de una manera generalizada la aplicación de este acuerdo para que todos cumplan con el compromiso y de esa suerte hacer realidad dicha pacificación.
Ante estos acontecimientos, compañeros legisladores, considero que el Congreso mexicano asume una actitud consecuente con la línea de principios que ha guiado la política exterior de nuestro país a lo largo de su historia.
Voy a dar lectura al pronunciamiento suscrito por todos y cada uno de los diputados y senadores que integramos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y que representamos a todos los partidos políticos nacionales y a todos los sectores sociales y las clases sociales del pueblo de México. Dice el documento que hemos firmado todos los integrantes de esta Comisión Permanente.
"Los suscritos legisladores mexicanos, miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, valoramos en toda su significación los esfuerzos por restablecer la paz y lograr la vigencia plena de los principios de no intervención y de autodeterminación que realizan los hermanos pueblos de Centroamérica.
Exigimos la no injerencia de potencias extranjeras en los asuntos que son competencia de los pueblos de la región; condenamos toda actitud hegemonista e intervencionista, así como el apoyo político y el financiamiento que se le da a la contra, que en nada contribuye a la paz de la región; valoramos con especial énfasis los extraordinarios avances logrados por el pueblo y el gobierno de Nicaragua en el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II, tal y como se reconoce en el informe de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento. México, Distrito Federal, a 19 de enero de 1988."
Este documento lo firman, con un sentido muy valioso, positivo y de esfuerzo para lograr la pacificación de Centroamérica, en un ambiente de democracia, libertad y de progreso social, los siguientes legisladores: Nicolás Reynés Berezaluce, Juan Maldonado Pereda, Gonzalo Martínez Corbalá, Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Jorge Amador Amador, Abraham Martínez, Alfonso Zegbe Sanén, Myrna Esther Hoyos de Navarrete, Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, Alfonso Reyes Medrano, Moisés Calleja García, Ramón Martínez Martín, Francisco José Madero, Gerardo Unzueta Lorenzana, Santiago Oñate Laborde, Fernando Ortiz Arana, Diamantina Reyes Esperanza, Yrene Ramos Dávila, Norberto Aguirre Palancares, Roberto Calderón Tinoco, David Jiménez González, y un servidor, Héctor Morquecho Rivera. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para una proposición, el señor diputado Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Si intentáramos hacer un resumen brevísimo ya que el tiempo ha corrido con abundancia esta mañana, mientras nos ocupamos de estas liberaciones, un pequeño resumen de lo que ha sucedido en la reunión de los cinco jefes de Estado de Centro América, podría ponerse de la siguiente manera:
Se promovió que se interrumpa toda ayuda del exterior que facilite el trabajo de las insurgencias guerilleras en Centroamérica.
Segundo. Se comprometieron los jefes de Estado a que no se usen sus territorios nacionales para que desde ellos se dirijan agresiones contra estados vecinos en esos cinco países.
Tercero. Se estableció la demanda y la presión para que no se envíen más fondos extranjeros que sirvan al implemento de la actividad guerrillera en Centroamérica.
Una cuarta muy importante fue señalar una moción clarísima para que las dos superpotencias que se han involucrado en la desestabilización de Centroamérica: Los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas, dejen de promover y de tratar de intervenir en los asuntos internos de Centroamérica.
Y la quinta, finalmente, en la que se centra el definitivo esfuerzo del futuro que esperamos para estos países amigos y hermanos, que se siga promoviendo la democratización interna de los países.
Este fue el trabajo de diez horas del viernes 15 y otras quince horas del sábado 16, de enero pasado, del presidente Oscar Arias, de Costa Rica; del presidente Napoleón Duarte, de El Salvador; del presidente Vinicio Cerezo, de Guatemala; y del presidente Daniel Ortega, de Nicaragua.
En el basamento de todo este trabajo, yo he venido aquí para hacer la lectura de una carta enviada la víspera del comienzo de esta jornada por el presidente de Costa Rica, el señor Oscar Arias Sánchez, al señor Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, que quiero leer a ustedes y que pido que quede agregada al Diario de los Debate, por la relevancia con la que precisa este extraordinario amigo de México que ha logrado servir a los intereses de la paz en Centroamérica y que en esta ocasión contribuye y le da lustre a la designación que se le dio como premio Nobel de la Paz; dice así la carta citada en San José el 13 de enero de 1988.
«Señor Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Estimado señor Presidente: He conversado esta mañana con el señor José León Talavera, vicecanciller de su gobierno y he querido aprovechar esta oportunidad para entregarle a él esta carta para usted, mediante la cual deseo señalarle algunas de mis preocupaciones para asegurar el éxito del plan de paz centroamericano. En la reunión de presidentes estamos obligados a ir mucho más allá del mero análisis de los documentos que nos presente la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento. Nuestra, y sólo nuestra, es la responsabilidad de la evaluación política que demandan nuestros pueblos.
Creo que, sin duda, nuestro mayor desaliento en relación con el cumplimiento del plan de paz concierne, en esta etapa inicial, al fracaso de las negociaciones para el cese del fuego en los países de la región en donde existen guerras de guerrillas. Algunas veces he declarado lo triste que es constatar cómo, desde que firmamos el acuerdo, la actividad armada más bien se ha recrudecido en todas esas naciones. Este lamentable fenómeno podría deberse al hecho de que las partes beligerantes tuvieran la intención de aumentar su poder negociador y aprovechar la atención internacional para hacer notar su presencia o su poder.
Esa actitud puede ser políticamente explicable, pero se ha constituido en un serio obstáculo para alcanzar la paz. Las posiciones de los beligerantes se han radicalizado y la intolerancia para negociar un alto al fuego creció. Me parece que en la reunión del próximo viernes 15 deberemos puntualizar, sin eufemismos, hasta dónde ha faltado, en la región, voluntad para detener las guerras y hasta dónde son influencias extraregionales las que contribuyen a sostener el conflicto. En todo caso, pienso que deberemos comprometernos en acciones mucho más audaces y específicas para lograr el cese del fuego. Si persiste la impresión de que no hay voluntad ni fuerza política para detener tanta muerte estéril, probablemente habremos de concluir en que los esfuerzos de paz habrán sido superados, una vez más, por la intolerancia de los dogmatismos y la preeminencia de los rencores.
Seré inflexible en cumplir el mandato de paz de mi pueblo y haré todo lo posible para desalentar las luchas armadas donde quiera que se den. He dado tantas muestras de fidelidad a este mandato, que siento igual derecho e igual obligación para buscar el cumplimiento oportuno y total de todos nuestros compromisos de paz.
Creo, señor Presidente, que asimismo será necesario reafirmar, este viernes, también sin ambigüedades, que la reconciliación anhelada por Centroamérica es una reconciliación en la libertad y en la democracia. Luchas Libertarias de más de cien años no pueden ser traicionadas por dictaduras de ningún signo. Por eso el corazón del plan de paz en que todos nos comprometimos es la democratización. Un pueblo que puede expresarse libremente no tiene por qué acudir a las armas. Un pueblo donde gobiernan las mayorías, libremente escogidas, puede reconciliarse, puede perdonar, puede distinguir bien entre hacer justicia para asegurar la libertad o practicar la venganza para sostener la opresión.
Para este año 1988, toda Centroamérica se comprometió a realizar una elección libre, supervisada internacionalmente, para constituir el Parlamento Centroamericano. Dijimos que esa elección será la expresión conjunta de Centroamérica para señalar que la región no le teme a a libertad, que es posible escribir en democracia una nueva historia de paz de crecimiento compartido. Para que esta elección, como toda otra, sea posible, sin defraudar a nadie, las condiciones de igualdad para el acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación masiva, así como todas las garantías políticas, deben regir de inmediato en todos los países. Es evidente que una elección democrática requiere campañas de opinión pública de varios meses de duración. Esto hace imprescindible que desde ya se remuevan todos los obstáculos que coarten la libre expresión en cualquiera de sus formas.
En el proceso de democratización se manifiesta y se hacen realidad las libertades de los pueblos. Por muy adversas que puedan ser las circunstancias económicas o de otra índole, no podrán utilizarse como excusa para postergar el proceso de democratización. Sin democracia no habrá paz en Centroamérica. La democratización seguirá siendo la mejor herramienta para detener las armas, para exhibir a los fanáticos que, por sobre la voluntad mayoritaria de los pueblos, pretendan ejercer dictaduras o imponer verdades únicas.
Mantengo la esperanza, señor presidente, de que en la reunión del viernes tendremos la capacidad necesaria para interpretar nuestra propia historia, para no evadir nuestras responsabilidades, para allanar nuestro camino hacia la paz mediante decisiones políticas que enorgullezcan a cada uno de nuestros pueblos.
Estoy seguro de que usted comprende que la gravedad de la situación actual no nos deja espacio para juegos versallescos, o para divorciar la palabra de la acción. No hay en la Centroamérica que de buena fe busca la paz, espacio para hablar de militarización cuando nos hemos comprometido a reducir los ejércitos. no hay espacio para hablar de conservar el poder indefinidamente cuando nos hemos comprometido a respetar la libre voluntad de los pueblos expresada mediante el voto. No hay espacio para estructuras legales que nieguen el libre juego democrático. No hay espacio para mantener situaciones jurídicas de excepción, estados de emergencia que coarten los derechos de la oposición política. No hay espacio para mantener en las cárceles ni en el exilio a quienes deben beneficiarse con la reconciliación prevista en el plan de paz. No hay espacio para mirar hacia atrás: allí están la guerra, la opresión y las injusticias sociales. Construir el futuro en libertad es nuestro compromiso.
Estoy seguro de que la historia de nuestra región puede ser distinta; puede ser una historia de esperanza y de oportunidades para todos, si la escribimos en libertad. Puede ser también una historia muy triste, si algunos persisten en escribirla con dogmas y con armas. Hoy vivimos en un mundo muy diferente y nuestras discrepancias no provocarán la contienda entre las grandes potencias. Una traición a la historia, una falta de comprensión y de grandeza pueden llegar a humillar nuevamente a muchos pueblos de nuestra América.
Confío, señor presidente, en que podemos seguir luchando por la paz duradera que buscamos. Confío sobre todo en que el próximo viernes podremos convenir las acciones urgentes necesarias para mejorar las posibilidades de detener las guerras y para abrirle, de inmediato, a la democracia la puerta ancha que han anhelado durante tantas generaciones los pueblos de América.
Con muestras de mi distinguida consideración, suscribo muy atentamente. Oscar Arias Sánchez.»
Compañeros, compañeras, yo me he permitido desde luego suscribir la ponencia, la proposición que por unanimidad hicimos los partidos en el sentido de congratularnos por los resultados de la unión de Centroamérica. Pero en atención a este distinguido amigo de México, yo tengo un siguiente punto de acuerdo que espero sean ustedes tan gentiles de aprobar.
«Que esta Comisión Permanente se dirija al ciudadano Oscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, felicitándolo por su constante y esmerado esfuerzo para la pacificación de Centroamérica, que le ha valido la presea que le otorgó el Premio Nobel de la Paz y en particular porque las acciones que recomienda, propugnan por la reconciliación, por la libertad sin la intervención de las potencias extranjeras y en particular porque su plan de paz está centrado en el compromiso de democratizar la vida política y social de cada uno de los países de Centroamérica.
En la sala de legisladores de la República en esta fecha de hoy, 19 de enero, su servidor Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.»
Dejo la proposición con la secretaría esperando de ustedes su gentil aprobación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra de la proposición del señor diputado Ortiz Gallegos. Sí, señor diputado Unzueta.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): - Señor presidente, ¿sería tan gentil de hacer que se considerase de urgente y obvia resolución mi propuesta?
El C. Presidente: - Ahorita, con todo gusto vamos a tratar de someterla a la consideración de la asamblea.
El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Hemos escuchado la lectura del compañero Ortiz Gallegos de la carta que envió en la víspera de la reunión, Oscar Arias, el presidente Oscar Arias, al presidente Daniel Ortega; ahora bien, ésta es una concepción de la forma en que se enfocan los problemas de Centroamérica. Yo diría que nosotros, como legisladores, tendremos la necesidad no sólo de observar la posición de uno u otro presidente, yo creo que es la declaración conjunta de los presidentes de Centroamérica la que a nosotros nos merece completo respaldo. Yo tendría algunas observaciones que hacer a esa carta de Oscar Arias. Conozco el informe de la Comisión de Vigencia y Seguimiento que rindió a la reunión de Costa Rica, y en ese informe se señala sobre todo, y a mí me parece de mucha importancia, que a pesar del hostigamiento militar que ha sufrido Nicaragua, ésta ha avanzado en la resolución de problemas tan importantes como los que señala ahí Oscar Arias.
Yo, compañeros, propondría que nosotros incluyéramos también, como un documento en el Diario de los Debates, la declaración conjunta de los presidentes de Centroamérica. No sé si sea necesario darle lectura; algunas de las observaciones fundamentales fueron presentadas en la intervención del compañero Morquecho.
Pero a mí lo que me parece es que tomar una posición particular en relación a la reunión de Costa Rica, no nos ayudaría a percibir el conjunto del problema. Me parece que lo más adecuado en todo caso, después de aprobar la proposición que aquí hemos firmado numerosos diputados, no sé si todos, pero numerosos diputados, todos perdón, todos los miembros de la Comisión Permanente, creo que éste es el documento que para nosotros es válido, que es para nosotros el documento en el que hemos coincidido.
Yo pienso que sobre uno u otro aspecto particular, nosotros no debiéramos pronunciarnos como Comisión Permanente. En todo caso yo sugeriría que nosotros incluyéramos como un documento que satisface nuestros intereses en el esfuerzo por la pacificación de Centroámerica, la declaración conjunta de los cinco presidentes. Dejo la declaración conjunta en manos de la secretaría.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor senador Gonzalo Martínez Corbalá.
El C. senador Gonzalo Martínez Corbalá: - Con su venia, señor presidente: Yo considero, compañeros legisladores, que en la declaración que conjuntamente hemos firmado todos están expresados los conceptos que en este momento tienen actualidad, vigencia y alguna contribución útil a la paz en Centroámerica, que es innecesaria la adhesión a esta carta del presidente Arias, muy interesante, muy correcta, pero efectivamente es una posición individual, y en todo caso yo también me pronunciaría porque hubiera una adhesión, si fuera necesaria, pero creo que es innecesaria en este momento, después de firmada la Declaración Conjunta de los cinco presidentes.
Declaraciones en torno a pronunciamientos individuales de cada presidente, creo que serían improcedentes en este momento, y creo que es suficiente la declaración que ya todos hemos suscrito.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58 del Reglamento en vigor, consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta que ha formulado el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
La C. secretaria diputada Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición presentada por el diputado Ortiz Gallegos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se admite, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte a la asamblea, si se acepta que sea de obvia y urgente resolución.
La C. secretaría diputada Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
(votación.)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo... No se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, junto con el documento que entregó a la secretaría el señor diputado Gerardo Urzueta Lorenzana.
Tiene la palabra, el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Declino, señor presidente.
PETICIÓN SALARIAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señores legisladores: Es de conocimiento de todos nosotros que el día sábado pasado, el Sindicato Nacional de Instituciones de Seguros estalló una huelga y en sus 22 secciones reclamando el aumento salarial correspondiente. Creo que es importante hacer un señalamiento en torno a este caso, no solamente porque es un sindicato
nacional el que haya iniciado este movimiento, sino porque además es una primera prueba de la situación que enfrentamos, a partir de la firma del Pacto de Solidaridad Económica y en donde están en juego los conceptos fundamentales de este pacto y sus consecuencias para los trabajadores.
Quienes nos hemos opuesto al Pacto de Solidaridad Económica en todos sus términos, haciendo uso entre otras cosas de nuestro derecho constitucional a disentir con relación a las políticas del gobierno, creemos que señala elementos preocupantes que esta soberanía, debiera contemplar un aumento salarial de aproximadamente el 50% y ante la negativa de la patronal de otorgar este aumento, de acceder la demanda los trabajadores, redujo su petición al 25.5% sobre el salario contractual; hay que señalar en este caso que en las aseguradoras los dueños aumentaron los salarios de los salarios mínimos, de acuerdo estipulado en el Pacto de Solidaridad, primero del 15% y posteriormente a partir del 1o. de enero del 20% pero como es de todos conocido, este último aumento no impactó en los salarios contractuales, sin embargo, la versión oficial, el texto oficial del Pacto de Solidaridad señalada con claridad que en las revisiones contractuales debieran buscarse una equidad o una suerte de paridad con los aumentos en los salarios mínimos, esto estipulado en el texto final y por lo tanto oficial del Pacto de Solidaridad Económica; sin embargo, se les ofrece a los trabajadores un aumento del 13%. Evidentemente, como es sabido, no corresponde en lo que es ni la política de combatir la inflación vía el aumento de precios y tampoco a la situación y al ritmo inflacionario que estaríamos viviendo precisamente el mes, los últimos dos meses de diciembre y ahora de enero.
Ante esta situación, hay que señalar que se ha empezado una campaña para descalificar al movimiento huelguístico en todos sus términos y hay una frase que nos parece particularmente que releva una lógica por lo menos de los dueños de las aseguradoras y que de alguna manera pudiera reflejarse en torno a la lógica de la política salarial con relación al pacto.
El director de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Manuel Torres Partida, en una declaración pública descalificó a la huelga y acusa en particular a los dirigentes sindicales, y esto me parece lo importante, de ser los primeros en violar el Pacto de Solidaridad Económica, justamente por pedir un aumento salarial del 25.5%.
Esta lógica parece extremadamente preocupante porque ahora resulta que no es solamente el argumento en contra de las peticiones de los trabajadores, de que las empresas no pueden otorgar el aumento que piden sino que ahora se agrega el argumento de que están violando el Pacto de Solidaridad Económica. O sea, que se agrega al ya largo listado de alegatos patronales en contra de las demandas de los trabajadores, ahora el instrumento, o el argumento, mejor dicho, de que están violando el Pacto de Solidaridad Económica. Esta lógica nos parece sumamente preocupante porque abre toda una nueva veta para controlar y establecer topes salariales en el caso de las revisiones contractuales.
Este es definitivamente, uno de los aspectos que aparte de los muchos que hemos denunciado, que en nuestra opinión quedan totalmente al descubierto por el Pacto de Solidaridad Económica. Hay que señalar que hay más de 20 mil trabajadores en este momento en huelga precisamente buscando que de alguna manera ese famoso Pacto de Solidaridad, represente para ellos una alternativa frente a la crisis.
«Por lo tanto, nosotros queremos poner a consideración de ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión Permanente resuelve:
Único. Respaldar la petición salarial del Sindicato Nacional de Instituciones de Seguros en virtud de considerarla justa dentro de las actuales condiciones del país por corresponder a las necesidades de los trabajadores del ramo.
Y hemos coincidido al presentar este punto de acuerdo, el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos del Partido Acción Nacional, Roberto Calderón Tinoco del Partido Demócrata Mexicano, Gerardo Unzueta Lorenzana del Partido Mexicano Socialista y un servidor Ricardo Andrés Pascoe Pierce del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Gracias.»
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58 del Reglamento en vigor, se pregunta a la asamblea si hay oradores en pro o en contra. Bien, consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Pascoe Pierce.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
(Votación.)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Se admite, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados.
COMICIOS EN HIDALGO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Amador Amador que había solicitado.
El C. diputado Jorge Amador Amador: - Compañeras y compañeros legisladores: Lamento tener que hablar a estas horas de la sesión, pero verdaderamente es un asunto de mucha trascendencia para miles de ciudadanos mexicanos el que voy a plantear aquí con la solidaridad muy atenta de que solidariamente la escuchen y la consideren.
El pasado 6 de diciembre se realizaron los comicios electorales en el estado de Hidalgo para renovar autoridades municipales, ya antes durante el período ordinario, mi partido tomó la palabra para denunciar hechos que de proseguir en la dirección en que se estaban dando, iban a significar una violación a la voluntad popular por lo menos en dos de los municipios del estado de Hidalgo. En aquel tiempo, nos referimos a los municipios de Guasalindo y de Yahualica, denunciamos en aquella ocasión cómo en estos municipios se vio una configuración de fuerzas que aisló a los candidatos del partido oficial y colocó a la inmensa población de esos municipios al lado de las candidaturas registradas por nuestro partido, entonces como Partido Socialista de los Trabajadores, hicimos público entonces cómo, por ejemplo, en el municipio de Yahualica de las ocho casillas en cuatro no se permitió, mediante el lujo de la violencia física, la participación de nuestros representantes en esas cuatro casillas electorales. Como solamente logramos una vigilancia, de acuerdo con la ley, en cuatro de esas casillas y desde luego lo que es clásico en este tipo de situaciones.
En las casillas que fueron vigiladas por todos los representantes de los partidos, ganamos con una diferencia de 800 votos. En las casillas que no logramos vigilar, los resultados prácticamente fueron de cero votos. En el caso del municipio de Guasalingo donde inclusive los militantes del PRI sostuvieron la candidatura registrada por nosotros, todo para protestar porque se le concedió la candidatura oficial a Rafael González, miembro de una afamada familia de caciques de allí de ese municipio que tiene inclusive expedientes con antecedentes penales, en este municipio, repito, logramos que se respetara la participación de los representantes nuestros en las seis casillas y en dos fue imposible. Otra vez la violencia impidió que en esas dos casillas participaran los representantes de nuestro partido y nuestros candidatos.
¿Cuál fue el resultado? En las casillas donde el resultado es confiable, la votación fue de 2 mil 10 votos para el PST y de 895 para el PRI. En aquella ocasión denunciamos cómo para enmendar los hechos al día siguiente habían llegado en helicópteros funcionarios electorales con urnas para recoger la votación. Por lo menos en el caso del municipio de Guasalingo se votó dos días, el 6 y 7 de diciembre, pero con la pecularidad de que el 7 de diciembre el instrumento del poder público del gobierno del estado de Hidalgo, funcionarios electorales hicieron la votación sui generis de exclusivamente para los miembros del PRI, que seguramente no habían tenido oportunidad de votar las suficientes veces el día anterior.
El 8 de diciembre la reacción de la población afectada por este atraco fue inmediata. Los ciudadanos de estos dos municipios se manifestaron ante las presidencias municipales, y además en el camino que comunica a Guasalingo con Huejutla. La idea era sensibilizar a la Cámara de Diputados con nuestra denuncia, y sensibilizar al gobierno del estado de Hidalgo para que se percatara que este atraco no podría ser consumado impunemente, que había razones legales y que había indignación popular, y que era la hora de escuchar a las víctimas, de investigar los hechos y de propiciar que en el marco de la legalidad del estado de Hidalgo se rectificaran estos resultados.
Sin embargo, el día 13 de diciembre, cuando se realizó el cómputo, se confirmó el cómputo arbitrario.
Otra vez la respuesta de la población insurgente fue inmediata. Ante esta agresión los compañeros se colocaron en la carretera México - Tampico, que pasa precisamente por el pueblo de Tehuetlán. Ahí estuvieron demandando la atención de las autoridades del gobierno del estado, y manifestando su decisión de no dejar violar su derecho constitucional a elegir sus autoridades municipales.
Pareció que el gobierno del estado había comprendido que el problema era serio y que los informes
muchas veces interesados, muchas veces tergiversados de funcionarios menores, no les estaban diciendo la verdad. Fueron llamados los dirigentes de estos municipios, no solamente los dirigentes de nuestro partido sino también los dirigentes de la CNC y de otras organizaciones populares y sociales afectadas por estos hechos; inmediatamente dejaron el libre tránsito por el camino federal, por la carretera federal México - Tampico en señal de buena disposición a hablar y negociar con las autoridades del gobierno del estado los ciudadanos de estos dos municipios, y se realizó una conversación con el secretario general de gobierno en Pachuca. Ahí, repito, diversas personalidades expusieron su versión de los hechos. Entre otros, nada más para señalar algunos ejemplos, hablaron Alfredo y Camilo Fallá, de la Confederación Nacional Campesina, Artemio Mendoza, de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades, de la Huasteca hidalguense y muchas otras familias de reconocida autoridad y solvencia moral en la región.
La promesa del gobierno del estado fue profundizar la investigación de los hechos; la promesa fue rectificar, repito, en el marco de la legalidad del estado de Hidalgo, todo lo que hubiera que ser rectificado.
Sin embargo, el 23 de diciembre, el Colegio Electoral Estatal simple y sencillamente ratificó lo que se había venido haciendo por las autoridades electorales inferiores. La irritación popular en estos dos municipios y en otros dos municipios del estado de Hidalgo: el de Tenango de Doria, donde fue el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el que registró a los candidatos ganadores, y en Tlahuelilpan, que fue un candidato independiente, el que contendió y ganó, la irritación, repito, es prácticamente incontenible.
Por eso, por mi conducto, los ciudadanos de estos municipios lanzan una segunda exhortación al Poder Legislativo Federal para que intervenga, de alguna manera, para sensibilizar a las autoridades del estado de Hidalgo.
Nosotros no somos partidarios de la teoría de que estamos en una situación parecida a la de Filipinas, antes de que fuera derrocado su dictador. Nosotros estamos seguros de que estamos en condiciones socialmente diferentes; pero algunas autoridades locales y algunos intereses regionales parecieran estar interesados en que el país marchara por ese rumbo.
No creo que las altas autoridades de la nación tengan interés en que estos problemas localizados poco a poco se vayan convirtiendo en problemas generalizados.
Por eso esta denuncia tiene fundamentalmente el propósito de llamar la atención sobre los hechos y, sobre todo, el de informarles a ustedes de que los ciudadanos de estos municipios de ninguna manera aceptarán esta imposición ilegal.
Desde hace unos días, dos para ser más exactos, vienen marchando por las carreteras que confluyen hacia Pachuca; desde hace dos días está establecida una parada permanente en la plaza principal de la ciudad de Pachuca.
Tenemos elementos que nos permiten afirmar que se concentrarán por lo menos 15 mil ciudadanos en estas marchas y en estas manifestaciones, y ahí estaremos, demandando el respecto a la voluntad popular.
Quiero decirles a ustedes que cuando las autoridades superiores no son sensibles y con su silencio parecieran sostener un acto ilegal, convalidando un acto ilegal, lo que se genera abajo, luego es una situación muy peligrosa, de enfrentamiento, quienes sienten que han logrado la impunidad, luego también creen que han conquistado todo tipo de impunidad.
El día 17 de enero recientemente el ex presidente municipal de Huasalingo, de nombre Pedro Gregorio Bautista, cuando fue exhortado por una manifestación pública de ciudadanos para que rindiera su informe acerca de su gestión municipal, su respuesta fue sacar una pistola de alto calibre, de las que reglamentariamente soló puede utilizar el ejército y disparar a uno de los manifestantes y herir de manera mortal al compañero Angel Vega, quiero rectificar, el ex presidente municipal Angel Vega Mendoza disparó contra el ciudadano Pedro Gregorio Bautista.
Compañeras y compañeros, se puede deteriorar la situación aparte de la marcha, los ciudadanos de los cuatro municipios están en posesión de los edificios de las presidencias municipales, tienen derecho, tienen la Constitución de su lado, esperamos que tengan también a los compañeros legisladores de la Comisión Permanente de su lado; independientemente de partidismos, los programas de todos los partidos anotan y los principios de todos los partidos declaran que estamos por la soberanía popular, por el respeto irrestricto del voto, por el municipio libre en aras de la vigencia plena de todos estos principios; yo los exhorto a estar del lado los ciudadanos de Huasalingo, y de Yahualica y de los otros municipios del estado de Hidalgo donde se pretende consumar un atraco a la voluntad popular.
No reclamo ningún trámite formal, en todo caso dejo a criterio de la presidencia el que pudiera darle algún curso a esta denuncia. Muchas gracias.
SOLICITUD PARA COMPARECENCIA
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. diputado Jorge Eugenio Ortíz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente: Muy brevemente, compañeras y compañeros. Tengo aquí solicitud para el señor presidente de la Comisión Permanente, que dice:
En la primera sesión de esta Comisión Permanente de fecha 6 de enero del año en curso, presenté a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una proposición para que "el director de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comparezca a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que explique ampliamente todo lo relacionado con los bonos del tesoro norteamericano que se pretenden adquirir para garantizar la emisión de bonos de la deuda pública mexicana".
Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Siendo el asunto planteado de suma trascendencia para la vida económica y política del país y toda vez que la Comisión de Hacienda no ha dictaminado dicha proposición, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 y 21 fracción XVI del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pido a esta presidencia haga una excitativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que dentro del término que establece el artículo 87 del citado reglamento, dictamine a la que he hecho referencia.
En esta sala el día de hoy, 19 de enero de 1988, el suscrito diputado Jorge Ortíz Gallegos, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente.
El C. Presidente: - Esta presidencia excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados, para que resuelva a la mayor brevedad posible, la solicitud que obra en su poder. Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente Tercer Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día
27 de enero de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Tamaulipas, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano ingeniero Américo Villarreal Guerra, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 31 de enero.
El Congreso del Estado de Yucatán, invita a la sesión solamente en la que el ciudadano licenciado Víctor Manzanilla Schaffer, rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado, la que tendrá lugar el 1o. de febrero.
Dictámenes de primera lectura
De la Tercera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de varios ciudadanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Venezuela.
De la Tercera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Jorge Enrique Robles Saavedra, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Mercedes María del Pilar Zarza González, María Villanueva Escudero, Claudia Marisa Torres Mendoza, Irma Ivonne Macías Mayorga, José Juárez López, Agustín Ramos Landey, Estela Díaz de Salas Poyo, Mónica Sabrina Nava García, Silvia Alejandra Muñoz Cirio, María Leonor Susana Verduzco Magaña y Adriana Lorena Franco Roedel, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión, relativo a las solicitudes de permiso de las ciudadanas Luz María Sánchez, Graciela Barajas y Blanca Pulido, puedan prestar servicios en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto a la ciudadanía Raquel Sales Vargas de Guarneros, para prestar
servicios en la Embajada de la República de Corea en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Angel Olmedo Rodríguez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Filipinas en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Montiel Gallegos, para prestar servicios en la Embajada de la República Socialista de Checoslovaquia en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jacinto Larrieta Cano Y Carlos Romero Guerrero, para prestar servicios en la Embajada de Venezuela en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 16:45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de enero a las once horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES