Legislatura LIII - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19880328 - Número de Diario 14

ENCABEZADO

LIII LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO de los DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registro como artículo de 2a. clase de la Administración de Correos, el 21 de septiembre se 1921

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Lic. Nicolás Reynés Berezaluce

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic. Benjamín Martínez

AÑO III México, D.F., lunes 28 de marzo de 1988 NÚM. 14

SUMARIO

ASISTENCIA

Relación de legisladores asistentes.

APERTURA

Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Sin discusión, se aprueba.

INVITACIÓN

Del Congreso del Estado de Hidalgo al primer informe de gobierno el 7 de abril. Se nombra comisión

SOLICITUDES DE LICENCIA

Oficio del diputado Héctor M. Calderón Hermosas, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio del diputado Manuel Terrazas Guerrero, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio del diputado José Ángel Conchello Dávila, para separase de sus funciones de diputado federal.

Oficio del diputado Jaime Aguilar Alvarez Mazarrasa, para separarse de sus funciones de diputado federal

Oficio del diputado Manuel Jiménez Guzmán, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio de la diputada Jarmila Olmedo de Garcilita, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio de la diputada María Luisa Mendoza Romero, para separarse de sus funciones de diputada federal.

Oficio del diputado Alfonso Godínez López, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio del diputado Juan José Castillo Mota, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio del diputado Manuel Monarrez Valenzuela, para separarse de sus funciones de diputado federal

Oficio de la diputada Ofelia Casillas Ontiveros, para separarse de sus funciones de diputada federal.

Oficio del diputado Gonzalo Altamirano Dimas. para separarse de sus funciones de diputado federal

Oficio de la diputada Beatriz Gallardo Macías, para separarse de sus funciones de diputada federal.

Oficio del diputado Javier Pineda Serino, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Oficio del diputado Adrián Mora Aguilar, para separarse de sus funciones de diputado federal.

Se consideran de urgente resolución. Se dispensa todos los trámites. Se aprueban. Comuníquese.

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS

Del Congreso del Estado de Campeche. Comunica su mesa directiva para el mes de marzo. De enterado.

Del Congreso del Estado de Tabasco. Comunica su mesa directiva para el mes de marzo. De enterado

OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Oficio por el que se solicita permiso para que la C. Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, preste sus servicios en la Embajada de Jamaica en México. Se recibe y se turna a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Del C. general brigadier diplomado de estado mayor, Alberto Santander Bonilla. se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. general brigadier diplomado de estado mayor, Jorge Pérez Toledo. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. coronel de infantería, José Francisco Bravo Torres. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. general de grupo piloto aviador diplomado de estado mayor aéreo, José Sánchez Sandoval. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. General brigadier Alejandro García Celis. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. coronel de justicia militar, Guillermo Bretón Domínguez. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. general brigadier, Mario Arturo Acosta Chaparro, Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. general de ala piloto aviador, Juan Manuel Wonchee Montaño. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

Del C. general brigadier diplomado de estado mayor, Héctor Alfredo Monroy Plascencia. Se recibe y se turna a la Segunda Comisión.

SOLICITUD DE LICENCIA

Del C. Leopoldino Ortiz Santos, por 14 meses, para separarse del cargo de ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le dispensa todos los trámites. Se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

NOMBRAMIENTO

De la Primera Comisión para que el C. Tomás de Rueda Alatorre, acepte y desempeña el cargo de vicecónsul honorario de Noruega en Mazatlán, con circunscripción consular en los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión para que los CC. Margarita Morales Escudero y Agustín Cázares García, presten sus servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en México.

De la Primera Comisión para que la C. Blanca Esther Flores Ávila presente sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

De la primera Comisión para que la C. Marisela Meza Sahagún, preste sus servicio en el Consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

De la Segunda Comisión para el C. Juan Francisco Diéguez Rodríguez. Aprobado. Comuníquese.

De la Segunda Comisión para el C. Enrique Ramírez Jiménez. Aprobado. Comuníquese.

CONDECORACIÓN

De la tercera Comisión para que el C. René Delgado Ballesteros, acepte y use la que le confiere el gobierno de Bélgica. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Tercera Comisión para que el C. Sergio Mercado Vega, preste sus servicios en la Embajada de Canadá en México. Aprobado, Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión para que la C. Celia Cobos Cárdenas, preste sus servicios en la embajada de Finlandia en México. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión para que el C. José Raúl Hernández, preste sus servicios en la Embajada de Filipinas en México. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES

La presidencia notifica de legisladores inscritos.

PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA

El diputado Héctor Morquecho Rivera, expone reflexiones de la crisis económica

Intervienen, en consideraciones al tema, los diputados Roberto Calderón Tinoco, Ricardo Pascoe Pierce y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

Para hechos, los diputados Alfonso Reyes Medrano, Gerardo Unzueta Lorenzana y Roberto Calderón Tinoco.

Para hechos, los diputados Héctor Morquecho Rivera, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Alfonso Reyes Medrano.

Para alusiones personales, el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos

DEL ESTADO DE CHIAPAS

El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, propone se elabore nuevo dictamen, por la denuncia presente contra el gobernador del estado. Debate el diputado David Jiménez González, en contra.

La secretaría da lectura a los pasos que se han seguido. El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana hace consideraciones. Para hechos, los diputados Santiago Oñate Laborde, David Jiménez González y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

Se lee la propuesta del diputado Unzueta Lorenzana, y hace consideraciones. Se desechan la propuesta.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE

(Asistencia de diecinueve ciudadanos legisladores)

ASISTENCIA

Amador Amador, Jorge; Calderón Tinoco, Roberto; Hernández de Galindo, Silva; Hoyos de Navarrete, Myrna Esther; Jiménez González, David; Madero González, Francisco José; Maldonado Pereda, Juan Martínez Corbalá, Gonzalo; Martínez Martín, Ramón; Martínez Rivero, Abraham; Mora Plancarte, Norberto; Morquecho Rivera, Héctor; Muñoz Mosqueda, Gilberto; Oñate Laborde, Santiago; Ortiz Arana, Fernando; Ortiz Gallegos, Jorge Eugenio; Pascoe Pierce, Ricardo; Ramos Dávila, Yrene; Reyes Esparza, Diamantina; Reyes Medrano, Alfonso; Reynés Berezaluce, Nicolás; Trasviña Taylor, Armando; Unzueta Lorenzana, Gerardo; Zegbe Sanén, Alfonso.

APERTURA

El C. Presidente (a las 11:25 horas): -Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:

«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente.- Tercer Receso de la LIII Legislatura.

Orden del Día

28 de marzo de 1988

Lectura del acta de la sesión anterior

El Congreso del Estado de Hidalgo, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Adolfo Lugo Verduzco, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el 7 de abril.

Comunicaciones de ciudadanos diputados.

Comunicaciones de los Congresos de los estados de Campeche y Tabasco.

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, pueda prestar servicios en la Embajada de Jamaica en México.

Nueve con los que se remiten las hojas de servicios de los CC. Alberto Santander Bonilla, Jorge Pérez Toledo, José Francisco Bravo Torres, José Sánchez Sandoval, Alejandro García Celis, Guillermo Bretón Domínguez. Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, Juan Manuel Wonchee Montaño y Héctor Alfredo Monroy Plascencia, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por el que se comunica que el Presidente de la República, de conformidad con el artículo 100 constitucional, concede nueva licencia al licenciado Leopoldino Ortiz Santos, para estar separado del cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Tomás de Rueda Alatorre, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Noruega en Mazatlán, con circunscripción consular en los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Margarita Morales Escudero y Agustín Cázares García para prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.

Dos de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se concede permiso a las CC. Blanca Esther Flores Ávila y Marisela Meza Sahagún, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.

Dictámenes a discusión

Dos de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los CC. Juan Francisco Diéguez Rodríguez y Enrique Ramírez Jiménez.

De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. René Delgado Ballesteros, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Tres de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a los CC. Sergio Mercado Vega, Celia Cobos Cárdenas, y José Raúl Tapia Hernández, para prestar servicios en las embajadas: de Canadá, Finlandia y Filipinas en México, respectivamente.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:

«Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congresos de la Unión, el día veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y ocho

Presidente del C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce

En la ciudad de México, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de veintitrés legisladores.

Se da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin discusión alguna.

La presidencia resalta la presencia en esta sesión del embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, señor Bujari Ahmed.

La secretaría da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo, por la cual invita a esta comisión a la sesión solemne en la que el ciudadanos Miguel Borge Martín, gobernador constitucional del estado, rendirá su primer informe de gobierno. Se designa para asistir a dicho acto a los señores senador Alberto Villanueva Sansores y diputada Yrene Ramos Dávila.

La propia secretaría da cuenta con un oficio del Congreso del Estado de Guanajuato en el que comunica la apertura y clausura de su segundo período extraordinario de sesiones. De enterado.

La secretaría da lectura a un oficio del Congreso del Estado de Guerrero, por el que se comunica la apertura de su primer período ordinario de sesiones y la elección de su mesa directiva. De enterado.

La secretaría da lectura a los siguientes oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno con el remite informe de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de la República durante el mes de febrero del año en curso, en la campaña contra el narcotráfico. Recibo. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Uno por el que se solicita permiso para que los señores Margarita Morales Escudero y Agustín Cázares García pueda prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México. Se turna a la Tercera Comisión.

Uno por el que se solicita permiso para que la ciudadana Blanca Esther Flores Ávila pueda prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. se turna a la Tercera Comisión.

Uno por el que se comunica el nombramiento hecho por el presidente de la República en favor del señor Enrique Fernández Zapata como cónsul general de México en Sidney, Australia para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turna a la Segunda Comisión.

Uno por el que se solicita permiso para que el señor Tomás de Rueda Alatorre pueda desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Noruega en Mazatlán, con circunscripción consular en los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Se turna a la Tercera Comisión.

Diez con los que se remiten las hojas de servicios de diez miembros del ejercito ascendidos al grado inmediato superior por el Presidentes de la República para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turna a la Segunda Comisión.

La secretaría da lectura a un dictamen de la Tercera Comisión con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor René Delgado Ballesteros para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica. Es primera lectura.

La propia secretaría da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor Sergio Mercado Vega para prestar servicio en la Embajada de Canadá en México. Es de primera lectura.

La secretaría da lectura a un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se ratifica el nombramiento que le Ejecutivo de la Unión hizo en favor del licenciado Alfredo del Mazo González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Bélgica. Sin que amerite discusión, la asamblea aprueba por mayoría de votos el punto de acuerdo haciéndose la siguiente declaratoria: Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La presidencia informa a la asamblea que se encuentra a las puertas de este recinto el licenciado Alfredo del Mazo González, cuyo nombramiento acaba de ser ratificado, y designa a la senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete y a los diputados Roberto Calderón Tinoco y Alfonso Reyes Medrano para que lo introduzcan al salón a fin de rendir la protesta de ley, la cual le es tomada por el Presidente de la Comisión Permanente en los términos de la Constitución General de la República .

La secretaría da lectura a cinco dictámenes, con puntos de acuerdo, de la Segunda Comisión, por los que se ratifican los nuevos grados militares que les fueron conferido por el Presidente de la República a los señores Ángel Jorge Lasso de la Vega y Corona, Héctor López Ortega, Rodolfo Segura Ortega, Jesús Germán Porras Martínez y Ruffo Ramírez Pérez. Sin que ameriten discusión los puntos de acuerdo de los dictámenes de referencia, son aprobados por la asamblea, haciéndose en cada caso la siguiente declaración: Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La secretaría da lectura al dictamen de la Tercera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor Norbert Hahnel para

aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania. Sin que amerite discusión, se pone a votación de la asamblea, emitiéndose veinticuatro votos en pro. La presidencia declara: Aprobado el proyecto de decreto por veinticuatro votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La secretaría da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a las ciudadanas María Teresa Rodríguez Almada y Elena Marcela Grognard Merger, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México. Es de segunda lectura. Se pone a discusión de la asamblea el proyecto de decreto, y sin que haya oradores en lo general ni en lo particular, la presidencia solicita a la secretaría proceda a recoger la votación nominal en un solo acto emitiéndose veintidós votos en pro, declarado la presidencia aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La propia secretaría da lectura a dos dictámenes, con proyecto de decreto, de la Primera Comisión, por los que se concede permiso a los señores Saulo Luna Delgado y Raquel Beltrán Ramírez para prestar servicios en las embajadas de las Repúblicas de Francia y Filipinas en México, respectivamente. Son de segunda lectura. Sin que ameriten discusión, se procede a recoger la votación nominal de la asamblea, emitiéndose veintitrés votos en pro. La presidencia declara: Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Hace uso de la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos del Partido Acción Nacional para dar lectura a una comunicación del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, dirigida al gobernador del estado de Hidalgo en los que se quejan de actos cometidos en la comunidad de Acatenco, municipio de Tianguistengo en dicha entidad federativa: solicitan la libertad de campesinos detenidos en otros municipios del mencionado estado y la solución a problemas de tenencia de la tierra. Al término de dicha lectura el legislador panista solicita que la Comisión de Reforma Agraria actúe para investigar esta denuncia. La presidencia acuerda turnar a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados este asunto para que en el seno de la misma se resuelva lo procedente y desde luego hará la recomendación para que se atienda de inmediato a los campesinos que se encuentran en las afueras de esta Cámara.

El mismo diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos formula una denuncia contra el delegado del Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón en el sentido de que ha ordenado eliminar toda la propaganda política electoral de los partidos de oposición y en forma especial la del Partido Acción Nacional, solicitando que esta denuncia sea turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que a su vez la turne a la Comisión Federal Electoral para los efectos legales procedentes. La presidencia acuda: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que en el seno de la misma se resuelva lo procedente.

Hace uso de la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista para presentar una propuesta de pronunciamientos de la Comisión Permanente, Firmada por legisladores de todos los partidos políticos en los siguientes términos: "La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión llama la atención del pueblo mexicano, de sus partidos políticos y de sus organizaciones sociales, sobre la necesidad de oponer a todo tipo de acción intervencionista la más amplia solidaria con los pueblos de Panamá y Nicaragua, que los ayude a enfrentar la grave situación creada por la acción política y la permanencia militar extranjera. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita del gobierno mexicano la actuación en todos los foros internacionales donde ello sea posible, para reclamar el cese de cualquier presión, acto intervencionista o coacción militar que ponga en riesgo la paz en Centroamérica". Por instrucciones de la presidencia, la secretaría consulte a la asamblea si se aprueba o no la proposición anterior, la cual es aprobada en votación económica, ordenando la misma presidencia dar cumplimiento a dicho acuerdo.

Hace uso de la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, para referirse al problema que confrontan desde hace varios años trabajadores despedidos de la empresa Good Year Oxo y que fue turnado hace dos años a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, solicitando a la presidencia excitar a dicha comisión para que conozca el caso de estos trabajadores. La presidencia, de conformidad con el Reglamento Interior excita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para conocer el caso de los trabajadores despedidos de la empresa Good Year Oxo.

La presidencia solicita a la secretaría dar cuenta con varias solicitudes de ciudadanos legisladores que se acaban de recibir. La secretaría da lectura a comunicaciones de los señores diputados Fernando Ortiz Arana, diputado Santiago Oñate Laborde, diputado Juan Moisés Calleja, senador Abraham

Martínez Rivero, diputado César Augusto Santiago Ramírez, senador Raúl Castellano y senador José Antonio Padilla Segura, por medio de las cuales solicitan permiso para separarse de sus respectivos cargos. La presidencia considera los asuntos con los que se acaba de dar cuenta como de urgente resolución y solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se les dispensa todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. La asamblea dispensa los trámites y se pone a discusión los respectivos puntos de acuerdo:

Se concede licencia al diputado Fernando Ortiz Arana para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXXI Distrito Federal a partir del 21 de marzo de 1988, y para separarse de sus funciones como representantes de la honorable Cámara de Diputados ante la Comisión Permanente. Sin que, amerite discusión, son aprobados por la asamblea, haciendo la presidencia la siguiente declaratoria: Llámese al sustituto, diputado Jorge Flores Solano.

Se concede licencia al diputado Santiago Oñate Laborde para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXV Distrito del Distrito Federal a partir del 31 de marzo de 1988 y para separarse de sus funciones como representante de la honorable Cámara de Diputado ante la Comisión Permanente. Sin que amerite discusión, son aprobados por la asamblea, haciendo la presidencia la siguiente declaratoria: Llámese al sustituto diputado Melquiades Morales Flores.

Se concede licencia al diputado Juan Moisés Calleja García para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXIX Distrito del Distrito Federal a partir del 31 de marzo de 1988 y para separarse de sus funciones como representante de la honorable Cámara de Diputado ante la a Comisión Permanente. Sin que amerite discusión, son aprobados por la asamblea, declarando la presidencia: Llámese al sustituto diputado Eduardo Robledo Rincón.

Se concede licencia al senador Abraham Martínez Rivero para separarse de sus funciones como senador de la República por el Distrito Federal a partir del 31 de marzo de 1988 y para separarse de sus funciones como representante de la cámara de Senadores ante la Comisión Permanente. Sin que amerite discusión son aprobados por la asamblea, declarando la presidencia: Llámese al sustituto, senador Artemio Caamal Hernández.

Se concede licencia al diputado César Augusto Santiago Ramírez para separarse de sus funciones como diputado federal por el II Distrito del estado de Chiapas a partir del 31 de marzo de 1988 por la asamblea. Comuníquese .

Se concede licencia al senador Raúl Castellano Jiménez, para separarse de sus funciones como senador de la República por el estado de Coahuila a partir del 31 de marzo de 1988. Sin que amerite discusión, se aprueba por la asamblea. Comuníquese.

Se concede licencia al senador José Antonio Padilla Segura para separarse de sus funciones como senador de la República por el estado de San Luis Potosí, a partir del 31 de marzo de 1988. Sin que amerite discusión, se aprueba por la asamblea . Comuníquese.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.

A las catorce horas, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes veintiocho de marzo a las once horas.»

El mismo C. Secretario: - Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.

INVITACIÓN

La C. secretaria diputado Yrene Ramos Dávila:

«C. presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F.

La Quincuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo invita a usted a la sesión Solemne en la que el ciudadano Adolfo Lugo Verduzco Gobernador Constitucional del Estado rendirá su Primer Informe de Gobierno a la 11:00 horas en el recinto oficial de la H. Cámara de Diputados.

Pachuca de Soto. Hgo., 7 de abril de 1988.

El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente , se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Senador Luis José Dorantes Segovia y diputado Alfonso Reyes Medrano.

SOLICITUDES DE LICENCIA

La misma C. Secretaria: - Se dará lectura a solicitudes de licencia de ciudadanos diputados.

«México, D. F., a 23 de marzo de 1988.

C. presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce.- Presente.

Héctor M. Calderón Hermosa, diputado federal de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, electo por la circunscripción plurinominal número 1, ante esa Comisión Permanente, comparezco para exponer.

Para dar cumplimiento a lo que establece la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral y en virtud de haber sido postulado por mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana como candidato para integrar la Asamblea de representantes del Distrito Federal, por medio de este escrito solicito licencia para separarme de mis funciones como diputado federal.

Atentamente.

Rúbrica.»

La misma C. secretaria:

«México, D. F., 23 de marzo de 1988.

C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

A través de este medio y de la manera más atenta me permito solicitar de la "Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión por su digno conducto la autorización que marca la ley para ser relevado del honoroso cargo de diputado federal en la LIII Legislatura, que he venido ejerciendo desde el 1o. de septiembre de 1985.

Me impulsa a tomar esta decisión el deber de cumplir con los términos del artículo 370, fracción XII del Código Federal Electoral, a fin de estar en condiciones de contener en las elecciones del próximo 6 de julio del presente año para la Asamblea de Representantes del Distrito Federal postulado por mi partido, el Partido Mexicano Socialista.

Agradezco en todo su valor la atención y la decisión favorable a la presente solicitud.

A usted y a todos los integrantes de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, un afectuoso y cordial saludo, con mis mejores deseos de éxito en su trabajo para bien del pueblo de México.

Diputado Federal Manuel Terrazas Guerrero.»

La misma C. Secretaria:

«México, D.F., 25 de marzo de 1988.

C. Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. - Presente.

Con fundamento en el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 370 fracción XII del Código Federal Electoral, por la presente me dirijo a esa Gran Comisión a su digno cargo, a fin de solicitar licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LIII Legislatura, con objeto de desarrollo mi campaña como represente propietario de la Asamblea del Distrito Federal.

Esperando el acuerdo correspondiente, para todos los efectos constitucionales, me es muy grato protestar a ustedes la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente.

"Por una patria ordenada y generosa"

Licenciado José Ángel Conchello Dávila, diputado federal.»

La misma C. Secretaria:

«Jaime Aguilar Alvarez Mazarrasa. - Diputado Federal. - México, D.F., a 25 de marzo de 1988.

Diputado Licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Mi partido, el Revolucionario Institucional, me ha designado al postularme como candidato a representar a la Asamblea del Distrito Federal por el XX Distrito Electoral del Distrito Federal, por lo que en mi calidad de diputado de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, me permito exponer a usted lo siguiente:

Los requisitos de elegibilidad a la Asamblea del Distrito Federal contemplan, en el caso de los diputados federales, la obligación de separarse de sus funciones 90 días antes de la fecha de los comicios constitucionales, tal y como lo establece la fracción XII del artículo 370 del Código Federal Electoral, por lo que, por este conducto, respetuosamente solicito a esa presidencia a su digno encargo, someta a la consideración de la soberanía de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mi atenta solicitud para separarme como diputado federal, por las razones ya consideradas.

Asimismo, quiero reconocer la alta distinción que mis compañeros diputados me confirieron al elegirme como comisionado de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ante la Comisión Federal Electoral, agradeciendo

a los ciudadanos diputados de todas las fracciones parlamentarias su apoyo para el mejor cumplimiento de mis funciones, y expresar mi convicción de que dentro de la pluralidad sabremos todos encontrar camino que conduzca al país a mejores niveles de desarrollo político económico y social.

A los miembros de la Gran Comisión de la honorable Cámara de diputados y en especial a su presidente, mi reconocimiento por su labor parlamentaria y mi afecto personal.

Reitero a ustedes las seguridades de mi amistad.

Rúbrica.»

La misma C. Secretaria:

«Licenciado Manuel Jiménez Guzmán, diputado Federal. - México, D.F., a 23 de marzo de 1988.

Diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Manuel Jiménez Guzmán, diputado federal por el XXXVI Distrito Electoral del Distrito Federal, en la LIII Legislatura y miembro sustituto de esa honorable Comisión Permanente, bajo su atinada presidencia, ante usted comparezco para exponer:

Que en virtud de mi partido, el Revolucionario Institucional, me distinguió postulándome como candidato propietario a representante a la Asamblea del Distrito Federal y que, dentro de los requisitos de elegibilidad que establece el Capítulo Tercero, Libro Noveno, artículo 370, fracción XII del Código Federal Electoral, se determina que en el caso de los diputados federales, deberán separarse definitivamente de sus funciones, 90 días antes de la fecha de la elección, acudo por medio de la presente, a solicitar a esa presidencia, ponga a consideración de la soberanía de la Comisión Permanente, mi pedimento para separarme como diputado federal y de la honrosa y alta distinción que se me otorga como sustituto de esa honorable Comisión Permanente por las razones ya señaladas.

Sin otro particular, hago propiciar la ocasión para confirmarle el testimonio de mi razonada solidaridad.

Rúbrica.»

La misma C. Secretaria:

«Licenciada Jarmila Olmedo de Garcilita, diputado Federal. - México, D.F., 23 de marzo de 1988.

Diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Jarmila H. Olmedo Dobrovolny, diputada federal de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, bajo su atinada presidencia, ante usted comparezco para exponer:

Que en virtud de que el partido político en el que milito, el Revolucionario Institucional, me distinguió postulándome como candidato prioritario a representar a la Asamblea del Distrito Federal y que, dentro de los requisitos de elegibilidad que establece el Capítulo Tercero, Libro Noveno, artículo 370 fracción XII del código Federal Electoral, se establece que en el caso de los diputados federales, deberán separarse de sus funciones 90 días antes de la fecha de la elección, por medio de la presente me permito solicitar a esa presidencia ponga a consideración la soberanía de la Comisión Permanente, mi pedimento para separarme de mi cargo como diputada federal por las razones ya mencionadas.

Asimismo, dejo constancia de mi profunda satisfacción por haber tenido el gran honor de formar parte de la LIII Legislatura, expresando por usted, mi reconocimiento, a los compañeros diputados de mi partido y de las diferentes fracciones parlamentarias, con quienes conjuntamente participé en el ejercicio de las elevadas funciones que corresponden a la Cámara Federal de Diputados.

Con mi permanente admiración y respeto, me manifiesto como siempre a sus distinguidas órdenes.

Atentamente.

Rúbrica.»

La misma C. Secretaria:

«Palacio Legislativo, marzo 23 de 1988.

C. Licenciado diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados. - Presente.

María Luisa Mendoza Romero, diputada federal a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, vengo ante usted a exponer el honroso cargo que se me ha otorgado:

El Partido Revolucionario Institucional en el cual milito desde hace muchos años en el orgullo, me ha distinguido postulándome candidato propietario a representante de la Asamblea del Distrito Federal, por el XXVII Distrito Electoral; así pues dentro de los requisitos de elegibilidad que establece el Capítulo Tercero, Libro Noveno, artículo 370, fracción XII del Código Federal Electoral, se determina

que en el caso de los diputados federales, deberán separarse de sus funciones 90 días antes de la fecha de la elección, por ello mismo la presente tiene por objeto solicitar de esa presidencia, ponga a consideración de la soberanía de la Comisión Permanente mi pedimento para separarme como diputado federal por las razones ya apuntadas.

Quiero dejar dicho aquí, señor presidente, mi gran satisfacción y honor de haber estado integrando la LIII Legislatura. Cada uno de lo días vividos en ella intensamente sirviendo a mi patria, han sido definitivos, incomparables y para siempre memorables en mi vida política. Creo haber servido asimismo al estado de Guanajuato, al IX Distrito Electoral que votó por mí como su representante. La LIII Legislatura significa en el peso de la palabra, la solidaridad, por ello hago aquí un reconocimiento a todos mis compañeros generosos y buenos, navegantes conmigo en la ideología revolucionaria que sustenta nuestras conciencias. Deseo hacer extensiva mi gratitud a todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias al lado de quienes participé en el noble ejercicio de las altas funciones que le corresponde a la honorable Cámara de Diputados.

Como representante de la Asamblea del Distrito Federal, seguiré combatiendo por las mejores causas de pueblo al que pertenezco, siguiendo el camino de lealtades que pretendí en este soberbio gajo de mi historia, si el voto así me lo permite y otorga.

Aquí está, señor presidente, mi respeto, mi amistad, mi lealtad y mi memoria.

Atentamente.

María Luisa Mendoza Romero.»

La misma C. secretaria:

«México, D.F., a 24 de marzo de 1988.

Diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Mi partido, el Revolucionario Institucional, me ha distinguido al postularme como candidato a representar en la Asamblea del Distrito Federal por el XVIII Distrito Electoral de esta ciudad capital, por lo que, en mi calidad de diputado federal de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, me permito exponer a usted lo siguiente:

Los requisitos de elegibilidad a la Asamblea del Distrito Federal contempla, en el caso de los diputados federales, la obligación de separarse de sus funciones 90 días antes de la fecha de los comicios constitucionales, tal y como lo establece la fracción XII del artículo 370 del Código Federal Electoral, por lo que, por este conducto, respetuosamente solicito a esa presidencia a su digno cargo, someta a la consideración de la soberanía de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mi atenta solicitud para separarme como diputado federal, por las razones ya consideradas.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi respeto y amistad.

Atentamente.

Diputado licenciado Alfonso Godínez López.»

La misma C. Secretaria:

«México, D.F., 24 de marzo de 1988.

Licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Juan José Mota, diputado federal por el XXII Distrito Electoral del Distrito Federal, en pleno uso y disfrute de sus derechos políticos y ciudadanos, señalado como domicilio para oír y recibir la respuesta que legalmente corresponda a la presente promoción, la calle de Puente de Alvarado No. 75, 1er. piso, colonia Buenavista, ante usted comparezco para exponer:

Que en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional en el que milito desde hace más de 38 años, me distinguió postulándome como candidato propietarios a representar a la Asamblea del Distrito Federal y que, dentro de los requisitos de elegibilidad que establece el Capítulo Tercero, Libro Noveno, artículo 370, fracción XII del Código Federal Electoral, se determina que en el caso de los diputados federales, esto deberán separarse definitivamente de sus funciones 90 días antes de la fecha de la elección, vengo por medio de la presente, a solicitar de esa presidencia, someta a consideración de la Comisión Permanente, mi solicitud para separarme del cargo de elección popular que ostento como diputado federal a a partir del 1o., de abril del presente año.

Fundo mi petición en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

HECHOS

1. Desde el 1o. de septiembre de 1985, me vengo desempeñando como diputado federal tal y como consta en lo registros respectivos de esta honorable Cámara de Diputados, de la Comisión Federal Electoral y de la Secretaría de Gobernación.

2. El Partido Revolucionario Institucional, al cual pertenezco, me ha postulado y registrado ante la Comisión Local Electoral para contender en las próximas elecciones, por su escaño en la naciente Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

DERECHO

En cuanto al fondo y procedimiento son aplicables a esta solicitud los artículos 73, fracción VI, base tercera, párrafo quinto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 55 del mismo texto; 78 y 79 fracción VIII de la propia Carta Magna, 26 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y 370 fracción XII del Código Federal Electoral.

Por lo expuesto, a usted ciudadano presidente de la Comisión Permanente, atentamente pido se sirva:

Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma con esta promoción que contiene la solicitud de licencia al cargo de diputado federal que ostento.

Segundo. Turnar la misma, a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que con base en el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos conozca y resuelva en los términos señalados la presente solicitud de licencia.

Tercero. Ordenar se me acuse recibo del presente escrito, así como se me expida copia del oficio mediante el cual se turne solicitud de licencia a la Comisión Permanente del honorable Congresos de la Unión.

Cuarto. Notificarme oportunamente la resolución respecto a esta solicitud, del cuerpo colegiado antes mencionado.

Rúbrica.»

La misma C. Secretaria:

«Marzo 24, 1988.

Diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Por la decisión de los ciudadanos del XXXV Comité Distrital Electoral de la capital de la República, me correspondió el alto honor de representarlos en la LIII Legislatura, situación que fue posible también gracias a la postulación que originalmente hiciera mi partido el Revolucionarios Institucional.

Conforme es ya de su conocimiento el Partido Revolucionario Institucional, me ha distinguido nuevamente con la seria responsabilidad de postularme como candidato a representante de la Asamblea del Distrito Federal, por el VII Distrito Electoral, y en virtud de que para estar en posibilidad de elegibilidad y en cumplimiento de los requisitos que señale el Capítulo Tercero del Libro Noveno, artículo 370, fracción XII del Código Federal Electoral, que para los diputados federales señala que deberán separarse definitivamente de sus funciones noventa día antes de la fecha de la soberanía de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la solicitud de su servicio Manuel Monarres Valenzuela, para separarme del cargo de diputado federal, por los motivos y razones entes señalados.

Aprovechando esta atenta solicitud para manifestar el reconocimiento a todos y cada uno de los compañeros diputados federales de esta LIII Legislatura, especialmente a los de mi partido por las atenciones de que invariablemente fui objeto en el desempeño de las funciones que me correspondió realizar en la Cámara Federal de Diputados.

Reiterando nuevamente el más amplio agradecimiento por la atención y trámite que se sirva dispensar a mi solicitud.

Diputado Manuel Monarrez Valenzuela.»

La misma C. Secretaria:

«México,D.F., a 25 de marzo de 1988.

Diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Ofelia Casillas Ontiveros, diputada federal de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, bajo su atinada presidencia, ante usted comparezco para exponer:

Que en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional, me distinguió postulándome como candidato propietario a representar a la Asamblea del Distrito Federal y que, dentro de los requisitos de elegibilidad que establece el Capítulo

Tercero, Libro Noveno, artículo 370 fracción XII del Código Federal Electoral, se determina que en el caso de los diputados federales, deberán separarse definitivamente de sus funciones 90 días antes a la fecha de la elección, vengo por medio de la presente, a solicitar de esa presidencia, ponga a consideración de la soberanía de la Comisión Permanente mi pedimento para separarme como diputado federal por las razones ya apuntadas.

Me es grato reiterarle las seguridades de mi respeto y amistad.

Diputada profesora Ofelia Casilla Ontiveros.»

La misma C. Secretaria.

«México, D. F., a 25 de marzo de 1988.

C. licenciado y diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

En días pasados el Partido Acción Nacional, mi partido, me nombró candidato a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Por ese motivo y con fundamento en el Artículo 79 fracción VIII de la Constitución General de la República y 370 del Código Federal Electoral, solicito me sea concedida licencia para separarme del cargo de diputado federal del 1o. de abril del presente año; cargo que hasta el momento he venido desempeñando.

Atentamente.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas.»

La misma C. Secretaria:

«México, D.F., a 24 de marzo de 1988.

C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar de la manera más respetuosa a esa honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, licencia para separarme definitivamente al cargo de diputado propietario de la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión para los efectos previstos en la fracción XII del artículo 370 del Código Federal Electoral.

Ruego a usted darle el trámite correspondiente conforme al Reglamento Interior

Atentamente.

Diputada Beatriz Gallardo Macías.»

La misma C. Secretaria:

«México, D.F., a 24 de marzo de 1988.

C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Javier Pineda Serino, diputado federal a la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión electo, por el XV Distrito Electoral del Distrito Federal, ante esa Comisión Permanente, comparezco para exponer.

Para dar cumplimiento a los que establece la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral y en virtud de haber sido postulado por mi partido el Revolucionario Institucional, como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por medio de este escrito, solicito licencia para separarme de mis funciones como diputado federal.

Atentamente.

Rúbricas.»

La misma C. Secretaria:

México, D.F., 25 de marzo de 1988.

C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Adrián Mora Aguilar, diputado federal a la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión electo por el VIII Distrito Electoral del Distrito Federal, ante esa Comisión Permanente, comparezco para exponer.

Para dar cumplimiento a lo que establece la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral y en virtud de haber sido postulado por mi partido el Revolucionario Institucional, como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por medio de este escrito, solicito licencia para separarme de mis funciones como diputado federal.

Atentamente.

Rúbricas.»

El C. Presidente: - Esta presidencia considera los asuntos con los que se acaba de dar cuenta, como de urgente resolución, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación. de inmediato.

La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites, señor presidente.

El. C. Presidente: - En consecuencia, se solicita a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Héctor M. Calderón Hermosa, para separarse de sus funciones como diputado federal por la cuarta circunscripción, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370, del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Manuel Terrazas Guerrero, para separarse de sus funciones como diputado federal por la primera circunscripción, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado José Ángel Conchello Dávila, para separarse de sus funciones como diputado federal por la primera circunscripción a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370, del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: - Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se le concede licencia al ciudadano diputado Jaime Aguilar Alvarez Mazarrasa, para separarse de sus funciones como diputado federal por el X Distrito del Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

¿Por la negativa?... Aprobado Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia a la ciudadana diputada Jarmila Olmedo Dobrovolny, para separarse de sus funciones como diputada federal por el XXXIII Distrito del Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades

de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

¿Por la negativa?... Abrobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia a la ciudadana diputada María Luisa Mendoza Romero, para separarse de sus funciones como diputada federal por el IX Distrito del estado de Guanajuato a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

¿Por la negativa?... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: - Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Alfonso Godínez López, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XVIII Distrito del Distrito Federal a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

¿Por la negativa?... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Manuel Jiménez Guzmán, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXXVI Distrito del Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

¿Por la negativa?... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: - Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Juan José Castillo Mota, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXII Distrito del Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988 para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Manuel Monarres Valenzuela, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXXV Distrito Electoral a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: - Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia a la ciudadana diputada Ofelia Casillas Ontiveros, para separarse de sus funciones como diputada federal por el XXI Distrito del Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Gonzalo Altamirano Dimas, para separarse de sus funciones como diputado federal por la quinta circunscripción, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia a la ciudadana diputada Beatriz Gallardo Macías, para separarse de sus funciones como diputada federal por la primera circunscripción, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

Segundo. se le tiene por separada del cargo de representante sustituta de la Cámara de Diputados, ante la Comisión Permanente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Javier Pineda Serino, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XV Distrito del

Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

La misma C. Secretaria: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Adrián Mora Aguilar, para separarse de sus funciones como diputado federal por el VIII Distrito del Distrito Federal, a partir del 31 de marzo de 1988, para estar en posibilidades de participar como candidato para integrar la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en los términos de la fracción XII, del artículo 370 del Código Federal Electoral.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

¿Por la negativa?... Aprobado. Comuníquese.

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano: - Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - H. LII Legislatura. - Campeche, Camp., Méx. - Campeche, Camp., 1o. de marzo de 1988.

C. presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F.

La Quincuagésima Segunda Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Campeche, conforme a los artículo 47 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso del estado; 31, 32 y 34 de la ley orgánica del mismo, abrió el día de hoy en sesión solemne, su segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional y en sesión anterior celebrada conforme al Reglamento, se llevó a cabo la elección de la mesa directiva que fungirá durante el mes de marzo del presente año, quedando integrada de la siguiente manera:

Diputados: Presidente, Sixto Cantún; vicepresidente, Roberto Alcalá Ferraez; primer secretario, licenciado Benito Contreras Manzano (período); segundo secretario, Wilbert Novelo Chi (período).

Por disposición de esta honorable Cámara, lo hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Carlos Cambranis Martínez, oficial mayor.»

Trámite: - De enterado.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del estado libre y soberano de Tabasco. - Villahermosa, Tab., a 26 de febrero de 1988.

C. presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - México, D.F.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 27 del Reglamento interno de este honorable Congreso, la LII Legislatura del estado libre y soberano de Tabasco, tiene el honor de informar a usted (es) que en sesión pública efectuada el día de hoy, se eligió presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirá a partir del 1o. al 31 de marzo próximo, la que quedó integrada en la forma siguiente:

Diputados: Presidente, licenciado Arístides Prats Salazar; vicepresidente, Bertino Moreno Barroso; secretario, profesora Australia Camacho de Escayola; prosecretario, Ramón Becerra Guzmán.

Al comunicarle (s) lo anterior, nos es grata la ocasión para reiterarle (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Profesor Ramón Cornelio Gómez, presidente; profesora Australia Camacho de Escaloya, secretaria.»

Trámite: - De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaria de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:

"Mucho agradeceré a usted de no existir inconveniente alguno, transmitir al honorable Congreso de la Unión, la solicitud de permiso a que se refiere la fracción II del apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la señorita Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, pueda prestar sus servicios como secretaria bilingüe en la embajada de Jamaica en México. Sobre el particular, anexo al presente, remito a usted la solicitud requisitada por la citada señorita Rogers, así como el acta de nacimiento de la interesada por medio de la cual certifica su nacionalidad. A tal efecto, le agradeceré que una vez cumplidos satisfactoriamente los ordenamientos constitucionales respectivos, se ponga a esta Secretaría en aptitud de ofrecer una respuesta adecuada a la solicitud de referencia."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presente.

Con fecha 14 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Alberto Santander Bonilla (473596), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 16 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Jorge Pérez Toledo (495359), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 16 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presente.

Con fecha 11 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería José Francisco Bravo Torres (2957673), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presente.

Con fecha 10 del actual, la Secretará de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de grupo piloto aviador diplomado de estado mayor aéreo José Sánchez Sandoval (4274271), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.

Reitero a usted en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- Presente.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 del actual, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Alejandro García Celis (4176878), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo

79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaria de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 5 del actual, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de justicia militar y licenciado Guillermo Bretón Domínguez (2210455), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Para conocimiento de usted y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo con fecha 3 del actual:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite (4454146), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988.- El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

Con fecha 3 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de ala piloto aviador Juan Manuel Wonchee Montaño (2554748), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 3 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de estado mayor Héctor Alfredo Monroy Plascencia (495507), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 17 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La misma C. Secretaria:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Presente.

El ciudadano Presidente de la República, en uso de la facultad que le concede el artículo 100 constitucional, ha tenido a bien otorgar al ciudadano licenciado Leopoldino Ortiz Santos licencia por 14 meses a partir del 25 del actual, para estar separado del cargo de ministro de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de estar en posibilidades de completar el período para el cual ha sido designado para gobernador provisional del estado de San Luis Potosí.

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción V del artículo 79 de la Constitución General de la República, anexándoles con el presente la solicitud del ciudadano licenciado Ortiz Santos.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 25 de marzo de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

El C. Presidente: - Esta presidencia considera el asunto con el que se acaba de dar cuenta, como de urgente resolución. Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites, señor presidente.

El C. Presidente: - En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: -Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente, de conformidad con lo que establece la fracción V del artículo 79

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la licencia concedida por el ciudadano Presidente de la República al ciudadano licenciado Leopoldo Ortiz Santos, por el término de catorce meses, a partir del 25 de marzo en curso, para estar separado del cargo de ministro de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

NOMBRAMIENTO

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 2 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Tomás de Rueda Alatorre, pueda aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Noruega en Mazatlán, con circunscripción consular en los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 22 del actual, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Noruega, serán de carácter estrictamente consultar, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Tomás de Rueda Alatorre, para aceptar y desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de Noruega en Mazatlán, con circunscripción consular en los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 8 de marzo del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Margarita Morales Escudero y Agustín Cázares García, puedan prestar servicios como secretaria bilingüe y chofer, respectivamente, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 22 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México, serán como secretaria bilingüe y como chofer, respectivamente, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Morales Escudero, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Agustín Cázares García, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 23 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Primera lectura.

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 7 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Blanca Esther Flores Ávila, pueda prestar servicios como operadora de télex, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 22 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, serán como operadora de télex, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Esther Flores Ávila, para prestar servicios como operadora de télex, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 24 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: -Primera lectura.

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 4 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Marisela Meza Sahagún, pueda prestar servicios como operadora de télex, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán como operadora de télex, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Marisela Meza Sahagún, para prestar servicios como operadora de télex, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: -Primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

El mismo C. Secretario:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Juan Francisco Diéguez Rodríguez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de general de brigada diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y tres; a los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente coronel de infantería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres;

b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y ocho años, un mes y once días; y

d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Juan Francisco Diéguez Rodríguez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de estado mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Francisco Diéguez Rodríguez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 7 de marzo de 1988. - Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, senador Abraham Martínez Rivero y diputado Ricardo Pascoe Pierce.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

El mismo C. Secretario:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Enrique Ramírez Jiménez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de general de brigada diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de abril de mil novecientos cuarenta y ocho; ascendiendo a subteniente de caballería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno; a los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, adquirió el carácter de diplomado de estado mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve;

b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y nueve años, nueve meses y catorce días, y

d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la del Mérito Docente, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Enrique Ramírez Jiménez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de estado mayor, que el propio Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Ramírez Jiménez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 7 de marzo de 1988. - Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, senador Abraham Martínez Rivero y diputado Ricardo Pascoe Pierce.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.

CONDECORACIÓN

El mismo C. Secretario:

«Tercera Comisión.

Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano René Delgado Ballesteros, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano René Delgado Ballesteros, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Bélgica.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 18 de marzo de 1988. - Diputado Fernando Ortiz Arana, diputado Santiago Oñate Laborde, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorantes Segovia.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.

(Votación.)

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano: - Se emitieron 19 votos en pro y cero en contra.

El C. Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 19 votos.

El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea. En oficio fechado el 26 de febrero del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Mercado Vega, pueda prestar servicios como recepcionista de la Sección de Inmigración, en la Embajada de Canadá en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Canadá en México, serán como recepcionista de la Sección de Inmigración, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Sergio Mercado Vega, para prestar servicios como recepcionista de la Sección de Inmigración, en la Embajada de Canadá en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 18 de marzo de 1988.- Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 12 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Celia Cobos Cárdenas, pueda prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de la República de Finlandia en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 2 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo a esta solicitud.

CONSIDERANDO

a) Que la petición acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República de Finlandia, serán como recepcionista, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Celia Cobos Cárdenas, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de la República de Finlandia en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 7 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El mismo C. Secretario:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 9 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Raúl Tapia Hernández, pueda prestar servicios como chofer - mensajero, en la Embajada de la República de Filipinas en México.

En sesión celebrada por la comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 23 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo a esta solicitud.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en la Embajada de la República de Filipinas en México, serán como chofer - mensajero, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Raúl Tapia Hernández, para prestar servicios como chofer - mensajero, en la Embajada de la República Filipinas en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Segunda lectura.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.

(Votación.)

El mismo C. Secretario: - Se emitieron 19 votos en pro y ninguno en contra.

El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 19 votos.

El C. Secretario diputado Alfonso Reyes Medrano: -Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES

El C. Presidente: - Se han inscrito en esta presidencia algunos compañeros diputados, para hacer uso de la palabra para diversos temas.

PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera.

El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: -Señor presidente; compañeros legisladores: A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, me voy a permitir hacer unas reflexiones y un pronunciamiento en torno a la firma de la tercera fase del Pacto de Solidaridad Económica.

Como sabemos, se ha dado otro paso más en seguimiento de este pacto del gobierno, de empresarios, de obreros y campesinos, se ha reiterado, se ha puesto sobre la política económica nacional, en el esfuerzo de lo que el gobierno ha llamado controlar la inflación y posteriormente reactivar el crecimiento económico.

Este Pacto de Solidaridad Económica, no es más que un plan de choque en el que se anuncia, ahora con mayor claridad, que para el mes de abril y para el mes de mayo, no habrá cambios en la paridad del peso mexicano frente al dólar, en el que se anuncia que no habrá aumentos de precios en los bienes y servicios que proporciona el Estado mexicano; que no habrá, se dice también, autorización en los aumentos de precios que controla la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y por lo tanto, se comunica que no habrá tampoco aumentos en los salarios mínimos.

En opinión del Partido Popular Socialista, dicha firma en esta tercera fase de este pacto no tiende,

no procura resolver la grave crisis económica. Pensamos que simplemente se recurre a un modelo de contracción de la demanda, pero no hay ningún cambio de manera estructural de la política económica gubernamental.

Lo más seguro es que en virtud de que están operando las leyes del desarrollo capitalista, dependiente y concentrador de la riqueza, se repetirá la misma situación, una vez que hayan concluido estos aspectos, estos instrumentos, estos pormenores que el gobierno y el gabinete económico han implementado.

En efecto, compañeros legisladores, sigue el mismo esquema, se siguen dando las grandes ganancias, las grandes utilidades para la burguesía oligárquica y financiera. Quiero señalar que el único sector de nuestro país que está de plácemes y que pide aún más medidas como éstas, son los sectores más privilegiados, o sea, la minorías que se han beneficiado con la inflación y que han tomado la sartén por el mango de una manera muy clara en estos llamados, yo digo "esfuerzos", para combatir la crisis económica, y mientras no se altere la estructura económica, la estructura de ganancias, la estructura de empobrecimiento de las clases trabajadoras, no puede haber un auténtico combate a fondo a la inflación.

Es evidente que la fracción parlamentaria de mi partido, ha reiterado que la crisis económica, se debe combatir mediante medidas revolucionarias, populares, democráticas y positivas. Hemos hablado de la necesidad de que se implemente una reforma fiscal a fondo; hemos insistido en que el mercado interno debe crecer para tener compradores que puedan reactivar la planta industrial y, por lo tanto, la recuperación económica.

Hemos planteado que se establezca la escala móvil de salarios; también mejores precios para los productos agrícolas, para los ejidatarios, para los comuneros para los campesinos, es decir, elevar la producción agrícola. También que exista, no de ficción, no como una actitud populista y demagógica de la Secofi en cuanto al control de precios, hemos insistido en que debe prevalecer un estricto control de precios. Hemos reiterado junto con otras fuerzas democráticas, patrióticas, que otra de las opciones, otra de las instrumentaciones positivas es el regreso a la política de nacionalizaciones, sobre todo en aquellos aspectos que el gobierno ha abandonado y que ha dejado plena libertad a los sectores parasitarios, a las empresas transnacionales que controlan el 85% de los productos agrícolas y para que el Estado asuma en verdad una conducta tutelar de los derechos de las clases trabajadoras y de nuestro pueblo.

Otra de las medidas que hemos también insistido en ellas, es en el rompimiento, en el alejamiento del gabinete económico en cuanto a sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial.

Yo quiero recordar que desde el primero de diciembre de 1982, el gabinete económico negó sistemáticamente tener compromisos con la Banca Internacional; de manera firme, de manera categórica el gabinete económico soslayaba esta responsabilidad y negaba tener compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial; y hace dos, tres días, compañeros legisladores, como si nada hubiera sucedido, sin plantear una reflexión, sin explicar de manera clara su conducta, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petriccioli acaba de decir públicamente que: "Ya no tenemos ninguna atadura y ninguna cadena con el Fondo Monetario Internacional"; es decir, que ahora en el que supuestamente se tienen las riendas para controlar la inflación, y en el que se ve la perspectiva para el gabinete económico de que podrá haber crecimiento económico, se dice que ya no hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y la verdad compañeros legisladores, es que no se han roto dichos compromisos del gabinete económico con esas instituciones internacionales de las finanzas.

Otra de las cuestiones en las que hemos insistido también para combatir la inflación por la vía positiva, es precisamente impulsando el crecimiento del producto interno bruto; hay que ver que desde septiembre de 1987, que fue el mes en el que se dieron las más altas, por decirlas así, cifras de recuperación económica respecto al crecimiento cero que se había tenido en los últimos cinco años, es hasta septiembre de 1987 cuando se llega a "las más altas" cifras de crecimiento de la economía, pero a partir de ahí hasta este mes de marzo de este año, no ha habido crecimiento de la producción.

Por otra parte, quiero señalar lo siguiente: En este contexto del maquillaje de las cifras sobre inflación, en este contexto de querer presentar al pueblo de México una posibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas en este contexto están bajando las tasas de interés para los ahorradores; pero resulta que estas bajas en las tasas de interés no se dan en el momento en que se esté dando el crecimiento económico, por lo tanto, como no hay crecimiento económico y como no hay combate efectivo a la inflación, entonces estas bajas en las tasas de interés son simplemente ficticias, son para desalentar precisamente a la demanda, para contraerla aún más y queremos establecer que por esta vía no podrá resolverse ni

el problema de la inflación ni preparar las condiciones para combatir la crisis económica.

Por estas razones, compañeros legisladores, que he expuesto, por estas breves reflexiones, quiero recalcar que esto es más que, pudiéramos llamar un tentempié, pero que significa un gran sacrificio para el nivel de vida de nuestro pueblo y de ninguna manera un sacrificio para las altas ganancias monopólicas de la burguesía privada nacional transnacional, sólo servirá ese tentempié para que con este esquema se llegue a que la crisis económica toque fondo y posteriormente reactivar la economía sin cambiar la estructura económica, y de esa suerte tendremos ciclos de crisis más rápidos que los de hoy, y por esa razón, en esta tribuna, compañeros legisladores, quiero dejar asentada la posición de mi partido frente a la firma que han hecho el gobierno, los empresarios, los dirigentes obreros y los dirigentes campesinos en esta fase del llamado Pacto de Solidaridad Económica. Gracias.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: -Con mucho gusto señor diputado; gracias señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Se ha sostenido a propósito de la nueva etapa del Pacto de Solidaridad Económica, que está se ajusta a lo inicialmente convenido o pactado, o sea que no se dan cambios significativos, salvo el de la decisión unánime de los firmantes de que se mantendrán durante los próximos meses de abril y mayo; sin embargo, bastaría recordar que cuando se dio a conocer la primera fase, se insistió en que los montos de los incrementos tanto en precios como en salarios, se darían a partir del mes de marzo en que se iniciaría un sistema de indexación de la economía.

Se apoyaba fundamentalmente esta concertación en una política gradualista y de indexación; esto entendemos, una vez analizadas las condiciones tanto de la segunda fase como de la tercera en la que nos encontramos comentando, que sí cambió, que sí hubo un cambio sustancial, lo que no podrá negarse, y que se optó por la vía de la congelación.

Se pondera este hecho de la congelación, porque se dice que por parte del sector público se hace extensivo incluso a los bienes y servicios que están a cargo de él, y que como sabemos, en la medida en que se venían aplicando incrementos a los precios y tarifas del sector público, consecuentemente se invitaba a los demás precios a subir en la misma proporción, y a veces incluso hasta en mayor proporción del incremento que se daba en los bienes y servicios del sector público; los precios privados subían en forma considerable, como ocurrió en el mes de diciembre anterior.

