Legislatura LIII - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19880816 - Número de Diario 34
(L53A3PcpN034F19880816.xml)Núm. Diario:34ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Comercio, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Lic. Nicolás Reynés Berezaluce
PALACIO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Benjamín Martínez Martínez
AÑO III México, D.F., martes 16 de agosto de 1988
NÚM. 34
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
Relación de legisladores asistentes.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIONES
Del Congreso del Estado de Nayarit, al primer informe de gobierno, el 18 de agosto. Se nombra comisión.
Del Departamento del Distrito Federal, al CXLI aniversario de la Heroica Defensa de Churubusco, el 20 de agosto. Se nombra comisión.
COMUNICACIONES
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que notifica su segundo período de sesiones. De enterado.
Del Congreso del Estado de Durango, en que notifica la clausura de su segundo período ordinario de sesiones, y de la designación de su Comisión Permanente. De enterado.
INFORME
Del Banco de México, referente al movimiento diario del financiamiento interno del banco, y de la cuenta general de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre de 1988. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIÓN
EJERCICIO FISCAL DE 1987
Oficio en que comunica el envío de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal; se anexan oficios del Ejecutivo. Se recibe. Se turna.
CAMPAÑA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO
Oficio en que se notifica el envío pormenorizado de las actividades de la Procuraduría General de la República, durante el mes de junio de 1988. Se recibe. Se turna a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y a la de la Cámara de Senadores.
NOMBRAMIENTO
Oficio en que se solicita permiso para que el ciudadano Ignacio Gutiérrez Arce, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul general de México en Vancouver, Canadá. Se recibe. Se turna a la Segunda Comisión.
CONDECORACIÓN
Oficio en que se solicita permiso para que el ciudadano Servando Delgado Gamboa, pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia. Se recibe. Se turna a la Tercera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, para que la ciudadana Elodia Jerez Díez preste sus servicios en el consulado general de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Primera Comisión, para que la ciudadana Ruth Georgina Ornelas Esquinca preste sus servicios en la Embajada Británica en México.
De la Primera Comisión, para que los ciudadanos David Vincent Nájera Rosati Y Orlando Jesús Reyes Anselmo presten sus servicios en la Embajada de la Gran Bretaña en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Roberto Blasio Quiroz. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Marcelino Sierra Macario. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda comisión, para el ciudadano José Raymundo Manzano Trovamala Figueroa. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Luis González y Gutiérrez. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Ernesto Torres Contreras. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Juan Ward Díaz. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Rafael García Barbosa. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Adolfo Alberto Guinart Avalos. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Abel Antonio Ricardez Arenas. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
De la Segunda Comisión, para el ciudadano Valentín Romano López. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
De la Tercera Comisión, para que el ciudadano Marcial L'Eglisse Muttio acepte y use la que le confiere el gobierno de Guatemala. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Tercera Comisión, para que el ciudadano Salvador Gómez Reséndiz acepte y use la que le confiere el gobierno de Panamá. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Tercera Comisión, para que el ciudadano Miguel González Ibarra pueda aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Francia. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA
INTERVENCIONES
La presidencia la notifica a la asamblea.
DENUNCIA
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez narra hechos delictivos contra alumnos, profesores y trabajadores de la preparatoria popular de
Ciudad Azteca, propone se turne a comisión. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
PROBLEMA DE CAMPESINOS
El diputado Jorge Amador Amador denuncia hechos que sufren campesinos de las plantas despepitadoras "Lázaro Cárdenas" y "Francisco I. Madero".
PROBLEMA ESTUDIANTIL
El diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce expone la situación de estudiantes rechazados a nivel vocacional, propone se turne a comisiones. Se turna a comisiones de la Cámara de Diputados.
DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO
El diputado Juan de Dios Castro Lozano solicita que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas intervenga. Se turna.
PACTO DE SOLIDARIDAD
ECONÓMICA
Los diputados Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Roberto Calderón Tinoco, Alejandro Encinas Rodríguez y Jorge Amador Amador, Hacen consideraciones en torno a su cuarta etapa.
Los diputados Jorge Flores Solano y Héctor Morquecho Rivera, emiten su opinión sobre el pacto.
INSCRIPCIÓN PARA
INTERVENCIONES
La presidencia lo notifica a la asamblea
PROCESO ELECTORAL
El diputado Roberto Calderón Tinoco menciona hechos y hace presente su protesta.
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez critica el proceso y solicita la devolución de un vehículo detenido. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano alude a elecciones de senadores, a los votos emitidos, a artículos constitucionales y a paquetes electorales.
El diputado Héctor Morquecho Rivera ahonda en la crítica para integrar el Senado de la República.
Para hechos, intervienen los diputados Ricardo Andrés Pascoe Pierce, Alejandro Encinas Rodríguez y Juan de Dios Castro Lozano.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE
(Asistencia de veintiún ciudadanos legisladores)
ASISTENCIA
Amador Amador, Jorge; Caamal Hernández, Artemio; Calderón Tinoco, Roberto; Castro Lozano, Juan de Dios; Dorantes Segovia, Luis José; Encinas Rodríguez, Alejandro; Flores Solano, Jorge; Hernández de Galindo, Silvia; Hoyos de Navarrete, Myrna Esther; Jiménez González, David; Madero González, Francisco José; Maldonado Pereda, Juan; Martínez Martín, Ramón; Mora Plancarte, Norberto; Morales Flores, Melquiades; Morquecho Rivera, Héctor; Muñoz Mosqueda, Gilberto; Pascoe Pierce, Ricardo Andrés; Ramos Dávila, Yrene; Reyes Esparza, Diamantina; Reyes Medrano, Alfonso; Reynés Berezaluce, Nicolás; Trasviña Taylor, Armando y Zegbe Sanén, Alfonso.
APERTURA
El C. Presidente (a las 11.45 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Cámara de Diputados.- Comisión Permanente.- Tercer Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día
16 de agosto de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Nayarit, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado
Celso Humberto Delgado Ramírez, gobernador del estado, rendirá el primer informe de gobierno, la que tendrá lugar el jueves 18 de agosto.
El Departamento del Distrito Federal, Invita al acto cívico que con motivo del CXLI aniversario de la batalla de Churubusco, tendrá lugar el sábado 20 de agosto.
Comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicación del Congreso del Estado de Durango.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el segundo trimestre de 1988, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la cuenta general de la Tesorería de la Federación.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remiten las cuentas de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1987.
Con el que se remite el informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de la República en la campaña contra el narcotráfico, que abarca el mes de junio de 1988.
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano doctor Ignacio Gutiérrez Arce, cónsul general de México en Vancouver, Canadá.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Servando Delgado Gamboa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Elodia Jerez Díez, para prestar servicios en le Consulado de Estados Unidos de América en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Dos de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Ruth Georgina Ornelas Esquinca, David Vincent Nájera Rosati Y Orlando Reyes Anselmo, para prestar servicios en la Embajada Británica en México.
Dictámenes a discusión
Diez de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por lo que se ratifican grados militares a los ciudadanos Roberto Blasio Quiroz, Marcelino Sierra Macario, José Raymundo Manzano Trovamala Figueroa, Luis González y Gutiérrez, Ernesto Torres Contreras, Juan Ward Díaz, Rafael García Barbosa, Adolfo Alberto Guinart Avalos, Abel Antonio Ricardez Arenas y Valentín Romano López.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Marcial L'Eglisse Muttio, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Salvador Gómez Reséndiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Servicios Distinguidos de Primera Clase que le confiere el gobierno de Panamá.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel González Ibarra, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Secretaria: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el día nueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.
Presidencia del C. diputado Nicolás Reynés Berezaluce
En la ciudad de México, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día nueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la presidencia declara abierta la sesión, una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de veintiún representantes.
Se da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, la cual se aprueba sin discusión alguna.
La secretaría da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, para asistir a
la ceremonia cívica que con motivo del cuatrocientos sesenta y siete aniversario de la Defensa de Tenochtitlán, tendrá lugar el próximo trece de los corrientes. Para concurrir a este acto se designa al senador Alberto E. Villanueva Sansores y al diputado Roberto Calderón Tinoco.
La secretaría da lectura a otra invitación del Departamento del Distrito Federal, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del ciento nueve aniversario del natalicio del ingeniero Vito Alessio Robles. Para concurrir a este acto se designa al senador Alfonso Zegbe Sanén y al diputado Ricardo Pascoe Pierce.
Se da Lectura a un oficio del Departamento del Distrito Federal con el que se remite el informe Trimestral del avance del Programa del Presupuesto de esta entidad al 30 de junio del año en curso. Se turna a las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Departamento del Distrito Federal de la Cámara de Diputados y las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.
La Secretaría da cuenta con seis dictámenes de la Tercera Comisión, con proyectos de decreto, por los que se concede permiso a los ciudadano Marcial L'Eglisse Muttio, Salvador Gómez Reséndiz, Miguel González Ibarra, Miguel C. Carranza Castillo, Roberto Zambrano y Manuel Rodríguez Arriaga, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Son de primera lectura.
Se da lectura a siete dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se ratifican los grados militares otorgados por el Presidente de la República a los ciudadanos José González Cisneros, Ricardo Vera Castro, Joaquín Peña Coutiño, Conrado Sergio Acosta y Leal, Javier del Real Magallanes, Héctor Verónica Rosales y Daniel Enrique Estrada González. Sin que ameriten discusión los puntos de acuerdo, son aprobados por la asamblea por la mayoría de votos. Comuníquese al Ejecutivo.
La Secretaría da Lectura a un dictamen de la Tercera Comisión, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al señor Luis Alfredo Pacetti Cabuis, para aceptar usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República de Italia, en grado de Caballero Oficial, que le confiere el gobierno de Italia. Sin que amerite discusión, se somete a votación de la asamblea, la cual lo aprueba por veintiún votos en pro y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La presidencia informa que se han inscrito diversos legisladores para tratar algunos temas en esta sesión.
Hace uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista, para dar a conocer una solicitud formulada por los trabajadores de seguridad de la Cámara de Diputados; quienes piden la intervención del Presidente de la Gran Comisión de dicho órgano legislativo con el fin de resolver el problema suscitado con motivo de nombramientos de jefes y subjefes de grupo en la Dirección de Resguardo de la propia Cámara de Diputados. La presidencia acuerda practicar una investigación para verificar los hechos denunciados por el diputado Encinas Rodríguez.
Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, y refiriéndose a la propuesta formulada en la sesión anterior por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista, para que se realizara un balance de la campaña electoral; señala que no bastarán las sesiones de la Comisión Permanente para que los agraviados de lo que califica como fraude electoral puedan hacer oír su voz de protesta. Lleva a cabo un análisis de algunas disposiciones del Código Federal Electoral, al que califica de violatorio del artículo 14 constitucional; de la actuación de los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral que, según afirma, dejan a los partidos en absoluto estado de indefensión y del Colegio Electoral que a su juicio quebranta el principio elemental de derecho, de que nadie puede ser juez de su propia causa, haciendo manifiesta su protesta por los agravios, dice, que se infligieron a su partido en las elecciones federales.
En el uso de la tribuna el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista, señala que su propuesta anterior era para profundizar el debate sobre lo que significa el proceso electora que se realizó con motivo de las elecciones del pasado seis de julio y no para impedir ninguna discusión. En tal sentido, formula a nombre de su partido, algunas reflexiones acerca de lo que está en juego hoy en el país, como es el planteamiento de una reforma democrática del Estado y las transformaciones que México requiere para avanzar por el camino de la democracia, subrayando que la única condición es el respeto al voto y al sufragio efectivo en el cual radica el futuro de la nación.
Dentro de esta evaluación del proceso electoral reciente, hace uso de la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, quien también a nombre de la fracción parlamentaria que representa, formula algunos planteamientos que califica como positivos considerando que de mantenerse sobre la línea del compromiso con los electores, los beneficios tendrán que ser claros e inmediatos.
En el uso de la tribuna el diputado Ricardo Pascoe Pierce; manifiesta que el país exige una reforma política y que las reglas de la política tienen que cambiar de fondo para asegurar que se dé una expresión de la voluntad popular auténtica y no como se hizo en esta contienda electoral. Afirma que esta Comisión Permanente debe crear las condiciones para que efectivamente el pueblo esté en posibilidad de conocer los resultados reales del proceso electoral y esto solamente se puede lograr, subraya, conociéndose a fondo las discusiones y los debates que están dando. Por tales razones, propone el siguiente punto de acuerdo: Único. Recomendar a las autoridades correspondientes que todas las sesiones del Colegio Electoral sean trasmitidas en vivo y en Cadena Nacional.
Puesta a discusión de la asamblea la proposición anterior, hace uso de la palabra el diputado Melquiades Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, señalando que esta Comisión Permanente no tiene facultades para hacer recomendaciones al Colegio Electoral, sino que son sus propios miembros los que deben decidir lo que consideren procedente y por lo tanto se manifiesta en contra de dicha propuesta, indicando por otra parte que el Tribunal Contencioso Electoral apenas está dando señales de vida y no es conveniente descalificarlo y mucho menos liquidarlo cuando aún no se tienen resultados de su funcionamiento y no hay elementos suficientes para emitir un juicio sobre esta institución.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para referirse a la intervención del diputado Melquiades Morales, quien desde su curul hace una aclaración, y manifiesta que no considera pertinente esperar tres años para poder evaluar la labor del Tribunal Contencioso Electoral y por lo que hace a la propuesta del diputado Ricardo Pascoe Pierce, formula una nueva proposición en el sentido de que "Se trasmitan las sesiones del Colegio Electoral en vivo, por televisión". solicitando que la misma se turne a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Puesta a votación ambas propuestas, la asamblea desecha del diputado Ricardo Pascoe Pierce y con una aclaración de la secretaría, admite a discusión la del diputado Juan de Dios Castro Lozano, la cual se turna a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Hace uso de la palabra el diputado Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, para exponer a nombre de su partido algunas consideraciones sobre la participación del mismo en la vida política del país y para hacer un análisis de lo que, a su juicio, ha sido el proceso electoral hasta la fecha, manifestando que de dicho balance se desprende con claridad que los promotores del fraude electoral no son las fuerzas democráticas, progresistas, que todavía están dentro del partido en el gobierno, sino un pequeño grupo que no tiene compromiso con la Revolución Mexicana y que en opinión del Partido Popular Socialista ha triunfado la línea política de unión entre los mejores hombres y mujeres interesados en preservar nuestra soberanía.
Hace uso de la tribuna el diputado David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las intervenciones de los anteriores oradores en torno a este tema, indicando, primeramente que el Código Federal Electoral no es ninguna traba para ejercitar la democracia en nuestro país, ya que en su opinión garantiza la participación de los partidos políticos en el proceso democrático de la nación. Por otra parte, subraya que las resoluciones de la Comisión Federal Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral pueden ser revocadas en el Colegio Electoral cuyos debates no son privados ni ocultos, sino que son públicos y abiertos y de los cuales los medios de comunicación informan al pueblo de lo que allí sucede. Rechaza los calificativos utilizados en su intervención por el diputado Héctor Morquecho y señala que también le interesa que se cumplan los principios de legalidad, se cumpla la Constitución y se respete la voluntad popular.
Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, quien responde a interpelaciones que le formula el diputado David Jiménez González. También, para alusiones personales, hace uso de la tribuna el diputado Héctor Morquecho.
Para hecho, hace uso de la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, quien señala que teniendo a la vista todas las irregularidades del proceso electoral y la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, el Código Federal Electoral resultó insuficiente para regular la actividad de dicho proceso, por lo que tendrá que reformarse para garantizar la transparencia de los comicios electorales. Responde a una interpelación del Diputado David Jiménez González, en relación a la votación que obtuvo el Partido Demócrata Mexicano en las pasadas elecciones.
El diputado Juan de Dios Castro, de Acción Nacional, hace uso de la palabra para referirse a los resultados de la votación en algunas casillas electorales del país y debatir lo expuesto por el diputado Davis Jiménez González, señalando que el Tribunal Contencioso Electoral no respetó la
garantía de audiencia que se establece en la Constitución General de la República y califica también como violatorio de la Carta Magna el artículo 315 del Código Federal Electoral porque, afirma, únicamente admite pruebas documentales públicas.
En el uso de la palabra el diputado Ricardo Pascoe Pierce hace alusión a los señalamientos del diputado David Jiménez González, refiriéndose nuevamente a los resultados de la votación que se llevó a cabo el pasado seis de julio, manifestando que, a su juicio, el pueblo es quien tiene que juzgar esta situación por lo que insiste en que es necesario dar a conocer a la opinión pública a través de los medios electrónicos el debate que dará en el Colegio Electoral.
Hace uso de la palabra el diputado Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hacer algunas reflexiones en torno al proceso electoral, señalando que este debate tiende a llamar la atención de que no se puede violar la voluntad popular manifestando que quien así actúe, deberá atenerse a las consecuencias que genera un acto de esta naturaleza.
Hace uso de la palabra nuevamente el diputado David Jiménez González, para señalar que no se debe convocar al pueblo de México para que vuelva a enfrentarse entre sí mismo, produciéndose en este momento un intercambio de opiniones entre el orador y el diputado Amador Amador. Por otra parte, reitera que las resoluciones del Contencioso Electoral no son obligatorias y pueden ser modificadas en el Colegio Electoral, añadiendo que los partidos deben ajustar sus conductas y sus actos a la Constitución General de la República y a las leyes que de ella emanen, dando respuesta también durante su intervención, a interpelaciones del diputado Alejandro Encinas.
Para alusiones personales, hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro que responde a dos precisiones que le formula el diputado David Jiménez González en torno a la actuación del Colegio Electoral. Afirma que su partido, Acción Nacional, jamás irá a la guerrilla ni tomará el cerro para defender el triunfo, ni siquiera legítimo, porque no es, a su juicio, la función de un partido político, lograr el cambio por medio de la violencia, indicando que Acción Nacional no aprueba ni ha aprobado el quebrantamiento de la ley.
Para alusiones personales, hacen uso de la palabra los diputados Jorge Amador Amador, Alejandro Encinas Rodríguez y Ricardo Pascoe Pierce, quien también responde a interpelación del diputado Jiménez González.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano hace uso de la tribuna y manifiesta que el señor Humberto Rodríguez, miembro del Comité Municipal de Acción Nacional en Mascota, Jalisco, fue detenido al parecer por el ejército y la policía Judicial federal sin ordenar de aprehensión, solicitando la intervención del diputado David Jiménez González en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia ante la Procuraduría General de la República.
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez hace uso de la palabra para solicitar a la presidencia de la Comisión Permanente se convoque a sesión extraordinaria a fin a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 constitucional y, en su caso, hacer la declaratoria correspondiente a la elección de senadores que tuvo lugar en el Distrito Federal. La presidencia señala que aún no recibe la resolución del Tribunal Contencioso Electoral y por lo tanto no puede iniciar el proceso de calificación a que se refirió el diputado Alejandro Encinas.
La secretaría informa que en el curso de la sesión se recibió una comunicación del diputado Jorge Montúfar Araujo, que es avalada por los diputados miembros de esta comisión, Yrene Ramos Dávila y Alfonso Reyes Medrano, en la que se sugiere que esta Comisión Permanente dirija un mensaje de solidaridad y reconocimiento a la Organización de las Naciones Unidas por la importancia de sus logros en defensa de la paz mundial y que se proponga al señor Javier Pérez de Cuéllar como candidato al Premio Nobel de la Paz. La presidencia turna esta comunicación a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.
A las diecisiete horas con treinta minutos, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día dieciséis de agosto a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
INVITACIONES
El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:
«C. presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal.
La Vigésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado libre y soberano de Nayarit,
tiene el alto honor de invitar a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Celso Humberto Delgado Ramírez, gobernador constitucional del estado, dará lectura al primer informe de su gestión administrativa a partir de las 11.00 horas del día 18 del presente mes en el Teatro del Pueblo, ubicado en el parque Juan Escutia de esta ciudad, declarado recinto oficial del Poder Legislativo para tal efecto.
Primer informe de gobierno.
Tepic, Nayarit, agosto 18 de 1988.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Senador Rigoberto Ochoa Zaragoza y diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:
«Escudo.- Jefe del Departamento del Distrito Federal.- México, Distrito Federal, 15 de agosto de 1988.
C. diputado licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación a la ceremonia cívica con motivo del CXLI aniversario de la heroica Defensa de Churubusco, que tendrá lugar el próximo sábado 20 del actual a las 11.00 horas en el parque a la Bandera, frente al ex convento de Churubusco, general Pedro María Anaya y 20 de agosto, delegación política Coyoacán.
Al propio tiempo me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la presentación de esa honorable Comisión Permanente que usted dignamente preside.
Reitero a usted con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.»
El C. Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes ciudadanos legisladores: Diputado Alfonso Reyes Medrano, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete y diputado Héctor Morquecho Rivera.
COMUNICACIONES
El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presidencia.- México.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa honorable Comisión Permanente que el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró su segundo período de sesiones correspondientes al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, 1o. de agosto de 1988.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del Río Rodríguez.»
Trámite: - De enterado El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Durango.- H. LVII Legislatura.- "1988: Año de la Educación Técnica en Durango."
CC. secretarios de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal.
La honorable LVII Legislatura del estado libre y soberano de Durango, en atención a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, clausuró con esta fecha, su segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal, designándose previamente la Comisión Permanente que fungirá durante el período de receso comprendido del 16 de julio al 31 de agosto de 1988, quedando como sigue:
Presidente: Felipe de Jesús Salas García: secretarios: José Ángel Ibáñez Montes y Rubén Guzmán Nájera: suplentes: Adrián Alanís Quiñónez y Víctor Hugo Castañeda Soto.
Lo que comunicamos a usted para los efectos legales consiguientes, reiterándole las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, julio 15 de 1988.- Juan Manuel Félix León, secretario;
Víctor Hugo Castañeda Soto, secretario.»
Trámite: - De enterado.
INFORME
El mismo C. Secretario:
«Banco de México.- Dirección General.- México. Distrito Federal, a 15 de agosto de 1988.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la cuenta general de la Tesorería de la Federación, correspondiente al segundo trimestre del año en curso.
Con fecha 3 de febrero de 1988, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio 1988.
Las cifras relevantes de esta determinación son las siguientes:
Billones de pesos
a) Saldo del financiamiento interno del Banco
de México al 31 de diciembre de 1987. 18.141
b) Flujo total en1988. 11.003
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el
financiamiento interno del Banco de México durante 1988. 29.144 *
*Según el referido acuerdo de la junta de gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del gobierno federal.
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados.
Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las cesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el banco durante el período al cual están referidos.
Con fecha 13 de mayo de 1988 informamos a ustedes sobre el financiamiento interno del Banco de México durante el primer trimestre de 1988. El saldo del financiamiento interno al día último de marzo fue de 18.745 billones, cifra que muestra un aumento de 0.604 billones respecto al saldo observado al cierre de diciembre de 1987, de los cuales, en números redondos, 0.118 billones corresponden al efecto del deslizamiento del tipo de cambio sobre el monto, valuado en pesos, de la deuda en moneda extranjera que el gobierno tenía con el Instituto Central al cierre de 1987, y 0.486 billones al financiamiento adicional efectivo de la institución.
A continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al segundo trimestre de 1988, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, el saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos, aquellos que no toman en cuenta el aumento del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio.
Ello en virtud de que tal aumento del valor en pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo adicional y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su junta de gobierno, según se explica en la nota de la página anterior de este informe.
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El 3 de febrero de 1988 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del gobierno federal en la cuenta general de la Tesorería de la Federación para 1988 se estableció en 1.616 billones, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo ar - tículo, no debe excederse salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la ley citada, a continuación les damos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondiente al segundo trimestre de 1988.
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OFICIOS DE LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIÓN
EJERCICIO FISCAL DE 1987
El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:
«Escudo Nacional.- Estados unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretario de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el presente les envío los siguientes documentos:
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1987.
Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1987.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 9 de junio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.» El mismo C. secretario:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.- Palacio Nacional, a 9 de junio de 1988.
CC. secretario de la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presento a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por su apreciable conducto, la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1987.
La presentación de la referida cuenta se hace dentro del término señalado en el citado precepto constitucional y con el fin de someter a la revisión de la honorable Cámara de Diputados.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.- Palacio Nacional, a 9 de junio de 1988.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión. Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, presento a la Comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, por su apreciable conducto, la cuenta pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1987.
La presentación de la referida cuenta se hace dentro del término señalado en el citado precepto constitucional y con el fin de someterla a la revisión de la honorable Cámara de Diputados.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»
Trámite: - Recibo y túrnense.
CAMPAÑA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El C. secretario diputado Alfonso Reyes Medrano:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretario de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines procedentes, oficio que el ciudadano Procurador General de la República dirigió al suscrito, con fecha 8 del actual:
"En seguimiento a mi anterior oficio de fecha 16 de junio pasado, me permito remitir a las honorables
Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por el digno conducto de la Secretaría de Gobernación, si lo tiene a bien, informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por esta dependencia en la campaña contra el narcotráfico. El informe que ahora proporciono abarca el mes de junio del año en curso, íntegramente y alude a las acciones realizadas, día por día, con el equipo aéreo de la Procuraduría General de la República."
Al comunicar a ustedes la anterior, les acompaño con el presente el informe a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 26 de julio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.» Trámite: - Recibo, y túrnese a las comisiones de Justicia de la honorable Cámara de Diputados y de la honorable Cámara de Senadores.
NOMBRAMIENTO
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
CC. secretario de la comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 3 de agosto último, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano doctor Ignacio Gutiérrez Arce, cónsul general de México en Vancouver, Canadá. En consecuencia, he de agradecer a ustedes se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 8 de agosto de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
CONDECORACIÓN
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de gobernación.- Dirección General de Gobernación.
CC. secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 22 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B) del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano ingeniero Servando Delgado Gamboa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 28 de julio de 1988.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.
DICTÁMENES
DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 15 de julio del año en curso, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Elodia Jerez Díez, pueda prestar servicios como asistente consular en la Agencia Consular Estadounidense de San Miguel de Allende, Guanajuato, dependiente del Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 3 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada por nacimiento número 686;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la agencia consular estadounidense de San Miguel de Allende, Guanajuato, dependiente del Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán como asistente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a al consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Elodia Jerez Díez, para prestar servicios como asistente consular de la agencia consular estadounidense de San Miguel de Allende, Guanajuato, dependiente del Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de agosto de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Juan de Dios Castro Lozano, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el día 14 de julio del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ruth Georgina Ornelas Esquinca, pueda prestar servicios como jefe de información en el Consejo Británico, dependiente de la Embajada Británica en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará al Consejo Británico de la Embajada Británica en México, será como jefe de información, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ruth Georgina Ornelas Esquinca, para prestar servicios como jefe de información en el Consejo Británico, dependiente de la Embajada Británica en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robles Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Juan de Dios Castro Lozano, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Amador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo C. Secretario:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 14 de julio próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos David Vincent Nájera Rosati y Orlando Jesús Reyes Anselmo, puedan prestar servicios como encargado de la seguridad del embajador y como mensajero en el Consejo Británico dependiente de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de agosto, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada Británica en México, serán como encargados de la seguridad del embajador y mensajero en el Consulado Británico, respectivamente, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano David Vincent Nájera Rosati, para prestar servicios como encargado de la seguridad del embajador, en la Embajada Británica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Orlando Jesús Reyes Anselmo, para prestar servicios como mensajero en el Consejo Británico dependiente de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de agosto de 1988.- Diputado David Jiménez González, senadora Myrna Esther Hoyos de Navarrete, diputado Eduardo Robledo Rincón, senador Armando Trasviña Taylor, diputado Juan de Dios Castro Lozano, senador Rigoberto Ochoa Zaragoza, diputado Jorge Armador Amador y senador Alberto E. Villanueva Sansores.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Roberto Blasio Quiroz, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como soldado alumno en la Escuela Militar de Mecánicos Especialistas de Aviación, el nueve de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, ascendiendo a sargento segundo mecánico de aeronáutica, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve; a los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de fuerza aérea especialista en mantenimiento, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y uno;
b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y dos años, tres meses y veinte días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases; así como la del Mérito Facultativo de Primera y Mérito Docente, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que le Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Roberto Blasio Quiroz, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea especialista en mantenimiento de aviación Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Roberto Blasio Quiroz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 15 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Marcelino Sierra Macario, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de fuerza aérea meteorólogo, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como alumno en la Escuela Militar de Meteorología, el diez de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, ascendiendo a sargento segundo observador meteorologista al término satisfactorio de sus estudios correspondientes, el primero de julio de mil novecientos sesenta;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintinueve años, dos meses y cuatro días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Marcelino Sierra Macario, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión de permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea meteorólogo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Marcelino Sierra Macario.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano José Raymundo Manzano Trovamala Figueroa, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel médico cirujano, que el propio ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como alumno en la Escuela Médico Militar, el dos de enero de mil novecientos sesenta, ascendiendo a capitán primero pasante de medicina, al término satisfactorio de sus estudios correspondientes, el primero de enero de mil novecientos sesenta y cinco;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintiocho años, cinco meses y doce días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano José Raymundo Manzano Trovamala Figueroa, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Raymundo Manzano Trovamala Figueroa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 22 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicio del ciudadano Luis González y Gutiérrez, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel médico cirujano, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como alumno en la Escuela Militar, el seis de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, ascendiendo a capitán primero pasante de medicina, al término satisfactorio de sus estudios correspondientes, el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintinueve años, cinco meses y nueve días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijados para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Luis González y Gutiérrez, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que de le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis González y Gutiérrez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá. senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín. diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Ernesto Torres Contreras, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel ingeniero en transmisiones militares, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al vigésimo noveno batallón de infantería, como soldado de transmisiones, el veintiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, ascendiendo a sargento segundo, operador de tercera, por haber terminado satisfactoriamente los cursos A, B y C del curso de formación correspondiente en el centro anteriormente citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta;
b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y un año, tres meses y diecinueve días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, por haber cumplido con el tiempo de servicios fijados para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Ernesto Torres Contreras, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel ingeniero en transmisiones militares, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ernesto Torres Contreras.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Juan Ward Díaz, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de zapadores, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el dos de marzo de mil novecientos sesenta, ascendiendo a subteniente de zapadores al término satisfactorio de sus
estudios correspondientes, el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintiocho años, tres meses y diecisiete días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijados para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Juan Ward Díaz, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de zapadores, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Ward Díaz.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Rafael García Barbosa, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de artillería, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como soldado de zapadores en la jefatura de tropas de aeronáutica, el diez de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, ascendiendo a subteniente de artillería al término satisfactorio de sus estudios correspondientes, el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintiocho años, dos meses y quince días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que el Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Rafael García Barbosa, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de artillería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rafael García Barbosa.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 22 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Adolfo Alberto Guinart Avalos, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de justicia militar y licenciado, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como sargento segundo escribiente de cuarta, el ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, ascendiendo a subteniente auxiliar oficinista, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios correspondientes, el primero de agosto de mil novecientos sesenta y uno;
b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veintiocho años y dieciocho días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y la del Mérito Técnico de Segunda Clases, por haber cumplido con el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que le Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Adolfo Alberto Guinart Avalos, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de justicia militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Adolfo Alberto Guinart Avalos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Abel Antonio Ricardez Arenas, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel médico cirujano, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, ascendiendo a capitán primero pasante de medicina, al término satisfactorio de sus estudios correspondientes. el primero de enero de mil novecientos sesenta;
b) A los demás grados ascendió por escalafón, de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante treinta y tres años, cinco meses y seis días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, por haber cumplido el tiempo de servicios fijado para el efecto.
La proposición que le Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Abel Antonio Ricardez Arenas, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Abel Antonio Ricardez Arenas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 29 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
Comuníquese al Ejecutivo.
La misma C. Secretaria:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Segunda Comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios del ciudadano Valentín Romano López, que el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea ratificado el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el propio Ejecutivo le otorga.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar, el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, ascendiendo a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en el plantel citado, el primero de enero de mil novecientos sesenta y siete; a los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor, por haber terminado satisfactoriamente sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y cinco;
b) A los demás grados ascendió de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Ha prestado servicios al ejército durante veinticuatro años, cuatro meses y veinticuatro días, y
d) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera Clases, por haber cumplido con el tiempo de servicio fijado para el efecto.
La proposición que le Ejecutivo Federal hace, a juicio de la comisión dictaminadora debe ser ratificada, porque el ciudadano Valentín Romano López, con su curriculum prueba ser merecedor del grado que se le otorga.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Valentín Romano López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 28 de julio de 1988.- Senador Gonzalo Martínez Corbalá, senador Francisco José Madero González, diputado Roberto Calderón Tinoco, senador Ramón Martínez Martín, diputado Alejandro Encinas Rodríguez, senador Artemio Caamal Hernández y diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIONES
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano vicealmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Naval, Marcial L'Eglisse Muttio, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano vicealmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Naval, Marcial L'Eglisse Muttio, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de Guatemala.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de agosto de 1988.- Diputado Jorge Flores Solano, diputado Melquiades Morales Flores, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorantes Segovia.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Salvador Gómez Reséndiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Servicios Distinguidos en Primera Clase, que le confiere el gobierno de Panamá.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Salvador Gómez Reséndiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Servicios Distinguidos en Primera Clase, que le confiere el gobierno de Panamá.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de agosto de 1988.- Diputado Jorge Flores Solano, diputado Melquiades Morales Flores, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorantes Segovia.»
Trámite: Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Tercera Comisión.
Honorable asamblea: La Tercera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Miguel González Ibarra, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Miguel González Ibarra, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 5 de agosto de 1988.- Diputado Jorge Flores Solano, diputado Melquiades Morales Flores, senador Norberto Mora Plancarte, senadora Silvia Hernández de Galindo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, senador Gilberto Muñoz Mosqueda, diputado Héctor Morquecho Rivera y senador Luis José Dorante Segovia.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 22 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 22 votos.
La C. secretaria diputada Yrene Ramos Dávila: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Se han inscrito ante esta presidencia algunos ciudadanos legisladores miembros de esta honorable Comisión Permanente, para traer diversos asuntos. En primer lugar, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido Mexicano Socialista.
DENUNCIA
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: He solicitado el uso de la palabra para presentar una denuncia en virtud de que el pasado viernes 12 de agosto, alumnos, profesores y trabajadores de la Preparatoria Popular de Ciudad Azteca, fueron agredidos por un grupo de porros de la Preparatoria Popular de Fresno y las oficinas de coordinación de apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México; esta dependencia depende directamente de la Dirección General de Apoyos y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la acción en la que intervinieron pseudoestudiantes del plantel Fresno de la Preparatoria Popular tuvo como saldo diversos heridos, particularmente dos trabajadores de la Preparatoria Popular de Ciudad Azteca, Orlando Segura, Miguel Ángel Duarte, quienes se encuentran gravemente heridos de impacto de bala.
Esta agresión se suma a una cadena de arbitrariedades y de irregularidades al seno de nuestra máxima casa de estudios. A raíz del surgimiento del Consejo Estudiantil Universitario, han vuelto a cobrar vida grupos de porros que entorpecen la vida académica y la actividad de nuestro máximo centro de estudios.
Han sido fielmente identificado los culpables de esta agresión, quienes son los porros: Filiberto Monroy, alias El Tambo; Víctor Tovar, alias El Alcohol; Liborio Conde, alias El León; contra quienes se interpuso una denuncia en la Procuraduría General de la República y solicitan la intervención de este órgano legislativo para que interponga sus buenos oficios en la solución de este conflicto.
Cabe señalar que los profesores, los trabajadores y los estudiantes agredidos, han afirmado que autoridades de la propia universidad, en particular José Luis Trujillo, quien es el coordinador ejecutivo de la Coordinación de Apoyo y el señor Andrés Calcaneo, director general de la Dirección General de Apoyo y Servicios a la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, han solapado y permitido la actividad de este grupo porriles quien han contado con toda la anuencia de sus actividades con un trato preferencial incluso con recursos para sus actividades ilícitas.
En este sentido, me voy a permitir presentar a ustedes, el siguiente punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados, independientemente de que sean unos cuantos días para esta Legislatura en su funcionamiento, pueda intervenir interponiendo sus buenos oficios en la solución de las denuncias presentadas. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento, proponemos a esta asamblea al siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Túrnese la presente denuncia sobre las agresiones a alumnos y trabajadores de la Preparatoria Popular de Ciudad Azteca, por parte de grupos porriles, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para que ésta interponga sus buenos oficios en la solución de las denuncias presentadas.
Firma la propuesta por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, su servidor, Alejandro Encinas Rodríguez.»
Dejo la propuesta junto con el expediente que integran diversas notas periodísticas, la denuncia presentada ante el Secretario de Gobernación, ante el Procurador General de Justicia, un expediente de las agresiones que en particular el porro Agustín Villa Córdoba, conocido como El Chiquilín, ha venido realizando desde que apareció en la Preparatoria Popular de Fresno. Creo que todos debemos combatir estas actitudes horribles y cerrar el paso a la violencia y a la torpeza política. Dejo aquí en la secretaría.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, para que resuelva como legalmente corresponda.
PROBLEMA DE CAMPESINOS
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Amador Amador, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El C. diputado Jorge Amador Amador: - Ciudadano presidente; compañeros legisladores: Creo que nadie ha determinado con precisión si el verano atrae a las golondrinas o las golondrinas hacen el verano, y cuando llegue la primera se dice una golondrina no hace verano, pero cuando luego llega la segunda, la tercera, la primera decena, y luego muchas golondrinas, para nadie es duda de que ya estamos en verano.
Yo creo que aquí en mis últimas intervenciones, he hablado de golondrinas que podrían ser las agoreras de una lamentable verano; me refiero yo a los hechos todavía aislados de violaciones, de derechos de grupos y comunidades campesinas. Yo sé que en estricta lógica, no se puede extraer una conclusión general de algunos casos singulares, pero yo sé que también utilizando una lógica social se puede prever un proceso que va en curso, si determinados fenómenos se repiten, se reiteran y de alguna manera indican alguna tendencia.
La violencia no es objeto deseado, yo me atrevo a asegurar que por parte de ningún mexicano, y menos todavía de parte del pueblo trabajador y el pueblo campesino, la violencia es algo que los trabajadores padecen en nuestro país cotidianamente, mediante la opresión económica, la opresión política de muchas maneras, la discriminación social, la marginación cultural, y si algo desea el pueblo de México es que cese esta violencia, si algo desea el pueblo de México es que se preserve el orden constitucional para pelear contra esta forma instituida de violencia y otras que pretenden adquirir cartas de naturalización en la vida nacional.
En días pasados me referí al problema de los ejidatarios del municipio de San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila, dije en palabras breves que los compañeros de cerca de 120 ó 121 ejidos de este municipio, estaba en una legítima lucha por recuperar el control de su patrimonio social.
Que estaban examinando en cada asamblea ejidal si las autoridades ejidales que ahora tienen, han correspondido a los intereses del ejido y a la confianza que la asamblea le otorgó cuando fueron electas, y que en muchos casos la mayoría de las asambleas han estado tomando la decisión de revocar estos nombramientos sobre la base de encontrar causales previstas en la ley, para pedir esa revocación.
Que aparte de la vida del ejido, existen empresas ejidales, entre otras existen la planta despepitadora "Lázaro Cárdenas", despepitadora de semilla de algodón, y la planta despepitadora "Francisco I. Madero", y que es ya un conocimiento generalizado y una convicción establecida entre la mayoría de los ejidatarios, cuyos ejidos forman parte de ambas uniones de ejidos propietarias de esas plantas que han sido mal administradas;
Que siendo de propiedad social el usufructo de su provecho es estrictamente particular, estrictamente privado;
Que las administraciones cuando llegan entran en lo familiar con un determinado patrimonio, pero salen con su patrimonio crecido.
Que algunos campesinos han llegado a ser ahora ricos y prósperos comerciantes, gracias a que pasaron por la administración de alguna de estas plantas, y
Que los compañeros que han descubierto la tremenda fuerza y la tremenda capacidad de conocimiento que tiene la clase trabajadora cuando se unifica, porque aunque son ejidatarios tienen hijos profesionistas o que están estudiando para profesionistas, y ahora se han dado cuenta que sus hijos son parte de esa clase y algunos de ellos trabajan del otro lado de las ventanillas del Banrural, del otro lado de la aseguradora, por dentro de algunas de las empresas que comercializan el algodón, y reuniendo la información que todos sus elementos, sus hijos, sus mujeres o sus parientes pudieron encontrar, se dieron cuenta que había un fraude de magnitud colosal.
Que el algodón que entregaban no era pesado en su justo peso, que el algodón que comercializaban
rendía mucho más frutos de los cuales eran informados, que constantemente eran robados y saqueados, y que los administradores de estas plantas, la "Lázaro Cárdenas" y la "Francisco I. Madero", eran lo que ganaban con esas diferencias.
Indignados tomaron una determinación, si de acuerdo con la ley esto es propiedad social de nosotros los ejidatarios, echemos a un lado a las administraciones ladronas, preguntaron ¿qué decía la ley a su favor?, y encontraron que efectivamente tenían esa posibilidad.
Pidieron una auditoría y encontraron inicialmente que los dos delegados que representa a cada ejido en los consejos de administración, no estaban como la ley dice, al servicio de la asamblea de ejidos que los nombró, sino que en lugar de ser delegados de los campesinos ante el consejo de administración, eran delegados de la administración ante el comisariado, que no estaban allí para servir a los campesinos sino para servirse de los campesinos, colaborando con la administración.
Llegaron pues a la conclusión de que no basta exigir una investigación, de que era necesario destituir a esos delegados que no eran fieles a sus intereses, revocar ese nombramiento, integra un nuevo consejo de administración y entonces sí proceder a la celebración de una auditoría y colocar a cada quien en su lugar, a administradores que merecieran la confianza de los campesinos en la administración y aquellos que habían cometido delitos en perjuicios de los campesinos, en perjuicio de su patrimonio social, pues en la cárcel, una vez que se demostrara que habían cometido delitos.
Se dice fácil, se entiende fácilmente esto, pero qué difícil es practicarlo; nada se hace, ningún abuso se comete si no es porque existiera toda una estructura abusiva, toda una estructura hecha para facilitar los abusos y para impedir los justos reclamos frente a los abusos.
Se encontraron con que los administradores estaban bien con el gobierno, los administradores eran precandidatos a diputados federales o a suplantes de diputados federales, eran distinguidos militantes del Partido Revolucionario Institucional, eran miembros de la Confederación Nacional Campesina, tenía por lo tanto la posibilidad de pedir solidaridad de sus compañeros u jefes, y efectivamente reglas escritas y no escritas hacen que la solidaridad se dé, aunque nosotros sabemos que para cometer un delito o para encubrir un delito la palabra solidaridad está mal empleada, se llama literalmente encubrimiento, se llama complicidad, y no digo estrictamente en términos penales, incluso en términos políticos.
Y el partido que protege o encubre un delito, comete la falta de complicidad política y no solamente penal, y desde luego esto genera una actitud en consecuencia de quienes son o se ven afectados por esta actitud, surge la desconfianza política.
Si alguien protege a quien roba a los campesinos, merece la desconfianza de los campesinos, merece la oposición de los campesinos, merece el combate aguerrido de los campesinos, y esto, pienso que es evidente para muchos de los que están aquí presentes, ¿por qué?, porque cuando el candidato oficial fue a San Pedro de las Colinas no fue recibido con gusto; ¿por qué en cambio cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue a San Pedro de las Colinas, Coahuila, fue recibido con entusiasmo y con esperanza? Es decir, alguien labró esa desconfianza para el partido oficial, y lo que ello representa y ese alguien son vulgares ladrones del patrimonio de los campesinos.
Esta es una lección que va a costar trabajo que se entienda, ¿cómo hay que meter a la cárcel a un compañero de partido precisamente porque trabaja en contra del propio partido, aunque el partido sea el partido oficial?, y esta lección, difícil de entender para quien dirigen al partido oficial, también es muy difícil de entender para quienes gobiernan el estado de Coahuila, y yo digo que para quienes jefaturan secretarías de Estado a nivel federal, pues ese problema, compañeras y compañeros legisladores, no se ha resuelto, se ha complicado.
Yo no sé en base a qué lógica del pasado, las autoridades que tendrán la obligación de intervenir directamente, las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, particularmente de la subsecretaría de organización y desde luego la Delegación Agraria en La Laguna, en Torreón, en lugar de asumir una actitud responsable para estos acontecimientos y propiciar que la legítima inconformidad de los campesinos se encauzara, como lo dice la Ley de la Reforma Agraria.
La solución es simple, que se autoricen las convocatorias para que cada ejido decida en asamblea general, si ratifica y revoca los nombramientos a los actuales delegados, a los consejos de administración. Este procedimiento tan simple, torpemente, abruptamente, fue interrumpido por la delegación agraria.
Desde fuera no sabemos si por instrucciones del gobernador, si por instrucciones de algunos de los secretarios de Estado, obligados a intervenir en
este asunto, pero el hecho es que este procedimiento simple, sencillo que ya se había iniciado, se interrumpió.
¿Cuál es esa lógica del pasado que condujo a las autoridades a faltar al cumplimiento de su responsabilidad? Sí, voy a hablar de esa lógica del pasado, pero desde luego acepto el paréntesis del senador Madero.
El C. senador Francisco Madero González (desde su curul): - Señores diputado Jorge Amador, ustedes está hablado de la presunción de la comisión de delitos, ¿me puede usted informar si se ha presentado denuncia ante el ministerio público?
El C. diputado Jorge Amador Amador: - Desde luego que sí, se ha presentado en el ministerio público, allá en San Pedro de las Colinas.
El C. senador Francisco Madero González (desde su curul): - ¿Nos puede usted informar en la asamblea, dándose el número del expediente?
El C. diputado Jorge Amador Amador: - En este instante no, pero con mucho gusto regreso y se lo proporciono.
El C. senador Francisco Madero González (desde su curul): - Gracias, diputado.
El C. diputado Jorge Amador Amador: - ¿Cuál es la lógica del pasado, repito, con la que actuaron las autoridades que deberían de hacer intervenido para resolver este problema?
Número uno, no hacer caso a las denuncias penales; número dos, pensar que no actuando, el problema se iba a resolver sobre la base de generar cansancio y desilusion a los campesinos.
Los campesinos se desesperaron ante la actitud irresponsable de las autoridades y ocuparon para proteger su patrimonio, la planta despepitadora "Lázaro Cárdenas", pero ocupar una planta para defenderla de quienes la están saqueando, no es solución al problema, porque sostener esa planta significa un gasto de por lo menos 10 millones de pesos semanales de nómina y la presentación de servicios de mantenimiento a las máquinas y cosa por el estilo, que los campesinos que tenían la posesión física de la planta, pues no podrían erogar, necesitaría tener también disposición de las cuentas de la planta en el Banco de Crédito Rural, y pues desde luego, como las autoridades no reconocieron ese derecho de los campesinos a defender su patrimonio, las cuentas fueron congeladas, por lo menos para ellos.
Y la idea es, los vamos a acabar, se están ahorcando solos, se van a cansar de estar en la planta, no van a poder sostenerla y van a salir derrotados.
Bueno, es que en el pasado así pasaba, así sucedía; en el pasado un movimiento de huelga, un movimiento de protesta sobre la base de aplicarles esta regla, a veces por cansancio terminaban por diluir el movimiento, por disgregar el movimiento, pero el pasado ya no es presente, el pasado se fue.
Para los campesinos de La Laguna, y yo digo que para los campesinos de todo el país, aferrarse a un derecho es razón de sobrevivencia, no hay otra posibilidad.
Hubo un tiempo en que las condiciones económicas de nuestro país, permitían que si la huelga fracasara había luego empleos en otro lado, y era preferible irse a ese empleo y olvidarse de esa huelga aplastada, ahogada, asfixiada, y si no, irse a Estados Unidos, porque era factible resolver el problema de la sobrevivencia en el extranjero, y hoy prácticamente estas salidas están cerradas, entonces los campesinos no pueden ser asfixiados cuando tienen una causa legítima para defender su patrimonio.
¿Qué han propiciado las autoridades? Han propiciado que la indignación crezca, que la decisión de ir al todo por el todo también se afirme y se consolide; han provocado la ira de los campesinos, por eso los campesinos ahora se fueron también, no sólo los de la Lázaro Cárdena sobre las instalaciones de la Lázaro Cárdenas, sino que los campesinos que forman la Unión de Ejidos, propietaria de la Francisco I. Madero, que esperaban que las autoridades resolvieran legalmente el caso de la Lázaro Cárdenas, y en vista de la pasividad irresponsable de las autoridades, se fueron sobre las instalaciones de la Francisco I. Madero, que es una planta despepitadora mucho más grande que la de Lázaro Cárdenas.
Y entonces, la respuesta de los administradores y de algunas autoridades fue mandar pistoleros para desalojar a los campesinos de su propiedad social, que es la despepitadora Francisco I. Madero, llevaron pistolas 45 y no son miembros del Ejército, 30 - 30 y no son miembros del Ejército, y por la fuerza tomaron posesión otra vez de la planta Francisco I. Madero.
Ahora las autoridades usaron una segunda ley, una segunda regla del pasado, si un movimiento no se disgrega por cansancio y su ira crece, entonces hay que darles mano dura y por eso mandaron a los empistolados el lunes de la semana pasada.
Y compañeros, la segunda regla del pasado sí fue eficaz, también aquí se equivocaron las autoridades que toleraron esta acción, se indignaron más los campesinos y sus familiares de San Pedro de las Colinas, y sin armas fueron masivamente, a pesar de los balazos y a pesar de que hubo cinco heridos, ciertamente leves no graves, rozados o tocados por balas y retomaron la posesión de la planta Francisco I. Madero, y ahí están otra vez sobre la planta Francisco I. Madero.
¿Qué situación se ha creado?, bueno, una situación simple y sencilla: quien tiene obligación de resolver este conflicto, lo va a resolver aplicando la ley, o va a persistir en su actitud irresponsable para que luego que para todas uniones de ejidos de la Comarca Lagunera y para todas las uniones de ejidos y empresas ejidales del país donde se padece esta situación, pues entonces tengan que verse obligados a resolver el problema por las vías de hecho, protestando por las vías de hecho ante la negativa de las autoridades interesadas, obligadas a cumplir la ley, a intervenir con responsabilidad.
Ese es el planteamiento, ésa el la situación, hasta dónde queremos que los conflictos se agudicen, se profundicen. Yo decía, una golondrina no hace verano, pero tantos conflictos que se comienzan a multiplicar en muchas partes en el campo mexicano, en el que las autoridades no encuentran la forma nueva de enfrentarlos, nos debe alertar, y nos debe alertar precisamente para encontrar las nuevas reglas, y las nuevas reglas necesariamente tienen que ser la ley, la Constitución, la sensibilidad social y política, la comprensión de que el pueblo se va a la situación de hechos de conflictos por defensa propia porque no hay otras condiciones.
Porque la crisis y la situación económica no permiten otras salidas, por que las agentes del Estado con los que los campesinos están en permanente contacto, han acabado por romper todo puente de entendimiento con ellos, porque sus intereses particulares acabaron por interrumpir la comunicación con el gobierno, sus programas y los campesinos, porque ahí sobran intermediarios que han lucrado en beneficio propio, porque el interés nacional y el interés social de los trabajadores necesitan ser aliados y los intereses privados que impide esta comunicación entre autoridades y pueblo tienen que ser eliminados, no son conducto, son muralla entre el pueblo y su gobierno.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, quisiera hacer esta intervención reiterando la denuncia que ya he presentado; yo sé que nos queda acaso otra ocasión en que volvamos a sesionar, y espero para esa ocasión presentar el conjunto de datos pormenorizados que reclama el senador Madero, y desde luego, aparte de que yo pido la intervención formal o informal de la Comisión Permanente, también pido la intervención, personal inclusive, de los compañeros legisladores que puedan hacer algo para que se vuelva al cauce de la ley en éste y otros conflictos a los que me he referido en otras ocasiones.
Compañeras y compañeros, todavía no ha sucedido nada de gravedad en San Pedro de las Colonias, todavía estamos a tiempo, tenemos la necesidad y yo pienso que también la obligación de insistir ante las autoridades correspondientes para que intervengan con responsabilidad, después puede ser demasiado tarde. Muchas gracias.
PROBLEMAS ESTUDIANTIL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. diputado Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores legisladores: Entre el conjunto de secuelas del proceso electoral, ha quedado una preocupante en su impacto sobre cuestiones de la educación media superior y superior en el país, aparentemente un tema que no tenga que ver sin embargo está relacionado.
Resulta que a partir de la realización de la manifestación, del acto de apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Instituto Politécnico Nacional, la dirección de esa institución, encabezada por el doctor Raúl Talán, se ha abocado prácticamente a presionar y a hostigar a quienes de una u otra manera han apoyado y apoyaron la realización del evento en apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y quienes posteriormente y haciendo uso de su derecho constitucional siguieron expresando por las vías conocidas su solidaridad de apoyo a la candidatura del ingeniero Cárdenas.
Esta situación, curiosamente se entrecruzó con el ingreso al sistemas de vocaciones de los nuevos alumnos y ha generado un problema social, derivado de un problema político.
Ingresar a este sistemas de vocacionales 25 mil alumnos en total, después de la aceptación de 23 mil quedaron 2 mil a ser aceptados y resulta que a pesar de un convenio expreso y explícito con la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, los últimos 2 mil lugares fueron ocupados por los, y quiero utilizar esta palabra deliberadamente, "los recomendados de la Federación de Estudiantes del Politécnico", conocidos y reconocidos
tanto por sus actitudes y actividades porriles dentro la institución, así como por su solidaridad y apoyo a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari.
Esta situación ha generado un conflicto social, porque en vez de aplicar un criterio de selección sobre la base de calificación académica, se aplica un criterio de calificación política.
Estos recomendados de la Federación de Estudiantes Politécnicos, entonces vienen a ingresar y a engrosar las filas evidentemente del porrismo en el Instituto Politécnico Nacional, cuestión que nos debe de preocupar enormemente por las referencias anteriores que hemos hecho en esta misma tribuna a lo largo de algunos meses, ya con relación al conflicto en las instituciones de educación superior en el país.
Los padres de familia de los rechazados se han organizado, porque hay un conjunto muy amplio de algunos miles de rechazados en este caso, organizados bajo la conducción de la Coordinadora Estudiantil Politécnica, que al partir del día de ayer están realizando un plantón enfrente de la Cámara de Diputados, exigiendo una solución a este problema y además aprovechando la situación también para exigir el respeto a la voluntad popular tal y como se expresó el último 6 de julio.
La Secretaría de Educación Pública inicialmente intervino en este caso, empezó a abrir negociaciones con el conjunto de padres de familia, y sin embargo, canceló de una manera intempestiva tanto una reunión que tenía con una comisión, así como de hecho las gestiones que se estaban realizando para resolver este problema.
Dando la gravedad de la situación y el hecho, repito, de que un problema político electoral también se ha convertido en un asunto social, yo quisiera poner a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente
« PUNTO DE ACUERDO
Único. Túrnese el caso de los rechazados del nivel vocacional del Instituto Politécnico Nacional, denunciado en esta tribuna, a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Educación Pública de la Cámara de Diputados, para que interpongan sus buenos oficios en la búsqueda de la solución adecuada y justa a este problema». Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Educación Pública de la Cámara de Diputados, para que en el seno de las mismas se resuelva como legalmente corresponda.
DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan de Dios Castro Lozano, de Acción Nacional.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: Hoy voy a hacer denuncia donde se ha atentado contra uno de los bienes más caros y más valiosos del ser humano, la libertad.
La libertad para pensar, la libertad para expresarse, la libertad para sustentar la creencia política que más nos acomode. Alguna vez en un libro de circulación universal se decía: la libertad y el honor, Sancho, son de los bienes más caros que Dios ha conferido a los hombres; por su salvaguardia y por su defensa y por su protección, se debe hasta arriesgar la vida.
Cuántos casos de privación de la libertad tenemos en el país, no podemos decir que los mexicanos podamos vivir alejados de la media represiva de un sistema que coarta constantemente la libertad.
En esta campaña presidencial, en esta campaña federal, todavía hay funcionarios cerrados para los cuales la libertad de expresión es letra muerta, para los cuales el contenido del artículo 6o. o del artículo 7o. de la Constitución, no tienen ningún valor, que tratan con punta del pie los derechos más elementales de la persona humana, decía uno de nuestros fundadores: es tratado a puntapiés y escupitajos en todas partes.
Casos ha habido en este sexenio, donde la libertad de expresión se ha pagado con la vida misma, cuando se pretende ejercitarla, cuando se ejercita y se corren los riesgos que la misma conlleva.
Casos ha habido de destacadas personalidades del mundo periodístico, que por sólo expresar sus ideas han sido reprimidas. Bueno, pues yo no voy a denunciar el caso de un periodista famoso, destacado, no voy a denunciar el caso de algún personaje destacado del país al se le coarte su libertad de expresión por parte de funcionarios, para los cuales la Constitución no tiene mucho más valor que el papel en que se encuentra impreso.
Hay aquí en México un funcionario público, un servidor público, dice llamarse Martín del Castillo Toledo, y este servidor público Martín del
Castillo Toledo, que además desempeña el cargo de director general de Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, este servido público, que es eso, servidor de los ciudadanos, que se le paga por eso, para desempeñar un cargo que se traduce en espíritu de servicio, no en prepotencia, no en superpoder, no en garrote, no en el golpe que se asesta a un ciudadano.
Pues este señor Martín del Castillo Toledo, director General del Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, él piensa que todos los mexicanos debemos pensar como él piensa, que nadie tiene el derecho de discrepar de la ideas muy particulares que él tiene en materia política, y este funcionario público, pues no puede tolerar que ningún modesto trabajador, quizá por ser modesto, puede discrepar de la ideología que él sustenta en favor del partido oficial, cuando alguien discrepa, cuando alguno de los modestos trabajadores conduce alguno de los vehículos que prestan servicios a los pasajeros del Distrito Federal, entonces este servidor público, Martín del Castillo Toledo, utiliza su poder para sancionar.
Y aquí tengo el caso de un modesto trabajador, se llama Silverio Hernández Ojeda, es un mexicano, es un ciudadano trabajador, un compatriota nuestro; le recogieron su vehículo por portar propaganda del Partido Acción Nacional, traía él una bandera, se entusiasmó en una reunión programada y organizada por Acción Nacional y este flamante director general de Autotransporte Urbano de la Secretaría General de Protección y Vialidad, ordenó el retiro del vehículo.
Entonces, yo pido a los señores legisladores que están muy conscientes de cuando se comete una injusticia, que acuerden favorable mi pedimento, para que la Comisión de Gestoría y Quejas, con toda la atención del mundo, se dirija al señor Martín Castillo Toledo, y le pida que devuelva su vehículo a este modesto trabajador que cometió el grave crimen de ostentar y manifestar su ideología política, discrepando de la que sustenta Martín del Castillo Toledo.
Dejo aquí por escrito, el pedimento para que se acuerde de conformidad. Gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que interponga sus buenos oficios conforme a derecho.
PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA
El C. Presidente: - Corresponde el turno al señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores legisladores: Quisiera en esta ocasión referirme a lo que ahora se está llamando la cuarta etapa del Pacto de Solidaridad Económica, que es un tema que hemos discutido en prácticamente todas sus etapas, que hemos debatido en el contexto de la coyuntura electoral y ahora fuera de alguna manera de la coyuntura electoral y enfrentando la realidad de la situación en que se encuentra el país.
Creemos que se hace aún más urgente y obvio discutir con seriedad, con responsabilidad las implicaciones que puedan tener este Pacto de Solidaridad Económica para el pueblo de México; es un pacto que se firmó en un mar de amenazas, quizá chantajes, ciertamente de presiones y de exigencias de los diversos sectores firmantes.
Claro, después de las elecciones, habría que preguntarnos cuál es la verdadera responsabilidad política real, no me refiero a la representatividad formal de los firmantes, pero ése es otro tema.
El hecho real, es que con el rechazo de los amplios cordones industriales del país a la política priísta, donde vive una gran mayoría de los trabajadores del Congreso del Trabajo, queda perfectamente patente que el repudio a la firma del sector obrero a este pacto es categórico; sin embargo, también queremos señalar que el efecto que pudiera tener eventualmente este pacto, debe analizarse en sus propósitos y en sus logros aparentes en el mediano plazo.
Hemos vivido prácticamente nueve meses bajo la cobertura de un Pacto de Solidaridad; de hecho, a partir del 15 de diciembre que se llega a un primer acuerdo de este tipo, y la pretensión señalada era la de bajar la inflación, lo que ahora se está descubriendo es que el problema del país no es sencillamente la inflación, a pesar de que en reiteradas ocasiones el propio Presidente de la República, incluso en su toma de posesión como Presidente, dijo que la inflación era el problema número uno del país.
Ahora resulta que hemos bajado la inflación a niveles que son considerables si se relacionan con lo que han sido las tasas de inflación de años pasados, o sea, se puede, desde este punto de vista, el gobierno alegar que su política ha tenido enorme éxito en ese propósito específico y nosotros diríamos que es cierto, que en efecto la tasa inflacionaria, el ritmo inflacionario se ha reducido.
Pero entonces la pregunta es, si se ha reducido ese problema denominado el enemigo número uno del pueblo de México, si ahora las cosas están mejor,
debemos entonces dar una respuesta categórica a esa interrogante y es decir que las cosas no están mejor, que el problema, el famoso enemigo número uno fue erróneamente identificado, que la política económica del régimen nos ha llevado a un callejón sin salida, y que éste es el saldo de la política económica de Miguel de la Madrid y de Carlos Salina de Gortari, un callejón sin salida.
El pacto en su cuarta etapa congela los factores, éste es el alegato, se congela el tipo de cambio, se congela obviamente, se mantiene el congelamiento de los salarios y ahora se alega que los precios van a bajar, pero ¿acaso será cierto esto?
Veamos simplemente, si hasta ahora no ha existido por parte del gobierno de capacidad de vigilancia del control de precios, y que incluso esta situación ha suscitado que dirigentes de la propia Confederación de Trabajadores de México pidiese la renuncia del Secretario de Comercio, imagínense ustedes la situación enigmática que va a enfrentar el propio Secretario de Comercio teniendo que distinguir en el precio de un producto, el Impuesto al Valor Agregado del precio mismo.
Se han unificado en una sola unidad, resulta imposible vigilar los precios del país, de los productos, y resulta por tanto imposible distinguir si realmente habrá o no baja, una reducción en los precios, incluso en el nivel acordando.
Esta cuestiones, que se plantean como grandes logros, son ilusiones que se plantean para tratar una vez más, de mantener la ilusión de que la situación económica mejora para todo el pueblo de México.
Yo insisto categóricamente que la situación económica no ha mejorado, que la tendencia recesiva en la economía no solamente ha sido marcada en los últimos meses, sino que tiende a incrementarse la tendencia recesiva, el indicador de la industria de la construcción es uno de los más ilustrativos, porque se refiere en lo fundamental al mercado interno; y lo que está pasando en la industria de la construcción es hoy el ejemplo más claro, de cómo el nivel de vida del pueblo de México se reduce estrepitosamente y a grandes saltos, cuando en cambio encontramos que tenemos crecientemente una gran burguesía nacional, "apapachada" por la política gubernamental.
Ciertamente la comparecencia del licenciado Ayala la semana pasada, demostró el grado de cinismo al que puede llegar un funcionario en la defensa de los intereses de los grandes capitales; pero si esta política que expresó Ayala en la Cámara, ante la Comisión de Hacienda, se articula en el conjunto de la telaraña gubernamental, encontramos una gran política de apoyo y subsidio a las pretensiones gubernamentales de apoyar, de subsidiar e insisto de alentar y "apapachar" al gran capital nacional.
Y entonces lo que se está alentando por razones políticas, es el desarrollo de un México polarizado en lo económico, polarizando en lo social y obviamente con una creciente polarización en lo político.
Estos son los signos vitales de la cuarta fase del Pacto de Solidaridad que se ha firmado recientemente; se afirma una política que conduce necesariamente a una situación de mayor autoritarismo en lo político, pues conduce a mayor miseria, y es una miseria que no está a la vuelta de la esquina, es una miseria que está aquí con nosotros presente hoy, y que es una cuestión que nos mira en la cara y que está expresando y exigiendo soluciones veraces y reales frente a las exigencias y necesidades del pueblo de México.
El Pacto de Solidaridad se ha convertido en un instrumento de concentración de capital y de riqueza, se ha convertido en un instrumento de empobrecimiento del pueblo en general, y entonces es este Pacto de Solidaridad el instrumento que hoy está realizando las llamas del descontento social y las perspectivas de mayores y más enconadas luchas del pueblo de México por lograr sus demandas, y me atrevo a decir, por alcanzar una mayor libertad política que no siente tener, al encontrar las firmas de dirigentes y de líderes espurios que apoyan un Pacto de Solidaridad de esta naturaleza, que de solidaridad no tiene absolutamente nada, excepto solidaridad entre pocos dirigentes ya no representativos y entre pocos representantes del gran capital con el aval, lamentablemente, de un gobierno que se ha puesto claramente a su servicio.
Creemos que es el momento de levantar nuestra voz en contra de este pacto una vez más y de reiterar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que esto daña a México, esto daña al pueblo y esto daña la posibilidad de consolidar una democracia política en el país.
Estos son los problemas que una vez más refrendamos y encaramos ante la cuarta fase de este ya nefasto Pacto de Solidaridad Económico. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Sobre el mismo tema, hará uso de la palabra el señor diputado Roberto
Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Desde el inicio del pacto, esto fue en el año de 1986, nosotros lo cuestionamos por haber partido de una base en que tanto a trabajadores de la ciudad como a trabajadores del campo, así como a pequeños y medianos productores, se les imponían medidas en las que resultaban ventajosamente afectados frente a la situación de privilegio o de franca mejoría que obtuvieron por esas fechas la otra parte de los que participaron en esta concertación, como fueron los empresarios.
Debe recordarse que el pacto se implementó cuando se hizo un ajuste a importantes productos o en el precio de importantes productos, así como de los bienes y servicios, que consecuentemente inciden en el resto de los artículos y productos en general.
Acaba de realizarse una nueva fase de concertación, la denominada cuarta, que habrá de prolongarse hasta el fin de este sexenio; lo relevante de esta concertación, es el hecho de que los precios de los principales productos se mantienen inalterados.
Otro hecho, es que a partir del 1o. de septiembre se eliminará el Impuesto al Valor Agregado en alimentos procesados y en alimentos; esto es, del 6% que se le tenía asignado, en el caso de los medicamentos, desgravarse a la tasa cero.
Otro, la desgravación del Impuesto sobre la Renta en los ingresos de las personas físicas, un 30% del mismo en lo equivalente hasta cuatro veces o cuatro veces el salario mínimo del Distrito Federal.
Esto de laguna manera, entre los elementos que se han agregado a esta nueva fase de concertación, desde el punto de vista nuestro, lo vemos como un elemento positivo; lo que sigue por ejemplo no lo es tanto, que las organizaciones empresariales se obligan a promover y a recomendar a industrias, comerciantes y productores, reducciones en los precios, de modo tal que en promedio ponderado resulten en bajas de un 3%.
Esto esta bien hasta donde se habla como obligación, pero cuando se emplea el término de que se obliga a recomendar, ya cambia totalmente el esquema y la posibilidades de que se puedan dar en forma real y efectiva estas desgravaciones en los precios.
Del antecedente que existe, recuérdese que no pocas ocasiones al ser cuestionado el sector empresarial, al de por qué sí han estado realizando incrementos en algunos precios, la respuesta de ellos es en el sentido de que en ningún momento se estableció ese compromiso; entonces, no hay la garantía de que este renglón que forma parte de la concertación se puede concretar en la realidad.
Otro aspecto es la manutención fija del tipo de cambio, ya en algunas ocasiones hemos señalado el problema que implica para nuestra economía el mantener fijo el tipo de cambio, claro, a la luz del pacto y en función al objetivo principal que tiene, que es el de bajar considerablemente la inflación, es necesario mantener un tipo de cambio fijo, porque eso tiene la característica, la acción de una ancla que no permite el aceleramiento de la espiral inflacionaria, pero hemos señalado el riesgo que representa para nuestra economía el hecho de que se tenga que llegar a subsidiar, como de hecho se está haciendo, el tipo de cambio y que esto afecta a las reservas internacionales del Banco de México, que del reciente informe, de las últimas cifras que se conocen, se ha dado una baja considerable por el hecho de estar financiando el tipo de cambio.
Nosotros hamos señalado el riesgo, el problema que vivimos en 1982, cuando también por mantener un tipo de cambio fijo, se vaciaron prácticamente las reservas del Banco de México.
Respecto a la desgravación del Impuesto al Valor Agregado, ya señalé que nos parece una medida positiva; recuérdese que en diciembre de 1985, la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano presentó una iniciativa para desgravar el impuesto al Valor Agregado en ropa, medicamentos y alimentos.
En esta ocasión, no obstante la argumentación con la que fundamentábamos nuestra demanda, se nos explicó en mil formas que no era posible esto por lo que afectaba los ingresos del gobierno federal, y que además estaba comprobado que las tasas fijadas para esos conceptos, eran justas y equitativas.
Esta demanda, nosotros insistimos, sobre todo en la situación de pobreza de la mayoría de los mexicanos, como consecuencia del fracaso de la política económica del gobierno, y dijimos que el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que no cubre los requisitos de proporcionalidad que prevé nuestra Constitución, y que es injusto porque grava con iguales tasas a los que tienen mucho y a los que carecen de todo.
Hoy, finalmente el gobierno ha decidido aceptar este renglón, lo del Impuesto al Valor Agregado,
solamente en dos conceptos que es en lo de medicamentos y algunos productos procesados.
Nosotros esperamos que en base a los criterios que los llevaron a esta desgravación, en un plazo breve se extienda a los otros aspectos como es ropa y calzado, que aun cuando se pudiera alegar que hay razones para que se mantenga la tasa, el porcentaje de aplicación del Impuesto al Valor Agregado en esos productos, consideramos que sigue siendo injusto porque los más necesitados o los desposeídos, de todas maneras tienen necesidad de vestirse y no lo harán con lujos, pero en la medida en que ellos hagan su gasto en la adquisición de ropa y calzado, pagan una tasa, un porcentaje igual que el se fija a quien puede comprar vestidos, calzado a precios más elevados o con ropa o artículos de mejor calidad.
Por otra parte, esto de la demanda nuestra del Impuesto al Valor Agregado que habrá de insistirse, quiero reconocer el mérito de que fue producto de una campaña que realizó precisamente en el año de 1985 y en la que se logró recabar un número bastante considerable de firmas de la población apoyando esta demanda, y que fue promovida por la Unión Nacional Sinarquista, y que nosotros la concentramos con su presentación en diciembre de 1985.
En otras intervenciones hemos significado lo de las tasas impositivas, que por lo inequitativo de las mismas, inciden en la dificultada del crecimiento económico de nuestro país.
Hoy también en este renglón se da un paso mínimo al desgravarse el impuesto de las personas físicas, como se señaló cuando se habla hasta en cuántos salarios mínimos en un 30% se desgravará lo correspondiente al impuesto sobre la Renta.
Decimos que una de las funciones principales del pacto, desde su inicio, desde su implantación, fue el del combate a la inflación, en estas condiciones se presentó, no tiene otro objetivo más de que bajar a como dé lugar el fenómeno inflacionario, cosa de que alguna manera se está considerando, pero que nosotros vemos que no es justo que se mantengan congelados los salarios y los precios de los artículo del campo, porque nosotros sabemos que estos sectores, tanto los campesinos como los trabajadores de la ciudad, son los que han tenido que pagar el éxito que se le atribuye al Pacto de Solidaridad Económica.
Si bien el fenómeno inflacionario ha ido a la baja, por otra parte, ha sido a costa de mantener congelados los ingreso de los trabajadores tanto del campo como de la ciudad, y en el caso de los trabajadores del campo, de los pequeños y medianos productores, debemos nosotros significarlo porque bien sabemos que ya se está dando un desabasto de esos productos que provienen del campo, y el desabasto se debe a que ya no le salen como dicen las cuentas a los campesinos, cuando ellos tienen congelados los precios a los que deben vender sus productos, pero no así el de los insumos que requieren para hacer producir la tierra.
En el caso de los insumos, éstos no han detenido su incremento, basta con que se hiciera una consulta de precios de una semana a otra y se encontrará que los principales insumos a los que recurren los campesinos, están siendo movidos los precios considerablemente; entonces, no es justo que se les obligue a invertir más para hacer producir la tierra, cuando se le obliga por otra parte a mantener fijos los precios de esos productos. ahí consideramos que se comete una injusticia y está llevándolo a una situación desesperante, a tal grado que ha disminuido la producción agropecuaria.
Ahora bien, ¿qué es en sí lo que se espera de esta última fase de concertación del pacto?, porque nosotros sabemos que si bien por un lado se manejan los elementos de éxito, o sea, la desinflación de nuestra economía, por el otro lado se tiene detenido el crecimiento económico del país.
La explicación que han dado los funcionarios cuando se les plantean esta situación, es en el sentido de que ahorita el objetivo es bajar el índice inflacionario, que efectivamente reconocen que no se puede caminar por la vía del crecimiento económico por lo endeble todavía de plan, que en un principio se calificó como un plan de choque, porque tiene las características heterodoxas de los planes que se han implementado en otros países.
No se puede mantener por tiempo indefinido la congelación de precios, porque forzosamente en la medida que va pasando el tiempo se va constituyendo un rezago y si no se hace la alineación adecuada y oportuna, esto es más que una simple panacea que hace creer lagunas ventajas, que en un momento dado se tendrá que pagar el precio de este lapso en el que se estuvieron congelados los diferentes precios.
En el caso de las tarifas de los bienes y servicios del sector público que se han mantenido inalterados, sabemos que hay ya un desajuste, que ya se da una desalineación, lo mismo en algunos artículo de la canasta básica.
El temor es que en un momento dado, en aras de cuidar una entrega de cuentas como lo hemos señalado, alegres al final de la administración, después se tenga que venir un descontrol que se constituya en golpes traumáticos para la economía del país y que ante la mayoría de los ciudadanos, sobre todo en las clases más desposeídas, impotentes ante esta situación, tengan que pagar esta factura.
Nosotros vemos con preocupación estos elementos, sobre todo por la falta de equidad en la concertación, y sobre el hecho que no se tienen compromisos en una forma igual. Si estos tres elementos, tres agentes que inciden en la economía del país, como es trabajadores, productores y empresarios se ajustarán en la misma forma el cinturón, se aplicarán la receta en la misma medida de sacrificio, podríamos hablar de un pacto equitativo, pero nosotros hemos señalado que se encuentran dos elementos en la desventaja: Los trabajadores y los productores del campo.
No así los empresarios que como se desprende del mismo documento, a los más que se obligan es a recomendar que no se incrementen los precios o que se haga una baja en un 3% de los mismos; pero eso en la práctica, señores, no se convierte en una realidad y es donde el caso de los asalariados se convierte en angustiante, porque sus recursos que perciben a través de su jornada de trabajo, resulta en suficiente para abastecer las más elementales necesidades. Esto, por lo mismo, tendrá que verse con sumo cuidado, y no dejar de señalar esa preocupación por factores que no están en manos del gobierno controlar, porque en un momento dado tendrá que soltar la economía.
Pienso que en tanto no se siga un plan adecuado, en el que el gobierno no solamente vea cómo obliga a otros a reducir sus ingresos o ajustarse a las tasas impositivas que se le fijan, sino que él también haga una planeación, de tal manera que el gasto público, el grueso del gasto público se vea afectado, pero sobre todo cuidando algunos renglones que son elementales.
Nosotros hemos dicho que los renglones que no se debe afectar, son los relacionados a la salud, a la educación, a la seguridad social, los que se destinan a los servicios asistenciales y que hay otros renglones en los que sí caben los ajustes.
Hemos visto con cierta tristeza, que principalmente estos sectores han sido, estos renglones señalados sí se han visto sensiblemente afectados, por ejemplo en el caso del Seguro Social, han estado haciendo una revisión de la política de presiones y de otorgamiento de los salarios que se fijan por incapacidad, reduciéndolos al mínimo, atribuyéndolo a la situación económica que vive el país.
Entonces quiere decir que en ese aspecto sí se están haciendo ajustes, y no en los renglones que en realidad corresponde se hagan, en los que todavía se da el despilfarro y la mala administración de los recursos.
Esos son nuestros comentarios respecto a esta cuarta fase del pacto, y hacemos nosotros un llamado al mismo gobierno, a los que participan en este tipo de concertaciones para que se analicen las posibles consecuencias que habrá de sufrir el pueblo de México si no se realizan pactos en los que no se den signos de desventaja y se proteja, sobre todos los sectores que históricamente han sido los más desprotegidos del país, como son los asalariados y los trabajadores del campo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra sobre el mismo tema, el señor diputado Alejandro Encinas, del Partido Mexicano Socialista.
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: En diversas ocasiones en la Comisión Permanente, hemos discutido las ampliaciones del Pacto de Solidaridad Económica; sin embrago, creo que el anuncio de la cuarta etapa de este pacto, merece en esta ocasión un análisis distinto la que hemos desarrollado en ocasiones anteriores, más aún, a la sombra de los resultados que arrojaron las elecciones del pasado 6 de julio.
Si nosotros nos circunscribimos a analizar el pacto en sí, con las medidas que se anuncian y los acuerdos que se vuelven a ratificar, nos vamos a encontrar con que se sigue implicando una política de más de lo mismo, es decir, se persiste en abatir la inflación a partir de dos condiciones fundamentales: la restricción al salario real de los trabajadores y las restricciones al gasto público para atender las necesidades sociales.
Se persiste nuevamente en esta cuarta etapa del Pacto de Solidaridad Económica, en una falsa concertación sobre la base de mayores sacrificios a los trabajadores y la buena fe de los empresarios, quienes nunca han obedecido cabalmente el cumplimiento del pacto que han suscrito, y las propias cifras oficiales nos dan cuenta de este incumplimiento y los fracasos reales para los cuales fue creado este pacto.
La inflación, según datos del propio Banco de México, para julio de 1988 alcanza ya el 43.3%, lo que ha significado un deterioro del salario real
por encima del 14%, la única mercancía que ha estado sujeta al congelamiento, la única mercancía que no ha podido incrementar su precio para igualarse con los niveles de inflación, sigue siendo el trabajo.
Decíamos que en este pacto no hay nada novedoso, se establecen aparentemente dos nuevas medidas, se retiene el 6% a los alimentos, algunos procesados y a los medicamentos, y se reduce en un 30% el Impuesto sobre la Renta a quienes perciban hasta cuatro salarios mínimos.
Todo parecía ser que con esto se deba respuesta a un conjunto de demandas que las organizaciones de izquierda y democráticas de este país hemos reivindicado, pero en el apresuramiento de la firma de este pacto se incurre en graves irregularidades.
Yo preguntaría a esta Comisión Permanente: ¿Quién autorizó la reducción de estos impuestos, ya que hacer esto no es una facultad que compete al Congreso?, ¿no es el Congreso quien determina las tasas impositivas y los niveles de impuestos en este país?
Nuevamente el Ejecutivo, en aras de medidas propagandísticas, pasa por alto a Poder Legislativo; ya no es únicamente en esta concertación al margen de la sociedad, sino esas concertaciones a partir del desconocimiento que en este país, existe un Poder Legislativo que tiene facultades y que deberá respetarlas el propio Ejecutivo.
No cuestionamos la reducción de los impuestos, cuestionamos una vez más el manejo unilateral y arbitrario del Ejecutivo de este país, y decía que este pacto se trata más de una medida propagandística que de un pacto que pudiera tener alguna repercusión en los niveles de vida de la mayoría de la población.
Yo quisiera que aquí nos preguntáramos: ¿Hasta dónde los trabajadores de salario mínimo podrán adquirir hoy los medicamentos y los alimentos que están exentos hoy del 6% del Impuesto al Valor Agregado?, ¿hasta dónde realmente su poder adquisitivo va a poder recuperarse o va a poder tener acceso a otros productos con este desgravamiento?
Nosotros creemos que no, ¿hasta dónde esta reducción del 30% al Impuesto sobre la Renta va a beneficiar a la mayoría de los trabajadores, cuando el grueso de la población, el caso del salario mínimo se encuentra tipificado en el salario mínimo o por debajo de ésta, el cual está exento de todo impuesto?, ¿y los beneficiarios en todo caso, el impuesto no tendrá una reducción que fuera significativa en el impuesto para mejorar sus salarios? La caída del 30% en el Impuesto sobre la Renta, en el mejor de los casos, significa únicamente un incremento en los ingresos a los trabajadores del 2%.
Yo creo que sería bueno que aquí fuéramos viendo con precisión ¿cuáles son los resultados de este pacto?, ¿cómo es posible que se firme nuevamente una cuarta etapa del pacto, cuando todavía no se establecen los nuevos precios de garantía y se deja ahí a la buena fe del gabinete agropecuario un compromiso ya adquirido, en donde no hay ninguna garantía, valga la redundancia, para recuperar el poder adquisitivo del campesinado?
Yo creo que todo indica que esta medida, esta nueva firma del Pacto de Solidaridad Económica, no tendrá ninguna repercusión en las condiciones de vida de los mexicanos ni en sus ingresos; nosotros creemos que más bien se va a afectar todavía más a los ingresos públicos, y la factura de la reducción en el Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto sobre Productos del Trabajo tendrá que pasársele de nuevo al pueblo mexicano que, en la medida en que caigan los ingresos públicos, incrementarán los recortes en el gasto social, que ha sido la práctica que ha caracterizado las cuatro etapas del pacto.
Pero yo creo que nosotros debemos ir más allá del solo análisis circunstancial de la significancia de las medidas, yo creo que nosotros debemos ubicar esta nueva firma en el contexto político que estamos viviendo en el país.
¿Cómo es posible que el gobierno continúe desatendiendo el reclamo social que significaron las elecciones del 6 de julio?, ¿qué a pasado con los anuncios del Presidente y del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia, donde se anunciaba un cambio en la política económica, el anuncio del fin del sacrificio, el inicio de un nuevo proceso de recuperación?, esto no se encuentra en esta cuarta etapa del pacto.
¿Qué pasa con el cuestionamiento hecho al movimiento obrero, al movimiento campesino, al movimiento popular oficial, sobre su inoperancia y que fue cuestionado duramente el 6 de julio en las elecciones?, ¿qué pasa con un movimiento obrero que vuelve a recular ante la imposición de una fase nueva del pacto?, ¿qué pasa con la inconformidad y el cuestionamiento expreso a la política económica, hecho el pasado 6 de julio?
Nuevamente, todo parece indicar que el pacto se constituye más en un instrumento de sanción, en
un instrumento de castigo a la inconformidad expresada en las elecciones.
Todo indica que este pacto, lejos de ayudar a buscar la recuperación de los niveles de bienestar de los mexicanos, busca nuevamente la incertidumbre y el crecimiento de situaciones de inconformidad y de inestabilidad política en el país, porque a nuestro juicio, el pacto viene a refrendar una vez más los términos de la práctica política del gobierno actual, y más que allanar el sacrificio de los mexicanos, creemos que el pacto se está constituyendo en un elemento detonador de la sociedad mexicana.
Creo que a nosotros nos compromete a asumir un compromiso, valga la redundancia, la responsabilidad de no permitir que se siga castigando la bolsa de los trabajadores como sanción a su voluntad política y a la búsqueda de espacios para la democracia.
Nosotros rechazamos esta nueva firma, creemos que las condiciones políticas son distintas y debemos buscar la forma de, priorizando, responder a las necesidades y a las demandas de nuestro pueblo, firmar concertaciones en donde se privilegió al pueblo de México y no a los grandes empresarios. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Amador Amador.
El C. diputado Jorge Amador Amador: - Gracias, ciudadano presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es cierto, resultado del Pacto de Solidaridad Económica, como lo decía el compañero Roberto Calderón Tinoco, se celebra que se ha reducido el ritmo de la inflación, y se calla que se ha castigado a la economía nacional a una situación de estancamiento, a una situación depresiva, a una situación recesiva.
Y lo lamentable es que la recesión, para llegar a ella bastan algunas medidas como las fundamentales que se tomaron en el caso del Pacto de Solidaridad Económica, reducir el crédito, limitar las inversiones al mínimo, y desde luego deprimir el mercado interno sobre la base de castigar salarialmente a los trabajadores.
Pero para salir de una recesión, para reconstruir una economía destruida por la recesión ¿cuánto se necesita?, inclusive estando a la cabeza de la nación un gobierno popular en una situación de economía semidestruida, hundida en una recesión, serán necesarios sacrificios casi iguales o superiores a los que ahora ha padecido nuestro pueblo, por eso es lamentable el aspecto recesivo del Pacto de Solidaridad Económica, porque tiene una gran trascendencia negativa, castiga, yo digo, más que una generación.
Es cierto, en la cuarta fase del Pacto de Solidaridad Económica, como lo señalaba aquí el compañero Encinas, se reitera lo que ha sido un método en la concertación económica en la fase final de nuestro gobierno de este sexenio, el método de ignorar bases constitucionales fundamentales.
Cuando se firmó en diciembre, se sometió al salario mínimo a una parálisis, a una restricción anticonstitucional; el salario mínimo, por determinación constitucional no se negocia, no se renuncia, y sin embargo en el Pacto de Solidaridad Económica, en diciembre, se obligó a los representantes de los trabajadores a negociar, a someterse, a suprimir aumentos salariales incluso del salario mínimo.
Hoy, evidentemente en materia de impuestos, simplemente se sigue con el mismo método, se violan disposiciones constitucionales en materia de impuestos, es decir, el pragmatismo no tiene límites. Si finalmente el objetivo de la política económica es la estabilización, pues entonces choque contra lo que choque, cueste lo que cueste, hay que garantizar estabilidad económica.
Y habrá razones, habrá incluso razones que por lo menos en parte pudieran ser reconocidas como tales; evidentemente, una transformación política requiere un clima de estabilidad, y entonces en el razonamiento político de quienes tuvieron capacidad de implementar esta política estuvo con mucho peso esa determinación, estabilidad a toda costa. A costa del empobrecimiento, si; a costa de la recesión, si; a costa de violar normas constitucionales fundamentales, sí.
La única posible ventaja que luego va a tener trascendencia, la única posible ventaja es que se permitió un proceso electoral como el del 6 de julio, que todavía estamos viviendo, que hubiera posiblemente sido diferente si no hubiera habido condiciones de estabilidad.
Habrá que pensar si el altísimo costo que tuvimos que pagar como pueblo compensa este beneficio, pero desde luego es un elemento que hay que tomar en consideración para juzgar al pacto, y por eso mi comentario sobre lo que a juicio nuestro, esta cuarta fase representa.
Compañeras y compañeros legisladores, desde nuestro punto de vista, si algo vale comentar de la firma del cuarto sobre la cuarta fase, sería lo siguiente: El pacto de Solidaridad Económica llama la atención del pueblo de México y de sus
representantes sobre el verdadero problema nacional.
El verdadero problema nacional es resolver la gran contradicción de intereses sociales que existe en nuestra patria.
La gran contradicción entre la inmensa mayoría del pueblo trabajador y la reducida oligarquía que detenta hoy la riqueza económica, y que ha logrado una gran influencia política en el estado, al grado de determinar las principales artistas de la política económica, al grado de imponer sus intereses en las principales decisiones del gobierno.
Desde nuestro punto de vista, el tema del pacto clarifica la situación; hoy estamos inmersos en un debate de tipo político electoral, en un debate sobre la validez y los verdaderos resultados electorales de la jornada del 6 de julio, pero los verdaderos contendientes no son un partido y otros partidos o un conjunto de partidos, y el partido en el gobierno, los verdaderos contendientes socialmente hablando, son, por una parte una clase social y sobre todo una fracción, la fracción de la gran burguesía mexicana, de la cual es fiel expresión el famoso señor Legorreta, éste cuya flamante casa hoy ha sido comunicado en un semanario, éste que tiene una casa de 4 mil millones de pesos, estos señores que son capaces de tener en medio de la crisis ganancia de 4 mil por ciento.
Estos son verdaderamente unos de los protagonistas, representan uno de los polos de la gran contradicción de la nación mexicana; y por el otro lado, la inmensa mayoría de la población, la población trabajadora del campo y de la ciudad, la población que ha tenido que garantizar la estabilidad económica a cambio de renunciar a derechos, a conquistas históricas, la gran mayoría de la población mexicana que no tiene posibilidades, ya no digamos de yates y de casas de 4 mil millones de pesos, ni tampoco de irse al extranjero cuando las cosas no funcionan en este país.
Esa es la verdadera contradicción, y si tiene algún sentido la disputa político electoral, si tiene algún sentido determinar quién deba ser Presidente de la República y con qué programa gobernar esta país, es precisamente para eso, para que el pueblo recupere su lugar en el Estado mexicano, para que el pueblo recupere su capacidad de integrar un gobierno popular que represente fielmente sus intereses.
Creo yo que el único comentario que hace útil la reciente firma del Pacto de Solidaridad Económica en su cuarta fase, es recordarnos dónde está la verdadera contradicción, para qué el pueblo votó el 6 de julio contra el continuismo de la política económica, contra el continuismo de las prácticas viejas del partido oficial, contra la antidemocracia.
Si tiene sentido toda esta lucha de nuestro pueblo es para cambiar esta situación, para cambiar este desequilibrio económico y social, para enfilar el desarrollo nacional por un rumbo totalmente diferente, por el rumbo que está en los orígenes mismos de la nación mexicana. No el rumbo del empobrecimiento creciente del pueblo a costa de la gran acumulación de riqueza de una minoría ensoberbecida y superenriquecida, no ese rumbo, sino enfilar otra vez el desarrollo nacional por un rumbo de desarrollo económico independiente al servicio del pueblo.
Por eso, compañeras y compañeros, creo, creemos nosotros, el partido mío y pienso que también las fuerzas con las que estamos aliados nosotros, que se ha abierto una gran oportunidad histórica, la oportunidad de cambiar sobre la base de cambiar la política, dotar al pueblo de capacidad social para cambiar la situación económica. Ese es, pensamos nosotros, el sentido de esta cuarta fase, no más de lo mismo, eso fue lo que el pueblo votó.
Y el gobierno actual no tiene otra alternativa más que hacer más de lo mismo, pero estamos en los albores de un nuevo período, yo digo que no solamente político, sino también histórico y exactamente, estamos en el momento del alumbramiento y para el momento del alumbramiento, la claridad en los resultados electorales, la fidelidad a la voluntad popular serán garantía de que la reconstrucción de la economía nacional haga innecesarios pactos oprobiosos como el que ahora estamos comentando. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jorge Flores Solano. El C. diputado Jorge Flores Solano: - Señor presidente; compañeros legisladores: Realmente quiero ser muy breve en mi intervención, puesto que han sido con toda precisión publicados los términos de esta nueva concertación, que es la cuarta etapa del Pacto de Solidaridad. Digo que seré muy breve, porque no es por medio del compromiso signado por las partes conforme el gobierno espera resolver los problemas económicos de este país, es solamente en el combate a la inflación cuyos resultados están a la vista. La profundización que con esta nueva etapa se hace, creo que tendrá también resultados favorables a la misma.
A nadie escapa que nuestro país atraviesa todavía por serias preocupaciones que en el ámbito internacional
se están dando, pero que en el fondo, la verdadera solución a los problemas económicos del país, están en la política que ha sido fijada claramente por el Presidente Miguel de la Madrid, de la reconversión industrial, de la modernización del país, de la apertura comercial, de continuar avanzando en la mejoría de las finanzas públicas, y por este conducto nuevamente mantener a los precios a un nivel semejante al de los países industrializados con los cuales comerciamos.
Pero indudablemente que no existe una satisfacción plena, que esto habrá de profundizarse en el esfuerzo de los mexicanos, y que nuestro país continuará en el proceso de lucha para salir adelante de la crisis.
Quisiera hacer también a mis compañeros una precisión, sí existe facultad constitucional en la firma de este pacto y en la reducción que se ha hecho a los niveles impositivos.
Hay un Código Fiscal que está en vigencia desde casi su origen, que se le otorgan facultades al Presidente en el manejo de las tasas cuando se afecte una región o al país en casos como el que éste es perfectamente identificado.
No hay ninguna inconstitucionalidad ni es la lucha en contra del pueblo, se trata de buscar continuar adelante en nuestro proceso democrático, en nuestro proceso de apertura, de nuestro proceso de inscribir país en la nación que le corresponde en provecho de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Héctor Morquecho Rivera, tiene la palabra para presentar una propuesta.
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente, compañeros legisladores: El tema que quiero tratar es sobre un balance del gobierno actual, a seis años de gobierno, y que se caracteriza por la pérdida del rumbo de la Revolución Mexicana.
Compañeros legisladores: A dos semanas de que rinda su último informe al actual gobierno de la República, encabezado por el licenciado Miguel de la Madrid, y a cuatro meses de que concluya su período constitucional, podemos ya formular a grandes trazos el balance de lo hecho por el actual gobierno y sin duda no sale bien librado de dicho balance.
Antes que el gobierno actual hubo algunos que se desviaron del camino de la Revolución Mexicana con mayor o menor profundidad, ninguno, sin embargo, había atentado con tanta violencia en contra de la obra de la propia revolución, ni había dañado tan gravemente los intereses de los trabajadores y de la nación. Ninguno había emprendido el desmantelamiento del sector estatal de la economía poniendo a remate cientos de empresas que son patrimonio del pueblo, como lo ha hecho el gobierno actual, que recibió 1 mil 115 empresas, de las que quedan sólo alrededor de 300.
Antes que el actual, hubo gobiernos que ofrecieron toda clase de privilegios a los capitalistas extranjeros para invertir en México e incrementar así nuestra dependencia económica y tecnológica y el saqueo de nuestros recursos.
Al empezar el actual sexenio, las inversiones extranjeras sumaban algo más de 10 mil millones de dólares, acumuladas en poco más de un siglo de 1880 - 1892; con el actual gobierno se han duplicado, llegando a más de 21 mil millones de dólares en sólo cinco años, ningún gobierno en la historia de México había provocado el desplome de nuestra moneda como lo ha hecho el actual; en sólo cinco años, de 1982 a 1987, el peso mexicano pasó de 70 pesos por dólar a más de 2 mil 200 pesos el dólar, lo que representa una devaluación acumulada de poco más de 3 mil 200%.
El actual gobierno ha llevado el salario a su punto más bajo en los últimos 30 años, al tiempo que ha privilegiado las actividades especulativas de los capitalistas de una manera que no tiene precedentes. En efecto, el salario ha reducido su participación en el producto interno bruto; de alrededor del 46% en 1976 que tenía, hoy llega apenas el 25%, es decir, que se redujo en un porcentaje muy importante, de igual modo el gobierno ha agredido a los trabajadores violando, más bien volviendo negatorio el derecho de huelga por medio de subterfugios tales como la requisa y la intervención administrativa.
En efecto, compañeros legisladores, las cifras que nos arrojan estos últimos seis años de gobierno, son un franco retroceso para los trabajadores, en los últimos seis años cayó drásticamente el nivel de vida de 26.5 millones de trabajadores y sus familias.
El llamado Pacto de Solidaridad Económica no sólo no ha resuelto de manera profunda y de fondo las causas de la inflación, sino que ha metido a nuestro país en el tobogán de la recesión y en una encrucijada en la que están en entredicho tanto la autoridad del gobierno nacional como las propias diligencias nacionales de las clases trabajadoras que se han metido en este propio callejón, dando la espalda a sus representados, a sus agremiados.
En este mismo contexto y en función del propio Pacto de Solidaridad Económica, el gasto público destinado a los servicios sociales básicos, también ha dejado, en los renglones de educación, salud, vivienda, cultura, deportes y seguridad social.
Sin embargo, la reducción del gasto público y los salarios han contribuido para que no se reduzca el pago a los intereses y servicios de la pasada carga que significa la deuda externa.
Decía, compañeros legisladores, que por otra parte, ningún gobierno antes que el actual, había mantenido la producción estancada luego de cinco años y medio de ejercicio, ni había acumulado tasas de inflación anuales mayores al 100%. Diferente sería sin duda, compañeros legisladores, la situación nacional, la situación económica de nuestro país y del pueblo, si se hubiera seguido por parte del gobierno el camino que ofreció y que nunca cumplió; si se hubiera seguido la vía del nacionalismo revolucionario de la que habló durante la campaña electoral y en los primeros tiempos del sexenio, en vez de desmantelar el sector estatal, se habrían llevado a cabo nuevas e importantes nacionalizaciones como la de las industrias químico - farmacéutica, la alimentaria, la industria hulera, la textil, la petroquímica secundaria, la siderúrgica, éstas y entre otras, para efectos de seguir fortaleciendo de esa manera la capacidad del Estado para dirigir el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia respecto del exterior.
Otra sería la situación que hoy viviéramos si el gobierno hubiera rechazado con dignidad las condiciones que exigía el Fondo Monetario Internacional; otro habría sido el camino si se profundiza en la práctica el camino de la Revolución Mexicana, el que siguió Lázaro Cárdenas y definió el maestro Vicente Lombardo Toledano, que es el de la conquista de la independencia económica y política de la nación.
Pero a los seis años el balance del actual gobierno, examinando su conducta política, tenemos que el gobierno tuvo miedo a la confrontación con las fuerzas imperialistas, con las fuerzas del imperio económico, y prefirió pactar por medio de las cartas de intención, cediendo con ello independencia y soberanía.
El gobierno actual podría haber cumplido su promesa de los primeros tiempos de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, para el efecto tendría que haber impuesto un enérgico control de los precios y de utilidades; podría haber impedido la especulación al tiempo que hubiera impulsado la elevación de los salarios reales y el bienestar de las mayorías, también de manera real.
Asimismo, tendría que haber puesto en marcha lo que ha constituido una demanda permanente de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, en el sentido de poner en marcha una reforma fiscal a fondo, de carácter democrático y popular. Si el gobierno hubiese actuado de una manera distinta a como lo ha hecho hasta la fecha, la situación de las clases trabajadoras sería distinta, pero el gobierno incumplió sus promesas, torció el camino y se entregó en brazos de los enemigos y explotadores del pueblo y de la nación.
Por eso es que la crisis ha beneficiado grandemente a un puñado de especuladores multimillonarios y ha empobrecido al pueblo y debilitado a la nación.
Ahora, compañeros legisladores, en su etapa final, el Presidente Miguel de la Madrid ha implementado lo que ya han señalado anteriormente, antes de que hiciese yo uso de la palabra en esta tribuna los compañeros legisladores, el gobierno ha implementado medidas para profundizar la recesión económica, para enfriar la demanda, congelar la demanda, reducir el gasto público a niveles que sumen, que inducen aún más en la pobreza y en el desempleo a las clases trabajadoras de nuestro país, y desde luego que todo ello involucrado en esta negativa política económica que fundamentalmente constituye seguiré a pie juntillas los lineamientos de las fuerzas de la oligarquía financiera, que sin duda ha sido la única beneficiada con la actual política económica del gobierno.
Pero, además, lo que viene siendo la pretendida continuación, el esfuerzo sostenido para llevar adelante esta política económica, lo representa, compañeros legisladores y como también lo han expresado otros compañeros, es en el sentido de que también en esta etapa final de gobierno, el Presidente Miguel de la Madrid se empecina en imponer al próximo Jefe del Ejecutivo, todo ello en contra de la voluntad el orden constitucional y vulnerar la soberanía popular, es decir, se está tratando a la voluntad popular del pueblo mexicano como si fuese también una empresa paraestatal, a la cual se le puede poner precio y ponerla el remate; esto sin duda no lo aceptará el pueblo mexicano.
Hay que recordar que en este contexto, en estos fundamentos de errores y de actitudes falsas, de actitudes contrarias a la Revolución Mexicana y que hoy, en este proceso electoral, constituyen la
continuidad, pero ahora en materia electoral, hay que recordar que este gobierno se caracterizó desde el principio por sus constantes violaciones al orden legal y constitucional.
Recuérdese la actitud de complicidad en la intervención indebida del clero en las cuestiones políticas de la nación. El remate del patrimonio nacional, sin facultades legales para hacerlo. La indemnización indebida que se hizo a los exbanqueros; también la desnacionalización parcial de la banca.
Debemos recordar, compañeros legisladores, en este contexto, que al final de este sexenio, el breve grupo de tecnócratas que integran el gobierno, sigue conduciéndose con un profundo desprecio hacia el pueblo y por esa razón han implementado una serie de medidas económicas de corte antipopular y antinacional.
Por eso son los resultados electorales, como decían hace rato los compañeros; por eso es cierto también que contra el gobierno de Miguel de la Madrid se ha revelado cívicamente el pueblo y por eso le infirió a su candidato una derrota contundente, que el gobierno desde luego se niega a aceptar.
En fin, compañeros legisladores, tenemos al final de este sexenio un balance negativo.
Al concluir esta etapa sexenal, una etapa oscura, una etapa de mandato con resultados desiguales para la sociedad mexicana, es decir, de beneficios para las minorías y de perjuicios para las mayorías, es que tenemos enfrente, al concluir este sexenio, tenemos enfrente otro que se indicará, otro que a juicio nuestro tiene nuevos signos que constituyen nuevas luces, que están iniciando un nuevo amanecer; este nuevo amanecer, que no es una frase mecánica ni hueca, sino sustanciada de la lucha del pueblo mexicano que en este momento está dando en defensa de la voluntad popular, es un nuevo amanecer que sin duda beneficiará a las clases trabajadoras, a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestro pueblo.
Por eso, al concluir este sexenio, queremos ratificar en esta tribuna que frente a una política desastrosa, antipopular, negativa, se presentará una política nueva fundamentada en la fuerza popular, en la que sin duda dentro de poco tendremos lo mejores resultados, en los cuales la lucha del pueblo mexicano será el decisor definitivo.
El C. diputado Jorge Flores Solano (desde su curul): - Señor Presidente: Podría pedirle al diputado Morquecho dejará una copia de su intervención porque no estoy de acuerdo con su intervención, porque no estoy de acuerdo con sus conceptos. y quisiera dar respuesta puntual y cabal.
El C. Presidente: - Con todo gusto vamos a procurar a usted, señor diputado Flores Solano, una copia de lo dicho por el señor diputado y de la versión estenográfica, para que esté usted en condiciones de analizarlas.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES.
El C. Presidente: - Señores, se han inscrito para tratar algunos aspectos sobre el proceso electoral algunos legisladores, y por ello se concede el uso de la palabra, le corresponde el turno al señor diputado Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano.
PROCESO ELECTORAL
.El C. diputado Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: En la sesión de la Comisión Federal Electoral celebrada el día 13 de agosto, o sea el sábado anterior, se conoció de la asignación de constancias para diputados de representación proporcional a los distintos partidos políticos que participaron en este proceso.
Como es del conocimiento, a dos partidos, como lo son el Revolucionario de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano, se les dejó fuera de la integración del Colegio Electoral y consecuentemente de lo que será la LIV Legislatura del Congreso de la Unión.
Esta exclusión la justifican en el hecho de que, de acuerdo a las cifras oficiales finales del cómputo del proceso celebrado el 6 de julio pasado, no alcanzamos el porcentaje que fija la Constitución y el propio Código Electoral.
En su oportunidad, en el mismo foro de la Comisión Federal Electoral, expresamos por parte de la representación del Partido Demócrata Mexicano nuestro rechazo al dictamen respectivo, principalmente porque hoy más que nunca en torno a procesos electorales, los resultados han sido severamente cuestionados y porque se presume que fueron alterados o lo que se conoce como inflados a favor del partido mayoritario; una inflación de votos que afecta el porcentaje de los partidos minoritarios.
Nosotros no aceptamos ni validamos la votación total como real. Por otra parte, a través del trabajo que este partido, el Demócrata Mexicano, ha desarrollado en un lapso de 11 años, hemos demostrado ser una corriente política seria y definida, no nos consideramos a sí mismos como poseedores de la verdad, pero sí a través de
nuestros planteamientos en plazas públicas y ante seguidores nuestros como simpatizadores, y en estos foros legislativos o parlamentarios hemos aceptado y hemos hecho propuestas viables a los problemas del país, señalando que estos tienen solución pero que es necesaria la acción organizada dentro de los causes constitucionales.
El proceso último en el que participamos entendimos que las cosas no serían fáciles, sobre todo porque la reglamentación que rige estos procesos electorales, como lo es el propio código y principalmente la Constitución, en alguna forma no resultaron garantía para las denuncias y los reclamos ante las irregularidades que se vivieron en el desarrollo del proceso; garantía que exigen los ciudadanos para acudir a sufragar con libertad y su posibilidad de que no se haga mal uso de su voto.
Con cierta impotencia y disgusto, vimos cómo no hubo la posibilidad de hacer valer los reclamos y las denuncias de irregularidades; en tanto que los que se presentaron al fraude, a la alteración y al manipuleo de los resultados, lo hicieron, entendemos, seguros de que no serían molestados en lo más mínimo.
Como resultado, vimos que en nuestro país no se castiga la violación a los preceptos y disposiciones del Código Electoral, sino que se castiga la participación franca y seria de una corriente que se ha significado o ha señalado como objetivo, desde su perspectiva, contribuir en la democratización del país y asegurar que puedan existir diversidad de ideas en torno a determinado objeto.
Nosotros hemos considerado el pluralismo político como consecuencia y efecto de la pluralidad social; el reconocimiento de que en la sociedad convivan y coexistan corrientes ideológicas, intereses económicos y posiciones distintas.
Con este hecho, compañeros legisladores, sentimos que se ha fracturado el sistema plural en México; que lejos de abrirse hacia nuevos cauces, hacia nuevas opciones válidas, tiende a reducirse dejando fuera de la participación política legal, a partidos que se han significado por su trabajo, sobre todo, ante los más necesitados.
Nosotros, esto lo señalamos y protestamos ente ello porque sentimos que se comete una injusticia y tienden a reducirse los espacios a las diferentes opciones y alternativas políticas que al amparo de la Constitución se han desarrollado en nuestro país.
No lo consideramos como una derrota definitiva, eso sí lo aclaramos , porque como señalamos en su oportunidad, esto nos obligará a que dentro de los términos que el mismo Código Electoral fija, busquemos nosotros el volver a la palestra pública como partido político registrado, pero que en tanto que eso suceda, de ninguna manera sentiremos coartados nuestros derechos para que dentro del marco constitucional nos expresemos con valentía y como se debe en una situación como la que vive nuestro país.
Pero no por ello dejamos de protestar por esta acción injusta, porque no sentimos que el gobierno tenga, y lo decimos con todo respeto, la autoridad moral para cancelar una fuerza política real. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Corresponde el turno al señor diputado Alejandro Encinas, del Partido Mexicano Socialista.
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor presidente: Mucha razón tiene nuestro compañero Calderón Tinoco, en el sentido de que vivimos todavía las irregularidades del proceso electoral y eso obedece efectivamente a que no sirven los ordenamientos legales al respecto.
Y prueba de ello claramente la referencia de la imposibilidad de los partidos Revolucionario de los Trabajadores y Demócrata y Mexicano para defender su registro ante el Colegio Electoral, órgano encargado de la calificación del proceso.
Efectivamente, hay una pérdida de derecho a la audiencia, a la defensa, y creo que esto se expresa como lo hemos venido señalando en ocasiones anteriores, en todas las esferas del proceso electoral.
En esta oportunidad yo quisiera insistir sobre irregularidades que se han venido cometiendo, particularmente por parte del Tribunal de lo Contencioso Electoral. En otras sesiones hemos cuestionado el funcionamiento de este tribunal, hemos señalado la irresponsabilidad de su funcionamiento, los criterios estrechos a partir de los cuales se sancionan las reclamaciones de los partidos y los ciudadanos, las limitaciones que se imponen a partidos y ciudadanía para la presentación de pruebas y recursos y el trato preferencial que se ha brindado a los órganos electorales locales y distritales, sobre los quejosos y el apresuramiento y la equivocación de sus resoluciones.
Yo quisiera en esta oportunidad referirme a un hecho más de estas irregularidades. De acuerdo a una comunicación oficial, el Tribunal de lo Contencioso Electoral terminó sus funciones el
pasado miércoles 10 de agosto, en esa sesión se dieron por terminados los trabajos del tribunal a partir de que estarían resueltos sobre todos los recursos de queja que fueron remitidos en términos del Código Federal Electoral. Sin embargo, creemos que el tribunal ha incurrido en hecho de responsabilidad violatorios de lo establecido en el Código Federal Electoral, particularmente en el artículo 329, el cual señalaba que el presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral remitirá la resolución emitida sobre el recurso de queja con el expediente relativo dentro de las veinticuatro horas siguientes a:
"Artículo 329 ...
I. La Comisión Federal Electoral para los efectos de la expedición de la constancia de mayoría en la elección de diputados por mayoría relativa.
II. Las comisiones locales electorales en la elección de senadores.
III. La Comisión Federal Electoral cuando se trate de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que por su conducto se haga saber la resolución al Código Electoral de la Cámara de Diputados, y
IV. Los colegios electorales de ambas cámaras."
A nuestro juicio, en lo que corresponde a la fracción II, en cuanto a turnar a las comisiones electorales en lo que se refiere al caso de senadores para el Distrito Federal, el tribunal ha cometido una grave violación, no únicamente porque a la fecha no ha enviado a la Comisión Local del Distrito Federal los recursos de queja que desahogó el 10 de agosto pasado, sino que incluso recursos de queja que el mismo tribunal sancionó desde el 21 de julio de 1988 y el 3 de agosto; con lo cual no se da cumplimiento a lo dispuesto en el código y viola derechos no únicamente de los partidos sino de los ciudadanos.
Creemos que el hecho de que hasta el día de ayer por la tarde, fecha en que se reunió la Comisión Local Electoral del Distrito Federal, para conocer el dictamen del Tribunal de lo Contencioso en lo relativo a la elección de senadores, no se enviaron cinco de los recursos que el Partido Acción Nacional había interpuesto contra la elección de senadores en el Distrito Federal. Lo que obligó a que este órgano electoral no pudiera dictaminar ni en su caso expedir la constancia de mayoría para el senador que resultara electo o retenerla en su defecto si procedían estas denuncias para enviarlas al Colegio Electoral.
Creemos que éste es un hecho sumamente grave porque no solamente, decía, viola el derecho de los partidos y sus candidatos, sino viola fundamentalmente el derecho del conjunto de la ciudadanía del Distrito Federal, en primer lugar para estar representada en el Colegio Electoral del Senado.
Creemos que esta situación debe resolverse en lo inmediato y creo que si bien se ha acudido a la agilización de los trámites en otras entidades, incluso por encima de las disposiciones legales, que hicieron muchos estados de este país apresuradamente, la expedición de constancias y la ratificación por parte de los congresos locales, creemos que en caso del Distrito Federal debe resolverse en lo inmediato, ya que se afecta también a los propios trabajos de esta Comisión Permanente, que es responsable de abordar y analizar la expedición de la constancia de senadores del Distrito Federal.
En ese sentido, creemos que no debían de mantenerse los retrasos deliberados, los cuales son parte de la responsabilidad de este tribunal, y solicitamos al presidente de la Comisión Permanente, interponga sus buenos oficios ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral y ante la Comisión Local del Distrito Federal, para que a la brevedad se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Código Federal Electoral, se turne por parte del tribunal a la Comisión Local el expediente completo y a la Comisión Local haga llegar a este órgano la documentación y el expediente sobre la elección de senadores y podamos así, insisto nuevamente una sesión extraordinaria, discutir el problema de elección de senadores del Distrito Federal.
Creemos que entra dentro de las facultades de la Comisión Permanente, nuestro presidente creo que usó sus atribuciones incorrectamente, pidió la solicitud de la fuerza pública para las sesiones del Colegio Electoral, creo que eso debíamos haberlo discutido aquí, pero en este caso deberíamos hacer pleno uso de esas facultades.
Por otro lado, y aprovechando la situación, quisiera presentar un caso similar al que presentó el diputado Juan de Dios Castro en una intervención anterior el día de hoy. Se trata, igualmente, de una acción irresponsable por parte de las autoridades de policía y tránsito, quienes el día de ayer detuvieron al vehículo, que es un taxi coral placas 3856, modelo 1974, propiedad del señor Sergio León García, con el argumento, y esto no lo estamos inventando nosotros, de que el vehículo está en mal estado y que participó en la manifestación del Palacio Legislativo.
Creemos que ésta es una arbitrariedad más, por lo cual yo creo que se puede resolver en lo inmediato
y pediríamos, también aquí está por escrito, la intervención de la Comisión de Gestoría y Quejas para la recuperación de este vehículo. Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: - La solicitud túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para que interponga sus buenos oficios dentro de la ley.
Tiene la palabra el señor diputado Juan de Dios Castro Lozano, de Acción Nacional, sobre el mismo tema.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: La cuestión relativa a la facultad de la Comisión Permanente establecida en el texto constitucional, en el artículo 56, para declarar electos a los senadores del Distrito Federal, es un debate que a los distintos partidos políticos.
Ya en la sesión anterior el diputado Alejandro Encinas hacía un requerimiento a esta Comisión Permanece para el efecto de que procediéramos a ejercitar la facultad que nos confiere ese dispositivo constitucional.
Yo estoy de acuerdo en que la respuesta que dio la presidencia en esa ocasión, está acorde con las normas legales, desde el momento en que no se nos ha comunicado que algún senador tenga, me refiero a los del Distrito Federal, la constancia de mayoría.
En aquélla, como en otras ocasiones, los diversos partidos políticos del Frente Democrático Nacional, como nosotros, estamos porque se respete el principio de legalidad y yo le decía a Alejandro Encinas, como le decía a Ricardo Pascoe, le decía que esperaba que los distintos partidos aquí representados, mantengamos nuestro criterio de respeto a la legalidad. Pero resulta, señoras y señores legisladores, paradójico, que los partidos políticos pidamos el respeto a la legalidad y que uno de los pilares de la reforma política de Miguel de la Madrid, el Tribunal Contencioso, ajuste su conducta a los dispositivos de la ley, porque, ¿cuáles son los dos pilares de la reforma política de Miguel de la Madrid? Estos dos pilares que desde hace un año y medio nos ha venido elogiando como uno de los logros del gobierno de De la Madrid en el aspecto político y más concretamente de reforma política, un Código Federal Electoral que es un bodrio y un Tribunal Contencioso Electoral que ni es tribunal ni es contencioso, en tribunal que dice apegar sus resoluciones a la ley, pero que al verlas, al examinarlas, vemos que esas resoluciones no están apegadas a los dispositivos legales.
Yo dije y apunté en cierta ocasión y será tema en el que se abundará la próxima sesión, que una de esas resoluciones violan tan flagrantemente la Constitución que prohíjan un Senado ilegítimo, pero yo creo Alejandro Encinas, que la Comisión Local tiene un problema además de no recibir el expediente del Tribunal Contencioso, tiene el problema de a quién le va a atribuir los votos, a cuáles candidatos les van a atribuir los votos.
No lo tuvieron las comisiones locales de las distintas entidades federativas. Yo me pregunto que si el senador que públicamente hubiera obtenido la mayoría de votos hubiera sido Joaquín Gamboa Pascoe, me pregunto si ya esta Comisión Permanente lo habría declarado electo. Me pregunto si el Tribunal de lo Contencioso ya habría enviado el expediente a al Comisión Local. Me pregunto si ya lo hubiéramos recibido en la Comisión Permanente. Me pregunto si ya se hubiera incorporado al Colegio Electoral de la Cámara de Senadores.
Porque el problema es serio. El Tribunal Contencioso y la Comisión Federal Electoral, violando el artículo 35 constitucional, violando el artículo 56 de la Constitución General de la República, violando el artículo 14 constitucional en la garantía de legalidad, imprimió en las boletas un solo círculo, para dos fórmulas. ¿A cuál de las dos fórmulas se le van a computar los votos, en todo el país, en la elección de la elección de senadores?
Por otra parte, aquí el problema es que el Tribunal Contencioso, debiendo resolver los recursos en un término perentorio, no ha remitido el expediente a la Comisión Local Electoral, o al menos no sabemos si ya lo remitió. No sé yo tampoco si la Comisión Local Electoral sabe que hay recurso interpuesto. Yo no sé si oficialmente la Comisión Electoral tiene conocimiento de que hay recurso interpuesto en la elección de senadores del Distrito Federal.
El hecho es que la Comisión Local Electoral en el Distrito Federal, no ha extendido la constancia de mayoría. ¿A quién? No vamos en este momento a discutir a quién, porque todavía no tenemos el debate a fondo para poder establecer la declaratoria de la elección de senadores.
Yo no sé si la Comisión Local Electoral esté preocupada por la habilidad de algún candidato, la capacidad de negociación de un candidato y yo no quiero mencionar aquí al candidato; porque es histórico, se dice, que el Senado se habrá por primera vez a la oposición, y yo digo; también es histórico que la capacidad de negociación de un funcionario de un partido político haya impedido
que por primera vez la oposición tuviera una gobernatura de estado.
El problema es además de más fondo: El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integra con los presuntos senadores que hayan obtenido constancia de mayoría, y se unen con los senadores en ejercicio para calificar la elección de su propia Cámara.
Nosotros, en Acción Nacional, hemos siempre estado en contra de este sistema de calificación electoral; hemos manifestado que se quebranta el principio elemental de derecho de aquí el juez es juez de su propia causa, y aquí los presuntos califican o participan en la calificación de la validez de sus propios casos, y nadie puede ser juez de su propia causa.
Hemos manifestado reiteradamente que no es el sistema de colegios electorales como lo marca la Constitución el que debiera calificar las elecciones, máxime que no existe procedimiento alguno, norma alguna que permita que esos organismos puedan ajustar su conducta a la ley; son de un poder tan absolutamente ilimitado, que puede haber inelegibilidad evidente, violaciones evidentes a la ley, violaciones a la Constitución en un caso, la palabra del Colegio Electoral es la definitiva.
Quien quiera atacar la legitimidad del funcionario, solamente la puede atacar precisamente en el Colegio Electoral, no en los tribunales del orden común, no en los tribunales federales, no en la Corte porque es improcedentes el amparo.
No existe para nuestra ley, lo hubo durante el siglo pasado durante un corto período, la ilegitimidad de origen con el ministro Yglesias, pero ha predominado la tesis de Vallarta. Quien quiera atacar la legitimidad de la elección tiene que hacerlo en el colegio Electoral; calificada la elección por el Colegio
Electoral ya no es posible por ningún medio, ni recurso alguno, impugnarla, ni siquiera por amparo. Y ya no digo en materia electoral, ni siquiera, señoras y señores, en materia legal, en leyes ordinarias nadie podrá atacar la inconstitucionalidad de una ley por un Senado ilegítimo por ejemplo, porque la ilegitimidad se ataca en el Colegio Electoral.
Pero en el caso del Senado, señoras y señores legisladores, es grave el precedente, y me preocupa como precedente, está tan discutida ya, tan debatida ya esta elección federal, existe en el país tal consenso de irregularidades en la elección que acumular más irregularidades contribuye a agravar la opinión del pueblo de México tiene sobre esta elección federal.
Podrán llegar al final, yo no sé; podrá llegar el partido oficial al finalidad con legalidad, con la calificación del colegio en el caso de los diputados; la calificación de la Cámara de Diputados constituida en colegio en el caso del Presidente de la República. Y dirán ya no hay recurso para atacar esto, ¿pero tendrá conciencia de legitimidad? Porque aquí el problema de los senadores es más grave que el problema de los diputados.
Los diputados somos representantes de la nación, no de los distritos; no digan, señores diputados, yo represento a mi distrito; ah, bueno, hay algún senador que representa, dijo aquí, nada más a los trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México, bueno, pues hay esas mentalidades, pero aquí el problema es serio, porque, señoras y señores legisladores, los senadores están, son los protectores, los defensores del Pacto Federal.
Por eso hay discusión sobre lo acertado o desacertado del texto del artículo 60 constitucional: Que sea el Colegio Electoral constituido por los presuntos senadores y los que estén en funciones los que califiquen. Hay opiniones incluso de que debiera ser competencia de las entidades federativas, porque eso es lo que representan los senadores, la defensa del Pacto Federal, la protección de las entidades federativas, y aquí tenemos una entidad federativa, la más importante del país por lo que se refiere a número de población, por lo que se refiere a fuerza económica, por lo que se refiere a ser sede de los poderes nacionales, en cuanto a magnitud de importancia económica, que en cuanto a valor humano tiene la misma importancia que la más modesta de las entidades del país, que no tiene representación hasta este momento en el Colegio Electoral, seguirá, se me contestará que el Colegio Electoral está constituido por los senadores en funciones, si, pero la ley dice: y además por los presuntos, y amí me interesa el tema, porque hay impedimento legal y no sé cuál va a ser la desembocadura d este tipo de situación, por principio de cuenta no hay representación hasta momento, puede haberla, porque los senadores del Distrito Federal, no han los presuntos recibido constancia ni ha habido declaratoria de negativa; en esas condiciones el Colegio Electoral va a funcionar.
Yo no repito, yo no voy a hacer elucubraciones de tipo legal en este punto concreto, en este punto concreto lo que señalaré es que de no haber una declaratoria de negativa absoluta de la Comisión Local, declaratoria de negativa absoluta de constancia, no la omisión, porque hasta este momento no he dicho ni sí otorgo la constancia ni la niego, no ha habido una omisión, pero la
Comisión Local Electoral con base en la ley, la Comisión Local Electoral no va a decidir estoy actuando ilegalmente, la Comisión Local Electoral dice: No he recibido el expediente del Tribunal Contencioso, del órgano que se supone en estos dos pilares de Miguel de la Madrid, que como un feto ha nacido para morir en esta misma elección, porque yo no creo que este código pueda regir la elección dentro de tres años ni creo que este Tribunal Contencioso sirva para guardar la legalidad ni ahora ni dentro de tres años. El Tribunal Contencioso ha violado, ha quebrantado reiteradas veces la ley y ésta es una violación más.
Ya hacíamos alusión al otro aspecto: La apertura de los paquetes. En la Comisión Federal Electoral, en elección de diputados. Y la Comisión Federal Electoral decía: No se pueden abrir los paquetes. Y ya se ha argumentado en el Tribunal Contencioso, que se abran los paquetes y el Tribunal Contencioso dice: no están a mi disposición, están a disposición de la Cámara de Diputados. ¡Ah!, pero cuando hay documentos a disposición de los distritales, ahí sí puede, de fuera, requerir que se los envíen y en senadores también.
Si hay duda para confirmar el triunfo o para modificar ese triunfo, en favor del partido político que lo obtenga, aparte está la cuestión de la legitimidad de la elección en la forma como se llevó a cabo.
Entonces yo espero, señoras y señores legisladores, que estas intervenciones nuestras en este foro, en esta comisión, ante esta tribuna sigan siendo la reiteración de que la elección federal no está enmarcada con la legalidad; que cada fase del proceso electoral no ha ido acompañada de reiteradas violaciones legales y que aún no concluido el proceso electoral en su última fase, las violaciones legales siguen reiterándose con una agravante que ahora la reitera quien por prestigio, por fama y por ley, debiera ser el mejor defensor de la legalidad: El Tribunal Contencioso. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Señor diputado Héctor Morquecho tiene la palabra.
El C. diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros legisladores: Me parece mucho muy oportuno, mucho muy importante que se esté tratando el tema relativo a la calificación de senadores que la misma no se ha llevado a cabo, que se está planteando la urgencia, la necesidad, de que tanto el Tribunal de lo Contencioso como la Comisión Local Electoral, den trámite, den turno a lo que interesa a los partidos políticos, particularmente a lo que refiere a los presuntos o a los nuevos representantes de esta ciudad ante el Senado de la República.
Yo considero, en primer lugar, y coincido con algunos compañeros que han hecho uso de la palabra, yo considero que es cierto que el proceso electoral ha estado manchado de muchas irregularidades, considero que se han dado muchas violaciones al Código Federal Electoral en este proceso para integrar al Congreso de la Unión.
Siempre hemos sostenido y creo que los demás partidos también distintos al Partido Revolucionario Institucional, que la mecánica más adecuada, la forma más justa para llevar a cabo un proceso electoral lo constituye el hecho de que sean los propios partidos políticos los que califiquen la elección tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Hemos coincidido también los partidos distintos al Partido Revolucionario Institucional, que esta propia calificación de los propios candidatos de los propios partidos, debe ser también partiendo desde la casilla electoral pasando por los comités municipales y comités distritales electorales, las comisiones locales electorales y la Comisión Federal Electoral, es decir, que debe ser un sistema más avanzado que el que hoy tenemos, el que le dé exactamente esa legalidad, ese principio de legitimación que hoy está requiriendo nuestro país para efectos de responderle con claridad al pueblo, a los votantes, a los electores para que no se burle el voto de los mismos y de esa suerte, los partidos políticos asuman la responsabilidad a la cual están demandados a cumplir para que los procesos electorales sean claros, si diáfanos, desde el punto de vista de la calificación de las elecciones.
Sin embargo, la realidad nos muestra que tenemos que trabajar procurando hacer cumplir las disposiciones que hoy existen, que hoy están enmarcadas en la Constitución y en los reglamentos que hasta hoy prevalecen y en ese sentido cabe señalar que si bien es cierto que en las actuales condiciones, hay posibilidad de darle pelea a la lucha electoral, también es cierto que el propio gobierno y el partido mayoritarios, se han encargado de no cumplir o de obstruir el cumplimiento justo precisamente de estos ordenamientos de estas actuales condiciones jurídicas que existen para calificar las elecciones. Y esto llega al absurdo, como también lo han explicado los compañeros legisladores, llega al absurdo, al punto en que un organismo electoral, como lo es el Tribunal de lo Contencioso, está asumiendo y ha asumido una actitud totalmente contraria a los propios ordenamientos electorales. Se ha
encargado de obstruir la justa aplicación del Código Federal Electoral. Ha asumido actitudes amañadas, parciales, actitudes negativas y creo que en esta elección ha demostrado su inutilidad desde el punto de vista de organismo que no ha respondido a los requerimientos de los partidos políticos; no logró consolidar su posición como instrumento que pudiese haber contribuido a escuchar los recursos de queja, de atender los fundamentos, todos los recursos bien sustanciados de parte de los partidos políticos.
Y como todos sabemos, en la Comisión Federal Electoral, se dieron múltiples denuncias con pelos y señales, de las fallas resolutivas, de las fallas en los resolutivos de este tribunal de lo Contencioso. Por eso yo me pregunto en este momento: ¿De qué trata?, ¿por qué se detienen concretamente la resolución o resoluciones respecto de la elección para integrar los representantes en el Senado por parte de los ciudadanos del Distrito Federal?, ¿yo me pregunto si se tratará con esta dilación, se tratará de congelar, de que no tenga en el Distrito Federal, los ciudadanos, de que no tengan senadores en el Congreso de la Unión?, ¿se tratará de violentar una vez más de manera amañada lo que por ley, a lo que por ley está obligando el Tribunal de lo Contencioso? No hay ninguna explicación jurídica razonable ni constitucional de lo que está haciendo hoy el Tribunal de lo Contencioso.
Nosotros los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional tenemos una opinión que ha sido pública respecto de la elección en lo que toca a lo que estamos exactamente en este momento debatiendo.
Pero, independientemente de cómo venga el resolutivo en favor de tal o cuál partido, lo inaplazable es que llegue a esta Comisión Permanente, que además ya tiene un plazo perentorio el propio Tribunal de lo Contencioso, considero que independientemente de qué partido reciba la resolución favorable de la Comisión Local Electoral, nosotros estamos esperando de manera lógica el resolutivo para efectos de que se dé un debate serio, un debate profundo y que, sin duda, debe ser hasta lo que hoy tenemos, debe ser un resolutivo ajustado a derecho y con respeto a la Constitución y a los ordenamientos del Código Federal Electoral.
En consecuencia a nombre de mi partido, el Popular Socialista, quiero reiterar, lo que he afirmado, respecto de la actuación del Tribunal de lo Contencioso, y que estaremos atentos a que en esta tribuna o en las instancias que corresponda, los resultados sean, repito, con base a lo que marca la ley y de esa manera y de esa suerte, los ciudadanos del Distrito Federal tengan a sus representantes en el Senado de la República.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el señor diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Andrés Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores legisladores: Yo creo que podemos en todo caso precisar qué es lo que se plantea y qué es lo que no se plantea, para tratar de tener claridad de cuáles son los términos de esta discusión que puede ser o resultar muy confusa. Yo creo que estamos discutiendo nuestra petición que es a su vez de alguna manera una exigencia a que se respeten en efecto los tiempos legales para dar a conocer, dar la respuesta a los resultados electorales en la elección senatorial aquí en el Distrito Federal, a fin de poder resolver este caso y obviamente tenemos un interés en resolver el caso y en medida en que a la Comisión Permanente le atañe este asunto de manera directa, creemos que es de una responsabilidad elemental, exigir , solicitar la información pertinente a fin de poder resolver este caso.
Pero si coincido con Juan de Dios en dos cosas. En efecto, no se ha dado esta respuesta que estamos exigiendo de información y, en segundo lugar, que también en efecto no es posible discutir hoy los casos porque no tenemos la información ni el dictamen, a pesar de que veo una bancada panista muy amplia aquí en espera precisamente de este debate, pero bueno eso ya es otro caso, don Gabriel tendrá que regresar la próxima semana, por fortuna para nosotros.
Sin embargo yo quisiera reiterar en todo caso que hay algunos puntos de consenso entre los diversos grupos parlamentarios tanto del Frente Democrático Nacional como del Partido Acción Nacional que se plantearon el día de ayer en el Colegio Electoral, creo que no es ocioso repetir los puntos de acuerdo entre los grupos parlamentarios en torno al procedimiento o criterio para la evaluación de la cuestión de la apertura de urnas específicamente.
Se planteó, a nombre de Partido Acción Nacional y de los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional, tres criterios para abrir las urnas; insisto esto es simplemente para refrescar la memoria y tener en todo caso cuáles son estos elementos que se plantearon de común acuerdo entre las fracciones parlamentarias.
Se planteó, con la aclaración por supuesto de que el planteamiento de los criterios fue rechazado por el Partido Acción Nacional, perdón, del Partido
Revolucionario Institucional, perdón fue un simple error involuntario. El Partido Revolucionario Institucional rechazó esta propuesta que se había planteado por los tres partidos, que fueron, en primer lugar, que se debiera abrir las urnas en los casos en donde, uno, se encontrase en el acta que el 100% de los votos fuesen a favor de un solo partido; dos , en los casos en donde un partido o candidato contase con el 80% de los votos en el padrón de la casilla. Y el tercer caso, en donde se detectase que hubiese votado todo el padrón, más el 10% de la lista.
Estos fueron los tres casos que se plantearon, en donde se consideró que fuesen los casos en donde se pidiese la apertura de las urnas, y repito, fue un punto de acuerdo presentado por el Partido Acción Nacional y los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional de común acuerdo, y que fue finalmente rechazado por el voto priísta.
Creo que estos elementos simplemente vienen a ilustrar y a enmarcar el debate que posiblemente se tenga en su momento sobre esta cuestión.
Insisto, sin embargo, que lo que estamos pidiendo y solicitando, apoyando lo dicho por el diputado Alejandro Encinas, del Partido Mexicano Socialista, es la solicitud en el sentido de poder contar ya, con la información respectiva del caso, a fin de poder emitir un juicio político, electoral y legal en torno a esta cuestión. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Alejandro Encinas.
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez: - Muchas gracias, señor presidente: Yo coincido con el señor diputado Juan de Dios Castro. Yo creo que aquí en la Comisión Permanente estamos emplazados a una discusión que sin lugar a dudas tendrá una gran trascendencia en el desenlace final del proceso electoral, e iniciará una discusión sobre las reformas que requiere no únicamente este código, sino todo el proceso.
Estamos emplazados efectivamente a hacer un balance del Código Federal, del Tribunal de lo Contencioso Electoral y centrarnos particularmente en la discusión sobre la legitimidad y legalidad del proceso electoral, particularmente en el caso de senadores.
Yo creo que va a ser interesante analizar este precedente, el proceso de autocalificación e incluso los criterios de calificación que se han seguido en el caso de las elecciones de senadores, diputados e incluso la presidencial.
Pero no podemos tener discusión mientras no tengamos la materia de discusión. Yo por eso insisto en que esta Comisión Permanente, a través de su presidente, debiera requerir en primer lugar al tribunal, para que en cumplimiento a lo establecido en el código, remita el expediente a la Comisión Local Electoral, para que ésta pueda resolver y discutir; eso no se pudo hacer el día de ayer, hoy está citada la Comisión Electoral del Distrito Federal para discutir este asunto, y esperemos que una vez resuelto en la comisión, se nos turne la documentación y podamos hacer esta discusión que creo que es de interés, no solamente para los diputados y senadores que integramos este cuerpo legislativo, sino para el conjunto del país, particularmente para los habitantes del Distrito Federal.
El C. Presidente: - Para hechos, el señor diputado Castro Lozano.
El C. diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores legisladores: No puedo estar de acuerdo con Alejandro Encinas en este último punto. La Comisión Permanente no tiene facultades legales para requerir al Tribunal Contencioso, aunque no nos guste, la ley es categórica en ese sentido: El Tribunal Contencioso es de tipo administrativo, pero además una palabra nos impide: Es autónomo en sus decisiones, y en esas condiciones no estamos facultados para requerirlo.
Para hacer oír o dar a conocer nuestro deseo sí, el deseo de la Comisión Permanente, pero no hay, Alejandro, vínculo, no hay vínculo de la Comisión Permanente para que el Contencioso, por una decisión de la Permanente esté vinculado para poder remitir el expediente. Lo reprobamos por lo que implica de violación a la ley por parte del Contencioso, pero la Comisión Permanente, insisto, no puede interferir en un organismo que conforme a la misma ley tiene carácter autónomo. Gracias.
El C. diputado Alejandro Encinas Rodríguez (desde su curul): - Coincido y corrijo de acuerdo a la posición del diputado Castro.
ORDEN DEL DÍA.
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
El C. secretario Alfonso Reyes Medrano: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Cámara de Diputados. - Comisión Permanente. - Tercer Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día.
24 de agosto de 1988.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura.
De la tercera Comisión, relativa a la solicitud de permiso del ciudadano Servando Delgado Gamboa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que confiere el gobierno de Francia.
Dictámenes a discusión.
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano doctor Ignacio Gutiérrez Arce, cónsul general de México en Vancouver, Canadá.
Trece de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Ricardo Flores Coss, Carlos Cortés Brizuela, José Gerardo González Luna, Eduardo Romero López, Amado Julián Valencia Ramírez, Anselmo Mendoza Valdiviesco, José Francisco Bibriesca Tinoco, Nicolás Sánchez Sosa, Gregorio González Cortés, Ricardo Leonel Coronel, Pedro Gutiérrez López, Ramón Celaya Barrera y Carlos Monsalve Uribe.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel C. Carranza Castillo, para aceptar y usar la condecoración Grao - Mestre da Orden do Mérito Naval, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Roberto Zambrano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange Nassao, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de los Países Bajos.
De la Tercera Comisión, con proyecto de decreto por el que concede permiso al ciudadano Manuel Rodríguez Arriaga, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Elodia Jerez Díez, para prestar servicios en el consulado de Estados Unidos de América en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Dos de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Ruth Georgina Ornelas Esquinca, David Vincent Nájera Rosati y Orlando Reyes Anselmo, para prestar servicios en la Embajada Británica en México.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta».
El C. Presidente (a las 15.45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de agosto a las once horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES