Legislatura LIII - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19880419 - Número de Diario 17

ENCABEZADO

LIII LEGISLATURA

Poder Legislativo Federal

Diario de los Debates

De La Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos

Registrado como Artículo de 2A. clase en la Administración de correos, el 21 De Septiembre de 1921.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Lic Nicolás Reynés Berezaluce

PALACIO LEGISLATIVO

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Lic Benjamín Martínez.

MARTÍNEZ. AÑO III MÉXICO, D. F., MARTES 19 DE ABRIL DE 1988 NÚM. 17

SUMARIO

ASISTENCIA

Relación de legisladores asistentes.

APERTURA

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Sin discusión, se aprueba.

INVITACIÓN

Del Departamento del Distrito Federal, al CXXXIV aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, el 22 de abril. Se nombra comisión.

COMUNICACIONES

Del Senado de la República que notifica la designación del oficial mayor de la Cámara de Senadores. De enterado.

Del Congreso del Estado de Guerrero, que notifica la designación de su mesa directiva para el mes de abril. De enterado.

Del Congreso del Estado de Nuevo León, que notifica la elección de sus comisiones permanentes. De enterado.

Del Congreso del Estado de Yucatán, que notifica su permanente para abril, mayo y junio de 1988. De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

NOMBRAMIENTOS

Oficio para que el C. Luis Dantón Rodríguez, desempeñe el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la India. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

Oficio para que el C. José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, desempeñe el cargo de cónsul general de México en Houston, Texas, Estados Unidos de América. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

Oficio para que la C. Alma Patricia Soria Ayuso, desempeñe el cargo de cónsul general de México en Milán, Italia. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

CONDECORACIÓN

Oficio para que el C. Abraham Talavera, pueda aceptar y usar la que le

confiere el gobierno de Guatemala. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Oficio para que la C. Ernestina Elidee Téllez Meinecke, pueda prestar sus servicios en la embajada Británica en México. Se recibe. Se turna a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Oficio referente a la C. general brigadier de transmisiones, Héctor López Mestres. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

Oficio referente a la del C. coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Víctor Raúl Gómez Rodríguez. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

Oficio referente a la del C. coronel de infantería, Gonzalo Arias Cortés. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

NOMBRAMIENTO

De la Primera Comisión para que el C. Ignacio García Villaseñor, desempeñe el cargo de cónsul honorario de Finlandia en Guadalajara, con circunscripción en el estado de Jalisco.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión para que al C. José Celso Hernández Moreno, preste sus servicios en la Embajada de Francia en México.

De la Primera Comisión para que las CC. Martina Castillo Torazón e Issa María Murguía Márquez presenten sus servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California,respectivamente 13 la Primera Comisión para que las CC. Carmen Canale y Lerdo de Tejada e Ivonne Leonel de Cervantes Grandgean, presten sus servicios en la Embajada de Canadá en México.

VISITA DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DE NUEVA ZELANDA

La presidencia notifica su presencia. Se nombra comisión de recepción. Se envía saludo al pueblo y gobierno de Nueva Zelanda.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO

De la Segunda Comisión para el C. Jaime Jiménez Muñoz. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

VISITA DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CUBA

La presidencia notifica su presencia. Se nombra comisión de recepción.

Da la bienvenida el senador Rigoberto Ochoa Zaragoza.

Mensaje del diputado visitante Luis Méndez Morejón, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Entrega de medalla conmemorativa al presidente de la Comisión Permanente.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

De la Segunda Comisión para el C. Salvador Alvarez Nahara. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Segunda Comisión para el C. Mauro Plácido Alonso Cervantes. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

De la Segunda Comisión para el C. Esteban Santillán y Amador.

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión para que el C. Casto Camacho Garsia, preste sus servicios en la Embajada de Francia en México. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión para que la C. Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, preste sus servicios en la Embajada de Jamaica en México. Aprobado. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión para que la C. Marisela Meza Sahagún, preste sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DICTAMEN SOBRE DENUNCIA

La secretaría da lectura al dictamen de la Primera Comisión de la propuesta de la desaparición de poderes en el estado de Chiapas.

Inscripciones para intervenciones.

Intervienen los diputados Jorge Eugenio Ortíz Gallegos y David Jiménez González.

Para alusiones personales, el diputado Jorge Eugenio Ortíz Gallegos; en contra, el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana; hace consideraciones el diputado Eduardo Robledo Rincón.

Para alusiones personales, el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana; continúan los diputados Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, Roberto Calderón Tinoco y Jorge Amador Amador.

Para alusiones personales, el diputado Jorge Eugenio Ortíz Gallegos; hace consideraciones el senador Armando Trasviña Taylor; continúa el diputado Jorge Eugenio Ortíz Gallegos.

Para alusiones personales, los diputados David Jiménez González y Gerardo Unzueta Lorenzana.

Se aprueba el punto de acuerdo. Archívese.

INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES

La presidencia informe a la asamblea.

DOCUMENTO QUE INSTA AL CONGRESO ESTADOUNIDENSE

El senador Gonzalo Martínez Corbalá, informa y da lectura al acuerdo suscrito por la Comisión Permanente.

Debaten los diputados Héctor Morquecho Rivera y Roberto Calderón Tinoco.

En términos del artículo 21, cúmplase.

EMPRESA PARAESTATAL AEROMÉXICO

Los diputados Héctor Morquecho Rivera y Gerardo Unzueta Lorenzana, proponen puntos de acuerdo; hace comentarios el diputado Roberto Calderón Tinoco. Se aceptan. Se turnan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

CONDENA SOBRE TERRORISMO

El diputado Héctor Morquecho Rivera, propone punto de acuerdo que condena estos hechos. Se admite. se Turna a la Segunda Comisión.

PROBLEMA LABORAL

El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, da lectura a denuncia de hechos que hacen a la Comisión Permanente los trabajadores de la empresa embotelladora Garci - Crespo; propone punto de acuerdo. Se

acepta. Se turna a comisiones de la Cámara de Diputados.

CIUDADANOS GUATEMALTECOS

El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, propone punto de acuerdo para solicitar al parlamento guatemalteco, garantías en el retorno a su patria. Se aprueba. Se turna a la Segunda Comisión.

PRONUNCIAMIENTO

El diputado Jorge Amador Amador, expone y da lectura al punto de acuerdo que suscribe la Comisión Permanente sobre la situación del Ex canciller chileno, Clodomiro Almeida. Cúmplase.

EFEMÉRIDES

DÍA DEL INDIO PANAMERICANO

El senador Artemio Caamal Hernández, comenta el descubrimiento de América.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE

(Asistencia de diecinueve ciudadanos legisladores)

ASISTENCIA

Amador Amador, Jorge; Caamal Hernández, Artemio; Calderón Tinoco, Roberto; Dorantes Segovia, Luis José; Flores Solano, Jorge; Hernández de Galindo, Silvia; Hoyos de Navarrete, Myrna Esther; Jiménez González, David; Madero González, Francisco José; Maldonado Pereda, Juan; Martínez Corbalá, Gonzalo Martínez Martín, Ramón; Morales Flores, Melquiades; Morquecho Rivera, Héctor; Ochoa Zaragoza, Rigoberto; Ortíz Gallegos, Jorge Eugenio; Ramos Dávila, Yrene; Reyes Esparza, Diamantina; Reyes Medrano Alfonso Reynés Berezaluce, Nicolás, Robledo Rincón, Eduardo; Trasviña Taylor, Armando; Unzueta Lorenzana, Gerardo; Segbe Sañen, Alfonso.

APERTURA

El C. Presidente (a las 11:27 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanén: - Se va a dar lectura al orden del día.

«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente.- Tercer receso de la LIII Legislatura.

Orden del día

19 de abril de 1988.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CXXXIV aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, se llevará a cabo el próximo 22 de abril.

Comunicación de la H. Cámara de Senadores.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Guerrero, Nuevo León y Yucatán.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se comunica que el C. Presidente de la República nombró al licenciado Luis Dantón Rodríguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de la India.

Por el que se comunica que el C. Presidente de la República nombró al C. José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, cónsul general de México en Houston, Texas, E.U.A. Por el que se comunica que el C. Presidente de la República nombro a la C. Alma Patricia Soria Ayuso, cónsul general de México en Milán, Italia

Por que el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el C. licenciado Abraham Talavera, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden diplomática "Antonio José de Irizarri", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Guatemala.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Ernestina Elidee Téllez Meinecke, pueda prestar servicios en la Embajada Británica en México.

Tres con los que se remiten las hojas de servicios de los CC. Héctor López Mestres, Víctor Raúl Gómez Rodríguez y Gonzalo Arias Cortés, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Ignacio García Villaseñor, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Finlandia en Guadalajara , con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. José Celso Hernández Moreno, para prestar servicios en la Embajada de la República Francesa en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. Martina Castillo Tarazón, e Issa María Murguía Marquéz, para prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. Carmen Canale y Lerdo de Tejada e Ivonne Leonel de Cervantes Grandgean, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la petición para que se declare la desaparición de los poderes del estado de Chiapas. Cuatro de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los CC. Jaime Jiménez Muñoz, Salvador Alvarez Nahara, Mauro Plácido Alonso Cervantes y Esteban Santillán y Amador.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Casto Camacho Garsia, para prestar servicios en la embajada de la República Francesa en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la C. Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, para prestar servicios en la Embajada de Jamaica en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por que el se concede permiso a la C. Marisela Meza Sahagún, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El mismo C. Secretario: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el día doce de abril de mil novecientos ochenta y ocho.

Presidencia del C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce

En la ciudad de México, a las once horas con treinta minutos del día doce de abril de mil novecientos ochenta y ocho, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de diecisiete representantes.

Se da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, la cual se aprueba sin discusión alguna.

La secretaría da lectura a una invitación del Congreso del Estado de Morelos, para asistir a la sesión solemne en la que el doctor Lauro Ortega Martínez, gobernador constitucional del estado, rendirá su sexto informe de gobierno. Para concurrir a dicho evento, en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los señores diputados Juan Maldonado Pereda, David Jiménez González y senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete.

La secretaría da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de Nuevo León, por la cual informa la integración de sus comisiones permanentes. De enterado.

La secretaría da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo, por la cual informa la elección de su mesa directiva para el mes de marzo del año en curso. De enterado. La secretaría da lectura a varios oficios de la Secretaría de Gobernación; uno por el que se solicita el permiso constitucional para que el señor Ignacio García Villaseñor, pueda aceptar y desempeñar el cargo del cónsul honorario de Finlandia en Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco: Se turna a la Primera Comisión. Uno por el que se solicita permiso para que el señor Celso Hernández Moreno, pueda prestar servicios en la Embajada de la República Francesa en México: Se turna a la Tercera Comisión. Uno por el que se solicita permiso para que las ciudadanas Martina Castillo Tarazón e Issa María Murguía

Márquez, puedan prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California, respectivamente: Se turna a la Primera Comisión. Uno por el que se solicita permiso para que las ciudadanas Carmen Canale y Lerdo de Tejeda e Ivonne Leonel de Cervantes Grandgean, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México: Se turna a la Primera Comisión. Catorce con los que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano para ratificación del grado inmediato superior que les fue otorgado por el Presidente de la República: Se turnan a la Segunda Comisión.

La secretaría da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor Casto Camacho Garsia, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Francesa en México. Es de primera lectura.

La secretaría da segunda lectura a cinco dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se rectifican los grados militares otorgados por el Presidente de la República a los ciudadanos Adrián Maldonado Ramírez, Eliseo Miguel Ángel Alvarez Cahuich, Gilberto Renato García González, Felipe García Trujillo y Rodrigo Ramírez Lezama. Sin que ameriten discusión, la asamblea aprueba por mayoría de votos los puntos de acuerdo respectivos y la presidencia declara: Comuníquese al Ejecutivo.

La secretaría da segunda lectura a dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a las ciudadanas Blanca Esther Flores Ávila y Jabnia Elvia Zúñiga Galicia, para prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Sin que ameriten discusión, se procede a recoger la votación nominal de la asamblea, emitiéndose dieciséis votos en pro y uno en contra. La presidencia declara: Aprobados los proyectos de decreto por dieciséis votos. Pasan el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Hace uso de la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un escrito mediante el cual y fundado en hechos que narra en el mismo, solicita la desaparición de poderes en el estado de Chiapas y pide que se le dé el trámite correspondiente a su solicitud en los términos establecidos por la Constitución General de la República. Para apoyar la solicitud anterior, hace uso de la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista y la presidencia acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4o., de la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución general de la República, se recibe la solicitud del señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y se turna a la Primera Comisión de esta honorable Comisión Permanente, para efectos legales procedentes y se ordena que la solicitud se inserte en el Diario de los Debates.

En uso de la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, del Partido Mexicano Socialista, se refiere a las versiones publicadas sobre un posible recorte presupuestal y propone que esta Comisión Permanente adopte el siguiente punto de acuerdo: Único. Se instruya a la Comisión de Programación, Presupuesto y "cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que cite a comparecer al Secretario de Programación y Presupuesto, para que informe y responda a preguntas de los miembros de esta Comisión sobre las reiteradas versiones publicadas en torno a un posible recorte al gasto público sobre el establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1988.

En contra de la propuesta anterior, hace uso de la palabra el diputado Jorge Flores Solano del Partido Revolucionario Institucional y para alusiones personales utiliza la tribuna el diputado Unzueta Lorenzana. En apoyo de la proposición del Partido Mexicano Socialista, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista y Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano. En uso de la palabra nuevamente el diputado Jorge Flores Solano, reitera que no es relevante la presencia del Secretario de Programación y Presupuesto porque a lo que se refiere el diputado Unzueta Lorenzana, es solamente a ajustes presupuestales. También nuevamente hace uso de la tribuna el diputado Gerardo Unzueta quien ratifica su propuesta y señala que si no asiste el Secretario de Programación, y Presupuesto que concurra alguien que informe a los legisladores sobre esta situación.

La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se admite o no discusión la proposición del diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, la cual es desechada por mayoría de votos.

En uso de la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos del Partido Acción Nacional, señala irregularidades que se han cometido, según el legislador, por el organismo denominado Fonatur en las poblaciones turísticas de Huatulco y Cancún y propone el siguiente punto de acuerdo: Único. Se cite al Secretario de Turismo, licenciado Antonio Enríquez Savignac, para que comparezca ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados a fin de que informe ampliamente lo relativo a Bahía de Huatulco y sobre la serie de

irregularidales que parecen considerarse como fraude en la venta de terrenos administrados por Fonatur en Cancún. No habiendo oradores en pro o en contra, la secretaría por instrucciones de la presidencia, consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Se admite a discusión y se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para que en su seno se resuelva lo que se considere procedente.

En uso de la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, hace referencia al aumento exorbitante de colegiaturas en las escuelas particulares, señalando concretamente el colegio Tepeyac y da lectura a un escrito que le fue remitido por padres de niños que cursan sus estudios en dicho plantel proponiendo el siguiente punto de acuerdo: Único. Instruir a las comisiones de Educación Pública y de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad posible, examinen la denuncia, recaben la información correspondiente y se dirijan a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que ésta adopte las medidas correspondientes.

El propio diputado Unzueta manifiesta haber recibido una comunicación de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cual solicitan que no se permita la salida de piezas arqueológicas para una exposición que se pretende montar en Venecia, Italia y propone el siguiente punto de acuerdo: Único, instruir a la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados para que a la brevedad posible solicite información al Ejecutivo sobre la exposición de piezas arqueológicas mexicanas originales en Venecia, Italia, en particular a lo que hace a las condiciones en que se va a realizar, la duración de la misma y la seguridad que existe para las piezas arqueológicas únicas, intruyéndose a dicha comisión que informe de inmediato a esta asamblea sobre los resultados de sus gestión.

No habiendo oradores en pro ni en contra, la presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se admite o no a discusión. La asamblea admite a discusión dichas propuesta y la presidencia acuerda turnarlas a la Comisión de Educación para que en su seno se resuelva lo que se considere procedente.

La presidencia informa que en las puertas del recinto se encuentran una delegación de parlamentarios de Egipto que visita nuestro país y designa para introducirla al salón, a los señores senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Roberto Calderón Tinoco y senadora Diamantina Reyes Esparza, quienes cumplen su cometido.

El diputado Juan Maldonado Pereda hace uso de la palabra para dar la bienvenida a tan ilustres visitantes y para expresar su beneplácito, también hace uso de la palabra el excelentísimo doctor Reffat el Mahgoub, presidente de la asamblea nacional del pueblo de la República Árabe de Egipto.

Se continúa con los asuntos en cartera. Hace uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, quien a nombre de su partido y del Mexicano Socialista presenta el siguiente punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se pronuncia por el derecho de los ciudadanos guatemaltecos que han estado exiliados fuera de su patria, de retomar a fin de reincorporarse a la lucha política en su país. Expresa su deseo de que el anunciado retorno de los ciudadanos Rolando Castillo Montalvo, Rigoberta Menchú, Frank Rafael de la Roes, se realice sin contratiempo alguno, gozando de sus plenos derechos ciudadanos, en correspondencia con el espíritu formulado en los acuerdos de los cinco presidentes centroamericanos de Esquipulas II.

La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se aprueba o no el punto de acuerdo presentado por los dos partidos de referencia, el cual es aprobado en votación económica ordenando la propia presidencia el cumplimiento del mismo.

En el uso de la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, da lectura a una serie de proposiciones que han sido aprobadas y turnadas a las comisiones respectivas, las cuales no han emitido sus respectivos dictámenes, solicitando a la presidencia formule una excitativa a todas y cada una de dichas comisiones para que en términos del reglamento despachen los asuntos a ellas encomendados.

La presidencia ordena a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados informe a la brevedad posible sobre el planteamiento del diputado Ortiz Gallegos, a fin de estar en condiciones de conocer cuáles comisiones han cumplido y cuáles hasta la fecha no han emitido su dictamen.

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.

A las catorce horas con cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día diecinueve de abril a las once horas.»

El mismo C. Secretario: - Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la

palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.

INVITACIÓN

El mismo C. Secretario: - Se va a dar lectura a una invitación.

«Escudo. - Jefe del Departamento del Distrito Federal - México, Distrito Federal, 14 de abril de 1988.

C. diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.

El Departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXIV aniversario luctuoso del general Nicolás Bravo, el próximo viernes 22 de abril de 1988, misma que se llevará a cabo a las 11:00 horas en el altar a los defensores de la patria, ubicado en el Hemiciclo a los Niños Héroes del viejo bosque de Chapultepec.

Al propio tiempo me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Comisión Permanente que usted dignamente preside.

Reitero a usted con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No reelección.

El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.»

El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se digna a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Jorge Flores Solano y senador Ramón Martínez Martín.

COMUNICACIONES

EL C. secretario senador Alfonso Zegbe Sanén: - Se va a dar lectura a varias comunicaciones

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Senado de la República.- Oficialía Mayor.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

Nos permitimos informar a ustedes, para conocimiento de esa Comisión Permanente, que el día de la fecha y con motivo de la renuncia al cargo de Oficial Mayor de esta Cámara, que presentó el ciudadano licenciado Miguel Montes García, la gran comisión de este cuerpo legislativo tomó el acuerdo de designar al ciudadano licenciado Morelos Canseco Gómez, en sustitución del primero, y que este último, a partir de esta fecha tomó posesión del cargo de referencia.

Al comunicar a ustedes lo anterior, hacemos propicia la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida. México, Distrito Federal, 24 de marzo de 1988. Perfecto Arredondo Valdez, senador secretario; y Luis José Dorantes Segovia, senador secretario.»

Trámite: - De enterado.

El mismo C. Secretario: «Escudo. - H. Congreso del Estado de Guerrero. - Chilpancingo, Guerrero, abril 5 de 1988.

C. presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar a usted que previas las formalidades de ley, la Quincuagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado, en su sesión ordinaria de 29 de marzo pasado, tuvo a bien elegir a los ciudadanos diputados licenciado Paulino Valverde Monatño e ingeniero Abel Salgado Valdez, como presidente y vicepresidente, respectivamente, quienes integrarán la mesa directiva que fungirá durante el presente mes de abril.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado, licenciado Emilio I, Ortiz Uribe.»

Trámite: - De enterado.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - H. Congreso de Nuevo León.- Secretaría.

C. presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La honorable Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a los integrantes de las comisiones permanentes que fungirán conforme lo establecen los

artículos 30, 31 y 33 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

Se adjunta a la presente, relación de la forma como quedaron integradas las citadas comisiones.

Sin otro particular, reiterámosle(s) las seguridades de nuestra consideración distinguida y atenta.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, Nuevo León, a 14 de marzo de 1988. - Honorable Congreso del Estado.- Diputado secretario, José Luis Cantú; diputado secretario, Ramiro Hidrogo Gómez.»

Trámite : - De enterado.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - LI Congreso del estado libre y soberano de Yucatán.

C. presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted, que ha quedado instalada la diputación permanente para el período que comprende los meses de abril, mayo y junio del año en curso y está integrada de la manera siguiente: Diputados: Presidente, Alvaro López Soberanis; secretario, Juan Gualberto Campos Vega; Vocal; Alberto Palma Vargas; suplentes: Rafael Lara Canul, Gaspar Antonio Xiu Cachón y José Poot Domínguez.

Protestamos a usted nuestra atenta consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mérida Yucatán a 31 de marzo de 1988. - Presidente, Alvaro López Soberanis; secretario, Juan Gualberto Campos Vega.»

Trámite: - De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

NOMBRAMIENTOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 16 de marzo último, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede al artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano licenciado Luis Dantón Rodríguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de la India. En consecuencia, mucho agradecerá a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envió adjuntos los datos biográficos del interesado."

Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente al anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de abril de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 4 del actual, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede al artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano licenciado José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, cónsul general de México en Houston, Texas, E.U.A. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para este nombramiento. Con este fin le envió adjuntos los datos biográficos del interesado."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 12 de abril de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 14 de marzo último, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede al artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Alma Patricia Soria Ayuso, cónsul general de México en Milán Italia. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional, la ratificación a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin de envío adjunto los datos biográficos de la interesada."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de abril de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

CONDECORACIÓN

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

En oficio fechado el 4 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, apartado B) del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano licenciado Abraham Talavera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Diplomática "Antonio José de Irizarri", en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Guatemala."

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 12 de abril de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

Con fecha 6 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Atentamente solicito a usted tenga a bien tramitar ante el honorable congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana mexicana Ernestina

Elidee Téllez Meinecke, de nacionalidad mexicana según lo acredita la fotocopia del acta de nacimiento anexa al presente oficio, pueda prestar sus servicios como asistente en la sección de información en la Embajada Británica en México."

Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona; reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 12 de abril de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 16 de marzo último, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier de transmisiones, Héctor López Mestres (454576), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente al anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de abril de 1988.- El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Víctor Raúl Gómez Rodríguez (2957674), que en diecinueve fojas útiles de adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de abril de 1988. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo C. Secretario:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

CC. secretarios de la Comisión Permanentes del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de

La Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de infantería, Gonzalo Arias Cortés (4454469), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de abril de 1988.- El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

NOMBRAMIENTO

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 18 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a trvés de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para el ciudadano Ignacio García Villaseñor, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Finlandia en Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Finlandia, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único Se concede permiso al ciudadano Ignacio García Villaseñor, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Finlandia en Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 14 de abril de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete. diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Primera lectura.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La misma C. Secretaria:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el día 14 de marzo del presente año, la Secretaría de la Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Celso Hernández Moreno, pueda prestar servicios como jardinero, en la Embajada de la República Francesa en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 12 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Francesa en México, serán como jardinero, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, apartado B) del artículo 327 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Celso Hernández Moreno, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada de la República Francesa en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congrego de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 15 de abril de 1988. - Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Primera lectura.

La misma C. Secretaria:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 28 de marzo de año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Martina Castillo Tarazón e Issa María Murguía Márquez, puedan prestar servicios como empleadas de visas y oficinista, en los consulados de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, respectivamente. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de 12 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que las interesadas prestarán en los consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, serán como empleada de visas y oficinista, respectivamente, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Martina Castillo Tarazón, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo segundo: se concede permiso a la ciudadana Issa María Munguia Márquez, para prestar servicios como oficinista, en el consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión. Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 13 de Abril de 1988.- Diputado David Jiménez González, Senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, Diputado Eduardo Robledo Rincón, Senador Armando Trasviña Taylor, Diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, Diputado Jorge Amador Amador y Senador Alberto E. Villanueva Sansores».

Tramite: - Primera Lectura.

La misma C. Secretaría

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: En oficio fechado del día 25 de marzo del presente año, la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Carmen Canale y Lerdo de Tejada e Ivonne Leonel de Cervantes Grandgean, puedan prestar sus servicios como empleadas de la sección consular y administrativa, respectivamente, en la Embajada de Canadá en México.

En sesión celebrada por la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión, El 12 de Abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimientos;

b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de Canadá en México, serán como

empleadas de la sección consular y administrativa, respectivamente, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Carmen Canale y Lerdo de Tejada, para prestar servicios como empleada de la sección consular, en la Embajada de Canadá en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ivonne Leonel de Cervantes Grandgean, para prestar servicios como empleada de la sección administrativa, en la Embajada de Canadá en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 15 de abril de 1988. - Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, Diputado Jorge Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Primera lectura.

VISITA DE DELEGACIÓN DE NUEVA ZELANDA

El C. Presidente: - Ciudadanos legisladores: Se encuentra entre nosotros una delegación de parlamentarios de Nueva Zelanda, encabezada por el señor David J. Robinson, líder del parlamento, acompañado de su señora esposa; el señor Jefrey J. Grant y señora Grant, el excelentísimo señor embajador Rodney R. Denham y señora Michele Wood, segundo secretario y vicecónsul.

A nombre de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de todos los senadores y diputados federales que la integramos, damos a ustedes la más cordial bienvenida y les rogamos sean el amable conducto para entregar un saludo de este representación nacional al pueblo y al gobierno de Nueva Zelanda.

Deseamos a ustedes una feliz estancia en México, y la comisión de diputados que viene acompañándolos podrá hacerlo en el momento en que ustedes determinen abandonar este salón.

Mucho gusto en saludarlos.

(La comisión cumple con su cometido).

Quiero informar a ustedes, ciudadanos legisladores, que en breve recibiremos también la visita cordial de una delegación de la Asamblea Popular de Cuba.

Ellos están en este momento visitando algunas instalaciones de este recinto, de manera que voy a rogarles a ustedes que me permitan, que en el momento y por consideración de ellos, que estén presentes, hagamos la recepción.

Ellos tienen deseos de expresarnos algún mensaje, nosotros por nuestra parte así lo haremos; pero ruego a ustedes que si hay necesidad de interrumpir alguno de los trabajos en el momento oportuno, me autoricen a hacerlo, por consideración a la delegación cubana.

Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO

El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si autoriza en atención a la visita de los parlamentarios cubanos, que tratemos en primer término los puntos de acuerdo que habrán de someterse a la consideración de la misma, relacionados con los ciudadanos Jaime Jiménez Muños, Salvador Alvarez Nahara, Mauro Plácido Alonso Cervantes, Esteban Santillán y Amador, Casto Camacho Garsia, Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, Marisela Meza Sahagún; y al final el que se relaciona en el dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si autoriza a que se dé trámite a los dictámenes que están a discusión y que se refieren a la ratificación de grados y autorización para prestar servicios. Y en últimas instancia, en último lugar al dictamen relativo de la Primera Comisión, relativo a la proposición presentada por el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos en relación con el asunto de Chiapas.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestado ... Autorizado, señor Presidente.

El C. Presidente: - Continué la secretaría con los asuntos en cartera.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Jaime Jiménez Muñoz, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de general de división, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, de diez de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, ascendiendo a subteniente de caballería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno; a los siguientes grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis;

b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Ha prestado servicios al ejército durante cuarenta años, once meses y dieciocho días, y

d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases; así como la del Mérito Docente, y la de Perseverancia Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijados para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Jaime Jiménez Muñoz, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jaime Jiménez Muñoz.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 4 de abril de 1988. - Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Pascoe Pierce.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

VISITAS DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CUBA

El C. Presidente: - Han llegado ya los miembros delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, encabezada por el señor diputado Luis Méndez Morejón.

Para recibir e introducir a este recinto a dicha delegación, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Héctor Morquecho rivera y diputado Melquiades Morales Flores.

(La comisión cumple con su cometido.)

Ciudadanos legisladores, para dar la bienvenida a tan ilustres visitantes, se concede el uso de la palabra al ciudadano senador Rigoberto Ochoa Zaragoza.

EL C. senador Rigoberto Ochoa Zaragoza: - Ciudadano diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; ciudadano diputado José Luis Méndez Morejón, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la hermana República de Cuba; distinguidos diputados que integran la delegación cubana que nos visita; excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en México, señor

José Fernández de Cosío Rodríguez; compañeros senadores y diputados que integren esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; señoras y señores: Me honra profundamente la comisión que me ha conferido el diputado Nicolás Reynés, para dar la bienvenida a nuestro país y a esta casa del pueblo, a la delegación de representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba que trabajará durante varios días con la delegación mexicana de la Cámara de Diputados con la agenda de las relaciones entre nuestros pueblo.

La experiencia histórica de nuestros pueblos nos permite afirmar que México y Cuba ha compartido momentos trascendentales en las luchas políticas más importantes que se han vivido en el continente americano; cuando irrumpen los movimientos independentistas del siglo XIX, nuestros dos pueblos compartían la conciencia de que solamente la sangre y el sudor de sus hombres alcanzarían la independencia nacional y la soberanía.

Y es así como una relación de amistad fraternal enraíza en lo más profundo de lo que vendría a ser el perfil y la identidad de dos pueblos que aprenderían a compartir su vecindad geográfica en una lucha permanente por su libertad y su progreso social.

Por estos antecedentes, es explicable que en momentos de grandes tensiones que sacuden a nuestro continente y a otras regiones del mundo, los depositarios de la soberanía de nuestros pueblos se reúnen para analizar los problemas comunes, para deliberar sobre derechos humanos, sobre la amenaza a valores fundamentales de la convivencia internacional, sobre la cada día más necesaria cooperación para el desarrollo científico y tecnológico, sobre la necesidad de fortalecer la acción de los organismos multinacionales que hemos creado, para propugnar por principios básicos, como la autodeterminación, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

Los actuales, son momentos de prueba para nuestros pueblos. Centroamérica es motivo de agresiones descarnadas, infames y absurdas, y se desconoce a nombre de problemas cuyo origen y desarrollo es difícil identificar y calificar, la sustancia misma de las relaciones multilaterales, como lo es el derecho internacional.

Por eso, alentamos la convicción de que los trabajos se realizarán, estarán inspirados en todo momento, en la defensa de la razón política, de la razón jurídica, y de los más sagrados intereses de la paz y de la justicia.

Con este orden de cosas, nos complace sobremanera dar la bienvenida a los parlamentarios cubanos y expresarles los votos que formulamos por el bienestar y el progreso de la nación cubana. Bienvenidos, compañeros cubanos.

El C. Presidente: - El señor diputado Luis Méndez Morejón, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, ha manifestado su deseo de entregar un mensaje a esta representación nacional.

Tiene la palabra el señor diputado Luis Méndez Morejón, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

El diputado Luis Méndez Morejón (visitante): - Señor presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, licenciado Nicolás Reynés Berezaluce; distinguidos parlamentarios; amigos: En distintas ocasiones hemos tenido el privilegio de visitar este país y cada vez que hemos arribado a este hermosa tierra con la que nos unen lazos que nada ni nadie ha podido deshacer, sentimos siempre el renovado júbilo de abrazar a muy entrañables amigos y hermanos, de fundirnos otra vez con este maravilloso pueblo, al que pudimos conocer en toda su dimensión cuando encontrándonos aquí, vivimos con ustedes la trágica y dolorosa experiencia del terremoto ocurrido en septiembre de 1985.

Hoy traemos, para ambas Cámaras del Congreso de la Unión y a través de ellas para todo el pueblo mexicano, el saludo fraterno y el mensaje solidario de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, que equivale a decir de todo el pueblo de Cuba.

Cuando a mediados del pasado año nos visitó el amigo Montúfar Araujo, presidiendo una delegación de la Cámara de Diputados, ambos nos preguntábamos. ¿cómo era posible que aún no hubiéramos firmado un acuerdo de colaboración entre nuestros parlamentos; teniendo en cuenta además, los extraordinarios vínculos amistosos que han existido entre nuestro países, nuestros gobiernos y nuestros propios parlamento? Y llegamos a la conclusión de que ese acuerdo siempre ha existido; por encima de papeles y firmas; aunque ahora nos propongamos suscribirlo formalmente. Pero nunca podrá decirse que este acuerdo existió a partir de abril de 1988, porque este acuerdo de hecho, en la práctica, ha existido desde siempre.

Si bien en múltiples ocasiones hemos obtenido fructíferos intercambios, creemos que podemos avanzar mucho más. Y a partir de la firma de este acuerdo, los intercambios podrán efectuarse de manera más sistemática, organizada y profunda.

Nuestros parlamentos ya han recorrido juntos un importante trecho en el quehacer de los organismos internacionales en que ambos participamos: El Parlamento Latinoamericano y la Unión Interparlamentaria, donde siempre hemos coincidido con posiciones firmes, del principio, en defensa de la independencia y la plena soberanía de los pueblos. Juntos contribuido a enraizar la conciencia de que los tiempos del vasallaje y la sumisión a las órdenes del imperio, han pasado para siempre. Y de que hay que consolidar el derecho que tienen todos los pueblo y dentro de ellos los pueblos de nuestra América, como la llamara José Martí, a darse el régimen social, político y económico, que autónomamente, sin injerencias ni presiones foráneas, decida. Esto ha de ser respetado como las más sagrada de las reglas del derecho internacional.

Nuestro país ha reiterado invariablemente, su fidelidad a los principios de unidad e integración regional, en correspondencia con la esencia misma de nuestro ideario político. Como nación, ha sido bien sentada nuestra vocación latinoamericanista. Recientemente el presidente Fidel Castro reiteró este principio, cuando se dirigió a los presidentes latinoamericanos reunidos en Acapulco dentro del mecanismo permanente de consulta y concertación política para saludar ese empeño, que es indudable presión de los nuevos aires que soplan en Latinoamérica y en el Caribe, y comunica anticipadamente la enorme fuerza que tendrá nuestra región, cuando por decisión soberana de sus pueblos sea capaz de hablar con una y única voz. Cuando así sea acabaremos definitivamente con la sordera de unos cuantos, que durante mucho tiempo se acostumbraron a oír sólo aquello que más les convenía.

En ese gran empeño, que tan gallardamente siempre ha defendido México, Cuba marcha hombro con hombro y junto a muchos otros países que enarbolan hoy la bandera de la dignidad nacional. En el momento de buscar cuanto nos una y de localizar los obstáculos que frenan nuestro progreso económico y social, para poder utilizar todas las vías posibles, a través de todos los organismos internacionales regionales y de todas las entidades multilaterales, genuinamente latinoamericanas en la lucha por desbrozar el camino y avanzar realmente hacia la cooperación y la integración regional en su más cabal expresión política y económica.

Debemos trabajar por lograr que el Parlamento Latinoamericano sea instrumento útil, herramienta eficaz en la noble tarea de edificar la integración latinoamericana y caribeña, por hacer más sólidos los logros que unen a nuestros pueblos y deben unir a nuestros estados.

Hoy crece en nuestra América ese sentimiento de unión, de acercamiento, de integración, que el Parlamento Latinoamericano debe contribuir a impulsar, a materializar y convertir en realidad esa voluntad. Esas deben de ser necesariamente nuestras proyecciones y a ellas pueden contribuir mucho nuestros parlamentos.

Sin embargo, no podemos dejar de atender determinadas situaciones que en estos momentos de manera muy concreta, conspiran contra esos objetivos. En Centroamérica y Nicaragua hoy está en juego el derecho de los pueblos a labrarse autónomamente su propio destino; hoy también con marcado dramatismo reverdece contra Panamá un viejo ánimo que de sobra conocemos en este continente, de un gobierno que se cree en el derecho de quitar y poner presidentes a otros países libres de este continente.

También hoy continúa la afrenta a otro hermano continental, cual es el caso de la lucha que libra Argentina por su soberanía sobre las Islas Malvinas, y más recientemente, hace pocas horas, el Senado de ese país se abroga el derecho de certificar o no la actitud de este pueblo y de su gobierno contra el narcotráfico.

Pero no sólo nos afectan directamente estas situaciones cercanas, también nos preocupa sobremanera el peligro que se cierne sobre toda la humanidad, y consecuentemente compartimos la vocación de México, por la paz, la distinción y la coexistencia pacífica. La Paz el desarme y el desarrollo se vinculan indisolublemente, y por ello nos sentimos obligados a trabajar por esa causa en todos los foros multilaterales, En Naciones Unidas, en el seno del movimiento de países no alineados y donde quiera que encontremos una tribuna seria que pueda influir en la consecución de estos objetivos.

En ese contexto, reviste particular importancia, la reunión del Movimiento de Países no Alineados que dedicada al desarme habrá de efectuarse próximamente en La Habana.

Debemos contribuir decididamente a consolidar los avances que se han logrado en el terreno del desarme, mediante el acuerdo suscrito entre la URSS y Estados Unidos y procurar por todos los medios que se continúen esos esfuerzos para alejar definitivamente el peligro nuclear y que florezca un clima de paz que propicie el desarrollo a escala internacional.

El esfuerzo, la batalla por el desarmen tiene que vincularse a la lucha por el desarrollo. Los recursos que ahora son derrochados en la loca carrera armamentista hacia la muerte, deben ser dedicados

al desarrollo, a los esfuerzos por hacer más noble y digna la vida de nuestros pueblos.

Como señalara el presidente Fidel Castro, no puede haber desarrollo ni paz, ni tampoco podemos concebir la paz sin desarrollo.

Compartimos asimismo, la preocupación por la actual crisis económica internacional que incide con mayor fuerza en los países en vías de desarrollo y se manifiesta en un constante crecimiento de la deuda externa y en el ahondamiento del abismo que separa a estos países de los desarrollados. Conscientes de la gravedad de esta situación, nuestro país y nuestro parlamento han denunciado la impagabilidad de la deuda externa y respaldan el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.

Señores legisladores: Este encuentro lo realizamos cuando se han profundizado y fortalecido más nuestro vínculos y constituyen un buen ejemplo de las relaciones que pueden y deben prevalecer entre dos pueblos hermanos. Nuestras relaciones comerciales no sólo han avanzado, sino que se avisaron perspectivas de crecimiento en los próximos años, por lo que nuestro país se propone trabajar en la ampliación y diversificación de sus rubros exportables y así lograr un mayor acceso al mercado mexicano para reducir el desbalance comercial que aún existe.

Los acuerdos alcanzados en los sectores de la pesca, el turismo, el transporte, la agricultura y la salud, han registrado saldos favorables para ambos países al igual que la colaboración educativo cultural ha logrado avances significativos.

Las relaciones de colaboración económico industrial, ha tenido un nuevo impulso a partir de los acuerdos del año pasado y en la actualidad se abren perspectivas alentadoras en sectores tales como la industria azucarera y sus derivados, la electricidad, la industria siderúrgica y la naval.

Nuestro parlamentos deben trabajar más en la dirección de que nuestras relaciones sean cada vez más ejemplares, y dedicarle tiempo al análisis de todos aquellos aspectos concretos en los que podamos promover acciones que contribuyan a emplearlas y fortalecerlas aún más.

Nada puede definir mejor nuestra disposición a la colaboración con México, que lo expresado por el comandante Fidel Castro, en que dijo: "Cuando hay confianza y esa confianza está basada en hechos, y se ha formado durante muchos años, ¿con qué otro país de nuestra área pudiéramos nosotros tan gustosamente desarrollar nuestras relaciones económicas y de colaboración, como en México?"

No podríamos, terminar nuestras palabras sin expresar una vez más nuestra profunda gratitud al hermano que siempre ha estado a nuestro lado, en las buenas y en las malas; al hermano pueblo de Benito Juárez, que acogió en su seno a nuestro José Martí y a nuestro Fidel Castro, donde tantos cubanos en momentos difíciles han encontrado siempre la mano amiga y la frase de aliento; al hermano que impidiera, con su valiente gesto, que Cuba quedara totalmente aislada dentro de su propio continente, cuando la soberbia del imperio arremetió cruelmente contra ella por el solo hecho de haberse proclamado independiente.

Queridos amigos, para mí es un honor representar a nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando vamos a suscribir un acuerdo de colaboración parlamentaria. Como hemos visto, el acuerdo existe desde siempre, en los hechos; sólo falta formalizarlo.

Estoy seguro de que nuestros parlamentos harán todo cuando de ellos dependa para que nuestros lazos bilaterales se desarrollen y afiancen aún más y con ello contribuiremos conjuntamente el propósito supremo de la unidad latinoamericana.

Muchas gracias, queridos amigos parlamentarios.

Queremos, ahora, hacer entrega al presidente Nicolás Reynés, de la Medalla Conmemorativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El C. Presidente: - Ruego a la comisión designada para introducir a la delegación de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, encabezada por el señor diputado Luis Méndez Morejón, se sirvan acompañarlos cuando ellos deseen abandonar este salón.

Le agradecemos a nuestros amigos, los parlamentarios cubanos, su presencia y sus palabras. Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Salvador Alvarez Nahara, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la

fracción VII, del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de general de brigada, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta, ascendiendo a subteniente de artillería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro; a los siguientes grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de capitán segundo de artillería, adquirió el carácter de Diplomando de Estado Mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y uno;

b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y las leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y ocho años, un mes y doce días, y

d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases; así como la Perseverancia Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Salvador Alvarez Nahara, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Salvador Alvarez Nahara.

Sara de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 4 de abril de 1988. - Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Pascoe Pierce.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La misma C. Secretaria:

«Segunda comisión.

Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Mauro Plácido Alonso Cervantes, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de general de brigada, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta, ascendiendo a subteniente de caballería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y tres; a los siguientes grados ascendió por escalafón, cuando ostentaba el de teniente de caballería, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho;

b) A los demás grados ascendió de acuerdos con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y ocho años, un mes y trece días, y

d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancias de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases; así como la de Perseverancia Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada,

porque el ciudadano Mauro Plácido Alonso Cervantes, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada, Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mauro Plácido Alonso Cervantes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 4 de abril de 1988. - Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Pascoe Pierce.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

La misma C. Secretaria:

«Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: A la segunda comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Esteban Santillán y Amador, que el ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de general de brigada, Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario, en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, ascendiendo a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y dos; a los siguientes grados ascendió por escalafón, y cuando ostentaba el de mayor de infantería, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis;

b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y nueve años un mes cuatro días, y

d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases; así como la de Perseverancia Especial, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.

La proposición que el Ejecutivo Federal hace a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Esteban Santillán y Amador, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. Esteban Santillán y Amador.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 4 de abril de 1988. - Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Pascoe Pierce.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el punto de acuerdo.... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, Sírvance manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La misma C. Secretaria:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 16 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Casto Camacho Garsia, pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Francesa en México.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 6 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Francesa en México, serán como chofer, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Casto Camacho Garsia, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Francesa en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 8 de abril de 1988. - Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, Diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el día 14 de marzo del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, pueda prestar servicios como secretaria bilingüe, en la Embajada de Jamaica en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 28 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en la embajada de Jamaica en México, serán como secretaria bilingüe, y

c) que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Carmen Teresa Gutiérrez Rogers, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en la Embajada de Jamaica en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 4 de abril de 1988. - Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La misma C. Secretaria:

«Primera Comisión.

Honorable Asamblea: En oficio fechado el 4 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Marisela Meza Sahagún, pueda prestar servicios como operadora de télex, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

En sesión afectada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 17 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, serán como operadora de télex, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Marisela Meza Sahagún, para prestar servicios como operadora de télex, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 22 de marzo de 1988. - Diputado Juan Moisés Calleja García, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Jorge Eugenio Ortiz, Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto.... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación de éste y los anteriormente reservados.

(Votación.)

Señor presidente, se emitieron 23 votos en pro.

El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 23 votos.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DICTAMEN SOBRE DENUNCIA

El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al dictamen relativo a la desaparición de poderes del estado de Chiapas.

LA C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: A la Primera Comisión que suscribe, se turnó el expediente que contiene la petición del ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para que se declare la desaparición de los poderes del estado de Chiapas.

CONSIDERANDO

Primero. Por escrito de la fecha 6 de abril del año en curso presentado a la Secretaría de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos pide "la desaparición de poderes del estado de Chiapas, toda vez que los conflictos propiciados tanto por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado han afectado la vida en la entidad, impidiéndose en consecuencia la plena vigilancia del orden jurídico"; funda su petición en los artículos 76 fracción V, 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por todos los artículos del 1 al 15 de la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución general de la República.

Segundo. La fracción V del artículo 76 de la Constitución general de la República, faculta al Senado para declarar que es llegado el caso de nombrar gobernador provisional, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado: y la ley reglamentaria de este dispositivo constitucional, a su vez faculta a la Comisión Permanente para recibir peticiones a fin de que el Senado conozca de los hechos que

configuren la desaparición de poderes de un estado.

El procedimiento que regula la convocatoria para un período extraordinario de sesiones del Congreso General o de una de sus cámaras, está previsto, por su parte, en el artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a virtud de lo cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede hacerlo a solicitud del tutelar del Poder Ejecutivo o por sí misma y a virtud del voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la sesión que lo acuerde.

Tercero. Turnada a esta Primera Comisión, procede su estudio y dictamen para el único efecto de examinar si la petición de desaparición de poderes con la denuncia que extraña, reúne o no los requisitos legales e indispensables que al efecto reclamen los artículos 2o., y 3o., de la Ley Reglamentaria del artículo 76, fracción V, de la Constitución general de la República y en su caso, si procede convocar al Senado de la República a un período extraordinario de sesiones, donde se constaten los hechos constitutivos de alguna o varias de las hipótesis que taxativamente esta ley considera reveladores de la desaparición de todos los poderes de un estado y si así sucede, se proceda al nombramiento de un gobernador interino. O en otros términos, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debe ocuparse en casos como el presente de examinar exclusivamente, pero con toda objetividad:

a) Si existe una denuncia;

b) Si ésta la formulan las personas a quienes la ley faculta para ello;

c) Si esa denuncia se refiere a uno o varios de los hechos que la ley reglamentaria considera como una manifestación objetiva de ausencia de poderes constitucionales en un estado del país. Eso es, cuando se quebrantaren los principios del régimen federal (fracción I); cuando los titulares de los poderes constitucionales abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor (fracción II); estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados a propiciados por ellos mismos que afecten la vida jurídica del estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico (fracción III); prorrogaren su permanencia en sus cargos después de vencido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares (fracción IV); y, por último, promovieren o adoptaren forma de alguna o base de organización política distinta de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución general de la República (fracción V).

Y esto es así, no sólo por la general exigencia constitucional de acordar, fundados en derechos y razonadamente, toda promoción que se formule y a los dispuesto también por los artículos 3o., de la tantas veces citada ley reglamentaría y 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aún sin examinar el fondo del asunto, lo cual en todo caso corresponde al Senado de la República, sí está obligada a analizar los elementos de procedencia indispensables antes expresados, pues no debe, al amparo de interpretaciones letristas y estrechas de los preceptos legales, abandonar la elevada responsabilidad constitucional de convocar a un período extraordinario de sesiones al Congreso General o a una de sus cámaras, al conjuro de promociones infundadas, inconducentes o simplemente oscuras en su caso.

Cuarto. En el caso que se examina tenemos que, efectivamente, el ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos formuló la petición de que se hace mérito en el considerando primero: tenemos, asimismo que esta denuncia está formulada por una de las personas autorizadas para ello por el artículo 3o. de la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución general de la República.

Por lo que mira a los hechos que denuncia el señor diputado Ortiz Gallegos para fundar su petición, éstos se hacen consistir en síntesis, y en primer término, en generalidades no referías a personas o autoridad determinadas, tales como la permanencia de manifestaciones en la plaza cívica de Tluxtla Gutiérrez; en los "indicios de 75 campesinos asesinados en los últimos seis años"; en que una multitud de dirigentes son procesados "por delitos penales", sobre la base de pruebas falsas, o de confesiones obtenidas mediante coacción, negando así la afirmación del secretario general de gobierno en el sentido de que en Chiapas no hay presos políticos (foja2); o como cuando afirma, hojas más adelante, que en el municipio de Reforma, Chiapas, sus habitantes viven en constante zozobra toda vez que el gobierno del estado ha propiciado invasiones (sic) que han tenido como consecuencia enfrentamientos sangrientos; o también cuando dice que " hoy en día existen manifestaciones de maestros estatales frente al palacio de gobierno de estado exigiendo el cese de las arbitrariedades cometidas en su contra, y ante la incapacidad del gobierno

para atender dichas reclamaciones, la semana pasada con lujo de fuerza ordenó disolver el plantón de maestros que se encontraban frente al palacio de gobierno; en los mismos términos generales expresa que: "campesino de varios municipios integrantes del consejo supremo Tzotzil solicitaron la remoción de los delegados de la promotoría agraria, en atención a que su trabajo les es pagado con vales y no con dinero en efectivo; que fueron detenidos el 23 de marzo de 1986, 24 campesinos cuyos nombres proporciona y recluidos en la cárcel de Simojobel".

Asimismo, da cuenta con ocho averiguaciones previas y causas penales que se siguen en diversos juzgados del mismo estado, las cuales según su criterio son injustas o carecen de fundamento. Por otra parte, imputa a la policía de seguridad pública del estado el desalojo de 45 campesinos del poblado de Nueva Iztapilla, municipio de Villa de las Rosas y la quema de 20 casas más en el poblado Plan de Ayala del municipio del Bosque.

Finalmente concreta: diversos "casos particulares de violación a los derechos humanos en Rayón y Tapilula", municipios éstos del norte de las tantas veces citada entidad federativa. En ellos, según relata el denunciante, los presidentes municipales, con el apoyo de elementos policiacos a su mando, han iniciado en conductas que a juicio del propio denunciante no se apegan a derecho, son contrarios al orden jurídico e incluso, en su concepto, pudieran revestir carácter delictuoso (fojas 6 al 11).

Al procurador general de justicia del estado lo acusa de dirigir un contingente compuesto por 2 mil 500 soldados, 200 policías judiciales y 800 policías de seguridad pública, para la detención de 29 campesino, de los cuales fueron consignados seis y un periodista, quedando en libertad 22 de ellos.

A lo anterior agrega y ofrece como prueba, nuevas acusaciones en contra del propio titular del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, que formulara el diputado Gerardo Unzueta en su intervención del 6 de abril de este año en el seno de la Comisión Permanente.

Por estos hechos, afirma el diputado denunciante "puede observarse que se vive una situación de inseguridad y de supresión de garantías individuales en tanto la voluntad y el capricho del gobernador es la que prevalece en la entidad por encima de la Constitución federal y del orden jurídico"; y tomando como fundamento, además los hechos denunciados en diverso procedimiento de juicio político, instaurado en contra del gobernador Absalón Castellanos y que en su concepto se dejaron de estimar y de considerar, es por lo que, concluye el denunciante, "existe un vacío de poder del Ejecutivo del estado de Chiapas" que hace nula la vigencia del orden jurídico y que afirma, se traduce en el nulo ejercicio de la autoridad, no sólo el Poder Ejecutivo, sino de los poderes judicial y de la incapacidad del Legislativo que no permite las constantes y profundas anomalías; y que, en igual forma "las autoridades municipales sufren quebranto y privación del ejercicio de su autonomía; que el desorden es generalizado y que se impone el ejercicio que la Constitución señala al Senado de la República para declarar la desaparición de poderes en el estado de Chiapas".

Funda su petición, particularmente a propósito de la procedencia de su denuncia, en el artículo 2o., fracción III, segunda hipótesis de la Ley Reglamentaria de la fracción V, del artículo 76, de la Constitución general de la República.

Quinto. La petición así planteada es improcedente a los fines de convocar al Senado a las sesiones extraordinarias que se solicitan. En efecto, si bien es cierto que, el artículo 4o., de la ley en cita faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar a sesión extraordinaria al Senado de la República a fin de que resuelva sobre las solicitudes de desaparición de poderes, no es menos cierto que éstas deben versar, necesariamente, sobre alguna de las causas que establece el artículo 2o., del mismo ordenamiento.

De la sola lectura de la denuncia cuyos aspectos medulares han quedado transcritos, resulta palmaria la contradicción entre los fundamentos que invoca y el contenido mismo de su petición, así como evidente la omisión en señalar, concretamente, los actos atribuibles a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, que siendo concurrentes con los que se ponen a cargo del titular del Poder Ejecutivo, llevarán a considerar la inaplicación generalizada de derecho.

La fracción III del artículo 2o., de la ley en cita, que invoca como fundamento preciso de su solicitud el diputado Ortiz Gallegos en la hipótesis que señala, presupone la imposibilidad física o moral para gobernar, determinado por situaciones o conflictos causados o propiciados por los titulares de los tres poderes constitucionales. Es decir se trata de una responsabilidad, no sólo al titular del ejecutivo, sino también por los de los poderes Legislativo y Judicial. Y esta exigencia constitucional y legal se entiende fácilmente, si se tiene en cuenta que los conflictos causados por uno solo de los titulares de los poderes constitucionales de los estados puede dar

motivo al juicio político, al cual están sujetos, tanto los gobernadores de los estados, como los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales de justicia locales, cuando incurren individualmente en violaciones graves a la Constitución general de la República, a las leyes federales que de ella emanan y por el manejo indebido de fondos y recursos federales; y, en los términos de las leyes locales, de conformidad con las hipótesis que las mismas recojan.

Para la citación al Senado de la República en los términos del artículo 76 constitucional y su ley reglamentaria, ha de tratarse de hechos concretos que tengan por protagonistas a todos los titulares de los tres poderes del estado, que conduzcan a estimar que no existe gobierno en una entidad federativa y no por acusaciones a uno solo de los titulares del estado y la inferencia a que los dos restantes también actúan indebidamente, sin precisar los términos de esta acusación.

En el caso que nos ocupa se atribuyen hechos diversos, por una parte, a cuerpos policiacos que se dice dependen del gobierno estatal; por otra, a los ayuntamientos de determinados municipios, dos concretamente de los 110 que constituyen el estado de Chiapas; y por otra más a determinados jueces del orden común.

Sin prejuzgar sobre la veracidad o no de estos hechos, lo cierto es que como están planteados, no es el procedimiento elegido por el denunciante el idóneo para su corrección y eventual castigo, ni la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el tribunal para enjuiciarlos, pues por una parte, y por lo que se refiere a los actos que se imputan a servidores públicos de la esfera administrativa serán en su caso de la competencia de las leyes y de las propias autoridades del estado, sin que a tal consideración sea óbice la teoría de la delegación de atribuciones y de la responsabilidad política del titular del Poder Ejecutivo que aduce el denunciante, pues la responsabilidad administrativa o penal por los actos indebidos en el ejercicio de la función pública son personalísimos, intransmisibles, y, salvo prueba en contrario, que no aparece ni siquiera enunciado en la denuncia que se examina, no pueden achacársele, por lo mismo, a ese titular del Poder Ejecutivo.

Menos aún aquellos hechos en los que concretamente existe señalamiento de autoridades municipales, puesto que estás, no guardan ninguna relación de dependencia con el Ejecutivo del estado, como expresamente lo previene el artículo 115 constitucional; y finalmente, por lo que mira a los jueces del orden común, independientemente de que, también sin prejuzgar pero en el caso de que sean ciertas las irregularidades que se le atribuyen, son estas corregibles dentro de los mismos procedimientos ordinarios y en última instancia a través del juicio de garantías, pero de ninguna manera formalmente imputables al titular del Poder Judicial y menos aún del Ejecutivo de quien no dependen.

Por las razones expuestas nos permitimos proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se desecha por improcedente la petición del ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, formulada en su escrito del 6 de abril de 1988 para y en consecuencia, no ha lugar convocar a sesiones extraordinarias al Senado de la República a fin de que conozca sobre la posibilidad de desaparición de poderes en el estado de Chiapas.

Diputado David Jiménez González, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Eduardo Robledo Rincón, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto Villanueva Sansores.»

El C. Presidente: - Está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

Señores legisladores, se han inscrito los siguientes oradores: En contra, el ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y el ciudadano diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

Para razonar su voto, los ciudadanos diputados Jorge Amador Amador y Héctor Morquecho Rivera.

Y en pro, los ciudadanos diputados David Jiménez González, Eduardo Robledo Rincón, Melquiades Morales Flores y el ciudadano senador Armando Trasviña Taylor.

Se concede el uso de la palabra, al ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos de Acción Nacional.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, señor presidente. La tajante declaración con que finaliza éste que podríamos llamar engendro de dictamen, abuso de poderes, suplantación de la función que corresponde al Senado, termina con la prepotencia de señalar simplemente: "Se desecha por improcedente

la petición del diputado Ortiz Gallegos".

"Entre legisladores te veas", tendría yo que decir de aquí en adelante, y tendría que decirlo porque el abuso del manejo de las leyes en manos de un mal legislador, es no sólo un abandono del oficio sino un insulto para la propia legislación y para el propio oficio que tenemos de legislar.

La Constitución en su artículo 76, señala con toda claridad: "Son exclusivas del Senado...", y en la fracción V: "Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, etcétera".

También la Constitución en el artículo 79, dice que la Comisión Permanente además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución tendrá las siguientes: ... y en el inciso III, "resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión, las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato período de sesiones.

Hasta aquí es claro que los textos legales señalan que es al Senado al que le corresponde declarar la desaparición de poderes y que la Comisión Permanente en suplencia de las cámaras, debe recibir iniciativas, denuncias, como la que yo he presentado, para enviarlas a las cámaras respectivas, en este caso específico, enviarla al Senado. A mayor abundamiento, los legisladores del 78, reglamentaron el 76, para decir cuándo se configura la desaparición de poderes de un estado, de acuerdo con el artículo 2o. de esa ley reglamentaria.

Y establece en el artículo 3o., de esa ley reglamentaria, que la petición para que el Senado conozca de las causas a que se refiere el artículo anterior, podrá ser formulada por senadores, diputados federales o por ciudadanos de la entidad. Recibida la petición, si el Senado la estima procedente, la turnará a la comisión correspondiente para que formule dictamen. La resolución en su caso se producirá de los cinco días siguientes al recibo de la petición.

Se reitera pues, que es el Senado el responsable de calificar una denuncia sobre la desaparición de poderes. ¿Cuáles son la atribuciones de la Permanente en esta caso? El artículo 4o., dice: "En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias a fin de que el Senado se reúna dentro de los tres días siguientes para conocer de las peticiones a que se refiere el artículo anterior". Es decir, el artículo donde se dice que el Senado estudie la desaparición de poderes. Y lo único que le corresponde a esta Comisión Permanente es juzgar, lo que yo presenté, para que pase al Senado, deba tener como finaliza el artículo 4o., en la siguiente forma: "Para convocar a sesión, el acuerdo para convocar a sesiones extraordinarias, deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en la Comisión Permanente".

Rechazo pues, y le ruego a la presidencia que me autorice a volver a esta tribuna, para fundamentar los otros aspectos de este nefasto dictamen que pisotea los derechos de miles y miles de ciudadanos de Chispas, hostigados por un gobierno infamante. Ruego a la presidencia me reserve el volver a esta tribuna, una vez que he establecido el trámite que el señor presidente le dio, a mi presentación de una denuncia, la semana pasada, fue un trámite fuera de la lógica y de la ley. Y a pesar de ello, la comisión número uno, la manejó como si se tratase de un asunto que competía a la Permanente calificar a fondo.

Todo el dictamen estás basado en el hecho de que la comisión número uno, que se reunió ayer, se atribuye las protestades y las facultades que corresponden al Senado. Y antes de retirarme quiero subrayar y señalar que, quizá hubiera tenido que ahorrarme algunos de los párrafos que estoy inventando en mi mente en este instante, si la Comisión Permanente, alguna de sus autoridades o de la Primera Comisión tuviesen el percatarse, tener el pequeño cuidado, de que tratándose de un asunto tan grave como el que discutíamos ayer en la mañana en el salón de protocolo, estuviesen presentes cualquiera de los tres medios de información que la Cámara tiene, o la taquigrafía parlamentaria, o la grabación, o la televisión que reúne cualquiera de las tres.

Pero parece que había alguna deliberada idea de que el interesante debate que tuvimos ayer no quedase escrito. No es la coincidencia simple de que mi voz sea escasa esta mañana porque ya decíamos, jugando un poco ayer, también como en la zarzuela A Media Voz, los dos, los tres o los cuatro, podemos armar este debate para bien del país.

Pero que quede explícita mi protesta por la falta de sentido de responsabilidad de que un debate tan trascendente para México, para los señores senadores que no están reunidos pero que debían haberse reunido ya por una declaración, un reclamo de la Comisión Permanente, ese debate no haya quedado consignado en la Cámara.

Hago mi reclamo, señor presidente, y le ruego que en el período que aún nos queda, si hubiera asuntos de esa trascendencia, los elementos mecánicos de sonido con que está Cámara cuenta no dejen de estar presentes para certificación de que lo que hoy estoy diciendo sólo sea una repetición, más o menos tan apasionada como es mi pasión por este problema de un pueblo sometido a la humillación en el estado de Chiapas. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado David Jiménez González, en pro.

El C. diputado David Jiménez González: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros senadores y diputados: Hemos escuchado con atención, como lo hicimos el día de ayer, la intervención del compañero diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

Voy a hacer caso omiso a los calificativos que empleó el diputado Ortiz Gallegos al inicio de su intervención respecto al dictamen que fue sometido a consideración de los integrantes de la Primera Comisión de esta Permanente que hoy, en acatamiento a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Congreso, debido al turno que se le dio por parte de la presidencia, ajustándose al mismo ordenamiento, sometemos a consideración del pleno de la Permanente para que éste resuelva de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 4o., de la Ley Reglamentaria al artículo 76, fracción V, de la Constitución general de la República.

El análisis de la denuncias hechas por los ciudadanos, entre las que caben, como es el caso que nos ocupa, el del diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, es una obligación, en el caso este de la Permanente, por medio de la Primera Comisión, el de hacer un estudio, un análisis y presentar un dictamen, como lo estamos haciendo el día de hoy, a la consideración de los senadores y diputados que la integran.

Por eso, cuando el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos habla de una suplantación de la función del Senado por parte de nosotros, y dice que "entre legisladores te veas", a mí me extraña que teniendo esta categoría tanto los senadores como los diputados nos pudiéramos ver en distintas circunstancias otras gentes que no tienen desde luego la autoridad desde el punto de vista competencial para hacer el estudio, el análisis y la solución al caso que nos ha planteado.

El abuso, manifiesta él, de manejo de las leyes, es un insulto para la propia legislación y el oficio que tenemos que legislar. Y tiene la razón en este caso, en lo que respecta a él, al compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, porque desde luego no hace uso de las leyes de la Constitución o de las reglamentarias de los preceptos de esta Carta Magna para poder fundamentar la denuncia que ha hecho para pedir la desaparición de poderes del estado de Chiapas.

El mismo habla de un abuso de leyes, porque nosotros nos ajustamos a la interpretación y a la aplicación correcta de la ley. Si el conocer, el interpretar y el aplicar correctamente la Constitución y las leyes reglamentarias que en este caso son del artículo 76, fracción V, es un abuso indebido y no corresponde a la función del legislador, quiero manifestarle a mi compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos que está totalmente equivocado. Si realmente las leyes parten de algún poder o de alguno de los órganos que ejercen la función pública, viene siendo nada menos que el Poder Legislativo. Son diputados y senadores los que llegan, por medio de su actividad, a conocer, a elaborar, a modificar, a derogar, a transformar, a crear los nuevos dispositivos legales a que en algún momento dado tendrán que ajustarse todos los ciudadanos mexicanos.

Y más aún, diputados y senadores tenemos la responsabilidad de manejar nuestra Constitución y nuestras leyes de una manera correcta y no importar cuántas veces hagamos uso de ellas, siempre y cuando lleguemos a resolverlas con apego a las mismas disposiciones que rigen la vida del país. Por eso, totalmente difiero de lo que acaba de decir el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que es un insulto el manejo de las leyes. Al compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, cierto es que lo ha caracterizado en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, una intervención constante, pero dentro de esas intervenciones, muchas de ellas fueron relacionadas con aspectos distintos hasta cierto punto del proceso legislativo al que nos está orillando ahora el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, porque habla que es un insulto a la función legislativa y al oficio que tenemos de legislar, en este caso compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, no teníamos nada que legislar, ni usted ni los compañeros senadores y yo el día de ayer, era el conocimiento de un asunto que se nos había turnado para presentar, como establece el Reglamento Interior del Congreso al pleno de la Permanente, cuál era el criterio de la Primera Comisión para que si efectivamente de los hechos que usted estaba enumerando, se podía considerar que se encontraban desaparecidos los poderes del estado de Chiapas, situación que nosotros refutamos no solamente desde el punto de vista de los hechos que usted mismo estaba enumerando en su denuncia, sino desde un punto de vista

constitucional y fundado también en su respectiva ley reglamentaria en que no era procedente porque los poderes de Chiapas estaban funcionando de acuerdo con lo que establece en su Constitución.

Usted dice en otra parte de su intervención, que es al Senado al que le corresponde declarar la desaparición de poderes; efectivamente, en eso no hay ninguna diferencia de criterios, tan no puede haberla porque la Constitución es clara, que única y exclusivamente compete al Senado de la República declarar que han desaparecido los poderes de una determinada entidad, pero para hacer esta declaratoria de desaparición de poderes, compañero Ortiz Gallegos, se hace necesario que los poderes hayan desaparecido de facto, es un requisito sine qua non para que pueda existir esta procedibilidad y en el caso que nos ocupa, cuando no está reunido el Congreso sino que se encuentra éste en el receso, de acuerdo con la propia ley reglamentaria, con base en el artículo 76 y en su fracción V de la Constitución, otorga la facultad a la Comisión Permanente para que por medio de sus dos terceras partes de los que se encuentran presentes, puedan decidir si convocan o no convocan a sesiones extraordinarias al Senado.

Qué sencilla interpretación da usted al precepto número cuarto de la ley reglamentaria. No es más que recibir la petición, inmediatamente llegar y convocar al Senado para que éste resuelva sobre el asunto de la desaparición de poderes en el estado de Chiapas; qué fácil es esta interpretación que se da a este precepto.

Yo no sé si esta interpretación esté, desde luego, cargada de dolo, mal intencionada, de mala fe o que esté el compañero Ortiz Gallegos dando una interpretación distinta a lo que el espíritu del legislador quiso darle al cuarto de esta ley reglamentaria o a la misma interpretación gramatical que la propia ley establece.

Al hablar que el acuerdo para convocar a sesiones extraordinarias deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Comisión Permanente, está dejando a consideración de nosotros si es que tenemos el conocimiento que los poderes de Chiapas han desaparecido.

Si es que hemos tenido nosotros, desde luego, los elementos necesarios para saber que han desaparecido los poderes y que las dos terceras partes de los senadores y de los diputados que conforman la Comisión Permanente están enterados, están de acuerdo para poder convocar a sesión extraordinaria al Senado de la República, para que declare, en su momento, la desaparición de poderes.

Ninguna de estas hipótesis se ha dado. El día de ayer, efectivamente, en el seno de la Primera Comisión, discutimos ampliamente sobre este aspecto; más de dos o tres horas nos llevó el estudio y el análisis, dictaminamos perfectamente y con fundamento constitucional y legal de que no procedía la denuncia que usted había implementado.

Yo también me reservo volver a la tribuna para dar respuesta, desde luego, si es que así se requiere, a la inconformidad de que ha planteado usted respecto al dictamen que ha dado la Primera Comisión de la Permanente.

Pero cabe señalar y cabe apuntar que el trámite que impugna el compañero Ortiz Gallegos que se le ha dado a su denuncia, él en la sesión pasada la aprobó y votó porque se turnara a la Primera Comisión y es más, aquí en su escrito que lo tenemos todos, en su fundamentación jurídica, en su fundamentación de derecho, habla de la competencia y hace su fundamentación en los artículos 85 y 21, fracción III, del Reglamento Interior de Gobierno del Congreso de la Unión.

Y si esto no fuera poco, y si estuvieran en desacuerdo totalmente del trámite que se le dio a la denuncia presentada por el compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en la sesión de la Comisión Permanente la semana pasada, pudieron no solamente él, sino cualquier otro compañero senador o diputado, haber impugnado el trámite, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, del propio ordenamiento que rige las actividades de la Permanente y de las Cámaras, es decir, el artículo 19 del Reglamento Interior del Congreso.

Por eso pienso yo que no cabe bajo ningún aspecto tratar de impugnar el trámite dado, por una parte; y por el otro ha quedado perfectamente claro que no reúne la hipótesis que prevé el artículo 76, en su fracción V, ni el artículo IV, de la ley reglamentaria del mismo precepto constitucional y que alude desde luego al artículo II, de la propia ley ya citada. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra para alusiones personales, el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente: Curso reglamentario afirma el diputado David Jiménez, fue el que dio el presidente y ni fue objeto por el suscrito que según David Jiménez votó.

Esto es lo que yo llamo manejo, interpretación facciosa de las leyes; en una votación en que el

presidente decreta que le dará un trámite, ni siquiera hay tiempo de levantar un dedo o no levantarlo porque se da por hecho que se aprueba, y se haría necesaria una interpelación al presidente para señalarle el trámite.

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Sí señor, claro que sí.

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): - Diga usted si esto como lo es, que cualquiera de los integrantes de la Comisión Permanente pueden impugnar el trámite que dé la presidencia de la comisión

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Claro que puede, y tan puede que lo venga a impugnar en esta tribuna, en este parlamento estamos. Comenzó David Jiménez por decir que dejaba atrás los supuestos denuestos para luego volverlos a traer.

Hay un poco de incongruencia en esta pasión desmedida en que nos hemos colocado el uno y el otro día de ayer y esta mañana; la tesis, después del enunciado y la lectura de todos los datos que hemos aportado, que dicen las leyes y que están en manos de ustedes, la tesis de David es que aunque al Senado compete declarar desaparecidos los poderes, así lo dijo aquí, es a la comisión a la que le compete conocer si existen desaparecidos los poderes.

¿Un poquito de ese retruécano existe en la desaparición? En ninguno de los artículos, ni menos en interpretación del artículo 4o., se establece que la Comisión Permanente deba tener opinión alguna; la Comisión Permanente debe recibir la petición de desaparición, votar en terceras partes el sentido de que se convoque al Senado, y es el Senado el que va a examinar la situación para ver si existen o no existen los poderes.

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): - Me permite?

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Adelante, mi estimado David.

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): - Señor diputado, dígame si es cierto como lo es, que es necesario que estén desaparecidos los poderes para que pueda el Senado declarar la desaparición de poderes.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Por supuesto que para que lo pueda desaparecer el Senado, tiene que saber el Senado que desaparecieron los poderes, pero no es la Permanente la que se lo hace conocer; yo he venido a hacerle conocer al Senado que los poderes están desaparecidos en Chiapas y ahorita vamos al tema a fondo, y la intervención de la comisión es una intervención de mero trámite, como lo señala el artículo 3o., y el artículo 4o., del reglamento respectivo del setenta y tantos de la Constitución.

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): - Permítame.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Adelante, don David.

El C. diputado David Jiménez González (desde su curul): - Mi querido don Jorge, dígame si es cierto como lo es, ¿qué no es una apreciación subjetiva en cuanto hace de la desaparición de poderes en Chiapas en su denuncia?

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Es una apreciación subjetiva que usted tiene de lo que yo dije y aquí ya entramos al problema. De subjetivo lo vine a impugnar a usted por estar interpretando la ley y el Reglamento de la Cámara a su manera, para meterse en danzas que no le corresponden a usted, por eso dije que usted estaba suplantando al Senado, es el Senado el que tiene que conocer de estos hechos, para saber si existe o no existe la desaparición de poderes.

Y aquí terminamos el debate en el cual la proposición mía de ayer, y lástima, repito, que no exista la constancia de nuestra explicación y concurso de ayer; yo le sugerí a la comisión presidida por usted, que aceptando, sin conceder que el trámite hubiera sido el correcto, dejásemos el asunto de que si la Comisión debía conocer o no conocer, porque finalmente de lo que se trata es de hacer, al entrar a fondo, el papel que tomaría el Senado.

Vamos a demostrar que han desaparecido los poderes, y que al Senado le correspondería declarar que hay que declarar la desaparición, y en el trámite intermedio vamos a correr el riesgo de conseguir por una vez en la historia de México, romper esta estructura monolítica que tienen ustedes desempeñada para defender los unos a los otros.

Los reto, señores, a ver si hay dos terceras partes de legisladores conscientes que admitan la tristeza, la miseria, la barbarie que hay, que significa la no existencia de poderes de Chiapas; vamos a ver si votan ustedes en el pueblo en contra para que pase al Senado mi denuncia. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, en contra.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Para principiar, quisiera pedir al diputado David Jiménez, que es muy aficionado como lo es a las interpelaciones, que permitiera que yo terminara y al final iniciar las interpelaciones debidas, si es que lo desea.

Yo creo compañeros legisladores, que ya este nuevo dictamen viene a cerrar un ciclo, viene a cerrar el ciclo de la capacidad del Poder Legislativo para enfrentar un gran problema que existe en nuestro país, una gran desgracia que está situada sobre uno de los estados de la Federación.

No me extraña de ninguna manera que se haya producido este dictamen; ya el dictamen anterior sobre el juicio político que nosotros demandamos, dejaba claro que no se iba a tocar ni con el pétalo de una rosa a quien es culpable de una enorme cantidad de hechos delictuosos, de crímenes y de atropellos al pueblo de Chiapas. Aquí no se trata de problemas de procedimiento, el procedimiento es un manto encubridor y quienes lo utilizan para ello, están encubriendo los crímenes que se cometen en Chiapas.

La comisión, para decirlo con exactitud, la mayoría de la comisión ha hecho nuevamente lo que hizo en la demanda de juicio político que nosotros planteamos; esto es, se ha extralimitado en sus funciones, y no es que no las conozca, ¡por vida de Dios!, si aquí están planteadas, aquí están redactadas, aquí están escritas; saben bien que se están extralimitando, saben bien que están entrando a los problemas de fondo, saben bien que están haciendo la valoración de las cuestiones planteadas, saben bien todo eso, y lo hacen a conciencia.

De manera compañeros legisladores, que aquí no nos encontramos ante un simple problema de interpretación, aquí nos encontramos ante el problema de una defensa, a como dé lugar, de un gobernador de un estado, de los poderes de un estado; aquí de lo que se trata es de difuminar, hacer tranquilas las cosas, de lo que no tiene tranquilidad alguna.

En que son inestimables y es que tiene que producirse una decisión en contra, cuando hemos presentado 182 hechos de violaciones atribuibles al gobernador por omisión, por incompetencia o por intervención directa. ¿Qué es lo que hace la policía de seguridad en Chiapas? Nosotros hemos señalado caso por caso en los que ha intervenido la policía de seguridad de Chiapas, y esa policía de seguridad depende directamente del gobernador del estado, según está establecido en la Constitución del Estado, y ellos son los que atropellan y ellos son los que queman poblados, ellos son los que secuestran gente que luego aparece asesinada, y al gobernador no se le pueden imputar estos hechos.

Llegan a la conclusión antes de someterlo a juicio, pues si el juicio político es el que debe definirlo; y en este caso el Senado es el que debe definirlo; pero no, aquí no son atribuibles y por lo tanto ya no puede continuar el procedimiento.

La mayoría de la comisión se quiere curar en salud al establecer sus conclusiones y dice, sin examinar el fondo del asunto, pero lo está examinando, lo cual en todo caso corresponde al Senado de la República, pero lo toma en sus manos la comisión; sí está obligada a analizar los elementos de procedencia indispensables antes expuesto, sí, pero aquí están los elementos de procedencia y ésos no son los que han examinado, son otros. Es negándole validez a los hechos, es negándole validez al planteamiento que ha hecho en este caso el diputado Ortiz Gallegos, y en el caso anterior los diputados del Partido Mexicano Socialista que presentaron la denuncia para el juicio político del gobernador de Chiapas.

Nosotros hemos dejado claro en lo que se refiere al juicio político, que las comisiones unidas se tomó facultades que no le correspondían, y aquí la comisión se tomó facultades que no le correspondían y no hay nada más, no hay nada más que ver lo que es el enunciado de sus facultades y los resultados de su actividad dictaminadora.

Yo creo compañeros, que aquí nos encontramos efectivamente, ya lo decía en ocasión anterior el diputado David Jiménez, ante una cuestión, ante el empleo de sofismas, está lleno de sofismas; él lo atribuye a otros, claro, a mí en concreto, seguramente porque no sabe lo que es un sofisma, es una definición de una enciclopedia.

Las definiciones que el diputado David Jiménez utiliza para su alta sapiencia, son las definiciones de un diccionario, diccionario Larousse, o sea que no alcanza a comprender lo que es un sofisma, pero esto está lleno de sofismas precisamente, y lo voy a demostrar, y lo voy a demostrar con el clásico de los sofismas, con Euclides, que a lo mejor lo conoce el diputado Jiménez, yo los utilizo para demostrar que tú eres sofístico.

El sofisma del montón de Euclides, que decía: un grano de trigo no forma un montón, si le agregas otro grano, tampoco tendrás un montón, agregando

cada vez un solo grano de trigo, jamás podrás tener un montón, y eso pasa con Absalón; hablamos de un hecho, pero eso no es motivo, se agrega otro hecho, tampoco es motivo, se agregan 182 hechos, uno por uno y como no pueden agregarse todos juntos sino uno por uno, no es responsable de eso, no se le pueden atribuir esos hechos al gobernador del estado, porque no han logrado establecer el montón necesario para que el gobernador de Chiapas sea sometido a juicio político.

Para no irnos más a otros detalles, veamos otro sofisma que equivale precisamente a lo que aquí está establecido: el sofisma de los cuernos de Euclides. Decía Euclides: "lo que no has perdido lo tienes todavía, tú no has perdido los cuernos, luego tienes cuernos"; eso decía Euclides, y no se refería a ninguna persona en particular, lo decía en el plano de su formulación dialéctica.

Y aquí lo mismo ocurre, como en Chiapas hay un gobernador y éste no ha caído, bueno, pues entonces los poderes existen, como existe un Poder Legislativo que no permite que se examinen y que incluso se establezca el juicio político en Chiapas; el Poder Legislativo existe y no han desaparecido los poderes, como existe el Poder Judicial que no acelera, no da trámite a ninguna de las denuncias por órdenes del gobernador, el Poder Judicial existe.

Si la verdad es que esos poderes no existen, no existen realmente, no existen de hecho, y esto es lo que se está reclamando, y el gobernador del estado lo que hace es omitir su acción, disimular lo que pasa o participar en lo que pasa, y eso es suficiente para el juicio político y para la adopción de la decisión de la comisión para que esto pase al Senado.

El Senado a fin de cuenta decidirá, pero no decidan ustedes en función del Senado, no atropellen al Senado, dejen que el Senado funcione; así como en el caso anterior, ustedes no permitieron que pasara a la sección instructora, no dejaron que la sección instructora decidiera, valorara, estableciera lo que realmente es su función; ellos eran los que debían de haber valorado, en el caso concreto del juicio político, la sección instructora; en el caso de la deposición de poderes, de la desaparición de poderes, el Senado de la República.

Dejarles a ellos esta función, ya antes decía yo cuando hablamos de juicio político, que el juicio político no es la muerte de quien queda sometido a juicio, si puede ser reivindicado; el juicio político puede llegar a la conclusión de que todo lo que se ve atribuido es falso, todo y hasta le puede poner una medalla.

Y es claro que aquí lo que se teme es llegar al juicio político, y aquí a lo que se teme es llegar a la discusión del Senado, porque no hay que tocar al gobernador del estado y ya Patrocinio lo patrocinó, ya Patrocinio lo declaró su amigo del alma, su hermano, ya paseó con él, ya dijo: no, éste es mi amigo y aquí no hay contradicción entre nosotros.

¿Qué es lo que nos está asegurando?, cuidado, nos está asegurando que con el mismo estilo de gobernar, cuidado; y el Congreso de la Unión entre tanto, con toda tranquilidad decide no ha lugar a juicio político y decide, como ahora lo establece el punto de acuerdo, se desecha por improcedente la petición del ciudadano diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, formulado en su escrito el 6 de abril de 1988 para y en consecuencia no ha lugar a convocar a sesiones extraordinarias al Senado de la República, a fin de que conozca sobre la posibilidad de desaparición de poderes en el estado de Chiapas.

Los mismo que hizo Patrocinio, lo mismo que se hizo en el caso de juicio político, lo mismo que no puede ser tolerado, y no puede ser tolerado porque se está violentando tanto la legislación como la situación política. Patrocinio está patrocinando el segundo período de Absalón qué grave sería, qué grave sería y qué bueno sería no sólo que no lo patrocinara, sino que no llegara.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor Eduardo Robledo Rincón, del Partido Revolucionario Institucional.

El C. diputado Eduardo Robledo Rincón: - Con su venia, señor presidente: compañeras y compañeros diputados y senadores: Independientemente de las consideraciones jurídicas válidas, hechas por mi compañero David Jiménez, deseo hacer algunas consideraciones y precisiones en torno a la demanda del PAN sobre Chiapas, especialmente sobre la propuesta de desaparecer los poderes en la entidad y de algunas consideraciones hechas por el compañero Gerardo Unzueta hace un momento en esta tribuna.

Es necesario precisar, porque hay imprecisiones que resultan en el mejor de los casos, del apresuramiento; analicemos los hechos de procedencia, como lo solicitaba nuestro compañero Gerardo Unzueta, y primeramente dería que deseo rechazar definitivamente las acusaciones de vacío de poder, de violaciones de los derechos humanos, de intolerancia, de inestabilidad política y privitivismo que se hace en contra del gobierno de Chiapas.

En primer lugar, la petición no se caracteriza precisamente por su oportunidad y se corresponde, eso sí, por un intento de impulsar fuerzas para la próxima contienda electoral; es una propuesta espectacular que oculta tras esa presentación, un virtual reconocimiento a la carencia de argumentos para el debate político. Se trata de revolver las aguas con fines claros de la pesca electoral, es, para decirlo en otras palabras, un recurso de escándalo para encubrir un futuro discreto de esa fracción política en las próximas elecciones.

En segundo lugar, la acusación pasa de la generalidad sostenida con calificativos a la discutible validez del anécdota como argumento; estos saltos mortales no son meras irregularidades del razonamiento lógico, sino visibles trampas para embaucar inocentes con fines muy definidos, los fines del escándalo.

Podemos desde luego citar algunos casos específicos, por ejemplo, se habla de faltas en la aplicación de las leyes en dos municipios constitucionalmente autónomos, y de ahí se infiere que todo el estado se encuentra en esas condiciones, cuando el estado tiene 110 municipios; se pasa de mencionar algunas autoridades ostensiblemente menores a la acusación generalizadora. En el documento del PAN se confunden autoridades estatales con federales, a organizaciones campesinas con el gobierno y a faltas administrativas menores con violaciones del orden constitucional, sin frenos de ninguna clase se confunden los niveles de gobierno y se hace de la confusión un argumento político.

De estas deducciones está lleno el documento del diputado Ortiz Gallegos, tal es el caso también de los que él llama presos políticos, que por cierto es una nueva categoría adoptada por el Partido Acción Nacional y que proviene de arsenales ideológicos extraños al panismo.

En la más reciente presentación del panismo se habla de presos políticos, sin especificar nombres y razones; intentan evidenciar en Chiapas como una tierra en la que los disidentes llevan su sentencia de muerte bajo el brazo, o por lo menos el riesgo de ser aprehendidos; sin embargo, en el mismo documento se contradicen al asegurar, casi indignados, que la plaza cívica de Tuxtla Gutiérrez está permanentemente ocupada por los opositores, ruidosamente armados de sus discrepancias.

Se habla de militancia y se le confunde con las formas de ejercer la práctica política; en consecuencia, se confunde la aplicación del derecho con las prácticas represivas, es una derivación en la lógica convenenciera que lleva a hablar de represión cuando se recibe el castigo y a reclamar excesos de mano blanda cuando no se castiga al adversario.

En la denuncia presentada por la fracción parlamentaria de Acción Nacional, se toman como válidas las versiones de militantes de partidos de la oposición; este testimonio, desde luego es respetable, pero no está exento de sesgos políticos ni de parcialidades discutibles.

La mayoría de los acusadores de una u otra manera se encuentran relacionados con acciones violatorias del orden jurídico. Cuando se incita a violar las leyes vigentes, se cae en los terrenos de la ilegalidad y las respuestas del estado no pueden encuadrarse en las violaciones de los derechos humanos.

En estas condiciones, así, de una lista interminable de casos de persecuciones de delito, no se puede hablar de represión política, ni mucho menos; se hace también uso de una gran trampa, cuando se otorga constancia de culpables e inocentes sin más argumentos que los de la afinidad política. No se puede ser juez y parte, y en todo caso, el documento califica aventureramente a todo un aparato de aplicación de las leyes que por supuesto tiene mucho que decir, como lo prueban los números de expedientes de procesos citados por el propio diputado Ortiz Gallegos.

En tercer lugar, se pide desaparición de poderes con acusaciones infundadas contra el Ejecutivo Estatal. Ahí en el documento se ignora, para decir lo menos, la existencia de dos poderes más en la entidad, estos dos poderes, el Legislativo y el Judicial, constituyen ámbitos legales autónomos, y por esto mismo, tiene capacidad para dar validez a los actos del Poder Ejecutivo.

En el caso de Chiapas, los dos poderes mencionados no han encontrado razones para considerar la existencia de irregularidades; este hecho debe llamar la atención del diputado Ortiz Gallegos, ya que se trata para empezar, de un estado libre y soberano.

En cuarto lugar, se pasan por alto los esfuerzos de los gobiernos estatales y Federales por resolver los problemas agrarios de la entidad; esos esfuerzos han alcanzado logros indiscutibles, como es el caso de las 768 mil hectáreas de tierras repartidas mediante 385 mandamientos gubernamentales y 239 resoluciones presidenciales, esto es más del 20% del total de la tierra repartida en el país durante el período de 1983-1987.

Regularizar la tenencia de la tierra es uno de los grandes retos de Chiapas, pero esa regularización

requiere de un soporte legal, no se puede permitir las vías de hecho para ninguna organización campesina, así tenga demandas muy justas por hacer; no se puede buscar la justicia con la injusticia, ni imponer las razones del derecho con la violencia.

El gobierno del estado de Chiapas tiene no sólo el derecho sino la obligación de hacer valer las leyes vigentes, con los recursos constitucionales a su alcance.

Se pasa por alto, por ejemplo, el gran esfuerzo de conciliar fuerzas, intereses y actitudes abiertamente encontradas y largamente incubadas; no se menciona por ejemplo, el hecho de que se reformó el Código Penal del Estado con casi 50 años de vigencia por otra más acorde con la injusticia actual del país, esta medida permitió a cientos de campesinos y de indígenas alcanzar su libertad y se abrieron posibilidades similares para muchos otros más.

En el terreno de las incoherencias del Partido Acción Nacional, habla de falta de libertades políticas en Chiapas, mientras tiene hoy registrados 15 candidatos a diputados locales, nueve candidatos a diputados locales y un diputado al gobierno del estado.

Hay denuncias hechas en franca oposición a la lógica de los tiempos y lugares, habla de irregularidades en procesos electorales de hace tres años y que desde luego no corresponde a la Comisión Permanente considerar ahora.

Se habla también de detenidos y que dejaron de serlo hace mucho tiempo y que al parecer se les menciona sólo la inercia; eso sí, en ese juego de memoria y olvido, se tiene muy en cuenta a los campesinos supuestamente apresados por mirar feo a por tocar el acordeón fuera de las ortodoxias musicales; no negamos aquí esas posibilidades de lo absurdo, pero muchos concedemos que esos casos sena base para las generalizaciones apresuradas.

En quinto lugar, con la combinación de olvidos y recreaciones, se hacen tablas rasas de las verdaderas causas de los problemas chiapanecos; se trata, vale mencionarlo, en beneficio de memorias olvidadizas, de un largo proceso de incubación de contradicciones difíciles de entender y más aún, de resolver.

En los problemas agrarios de Chiapas, se entrelazan diversos factores, que van desde los estrictamente económicos hasta los de raíz cultural; es una realidad complicada y en ella es necesario conducirse con suma prudencia, para evitar problemas mayores que los que supuestamente se busca combatir.

No es fácil dar tierras a miles de familias, que en el caso de Chiapas rebasan el número de 60 mil, en los lugares en que las culturas y economías lo exigen, sobre todo cuando ahí ya existen otros grupos asentados.

Ciertamente hacen faltas juicios, pero no los que se proponen para llamar la atención; se requiere de analizar la pesada carga que la historia dejó en la frontera sur, se requiere volver los ojos a una larga historia en donde tiempos y circunstancias crearon complejas y cambiantes contradicciones; ése, es ése el juicio que se requiere y aquí un ejemplo más sobre las denuncias presentadas, por citar un ejemplo, del compañero Gerardo Unzueta, en la pasada sesión de esta Comisión Permanente, en donde decía el compañero Gerardo Unzueta, y habla en esta tribuna del secuestro cometido el domingo 3 contra Carmelino Hernández Pérez, del asesinato a pedradas del campesino Rafael Hernández Méndez, y desalojo en el municipio de Villa de Alcalá.

Para hacerle alguna precisión, es Vía de Alcalá, y para hacerle una información que lamento muchos utilizar esta tribuna para ello, pero quiero informárselo. El supuesto secuestro del que usted habla, cometido el domingo 3, en contra de Carmelino Hernández Pérez, es Carmelino Hernández Pérez quien fue detenido por la policía municipal; quiero decirle que la averiguación 025988 de 1o. de febrero de 1988, la policía municipal dio cuenta al Ministerio Público de este homicidio y lesiones, fueron consignados en el homicidio de Alfredo Díaz López y lesiones a Bernal Alvarez Pérez y Humberto Díaz Gutiérrez, fueron consignados el 10 de febrero Andrés Hernández Fernández, Antonio Hernández Gómez, Alfonso Luna Fernando y otros copartícipes por homicidio y lesiones, en las cuales Carmelino Hernández estaba inculpado; fue detenido el 4 de abril de ese año en Bochil, por identificación que hicieron los vecinos y pidieron su detención. El juez mixto décimo noveno remitió la causa al juez segundo del ramo penal en Tuxtla Gutiérrez, dictando el 7 de abril auto de formal prisión, para su información.

Respecto al despojo de Alcalá que usted habla, es una invasión que denunciaron Ricardo y Francisco Sotomayor, compañero Unzueta, pequeños propietarios, el día 29 de marzo; la invasión la realizó un grupo numeroso, se procedió al diálogo en presencia del notario público Octavio Esponda, con la presencia de la prensa local y de los corresponsales, y quiero decirle compañero diputado, que a través del diálogo fueron desalojados los tres predios que habían sido invadidos.

Y en el caso, esto es todavía peor, en el caso de Rafael Hernández Méndez, es una persona que

estuvo tomando en compañía de Luis Castellanos, Juan Castellanos, Mariano Damián, Almícar Molina y de otros; de la investigación se desprende que en la cantina, por cierto el señor Librado Jiménez López, los mencionados dejaron al hoy occiso y a Mariano tomando, después Mariano se ausentó, quien se encuentra prófugo de la justicia; Rafael Hernández Méndez apareció muerto, presentando un golpe en la cabeza al parecer de una botella, etcétera.

Así podríamos analizar un sinnúmero de casos que usted, compañero Gerardo Unzueta, ha querido usted presentar en la sesión pasada de esta Comisión Permanente, como elementos válidos para sustentar su denuncia; por lo tanto, y nada más lo cito como un ejemplo, debe aprobarse el asunto de acuerdo del dictamen que desecha por improcedente la petición del diputado Ortiz Gallegos, se debe desechar por infundada, inconducente y obscura; no ha lugar para sesiones extraordinarias del Senado de la República para conocer la solicitud que ahora se discute. Muchas gracias.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Pido la palabra para alusiones personales.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Unzueta Lorenzana.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - En primer término, respecto de las formas de argumentación de lo que hemos escuchado ahora inmediatamente, está claro, está claro lo que nosotros establecimos hace un momento; aquí hay una valoración política y no jurídica, hay una valoración política de ¿por qué fue presentada, para qué se promovió, con qué objetivos?, etcétera, es decir, aquí el problema de la justeza jurídica no juega ningún papel.

Y por otra parte, el compañero que me antecedió ya ocupa el papel de juez, ya él está condenando a los campesinos que han sido reprimidos y hasta los muertos, porque han realizado, dice, acciones no exentas de violaciones al orden jurídico; bueno, pero eso ya es sobrepasar muchísimo, incluso el sentido del propio dictamen, porque ahora ya estamos escuchando una sustitución, no del Senado sino del Poder Judicial.

Ahora ya lo que se está planteando es lo que el Poder Judicial de Chiapas debió resolver, ¿no será ésta una prueba suficiente de que el Poder Judicial en Chiapas no existe?, ¿y qué tienen que venir a pronunciar los juicios quienes no forman parte del Poder Judicial?, por un lado, pero por otro lado, yo creo que nosotros debemos recordar algunas cosas, debemos recordar cómo en documentos oficiales se ha establecido la incapacidad del Poder Judicial para enfrentar los problemas que en Chiapas existen.

La argumentación que aquí hemos escuchado ahora, no es más que una justificación del dictamen por la peor vía, por la vía de reforzar lo que es una extralimitación, por la vía de apoyar lo que es un encubrimiento, por la vía de presentar argumentaciones, qué bueno, ahora podemos agregar información.

Nos habla el diputado que me antecedió, de que no se pueden permitir las vías de hecho; esto forma parte de la concepción con la que se arma el dictamen, no se pueden permitir las vías de hecho para ocupar terrenos, están atribuyéndose al fondo de quien las han actuado y quienes han sido reprimidos y quienes han sido asesinados, se les coloca ya como quienes ejecutan acciones por vías de hecho, y se les niega desde luego esa capacidad; pero lo que no se dice, es cómo en Chiapas sí se admite la vía de hecho de los terratenientes, los desalojos por la violencia, la utilización de las guardias blancas, la utilización de la policía de seguridad en apoyo de las exigencias de los terratenientes.

Y por otro lado, también se condena, y todo esto está en el trasfondo del dictamen, también se habla de cuáles son los grupos, se habla de los grupos que están asentados, Condenándolos; pero no se dice cuáles son esos grupos que están asentados, y entre otras cosas, podemos decir que algunos de los que están asentados corresponden a personas tan evidentes como el hermano de Absalón, ésos son los asentados.

Se refiere el diputado Robledo a cuestiones que yo planteé aquí la vez pasada, podremos traer más información, la información es abundante; ha dado la información de su parte, pero tenemos más información, tenemos bastante más información, pero yo quiero destacar solamente un elemento en lo que se refiere al desalojo del municipio de Villa de Alcalá.

Le quiero decir que el problema es de la transcripción desgraciadamente, podemos corregirlo; aquí de lo que se trata es de que fueron desalojados, efectivamente fueron desalojados, pero ¿qué el diálogo es el método del desalojo?, no, fue la violencia, así como en el caso del secuestro contra Carmelino Hernández, primero fue secuestrado y después fue determinada su aprehensión, eso es lo que ocurrió, y bueno, yo digo, vamos a confrontar nuestras informaciones, vamos a confrontar nuestras pero sobre la base de lo que realmente existe en Chiapas,

de ese régimen de atropello, de ese régimen de violación a las libertades, de ese régimen que como régimen constitucional no existe como tal régimen constitucional, y como tal régimen constitucional debe ser sometido a juicio político, y por ahora, como han dicho otros compañeros, quizá tengamos que volver más veces, pero por ahora, creo que será suficiente con lo dicho.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Ortiz Gallegos, de Acción Nacional.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Muchas gracias, señor presidente: El diputado Robledo Rincón, a quien le correspondió leer la tarea que le pusieron, ha dicho que términos como presos políticos provienen de una corriente, dando a entender que las palabras en un momento dado en esta materia se registran como una marca patente o como un hombre o como arbitrariamente se ha registrado la bandera mexicana, como símbolo en el uso del Partido Revolucionario Institucional.

Señor diputado, hay otras frases que sí se pueden acuñar y que convierten en todo un esquema intelectual y luego incumbe a la definición de corrientes, a la definición de actitudes, a la configuración de conductas nocivas para los hombres, para las sociedades y para la humanidad, y yo recuerdo una de origen izquierdista marxista; las idiotas útiles es una palabra que ha significado tanto en la historia contemporánea de los movimientos sociopolíticos.

Quiero decir que frente a una doctrina, se tenga o no apego a ella, que frente a una exposición se tenga o no razones, se subordina la persona y se subordina el movimiento para ser útil a esa corriente; ya lo decía con formidable dialéctica nuestro diputado, compañero del Partido Mexicano Socialista, Unzueta, la demagogia extremada al sofisma del montón, ni amontonándole todos los crímenes que tiene Absalón Castellanos, ustedes podrían entender y no pueden entender que son eso, adictos a una fórmula, como lo hemos descubierto desde hace tiempo y lo hemos condenado aquí, que porque hay elecciones y tenemos candidatos en juego, vengamos a reclamar el atropello de los derechos humanos en ese estado de México.

Señor, ésa es una concepción burdamente demagógica, absurdamente sofista; le corresponde a los senadores que no a los diputados aquí presentes, abrir el entendimiento, recobrar la voluntad política, volver a tomar conciencia de que somos mexicanos, hermanos unos de otros, más subordinados que ningunos otros, más responsables debémoslo ser para aquellos hermanos menos dotados.

Alude el diputado Robledo, a que ciertos secuestrados no lo fueron porque hubo una junta de policías que lo detuvo; otra vez es el ser útil a un sistema de una corriente de pensar, ¿usted cree que lo que sucede en Chiapas lo hacen en nombre auténticamente de la ley?, es de lo que se trata, la no existencia de poderes, el poder que se convierte en omiso de poder hacer justicia, pero que ejercita con vigilancia y con eficacia el poder para matar, para esclavizar, para robar. Claro que son los mismos policías, claro que son los mismos jueces, claro que son los mismos legisladores que no inventan más que una dizque reforma de Código Penal para seguir explorando al trabajador y al campesino.

Desaparición de poderes, de tomarlo en el sentido elemental de la palabra, decir es que se murieron, ahí existe la tesis de algún jurista importante que dice que no hay más que dos formas de desaparecer los poderes, o porque se mueren o porque se convierten permanentemente al margen de la Constitución en tiranos que se siguen al frente del poder sin haber elecciones.

Y no señores, ésa no es la desaparición de poderes; lo que dice el artículo relativo de la reglamentaria que aquí hemos mencionado, es: cuando el orden constitucional se rompe, se quebranta, cuando hay desorden intelectual, cuando hay desorden constitucional, eso es lo que hay en Chiapas, compañeros, pero ustedes nunca se podrán sumar a una corriente de justicia porque ¿cómo van a enfrentarse al último gobernador que le queda al ejército?, no se puede si nada más queda un gobernador; ¿cómo van a condenarlo ahora?, que las tierras, que se han ejercitado 730 mil hectáreas; y ¿cuántas más siguen despojándose? y ¿cuántos de éstos, dizque repartos agrícolas en nombre del Presidente de la República y del gobernador son puras pifias, puras mentiras, porque se convierten en el camino para que el campesino sea hecho recorrer horas y horas los caminos y luego sacarlo con la policía y sacarlo?, allí están las denuncias.

No confundamos, hemos traído esto en nombre del pueblo y para el pueblo, no por una cosa electorera, ni siquiera para que ustedes sean condenados; lo hemos traído para que ustedes, señores senadores, los presentes aquí, si hubiese una Comisión Permanente digna de su oficio les pasara el problema, lo investigaran, lo analizaran y dijeran, no ha lugar a la desaparición de poderes, el diputado Ortiz Gallegos no tenía razón, pero que lo dijeran con análisis de hechos reales y no con el invento de este lenguaje de idiotas útiles que no tiene que ser con esta discusión que estamos celebrando.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: No es mi interés entrar en la discusión de si en el punto de acuerdo sobre este problema se está entrando en esta suplantación de función de los senadores o de los diputados, o hacer una referencia sobre la validez o no de las pruebas presentadas que conforman la solicitud de desaparición de poderes del estado de Chiapas, o de la oportunidad que esto pudiera propiciar en un momento electoral.

Considero que estamos frente a un paso de sensibilidad que preocupa, por la forma en que una autoridad de un estado ejerce su obligación de cuidar los intereses de sus gobernados, sobreponiéndose o quedando al margen del respeto a la vida y a los más elementales derechos constitucionales.

Yo acepto que en el afán de llamar la atención sobre un hecho tan delicado como es el caso del estado de Chiapas, fácilmente se puede caer o tropezar en el vericueto del manejo puntual de la jurisprudencia, para determinar la competencia del demandante o del receptor de los hechos o del enfrentamiento con el manejo de la reglamentación a la que debe ajustarse una solicitud de desaparición de poderes.

Lo que sí es cierto, es que los hechos a los que se ha venido haciendo referencia en este foro de la Comisión Permanente desde hace algunas semanas, son del dominio público y que los actos delictivos que se atribuyen al gobierno del estado de Chiapas consistentes en la represión, en la violación de los derechos humanos, en el despojo, en la privación de la libertad y en la tortura, son cosa corriente en este estado, y que tan sólo de conocer algunos aspectos que para algunos legisladores pudieran parecer triviales o simples hechos literarios o anecdóticos, basta para que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad se inmute ante la presencia de hechos como los que han sido puestos del dominio de la opinión pública, a través de los diferentes medios publicitarios.

Ante esto, considero que no podemos manifestar indiferencia, sino el disgusto y la irritación ante la situación o estado de indefensión en que se deja a los ciudadanos de Chiapas o a los que, interesados en la participación de orientación o de conducción de algunas actividades, sea de tipo político o de asesoramiento en otras áreas, se vean afectados por la represión que ahí se vive y que no se puede negar.

Nosotros apelamos a que esta situación de alguna manera tiene que enfrentarse, y tienen que buscarse los medios para que se paren estos actos delictivos en el gobierno de Chiapas y que no tengamos que esperar, como se ha argumentado en esta tribuna, usando los términos que empleó el compañero Unzueta, a que se acumule o tengamos un montón mayor de hechos para que pueda moverse la sensibilidad de un órgano como éste, el de la Permanente o de las comisiones respectivas para que conozcan y actúen en consecuencia. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Jorge Amador Amador, del Frente Democrático Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El C. diputado Jorge Amador Amador: - Ciudadano presidente compañeras y compañeros legisladores: Como miembro de la comisión que emitió este dictamen, debo confesar que no participé activamente en la discusión y que he firmado el dictamen con el carácter de voto particular, y quiero precisar el sentido de mi voto particular.

Hablar del estado de Chiapas, es hablar de un problema no local ni regional sino de un problema nacional; Chiapas es la frontera sur de México, Chiapas es de alguna manera, la Centroamérica mexicana y no sólo por razones geográficas, sino también por razones de tipo social, de tipo económico y de tipo político.

Hace seis años, cuando el actual gobierno chiapaneco entraba en funciones, mi partido abrigó una esperanza, la esperanza de que se estableciera un gobierno de alto nivel que correspondiera a los intereses del sufrido pueblo chiapaneco, y que correspondiera a la necesidad de la nación de tener una frontera sur sólidamente resguardada.

Para nosotros, desde entonces, el problema de Chiapas es un problema no solamente de bienestar social para la población chiapaneca, sino un problema de seguridad nacional para la nación mexicana.

Cuando la fuerza que podía aspirar con mayor probabilidad a gobernar el estado de Chiapas lanzó la candidatura del general Absalón Castellanos, abrigamos también la esperanza de que esa decisión significara un acto de responsabilidad de ese partido y del gobierno federal.

Para nosotros la frontera sur es un punto vulnerable, fundamentalmente por los intereses imperialistas que prevalecen todavía, lamentablemente en América Central y que están

interesados en desestabilizar nuestro país desde América Central.

Como partido, debo decirles que representamos una organización que a la fecha tiene 437 comités de base, la inmensa mayoría pueblos campesinos, la gran mayoría de la región es más atrasada socioeconómicamente como los Altos de Chiapas y algunas partes de la costa del estado de Chiapas; en ese sentido, mi partido tiene una forma de percibir la realidad social y la realidad política del estado de Chiapas.

Quiero hablarles a una convicción a la que hemos llegado, no principalmente por la solución de Acción Nacional, no principalmente por la denuncia del Partido Mexicano Socialista, en todo caso la lectura de estos expedientes han completado y de alguna manera han conformado lo que ya era una convicción propia, recogida de las quejas, las denuncias, las informaciones, las angustiosas peticiones de ayuda de nuestros propios militantes, de los propios pueblos campesinos que militan en nuestro partido en Chiapas.

Por eso debo decirles que en esta discusión del problema, no es la exposición de una larga letanía de hechos y luego otra largar letanía contra hechos, sino la exposición de una convicción política; y nosotros hemos llegado a la conclusión de que el actual gobierno chiapaneco ha defraudado las esperanzas que nosotros sembramos desde el principio y sentimos que también ha defraudado las esperanzas del pueblo chiapaneco, y que este fraude político se expresa de muchas maneras en hechos delictivos, mediante acciones, en hechos políticos omisos frente a situaciones, y que documentar esta realidad sería muy sano para la nación mexicana.

No es un problema de subjetivismo, es un problema objetivo, es un problema de los derechos de un pueblo golpeado de por sí por siglos de opresión, por un sistema injusto de distribución del poder y de distribución de la propiedad territorial y de distribución de la riqueza social; la oligarquía chiapaneca existe, los grupos políticos serviles a la oligarquía chiapaneca existen; la tarea de un gobierno que le venga a servir a la nación mexicana consolidando los lazos entre gobierno y pueblo, es precisamente combatir esos intereses oligárquicos, de ninguna manera someterse a sus trampas y a sus intereses particulares, mezquinos y egoístas.

Y la inversión federal, cuantiosa en un principio en el programa de rehabilitación agraria, y mediante la realización de obras de tipo social y económico que promovieran el bienestar de la población chiapaneca, fueron programas bien intencionados dirigidos a atacar de raíz uno de los aspectos del problema que es el atraso económico y el atraso social, pero si no se tiene clara conciencia de atacar los privilegios de la oligarquía terrateniente, de la oligarquía comercial, de la oligarquía, por así decirlo, burocrática, toda la inversión federal finalmente es capitalizada, secuestrada, yo diría incautada por la propia oligarquía.

Tenemos documentado cómo en gran medida los grandes beneficiarios del programa de rehabilitación agraria no fueron los campesinos, por supuesto que sí hubo muchos grupos beneficiados, por supuesto que éste es un programa que en su concepción es justo; regularizar posesiones de mucho tiempo atrás, es una medida de gobierno justa, pero el problema es lo que no se regulariza, el problema es cuando se descubre como un negocio más.

Si para algo tiene experiencia y capacidad las oligarquías, es para convertir los planes del gobierno, sobre todo del gobierno federal, en inversiones a su servicio, en oportunidades de lucro a su servicio, y documentar esta realidad y documentar este fraude político, es de interés nacional.

Por eso, nosotros tenemos la convicción de que la sabia medida de no rechazar la última solicitud que hiciera el Partido Acción Nacional, sino de conducirla a una de las comisiones, esa medida correcta y justa, desde nuestro punto de vista, debió haber sido completada manteniendo un expediente abierto para que toda la sociedad chiapaneca, para que todas las fuerzas políticas y sociales del país, aportáramos nuestro testimonio y los elementos que tendieran o a justificar lo que se solicitaba o a desvirtuar; es muy apresurada esta resolución, demasiado apresurada esta resolución.

En los archivos de la Comisión Permanente y del Congreso de la Unión, hay muchos casos de denuncias parecidas que no han sido resueltas, porque quizá en aquel tiempo operó en sentido inverso la interpretación de los procedimientos; desde nuestro punto de vista, es de interés nacional y de interés del pueblo chiapaneco, que estas acusaciones sean suficientemente estudiadas, suficientemente documentadas, y en su caso, suficientemente desvirtuadas. Por eso compañeras y compañeros legisladores, mi voto expresa una convicción política lograda, como ya les he dicho, por el estrecho contacto que tenemos con la parte de la población más sufrida del estado de Chiapas.

No puedo terminar mi intervención sin aludir aquí a los hechos de Bolonchán, en el municipio de

Chilón, allá por mayo de 1980, la oligarquía chiapaneca liquidó a más de una docena de campesinos y dejó heridos a más de una docena de otros campesinos, por un conflicto agrario.

Nosotros teníamos la convicción de que el gobierno de Absalón Castellanos, que por cierto por aquellas fechas era el comandante militar en Chiapas, significaría el fin de este clima, el fin de este ambiente, de este tipo de relaciones sociales y políticas opresivas para el pueblo; y lamentablemente tenemos muchos hechos que confirmar que esta tendencia no fue suficientemente combatida y no ha sido derrotada.

Tenemos confianza en la capacidad del pueblo de México y del pueblo chiapaneco para gobernarse de mejor manera, tenemos confianza en que la futura integración del Poder Legislativo sea mucho más tutelador de los intereses del pueblo en cada estado, que tutelador, por así decirlo, de los intereses de determinados gobiernos o determinadas corrientes partidistas. Esa es la convicción que expresamos, y por lo tanto, mi voto particular es definitivamente en contra del dictamen. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para alusiones personales.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, señor presidente: El diputado Jorge Amador, ha tenido la gentileza de confesar no haber participado en la discusión que tuvimos ayer, y eso me lleva a que subrayemos algo que fue dicho ayer; el llamar, el presentar a la atención de la Permanente un asunto tan grave como la desaparición de los poderes del estado de Chiapas se veía, y de acuerdo con los textos invocados por el suscrito ya leídos, que el asunto sería llevado al Senado si las dos terceras partes de esta Permanente aceptaban.

En la política de esto tres años que hemos visto florecer en la Cámara de Diputados, ¿cómo se establece esa compactación unitaria y monolítica del partido oficial, que en esta Comisión Permanente tiene la mayoría? Con frecuencia se acude a este sistema de inducir una junta particular de los miembros del partido oficial para ponernos de acuerdo, y que de ese modo tengan un criterio único, lo cual parecería completamente legítimo si no significase el compromiso obligado de que lo que ahí se acuerda, o las ordenes que ahí se reciben hay que cumplirlas.

Hay otras tan descarada como las que yo he visto, que cuando se presenta un asunto, el señor que está allá arriba nada más le hace así con el dedito, y eso quiere decir que hay que darle mate al asunto o votar contra eso.

Definitivamente la junta de ayer resultó un aborto inducido del doctor David Jiménez; vivimos en este sistema surrealista, donde los hechos que se cuantifican y se enumeran, dicen, no puede representar la desaparición de poderes porque ahí están las autoridades ejerciendo poder.

Surrealismo, que empiecen en lo intelectual, cuando lo que, las palabras, subjetivamente quiero decir, se convierten en hechos que son contradictorios de las palabras o cuando los hechos que debían conformar un criterio específico como la desaparición de poderes existe, se convierten en la defensa.

Los hechos ominosos defienden la existencia de poderes, ése es el surrealismo a donde nos han conducido 60 años de partido prepotente en el país; existen poderes porque existe el caciquismo, porque existe la injusticia, porque existe la complicidad, porque existen las oligarquías prepotentes acomodadas con el gobernador y sus adláteres, los que se hacen millonarios en las fincas chiapanecas, los que explotan los bosques con el permiso de las autoridades constituidas en la Federación.

¿Existen las autoridades?, ¿existe el pueblo?, sí pero cabalmente lo que no existe es el orden jurídico, aquel que se señala en el artículo respectivo de la ley reglamentaria, que debe representar la desaparición de poderes, pero el surrealismo de este dictamen lleva a decir: no, existe los poderes.

Yo no puedo menos que recordar una anécdota, cuando el señor López Portillo era recién electo Presidente de la República y fuimos a entrevistarlo para reclamarle las atrocidades cometidas por el gobernador en un proceso electoral en el mes de diciembre, nos dijo con aquélla su característica capacidad de seducción: "amigos, ciudadanos, ustedes tiene la razón, yo estoy seguro que ustedes han ganado esa elección, como Presidente no puedo intervenir porque son poderes locales, pero como amigo y abogado les digo, acudan a la Suprema Corte de Justicia, se están violando los derechos políticos".

Hicimos nuestra demanda de amparo y naturalmente le dieron palo, y naturalmente aquella vía por la cual se podía pedir el amparo, el señor López Portillo, antes de salir de Presidente la suprimió de la Constitución, y cuando finalmente al cabo de siete meses de estar repitiendo nuestras visitas a Gobernación, porque ya no era López Portillo, el que nos recibía, nos vio Reyes

Heroles, nos dijo: "pero, ¿qué todavía andan ustedes aquí con el asunto de las elecciones municipales de Monterrey, pero si no ha habido muertitos, qué vienen a reclamar?", así hemos progresado en este surrealismo mexicano.

En el caso del estado de Chiapas, hemos hecho la enumeración, la denuncia, la acumulación no sometida al sofisma, de la cantidad de crímenes, difuntos y de atropellos que se han cometido y ahora nos resultan con que tampoco son suficientes; Reyes Heroles nos demandaba muertitos para reclamarle, aquí tenemos el testimonio de los fieles difuntos que descansan, de los indios de todos los rincones de Chiapas, tampoco eso vale, qué surrealismo más extraordinario, más nefasto, más profundo.

Cuando ustedes quieren actuar, cuando el sistema quiere actuar y estoy recordando las vísperas en que estamos de las elecciones federales, recuerdo cómo procedieron en el caso de Israel Nogueda en el estado de Guerrero, por conveniencias o inconveniencias políticas habría que borrar del mapa un gobernador para que si el que le seguía, el gordo Figueroa. no tuviera ni siquiera sombra que le pisara, que le procedía en el camino, y de la noche a la mañana Israel Nogueda tuvo que presentar su renuncia en una secretaría de la Secretaría de la Presidencia, pero con Absalón Castellanos no hay pudor que valga.

Ustedes señores Senadores, no han recibido línea ni la van a recibir; quiero decir, quisiera no tener que recordarlo, que lo que al Senado compete ha sido suplido por un dictamen elaborado por un diputado, el autor del aborto, el doctor David Jiménez.

El hecho me recuerda aquella historieta de la espantosa fuerza del diablo, que en algún pueblo escocés se les ocurrió descubrir, porque lo apresaron y al diablo le pusieron juez que lo defendiese, y el juez de tal manera quiso defender al diablo, que se estremeció la población y terminó simplemente por perdonarle la vida al diablo y simplemente lanzarlo fuera del país, y al juez, el juez se suicidó. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor senador Armando Trasviña Taylor.

El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Señor presidente; honorable asamblea: Yo con todo respeto me voy a referir al dictamen que está a discusión, y no a la veracidad o falsedad de los hechos.

En el debate que se ha suscitado en relación al caso de Chiapas, promovido por el diputado Ortiz Gallegos, del Partido Acción Nacional, quisiera expresar algunas consideraciones en nombre de la institución senatorial y de los senadores miembros de la Primera Comisión de esta Permanente: Myrna Esther Hoyos de Navarrete, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Alberto Villanueva Sansores y un servidor.

Me pregunto, nos preguntamos y hago a ustedes la misma reflexión: ¿en qué papel quedamos los senadores integrantes de esta Primera Comisión, si en el supuesto caso firmamos en apoyo la solicitud formulada por Acción Nacional, para traer a esta asamblea la convocatoria y citar a un período extraordinario de sesiones al Senado de la República, a efecto de conocer y declarar la desaparición de poderes constitucionales de un estado de la Federación?

Hacerlo, significaría merecer un serio extrañamiento de parte de la Gran Comisión del Senado, por un flagrante desconocimiento de las facultades específicas de ese cuerpo colegiado. Las facultades del Senado al respecto, se encuentran consignadas, ustedes lo saben, en el artículo 76, fracción V, en donde el Senado puede declarar que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, cuando lo dice la Constitución textualmente, cito: "Hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado."

La Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76, en su artículo 2o., les ruego que me disculpen que se los tenga que leer de nuevo lo que ustedes ya conocen, en su artículo 2o., dice: "Se configura la desaparición de los poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:

Primero. Quebranten los principios del régimen federal, no es el caso.

Segundo. Abandonar en el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor, tampoco.

Tercero. Estuvieran imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico, tampoco.

Cuarto. Prorrogar en su permanencia de sus cargos, después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a nuevos titulares, no es el caso.

Quinto. Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distinta en

las fijadas en los artículo 40 y 115 de la Constitución General de la República, tampoco.

Lo que existe por parte de Acción Nacional, son acusaciones no comprobadas aún de ocho casos penales concretos, y otros hechos violentos que constituyen denuncias sujetas a averiguaciones previas.

En caso de hacerlo, sería vulnerar el pacto federal y atentar contra la soberanía del estado de Chiapas, cuando no se han agotado los recursos y las instancias jurídicas y legales de las que dispone el Poder Judicial del estado, mismas que en su caso deben determinar, en base a los hechos y a las pruebas que se aporten, la existencia del o los delitos que se presuman.

En consecuencia, las imputaciones que no han sido calificadas por la autoridad competente, no tipifican el caso señalado por la fracción V, del artículo 76.

El Senado, por otra parte, no puede ejercer la facultad señalada por supuestas violaciones de un poder constituido, cuando la fracción V mencionada establece la desaparición de todos los poderes, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.

Las ocho acusaciones y los otros casos no se refieren a irregularidades cometidas por el Congreso del estado ni por el Tribunal Superior de Justicia, es decir, los señalamientos carecen de comprobación legal y sólo implican a un poder y a algunos municipios de la entidad, en el supuesto de que éstos involucren responsabilidad.

Por otra parte, al Senado de la República no le compete ejercer las funciones del Ministerio Público ni analizar la situación de los poderes, cuando éstos no han desaparecido ni existen razones válidas para presuponer la existencia de un vacío de poder. Las sedicentes irregularidades señaladas, competen al Ministerio Público, a los jueces del estado y a las autoridades municipales.

Consecuentemente, los hechos no justifican la solicitud de convocatoria a un período extraordinario de sesiones en el Senado de la República, por sucesos no sancionados procesalmente. En lo que sí estamos de acuerdo los senadores miembros de la Primera Comisión, es en el punto de acuerdo del dictamen, por su improcedencia. ¿En qué posición de ignorancia constitucional quedaríamos los senadores al aprobar una petición que contraviene el precepto invocado?

Los senadores reiteramos la aprobación del punto de acuerdo que no califica los hechos, sino que simplemente señala su falta de correspondencia constitucional.

Con estas consideraciones que me he visto obligado a hacer, a nombre de la institución que representamos, yo les rogaría su voto favorable al punto de acuerdo. Gracias, señor presidente.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, para hechos.

El C. Diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, Señor Presidente: Nada más profundo para mí en este instante, que el respeto a la función específica que tenemos como mexicanos y a la función suprema del México doliente, miserable, golpeado, sacrificado, vilipendiado, humillado, encarcelado; es defender hasta el último de nuestro días y hasta donde nuestras fuerzas alcancen, a todos esos mexicanos que están padeciendo hambre y sed de justicia.

Yo respeto las palabras del senador que ha venido a exponer su punto de vista respecto a que en su consideración, el dictamen ha sido satisfactorio y tiene que ser aprobado.

Después de leer todos los textos, de haberlos repasado durante esta larga jornada, vuelo a la Ley Reglamentaria del artículo respectivo, del 76 de la Constitución, en su artículo número 2o., fracción III, que dice: "Que se consideran desaparecidos los poderes cuando con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, por las autoridades, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico

Volvemos al surrealismo. para ustedes, la vigencia del orden jurídico es que existan policías que atropellan, jueces que hacen de su oficio la permanente vendimia de su oficio, como sucede en aquel mural de Orozco en la Suprema Corte de Justicia; gobernantes de pistola al cinto que toman el sustituto, que sustituyen al Poder Judicial y ordenan la justicia por su cuenta, que toman en sus manos, también, el pronóstico y elaboración de las leyes y ordenan cuáles deben ser las leyes. Ahí está la existencia de los poderes.

Para ustedes nunca habría ignominia ni desaparición de poderes en ninguna entidad de la República Mexicana. esa es la diferencia, señor senador, entre lo que nosotros vemos y lo que usted ve. Nosotros vemos que el poder no es un problema de trámites en juicio, el poder es un ejercicio de justicia y de orden; y afirmamos y hemos demostrado ampliamente con documentos

propios y ajenos de otros partidos, que hay desorden institucional en el estado de Chiapas y que era el momento de que el Senado, que podía responder a aquel hermoso nombre de venerable Senado que se le daba en los tiempos antiguos, adquiriese el momento de la sabiduría, el acierto de la disposición, cuando se confronta el corazón con la mente e hiciese justicia al pueblo chiapaneco.

Aún espero que en esta votación se den las dos terceras partes en favor de que ustedes, senadores aquí presentes, se reúnan a considerar los hechos, sea cualquiera su dictamen final, pero ustedes y no simplemente sustituidos, suplantados por el dictamen del doctor David Jiménez, el juez que fue el abogado del pueblo y que terminó por suicidarse.

El C. Presidente: - Se concede la palabra, para alusiones personales, al señor diputado David Jiménez González.

El C. diputado David Jiménez González: - Trataré que mi intervención sea breve. Con su permiso, señor presidente; compañeras senadoras; compañeros senadores; compañeros diputados: Hemos escuchado con toda atención a todos los compañeros que han hecho uso de la tribuna para intervenir en la discusión de este asunto que nos ha llevado ya más de tres horas.

En primer lugar, quiero hacer algunas referencias de carácter personal que hizo el compañero Gerardo Unzueta y nada más para decirles que me da mucho gusto, mi querido Gerardo, que después de que te enseñé qué es lo que se entendía como sofisma y quiénes eran los sofistas, ahora, pues ya has consultado tus libros y me has dado la razón.

Pero lo que yo no me explicaba y me quedé totalmente asombrado, es que también ya le haces de pitoniso y de clarividente; yo te puedo asegurar que vamos a ganar las elecciones en el estado de Chiapas los miembros del Partido Revolucionario Institucional, por una parte.

No hago mención a tu intervención, en el fondo, por una razón importante: porque sería nuevamente caer en la discusión que ya ha sido agotada no en esta sesión de la Permanente, sino aproximadamente 15 días, en la cual se dio ya el resultado de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, respecto al juicio político que entabló tu partido en contra del gobernador Absalón Castellanos Domínguez.

Sin embargo, nada más quiero darte a entender y así obra en la versión estenográfica sin duda, que has vuelto a reiterar omisión, incompetencia o intervención directa del gobernador, policía de seguridad de Chiapas, participación directa del gobernador, etcétera, es decir, tu discusión se ha encuadrado definitivamente en otro aspecto totalmente distinto; en primer lugar a la denuncia que hizo el diputado Ortiz Gallegos, y en segundo, dentro de la hipótesis que prevé la fracción V, del artículo 76, y la propia del ordenamiento que regula este precepto constitucional.

Por tanto, doy por agotada esta instancia en relación contigo.

Por lo que se refiere a nuestro compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en la cual, pues además me otorga un título de doctor, pero con una actividad realmente no muy deseable y, por otra parte, también una actividad de juez, en el sentido de que una vez que expulsaron al diablo, el juez no tuvo más remedio que tomar una pistola y suicidarse.

Yo quiero decirle al compañero Ortiz Gallegos, que realmente no somos ni lo uno ni lo otro; hemos sido única y exclusivamente intérpretes del buen razonamiento y de la leal y correcta interpretación constitucional y legal de Ley Reglamentaria al artículo 4o.

Hemos sido consecuentes en la respuesta mediante el dictamen que se ha dado el día de hoy a su denuncia, en donde definitivamente no aparecen en uno de sus solos hechos, una muestra fehaciente que nos pudiera siquiera llevar a la inducción o a una presunción de que no existen poderes en el estado de Chiapas. Es más, el día de ayer, en una de las interpelaciones que le hice a usted y a Jesús González Schmal, le preguntaba que si en el Poder Legislativo tenían ustedes un representante y me manifestaban que sí, y que por conducto de él habían hecho una serie de denuncias también en contra del gobierno de Chiapas, como lo hicieron los compañeros del PMS, también por conducto de uno de sus representantes dentro del Poder Legislativo.

Ya lo decía aquí el senador Armando Trasviña Taylor, que vino a redondear la exposición que se dio el día de ayer en la sesión de la Primera Comisión y que se ha dado en el transcurso de esta sesión de la Permanente.

Existen los poderes de Chiapas y están funcionado constitucionalmente, pero en el caso, como puede suceder y no solamente en esa entidad sino en algunas otras entidades de la República, como sucede en muchos otros países del mundo, existen una serie de medidas de carácter constitucional, de carácter legal, que impiden el ejercito sin cortapisa de las funciones de las

autoridades. Y yo podría responderle y decirle a usted, compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, puesto que se ha estado aduciendo o una serie de violaciones a las garantías individuales, una serie de violaciones a los derechos humanos, una serie de posiciones de carácter jurídico en donde han hablado de los desalojos, en otros donde se han encarcelado de una manera injusta a determinado tipo de personas. Quiero decirle, porque no quiero salirme del contexto, para hablar de hechos diferentes, sino dentro del propio texto que estamos analizando y que ha servido de fundamento a nuestro dictamen para someterlo a consideración de la Permanente, que existen, de acuerdo con la teoría constitucional mexicana, dos puntos o dos vías en un momento dado para hacer valer el orden constitucional de una entidad.

En primer lugar, que toda garantía o derecho individual de cualquier gobernado afectado por un acto de autoridad, está establecido en la Constitución y está reglamentado desde luego en una ley respecto al artículo 103 y 107, de la Constitución, en la cual el gobernado, sea individual, sea un ente social o colectivo, puede acudir a uno de los derechos más importantes que desde el siglo pasado tiene gobernado mexicano alguno, y me refiero al juicio de amparo.

Si hay alguna violación constitucional a los derechos de cualquier mexicano, cualquiera de nosotros puede acudir en demanda del juicio de amparo, en demanda de la protección federal, para que por más que sean fuertes las autoridades locales, tendrán forzosamente que respetar los fallos de los jueces federales.

Y quiero manifestarle al compañero Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y para quien no llegare a conocer lo que existe en el estado de Chiapas, que hay dos jueces federales, uno en Tapachula y otro en Tuxtla Gutiérrez, que pueden tener perfectamente conocimiento de cualquier demanda de amparo, y en caso de que no lo hicieran, existen otros órganos auxiliares que podrían hacerlo en su momento, por un lado.

Y por otra parte, si efectivamente se excedieron en sus atribuciones y en sus funciones y en sus actividades, las autoridades estatales, cualquiera que sea el funcionario éste, existe también una Ley de Responsabilidades no solamente la que existe para los gobernadores diputados locales magistrados de los tribunales y poderes de justicia de los estados sino que en cada entidad existe una Ley de Responsabilidades también, que llega y sanciona las conductas de todos los servidores públicos de esta entidad, cuando se han extralimitado o han cometido conductas sancionadas y penadas por las leyes correspondientes de esa entidad. Es decir, existen todo un marco jurídico en donde se desenvuelve la vida de todos los mexicanos y de todos aquellos que vivimos en cada una de nuestras respectivas entidades.

Por eso debemos de concretarnos definitivamente, si los supuestos que usted argumentó en su denuncia, corresponden a los que se establecen en la Constitución y en la Ley Reglamentaria del artículo 76, fracción V.

Y quiero manifestar y reiterar y por eso pedí a la presidencia que pase a votación nuestro dictamen y que sea aprobado por todos ustedes, compañeros senadores y diputados, que nos hemos ajustado estrictamente a lo que establece la Constitución en su artículo 76, fracción V, en donde va a competencia de la Permanente y al artículo 4o., también de la ley reglamentaria del precepto constitucional invocado y a los ordenamientos que rigen la vida interior del Congreso y en este caso, en los recesos de la Comisión Permanente. Muchas Gracias.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el Señor Diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, para alusiones personales.

El C. Diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Pues sí, es una lástima. Es una lástima que David Jiménez, no sé si sea doctor, creo que le dio el título Ortiz Gallegos, pero un doctor que no sana nada. Es una lástima, digo, que venga a plantearse aquí la necesidad de la aprobación de un dictamen que está basado precisamente en los sofismas a los que es tan aficionado David.

Si existen todos esos elementos, sí existen los jueces de distrito y existe la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, pero ustedes se niegan a explicarla, ustedes extralimitan sus funciones y se niegan a aplicarla, y desechan el juicio político que nosotros planteamos. Sí existe la policía de seguridad y esa policía de seguridad es para agredir a los campesinos, y sí existen jueces, y existen, todo eso existe, hay leyes pero no se aplican, y ustedes impiden que se apliquen y ustedes lo impiden en lo que se refiere a juicio político, y lo impiden en los refiere a la desaparición de poderes, ese es el problema y ése es el gran sofisma. El gran sofisma existe en leyes, existe en un régimen constitucional, ¿dónde está su operatividad?, ¿dónde está su existencia real?, ni allá ni aquí; allá desde el punto de vista del ejercicio de los derechos de los ciudadanos chiapanecos, ni aquí en lo que se refiere a la aplicación de las leyes federales que son aplicables a estos casos.

Yo creo que precisamente ahí es donde está la traba y David Jiménez es un ejemplo vivo de esa traba.

David Jiménez dice que el planteamiento hecho se atiene en todo a la ley, pero no hay más que examinarlo, no hay más que ver cuáles son las facultades reales que tiene, las facultades legales que tiene la Primera Comisión y las facultades que tiene esta Comisión Permanente, para llegar a la conclusión de que ese dictamen está fuera de las facultades de ambas instancias, de la comisión y de la Permanente.

Yo creo que no hay necesidad ya de hacer más argumentaciones. David Jiménez no ha perdido lo que tiene y en todo caso, Euclides decía: "Si no has perdido los cuernos es que los tienes".

El C. Presidente: - Consulte la secretaría si el asunto...Perdón ¿quiere la palabra?

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): - Para pedir que se tome la votación nominal.

El C. Presidente: - Con todo gusto, señor diputado consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido este caso.

El C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se consulta a la asamblea si está suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

(Votación).

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo... Suficiente discutido, señor presidente.

El C. Presidente: - Proceda usted a tomar la votación de la asamblea, en los términos que ha solicitado el Señor Diputado Ortiz Gallegos, votación nominal.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal.

(votación).

Señor Presidente, se emitieron 21 votos en pro y cinco en contra.

El C. Presidente: - Aprobado el punto de acuerdo por 21 votos.

La misma C. Secretaria: - Archívese el expediente como asunto definitivamente concluido.

El C. Presidente: - Existen algunos otros señores legisladores para asunto diverso; hay algunos anotados, voy a anotar a otros, si me permiten.

El C. diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos (desde su curul): - Yo no puedo considerar que haya 21 votos; no hay 21 miembros del PRI en este salón.

INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES

El C. Presidente: - Los que se han inscrito son los siguientes Legisladores, para tratar asuntos diversos: senador Gonzalo Martínez Corbalá, diputado Héctor Morquecho Rivera, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana, diputado Jorge Amador Amador, diputado Roberto Calderón Tinoco y senador Artemio Caamal.

DOCUMENTACIÓN QUE INSTA AL CONGRESO ESTADOUNIDENSE

El C. Presidente: - Tiene la palabra el senador Gonzalo Martínez Corbalá, del Partido Revolucionario Institucional.

El C. senador Gonzalo Martínez Corbalá: - Con su venia, Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores: Vengo a presentar un documento, a nombre de la Comisión Permanente, ya que ha sido firmado por la totalidad de los diputados y senadores de esta Comisión Permanente, por lo que me abstendré de hacer observaciones personales y me limitaré a dar lectura al documento.

"El rechazo de sesenta y tres senadores del congreso estadounidense a la "certificación" hecha por el ejecutivo de aquel país de que México cumple su obligación en la campaña contra el narcotráfico puntualmente, nos lleva a las consideraciones siguientes:

Resultan contrarios al derecho Internacional los juicios que cualquier gobierno establezca en relación con las decisiones y acciones que otro país tome y realice en ejercicio de su soberanía. Tales juicios resultan, además de faltos de respeto, inamistosos cuando se trata de países que sostienen relaciones diplomáticas.

En relación con lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rechaza la facultad que se arroga el ejecutivo estadounidense de certificar los esfuerzos de nuestro gobierno para combatir el tráfico de estupefacientes, pues tal conducta constituye una injerencia en los asuntos internos de nuestro País.

En su esfuerzo contra el tráfico de drogas, uno de los delitos que su legislación tipifica y sanciona, México destina medios considerables para tal propósito.

Además, resulta tan numeroso como lamentable el número de vidas que ha costado a México la persecución de la delincuencia contra la salud.

La repercusión de tales acciones en el ámbito de la cooperación internacional, ha sido del conocimiento de los legisladores de Estados Unidos, que de manera regular se han venido reuniendo con los legisladores mexicanos, tratando el tema exhaustivamente con pleno respeto de ambas partes, por lo que no puede alegarse ignorancia por parte del senado de ese país.

En relación con lo anterior, México reclama del vecino país reciprocidad, pues en la medida que se abata el consumo de drogas, deberán disminuir la corriente de ellas hacia su territorio.

La legislación antidrogas de ese país, sólo considera culpables del narcotráfico a los países en cuyo territorio se produce o transitan los estupefacientes, con el objetivo fundamental de aplicar sanciones, pero omite la persecución de las mafias y que en Estados Unidos financian y transportan las drogas que distribuyen de acuerdo con el consumo,cuyo incremento han venido alentando entre la juventud, norteamericana.

Valoramos la conducta de los senadores que votaron en contra de la resolución del senado estadounidense, pues los creemos conscientes de los riesgos que tal determinación implica y reclamamos de la Cámara de Representantes que dentro de los marcos legales, asuman una decisión congruente con las relaciones de cordialidad y cooperación que el asunto se ha tratado en los foros interplanetarios de ambos países.

El congreso Mexicano insta al de Estados Unidos a que asuma su responsabilidad en los trabajos de colaboración para el combate de las drogas, dentro del seno de la comisión Intergubernamental que se acordó crear en 1986 y para la cual México hizo las designaciones correspondientes durante la reunión interparlamentaria celebrada en Nueva Orleáns recientemente.

En tal organismos pueden encauzarse los esfuerzos que de manera conjunta debemos realizar, para combatir a esta calamidad de nuestro tiempo. Rúbricas."

Dejo a la secretaría el documento para los efectos correspondientes.

El C. Presidente: - Tiene la palabra sobre este tema, el Diputado Héctor Morquecho Rivera.

El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, compañeros legisladores: Hemos escuchado del senador Martínez Corbalá, un documento que ha sido suscrito por todos los integrantes de esta soberanía, de esta Comisión Permanente, ha sido una condena total de los Mexicanos a las actitudes del senado de Estados Unidos de América, ha sido también una condena, un rechazo a la grosera y grotesca intervención del senado norteamericano y en lo general de la política intervencionista de Estados Unidos de América en la vida interna de nuestro país.

Esto quiere decir que hemos suscrito las fuerzas democráticas un documento en favor de que se respete el derecho internacional por parte de Estados Unidos de América, que se respete la autodeterminación, la no intervención y el derecho de cada país para que cada pueblo se dé así mismo, en libertad, el régimen económico, político y social que cada pueblo elija.

Hemos suscrito pues, un documento en el que la sensibilidad de las fuerzas más avanzadas, de las fuerzas patrióticas que estamos al pendiente de nuestra soberanía de vigilar, de este nuestro propio rumbo, nuestras propias decisiones en la vida que ha trazado el pueblo de México, sin embargo, yo quiero hacer referencia a que esta situación que se está presentando por parte del Senado Norteamericano, por parte del ejecutivo de Estados Unidos se dan en condiciones a mi juicio histórica en mi opinión muy difíciles para la vida de los mexicanos y es por eso que al haber suscrito el Partido Popular Socialista este documento, esta apreciación valiosa de las fuerzas democráticas, quiero hacer mi punto de vista, mi enfoque de manera integral razonada, realista, porque precisamente las condiciones por las que atravesamos así lo ameritan.

Es una reflexión, compañeros legisladores, en el sentido de que la actitud del exterior, la actitud de las fuerzas que intervienen en nuestro país directa e indirectamente, son conscientes, son sabedoras de que somos un país que tiene una economía vulnerada, y de eso se aprovecha el imperialismo.

Sabe el imperialismo que la pesada carga que significan los pagos a la deuda externa, restringe nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo, y realiza presiones cada vez de manera más descarada, cada vez más claras bajo cualquier pretexto, hoy es el pretexto de que no hace el gobierno mexicano las tareas justas para combatir el narcotráfico.

Yo quiero señalar que si las fuerzas avanzadas, las fuerzas progresistas, la unidad de los mexicanos para defender nuestra soberanía frente a los intervencionismos del exterior, se manifiestan en este momento como se ha manifestado en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro; creo que es también correcto valorar, reflexionar, sobre las condiciones en las que estamos atravesando y que nos han hecho vulnerables frente al exterior desde el punto de vista de nuestros problemas económicos.

Creo que lo más justo, lo más conveniente es que si las fuerzas progresistas tenemos la enjundia patriótica de defender nuestra soberanía frente al exterior; es correcto también, así como en política exterior; manifestar, lograr, luchar porque hacia nuestra vida interna los embates del exterior en materia económica dejen de tener efecto, y la verdad es que siguen afectando, siguen teniendo efecto sobre nuestra economía los embates del exterior, porque el gobierno en materia económica no ha tenido la actitud digna que merece el pueblo mexicano, no ha tenido el gobierno una actitud más consecuente con los principios de la Revolución Mexicana y en situación de vulnerabilidad el imperialismo presiona al gobierno y cada vez se han dado más y más concesiones a la derecha y al imperialismo. Es un cuestión, compañeros legisladores, dialéctica, porque no estoy de acuerdo en que una conducta blandengue del Ejecutivo, una conducta mediocre, contribuya a que seamos vulnerables respecto de los embates del exterior.

En consecuencia, resumo en que, ratifico la suscripción de este documento valioso, pero también quiero precisar que es necesario cambiar todas las cuestiones negativas que el gobierno comete en materia económica, para efectos de que sean más integral la defensa de nuestra soberanía frente al imperialismo.

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: La representación del Partido Demócrata Mexicano, en esta Comisión Permanente, por mi conducto, suscribió en sus términos el documento leído por el senador Martínez Corbalá, porque consideramos oportuna una declaración en esos términos respecto a la acción del senado norteamericano en la que se califica el trabajo de nuestro país en la lucha en contra el narcotráfico.

Pero quiero agregar que a nosotros nos repugna como mexicanos, que organismos del exterior nos traten como niños, como es el caso del senado de Estados Unidos y su presidente, que se arrogan el derecho de expedir certificados de buena conducta. Esto, independientemente que en el caso que se ocupa, sea o no cierto lo que se nos imputa.

Y señalar que no es la primera vez que nos vemos precisados a manifestar, como mexicanos, nuestra protesta por opiniones que en el mismos tenor han expresado, tanto en lo individual, en lo particular, funcionarios norteamericanos como organismos del propio gobierno o en este caso del senado.

Nosotros entendemos que esto tiene mucho de fondo y es lo que queremos referirnos. Es cierto que la lucha en contra del narcotráfico implica acciones de combate al cultivo de estupefacientes, pero acompañado con acciones paralelas de combate o de orientación para evitar el consumo de los mismos. Y en este aspecto, las cifras son muy claras: Estados Unidos tiene un alto porcentaje de consumidores de estupefacientes.

Por otra parte, creemos que se arrogan este derecho de calificación o de certificación, porque Estados Unidos ha estado participando con donativos o con ayuda en dinero a nuestro país para la intensificación del combate del cultivo de estupefacientes.

Bien convendría, consideramos nosotros, que las autoridades mexicanas analizaran hasta qué punto esa ayuda dentro del conjunto o del costo o del monto total que implica para nuestro país la lucha en contra del narcotráfico, ¿qué tanto significa esa ayuda?, porque de lo contrario nosotros consideramos que esto les da a ellos el derecho de calificación porque se aplique aquel dicho de que el que paga, manda.

Nosotros no creemos que sea tan suficiente el recurso que se canaliza en nuestro pías como para que México se tenga que ver sujeto a una auditoría o una calificación por parte del gobierno estadounidense en cuanto a la tarea que por razones propias, creemos nosotros que sin necesidad de que nos lo indiquen del exterior estamos obligados a emprender en contra del cultivo y del consumo de estupefacientes.

Por otra parte, de alguna manera, nosotros consideramos que la actitud del gobierno estadounidense es confusa, porque si analizamos la secuencia que se da para este tipo de certificaciones, por un lado el presidente del país, Ronald Reagan, expide un certificado en el que dice que está conforme con el trabajo de México dice que está conforme con el trabajo de México en ese campo; ¡ah! pero el senado posteriormente cancela esa certificación y se señala que el otro paso es, el probable paso, es que el

presidente de Estados Unidos pueda hacer uso de su derecho de veto y cancela la resolución del senado. ¿Qué juego es éste., preguntaríamos nosotros? ¿Qué pretende Estados Unidos con este juego de expedición de certificados y de cancelación de resoluciones y de uso del veto si es que se llega a eso?, es ahí donde nos llama la atención y creemos que de alguna manera por la cercanía, por la vecindad con este país, la participación de Estados Unidos con ayuda en determinado tipo de acciones que debemos emprender, puede significar una pretensión complaciente hace ese país, en algunos campos; por ejemplo como en el caso de política exterior que nuestro país se vea precisado a supeditarse a algunos dictados, cosa que en otras ocasiones cuando ha habido algo que nos haga indicar que pueda llevarnos a este riesgo, hemos protestado con la misma energía, creemos, pues, que es el momento de que nuestro país analice y considere hasta dónde es conveniente que estemos sujetos a la ayuda de Estados Unidos para emprender una lucha en contra del narcotráfico.

Ciertamente nuestro país es de escasos recursos y más en esta situación de crisis que vivimos, pero en este aspecto consideramos debe mantener una postura firme y que en último instancia seamos los propios mexicanos los que podamos participar en una calificación de esa naturaleza. Muchas gracias.

El C. Presidente: - En razón de que este pronunciamiento ha sido suscrito por todos lo miembros de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 21 de nuestro reglamento, cúmplase.

EMPRESAS PARAESTATAL AEROMÉXICO

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, para tratar diverso asunto.

El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros legisladores: El problema que voy a plantear es un problema nacional que se refiere a la situación por la que atraviesa la empresa paraestatal Aeroméxico.

Como todos sabemos, existe un problema laboral que ha suscitado el interés de toda la opinión tanto de la clase trabajadora como de otras organizaciones, inclusive han estado en el punto de la problemática nacional, las repercusiones del problema de Aeroméxico.

Yo quiero volver a reiterar, volver a insistir, compañeros legisladores, en que la ruta que han seguido los responsables de la marcha económica de México, ha dado origen a un problema más para la clase trabajadora, para el pueblo, para el patrimonio nacional y yo me preguntaría si seguirá también otra empresa paraestatal, otro organismo patrimonial de la nación que pueda ser puesto en graves problemas como está sucediendo hoy con la entidad paraestatal Aeroméxico.

Insistimos en que esta política, esta marcha económica, es una política económica muy negativa, es una política económica antipopular con rasgos crecientes de privatismo, que se inscribe dentro del deseo del gabinete económico de desmantelar totalmente el patrimonio de nuestro país y de integrar al sector privado mayores espacios para que se den las condiciones en que nuestra soberanía pueda reducirse aún más y entrar definitivamente a una etapa política en lo general totalmente oscura para la perspectiva de nuestro país.

Por las informaciones que ha dado la prensa, el sector privado está demandando que se culpe a los responsables del desastre en que se tiene hoy a Aeroméxico. Nada más que el sector privado señala a la clase trabajadora como la responsable de ese desastre de Aeroméxico.

Y la verdad es que el gobierno mexicano ha dado muestras de abandono de su responsabilidad como tutelar de los derechos de las clases trabajadoras, violando el artículo 123 constitucional y reculando también de los principios constitucionales que establecen cuales son las empresas estratégicas y prioritarias de las cuales es responsable el gobierno de controlar, de desarrollar, de mejorar, de sanear, de depurar, para beneficio de la economía, para beneficio de nuestro pueblo y de las clases mayoritarias.

Recientemente, compañeros legisladores, creo que ayer en este sentido de como se ha reculado por parte del Ejecutivo en sus responsabilidades constitucionales.

El presidente Miguel de la Madrid, en Monterrey, hizo una declaración que definitivamente engloba un criterio mucho muy ingrato, un criterio falso, un criterio que nada tiene que ver con las mayorías del pueblo mexicano y lo hizo con relación al problema al que hoy se enfrenta Aeroméxico, desde el punto de vista financiero y de su servicio que presta a los usuarios.

El presidente Miguel de la Madrid dijo que el Estado no puede cargar con empresas ineficientes, que no podemos darnos el lujo de mantener empresas deficitarias, que el propósito que persigue el gobierno es una reestructuración radical, para

buscar mayor rentabilidad y mayor productividad en las empresas estratégicas y prioritarias.

No había yo escuchado del presidente Miguel de la Madrid, y precisamente durante un conflicto que tiene entre la espada y la pared a la clase trabajadora, que tiene entre la espada y la pared a las preocupaciones de los trabajadores de esa entidad estratégica y prioritaria.

Hoy se abre de capa cada vez más el Ejecutivo, en su esfuerzo por no atender los intereses de las mayorías, y en este caso a los trabajadores.

Hay que recordar, compañeros legisladores, ¿cómo se crearon las empresas del Estado, cuántos argumentos se manejaron, cuánto empuje recibieron, cuántas oportunidades de desarrollo, de beneficio, se logró con Aeroméxico y con muchas empresas del Estado, para integrar de manera nacional a las comunidades de nuestro país?

Se habló siempre por las fuerzas progresistas, por las fuerzas del campo democrático, de impulsar la política de nacionalizaciones, se explicó una y mil veces, se llamó al pueblo a votar, se movilizó a la clase trabajadora, en ese esfuerzo por apuntalar la acumulación de capital en manos del Estado, para que éste atienda, pudiese atender los servicios, obras públicas, presupuestos suficientes para desarrollar las fuerzas productivas. Hoy son los patitos feos las empresas del Estado; hoy son empresas ineficientes; hoy son pozos que no tienen fondo; hoy se les cataloga de lastre, se les cataloga de cargas, de parásitos que están sangrando el presupuesto público nacional, y que están, por ende, contribuyendo al déficit público, y por tanto a la inflación.

Y se habla, el presidente Miguel de la Madrid habló de la rentabilidad y de la productividad, y de deshacerse de empresas ineficientes. Yo nada más quiero señalar lo que ya se ha dicho muchas veces por otros legisladores: la empresa minera Cananea, que ocupa el décimo lugar en el mundo en producción de cobre con números negros, ¿no es una empresa rentable? La empresa Cal de Sonora (Sonocal), y muchas empresas que son rentables. Pero la verdad es que detrás de todo esto, compañeros legisladores, hay definitivamente una actitud de entreguismo al capital privado nacional y transnacional, para someter a nuestro país y a la clase trabajadora mexicana.

Es preocupaste el problema, muy preocupaste, muy grave desde muchos ángulos que se le vea. El informe que tenemos de los trabajadores sindicalizados de la empresa Aeroméxico, es que hay dentro de la administración, aspectos negativos como el dato que dan de que existen cuatro empleados de confianza por un sindicalizado. Por gente que vive sin producir, sin dar rendimiento, bajo una administración totalmente corrupta, que no le interesa ni la empresa, ni el patrimonio de los trabajadores, ni le interesa nuestra patria. Es una mala política laboral la que ha seguido, la que han seguido los administradores de Aeroméxico, una política también anticonstitucional, corrupta, mala administración.

Yo creo que al calor de esta situación, debe intervenir la Contraloría General de la Federación, revisar a fondo el anuncio de la quiebra, que es una quiebra fraudulenta, una quiebra, fraudolenta producto de mala administración dentro y fuera de nuestro país, de dicha entidad económica. La cosa, la situación tendrá efectos también muy negativos, los compañeros trabajadores que son más de 12 mil, afirman que se va a beneficiar al sector privado nacional y transnacional para que pueda lograr los espacios, lograr los vuelos, las rutas que estará dejando de cumplir Aeroméxico.

Con esto se logra, con este problema, con la insensibilidad de esta mala administración, se logra el deterioro a nivel nacional de una empresa paraestatal respecto del servicio que presta al turismo; con esta actitud negativa de esta mala administración, de esta gente irresponsable, se logra el deterioro a nivel internacional dentro de los servicios turísticos que al exterior presta esta paraestatal.

Tendrá efectos negativos también, como lo declaró el gobernador de Guerrero, porque afectará al turismo, a su desarrollo, al empleo y a todas las personas que verán afectadas, se verán incidentadas con este problema creado por la actitud negativa, corrupta, de los que administran la empresa Aeroméxico.

Y en este contexto, compañeros, ¿cuál ha sido la actitud de los trabajadores de esta empresa? Ha sido una actitud consciente, una actitud razonable, una actitud patriótica, viendo el patrimonio, cuidar el patrimonio de la nación y de la fuente de empleo; han hecho un allanamiento a todo el pueblo de México para defender su derecho de huelga para defender su patrimonio su fuente de trabajo, y para defender a todas las empresas paraestatales que existen.

Han llevado a cabo esfuerzos para el rescate histórico de la empresa nacional y la industria paraestatal, han llevado acciones para la defensa de las empresas paraestatales, que es la defensa de la soberanía nacional y popular, han llevado acciones para discutir, para poner a debate nacional, para sensibilizar a todas las fuerzas sobre la perspectiva que significa desmantelar Aeroméxico y desmantelar a otras empresas del Estado.

Es una lucha del sindicalismo revolucionario en el que están imbuidos electricistas, trabajadores de la industria automotriz, trabajadores de la industria azucarera, de Sedena, de la Secretaría de Pesca, trabajadores en lo general, que están haciendo el esfuerzo con este llamamiento, para que se dé marcha atrás a la política económica negativa del gobierno, y a la vez, para la solidaridad con la clase trabajadora de Aeroméxico y su derecho de huelga y por cuidar su frente de trabajo.

Por eso, compañeros legisladores, el problema es sumamente grave, no debemos asumir una actitud de indiferencia; se da en un contexto sumamente difícil para el rumbo que seguirá nuestra patria en los últimos años, y que por eso consideramos que esta empresa no debe ser desmantelada, no debe ser vendida, no debe ser desincorporada, hay que atender el llamamiento de la clase trabajadora, hay que demandar una investigación a fondo de todos los hechos que están implicados en este problema, y en base a estas consideraciones, compañeros legisladores, quiero proponer a esta Comisión Permanente, este punto de acuerdo, dice lo siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Que se turne a comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, la presente petición, en el sentido de citar a Arsenio Farell Cubillas, Secretario de Trabajo, y a Daniel Díaz Díaz, Secretario de Comunicaciones, para que expliquen, de un lado, la secuencia del problema laboral de Aeroméxico, y de otro, la situación de quiebra de dicha empresa.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 19 de abril de 1988.- Diputados: Jorge Amador Amador, del Partido del Frente Cardenista; y Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.»

Dejo aquí a la secretaría.

El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Compañeros legisladores: Estamos ante un problema político de primera importancia. No es un problema relacionado con la actividad económica de una u otra empresa; se trata del problema del rumbo del país, y en este caso Aeroméxico es un modelo de la política que se sigue.

Como todos sabemos, Aeronaves de México, o sea Aeroméxico, es una de las empresas aéreas nacionales que enfrenta un proceso de reestructuración enmarcado en la política de reconversión industrial impulsada por la actual administración.

La empresa constituida en 1934, ha jugado un papel decisivo para el desarrollo económico del país, al grado de que el propio director general de Aeroméxico, doctor Gasca Neri, señalaba: "La magnitud del esfuerzo en este proceso y los cuantiosos recursos aplicados al mismo son manifiestos en la vasta y moderna infraestructura que sirve de apoyo a este modo de transporte, así como a la permanente modernización del equipo de vuelo, lo que se ha financiado a través de las empresas del gobierno o conjuntamente. El sector aéreo-decía-, es estratégico en el desarrollo de la economía nacional; la importancia de esta empresa parece no reflejarse en los recursos destinados a inversión física y mantenimiento de la flota, ya que en 1986, último año del que se dispone de información, este gasto se ha visto disminuido en términos reales con respecto a los años anteriores. Tal política ha repercutido en la existencia de una flora aérea obsoleta y con altos costos de mantenimiento. Es cierto que la empresa representa pérdidas en sus ejercicios anuales, pero tal situación es resultado de un abandono de la inversión física y mantenimiento de su infraestructura, así como de la política de capitalización de la empresa.

La huelga estallada el día 12 de abril, ha puesto nuevamente sobre la mesa elementos de discusión sobre la importancia de esta actividad estatal e incluso la reciente declaración de quiebra de la empresa, subraya la política desincorporadora y antilaboral del gobierno de De la Madrid.

Según la información que tenemos, las propias autoridades han reconocido que las empresas aéreas son un instrumento del Estado para impulsar, ordenar y conducir el desarrollo del sector aéreo nacional; de ahí que los criterios para calificar la actividad de la empresa deban responder a consideraciones de carácter social y político, no de otro orden, y desde luego, menos que en ningún otro orden comercial.

Se señala incluso que la creación de esta estructura operativa respondería, dicen, a las necesidades de la conducción del desarrollo económico regional, más que a la creación de una eficiente empresa comercial.

Estos son los criterios establecidos, pero ahora es realmente sorprendente el que, a pesar de que se considere a esta empresa como estratégica, se pretenda su quiebra y posible transferencia al sector

privado. Sorprende no únicamente por la premura de la decisión, sino también por las implicaciones políticas que tal medida conlleva.

En cuanto a la premura, podemos señalar que a pesar de la difícil situación financiera de la empresa, pérdida neta de 38 mil millones de pesos en 1986, en el presupuesto de 1988, sigan destinándose recursos a esa entidad y se plantee impulsar la modernización de la infraestructura, continuar con sus programas de obra y adquisiciones de equipo, además de los apoyos para la capitalización que fundaría el gobierno federal.

Todo lo anterior, a fin de asegurar la operación eficiente y el mantenimiento adecuado de la flota.

Por otro lado, la declaración de quiebra bien podría haber sido presentada en ocasiones anteriores, cuando el gobierno federal se dio cuenta de la incosteabilidad de la empresa, pero en el momento en que se realiza tal declaración, nos hace meditar sobre el verdadero origen y finalidad del proceso.

Es necesario subrayar que la actividad del Estado o de algunas de sus empresas, no puede ser calificada con criterios estrictamente contables, sino principalmente de carácter social y político, sobre todo tratándose de empresas estratégicas como es esta empresa aérea.

La política económica instrumentada por el gobierno federal en los últimos cinco años, parece estar fuertemente influida por las concepciones empresariales que culpan al déficit público y a las empresas deficitarias de ese sector, de los graves desequilibrios de la economía y, sobre todo, del proceso inflacionario.

La propias representación patronal, Coparmex, ha considerado como un triunfo la política contraccionista del Estado y como una medida sana la liquidación de empresas como Aeroméxico, que requieren de financiamiento gubernamental para mantener su actividad.

En este sentido, es urgente replantear el término de "estratégico" y el fin social de la política gubernamental. No es posible caer en simplismos que hagan parecer al costo deficitario del gobierno como la causa de todos los males; hay que recordar que ese gasto tiene un sentido social, que las empresas privadas nunca podrán retomar ese sentido.

Además, por otro lado, es vital señalar que la separación del gobierno de esta actividad, es un grave retroceso, ya que se rezaga el papel rector del Estado en el aspecto económico y se abren las puertas al sector privado.

No es posible utilizar instrumentos puramente de carácter contable, para desmantelar una actividad fundamental en la que debe participar el Estado, y mucho menos utilizarlos por golpear al movimiento sindical, que por lo menos hasta la fecha, ha mantenido una posición conciliadora, pretendiendo a toda costa mantener abierta la fuente de trabajo y defender parte del patrimonio nacional, concretado en esta entidad pública.

El estallamiento de huelga de Aeroméxico, fue el último recurso de los trabajadores para evitar el desmantelamiento de la empresa. Previamente, en defensa de su fuente de trabajo y de la propia empresa, los tres sindicatos habían planteado una serie de propuestas para enfrentar la situación de la paraestatal; estas propuestas estaban encaminadas a impedir que se entregara a manos privadas una parte del patrimonio nacional y a evitar que Aeroméxico descapitalizara y malbaratara sus bienes de capital.

Tales propuestas no fueron tomadas en cuenta por las autoridades, desechando la oferta de compra de ocho aviones por parte de los pilotos aviadores.

Hace unos días, los trabajadores también propusieron la formación de un comité mixto en el que participaría el representante de los tres sindicatos de la empresa de las autoridades y del Congreso del Trabajo, para llegar a un arreglo sobre la estructuración de la empresa.

Ahora, los acontecimientos han tomado un curso distinto, ya que la empresa fue declarada en quiebra después de iniciada una huelga.

En el problema de Aeroméxico, la empresa ha tenido una actitud contradictoria e incongruente, ya que, por ejemplo, primero solicitó que la huelga fuera considerada inexistente por las autoridades laborales, y después pidió que se declarara a al empresa en quiebra, argumentando que el actual conflicto laboral y la suspensión de sus actividades por varios días, rompió, dice, su precario equilibrio económico y la posibilidad de seguir operando, y cancela en definitiva el compromiso financiero; esto es, los trabajadores son los culpables de que esta empresa no pueda seguir existiendo, considerando así la huelga como un factor que causó la crisis y la huelga de Aeroméxico.

Unos meses antes, el propio director de la empresa había señalado, como ya dijimos, en la Cámara de Diputados, el carácter estratégico del transporte aéreo y las medidas que se estaban tomando para sanear financieramente Aeroméxico y reestructurar su flota, reconociendo que los problemas de las empresa tenían solución.

Pero en el destino final de Aeroméxico no solamente es responsable la dirección de la empresa, sino el propio gobierno federal y más concretamente el Ejecutivo, que en su obsesión por el adelgazamiento del Estado quiere aprovechar un conflicto laboral para desaparecer una empresa más, no importándole de qué actividades se trate o la importancia estratégica de ésta.

Con actitudes así, este gobierno se deshizo de Fundidora Monterrey y de Uramex, pasando por encima de los derechos laborales y de un sinnúmero de orden técnico y político que planteaban soluciones distintas a las que finalmente se tomaron.

Hace un mes, el 17 de marzo de este año, ocupamos la tribuna de la Comisión Permanente, para referirnos a la situación de Aeroméxico y del grupo industrial Dina, otra de las víctimas de la privatización.

En aquella ocasión, argumentamos la importancia de que el Poder Legislativo no estuviera al margen de decisiones de esta naturaleza que afectan el destino de varios miles de mexicanos y que modifican el patrimonio nacional.

También señalamos la discrecionalidad con la que se maneja el Ejecutivo para decidir de repente qué empresa o actividad deja de ser prioritaria o estratégica, y sobre todo para vender empresas propiedad de la nación y sujetas a control presupuestal, sin discutirlo con nadie.

En esa ocasión, los diputados Gerardo Unzueta y Ricardo Pascoe, propusimos a esta asamblea un punto de acuerdo en el cual se solicitaba la comparecencia del director de Aeroméxico, Rogelio Gasca Neri, a fin de que explicara y fundamentara las razones y criterios que justificarían la venta de parte de la flota de la paraestatal, solicitando también que, mientras tanto, se suspendieran los trabajos en curso para la venta de los aviones.

¿Y qué pasó? Que las comisiones a las que fue turnada esta propuesta nunca se reunieron ni tuvieron una actitud sensible frente a la urgencia del problema.

Hoy, la situación es diferente, pues el conflicto se ha tornado más grave formando parte además de un proceso en el que el gobierno no vacila en demostrar su prisa por deshacerse de empresas estatales, aunque esto implique la virtual nulificación de los derechos laborales. Hoy, lo que está en discusión es, si en verdad el transporte aéreo es una actividad prioritaria; si se puede juzgar a una empresa estatal con los mismos criterios que a una empresa privada, y si es posible atropellar los derechos legítimos de los trabajadores, y aún más, si es posible pasar por encima de la legislación.

Por lo tanto, insistimos en que tienen que venir a informar cuanto antes, ésa es una cuestión de urgencia, sí tienen que venir a informar cuanto antes el Poder Legislativo, sobre la venta de las empresas, y en particular, sobre el caso de Aeroméxico.

Insistimos también en que la Comisión Permanente esté vigilante de que en el curso de este conflicto se respeten en todo momento los derechos de los trabajadores, lo que hasta el momento no se ha hecho.

Queremos referirnos también a lo relativo a la huelga en el caso de Aeroméxico. Por todos es sabido que la huelga en México es un derecho plasmado en la Constitución General de la República como garantía social. Al estar enmarcada en el artículo 123 constitucional así como en la Ley Federal del Trabajo, se considera este instrumento, la huelga, de orden público e imperativo.

Tanto la Constitución como la legislación laboral, son el único marco aplicable a los conflictos obrero - patronales. Ese marco jurídico establece los requisitos de fondo y de forma, así como las causas de terminación de una huelga.

Una vez cumplidos estos requisitos, la huelga no puede terminar, excepto por las causas que señala el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo:

Uno. Por acuerdo entre las partes.

Dos. Allanamiento del patrón.

Tres. Por laudo arbitral.

Cuatro. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Si bien la propia ley del trabajo establece una fórmula para dar por terminadas las relaciones colectivas de trabajo, a través de los demás conflictos de naturaleza económica, previo procedimiento seguido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el artículo 903 de la ley laboral señala expresamente que, una vez estallada una huelga, se suspende la tramitación de los conflictos de naturaleza económica pendientes en la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como las solicitudes que se presenten.

Por otra parte, el artículo 924 señala que a partir de la notificación del plazo de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda

ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá pactarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, sin secuestrar bienes del local en que se encuentren instaladas.

De lo anterior se desprende que el Constituyente primero y el legislador después, han establecido un marco jurídico laboral, donde se contempla de manera precisa, la preeminencia del respeto al derecho constitucional de huelga por encima de cualquier otro procedimiento o conflicto jurídico, ya sea de orden laboral o de cualquiera otra materia.

En el caso de Aeroméxico tenemos un conflicto obrero - patronal, el ejercido por parte de los trabajadores, donde se cumple con los requisitos de fondo y de forma.

No hay tramitación pendiente de conflictos de naturaleza económica y si existieran se suspenderían o no se les daría entrada de acuerdo al artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo.

Entonces en este caso se pretende inconstitucionalmente y al margen del marco jurídico aplicable al conflicto obrero - patronal presentado, afectar el derecho constitucional de huelga sin dar por terminada la relación colectiva de trabajo, con un procedimiento establecido en la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos, la cual conoce de conflictos considerados de derecho privado.

Además de la incongruencia de afectar normas de derecho público y de interés social a través de normas de derecho privado, no aplicables a los conflictos obrero - patronales, se pretende dar por terminada una relación colectiva de trabajo cuando existe un conflicto de huelga no resuelto, que es violatorio desde todos los puntos de vista de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución.

En síntesis, la declaración de quiebra por afectar el derecho de huelga y las relaciones colectivas de trabajo, no sólo es improcedente jurídicamente, sino inconstitucional y violatorio de los derechos individuales y sociales.

En relación con todo lo anterior y haciendo uso de las facultades otorgadas en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos que la presidencia de esta Comisión Permanente turne a las comisiones de comunicaciones y Transportes y Trabajo y Previsión Social de la Cámara de diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Citar al C. Daniel Díaz Díaz, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que comparezca a la brevedad posible ante las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Comunicaciones y Transportes de la Cámara de diputados, a fin de que explique y fundamente las razones políticas, económicas y jurídicas, que motivaron la solicitud de declaración de quiebra de Aeronaves de México y la inminente privatización del Transporte aéreo nacional.

Y en lo que se refiere a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerde instruir a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que interponga sus buenos oficios en el conflicto laboral de Aeroméxico y para que vigile que en el curso del mismo se respeten en todo momento los derechos de los trabajadores."

Consideramos que ambas proposiciones que coinciden en buena parte con las proposiciones presentadas por el compañero Morquecho, deben ser tramitadas de manera urgente. El conflicto es extraordinariamente grave, es éste un momento en que nosotros debemos tomar decisiones, en que es indispensable que los órganos de la Cámara de Diputados ejerzan su función, que dejen de estar durmiendo el sueño de los justos, que participen, que actúen, que intervengan en esto que es una de las cuestiones urgentes de este país; es enfrentar el problema de la privatización de una empresa estratégica y en segundo lugar el problema que podía ser también en primer lugar, el problema de afectación a los derechos laborales de los trabajadores. Muchas gracias.

Dejo en manos de la secretaría las propuestas que pueden ser votadas junto con las que presentó el compañero Morquecho.

El C. Presidente: - Para tratar el mismo asunto, tiene la palabra el señor diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.

El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente: Por principio, considero, desde el punto de vista aceptable, las solicitudes presentadas tanto por el diputado Morquecho, como por el diputado Gerardo Unzueta, respecto a la comparecencia de los funcionarios citados para que den una amplia explicación sobre la situación que prevalece en

este hecho de Aeroméxico y aparte referirme a que lo que estamos confirmando es que la quiebra económica es una realidad avalada año tras año por los subsidios irresponsables que se le entregaban a esa empresa paraestatal. Y que con el estado de nuestra economía, fundamentalmente en los momentos que vivimos, con una crisis agobiante, esas transferencias ruinosas no se pueden repetir. Aeroméxico es el resultado de no hacerle caso al dicho de: "zapatero a tus zapatos".

La compañía Mexicana de Aviación, por otra parte, ha perdido menos que Aeroméxico; desde luego porque tiene menos tiempo como empresa paraestatal y consecuentemente Aeroméxico arrastraba un mayor lastre de burocratismo, término que sabemos en nuestro país se utiliza para señalar los rasgos de ineficiencia y de improductividad.

La causa primaria de esta quiebra, se debe a la mala administración y a la corrupción acumulada por lustros. O dígase si no es atribuible a la mala administración el que en la nómina de Aeroméxico figuraran personas que no se presentaban a trabajar, algunos ex funcionarios que no tenían ninguna relación de trabajo con Aeroméxico, como se ha venido publicando y que en este caso solamente quiero referirme a uno, al nombre de Augusto Gómez Villanueva.

Y por otra parte, si no es producto de la mala administración y de la corrupción, la actitud de la empresa de conceder boletos permanentes, libres de costo, para que fuesen utilizados por algunas personas cuantas veces quisiesen, todo esto frente al hecho que se presentó recientemente, a la actitud radical que se le atribuye a los sindicalizados, consideramos nosotros que esto desempeña o juega un papel secundario pero que de alguna manera se quiere tomar como la gota que derramó el vaso, porque la empresa de Aeroméxico ya estaba quebrada no de ahora, de antes. Pero ya que se ha dictado la quiebra, frente a este hecho, el Partido Demócrata Mexicano, ha reclamado que en este proceso se respeten los derechos, razones por las que debe diversificarse la propiedad de estos entes económicos, de tal manera que se permita la congestión de los trabajadores respondiendo así a una planificación democrática de la economía en la que concurran la voluntad y las decisiones de los agentes que concurren o que intervienen en la estructura de un a empresa o una unidad de trabajo o de producción.

Abundando en esto, nosotros hemos considerado que toda empresa debe ser reconocida en su naturaleza de comunidad de personas y por tanto los que intervienen en ella, trabajadores como inversionistas, deben recibir por su aportación, capital o trabajo, lo que en justicia corresponde, además de la facultad de co - decidir en ella, de participar en las decisiones de la empresa.

Esto último es lo que reclama la necesidad de transformar su estructura mediante lo que conocemos como la empresa comunitaria.

Finalmente, de la consideración del hecho que estamos presenciando con el problema de Aeroméxico, debe servirnos de lección para que el pueblo de México, no vuelva a cargar con las consecuencias de una pretensión de acumulación de empresas con el pretexto de la rectoría económica del Estado. Aclaro, ésta debe existir, nosotros la defendemos, la intervención del Estado en la actividad económica, pero especialmente y esto en términos de supletoria, sobre todo en aquellas áreas en que los particulares no sean garantía del pleno desarrollo del país o de las áreas económicas que se les encomiendan.

Y no debemos olvidar que dentro del rubro de particulares están los trabajadores y todos los agentes que concurren dentro de la conformación de una empresa. Este es el problema que ha sido tema de discusión durante los últimos años, y forzosamente, de acuerdo al giro que se está presentando con el caso de Aeroméxico, creemos nosotros que la salida para el enfrentamiento o el tratamiento de las empresas que todavía tiene en su poder el gobierno, el Estado, tendrá que cambiarse su diseño haciendo participar en ellas a todos los trabajadores bajo los términos que se han venido planteando. Esto si queremos evitar la existencia de un crecimiento desmesurado de las fuerzas del capital, o por otro lado de la fuerza del Estado con el manejo de la acumulación de empresas. Muchas gracias.

El C. Presidente: - Existen, señores legisladores, tres puntos de acuerdo similares, de manera que, cumpliendo con las disposiciones de nuestro reglamento en vigor, voy a rogar a la secretaría tenga la amabilidad de someter a la consideración de la asamblea el primero punto de acuerdo que está suscrito por el señor diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista y don Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Consulte si se admite o no a discusión el punto de acuerdo.

La C. diputada secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo presentado por lo diputados Héctor Morquecho y Jorge Amador.

Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Admitido, señor presidente.

El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Consulte a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo...

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana (desde su curul): - Señor presidente: En lo que se refiere al primer punto de acuerdo, yo creo que podemos hacer que se desista a la consideración. Pero en el segundo punto de acuerdo, sí pediría que se hiciese.

El C. Presidente: - Perfecto. Con la aclaración que ha hecho el señor diputado Unzueta Lorenzana, se desiste de someter a la consideración el punto de acuerdo relacionado con la presencia del señor secretario de Comunicaciones y Transportes. De tal manera que así se hará constar.

Y entonces, someta a la consideración de la asamblea el segundo punto de acuerdo, que se relaciona con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, en relación con el problema laboral de Aeroméxico.

La C. diputada secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo presentado por el diputado Gerardo Unzueta.

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Aceptada, señor presidente.

El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados.

CONDENA SOBRE TERRORISMO

El C. Presidente: - Para asunto diverso el señor diputado Héctor Morquecho.

El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros legisladores: Es un punto de acuerdo para la condena al terrorismo internacional. Las fundamentaciones son las siguientes: Como sabemos, compañeros legisladores, la semana pasada en un atentado terrorista fue muerto un dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, Jalil Alguasir, que tiene como nombre de combate Agusiar. Esta acción terrorista perpetrada por los agentes del sionismo internacional promovido y al amparo de la Central de Inteligencia Norteamericana, ha venido a despertar la inquietud la opinión mundial en cuanto a estas acciones terroristas promovidas fundamentalmente por el imperialismo norteamericano.

Quiero recordar que el terrorismo yanqui llevó su acción hacia Libia para asesinar a Mohamar Kadhafi. Este mismo terrorismo llevó sus acciones también en contra del pueblo y del gobierno de Granada. Recientemente los terroristas norteamericanos han realizado ataques sobre las plataformas de Irán. Los terroristas yanquis, hace algún tiempo intentaron asesinar al comandante Fidel Castro, jefe del gobierno Cubano; es decir, la política terrorista, particularmente en esta última administración del presidente Ronald Reagan, ha establecido como política de estado el terrorismo atentando en contra de regímenes progresistas, en contra de los pueblos, en contra de jefes de Estado que encabezan la lucha de sus pueblos por la emancipación de su país.

Cada vez más se multiplican las denuncias, los pronunciamientos de intelectuales, de personalidades, políticas de dirigentes sindicales, de partidos políticos en el contexto mundial, denunciando esta política terrorista del gobierno de Estados Unidos de América.

En esta virtud, en base a lo que he hecho referencia, tengo este punto de acuerdo que dice:

"Único: Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haga su más enérgica condena a los promotores del terrorismo, como arma política criminal y antisocial.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F. a 19 de abril de 1988.- Suscriben: diputado Jorge Amador Amador, del Partido del Frente Cardenista y diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista."

Dejo en la secretaría la propuesta.

El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Héctor Morquecho Rivera.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo presentado por los diputados Héctor Morquecho Rivera y Jorge Amador Amador.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Admitida, señor presidente.

El C. Presidente: - Túrnese a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para la atención que legalmente corresponda.

PROBLEMA LABORAL

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Unzueta, para tratar asuntos diversos.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Pido a la presidencia, con objeto de acelerar el trabajo de nuestra Comisión Permanente, que ya es bastante prolongado, que me permita exponer en una sola intervención dos cuestiones separadas pero que necesitan resolverse, a nuestro juicio.

El C. Presidente: - Con todo gusto, señor diputado.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - Hemos recibido de parte de los trabajadores de le embotelladora Garci - Crespo un texto dirigido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Este texto dice como sigue:

«Los suscritos somos comisionados por los más de 60 trabajadores despedidos injustificadamente de la embotelladora Garci - Crespo, ubicada en la ciudad de Tehuacán, Puebla, que venimos respetuosamente a solicitar su intervención a fin de que se exhorte a los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que ejecuten el laudo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de condenar a la empresa mencionada a reinstalarnos en el trabajo que veníamos desempeñando hasta antes del despido, y a la dirección sindical del Sindicato Cromista, (CROM), a pagar los salarios caídos por el lapso que duró el juicio laboral.

Esta solicitud la hacemos, preocupados, porque no obstante que ya son más de seis meses en que salió el laudo aludido, aún no se ha ejecutado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Para mayor comprensión del problema la exponemos el siguiente resumen:

A principios de 1984 la mayoría de los trabajadores que laboramos en Garci - Crespo, cansados de soportar por más de 30 años constantes violaciones a nuestros derechos laborales y sindicales, decidimos celebrar una asamblea sindical con el propósito de tomar acuerdos encaminados a solucionar nuestros problemas; así lo hicimos saber a los dirigentes sindicales que tenemos y que están afiliados a la Confederación Regional Obrera de México (CROM), quienes efectivamente realizaron la asamblea, sólo que en lugar de conducirla, buscando fórmulas para solucionar los problemas, la usaron para amenazarnos con despedirnos si insistíamos en el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y la entrega de los estatutos sindicales que habíamos venido exigiendo sin eso.

Al ver que nuestros dirigentes sindicales no actuaban en base a nuestros derechos e intereses laborales, decidimos salirnos del Sindicato Cromista y afiliarnos al Sindicato Nacional Benito Juárez, afiliado a la (CROC), que de inmediato demandó la titularidad del contrato colectivo de trabajo por tener la mayoría de los trabajadores.

Las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, señalaron que debía definirse cuál de los sindicatos tenía la mayoría de los trabajadores a través de un recuento el cual se celebró en septiembre de 1984.

Los dirigentes nacionales de la (CROM), y los funcionarios de la empresa coludidos no esperaron el resultado del recuento sino que decidieron despedir masivamente a más de 40 trabajadores en el mes de agosto de 1984, y así en el mes de septiembre del mismo año, con el propósito de impedir la pérdida del contrato colectivo de trabajo, lo hicieron arguyendo la aplicación de la anticonstitucional cláusula de exclusión, sin ni siquiera cumplir los trámites establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Por considerar injustificada la cláusula de exclusión, recurrimos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que definiera si había o no razón en el despido; ésta tardó más de dos años para emitir su juicio y lo más lamentable, lo dictó contrario a nuestros intereses, de manera incorrecta le dio la razón a los aplicadores de la cláusula de exclusión.

Después del golpe de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se recurrió al amparo ante la Suprema Corte, y ésta, en aproximadamente un año, dictaminó que teníamos razón, tuvieron que pasar más de tres años para que la justicia laboral considerara como pronta y expedita nos diera la razón, ésta llegó en octubre de 1987. En cuanto

conocimos el laudo de la más alta autoridad en materia laboral que existe en nuestro país, solicitamos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ejecutara la reinstalación y ésta se fijó para el pasado 8 de enero, a las 12 horas del día.

Este día, sucedió un hecho del todo condenable, pues la presidente de la junta especial número 16 de la Federal del Trabajo, licenciada María Eugenia del Campo Carballo, encargada de tramitar la reinstalación, nos informó que el expediente estaba extraviado, impidiendo así la acción de la justicia.

A la par que expusimos la queja contra la irresponsable funcionaria, exigimos nueva fecha de reinstalación, y ésta se nos dio para el 12 de abril a las 12:00 horas del día. Confiando aún en la justicia laboral, acudimos a las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para trasladar a los funcionarios que asistirían al lugar de la reinstalación, pero sucedió que el actuario que daría fe a la ejecución del laudo, dejó dicho que estaba enfermo y al solicitar otro actuario, se nos informó que no se podía, porque los expedientes los traía el enfermo y al preguntar en qué lugar estaba siendo atendido, ni sus familiares lo sabían.

Ciudadanos senadores y diputados federales: Por todo lo anterior, y dado que ya se nos dijo por parte del licenciado Pino de la Rosa, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que el próximo viernes 22 de abril del presente año, ahora sí se nos hará justicia, les pedimos su intervención para:

1. Exhortar a las autoridades laborales la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cumplan con el mandato de la Suprema Corte de Justicia;

2. Que los recursos de queja que hemos hecho contra los funcionarios responsables de estas anomalías, se les castigue conforme lo manda la ley correspondiente, y

3. Que se les recomiende a los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que eviten cualquier tipo de violencia que presumiblemente se puede dar antes, en el momento o después de la reinstalación.

Por último, los invitamos a que esté con nosotros una comisión de ustedes el próximo 22 de abril a las 14:00 horas, en el empresa mencionada.

Firman: Eufemio Cruz Mendoza, Abel Alcántara Vázquez, Lucio Rivera Rodríguez, José Martínez Solano, Mario Correa González.»

Con base en lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Turnar la presente denuncia a los trabajadores despedidos de la embotelladora Garci - Crespo a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para que de la manera más atenta, se dirijan a las autoridades laborales de la Junta de Conciliación y Arbitraje para la solución favorable del conflicto mencionado.

Atentamente.

Por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.»

El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta si hay oradores en pro o en contra... No habiéndolo, consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Gerardo Unzueta.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo presentado por el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación.)

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor presidente.

El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de la H. Cámara de Diputados.

CIUDADANOS GUATEMALTECOS

El C. Presidente: - Continúe, señor diputado.

El C. diputado Gerardo Unzueta Lorenzana: - En la sesión pasada de nuestra Comisión Permanente, fue aprobado un punto de acuerdo que presentó el diputado Héctor Morquecho Rivera y que yo también firmaba, y que decía lo siguiente:

«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se

pronuncia por el derecho de los ciudadanos guatemaltecos que han estado exiliados de su patria, de retomar a fin de incorporarse a la lucha política en su país. Expresamos el deseo de que el anunciado retorno de los ciudadanos Rolando Castillo Montalvo, Rigoberta Minchú y Frank Rafael de la Roe, se realice sin contratiempo alguno, gozando de sus plenos derechos ciudadanos en correspondencia con el espíritu formulado en los acuerdos de los cinco presidentes centroamericanos en Esquipulas II."

El día de ayer, llegaron a Guatemala los ciudadanos doctor Rolando Castillo y Rigoberta Minchú. En ocasión de su llegada, se concentró una fuerza policiaca y militar muy fuerte, muy potente, para impedir la llegada de estos dos ciudadanos.

Estos ciudadanos guatemaltecos iban acompañados por una delegación internacional que estaba compuesta por diputados del parlamento europeo, por representantes de partidos políticos, por una delegación de los asistentes al Congreso Americano de ministros religiosos, y un diputado mexicano: Alejandro Encinas.

Los dos ciudadanos guatemaltecos Rolando Castillo y Rigoberta Minchú, fueron aprehendidos con violencia, los integrantes de la delegación internacional fueron igualmente atacados, fueron detenidos y llevados a una dependencia gubernamental, tanto Rolando Castillo como Rigoberta Minchú.

Durante el día se produjeron múltiples gestiones de parte de la delegación internacional y de algunos representantes centroamericanos, guatemaltecos en particular, ante jueces que finalmente determinaron la libertad de estas dos personas. Salieron libres, pero lo que ocurre hoy es que hay una gran tensión en Guatemala, en la capital de Guatemala. No hay ninguna garantía para estos dos guatemaltecos e incluso, no hay garantías para la delegación internacional.

Una prueba de ello es que anoche estalló una granada en las oficinas de la compañía Mexicana de Aviación, que fue la que los trasladó hasta Guatemala, lo que da cuenta de la disposición que tiene grupos paramilitares, particularmente el conocido como "Mano Blanca", para atentar contra la vida de los guatemaltecos que llegan en estas condiciones.

Por todo lo anterior, nos permitimos presentar a ustedes una solicitud dirigida al parlamento guatemalteco, para demandar garantías a la seguridad de los guatemaltecos que regresan a su patria y de la delegación internacional que los acompañe durante su estancia en ese país.

Nos basamos para ello, en el acuerdo adoptado el martes pasado, en el cual manifestábamos nuestro interés porque la estancia, la reincorporación a la vida de su país de estos guatemaltecos, se realizara en las mejores condiciones.

Por ello es que presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda dirigirse al parlamento guatemalteco, para solicitarle garantías a la seguridad de los guatemaltecos que regresan a su patria y de la delegación internacional que los acompaña, durante su estancia de esta delegación en este país.

Atentamente.

Por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, Gerardo Unzueta Lorenzana.»

Dejo a la secretaría el texto del punto de acuerdo propuesto.

El C. Presidente: - ¿Oradores en pro o en contra?...

No habiéndolo, consulte la secretaría si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se consulta a la asamblea si admite o no a discusión el punto de acuerdo presentado por el diputado Gerardo Unzueta.

Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Aceptada, señor presidente.

El C. Presidente - Túrnese a la segunda Comisión de la Comisión permanente del Congreso de la Unión para la atención que legalmente corresponda.

PRONUNCIAMIENTO

El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El C. diputado Jorge Amador Amador: - Ciudadano presidente; compañeros legisladores: Solamente para proponer un punto de acuerdo a esta honorable representación nacional:

Después de haber permanecido 12 años de exilio forzoso, el ex canciller chileno, doctor Clodomiro Almeida decidió ingresar a su país el 24 de marzo de 1987, para ponerse a disposición de los tribunales a efecto de enfrentar diversos cargos acumulados en su contra por el gobierno militar chileno y recuperar así el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Desde entonces se encuentra privado de su libertad, con base en diversas disposiciones punitivas y condenado a 10 años de privación de sus derechos civiles y políticos, lo que significa la prohibición de ejercer cargos públicos, el ejercicio docente y periodístico, así como desempeñar cargos de representación gremial, profesional o políticos, y emitir opiniones por cualquier medio de difusión, con grave sanción para quienes la divulguen.

Las inhabilidades impuestas por el Tribunal Constitucional de ese país al doctor Clodomiro Almeida, provienen como queda de manifiesto, de la vigencia de un falso orden constitucional, ilegítimo desde su origen, ya que fueron impuestas a través de un mecanismo fraudulento. En este caso no existió posibilidad alguna de que el tribunal de referencia, por su naturaleza y composición, actuara con objetividad, independencia y rigor jurídico. Elementos esenciales de la doctrina procesal contemporánea, en la cual se fundamentan los instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 10, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Chile, revocó la pena de 541 días de cárcel impuesta al excanciller chileno, acusado de apología de la violencia, con lo que repara, parcialmente, dicho fallo, ya que ordena que el caso sea revisado y sancionado nuevamente, lo que evidencia el carácter político del juicio.

Ante esta situación, y con fundamento en el artículo 58, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el respaldo de todos los legisladores miembros de este representación nacional presentes en esta sesión, propongo el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se pronuncia por el derecho inalienable del ex canciller chileno Clodomiro Almeida, a vivir libremente en su país, como lo establece el derecho internacional.

Repudio a los procesos y sanciones punitivas impuestas a su persona, por una legislación de carácter totalitario, que condena al ciudadano en razón de su pensamiento, y demanda inmediata libertad.

México, D.F., 19 de abril de 1988.»

El C. Presidente: - Toda vez que el pronunciamiento de referencia se encuentra suscrito por todos los legisladores que integran esta honorable comisión, en los términos del artículo 21 del Reglamento en vigor, cúmplase.

EFEMÉRIDES

DÍA DEL INDIO PANAMERICANO

El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor senador Artemio Caamal Hernández.

El C. senador Artemio Caamal Hernández: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea legislativa: Diecinueve de abril día del Indio Panamericano, marco y fecha propicia para reflexionar en el mal llamado descubrimiento de América, como si este continente hubiese nacido un 12 de octubre de 1492. Extraña paradoja para los que han escrito, hablado y continúan expresándose en relación con este acontecimiento desde el punto de vista del mundo occidental.

Ante la historia, juez supremo de nuestro devenir, donde encontramos las raíces de nuestro nacionalismo e identidad, esta América ha existido mucho, mucho antes de 1492; como fácilmente se ha demostrado en las zonas arqueológicas que son la fuente fundamental de la sabiduría e inteligencia de las grandes culturas de este universo continental. Es decir, para los descendientes de los antiguos pobladores de estas tierras, no aceptamos que ninguna nación, como si fuese un trofeo, se autoatribuya el hecho histórico mal llamado "descubrimiento de América".

Más aún, no es raro que en algunas sociedades y hasta pueblos, utilicen el término de celebrar el V centenario del descubrimiento de América. Con esto no quiero ni pretendo que mi modesto criterio sea el único argumento para disentir con el punto de vista de algunos, muy respetables por cierto, hombres de letras; así como aceptar que se nos siga inculcando el concepto de madre patria.

Al respecto, no sólo debemos tener nuestras reservas, sino creo que debemos ser cautelosos en el manejo de estos criterios. No nos puede hablar

de madre patria la nación o la cultura que, como todos sabemos, cometió entre los legítimos dueños de este continente un etnocidio, sí, un injusto e incalificable etnocidio.

Todos sabemos lo que pasó en estas regiones después de 1492, fue la conquista y la invasión de nuestras tierras por medio de la espada y la cruz, fue el rompimiento de la armonía del mundo indígena, fue la persecución de la sabiduría, de la creatividad, de los valores, de las tradiciones filosóficas y culturales en general de grandes naciones que todavía en la actualidad no logramos recuperar o sobreponernos de esta invasión de que fuimos objeto.

Por esta razón, no debemos acoger con entusiasmo que la conquista para los pueblos de América sea una acción agradable. Conquista y descubrimiento son dos conceptos diferentes. La conquista se inició en 1492 y de alguna u otra manera, con otro nombre, con otras estrategias, algunas potencias continúan aún en ese siglo.

El descubrimiento tiene otro enfoque: no fue realizado, como se pretende, por ninguna nación europea. La realizaron las antiguas culturas entre las que sobresalen Mayas, Aztecas, Incas, etcétera, concepto que en mi particular forma de ver debe analizarse en forma serena a raíz de lo que han denominado "Conmemoración del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos".

Con esta perspectiva debemos meditar, analizar e investigar lo que nos dicen las crónicas y manuscritos de los verdaderos descubridores de América, donde la visión o la otra cara de la conquista no ha sido reflejada con mayor amplitud a la luz pública. En estas fuentes está la otra versión de la invasión y de la conquista, y no del descubrimiento de América; con este enfoque debemos revisar nuestra historia, no con el fin de quitar cicatrices de nuestro ser indígena o mestizo, sino para que con sentido crítico, los testimonios escritos por hombres y en lenguas del viejo mundo ocupen la dimensión que les corresponde en relación con los cronistas étnicos que en sus códices nos legaron su propia visión.

En este contexto, permítanme citar lo que dicen los Mayas en sus testimonios conocidos con el nombre de "Chilam Balam de Chumayel": "Los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero éste fue el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, despojos; del principio de la esclavitud y de las deudas pegadas a las espaldas".

Los Aztecas por su parte citan: "Déjennos ya pues morir, déjennos ya pErecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto".

En el marco del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, que no logramos entender cabalmente con toda claridad, porque esto será hasta el año de 1992, no podemos conmemorar con bombo y platillo un día que para los descendientes de los antiguos pobladores de América, es un día de luto, es un día que trae hasta nuestra memoria la matanza de Cholula, la del Templo Mayor; crímenes, abusos y sangre derramada, incluyendo el tormento a Cuauhtémoc.

Conmemorar el V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, significa para nosotros, los descendientes de estos grupos indígenas, destrucción y muerte, inicio de marginación social, ultraje, etnocidio, dolor y quebranto.

Por esta razón, creo que es más importante que enfoquemos a partir de hoy, 19 de abril, día del Indio Panamericano, todos, desde la medida de nuestra fuerza y desde la trinchera en que nos encontremos, la situación política, económica, social y cultural de los grupos de toda América.

Cierto es, han dejado de sonar los caracoles, los tuncules, los teponascles y chirimías; han enterrado el arco, la flecha, la honda, la lanza y el escudo, pero la espada y la cruz convertida en poder, sus consecuencias y sus efectos, son de tal magnitud y peligro que se reflejan en los modernos enfrentamientos que hacen temblar a la humanidad ante el peligro de una guerra nuclear que nos llevaría simplemente a una hecatombe.

Hoy, que las naciones de este continente, por circunstancias políticas, económicas, socio - culturales, atraviesan por una serie de desacuerdos, debemos, como integrantes del universo continental, luchar por todos los medios posibles por una mayor cooperación, un mayor acercamiento y un supremo esfuerzo para lograr un mejor entendimiento entre todas las naciones, en forma especial y con prioridad, en los países latinoamericanos.

Lo que debemos pugnar en acciones y empresas que de una u otra manera contribuyen a vigorizar la conciencia histórica de nuestros pueblos y fortalecer nuestra autodeterminación, identidad y soberanía.

Por esta razón, hoy, 19 de abril día del Indio Panamericano, desde esta tribuna de la nación, máximo foro del pueblo mexicano, demandamos un mayor compromiso y un mayor esfuerzo del Estado para los 56 grupos étnicos del país, a fin de que nuestra participación sea determinante en la construcción de nuestro destino, porque nunca hubo conquista, porque nunca hubo "Descubrimiento de América", existió, existe el encuentro

de dos mundos, de dos razas, Muchas gracias. (Aplausos.)

ORDEN DEL DÍA

El C. Presidente: - Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.

La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente.- Tercer Receso de la LIII Legislatura.

Orden del día

26 de abril de 1988.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Solicitud de particular

Del C. Héctor Dávalos Henríquez, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Dominicana.

Dictámenes de primera lectura

De la Tercera Comisión, relativo a la solicitud de permiso para que el C. Abraham Talavera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Diplomática Antonio José de Irizarri en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Guatemala.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso para que la C. Ernestina Elidee Téllez Meinecke, pueda prestar servicios en la Embajada británica en México.

Dictámenes a discusión

Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los CC. Apolinar Castillo Ferrera, Carlo Ponce Partida, Fernando Bejarano Gómez, Josué Fuentes Pérez, y Francisco René Pedraza Longi.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Ignacio García Villaseñor, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Finlandia en Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. José Celso Hernández Moreno, para prestar servicios en la Embajada de la República de Francia en México.

Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»

El C. Presidente (a las 16:55 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 26 de abril a las 11:00 horas.

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