Ahora se confirma una congelación absoluta, no en precios de productos, pues sabemos que esto solamente se dará en los que integran la canasta básica, los demás quedan sujetos al criterio de quienes manejan tanto la elaboración de la producción como la venta de estos productos; es una simple recomendación de que no incrementen sus precios, pero que se hace un análisis exhaustivo de la evolución de los precios en los demás artículos, encontraremos que sí ha habido movimientos significativos y, sobre todo, hemos cuestionado nosotros el hecho de que artículos que integran la canasta básica no se amplíe a más artículos que son requeridos constantemente por el pueblo, por la ciudadanía o los que necesitan estos artículos.

En el caso de los salarios sí se da una congelación absoluta, que todo esto se insiste es producto de una concertación no la negamos, así se nos ha dado a conocer, pero no podemos pasar por alto el que se trata de una concertación más que voluntaria, una concertación forzada, acompañada de elementos amenazantes a los sectores minoritarios que no cumplan con el pacto.

Ya en ocasión de la comparecencia del Secretario de Programación y Presupuesto, que se dio ese hecho de la comparecencia a raíz del anuncio de la segunda fase de esta concertación, ahora parece que no habrá esa insistencia de una mayor información, de una explicación sobre la evolución de la economía a la luz o dentro del marco del pacto, pero en ocasión de esa comparecencia del Secretario, el doctor Pedro Aspe, nosotros señalamos que en la lucha antiinflacionaria se puede avanzar, pero no así en el abatimiento de la distorsión relativa de los precios y que se está corriendo el riesgo de congelar esta distorsión, como es el caso de los salarios y de los precios a los agricultores que tienen actualmente, en el caso de estos últimos, una pérdida del 25% aproximadamente; tal parece que no inquieta mucho a los instrumentadores de la política económica del país el rezago existente, y el hecho de que los insumos para la agricultura hayan subido más que los precios de garantía.

Por otra parte, en cuanto a la recuperación del valor adquisitivo hoy en día, indebidamente se estipula su aumento por la profecía de lo que pueda perder, si ésta falla, como han fallado otras profecías del gabinete económico, pero para los profetizados. Tan sólo recordemos que en este sexenio los salarios han perdido más del 45% del

poder adquisitivo; la última profecía que falló fue la que precedió a la concertación de marzo, cuando se calculó que la inflación sería del 3% y resultó del 4.5% por lo que los salarios perdieron 1.5% de su poder o de su valor adquisitivo; y para abril y mayo se parte del supuesto de que la inflación será del 0%, cosa que ni los miembros del gabinete económico lo creen.

De alguna manera insistimos, ésta es la lucha inflacionaria para llegar con cuentas alegres a julio, mes de las elecciones.

En el avance de la lucha antiinflacionaria, visto a través de los números a través de las cifras que hemos ido conociendo durante estos meses de la evolución del Pacto de Concertación, podemos reconocer que es significativo, pero si se hiciera una encuesta entre el grueso de la población, encontraríamos que la mayoría no entiende o no percibe una mejoría económica o que el dinero que portan en sus bolsillos alcance para más cosas.

No se ven los elementos fehacientes de que vamos por buen camino, lo que tampoco se percibe es el hecho de que el sector público, no está participando dentro del pacto sino solamente como aval de calidad, haya bajado en forma significativa su gasto o que haya una intención manifiesta de disminuir su gasto frente al sacrificio que se está imponiendo al pueblo de México; de él sí, apretarse el cinturón bajo las condiciones prevalecientes del pacto.

Lo que sí se percibe, es que estamos abriendo o ensanchando la vía de la recesión que se manifiesta con un creciente desempleo y una baja considerable en la inversión productiva, ya que se está retrasando el apoyo financiero o el estímulo para el impulso de la producción; y la liberalización del crédito cada vez se retrasa más, en tanto que el costo del dinero se eleva, lo que llama la atención, ya que en tanto las tasas pasivas van a la baja ante el disgusto de los ahorradores, las activas mantienen niveles de los más altos, no obstante el ligero descenso del costo porcentual promedio.

La conclusión que podríamos tener nosotros de este tema que se relaciona con la evolución y la nueva concertación del Pacto de Solidaridad Económica, es que efectivamente para una lucha antiinflacionaria y caminar sobre el sendero de que la economía de nuestro país tenga una mejoría sustancial, requiere del esfuerzo de todos los mexicanos, de todos sin excluir a ninguno; pero que no se puede desconocer que en esta concertación los que se encuentran en mayor desventaja son los trabajadores del campo y de la ciudad, los trabajadores en general quienes ven bastante disminuidos sus ingresos frente al costo de la vida, frente al costo de los precios y que son los que se ven obligados de alguna manera a soportar el peso de los ajustes y la prolongación de una etapa, en la que no se avizora para ellos una mejoría económica.

Nosotros creemos que las consecuencias de esta situación crítica que viven los mexicanos, el costo que debe pagar la ciudadanía en esta lucha antiinflacionaria, debe ser también en alguna forma alentada con la presentación de proyectos válidos, confiables, que hagan esperar para los mexicanos la pronta recuperación y que no viva bajo el temor constante de los cambios que se operan con cierta frecuencia en nuestro país, en los que a final de cuentas el costo de los mismos se transfiere o se traslada al pueblo de México. Hay sí una necesidad del restablecimiento de la confianza, pero sobre la base de decisiones que alienten a la ciudadanía y no que alimenten o aumenten la alimentación de sus temores.

Decíamos, el pueblo de México no ve un camino cierto, se mueve dentro de un campo de la incertidumbre al que se le ha acostumbrado en los últimos años. Nosotros queremos confiar en que esta situación cambie y que haya el esfuerzo conjunto, sí, pero en el que se de en igualdad de circunstancias, no en situaciones de desventajas como es el caso que estamos viviendo, en el que a los trabajadores les toca la mayor parte. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierce.

El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señores legisladores: Yo creo que la discusión del Pacto de Solidaridad Económica, no es una discusión nueva, no es tampoco un debate en torno a elementos desconocidos para nosotros. Sin embargo, yo creo que estamos enfrentando una nueva situación y estamos enfrentando hoy, un pacto distinto; y como se está dando esta situación, amerita una discusión y amerita aclarar ¿qué es lo que está ocurriendo en el terreno económico y las propuestas que hoy se están haciendo al renovar el pacto, tal y como se ha pactado de antemano y sin la menor consulta o consideración para con el Congreso de la Unión?

En la medida en que estamos discutiendo a posteriori un acto de gobierno, es necesario reflexionar en primer lugar, en torno a la utilidad de discutir y debatir estos problemas para poder plantear a futuro cuáles van a ser en los meses siguientes, las medidas concretas y las políticas que pretende seguir el gobierno.

Hoy el pacto ha cambiado, El Pacto no es el mismo pacto que se firmó el 15 de diciembre; no es el mismo pacto porque hoy tiene un contenido económico y por lo tanto político, profundamente distinto. Hoy, y lo quiero decir en estos términos, hoy, el pacto de solidaridad económica, es un plan de choque; no es más el plan tal y como se planteó y concibió aparentemente en su primera etapa; hoy, es un plan de choque. ¿Por qué es un plan de choque? A partir de la comparecencia del doctor Aspe, en este recinto, nosotros conocimos de un elemento fundamental: que el gobierno estaba concibiendo que el problema de la economía, hoy, es un problema de congelamiento de factores y entonces se plantea congelar salarios, tratar en lo posible de congelar precios, tratar en lo posible de mantener el tipo de cambio congelado, a pesar de las oscilaciones en el mercado libre y por lo tanto del aspecto especulativo en materia del dólar; congelar los tipos de cambio o en todo caso hacer que éstos se reduzcan, aunque en este momento han logrado un cierto nivel promedio de congelamiento.

Pero todo este proceso de congelamientos es una fotografía instantánea en el momento de la economía, tratando de mantener fijas las condiciones económicas, son las características esenciales de un plan de choque, ni más ni menos.

Estas características ¿cuáles son?, agregadas al elemento que señala y revisa el doctor Aspe en su comparecencia. El dijo textualmente que no era posible recuperar los salarios, es más, que se iban a deteriorar aún más los salarios reales. Esta es una parte inherente a un plan de choque.

Pero hay un aspecto adicional que no comentó el doctor Aspe y que es fundamental y que hoy lo estamos empezando a vivir de una manera crítica en todo el país, que es el aspecto recesivo de este plan que hoy se plantea.

¿Cuál es el elemento fundamental del aspecto recesivo? ¿La contracción del mercado interno? Por lo tanto, ¿el cierre de sectores de la economía, empresas en lo particular? Pero hay ramas enteras de la economía que están sufriendo por el profundo efecto recesivo de la economía. ¿El hecho de que sectores de producción agropecuaria hoy han visto completamente mermadas su producción y capacidad de venta en el mercado? Todos los informes en torno a la comercialización de productos básicos indica una notoria baja en el consumo de artículos de consumo básico.

Entonces el problema ya no es que congelen los precios, porque esos precios se pueden congelar; el problema es que hay cada vez menor capacidad de consumo de estos artículos, artículos básicos que de repente en algunos de sus renglones se representan ya como artículos de consumo por lo menos semi suntuarios y que ya no están al alcance del consumo popular.

Entonces el problema del Pacto de Solidaridad hoy es que es un pacto recesivo, es un pacto que está cerrando las vías de consumo y por esta vía están reduciendo la inflación. Este es el caso de la información.

Se puede reducir la inflación, sí pero a costa de un agravamiento de la capacidad productiva del país, de las enormes reducciones en el poder de consumo y de compra de las grandes mayorías.

Este es el problema hoy, que caracteriza, insisto, que define el carácter de un plan de choque, entonces nadie lo tiene que anunciar, ni el gobierno tiene que decir oficialmente este plan se llama plan de choque. Lo que estamos presenciando, sin embargo, y a pesar de que nadie lo haya anunciado, es en efecto un plan económico que está teniendo los mismos efectos de un plan de choque, tal y como los hemos vivido, lo hemos visto en otros países como Bolivia, Argentina, Brasil e inclusive Israel, que tal parece ser el ejemplo que sigue nuestro gobierno.

Estos aspectos entonces, son los definitorios a largo plazo, son los aspectos de la política económica que hoy se están instrumentando y que van a tener un profundo efecto a largo plazo en la economía. Porque una cosa es decir: "Hemos logrado bajar la inflación", y todos lo han dicho a los cuatro vientos. El Presidente De la Madrid dijo en muchas ocasiones: "nuestro enemigo número uno es la inflación". Entonces eso dicho en frío, aparentemente es una gran verdad, pero hay que decir que es una verdad solamente parcial.

En efecto, la inflación es una gran enemiga, pero también es enemiga la recesión económica, drástica, que contrae la producción nacional y que es un producto o secuela de la contracción de la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Y éste es el problema que estamos viviendo, con una dinámica creciente el día de hoy.

Entonces, si es que logran bajar la inflación, que aún hay que ver todo el aspecto a mediano plazo del ciclo inflacionario, porque medirlo casi quincena con quincena, puede ser una visión parcial del problema inflacionario, incluso de cómo se retroalimenta la propia dinámica inflacionaria. Pero aunque se controlara la inflación, topamos inmediatamente con el otro problema. que es un freno a la inflación, es un frenazo a la economía, montado en la recesión montado en la baja brutal de la capacidad de compra de la gente; hay menos inflación porque hay menos consumo, no porque

hay una voluntad de las partes para contraer y controlar; es simplemente una verdad más elemental y más brutal. Es menor inflación debido a la baja y la contratación en el consumo de artículos básicos y suntuarios en conjunto de la economía.

Este problema recesivo es el problema que nos va a perseguir como fantasma en los próximos meses y años. Lo vivimos en 1985. La tasa del Producto Interno Bruto, bajó a prácticamente en menos 5% y llegó a un nivel tan bajo el Producto Interno Bruto que era necesario prácticamente y de una manera artificial que en ciertos sectores de la economía, incentivar la producción, tratar de elevar la producción reconociendo que no era posible permitir que la economía llegara a estos bajos niveles productivos, por el efecto que tiene en el consumo. Porque el consumo, cuando hablamos de consumo, estamos hablando de lo que come cotidianamente la gente, lo que consume en materia de vivienda, de ropa, de educación, de servicios. Este es el consumo, no es una entidad en abstracto, es una realidad concreta, cotidiana.

Y cuando el país enfrentó esta situación, el gobierno alentó de una vía la inversión pública y de una manera artificial la economía, para tratar de reincentivar la economía, debido a la terrible caída que había sufrido en la actividad económica. Hoy estamos enfrentando la posibilidad de una recaída aún mayor en la actividad productiva de la economía. La situación es peor hoy que en 1985, en el renglón de la recesión productiva. En la recesión productiva en alimentos, en la recesión productiva en bienes de capital, en la recesión productiva en bienes intermediarios y básico, y me estoy refiriendo al sector exportador, porque el gobierno siempre pone como ejemplo, y así lo hizo el doctor Aspe, como gran ejemplo, de que todo va bien, y pone el sector exportador como ejemplo. este ejemplo no nos sirve. Este ejemplo a pesar de un eventual efecto de demostración que podrá tener en algunos renglones de la economía, en lo fundamental no nos sirve.

Y no nos sirve porque el pueblo de México no come del sector exportador, porque este sector supuestamente dinámico y moderno, exporta productos y no está claro para nadie que es lo que hace con sus utilidades.

El gobierno no puede demostrar que regresan sus utilidades al país. Y éste es el problema del sector agropecuario, el sector manufacturero; es más, en el sector agropecuario, estadísticas aún cuestionables indican que alrededor del 90% de las utilidades pemanecen en bancos extranjeros. Esos recursos no regresan al país, esos recursos aparentemente no alimentan al pueblo, más allá de mantener ciertos ciclos agropecuarios con vida, este efecto recesivo, creo insistir, es el elemento básico que se perfila a mediano plazo en la economía mexicana. Una profunda recesión que no tiene que ver con el problema inflacionario, no tiene que ver con la salida de la crisis, porque resulta que de todas maneras, aunque se frenara la inflación, los salarios reales continuarían en su carrera descendente, habría menor capacidad de consumo y evidentemente, a menor producción industrial y agrícola, menores empleos hay en el país para los mexicanos. Pues, éstos son los aspectos centrales que definen las características del plan económico. Yo creo que éste es el problema donde nosotros tenemos que realmente orientar la discusión y del debate, y entonces, hoy una vez más nos vienen con el pacto firmado y presentado al público para los siguientes dos meses.

Se avecinan dos meses de mayor recesión, se avecinan probablemente dos meses de mucha propaganda y publicidad gubernamental en torno a la inflación, pero lo que no nos podrá decir el gobierno es qué va a pasar con todos los cesantes, qué va a pasar con la caída de la capacidad de consumo de los mexicanos, qué sucede en los sectores industriales y agropecuarios, que reducen sus niveles productivos de manera sustancial.

¿Qué nos va a contestar y demostrar lo que se basa en estos sectores? Evidentemente el gobierno no lo puede hacer. Lo que quiere demostrar es que frenó la inflación, que dijo: "vamos a frenar la inflación" y que frenó la inflación; pero frenó la inflación sobre la base de una creciente miseria de nuestro pueblo. Esa es la verdad de fondo de los que hoy está pasando con el famoso Pacto de Solidaridad Económica y , esto contradice, en nuestra opinión, el interés nacional; esto va en contra del interés nacional, porque la inflación no es una bandera electoral, la inflación no puede verse simplemente en una coyuntura electoral como la está viendo el gobierno. La inflación tiene que verse como un problema de derrota en el contexto de un aumento a la capacidad de consumo del pueblo.

Ese es el reto que enfrenta un país verdaderamente democrático y que responde a los intereses de su pueblo: combatir la inflación, derrotar la inflación, pero con el contexto de un ascenso en la actividad económica, en el aumento de las plazas disponibles para trabajadores y en el aumento de la capacidad de consumo, vía el aumento de los salarios reales y, eso también tiene un precio para algunos, para algunos muy pocos, que le gobierno no les quiera cobrar, porque hay quienes tendrían que pagar el precio o el impuesto para que se diera un plan económico de ese tipo, y el gobierno no quiere eso, prefiere más bien esa

enorme cortina de humo, esa gran pantalla publicitaria que hoy se está manejando en torno a la política económica y que está esencialmente ocultando las verdades de fondo de las implicaciones, las repercusiones y las perspectivas a mediano y largo plazos de esta política económica que se sigue.

Es un desastre para el pueblo de México, pero calificativos aparte, insistimos, el Pacto de Solidaridad Económica es hoy un plan de choque, y se nos imponen todas las condiciones que esto implica para poder sacar adelante al PRI en las próximas elecciones y creemos que esa política y esa visión, esa visión de la política económica y de la supuesta planeación democrática, es una grave falta del pueblo de México y es una falta que se va a pagar y se va a pagar con un altísimo costo social y político en el país, va a tener su repercusión a nivel electoral y si no hay soluciones políticas de fondo para nuestro pueblo en este período, tendrá, indudablemente, otras consecuencias y otros costos. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, señor presidente: Hace años se decía que la semana mayor era la semana de las sorpresas, cuando venían las devaluaciones, los repentinos cambios de política oficial y parece que la tradición no se quiere dejar atrás. Y se nos estrena en esta semana mayor con una publicación que ha sido comentada ya por algunos compañeros, hecha como parte del Pacto de Solidaridad Económica para concertación de abril y mayo de 1986.

Cuando comentamos anteriormente este asunto, el día que algún diputado del partido oficial hizo la proposición de que viniese aquí don Pedro Aspe, secretario de Programación y Presupuesto, nosotros hicimos notar que se trataba ya no de un pacto de solidaridad, sino de un pacto de sonoridad. La publicidad que se le está haciendo y que se le ha hecho a este pacto, pareciera significar que ahí se ha empeñado toda la política completa del trabajo gubernamental. Aparte del proceso electoral ya nada sucede en manos del gobierno, excepto el Pacto de Solidaridad y hasta centrales obreras se dan el lujo de gastar a costillas de los salarios de los trabajadores o de los fondos que por lo menos se supone que son de los trabajadores, en un montón de "spots" en la televisión en apoyo del Pacto de Solidaridad. No extrañaría que los empresarios, esos del grupo de los 3 mil, que gobiernan este país, gastaran dinero en esa publicidad. Pero que lo hagan ahora centrales obreras suena extraño y por lo menos, significa algo que recordaba yo aquí en la reunión de hace una semana, que finalmente la historia de los 50 años del partido oficial, lo que significa que el capitalismo que priva es de tres cabezas: el capitalismo oficial, que se lleva la parte buena de la cosecha; el capitalismo oligopólico, que se acomoda con el capitalismo gubernamental, para hacer también su "roncha", como decimos en el lenguaje popular, y ahora ha nacido el capitalismo sindical, el llamado corporativismo, no corporatismo; corporativismo porque es de las cooperativas o corporaciones dedicadas a los salarios sindicales. Y con eso se ha estructurado un nuevo capitalismo, que ya se habla de que hasta están comprando empresas de las que remata el gobierno.

La sonoridad sigue en pie: pero lo notable es hacerle entender al pueblo y que seamos conscientes aquí nosotros, ¿de dónde saca el Pacto de Solidaridad firmado por el testigo de honor, don Miguel de la Madrid, que la inflación de marzo habrá sido de 1.5%, o sea el equivalente de 3% durante el presente mes? ¿Ustedes saben cómo se hacen las estadísticas para los 1 mil 200 y pico de precios que se toman en consideración para fijar cuál es el crecimiento de la inflación?

Ni que estuvieran trabajando mediante un sistema de teletipo del sistema de comunicación telefónica, la Secretaría de Comercio terminaría estos reportes con anticipación a que el mes termine.

¿Cuántos días de la inflación habrán sido tomados en cuenta? ¿Se imaginan ustedes que la Secretaría de Comercio y el Banco de México todavía no tienen ni siquiera seguros los números de febrero, y aquí se están dando ya por hecho los de abril?

Resulta, pues, que el pacto no sólo es pacto de sonoridad, sino es pacto de inventos. Están inventando que la inflación va a llegar a sólo el 3% en el mes de marzo.

Y lo más contradictorio es que definitivamente cancelan toda posibilidad de que abril y mayo tengan inflación. Se congeló la inflación en un 3% en el mes de marzo y abril y en mayo ya no va a haber inflación. porque el decreto del Pacto de Solidaridad lo dice así, un decreto que nació sacándole una vuelta, que podríamos decir una gaonera a la Cámara de Diputados, cuando no se nos pidió que reformáramos el presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación a pesar de que lo anunciaba el pacto, firmado por el propio Presidente de la República, y tuvieron que inventar la reforma del pacto los diputados de la mayoría para hacer un nuevo presupuesto.

¿A dónde quieren que se llegue como conclusión de esta publicación oficial sobre el pacto que concierta, que en mayo y en abril ya no habrá inflación? El gobierno está apuradísimo porque se diga que ya controló la inflación, para que de esa manera se diga que no pierde votos en las próximas elecciones, pero lo grave no es ni que las elecciones se den en ese clima, ni que el gobierno diga mentiras, sino que esto significa que se sigue tapando la verdad fundamental. El pacto no es instrumento para salvar la economía de las clases mayoritarias de México, se les dio un aumento del 3% después del de 20 y 15%, con los cuales no se repuso, sino se consolidó la baja del salario a lo largo de los cinco años del gobierno de Miguel de la Madrid. Lo que se está anunciando aquí, replicando con campanas, falsas campanas es que el gobierno anuncia su fracaso solemne en la historia de los cinco años del gobierno de Miguel de la Madrid, y que lo están haciendo con fines políticos, pero que los resultados van a seguir siendo los mismos, el pueblo se hunde, ah!... pero que flote la supremacía del partido único que ha hecho las finanzas de estos cinco años y de los otros que se llamaron La "docena trágica ", ésa es la verdad de México en este instante.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano.

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - Con su permiso, señor presidente; compañeros legisladores: Qué bueno que se esté dando este debate con las expresiones que han mencionado los partidos de oposición, y qué bueno que se dé, que estén preocupados, porque en ello evidencian, precisamente su preocupación por no tener ya muchos argumentos con objeto de atacar a nuestro sistema, al Estado y al gobierno de la República.

Para mí es satisfactorio escucharlos, porque yo considero en ellos y veo en sus expresiones cierto nerviosismo, de que el Pacto de Solidaridad Económica vaya teniendo éxito, y va teniendo éxito porque los hechos así lo reflejan, tanto en los que se propuso originalmente el pacto, el de tener un proceso inflacionario tan agresivo como lo presenciamos en los meses de diciembre y de enero.

El Pacto de Solidaridad Económica no es del gobierno, ha sido del gobierno y de los sectores productivos que estamos implicados, precisamente en el desarrollo económico, la estabilidad, el crecimiento y el beneficio de las mayorías.

El pacto no surgió por recomendación absolutamente de nadie en particular, sino que fue un consenso generalizado que nos vimos precisados a hacer en los meses de noviembre y diciembre y ustedes lo recuerdan perfectamente bien, cuando el sector obrero reclamó en términos nacionales, un incremento de salarios derivado de un proceso inflacionario agresivo que estaba sufriendo nuestro país y la población.

Se le propuso entonces al gobierno de la República, por parte de las centrales obreras y del Congreso del Trabajo, en forma predominante, la concertación de un pacto con los sectores productivos, tomando en cuanta que el proceso inflacionario estaba cimentado en dos o tres de los factores más importantes que inciden en la economía de México.

El primero de ellos, desde luego, fue calificado como inflación inercial; palabras y nombres sofisticados que la población todavía no alcanzaba a entender entonces, pero que ahora sí los comprende ya con mejor forma. La inflación inercial responde precisamente a que los productores y comerciantes fijaban los precios de sus productos con las expectativas de inflación que tenían previstas para los próximos meses o próximo año. Ello desarmaba al movimiento obrero respecto a la reclamación de sus incrementos salariales, puesto que estaban esperanzados únicamente en alcanzar los precios que fijaban inercialmente, valga la redundancia, los empresarios.

Ante una agresividad manifestada en noviembre, diciembre y enero, de los precios, fue el sector obrero quien le planteó al gobierno de la República, permitiera y abanderara con su autoridad, la concertación de los sectores para discutir esta problemática en el seno de ellos mismos. Es así como se firmó el pacto del 15 de diciembre, que en sus aspectos más importantes tuvo, en primer término, un ajuste de los precios tanto del sector público, como de los productos y servicios que venían rezagados, respecto a la inflación generalizada.

Lo mismo se pactó incrementos de salarios, sobre todo en salarios mínimos que influyen en todos los tabuladores de los salarios contractuales en un 15. un 20 y posteriormente en un 3%, de acuerdo con el propio pacto, que en forma combinada dan el 42.3% de incremento.

Se pactó también, en términos fiscales, deducir los privilegios en subsidios y exenciones que venían disfrutando los empresarios hasta ese momento, porque uno de los factores más importantes de la inflación está radicado precisamente en el déficit del sector público que venía manifestándose también en forma muy alarmante.

Reducir el déficit significaba incrementar ingresos o disminuir egresos; en consecuencia, tuvo que aumentar

los precios de sus productos y lo mismo reducir el gasto que nosotros vimos todavía en el período ordinario de sesiones, cuando aprobamos el Presupuesto General de Egresos de la Federación.

Se concertó también el mantenimiento de los precios de garantía en sus términos reales, del año pasado; es decir, que los campesinos tendrían y tendrán que recibir el precio de garantía que en términos reales recibieron el año pasado; en consecuencia, no mermará en lo absoluto su capacidad de ingreso.

Se concertó también que los campesinos procurarían la elevación de la productividad en los productos del campo. Se concertó también el incremento de la oferta nacional de productos, a fin de reducir la presiones inflacionarias por falta de oferta. Se concertó también, en fin, el control generalizado del gasto total, especialmente administrativo, del sector público federal.

Adicionalmente el día 29 de febrero se firmó la segunda parte del pacto, después de que la Comisión de Seguimiento y Evaluación, nombrada al respecto, y en donde participan todos los sectores representativos de la población, analizó el camino que seguía el pacto.

Se consideró necesario detener en otros dos o tres de los indicadores o de los objetivos que también presionan a la inflación. Uno de ellos, el más importante, era detener la devaluación del tipo de cambio, y en segundo lugar, frenar definitivamente el incremento de los precios, tanto de los controlados como de los administrados, así como de los productos y servicios que expende el sector público.

La combinación de estos factores dieron el resultado o han dado el resultado de disminuir los costos en forma definitiva de los insumos de los productores y el proceso inflacionario comienza a ceder. El primer paso del pacto, evidentemente es la estabilización de la economía; no podemos dar tres pasos con dos pies o cuatro pasos con la misma velocidad.

En la medida que paulatinamente comenzó a descender la inflación, las autoridades monetarias observaron que podían reducir de inmediato la tasa de intereses que se paga a los ahorradores nacionales. Evidentemente, si se reduce la inflación y cuya variable es independiente respecto a los intereses y está sí es dependiente de la propia inflación, ésta, los intereses, tendrían que bajar a como diera lugar.

Esta medida ha tenido dos aspectos saludables, definitivamente , en el mes de marzo y en lo que va a venir en el mes de abril. En primer lugar, reduce sustancialmente el pago de intereses de la deuda interna del gobierno de la República, con lo que coadyuva a disminuir el déficit presupuestal, puesto que ya se tenía contemplado en el Presupuesto de Egresos el pago de esos intereses y, en segundo lugar, al disminuir las tasas pasivas de intereses, o sea las que se pagan a los ahorradores y depositantes en los bancos, definitivamente también tienen que reducirse y en forma sustancial las tasas activas, o se a las que los bancos cobran a los que van a pedir crédito, fundamentalmente los industriales y los comerciantes.

Esto quiere decir otro factor que induce la reducción de costos, con lo cual podrá, desde luego, ir menguando la inflación en forma más importante.

El compromiso que hizo el gobierno de mantener los precios de la canasta básica en forma constante, así como de los precios que administra, así como de los precios de productos y las tarifas de los servicios que ofrece, dan un margen sustancial para romper el círculo vicioso del crecimiento inflacionario, y ciudadanos diputados de la oposición, así lo hicieron ver ustedes muchas veces en el camino de anteriores sesiones a ésta y del período ordinario de nuestra Cámara de Diputados.

El sector obrero ha manifestado su interés de proseguir el pacto, porque de ello ha resultado beneficiado. Es cierto que los salarios en forma nominal habían venido aumentando trimestralmente, es cierto que en diciembre y en enero tuvimos dos aumentos muy cercanos. Sin embargo, los salarios continuaban en su descenso o habían continuado en su descenso. Era evidente que había la necesidad de concertar con los productores, el detenimiento de la agresividad en el crecimiento de los precios. Ellos los aceptaron y así lo han hecho. No queremos ni pensamos que de un día para otro, los cientos de miles de productores y comerciantes en el país vayan a captar en toda su amplitud de espíritu y el objetivo del pacto. En consecuencia, es posible que hayan aumentado en alguna forma algunos productos, pero en términos generalizados, se ha detenido el proceso inflacionario, se ha detenido el crecimiento tan agresivo que llevaba, Los precios han seguido subiendo, pero ya no con la agresividad con que se presentaron en diciembre y enero.

Además de ello, el gobierno de la República concertó con los empresarios líderes, esto es, con las empresas mayoritarias que producen artículos de primera necesidad, sobre todo, el mantenimiento de los precios de sus productos. Lo concertó y aparentemente lo han cumplido, reflejo de ello precisamente es la reducción de la velocidad de la inflación. No estoy mencionando que se haya acabado la inflación.

Para los trabajadores es más fácil aceptar que por concepto o por cualquier camino o vía se detengan los precios, que detener los propios salarios, el cambio de los salarios. Si se detienen los precios, los trabajadores no tienen materia de demandar aumentos de inmediato. Hasta el mes de octubre, cada tres meses habíamos demandado incremento de salarios. En el mes de diciembre y enero se incrementaron dos. Y en febrero, para el primero de marzo se incrementó otra vez, en función del proceso inflacionario que se esperaba y que aparentemente se está dando.

El gobierno y yo en lo particular y mi partido, desde luego, no estamos de acuerdo en lo absoluto de que esté es un programa de choque. Si hubiera sido un programa de choque, hubiéramos tenido una lluvia de decretos mediante los cuales el gobierno de la República congelara los incrementos salariales, congelara los precios, a su vez, que dictara otras medidas respecto al tipo de cambio internacional, etcétera.

Si en lugar de una agresión como la que sufrimos en noviembre respecto a las divisas o a nuestra reserva de divisas, en la cual fue demandado sustancialmente una compra mayoritaria de divisas, no se ha presentado en los meses de febrero y marzo y no solamente no es eso, sino que del exterior han venido a devolver algunas cantidades de divisas al interior del país, es evidente que no tenemos por qué modificar el tipo de cambio en los próximos dos meses.

Si tomamos en cuenta que el tipo de cambio es uno de los factores más connotados respecto al proceso inflacionario, es evidente también el propio proceso inflacionario.

Los trabajadores no creemos por ningún motivo que la economía vaya a salir de la crisis de un día para otro, seríamos ilusos en ello; creo que también el gobierno, así nos lo ha manifestado. En consecuencia, todavía tenemos crisis para rato. Pero que sí han matado las avispas más importantes, eso es cierto y por ningún motivo mi partido acepta se le acuse de estar manipulando la economía en esta forma.

Ha sido la concertación, la concertación de los principales factores de la población, de los trabajadores de México, de los campesinos, de los empresarios y del propio gobierno, la que ha modulado las condiciones del futuro de este pacto y no es un programa de choque, porque definitivamente no ha sido impuesto a ningunos de los mexicanos, ha sido concertado y en consecuencia esto no puede ser un programa de choque, también tendría como sentido obligar a los nacionales a cumplir los decretos que se publicaran y esto tampoco ha sido, yo hasta ahora no he visto ningún decreto que se haya publicado en términos o basado con el programa de estabilización que propone el Pacto de Solidaridad Económica.

Creemos, eso sí, tenemos confianza, de que si lo más importante en el momento es detener la inflación, ése es el objetivo fundamental, quizá estemos un poco de acuerdo con ustedes, en cuanto a que posiblemente puedan presentarse ciertos aspectos recesivos de la economía y es por ello que la Comisión de Seguimiento y Evaluación del propio pacto, se reúne cada 15 días y analiza todos los datos y cifras que le entregan en ese momento, a fin decir modulando sus decisiones; es por ello que estamos seguros, que en el momento dado y tomando en cuenta la reducción de costos y la demanda efectiva a incrementarse por ello, puesto que se estabilizan los precios, es posible que también el sector obrero comience a demandar un poco más de poder de compra para ir reponiendo el perdido y con ello propiciar, desde luego, la recuperación económica, pero todo a su tiempo. No podemos estabilizar y crecer de inmediato; primero tenemos que estabilizar y luego crecer. Esto tiene que suceder en los próximos diez o doce meses.

Definitivamente rechazo el planteamiento de los partidos de oposición en cuanto nos dicen que es programa electorero. No se puede movilizar a tanto mexicano en un programa electorero, en un programa económico que tiende a estabilizar la economía de mi país y en segundo lugar a tratar de lograr un crecimiento que desde luego en el transcurso del tiempo ha de traer mejores niveles de vida para los trabajadores del campo, de la ciudad, sus familias y los mexicanos.

No creemos, por ningún motivo, que el pacto deba ser detenido de inmediato; es evidente que cuando el proceso inflacionario estaba creciente, los partidos de oposición se lanzaban por esa vía a atacar a mi partido y al gobierno de la República y al sistema mexicano.

Si detenemos la inflación y por ello se propician ciertos aspectos recesivos, ahí está el punto de ataque.

Compañeros legisladores, mi opinión es que no precisamente están ganando los trabajadores ni los empresarios, que no precisamente están ganando los comerciantes o los agricultores, que no precisamente está ganado el gobierno de la República; mi opinión es que está ganando México, porque estamos estabilizando una economía que tenía negros augurios en los meses de diciembre y enero, y que por principio de cuentas el movimiento obrero mexicano está de acuerdo con ello.

Si logramos estabilizar y crecer en un futuro cercano, creo que nos encontraremos en el año de 1989 con un México mejor dotado, y desde luego en los siguientes años en donde se podrá planear con toda satisfacción la propia economía respecto a las demandas de satisfacción de necesidades de la población mexicana. Muchas gracia, señor presidente. (Aplausos.)

El C. Presidente: - Para hechos el señor diputado Unzueta Lorenzana, del PMS.

El C. Diputado Gerardo Uzueta Lorenzana: - Compañeros legisladores: Ahora sí que estamos ante una victoria; ahora sí que estamos ante un Triunfo, un triunfo publicitario y un triunfo lleno de una serie de argucias para mostrar que aquí en el país vamos a estar mejor dotados para 1989.

Vamos a estar mejor tronados para 1989, vamos a estar mejor tronados para 1989 porque el pacto no es ninguna victoria del gobierno, es el último clavo de una política económica que ha ido hundiendo a la mayoría productora de este país y a los trabajadores.

Se defienden diciendo que no es un plan choque. Tiene todas las características de plan de choque, excepto, una, y por esto podría decirse que no es plan de choque: El plan de choque determina la congelación, tipo de cambio , determina la congelación de precios sujetos aquí a registro, etcétera, pero no congela los salarios.

Por eso no es un plan de choque, pero no los congela. Yo no los congela porque la estructura corporativa existente en el país no obliga al gobierno a congelar los salarios. Quienes se encargan de congelar los salarios son los que firmaron el Pacto de Solidaridad en nombre de los trabajadores, ése es el problema. Y ahora en estos dos meses, en abril y mayo habrá congelación de salarios y habrá descenso de las condiciones de vida. vida.

¿Qué decían ayer en el IEPES?, no sé si el diputado del PRI que habló, se enteró de lo que dijeron ayer en el IEPES, Pero ayer en el IEPES dijeron que hay 11 millones de personas que están en condiciones de trabajar y no pueden hacerlo y que en México el descenso del trabajo es cada vez mayor. Y esa gente tiene que vivir de quienes sí tienen trabajo y eso es un descenso en el nivel de vida de los sí tienen trabajo. Y el Congreso del Trabajo, quién sabe qué trabajo, firma un pacto en el que no aumentarán los salarios por los dos meses siguientes.

Pero ya en este mes, vamos a ser más estrictos, en esta quincena ya descendió el valor del salario.

Resulta que según los últimos datos publicados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que son los de la primera quincena de marzo, reflejan que ese índice subió del 2.8% de aumento en la segunda quincena de febrero frente a la quincena inmediata anterior, el 2.9%; es decir, hay un aumento del índice de precios al consumidor. Ya bajó el salario, ya bajó el valor del salario.

Y todavía tenemos que tomar en consideración que esas cifras no son confiables, porque hay que recordar que el índice nacional de precios ha sido alterado en este año y no es comparable, según declaración propia del Banco de México, con los de los meses y años anteriores.

Porque ahora no se trabaja con 100 mil precios sino se trabaja con 70 mil precios, y no se sabe cuáles son esos 30 mil precios que quedaron fuera de operación para calcular los precios, para calcular el aumento en los precios.

Esto es también toda una maniobra, toda un martingala, toda una estafa estadística; una estafa estadística. Porque de esta manera nos pueden anunciar que va a descender la inflación y que la inflación descendió y que ya se estabilizó. Ya están manejando otros índices, están manejando otros precios con resultados diferentes de los años anteriores declaró el Banco de México estrictamente eso: Estos índices no serán comparables con los de los meses anteriores.

Creo, señores legisladores, que esta prolongación del pacto no es más que la prolongación de la agonía de los salarios, de la agonía de los trabajadores que viven de un salario. Porque se habla de la estabilización de la economía. pero ¿de la economía de quién?, de quien tiene medios, de quien tiene el capital ; pero la estabilización de la economía de los trabajadores no existe, Y no existe porque el aumento de la cifra de los desocupados, el aumento de los precios reales conduce a que precisamente los salarios sean los que vayan perdiendo y los que vayan perdiendo sean los trabajadores, o sea la mayoría de la nación.

Se habla de que los campesinos van recibir los precios de garantía a precios reales, esto ya nos lo dijo el doctor Aspe pero ¿qué es lo que va a pasar aquí entonces? ¿cuándo se van a fijar estos precios de garantía al momento de la cosecha? Entre tanto, la especulación en torno a las cosechas crece y los campesinos pierden, eso por un lado, pero por otro lado, los campesinos se ven obligados a retirarse de la producción. porque no tiene garantía alguna de recibir un precio real, un precio que realmente les permita enfrentar la cantidad que ellos deben invertir en los insumos para la producción.

No hay ni en la prolongación del pacto ni en el pacto mismo ninguna garantía para los trabajadores. La única garantía es para el capital, que hay que someterlos; someter a los capitalistas a determinados marcos de operación, sí se puede; han tenido ganancias exorbitantes antes. ¿Pero en realidad están perdiendo, están dejando de ganar una parte de la especulación solamente? El que sí está perdiendo es el que recibe un salario, el que sí está perdiendo es el que recibe precio de garantía, el que sí está perdiendo es el pueblo de México; y en 1989 no vamos a recibir una economía floreciente, ni siquiera una economía estabilizada, vamos a recibir un mercado interior mucho más estrecho, unas reservas internacionales muchos más reducidas, porque hoy las reservas internacionales se están invirtiendo precisamente para sostener el precio del peso mexicano frente al dólar, ése fue un compromiso del gobierno y lo está cumpliendo, ¿de qué sirve la entrada de algunos millones de dólares si por otro lado están saliendo?

De qué sirve pues, todo ese conjunto de medidas muy apantalladoras que el gobierno pone en operación, si lo que es real, el consumo interno, la producción para el consumo interno, las inversiones para el desarrollo del mercado interno, todo eso está al descenso, está a la baja, está a la disminución constante.

Nuestro país en 1989, pero incluso antes, porque nadie puede disimular el carácter electorero del pacto, nadie lo puede disimular. ¿Hasta cuándo se prolonga, por ahora?, hasta mayo, todavía se puede negociar un mes más, termina junio, vienen las elecciones, ¿se habrá calmado un poco mediante toda la propaganda y mediante todas las expectativas presentadas propagandísticamente?, y el Partido Revolucionario Institucional podrá quizás no demeritarse mucho, que sí se va a demeritar en la cantidad de votos debido a esas medidas.

Y después, ¿qué hay de firme, qué hay de sólido en los programas del gobierno?, si la liberación de importaciones le ha quitado a la industria local buena parte del de por sí raquítico mercado interno; si las inversiones estatales, las inversiones gubernamentales se han reducido a un nivel extremadamente bajo; si los salarios valen menos; si el que debe comprar en México no tiene con qué comprar, ¿qué economía sana vamos a tener después de junio? Después de las elecciones, el diluvio; después de las elecciones la recuperación del ritmo agresivo de la inflación, ese ritmo agresivo que se dice que ya se detuvo.

Nos comprometemos desde ahora, nos comprometemos desde ahora para decir que el Pacto de Solidaridad Económica no va a resultar como una medida de solución a los programas básicos de la crisis económica hoy y en el futuro inmediato, sino va a resultar un instrumento puramente electoral para impedir la debacle del Partido Revolucionario Institucional. ¿La impedirá?, quién sabe.

Será un resultado para las condiciones de vida del pueblo mexicano, de sus trabajadores especialmente, decimos no, los trabajadores mexicanos quedarán en peores condiciones de las que están hoy y, después de julio sálvese quien pueda.

El C. Presidente: -Para hechos por cinco minutos, tiene la palabra el señor diputado Roberto Calderón Tinoco.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es claro que en torno a la nueva concertación del pacto en esta tercera fase, quisimos hacer algunos comentarios y considero dentro de un marco de prudencia, de reconocimiento incluso de aspectos positivos que se derivan del mismo, pero de señalamiento enérgico en lo que consideramos que no se da sobre una base de igualdad en el sacrificio que implica para todo un pueblo el enfrentar un problema que viene viviendo desde hace buena cantidad de años.

Sin embargo, por lo que se expone por parte de la representación priísta o de la representación mayoritaria, se quiere aparentar o hacer sentir que esta lucha antiinflacionaria en la que participan tres importantes sectores que inciden en la economía del país, el héroe de esta lucha será el gobierno y en todo caso los villanos en esta lucha somos los que desde la oposición cuestionamos la forma en que se está llevando a cabo esta lucha antiinflacionaria, y se nos atribuye nerviosismo o manifestación de preocupación, y nosotros contestaríamos: ¿quién, en estas circunstancias, en esta situación de crisis que vive el país, no puede manifestar esa actitud de nerviosismo o esa actitud de preocupación?

Desde luego que la situación no está como para verla en forma aislada, así con indiferencia o que queramos reírnos de ella, sino que invita consecuentemente a una preocupación conjunta de la que puede derivarse una acción seria, encaminada a mejorar las condiciones del país.

Pero tal parece que se pierden de vista los antecedentes de la situación de crisis que vivimos y, que se debe fundamentalmente a los errores de instrumentación de quienes manejan la política del país; y en este país, entendámoslo, quien la ha venido manejando es el gobierno, es el sistema, nosotros. Entonces, al perder de vista el antecedente

de la crisis, tal parece que cuando el gobierno se decida a emprender una acción encaminada a desvanecer las consecuencias y los efectos de esta crisis, se quiera convertir en héroe, cuando lo que de hecho le corresponde, es cumplir con su obligación de sacar al pueblo del atolladero en que lo metió.

No podemos nosotros olvidar que la persistencia de una política de gastos apoyada en el derroche y en aras del culto a un sistema derrochador, que para justificar su posición frente a un pueblo totalmente desprotegido y miserable, nos anunció que teníamos que acostumbrarnos o prepararnos para administrar la abundancia que nunca vimos, y que por otra parte, cuando el efecto inflacionario iba en carrera ascendente, se nos advirtió que no había problema, puesto que podíamos acostumbrarnos a vivir dentro de un sistema o de un proceso inflacionario.

Pero son tan cambiantes las actitudes del sistema, que por fuerza tuvo que desandar ese camino y decidirse a emprender el de la corrección, que nosotros seguimos cuestionando, porque vemos que no es él el que se está aplicando el mayor peso de los ajustes, cuando es el mayor responsable de la crisis que vive el país.

Nosotros hemos sostenido que el monto de lo que gasta el gobierno y el modo en que éste se aplica, son determinantes para impulsar el desarrollo económico, o bien para frenarlo.

El déficit presupuestal ha sido en parte, el que ha incidido en el crecimiento de nuestros dos grandes problemas, como es el de la deuda pública tanto externa como interna, el gasto público todavía es excesivo, no se ve que haya interés en bajarlo.

Nosotros señalamos que en la crisis, los únicos que se han sacrificado son los gobernados y, el gobierno ha venido manteniendo o conservando su mismo esquema, o sea, tenemos un gobierno ante la vista del pueblo, un gobierno rico frente a un pueblo pobre, y eso no puede ser negado ni siquiera por el sistema, porque el contraste y la diferencia es notable.

Nos hablan que el sacrificio del gobierno se está manifestando porque va a reducir su déficit, pero fíjense y no perdamos de vista este detalle que lo señalaba el diputado Reyes Medrano, se apoyan en que el déficit va a bajar porque la tasa de interés baja; al bajar la tasa de interés, consecuentemente tiene que disminuir el peso del servicio de la deuda interna.

¿Se está sacrificando el gobierno?, el sacrificio es el pueblo que es el que tiene que pagar el costo de esta reducción en el monto del servicio de la deuda interna, puesto que en él repercute la baja de la tasa de interés y, no se está castigando el gasto, el otro gasto, el que sí se puede castigar, no solamente el que se produce a través de una baja de la tasa de interés.

Creo que hay razones de sobra para que un pueblo como el nuestro en estos momentos y frente a esta situación, se sienta nervioso y se sienta inquieto, pero en parte creo que dentro de los aspectos negativos resalta uno: que la crisis está contribuyendo a que el pueblo cobre conciencia de la necesidad de la participación. Creo que esa participación habrá de significarse en el próximo proceso electoral. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para hechos por cinco minutos, el señor diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.

El C. Diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros legisladores: Cuando se ha debatido esta cuestión de la política económica, que es el contexto en el cual se da este Pacto de Solidaridad Económica, el Partido Acción Nacional ha esgrimido tres o cuatro argumentos y quisiera comentarlos brevemente, nada más con el fin de precisar o no dejar de comentarlos, porque encierran algunas cuestiones de interés. Anteriormente el diputado Ortiz Gallegos lo dijo hace rato aquí en la tribuna, señalaba que hay tres capitalismos en el mundo: un capitalismo oficial, un capitalismo gubernamental y ahora dice hay un capitalismo sindical.

Yo señalo esto porque son tesis de un partido como es Acción Nacional, que tiene muy definida su ideología, y creo que hay una contradicción cuando señala el diputado Ortiz Gallegos, que ahora la CTM tiene un capitalismo sindical, lo cual de por sí es contradictorio, de fondo, de fondo de clases sociales, de fondo de propiedad, sobre los medios de producción económica en el cambio. Pero yo encuentro la contradicción cuando dice en sus principios programático que los trabajadores habrán de tener en propiedad las empresas para su propio manejo, como copropietarios de dichas empresas en los general.

Entonces, creo que se trata en el fondo de señalar que si la CTM que si los trabajadores de Aero - México, que si los campesinos trabajadores tienen acceso al sector social de la economía, para poder manejar empresas de carácter social, creo que se trata por parte de Acción Nacional, de restarle méritos a ese tipo de propiedad y, yo estoy en desacuerdo con esta tesis de Acción Nacional, toda

vez que toda forma de propiedad en nuestro país sea estatal, sea social, que va encaminada a reducir la capacidad monopólica de las empresas transnacionales del imperialismo de cualquier país, creo que sería una propiedad estatal o social que habría de merecer todo el apoyo de nuestro pueblo y del gobierno.

Ahora con relación en lo que señalaba el diputado Reyes Medrano, el diputado Reyes Medrano nos dijo que él estaba muy satisfecho por nuestro nerviosismo, por el éxito del pacto, por nuestra preocupación y que el objetivo fundamental era detener el proceso agresivo de la inflación.

Nos dice también que el pacto no surgió de nadie en lo particular, sino de un consenso en general y que fue la central obrera o el Congreso del Trabajo, no especificó quién es el que propuso al gobierno dicho pacto. Digo, francamente no estoy de acuerdo, creo que según la propia prensa y según el propio senador Arturo Romo, según lo que comentaron los elementos del Congreso del Trabajo, ellos afirmaron públicamente que fue una imposición que les hizo el Gabinete Económico, el propio gobierno, para aceptar dicho pacto, inclusive que una hora antes les avisaron de la firma del pacto, no dieron oportunidad de negociar, de poder contemplar algunas cuestiones y se les impuso.

Entonces para mí se me hace una contradicción y una falsedad desde el punto de vista de los datos, lo que maneja el diputado Reyes Medrano, que los precios venían creciendo de manera inusitada por la vía de las expectativas; expectativa en precios es igual a inflación inercial, dice el diputado Reyes Medrano, porque los empresarios fijaban a su antojo precios en función de esta expectativa. Pues ésa es otra cuestión que precisamente es lo que caracteriza a esta crisis económica, a este descontrol que hemos llamado por parte del gobierno para poder satisfacer los requerimientos, las necesidades no sólo de la clase obrera sino de todas las mayorías de nuestro país.

¿Por qué ahora se reconoce que los empresarios estaban estableciendo a su antojo los precios?; ¿por qué siempre se negó durante cinco años de debates de este gobierno en torno a su política económica?; ¿por qué ahora se dice: "no, estaban haciendo lo que querían"? Pues eso era precisamente lo que nosotros estábamos manifestando durante cinco años de preocupación, de que la burguesía comercial oligárquica, las empresas transnacionales estaban expropiando los ahorros del pueblo, tanto por la vía de los precios como por la vía de pagar un precio muy bajo a la mercancía, fuerza de trabajo.

Entonces, eso no se contempla en el Pacto de Solidaridad Económica, no es una variable importante a considerar el aspecto cualitativo de la fuerza de trabajo, y únicamente se va sobre cuestiones que yo puedo llamar superficiales, como dije hace rato también que no van al fondo para combatir la inflación y la crisis económica.

Precios reales de garantía a los campesinos en 1988 respecto de 1987. Yo me pregunto ¿cómo podrá darse un precio de garantía a los campesinos, que es el precio a su fuerza de trabajo?, ¿cómo se podrá dar sin aumentar dichos precios de garantía?, ¿acaso habrá un control de los insumos, de las materias primas, de los precios que utilizan los campesinos para producir, para cosechar, para llevar adelante la producción agrícola?, ¿acaso hay realmente una baja en esas materias primas, alimentos balanceados, en la semilla, es decir, en virtud de que no hay aumento de precios nominales, hay realmente reducción en los precios de esos insumos para los campesinos?

Entonces, creo que ahí también hay un hueco, un paso en falso que no da fundamento, pues, a que este Pacto de Solidaridad Económica pueda realmente mejorar el nivel de vida de los campesinos.

Reducción de los subsidios a empresarios. Nada más que el diputado Reyes Medrano no da las cifras; ¿cuáles son esas cantidades en que se están reduciendo los subsidios a los empresarios? Este gobierno tiene por lo menos cuatro años de manera categórica afirmando que ha estado apoyando con subsidios, con estímulos fiscales, infraestructura a los exportadores. Ya lo dijo aquí un compañero diputado, quienes son los exportadores, quienes son los que se benefician con la gran exportación.

La reducción, o más bien dijo el diputado Reyes Medrano, el problema del déficit público ¿cómo se resuelve?, con mayor ingreso público o con menor egreso; es decir, reducción del gasto público, pues el problema es que lo tomaron por las dos vías, es decir, tomaron la vía clásica neoliberal, la que más, se ajusta a los intereses de la oligarquía, la vía que deja intacta la estructura injusta de distribución de la riqueza en nuestro país, simplemente subir los precios de bienes y servicios públicos y a la vez recortarle a los campesinos, recortarle a la Conasupo, recortar obras y servicios públicos, recortarle a los municipios y a gobiernos de los estados el gasto público, pero en ningún momento se planteó ir a tocar las grandes ganancias, en decir las grandes utilidades Aquí se dijo ya unos días atrás cómo existen poco más de 100 mil familias o 100 corporaciones de negocios que tienen más de 250 billones de pesos en sus manos, que no han sido en lo absoluto tocados en sus grandes utilidades.

Por eso yo quería tocar esas cuestiones, porque no es posible, no porque estemos en desacuerdo en bajar la inflación, estamos de acuerdo en que hay que bajarla, pero no estamos de acuerdo en que, dice aquí, dice el diputado Reyes Medrano: bajar los precios por cualquier vía; creo que no, eso no es correcto, tiene que ser la vía adecuada, es decir la vía justa, no puede ser la vía que en este momento se congelan las variables económicas, se enfría la economía, se contrae la demanda, el gobierno contrae sus gastos, deja de molestar a la banca nacionalizada, por lo tanto bajan las tasas de interés y de esa suerte separar sin un plan de choque, vamos a suponer que no es un plan de choque, pero se asemeja a un plan de choque que está simplemente tomando medidas que no van a fondo, ¿por qué?, porque una vez que se controle un poco la inflación, que en efecto hay algunos precios que han bajado, posteriormente por la propia dinámica, por la propia estructura de ganancias de utilidades, por la propia estructura del saqueo de expropiación de los ahorros del pueblo, por la propia vía de sacrificar los salarios, por la propia vía de estimular a la exportación y a los grandes capitales del sector privado nacional y transnacional, volveremos, compañeros legisladores, otra vez a estar aquí comentando; otros legisladores, en otros tiempos más adelante, estos problemas sobre la crisis, sobre la inflación porque no se está implementando lo que realmente servirá a fondo para lograr que sea el Estado mexicano el que acumule el capital para tener capacidad de atender a nuestro pueblo. De que sea el sector de empresarios nacionalistas, ese que ha sido arruinado por el capital extranjero, es decir, proteger al capital nacional privado, pero aquel que está realmente interesado en la independencia económica de nuestro país.

Establecer las medidas legislativas, la política de nacionalizaciones de apuntalar la economía, de preservar nuestra economía de los vaivenes de la política económica del imperialismo para poder darle seguridad, sustento, progreso firme, perspectiva asegurada a la economía de nuestro país. En pocas palabras, compañeros legisladores, retomar, regresar a esas fases surgidas de la Revolución Mexicana, a esas fases fundamentadas en el precepto del artículo 17 de nuestra Carta Fundamental; regresar a la confianza del pueblo, a la política revolucionaria económica en donde el crecimiento económico hasta antes de 1976, era cada año del 45% 5% hasta del 10% del Producto Interno Bruto.

De darle vía a lo que el pueblo siempre ha procurado el pueblo con capacidad, con inteligencia de entender que un gobierno se gana la confianza del pueblo cuando gobierna para él y le da mejores niveles de vida, le da empleo, le da producción, le da calzado, vestido, alimentos. Pero así, con este pacto, que es una serie de medidas que no van al fondo que al rato se van a desatar, posteriormente todas las consecuencias negativas por el ciclo propio de este sistema capitalista en el que nos han hundido ya de carácter dependiente, es que podemos nosotros, si embrumamos y cambiamos esto, pues simplemente no sólo abandonar el pacto sino abandonar también la política económica y tomar otra más positiva para nuestro pueblo. Gracias.

El C. Presidente: - El señor diputado Ortiz Gallegos ha solicitado la palabra para hechos, se le concede.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente: Hay un paralelo notable entre la sonoridad de este pacto bautizado como de solidaridad y el dispendio de la campaña del partido oficial, nunca en la historia de las campañas del partido oficial habíamos visto tal cantidad de recursos, despliegue de fuerzas de seguridad, cuidado en todos los detalles, aparato de movilización, manipulación informativa; México pues tiene a la vista dos graves retos por causa del gobierno.

El reto de que el Pacto de Solidaridad resulte en beneficio de la población y el reto de que esta campaña dispendiosa, desigualitaria, con oprobioso control de los medios de comunicación, resulte también en beneficio del pueblo.

En ese paralelo hay un estrechísimo fondo de carácter económico, que es el que estamos contemplando en esta discusión. Se dice que el pacto no es del gobierno. Los firmantes del pacto son desde luego el Presidente de la República y un grupo de funcionarios del gabinete llamado económico, de los secretarios de Estado.

Pero cuando analiza uno aquí que por el sector obrero, por el sector campesino y por el sector empresarial, firman destacados presidentes del Congreso del Trabajo, de una confederación, de otra, de una cámara patronal, de una confederación agrícola, tenemos que preguntarnos, ¿en dónde está el gobierno?

El gobierno, compañeros, es efectivamente una entidad política de acuerdo con nuestras leyes y de acuerdo con nuestro acercarnos al espíritu de la Constitución.

Pero a través del tiempo y en función de los hechos políticos el gobierno se ha constituido en un tremendo poder económico.

Cuando los límites del poder económico rebasan la estructura lógica de un poder político y se

convierten en aquella propiedad de los bienes que perteneciendo a la nación, se controlan específicamente bajo el poder del gobierno, resulta que hay mucha gente que no siendo institucionalmente firmante de una secretaría de Estado, son súbditos, colegas, compañeros de viaje del sistema del capitalismo gubernamental.

Por alguna razón específica y concreta, el Presidente De la Madrid no se atrevió a plantear ante la Cámara de Diputados el Pacto de Solidaridad Económica. Sabía que no encontraría el apoyo automático de una firma extraordinariamente rápida y extraña.

El Pacto de Solidaridad nació de la noche a la mañana como la idea genial e inesperada de alguien que en el oculto grupo de los grandes técnicos del gobierno, de repente tuvo en su mente esta idea extraña y diferente.

Dineros y páginas a millones y millones se tiraron para mantener los planes de desarrollo, los planes de control del gobierno a lo largo de cinco años. La historia de la planeación económica en México abarca desde el tiempo de Lázaro Cárdenas y va en su tomo número 18, pero curiosamente, salvo en el período de Luis Echeverría, en este período de Miguel de la Madrid es cuando más planes y planes se han llevado a cabo, según el índice respectivo de los libros que acabo de revisar.

El gobierno con toda su planificación no había encontrado un camino, que de repente alguien inventó. ¿En dónde está ese secreto análisis, esa secreta virtud del pacto? En este paralelo específico de continuar con un sistema de dispendio y de control de desinformación, de atrabiliario poder político ejercido en materia electoral, aparentarlo, sostenerlo y mantenerlo y, aparentar simultáneamente al que se van a ganar las elecciones, aparentar simultáneamente que el proceso económico de deterioro del salario habría de terminar.

¿Y se dice qué no es un proceso electorero el Pacto de Solidaridad?, ¿por qué se inventó en las vísperas de las elecciones y no a lo largo de cinco años?, ¿dónde está esa genialidad de los técnicos que dijeron: "Hasta el momento específico, cuando determinados factores se den en lo económico, hasta entonces vamos a llegar"?

La coincidencia de que el déficit gubernamental fuese en 1987, el año pasado, la proporción del producto interno bruto que había tenido el mismo déficit en 1982, el año más crítico de la historia, de López Portillo, establece que el peor año en la crisis económica que padece el gobierno y el pueblo de México, de estos cinco años, fue el de 1987, Igual que en el de López Portillo había sido en 1982.

Hay muchas variables en el fenómeno económico pero, ¡qué curioso que frente a la crisis mayor, la más grande, se tuviese la mayor ocultación posible! Así es como nació este pacto que se dice que no es del gobierno. Pero lo curioso es que firmantes como Fidel Velázquez dijeran que no tenían otro camino más que ése para firmar, porque se los había demandado el gobierno.

En una comparecencia de televisión, el diputado Moisés Calleja, cuya ausencia extrañamos en este instante, probablemente es que ya renunció, perdón entonces, no está aquí el diputado Moisés Calleja que en una comparecencia, en un diálogo en televisión, fue el primero en reconocer que el pacto no favorecía la recuperación del salario de los trabajadores.

Un programa de televisión que yo sostuve en Monterrey con el senador Raúl Caballero, él fue el primero en señalar que efectivamente este pacto no sacaría a los trabajadores de su problema de baja rentabilidad, de bajo ingreso productivo.

Es pues del gobierno y no del pueblo el pacto de solidaridad. No hay consenso generalizado en el pacto. Cuando se tiene consenso no es necesario hacer tanto dispendio de televisión, de radio y de prensa para decir que esto es el mejor camino para México.

Hay una especie de abundancia cordis que dirían los latinos que representa el anhelo, la inquietud, el prurito, la locura de que el pacto funcione de aquí a julio, que es cuando las elecciones vienen. Pero hay en el fondo del grave problema de que la inflación cuyos factores están ocultando y manipulando, no va a desaparecer, a pesar del proceso que se ha puesto en juego.

En su análisis breve, que obviamente no podía ser exhaustivo ni completo, el diputado Reyes Medrano dijo: "Dos o tres factores que trabajan para hacer la inflación".

Yo estoy seguro de que él mismo no trató de hacer una analítica severa. Pero yo quiero recordarle que los dos factores esenciales de la inflación que hemos padecido, eran en primer lugar el circulante o sea, el volumen de dinero y de recursos monetarios en circulación lo que los técnicos llaman el M5, el agregado monetario. Que se había tenido que elevar en grande para poder sostener la creciente del déficit gubernamental, que ya no se podía apoyar en deuda extranjera, en deuda externa, sabemos todos que desde el año de 1985- 1986 el gobierno mexicano ya no pudo

obtener créditos en dólares en el extranjero, tuvo necesidad de poner a trabajar el circulante interior para que de esa manera se financiara el gobierno de sus déficits tremendos y de su sobregiro.

El otro, que es el lógico resultado de un circulante inflacionario enorme, es el de los insumos, que significan más altos costos de operación, por las materias primas, por los impuestos, por los salarios que crecen y que hacen que la inflación se dé en cada uno de los productos que se elaboran y que se distribuyen en el país. ¿Qué ha sucedido con esos dos factores? En esta etapa de la inflación que se dice ya se pudo reducir al 3%, y aquí es donde viene el grave problema del ocultamiento oficial.

Se dice que la inflación ha bajado, pero no se han dado a la publicidad, los graves informes sobre la recesión económica que representa una gran baja en el empleo de los trabajadores, una gran baja en la productividad y en la inversión pública y privada que representa un grave desempleo y un problema de menor capacidad adquisitiva en el volumen de los consumos.

Sólo en el mes de enero, Agustín Legorreta, uno de los firmantes del pacto, reconoció públicamente un dato que el gobierno no nos ha entregado porque nos manda informes hasta el primer trimestre, reconoció que el circulante monetario había sido disminuido en el solo mes de enero en un 20%.

Eso significa meter las manos en un proceso de recesión para con apoyo en la recesión desinflar el salario y desinflar la capacidad de producción y por lo tanto, hacer que efectivamente la inflación baje.

El precio del pacto de sonoridad económica es el hambre del pueblo mexicano. Hay pues recesión... por favor, un minuto más para poder terminar con mi intervención. No se trata, decía el diputado Reyes Medrano, de un pacto electorero, sino de una estabilización de la economía. Estabilización de la economía es dejar el salario del trabajador, cuyo poder adquisitivo en cinco años se ha reducido de 100 a sólo 50, ¿eso se le llama estabilizar? Es estabilizar la pobreza del mexicano cuando ya el gobierno en los comienzos de este año y en los finales del año pasado, de tal manera creció sus precios que ya no requiere más recursos en sus paraestatales para no subsidiarlas. Es hacer que el Estado convierta en realidad aquel grito del marinero cuando el barco comienza a hacer agua y grita: Sálvese el que pueda.

Y el gobierno está queriendo salvarse con este procedimiento de desinflar al pobre para hacerlo más pobre, de hacer que aparezca como que la inflación disminuye con cifras inventadas que no es posible que sean reales porque no tienen los mecanismos para saber qué tan rápidamente se tuvieron los informes de la inflación. Detrás de nosotros el diluvio es lo que dice Miguel de la Madrid para dejar el poder dentro de muy poco tiempo, al que venga atrás que arrastre.

Finalmente, y sólo por una alusión rápida, del diputado Morquecho, que podría ser significada en otra intervención, me permito hacerle la observación: Yo hablé de los tres capitalismos principales que en el mundo se dan, no solamente en el mundo, en México también. Y cuando dije del capitalismo sindical, por supuesto que no me refería al capitalismo que ojalá significase cualquiera de los 100 mil ó 200 mil o varios millones de trabajadores que están sindicalizados tuvieran acceso en acciones a la propiedad de las empresas que forman el patrimonio de las centrales obreras.

Yo hablé del capitalismo que con la cobertura de cuotas sindicales y de apoyos oficiales, ha significado que los sindicatos tengan en sus centrales enormes capitales con los que compran empresas; empresas sobre las cuales no se publica un solo balance, empresas sobre las cuales ningún trabajador sabe que existen siquiera. Muchas de las cuales ni siquiera se tiene conocimiento de que sean propiedad de ésta o de aquella central laboral.

¿Cuál es el beneficio que obtiene finalmente ese trabajador? Ninguno. No es un capitalismo de corporación, no es un capitalismo en el que cada trabajador forme parte de propiedad de la empresa, es un capitalismo en donde los líderes eternos, los presidentes obreros, siguen sufragando sus gastos personales y su tren de vida con cargo a la vida y a la miseria de los trabajadores. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano.

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - Con su permiso, señor presidente; señores legisladores: Voy a ser muy breve, porque en realidad en el transcurso de este debate nos ha venido dando la razón. Cuando comienzan a entrar a generalidades y se resbalan a otros aspectos de campaña, etcétera, no el debate que se originó fundamentalmente respecto al pacto, pues tenemos cierta razón en lo que hemos expresado en esta tribuna.

Solamente voy a tomar la palabra muy brevemente para hacer algunas aclaraciones, respecto a lo que los compañeros diputados han dicho de lo mismo.

El compañero Unzueta Lorenzana, nos ha dicho que el pacto ha hundido al país, no es cierto; al

contrario, el pacto está ayudando a detener el deterioro de la economía del país, y ése es un hecho incontrovertible.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): -Perdone, diputado, pero yo dije que el pacto es un clavo con el que se remataba la política económica con que se hundía al país.

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - Claro que lo niego, puesto que el pacto ha detenido precisamente un deterioro que venía mostrándose hasta el mes de noviembre de 1987.

Nos dice que los salarios están congelados, no es cierto, los salarios no están congelados, prueba es que hace apenas 27 días fueron incrementados nuevamente, aunque fueron en un porcentaje bajo; por un lado, me refiero a los salarios mínimos, pero respecto a los salarios contractuales siguen su proceso normal de demanda anual, de revisión, y hay en este momento demandas metidas en Conciliación y Arbitraje directamente a las empresas en donde están revisando su proceso salarial, lo que niega rotundamente alguna congelación de salarios en lo absoluto, y lo está logrando que es lo más importante.

Es cierto, sí hay un cierto proceso recesivo en el país, evidentemente tenemos que presentarlos a un cierto problema de desempleo, es obvio, pero es parte de siguientes pasos que tendremos que hacer después de estabilizar la economía del país, lograr el crecimiento mediante el cual no solamente se logre incrementar las tasas de crecimiento de empleo sino de producción y satisfacción de necesidades; eso es parte muy importante de la práctica económica que se está llevando a raíz del pacto.

Respecto a las reservas de divisas, diputado Lorenzana, me permito decirle a usted que no solamente no se han disminuido sino que se han incrementado en forma sustancial. En el mes de diciembre había en divisas en la reserva, en torno de los 13 mil 700 millones de dólares, en la mitad del mes de marzo se dio la cifra de poco más de 15 mil millones de dólares, y lo más probable que cuando termine este mes a raíz del desencadenamiento, del desamarramiento del financiamiento que nuestro país había negociado con la banca privada extranjera y los bancos oficiales norteamericanos, es posible que ingresen poco más de 1 mil 300 millones de dólares más a enriquecer la reserva.

El C. Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, señor diputado Reyes Medrano?

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - Sí, la acepto.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco (desde su curul): - Diputado Alfonso Reyes Medrano, respecto a las reservas del Banco de México, las divisas del Banco de México, ¿van a disminuir manteniendo la paridad del tipo de cambio fijas, se subsidia o no?

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - No, en lo absoluto; fíjese usted que en la magnitud de reservas depende precisamente de la balanza comercial que se está llevando a cabo cada dos días, es decir, importaciones con lo cual debemos de exportar divisas o de entregar divisas, contra importaciones más, menos ingresos, no rigurosamente de la balanza comercial, sino de repatriación de capitales, de ingresos por financiamientos externos desamarrados y una serie de factores que están concluidos.

El hecho de tener detenida la devaluación del tipo de cambio, obedece a otros factores económicos; el más importante desde luego, es el de incrementar las reservas de divisas, una divisa, un peso, es decir una moneda se devalúa cuando la reserva de divisas disminuye sustancialmente y cuando la balanza comercial también está arrojando saldos negativos, cosa que no está sucediendo en la actualidad. Por eso se está enriqueciendo la reserva de divisas, en consecuencia, no hay necesidad de devaluar, es decir, una conclusión lógica en materia económica.

El diputado Calderón Tinoco nos decía, que reconoce aspectos positivos del pacto y lo cual desde luego es evidente para él, y es un reconocimiento honrado de su pensamiento y de observar la fenomenología económica que transcurre en nuestro país.

Nos dice un poco despectivamente, que el gobierno quiere convertirse en héroe; manifesté muy claramente que no es el gobierno precisamente el que quiere convertirse en héroe, son los sectores, en los sectores que privan en la economía del país los que están haciendo el pacto, y los que en última instancia representan al pueblo de México que definitivamente será el héroe en caso de que logremos estabilizar la economía del país, cual es nuestro objetivo fundamental del pacto.

El gasto público, en material del gasto público ¿cómo puede hablar de un gobierno rico y un pueblo pobre? Nadie es rico cuando se tiene déficit y el déficit se ha reducido en función de la nacionalización que ha emprendido no en este año, en el anterior y como consecuencia del pacto, claro que lo ha incrementado como consecuencia del pacto, pero fíjese usted que el déficit gubernamental ascendía a 16% del producto interno bruto, mientras que en el año pasado ya se dio un 8%.

Espero que con las medidas estructuradas dentro del pacto y la cuenta pública de 1988, se los dirá a los próximos diputados, nos dirá cuánto en definitiva se redujo el déficit gubernamental, que es uno de los instrumentos y armas fundamentales para combatir la inflación.

El diputado Héctor Morquecho nos dice, que el sector social de la economía debe de estar de acuerdo con él; es evidente, nosotros, el programa que desarrolló el movimiento obrero para hacer, para fomentar y desarrollar la adquisición de empresas, no es un capitalismo sindical, al contrario, es todo lo contrario.

En la gran mayoría de las empresas, de los sindicatos, se está llevando a cabo un nuevo proceso jurídico mediante el cual los propios trabajadores se quedan con acciones correspondientes a su pasivo laboral de cada empresa, cosa que también le aclaro al diputado Ortiz Gallegos.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): -Me permite una interpelación?

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - Sí, como no.

El C. diputado Jorge Eugenio Gallegos (desde su curul): -¿Me podría dar el nombre de alguna empresa en donde se comience a hacer ese proceso?

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano: - Bicicletas Cóndor, señor, y yo me encargo de ese proceso jurídico de distribuirlos aquí entre los trabajadores.

Nos decía Héctor Morquecho que yo miento cuando digo que el origen del pacto fue de los trabajadores; desde luego que en las circunstancias, digo, en la medida actual como está el pacto, no, desde luego, pero el 28 de noviembre a raíz de los hechos que todos conocemos y mediante el cual hubo una agresivas adquisición de divisas y devaluación, que también permitió una alzada de precios y un proceso inflacionario agresivo, el movimiento obrero recurrió al gobierno de la República y le pidió en un documento de siete puntos, que lograra reunir a los rectores de la producción para que firmáramos un pacto, mediante el cual discutiéramos las circunstancias económicas que estaban privando en el país y tratáramos de detener el proceso tan acelerado inflacionario y que es el primer objetivo de ataque de nosotros.

En consecuencia, yo no miento, me tocó participar en la redacción de este documento que fue entregado antes del 28 de noviembre, y que se llegó a una conclusión con la firma de un pacto el 15 de diciembre. Evidentemente, la primera parte del pacto, algunos dirigentes obreros nos manifestamos en desacuerdo porque la agresividad de los precios desatada por el ajuste de los precios del gobierno no estaba de acuerdo con lo del pacto; sin embargo, tuvieron que disciplinarse y en consecuencia, tuvo que darse paso a la segunda parte del pacto, que fue firmado en los últimos días de febrero.

Es por eso que le digo con toda razón, que nosotros no somos los originarios del pacto, pero sí promovimos en cierto modo la discusión entre sectores y pactar es precisamente lo que ya se veía en un futuro difícil para nuestro país, con una agresividad inflacionaria que se estaba previendo.

Finalmente, al diputado Ortiz Gallegos, ya le mencionaba que el capitalismo sindical no es tal, respecto a las empresas; son empresas del sector social y están previstas en el artículo 25 constitucional, y los trabajadores participan en efecto de esta circunstancia, se benefician con los precios de los productos que producen las empresas de los sindicatos y del sector social de la economía.

Con ello, compañeros legisladores, creo que debemos estar más que satisfechos precisamente por la forma en que va avanzando, el pacto. Si los argumentos de nuestros compañeros diputados de la oposición comienzan a disminuir de fondo y de forma, quiere decir que evidentemente el pacto está avanzando.

Yo en ningún momento mencioné que íbamos a acabar con la inflación, ni de que ha disminuido la inflación, yo mencioné que había disminuido la velocidad de crecimiento de la inflación, lo cual es cierto y es constatable en los índices de precios que recoge la Comisión de Seguimiento del Pacto de Solidaridad Económica. Muchas gracias, señor presidente.

El C. Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el señor diputado Eugenio Ortiz Gallegos.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Muchas gracias, señor presidente: Muy brevemente para no hacer gravoso a su atención.

Al diputado Reyes Medrano se le acaban de mover los tiempos; la inflación de 1987 fue del 18%, señor diputado, no del 10%; 1988 se proyecta como una inflación de que en vez del 18% va a bajar al 10%, la del año pasado igual, 18% igual que

1982, pero usted ha dicho además una cosa que no se puede quedar al aire, se devalúa...

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano (desde su curul): ¿Me permite una interpelación?

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Cómo no, diputado.

El C. diputado Alfonso Reyes Medrano (desde su curul): - No es a la inflación a lo que me refería, es al déficit presupuestal que era del 16% y que logró reducirlo el gobierno a través de los programas de racionalización al 8% PIB; la inflación en el año de 1987 fue de 159.5%, si mal no recuerdo.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Sí, yo, señor diputado, mencioné la inflación como factor que usted había equivocadamente movido tiempo atrás, me gustaría revisar la taquigrafía porque me equivoqué. Yo me refiero concretamente a que el déficit gubernamental de 1987 llegó al 18%, es el déficit más alto de la historia en el régimen de Miguel de la Madrid, usted dijo que había bajado el año pasado a 10%, ahí es donde digo que se le movieron los tiempos.

Se le movieron los tiempos porque para 1988 está anunciándose que bajará el 10%, lo cual está por verse; bueno al 8%, a lo mejor inclusive, ahora sí le pegan al clavo, porque en los cinco años de la historia de este régimen, nunca le pegaron al pronóstico del déficit, siempre les salían un poco más del doble o casi el doble; pero usted dijo que el problema de las, a una pregunta de alguno de los diputados de la oposición, que la moneda se devalúa cuando bajan las reservas, ¿por qué se devaluó la moneda en el mes de noviembre, si teníamos reservas más altas que nunca?, lo pongo simplemente como un ejemplo de la barbaridad que usted no ha dicho aquí.

¿Las reservas monetarias tienen que ver?, claro que tienen que ver el valor de la moneda, pero definitivamente la devaluación es un factor que tiene que ver con el precio de los productos y la productividad interna de los países.

Cuando en 1936 el régimen de Lázaro Cárdenas devaluó la moneda por primera vez de varios sexenios, entonces comenzó el proceso inflacionario en el cual nosotros nos convertíamos en desnivelados de más pobres, frente al régimen de Estados Unidos, y así ha sucedido en todos los procesos de devaluación, cuando en el intercambio monetario los extranjeros ya no quieren recibir la moneda al mismo precio, y tenemos que ajustarnos de acuerdo con convenios internacionales.

Pero usted ha mencionado que las empresas paraestatales, las empresas sindicales se fundaron de acuerdo con la Constitución, como sector social y evidentemente que no dudo que así exista, así lo hemos mencionado; lo que yo veo es que de las 121 empresas, que por lo menos de oídas se dice que la CTM tiene propiedad, en solo una de ellas, dice usted, se han comenzado a repartir las acciones.

Espero tener la grata noticia de que en el rápido proceso de la economía mexicana, cuando el gobierno está deshaciéndose de empresas, ustedes los líderes empiecen a deshacerse de las empresas para dárselas a sus trabajadores y que no una en 100, sino rápidamente las 100 lleguen a ser propiedad de los trabajadores. Muchas gracias.

DEL ESTADO DE CHIAPAS

El C. Presidente: - Tiene la palabra, para asunto diverso, el señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Vengo a referirme en esta ocasión, al dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, el pasado 24, y por eso mi intervención comienza con una frase entre admiraciones.

¡Qué vergüenza!, ¡qué vergüenza!, qué difícil será para la mayoría priísta de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, justificar la decisión adoptada el pasado jueves 24, negando la iniciación de juicio político contra el gobernador de Chiapas, general Absalón Castellanos, porque tiene que justificar ante la nación esa mayoría, ante todos los mexicanos, que no ha lugar a someter a juicio político a un, y esto lo entrecomillo , "a un servidor público" que ha cometido actos y ha caído en omisiones que atentan contra los interese públicos fundamentales de la nación.

Porque tienen que explicar, esta mayoría, razones de la incapacidad de la Cámara de Diputados, para actuar conforme lo ordena la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, e iniciar el enjuiciamiento de quien es responsable de violaciones sistemáticas a las garantías individuales y sociales consagradas en la Comisión General de la República, de violaciones a los derechos humanos, de represiones a las organizaciones sociales y políticas y a su dirigentes, de violaciones, represiones que no tienen comparación ni precedentes en la historia reciente de Chiapas y en las demás entidades del país.

Compañeros legisladores, venimos aquí hoy a expresar nuestra opinión, acerca del dictamen emitido el pasado jueves por la mayoría priísta, nadie más la acompañó en esta vergüenza, acerca de la denuncia que cuatro diputados del Partido Mexicano Socialista, presentamos el pasado 20 de enero, exhibiendo violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a diversas leyes y convenios y pactos sobre derechos humanos suscritos por nuestro país, señalando como responsable de ellas al general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador constitucional del estado de Chiapas.

Y si el tono de hoy es de indignación, es porque la arbitrariedad con que se ha procedido para garantizar la impunidad de un gobernador priísta, de un evidente representante de las retrancas opuestas, a la reincorporación del estado de Chiapas a la vida constitucional del país, es porque el atropello al derecho de los ciudadanos mexicanos para someter a juicio político al responsable directo de crímenes, asaltos, violaciones, secuestros, no puede causar sino el más rotundo rechazo. Estamos indignados nosotros, pero hay millones de mexicanos indignados junto con nosotros, y que junto con nosotros no estarán dispuestos a admitir tal arbitrariedad y tal atropello. Qué lejos están aquellos días, en que los nueve diputados priístas firmaron junto con los grupos parlamentarios del PSUM, del PRI, el PMI, el PPS y el PSI un informe a la Cámara de Diputados en que se decía: "Por principio, debe lamentarse y reprobar explícitamente el asesinato del presunto diputado local, licenciado Andulio Gálvez, dirigente de la CIOAC y del Frente de Abogados Democráticos de Chiapas.

Es lo menos que puede hacerse, continuaban, ante una aberración que no sólo va en contra de las instituciones nacionales, sino también contra los razonamientos más elementales en cuanto a la práctica de los asuntos políticos; continuaban, fue un crimen que sólo puede ser útil a quienes se reivindican como beneficiarios de la provocación. Los hechos lamentables del 10 de octubre son una resultante de un cuadro social complejo; esta realidad convocó a actitudes provocadoras de elementos extraños a la manifestación por un lado, y excesos policiales por otro". Ahí termina la cita del informe.

Están lejos esos días en que se condenaba la violencia, y se pretendía abrir paso a la discusión, en que se condenaban los asesinatos y las autoridades policiales eran sometidas a investigación.

Hoy, los diputados priístas, integrantes de las comisiones unidas han preferido exculpar a un gobierno culpable, y negar que el gobernador, por intervención directa, por omisión o por simple incapacidad, tenga responsabilidad en los 102 asesinatos, las 327 desapariciones, las 590 detenciones, los 427 secuestros y actos de tortura, las 590 detenciones, los 261 heridos, la expulsión de 407 familias de sus comunidades, los 54 desalojos de población, las 27 amenazas de desalojo, las 12 mujeres violadas, las 548 amenazas de expulsión de familias, los 18 casos de destrucción de viviendas, escuelas e iglesias, los 29 ataques de las fuerzas públicas a mítines, los dos ataques a marchas de protesta, los cuatro allanamientos de oficinas de organizaciones sociales y políticas.

Sí, es indignante que la mayoría priísta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, haya recurrido al deleznable método antijurídico y anticonstitucional de usurpar funciones de la sección instructora de la Cámara de Diputados y realizar una valoración de fondo de las pruebas aportadas por los cuatro diputados del Partido Mexicano Socialista, para desconocer la existencia del hecho y suficientemente probada por las pruebas presentadas de una situación jurídica de excepción en esa entidad, donde se violan de manera flagrante y sistemática las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, donde militares actúan anticonstitucionalmente y donde se tolera y protege la existencia e impunidad de grupos armados a las órdenes de caciques y terratenientes.

Y también es indignante que esa mayoría considera un acto aislado de particulares o de agentes administrativos, como dice el dictamen, hecho como el acontecido el 5 de diciembre, hechos que por sí mismos serían suficientes para iniciar un juicio político y determinar la responsabilidad del gobernador y que señalábamos nosotros en nuestra denuncia con toda su bárbara peculiaridad.

Nos referimos al ataque por más de 200 policías de seguridad pública y de la judicial del estado, contra campesinos pertenecientes a la organización campesina Emiliano Zapata y a la central independiente de obreros agrícolas y campesinos que protestaban por actos e irregularidades cometidos por el presidente municipal.

Los grupos policiales disolvieron el acto con gases lacrimógenos y disparos de arma de fuego, dejando como saldo cuatro campesinos muertos, decenas de heridos, robo de bienes y cuatro campesinos secuestrados. Los campesinos asesinados fueron: Urcilio López, Rubén Santín, Martiniano Rogelio Hernández y José Domínguez López; los cuatro campesinos secuestrados fueron llevados en una camioneta perteneciente al cuerpo de seguridad pública del Estado y no fueron presentados ante el ministerio público, ante el juez competente.

Posteriormente, a principios del año en curso, fueron encontrados cuatro cadáveres en el municipio de Motolzintla, que corresponden a los campesinos secuestrados: ¿es que no son pruebas de esta barbarie y en concreto de la responsabilidad del gobernador del estado, que tiene bajo su mando a la policía y a los cuerpos de seguridad pública según establece constitucionalmente, es que no son pruebas de esa barbarie las actas de defunción de los cuatro campesinos asesinados y los testimonios de sus familiares, incluidos en la demanda de juicio político presentada por sus viudas ante el Congreso del Estado de Chiapas el pasado 1o. de febrero?, ¿es que carecen de todo valor probatorio como dice el dictamen, los cadáveres, su identificación y los dichos de las compañeras de esos asesinados?

¡Cómo no indignarse!, ¡cómo no indignarse y no denunciar la irresponsabilidad de la mayoría priísta en comisiones unidas!, cuando decide por sí y ante la nación, que no ha lugar a iniciar el juicio solicitado, cuando 182 hechos de violación, agresión y ataque de agentes de la policía, fuerzas armadas del ejército, grupos armados aparados por la complicidad oficial y por el disimulo de las autoridades, prueban sobradamente que en Chiapas la Constitución General de la República es violada en 12 de sus artículos; son atropelladas disposiciones contenidas en convenios y pactos suscritos por el país en materia de derechos humanos, y se pasa encima de leyes federales, en materia de procedimientos penales y de prevención y sanción a la tortura.

Cómo no expresar protesta, indignación, cuando un asunto tan importante se ha resuelto sin permitir un estudio detallado de un proyecto de dictamen, sino se impone la discusión de un proyecto que nadie sabe quién hizo; aunque por palabras propias puede atribuirse, para vergüenza suya, al presidente de la Comisión de Justicia, diputado David Jiménez, y que se lee ese dictamen en la propia reunión citada sólo con un día de anticipación, sin haber dado a conocer el orden del día.

¿Cómo no rechazarlo con energía, cuando el grupo pluripartidista de trabajo fue hecho a un lado por los dirigentes de las comisiones unidas, responsabilidad que atañe a los dos presidentes, para presentar un proyecto firmado exclusivamente por diputados del PRI, del que no se quisieron hacer responsables los presidentes de las comisiones unidas?

Y finalmente, ¿como no exigir la reposición de todo el procedimiento y reclamar una revisión del dictamen?, proposición que haremos en su momento, cuando la opinión pública ha sido informada de manera tergiversada por un boletín de prensa emitido probablemente antes de que la reunión resolviera, y después de haber prohibido a los representantes de los medios su acceso a la reunión, según nos fue denunciado por los propios periodistas el viernes 25.

Estamos seguros, como decíamos antes, de que nuestra indignación es compartida por muchísimos mexicanos. Ya en el curso de la discusión, en la reunión de comisiones unidas, uno de los diputados denunciantes señalaba que en el mismo hecho de que estuviera en curso el juicio político, había frenado las violaciones a las libertades por parte del gobierno del estado; mas ahora, con esa protección al gobernador de Chiapas, se abre para el pueblo chiapaneco una riesgosa época de inquietud e incertidumbre.

Por ello, no se puede dejar pasar, pero también el hecho de que el partido gobernante haya puesto su influencia y representación parlamentaria al servicio de un individuo condenado por su pueblo, muestra que el PRI no es capaz ni está interesado en cambiar la situación que existe en Chiapas, a pesar de lo que diga y prometa el patrocinado candidato a gobernador para el sexenio 1988-1994, y a pesar de lo que haya dejado entrever el candidato presidencial priísta.

El PRI, lo ha demostrado su grupo parlamentario, no sólo no se compromete a realizar los cambios necesarios en Chiapas, sino se ha comprometido con los crímenes cometidos, auspiciados o tolerados por Absalón Castellanos; para que las cosas cambien en Chiapas, ha demostrado el grupo parlamentario del PRI, es necesario que se cambie de partido gobernante.

Pero nosotros, no obstante esta indignación, nosotros no queremos dejar de acudir a todas las instancias posibles para hacer cambiar esto que a nuestro juicio es un atentado, un atentado que pone en cuestión al propio juicio político; por ello, en esta ocasión, y en virtud de que en el procedimiento que se siguió para la eleboración del dictamen, se cometieron una serie de irregularidades y de que las comisiones unidas no se apegaron a las atribuciones que para ellos establece expresamente el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentamos la siguiente solicitud:

"Ciudadano presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado miembro de esta Comisión Permanente, solicita de usted, ciudadano presidente, que en uso de sus atribuciones turne a

las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que las mismas resuelvan sobre la siguiente propuesta:

Reponer el procedimiento y elaborar en un nuevo dictamen, en relación a la denuncia de juicios político contra el general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador del estado de Chiapas, dictamen que deberá apegarse a lo dispuesto por la ley, el reglamento y las prácticas que rigen nuestro trabajo parlamentario, y que deberá ceñirse estrictamente a las atribuciones que marca para las comisiones unidas el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana."

Dejo en manos de la secretaría esta solicitud.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado David Jiménez, en contra de la proposición.

El C. diputado David Jiménez González: - Con el permiso de la presidencia; compañeros senadores y diputados: Ha venido, como ha sido ya costumbre, el señor diputado Gerardo Unzueta, a impugnar aquellas resoluciones y los trámites que desde luego, no le han dado satisfacción a las pretensiones que él hubiera querido que se hubieran dado.

¿Quién, en esta Comisión Permanente, no ha recordado las diversas intervenciones y por qué no decirlo, frecuentes, del compañero Gerardo Unzueta, pidiendo a la presidencia de esta Comisión de que excitara a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación para que se abocaran a dictaminar a la mayor brevedad posible, el asunto en el cual consistía la denuncia del gobernador, en contra del gobernador de Chiapas?; no fue una, fueron varias las peticiones que hizo el compañero Gerardo Unzueta.

Efectivamente, nosotros nos reunimos, las comisiones unidas y se estableció en principio, que fuera un grupo de trabajo el que elaborara un anteproyecto de dictamen que fuera sometido a consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Con posterioridad se reunieron los compañeros, que debido a esas reuniones de las comisiones unidas, habían sido designados para hacer el estudio correspondiente del anteproyecto que se les había encargado , atendiendo pues a la denuncia misma que había hecho el Partido Mexicano Socialista en contra del gobernador de Chiapas, el señor general Absalón Castellanos Domínguez.

En ese grupo de trabajo participaban los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, los compañeros de Acción Nacional y los compañeros del partido Mexicano Socialista.

En una reunión que se tuvo en las oficinas de la Comisión de Justicia, en donde asistió el compañero Gerardo Unzueta y el compañero Arnoldo Martínez Verdugo y compañeros de la Comisión de Justicia que forman parte de nuestra organización política, se preguntó si efectivamente se había elaborado por este grupo de trabajo un anteproyecto de dictamen; y esto viene a colación para dejar perfectamente claro cómo fue que se llevó a cabo el estudio y el análisis de la denuncia presentada por el Partido Mexicano Socialista, y en la cual fue discutida y dictaminada en la última sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, en la cual se resolvió el asunto del estado de Chiapas.

Así pues, en la oficina de la Comisión de Justicia, decía, nos reunimos porque en esa reunión estuve yo, estuvimos los demás compañeros y entonces preguntábamos si efectivamente había presentado alguno de los miembros del grupo de trabajo algún proyecto, que nos permitiera desde luego empezar a analizar el proyecto de dictamen, antes de presentarlo a consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Se le preguntó a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, y dijeron que no habían elaborado todavía el dictamen debido a que uno de los compañeros que había quedado como integrante del grupo de trabajo, David Jiménez Remus, no había asistido a las reuniones a las cuales había sido convocado.

Se le consultó entonces al compañero Arnoldo Martínez Verdugo, que si tenía ya él elaborado un proyecto también para poderlo estudiar y analizar; la contestación del compañero Arnoldo Martínez Verdugo fue en el sentido de que no había hecho tampoco ningún proyecto respecto al asunto que nos ocupa.

Por consiguiente, el presidente de la Comisión de Justicia, su servidor, se comprometió, si es que el grupo de trabajo no presentara desde luego ese proyecto, nosotros presentaríamos uno que someteríamos a la consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, una vez que lo hubiéramos elaborado.

Así las cosas, los compañeros del Partido Mexicano Socialista, por conducto de Gerardo Unzueta, volvieron a pedir una excitativa para que se reunieran las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia a la mayor brevedad posible y se emitiera el dictamen correspondiente al asunto de Chiapas.

Así pues se dio cumplimiento a la excitativa formulada por la Comisión Permanente y se citó a la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia que conocerían no solamente de ese asunto, sino de otros más que habían sido presentados ante la consideración de ambas comisiones.

En la reunión que tuvimos la semana pasada y en cumplimiento a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades, nosotros, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, dictaminamos sobre el asunto de la denuncia del Partido Mexicano Socialista.

Una vez que he hecho este marco explicativo respecto al asunto que ha planteado en esta Comisión Permanente el compañero Gerardo Unzueta, y en la cual nos ha tildado con algunos calificativos en donde no se explica o realmente manifiesta su indignación por el dictamen que fue discutido, analizado y aprobado, y por consiguiente dictaminado el jueves de la semana próxima pasada, queremos decirle también lo siguiente: Que sí lo analizamos, se lo discutimos, y por otra parte, que nos ajustamos a los preceptos no solamente la Ley de Responsabilidades sino también a la Constitución General de la República, puesto que uno de los argumentos que ha esgrimido y ha elaborado en esta tribuna el compañero Gerardo Unzueta ha sido que nosotros actuamos total y definitivamente fuera del marco jurídico que debería de haberse seguido para resolver el asunto en cuestión.

Para ilustrar a nuestros compañeros senadores y diputados presentes, y desde luego para reiterar una vez más al compañero Gerardo Unzueta cuáles fueron los razonamientos de carácter jurídico que se dieron para considerar que no era procedente la denuncia formulada por ellos, vamos nosotros a darles a ustedes un panorama sucinto de la situación que prevalece en este asunto y que como ya digo, fue resuelta la semana pasada.

Voy a tratar de resumir el conjunto de denuncias y de hechos que se dieron con motivo del juicio político que pretendía el Partido Mexicano Socialista.

En la denuncia que formularon ustedes, se sostiene, en síntesis, repito, que el gobernador del estado de Chiapas, general Absalón Castellanos Domínguez, había incurrido en responsabilidad, ya que durante su gestión al frente del estado y hasta el 31 de diciembre de 1987 se habían reportado 102 asesinatos, 327 desaparecidos, 590 detenciones, 427 personas secuestradas y torturadas, 261 heridos, 407 familias expulsadas de sus comunidades, 54 desalojos de poblaciones, 27 amenazas de despojo, 12 mujeres violadas, 548 amenazas de expulsión de familias, 18 casos de destrucción de vivienda, escuelas e iglesias, 29 ataques de las fuerzas públicas a los mítines dos ataques a marchas de protesta y cuatro allanamientos a oficinas de organizaciones sociales y políticas, entre otras cosas.

Nosotros ante esta situación, inclusive usted ya había hecho referencia a algunos pronunciamientos de todos los partidos políticos en algunas de las sesiones de la Cámara de Diputados. Indiscutiblemente que nosotros no aprobamos, sino concedamos todos aquellos actos de carácter ilegal o aquellos que en un momento dado lleguen a trastocar la paz social, la tranquilidad pública en la cual se debe desenvolver la vida de nuestros estados y la vida de nuestras comunidades. Nosotros no aprobamos ningún acto de desorden o actos violatorios al orden constitucional, sea local o sea federal. Pero eso no nos puede llevar a hacer elucubraciones jurídicas que están fuera de todo razonamiento y de toda fundamentación legal. Nosotros pensamos que si las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, deberían de ajustarse estrictamente a lo que están autorizadas a hacerlo, de acuerdo con la ley de responsabilidades.

Las consideraciones jurídicas que en aquel entonces hicimos, es decir, el pasado jueves, queremos basarlas sobre lo siguiente: El título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a la responsabilidad de los funcionarios públicos, indicando qué funcionarios públicos y por qué causas pueden incurrir en responsabilidad.

El artículo 108 de la Constitución Federal en su parte conducente dice: "Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales".

Por su parte, el artículo 109 del propio ordenamiento, en su parte conducente dice: "Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, no procede el juicio político por la mala expresión de ideas.

Segundo la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal".

El artículo 110 en su parte conducente indica, "los gobernadores de los estados, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponde.

Las sanciones consistirán en la restitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público."

Por otra parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reglamentaria del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 5 y 7, fracción primera, tercera, sexta y séptima, que son en los que se apoya la denuncia, textualmente dicen:

"Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan. Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, podrán ser sujetos de juicio político por violaciones a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanan, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales."

El artículo 7o. dice: "redundan en perjuicio de los intereses públicos, fundamentales y de su buen despacho, primero el ataque a las instituciones democráticas.

Tercero. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales.

Sexta. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cause perjuicios graves a la federación o a uno o varios estados de la misma o de la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

Séptimo. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior".

Y además debe tomarse en consideración el artículo 6o. de este mismo ordenamiento, que literalmente indica:

"Artículo 6o. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho."

Es decir, estos preceptos deben de considerarse como se consideraron, como el marco jurídico dentro del cual procedería a analizar la denuncia presentada por la fracción parlamentaria del Partido Mexicano Socialista. Es decir, se dio la referencia, como consta en el dictamen, de todos aquellos preceptos de carácter constitucional y de acuerdo con la Ley de Responsabilidades, que es la reglamentaria al artículo cuarto, como hemos manifestado, para que se procediera al análisis, al estudio y a la resolución de la denuncia que había presentado el Partido Mexicano Socialista.

En primer término, y eso queremos destacar, que los términos expresos de la Constitución y de la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, las conductas por las que pueden ser sancionados los servidores públicos, son aquellas que realiza el propio funcionario y no terceras personas, que en caso de incurrir en hechos u omisiones, sancionados y penados por la Ley, deberán ser precisamente esas terceras personas las que respondan de sus conductas activas u homicidas como acaba de decir usted, hace algún momento.

Usted mencionaba por ejemplo, actos y conductas imputables directamente a policías municipales, a presidentes municipales, a caciques, a equis número de caciques que en primer... Con muchísimo gusto

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): -La constitución del estado establece o no, que el gobernador del estado es responsable de la actuación de las fuerzas de seguridad pública, ¿sí o no?

El C. diputado David Jiménez González: - Permítame tantito, es responsable cuando directamente interviene en el conocimiento. Y permítame tantito, pues está usted haciendo una interpelación. Tiene forzosamente que intervenir de acuerdo con lo que establece la ley, una conducta directa de la persona quien está mandando a que se ejecute determinado acto, por eso usted también lo sabe, puesto que también es provinciano, así nos lo ha dicho en esta tribuna, usted es tamaulipeco, existen disposiciones constitucionales en donde perfectamente se encuentra organizado todo un gobierno y quienes son los titulares de cada una de esas dependencias se encuentra la organización misma del gobierno.

Esos funcionarios o titulares de esas dependencias en las cuales tienen una serie de atribuciones pero también una serie de obligaciones, son responsables

también de acuerdo con sus preceptos constitucionales locales, y aquí más. Y también se dijo en la propia reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, que se habían abierto una serie de averiguaciones debido a una serie de denuncias formuladas, tanto por particulares o por organismos políticos, en las cuales algunas habían prosperado y estaban ya inclusive en el proceso de instrucción por parte de las autoridades judiciales, otras porque no habían sido ratificadas por parte de los que habían formulado la denuncia, es decir, dentro de su propia denuncia, dentro de su propio argumento, ustedes estaban diciendo, y nos lo dijeron, de que ya tenían conocimiento autoridades judiciales de algunos de los hechos que habían ustedes ya denunciado; por consiguiente, es decir, los órganos de gobierno encargados por ejemplo de la persecución de delitos habían estado ya entrando en funcionamiento debido a las denuncias que ustedes mismos habían presentado ante las diversas dependencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por consiguiente, no puede usted, en un momento dado, argumentar de que se ha roto un orden constitucional cuando ustedes mismos han estado haciendo uso de aquellos instrumentos que la propia constitución del estado de Chiapas, y desde luego apoyadas en la Constitución General de la República tiene para poder denunciar todos aquellos actos o conductas delictivas que deben de ser sometidas a conocimiento de las actividades correspondientes y sancionadas por éstas, en este caso las propias autoridades de carácter local que serían las de gobierno del estado de Chiapas, por una parte.

En efecto, tanto el artículo 109, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el artículo sexto de la Ley Federal de Responsabilidades, nos indican que el juicio político y las sanciones correspondientes al mismo se impondrán a los servidores públicos, entre los cuales se encuentran los gobernadores de los estados cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su despacho.

De conformidad con el texto de la Constitución y de la ley, así como de la ley y la doctrina misma que rigen en materia penal, lo mismo que del régimen de legalidad y de seguridad jurídica que rige dentro del Estado mexicano, la responsabilidad imputable a una persona debe ser precisamente por la conducta realizada por ella misma, es decir, el elemento voluntad en la participación de los hechos u omisiones que puedan motivar la sanción debe ser directa, ya sea a través de la dirección o a través de la ejecución de sus actos u omisiones que consideran violatorias de derecho.

En la denuncia materia de este dictamen, se hace una narración de múltiples hechos, 182 si mal no recuerdo, 182 con los que se pretende creer que en el estado de Chiapas se vive dentro de un clima de inseguridad y represión de esa situación al gobernador del estado.

No obstante que la denuncia se formula directamente en contra del gobernador del estado de Chiapas, en el capítulo de hechos no aparece ninguna conducta activa u omisiva del denunciado; no hay una sola en la cual usted la relacione directamente con la conducta del gobernador del estado.

Ya hice referencia a una serie de hechos que usted está narrando en la denuncia presentada por el Partido Mexicano Socialista y que se analizó, y que nosotros, después de haberla discutido, después de haberla analizado, no encontramos una conducta directa del gobernador. Usted sabe perfectamente bien que la responsabilidad que se puede exigir a los presidentes municipales o a los policías municipales, no rebasa el ámbito de carácter local para venirse a discutir y para poder sancionar aquí en la Cámara de Diputados por medio de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia. Y mucho menos aquéllas en las cuales las conductas no son imputables para el gobernador del estado.

Hay otros medios, como ya se lo dije, y que inclusive ustedes utilizaron, en las cuales denunciaron los hechos y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del estado de Chiapas, tuvieron conocimiento y conocen de los mismos.

Por eso yo les quiero manifestar a ustedes, compañeros senadores y compañeros diputados, que se estudió, se analizó y tan se discutió y se analizó que sometimos este proyecto a consideración de las comisiones unidas donde participaron diversos compañeros del Partido Mexicano Socialista y del Partido Acción Nacional en donde argumentaron sus puntos de vista que, pues desde luego, quisieron apuntalar los elementos, los hechos que habían hecho consistir en su denuncia.

Nosotros, desde luego, fundamentamos nuestro dictamen en el sentido de que no podíamos nosotros juzgar o darle curso a la denuncia presentada por el Partido Mexicano Socialista, puesto que no reunían los requisitos establecidos por la Constitución y por la propia Ley de Responsabilidades, ya que las conductas a que hacía referencia la denuncia, no eran directas al gobernador del estado de Chiapas.

Por eso, mi estimado compañero y amigo Gerardo Unzueta, no hay ninguna indignidad por parte de los miembros del Partido Revolucionario Institucional y de los compañeros que integramos las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, al haber establecido un criterio con una fundamentación y una sustentación de carácter jurídico respecto al dictamen que se dio la semana próxima pasada el día jueves, en la cual fue aprobado el dictamen por la mayoría de los compañeros de las comisiones unidas.

Por consiguiente, compañero Gerardo Unzueta, creo yo que independientemente del curso que se le haya dado y la resolución que se le dio el pasado jueves de la semana pasada, las acciones aquéllas que ustedes denunciaron como ilícitos, desde luego tiene usted abierta cualquier posibilidad y su organización política y aquellos que se sientan afectados para poder hacer valer sus derechos ante las autoridades que la propia constitución local establece competentes para que se pueda seguir el curso legal correspondiente.

El C. Presidente: - Un momento, señor diputado, nada más voy a dar trámite y le damos la palabra, con todo gusto.

Proceda la secretaría a dar lectura a la petición del señor diputado Unzueta Lorenzana hecha la semana pasada ante esa Comisión Permanente, el acuerdo de esta presidencia y los oficios que se giraron a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia, ya que aquí se ha expresado que se ha actuado con ligereza, con rapidez y precisamente eso nos atañe en razón de que presido una de las comisiones.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Es un escrito del diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, que en la parte conducente dice:

"Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted, C. presidente del Congreso de la Unión: Primero, excitar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia de la Cámara de Diputados, a efecto de que rindan su dictamen sobre la procedencia de la incoacción del juicio político para determinar la responsabilidad del servidor público denunciado, en los términos que establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, turnar de inmediato la denuncia a la sección instructora de la Cámara de Diputados para los efectos procedentes."

Esa es la parte conducente de la excitativa.

Y el acuerdo señala: "En los términos del artículo 21 del reglamento en vigor, se excita a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, de la H. Cámara de Diputados para que en relación con el asunto de que se trata, rindan su dictamen a la mayor brevedad posible. Y por cuanto hace a la documentación, etcétera..."

Se dirigieron oficios número 53 - II - 2 - 980 y 53 - II - 2 - 981 a los ciudadanos diputados Santiago Oñate Laborde y David Jiménez González, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y presidente de la Comisión de Justicia, respectivamente, que dicen:

"En sesión de esta fecha de la Comisión Permanente, el ciudadano diputado Gerardo Unzueta Lorenzana presentó una solicitud para que se excite a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia para que se dictamine la denuncia en contra del ciudadano Absalón Castellanos Domínguez, gobernador constitucional del estado de Chiapas, para que se le someta a juicio político."

Al mismo tiempo entregó 4 mil 374 firmas de ciudadanos, apoyando la denuncia en contra del general Absalón Castellanos Domínguez.

La presidencia dictó el siguiente trámite: «En términos del artículo 21 del reglamento en vigor, se excita a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia de la H. Cámara de Diputados, para que en relación con el asunto de que se trata, rindan su dictamen a la mayor brevedad posible. Y por cuanto hace a la documentación que exhibe el señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, túrnese a las mismas comisiones para que se agregue al expediente respectivo. Atentamente. Palacio Legislativo Distrito Federal. 17 de marzo de 1988. EL Oficial Mayor, licenciado Hugo R. Castro Aranda.»

El C. Presidente: - Sólo para terminar ahora, señores legisladores, comprenderán ustedes por qué de inmediato y a petición del señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana se excitó a esas comisiones y se procedió a emitir ese dictamen.

Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - En primer término el licenciado David Jiménez se anotó en contra de la proposición, a lo cual no tiene derecho. El señor diputado puede discutir esta proposición en el seno de la Comisión, pero no aquí; aquí la comisión tiene solamente el trámite adecuado de la Comisión Permanente, es trasladarlo; entonces esto se basa en el artículo 179, nosotros no nos hemos basado

para ello en el artículo 58, sino en el 179,. que concretamente se refiere a funciones de la Comisión Permanente. Dice:

"Los asuntos cuya resolución corresponde al Congreso o a una de las cámaras que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda", tiene que turnarse a Comisiones Unidas, nosotros no estamos haciendo aquí una propuesta para que la discuta la Permanente, estamos planteando el problema para que se conduzca a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia, es lo que corresponde al trámite, esto es el artículo 159, y aquí no hay vuelta de hoja, el 159 lo establece con toda precisión, de manera que la Comisión Permanente no puede, sería un extralimitación, quizá una más, sería una extralimitación de la Comisión Permanente resolver sobre este asunto, el 179 establece claramente que los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras, y este asunto corresponde a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y de Puntos Constitucionales, debe ser, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda y nada más, éste es el asunto.

De manera que de acuerdo con el reglamento no hay otra función, otra función sería extralimitarse, esto no puede ser rechazado, esto tiene que ser simplemente tramitado y nada más; nosotros lo que hemos hecho en este caso es venir a plantear a la Permanente que se sirva atender a nuestra petición para tramitarla a Comisiones Unidas. Esto es el reglamento, ni modo.

Pero hay algunas cuestiones que vale la pena abordar ahora, por cuanto que han sido planteadas aquí por el diputado David Jiménez. Pero antes, en vista de que se ha dado lectura a las peticiones de excitativas, presentadas por este diputado.

En efecto, nosotros hicimos dos excitativas. Estas dos excitativas no obligaban a la Comisión a hacer a un lado su propio acuerdo.

La Comisión había adoptado el acuerdo de que se formaría un grupo de trabajo encargado de estudiar la demanda y preparar un proyecto de resolución y fue de tal manera evidente que se trataba de presentar como un resultado del trabajo de ese grupo de trabajo, el dictamen que fue discutido, que en el punto V se decía, del proyecto de dictamen, se decía:

"El grupo de trabajo se integró por los CC. diputados Samuel Quiroz de la Vega, Federico Fernández Fariña, Roberto Valdespino, Gabriel Jiménez Remus y Arnoldo Martínez Verdugo. Grupo que realizó sus trabajos y pone a consideración de las comisiones el presente dictamen que se funda en los considerandos: primero, etcétera."

¿Qué es lo que aquí ocurría y cuál era la pretensión? La pretensión era presentar, como resultado de la actividad de un grupo de trabajo, lo que no había sido resultado de un grupo de trabajo. Había sido resultado, no sabemos con precisión porque aunque de las palabras del diputado David Jiménez se concluía que él lo había elaborado y que luego se había reunido, ahora lo dijo aquí, con diputados del PRI en la Comisión de Justicia, que ya con eso habían formulado el dictamen. Pero eso nunca fue admitido, con toda precisión.

Primero, ahí nosotros nos aveníamos, en todo caso, a tomar este dictamen, como resultado del trabajo de los presidentes de las comisiones si ellos se hacían responsables de ese dictamen. Nunca se hicieron responsables de tal dictamen.

Hablaron así estas formas que ya conocemos, de cómo se había elaborado ese dictamen que estaba firmado por un número de quién sabe cuántos diputados del PRI, todos. De manera que aquí se quiere ahora presentar como responsabilidad nuestra, el hecho de que hayan acelerado los trámites. Bueno, tuvimos que dejar a un lado el grupo de trabajo, porque ustedes estaban insistiendo. Nosotros nunca insistimos y nunca planteamos que el grupo de trabajo dejara de funcionar. Esa era una tarea de los presidentes de la comisiones o en todo caso de la comisión en conjunto; no trabaja el grupo de trabajo, se reúnen las comisiones, llaman la atención del grupo de trabajo, el grupo de trabajo entrega su dictamen y adelante. Todo esto pudo haberse hecho perfectamente dentro de la excitativa. La excitativa nunca planteó el otro problema; esto fue una decisión unilateral tomada por quien estaba interesado en salvar al general Absalón de la culpabilidad que ya estaba establecida.

Bien, pero vamos a otras cuestione. Se comentaba allí en la bancada por el diputado Eraclio Zepeda, que cuando se estaba hablando del 109 constitucional señalando aquellas cuestiones por las cuales se puede emprender el juicio político a un gobernador, precisamente estaba haciendo un retrato hablado de lo que es la actividad y lo que es el funcionamiento del gobierno de Chiapas bajo la égida del Absalón Castellanos.

En efecto, el 109 dibuja plenamente que Absalón Castellanos es sujeto de juicio político, precisamente las violaciones cometidas, precisamente el clima de atropello a la Constitución, precisamente las agresiones realizadas por la policía y en concreto para no ir más lejos y

aquí está señalado en nuestra documentación, los asesinatos básicamente son cometidos por la policía de seguridad pública, la cual depende directamente del poder ejecutivo del estado. Allí se cometen los crímenes, ésos son los que cometen los crímenes.

Y eso cualquier chiapaneco lo puede confirmar aquí. Ya tengo la confirmación de un chiapaneco y espero la confirmación de otros chiapanecos.

Por otro lado, la Procuraduría Judicial del Estado, ha cometido tales atropellos, tales acciones punibles, que ha hecho desaparecer el archivo penal, para que no haya manera de reclamar responsabilidades, hay que desaparecer el archivo penal. ¿Qué clase de orden constitucional nos está dibujando aquí David Jiménez?

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): -No interpelo, porque no la acepta.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Porque ustedes tampoco aceptan las interpelaciones, de manera que con excepción de las que hoy aceptó el diputado cetemista, por lo regular ustedes no las aceptan, pero no importa. No importa porque de todas maneras todo lo que digas aquí está ya claramente establecido. Está claramente establecido, ya hablaste, y te explayaste.

Bueno, pero entonces yo quisiera plantear algunas cuestiones que nosotros hemos establecido en nuestros planteamientos, para que quede claro. El hecho noveno dice: "El 10 de abril un campesino muerto, una mujer violada, varios heridos de gravedad, niños golpeados, resultados de una agresión armada que realizaron cinco caciques pistoleros y elementos de la policía de seguridad pública en contra de campesinos del poblado Ocampo de la Granja del municipio de Simojobel.

El hecho 11. El 27 de abril hubo ataques a campesinos en La Lagunita del municipio de Bochil, incendios, violaciones y robos.

Responsabilidades: Policía judicial de seguridad pública del estado.

El hecho 12. El 27 de abril de 1983, robo de dinero, documentos y otros bienes, destrucción y quemas de viviendas, 21 campesinos secuestrados y posteriormente aparecidos en el penal de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez, donde estuvieron presos, es el saldo de la incursión de 30 elementos de la policía de seguridad pública del estado, 10 de la policía judicial y finqueros en el poblado Llano, etcétera.

El hecho 15. El 5 de mayo, cinco mujeres fueron atacadas, una de ellas violada por los finqueros, pistoleros y treinta elementos de la policía de seguridad pública.

El hecho 16. El 17 de mayo de 1983, nuevamente regresa la policía de seguridad pública al poblado Ocampo la Granja, prendieron fuego al pasto y al monto que rodean las viviendas para destruir el poblado.

El hecho 18. En mayo de 1983, los campesinos de Imojobel, miembros de la ciudad, realizaron una marcha en Simojobel, misma que fue reprimida por la policía de seguridad pública y finqueros.

El hecho 23. En junio de 1983, cerco de policías de la seguridad pública en la región Simojobel, para aprehender a Enrique López Ruiz, dirigente de la SIOAC.

En el hecho 25. policía de seguridad pública, en el 27 policía de seguridad pública, en el 28 policía de seguridad pública, en el 33 policía de seguridad pública, en el 36 policía de seguridad pública, en el 37 policía de seguridad pública, en el 39 policía de seguridad pública.

En el hecho 41, un destacamento de la policía de seguridad pública.

En el hecho 43, arrojó el ataque de los policías de seguridad pública.

En el hecho 45, la acción realizada por los pistoleros de los caciques, quienes conjuntamente con la fuerza de seguridad pública.

El hecho 47. La acción fue realizada por elementos de la policía judicial y campesinos de la CNC

El hecho 53. El 13 de julio de 1984 despojos y agresiones en contra de los parajes de Palhuit, Saja y Dos Lagunas, realizados por la cuadrilla de seguridad pública destacamentada para cuidar el Aserradero Dolores, recientemente estatizado.

O sea, una enorme cantidad de acciones de la policía de seguridad pública. ¿Y qué se dice en el dictamen?

En el dictamen se señala que se trata de que nosotros estamos atribuyendo al gobernador, al gobernador estamos atribuyéndole hechos que no le corresponden, de los cuales no es responsable. Pero nosotros queremos plantear aquí la cuestión.

El gobernador de un estado puede ser garante del orden constitucional que se compromete a salvaguardar.

Cuando se cometen esta cantidad de atropellos, por fuerzas de seguridad pública, no por personas en lo individual, no por personas que no tienen nada que ver con el estado si no con una policía que es directamente dependiente del poder ejecutivo estatal. Esto puede plantearse que corresponde a denuncias de acciones de personas en lo individual o de particulares.

Aquí en el dictamen, en la página 14, se dice: Respecto de todas las cuestiones señaladas en el punto B, estos hechos no resultan imputables de manera alguna al gobernador de la entidad, lo que se desprende claramente de su narración en la denuncia bajo los numerales 6, 11, etcétera, ¿qué es lo que nosotros estamos presentando?, un conjunto de hechos que dejan claramente establecido que en Chiapas no existe el orden constitucional, que el orden constitucional es atropellado, que el orden constitucional no es salvaguardado y el gobernador del estado es responsable de ello. Y esto está claramente establecido en el artículo 109. Es ahí de donde se desprende su responsabilidad.

Nosotros, compañeros legisladores, hemos presentado una serie de pruebas, pruebas que tendrían que haber sido desahogadas y que no lo han sido. Nosotros hemos presentado documentales que no se han desahogado y sin embargo, y sin embargo, comisiones unidas ha resuelto que esas pruebas que nosotros hemos presentado, esas pruebas no ameritan el establecimiento del juicio político, pero es más, los planteamientos hechos en el dictamen, sobrepasan considerablemente las facultades que estas comisiones tienen, se extralimitan.

En la página 18 del dictamen, se señala, una vez efectuada la descripción de las probanzas aportadas por la parte demandante, se llega al conocimiento de que las mismas carecen de todo valor aprobatorio en razón de su propia naturaleza, toda vez que surgen de fuentes no reconocidas aceptadas por la legislación mexicana, pero si nosotros estábamos planteando donde estaban las pruebas, nosotros estábamos planteando la necesidad de que fuese llamado a hacer una confeccional el propio gobernador, no se hizo, nosotros estábamos planteando las informaciones de la Secretaría de Defensa sobre los planteamientos que les fueron hechos con anterioridad y no se hizo, nosotros estábamos planteando que se trajeran los elementos probatorios que existen en la Procuraduría del Estado, y no se hizo, y entonces se dice, no valen.

De esta manera, las comisiones unidas se estaban atribuyendo funciones que no le corresponden, que corresponden a la sección instructora.

Debe estar claro para el funcionamiento de comisiones unidas. ¿Cuáles son las funciones que ésta tiene, que esas comisiones unidas tienen? Dice el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: "Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, y mediante la presentación de elementos de prueba, podremos formular por escrito denuncia ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el artículo séptimo, y por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados de las legislaturas locales y magistrados de los Tribunales de Justicia locales, por las que determina el párrafo segundo del artículo quinto. Presentada la denuncia y ratificada dentro de los tres días naturales, se turnará de inmediato con la documentación que la acompaña a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en aquellos preceptos, y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 26, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto, amerita la incoacción del procedimiento. Una vez acreditados estos elementos, la denuncia se turnará a la sección instructora de la Cámara."

De ninguna manera se da facultades a comisiones unidas para valorar las pruebas, simplemente tiene que establecer, tiene que dejar claramente establecido si el gobernador del Estado es sujeto de juicio político; segundo, si ha cometido ataques a instituciones democráticas, hay violaciones graves sistemáticas a las garantías individuales o sociales, si se han realizado omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, es decir, de cuando cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cause perjuicios graves a la Federación, a uno a varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

Esta es la obligación de comisiones unidas, lo demás es extralimitarse, lo demás es cubrir lo que el artículo 14 de esta Ley establece para la sección instructora: "La sección instructora abrirá un período de prueba de 30 días naturales dentro del cual se recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que el propio sector estime necesarias". Está abierta ahí para las pruebas.

Estas pruebas tienen que ser pasadas allá. Las pruebas que se soliciten, las documentales que nosotros hemos planteado, deben pasar allá y ésta es la que tiene que valorar. No es comisiones unidas.

"Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la sección instructora podrá ampliarlo en la medida que resulte estrictamente necesario". Es decir, incluso ni siquiera

solamente los 30 días; está abierta a todas las pruebas, está abierta al conocimiento de todos los elementos que surjan del proceso. Pero no, aquí, antes de que se llegue allá, se determina: No, el señor gobernador está libre de toda culpa.

"En todo caso - dice -, la sección calificará la pertinencia de las pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes". El que tiene que valorar, quien tiene que valorar es la sección instructora y nadie más, y aquí lo que ha hecho las comisiones unidas es valorar, lo que ha hecho comisiones unidas es decir cuáles pruebas son buenas y cuáles pruebas son malas y en general, ha dicho que son malas todas, porque ninguna sirve.

Nosotros, compañeros legisladores, consideramos que lo hecho por comisiones unidas es una grave irresponsabilidad. Pero es una grave irresponsabilidad que no solamente afecta a este caso y no solamente afecta a los chiapanecos, sino pone en cuestión el propio juicio político. La propia institución del juicio político, porque presentadas así las cosas, vistas así las cosas y como última instancia pretenden que ya con este carpetazo, ahí muere, se cierra, decía un diputado hace un momento, es el cerrojazo; pues no.

En primer lugar porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar un cerrojazo así. Y no estamos dispuestos porque ya son muchos los dirigentes campesinos que actúan en las fuerzas de izquierda que han sido asesinados. El propio presunto diputado que fue asesinado en 1985 era diputado de nuestro partido. Han sido asesinados, perseguidos, encarcelados, mujeres violadas, todo esto que vivimos ahí no hay un átomo de exageración, ha creado precisamente ese estado anormal, ese estado de inconstitucionalidad en el estado, en todo Chiapas. Y nosotros consideramos que si aquí se toma un acuerdo de ese carácter, se estará agregando a la irresponsabilidad de comisiones unidas otra.

Aquí la Comisión Permanente está obligada a tramitar nuestra petición y a que vuelva discutir comisiones unidas. Mañana se reúne comisiones unidas, ¿por qué no se va a discutir, por qué no se discute ahí esta propuesta?, la pueden rechazar si quieren ¿pero por qué no se va a discutir allí? Ahí es donde debe discutirse, no aquí. Esta instancia es solamente un medio de hacer llegar esta propuesta allá, y vamos a discutir y vamos nuevamente a revisar el asunto. ¿Por qué no? ¡Ah!, no, claro, la comodidad de David está por encima de todos y no la incomodidad de los miles de campesinos y no te voy a dar ninguna interpelación y no te la voy a dar porque ya has hablado todo o que necesitas aquí y allá, y ya has cometido la arbitrariedad correspondiente.

Compañeros, nosotros estamos dispuestos a seguir todas las posibilidades. Las comisiones son consideradas como autoridades en materia de juicio político.

Y por tanto. por violaciones a la Constitución, es posible acudir al amparo de la justicia federal. Vamos a ir al amparo de la justicia federal. Y vamos a intentar todas las formas posibles, porque nosotros lo que queremos salvar no es solamente la situación existente en Chiapas, que ya tendría un altísimo valor, sino también queremos salvar la institución juicio político, porque es un derecho, porque es una necesidad que en este país exista el juicio político, la capacidad de enjuiciar a quienes cometen estas arbitrariedades, a quienes proceden de manera bárbara contra su pueblo, a quienes actúan con la impunidad que les da el poder.

Y aquí es necesario ir al fondo de las cuestiones, defender este derecho como un derecho que es una posibilidad democrática del pueblo.

Yo sí creo que todavía habrá mucho que discutir hoy, probablemente éste sea un día largo de nuestra Comisión Permanente. Por lo pronto, he planteado algunas cuestiones que tienen relación con el asunto. No tengo duda de que tendré que subir nuevamente. Pero por ahora quisiera dar oportunidad a que otros diputados y senadores dieran su punto de vista y ver si es posible avanzar hacia una nueva situación, no hacia la cerrazón para defender a un gobernador priísta, no hacia la cerrazón para impedir que en aquel estado comience a avanzarse hacia la democracia, comience a avanzarse hacia la vida constitucional. Esto, para nosotros, es lo que tiene el más alto valor. Ojalá que en el curso de esta discusión pudiéramos avanzar precisamente en ese sentido. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Santiago Oñate Laborde, del Partido Revolucionario Institucional.

El C. diputado Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente; compañeros legisladores: Por largos minutos y con la vehemencia que le distingue y caracteriza, el diputado Gerardo Unzueta ha venido a esta tribuna a abordar diversos asuntos. Ha venido a expresar un conjunto de calificativos sobre las comisiones de la Cámara de Diputados y sobre la forma en qué éstas llevaron a cabo sus trabajos.

También ha venido a señalar en forma a veces directa, a veces indirecta lo que a su juicio son graves actos y omisiones perpetrados por el gobernador de una entidad federativa; ha venido también a señalar no sólo que está sería una sesión larga, sino también cuál debería de ser el sentido

de las decisiones que la presidencia de esta Comisión Permanente aduzca.

No vengo aquí, lo aclaro y subrayo, a defender a un gobernador priísta como lo calificó el compañero Unzueta, ni hacer un alegado sobre distintos hechos que él vino aquí a verter; vengo a defender, de la mejor manera posible, el sentido de las funciones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Se queja y lamenta Unzueta que las comisiones unidas no cumplan con lo que a su entender son funciones, yo vengo aquí a reclamar a Unzueta como miembro de la Comisión Permanente, el que acatemos el sentido de nuestra función constitucional.

No es por cierto ésta una instancia jerárquica superior a la cual pueda someterse el funcionamiento que las comisiones de cualquiera de las cámaras asumen, no es éste tribunal de alzada, no es éste jurado de honor, no es éste tampoco foro para decidir si los diputados integrantes de una comisión legislativa se han conducido o no con probidad. Rechazo que se utilice este foro para tales propósitos.

Simpatizo, sí, con Unzueta, simpatizo con lo que señala, con su preocupación fundamental por la vigencia de los derechos humanos en Chiapas o en cualquier entidad federativa que ahora desee venir a señalar, pero pido respeto a los órganos jurídicos establecidos. Si queremos que estos funcionen como están llamados a funcionar, usémoslos con propiedad.

No viene a cuento ni es propósito el decir cómo deberá de acordar la Comisión Permanente la reposición de un procedimiento, figura ésta no contemplada en forma alguna ni por la Constitución Política ni por nuestro reglamento interior como tarea propia de la Comisión Permanente. Dejemos a un lado ese tipo de pretensiones que no hacen sino subvertir ante los ojos de la opinión pública lo que en rigor es la tarea de este órgano del Congreso de la Unión. Llevemos esas violaciones a los foros que deben de llevarse; celebro que Unzueta lo haya dicho, que no cejará en su lucha. Qué bueno que así lo haga, nosotros también estamos preocupados porque eso se lleve a efecto.

Y en ese mismo sentido habré de referirme al artículo 109 de la Constitución, aquí invocado por el compañero Unzueta. Evidentemente que el artículo 109 contiene a lo largo de sus fracciones, una larga descripción de aquellas conductas, sean actos u omisiones que deberán de sancionarse y que deberán de sancionarse a través de la llamada responsabilidad política, pero leamos por favor, quienes no lo hayan hecho, cuál es el contenido de ese artículo 109; qué es lo que establece y qué es lo que fija. Fija la obligación del Congreso de la Unión, por una parte y de las legislaturas de los estados, por otra, para establecer las correspondientes leyes de los estados. Es una directiva precisa que establece por el Constituyente Permanente en su carácter de Constitución Suprema para que las legislaturas de los estados redacten y contengan sus leyes y de responsabilidades.

Esto va dirigido a la legislatura chiapaneca y a la de cualquier otro estado, para que establezca estas leyes de responsabilidades en las que según el compañero Unzueta, se ubican con claridad todas las conductas que él atribuye al señor gobernador de Chiapas.

Son estas conductas por las cuales los gobernadores habrán de responder ante sus legislaturas locales.

El artículo 110 invocado en la denuncia y traído a colación también aquí, como materia de juicio político, se refiere de modo expreso a conductas de los gobernadores de los estados, que inciden en violaciones graves a la Constitución General y a las leyes federales que de ella emanan.

El constituyente no ha querido dejar resquicios, ha dicho: Legislatura local, establece todos esos actos que en el fuero local de tu entidad un gobernador puede perpetuar para que seas tú quien le castigue de modo inmediato y directo, con la separación del cargo.

E insisto, en un afán de no dejar puertas abiertas, dijo: Toda vez que la legislatura del estado puede no incluir, esto sería discutible, la violación a la Constitución General o a las leyes federales, ésta la establece el propio Congreso de la Unión y lo estatuye como una causa más por la cual puede iniciarse, aquí un juicio político, juicio político que en todo caso, en el 110 tendrá tan sólo efectos declarativos. ¿Por qué? ¿Por solapar a los gobernadores? No, señores senadores; no, señores diputados, lo establece así por un respeto a la autonomía de los estados.

Y hablemos sin mitificaciones, por un respeto a los ciudadanos que en cada uno de los estados han votado por una determinada persona y que no podría ser removida de su cargo sin que intervengan ahí quienes también han sido votados por ese mismo pueblo.

Una razón más, todavía la existencia de una doble posibilidad, por cierto en este juicio intentada de que el juicio político se entable tanto en el fuero

local como en el fuero federal para entendernos de algún modo.

Y esa razón es precisamente la inmediatez con la cual un congreso local puede, hipotética si se quiere, hipotéticamente conocer de la trascendencia y de la gravedad de esos hechos, que legisladores ubicados a veces a muchos kilómetros de distancia no podremos cabalmente apreciar.

Por estas consideraciones, no me parece adecuada la manera en que el diputado Unzueta invocó aquí el artículo 109. Que se invoque allá, como por cierto se ha hecho, adecuada y precisamente en una denuncia que también se trajo, por por un afán tal vez de darle a conocer, a esta Comisión Permanente.

Se insiste en numerosas apreciaciones sobre el trabajo de las comisiones. No es de entrar aquí a discutirlas, ni a plantearlas, por respeto a la presencia de senadores y diputados que conocemos cual es la tarea de esta Comisión Permanente.

El C. Presidente: - Señor diputado David Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra.

El C. diputado David Jiménez González: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados, compañeros senadores: No es raro escuchar al compañero Gerardo Unzueta cuando niega la posibilidad de que se interpele y no es raro porque cuando sus argumentos, cuando su fundamentación inclusive sabedor él que se encuentra totalmente fuera del marco que se está discutiendo, carece de toda validez.

No es la primera vez y eso no me extraña, en muchas de las sesiones de la Cámara de Diputados, me negó la oportunidad de interpelarlo, yo jamás le negué la oportunidad de hacerlo puesto que como una medida de respeto que siempre he tenido para mis demás compañeros diputados, he querido dejar siempre en la discusión cualquier duda disipada o cualquier duda que se presentara, para que pudiéramos nosotros tener conocimiento de todo esto. El diputado Gerardo Unzueta no actúa de esa manera.

En el mismo seno de las comisiones, tanto de Justicia como de Gobernación y Puntos Constitucionales, las respuestas que da siempre el compañero Unzueta realmente dejan de tener todo valor puesto que no encuentran una sustentación, ya no solamente lógica, sino de sentido común.

Ya lo había dicho al principio de mi intervención y lo reitero porque lo manifestó nuestro compañero Santiago Oñate, que a ninguno de los compañeros diputados nos son ajenos aquello actos o acciones que en un momento dado pudieran lesionar la buena marcha de los asuntos que tuvieran que conocer las autoridades locales.

Cuando hay violaciones de derechos humanos, en cualquier parte de la República que se diera, y aun en aquéllos en donde hemos sido solidarios para presentar protestas enérgicas, nosotros los diputados siempre nos hemos solidarizado en este sentido, en estas conductas. Por eso nosotros rechazamos rotundamente los calificativos que nos dio el compañero Gerardo Unzueta.

Y por otra parte, quiero decirle al compañero Unzueta que la explicación jurídica que se le ha dado desde el jueves y el día de hoy por parte del compañero Oñate y de su servidor, tuvo también un antecedente, en el que él fue protagonista de éste. Efectivamente en una reunión que tuvimos en la Comisión de Justicia, no es que se trate de ocultar cuál era el criterio o no de parte de algunos de los compañeros que formamos parte de las comisiones unidas. En aquel entonces, habíamos, si mal no recuerdo, cerca de diez compañeros diputados y en los cuales yo le argumenté a él y a Arnoldo Martínez Verdugo, una serie de reflexiones sobre los hechos que habían denunciado y que les dije que deberían de poner más atención en la denuncia, para que pudieran tener un mayor fundamento si es que quisieran ver que prosperara su denuncia.

Se lo dije personalmente al compañero Gerardo Unzueta en la oficina de la presidencia de la Comisión de Justicia. Tan es así, que él y Arnoldo Martínez Verdugo, que estaban en ese momento, en ese entonces, nos comprometimos que en la sesión de la Comisión Permanente siguiente nos reuniríamos y platicaríamos sobre el asunto. Lo hicimos con Arnoldo Martínez Verdugo; efectivamente, no le entregué personalmente un proyecto de dictamen, puesto que él no había traído tampoco el proyecto de dictamen que nos habíamos comprometido todos los miembros de ese grupo de trabajo y aquéllos no, que habíamos establecido presentar a consideración de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Posteriormente otra excitativa más, como ya ha quedado constancia aquí de la Comisión Permanente, nos obligó a presentar ya un dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, en el cual fue discutido ampliamente el asunto. Por tal consideración, nosotros, señor presidente de la Comisión Permanente, no podemos aceptar desde luego, una pretensión que es en el que consiste la petición del compañero Unzueta, en el sentido de que se presente la posibilidad de analizar nuevamente un dictamen que ya ha sido discutido, analizado y resuelto por las comisiones

unidas. Eso sería no solamente violatorio al Reglamento Interior de la Cámara, sino sería atentatorio en contra de las funciones mismas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Es otra de las incongruencias que aquí ha venido a plantear el compañero Gerardo Unzueta. Trata de argumentar, por medio de una serie de impositivos del reglamento, una pretensión que desde el punto de vista reglamentario, ni jurídico ni lógico ni con sentido común, puede darse. Por eso yo creo que el compañero Gerardo Unzueta debería ir nuevamente allá a la escuela de los sofistas, a ver si puede convencerse él mismo, de lo que ha estado presentando en esta tribuna. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: -Muchas gracias, señor presidente.

Los expertos en esta materia, según la entiendo, señalan que en la historia de México no se ha probado, sino en una sola ocasión un juicio político o algo que podría parecerse a un juicio político y fue en realidad un juicio de residencia contra Hernán Cortés. ¿Cómo pues pensar, diputado, compañero Gerardo Unzueta, que esta tradición podría romperse después de los años del Virreynato y los años de nuestra falsa democracia histórica y de nuestra falsa revolución de 50 años?

Sinceramente debemos ser específicos y claros, discutir la proposición de Gerardo Unzueta y no entrar al fondo del dictamen, sería perder el tiempo y perderse un poco en estos argumentos que ustedes los peritos llaman ad hominem que tú no me contestas, que tú no me interpelas, que yo te dije, y que no te dije.

Es necesario entrar al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que; de acuerdo con la Constitución puede existir el juicio político contra un gobernador de un estado y que el órgano competente para que ese juicio se inicie, es precisamente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ante la cual fue planteada la denuncia de Gerardo Unzueta.

Pero el procedimiento a seguir, no es el problema a discusión en el fondo de este planteamiento, la discusión de fondo es: ¿Por qué este dictamen negativo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diciendo no hay por qué declarar, que el señor gobernador de Chiapas incurrió en el carácter que la Constitución señala de delitos que atañen a declararlo en juicio político como culpable?, ¿por qué eso? Y creo que la exposición que con sinceridad lo expresó, yo esperaba que iluminase mi entendimiento no jurídico que parte de los diputados que intervinieron en esta discusión, no me iluminó, sino en el sentido de que la preocupación y la solidaridad, que ellos declaran no es precisamente para ejercer su función de órganos jurídicos competentes, sino para hacer lo que han hecho durante 50 años, la defensa de los funcionarios públicos, cualquiera que sea su categoría, para que de ninguna manera se manche el honor o la posibilidad del honor del grupo que gobierna y controla el poder, aquí nunca podrá haber culpables mientras haya un partido que controle el poder político.

Por eso el juicio político, no se ha dado en la historia de los últimos 50 años, ya no digamos para atrás. El fondo de la cuestión, lo señalo el diputado Santiago Oñate, es en el artículo 110 de la Constitución, cuando dice que los gobernadores y los diputados sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de ese título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. Sí pueden ser, por tanto, sujetos de juicio político entes como el gobernador de Chiapas.

Y como argumento que ofrecía en el 110 para no incluirlo en esto, decía que los gobernadores de los estados tendrían que ser juzgados en las legislaturas locales, pero da la casualidad que dice: "en este caso la resolución será únicamente declarativa". Lo que estaba esperando el diputado Unzueta era que la comisión hiciese una declaración, una resolución meramente declarativa de que el señor gobernador era sujeto de juicio político, lo cual, para cumplir el 110 de la Constitución tenía que incurrir en lo que dice el artículo décimo de la Ley de Responsabilidades cuando señala que se presenta ante la Comisión de Gobernación para que dictamine si la conducta atribuida, la conducta atribuida es lo que necesita la Comisión de Gobernación para entrar a iniciar el proceso.

No va a juzgar si la conducta fue realmente mala o buena, si realmente incurrió en delito; basta con que se denuncie que la conducta fue atribuida, en la denuncia, para que a continuación la comisión respectiva de Gobernación lo pase a un órgano instituido que se llama la sección instructora.

Vuelvo a suspenderme para admirar la sabiduría sofistica que decía el diputado David Jiménez pero en este caso no atribuida al diputado Unzueta sino a su ejercicio de la tribuna.

Es un sofisma de acuerdo con lo que aquí dice, que la comisión se sienta satisfecha de que cumplió con su deber al no pasar esto a la comisión instructora, porque de acuerdo con lo que acabo de

enunciar, que se lee en la Ley de Responsabilidades, en el artículo 12, es suficiente con que la denuncia atribuya la conducta indebida al señor gobernador del estado, para que inmediatamente establezca el siguiente punto en el artículo 14, donde la sección instructora abrirá un período de pruebas de 30 días naturales, etcétera.

Vendrá entonces la sección instructora a decir que no encontró pruebas, y entonces tendrá razón de ser el dictamen negativo de aceptación de la responsabilidad del juicio político del gobernador.

Pero aquí no se ha cumplido con ninguno de los dos capítulos de la Ley de Responsabilidades, ni se ha tomado en cuenta la Constitución en los términos que lo mencionó el diputado Santiago Oñate: número uno: la norma de la Constitución señala que tratándose de gobernadores, en este caso la comisión será declarativa para que pase a la legislatura; esto no se hizo.

Segundo. Tampoco se tomó en cuenta que la Ley de Responsabilidades en el artículo número 12 señala claramente que basta con que dictamine si la conducta atribuida que corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos, y aquí están enumerados los preceptos y basta con que se atribuya para que la comisión tenga que tomarlo en cuenta.

Tercero. Inmediatamente después de que comprueba lo que ahí se enunció tiene que ser y forma parte de los delitos que la Constitución señala, no que se apruebe, basta con que se le atribuya para que a renglón seguido y de acuerdo con el artículo 14 establezca el trabajo de la comisión instructora.

Cuarto. La sección instructora regresaría con un dictamen una vez que hubiese tomado los testimonios, la información, pero lo curioso es que en el boletín de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados dice: que según esto, todo lo que se dice aquí tiene valor probatorio como documento privado.

Basta con que sea documento privado porque se trata de un simple enunciado de transgresión de conducta atribuida, y éste es el meollo de la cuestión.

Yo tengo que agradecerle la intervención a los diputados que forman parte de esta comisión, porque me permite volver a la comisión fundamental de que lo que no fue en 50 años todavía no podemos conseguirlo al comenzar en este año de 1988.

Al convencimiento de que como decía el dicho común, el can no se come al can. Ustedes, entre ustedes se definen solos. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra señor diputado Gerardo Unzueta.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Como ya hubo agradecimiento de parte del diputado Ortiz Gallegos a Santiago Oñate, ya que no se lo voy a dar yo. Pero a mí me parece que precisamente el problema está planteado constitucionalmente como está establecido en el 109 y 110; 109 y 110 son los que nos dan el marco jurídico en el que debe establecerse el juicio político. Y nosotros estamos apoyándolos precisamente en estos artículos y nosotros estamos demandando con relación a esto se proceda en comisiones unidas, comisiones unidas debe tomar en cuenta ese basamento constitucional y realizar su trabajo de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 14. Y claro con los antecedentes del 5o. y el 7o. de la Ley de Responsabilidades.

Nosotros estamos planteando aquí, no una responsabilidad penal, no estamos hablando de los delitos que ha cometido el gobernador del estado o en los que ha omitido su acción; no estamos hablando de eso, estamos hablando de la violación a las garantías constitucionales, estamos hablando de la alteración del orden jurídico, del orden constitucional en el estado; estamos hablando de la responsabilidad política y de la responsabilidad penal que le cabe al gobernador del estado.

Y estamos planteando que, sobre esa base, se realice la instauración del juicio político.

Ahora, nosotros hemos presentado una proposición aquí. Yo quisiera pedirle a la secretaría que hiciera favor de leer nuestra proposición, con el permiso de la presidencia.

El C. Presidente: -Proceda la secretaría a dar lectura a la propuesta del señor diputado Gerardo Unzueta.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado miembro de esta Comisión Permanente solicita de usted, C. presidente, que en uso de sus atribuciones turne a las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que las mismas resuelvan sobre la siguiente propuesta:

Única. Reponer el procedimiento y elaborar un nuevo dictamen en relación a la denuncia de juicio político contra el general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador del estado de Chiapas, dictamen que deberá apegarse a lo dispuesto por la

ley, el reglamento y las prácticas que rigen nuestro trabajo parlamentario, y que deberán ceñirse estrictamente a las atribuciones que marca para las comisiones unidas el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Esto es, nosotros no estamos planteando que la Permanente resuelva reponer el procedimiento. Lo que nosotros estamos planteando es que la Comisión Permanente traslade, el presidente de la Comisión Permanente traslade a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, nuestra petición de que se reponga el procedimiento y se elabore un nuevo dictamen.

Y en relación a este nuevo dictamen, nosotros estamos planteando que se apegue a lo dispuesto por la ley, el reglamento y las prácticas que rigen nuestro trabajo parlamentario y que deberá ceñirse estrictamente a las atribuciones que marca para las comisiones unidas el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Qué es lo que se deriva inmediatamente de aquí?, bueno, decía yo, mañana se reúnen comisiones unidas, para dictaminar sobre el planteamiento de otro juicio político; ¿no puede comisiones unidas examinar esta proposición y resolver sobre ella?; la Comisión Permanente en esto no tiene más que cumplir el trámite que le plantea el artículo 179 y nada más; nosotros no estamos pidiendo que la Permanente reponga el procedimiento; no, estamos planteando que lo discuta, que se traslade a comisiones unidas para que ahí se discuta y se resuelva, pueden no aprobarla y lo más probable es que eso suceda, pero de lo que se trata es precisamente de ir a la instancia que corresponde, la instancia que corresponde como decía Oñate no es la Permanente, evidentemente no es la Permanente, es comisiones unidas y a comisiones unidas nosotros pedimos que se traslade a través del presidente de la Comisión Permanente esta proposición nuestra, eso es todo; no se admitiría, entonces, el presidente de la Comisión Permanente estaría extralimitando sus funciones, porque él sería el que decidiría no darle el trámite, no darle trámite a una cosa que está obligado.

Bueno, nosotros, compañeros, hemos dicho que comisiones unidas se extralimitó en sus funciones, tomando en cuenta aquellas que se señalan en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y esto queda claramente establecido en la página 17 del dictamen, ahí se dice claramente: en relación a las pruebas aportadas por los promoventes, con las que pretenden justificar la procedencia de la acción intentada, es pertinente efectuar el análisis jurídico de las mismas, valorándolas y justipreciándolas en su conjunto sin que ello excluya el análisis individual de cada una de ellas; bueno, ya nada más faltaba se haga todo el análisis jurídico en su conjunto; se les valora y se les justiprecia en su conjunto, bueno, pero también hay que justipreciarlas en lo individual; es decir, todavía tendría que venir una segunda vuelta, no solamente hay extralimitación, no solamente hay extralimitación, hay hasta sedicia en la extralimitación.

Yo creo, compañeros legisladores, que nos hace falta entrar a la discusión de lo que significa el juicio político. Parece ser que el juicio político es la muerte política, por lo menos, del que es sometido a juicio. Pero bueno, el juicio puede determinar y la declaración que haría la sección instructora, puede determinar que las pruebas no fueron suficientes; esto mismo que está diciendo aquí el dictamen, que corresponde a la sección instructora, puede determinar eso, puede hacer una declaración en el sentido de que no son válidas las pruebas que se presentaron en el juicio.

Nosotros hemos de decidir que, bueno, nosotros hemos presentado veinte, ahora les digo con exactitud para que no se me pase alguna, 27 pruebas; entre ellas documentales, etcétera. ¿Qué tendría que decir la sección instructora? No son válidas estas pruebas. Lo que se desprende del desahogo de estas pruebas, no es condenatorio para el gobernador, esto lo tendría que decir la sección instructora. Pero era ahí donde se debiera realizar la discusión y no en comisiones unidas.

Nosotros lo que estamos reclamando es que se reponga todo ese procedimiento, pero no que se reponga porque a nosotros nos parece que se han cometido graves delitos por el gobernador, etcétera, no, sino porque el gobernador ha permitido que en su estado se cree una situación excepcional, jurídica y políticamente hablando, en la cual no hay seguridad para los ciudadanos, en la cual no hay seguridad para las organizaciones, en la cual no hay seguridad para los partidos políticos, en la cual no existe la Constitución, realmente hablando.

Nosotros lo que planteamos es la restitución o la instauración de la vida constitucional en el estado y esto es lo que corresponde resolver en un juicio político de este carácter.

Nosotros aseguramos que estas pruebas pueden ser desahogadas, que estas pruebas llevarán a la conclusión de que efectivamente el gobernador es responsable, responsable político de la creación de un estado de excepción en lo que se refiere a la vigencia de la Constitución en el estado de Chiapas.

Pero decía, el juicio puede decidir lo contrario y puede decidir que no es así, y hacer una declaración en sentido adverso a nuestra proposición ¿Por qué no dejar llegar el juicio?, ¿por qué no aceptar lo que se plantea en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades?, ¿por qué no abrir camino a que se juzgue la conducta de los servidores públicos?, ¿por qué oponer esa barrera? Es que precisamente la capacidad de enjuiciar a los servidores públicos es un derecho democrático del pueblo y ahí donde existen tal cantidad de anomalías, que nosotros las hemos resumido, resumido en 182 hechos Pero hay muchas más, pero éstas son las que implican responsabilidad política para el gobernador del estado, y esto es lo que nosotros reclamamos.

Pero la Comisión Permanente en efecto no es un órgano que pueda reponer el procedimiento, pero es un órgano que tiene el deber, de acuerdo con el artículo 179 del reglamento, que trasladar a Comisiones Unidas para que lo examine el día de mañana, o bien, si no lo quiere examinar el día de mañana, otro día, el día de mañana tiene reunión y lo podría hacer perfectamente y ahí determine si se repone o no el procedimiento.

Esto es lo que estamos planteando ante esta Comisión Permanente que para ello ha habido necesidad de explicar por qué razones nosotros hacemos esta proposición, sí, y que han venido también los diputados, del Partido Revolucionario Institucional a manifestar que no están de acuerdo con ese criterio, sí, vamos a discutirlo en Comisiones Unidas. Vamos a discutirlo y decidamos ahí, ése es el radio de acción que corresponde a las facultades de estas comisiones. Y en efecto nosotros no pedimos que la Permanente reponga el procedimiento, pedimos que traslade esto a las comisiones nada más.

El C. Presidente: - Señores legisladores, se ha expresado que es responsabilidad del presidente el decidir o no si se envía la propuesta formulada por el señor diputado Unzueta Lorenzana a comisiones.

Sólo para orientar a la asamblea me permito recordarles el contenido del artículo 18 de nuestro reglamento en vigor, que determina que el presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara, y que no es el presidente el que va a decidir sino la Comisión Permanente integrada por todos ustedes. Dígame señor.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Perdón, señor presidente, el 179 le da a usted la atribución directa de que haga usted ese trámite:

El C. diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Es el artículo 21 del reglamento el que establece las facultades de usted como presidente de la Comisión Permanente.

El C. Presidente: - Así es. En tal virtud, consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta que ha presentado a esta Comisión Permanente...

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Señor presidente, ésas son las facultades que determina el 58, nosotros estamos proponiendo que se proceda de acuerdo con el 179.

El C. diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - No, el 179 no vale, es el 21.

El C. Presidente: - ¿Quiere ser tan amable la secretaría de dar lectura al artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos? Léalo completo.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - ¿Completo, señor presidente o en alguna fracción?

El C. Presidente: -Pues sí, dadas las condiciones, léalo completo.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - "Artículo 21. Son obligaciones del presidente:

Fracción I. Abrir y cerrar las sesiones a las horas señaladas por este Reglamento.

Fracción II. Cuidar de que así los miembros de la Cámara, como los espectadores guarden orden y silencio.

Fracción III. Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara.

Fracción IV. Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general, a no ser que por moción que hiciere algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dar la preferencia a otro negocio.

Fracción V. Conceder la palabra alternativamente en contra y en pro a los miembros de la Cámara en el turno en que la pidieren.

Fracción VI. Dictar todos los trámites que exija el orden de la discusión de los negocios.

Fracción VII. Declarar, después de tomada la votación por conducto de uno de los secretarios, aprobadas o desechadas las mociones a proposiciones a que éstos se refieran.

Fracción VIII. Llamar al orden por sí o por excitativa de algún individuo de la Cámara al que faltare a él.

Fracción IX. Firmar las actas de las sesiones luego que estén aprobadas, así como también las leyes que pasen a la otra Cámara y las que se comuniquen al Ejecutivo para su publicación.

Fracción X. Nombrar las comisiones cuyo objeto sea de ceremonia.

Fracción XI. Anunciar por conducto de los secretarios, al principio de cada sesión, los asuntos que se van a tratar en la misma y al final de ella la orden del día de la sesión inmediata y ordenar que la secretaría dé el mismo aviso a cada una de las secretarías de Estado, siempre que se vaya a tratar algún asunto que sea de su competencia.

Bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión, sin antes haberse hecho conocer a la asamblea la orden del día para la siguiente sesión, salvo el caso al que se refiere el artículo 109.

Fracción XII. Firmar en unión de los secretarios los nombramientos sobre mociones de los empleados que haya acordado la Cámara respectiva, conforme a la fracción III del artículo 77 constitucional.

Fracción XIII. Firmar los nombramientos sobre mociones que haga la Cámara de Diputados de los empleados de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Fracción XIV. Citar a sesiones extraordinarias cuando ocurriere algo grave, ya por sí o por excitativa del Ejecutivo o por el presidente de la otra Cámara.

Fracción XV. declarar que no hay quórum cuando se es visible su falta o hacer que la secretaría pase lista cuando aquél sea reclamado por algún miembro de la Cámara.

Fracción XVI. Excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que presente dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto y si no fuere suficiente la emplazará para día determinado y si ni así presentare el dictamen, y si no fuere suficiente la emplazará para día determinado y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión, y

Fracción XVII. Obligar a los representantes ausentes a ocurrir a las sesiones por los medios que juzgue más convenientes en los casos en que se trata de asuntos de interés nacional.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): - Señor presidente según lo que acaba de leerse para este servidor, el artículo 25 donde dice cuáles son las obligaciones del presidente, en la fracción III se establece la posibilidad de que usted, como obligación que tiene, acepte la petición del Diputado Unzueta, dándole el trámite que él pide, y que la Comisión de Gobernación y demás, vuelva otra vez a considerar la petición, es una posibilidad que usted tiene y una obligación de darle reglamentariamente al negocio, simplemente volver a pasar a la Comisión de Gobernación la petición que acaba de hacer el diputado Unzueta, éste es el sentido que yo entiendo que nos acaba usted de manifestar.

El C. diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - No, No es así. Pido la palabra.

El C. Presidente: - Aclarando antes, que no hemos, la presidencia de ninguna manera ha entrado al fondo del negocio ni ha prejuzgado ni ha dicho si debe dársele o no curso a la petición. Lo que estamos tratando de aclarar es si se turna o no a comisiones, conforme a la ley.

Tiene la palabra el señor diputado Fernando Ortiz Arana, con todo gusto.

El C. Diputado Fernando Ortiz Arana: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: la petición planteada por el compañero diputado Gerardo Unzueta, adicionalmente a comentar el aspecto reglamentario, tiene su propia historia que vale la pena que recordemos aquí quienes participamos como miembros de las comisiones dictaminadoras en el asunto del juicio político en contra del gobernador de Chiapas.

Vale recordar que en el curso de la reunión de comisiones unidas, un miembro de las mismas, planteó la solicitud de reposición del procedimiento. En ese momento se discutió en el seno de las comisiones la petición, se sometió a votación y fue rechazada la propuesta de reposición y procedimiento, adicionalmente, los señores denunciantes, incluido el diputado Gerardo Unzueta, aceptaron el procedimiento, en él se debatió y ahí se resolvió como la mayoría de las comisiones lo acordamos. Se sujetó el diputado Unzueta, denunciante junto con otros compañeros diputados, al procedimiento que ahora se viene a impugnar en la Comisión Permanente, primero; segundo, no es facultad del presidente de la Cámara, ni de la Comisión Permanente, turnar de por sí proposiciones a las comisiones de las cámaras, la única facultad que tiene el presidente de la cámara o en

su caso el de la Permanente, dé turno automático, sin consultar a la asamblea, es el que se refiere a iniciativas de ley que previene la Constitución, previene en consecuencia también el Reglamento para el Gobierno Interior.

La Comisión Permanente, señores legisladores, se rige por este reglamento y aquí hay una proposición planteada, que solamente puede ser decidida si pasa o no a discusión, por la soberanía de toda la Comisión Permanente y no son facultades del presidente. Imagínense ustedes lo que ocurriría en la Cámara de Diputados, o en la propia Comisión Permanente si se dieran facultades a uno de sus miembros, destacando presidente de la Comisión Permanente o de la Cámara en su caso, para que él decidiera de por sí, si una proposición presentada al pueblo de la soberanía de los órganos puede o no pasar a comisiones, aquí es aplicable, señores, el artículo 58 y tan es así que hemos estado en el procedimiento que hubo, compañeros, de mi partido inscritos en contra de la proposición, procede ahora votarla y someterla a la consideración de la asamblea. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - El artículo 21 ya fue leído, pero quiero insistir en la fracción tercera, en donde se dice, dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara. Esta es obligación del presidente.

En el artículo 85 se señala: "durante los recesos del Congreso, la Comisión Permanente tendrá en lo conducente las facultades que en relación con las comisiones de ambas cámaras otorgan a la presidencia de las mismas fracciones, tercera y 16 del artículo 21 de este reglamento", O sea que esta tercera es función de la presidencia en los recesos de las cámaras.

Ahora, el 179 deja claro: los asuntos cuya resolución corresponde al Congreso o a una de las cámaras que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones, relativas de la Cámara que corresponda, esto es, es función del presidente darles ese trámite simplemente.

¿Cuál es la causa de que no se atienda a lo que es una función de la presidencia conforme al reglamento? Nosotros no estamos estableciendo aquí que revoque el dictamen ni nada por el estilo.

El C. diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Sí, para que luego no te quejes como David.

El C. Presidente: - Autorizada, señor diputado.

El C. diputado Fernando Ortiz Arana: - Señor diputado Unzueta, tenemos que partir del supuesto válido de lo que es aplicable al trabajo de esta comisión es todo el reglamento y el 179, señor, se refiere a aquellos asuntos que reciban en la Comisión Permanente y otros órganos y que deba darles trámite, no a proposiciones que están reglamentadas claramente por el artículo 58; se habla de otros asuntos que la Comisión Permanente reciba.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Pero ésa es su interpretación. ¿Terminó su interpelación?

El C. diputado Fernando Ortiz Arana: - Sí señor, gracias.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - No hay de qué. Miren, está claramente establecido cuáles son las funciones del presidente: El presidente debe dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos que se de cuenta a la Cámara y consecuentemente a la Comisión Permanente.

Segundo, durante los recesos del Congreso, la Comisión Permanente tendrá en lo conducente las facultades que en relación con las comisiones de ambas cámaras otorgan a la presidencia de las mismas las fracciones III y XVI del artículo 121 y 179. Tuve que hacer esta repetición por la interpelación del compañero diputado.

Entonces, el 179 deja claramente establecida la cuestión. No está hablando de iniciativas, está hablando de asuntos, cualquiera asunto cuya resolución corresponde al Congreso o a una de sus cámaras, esta resolución y las que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente se turnarán a las comisiones relativas a la Cámara que corresponda. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo nada más; no estamos proponiendo ninguna reposición del trámite ni nada por el estilo; estamos proponiendo que pase a la comisión y ahí discutamos.

El C. Presidente: - Señores legisladores, efectivamente la fracción III del 21 dice: dar curso reglamentario, de tal manera que voy a proceder a darle curso reglamentario, no caprichoso de mi parte, a la propuesta del señor diputado Unzueta Lorenzana.

En los términos del artículo 58 del reglamento, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Unzueta.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Señor presidente, está usted dando el curso reglamentario. Aquí se establece claramente en el 179 que debe darle el trámite simplemente y no referente al artículo 58. El artículo 58 se refiere específicamente a cuestiones que surgen para la discusión, pero esto es una cuestión que surge para que discuta ésta.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): - Creo que resulta muy claro que hay dos tipos de asuntos a manejar de acuerdo con el 189. El restrictivo a la iniciativa de Ley que debe tener un trámite, los demás son asuntos que se presentará a la Permanente y se turne a las comisiones, es muy claro el artículo de que debe turnarse a la comisión una petición como la del diputado Unzueta.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Ya hemos discutido el procedimiento del 58 del reglamento. No hay por qué hacer excepción en este caso, es una proposición que debe ser manejada reglamentariamente.

El C. senador Norberto Mora Plancarte (desde su curul): - Moción de orden. La autoridad máxima del Congreso es la asamblea, y lo que decida la asamblea es válida en todos los reglamentos.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Pero no determina cuáles son las funciones del presidente, el presidente está en condiciones de dar el curso correspondiente.

El C. Presidente: - Ruego a los señores diputados guarden orden. Consulte la secretaría, en los términos ordenados.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

El C. Diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Yo con la protesta de la alteración al trámite correspondiente, en su alteración al reglamento.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Se toma nota.

Por la negativa... Desechada, señor presidente.

El C. Presidente: - Entonces se da por desechada la proposición.

Continúe la Secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

La C. secretaría diputada Yrene Ramos Dávila: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

"Cámara de Diputados. - Comisión Permanente. - Tercer Receso de la LIII Legislatura.

Orden del día

6 de abril de 1988.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXIX aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata, se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Comunicación del Congreso del Estado de Durango.

Dictamen de primera lectura

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso para que la C. Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, pueda presentar servicios en la Embajada de Jamaica en México.

Dictámenes a discusión

Tres de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los CC. Luis Mucel Luna, Juan Ángel Núñez Valdez y Federico Niño Martínez.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Tomás de Rueda Alatorre, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Noruega en Mazatlán, con circunscripción consular en los estados de Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Margarita Morales Escudero y Agustín Cázares García, para prestar servicios en la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular en México.

Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se concede permiso a las CC. Blanca Esther Flores Ávila y Jabnia Elvia Zúñiga Galicia, para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Marisela Meza Sahagún, para prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América en Tijuana Baja California.

Sesión secreta

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta."

El C. Presidente (a las 17:15 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de abril a las 11:00 horas.

TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES