Legislatura LIII - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19880726 - Número de Diario 31
(L53A3PcpN031F19880726.xml)Núm. Diario:31ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Nicolás Reynés Berezaluce
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
AÑO III México, D.F., martes 26 de julio de 1988 NÚM. 31
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
Relación de legisladores asistentes.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, al CLXXVII aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla, el día 30 de julio. Se nombra Comisión.
COMUNICACIONES
De la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, que solicita autorización para que de acuerdo a lo establecido se desarrolle el informe de gobierno del próximo día primero de septiembre.
Debate el diputado Juan de Dios Castro Lozano y el senador Armando Trasviña Taylor. Se autoriza. Comuníquese.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que comunica la clausura de su primer período de sesiones.
De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
Solicitud de ratificación para el C. coronel de justicia militar Adolfo Alberto Guinart Avalos. Se recibe.
Se turna a la Segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel médico cirujano Abel Antonio. Ricardez Arenas. Se recibe.
Se turna a la Segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel de transmisiones Nicolás Sánchez Sosa. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel ingeniero en transmisiones militares Carlos Cortés Brizuela.
Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel intendente Anselmo Mendoza Valdivieso. Se recibe. Se turna a la segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel intendente Amado Julián Valencia Ramírez. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel intendente Eduardo Romero López. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
Solicitud de ratificación para el C. coronel intendente José Francisco Bribiesca Tinoco. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
CONDECORACIÓN
De la Tercera Comisión para que el C. Luis Alfredo Pacetti Cabuis acepte y use la que le confiere el gobierno de Italia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión para que la C. Claudia Jacqueline Guerrero Martínez, preste sus servicios en el América en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión para que los CC. María Judith Puentes Rodríguez, Eva Elizabeth Terrazas Iglesias.
María Guadalupe Tostado de Aragón, Elodia Carmona Ramírez, Natalia María Ruiz Galindo y Norma Talamantes de Mercado, presenten sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
Para el C. Elías Valladares Gómez.
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Para el C. César Jiménez López.
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo. 18 Para el C. José Enrique Ortega Iniestra. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Para el C. Salvador Ponce Ruiz.
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Para el C. Fernando José Millet Rodríguez.
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Para el C. Alberto Villarespe Martínez.
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
De la Tercera Comisión, para que la C. Perla María Carvalho de Plasa, acepte y use la que le confiere el gobierno de Bélgica. Aprobado.
Pasa el ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Tercera Comisión, para que el C. Florencio Aguilar Sanoja, acepte y use la que le confiere el gobierno de Venezuela. Aprobado.
Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, para que los CC. Julio César Carrillo Sánchez, Luis Alberto Campos González, Sergio Soto Tapia, Juana Rivera Alcántara, Raúl Emilio Castañón Palacio Y Margarita Olivia Arrieta Hernández, presenten sus servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN
PARA INTERVENCIONES
La presidencia la notifica a la asamblea.
TRABAJADORES
DE AGRICULTURA
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
El diputado Ricardo Pascoe Pierce, pregunta a la presidencia por el trámite que se ha seguido. La presidencia da respuesta.
El diputado Ricardo Pascoe Pierce, expone la situación que afrontan los trabajadores. La presidencia exhorta y conmina a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DEL JUICIO
POLÍTICO
El diputado Juan de Dios Castro Lozano expone hechos para que se lleve a cabo en contra de ministra
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En términos de Ley se acuerda que se acuerda que se proceda y y ejecute.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano, propone que en la próxima reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Justicia, se trate el asunto de la constructora
ODIN, S. A., contra Petróleos Mexicanos y el de trabajadores del Seguro Social. Se acepta.
PROBLEMAS AGRARIOS
El diputado Jorge Amador expone que se ha solucionado uno de los cuatro que propuso anteriormente y agrega un problema del estado de Puebla.
La presidencia le da respuesta.
CASAS DE BOLSA
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez narra anomalías y denuncias y propone cuatro puntos.
En apoyo al diputado Héctor Morquecho Rivera y Ricardo Pascoe Pierce. Se turna la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
CONDENA
A HOMICIDIOS
El diputado Roberto Calderón Tinoco propone punto de acuerdo por el homicidio de una periodista y dos personas más que la acompañaban.
Aprobado. Cúmplase.
CUARTEL MONCADA
El diputado Héctor Morquecho Rivera, hace efemérides sobre la Revolución Cubana en el aniversario del asalto al famoso cuartel cubano.
DE COLOMBIA
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez, propone punto de acuerdo por el buen desarrollo de los acuerdos que se celebren en Panamá por el bienestar de Colombia. Se admite.
Cúmplase.
PARTICIPACIÓN
DE LOS TRABAJADORES
ADQUIRIENDO ACCIONES
El diputado Juan de Dios Castro, presenta iniciativa que da derecho a los trabajadores sobre las empresas.
Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
PROCESO ELECTORAL
Los diputados Ricardo Pascoe Pierce y Alejandro Encinas Rodríguez comentan su desarrollo y estructura.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE
(Asistencia de dieciocho ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
Amador Amador, Jorge; Calderón Tinoco, Roberto; Castro Lozano, Juan de Dios; Dorantes Segovia, Luis José; Encinas Rodríguez, Alejandro; Flores Solano, Jorge; Hoyos de Navarrete, Myrna Esther; Jiménez González, David; Madero González, Francisco José; Maldonado Pereda, Juan; Martínez Corbalá, Gonzalo; Martínez Martín, Ramón; Mora Plancarte, Norberto; Morales Flores, Melquiades; Morquecho Rivera, Héctor; Muñoz Mosqueda Gilberto Ochoa Zaragoza, Rigoberto; Pascoe Pierce, Ricardo Andrés; Ramos Dávila, Yrene; Reyes Esparza, Diamantina; Reyes Medrano, Alfonso Reynés Berezaluce, Nicolás; Trasviña Taylor, Armando; Villanueva Sansores, Alberto E.; Zebge Sanén, Alfonso.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:35 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente.
- Tercer Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día 26 de julio de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXVII aniversario luctuoso de don Miguel Hidalgo y Costilla, tendrá lugar el sábado 30 de julio.
Comunicación de la gran comisión de la honorable Cámara de Diputados.
Comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Oficios de la Secretaría de Gobernación Ocho con los que remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Adolfo Alberto Guinart Avalos, Abel Antonio Ricardez Arenas, Nicolás Sánchez Sosa, Carlos Cortés Brizuela, Anselmo Mendoza Valdivieso, Amado Julián Valencia Ramírez, Eduardo Romero López y José Francisco Bribiesa Tinoco, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Alfredo Pacetti Cabuis, para aceptar y usar la condecoración de la orden al mérito de la República de Italia, en grado de Caballero Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Claudia Jacqueline Guerrero Martínez, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas María Judith Puentes Rodríguez, Eva Elizabeth Terrazas Iglesias, María Guadalupe Tostado de Aragón, Elodia Carmona Ramírez, Natalia María Ruiz Galindo y Norma Talamantes de Mercado, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dictámenes a discusión Seis de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Elías Vallardes Gómez, César Jiménez López, José Enrique Ortega Iniestra, Salvador Ponce Ruiz, Fernando José Millet Rodríguez y Alberto Villarespe Martínez.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el se concede permiso a la ciudadana Perla María Carvalho de Plasa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Florencio Aguilar Sanoja, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Naval de Primera Clase, que se le confiere el gobierno de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el se concede permiso a los ciudadanas Julio César Castillo Sánchez, Luis Alberto Campos González, Sergio Soto Tapia, Juana Rivera Alcántara, Ruiz Emilio Castañón Palacios y Margarita Olivia Arrieta Hernández, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior. «Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la unión, el día veinte de julio de mil novecientos ochenta y ocho.
Presidencia del C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce En la ciudad de México, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de julio de mil novecientos ochenta y ocho, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de veinticuatro legisladores.
Se da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior. El senador Gonzalo Martínez Corbalá solicita que se incluya en el Diario de los Debates el texto de las intervenciones de los señores legisladores y no nada más se haga mención de ellas. La presidencia aclara al señor senador que es costumbre que en el Diario de los Debates se incluya el texto íntegro de las intervenciones de todos los señores legisladores, tomándose nota de su solicitud. Con esta aclaración, se aprueba el acta.
La secretaría da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal para asistir al acto cívico que con motivo del sesenta y cinco aniversario luctuoso del general Francisco Villa, se llevará a cabo es esta ciudad. Para concurrir al mismo, se designa a la senadora Diamantina Reyes Esparza.
La secretaría da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Querétaro para asistir a la sesión solemne en la que el licenciado Marino Palacios Alcocer, gobernador constitucional de dicha entidad, rendirá su tercer informe de gobierno. Para concurrir a dicho evento, se designa a la senadora Silvia Hernández de Galindo y al diputado Melquiades Morales Flores. La secretaría da lectura a los siguientes oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno por el que se solicita permiso para que el señor Luis Alfredo Pacgetti Cabuis pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la república de Italia en grado de Caballero Oficial, que le confiere el gobierno de Italia. Se turna a la Tercera Comisión.
Siete con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Luis González y Gutiérrez, José Raymundo manzano Trovamala Figueroa, Ernesto Torres Contreras, Marcelino Sierra Macario, Rafael García Barbosa, Juan Ward Díaz y Valentín Romano López, para los efectos que señala la fracción VII del artículo 79 constitucional.
Se turna a la Segunda Comisión.
Dictámenes de primera lectura.
De la Tercera Comisión, con el proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la ciudadana Perla María Carvalho de Plasa para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica. Es de primera lectura.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor Florencio Aguilar Sanoja, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval de Primera Clase, que se confiere le gobierno de Venezuela.
Es de primera lectura.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor Javier Moya Ruiz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Es de primera lectura.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Julio César Carrillo Sánchez, Luis Alberto Campos González, Sergio Soto Tapia, Juana Rivera Alcántara, Raúl Emilio Castañón Palacio y Margarita Olivia Arrieta Hernández, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Es de primera lectura.
La secretaría de segunda lectura a seis dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se ratifican los grados militares otorgados por el Presidente de la República a los señores Norberto Manuel Hereida Jarero, Salvador Cienfuegos Zepeda, Marcos Ross Benítez , Ricardo Manuel Segundo Legaria Zaragoza, Alvaro Moreno Moreno y Gilberto Contreras Sin que ameriten discusión, se pone a votación de la asamblea los respectivos puntos de acuerdo, los cuales son aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para referirse a cuatro denuncias en materia agraria, que solicita sean turnadas a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. La primera denuncia se refiere al despojo de tierras que se dice han sufrido campesinos del municipio de Salvador Alvarado en el estado de Sinaloa; el segundo caso se refiere a un grupo de solicitantes de tierra del municipio de Xilotlán de los Dolores del estado de Jalisco; el tercer caso se refiere al problema de tierras que tienen campesinos del ejido de laguna de Guadalupe en el municipio de Ocampo, estado de Guanajuato con campesinos del ejido de Villa de Arriaga del municipio de San Luis Potosí; y la cuarta denuncia se relaciona con la unión de ejidos Lázaro Cárdenas, propietario de una planta despepitadora de algodón en el municipio de San Pedro de las colonias del estado de Coahuila.
La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se admite o no a discusión la petición del diputado Jorge Amador Amador Amador y admitida ésta, se turna a las consideraciones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para que en el seno de las mismas se determine lo que legalmente proceda.
Hace uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista, para referirse a la denuncia que se formuló sobre la manera en que operan las casas de bolsa, indicando que han recibido información que amplía la referida denuncia en especial por lo que se refiere a la casa denominada Operadora de Bolsa, S.A. de C.V., solicitando, con fundamento en todo lo anterior, que se emplace a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que a
más tardar el día 28 del mes en curso resuelva sobre la celebración de la reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público y también se formule una excitativa a dicha comisión para que resuelva sobre la propuesta de citar al presidente de la Comisión Nacional de Valores, licenciado patricio Ayala, anexándose los documentos que presentan al expediente respectivo. La presidencia acuerda: En atención a la solicitud del diputado Alejandro Encinas, esta presidencia emplaza a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que a más tardar el jueves 28 de julio resuelva sobre la celebración de la reunión, para tratar lo relacionado con la presencia del licenciado Gustavo Petriccioli, Secretario de Hacienda ; y con fundamento en la fracción XVI del artículo 28 del reglamento en vigor, se excita a la Comisión de Hacienda para que resuelva sobre la propuesta de citar al presidente la Comisión Nacional de Valores, licenciado Patricio Ayala, a fin de que informe sobre las denuncias penales y otras irregularidades en loa Casa de Bolsa: y se ordene a esta secretaría que remita la documentación que acompaña el señor diputado Alejandro Encinas a la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, hace uso de la palabra para dar lectura a una petición que le hace llegar un grupo de vecinos de Ciudad Renacimiento, municipio de Acapulco, Guerrero, en donde solicitan áreas verdes, jardines y parques infantiles y se evita el crecimiento anárquico de su comunidad. La presidencia acuerda: Túrnese a la Comisión de Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, la documentación que ha exhibido el señor diputado Héctor Moquecho Rivera. Hace uso de la tribuna el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, para referirse al problema que confrontan trabajadores de la sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quienes realizan una huelga de hambre en demanda del cumplimiento de diversas cuestiones laborales y presenta, a nombre de su partido, el Mexicano Socialista, y de los partidos Popular Socialista, Acción Nacional, Demócrata Mexicano, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del diputado Ricardo Pascoe Pierce, el siguiente punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por el inicio de las negociaciones entre las partes involucradas para la inmediata solución al conflicto laboral suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos, dada la gravedad del estado de salud de los trabajadores en huelga de hambre.
Para apoyar la propuesta anterior, hace uso de la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierece y para modificar su propuesta, a sugerencia de la presidencia de esta Comisión Permanente, hace uso de la palabra nuevamente el diputado Alejandro Encinas, quien a nombre propio y de los legisladores que suscribieron la primera, presenta una segunda propuesta en los siguientes términos:
"Túrnese la presente solicitud a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que ésta, dada la gravedad del asunto, interponga de inmediato sus buenos oficios para solución del conflicto." La presidencia hace algunas aclaraciones y señala que la última propuesta del diputado Encinas es la procedente, ya que esta comisión no tiene facultades para formular el pronunciamiento solicitado en primer término. La secretaría consulta a la asamblea si es de admitirse o no a discusión la segunda proposición del diputado Encinas y admitida ésta, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, en la inteligencia de que la primera propuesta queda sin efecto.
Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para hacer referencia a la denuncia que presentó ante la Secretaría de la Contraloría el señor ingeniero Juan José Islas Villalobos, a nombre de la empresa Odín Construcciones, S. A. de C. V., contra el director general de Petróleos Mexicanos y varios funcionarios de dicha paraestatal y de la cual el mismo legislador dio cuenta a esta comisión en días pasados, manifestando que a la misma no se le ha dado trámite alguno. Indica que tampoco la Cámara de Diputados ha resuelto la queja que también fue presentada a través de su Oficialía de Partes y, por todo ello, solicita que si no se tienen antecedentes, se recaben y se turnen de inmediato a las comisiones de Gobernación y de Justicia para que se aplique el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades.
La presidencia aclara que en cuanto se tuvo conocimiento de esta denuncia, se ordenó una investigación interviniendo para que de inmediato se turne a la Comisión de Justicia y a la de Gobernación y Puntos Constitucionales para que en el seno de las mismas se analice no solamente el fondo, sino también el procedimiento y los requisitos de procedibilidad.
Abierto el debate sobre el tema electoral, el diputados Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, se inconforma con el procedimiento que se sigue para inscribir a los legisladores que van haciendo uso de la palabra y el diputado Juan Maldonado Perceda, en su carácter
de vicepresidente de esta Comisión Permanente, la aclara el procedimiento que sigue para tal efecto. El diputado Castro Lozano manifiesta que solamente pide el procedimiento sea claro para el establecimiento de los turnos y la presidencia le aclara que todos los legisladores miembros de esta Comisión Permanente estuvieron de acuerdo desde el inicio de los trabajos, de la forma como se iba a ordenar el debate, lo cual así se ha venido haciendo.
Hace uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista, para referirse a un boletín de la Presidencia de la República en el que se hacen una serie de afirmaciones en torno al proceso electoral, calificado a dicha publicación como un acto más de irresponsabilidad que enturbia este proceso, puesto que pretende legitimar un supuesto triunfo de un candidato antes de los órganos competentes califiquen sus resultados y señala que su partido convoca al gobierno de la República para que se apegue a la legalidad y que todas aquellas irregularidades que están desahogando en los órganos electorales encuentren la votación y la voluntad política para superarlos democrática y legalmente.
Hace uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, señale que han estado llegando a nuestro país comunicaciones de diversos gobiernos, felicitando al Partido Revolucionario Institucional y a sus candidatos, indicando que se utiliza a funcionarios de las embajadas de México para sorprender a los gobiernos que emiten en este sentido felicitaciones al candidato supuestamente ganador y que un hecho que califica de grave es que el candidato del Partido Revolucionario Institucional se ostenta ya con el grado de presidente electo violando la fracción I del artículo 74 constitucional y propone, por tal motivo el siguiente punto de acuerdo: "Único. Que este honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión denuncie ante las autoridades competentes para que se proceda penalmente contra Carlos Salinas de Gortari, el cual se ostenta como presidente electo, toda vez que ese cargo sólo lo otorga la Cámara de Diputados, según el artículo 74, fracción I de la Constitución general de la República".
Hace uso de la palabra el diputado Melquiades Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, quien refiriéndose a la intervención del diputado Héctor Morquecho, señala que si algunos países han enviado felicitaciones al candidato triunfante están en su pleno derecho de hacerlo, indicando por otra parte que su partido rechaza la propuesta del diputado Morquecho, porque Carlos Salinas de Gortari en ningún momento se ha ostentado como presidente electo.
Para referirse a los comentarios del diputado Melquiades Morales, hace uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, insistiendo en que el boletín de la Presidencia de la República no se apega a la realidad y distorsiona el grave problema que se vive en cuanto a la calificación del proceso electoral.
También se refiere a los señalamientos del diputado Melquiades Morales, hace uso de la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierce, quien alude a los órganos que deberán de revisar las denuncias de irregularidades en más de doscientos cincuenta distritos electorales del país, indicando que aún que no existen los elementos para conformar un cuadro de legalidad triunfadora en los resultados electorales.
Hace uso de la palabra el diputado David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, quien formula algunos comentarios en torno a las intervenciones de los diputados Jorge Amador Amador, Alejandro Encinas Rodríguez y Héctor Morquecho Rivera, y da respuesta a interpelaciones que formulan tanto el diputado Ricardo Pascoe Pierce como el propio diputado Encinas Rodríguez.
El diputado priísta señala que no es válido afirmar que por haberse interpuesto doscientos cuarenta y cinco o más recursos de queja ha habido fraude en las elecciones, indicando que los resultados electorales fueron dados por la Comisión Federal Electoral y aceptados por todos los partidos a reserva de hacer uso de los derechos que establece el Código Federal Electoral, negando por otra parte que le licenciado Carlos Salinas de Gortari, candidato de su partido, se ostente como presidente electo, por lo que se manifiesta en contra del punto de acuerdo propuesto por el diputado Héctor Morquecho, invitando a los legisladores para que no adelanten juicios de lo que pueda suceder en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, rechazando finalmente los calificativos externados por el propio Héctor Morquecho, del Partido Popular Socialista.
Para alusiones personales, nuevamente hace uso de la tribuna el diputado Héctor Morquecho Rivera, quien vuelve a referirse al documento que ya se ha venido señalando proveniente de la Presidencia de la República y da respuesta a interpelaciones que formula el senador Francisco Madero González. Igualmente se refiere nuevamente a los mensajes de felicitación enviados por gobiernos extranjeros a Carlos Salinas de Gortari, en los que dice lo felicitan por su elección
como Presidente de México incurriendo, como ya lo ha señalado, en violaciones a la Constitución federal.
El diputado Alfonso Reyes Medrano, solicita al orador le informe en dónde el candidato priísta se ha ostentado como candidato electo y el diputado Morquecho responde que ello se puede desprender el boletín de la Presidencia y de la aceptación táctica de dicho candidato de lo que le dicen las embajadas a los gobiernos de otros países, ratificando por otra parte su propuesta original.
Para alusiones personales, hace uso de la palabra nuevamente el diputado Alejandro Encinas Rodríguez quien previa una aclaración que le formula el diputado David Jiménez González, manifiesta que en su concepto debe esperar a que se desahogue todo el proceso para tener resultados definitivos del mismo y nuevamente interviene el diputado Jiménez González para indicar al orador lo que señala el artículo 317 del Código Federal Electoral. La presidencia aclara que se discute una propuesta del Partido Popular Socialista y el orador formula una invitación a los legisladores priístas para que aclaren si el boletín a que se han venido refiriendo los diputados de los partidos ha respetado la autonomía de los órganos electorales.
Agotado el debate sobre este tema, la presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Héctor Morquecho Rivera, la cual es desechada por mayoría de votos, haciéndose constar que tanto el diputado Ricardo Pascoe Pierce como el diputado Alejandro Encinas Rodríguez se abstuvieron de emitir su voto, así como el diputado Juan de Dios Castro Lozano, el diputado Jorge Amador Amador y el diputado Roberto Calderón Tinoco.
Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien hace referencia a un desplegado que dice contiene la firma de la ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciada Irma Cué de Duarte, como secretaria de Acción Social y Cultura, de la Federación Nacional de Abogados al Servicio del Estado, en el que manifiesta su adhesión a candidato del Partido Revolucionario Institucional, violando con ello el artículo 101 constitucional. Después hace algunos comentarios en torno a las escasas atribuciones que tiene el Tribunal de lo Contencioso Electoral y califica al Colegio Electoral de arbitrario porque, dice, atenta contra todo principio de derecho manifestando su rechazo al principio en que se basa dicho órgano ya que nadie puede ser juez de su propia causa.
En el uso de la palabra el diputado Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, afirma que los resultados electorales que se dan como oficiales, no son definitivos y que el proceso de calificación será el que cuantifique y determine el alcance de ese daño al proceso electoral y a la libre expresión de la voluntad popular, formulando a continuación una serie de comentarios en torno a los resultados de las pasadas elecciones y la forma en que se llevaron a cabo las mismas, proponiendo con base en todo ello, el siguiente punto de acuerdo: "La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, llama a toda la ciudadanía y a los organismos electorales establecidos por la ley, a realizar el máximo esfuerzo para que en el proceso de calificación de las elecciones federales del 6 de julio, se salvaguarde la voluntad popular sobre la base de separar de los resultados oficiales, aquellos que provenga de casillas o distritos anulables por motivos y presunciones legalmente fundadas".
En apoyo de la propuesta anterior hace uso de la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierce. Y para oponerse a la misma, también hace de la palabra el senador Norberto Mora Plancarte, del Partido Revolucionario Institucional. Igualmente, hace uso de la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, para apoyar en nombre de su partido, el Demócrata Mexicano, el punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Amador Amador. El diputado Ricardo Pascoe Pierce hace uso de la palabra para referirse a los argumentos del senador Mora Plancarte y para solicitar que se lea nuevamente la propuesta a debate. También el diputado Alejandro Encinas solicita la lectura de dicha propuesta y la presidencia ordena a la secretaría que proceda en los términos solicitados.
Para alusiones personales, nuevamente hace uso de la palabra el senador Norberto Mora Plancarte, quien reitera su voto en contra.
El diputado Jorge Amador Amador hace uso de la palabra para reiterar que su propuesta no es absurda, sino que es impecable.
La presidencia solicita a la secretaría dar lectura al contenido de artículo 79 constitucional, para normar el criterio de la asamblea. Una vez efectuada dicha lectura, la secretaría procede a consultar a la asamblea, por instrucciones de la presidencia, si se acepta o no la propuesta formulada por el diputado Jorge Amador Amador, la cual es desechada por mayoría de votos.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.
A las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar el próximo día veintiséis de julio a las once horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobado, señor presidente.
INVITACIÓN
La misma C. Secretaría:
«Escudo.- Jefe del Departamento del Distrito Federal. - México, Distrito Federal, a 30 de junio de 1988.
C. diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación a la ceremonia cívica con motivo del CLXXVII aniversario luctuoso del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla (1753- 1811). tendrá lugar el próximo sábado 30 de julio a las 11:00 horas, en la explanada de la delegación Miguel Hidalgo, porque Lira y general Vicente Eguía, colonia Daniel Garza.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa honorable Comisión Permanente que usted dignamente preside.
Reitero a usted con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.»
El C. vicepresidente diputado Juan Maldonado Pereda:- Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: senador Norberto Mora Plancarte, diputado Melquiades Morales y diputado Alejandro Encinas.
COMUNICACIONES
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:
«México, Distrito Federal, 22 de julio de 1988.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
El artículo 69 de la Constitución General de la República, señala que el ciudadano jefe del Poder Ejecutivo Federal, deberá concurrir a la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, la cual ha de efectuarse el primero de septiembre y en ese acto, rendirá el informe que manifieste el estado que guarde la administración pública del país.
Por todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en artículo 61 párrafo 2o. de la Constitución, el artículo 12 párrafo 2o. de la Ley Orgánica del Congreso General, se solicite a la asamblea la autorización correspondiente para que, por el conducto legal adecuado, se invite al estado mayor presidencial a efecto de que colabore con los órganos de la administración interna de la Cámara de Diputados, en las tareas previas de logística y de seguridad que requiere el Palacio Legislativo para y durante el desarrollo de la sesión del Congreso General a que se hace referencia.
Atentamente.
Licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión: Juan Maldonado Pereda, secretario general de la Gran Comisión; Jorge Montúfar Araujo, secretario técnico de la Gran Comisión.»
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si autoriza para que por el conducto legal adecuado se invite al Estado Mayor Presidencial, a efecto de que colabore con los órganos de la administración interna de la Cámara de Diputados, en las tareas previas de logística y de seguridad que requiere Palacio Legislativo para y durante el desarrollo de la sesión del Congreso General, que tendrá lugar el primero de septiembre.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde se curul): - Señor presidente, antes de la votación quisiera intervenir.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: Voy a pedir a los señores legisladores miembros de esta Comisión Permanente, que no autorice en la forma y términos que se está planteando, la solicitud de que miembros del Estado Mayor Presidencial coadyuven en las labores de seguridad en relación con la presentación del informe de gobierno que deberá rendir el ciudadano Presidente de la República.
Las razones para que yo solicite esto es la dignidad y la independencia del Congreso; la Cámara
de Diputados cuenta con el personal se seguridad que en el número suficiente puede realizar la labor que se supone va a realizar el Estado mayor Presidencial.
La experiencia como legislador he tenido en los años anteriores, desde que fui miembro de la LI Legislatura y ahora como miembro de la LIII Legislatura, nos enseña que el Estado Mayor Presidencial se apodera de las instalaciones de la Cámara de Diputados; que el Estado Mayor Presidencial no, repito no, está a las órdenes del presidente del Congreso o del presidente de la Cámara en su momento; que el Estado Mayor se apodera a tal grado de las instalaciones de la Cámara, que incluso se ha llegado al extremo de impedir el acceso a los pasillos a los miembros del Congreso que acuden a la Cámara para escuchar el informe que rinde el Ejecutivo Federal.
Sí es insuficiente, repito, sí es insuficiente el personal de seguridad con que cuenta actualmente la Cámara para las labores que para ese día se requieren, que se contrate personal por parte de la Cámara de Diputados para realizar esas labores en el número y en la medida que se requiera para salvaguardar las labores de seguridad que con motivo de ese acto se necesitan. Pero que no invada el Estado Mayor Presidencial el recinto de la Cámara; que no quedemos como un poder subordinado al personal del Ejecutivo Federal, por la dignidad y por la independencia del Congreso. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ha solicitado el uso de la palabra el señor senador Armando Trasviña Taylor. Tiene usted la palabra, señor senador.
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Señor presidente; honorable asamblea: Yo quiero pedirle a mis compañeros miembros de la Comisión Permanente que acepten la propuesta que hacen los dirigentes de la Comisión Permanente para solicitar la presencia del Estado Mayor Presidencial.
El C. diputado Juan de Dios Casto Lozano (desde su curul): - Señor presidente: Atentamente le pido, antes de escuchar la argumentación del señor senador, si bondadosamente me acepta una interpelación.
El C. senador Antonio Trasviña Taylor: - En cuanto termine, señor diputado, con todo gusto.
Voy a presentar a ustedes las razones por las cuales estamos solicitando que se apruebe esta proposición:
En primer lugar, la solicitud que se hace para que participe, para que colabore el Estado Mayor Presidencial no es solamente para cuidar la persona del Ejecutivo de la Nación, sino para cuidar a los miembros del Poder Legislativo, a los miembros del Poder Judicial que intervienen en este acto político con su presencia, para custodiar la presencia del cuerpo diplomático que se invita, para preservar también la seguridad de los gobernadores y de los funcionarios públicos que son invitados a este relevante acto político y esto está señalado en al artículo 211 y 213 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Consecuentemente, la propuesta que se hace está fundamentada en el artículo denominado "de las galerías" y que señala el 211: "Los presidentes de las Cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, las que estará sujeta exclusivamente a las órdenes del presidente respectivo". Más concretamente, el artículo 213 se refiere cuando por cualquier circunstancia concurriere alguna guardia militar o de la policía al recinto de las cámaras, quedará bajo las órdenes exclusivas del presidente de cada una de ellas, y ya ocurrió un caso en que hubo incidentes sin la menor importancia, en que se evitó el acceso a un miembro de este Poder Legislativo y el señor presidente en aquella ocasión ordenó a la vigilancia militar del Estado Mayor que no estuviera obstruyendo el paso de los señores legisladores.
Por otra parte y por último, la Cámara de Diputados tiene 89 custodios que son vigilantes de los bienes inmuebles que pertenecen al Poder Legislativo y concretamente a la Cámara de Diputados, no es personal militar, es personal civil, no es personal entrenado es personal que ésta custodiando determinadas áreas del edificio y no tiene funciones ni facultades ni capacidad para intervenir en un momento para poner el orden en las galerías, para desalojar o para en última instancia intervenir en casos que afortunadamente no se han presentado.
Estas son las argumentaciones que yo quería presentar a ustedes, para que no haya ninguna objeción para poder aceptar la propuesta que hace la gran comisión.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores legisladores; señor senador: Para usted es un asunto de la menor importancia que el Estado Mayor Presidencial impida el acceso a los señores
legisladores o alguno de los legisladores, al recinto donde van a escuchar el informe del Ejecutivo Federal. Para usted es un incidente de la menor importancia; para mí, no.
Para mí es de gran importancia, y no como usted dice "de la menor importancia", que el Estado Mayor Presidencial impida el acceso a los señores legisladores, aunque sean uno de ellos. Y yo como legislador aunque fuera un legislador del Partido Revolucionario Institucional al que se le impedire el acceso, protestaría con la misma energía.
Y usted me da la razón. El Estado Mayor Presidencial requirió, dice usted, el año pasado en un incidente sin importancia, que le llamara la atención el presidente de la Cámara para poder rectificar su conducta.
Quiero señalarle, señor senador, que rectificó la conducta el Estado Mayor Presidencial, después de que reiteradamente miembros de la oposición lo solicitaron, y protestaron enérgicamente . Y no el año anterior; en todos los años.
Su argumentación ha atacado molinos de viento que no existen. Yo nunca dije que no estuviera fundado en el reglamento. La decisión de llamar personal y que este personal estuviera a las órdenes del presidente de la Cámara.
El reglamento lo leyó y lo dice, yo no le he negado, digo que por la experiencia no autorice en esta ocasión. Ahora, usted ha dado otro argumento.. Dice: "el personal de seguridad". Pues es un personal de la Cámara, su labor está destinada a la salvaguarda de los bienes. Bueno, sería discutible: pero vamos a dar esa hipótesis.
Dice: "Se requiere personal entrenado para desalojar las galerías". Bueno, es que usted no está acostumbrado, en el Senado no se acostumbran los debates intensos, y a veces el pueblo no acude al senado a escuchar esos debates que alguien dijo que se daban en el Senado de la República. Y no sabe que a veces hay problemas con las galerías y no se entera que el personal sí está capacitado para desalojarlas, prueba de ello es que ha habido varios debates en que el personal de seguridad de la Cámara, con la orden del presidente, ha desalojado las galerías. Y si lo pudo entonces, ¿porqué no lo va a poder ahora?
Pero aceptando en hipótesis lo que usted manifiesta, yo di el remedio, que la Cámara si estima, repito, si estima que no es suficiente el personal de seguridad con que cuenta, contrate personal, el que se requiere, para las labores de seguridad. Pero que lo contrate la Cámara, para que ese personal sienta y sintamos nosotros, que son empleados del Congreso. Y que salvaguarde la independencia, llamémosle, que por imprudencia del Estado mayor Presidencial se vulnera cada día primero de septiembre, y no digo cada día primero, desde el día 28, 29, 31, se apodera el Estado Mayor Presidencial de las instalaciones de la Cámara.
Usted no se de cuenta, el Senado está muy lejos, y a veces no se enteren de lo que ocurre en la Cámara; pero nosotros que no solamente lo hemos visto, que lo hemos sentido y padecido, protestamos.
Y pedimos que por esta vez se tome una medida distinta. No que no se salvaguarde la seguridad del recinto, pero que sea la Cámara, en uso de su independencia, la que tenga el personal necesario. Del trayecto del Palacio Nacional al recinto del Congreso, ahí sí, que el Estado Mayor Presidencial salvaguarde la integridad del Presidente de la República, de los señores ministros de la Corte o de las personalidades que usted quiera; pero de la entrada del recinto mismo, es nuestra casa, y debe mantenerse la independencia del legislativo.
Por eso pido, que esta vez, se rectifique y que el Estado Mayor Presidencial, pido a ustedes que no autoricen, en virtud de las experiencias que hemos tenido, se apodere de la Cámara de Diputados. Muchas Gracias.
El C. senador Armando Trasviña Taylor (desde su curul): - Señor presidente, pido el uso de la palabra.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, señor senador.
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Señor presidente; honorable asamblea; señor diputado: Yo creo conocer la conducta que en muchas ocasiones adoptan las gentes de las galerías. Yo fui diputado, como usted, en la LI Legislatura y ahí se provocaron situaciones que efectivamente la seguridad de la propia Cámara de Diputados hizo desalojar, pero no se han presentado casos en donde se requiera entrenamiento físico del personal para poder ejercer la autoridad y las órdenes que emanen de la presidencia.
Sin embargo, yo quisiera hacer, señor presidente, compañeros, una modificación, proponer una modificación a esa propuesta: que se pueda recomendar en el cuerpo de la misma, de que se observen aquellas actitudes que eviten los incidentes que ya han ocurrido en otras ocasiones. Y, señor diputado, las veces anteriores es que han
ocurrido accidentes, incidentes, perdón es que muchos compañeros, y no de mi partido, llegan con el escudo de la Cámara pero no llegan con el gáfete que se nos entrega junto con la invitación y ahí se producen las detenciones.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul) - ¿Acepta una interpelación, señor senador?
El C. Presidente: - Señor senador, que si acepta usted la interpelación.
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Sí, señor; claro.
El C. presidente: - Sí, acepta.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul):- Quizá usted no recuerde, señor senador, pero el incidente que se dio el año anterior, no solamente se refirió a la entrada de los señores legisladores, sino ya estando dentro, con escudo y todo, no se nos permitió ni siquiera el acceso a los pasillos, ya estando dentro del recinto; entonces yo lo que no quiero es que se reiteren y se repitan los abusos del Estado Mayo Presidencial. Ahora, yo les pregunto, y en esto estriba mi interpelación: ¿Qué objeción le ve a que la Cámara contrate personal entrenado para ese día?
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Que no está establecido en el Reglamento Interior del Congreso General.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¿Acepta otra interpelación?
El C. Presidente: - ¿Acepta otra interpelación, señor senador?
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Nada más que yo termine mi intervención.
Lo que sí está establecido es que se puede llamar guardia militar o policía, en los artículos señalados en el capítulo de las galerías: Lo otro no lo dice; tendría que ser un acuerdo muy especial para modificar el reglamento.
Sin embargo, señor diputado, no...
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¿Acepta usted una interpelación?
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - ¿Aceptaría usted una recomendación a que la propuesta se modifique para recomendar al Estado Mayor Presidencial que evite ese tipo de accidentes, a efecto de que no se repitieran?
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Yo se la contesto, se la contesto con un refrán de la comarca lagunera "Gallina que da en comer huevos, aunque le quemen el pico", señor senador. Y respecto de su objeción inicial, no necesitamos acuerdo, la Cámara puede contratar el personal que quiera. Gracias.
El C. senador Armando Trasviña Taylor: - Sería tanto como eliminar las facultades de la presidencia de un Congreso General para poder definir la conducta de la fuerza militar que se invite a colaborar para un acto, no cualquier acto, el acto político más importante de nuestro sistema constitucional, de tal forma que con las recomendaciones que pueda hacer la presidencia de la Permanente en este caso y del Congreso General el día del informe pudiera quedar subsanada esa situación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría con la modificación propuesta si es de aceptarse con la votación general de la asamblea, la invitación que se hace al Estado Mayor Presidencial, a efecto de que colabore el día primero de septiembre.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza para que por el conducto legal, el adecuado, se invite al Estado Mayor Presidencial, para efecto de que colabore con los órganos de la administración interna de la Cámara de Diputados en las tareas previstas de logísticas y de seguridad que requiere el Palacio Legislativo para y durante el desarrollo de la sesión del Congreso General que tendrá lugar el primero de septiembre, con la recomendación que propone el senador Armando Trasviña Taylor.
Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Por la negativa. Se autoriza, señor presidente. Comuníquese.
El C. presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presidencia.- México.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa honorable Comisión Permanente que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró su primer período de sesiones correspondiente al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México Distrito Federal, 15 de julio de 1988.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del río Rodríguez."
Trámite: - De enterado
OFICIOS DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
La misma C. Secretaria:
"Escudo Nacional.- estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 25 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de justicia militar y licenciado Adolfo Alberto Guinart Avalos (2958379), que en diecisiete fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México Distrito Federal, a 27 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 22 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel médico cirujano Abel Antonio Ricardez Arenas (2527666), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para lo fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
reitero a ustedes en ésta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 29 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de gobernación, con fecha 24 del actual, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
"Por acuerdo del ciudadano Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel de transmisiones Nicolás Sánchez Sosa (2085962), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en ésta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México Distrito Federal, a 27 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.» Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión. presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 21 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel ingeniero de transmisiones militares Carlos Cortés Brizuela (478198), que en veintitrés fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita. Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 28 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.» Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 24 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel intendente Anselmo Mendoza Valdivieso (434708), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo con fecha 24 del actual:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel intendente Amado Julián Valencia Ramírez (481171), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, se acompaña con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México Distrito Federal, a 27 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. presentes.
En oficio fechado el 25 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel intendente Eduardo Romero López (2958113), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona, para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de junio de 1988.
El secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite:- Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma C. Secretaria:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. presentes.
Con fecha 24 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel intendente José Francisco Bribiesca Tinoco (488606), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México D.F., a 27 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz."
Trámite:- Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
CONDECORACIÓN
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el C. Luis Alfredo Pacetti Cabuis, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Caballero Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado
y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Alfredo Pacetti Cabuis, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Caballero Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 22 de julio de 1988.- Diputado Jorge Flores Solano, diputado Melquiades Morales Flores, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorantes Segovia."
Trámite: - Primera Lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 23 de junio próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Claudia Jacqueline Guerrero Martínez, pueda prestar servicios como asistente en la agencia consular de Puerto Vallarta, dependiente del Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de Julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen del expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la agencia consular, en Puerto Vallarta, serán como asistente, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Jacqueline Guerrero Martínez, para prestar servicios como asistente en la agencia consular de Puerto Vallarta, dependiente del Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 15 de julio de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Juan de Dios Castro Lozano, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»
Trámite:- Primera lectura.
La misma C. Secretaria:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 23 de junio del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas María Judith Puentes Rodríguez, Eva Elizabeth Terrazas Iglesias, María Guadalupe Tostado de Aragón, Elodia Carmona Ramírez, Natalia María Ruiz Galindo y Norma Talamantes de Mercado, puedan prestar servicios como empleadas consulares, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de julio se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán como empleadas consulares, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Judith Puentes Rodríguez, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Eva Elizabeth Terrazas Iglesias, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Tostado de Aragón, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Elodia Carmona Ramírez, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Natalia María Ruiz Galindo, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Norma Talamantes de Mercado, para prestar servicios como empleada consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 15 de julio de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Juan de Dios Castro Lozano, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores."
Trámite:- Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
La misma C. Secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Elías Valladares Gómez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, ésta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como soldado de caballería en el decimoctavo regimiento de caballería, el veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, ascendiendo a sargento segundo de caballería al término satisfactorio de sus estudios correspondientes en la escuela militar de clases el primero de mayo de mil novecientos cincuenta y siete;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, adquirirlo el carácter de Diplomado de Estado Mayor, en la escuela superior de guerra, el treinta y uno de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro;
c) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y tres años, once meses y doce días, y
e) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia de Cuarta, Tercera y Primera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicio fijado para el efecto, así como la del Mérito Docente.
La proposición que el ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada por que el ciudadano Elías Valladares Gómez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Elías Valladares Gómez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México,
Distrito Federal, a 8 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce."
Trámite:- Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano César Jiménez López, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el catorce de febrero de mil novecientos sesenta y tres, ascendiendo a subteniente de caballería, al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de caballería, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cuatro;
c) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante veinticinco años, tres meses y seis días, y
e) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto, así como la del mérito docente.
La proposición del Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano César Jiménez López, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la unión expidió en favor del ciudadano César Jiménez López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite:- Segunda lectura.
Esta a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación).
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la segunda comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano José Enrique Ortega Iniestra, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, ascendiendo a subteniente de infantería, al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los demás grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, el quince de agosto de mil novecientos setenta y nueve;
c) Ascendió a los demás grados de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Ha prestado servicios al ejército durante veinticuatro años, tres meses y diecinueve días, y
e) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto, así como la del Mérito Docente por haber desempeñado con distinción y eficiencia el cargo de profesor en el heroico Colegio Militar.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada porque el ciudadano José Enrique Ortega Iniestra, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del C. José Enrique Ortega Iniestra.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite:- Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
(Votación.)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Salvador Ponce Ruiz, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de caballería, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, ascendiendo a subteniente de caballería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos;
b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintinueve años y cinco meses, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido con el tiempo de servicios fijado para el efecto, así como la del Mérito Docente.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada,
porque el ciudadano Salvador Ponce Ruiz, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Salvador Ponce Ruiz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce."
Trámite.- Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
"Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Fernando José Millet Rodríguez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel ingeniero instructor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio de sus estudios reglamentarios, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y siete y a capitán segundo ingeniero constructor, por haber terminado los estudios profesionales correspondientes en la escuela militar de ingenieros el primero de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y cuatro años, cuatro meses y veinticuatro días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, segunda y Primera Clases, por haber cumplido con el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Fernando José Millet Rodríguez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando José Millet Rodríguez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite.- Segunda lectura.
Esta a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del C. Alberto Villarespe Martínez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de infantería, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, ascendiendo a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente, en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y uno;
b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta años, cuatro meses y veintitrés días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido con el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el C. Alberto Villarespe Martínez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alberto Villarespe Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce."
Trámite:- Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo a quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita la ciudadana ministro Perla María Carvalho de plaza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana ministro Perla María Carvalho de Plaza, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Leopoldo, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 15 de julio de 1988.- Diputado Jorge Flores Solano, diputado Melquiades Morales Flores, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado
Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorantes Segovia." trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano vicealmirante C.G. Diplomado de Estado Mayor Naval Florencio Aguilar Sanoja, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante C.G. Diplomado de Estado Mayor Naval Florencio Aguilar Sanoja, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Naval de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 15 de julio de 1988.- Diputado Jorge Flores Solano, diputado Melquiades Morales Flores, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorantes Segovia.»
Trámite:- Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 22 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 22 votos.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La misma C. Secretaria:
"Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el día 22 de junio del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julio César Carrillo Sánchez, Luis Alberto Campos González, Sergio Soto Tapia, Juana Rivera Alcántara, Raúl Emilio Castañón Palacio y Margarita Olivia Arrieta Hernández, puedan prestar sus servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la unión, el 14 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo, y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Julio César Carrillo Sánchez, para prestar servicios como guardia de seguridad, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Luis Alberto Campos González, para prestar servicios como empleado consular, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Sergio Soto Tapia, para prestar servicios como guardia de seguridad, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Juana Rivera Alcántara, para prestar servicios como empleada de pensiones federales, en la
Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Raúl Emilio Castañón Palacio, para prestar servicios como guardia de seguridad, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Margarita Olivia Arrieta Hernández, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 15 de julio de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Juan de Dios Castro Lozano, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»
Trámite:- Segunda lectura
El C. Presidente: - Está a discusión en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
La C. Secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:- Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación.)
Se emitieron 21 votos en pro y una abstención.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
La C. Secretaria Yrene Ramos Dávila:
- Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Se han inscrito algunos compañeros legisladores para tratar diferentes asuntos.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Pascoe Pierce.
TRABAJADORES DE AGRICULTURA
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
El C. Diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores legisladores:
Antes de intervenir, quisiera solicitar a la presidencia, si fuera posible, informar acerca de alguna acción o decisión tomada por la Comisión de Trabajo, con relación a la petición que resolvió la Comisión Permanente, con relación a la huelga de hambre en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Para efectos de poder intervenir, señor presidente, quisiera que se nos informara si realmente ha habido alguna acción en ese sentido.
El C. Presidente: - Sobre el particular, señor diputado, en la sesión pasada se hizo esta solicitud a la presidencia de la Comisión Permanente, La presidencia hizo el turno respectivo y exhortó a la comisión para que se abocara de inmediato a apoyar la solicitud que fue presentada por diversos señores legisladores.
Tengo entendido que hasta esta semana, el ciudadano presidente de la comisión tiene emplazada a la comisión misma para tener una reunión con ella. No estoy en este momento en posibilidad de poderle dar un dato preciso al respecto de esto, pero sí le aseguro que la presidencia hizo una excitativa para que en esta misma semana se desahogara esta reunión.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Muchas gracias, señor presidente. Lo que podemos inferir en todo caso de la respuesta de la presidencia y siendo, incluso en lo particular, miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es que a pesar de la urgencia del asunto que planteamos hace una semana no ha habido respuesta ni acción particular por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con relación al asunto urgente que planteamos referente a la huelga de hambre.
Recuerdo simplemente que hay una vida humana de por medio, ya hoy creo que cumplen 44 ó 45 días de huelga de hambre y es un caso que no deja escandalizar y de preocupar por los varios aspectos que implica esta cuestión de la huelga de hambre de sindicalistas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Quiero, por tanto, en primer lugar, constatar mi asombro y mi preocupación por lo que es a todas luces la lentitud, no quiero hablar de desacato de la Comisión de Trabajo, de este acuerdo porque pues podrían acatar la decisión de la Comisión Permanente en algún momento, pero una lentitud
que es enormemente preocupante y deja ver una despreocupación real por el asunto que hemos planteado.
En segundo lugar, queremos señalar que se había planteado ante la Cámara de Diputados un documento hace aproximadamente un mes que dimos lectura la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, en donde se planteaban el conjunto de problemas que invoca esta huelga de hambre, que invoca esta situación que está a punto de convertirse en una tragedia, que va a pesar en la conciencia no solamente del dirigente sindical necio y terco que se niega a negociar con los sindicalistas, sino también en aquellas instancias políticas y resolutivas que no simplemente no han tomado en serio este caso de los huelguistas de hambre que están planteando cuestiones serias, de fondo y que sin embargo han estado y lo han mostrado una apertura a la negociación y que, sin embargo, el signo característico del sindicato y me atrevería a decir que algunas autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por decir lo menos, también están seriamente comprometidos con esta situación.
Pero el problema en nuestra opinión va más de fondo y señala una cuestión de enorme preocupación y que queremos hacer una reflexión política en torno a este asunto.
El país esta viviendo, lo que yo llamaría una crisis política de gobierno. Existe a todas luces una verdadera incapacidad política por resolver problemas graves, problemas de fondo, en la nación, y esto quiere decir, en nuestra opinión que estamos ante el espectro de un gobierno débil, un gobierno golpeado en lo político, que hoy enferma por ejemplo enormes presiones económicas, y que en vísperas de la negociación del Pacto de Solidaridad Económica, es un gobierno sujeto a intensas y preocupantes presiones, por aquéllos que efectivamente puedan aprovechar ésta debilidad gubernamental.
Pero ante este espectro de debilidad, de crisis política de gobierno, también recrudecen expresiones de violencia; de violencia con un sello político también enormemente preocupante.
El asesinato de dos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, en vísperas de las elecciones; el intento de asesinato de un camarógrafo de la prensa extranjera en nuestro país mexicano, ciudadano mexicano; el asesinato de una periodista de Ciudad Juárez y, además, pues la situación de esta huelga de hambre que prácticamente coloca al país en una situación de indefensión frente al reclamo democrático, al reclamo de derechos conquistados y que sin embargo no se respeta, o aparentemente no hay voluntad, no existe voluntad política para el respeto pleno a estos derechos, incluso al derecho de reclamar, dentro de la ley, dentro del marco constitucional, un conjunto de derechos de los trabajadores de la situación electoral y la crisis política de gobierno, coloca entonces a la población en una situación de no poder encontrar solución a sus demandas, a sus necesidades y a sus exigencias, solamente unos cuantos encuentran esa respuesta favorable del gobierno. Pero la gran mayoría de los mexicanos viven en el más absoluto desamparo en esta situación de crisis.
Y esto plantea un reto sumamente preocupante, que en nuestra opinión, la Comisión Permanente asumió la semana pasada y debiera asumir en esta semana, ante el tortuguismo y la lentitud, por no decir la absoluta falta de responsabilidad de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Y es el hecho de que en estos casos, como es obvio, las horas cuentan y si las horas cuentan, obviamente los días cuentan, y cada hora que pasa y que nos enfrentamos a la terquedad y a la insolencia del autoritarismo y la negativa al diálogo y la negociación, evidentemente coloca al país en una situación de excepción, en una situación de extrema gravedad.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos, es un ex candidato del Partido Revolucionario Institucional, que fue derrotado en estas elecciones, y ahora parecería ser que ante su derrota, su consigna es: no voy a perder la poca autoridad, si es que la tiene, que he ejercido en algún momento, y por lo tanto, frente a la exigencia y el reclamo democrático de una sección, por lo menos de trabajadores del sindicato, me niego absolutamente, incluso siquiera a abrir negociaciones, que no implican, en mi opinión, transacción alguna, no implican, en mi opinión, conceder la autoridad que supuestamente merecería un secretario general.
Pero en este caso, la reacción virulenta es de que al parecer este dirigente sindical se siente colocado en una situación en donde negociar implica perder toda autoridad. En realidad, el haber perdido las elecciones, pues puede ser pecata minuta, aunque seguramente para él es una gigantesca sorpresa. Pero ahora resulta que traslada esa insolencia del poder, junto con el apoyo de quienes lo apoyan por fuera y por dentro y se niega absolutamente a la negociación con los huelguistas.
Y ante esto quiero decir, con todas las letras que me parece que por lo menos la irresponsabilidad de la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, coloca no a la comisión, pero sí a la presidencia, en una posición de cómplice de
este comportamiento absolutamente grave y en extremo preocupante, del secretario general de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Y de ninguna manera podemos siquiera por asomo, avalar este comportamiento y en la medida en que creemos que es una cuestión que pone en entredicho no solamente los derechos democráticos, sino el derecho a la vida de ciudadanos; esto es una cuestión que amerita una inmediata y certera respuesta por parte de una instancia legislativa como ésta, como la Comisión Permanente que debiera estar exigiendo una acción rápida por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dar solución a esta situación tan grave que hemos planteado.
El hecho de colocar, yo diría no solamente al país, a la Comisión Permanente esta situación de inacción, frente a un problema grave, es en sí, una acción prácticamente de desacato de lo que nosotros aquí hemos planteado con suma urgencia. pero es también la complicidad lo que preocupa; el hecho de no buscar soluciones, y ése no buscar soluciones es exactamente lo que vemos en otros espacios políticos, gubernamentales y sindicales del país frente a este problema de los huelguistas de la Secretaría de Agricultura.
Yo insisto, es un problema de extremo grave y la única manera civilizada de (esta bien)!Perdón¡ de abrir solución al problema es algo tan elemental, como abrir negociaciones. Y sin embargo, esto no se ha logrado, negociaciones que no impliquen, en mi entender, ni concesiones ni ceder posiciones sino simplemente el hecho de abrir una mesa de negociaciones para empezar a discutir los graves problemas que aquejan a los trabajadores de esta Secretaría de Estado. Y ni siquiera esto se ha logrado y entonces sigue la huelga de hambre y hoy sigue y siguen pasando las horas y mañana seguirá la huelga.
Si no hay acciones enérgicas y dentro de poco tendremos en nuestra conciencia que discutir las consecuencias mortales de nuestra inacción y en el fondo tendremos que discutir y aquí lo vamos a discutir, las consecuencias de la complicidad frente a un reclamo que yo insisto que es legal, constitucional y además un derecho democrático.
Por lo tanto, quisiera, señor presidente, solicitar conforme al reglamento interior, que esta Comisión Permanente excite de manera especialmente urgente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a que atienda la solicitud que se acordó en la Comisión Permanente en su sesión de la semana pasada. Gracias.
El C. Presidente: - Esta presidencia exhorta y conmina de manera urgente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta honorable Cámara para que de inmediato se avoque a complementar los términos del acuerdo que esta propia comisión permanente ordenó en obsequio a la solicitud y denuncia presentada por diferentes legisladores.
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
El C. Presidente: - Para tema diferente, tiene la palabra el ciudadano diputado Juan de Dios Castro.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - «H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presente.
Juan de Dios Castro Lozano, mexicano, mayor de edad, casado, diputado federal de la LII Legislatura del Congreso de la Unión, atenta y respetuosamente comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito y por conducto de esta honorable Comisión Permanente, formuló denuncia ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos para efecto de que se inicie un juicio político a la C. licenciada Irma Cué de Duarte, quien actualmente se desempeña como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fundo mi solicitud en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
HECHOS
1o. Con fecha 2 de julio de 1988 en la edición del diario Excélsior, correspondiente a la fecha indicada, apareció un desplegado suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Abogados al Servicio del Estado. En dicho desplegado aparece como miembro de ese Comité Ejecutivo Nacional de la organización indicada la licenciada Irma Cué de Duarte, con el carácter de secretaria de Acción Social y Cultural.
2o. En dicho desplegado, la licenciada Irma Cué de Duarte se adhiere al testimonio de adhesión en favor del candidato a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari y contrae el compromiso de poner sus conocimientos, disponibilidad profesional (sic) y colaboración efectiva en la campaña electoral del candidato de referencia y en los comicios de 1988. Manifestó también la ministra de la corte citada, su compromiso para redoblar sus esfuerzos para incrementar y fortalecer
la presencia del organismo al cual pertenece y en especial participar activamente en la promoción del voto, capacitación política electoral, representación ante organismos electorales y difusión del Código Federal Electoral.
3o. En el mismo desplegado, la ministra licenciada Irma Cué de Duarte destaca la labor del presidente Miguel de la Madrid en la concepción y desarrollo del Código Federal Electoral y destaca dicha labor como un hito en la historia política de nuestro país, reiterado su militancia en el Partido Revolucionario Institucional y exhorta a la ciudadanía del país para que se exprese en favor de los candidatos de dicho partido.
4o. Lo expresado por la licenciada Irma Cué de Duarte, ministra de la Corte, en el desplegado de referencia, implica una infracción grave a la Constitución y motiva trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
En efecto, al margen de lo que la doctrina ha manifestado, Piero Calamandrei, por ejemplo en su obra "El Elogio de los Jueces" manifiesta que un buen juez no debe identificarse con la política activa de los partidos. Como juez, la Constitución le exige ser ajeno ya no sólo a organismos políticos, sino incluso del orden civil, con el propósito de mantener su independencia. Pues el juez, sólo debe obedecer la ley interpretándola y aplicándola con sus conocimientos y en bien de la justicia. Cuando el juez se identifica con la política partidista, y hace gala de actividad política activa y contrae el compromiso político de adherirse al Ejecutivo Federal y proclama su adhesión al candidato al que pertenece dicho Ejecutivo, plantea ante los ciudadanos que ante él acuden dudas sobre su imparcialidad e independencia al impartir justicia.
A mayor abundamiento, la citada ministra licenciada Irma Cué de Duarte viola flagrantemente el artículo 101 de la Constitución General de la República, violación que es grave porque afecta la independencia de un miembro del más alto tribunal del país. En efecto, la licenciada Irma Cué de Duarte se ostenta como secretaria de Acción Social y Cultural de la Federación Nacional de Abogados al Servicio del Estado y la Constitución General de la República es categórica en el sentido de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, y dicha Federación Nacional de Abogados no es una asociación científica, docente, literaria o de beneficencia, por lo que la conducta a que nos hemos referido de la ministra Irma Cué de Duarte no se encuentra encuadrada dentro de las excepciones a que hace referencia el artículo 101 de la Constitución y por ello, es procedente que se le aplique la sanción de pérdida del cargo a que se refiere el artículo 101 y las que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En mérito lo expuesto, a esa honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, atentamente pido:
1o. Se me tenga por formulando escrito de denuncia en la forma y términos a que se contrae el presente curso.
2o. Recibir con el presente escrito las fojas que a él se anexan con el carácter de elementos de prueba.»
Eso en primer término. Espero el acuerdo.
El C. Presidente: - Con mucho gusto, señor diputado.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Ad cautelam, señor presidente.
En la hipótesis que no se da, que se requiriera sesión secreta si usted lo estimare pertinente, haría mi solicitud en esos términos. Pero como aún no está ratificada, creo que no se requiere.
El C. Presidente: - Desde luego, señor diputado, el primer paso sería registrar la documentación de cuenta como solicita usted para que en los términos previstos por la ley, surta sus efectos correspondientes.
Tome nota sobre este particular la propia secretaría.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Dictado el acuerdo, señor presidente, quisiera agregar algo más.
«H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.
Juan de Dios Castro Lozano, mexicano, mayor de edad, casado, diputado federal de la LII Legislatura del Congreso de la Unión.
Atenta y respetuosamente comparezco y expongo: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se haga llegar a la Cámara de Diputados y a las comisiones respectivas, y a la dependencia a que corresponda, según la ley, me permito ratificar dentro del término a que hace referencia dicho numeral, la denuncia que he presentado para que se forme juicio político a
la licenciada Irma Cué de Duarte, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.»
En el artículo 12 no señala procedimiento especial para la ratificación, pero estaría de acuerdo si la presidencia lo estima pertinente, se turnen estos escritos con la documentación a las dependencias de la Cámara que estime pertinentes y una vez obtenida la certificación o comunicación de que han sido recibidos, dicte el acuerdo correspondiente en los términos del 113 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Muy amable.
El C. Presidente: - Gracias, señor diputado. Con el objeto de ilustrar a la asamblea, voy a rogarle a la secretaría, se sirva dar lectura solamente al artículo 12 de la Ley de Responsabilidades.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - "Artículo 12. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podría formular por escrito, denuncia ante la Cámara de Diputados, por los conductos a que se refiere el artículo 7o., y por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales, por las que determina el párrafo 2o., del artículo 5o., presentada la denuncia y ratificada dentro de tres días naturales, se turnará de inmediato con la documentación que la acompañe, a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o., así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la iniciación del procedimiento. Una vez acreditados estos elementos, la denuncia se turnará a la sesión instructora de la Cámara; las denuncias anónimas no producirán ningún efecto".
El C. Presidente: - En los términos expresados por la misma ley, se acuerda y para que se proceda y ejecute los términos solicitados por el ciudadano diputado Juan de Dios Castro.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Por economía procesal puedo hacer una solicitud adicional, señor presidente?
El C. Presidente: - Con mucho gusto, señor diputado.
El C. diputado Juan de Dios Castro lozano: - He tenido conocimiento que la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, ha sido citada para el 5 de agosto próximo, para el conocimiento de una denuncia presentada por constructora Odín, S.A., en relación con Petróleos Mexicanos.
Me acaban de informar hace unos minutos un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que han presentado también una denuncia también de juicio político ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados, ante la Cámara Diputados y que la ha ratificado en tiempo.
Solicito a la presidencia que una vez recabados los informes sobre si eso es cierto, dicte el acuerdo correspondiente para el efecto de que se turne a las comisiones de Gobernación, Justicia, para que en la sesión de referencia, si la comisión lo estima pertinente, pues también se trate este asunto.
El C. Presidente: - No hay ningún inconveniente, señor diputado, desahogada por nuestra parte la posibilidad de que esto efectivamente tenga conocimiento la comisión respectiva.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Muchas gracias.
PROBLEMAS AGRARIOS
El C. Presidente: - El señor diputado Jorge Amador Amador, ha solicitado el uso de la palabra.
El C. diputado Jorge Amador Amador: - Ciudadano presidente; compañeras y compañeros legisladores: En la sesión anterior, me permití hacer la denuncia de cuatro problemas agrarios, solicitando la intervención de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante las autoridades correspondientes y, sobre todo, la remisión de las denuncias presentadas por mí a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se atendiera la solicitud de los campesinos, víctimas de los atropellos que me referí aquí en esa ocasión.
Debo decir que las cuatro denuncias, una de ellas fue suficientemente atendida, la que se refiere a los campesinos del ejido de Laguna de Guadalupe en el municipio de San Felipe, en Guanajuato y que efectivamente la subsecretaría de Asuntos Agrarios intervino de inmediato y afortunadamente lo que pudo haber sido un conflicto enconado entre campesinos, unos de Guanajuato y otros de San Luis Potosí, se está resolviendo por la vía de la conciliación. Me felicito y lo felicito por ese resultado.
Sin embargo, los otros tres todavía están pendientes, los campesinos presos del municipio de Salvador Alvarado en el estado de Sinaloa siguen presos, sometidos a proceso.
Cuando yo hablaba aquí hace ocho días todavía están en posesión de las tierras a las que tienen derecho, mediante un proyecto de resolución presidencial, que a pesar del transcurso del tiempo no se ha convertido en resolución, por propiciar las autoridades una situación irregular; tierra de buena calidad, tierra de riego, propiedad de la nación, mediante un decreto expropiatorio que requiere la aplicación de la Ley Federal de Aguas, para que a los propietarios privados se les indemnice o en efectivo o en especie, siendo la indemnización máxima de 20 hectáreas de riego. Como esto no se regulariza, esta situación irregular permite que el anterior propietario disfrute de todas las hectáreas que antes tenía, tal vez a cambio de alguna contraprestación a favor de algún funcionario que no tiene facultades para recibir este tipo de contraprestación.
Nosotros reiteramos la solicitud que hicimos hace siete días, par que la autoridad política de la Permanente permita que el gobernador del estado atienda esta demanda, atienda esta solicitud y que las autoridades de Agricultura y Reforma Agraria, intervengan antes que se sacrifiquen en exceso la vida de por sí golpeada de nuestros compañeros campesinos del grupo solicitante de tierras del Comité Agrario de Campo Pénjamo, repito, en el municipio de Salvador Alvarado en el estado de Sinaloa.
Los compañeros han anunciado una marcha a la ciudad de Culiacán para llamar la atención de la opinión pública y para enfatizar la solicitud de justicia al Ejecutivo del estado; ellos piensan salir de Los Mochis, donde hay una audiencia en el juicio de amparo, mediante el cual solicitaron garantías para no ser desposeídos y para no ser detenidos y que sin embargo, no obstante haber recibido la suspensión provisional, ésta fue arbitrariamente violada por las autoridades de la policía del estado de Sinaloa.
Comenzarán pues a marchar a partir del viernes desde Los Mochis, Sinaloa, rumbo a Culiacán.
Reiteramos la solicitud de intervención de este importante órgano del pueblo de México para intervenir en este caso. Otro de los casos no resueltos y que nos permitimos insistir en él, porque con el transcurso de los días se ha agravado la situación, es el de los campesinos, ejidatarios, miembros de 26 ejidos, que forman la Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas del Río" en el municipio de San Pedro de las colonias, en el estado de Coahuila.
No hemos sentido interés ni de las autoridades de la Reforma Agraria, ni de las autoridades del sector agropecuario, ni del propio Ejecutivo del estado de Coahuila, para intervenir y resolver este problema.
Como lo había mencionado antes, el problema se refiere al hecho de que la Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas del Río" tiene un problema político y jurídico de representación. Los campesinos propietarios sociales de dos empresas despepitadoras y propietarios también de una gasolinera, que está administrada por la Unión de Ejidos, le perdieron confianza a la anterior administración.
Tienen evidencias de que se hizo un uso fraudulento con los recursos de la Unión de Ejidos, y por lo tanto, primero solicitaron se celebrara una auditoría, se acordó la celebración de la auditoría; pero como la administración tiene cuentas pendientes que no le saldrían bien, de realizarse la auditoría, arbitrariamente se opuso a que se realizase ésta.
Esto colocó en contradicción irreconciliable a la vieja administración con la base campesina, propietaria de estas empresas de propiedad social.
La falta de responsabilidad de las autoridades para acudir oportunamente, hizo necesario que los propios campesinos se ocuparan del resguardo de las empresas, que físicamente organizarán, no sólo el resguardo sino la operación de las empresas, y que desde luego despidieran a la vieja administración para que no se siguiera perjudicando su patrimonio.
La solución es simple: que se aplique la Ley de Reforma Agraria, que se convoque en cada ejido a los miembros del ejido, que son propietarios de estas empresas, para que ratifiquen o revoquen el nombramiento de delegados a los que ya tenía nombrados antes; que acabaron siendo delegados del administrador frente al ejido, en lugar de ser delegados del ejido frente a la administración.
Había tenido un compromiso de la realización de las asambleas ejidales y de la autorización de las convocatorias, pero les dijo a los campesinos; he recibido instrucciones del gobernador del estado y, por lo tanto, ya no puedo cumplir ese compromiso. Se suspende la realización de asambleas ejidales.
Y la pregunta es: bueno, el delegado agrario, ¿es delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria o es delegado del gobernador del estado?, ¿de dónde le viene su autoridad?, ¿cuál es su obligación, cumplir la Constitución y la ley agraria o cumplir las instrucciones, aunque éstas no sean legales, del Ejecutivo del estado?
Entonces, abruptamente suspendió su intervención. Por lo tanto, el cauce normal para la solución de este conflicto se ha interrumpido, se ha quebrado.
Por otra parte, el Banco de Crédito Rural había tomado un acuerdo justo, el acuerdo de nombrar a un interventor para que independientemente de que después se aclararan los asuntos de la representación, un establo que propiedad de esta unión de ejidos, pues no se desapareciera, porque el establo produce leche, la leche está contratada con algunas empresas empacadoras, embotelladoras; sin embargo, las vacas necesitan comer y los campesinos han estado alimentando a las vacas, pero no han estado recibiendo el producto de la venta de la leche. Entonces, estaban condenados al fracaso económico.
El nombramiento de un interventor para que este bien de los campesinos se administre bien y sobreviva el establo, pues era un acuerdo que contribuía a mantener económicamente la empresa, sin que se perjudicara el patrimonio de los campesinos mientras se resolvía el problema legal de la representación en la empresa.
Pues también, el Banco de Crédito Rural ha dicho que revoca su acuerdo porque también ha recibido instrucciones de Saltillo, Coahuila, de que revoque ese acuerdo.
Estoy hablando de democracia social. El problema electoral todavía no se resuelve plenamente, pero necesitamos democracia social, necesitamos respeto a la voluntad popular, mayoritaria en cada rincón del país. Y en lugar de acatar este mandato del pueblo, estableciendo en la Constitución, autoridades irresponsables, con mucha frecuencia y particularmente con mucha insistencia, en este caso, desoyen la ley, desoyen el legítimo reclamo de los campesinos, en este caso, y hacen todo lo que sea posible para que un problema se complique y no se resuelva.
Finalmente, sobre este asunto, la última acción que habrá de atribuírsela a alguien, consistió en que la vieja administración contratará a 70 elementos, no hemos identificado si también son miembros de la Unión de Ejidos o no, embriagarlos y tomar posesión de una de las plantas, y de esa manera plantear un reto físico para que se resuelva el problema de la posesión de las plantas, pues sobre la base de quién tiene mayor capacidad de golpes o mayor capacidad de agresión. Hay, pues, una invitación a resolver este problema mediante el uso de la ley de la selva.
Nosotros rechazamos categóricamente esta conducta de las autoridades; nosotros insistimos en que se vuelva al cauce de la ley, nosotros reclamamos y solicitamos, reclamamos a las autoridades responsables y solicitamos a este importante órgano del pueblo de México, que intervenga para que se llame la atención de estas autoridades y, repito, se encauce la justa demanda de los campesinos por el camino de la ley.
Traigo una reiteración de la denuncia, donde este problema se detalla y no considero indispensable leerla porque fundamentalmente eso es lo que plantea: una reiteración sobre un problema que tiene solución. Y además, sobre un problema típico que se va a repetir ahora que el pueblo reclame democracia en todos los ámbitos de su vida en muchas partes del país; y la conducta torpe solamente siembra vientos y luego recogerá tempestades y nosotros no queremos contribuir a esta siembra de vientos; queremos que se siembre orden legal, que se siembre respuesta justa a peticiones también justas y dicho en pocas palabras, queremos que se respete la voluntad de la mayoría de los campesinos para que elijan libremente delegados; para que éstos ratifiquen a una administración que tenga la confianza de los campesinos y reemprendan la marcha productiva de estas empresas.
El problema es grave porque dentro de un mes las plantas despepitadoras tienen que estar funcionando porque el ciclo ya comienza a producir frutos y por lo tanto, se necesita que la maquinaria esté ajustada. Y precisamente, los días que quedan de éste y el próximo mes, son los que se requieren para revisar toda la maquinaria, limpiarla y ponerla en operación.
Si las autoridades no intervienen oportunamente, condenan a nuestros compañeros a fracasar durante un ciclo y condenan a la pérdida de una gran parte de su patrimonio,. Yo sé que algunos con un criterio político estrecho, quieren castigar a los campesinos de San Pedro de las Colonias, quieren reclamarles en la práctica económica cotidiana, un voto o una manifestación política contraria a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Pero ese querer es ilegítimo desde todos los puntos de vista.
Nosotros confiamos en que este criterio absurdo no se imponga, no se esté imponiendo y finalmente no acabe por imponerse en todas las autoridades que tienen obligación de participar en la solución de este problema.
Y para no subir otra vez, ciudadano presidente, me voy a permitir hacer una denuncia más de este mismo corte.
Aparte de estos cuatro problemas a los que me referí en la ocasión anterior, hoy tenemos una
novedad: en la sierra norte de Puebla, el pasado sábado 23 de julio, llegaron al poblado de Los Pinos, en Mecapalapa, municipio de Pantepec, de ese estado, un conjunto de funcionarios. Los funcionarios eran, por una parte, un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria y por la otra funcionarios del gobierno del estado y de la policía del estado; no sé si la policía judicial o policía preventiva o algún tipo de policía que exista en el estado de Puebla.
Legalmente iban a hacer una notificación de una suspensión provisional que un juez de distrito le había concedido a un grupo de propietarios privados de tierras agrícolas. El notificado debería ser un núcleo de población, un ejido, el ejido de Mecapalapa.
Los efectos de la suspensión provisional, simplemente eran para que las cosas estuvieran como estaban; el fondo de la demanda de amparo, es pues que la autoridad judicial revoque una resolución presidencial o declare ilegal una resolución presidencial que dota a este ejido.
Lo normal, lo lógico es que una notificación se haga con todas las notificaciones, que se entreguen los textos de la resolución del juzgado de distrito, que las autoridades del ejido firmen como enteradas y se despidan, creo que en eso consiste una notificación.
En este caso, la notificación, seguramente por tratarse de campesinos, tuvo otra característica, notificaron y comenzaron a desalojar a los campesinos, comenzaron a desalojar y a destruir las casas de los campesinos y como ya llevaban sembradas 50 hectáreas comenzaron a destruir la siembra de los campesinos. Y establecieron durante 24 horas un estado de sitio para que los campesinos no regresaran a recoger los restos de sus casas y de sus cosas; y cuando llegó el dirigente de ellos, el campesino dirigente del ejido, que andaba ausente en ese momento, pues lo detuvieron, lo golpearon, lo secuestraron, lo incomunicaron y ahora sé que ya lo dejaron libre, pero golpeado.
Ustedes saben que esta historia lamentablemente es muy frecuente en el estado de Puebla, en la sierra norte de Puebla, ustedes saben que es una zona indígena y que es una de las pocas regiones del país donde hasta hace pocos años había decenas de resoluciones presidenciales, de ejidos que estaban legítimamente dotados y que no existían, que los campesinos andaban huyendo, porque después de la ejecución de la resolución presidencial llegaban los ganaderos y los desalojaban a los campesinos, quemaban los pueblos y mataban a los dirigentes.
Nuestra organización ya tiene varios años peleando en la sierra norte de Puebla, particularmente en la zona de Pantepec y el saldo es favorable a los campesinos. Hemos logrado la reconstrucción de no menos de 30 ejidos que habían sido disueltos por los ganaderos, y éste es uno de ellos, de los ejidos reconstruidos.
Ciudadanos legisladores, la solicitud es muy concreta, igualmente que no se genere en la sociedad mexicana una represalia contra el pueblo, particularmente contra el pueblo campesino, por su firme decisión de democratizar la nación.
Por los conductos adecuados estaremos reclamando y pidiendo la consignación penal de los autores de estos ilícitos, pero nosotros si en primer lugar queríamos que escucharan la denuncia; y en segundo lugar, queríamos que se estableciera la solidaridad de los órganos competentes con los compañeros que han sido agredidos en este caso.
Presentaremos también la denuncia por escrito y solicitamos que se turne a la comisión correspondiente, para que por ese conducto se pida a las autoridades su intervención. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado, independientemente de que está concedido el turno a la comisión respectiva, como usted lo solicita, quiero informarle que en cumplimentación del acuerdo anterior de la Comisión Permanente, tuvimos oportunidad de entablar comunicación directa con el señor gobernador del estado de Guanajuato.
Nos complace mucho saber que ya hubo en principio la reunión y que hay una etapa de conciliación con los compañeros del ejido La Laguna.
Por lo que hace al estado de Sinaloa, deseo informarle a usted que por la mañana estuvo en comunicación el señor procurador del estado y las autoridades agrarias del lugar por instrucciones del gobernador, para que ustedes sean tan amables de ponerse de acuerdo hoy mismo con él, a afecto de que se proceda de inmediato a una audiencia en la cual se pueda buscar un cauce normal para la solución de los problemas que confronta.
Por lo que toca a las demás denuncias que van relacionadas con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en las secretarías particulares de esas dependencias, esperan que ustedes les digan, si es posible que hoy mismo en la tarde o mañana en la mañana, puedan ser atendidos por los titulares de esas dependencias.
El C. diputado Jorge Amador Amador (desde su curul): - Muchas gracias.
CASA DE BOLSA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El C. diputado Alejandro Encinas: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: En las últimas sesiones, he insistido en las irregularidades cometidas en las casas de bolsa, lo cual ha provocado una gran inquietud en la opinión pública nacional y ha cobrado un gran espacio en los medios masivos de comunicación.
Mi información ha vertido, se ha expresado en distintos medios, ha habido una discusión pública por esos manejos irregulares y ha llevado incluso a una respuesta si no oficial, sí una respuesta inicial del propio presidente de la Comisión Nacional de Valores, que en el día de ayer hizo algunas declaraciones en la prensa nacional, donde reconoce explícitamente, alguna de las irregularidades que nosotros hemos denunciado.
En el texto de su declaración aparecida en un periódico de circulación nacional, se señala que Patricio Ayala, presidente de esta institución, dijo que en la Comisión Nacional de Valores no hay complacencia hacia las casas de bolsa; y que se está actuando conforme a la ley, y que el mismo tiempo propondrá un conjunto de modificaciones a la Ley del Mercado de Valores, para garantizar los derechos de los cuentahabientes de las casas de bolsa. Sin embargo, en la declaración hay un conjunto de elementos que pareciera dar satisfacción a la inquietud que nosotros hemos presentado aquí, pero creo que complica aún más la situación.
Ayala González, señaló que después del crack de la Bolsa Mexicana de Valores, en la Comisión que él preside, se ha recibido un total de 800 denuncias contra casas de bolsa, de las cuales 250 corresponden a 1987 y las restantes al año en curso. Dice que de las 800 quejas, más de 300 se han conciliado a favor de los inversionistas; en 400 se han dejado a salvo los derechos de las partes para ir a los tribunales, porque son demandas de hechos que requieren pruebas sin la intervención de un juez; y 70 están en trámite y el resto están en juicios arbitrales en la propia Comisión Nacional de Valores.
Recalcó que de las 25 casas de bolsa que existen en el país, 10 no han tenido ninguna queja, y que el problema se concentra en las otras 15. Coincidentemente, son las más poderosas y las que concentran el grueso de las operaciones y el grueso de los manejos fraudulentos.
Junto con esta declaración, tenemos en nuestro poder un oficio girado por la dirección general jurídica de la Comisión Nacional de Valores, firmado por el vicepresidente, licenciado Jorge Guerrero Baeza, y dirigió a uno de los quejosos donde se señala textualmente: "Conviene apuntar que si como usted lo afirma, Casa de Bolsa de México, S.A. de C.V., no debiera acreditar la existencia de los contratos de compraventa de valores a plazo, que dio motivo a su reclamación, en opinión de este organismo, la sentencia de la autoridad judicial debe ser favorable a los intereses que reclama como inversionista".
Como decía, debería aparecer que se satisfaciera parte de la información que nosotros hemos requerido sobre esos manejos fraudulentos; sin embargo, creemos que el problema se agudiza, dado que hay un reconocimiento de la autoridad competente, la cual de oficio y de acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, debería de intervenir directamente a estas casas que han incurrido en irregularidades que hoy se reconocen.
Y en esto nos fundamentamos en la propia Ley de Mercado de Valores y en el artículo 41 fracción II- bis, en su penúltimo párrafo señala: "Que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y la observancia de las disposiciones de carácter general citadas, dará lugar a revocar la autorización previa audiencia del interesado".
En la fracción III del mismo artículo se señala, como facultad de la Comisión Nacional de Valores: "Investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias de esta ley, pudiendo al efecto ordenar visita de inspección a los presuntos responsables, para que de acuerdo a la fracción VII pueda intervenir administrativamente a las casas de bolsa y bolsas de valores, con objeto de suspender, normalizar o resolver las
operaciones que pongan en peligro su solvencia y estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de la presente ley o de las disposiciones de carácter general que de él la deriven".
Más adelante, en el artículo 47 y 48 se establece que: "Una vez intervenidas estas casas de bolsa por las irregularidades que hoy se reconocen, se debe designar un interventor que tome las medidas necesarias para que se suspendan, normalicen o en su caso liquiden las operaciones o irregularidades, esto ejerciendo facultades sin supeditarse a la asamblea de accionistas de la Casa de Bolsa".
Creemos que esto es un problema grave y que ahora por fin están apareciendo a la luz pública los problemas de fondo; sin embargo, nos preocupa una información que hemos recibido directamente de gente del interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Bolsa Mexicana de Valores, que están pretendiendo impedir la comparecencia, tanto del titular de la Secretaría de Hacienda como del presidente de la Comisión Nacional de Valores, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, como lo hemos requerido.
Tal es el caso de José Sainz Viesca, quien se ostenta como presidente de la Academia Mexicana de Derecho Bursátil, tiene una declaración también a otro periódico de circulación nacional, consideró que a raíz del crac de la bolsa en octubre de 1987 se ha satanizado las casas de bolsa y se ha pretendido desprestigiar su funcionamiento sin fundamento alguno, incluso comentó que la irritación observada por parte del público, inversionistas, en contra de los intermediarios financieros, no bancarios, es atribuible más que a la falta de recursos legales, al desconocimiento del mismo.
Eso, pues, no nos debe de extrañar, y más tratándose de José Sainz Viesca, quien al tiempo de que es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Bursátil, es vicepresidente de la Casa de Bolsa CBI, de la cual es presidente José Carral, quien dirigiera el Banco de américa para América Latina y al mismo tiempo José Sainz Viesca es hijo de José Sainz Arroyo, director general de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República.
Y junto con ello pues ha habido un conjunto de presiones para impedir la comparecencia de estos funcionarios. Y esto obedece, sin lugar a dudas, al conjunto de intereses que se expresan en las casas de bolsa y la relación que tienen con algunos funcionarios públicos. Es el caso, por ejemplo, de Hugo García Blake, actual coordinador de asesores del Secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli, quien antes de ocupar el cargo era vicepresidente de la casa de bolsa Mexival, Mexicana de Inversiones y Valore, de la cual es presidente el tristemente célebre Isidoro Rodríguez y es consejero también Jesús Alcántara, actual diputado y presunto senador, que ha sido impugnado por el propio Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís.
Actualmente, también el hermano de Hugo García Blake, Luis García Blake, es presidente también del Consejo de Administración de Multivalores S.A., otra de las casas de bolsa implicadas en el fraude.
Y si nosotros vamos revisando la integración de los consejos de administración de las distintas casas de bolsa implicadas, vamos encontrando algunas sorpresas: Es el caso de la casa de bolsa Interval, cuyo presidente del Consejo de Administración, es Carlos Hank Ron, hijo del profesor Carlos Hank González, donde figura también José Pintado, uno de los exdueños de Multibanca Comermex, antes de la nacionalización, figura también Gabriel Alarcón, propietario de El Heraldo y curiosamente David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda.
En el mismo caso de la casa de bolsa, Comercial Casa de Bolsa, donde el presidente del Consejo es Eloy Ballina y figura en el Consejo, curiosamente, Jaime Sierra Pliego, quien, ¿quién sabe qué parentesco tenga con el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
Y vemos que el problema es muy grave y sería lamentable que nosotros el próximo jueves 28 en la reunión que tengamos, nos encontráramos con la torpeza de impedir una investigación a fondo de estos sucesos.
Junto con esa situación nos continúa llegando más información sobre los manejos ilícitos de la casa de bolsa, tal es el caso de un documento que nos ha pedido hacer llegar al presidente de esta Comisión Permanente, al diputado Nicolás Reynés Berezaluce, por nuestro conducto, de parte de la Asociación de Inversionistas contra casas de bolsa, una agrupación que integran a más de cien personas afectadas por el fraude de las casas de bolsa y que en un extenso y muy minucioso documento relatan un conjunto de irregularidades de las que hemos nosotros denunciado y aportan nuevas pruebas.
Voy a permitirme señalar algunos de los elementos que esta asociación aporta para el debate al seno de la Cámara de Diputados, señala así: "Efectivamente, con motivo de la premeditada caída de la bolsa, se pusieron de manifiesto múltiples irregularidades cometidas por las casas de bolsa contra su clientela, falsificación de firmas, violación de contratos, desconocimiento de órdenes verbales y escritas, órdenes de venta no tramitadas, alteraciones de documentos, simulaciones de actos jurídicos, realización de operaciones a plazo a espaldas de los clientes inversionistas sin su autorización, disposiciones indebidas de fondo de sus clientes, retención de documentos y estados de cuenta, retenciones ilegales de fondos y valores, afectación de valores para constituir ilícita garantía en porcentajes superiores a los legales contra la voluntad de sus propietarios, créditos margen no solicitados por la clientela que fueron destinados a la compra de acciones y otras."
Señala más adelante: "muchas de las conductas mencionadas anteriormente constituyen ilícitos penales, pero tampoco ha habido resultado en ese campo por el círculo vicioso que se ha creado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien se declara sin distingo ni competente, turna las denuncias a la Procuraduría General de la República y a su vez solicita a la Procuraduría Fiscal de la Federación, manifieste si formula petición conforme a las disposiciones del artículo 52- bis 2 de la Ley de Mercado de Valores que señala textualmente: los delitos previstos en los artículos 52, 52- bis y 52- bis- 1 solamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional de Valores".
Al respecto, los integrantes de esta asociación señalan: "cabe aclarar que el derecho y la acción de los ciudadanos y en este caso de los inversionistas no puede estar sujeto, condicionado a la voluntad o actuación de las autoridades hacendarías". Por lo cual, tienen toda la razón porque no hay una pérdida del derecho por parte de los demandantes de las casas de bolsa. Dice: "con el objeto de apoyar la solicitud del diputado Alejandro Encinas Rodríguez, diputado del Partido Mexicano Socialista, para que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de Valores y la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentamos este escrito al que acompañamos carta igualmente al ciudadano Presidente de la República, con fecha 19 de noviembre de 1987; denuncia dirigida al ciudadano Secretario de la Contraloría General de la Federación y presentada el 23 de junio del año en curso; así como denuncias, demandas, reclamaciones, solicitudes de algunos de los suscritos que comprueban nuestro dicho.
Y por lo anteriormente expuesto, solicitan a esta Comisión Permanente los siguientes puntos:
"Primero. Se dé cuenta a la honorable Comisión Permanente, con el presente escrito; Segundo. Por los razonamientos aquí expuestos, se tengan por apoyadas las solicitudes a efecto de que se comparezca, previa citación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, independientemente de los motivos que haya generado dicha solicitud, se aproveche su comparecencia para que informe sobre la situación de la Bolsa Mexicana de Valores y para que en especial explique a los legisladores sobre las denuncias y demandas presentadas contra varias casas de bolsa, por sus clientes inversionistas. Suplicando se corra traslado del presente escrito al ciudadano Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con el fin de que en el seno de la misma se valore debidamente el asunto que nos ocupa;
Tercero. De acuerdo a las facultades y atribuciones de esta Comisión Permanente, se solicite la investigación de la gran cantidad de irregularidades e ilícitas precisados, y
Cuarto. Para que una vez realizadas las investigaciones y determinado las responsabilidades en que hayan incurrido tanto casas de bolsa como funcionarios, se impongan las sanciones y penas a que se hayan hecho acreedores y a las intermediarias bursátiles se les retire o se les cancele la concesión y autorización otorgada para funcionar. Asimismo por lo que hace a los funcionarios públicos que hayan incurrido en la responsabilidad, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y Empleados de la Federación, en base al artículo 47."
Firman una gran cantidad de los miembros de esta asociación, algunos de los cuales nos acompañan en esta sesión de la Comisión Permanente. Y dejamos aquí constancia de la denuncia y algunas muestras de las irregularidades en que han incurrido las casas de bolsa, que van las violaciones desde la no atención de instrucciones de venta por parte de los comitentes, cuando las casas de bolsa se retiraban del mercado, el fraude por administración, la simulación de actos jurídicos, el abuso de confianza, hasta el extremo de acciones ilícitas como secuestros, la privación ilegal de la libertad y la extorsión que realizó la Casa de Bolsa México, así como la prefabricación de ilícitos, la falsificación de documentos y firmas.
Dejo el original de la carta, junto con algunas revistas y otras publicaciones sobre el caso, así como las cartas al ciudadano Presidente de la República, y las denuncias que ejemplifican toda la situación de irregularidades que se han cometido por parte de las casas de bolsa.
Por otro lado, y aprovechando que estamos aquí y aunque no tenga que ver directamente con este asunto, queremos pronunciarnos en torno al bombazo que se presentó el día de ayer en una casa de bolsa, coincidentemente, en la casa de bolsa Probursa, ubicada en San Angel, Insurgentes sur, donde un artefacto explosivo destruyó parte de la fachada, y se distribuyeron algunos volantes cuyo texto decía: liberación nacional por el socialismo o muerte, Comando Revolucionario Mexicano, general Emiliano Zapata.
Nosotros, como partido político, queremos condenar enérgicamente este atentado, que consideramos es una provocación que viene a enrarecer y a enturbiar todavía más el ambiente político que vive el país, y que no debería ser esto parte de una escalada de agresiones o de intentos de inestabilidad, como lo han significado los asesinatos de Francisco Xavier Obando y Román Gil en el Distrito Federal, el asesinato de Linda Bejarano y dos personas más, en Ciudad Juárez, y la intransigencia y la torpeza con la que no se resuelve la huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Nacional de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Creemos que éste es un hecho condenable, que la solución, en este caso el problema de la bolsa y a todos los problemas políticos que enfrentamos,
no debe partir de la intransigencia y la provocación, sino justamente de concertar, de acercar el diálogo, incurriendo en la legalidad plena.
Esperamos que la resolución del próximo jueves, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sea favorable a la comparecencia de estos funcionarios, y condenamos este tipo de hechos que en nada contribuyen al desarrollo democrático del país. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros legisladores: Quiero hacer alguna serie de referencias respecto de lo que ha planteado el diputado Encinas.
El tema que ha planteado él, merece por parte de todos nosotros la más profunda reflexión, la gran seriedad respecto de como se manejan las casas de bolsa, sobre lo que constituye el mercado de valores en nuestro país, y sin duda, sus incidencias en la economía mexicana.
Compañeros, yo no había tenido un juicio, digamos valorativo adecuadamente ¿no?, sobre lo que son las casas de bolsa, pero me tocó por suerte y a propósito, estar en un seminario sobre mercado de valores, sobre las casas de bolsa. Un seminario que realizó la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey; un seminario al que invitaron a cuadros altamente calificados, a propietarios de casas de bolsa: Inverlat, en fin, varias casas estuvieron ahí representadas.
Lo que ahí se planteó, lo que se vio en esas conferencias, que fue en el teatro Luis Elizondo, de Monterrey, Nuevo León, realmente amerita comentarios y reflexiones con detenimiento. Yo había considerado que el mercado de valores por su propia naturaleza en este sistema capitalista, pudiese contribuir al financiamiento de la inversión y que las casas de bolsa, reglamentadas por las instituciones del gobierno federal, pudiese contribuir a la formación, acumulación propia de capital nacional.
Pero al ir escuchando durante cuatro días a los conferencistas, unos con ciertos matices diferentes de otros conferencistas, todos coincidieron en lo siguiente: En primer lugar, ellos dejaron asentado con toda claridad, que las casas de bolsa son para especular; dijeron: Aquí no se viene a engaños con nadie, las casas de bolsa son para especular y que en esta especulación el que tiene más ventajas, más conocimientos de la situación financiera tanto de las empresas como del movimiento de las acciones, es el que va a sacar más ventajas. Que el procedimiento que inspira a las casas de bolsa es simplemente la operación lucrativa, y que si bien es cierto que creció, las acciones de las casas de bolsa, reconocieron que el financiamiento, prácticamente había sido nulo para los que habían solicitado recursos para la inversión.
Hicieron hincapié, compañeros legisladores, en que México debe entrar en una etapa para incrementar la llamada cultura financiera, que somos un pueblo todavía, que somos un país, perdón, todavía con escasa formación de cultura financiera. Es decir, que no se han dado las condiciones para incrementar precisamente esa gran especulación de los recursos provenientes de los medianos o grandes ahorradores, pero no solamente tenían esos conceptos, sino que matizaban sus conferencias con un sentido político, con una tesis económica mucho muy definida.
En primer lugar, el primer conferencista estableció que había sido una maldición para México, la nacionalización de la banca privada; que había sido un paso del gobierno que venía a coartar o a detener la libre movilización de capitales, expresaron su preocupación por las crecientes reglas que el gobierno ha implementado para el manejo de las casas de bolsa. A esto lo llamaron intervención innecesaria del Estado en las finanza nacionales.
Luego en sus esquemas, en su manera de exponer sus conceptos o las gráficas, la manera de exponer lo que los estudiantes tienen interés en conocer, que entre paréntesis son estudiantes todos hijos de la alta burguesía, les llevaron hasta ellos esquemas del manejo de las casas de bolsa de Estados Unidos y de Japón.
Es decir, el esfuerzo interesado de esos conferencistas, de desnacionalizar lo objetivos, los propósitos de la Revolución Mexicana, de los idearios que establecieron economistas del campo revolucionario, con el fin de formar lo que ellos dijeron en ese momento, dice: con el interés de formar una nueva generación de capitanes financieros.
Y se ufanaron, en ese entonces, hace aproximadamente ocho o nueve meses, se ufanaron de cómo el mercado de valores, el mercado de bolsa, manejan más de 34 mil millones de dólares, y que esa captación los hacía, ésa fue la expresión de ellos, tener un poder en competencia más fuerte que la banca nacionalizada.
Yo considero, compañeros legisladores, que la exposición, la aportación que ha hecho el diputado
Encinas, sin duda, su reiteración de hace algunas semanas, sin duda debe llamar nuestra atención.
Una cosa es que México requiera de capitales, que México requiera de acumulación para las inversiones, que requiera inclusive de capital del exterior, y otra cosa es dejar en manos de gente desnacionalizada, de gente sin escrúpulos, y que hoy mismo en este momento se están formando en las instituciones educativas de carácter privado para seguir alentando este proceso desnacionalizante en el que prácticamente México no ve perspectiva para superar la crisis económica. En esta virtud, compañeros legisladores, quiero solidarizarme, quiero ser copartícipe de lo que expresó el compañero Encinas, de las excitativas que ha hecho en este sentido y que se renueve el interés nacional en lo que se refiere a la materia de las finanzas de nuestro país. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores legisladores: Quiero también apoyar la iniciativa de las comparencias que ha planteado el diputado Encinas.
En ocasiones pasadas, hemos discutido la utilidad, la urgencia o no y la viabilidad de las comparecencias. Recuerdo que en alguna ocasión incluso la propia fracción priísta planteó la comparecencia del doctor Pedro Aspe, después de la firma del Pacto de Solidaridad, para venir a explicar algunas de sus consecuencias.
En aquella ocasión, y lo reitero ahora, nosotros argumentamos que el problema no es venir aquí a que se nos informe a posteriori, las decisiones y las determinaciones tomadas. El problema es poder participar, porque ésa es la facultad y el papel del elemento legislativo en nuestro país, de discutir y analizar cuál es la política económica correcta a seguir por parte del país. No aceptamos más ser simples instrumentos para ser informados sobre las decisiones tomadas; tampoco queremos simplemente recibir la información estadística pertinente a fin de poder contemplar las decisiones y sus consecuencias, tomadas en las altas esferas del gobierno, sin consulta alguna con este organismo legislativo y ciertamente por lo tanto, con el pueblo de México.
Si las elecciones del 6 de julio demostraron justamente que eso ya no funciona; que es absolutamente contraproducente esta concepción de gobierno y que es necesario instaurar una nueva visión de lo que es gobernar en México a partir del 6 de julio. Y yo creo que a esta Comisión Permanente que se caracteriza por su extraordinaria sensibilidad política ante lo que está pasando en el país, que sería en su haber el plantear en forma distinta de abordar los problemas que estamos planteando y que ahora le ha planteado, creo que por tercera vez consecutiva, el diputado Alejandro Encinas, del Partido Mexicano Socialista, que es en su haber, el haber planteado tantas veces y con tanta insistencia este tema de gran importancia nacional.
Creemos, entonces, que la búsqueda de una nueva forma de gobierno, de una nueva relación política entre el Ejecutivo y el Legislativo, debemos hoy introducir el método de las comparecencias para explicar lo que se pretende hacer y de poner aquí en tela de juicio, si eso conviene o no a los intereses de la nación, ése es el tipo de debate que debiéramos tener y que no hemos tenido; ése es el tipo de debate que nosotros hemos venido sistemáticamente reclamando y que reiteramos en esta propuesta que ha hecho el compañero Alejandro Encinas.
Entonces, insistimos en que es el momento de inaugurar el nuevo método de gobierno; es el momento de empezar a asimilar las nuevas prácticas, formas y reglas de gestación, de dirección, de discusión y de resolución de los problemas nacionales y eso pasa por escuchar en serio el veredicto del pueblo de México del 6 de julio en el sentido de que requerimos de una nueva dirección en el país.
El C. diputado Jorge Flores Solano (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El C. Presidente: - ¿Le permite una interpelación al señor diputado?
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Cómo no.
El C. diputado Jorge Flores Solano (desde su curul): - Señor diputado, ¿me puede usted explicar de las comparecencias, de lo que hacen los secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda cuando traen los proyectos de iniciativas del Presupuesto y de la Ley de Ingresos?
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Como no, le voy a decir lo que son, son espectáculos televisivos al estilo de "Siempre en Domingo", es lo que son. (Aplausos).
El C. Presidente: - A las galerías, tengan la amabilidad de conservar el orden. Tiene la palabra señor diputado Pascoe.
El C. diputado Andrés Pascoe Pierce: - Como nosotros creemos que el problema aquí es encontrar, yo insisto y reitero, nuevas formas, nuevas prácticas y nuevas reglas para la conducción del país, eso requiere desde ahora que simplemente estos instrumentos nuevos, estas formas nuevas y una de esas formas nuevas es aceptar de plano la importancia en una comparecencia, no para que nos vengan a decir lo que se ha hecho y la manera en que brillantemente se han dirigido los destinos de la nación, con brillantes economistas, sino más bien venir a debatir verdaderamente con la soberanía popular. Muchas gracias. (Aplausos).
El C. Presidente: - Señores, suplico guardar orden.
Señores legisladores: como es de su conocimiento, la Comisión Permanente no tiene facultades para resolver en torno a la propuesta del señor diputado Encinas, pero sí está facultada para dar turno a la documentación que en estos momentos acaba de recibir. Tengo entendido y lo hago así para información a la asamblea que están citados los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el próximo jueves reunirse y resolver lo que legalmente proceda; de tal manera que esta presidencia turna la documentación a que se ha hecho referencia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados.
CONDENA A HOMICIDIOS
El C. Presidente: - El turno es para el señor orador, Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: La pérdida de la vida de cualquier ser humano, constituye en sí un hecho doloroso, aun cuando sabemos que es consecuencia de un fenómeno natural. Pero cuando alguien es privado de la vida, produce no sólo dolor sino irritación, condena inmediata y un deseo casi desesperante de que él o los homicidas sean castigados en forma severa por la cobardía de su acción y porque nadie tiene derecho a atentar contra la vida de otro.
El pasado día 23, en Ciudad Juárez, fueron victimadas tres personas, entre ella la periodista Linda Bejarano, y se ha responsabilizado de este crimen a agentes federales adscritos a la delegación de la Procuraduría General de la República en esta ciudad.
No es el primer atentado o crimen del que tengamos conocimiento. El campo del periodismo mexicano se ha visto con cierta frecuencia enlutado por hechos como el ocurrido el pasado 23 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y muchos de estos crímenes a parte del estupor, de la condena enérgica que producen, con cierta lamentación han quedado impunes.
Este crimen consideramos no debe quedar así, la versión de que fue resultado de una equivocación porque se iba en persecución de presuntos delincuentes ligados con el narcotráfico no es nada convincente y, por lo tanto, se reclama un castigo ejemplar a quienes resulten responsables de este crimen. Tenemos entendido que las autoridades están ya haciendo las investigaciones, han habido ofrecimientos de que será esclarecido este hecho lamentable y que habrá de darse cuenta a la nación de lo que resulte de las investigaciones.
Yo quiero hacer una propuesta de punto de acuerdo a esta Comisión Permanente, para que en forma unánime, si es posible, se acepte el siguiente texto que sería:
«PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente el asesinato de la periodista Linda Bejarano y de dos personas que le acompañaban.
En la misma forma, manifiesto su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán este hecho, aplicando el peso de la ley a quienes resulten responsables.
Salón de legisladores, México Distrito Federal, julio 26 de 1988.
Y con el suscrito firma el diputado Alejandro Encinas, del Partido Mexicano Socialista; el diputado Ricardo Pascoe Pierce, del Movimiento al Socialismo; el señor Senador Martínez Corbalá, el señor diputado Jorge Amador Amador, por el Partido del Frente Cardenista; el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional y el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.»
Dejo en la secretaría el texto de punto de acuerdo para que sea sometido a su consideración. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58 del reglamento en vigor, se pregunta si hay oradores en pro o en contra...
No habiendo oradores en pro o en contra, proceda la secretaría a consultar a la asamblea si se
aprueba o no el punto de acuerdo, propuesto por el señor diputado Roberto Calderón Tinoco y firmado por diversos legisladores miembros de esta Comisión Permanente.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por Instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba o no el punto de acuerdo que presentan Roberto Calderón Tinoco y que está avalado por otros compañeros legisladores.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor presidente.
El C. Presidente: - Cúmplase.
Se concede la palabra, para presentar asunto diverso, al ciudadano diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista.
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente: primeramente una explicación y una solicitud.
Resulta que varios ciudadanos trabajadores, pertenecientes al Sindicato del Seguro Social, han traído a esta Cámara una denuncia, una demanda, en contra del diputado Antonio Punzo Gaona. En virtud de que el diputado Juan de Dios Castro hizo la petición de que se turnara a la Oficialía de Partes, yo estoy simplemente soslayando, pues, esta responsabilidad para efectos de la solicitud; es decir, que la petición ya fue cumplida por los ciudadanos que hicieron esta petición.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pido la palabra, para una aclaración.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, señor diputado.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Yo pedí que constatara, porque evidentemente la presidencia no estaba en posibilidades de constatarlo, que se turnara no a la Oficialía de Partes sino a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Presidente: - Qué bueno que hace usted la declaración, señor diputado Castro.
Entonces, si usted me permite, señor diputado Morquecho, en vía de información, porque estoy enterado, decir que se recibió efectivamente una demanda de juicio político en contra de la persona que usted señala, en la Oficialía de Partes. La Oficialía Mayor recibió la presencia de los interesados, quienes ya ratificaron el contenido de esa demanda y juicio político, y de inmediato será turnada como corresponde, y así lo ha señalado el señor licenciado Castro, a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para los efectos legales que procedan. Es mi información.
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Muchas gracias, señor presidente.
En consecuencia, hoy no trataré ese tema y quisiera tratar efemérides, por favor.
El C. Presidente: - Desde luego, señor diputado.
CUARTEL MONCADA
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - El tema de efemérides es sobre la Revolución Cubana, 26 de julio de 1988, en su XXIX aniversario del asalto al famoso Cuartel Moncada, y sus incidencias que ha tenido en América Latina.
En primer lugar, quiero expresar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, que la Revolución Cubana ha cumplido su papel histórico en este subcontinente.
Esta revolución incidió para reiniciar la lucha por la segunda etapa de la independencia de América Latina; es decir, la etapa de la lucha por la independencia económica.
En segundo lugar, incidió transformar la correlación de las fuerzas políticas en este subcontinente, dominado por el imperialismo norteamericano, incidió para transformar dichas fuerzas en favor de la independencia de los países de América Latina.
En tercer lugar, la Revolución Cubana ha demostrado que el imperialismo norteamericano no es invencible. La transformación de la revolución democrático- burguesa y antiimperialista de Cuba, en revolución socialista, se logró por su unidad, por su patriotismo, por su actitud consecuente antiimperialista, que unificó a todas las clases sociales cubanas opuestas ala opresión imperial.
En cuarto lugar, la Revolución Cubana ha venido a incidir en los procesos de lucha de los pueblos de América Latina, particularmente con el pueblo de Nicaragua, un pueblo que con su revolución, lucha con un sentido antiimperialista y en favor de su nacionalismo.
En quinto lugar, consideramos que, desde entonces, desde el año de 1960, el gobierno y el pueblo de México, hemos sido solidarios con la Revolución Cubana, y pensamos que si no hubiese existido de nuestra parte la Revolución Mexicana, difícilmente hubiera triunfado la Revolución Cubana; pero, al mismo tiempo, es decir, dialécticamente, si no hubiese triunfado la Revolución Cubana, de la Revolución Mexicana, sin duda, no hubiera quedado ni su sombra.
En séptimo lugar, y ante este panorama, hoy, compañeros legisladores, los requerimientos internacionales en el contexto de la lucha por la paz, en el contexto de la lucha por llevar recursos financieros, por llevar modelos económicos que permitan incrementar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los pueblos de América Latina, es que se requieren en este momento, condiciones de paz y condiciones objetivas y subjetivas para que el socialismo, como sistema de la vida social, pueda renacer en nuestras patrias una vez liberadas de la coyunda del imperialismo.
Por otra parte, la Revolución Cubana, como todos lo sabemos, ha demostrado que se ha renovado la fe del hombre en el nuevo humanismo; que se ha renovado la fe en la razón y en la capacidad creadora del hombre de parte de la solidaridad plena que han otorgado la Unión Soviética y los países socialistas con la Revolución Cubana; consideramos que se han dado en condiciones de respeto, de responsabilidad con el pueblo cubano y en el mundo de hoy, la Revolución Cubana da dado como frutos, ha contribuido a que se incremente el intercambio comercial, el intercambio técnico y el intercambio tecnológico e inclusive abarcando hasta hoy a la República de Nicaragua que sigue luchando por su independencia económica al calor de la revolución sandinista.
Estos son los signos, compañeros legisladores, éstos son los signos de los tiempos de renovación social verdadera y no demagógica, como algunas fuerzas interesadas en querer desprestigiar al sistema socialista, se han empeñado en verter para efectos de confundir a las clases trabajadores y a nuestro pueblo.
Estos son lo signos de estos tiempos en los que se demuestra de manera fehaciente que la participación de las clases trabajadoras en la dirección política de sus propios gobiernos, han dado con claridad, muestras de que la fuerza rectora de la clase obrera, de los campesinos y de los intelectuales revolucionarios, es factible que pueda llevar adelante estos signos de los tiempos nuevos que nos alientan y que nos indican también que le hombre y todos los pueblos, que luchan por su plena independencia económica, dicha lucha puede ser realidad mediante la reestructuración de un gran frente nacional democrático patriótico y antiimperialista en cada una de nuestras patrias; para vencer al enemigo común, el imperialismo norteamericano y con base en la realidad concreta de cada pueblo y según su propio desarrollo histórico, sin duda podremos avanzar hacia la construcción de la nueva sociedad que demanda estos signos de los tiempos nuevos: El sistema socialista mundial. Gracias.
DE COLOMBIA
El C. Presidente: - El ciudadano diputado Alejandro Encinas, va a presentar un asunto de interés para él, tiene la palabra.
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Yo creo que es interés de todos. Compañeras y compañeros legisladores he solicitado el uso de la palabra para hacerles una propuesta, a nombre del senador Gonzalo Martínez Corbalá y un servidor, de punto de acuerdo, cuyo texto es el siguiente:
Como ha sido informada muy ampliamente por los medios de comunicación, el pasado 14 de julio, en la ciudad de Panamá, se reunieron sectores representativos de la sociedad colombiana con el fin de iniciar los preparativos para llevar a cabo un diálogo nacional, que ponga fin al creciente deterioro de la situación política en esta hermana república y que ha provocado el asesinato de cientos de ciudadanos colombianos de las más diversas ideologías y sectores sociales.
Como consecuencia inmediata de dicha reunión fue liberado el dirigente del Partido Conservador, Alvaro Gómez Hurtado, y se acordó realizar una magna cumbre de salvación nacional el próximo 29 de julio en la ciudad de Bogotá en la cual participarán partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones insurgentes, la Conferencia Episcopal, las cámaras empresariales, la Central Única de Trabajadores y el gobierno de ese país.
Desde nuestro punto de vista, este encauzamiento de las tensiones sociales mediante el diálogo político, constituye el camino más adecuado para poner fin a la violencia política que lleva ya varios años en ese país.
Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, los legisladores federales, abajo firmantes, proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión velara positivamente los acuerdos de Panamá, que sientan las bases para el inicio del diálogo nacional en Colombia, considera necesario que se den plenas garantías a todas las fuerzas políticas, incluidos los grupos insurgentes, y se faciliten las condiciones necesarias para que dicha reunión alcance los acuerdos esperados por la sociedad colombiana.
Salón Legisladores de la República. Firmamos el senador Martínez Corbalá y su servidor, Alejandro Encinas Rodríguez.»
Dejo el punto de acuerdo a su consideración.
El C. Presidente: - Señora secretaria, ¿sería usted tan amable de permitirme el punto de acuerdo?
En los términos del artículo 58, ¿oradores en pro o en contra? No habiéndolos, consulte la secretaría a la asamblea si se acepta o no el punto de acuerdo propuesto por el señor diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del partido Mexicano Socialista.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba o no el punto de acuerdo presentado por el diputado Encinas y por el senador Martínez Corbalá.
Los que estén por la afirmativa.
(Votación.)
Los que estén por la negativa... Se admite, señor presidente. Se aprueba.
El C. Presidente: - Cúmplase.
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADQUIRIENDO ACCIONES
El C. Presidente: - Se han inscrito algunos ciudadanos legisladores miembros de esta honorable Comisión Permanente, para tratar lo relativo al proceso electoral.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra, al señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores Legisladores: El tema de la propiedad, el concepto de la propiedad, es un tema apasionante y quizá es lo que revele la identidad de cada una de las corrientes políticas del país.
Nosotros hemos manifestado la necesidad de que todos los mexicanos tengan el libre acceso a la propiedad, no entendemos el derecho de propiedad como un derecho absoluto e ilimitado, entendemos que es un derecho que debe estar subordinado a los requerimientos y necesidades del bien común.
Me voy a permitir presentar a ustedes una iniciativa de ley que presenta mi partido, cuyo mérito en su elaboración corresponde al señor diputado Carlos Arturo Acosta, miembro de la diputación de Acción Nacional, que suscribo también yo como diputado federal del grupo parlamentario de Acción Nacional y que se sustenta en los principios de doctrina sobre el concepto de propiedad que sustenta Acción Nacional. Como es muy larga la exposición de motivos, voy a solicitar a la presidencia, se sirva disponer quede transcrita esta exposición de motivos en el Diario de los Debates y voy a leer únicamente el contenido de la reforma legal que se propone.
«Honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, me permito presentar a la consideración del congreso, por conducto de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley que establece las bases para que el personal de las empresas adquieran acciones de las mismas.
La justa idea de la participación de los trabajadores en la propiedad y en la gestión de las empresas en que trabajan tienen ya rancio abolengo en el pensamiento occidental. John Stuart Mill, consideraba una manifestación del progreso de la humanidad la asociación de los trabajadores y los empresarios en términos de igualdad tanto en la propiedad del capital como en la participación activa en la administración de la empresa.
La idea del pensador inglés cruzó el océano y germinó en tierras americanas y fue cultivada tanto durante los primeros gobiernos, desde Jefferson y Hamilton hasta en los últimos gobiernos de la Unión Americana. Un abogado de San Francisco, California, Louis Kelson, desde mediados de este siglo, intentó encontrar mecanismos jurídicos para distribuir la riqueza generada
socialmente, por considerar las dificultades existentes para los desposeídos en la adquisición de propiedad y como contraparte, las facilidades de incrementar su propiedad para los ya poseedores. Gracias a Kelson existen hoy en día en Estados Unidos de América miles de negociaciones organizadas bajo una concepción de la empresa en la cual los trabajadores participan en la propiedad de la empresa y en muchas ocasiones en su administración.
En México, la Constitución de 1917 ordenó la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El Partido Acción Nacional hizo proposiciones concretas para este fin desde 1960 y en 1963 se legisló al respecto y se establecieron los procedimientos pertinentes.
En 1972, planteó Acción Nacional la necesidad de hacer partícipes a los trabajadores de la propiedad de la empresa en el proyecto de Ley de Fomento para la Pesca y la Reforma de Estructuras de la Empresa Pesquera (8- V- 72). Ese mismo año, la diputación de Acción Nacional propuso una iniciativa de decreto en la cual se establecieron las "bases para que el personal de las organizaciones descentralizadas y de las empresas de participación estatal mayoritaria participe en la administración de las mismas y en su caso, adquiera acciones de las segundas" (26- X- 72). Unos días antes propuso en "decreto que establece las bases para que el personal de las empresas adquiera acciones de las mismas y participe en su administración" (17- X- 72).
Aunque en la doctrina de Acción Nacional está postulada la participación de los trabajadores, tanto en la propiedad como en la administración de las empresas, desde un principio se reconoció la existencia de serias dificultades para el establecimiento de mecanismos operativos eficaces.
Respecto a las dificultades, en la iniciativa de ley presentada por el Partido Acción Nacional el 11 de diciembre de 1972, se señalaba: "...en la realidad se tropieza con serias dificultades, porque en la mayor parte de los casos las acciones de las empresas de México pertenecen a grupos cerrados que no están dispuestas a venderlas; y aun en los casos de acciones que pueden adquirirse en la Bolsa de Valores. Los precios distan de ser atractivos, tienen que pagarse de contado y falta una organización que esté en condiciones de comprar las acciones y que dé fuerza a la posesión de las que los trabajadores pueden adquirir". Así pues, se hace necesario el establecimiento de mecanismos operativos.
La experiencia de casi medio siglo impone la necesidad de establecer procedimientos voluntarios y graduales para evitar los fracasos, producto de la incomprensión y rechazo por lo novedoso o de los desajustes violentos por la premura.
Estas iniciativas de la diputación del Partido Acción Nacional está fundamentada en los principios de doctrina del partido: el principio de propiedad individual, con las demostraciones impuestas por el orden social y el principio de la función social de la empresa. Según este último principio, la empresa es la conjunción de los factores de la producción, trabajo, capital, técnica y administración para la producción de bienes y servicios útiles a la sociedad.
La doctrina de Acción Nacional se concibe la propiedad como un derecho individual para garantizar la subsistencia y la de los dependientes y, además, como garantía de la libertad e independencia personal frente al Estado y frente a otros organismos de la sociedad.
La concepción humanista de la empresa como asociación cooperativa de los factores de la producción, implica que el establecer impuestos a las utilidades de una empresa se afecte necesariamente la riqueza producida por los trabajadores y en principio perteneciente a ellos.
Por otra parte, la discusión sobre la justa proposición de la participación de cada uno de los factores de la producción en la "riqueza" obtenida por la empresa, es de naturaleza ociosa pues no hay manera precisa de determinar estas proporciones al ser la base de cualquier "medida" necesariamente convencional.
Respecto a los impuestos, en su fundamento estudio sobre el progreso improductivo, Gabriel Zaid, demuestra la inefectividad de los impuestos para lograr la distribución equitativa de la riqueza social. Con base en estadísticas, Zaid prueba cómo, en México y en otros países, los montos de los impuestos y la desigualdad social están correlacionados, por lo cual la justificación de los impuestos como medio para lograr una sociedad igualitaria es poco conveniente. Por tanto, se impone la búsqueda de otros procedimientos, si se quiere lograr un progreso productivo.
Además, la fijación de las tasas impositivas está más sujeta a las necesidades presupuestales de un gobierno que la noción de justicia. Por tanto, la arbitrariedad es la condición natural de los impuestos y por tanto debe aprovecharse mejor su asignación.
El propósito del presente decreto es el establecer un procedimiento jurídico para permitir la participación
en la propiedad de las empresas entre quienes por actuar directamente en la creación de riqueza en éstas, deben tener, por tanto, el derecho correlativo. Además, como consecuencia natural del cambio de la condición de simple operario a la de copropietario, puede esperarse de los trabajadores un mayor interés en éxito de la empresa, como lo señaló atinadamente uno de los Constituyentes: el general Francisco J. Mújica.
Por lo anterior, se presenta como instrumento operativo para lograr la gradual aprobación de las empresas por los trabajadores la creación de un fideicomiso con fondos destinados a la compra de acciones de la empresa y constituidos primordialmente con una parte (25%) del impuesto sobre la renta aplicable a la misma. El establecimiento del fideicomiso deberá ser voluntario.
También, podrá la empresa contribuir la fondo con aportaciones deducibles al Impuesto Sobre la Renta, así como los propios trabajadores podrán hacer contribuciones voluntarias y también deducibles del Impuesto Sobre la Renta. Las aportaciones se harán periódicamente, al menos una vez por año hasta lograr la participación de los trabajadores en 30% (treinta por ciento) de las acciones de la empresa o un patrimonio de 3 mil veces el salario mínimo. Una vez obtenido este porcentaje o este capital, los trabajadores estarán sujetos a las obligaciones fiscales de cualquier accionista.
El total de las acciones obtenidas con fondos provenientes de la resignación de impuestos se distribuirá entre los trabajadores según tres proporciones: El 60% (sesenta por ciento) entre los trabajadores con un año o más de antigüedad en la empresa. El 30% (treinta por ciento) en proporción a los sueldos percibidos por cada trabajador y, por último, el 10% (diez por ciento) con base en su antigüedad en las empresas. Las acciones serán adquiridas según su valor en libros.
Cuando se den incrementos de capital obtenidos mediante la colaboración de acciones en bolsa o la aportación directa de los accionistas, se reiniciará el proceso de adquisición de acciones por parte de los trabajadores, hasta integrar nuevamente el 30% de acciones, o el capital patrimonial, en la participación de los trabajadores en la empresa.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
QUE ADICIONA CON UN CAPÍTULO XV
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, Y ADICIONA LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo primero. Se adiciona la Ley General de Sociedades Mercantiles con un capítulo XV para quedar como sigue:
CAPITULO XV
Del procedimiento para la adquisición de acciones de las empresas, por parte de los trabajadores de las mismas
Artículo 263. En asamblea extraordinaria de accionistas de sociedades anónimas podrán establecerse las bases de un fideicomiso para que los trabajadores de la empresa adquieran parte de la propiedad de ésta por medio de acciones ordinarias que les den derecho a voto.
Artículo 264. Las acciones de los trabajadores estarán sujetas a las siguientes reglas:
I. Para su suscripción no valdrá el derecho de preferencia en favor de los accionistas que establece el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II. El precio de suscripción no será mayor que el valor contable.
III. el fondo se formará con aportaciones que hará la empresa, hasta el 25% del pago que le hubiera correspondido hacer por concepto de Impuesto Sobre la Renta, sobre el cual liquidará exclusivamente el complemento.
IV. Los empresarios y trabajadores podrán hacer también aportaciones voluntarias al fondo.
Artículo 265. Los fondos de inversión a que se refiere el artículo anterior, se regirán a su vez por las siguientes reglas:
I. Habrá un solo fondo de esta clase en caso de sociedad; y tendrán derecho a ser miembros de dicho fondo todos los empleados y trabajadores que formen el personal de planta en la misma sociedad, siempre que hayan cumplido un año de servicio cuando menos.
II. Las acciones se distribuirán entre los trabajadores según tres asignaciones: el 60% (sesenta por ciento), por partes iguales. El 30%
(treinta por ciento), en proporción a los sueldos y por último el 10% (diez por ciento), en relación proporcional a la antigüedad del trabajador en la empresa.
III. El fondo se podrá constituir en forma de fideicomiso irrevocable y será manejado conforme a las estipulaciones y acuerdos de sus miembros constituidos en asamblea, la que podrá designar y remover libremente un comité técnico o una junta directiva para atender la administración.
IV. En los casos de aumento de capital de la sociedad, el fondo tendrá preferencia para suscribir en los términos del artículo primero, hasta un 30% (treinta por ciento), de las nuevas acciones que emitan para el aumento.
V. Si el aumento de capital se hace por capitalización de reservas, se excluirá de la capitalización una cantidad equivalente al importe de la suscripción que haga el fondo.
VI. Los miembros del fondo tendrán derecho a designar un consejero propietario y un suplente de la sociedad a que corresponda siempre que, cuando menos, la mitad de su importe esté invertido en acciones de la misma sociedad. Este consejo será adicional a los que señala el artículo 144 de la Ley General de Sociedades Mercantiles a los que establezcan los Estatutos Sociales. Artículo segundo. Se adiciona el título II con un artículo 28- A, el título.
VII con un artículo 29- bis, y el título IV capítulo I, artículo 80 con una fracción XXI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
TITULO II
Fondo para la adquisición de acciones de las empresas, por parte de los trabajadores de las mismas
Artículo 28- A. Los contribuyentes podrán liquidar por concepto de Impuesto sobre la Renta una cantidad inferior al pago correspondiente cuando la diferencia, que no podrá ser superior al 25% del propio pago, más la que aporten al fideicomiso para la compra de acciones por ellos emitidos que serán propiedad de sus trabajadores, de acuerdo al sistema previsto en el capítulo XV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que:
I. Las aportaciones deberán entregarse en fideicomiso irrevocable, ante institución de crédito autorizada para operar en la República.
II. El fideicomiso deberá destinarse a la adquisición de acciones emitidas por el propio contribuyente.
III. Este fondo estará exento del pago del Impuesto Sobre la Renta, hasta lograr la participación de los trabajadores de las acciones de la empresa en 30% (treinta por ciento) de ésta o un patrimonio hasta de 3 mil veces el salario mínimo, por cada trabajador: una vez obtenido este porcentaje o este capital, los trabajadores estarán sujetos a las obligaciones fiscales de cualquier accionista.
Artículo 80. ..
CAPITULO I
I. a XX. ..
XXI. Las aportaciones voluntarias de los trabajadores y de los accionistas de las empresas serán deducibles del Impuesto sobre Productos del Trabajo y del Impuesto Sobre la Renta, respectivamente.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor diez días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Artículo tercero. Para los efectos que establece el artículo anterior, se reduce al 20% del impuesto de cada fondo la inversión obligatoria en bonos emitidos por la Federación que exige para los mismos la fracción II del artículo 25 de la mencionada Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Salón Legisladores de la honorable Cámara de Diputados, julio 26 de 1988.- Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, diputado Carlos Arturo Acosta G»
El C. Presidente: - Tratándose de una iniciativa, se turna a la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados.
PROCESO ELECTORAL
El C. Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores legisladores. Hice la pregunta de si se trata del asunto electoral porque se había acordado como procedimiento dividir la sesión, por eso justamente hice la aclaración.
El C. Presidente: - Así es, señor nada más que estaba pendiente antes la presencia del señor diputado Juan de Dios Castro.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Muchas gracias. Yo creo que es pertinente una vez más retomar el tema del proceso electoral en el país, en virtud de que estamos aún inmersos en el vasto y complejo mundo de la calificación. Es un vasto y complejo mundo porque las diversas instancias que están hoy en proceso de calificación, tanto la Comisión Federal Electoral así como el Tribunal de lo Contencioso Electoral, están emitiendo opiniones, están estudiando los recursos, están evaluando las pruebas y están llegando a conclusiones que aparentemente serían definitivas y posteriormente, como todos sabemos, a partir del 15 de agosto se instala el Colegio Electoral y se vuelve a la nueva calificación que ahora se llama "autocalificación", que será, según nuestro procedimiento claro y transparente que existe en nuestro país, la última fase de la calificación electoral.
Y justamente por esta sencillez y transparencia del procedimiento electoral, es que nos sentimos movidos a emitir una opinión sobre lo que hoy transcurre. El Tribunal de lo Contencioso Electoral es un tribunal nuevo, como todos sabemos, carece, en mi opinión, de un acervo de experiencia que le permitiría abordar un conjunto de situaciones de excepción que, evidentemente, están presentando.
Está francamente enchalecado en una exigencia de pruebas documentales públicas que limita la posibilidad de la comprobación de los delitos electorales a que se hacen referencias y, sin embargo, a pesar de ello, el pueblo de México, con una enorme confianza y fe en que estas cosas pudieran funcionar en nuestro país, han seguido, incluso, enviando por correo sus quejas y recursos al Tribunal de lo Contencioso Electoral. De tal suerte que desde la última sesión, cuando constatamos que había aproximadamente 245 quejas, ahora prácticamente se ha duplicado ese número y estamos ya cercanos a 500 quejas en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, con relación al proceso electoral.
Para un observador imparcial, yo creo que casi cualquier gente con una visión lógica y elemental de la realidad, diría que este proceso electoral fue extraordinariamente no transparente y poco claro, pues ante casi 500 quejas en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, uno supondría que esto es así; sin embargo, sigue el debate en la nación acerca de la supuesta transparencia o no de los comicios y como constatación de esta situación hemos enfrentado a un Tribunal de lo Contencioso Electoral que está en este momento sistemáticamente desechando todos los recursos.
Y entra en duda una preocupación: Es el Tribunal de lo Contencioso Electoral la instancia que realmente pueda resolver el conjunto de problemas, de juicio de la realidad que implica la evaluación de la jornada electoral; lo que está demostrando, por un lado, la raquítica reglamentación en torno a sus procedimientos y elementos para emitir sus dictámenes, y por el otro lado, la extraordinaria complejidad del propio proceso de dictamen en el tribunal, es que el tribunal se está, y ésta es la preocupación, rápidamente convirtiéndose en un elemento que no favorece a la claridad del proceso electoral en la medida en que desecha todos los recursos que se han planteado en este organismo.
De hecho, hoy se esta planteando francamente que, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones en la última semana el licenciado Acosta, presidente del tribunal, que los partidos no saben cómo recurrir al tribunal, lo cual equivale a decidir que el pueblo realmente no sabe cómo utilizar un instrumento tan valioso en la calificación electoral como éste que se nos ha ofrecido y que simplemente están presentando según daría la versión del licenciado Acosta a entender, el pueblo representa quejas y recursos sin fundamentos, sin pruebas, sin elementos de justificación; sin embargo, como nosotros somos firmes creyentes que el pueblo de México vivió una jornada y vio un conjunto de irregularidades y las ha querido demostrar para que se rectifiquen, es en primer lugar enormemente preocupante que ésta sea la actitud y el comportamiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral.
En adición a este elemento es preocupante que el presidente mismo del tribunal sea quien de alguna manera descalifique a los partidos de antemano, al señalar que no saben anteponer los recursos, no saben y por lo tanto, repito, no sabe el pueblo de México el presentar las pruebas necesarias para este tribunal.
Resulta entonces de que prácticamente al inicio del proceso de calificación por parte del tribunal, el propio presidente del tribunal descalificó la opinión de los partidos, la opinión y el juicio de los ciudadanos para presentar en forma y en tiempo los recursos necesarios para enjuiciar al proceso electoral.
Es el mismo el licenciado Acosta, por cierto que como director de la Facultad de Derecho pues fue acusado de muchísimas irregularidades en su propia facultad, entre otras, y hay que decirlo aquí, porque es sumamente preocupante, el manejo que
se le da a esta situación, el hecho de que él, de alguna manera fomentó la existencia de bandas dentro de la facultad, que recientemente tuvieron que ser expulsadas por la fuerza de los universitarios.
Esta situación pone en entredicho, en nuestra opinión, el manejo claramente político, claramente tendencioso por parte del presidente del tribunal de lo Contencioso Electoral con relación a los juicios que emite, con relación al manejo de los recursos de los partidos de oposición, y reiteramos, de manera sumamente preocupante pone en entredicho, una vez más, al propio proceso electoral que estamos viviendo y que aún no se ha esclarecido, ni cuál va a ser su conclusión de este proceso ya tan completo y tan molesto e irritante para la gran mayoría de los mexicanos, Muchas gracias.
El C. presidente: - Corresponde el turno al señor diputado Alejandro Encinas, del Partido Mexicano Socialista.
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Muchas gracias, señor presidente: Coincido con lo señalado por Ricardo Pascoe, y que ya a lo largo de cuatro sesiones hemos abordado en la comisión permanente, y aquí hemos hecho ya una reflexión sobre las implicaciones del proceso electoral, sus consecuencias, y hemos convocado a respetar las fases del proceso, la que actualmente se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, así como en dos subcomisiones de la propia Comisión Federal Electoral.
Sin embargo, en esta ocasión nada más quisiera hacer una pequeña reflexión y expresar una inquietud por la forma en que el Tribunal de lo Contencioso Electoral ha venido desempeñando sus funciones, ya que a nuestro juicio se ha expresado una tendencia en el seno de este organismo, en el cual se han desechado los recursos de queja presentados por los partidos políticos, aun y cuando éstos reúnen los requisitos de fondo y forma establecidos en el Código Federal Electoral.
Hasta ahora el Tribunal de lo Contencioso Electoral ha conocido solamente de 80 recursos interpuestos, de los 246 presentados. Y de éstos, 77 han sido rechazados y algunos efectivamente porque no reúnen los requisitos de fondo y forma; sin embargo, por ejemplo, en la sesión del tribunal que acaba de terminar hace unos cuantos minutos, el tribunal conoció de 53 recursos de queja, de los cuales únicamente tres consideraron procedentes y éstos, en forma parcial. Solamente le dio entrada el tribunal a 10 casillas del distrito decimoséptimo del estado de México y un recurso presentado por el Frente Cardenista; le dio entrada solamente a cuatro casillas del tercer distrito de Nuevo León de un recurso de queja presentado por el Partido Mexicano Socialista, y le dio entrada a un recurso del Partido Revolucionario Institucional, solamente de una casilla, del distrito octavo del estado de Guanajuato.
Yo creo que aquí el problema viene apuntándose a dos irregularidades, que a nuestro juicio, viene cometiendo el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En primer lugar, se demandan pruebas a los partidos políticos que corresponden presentarlas y aportarlas a los comités distritales. Y aquí, bueno, es como si uno denuncia un robo y tiene que demostrar que le robaron, cuando estamos acusando directamente al culpable, quien también tiene que demostrar que es inocente.
Y una segunda irregularidad es que cuando se presentan pruebas, se da prioridad a las presentadas por los comités distritales sobre las que presentan los partidos políticos, a pesar de que se están cuestionando actos irregulares cometidos por esos órganos electorales que son los que están sometidos a discusión; es decir, aquí es donde se priorizan los actos de los comités distritales, quien son juez y parte al mismo tiempo en el desahogo del proceso. Nosotros consideramos que ésta es una situación grave, más aun cuando los partidos políticos hemos optado por apegarnos a la legalidad, y ahora se cierran en el Tribunal de lo Contencioso los canales legales que existen, sin desahogo con detenimiento de las quejas presentadas, lo que a nuestro juicio, puede conllevar a avalar acciones fraudulentas cometidas durante el proceso, lo cual no solamente deja sin satisfacer el recurso de queja y cuestiona a la autoridad moral del tribunal, sino que pone en entredicho el resultado global de la elección.
Nosotros consideramos que el tribunal, efectivamente debe ser riguroso en la aplicación de la ley, pero no debe de extralimitar sus funciones, y debe dar cauce a aquellos recursos que de fondo y forma hemos presentado y analizarlos con detenimiento para así no avalar acciones fraudulentas. Muchas gracias.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde un curul):- Quiero hacer una atenta solicitud, señor presidente. En la denuncia que presenté, el asunto que presenté, relativo a la denuncia presentada, tuve dos intervenciones. En la primera intervención, me permití entregar a la secretaría un legajo engargolado con bastantes fojas. Traté de obtener una fotocopia del legajo que yo entregué, yo pediría a la presidencia ordenara
a quien corresponda que me sea entregada una fotocopia de este legajo que voy a requerir para la sesión del 5 de agosto.
El C. Presidente: - Con todo gusto, señor diputado, en este instante, damos instrucciones a la Oficialía Mayor para que haga llegar a usted una copia
Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente.- Tercer Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día.
3 de agosto de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Guanajuato, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Rafael Corrales Ayala, gobernador constitucional del estado, rendirá el III informe de gobierno, la que tendrá lugar el domingo 7 de agosto.
El Congreso del Estado de Campeche, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Alberto Carrillo Zavala, gobernador constitucional del estado, rendirá el III informe de gobierno, la que tendrá lugar el domingo 7 de agosto.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CIX aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata, tendrá lugar el lunes 8 de agosto.
Comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Ocho con lo que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Pedro Gutiérrez López, Gregorio González Cortés, José Gerardo González Luna, Ricardo Flores Coss, Carlos Monsalve Uribe, Ramón Celaya Barrera, Ricardo Leonel Coronel y Alfredo Márquez Preciado, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión.
Siete de la segunda comisión, con puntos de acuerdo por lo que se ratifican grados militares a los ciudadanos Julio Antonio Ponte Romero, José Vicente Arau Cámara, Carlos García Priani, Federico Juárez Santos, Jorge Mendoza Rodríguez y Norberto Alvarado Gutiérrez.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Alfredo Pacetti Cabuis, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Caballero Oficial, que le confiere el gobierno de Italia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Javier Moya Ruiz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede permiso a la ciudadana Claudia Jacqueline Guerrero Martínez, para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las CC. María Judith Puentes Rodríguez, Eva Elizabeth Terrazas Iglesias, María Guadalupe Tostado de Aragón, Elodia Carmona Ramírez, Natalia María Ruiz Galindo y Norma Talamántes de Mercado, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 14.50 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que se tendrá lugar el próximo miércoles 3 de agosto a las 11.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES