Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19870918 - Número de Diario 8
(L53A3P1oN008F19870918.xml)Núm. Diario:8ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO III México, D.F., viernes 18 de septiembre de 1987 NÚM.. 8
SUMARIO
COMUNICACIÓN DE LA C. PRESIDENTA
Que ordena a la secretaría dar lectura a los artículos 107 y 109 del Reglamento.
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INFORMACIÓN SOBRE EL DIARIO DE LOS DEBATES
Se da a conocer a la asamblea que ya está al corriente este documento.
SOBRE LOS SISMOS DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 1985
La C. diputada María Emilia Farías Mackey, después de solicitar un minuto de silencio en recuerdo de los muertos en esa tragedia, propuso un punto de acuerdo, firmado por diversas fracciones parlamentarias. Aprobado
Intervención del C. diputado Manuel Terrazas para proponer otro punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
De la C. diputada Beatriz Gallardo Macías para consideraciones sobre el problema de la vivienda.
Sobre el mismo asunto hablaron también los CC. diputados Efraín Calvo Zarco, Roberto Calderón Tinoco, Adner Pérez de la Cruz, Héctor Pérez Plazola, Alejandro Gascón Mercado, Carlos Cantú Rosas y Jarmila Olmedo de Garcilita.
COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA GRAN COMISIÓN
El C. diputado Juan Maldonado Pereda, presenta su renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Pesca. De enterado.
COMUNICACIONES DE CC. DIPUTADOS.
El C. diputado Guillermo Fonseca Alvarez, presenta su renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; el C. diputado Enrique González Insunza, solicita licencia por el tiempo que dure su ocupación en el gobierno del estado de México; el C. diputado Héctor Jiménez González, solicita licencia por el tiempo que dure su ocupación en el gobierno del estado de México; la C. diputada María Marcela González Salas Petriccioli, solicita licencia por el tiempo que dure su ocupación en el gobierno del estado de México. Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General, se les dispensaron los trámites y fueron aprobados. Comuníquese.
COMUNICACIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
En la que se solicita autorización para que los CC. diputados Eduardo
Beltrán Hernández, Antonio Brambila Meda y Javier Michel Díaz, representen a la Cámara de Diputados en el Primer encuentro Sobre Energía y Petróleo que se celebra en Buenos Aires, Argentina.
INVITACIÓN
A la ceremonia de protesta como gobernador constitucional del estado de Nayarit, del C. Celso Humberto Delgado Ramírez, el día 19 de los corrientes. Se designa comisión.
PROTESTA DE C. DIPUTADO
Designación de comisión para acompañar al C. Jesús Santiago Jordán Lerma, para rendir la protesta de ley para entrar en funciones como diputado suplente por el VI Distrito Electoral Federal del estado de Coahuila.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
Por el que solicita permiso constitucional para que los CC. senador Antonio Riva Palacio, diputado Nicolás Reynés Berezaluce, licenciado Gustavo Petriccioli, contador público Ramón Aguirre Velázquez, licenciado Emilio Gamboa Patrón, general de división D. E. M. Carlos Humberto Bermúdez Dávila embajador Alfonso de Rosenzweig Díaz, licenciado Ricardo Valero Becerra, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, licenciado Alfredo Phillips Olmedo, doctor Mario Ojeda, señora Ma. de la Paz Fernández Cervantes, señora María del Carmen Aguirre Levinson, licenciada Alejandra García Brahim, licenciado Sergio Jacobo Patiño, licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, licenciado Héctor Hernández Cervantes, licenciado Enrique Alvarez del Castillo, Señor Manuel Alonso Muñoz, embajador Manuel Rodríguez Arriaga, embajador Ignacio Villaseñor Arano, embajador Miguel Angel Olea Sisniega, embajador Pedro González Rubio S., embajador Antonio Villegas Villalobos, doctor Héctor Mayagoitia, coronel de infantería D.E.M. Juan Hernández Avalos, coronel de caballería D. E. M. Roberto Miranda Sánchez y coronel de infantería D. E. M. Roberto Domiro García Reyes puedan aceptar y usar condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que los CC. Rosa María Juana de Arellano Noriega, Jaime Eduardo Alcalá Corona, Sofía Margarita de la Peña y Sánchez, Fernando Rodríguez Mendia, Zacarías Mateo Lucas, Lilia Camacho López, Patricia Elena Bringas, María Francisca Margarita Portillo Lozano. Otro en el que se solicita permiso constitucional para que los CC. José Alberto Mondragón Martínez, Luis Pérez Marín, Pedro Rojas Santos, José Guillermo Sandoval, Crisólogo Romero Vargas, José Rodríguez Arellano, Pedro Hernández Ortiz, Gregorio Ramírez Angeles, Fernando Madrigal Soria, Silvia López Cruz, Omar Reza Bautista, Rogelio Medina Pérez, José Luis Salomón Olvera, Miguel Angel Ruiz Flores, Mario Sánchez Herrera y José Ayala Moreno, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Se turnar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Por el que se concede permiso a la C. María del Carmen C. Ruiz Castañeda para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de caballero y al C. licenciado Eduardo Pesqueira Olea, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de oficial, que les confiere el Gobierno de Francia. Es de primera lectura.
De la misma comisión por el que se concede permiso a la C. Mónica Nocelyn Pérez Cervantes para prestar servicios como recepcionista, en el Consejo Británico de la Embajada de la Gran Bretaña en México y de la C. María del Carmen Ramón Hernández, para prestar sus servicios como asistente en la sección de información del mismo. Es de primera lectura.
De la misma comisión por el que se concede permiso al C. Armando Montiel Mendoza y al C. Angel Flores Servín para prestar servicios en las embajadas de Bélgica y de la República Dominicana en México, respectivamente. Es de primera lectura.
De la misma comisión por el que se concede permiso a los CC. José Raúl Reyes Castañeda, Armando Ruiz Hernández, María Enriqueta Gutiérrez Leal y Manuel González Fuentes, para prestar servicios en las embajadas de Francia, los dos primeros, de la Gran Bretaña y de Panamá en México, respectivamente los dos últimos. Es de primera lectura.
Proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Silvia María Saavedra Méndez, Alejandro Mendoza Santana, María del Socorro Susana Malo y Verdiguel, Juan Manuel Mata Aldape, Esteban Fernández Hernández, Héctor Cortés Gutiérrez, José Alfonso Abel Alvarado Moreno, Vicente Arroyo Rama, Zaqueo Mestas Vázquez, José Fernando Solís Mérida, Catalina Pérez Romero, Hugo Ponce Cabello, Adrián Ramírez Espinoza, Marco Antonio Jiménez Solís, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Es de primera lectura.
SOLICITUD DE C. DIPUTADO
El C. diputado Juan Manuel Lucia Escalera, solicitó que no se use el calificativo de "plurinominal" en las comunicaciones oficiales. Se comunica a Oficialía Mayor para que obre en consecuencia.
PROBLEMAS AGRARIOS
El C. Diputado José Luis Díaz Moll, presenta diversas demandas y denuncias sobre problemas de comunidades campesinas del estado de Oaxaca y Veracruz. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
De la C. diputada María del Carmen Jiménez de Avila para que la Comisión de Energéticos, solicite la comparecencia del ingeniero Fernando Iriart, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energéticos.
PROBLEMAS EN CALVILLO, AGUASCALIENTES
El C. diputado Roberto Calderón Tinoco para denunciar hechos que presuntamente afectan los derechos constitucionales de la ciudadanía de ese lugar. El C. diputado Alfredo González González desmiente las aseveraciones y réplica del C. diputado Roberto Calderón Tinoco.
SOLICITUD DE EXHORTACIÓN
El C. diputado Pablo José Pascual Moncayo para solicitar que la presidencia exhorte a las comisiones de Energéticos, Ecología y Medio Ambiente, a dictaminar sobre la solicitud de comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad. La presidencia hace atenta excitativa a las comisiones mencionadas.
DENUNCIA DEL C. DIPUTADO
Que presenta el C. diputado Edeberto Galindo Martínez por supuesto enriquecimiento ilícito del C. Enrique Cisneros Tabera, delegado de Secofi en Ciudad Juárez, Chihuahua, Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ARRENDAMIENTO DE BUQUES PETROLEROS
El C. diputado Jorge Alcocer Villanueva reitera su solicitud de que se investiguen esos arrendamientos por parte de Petróleos Mexicanos.
Intervención del C. diputado Santiago Oñate Laborde para hechos, sobre el tema yargumentos en contrario y del C. diputado Pablo José Pascual Moncayo sobre el mismo asunto Se formula atenta excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
COMUNICADO DE DIVERSAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS CON RELACIÓN A CONFLICTO LABORAL DEL SINDICATO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS
Presentado por el C. diputado Efraín Calvo Zarco en nombre de diversas fracciones parlamentarias. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES
Presentada por el C. diputado Carlos Cantú Rosas en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para modificar el párrafo segundo del artículo 8o. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROBLEMAS CAMPESINOS EN ZACATECAS
El C. diputado Ricardo Pascoe Pierce a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que formula el frente popular de Zacatecas en contra de la organización "Antorcha Campesina". Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
PROBLEMAS EN ZAPOTILTIC, JALISCO
El C. diputado José Angel Aguirre Romero a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, sobre los hechos ocurridos en contra de los locatarios del mercado Hidalgo de Zapotiltic, Jalisco. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA C. ELBA ESTHER GORDILLO MORALES
(Asistencia de 265 ciudadanos diputados)
COMUNICACIÓN DE LA C. PRESIDENTA
La C. Presidenta: - En Virtud a que en esta sesión tenemos visitantes a los que les damos la bienvenida, sirva la secretaría dar lectura a los artículos 207 y 209 del reglamento.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
"Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura, y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden serán despedidos de las galerías en el mismo acto; pero si la falta fuese grave o importante delito, el Presidente mandará detener al que lo cometiere y consignarlo al juez competente".
APERTURA
La C. Presidenta (a las 11:55 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Tercer Período Ordinario de Sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
18 de septiembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
Comunicación de la Gran Comisión.
El Congreso del estado de Nayarit, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Celso Humberto Delgado Ramírez, rendirá protesta de ley como gobernador constitucional del estado, la que tendrá lugar el 19 de septiembre.
Protesta de ciudadano diputado.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Rosa María Juana de Arellano Noriega, Jaime Eduardo Alcalá Corona, Sofía Margarita de la Peña y Sánchez, Fernando Rodríguez Mendia, Zacarías Mateo Lucas, Lilia Camacho López, Patricia Elena Bringas Estrada, María Francisca Margarita Portillo Lozano, José Alberto Mondragón Martínez, Luis Pérez Marín, Pedro Rojas Santos, José Guillermo Sandoval, Crisólogo Romero Vargas, José Rodríguez Arellano, Pedro Hernández Ortiz, Gregorio Ramírez Angeles, Fernando Madrigal Soria, Silvia López Cruz, Omar Reza Bautista, Rogelio Medina Pérez, José Luis Salomón Olvera, Miguel Angel Ruiz Flores, Mario Sánchez Herrera y José Ayala Moreno, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. María del Carmen Ruiz Castañeda y Eduardo Pesqueira Olea, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de Francia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Mónica Pérez Cervantes y María del Carmen Ramón Hernández, para prestar servicios, en el Consejo Británico de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
De la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Armando Montiel Mendoza y Angel Flores Servín, para prestar servicios en embajadas de gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. José Raúl Reyes Castañeda, Armando Ruiz Hernández, María Enriqueta Gutiérrez Leal y Manuel González Fuentes, para prestar servicios en embajadas de gobiernos extranjeros.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Silvia María Saavedra Méndez, Alejandro Mendoza Santana, María del Socorro Susana Malo y Verdiguel, Juan Manuel Mata Aldape, Esteban Hernández Hernández, Héctor Cortés Gutiérrez, José Alfonso Abel Alvarado Moreno, Vicente Arroyo Rama, Zaqueo Mestas Vázquez José Fernando Solís Mestas Vázquez, José Fernando Solís Mérida, Catalina Pérez Romero, Hugo Ponce Cabello, J. Jesús Ramos Rangel, Adrián Ramírez Espinosa y Marco Antonio Jiménez Solís, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México».
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. Secretario Antonio Sandoval González: - Se va a dar lectura de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día diez de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia de la C. Elba Esther Gordillo Morales.
En la ciudad de México, a las once horas y cuarenta minutos del jueves diez de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de trescientos cuarenta ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
Para referirse a diversos temas usan de la palabra los siguientes diputados:
El C. Francisco Hernández Juárez, para comentar el golpe de estado de Augusto Pinochet en la hermana República de Chile, hace 14 años.
A nombre de los grupos parlamentarios del PRI, del PPS, del PMS, del PST, y del PARM, propone tres puntos de acuerdo en los que se expresa la más firma solidaridad a los trabajadores y al pueblo chileno en su lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia de Chile.
Se apoyan los pronunciamientos de la Asamblea Parlamentaria Internacional realizada en Chile del cuatro al siete de septiembre, en el sentido de exigir el inmediato restablecimiento de los derechos sociales y políticos del pueblo chileno, y apoyar el derecho de los chilenos en el exilio, de regresar a su país cuando así lo deseen.
La C. Beatriz Gallardo Macías, también para referirse al golpe militar en la República de Chile, encabezado por el general Augusto Pinochet y proponer a nombre del PST, que esta legislatura, a nombre del pueblo de México, se pronuncie en favor de la lucha que el pueblo chileno sostiene para restablecer la democracia y la legalidad constitucional del país, Repudie el régimen de facto que la fuerza usurpa la soberanía del pueblo chileno y exija respeto a la integridad e inmediato retorno a la libertad de la luchadora chilena Mireya Baltra, Julieta Campuzano y Clodomiro Almeida, confinados en su propia patria. Pide se considera el asunto de urgente resolución.
Para aclaraciones y para adherirse a esta proposición, interviene el C. Francisco Hernández Juárez.
La asamblea, en votación económica, no considera el asunto de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo, para expresar que el año pasado esta Cámara de Diputados acordó la realización de foros para que diversos grupos y organizaciones del estado de Veracruz dieran sus puntos de vista sobre el proyecto nucleoeléctrico de Laguna Verde.
Hace consideraciones sobre el particular y solicita que con carácter urgente, la presidencia dirija una excitativa a las comisiones de Energéticos, Ecología y Ciencia y Tecnología, para que realicen otro foro sobre la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Asimismo, se solicite se suspenda la carga del reactor nuclear, en tanto el pueblo de Veracruz y el resto del país, conozcan los dictámenes técnicos de seguridad que se hayan publicado, y difundido el plan de emergencia radiológica externa. Túrnese a las comisiones de Energéticos, de Ecología y de Ciencia y Tecnología.
El C. Carlos Enrique Cantú Rosas, para manifestar que, por su conducto, el Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados solicita ayuda a los diputados de los diferentes partidos, para resolver sus necesidades.
Agrega que se integrará una comisión del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, que entregará al C. licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, un documento relativo a sus peticiones.
Por su parte, el C. Pablo José Pascual Moncayo, señala que los integrantes del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, solicitaron se presentara al pleno de esta Cámara una serie de propuestas, a las cuales da lectura. Solicita que dichas peticiones se turnen a las comisiones correspondientes. Túrnese el asunto a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
El C. Javier Paz Zarza, para decir que la diputación del Partido Acción Nacional, en diciembre de 1985, presentó una iniciativa con el objetivo de lograr se beneficiara a los pensionados y jubilados conforme se modificaran los salarios mínimos, sin que hasta la fecha se haya dictaminado dicha iniciativa. Solicita a la presidencia haga una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que la dictamine.
La presidencia hace la excitativa solicitada.
El C. Pablo Ventura López, para decir que en octubre de 1985, el Partido Acción Nacional propuso se creara una Comisión de Asuntos Indígenas en el seno de esta Cámara de Diputados.
Señala que dicha proposición fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas parlamentarias, sin que hasta la fecha haya sido dictaminada. Solicita a la presidencia excite a la comisión de referencia la dictamine.
Para hechos sobre el asunto y para expresar que el PMS se solidariza con la petición para crear la Comisión de Asuntos Indígenas, interviene el C. Eraclio Zepeda Ramos. La presidencia hace atenta excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para que en términos del reglamento resuelva la proposición.
El C. Efraín Calvo Zarco, para dar lectura a un documento de un grupo de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el cual plantean una serie de problemas laborales que confrontan, en virtud de los cuales se encuentran en huelga de hambre en la glorieta de Chilpancingo, desde el lunes pasado. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El C. José Angel Aguirre Romero, para expresar su solidaridad a las demandas del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, y denunciar el problema que afronta la ciudad de Poza Rica, Veracruz, por el funcionamiento del colegio "Salvador Díaz Mirón", manejado por una sociedad con carácter lucrativo, a la que se opone un frente estudiantil popular que ha hecho una serie de peticiones al gobierno del estado. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a la Comisión de Educación Pública.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
La presidencia expresa que, con fundamento en el artículo 8o. párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión de hoy estará destinada al análisis del V informe rendido por el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo política interior.
Para tal efecto hacen uso de la palabra los CC. Píndaro Urióstegui Miranda, Gonzalo Altamirano Dimas, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Amador, Santiago Oñate Laborde y Antonio Monsiváis Ramírez.
La presidencia manifiesta que los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara, han solicitado que, con objeto de agotar el orden del día, continúe esta sesión sin interrupción.
La asamblea en votación económica aprueba la solicitud.
En tal virtud, continúan en el uso de la palabra los CC. Manuel Fernández Flores, Carlos Enrique Cantú Rosas, María Esther Scherman Leaño, Rosario Ibarra de Piedra, Gerardo Unzueta Lorenzana, quien propone que esta soberanía se dirija al regente de la ciudad, para demandarle el respeto irrestricto a la vida interna de los sindicatos de trabajadores y que, como presidente del consejo de administración del metro, ordene la reinstalación de cinco trabajadores despedidos últimamente. Túrnese la proposición a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y del Distrito Federal.
Prosiguen los CC. Héctor Terán Terán, Jaime Aguilar Alvarez y Alejandro Gascón Mercado.
Agotados los oradores, se da lectura al oficio de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el que comunica haber recibido el informe sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno Federal y la del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al año de 1985. Recibo y resérvese en el archivo para consulta de los ciudadanos diputados.
La secretaría, por instrucciones de la presidencia, da lectura a las siguientes invitaciones:
Del Gobierno de la República, a la ceremonia cívica que, con asistencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá lugar el día 13 del actual, en el Hemiciclo a los Niños Héroes del bosque de Chapultepec, con motivo del CXL aniversario de la gesta de los Niños Héroes.
Para asistir a dicha ceremonia en representación de la Cámara de Diputados, la presidencia designa a los CC. Nicolás Reynés Berezaluce, Elba Esther Gordillo Morales, Fernando Ulibarri Pérez, Regina Reyes Retana Márquez, Abelardo Rigoberto Alanís, Héctor Yunes Landa, José Encarnación Alfaro Cázares, Alejandro Ontiveros Gómez, Jesús Galván Muñoz y José Luis Díaz Moll.
De la legislatura del estado de México, a la sesión solemne que se llevará a cabo el día 15 de los corrientes, en la que el C. licenciado Mario Ramón Beteta, rendirá la protesta de ley, como gobernador constitucional de la entidad.
Para asistir a dicha sesión en representación de este cuerpo legislativo, la presidencia designa a la diputación del estado de México y al C. Eduardo Acosta Villeda.
De la legislatura del estado de Colima, a la sesión solemne en la que, el C. licenciado Elías Zamora Verduzco, gobernador constitucional del estado, rendirá el II informe de su gestión administrativa, el día 17 del mes en curso.
La presidencia nombra a los CC. Alfonso Santos Ramírez, Francisco Velasco Figueroa y Gonzalo Castellot Madrazo para que, en representación de la Cámara de Diputados, concurran a la sesión mencionada.
La Gran Comisión de la Cámara de Diputados propone, para ocupar la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al C. Nicolás Reynés Berezaluce.
La asamblea en votación económica aprueba la proposición. Comuníquese.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dieciocho horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el viernes dieciocho de septiembre, a las diez horas.»
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada C. presidenta.
INFORMACIÓN SOBRE EL DIARIO DE LOS DEBATES
Esta secretaría se permite informar que los 63 números del Diario de los Debates correspondiente a los periodos ordinario de 1986 y extraordinario de 1987, se encuentran totalmente impresos y que en el término de 10 días comenzarán a entregarse los volúmenes a los señores diputados.
Los números uno y dos del período actual están terminados en impresión y en proceso de doblado. El Diario de los Debates se encuentra al corriente.
SOBRE LOS SISMOS DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE
La C. Presidenta: - Se concede el uso de la palabra a la diputada María Emilia Farías Mackey.
La C. María Emilia Farías Mackey: - Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: el 19 de septiembre de 1985 ha quedado impreso en las conciencias de los mexicanos Para quienes, de una u otra manera, participamos en las acciones inmediatas posteriores a los sismos que destruyeron una significativa parte de esta ciudad y causaron daño a otras regiones de la nación, el tiempo ha adquirido una nueva dimensión. Han sido dos años para reconstruir proyectos y para ver plasmados grandes esfuerzos.
Contar el tiempo, lo sentido, padecido en pocos minutos, en muchas horas y en muchos años, me obliga a confrontar imágenes, a recordar y a traer a la memoria visiones y sensaciones que permanecerán en nosotros.
Hablar de que la solidaridad ha despertado una vez más, puede sonar repetido. La unidad y entrega de nuestros jóvenes en las tareas de rescate no fue una sorpresa. La renovación en el diálogo y el fortalecimiento de la participación ya ha sido tema de análisis y debate. Pero no han sido dos años ni será el tiempo nunca suficiente para olvidar que en 1985 México se cimbró, que ese año queda escrito como el comienzo de una nueva etapa en las formas de relación y convivencia social. Dos años para confirmar que la capacidad esté concreta, que es imposible el mañana claro, que hay lugar para la palabra que discrepa, para la que exige, para la que propone. Dos años que no se irán de nosotros, dos años por los que vengo hoy a esta tribuna y solicito, señora Presidenta, guardar un minuto de solemne silencio por todas las vidas que se llevó ese 19 de septiembre.
La C. Presidenta: - Rogamos a todos los presentes ponerse de pie.
(Se guarda un minuto de silencio.)
La C. María Emilia Farías Mackey: - Con el permiso de la presidencia; honorable asamblea: con motivo del segundo aniversario de la tragedia ocasionada por los sismos el mes de septiembre de 1985, que provocaron irreparables pérdidas humanas y enormes daños materiales en algunas regiones del país, las diversas fracciones parlamentarias que integran esta legislatura han optado por sumar voluntades, con el propósito de considerar lo que estos dos años han significado por la lucha de la reconstrucción y hacer llegar al Ejecutivo el sentir de esta representación nacional, respecto, tanto a la labor que el Gobierno de la República ha desarrollado para enfrentar la emergencia, como a las situaciones que por diversas causas no han sido resueltas.
La Cámara de Diputados en el uso de las facultades que le corresponden, no sólo examina las actividades que a este respecto llevó a cabo durante estos dos años, sino además emprenderá las acciones que las nuevas circunstancias exijan.
Esta soberanía ha seguido cuidadosamente la marcha de los diversos programas habitacionales, la reconstrucción de las plantas hospitalarias y educativas, así como la correspondiente a las ciudades afectadas en el interior del país. Todo esto a través de los informes periódicos y ordinarios que al Legislativo someten las distintas dependencias del Ejecutivo en ocasión de las comparecencias de los servidores públicos responsables que han sido citadas por las comisiones legislativas correspondientes y por las tareas de gestoría que en forma ordinaria realiza esta Cámara.
Tenemos conocimiento de la conclusión del Programa Emergente de Vivienda Fase I, del proceso de liquidación del organismo Renovación Habitacional Popular y de los programas que se ejecutaron en los estados de Jalisco y Michoacán, en donde se alcanzaron importantes metas con la participación y el concurso de las organizaciones sociales.
En lo que se refiere al Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco, al programa
Emergente de Vivienda Fase II y a la obra de infraestructura urbana en el sur de Jalisco; esta legislatura considera necesario que se actúe con la mayor premura y eficiencia que admite el indispensable rigor técnico y la complejidad social y jurídica de los programas en cuestión.
Consideramos que merece especial atención el Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco, en el que es necesario continuar atendiendo a la opinión de las instancias técnicas colegiadas que fueron instituidas y conforme a las participación de las organizaciones vecinales y la comunidad de residentes tlatelolcas con derechos acreditados.
Por lo que se refiere al Programada de Vivienda Fase II, recomendamos redoblar esfuerzos para agilizar la negociación de la compra de inmuebles, definir a todos los acreditados, iniciar y concluir las obras a la prioridad, así como también considerar los diversos planteamientos que se han hecho para ampliar o reestructurar ese programa como los que ha realizado esta LIII Legislatura.
Los diputados estimamos que debe ser el diálogo el que concrete las respuestas a las demandas populares y sea este una pauta que desarrolle permanentemente el quehacer gubernamental, de modo que las amplias tareas que enfrentamos sigan rigiéndose por el criterio del más amplio pluralismo y respetado a las diversas organizaciones vecinales y colonos que actúan en el país. La Cámara de Diputados está informada de que las acciones se han realizado con una significativa parte del Presupuesto de Egresos, para impulsar la construcción de vivienda, a través de programas de autoconstrucción, pies de casa y reconstrucción de edificios, entre otros.
Estos recursos han estado orientados tanto a la ciudad capital como a algunos estados de la República, en los que se piensa desarrollar nuevos polos de crecimiento, o sea, que están dirigidos a fortalecer la política de descentralización que desarrolla el actual Gobierno de la República.
No obstante todo lo anterior, las estrategias y acciones planteadas y ejecutadas han sido insuficientes. En el curso de los últimos meses, han surgido numerosas organizaciones de vecinos, inquilinos y solicitantes de viviendas que reclaman satisfacción a la necesidad de tener una vivienda digna.
Sabemos que a las demandas de vivienda, acumuladas históricamente, se suman las que derivan del crecimiento poblacional, la concentración urbana, el deterioro del inventario habitacional y las nuevas situaciones que son consecuencia de un país que enfrenta la necesidad de acelerar su desarrollo con independencia y democracia.
Todo ello se agudiza ante la insuficiencia de recursos públicos, por eso estimamos que el sector público debe acercarse y concentrar recursos, precisar prioridades para los sectores marginados y garantizar el acceso a los programas de vivienda a nivel nacional, a todas las organizaciones en igualdad de oportunidades, buscando el equilibrio del desarrollo regional y con ello garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
La experiencia organizativa de la propia sociedad y las medidas adoptadas a raíz de los sismos y durante la reconstrucción, deben de aprovecharse de hoy en adelante.
Es necesario reconocer que la magnitud de los problemas habitacionales del país requiere de nuevos esfuerzos, de nuevos recursos por asignar, diseñar nuevos programas e imaginar nuevas fórmulas de atención que permitan una oferta suficiente y adecuada de tierra, ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda en propiedad y enfrentar con mayor energía el problema de vivienda para arrendamiento.
Por lo anteriormente expuesto, esta representación nacional se permite proponer el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Para la atención de las demandas Habitacionales de los mexicanos, deben asignarse recursos, reciclarse aquellos utilizados en los programas de reconstrucción; institucionalizar los mecanismos que se aplicaron ante la situación de emergencia; abrir suficientes y ágiles líneas de crédito de acuerdo a la diversidad de la problemática habitacional popular; crear nuevos mecanismos para el fácil acceso al suelo urbano en favor de los programas de vivienda popular.
Por otro lado, detener la especulación inmobiliaria, regenerar la zona centro y colonias deterioradas de la ciudad de México, así como regular el mercado inquilinario y alentar la inversión en vivienda para renta.
Deben reforzarse y extenderse los programas para alcanzar vivienda digna y accesible.
La Cámara de Diputados considera necesario examinar, en un tiempo razonable, las medidas que traduzcan estos señalamientos en acciones concretas.
Esta LIII Legislatura, considera que es necesario revisar el marco normativo en la materia, para
fortalecer la capacidad de arbitraje de las instancias de conciliación, buscando hacer más expedita la solución de litigios derivados del arrendamiento de inmuebles, que tiendan a evitar los abusos que se cometen en contra de los inquilinos de las clases económicas más desprotegidas.
La Cámara de Diputados ratifica su convencido compromiso indeclinable y permanente, de estar al lado de los que carecen y luchan por una vivienda digna y decorosa.
Sala de sesiones, a 18 de septiembre de 1987.
Firman los CC. diputados por el Partido Revolucionario Institucional, Nicolás Reynés Berezaluce; por el Partido de Acción Nacional, Jesús González Schmal; por el Partido Mexicano Socialista Arnoldo Martínez Verdugo y Manuel Terrazas; por el Partido Socialista de los Trabajadores, Jorge Amador Amador, por el Partido Democrático Mexicano, Antonio Monsiváis; por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Enrique Cantú Rosas».
Con fundamento a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión y por considerarlo de urgente y obvia resolución, solicito se someta a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo al que me he referido Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Para normar el criterio de la asamblea, se ruega a la secretaría dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General.
El C. secretario Marco Antonio Espinosa Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, se va a dar lectura al artículo 58.
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de la diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo, se tendrá por desechada".
La C. Presidenta: - En base a la fracción II del artículo 58 del Reglamento, ¿hay alguien que quiera hacer uso de la palabra?
El C. Manuel Terrazas Guerrero (desde su curul): - Pido la palabra.
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto?
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Nada más para fundamentar.
La C. Presidenta: - Para fundamenta, en el uso de la palabra el diputado Manuel Terrazas.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañera diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: el documento que acaba de ser leído, recoge un consenso de las fracciones parlamentarias firmantes en torno a aquellos problemas que adquieren una significación de primer orden con relación a los problemas derivados de los sismos, consenso que no significa, de ninguna manera, dejar de expresar las opiniones particulares de cada grupo parlamentario; es un acuerdo de fracciones en todo aquello que fue discutido y en lo que pudimos ponernos en una posición semejante, igual.
Nosotros tenemos interés en expresar nuestro punto de vista particular sobre el problema, estando de acuerdo, pues, como se ha dicho, con el proyecto de punto de acuerdo presentado con el carácter de obvia y urgente resolución.
Queremos empezar diciendo que el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista y el partido, en su conjunto, inclinan sus banderas en recuerdo y homenaje a los caídos en los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Rinden homenaje, también , el estoicismo y espíritu de solidaridad e iniciativa de nuestro pueblo que se manifestara con grandeza en esos aciagos y largos días que le siguieron. Expresa su reconocimiento a los dos años de lucha por la solución en la reconstrucción democrática y popular de las consecuencias de los sismos; expresa también su reconocimiento a todos los que han aportado su esfuerzo y su decisión para restañar las heridas y resolver los problemas que ellos ocasionaron.
Hace dos años, a razón de los sismos de septiembre, la Cámara de Diputados elaboró un documento programático, a través de la Comisión Especial Pluripartidista, en el que se establecían una serie de compromisos para estudiar y legislar
en diversas áreas, compromisos aprobados por consensos y publicados en la prensa nacional el cuatro de octubre de 1985, con los que se buscaba hacer frente a un conjunto de problemas que enfrentaban los capitalinos, agravados por los sismos, Una parte de esas medidas estaban relacionados directamente con los sismos, otras eran de mayor alcance y buscaban solucionar problemas que la capital venía arrastrando de tiempo atrás y que los sismos exhibieron con crudeza, algunos de estos compromisos fueron los siguientes, queremos recordarlos en esta ocasión:
"La Cámara de Diputados decide promover y realizar los estudios destinados a legislar en materia de reforma urbana integral, para asegurar a toda familia del campo y la ciudad el derecho a una vivienda digna y decorosa."
Vigorización del programa de descentralización de la vida nacional.
El marco jurídico de la reconstrucción urbana que reorientará a crear un adecuado equilibrio ecológico en un marco de seguridad que disminuya al mínimo posible los riesgos ocasionados por los sismos y otros siniestros.
Combatir la especulación con viviendas de arrendamiento y otras medidas específicas relacionadas con la reconstrucción y atención de los damnificados.
Se señaló además, "que la Cámara de Diputados considera de la mayor importancia ratificar en estos momentos su apoyo a la adopción e impulso de estrategias y medidas tendientes a abatir la inflación, fortalecer la generación de empleos, elevar los ingresos de la población, proteger la planta productiva, asegurar el abasto, combatir la especulación y el acaparamiento e impulsar la descentralización de la vida nacional sobre la base del compromiso indeclinable con los intereses populares y nacionales."
Para avanzar en lo anterior deberían revisarse los siguientes ordenamientos: Código Civil para el Distrito Federal, "Código Penal para el Distrito Federal, Ley Orgánica del departamento del Distrito Federal, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley Federal de Vivienda, Ley de Obras Públicas, Ley General de Deuda Pública, Ley de Expropiación y otras. Sin embargo, a pesar de este impulso inicial y este compromiso, la Cámara posteriormente, se conformó con ser espectador de las acciones del ejecutivo y, en el mejor de los casos, con discutir y sancionar formalmente las medidas que se llevaron a cabo por éste.
Diversos partidos políticos presentaron una serie de iniciativas sobre cuestiones inquilinarias: PSUM: iniciativa de Ley que Limita los Alquileres de Vivienda y establece disposiciones sobre Juicios de Rescisión de Contratos de Arrendamiento; PRT: iniciativa para Prorrogar, Rescindir y Declarar de Utilidad Pública a los Arrendamientos de Vivienda ; PRI: iniciativa de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal, para establecer Seguridad de Arrendatarios y Ocupantes, iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos para el caso de Emergencia Urbanas y otras, que en la mayor parte de los casos no fueron discutidas por las comisiones y por el pleno. Finalmente, se aprobaron sólo algunas presentadas por el PRI, como las reformas a la Ley de Obras Públicas, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Condominios.
En la actualidad, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales, mediante las cuales se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal surge la necesidad de adecuar una serie de leyes y reglamentos y crear otros cuerpos jurídicos. En este último caso, se encuentra la necesidad de elaborar una Ley Electoral para el Distrito Federal. También es necesario modificar la Ley Orgánica del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano y otras.
No obstante lo anterior, la Cámara de Diputados, y específicamente la Comisión del Distrito Federal, no ha dado pasos concretos para realizar la discusión sobre estos aspectos y para cumplir con los compromisos adquiridos en 1985 de revisar la legislación del Distrito Federal, lo que hace prever que nuevamente esta Cámara esperará las iniciativas que envié el Ejecutivo para discutirlas y aprobarlas.
Nuestra Cámara de Diputados, pues, compañeras y compañeros, está en retraso. Es lamentable. Es lamentable también que resoluciones de imperiosa necesidad y de gran importancia, no hayan pasado del acuerdo y permanecido sin cumplimiento ni intento alguno para cumplirlos. Hay deuda con el pueblo de México de esta LIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Faltó voluntad política, decisión de independencia y autonomía frente al Ejecutivo , se dieron facultades y le dejó todo al Gobierno de la República.
Pero esto es sólo una parte del problema. Otra muy importante y altamente significativa, es el poder de influencia que ejercieron los acuerdos, la capacidad coadyuvante y el factor de apoyo y solidaridad que las distintas fracciones dieron en la tribuna a la lucha de los damnificados. Las denuncias constantes, insistentes, machaconas y, dirían algunos, hasta aburridas.
En el pasado período de sesiones también la Cámara de Diputados aprobó otro importante documento político, sometió a la consideración del Presidente de la República, la conveniencia de expedir un segundo, mejor dicho, un tercer decreto expropiatorio, considerando el del 12 de octubre que modificó el primero de 11 anterior del mismo mes. Es censurable la actitud del Presidente de la República de pasar por alto el acuerdo de la Cámara, sin siquiera, de alguna manera, dar determinada respuesta; sencillamente ignoró el acuerdo.
Sería bueno saber qué trámite se le dio y conocer la mecánica de este procedimiento, mediante el cual se pasó por alto, sin merecer ningún trato adecuado al carácter de la Cámara, una importante decisión política, más que todo, sería bueno considerar una enmienda constitucional, que obligue al Presidente de la República, a dar respuesta, positiva o negativo, a este tipo de exhortos de un Poder de la Federación, que merece el respeto del Ejecutivo.
La tremenda experiencia de los sismos de septiembre y la decisión presidencial de recurrir al procedimiento constitucional de la expropiación...
(Voces en las curules.)
La C. Presidenta: - Por favor, rogamos muy respetuosamente a galerías que guarden silencio. Adelante, señor diputado.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Lamentable que algo que atañe profundamente al interés popular no tenga la aprobación como mereciera de los invitados que concurren a esta sesión importante. Más lamentable todavía la reacción que todos estamos escuchando, mala dirección compañeros, pero sus intereses están en lo que nosotros decimos.
La tremenda experiencia de los sismos de septiembre y la decisión presidencial de recurrir al procedimiento constitucional de la expropiación, demostró cabalmente la necesidad, la justificación y la viabilidad de este camino, pero los dos años transcurridos y la demanda popular generalizada en favor de la expropiación, así como la elocuencia de la situación de predios dañados por los temblores de estos días trágicos de septiembre de hace dos años, que no entraron ni han entrado en ninguno de los programas conocidos, revelan que este es, desde el punto de vista de los intereses de la nación y de los intereses populares, el camino posible más necesario y eficaz, lo seguimos demandando.
Es bandera vigente del movimiento popular. La Cámara de Diputados debe recuperar la facultad de ejercer la vía constitucional de la expropiación en interés de las mayorías del pueblo, en interés de la nación.
Ha habido, sin duda, grandes esfuerzos para realizar la reconstrucción; ha habido avances serios, trascendentes, lo reconocemos, pero queremos decir que el protagonista, el factor principal ha sido el movimiento popular de los damnificados e inquilinos para hacer posibles estos avances. La vigorosa acción organizada de todos aquellos que unieron sus fuerzas para demandar y reclamar sus derechos, ante las consecuencias de los sismos y exigir una verdadera reconstrucción democrática, ha hecho posible resultados. El reencauzamiento, la concertación y la participación popular de los damnificados y sus organizaciones han sido una importante victoria popular y no lo entendemos de manera estrecha, desconociendo esfuerzos, sensibilidades, ejercicios de una responsabilidad con sentido social, debe reconocerse a quienes han sabido, desde el poder público, utilizar el diálogo, el acuerdo, la concertación, la consideración debida a los reclamos e intereses populares.
Ahora nos encontramos con que la situación reclama que se insista en el cumplimiento de los acuerdos de la Cámara porque está presente la exigencia del cumplimiento de esos acuerdos; proponemos que las comisiones respectivas se aboquen de inmediato a examinar este cumplimiento y a informar a la Cámara de los pasos que en esta dirección vayan a dar o estén dando. No dejaremos de seguir planteándolo una y otra vez, porque si bien es cierto que se han cumplido metas y programas y la línea de concertación democrática ha operado y la han enarbolado las organizaciones populares, muchos otros capitales problemas señalados que las resoluciones políticas de la Cámara se han agravado y nada hemos hecho para sacarlos, para resolverlos desde el punto de vista de la Cámara.
Se reconoce hoy, oficialmente, el gran rezago de vivienda en materia popular, no hay que ir muy lejos para encontrar la causa. Por decenios, demagogia, discurso gubernamental sin hechos, escasos o, cuando mucho, escasos hechos y en el fondo, como marco, una sociedad injusta, un capitalismo voraz e insaciable. Ahora se vienen emprendiendo, ciertamente, algunos esfuerzos, pero sigue presente el rentismo impune e inmisericorde; la falta de una legislación que ataque el problema de fondo y lo regule, la oposición tenaz, persistente y vigente del Gobierno y del PRI para legislar en materia inquilinaria, para aprobar una reforma urbana integral, sigue la resistencia, la obstinada intransigencia en saldar
esa cuenta con el pueblo de México, seguramente lo va a explicar el PRI en la campaña electoral, ¿qué dirá? Seguro las palabras no faltarán, pero lo hechos seguirán sangrando al pueblo en beneficio de los casatenientes en tanto no se apruebe una ley inquilinaria que seguimos demandando, el interés de México, el interés de la nación.
(Voces en la sala, desorden)
La C. Presidenta: - Ruego a la secretaría de lectura al artículo 207 y 209 del Reglamento.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
"Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.
Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuese grave o importante delito, el Presidente mandará detener al que lo cometiere y consignarlo al juez competente".
La C. Presidenta: - Continúe el orador.
El C. Pedro José Peñaloza (desde su curul): - Moción de orden. Una excitativa, yo le pido de la manera más respetuosa posible que aplique el reglamento como lo ha leído la secretaría. La C. Presidenta: - Ciudadano diputado Peñaloza, lo estamos haciendo, si las circunstancias nos obligan no dude usted que aplicaremos el reglamento como se debe. Por el momento, le ruego que continúe el orador.
El C. Manuel Terraza Guerrero: - El hecho significativo de que se hayan cumplido programas Fase I, Renovación, de que se vaya a cumplir Fase II, Reconstrucción Democrática Tlatelolco, no equivale a que esté resuelto todo el problema de los damnificados, sigue la emergencia, porque hay aún varios miles de familias afectadas por los sismos que viven en condiciones de inseguridad y hacinamiento muy lamentables. Los datos proporcionados por la CUP y el Sindicato 19 de Septiembre los hacemos nuestros, son suficientemente elocuentes y probados; se ha elevado la demanda de vivienda, por otra parte, no nos estamos refiriendo a todo el país ni al hecho de que en este año, 350 mil acciones de vivienda, un porcentaje que cubre ese señalamiento, vayan al Distrito Federal, como lo señalo el secretario Manuel Camacho Solís.
El Gobierno reconoce que hay grandes necesidades de vivienda en la ciudad de México y en toda la República. "Es nuestra obligación ser francos - decía el secretario Camacho Solís - no es posible querer resolver un problema que ya se ha acumulado durante décadas, en forma inmediata, lo importante es que hay una voluntad clara de encausar los problemas y encontrarles solución". Importante, sin duda, el señalamiento, no lo desconocemos, le damos todo su valor, pero pensamos que no basta, que se requiere dar bases más firmes, sólidas y efectivas a una política de vivienda que vaya al fondo del problema y establezca legislación permanente que obligue, que regule, que de mandatos al Gobierno de la República.
Es indispensable crear fondos para financiar vivienda popular, es necesario, por ejemplo, que la Bolsa de Valores de México que fabulosamente obtiene grandes ganancias, como ninguna otra en el mundo, destine, por ejemplo, el 15% de la publicidad, el 15% de estas ganancias, a este fondo de vivienda para la reconstrucción de aquellos predios que no han sido reconstruidos y para dar crédito a quienes lo necesitan para edificar su vivienda.
Es necesario medidas también como la que se refiere a expropiar los terrenos baldíos; es indispensable pensar también que se hace necesario destinar el 15% de la publicidad de debidas alcohólicas a ese fondo de vivienda o que la inmensa publicidad que realizan los bancos nacionalizados, destinen un porcentaje de esa publicidad también para el fondo de vivienda y es indispensable, también, restablecer la obligación de los patrones de proporcionar viviendas a sus trabajadores; es indispensable también afectar las grandes ganancias que se han acumulado en estos dos años después de los sismos. Estas son medidas importantes que es necesario considerar con imaginación, con búsqueda de nuevas fuentes de recursos.
Apoyamos, por eso, la demanda de destinar el uso de los depósitos por rentas en la Nacional Financiera, en los juzgados del Distrito Federal para que se empleen en la reconstrucción de las viviendas, en la reparación de aquellas vecindades que no tienen ahora ninguna posibilidad de hacerlo porque no han entrado en los programas.
Por la gravedad del problema de la vivienda, porque existen aún miles de damnificados, es que se han entregado, según el informe oficial, 80 mil viviendas, han sido más de 100 mil los afectados por los sismos de una manera directa. Se revela que aquí hay un rasgo muy importante de la nueva situación del país. Han surgido numerosas
organizaciones de vecinos, inquilinos y solicitantes de viviendas como lo expresa el documento presentado a la Cámara. No es posible, desde nuestro punto de vista, dejar de oír y considerar y atender lo que demandan las organizaciones de inquilinos y vecinos. Exigen una Ley Inquilinaria Nacional que ponga fin a los abusos de los casatenientes, que sin medida hacen uso precisamente de la legislación que les favorece; es necesario que se termine su impunidad para fijar las condiciones de arrendamiento como aquélla de no permitir a familias con niños para extenderles un contrato, que regulen las rentas y las proporcione de acuerdo a una parte razonable del salario, que impida a los casatenientes, a los arrendadores, que lancen fríamente a familias carentes de recursos, de desempleados, viudas, etcétera, como ahora está ocurriendo.
Es grave, pues, el problema de la vivienda en muchos aspectos, pero hay que decir que en cuanto al decreto expropiatorio, también hay violaciones a su espíritu, no queremos dejar de mencionarlas:
1. Uso de viviendas no como casa - habitación sino como bodegas;
2. Subarriendo o préstamo de las mismas;
3. No habitadas por los titulares a pesar de tener meses de haberla recibido;
4. Las invasiones a las casas - habitación como un resultado de que no han resuelto todavía los problemas de los damnificados.
Y queremos mencionar, con el permiso de ustedes, un caso dramático, especial, es el caso de El Arenal, ahí fueron ubicadas 1 mil 300 familias de damnificados. Viven en condiciones insoportables, muchas de ellas con niños enfermos, como resultado de estas condiciones; cuartos o viviendas de no más de 22 metros cuadrados para todos o máximo de 24. No desconocemos la disposición que existe de resolver este problema, pero queremos señalarlo para proponer que pase a la Comisión de Gestoría y Quejas el asunto de El Arenal y nuestra Cámara se avoque inmediatamente a encontrar resolución a este problema, como seguramente podrá ser encontrada dicha solución.
Compañeras y compañeros diputados: se habla de cambio, de la renovación y no se entiende, o se hace que no se entiende, que la legislación sobre el uso del suelo, que la necesidad de una reforma urbana inquilinaria es parte esencial del cambio democrático y popular urgente que México reclama y que si se sigue posponiendo, graves serán las consecuencias.
No puede transcurrir el año internacional de la vivienda, el año internacional de los "sin techos", sin que se proporcione al pueblo de México instrumentos y mecanismos legales que permitan ir al fondo, en el marco por supuesto de las condiciones actuales, que permitan cumplir el artículo 4o. constitucional de dar a cada mexicano una vivienda digna y decorosa y que ese problema de la vivienda no dependa de la voluntad, de la disposición de los gobernantes.
Han habido importantes expresiones en este sentido, de trascendencia, pero que no resuelve el problema. Debe depender no de la voluntad que puede cambiar de un sexenio a otro, de la obligación de cumplir mandatos de ley como los que quiere el grave problema de la vivienda popular.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, proponemos también que para no establecer ninguna sombra, en lo absoluto, sobre el acuerdo propuesto por consenso de las fracciones parlamentarias que han enviado al pleno de la Cámara, que han presentado al pleno de la Cámara el punto de acuerdo leído, queremos, de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponer otro punto de acuerdo y que pase a comisiones para que se examine.
"Primero. La Cámara de Diputados acuerda pronunciarse en favor de la solución inmediata de las demandas en materia de vivienda y de servicios públicos presentados a esta Cámara por distintas organizaciones sociales y populares.
Segundo. Exhortar a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para que dictamine las iniciativas presentadas por diversos partidos en el curso de esta legislatura y, así mismo, para que instrumente las medidas necesarias para la revisión y elaboración de iniciativas de ley sobre el Distrito Federal, de acuerdo con el compromiso establecido en octubre de 1985 y las derivadas de la creación de la Asamblea de Representantes.
Tercero. Pronunciarse por la ampliación y darle carácter permanente al organismo denominado Programa Emergente de Vivienda Fase II.
Cuarto. Estudiar la conveniencia de crear un organismo estatal especial, con participación de la Cámara de Diputados y representantes de las organizaciones sociales, para avocarse de inmediato a todo el conjunto de los problemas derivados de los sismos y de las necesidades actuales de la vivienda popular.
Por su atención, muchas gracias.
La C. Presidenta: - La proposición del ciudadano diputado Manuel Terrazas Guerrero, túrnese a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como a la Comisión de información, Gestoría y Quejas.
En el uso de la palabra la diputada Beatriz Gallardo.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Con su permiso compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados: a dos años de los sismos abordamos esta tribuna para que, a nombre del Partido Socialista de los Trabajadores, rememoramos circunstancias dolorosas, pero también hechos que pusieron de pie a miles de mexicanos, dando la solidaridad y ayuda a los habitantes del Distrito Federal y de otros estados en desgracia.
Así como la modesta y valiosa solidaridad de los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores y del pueblo, por conquistar el derecho a una vivienda digna y decorosa, y que esto se convierta en una aportación al cúmulo de experiencias que ya existen, para contribuir a encontrar alternativas viables para la solución del problema de la vivienda.
En nuestro país, los trabajadores y el pueblo, han librado una intensa lucha encaminada a transformar las actuales condiciones de vida y a defender y fortalecer la soberanía e independencia nacional. Ha dado muestras de tener la fuerza moral y social suficiente para encarar las dificultades que se han presentado, utilizando la legalidad constitucional como una arma de lucha y el marco legal existente para ir avanzando en la solución de algunos problemas ingentes.
Uno de los problemas lacerantes en nuestro país, que ha adquirido un carácter dramático, lo constituye el problema de la vivienda. Dando el enorme déficit que acusan las estadísticas, se ha estimado que solamente en el Distrito Federal existe un déficit acumulado a 1985 en cerca de un millón de viviendas y en la zona metropolitana de un millón 500 mil aproximadamente. Considerando globalmente un incremento en las acciones de vivienda del Gobierno a una tasa del 25%, se tendría, de todos modos, un déficit para el año 2000 de casi dos millones de viviendas.
Datos no oficiales estiman que de aquí al año 2000, conforme a la tasa de crecimiento de la población, deberán de construirse en el país 14 millones de viviendas para satisfacer las necesidades previstas, pero dadas las condiciones económicas del país, no se ve fácil contar con recursos disponibles suficientes para resolver tal situación.
El Gobierno Federal en los últimos cuatro años, realizó 939 mil acciones de vivienda que vienen a constituir, a nivel nacional, un esfuerzo poco suficiente para las necesidades actuales.
La grave situación de crisis económica del país, ejerce un impacto directo y negativo en el problema de la vivienda. La insuficiencia del salario mínimo y de los ingresos aún menores que reciben en gran parte de la población, originan que un alto porcentaje de los trabajadores no puedan ser incluidos en el programa de vivienda por no ser sujetos de crédito.
Fenómeno, como la migración rural a las grandes urbes, la proliferación de los asentamientos irregulares, la especulación y acaparamiento del suelo por parte de los latifundistas urbanos y renteros, la escasez de servicios y los aumentos exagerados y leoninos de las rentas a los inquilinos, significa que en los próximos 12 años tendrán que construirse viviendas de interés social encaminadas a dar satisfacción a esta enorme masa de habitantes sin techo.
Para el Partido Socialista de los Trabajadores, ha sido una gran experiencia de lucha y de combate el haber organizado, inmediatamente después de los sismos, a cientos de vecindades insurgentes, con las cuales demandamos del Gobierno Federal la solución de fondo de este problema agudizando por los sismos, a través de la expropiación de los predios que habitaban.
La solidaridad de miles de militantes pesetistas de las diferentes delegaciones del Distrito Federal y del pueblo, concentraron su ayuda al igual que muchos jóvenes y mujeres que se lanzaron a llevar el aliento, el pan, la medicina o el vestido para miles de damnificados en horas de desgracia, nos lanzamos a la calle, hubo sensibilidad y gran valentía del Gobierno de Miguel de la Madrid para proteger los derechos de miles de damnificados. Se instauró el Programa de Renovación Habitacional y nuestro partido, con su organización logró incidir para que fueran agilizados los trámites de esos mexicanos que entraban a una fase de vivienda provisional, fue necesario sostener una dura lucha permanente ante la embestida de la maquinaria de líderes oficiales quienes, al verse desplazados por la organización independiente, ya que habían llegado tarde a los acontecimientos, trataron por los viejos métodos, no por los más leales, junto con autoridades de Renovación habitacional y delegacionales, el impedir el avance de nuestra acción organizada. Llegamos con los damnificados para quedarnos, pues nuestros planteamientos fueron más allá de la simple manipulación política tradicional.
Testimonios de abnegación y entrega de los damnificados al partido, conforman parte de nuestra historia. Propusimos, logramos defender y se aprobó, un prototipo de vivienda superior al ofrecido, logramos para nuestros militantes, no en 39 metros cuadrados como fue la medida, sino en casi 50 metros cuadrados habitan hoy con su familia en mejores condiciones de habitación.
En las tomas de Renovación, en las tomas de las delegaciones, en las tomas de los campamentos, por la defensa de los derechos, en las marchas, en los mítines, en fin, en la lucha, nuestro partido se fue arraigando y fue un generador, una conciencia del papel social y político que deberían jugar los damnificados.
Este programa significó un ejemplo de lo que hay que hacer en este país, para resolver el problema del pueblo, el problema de la vivienda y los demás pueblos y los demás problemas del pueblo.
El PST supo plantear oportunamente, al recibir las demandas de vivienda, que como producto del hacinamiento de las familias de damnificados se dio, la solicitud del desdoblamiento, el cual muy justamente fue solucionado por las autoridades de Renovación Habitacional.
Pese a las traiciones, a las zancadillas y a los afanes de reconquistar posiciones, que en otro ayer fueron campo de control oficial y pese a los intentos de la democracia cristiana internacional y de las sectas religiosas que usan caridad como instrumento de penetración política, el Partido Socialista de los Trabajadores, sigue firme y en pie, en marcha por consolidar su vinculación entre las mesas.
Desafortunadamente, nuestro balance no puede ser hoy tan completo y positivo, pues las presiones de los latifundistas urbanos y renteros voraces, que tienen acaparadas enormes cantidades de suelo, pudieron más y segaron la esperanza y el anhelo de los habitantes de miles de predios que fueron revocados y no incluidos en una medida tan oportuna y avanzada como la expropiación. De tal manera, que fue necesario que el Gobierno Federal junto con el Departamento del Distrito Federal, ejerciendo recursos externos, pudieran dar continuidad al Programa de Renovación Habitacional, creando el Programa Emergente de Vivienda Fase II. Este programa ha sido limitado, así vemos que de las 16 mil familias que aquí se nos informó que atenderían, se atendieron solamente a familias de 500 predios, desde luego, en su mayoría gestionados por líderes oficiales y la anuencia de las delegaciones políticas, como una condición y, además, surge en esto, una interrogante: Si el presupuesto aprobado por esta soberanía para la Fase II se estimó en un universo de 16 mil familias beneficiadas, ¿qué pasa con los recursos destinados a la Fase II y cuyos moradores no fueron atendidos otorgándoles, además, vivienda tipo Renovación Habitacional? ¿Por qué se crea Fase III si aún no se finiquita el Programa Fase II según lo estipulado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología?
Renovación Habitacional demostró que sí se puede; que sí se puede cuando hay recursos, cuando hay voluntad política y cuando hay recursos que pueden y deben ser destinados a resolver el problema de la vivienda para el pueblo trabajador. Consideramos que tanto el Programa Fase II y como el Programa Fase III, no deben ser mecanismos que pospongan la solución de ese problema.
Al mismo tiempo, que se agudizó el problema de la vivienda con los sismos, cayeron la naves del mercado de Jamaica y, así, un mercado de tradición, comercializador de alimentos frescos y baratos del productor al consumidor, fue cerrado, aprovechando esta desgracia para tratar de trasladarlo a la Central de Abastos, dejando de funcionar esta fuente de trabajo ya casi con medio siglo de vida y que ha sido sustento de más de cinco mil familias trabajadoras.
A dos años, y a pesar de que el mercado de Jamaica y sus comerciantes conquistaron el derecho a seguir trabajando en ese lugar, gracias a la combatividad, lealtad, lucha y esfuerzo de miles de hombres y mujeres comerciantes humildes, que han defendido con coraje su mercado, desgraciadamente no han habido respuestas del Gobierno para la reconstrucción material del mercado, pero que, sin embargo, las maquinaciones de políticos insensibles, tratan de hacer todo lo posible, todo lo que esté de su parte, para que se vuelva a la corrupción y el manipuleo político con el fin de llevar agua a su molino.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, considera:
"1o. Que ante este problema nacional como es el de la vivienda, debe de existir una política que contemple y auspicie en la óptica de los intereses nacionales y populares, el otorgamiento de vivienda de interés social a los sectores más marginados de la población y como un instrumento que ayude a redistribuir el ingreso.
2o. Que se sustituya el contenido de la actual política de vivienda gerencial o tecnoburocrática, basada en la creación de vivienda unihabitacional, para dar paso a la construcción de grandes condominios comunitarios y por medio de la autoconstrucción.
3o. Impulsar la organización de las grandes masas de trabajadores sin vivienda en un esfuerzo de concentración política que no nos lleve a la reorganización urbana y participación, logrando la continuidad de programas de vivienda de interés social.
4o. Consideramos urgente y necesario que se de paso a la organización social en programas de vivienda, con el fin de que se acabe con los beneficios a las empresas constructoras privadas, sustituyéndolas por la organización y la construcción de las cooperativas de vivienda y la autoconstrucción, generando con ello empleos, abatimiento de costos, vivienda proyectada de acuerdo a las necesidades de cada núcleo o comunidad, creándose con ello mejores condiciones para abatir ese problema.
5o. Para el Partido Socialista de los Trabajadores, la solución de fondo a este problema se dará en función de una transformación de las actuales relaciones de propiedad, pero, sin embargo, existen las condiciones necesarias a fin de avanzar en esta vía, creando el marco legal para una profunda reforma urbana que le abra paso a una Ley de Reforma Urbanas que garantice el derecho constitucional a la vivienda, en la que se establezca la redistribución de la tierra urbana, prohibiendo el acaparamiento y la especulación con terrenos y casa - habitación, así como la realización de programas que tiendan a dar, a cada familia trabajadora, una vivienda digna.
6o. La expropiación por causa de utilidad pública de los terrenos baldíos, dentro de las poblaciones, de los asentamientos irregulares y de los terrenos que circunden a las ciudades y poblaciones."
Compañeras y compañeros diputados: el día de mañana, el Partido Socialista de los Trabajadores saldrá a la calle, desde diversos puntos de la ciudad, para converger en el Zócalo, para recordar a los caídos en los sismos de 1985, pero también para ratificar nuestro compromiso de no cesar en la lucha por obtener mejores condiciones de vida para los trabajadores y, sobre todo, la condición más importante: Un gobierno popular y democrático capaz de dirigir las tareas de la reconstrucción nacional.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestro voto a favor del punto de acuerdo propuesto y nuestro reconocimiento al pueblo heroico que padeció los sismos y luchó solidariamente para vencer sus efectos desastrozos.
Nuestro reconocimiento, también, al Gobierno, particularmente a los funcionarios que supieron desempeñar sus tareas con eficacia y sentido social.
Nuestro reconocimiento al Presidente por haber resuelto con oportunidad la demanda de la expropiación.
Sólo un reclamo mantendremos en alto: es necesario dar respuestas similares a los problemas populares, haya o no haya sismos. Urge una reforma urbana, popular y democrática por vía revolucionaria de expropiar, por causa de utilidad pública, la tierra que la gran propiedad privada usufructúa sin utilidad social. ¡Sí se puede compañeros! (Aplausos).
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Señoras y señores diputados; personas que nos acompañan: es evidente que el 19 de septiembre evoca ante nosotros un recuerdo de dolor, un recuerdo de dolor porque en esa fecha miles de mexicanos perdieron la vida bajo los escombros.
Pero también es una especie de parteaguas en nuestro país, porque a raíz de los sismos se mostró también la fuerza de la sociedad mexicana y, fundamentalmente, de los jóvenes. No tuvo que pasar mucho tiempo después de los sismos para que la sociedad, esa juventud, saliera a las calles a organizar las tareas de rescate. Voluntariamente, espontáneamente, miles de jóvenes tomaron las calles, tomaron en sus manos las tareas de solidaridad y del rescate de quienes estaban bajo los escombros.
En medio de las ruinas, nuestro país mostró entonces una vitalidad que ya sabíamos que tenía, pero que necesitaba también una demostración fresca. Una vez que pasaron las urgencias, la sociedad mostró de nuevo su vitalidad. Cuando ya que se hubo apagado ese primer surgimiento de organización, se empezó a crear todo tipo de organización también, fue la organización permanente de los damnificados. En múltiples organismos de distintos tipos y signos ideológicos o sin ningún tipo de signo ideológico, pero emergieron, por la necesidad y mostrando una gran capacidad de organización.
Poco tiempo después del surgimiento de las organizaciones, la fuerza de la razón y de la organización de los damnificados empezó a mostrar su valía. El 29 de septiembre, por ejemplo, solamente a diez días de los sismos, 20 mil personas marcharon desde la colonia Morelos a Los Pinos, para solicitar la expropiación de los predios dañados por los sismos, como forma de resolver el problema que se había creado a raíz de la destrucción de miles y miles de viviendas. Veinte mil personas que fueron escuchadas y que,
finalmente, ante el crecimiento de su organización, el mejoramiento de sus organismos, tuvo que dárseles razón por parte del Presidente de la República, y el 11 de octubre de 1985 conocíamos ese primer éxito de los damnificados, que fue el de la expropiación de los predios dañados por los sismos.
Ese primer éxito, que rompía todas la reglas, en la forma de resolver los problemas urbanos del país, que por primera vez atacaba la propiedad de los dueños de las casas, de los grandes casatenientes de la ciudad, para dar solución completamente diferente a los problemas de los inquilinos que habían sido afectados por los sismos. Esta medida introducía nuevas formas de ver la solución de los problemas urbanos en la capital de la República e incluso, también, en todo el país. Las organizaciones que nacieron desde los sismos, entonces se fortalecieron más ante este primer éxito. Nosotros, como Partido Revolucionario de los Trabajadores, quiero aclarar esto, nunca vamos a reclamar la pertenencia de las organizaciones a nuestro partido. Pensamos que es mil veces mejor romper esa práctica del PRI y adjudicarse a las organizaciones sociales. Estamos convencidos de que una organización es mucho más firme y mucho más fuerte si es plural; si en su seno pueden practicar todos los partidos políticos, no importan si sean del PRI, del PAN, del PRT o de cualquier organización política, siempre y cuando sean autónomos, independientes y fuertes por sí mismos.
Por eso, para nosotros, el hecho de que hayan emergido numerosas organizaciones de damnificados a raíz de los sismos del 19 de septiembre, de que hayan nacido independientemente de los partidos políticos en muchas ocasiones, es lo que le dio fuerza y vitalidad al movimiento. Fuerza y vitalidad para que después de la expropiación empezaran también a conquistar, estas organizaciones, numerosos éxitos en los programas de reconstrucción.
Así, por ejemplo, Fase I fue una primera alternativa, una primera alternativa que significó hacer el acopio de la vivienda social construida hasta entonces, para ponerla al servicio de los damnificados. Este programa se concluyó muy rápidamente, pero también surgió Renovación Habitacional Popular como un organismo ad - hoc para solucionar el problema de la construcción de la vivienda y su entrega a los habitantes originales de los predios damnificados.
Nosotros pensamos que Renovación Habitacional Popular fue también una conquista, la conquista de organizaciones de damnificados que, a través de marchas, mítines, discusiones, negociaciones y mil acciones más, lograron imponer, de una u otra manera, sus puntos de vista en cuanto a las condiciones de reconstrucción, las condiciones crediticias y las formas, incluso, de entrega de las viviendas en propiedad a los propios damnificados. Surgió, también, desgraciadamente, otro programa que no era Renovación Habitacional Popular. Surgió Fase II como un programa con el que no estábamos de acuerdo, porque pensábamos que el Plan de Renovación Habitacional Popular debería de ampliarse hasta cubrir a todos los damnificados. Pensábamos, sin embargo, que aún Fase II, con toda las limitaciones que tenía, era una conquista del movimiento de los damnificados, porque, si bien no resolvía el problema partiendo de la expropiación, como lo habían hecho los damnificados cobijados bajo Renovación Habitacional Popular, de una o de otra forma , encontraban respuesta miles de familias que habían salido afectadas por los sismos y que no habían sido beneficiadas con el decreto expropiatorio. Porque no estábamos de acuerdo, no solamente nosotros, sino miles de organizaciones que surgieron con este plan de Fase II, planteamos ante esta legislatura insistentemente, y junto con varias fracciones parlamentarias más, que se ampliara el decreto expropiatorio que, además esta demanda fue recogida por esta LIII Legislatura.
También estuvo Tlatelolco, el Tlatelolco heroico, una vez más, el Tlatelolco heroico, heroico desde los tiempos remotos, heroico desde 1968 y de nueva cuenta en 1985 y 1986, Tlatelolco volvió a ser heroico, heroico porque tuvo que enfrentar una política de tosudez e intolerancia de Carrillo Arena que pretendía desconocer la famosa cláusula ocho de los contratos de los habitantes de Tlatelolco que les daba derecho a la reconstrucción de la vivienda, en caso de que fueran dañadas por sismos. Carrillo Arena no quiso reconocer esta razón de los tlatelolcas y no fue sino hasta cuando tuvo que retirarse del puesto cuando los tlatelolcas encontraron la razón y actualmente lo que se está reconstruyendo en Tlatelolco es obra, producto de las decenas de marchas, si no exagero, de los mítines, de los plantones que tuvieron que hacer los mismos tlatelolcas, para lograr que su razón se impusiera.
Estamos convencidos de que esta fuerza de las organizaciones de damnificados es lo que puso las bases y las condiciones para lo que después se llamó la Concentración Democrática para la Reconstrucción y que permitió que, de una o de otra manera, se empezara a avanzar realmente y concretamente en la solución de los problemas de los damnificados.
Nosotros estamos convencidos de que ha habido logros y pensamos que la paternidad de los mismos
es de los damnificados, fundamentalmente de los damnificados; estamos convencidos también, sin embargo, de que hay muchas cosas que todavía no se hacen: los programas todavía no concluyen del todo, como lo han señalado las propias organizaciones de damnificados, pero además hay cosas, cosas que guardamos en la memoria y que nos duelen todavía y que no se han resuelto, la principal de ellas es, ¿qué pasó con aquéllos que fueron culpables de la caída de muchos edificios públicos o de conjuntos habitacionales como el Nuevo León, en Tlatelolco?
Hace días, compañeros de la Coordinadora Única de Damnificados, exigieron ante la Procuraduría General de la República que se emita ya dictamen al respecto de juicio relativo a lo de Nuevo León, y las autoridades, a pesar de que hace un año dijeron que estaban a punto de dar este dictamen, simple y sencillamente no han respondido. ¿ Qué paso ahí, hay o no hay responsabilidad de funcionarios del Gobierno Federal en la caída del edificio Nuevo León? ¿Existe o no responsabilidad de muchos otros ingenieros o autoridades involucradas en la construcción malhecha de edificios que se cayeron? Nosotros pensamos, a pesar de todo lo que se diga, que este sigue siendo un problema candente, que sigue siendo un problema vigente no resuelto y pensamos que mientras no se tomen medidas al respecto de ese reclamo popular, en torno al reconocimiento de lo que pasó el 19 de septiembre y la responsabilidad oficial que hay todavía de muchos funcionarios, difícilmente puede ser posible que juntos tomemos un minuto de silencio en esta Cámara de Diputados.
A dos años de los sismos, como decimos hay muchos logros, logros conquistados, reiteramos, principalmente por las organizaciones de damnificados, pero también hay una realidad: hablamos, cuando los sismos, de conservar el entorno y las tradiciones de los damnificados y no solamente se han conservado esas tradiciones sino que, incluso, las mismas actualmente se encuentran en un nivel nuevo porque hay vivienda diferente. Pensamos entonces, que las organizaciones de damnificados o de exdamnificados se han fortalecido; están encontrando nuevo sentido como organizaciones permanentes. Muchas ya no luchan precisamente por la resolución de sus problemas de vivienda y encuentran nuevos retos como organizaciones sociales que se plantean la solución de los problemas de los mexicanos.
Estas organizaciones son nuevas en el sentido de que han resuelto sus problemas, pero en base a su propia fuerza y organización y son nuevas en el sentido de que apuntan hacia la solución de nuevos planteamientos que tienen enfrente de ellas.
Son organizaciones firmes y son organizaciones fuertes, y son organizaciones existentes y, a pesar de que se llamen, incluso, de damnificados todavía, a pesar de que ese problema ya no sea el principal que enfrentan, son organizaciones vivas. Por eso, no estamos de acuerdo con las afirmaciones que ha hecho Camacho Solís, en contra de este tipo de organizaciones. El señala, que damnificados ya no hay, porque se resolvieron todos los problemas; entonces niega la posibilidad de la existencia de las organizaciones que emergieron de los sismos y por eso dice que las demandas que se van a plantear mañana en la marcha del 19 de septiembre, organizada por la Coordinadora Única de Damnificados, son ilegítimas. Habla de que la marcha no tiene razón y de que la marcha es solamente un instrumento de organizaciones políticas.
Disentimos completamente de este planteamiento, porque hay un hecho muy claro: no solamente estas organizaciones son existentes, sino que, como decíamos, se están planteando nuevos retos. ¿Como cuáles, compañeras y compañeros? Se están planteando retos como el del problema de la vivienda, los damnificados de los sismos han empezado a luchar también por las demandas de los damnificados de siempre, como se ha dicho, de los damnificados de la vida, de aquéllos que carecen de vivienda, que es un problema crucial en nuestro país. Todo el mundo lo reconoce. Las organizaciones que han surgido, las organizaciones vecinales, como producto o independientemente de las organizaciones de damnificados, están poniendo el dedo en una llaga dolorosa, en ese problema del déficit de vivienda que existe en nuestro país.
Sabemos perfectamente que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1987, dedica una parte inusual al problema de la vivienda, una proporción que en todo este sexenio no se había dado. Se están implementando programas de autoconstrucción, pies de casa, renovación de edificios, muchos de ellos, la absoluta mayoría de todos los recursos, son destinados a Estados de la provincia, que no a la capital o al Estado de México; sin embargo; lo que tenemos que reconocer es que estos recursos son como una gota de agua en el desierto, porque el problema generado por la carencia de vivienda es de proporciones simples y sencillamente monstruosas. Por eso, surgen todas esas organizaciones barriales y vecinales que, incluso, serán símbolos como aquél de superbarrio y supervecinal. Por eso, emergen inconteniblemente todas estas organizaciones que no están contempladas en los programas oficiales de vivienda que actualmente se impulsan y que reclaman el mismo derecho que otros mexicanos a contar con una vivienda digna. Por eso, vienen
ante esta LIII Legislatura y nos hacen planteamientos concretos que todos conocemos. Planteamientos para comenzar a resolver el problema de la vivienda, para que no se quede en la letra que el problema de la vivienda es un derecho constitucional, sino que pase a ser una práctica. Y esas organizaciones, legítimas como son, han logrado impactar a esta LIII Legislatura y por eso esta Cámara de Diputados tiene la obligación de dar una respuesta concreta a los planteamientos de las organizaciones.
También tiene obligación el Gobierno Federal, el Poder Ejecutivo, de dar soluciones concretas a los problemas de los damnificados y aquí esta el problema de problemas, porque se ha hablado mucho, se ha dialogado mucho con la Sedue, con el Departamento del Distrito Federal, pero déjenme decirles que las organizaciones barriales y vecinales, que las organizaciones inquilinarias están hartas de ir de oficina en oficina, de escuchar palabras y palabras y no tener, hasta el momento, ninguna solución concreta, ninguna propuesta concreta, a las organizaciones que demandan la vivienda. Nosotros, por esto, pensamos que es el momento de que hoy se empiece a dar soluciones reales, concretas, a los planteamientos que han hecho las organizaciones barriales y vecinales como la expropiación, como una medida ya utilizada que ha roto, como dijimos, la dinámica y la lógica de cómo afrontar el problema urbano para dotar de vivienda en propiedad a los damnificados de la vida; el de conseguir créditos baratos y accesibles para las personas de escasos recursos que reclamen la vivienda; el de la creación de una bolsa de vivienda, del otorgamiento de recursos del fondo de la Nacional Financiera para el problema de la vivienda y el problema también de la legislación en materia de vivienda, que nos hemos comprometido a hacer desde 1985, pero que, hasta la fecha, esta LIII Legislatura no ha tenido capacidad para hacer.
Nosotros pensamos que el método de la concertación puede ser válido si el mismo no se finca en amenazas, chantajes, opresiones en contra de las organizaciones de damnificados, en contra de las organizaciones inquilinarias, en contra de los "sin techo", en contra de los que están reclamando una vivienda digna y que no están contemplados en los programas oficiales; nosotros estamos convencidos de que si se pretende llegar a un acuerdo entre las organizaciones que surgen y el Gobierno Federal, la precondición indispensable es el respeto a las organizaciones, no importando su signo ideológico y no acusándolas de ser manipuladas por nadie, porque esa es una falta de respeto a las organizaciones mismas. Nosotros creemos que en este contexto, en el contexto de los señalamientos que se han hecho en contra de las organizaciones que mañana organizan una de las marchas para conmemorar los acontecimientos del 19 de septiembre, en el contexto de la emergencia de nuevas y frescas organizaciones de damnificados de la vida, es imposible que se hable de que van a surgir provocaciones, que va a haber enfrentamiento. Los enfrentamientos solamente surgen y se presentan cuando hay voluntad de alguien de abortar los procesos de organización popular.
Nosotros estamos en contra de estas amenazas, de la creación de este tipo de ambientes y por eso pensamos que mientras no desaparezca este clima y mientras no haya respuestas concretas a los damnificados, nuestro partido, el Revolucionario de los Trabajadores, está imposibilitado a firmar ningún tipo de acuerdo que hable sobre el problema de la vivienda entre todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Se ha inscrito también para hacer uso de la palabra, el ciudadano diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano suscribió y aportó, por tanto, en el momento de ser puesta a consideración de esta Asamblea, apoyará en sus términos el punto de acuerdo leído por la diputada María Emilia Farías.
Desde luego que nosotros en ningún momento podemos manifestar desacuerdo o dejar de apoyar acciones que se enmarcan dentro de este punto que será puesto a la consideración de todos, por ejemplo, atender las demandas habitacionales con una mayor asignación de recursos, cuestión que es sumamente urgente y necesaria para concluir con los programas establecidos y derivados a consecuencia del mismo. Detener la especulación inmobiliaria, reflejada con el encarecimiento de las viviendas y la escasez de las mismas; el compromiso de esta Cámara de examinar las acciones que se emprendan para este propósito, buscando siempre el encaramiento a los propósitos o a los problemas derivados del abuso de que son víctimas, por lo general, los sectores más empobrecido.
Pero el recuerdo de esta fecha, compañeros diputados , del 19 de septiembre, en que se produjo ese movimiento telúrico, obliga indiscutiblemente a la reflexión y al reconocimiento de las acciones emprendidas un minuto después de terminado el sismo y en meses subsecuentes, acciones que
llamaron la atención, no solamente de los ciudadanos, de los vecinos de este país, sino que obligaron a la participación y a la colaboración espontánea de hermanos nuestros de otros países y que se tradujo, precisamente, en la movilización espontánea de los vecinos que acudieron al rescate de las víctimas del terremoto, como las ayudas recibidas del interior del país y de otros países, para enfrentar el fuerte gasto que se presentaba al país en el establecimiento de programas de reconstrucción y tratar de reparar los inmuebles que fueron destruidos, mas no las víctimas, porque ellas quedaron allí, como un testimonio de ese hecho doloroso para todos los mexicanos.
Y si hemos de reconocer todas estas acciones también creo que la fecha es propicia para recordar que al haber ocurrido este movimiento telúrico, sacó a flote vicios que merecerán siempre la desaprobación y la condena de todos los ciudadanos, sobre todo, en los que incurrieron compañías constructoras, responsabilizadas por las obras de mala calidad que se vinieron abajo en ese movimiento, en ese sismo del 19 de septiembre.
¿Y por qué no recordar también la venalidad sindical que trató de tapar o de ocultar todo un problema de un mundo de obreros, principalmente mujeres obreras de la costura, que quedaron bajo los escombros de los vetustos talleres, en los que presentaban sus servicios en condiciones totalmente inhumanas, en las que, incluso, como se dio cuenta oportunamente, muchas de ellas bien pudieron haber salvado la vida si las puertas de sus talleres no hubieran estado cerradas con llave, como se demostró al realizar las obras de rescate en esos lugares?
Esto el pueblo no debe olvidarlo y debe condenarlo y debe quedar como un señalamiento presente, constante, de lo que no debemos hacer y de lo que debemos combatir.
Por otra parte, también, que al analizar los resultados de los programas implementados para la reconstrucción, no aceptemos que se aproveche esto con fines electorales, ponderándose el avance porque se contó con el apoyo de tal o cual partido político. Esta desgracia humana, no debe servir para que se medre políticamente con las víctimas del terremoto y con los que quedaron desamparados a consecuencia del mismo. Decir que hemos cumplido y exhibir un símbolo partidista, como queriendo decir al pueblo que fue precisamente ese partido el que logró la reconstrucción, es desconocer la participación voluntaria de todos los ciudadanos del país y de otros hermanos nuestros de diferentes países que hicieron su aporte económico para enfrentar esta situación de emergencia que vivía nuestro México.
Por lo tanto, nosotros creemos que tan solo por un pudor político no debe recurrirse a estas exhibiciones en las que se trate de usar con fines electorales los avances de los programas implementados para la reconstrucción del país.
De esta inconformidad nuestra no afecta ni menoscaba, en forma alguna, el contenido del documento que será a consideración de todos nosotros y que apoyaremos en su momento. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Adner Pérez de la Cruz.
El C. Adner Pérez de la Cruz: - Compañera Presidenta; compañeros diputados: como de todos es sabido, el día de mañana se celebrarán dos años de un doloroso acontecimiento que cimbró la opinión pública mundial: los sismos que asolaron a nuestra gran ciudad.
Para juzgar a un gobierno, es necesario siempre cotejar la filosofía de la Revolución Mexicana, con la práctica política que un régimen lleva a cabo en lo económico, en lo social y en lo político. La fidelidad a los principios revolucionarios expresa la estatura de los gobiernos que han conducido al país de 1917 hacia la etapa actual. Dos gobiernos ejemplifican el zig - zag de la política nacional: el de Lázaro Cárdenas que inició la política de las nacionalizaciones, repartió la tierra y realizó una política de gran significado popular y el de Miguel Alemán que abrió las puertas al capital extranjero, alineó la política internacional a los dictados del imperialismo yanki, paralizó la reforma agraria y llevó a sus últimas consecuencias la política desarrollista de tipo antipopular.
Con fecha 7 de febrero de 1983 concluyó el proceso por el que fue adicionado el artículo 4o. de la Carta Magna, elevado a rango constitucional el derecho de toda familia mexicana a disfrutar de vivienda digna y decorosa, con lo que se dio un paso importante dentro de la larga lucha librada por nuestro pueblo por elevar su nivel de vida. Los antecedentes inmediatos y concretos de este valioso paso que constituyó una victoria de todo el pueblo, fueron los siguientes:
El 24 de febrero de 1985, la Cámara de Diputados conoció y dictaminó una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, según consta en el Diario de los Debates, la que fue turnada a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales. En la exposición de motivos de la iniciativa de adición al artículo 4o. de la Constitución, que propuso el PPS, se señalaban, entre otros argumentos, lo siguiente: "La lucha librada por el pueblo mexicano a lo largo de su historia ha tenido tres objetivos fundamentales, el logro de la cabal independencia de la nación, ampliación del régimen democrático y la elevación del nivel de vida del pueblo". En este último aspecto se incluye la lucha por satisfacer las necesidades elementales: la casa, el vestido, la alimentación, etcétera, así como conquistar el acceso a los bienes de la civilización y la cultura.
La Revolución Mexicana de 1910, replanteó aquellos viejos propósitos del pueblo y constituyó un renovado y vigoroso impulso a la lucha por alcanzarlos. Hoy, siete décadas después del estallido revolucionario, podemos afirmar, con certeza, que hemos avanzado considerablemente en los tres aspectos, pero en todos ellos, nos falta, por desgracia, todavía un largo trecho que recorrer.
En el caso de la elevación del nivel de vida del pueblo, no hemos alcanzado siquiera la satisfacción de las necesidades mínimas elementales. Elevados porcentajes de compatriotas sufren de subalimentación, carecen de servicios médicos y asistenciales y no tienen todavía, por desgracia, acceso a una vivienda digna y decorosa. Este problema es particular, el de la vivienda popular, ha sido motivo de luchas concretas emprendidas por los trabajadores y otras amplias capas sociales.
Las acciones del poder público frente a esa urgente necesidad del pueblo, han carecido de continuidad igual que en otros campos. Algunos gobiernos han mostrado mayor sensibilidad que otros, se realizan avances y luego hay estancamientos; medidas positivas son abandonadas, el camino se desvía y se retorna nuevamente.
En el balance de todos estos esfuerzos, no siempre congruentes entre ellos, ni adecuadamente continuados, arroja este resultado: en total, las diversas dependencias públicas creadas para resolver el problema de la habitación popular, construyendo en más de medio siglo, desde 1925 a 1978, sólo 598 mil 542 viviendas. Las necesidades, sin embargo, son mucho mayores. Las estimaciones más benignas entre el déficit de vivienda popular, lo fijaban en 1985, en el año del sismo, en un millón de unidades, pero otras estimaciones lo elevan a más de siete millones. Uno u otro cálculo, aún en el menor de los casos, mostraban la necesidad de multiplicar el esfuerzo de una manera sustancial.
En este sentido, después de consumada la elevación a rango constitucional del derecho a la vivienda, no se habían producido nuevas acciones de importancia, congruentes con la vía de la Revolución Mexicana, hasta el trascendente derecho expropiatorio de 7 mil predios, dictado por el Jefe del Ejecutivo, con fecha 11 de octubre de 1985, que retorna el camino nacional revolucionario con el consecuente disgusto del sector patronal y las fuerzas de la derecha vinculadas a los Estados Unidos.
El problema de la vivienda no está resuelto. Se han concluido algunos programas originados por los sismos que sacudieron nuestra gran ciudad hace dos años, como el Programa Fase I, pero nada más. El problema sigue latente y ahí está, la cuestión, señoras y señores diputados, es cómo resolverlo.
El Partido Popular Socialista, como siempre, con su altitud de miras, propone lo siguiente:
"1o. Una Secretaría de Estado que atienda el problema de la vivienda para evitar duplicidad de las muchas dependencias y evitar que los necesitados de vivienda tengan que ir dando tumbos de un lado a otro.
2o. Reforma urbana integral que contemple los derechos de los inquilinos y le ponga límites a la propiedad urbana. Esto evitaría la especulación con los terrenos.
3o. La mayoría de las constituciones de vivienda deben ser en renta baja y construidas por el Estado.
4o. Nacionalizar las ramas de la construcción como la industria del cemento.
5o. Declara la vivienda construida por el Estado como de patrimonio familiar, para evitar que caiga en manos extrañas, como está sucediendo en este momento con algunos de los programas que se han concluido.
6o. Controlar por parte del Estado, el mercado de los materiales de construcción, como la varilla, los tabiques, los enseres, etcétera. Crear algo así como la Conasupo de los materiales de construcción.
7o. Expropiar todas la zona de los que se llama el viejo México o México decadente, para construir viviendas de trabajadores y ya no hacerlas en las orillas de las ciudades porque estas encarecen la construcción y al estar alejados del centro de trabajo, se pierden muchas horas - hombre en transporte, así como se encarecen los servicios públicos al tener que salvarse grandes distancias."
Compañeras y compañeros diputados, estas son algunas de las aportaciones que hace el Partido Popular Socialista en este día en que se cumplen dos años de los sismos que asolaron a nuestra gran ciudad.
Por lo que respecta al punto de acuerdo propuesto por la compañera diputa María Emilia Farías Mackey, el Partido Popular Socialista votará en pro del punto de acuerdo. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Héctor Pérez Plazola.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Señorita Presidenta: señoras y señores diputados: a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, vengo a manifestar particularmente nuestro apoyo y adhesión al punto de acuerdo que aquí se ha presentado. Creo innecesario abundar más, tanto en señalamientos, en reconocimiento de acciones, o particularizar carencias. Coincidimos en mucho de lo que ya se ha dicho y, por lo tanto, nos adherimos a estas posiciones y en forma particular quiero aprovechar mi presencia en esta tribuna para marcar nuestro punto de vista sobre algo a lo que ninguno de los oradores anteriores ha hecho referencia.
El sismo del 19 de septiembre de 1985, no aconteció, no afectó únicamente a la capital del país, en forma muy especial y particular afectó varias poblaciones del interior de la República y yo quiero señalar lo que sucedió en la Ciudad Guzmán, Jalisco; en Gómez Farías y en algunas otras poblaciones circunvecinas. Esto se dijo en su tiempo, fue de proporciones mayores inclusive que lo que aconteció en el Distrito Federal, que por cierto a ese respecto, a finales del período anterior de sesiones de esta Cámara, en diciembre pasado, presentamos un documento sobre acciones desarrolladas en aquella zona en la que se manejaron también fondos federales. Ese documento fue turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara y creo, desde luego, que ha merecido la atención y tan solo hoy quiero recordar el caso.
También a lo largo de estos dos años de funcionamiento de la LIII Legislatura, el Partido Acción Nacional, a través de sus diputados, ha presentado diversos planteamientos, ha hecho diversas peticiones y propuesto también acciones sobre el particular. Muchas de ellas no han sido desahogadas totalmente, por lo que en esta ocasión solicito sean, precisamente desahogadas.
Reafirmamos, pues, para no utilizar mayor tiempo del estrictamente necesario, reafirmamos la posición de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, en adhesión a este punto de acuerdo presentado por la señorita diputada María Emilia Farías, en su párrafo tercero hace mención particularmente a que esta Cámara de Diputados considerará necesario examinar en un tiempo razonable, las medidas que traduzcan estos señalamientos en acciones concretas.
Espero que estemos atentos para que en el tiempo prudente, que no transcurra el funcionamiento total de este período de sesiones, para que estemos reexaminando esta situación y lleguemos a conclusiones que definitivamente puedan contribuir al mejoramiento de nuestra población y a la solución de los problemas que todavía se presentan en diversas zonas de nuestro país, en relación al sismo del 19 de septiembre de 1985. Muchas gracias por su atención.
La C. Presidenta: - Se ha inscrito también el ciudadano diputado Alejandro Gascón Mercado.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señoras y señores diputados: algunos amigos de la unión popular "Nueva Tenochtitlán", me han pedido que yo haga algunas reflexiones en el II aniversario del temblor que conmovió a los mexicanos el 19 de septiembre de 1985.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que este temblor físico, ocasionó un temblor social que está estructurado un probable temblor político. Quien quiera ignorar estos hechos, se apartara de la realidad porque las necesidades de los mexicanos han crecido mucho y las soluciones que se ofrecen no están a la altura de estas necesidades evidentemente.
Todos saben que la propiedad de la tierra, es la que facilita históricamente el enriquecimiento rápido de unos cuantos en distintas épocas de la sociedad humana, y la propiedad urbana ha sido fuente de especulación tradicional.
Por eso, las soluciones que debemos dar, no debieran ser resoluciones aisladas sobre tal o cual aspecto de la vivienda. Yo creo que en México se necesita, como se ha comentado hace muchos años, una reforma urbana integral. Mientras no se realice esta reforma urbana integral, será muy difícil ofrecer verdaderas soluciones a la vivienda, porque no se trata sólo de construir casa, se trata de organizar el trabajo, la educación, el abasto, la salud y la recreación de los mexicanos de manera civilizada.
Todo mundo sabe que un obrero para ir a su trabajo a veces tarda dos o tres horas, esto hay que eliminarlo; todo mundo sabe que una ama de casa
para ir de compras al mercado a veces tarda una hora y media: todo el mundo sabe que los niños tienen que transitar largos trechos para ir a su escuela; todo el mundo sabe que hay una verdadera especulación con el alquiler de las viviendas y muchos derechos se han perdido para los trabajadores en el país. Antes, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, obligaba a los patrones a construir viviendas a los trabajadores, pero nació el Infonavit y se convirtió en un centro de especulación urbana sin precedente, ahora, para que un obrero pueda comprar una vivienda, tiene que invertir durante 20 años, centenares de millones de pesos en un mecanismo semejante a las gracias de la Bolsa de Valores y a veces organizaciones de 5 mil trabajadores reciben una, dos, tres viviendas, ahí se perdieron derechos y hay sordera para resolver los problemas del pueblo.
Aquí mismo, en la Cámara de Diputados, los trabajadores demandan un policía ahí en el túnel, enfrente, porque los asaltaban frecuentemente, pero además al tomar el Metro, también ponen en riesgo su seguridad y aquí el 1o. de septiembre nos cuidan como 15 mil, sería bueno que se quedaran unos cinco para el túnel ahí, sería muy importante.
Yo creo, que hay cosas que se deben resolver de manera práctica, de manera objetiva, los problemas están enfrente de la Cámara, a 100, 200 metros, se dice que se trabajó, sí, es cierto, se trabajó, pero a la mitad para este cuadro que está frente a la Cámara de Diputados es lo que debió haberse trabajado; uno encuentra con que hay viviendas muy bien hechas, se ven hasta hermosas, de las reconstruidas, pero a su lado siguen las vecindades miserables, insalubres y todavía apuntadas con el peligro de caerse. Y no son una o dos, son el equivalente a lo reconstruido cuando menos. Y, claro, ha surgido una nueva conciencia, efectivamente, hay una nueva conciencia en los que fueron damnificados del 19 de septiembre de 1985. Ahora se llaman damnificados de siempre, se dan cuenta de su calidad de proletarios, se dan cuenta de su calidad de explotados y por eso sus demandas no sólo se circunscriben a que se levanten las habitaciones caídas, sino a que haya habitación para todos. Eso es lo que demandan y mañana, cuando menos cien mil llegarán al zócalo demostrando que los problemas existen, independientemente de que en los escritorios de los funcionarios de Estado ya se consideren resueltos, porque una cosa es querer resolver los problemas en el papel y otra cosa es resolver en la realidad.
Yo entiendo que llegó el momento de que las soluciones sean verdaderas, no sólo en el Distrito Federal, sino a lo largo de todo el país. Vean las principales ciudades de México y todas tienen problemas similares: en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Mexicali, en Tijuana, en todos lados, en Ciudad Juárez, son los mismos problemas del Distrito Federal aunque no haya habido 45 mil muertos como aquí sucedió, de todas formas, los mexicanos no pueden seguir viviendo en las condiciones de hoy.
¿Y qué pasa con los alquileres de las viviendas? Después del terremoto subieron las rentas. Esos son casos casi criminales. Ustedes van a alquilar un departamento y les cobran 10 mil pesos por metro cuadrado, más o menos en promedio, así es que los trabajadores del salario mínimo tienen que estar en dos metros parados ahí con toda la familia, no hay ninguna otra posibilidad. Diez mil pesos por metro cuadrado.
La especulación no tiene límites. En esta ciudad hay 29 familias que son propietarias de 30 mil viviendas. ¿Hay que respetar entonces los intereses de 29, frente a 30 mil? Eso es lo que hay que resolver. Por eso se tiene que legislar.
¿Y lo construido está bien hecho? No todo. Muchas construcciones están goteando, muchas construcciones no fueron hechas con las especificaciones requeridas, por eso todo se puede plantear de manera amable, todo. Es aquello del medio vaso lleno o del medio vaso vacío.
Sin embargo, yo creo que las soluciones verdaderas se tienen que estructurar sobre otras bases. Lo primero que tenemos que entender, es que después del temblor surgieron nuevas necesidades en la mente de los habitantes de esta ciudad, porque la reconocieron y cuando tienen zonas reconstruidas enfrente o a su lado, entienden que sus derechos son otros y no los tradicionales; que no tienen por qué vivir como indigentes, como "Los Miserables" que describió Víctor Hugo; que pueden vivir como seres humanos y que tienen ese derecho y 45 mil, cuando menos, murieron para demostrar las necesidades concretas de una población de millones de habitantes y eso tenemos que respetarlo, porque yo creo que más que un minuto de silencio, necesitamos millones de horas de gritos de este pueblo, para ser escuchados, porque nosotros no estamos actuando de manera adecuada.
Aquí llegan algunos ciudadanos mexicanos invitados a esta Cámara, para mostrar su júbilo porque se encuentran sentados algunos de sus dirigentes aquí. Desde que llegaron los están amenazando con el reglamento. Así hemos vivido siempre.
Yo creo, con toda franqueza, que si seguimos conmemorando los sismos del 19 de septiembre, sin soluciones de fondo, aquí lo único que estamos ocasionando es que haya un temblor político, va a haber un sismo político; a estos damnificados de siempre, nadie los va a parar, lo mejor es que les hagamos caso, porque si no entramos a fondo en la solución de los problemas de México, las consecuencias de eso las vamos a sufrir todos seriamente; no se pueden mantener los privilegios que existen en este país, no se puede vivir en un país donde alguien invierte un millón en especulación y gana 24 cuando termina el año; no se puede, mientras hay tanta desocupación, tanta hambre, tanta insalubridad y tanta miseria; los mexicanos ya están enviando recados a los que tienen el poder, hay que tomarlos en consideración.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El C. Carlos Enrique Cantú Rosas: - Diputada presidenta; compañeros diputados: hace unos momentos, al inicio de esta sesión, firmado por integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias, se recibió un documento que recibe el anhelo y los sinsabores, las esperanzas y los deseos de millones de mexicanos que han venido sufriendo, no sólo a consecuencia de los sismos de hace dos años, sino a consecuencia de una ineficacia gubernamental; los sinsabores de la ausencia de vivienda digna y responsable para ellos, sus familias y sus hijos.
Recientemente, también en esta tribuna de la Cámara de Diputados, se nos habló de las reformas al artículo 4o. de la Constitución General de la República, reformas muy plausibles, muy progresistas, de profunda trascendencia y penetración en el ánimo social, pero que lamentablemente, como otras muchas de las que acontecen en el ámbito nacional, dentro de los 136 artículos que tiene nuestro documento fundamental, no son aplicadas y finalmente resultan entorpecidas por el juego de los intereses de quienes detentan el poder y las riquezas y que recientemente también ya han tomado la determinación de juntarse los detentadores de las riquezas y del poder en un sector más del partido oficial.
Los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana suscribimos con profundo optimismo y nos adherimos fundamentalmente al documento presentado, porque indudablemente refleja los anhelos y la necesidad de impulso de cantidad de organismos que lamentablemente no son escuchados y siguen careciendo de una vivienda digna y decorosa para ellos y sus familias, pero tenemos que mencionar nuestra manifiesta inconformidad ante la resolución de los acuerdos tomados por este organismo integrante de la LIII Legislatura, en hechos casi inmediatos a los sismos de hace dos años.
Hace ya casi dos años también se tomaron acuerdos fundamentales por los integrantes del pleno de esta LIII Legislatura. La mayoría de esos acuerdos lamentablemente han sido letra muerta, no se han aplicado, no se han llevado a efecto y su no acción sigue afectando a millones de mexicanos que en aquel entonces encontraron en las emanaciones documentales de los integrantes de esta LIII Legislatura, la absoluta certeza de que sus graves problemas habrían de resolverse con rapidez. Lamentablemente han transcurrido casi dos años y muchos de esos acuerdos adoptados siguen siendo letra muerta.
No tenemos, a la fecha, una reforma inquilinaria que fundamentalmente venga a proteger a los desposeídos frente a los grandes terratenientes urbanos, no tenemos crédito y acceso fácil a los dineros económicos que le permitan a los necesitados la oportunidad de construir, en forma directa y sin que gravite en su forma de vida, la vivienda decorosa para ellos y sus familias. Tenemos una serie de entorpecimientos gubernamentales por un gigantesco aparato burocrático, que insaciable sigue disfrutando de grandes millones de dólares y divisas que han traído, en consecuencia, que muchos de esos planes de renovación y construcción de habitación popular, no sean llevados a sus últimas consecuencias.
Tenemos también que, si bien es cierto que los sucesos de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, trajeron en consecuencia actos de expropiación que tuvieron en forma inmediata la desaparición de un gran núcleo de terratenientes urbanos, a la fecha volvemos a incidir en viejos errores y el pueblo de México se encuentra ante un gran problema que constituye el acaparamiento de la vivienda, tanto por las autoridades del departamento central, como el acaparamiento de la vivienda por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que ha entrado dentro de esa gigantesca espiral de inflación y de especulación, para seguir detentando la propiedad de esos espacios habitacionales y llegando el momento, conforme al avance desbordante e inacabable de esa espiral inflacionaria, poder vender esas propiedades que fueron compradas baratamente a aquellos que angustiados y a punto de perderlo todo, prefirieron esas miserables indemnizaciones, ante el riesgo de no tener la oportunidad de lograr la subsistencia económica para sus familias.
Por eso, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha querido aprovechar esta oportunidad
para dejar patentizados estos agravios que diariamente está sufriendo el pueblo de México. Dinero que fue recibido en aportaciones del extranjero, del que jamás se dio informe pleno y completo en la forma en que se distribuyó, dinero que tenemos conocimiento también ha sido empleado en algunas de las secretarías a cargo de la construcción de la vivienda, para el desarrollo de actividades preelectorales y lucimiento de los funcionarios que dirigen estas dependencias.
Sí, se ha avanzado, por eso firmamos plenamente conscientes el documento en referencia. Sabemos que ha habido funcionarios que han hecho un sincero, honesto y responsable esfuerzo por darle solución a estos problemas, problemas que no tienen origen específico en el pasado 19 de septiembre de 1985, sino problemas que tienen su origen en el período postrevolucionario, en donde miles de mexicanos, miles de campesinos que llegaron a esta capital de la República, empezaron a ser llevados a los terceros sectores y a las orillas de esta urbe para tratar de construir sus viviendas cubriéndose con los elementos más necesarios e indispensables.
Por eso, actualmente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sigue siendo conducto para que se dé solución inmediata a este grave problema que conforma la vivienda en México entero. Sabemos que los escritorios de los funcionarios que tienen actualmente a su cargo la solución de estos graves problemas, han sido saturados a través de los años por millones de legítimas peticiones de gente desprovista económicamente que pretenden tener a su alcance, conforme lo señala el precepto constitucional, una vivienda digna y decorosa para sus familias, pero esas peticiones, esos derechos ejercitados, fundamentados en el artículo 8o. de nuestra suprema Carta Magna, no han sido escuchados, han sido llevados al más olvidado de los cajones de un alejado escritorio para que próximamente, en el cambio sexenal, cuando nuevos funcionarios arriben en plan de conquista a esas oficinas, con todas estas legítimas aspiraciones del pueblo de México, con todas esas peticiones que reflejan sangre, sudor, estado de ánimo indecoroso familiar, sean constituidas las gigantescas piras en los patios de esa secretaría, en donde una vez más se vuelve a constituir en una de las legítimas aspiraciones de quienes tienen el deseo de contar con una vivienda decorosa para ellos y su familia. Muchas gracias, compañeros.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Jarmila Olmedo de Garcilita.
La C. Jarmila Olmedo de Garcilita: - Con su permiso señora Presidenta; honorable asamblea: Al cumplirse dos años de los lamentables sismos que asolaron a varias áreas del país, concentrándose, sobre todo, en nuestra capital, la fracción mayoritaria de esta Cámara de diputados, la del Partido Revolucionario Institucional desea expresar un solidario reconocimiento a la magna obra de reconstrucción emprendida por el Gobierno de la República.
A lo largo de todo este tiempo, justo es reconocerlo, esta Cámara, no sólo no ha permanecido ajena, sino por el contrario, ha estado profundamente inmersa en la gran tarea que nos puso a prueba, no sólo a los capitalinos y a quienes viven en las otras áreas afectadas, sino, en verdad, a todos los mexicanos.
Aprobamos medidas de orden legislativo necesarias para apoyar la reconstrucción, por ejemplo, la figura del condominio vecinal en la legislación correspondiente. Además, los diputados del Distrito Federal en nuestro papel de gestores, hemos estado muy cerca de quienes con su voto nos permitieron llegar a representarlos en esta LIII Legislatura.
Sin duda, hemos salido avantes en tan difícil prueba, negarlo sería abandonar la objetividad, sería cerrar los ojos a una realidad que aún en el extranjero ha sido reconocida plenamente, sería también anteponer a la justicia una visión escéptica o desilusionada de quienes no sólo dudan de lo que realiza el Gobierno Mexicano, mediante el diálogo y la concertación, sino pero aún, de lo que todos y cada uno de los mexicanos somos capaces de hacer por nosotros mismos y por nuestra patria.
Si se analizan con objetividad las acciones del Gobierno del Presidente De la Madrid, a nadie puede caber duda acerca de su auténtica preocupación confirmada por los hechos de atender durante su mandato el problema de la vivienda, problema complejo cuya resolución requiere, no sólo de enormes cantidades de recursos, sino también de la participación conjunta, concertada de los sectores privado y social, además del público; problema que además no puede examinarse ni mucho menos resolverse sin ver el conjunto de la economía en la sociedad en que vivimos, problema, además, que tiene que atenderse sin provocar otros problemas adicionales como podría ser el de fomentar una indeseada concentración geográfica ahora que empiezan a rendir sus frutos en favor de nuestra provincia los esfuerzos realizados en materia de descentralización de la vida nacional, auténtico imperativo para alcanzar el desarrollo más justo y equilibrado de nuestro país.
Podemos citar, entre las principales medidas de la actual administración, en materia de vivienda, las siguientes:
La elevación a rango constitucional del derecho a la vivienda que tienen las familias mexicanas;
La creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
La expedición de la Ley Federal de Vivienda;
Las adecuaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria;
La Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos;
La mayor participación a través de diversas medidas, de los estados y municipios en los esfuerzos nacionales de construcción de vivienda;
La elaboración del Programa Nacional de Vivienda para 1987, para el que se asigna un presupuesto de 2.4 billones de pesos, de los cuales, el 85% debe canalizarse fuera de las tres principales áreas metropolitanas, con lo que se apoya claramente el propósito tan importante de la descentralización de la vida nacional.
Pues bien, en el difícil proceso de la reconstrucción, desde un principio la tónica fue renovar, ir mucho más allá de la simple reposición de lo destruido. Aquí, en nuestra capital, se trató de que venciéramos finalmente a la naturaleza que había sido tan despiadada, para transformar a nuestra ciudad, para que la gente, cuyas viviendas habían sufrido graves daños, alcanzaran un nuevo nivel de vida, más humano y más congruente con el postulado de una vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas. Precisamente, inscrito este postulado dentro de nuestra Constitución.
Se quería y se ha alcanzado algo que rebasa con mucho los meros parámetros técnicos, algo que se ve y se siente, pero que no siempre es posible medir.
La transformación de actitudes ante la vida, el surgimiento de una nueva confianza en el porvenir, la ilusión de un patrimonio para ser disfrutado por las familias que tanto sufrieron como consecuencia de los sismos. Se pretendía y se ha logrado, en gran medida, renovar el corazón de nuestra metrópoli, la antigua ciudad de los palacios que por el paso del tiempo había ido cayendo en un lamentable deterioro físico.
Me referiré ahora a los principales programas en materia de vivienda.
El Programa Emergente de Vivienda Fase I: Este programa concluyó prácticamente su operación, en 1986, beneficiando a un total de 16 mil 332 familias, cerca del 90% fueron atendidas por Infonavit y Fovissste, el resto por el Programa Financiero de la Vivienda, Fovibanca.
El programa de Renovación Habitacional Popular: Con el objeto de encauzar las tareas de la reconstrucción, el Ejecutivo Federal expidió varios decretos por los cuales se expropiaba un considerable número de predios que constituyeron el universo de trabajo del Programa Emergente Renovación Habitacional Popular, realizado aquí en el Distrito Federal, encargado de atender a la población que habitaba 44 mil 437 viviendas dañadas por los sismos en los predios expropiados.
Las obras se iniciaron en abril de 1986 y casi se concluyeron prácticamente el 100% en abril de 1987, con lo que se superaron las metas programadas. En 13 meses se demolieron y construyeron casi 40 mil viviendas nuevas y 2 mil 300 prefabricadas; se repararon y rehabilitaron 4 mil 210 y se reconstruyeron 2 mil 500 viviendas, en aproximadamente 200 edificios catalogados como monumentos históricos, beneficiándose a una población total de 48 mil 800 familias o sea, más de lo que originalmente se había previsto.
El Programa de Reconstrucción Democrática de Tlatelolco: El programa contemplaba la demolición de ocho edificios, la reparación estructural y la recimentación de 32. Lo que incluyó la reducción del número de niveles de nueve de ellos y los trabajos de reparación menor en 60 edificios más. Con estas acciones se ha previsto la recuperación de 10 mil 560 departamentos, además de 1 mil 983 cuartos de azotea. Para ello, ha sido necesario reubicar temporalmente a muchas familias que siguen habitando los edificios que requieren reparaciones mayores. Las obras de enorme magnitud, tanto técnicas, como financieramente hablando, serán concluidas en 1988 dando una nueva fisonomía al importante conjunto habitacional.
Un segundo programa, muy importante, un muy considerable esfuerzo realizado para atender las necesidades de las familias que habitaban edificios dañados, pero no expropiados por los sismos, fue el de Fase II, en el que se convino por parte del Departamento del Distrito Federal y Sedue tomar esta acción tan importante para mucha gente. Se efectuaron dictámenes técnicos en poco más de 6 mil inmuebles y se determinó atender a los 688 predios que resultaron gravemente dañados. Es importante señalar que al concluirse las negociaciones
en el mes de octubre del presente año, se estima adquirido el 52% de los predios; el resto, 48%, tienen que ser dados de baja ¿por qué? ¿Cuáles son las razones?
En primer lugar, no haber acordado precio de compraventa con los propietarios y, en segundo lugar, están los predios en situación jurídica irregular; o bien, en tercer lugar, están intervenidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes, sin embargo, esto no quiere decir que no se atienda a los moradores de estos inmuebles, esto debe quedar claro; por el contrario, las familias de los inmuebles que no adquiere el programa, serán atendidos a través de la bolsa de vivienda constituida con aproximadamente 50 predios que cubren 120 mil metros cuadrados.
Actualmente se han logrado reubicar a cerca de 1 mil 500 familias, así, si bien los sismos afectaron severamente las viviendas de 95 mil familias y medio millón de mexicanos, aproximadamente, se quedaron sin casa, de ellos 80 mil han encontrado ya soluciones, el resto se encuentra en espera de sus viviendas, que les serán entregadas en los próximos meses.
No obstante lo anterior, también es necesario hacer crítica y autocrítica, de eso no hay duda, pero una cosa es necesaria y sana autocrítica para avanzar y otra muy diferente sería ponernos una venda sobre los ojos ante lo positivo que ha realizado nuestro Gobierno, quitándonos esa venda, sólo para señalar un error, una falla, algo que podamos censurar por el simple gusto de hacerlo.
Hay que reconocer, lo que todavía no se ha podido hacer, lo que está pendiente por ahora y lo que tal vez requiera tiempo. Básicamente las preguntas serían entonces: ¿Qué falta? y ¿Por qué?
Reconocemos que hay quienes con justa razón se pregunta por qué subsisten algunos campamentos provisionales todavía, de aquellos de los que fueron edificados por Renovación Habitacional para albergar a los damnificados en tanto se construían o reconstruían las viviendas.
Los diputados priístas hemos investigado la situación y es la siguiente: Por una parte, se encuentran albergados algunos damnificados que pronto serán beneficiados por la conclusión de obras emprendidas por algunos organismos privados y fundaciones internacionales.
Por otro lado, también un número importante de las viviendas provisionales fueron transferidas por Renovación Habitacional Popular a Fase II, programa que, como sabemos, como un segundo esfuerzo para beneficiar a los damnificados. De manera que se están aprovechando esos módulos provisionales, para beneficiar a un mayor número de gente.
No nos debe de preocupar, al contrario, es la expresión de más acciones emprendidas, para satisfacer las urgentes necesidades de muchas familias.
También se nos ha dicho y no vamos a dejar de mencionarlo, que algunas de las viviendas entregadas por Renovación Habitacional tienen algunos defectos, los hemos podido constatar en algunos de nuestros distritos, pero de acuerdo a nuestras peticiones a las autoridades correspondientes, se nos ha asegurado que respetando lo que desde un principio se le dijo a la gente en el momento de recibir las llaves de sus viviendas, tienen un plazo para ser reparadas para que queden a satisfacción de sus moradores. De manera que hay una garantía y las reparaciones se harán de acuerdo al compromiso establecido.
Otro aspecto muy importante, es el de la preocupación por la resolución de problemas de tipo inquilinario, lo que cotidianamente angustia a un número considerable de personas. Esta Cámara ha legislado ya para apoyar a quienes no tienen una casa propia, estableciendo como porcentaje en el salario mínimo, dando facultades también a la Procuraduría Federal del Consumidor para intervenir en los conflictos de tipo inquilinario, así como también asegurando el derecho, tanto a los inquilinos, en el caso de que el dueño quiera vender.
Hace unos días, el titular de la Sedue anunció medidas adicionales en la materia que incluyen la presentación de iniciativas en materia de reformas al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por otra parte, dado el éxito de la organización vecinal y a la concertación social, habrán de darse facilidades a los grupos organizados, tales como las cooperativas, a fin de que puedan adquirir viviendas y dejar de sufrir los sobresaltos y angustias provocadas en las alzas a las rentas y, en general, por la insuficiencia de viviendas - renta.
Por otra parte, el Gobierno de la República ha anunciado atractivos estímulos fiscales y apoyos para la construcción de vivienda en arrendamiento, a fin de ampliar su oferta, un aspecto que es tan importante. Esto, a través de dos decretos, uno del 11 de febrero y otro del 28 de agosto pasado, beneficiando tanto a las clases populares como a los sectores de ingresos medios.
También se ha mencionado la existencia de algunas viviendas pendientes de entregar de Renovación Habitacional. Son casos sumamente excepcionales, originados en ocasiones por algún cambio de dictamen que retrasó el inicio de la obra; en otros, casos la reconstrucción laboriosa de los edificios considerados como monumentos históricos, en otros casos hubo cierta escasez de materiales que también afectó estos programas y también si a veces vemos que el edificio fue comprendido dentro del Programa de Renovación Habitacional, se trata de algunas adquisiciones que los propios beneficiarios, que los moradores de estas viviendas están realizando. Todo esto nos ha interesado mucho, hemos investigado, sobre todo los diputados cuyos distritos fueron sumamente afectados por los sismos que ha sido una preocupación fundamental para nosotros.
Finalmente, quiero expresar aquí que los diputados a la LIII Legislatura seguramente habremos de seguir luchando por el mejoramiento de la vivienda en nuestro país, que seguiremos impulsando todas aquellas medidas que contribuyan a perfeccionar la normatividad en esa materia tan trascendental, a través de una legislación en la que siempre como hasta ahora se tomen en cuenta las necesidades y los pareceres de los diferentes sectores que integran nuestro variado contexto social, a fin de que pueda irse alcanzando el derecho a una vivienda digna y decorosa, postulado fundamental que, respondiendo al sentir popular, fue elevado a rango constitucional por el Congreso de la Unión.
Por eso es importante reconocer, y queremos dejar constancia de ello, de la suma de voluntades de todos los grupos parlamentarios, lo que ha hecho posible la firma de un documento que refleja el sentir auténtico de la Cámara de Diputados en materia de vivienda. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Agotada la lista de oradores, pregunte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo... aceptada, ciudadana Presidenta.
La C. Presidenta: - Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El mismo C. Secretario: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señorita Presidenta.
La C. Presidenta: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
El C. José Luis Díaz Moll (desde su curul): - Señorita Presidenta, pido el uso de la palabra.
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto, ciudadano diputado?
El C. José Luis Díaz Moll (desde su curul): - Para un asunto que compete a esta soberanía.
La C. Presidenta: - Hay un registro de oradores de varias fracciones parlamentarias para que cuando agotásemos el orden del día hiciesen uso de la palabra, según fueron registrándose y aquí tenemos la relación. ¿Nos permite continuar, por favor?
El C. Roberto Calderón Tinoco (desde su curul): - Señorita Presidenta.
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto, ciudadano diputado?
El C. Roberto Calderón Tinoco (desde su curul): - Una pregunta, si nos quiere decir ¿quiénes están registrados?
La C. Presidenta: - Con mucho gusto, diputado. Vamos a dar lectura a la lista de oradores. Están registrados con anticipación diputados: Juan Manuel Lucia Escalera, José Luis Díaz Moll, Roberto Calderón Tinoco, María del Carmen Jiménez, Edeberto Galindo Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Alcocer Villanueva, Efraín Calvo Zarco y Carlos Enrique Cantú Rosas.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
COMUNICACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA GRAN COMISIÓN
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se va a dar lectura a varias comunicaciones:
«Secretaría de la Gran Comisión.
México, D. F., a 15 de septiembre de 1987.
C. diputado licenciado, Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de diputados. Presente.
Con fecha 19 de mayo pasado y de conformidad con el artículo 46 fracción III de la Ley Orgánica del Congreso General y 73 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se me confirió el alto honor y elevada responsabilidad de haber sido nombrado secretario de la Gran Comisión de esta honorable Cámara.
Por tal motivo y en virtud de haber venido ocupando hasta la fecha la presidencia de la Comisión de Pesca, me permito en atención al artículo 74 del citado reglamento, solicitar la aceptación de mi renuncia a la presidencia de dicha comisión, no obstante de no existir incompatibilidad jurídica alguna para continuar desempeñándola.
Lo anterior con el propósito además, de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Orgánica y demás relativos, así como a la elevada responsabilidad política inherente al cargo y a la cual me debo por completo por respeto a esta soberanía y a mis compañeros diputados.
Diputado licenciado, Juan Maldonado Pereda».
Trámite: De enterado.
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«Comisión de Comunicaciones y Transportes.
México, D. F., a 31 de agosto de 1987.
Diputado licenciado, Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados Palacio Legislativo. Ciudad.
Distinguido señor diputado: La X Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares me ratificó como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la misma, lo cual implica la necesidad de dedicar a esta encomienda el mayor de mis esfuerzos.
Por tal motivo, me veo obligado a solicitar a usted me revele de la responsabilidad de presidir la Comisión de Comunicaciones y Transportes que durante esta LIII Legislatura he venido desempeñando y que mucho me honra.
Agradezco de antemano la fineza de su atención y asimismo la ratifico mi mejor disposición para coadyuvar con usted en las tareas legislativas que presiden.
Atentamente.
El presidente de la Comisión, diputado licenciado Guillermo Fonseca Alvarez».
Trámite: De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 1987.
Diputada profesora Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Enrique González Isunza, diputado federal a la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, electo por el XVI Distrito Electoral Federal del Estado de México, ante usted de la manera más atenta comparezco para exponer:
El señor licenciado Mario Ramón Beteta, gobernador electo del estado de México, me distingue ofreciéndome ser su colaborador en el próximo gabinete estatal que inicia sus funciones el 16 de septiembre.
En tal virtud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la honorable Cámara de Diputados se me otorgue la licencia respectiva mientras dure la nueva ocupación.
Atentamente.
Diputado ingeniero, Enrique González Isunza».
Trámite: De enterado
El mismo C. Secretario:
«Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 1987.
Diputada profesora, Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Héctor Ximénez González, diputado federal a la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, electo por el XV Distrito Electoral Federal del estado de México, ante usted de la manera más atenta comparezco para exponer:
El señor licenciado Mario Ramón Beteta, gobernador electo del estado de México, me distingue ofreciéndome ser su colaborador en el próximo gabinete estatal que inicia sus funciones el 16 de septiembre.
En tal virtud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la honorable Cámara de Diputados se me otorgue la licencia respectiva mientras dure la nueva ocupación.
Atentamente.
Diputado licenciado, Héctor Ximénez González».
Trámite: De enterado.
El mismo secretario:
«Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 1987.
C. diputada profesora, Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
María Marcela González Salas Petriccioli, diputada federal a la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, electa por el XXX Distrito Electoral Federal del Estado de México, ante usted de la manera más atenta comparezco para exponer:
El señor licenciado Mario Ramón Beteta, gobernador electo del estado de México, me distingue ofreciéndome ser su colaboradora en el próximo gobierno del estado que iniciará sus funciones la semana entrante.
Con este motivo, para estar con lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la honorable Cámara de Diputados se me otorgue la licencia respectiva, mientras dure la nueva ocupación.
Atentamente.
Diputada María Marcela González Salas Petriccioli».
Trámite: De enterado.
El C. secretario Marco Antonio Espinosa Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites.
La C. Presidenta: - En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El mismo C. Secretario: - Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede licencia al C. diputado Enrique González Isunza, para que cese en el ejercicio de sus funciones representativas por el XVI Distrito Electoral Federal del estado de México, mientras dure la nueva ocupación».
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.
El mismo C. Secretario: - Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede licencia al C. diputado Héctor Ximénez González, para que cese en el
ejercicio de sus funciones representativas por el XV Distrito Electoral Federal del Estado de México, mientras dure la nueva ocupación».
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese.
El mismo C. Secretario: - Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede licencia a la ciudadana diputada María Marcela González Salas Petriccioli, para que cese en el ejercicio de sus funciones representativas por el XXX Distrito Electoral Federal del estado de México, mientras dure la nueva ocupación».
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, comuníquese.
COMUNICACIÓN CON LA GRAN COMISIÓN
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Honorable asamblea: La Gran Comisión recibió el pasado día 11, una atenta invitación de la Embajada de la República Argentina, para que representantes de la Cámara de Diputados, participaran en el Primer Encuentro sobre Energía y Petróleo, que habría de celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, los días del 16 al 19 del presente mes.
Toda vez que se encuentran de visita en ese país, los ciudadanos diputados Eduardo Beltrán Hernández, Antonio Brambila Meda y Javier Michel Díaz, y que el pleno de esta Cámara conocería de dicha invitación hasta la sesión del 18 de septiembre, se recomendó telefónicamente a los mencionados diputados federales, su participación en este evento, por la importancia que tiene para nuestro país, en la inteligencia de que dicha recomendación, quedaría sujeta a la ratificación del pleno de la honorable Cámara de Diputados.
En tal virtud, la Gran Comisión se permite someter a la consideración de ustedes, que se autorice la participación en este acto, de los representantes antes mencionados.
Atentamente.
México, D. F., a 14 de septiembre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Juan Maldonado Pereda, secretario; Jorge Montúfar Araujo, secretario».
El mismo C. Secretario: - En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, ciudadana Presidenta.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa (desde su curul): - Por favor, tomar la votación por la negativa.
El mismo C. Secretario: - Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señorita Presidenta.
INVITACIONES
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«La Vigésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado libre y soberano de Nayarit se complace en invitar a usted a la sesión solemne en la que con la honrosa presencia del C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado para el período 1987 - 1993 el C. licenciado Celso H. Delgado Ramírez, a las 13:00 horas del día 19 de septiembre del presente año en el Teatro del Pueblo declarado recinto oficial.
Tepic, Nayarit 1987».
La C. Presidenta: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Jorge Montúfar Araujo, Ylce Sarmiento Gómez, José Félix Torres Haro, Leobardo Ramos Martínez, Enrique Medina Lomelí, Marciano Aguilar Mendoza, Francisco Hernández Juárez, Genaro José Piñeiro López y Alberto Rábago Camacho.
PROTESTA DEL C. DIPUTADO
La C. Presidenta: - Se encuentra a las puertas de este recinto, el ciudadano Jesús Santiago Jardón Lerma, diputado suplente por el VI Distrito Electoral Federal del estado de Coahuila.
Se designa en comisión para que lo acompañe, en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Daniel Castaño de la Puente e Hilda Aurelia Lozano López.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido.)
La C. Presidenta: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
Ciudadano Jesús Santiago Jardón Lerma: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El C. Jesús Santiago Jardón Lerma: - "Sí, protesto".
La C. Presidenta: - "Si así no lo hiciereis la nación os lo demande".
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a esta Gobernación, con fecha cuatro del actual, manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que los ciudadanos que a continuación se enlistan puedan aceptar y usar la condecoración que les confirió el Gobierno de la República Federativa de Brasil, con motivo de la visita de Estado del Presidente José Sarney a México, del 16 al 19 de agosto pasado.
Orden del Cruzeiro Do Sul:
Senador Antonio Riva Palacio, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Senadores, Gran Cruz.
Diputado Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados, Gran Cruz.
Licenciado Gustavo Petriccioli, Secretario de Hacienda y Crédito público, Gran Cruz.
Contador Público Ramón Aguirre Velázquez, jefe del Departamento del Distrito Federal, Gran Cruz.
Licenciado Emilio Gamboa Patrón, secretario particular del C. Presidente de la República, Gran Cruz.
General de división diplomado de estado mayor, Carlos Humberto Bermúdez Dávila, jefe del Estado Mayor Presidencial, Gran Cruz.
Embajador Alfonso de Resenzweig - Díaz, subsecretario de Relaciones Exteriores, Gran Cruz.
Licenciado Ricardo Valero Becerra, subsecretario de Cooperación Internacional, Gran Cruz.
Licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, director del Banco Mexicano Somex, Gran Cruz.
Licenciado Alfredo Phillips Olmedo, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Gran Oficial.
Doctor Mario Ojeda, presidente de El Colegio de México, Gran Cruz.
Señora Ma. de la Paz Fernández Cervantes, directora del Ceremonial, Caballero.
Señora Ma. del Carmen Aguirre Levinson, jefa del Departamento de Eventos Sociales, Caballero.
Licenciada Alejandra García Brahim, jefa del Departamento de Acreditación, Caballero.
Licenciado Sergio Jacobo Patiño, jefe del Departamento de Vehículos, Caballero.
Orden de Río Branco:
Licenciado Bernardo Sepúlveda Amor, Secretario de Relaciones Exteriores, Gran Cruz.
Licenciado Héctor Hernández Cervantes, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Gran Cruz.
Licenciado Enrique Alvarez del Castillo, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Gran Cruz.
Señor Manuel Alonso Muñoz, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Gran Cruz.
Embajador Manuel Rodríguez Arriaga, coordinador general de asesores del C. Secretario del Ramo, Gran Cruz.
Embajador Ignacio Villaseñor Arano, director en jefe para Asuntos Bilaterales, Gran Cruz.
Embajador Miguel Angel Olea Sisniega, coordinador general para Asuntos Económicos, Gran Cruz.
Embajador Pedro González - Rubio S., director general del Protocolo, Gran Cruz.
Embajador Antonio Villegas Villalobos, director general para América Latina y el Caribe, Gran Cruz.
Doctor Héctor Mayagoitia, director general de Conacyt, Gran Oficial.
Coronel de infantería diplomado de estado mayor, Juan Hernández Avalos, jefe de la sección primera del Estado Mayor Presidencial, Oficial.
Coronel de caballería diplomado de estado mayor, Roberto Miranda Sánchez, jefe de la sección segunda del Estado Mayor Presidencial, Oficial.
Coronel de infantería diplomado de estado mayor, Roberto Domiro García Reyes, jefe de la sección quinta del Estado Mayor Presidencial, Oficial."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 10 de septiembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz».
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La C. Presidenta: - En virtud del acuerdo de práctica parlamentaria, que establece que a las 15:00 Horas efectuemos un receso, y estando cerca de cumplirse el término, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se autoriza se continúe en forma ininterrumpida los asuntos en cartera.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por disposición de la presidencia, se consulta a la asamblea si se autoriza a continuar en forma ininterrumpida con el desahogo de los asuntos en cartera. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, ciudadana presidenta.
La C. Presidenta: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, de fecha 27 de agosto próximo pasado, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación, puedan presentar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América.
Rosa María Juana de Arellano Noriega, empleada de visas; Jaime Eduardo Alcalá Corona, empleado de visas; Sofía Margarita de la Peña y Sánchez, contador; Fernando Rodríguez Medina, contador; Zacarías Mateo Lucas, empleado de limpieza; Lilia Camacho López, empleada de aduanas; Patricia Elena Bringas Estrada, capturista; María Francisca Margarita Portillo Lozano, empleada de personal".
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de septiembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz".
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo C. Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien solicitar al H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación, puedan presentar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América.
José Alberto Mondragón Martínez, bodeguero; Luis Pérez Marín, bodeguero; Pedro Rojas Santos, bodeguero; José Guillermo Sandoval, bodeguero; Crisólogo Romero Vargas, empleado de intendencia; José Rodríguez Arellano, empleado de intendencia; Pedro Hernández Ortiz, empleado de intendencia; Gregorio Ramírez Angeles, empleado de intendencia; Fernando Madrigal Soria, empleado de intendencia; Silvia López Cruz, empleada de intendencia; Omar Reza Bautista, empleado de intendencia; Rogelio Medina Pérez, empleado de intendencia; José Luis Salomón Olvera, empleado de intendencia; Miguel Angel Ruiz Flores, empleado de intendencia; Mario Sánchez Herrera, empleado de intendencia; José Ayala Moreno, empleado de intendencia.
Los interesados han presentado las copias del acta de nacimiento que comprueban su nacionalidad mexicana, mismas que remito anexas para los efectos pertinentes".
Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan, reiterándoles en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 9 de septiembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz".
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen Ruiz Castañeda y el licenciado Eduardo Pesqueira Olea, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Ruiz Castañeda, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de Francia.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Eduardo Pesqueira Olea, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al
Mérito Agrícola, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Francia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 11 de septiembre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis R., Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros G., Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Valls Hernández».
Es de primera lectura.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el día 24 de agosto del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Mónica Yocelyn Pérez Cervantes y María del Carmen Ramón Hernández, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en el Consejo Británico de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 8 de septiembre, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de la Gran Bretaña en México, serán de carácter administrativo;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Yocelyn Pérez Cervantes, para prestar servicios como recepcionista, en el Consejo Británico de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Ramón Hernández, para prestar servicios como asistente en la sección de información, en el Consejo Británico de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 11 de septiembre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis R., Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros G., Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Valls Hernández».
Es de primera lectura.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En escritos fechados el 27 y 28 de agosto próximo pasado, los ciudadanos
Armando Montiel Mendoza y Angel Flores Servín, solicitan el permiso constitucional necesario para prestar servicios en las embajadas de Bélgica y de la República Dominicana, en México, respectivamente.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los interesados prestarán en las embajadas de Bélgica y de la República Dominicana, en México, serán como abogado consejero y como chofer, respectivamente.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II. del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Armando Montiel Mendoza, para prestar servicios como abogado consejero, en la Embajada de Bélgica en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Angel Flores Servín, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de República Dominicana en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 11 de septiembre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Valls Hernández».
Es de primera lectura.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficios fechados los días 10, 13 y 14 de agosto del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Raúl Reyes Castañeda, Armando Ruiz Hernández, María Enriqueta Gutiérrez Leal y Manuel González Fuentes, puedan prestar servicios en las embajadas de la República Francesa, Británica y Panamá en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 4 de septiembre, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en las embajadas de gobiernos extranjeros en México serán de carácter administrativo:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Raúl Reyes Castañeda, para prestar servicios como encargado de prensa en la Embajada de la República Francesa en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Armando Ruiz Hernández, para prestar servicios como chofer y encargado de la valija diplomática de la Embajada de la República Francesa en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Enriqueta Gutiérrez Leal, para prestar servicios como asistente en el departamento de prensa, en la Embajada Británica en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Manuel González Fuentes, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Panamá en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 11 de septiembre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnaldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis R., Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros G., Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Valls Hernández.».
Es de primera lectura.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficios fechados los días 31 de julio y 3 de agosto del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Silvia María Saavedra Méndez, Alejandro Mendoza Santana, María del Socorro Susana Malo y Verdiguel, Juan Manuel Mata Aldape, Esteban Hernández Hernández, Héctor Cortés Gutiérrez, José Alfonso Abel Alvarado Moreno, Vicente Arroyo Rama, Zaqueo Mestas Vázquez, José Fernando Solís Mérida, Catalina Pérez Romero, Hugo Ponce Cabello , J. Jesús Ramos Rangel, Adrián Ramírez Espinosa y Marco Antonio Jiménez Solís, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados el día 4 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo;
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Silvia María Méndez, para prestar servicios como empleada de nóminas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Mendoza Santana, para prestar servicios como asesor de seguridad, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María del Socorro Susana Malo y Verdiguel, para prestar servicios como secretaria ejecutiva bilingüe, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Mata Aldape, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Esteban Hernández Hernández, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Cortés Gutiérrez, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano José Alfonso Abel Alvarado Moreno, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Vicente Arroyo Rama, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Zaqueo Mestas Vázquez, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano José Fernando Solís Mérida, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Catalina Pérez Romero, para prestar servicios como empleada de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano Hugo Ponce Cabello, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano J. Jesús Ramos Rangel, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimocuarto. Se concede permiso al ciudadano Adrián Ramírez Espinoza, para prestar sus servicios como empleado de limpieza, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio Jiménez Solís, para prestar sus servicios como empleado de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 11 de septiembre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan A. Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan M. Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes R. Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías A., David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis R., Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros G., Luis Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo J. Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Pindaro Urióstegui Miranda, Sergio Valls Hernández».
Es de primera lectura.
SOLICITUD DE C. DIPUTADO
La C. Presidenta: - Están inscritos para hacer uso de la palabra en relación a diversos asuntos, los siguientes ciudadanos diputados: Juan Manuel Lucia Escalera, José Luis Díaz Moll, María del Carmen Jiménez de Avila, Roberto Calderón Tinoco, Arnoldo Martínez Verdugo, Edeberto Galindo Martínez, Jorge Alcocer Villanueva, Efraín Calvo Zarco, Carlos Cantú Rosas, Ricardo Pascoe Pierce, José Angel Aguirre Romero.
En el uso de la palabra, el ciudadano diputado Juan Manuel Lucia Escalera.
El C. Juan Manuel Lucia Escalera: - Con vuestra venia, señorita presidenta; compañeros diputados: en infinidad de ocasiones el señor Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid, ha externado la democracia en nuestro país.
Por casualidad descubrí unos oficios dirigidos a funcionarios del gabinete, dirigidos por las comisiones
de nuestra Cámara de Diputados. En estos oficios, se dice: el señor diputado plurinominal fulano de tal, de tal partido, solicita determinada cosa. Para mí, de acuerdo al artículo 51 de nuestra Constitución, donde todos los diputados representantes son de la nación, no debe de haber absolutamente ninguna discriminación entre nosotros los diputados.
Creo que esta forma de poner plurinominal de tal partido, es una contraseña para que los representantes o jefes de departamentos o secretarios, oficiales mayores, subsecretarios del gabinete del señor Presidente de la República, no nos reciba, o en su defecto, la proposición que llevemos a gestionar sea rechazada.
Compañeros diputados: siendo una cosa lógica, natural, efectiva, solicito de ustedes que la palabra "plurinominal de tal partido", en los oficios que dirijan las comisiones a tal o cual secretaría, sean retiradas. Exclusivamente la palabra "plurinominal de tal partido", que seamos diputados todos iguales, representantes de nuestra patria. Eso es lo que vengo a solicitar de ustedes para que las gestiones que hagamos, compañeros diputados, no se nos nulifique a los que estamos trabajando. Muchas gracias, compañeros.
Trámite: De enterado, comuníquese a la Oficialía Mayor para que proceda, en consecuencia.
PROBLEMAS AGRARIOS
La C. Presidenta: - En uso de la palabra el C. diputado José Luis Díaz Moll.
El C. Luis Díaz Moll: - Con el permiso de la presidencia.
Cuando se cuestiona la política agraria en nuestro país, por lo general se responde con argumentos en el sentido de que son suposiciones y de que no se entiende que estamos viviendo dentro de un proceso de readecuación de los sistemas de producción en el campo y que, por lo tanto, nuestros cuestionamientos son infundados.
El pasado 13 de septiembre, de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, salió una marcha de aproximadamente 3 mil campesinos organizados en la Unión General Obrera Campesina y Popular, campesinos del norte de Oaxaca y del sur de Veracruz, que demanda solución a sus problemas, que demandan solución a un lastre que desde hace decenas de años han venido viviendo y que es el problema de la tenencia de la tierra.
Cuando se debate en esta Cámara de Diputados o con funcionarios de la Reforma Agraria se nos contesta que el problema en el campo ya no son problemas de tenencia de la tierra y se nos dice: "señores diputados, ahora el problema es la producción, ya no hablemos del problema de la tenencia de la tierra, ese está relativamente solucionado; hablemos del problema de la producción, porque esa es la necesidad más urgente que tiene el pueblo de México". De acuerdo, es necesario hacer producir la tierra, pero esto no obvia el problema fundamental que vive el agro mexicano y que es el problema de la tenencia de la tierra. Esta marcha - no obstante los esfuerzos que han hecho diversas autoridades porque no llegue a la ciudad de México - llegará el día de mañana y concluirá en la gran concentración popular que se realizará en el Zócalo de la ciudad, mañana 19 de septiembre.
Nosotros pensamos que no es con campañas publicitarias de millones de pesos en la televisión, ni con grandes ferias campesinas, como realmente se ataca al problema de fondo del campo mexicano. Esos millones de pesos que se estén gastando para maquillar la problemática agraria en nuestro país, deberían utilizarse para solucionar, los cada vez más lacerantes problemas agrarios en México.
La situación en el campo dista mucho de ser lo que se dijo en el pasado informe de Gobierno. Se requiere reprivatizar el campo mexicano. Pruebas, hay muchas; y estos campesinos que salieron de Tuxtepec traen muchas de cómo el Gobierno mexicano está empeñado en llevar a cabo una política agraria que promueve la concentración de la tierra en manos de unos cuantos latifundistas.
¿Cuántos certificados de inafectabilidad se han dado durante este sexenio? ¿Cuántas resoluciones presidenciales se han emitido? Y veamos que la diferencia es muy grande; ejemplos, son muchos.
Estos tres mil campesinos que salieron del estado de Oaxaca el pasado 13 de septiembre, pertenecen a 35 comunidades. Voy a leer la lista de estas comunidades.
Vienen de Cosamaloapan y sus anexos, de Nuevo Pueblo, de Nuevo Poblado Tres, de Tierra Blanca, de El Mirador, de Emiliano Zapata, Gloria de Coapa, Mariano Matamoros, Zapote Ototitlán, Zapote Colorado, General Alvarado Obregón, Charco de la Peña, Dobladero, Los Robles, Los Bálsamos, Las Cuatas, Nuevo Poblado Kilómetro 20, Cuauhtémoc, 20 de Noviembre, Tuxtlilla, Campo Nuevo, El Guayacán, La Guadalupe, El Progreso, Sinantitla, Agustín Gómez Villanueva Soledad Machín Chico, Cerritos,
Santa Teresa, El Triunfo, Camelia Roja, Zacate Colorado, Puente Villa y La Raya, de los estados de Veracruz y Oaxaca. Algunos de los diputados presentes seguramente identificaron poblados de su distrito.
Sólo habría que mencionar cómo la política del Gobierno mexicano va encaminada a bloquear, a pisotear los derechos de los campesinos de estas comunidades y, en general, del agro mexicano.
En el caso de Cosamaloapan y sus anexos, estado de Veracruz, los campesinos tienen resolución presidencial de 1983 no ejecutada. ¿Cuál es el argumento que dan las autoridades agrarias del estado de Veracruz? Plantean que esta resolución presidencial de 1983 no ha sido ejecutada porque hay una solicitud al Presidente de la República. ¿Por parte de quién? Y aquí es lo sorprendente, hay una solicitud de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz y de la Pequeña Propiedad para que no se ejecute una resolución presidencial de 1983, de Cosamaloapan y sus anexos.
Bonita defensa hacen los señores de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz de los campesinos de Cosamaloapan. Mientras, tenemos una feria muy bonita aquí en la ciudad de México: Gloria de Coapa, resolución presidencial de 1981, no ejecutada, Fue una expropiación para la construcción de la Presa Cerro de Oro.
Tuve la oportunidad de estar en el estado de Oaxaca en una reunión en donde estuvo el Secretario de Agricultura y el Gobernador de Oaxaca, donde anunciaron que todos los campesinos afectados por la construcción de la presa Cerro de Oro, iban a ser indemnizados y se les iba a entregar tierra en otro lugar. Desde 1981 fueron expropiados estos campesinos y aún viven de arrimados en otros predios.
Charco de la Peña, Cosamaloapan, Veracruz. Cinco dictámenes positivos, el primero de 1931, o sea hace 56 años, que aprobó 756 hectáreas y el último 456. Cincuenta y seis años nada más esperando.
El problema agrario esta resuelto, se nos dice y a algunos les molesta que teniendo hambre, pues uno venga a hablar de cosas incómodas que seguramente, según ellos, no responden a la realidad.
Dobladero, Cosamaloapan. Dictamen positivo de 1983, resolución no publicada. Congelada.
Santa Teresa Tuxtepec, Oaxaca. No se puede entregar, porque el jurídico de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), no refrenda su dictamen.
El Triunfo, Loma Bonita, Tuxtepec, Oaxaca. No se publica la resolución, cuando el 26 de agosto se dio dictamen positivo.
Una vez que se dio el dictamen positivo empezaron las agresiones por parte de las autoridades locales y por parte de los caciques de la región. El 26 de septiembre, fue asesinado el compañero Aureliano Carrillo Hernández de esta comunidad.
Cuando se habla de que todo está bien en el campo y de que los campesinos unidos de México muestran sus logros y sus triunfos, seguramente que se están refiriendo a otro país. Cuando existen cinco millones de campesinos de solicitantes, cuando existen problemas en la comercialización, cuando existen problemas en los precios de garantía, seguramente que la televisión mexicana ganará bastante dinero sacando la publicidad de la Confederación Nacional Campesina. Aquí está una muestra de cómo, lo que se quiere maquillar a través de los medios masivos de comunicación, escapa completamente de la realidad.
El presente régimen, por sus hechos, pasará a la historia como uno de los más antiagraristas que ha habido en la época postrevolucionaria. No aceptamos chantajes por parte de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Por eso, lo estamos manifestando hoy aquí, No vamos a adaptar las demandas, las denuncias de los compañeros campesinos al calendario político de un partido, aunque sea éste el mayoritario. Nos vamos a seguir movilizando.
Así, como lo estamos haciendo en Oaxaca y Veracruz, lo vamos a hacer en Sonora, donde el gobernador se empeño en negarnos una entrevista y esperemos que ahora sí cumpla. Nos vamos a seguir movilizando en Guanajuato, donde hemos sido agredidos por la fuerza armada y lo vamos a hacer en otros estados como Puebla, y en todos aquellos estados donde así lo demanden las luchas de nuestros compañeros. Gracias.
Trámite: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
La C. Presidenta: - En el uso de la palabra la diputada María del Carmen Jiménez de Avila.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: - Señores diputados: hace aproximadamente 15 días la planta hidroeléctrica Infiernillo,
en Michoacán, sufrió un grave accidente. Sabemos que esta planta hidroeléctrica se encuentra fuera de servicio, lo que ha afectado seriamente a diversos poblados y a la presa La Viguita.
Es indudable que dicha planta reviste suma importancia, dada su capacidad de energía eléctrica y la vasta región que se beneficia con este servicio, Sin embargo, no ha habido ningún tipo de información y, por el contrario, se ha guardado absoluto silencio por parte de las autoridades competentes.
En vista de lo anteriormente expuesto, el Partido Acción Nacional hace la siguiente proposición:
«Que la Comisión de Energéticos solicite a la mayor brevedad, la comparecencia del señor ingeniero Fernando Iriart, director general de electricidad para que nos proporcione una amplia explicación de lo ocurrido en la planta hidroeléctrica Infiernillo, así como de sus consecuencias y alcances.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.
18 de septiembre de 1987.
Rúbricas.»
Trámite: Túrnese a la Comisión de Energéticos.
PROBLEMAS EN CALVILLO, AGUASCALIENTES
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso C. presidenta; compañeras y compañeros diputados: el 4 de septiembre pasado, a esta misma tribuna vine a denunciar que en el municipio de Calvillo, del estado de Aguascalientes, se pisotean los derechos constitucionales de la ciudadanía en su pretensión de afectar a los miembros del Partido Demócrata Mexicano.
Con la denuncia que en esa fecha hicimos ante esta Cámara, aparte de las gestiones que directamente se realizaron ante el gobierno del estado que preside el C. ingeniero Miguel Angel Barberena Vega, creímos que la amenaza que se cernía sobre los habitantes de ese municipio que darían sin efecto, pero es el caso que, precisamente, el día 15 de septiembre, hace tres días - fecha en que se recordaba la iniciación del movimiento de Independencia con el que el Padre Hidalgo abolía la esclavitud y decretaba las libertades para el pueblo de México - precisamente en el municipio de Calvillo fueron agredidos, con lujo de fuerza, ciudadanos militantes de nuestro partido que se encontraban conmemorando dicha festividad.
A consecuencia de esta represión, en la que resultaron golpeados y heridos un buen número de ciudadanos, se desató, además, una represión brutal deteniéndose a 18 personas entre las que se encuentran seis mujeres; y como si se estuviera en una situación de emergencia, se decretó el bloqueo de las carreteras que comunican al municipio de Calvillo, quizá en su pretensión de impedir que ciudadanos del interior del estado se sumasen a la indignación que provocó este atentado a las garantías constitucionales.
Cabe hacer mención que reporteros de los medios televisivos hicieron una filmación de los momentos en que era reprimida la ciudadanía y se destruían equipos de sonido e instrumentos de una banda de música que amenizaba el acto conmemorativo y esta filmación. Al ser difundida por los canales locales, mereció, como era de esperarse, el repudio generalizado de la ciudadanía del estado de Aguascalientes.
No conformes con el hecho violento, las autoridades realizaron una serie de allanamientos de domicilios con el pretexto de buscar armamentos y detener a ciudadanos atribuyéndoles supuestos delitos que en ningún momento fueron comprobados. Es el caso de la ciudadana María del Refugio Durán Velasco a quien se le detuvo, fincándosele la acusación ridícula de que había secuestrado al comandante de policía. Horas más tarde, se le puso en libertad por falta de pruebas.
Tal parece, compañeros diputados, que el señor gobernador del estado de Aguascalientes, se considera un "Tarzán" cualquiera, imponiendo la ley de la selva; pero los ciudadanos de Calvillo, sabrán responder a este agravio, ya que no están dispuestos a renunciar a las garantías que consagra la Constitución y que por tanto, son indeclinables.
No es bueno, consideramos nosotros, que para nuestro país se dé o en nuestro país se dé este tipo de acontecimientos y se registren en un año político y en vísperas de la sucesión presidencial.
Si el Gobierno está realmente interesado en la participación ciudadana, debe dar muestras de que hay voluntad de su parte para respetar los derechos ciudadanos.
El Presidente de la República acaba de hablar, tanto en su informe de Gobierno, como en declaraciones
posteriores, de la necesidad de ampliar la democracia participativa. Nosotros nos preguntamos: ¿Acaso el ingeniero Barberena está en desacuerdo con el Presidente? Es cierto, los gobiernos más débiles son los que se sustentan en la fuerza de la represión y del golpe y, los más fuertes son los que se sustentan en la libertad y en el diálogo. A propósito de este hecho reprobable, la dirección nacional del Partido Demócrata Mexicano se está dirigiendo por separado al Secretario de Gobernación, demandando las garantías para los ciudadanos de este municipio y anuncio que el próximo día 20, domingo, por decisión de los mismos calvillenses, habrá de realizarse una manifestación de protestas y de repudio a estas acciones.
Los diputados de la fracción del Partido Demócrata Mexicano, apelamos a la inteligencia del gobierno de Aguascalientes y esperamos que desista de emplear estos métodos de represión que dañan a la ciudadanía y violan garantías constitucionales. Muchas gracias.
El C. Alfredo González González (desde su curul): - Pido la palabra.
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto?
El C. Alfredo González (desde su curul): - Sobre el mismo tema que se está tratando.
La C. Presidenta: - Para hechos, cinco minutos por favor.
El C. Alfredo González González: - Acabamos de escuchar palabras que realmente vienen a tergiversar lo que efectivamente está sucediendo en el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Es y debe ser del conocimiento de esta soberanía, bajo un breve análisis de los últimos hechos que han acontecido en ese municipio de la entidad de Aguascalientes en la cual, por provocaciones del Partido Demócrata Mexicano, están sucediendo.
El señor, Miguel Angel Barberena Vega, siempre ha sido respetuoso del diálogo y, sobre todo, de las garantías individuales y de la libre expresión que todos, como ciudadanos, tenemos derecho.
Por eso voy a hacer, con el permiso de la presidencia, una muy breve reseña de los últimos acontecimientos.
En el mes de diciembre de 1986, el señor Ignacio González Gollaz, acompañado del señor Roberto Picón, directivos nacionales del Partido Demócrata Mexicano; el señor Francisco García Vega, dirigente local del mismo partido y el señor Saúl Landeros, excandidato a la presidencia municipal de Calvillo, requirieron al ciudadano gobernador constitucional del estado, su intervención a efecto de que se analizara el proceso electoral partiendo de la afirmación de que había claras pruebas de violaciones legales en tales elecciones.
El gobernador del estado comisionó al secretario general de gobierno para que llevara a cabo el análisis jurídico de un memorándum sin firmas y acompañando de pruebas que al respecto formuló el Partido Demócrata con el deseo de llegar al conocimiento real de la situación legal del caso, pero bajo el supuesto de que se trataba de un proceso electoral concluido y con resultados inamovibles.
El secretario general de gobierno formuló un escrito en el que se analizaron las irregularidades invocadas, concluyéndose que las objeciones del proceso electoral del municipio de Calvillo, eran infundadas y carecían de base y son irrelevantes en cuanto a los resultados de las elecciones del ayuntamiento de ese municipio.
El señor Roberto Picón y los representantes locales del Partido Demócrata, al entrevistarse con el secretario general de gobierno y al conocer el resultado del análisis legal, manifestaron que lo que ellos pedían, no era un análisis jurídico, sino un análisis político y una solución política, a lo que se les respondió que lo convenido con su dirigente nacional y lo que éste reclamó, fue un estudio jurídico, porque inclusive, dijo tener pruebas concluyentes.
El 30 de diciembre del año anterior se entrevistaron con el señor gobernador, el señor Manuel García Lezama, en funciones de dirigente nacional del Partido Demócrata y el señor Roberto Picón y los dirigentes locales de este partido, reunión en la cual se exigió del señor gobernador que diera una solución política al caso, aun cuando sus argumentos carecieron de base legal y apoyándose para ello en la inquietud de sus afiliados en el municipio de Calvillo, bajo el supuesto de la amenaza de actos ilegales en la toma de posesión que sería al día siguiente, por que a los dirigentes los iba a rebasar la base.
Lo que se exigía para solucionar el caso, era que el presidente municipal electo no se presentara en la toma de posesión y así se celebrarían nuevas elecciones. Se explicó, por parte de las autoridades, lo infundado e ilegal de su pretensión; se le propuso que al efecto de evitar cualquier sombra de irregularidades en futuras elecciones, se diera cabida a sus puntos de vista en posibles reformas a la legislación electoral y se les hizo
notar que sus amenazas no contaban con el respaldo de las mayorías ciudadanas del municipio de Calvillo, sino sólo de una pequeña parte.
La reunión concluyó a las once de la noche manifestando los dirigentes del Partido Demócrata su propósito para continuar el diálogo y su reconocimiento a la disposición del Ejecutivo Estatal por oír sus quejas y para diseñar la mejor forma de celebrar elecciones limpias.
El día 31 de diciembre a las diez horas, un grupo de aproximadamente cien personas entre las cuales había mujeres y niños, ejecutaron actos de violencia en el local donde iba a tener lugar la toma de posesión del presidente municipal electo en la población de Calvillo y armados de palos y piedras dañaron vehículos y agredieron a algunos integrantes de la comitiva del ciudadano gobernador, lo que motivó que el acto se trasladara a la presidencia municipal donde se llevó a cabo, sin que se diera respuesta material a la agresión.
El ciudadano presidente municipal electo, entró en funciones, quedó integrado y funcionando el ayuntamiento; no se registraron más incidentes y el Ejecutivo estatal manifestó que no se proponía llevar a cabo represión alguna por los actos violentos ni existía expediente pendiente en relación a tal incidente, por la razón fundamental de carecer de pruebas suficientes para proceder legalmente y, por otra parte, se trata de un incidente al que está expuesto todo proceso electoral.
En tales condiciones, el día 6 de enero del año en curso, se presentó en la ciudad de Aguascalientes el licenciado Antonio Monsiváis Ramírez, diputado coordinador del grupo parlamentario del Partido Demócrata Mexicano y acompañado del diputado local del mismo Partido, Francisco Javier Contreras Colunga, convocaron a una conferencia de prensa, a efecto de manifestar que el incidente ocurrido el 31 de diciembre no es intrascendente y empleando un lenguaje agresivo calificó de mentirosas a las autoridades al decir que no había represión con motivo de ese incidente y apoyándose para ello en un proceso que dice se ha seguido en contra del señor Manuel Durán Silva.
Independientemente de que jamás las autoridades dijeron que se concedía impunidad a quienes hubieran participado en tal incidente y que el hecho de que las autoridades competentes tramiten algún juicio contra alguna persona, no significa que esté en marcha un proceso de represión, sino sólo que cuando hay pruebas se procede en contra cualquier ilícito. Fue clara la actitud del señor diputado Antonio Monsiváis Ramírez, de provocar inquietudes y capitalizar el incidente para alterar la paz social, pretendiendo que no se apagara el calor de ese incidente, respecto del cual se manifestó solidario en una actitud francamente violatoria del orden legal.
El día 20 de enero del año en curso, aproximadamente cien personas que se dijeron seguidores del Partido Demócrata Mexicano, predominando en el grupo, mujeres, penetraron violentamente al edificio de la presidencia municipal de Calvillo, irrumpieron en las oficinas del C. presidente municipal y lo sacaron junto con otros funcionarios a la plaza principal, donde hicieron objeto al funcionario de vejaciones, habiéndolo desnudado completamente y dedicándose el grupo a golpear a los funcionarios y a robarles sus pertenencias, trastornándose en forma total el orden público.
En tales circunstancias, elementos de la policía judicial del estado aprehendieron a los participantes en los hechos, a quienes se puso a disposición de los juzgados segundo y tercero penal de la capital del estado, llevándose a efectos los procesos números 14/87, 21/87 y 24/87.
A raíz de estos hechos, elementos afines al Partido Demócrata Mexicano desataron una campaña de prensa a base de declaraciones y desplegados periodísticos, acusando de represor al gobierno, no obstante la tolerancia y el estricto apego a la ley.
En la situación actual, el pueblo del municipio de Calvillo, ha repudiado los hechos ejecutados en perjuicio del presidente municipal, exigiendo del gobierno garantías de seguridad, para que no ocurra un hecho semejante y se ha pedido vigilancia.
Los dirigentes del PDM se han acercado a las autoridades estatales pidiendo la reanudación del diálogo, el que se ha reanudado, pero insisten los dirigentes de que ese partido, en el que se deben de celebrar nuevas elecciones, porque así lo exige el pueblo de Calvillo, a pesar del sentido de la opinión pública y se ha expresado y a pesar de que las comisiones imparciales se han hecho encuestas al municipio que determinaron que no se requieren nuevas elecciones.
Por obvio de tiempo, me voy a permitir referirme a los hechos a que he hecho referencia del compañero diputado del Partido Demócrata Mexicano.
Al aproximarse el día 15 de septiembre, los llamados pedemistas, anunciaron que iban a celebrar un acto paralelo al grito que iba a dar el presidente municipal y haciendo creer el rumor
que iban a boicotear el acto oficial por medios violentos. El día 15 de septiembre, antes de la ceremonia del grito, hubo disturbios entre los asistentes, quienes inclusive se liaron a golpes, pedemistas que iniciaron su agresividad y espectadores que no la toleraron porque la policía detuvo a los participantes en este disturbio y la ceremonia se realizó sin problema.
Los detenidos de referencia jamás fueron golpeados por la policía, se golpearon entre si y sólo se les impuso una sanción administrativa, pero como entre esos detenidos se encontraban personas que habían participado en los hechos del día 20 de enero del año en curso, cuando invadieron la presidencia municipal y vejaron al presidente municipal en contra de los cuales se ejercían órdenes de aprehensión emanadas de autoridad judicial, fueron detenidos y puestos a disposición del juez.
Saúl Landeros, excandidato a la presidencia municipal del PDM y que también participó en la riña de referencia, fue detenido por existir una orden de aprehensión en su contra, dictada por el juez décimo tercero de lo penal de esta ciudad de México, Distrito Federal.
Las personas que fueron privadas de su libertad el día 15 de septiembre del año en curso, fueron en virtud de disturbios y faltas administrativas, lo reitero, lo que ameritó una sanción administrativa mediante la cual recobraron su libertad y sólo permanecieron detenidos aquellos en cuya contra existía una orden de aprehensión que no se había ejecutado.
En Aguascalientes prevalece el orden jurídico. Nuestro estado, por historia, por tradición, ha sido tranquilo y siempre pujante y dedicado a trabajar.
En Aguascalientes no hay represión, en Aguascalientes hay libertad, pero sí hay mano dura contra aquellas personas que quieren alterar el orden público. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso C. Presidenta; señores legisladores: con la intervención del diputado que me antecedió el uso de la palabra, con lo que quiso - según él - aclarar lo que yo vine a trasgiversar, al menos así lo dijo, sacó un expediente o recurrió a un expediente en el que cuenta problemas de origen electoral que en ningún momento vine a mencionar, sino única y exclusivamente la violación a las garantías constitucionales y el agravio cometido a ciudadanos del municipio de Calvillo, que fueron agredidos en forma violeta y brutal por los antimotines del estado de Aguascalientes y que no nos diga por favor el compañero diputado de que los compañeros a lo mejor en sus prisas de huir y de ponerse a salvo del garrote y de la macana se golpearon entre sí; esto bien sabemos cómo ocurre y no es creíble ni tiene el peso para una argumentación en contra de la denuncia presentada en este pleno.
Bien sabemos nosotros que el sistema cuando quiere cubrirse, siempre desconoce que él cometa actos de agresión en contra de los ciudadanos y los atribuye a otros fines, a otros planes aviesos o a otro tipo de elementos con los que quieren ellos justificarse; recordemos que Díaz Ordaz cuando era titular del Gobierno del país, hablaba para justificar lo de la matanza de Tlatelolco, de complot y de planes que había de desestabilización, sin embargo, años más tarde Luis Echeverría cuando era Presidente de la República, en un acto de reconocimiento a los actos ocurridos en Tlatelolco, participó en una ceremonia donde, inclusive, se guardó un minuto de silencio.
No creemos nosotros que cuando suceden este tipo de agresiones al pueblo, debamos esperar a que tengan resultados trágicos para después tratarlos de reconocer o enmendar con simples minutos de silencio. Necesitamos que se de un pleno respeto a las garantías individuales, no hay argumentos que valgan para justificar las acciones represivas de los gobiernos cuando no pueden, mediante el diálogo y argumentos, o sea, con palabras, hacerse entender con los ciudadanos a quienes pretenden gobernar.
No quiero abundar yo en el antecedente al que se refirió el compañero diputado, respecto al municipio de Calvillo, de eso creo estableceríamos un debate en el que, sin duda, nosotros tendríamos que hacer infinidad de denuncias en favor de los compañeros que han sido en esta ocasión agredidos, sino reiterar que estamos denunciando una agresión de la que fueron víctimas cuando se encontraban realizando un acto conmemorativo a las fiestas patrias y que estos compañeros en ninguna forma tenía por objetivo el boicotear; en última instancia, ellos fueron los que resultaron boicoteados por los antimotines cuando fueron agredidos y nunca los micrófonos o los aparatos de sonido, ni los instrumentos de una banda de música, constituyen elementos que puedan considerarse como armas que van a emplear los ciudadanos en contra de un gobierno impopular. Muchas gracias.
SOLICITUD DE EXHORTACIÓN
La C. Presidencia: - Tiene la palabra el diputado Pablo Pascual Moncayo.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Con el permiso de la presidencia; escasos compañeros que están aquí presentes en esta sesión: el día 4 del presente mes el grupo parlamentario del PMS, presentó a consideración del pleno de esta asamblea un punto de acuerdo en el cual solicitaba a la Cámara de Diputados citara a comparecer al ciudadano Fernando Hiriart Valderrama, director de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que antes de que se iniciara la carga del reactor de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, explicara las consideraciones técnicas, económicas, sociales, ambientales y políticas que fundamentaban la decisión de iniciar las operaciones de dicha planta.
Asimismo, se solicitó en esa fecha que la Cámara de Diputados a través de las comisiones unidas de Energéticos y Ecología y Medio Ambiente, se reunieran a la brevedad posible con los integrantes de la misión científica del organismo internacional de energía atómica, a fin de que éstos explicaran a los diputados sus puntos de vista sobre las condiciones de seguridad de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Ambos puntos de acuerdo fueron turnados por la presidencia de esta Cámara a las comisiones de Energéticos y Ecología y Medio Ambiente, para su estudio y dictamen, el cual debería presentarse a consideración del pleno de la Cámara.
En la argumentación que fundó y motivó las solicitudes, se hizo énfasis en la urgencia de su discusión y aprobación.
No obstante lo anterior, a la fecha no existe dictamen sobre los puntos de acuerdo presentados, ni siquiera se han reunido las comisiones citadas para hacer el análisis correspondiente, con lo cual se está transgrediendo lo señalado por el artículo 87 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de las comisiones, de presentar dictamen de los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hayan recibido.
«Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos de la presidencia de esta Cámara, que en uso de sus atribuciones, se exhorte a las comisiones de Energéticos, Ecología y Medio Ambiente, para que presenten del término reglamentario del dictamen sobre los puntos de acuerdo turnados con fecha 4 de septiembre del año en curso y si esto no fuera suficiente, emplazarlos para día determinado de acuerdo con lo establecido por la disposición reglamentaria aplicable.
Por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, diputado Pablo Pascual Moncayo.»
La C. Presidenta: - Se hace atenta excitativa a las comisiones de Energéticos y Ecología, para que, en términos reglamentarios, resuelvan los asuntos de referencia que les fueron turnados en la sesión del 4 de septiembre.
DENUNCIA DE C. DIPUTADO
La C. Presidenta: - Tiene la palabra C. diputado Edeberto Galindo Martínez.
El C. Edeberto Galindo Martínez: - Señores compañeros diputados: "El señor licenciado José Jorge Alvarez Compeán, presentó en la Agencia del Ministerio Público Federal, cuyo titular es el licenciado José de Jesús Quiñones, en contra del señor Enrique Cisneros Tavera, quien actualmente desempeña el cargo de delegado de la Secofi en Ciudad Juárez, Chihuahua, la denuncia en cuestión se fundamenta en el enriquecimiento ilícito del citado funcionario y se le asignó el número de expediente número CH - 116/87(XII); asimismo, se presentó denuncia por el mismo concepto en la Contraloría Interna de Secofi en México, Distrito Federal, bajo el número de expediente CJ - 87 - 832; es el caso que la integración de la averiguación contra el citado funcionario no avanza, razones por las que solicito que la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados requiera información, tanto de la Agencia de Ministerio Público Federal de Chihuahua, como de la Contraloría Interna de Secofi, del estado que guarda la investigación invocada en contra del ciudadano Enrique Cisneros Tavera. México, Distrito Federal, a 18 de septiembre de 1987".
Quiero agregar algo más, es la segunda denuncia que se pone en contra de este ciudadano; la primera se congeló. Yo soy empleado y he estado presentado mis servicios en dicha delegación por 20 años, estoy disfrutando ahorita de una licencia para ocupar este puesto de elección popular.
Antes de venir a ocupar mi curul en esta Cámara, en los últimos días que me tocaron de servicio, yo hice una investigación en Ciudad Juárez sobre el uso del subsidio a la harina. Encontré desviaciones muy graves en la desviación de las harinas subsidiadas. Hasta la fecha, siempre que
voy a Juárez voy a la delegación y les pregunto qué resultados han tenido aquellas investigaciones y no se reporta nada, dicen que aquí en México estas cosas son muy lentas .
Señoras y señores: yo creo que debemos nosotros todos estar en esa lucha permanente para terminar con esos actos de corrupción.
Estoy incluyendo en este escrito que estoy presentado para que se turne a Gestoría y Quejas, los documentos de la declaración de ingresos y bienes del citado delegado donde están en cero, pero estoy presentando también los documentos de los bancos del El paso, Texas, de los comercios de El paso , Texas, de la cantidad de dólares que maneja y aquí está también, en este mismo escrito, la traducción de todos estos documentos, mismos que están en los dos expedientes. Lo dejo aquí para que se nos turne esto a Gestoría y Quejas, y yo creo que es necesario que se aclaren estas situaciones para tranquilidad del pueblo de Ciudad Juárez y que no se siga protegiendo a ese señor.
Quiero decirles que la experiencia me ha enseñado que siempre que hacen declaraciones en contra de las sanciones que ponen en tortilleros o panaderos u otros comerciantes y ponen sellos y clausuran negocios, inmediatamente al día siguiente los rompen los mismos negociantes.
A mi me tocó en una ocasión ir a clausurar también, por instrucciones del delegado, un comercio, un centro comercial por tres días; al día siguiente, a las cuatro de la tarde se rompió el sello por instrucciones del entonces delegado. Todos los delegados que han funcionado, que han estado ahí, no han funcionado correctamente; es necesario pues que se ponga interés en este asunto. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ARRENDAMIENTO DE BUQUES PETROLEROS
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Compañera Presidenta; compañeros diputados: hace aproximadamente año un mes, presentamos ante la Comisión Permanente del Congreso, la solicitud de que se investigaran las operaciones del arrendamiento de buques petroleros, por parte de Petróleos Mexicanos, en particular, respecto a los contratos celebrados con una empresa denominada Flota Petrolera Mexicana. Como resultado de esa denuncia, la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de esta Cámara, recibió de la Contraloría de la Federación y de la propia empresa paraestatal una gran cantidad de documentos sobre estos contratos. La comisión vino analizándolos, se revisaron los avalúos; todos ustedes estuvieron enterados de este asunto y, finalmente, el día 24 de julio de 1987, la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial emitió un dictamen; un dictamen que pretende ser el punto final de este asunto.
Sin embargo, no lo es, y voy a decir por qué no lo es, a nuestro juicio.
Primero. Hay que aclarar que esta resolución, mejor dicho, no es dictamen, fue firmada, que nosotros sepamos, exclusivamente por los diputados del PRI. En esta resolución se asientan seis puntos, en particular, los puntos quinto y sexto deberían hacer inaceptable para la Cámara de Diputados como pleno, esta propia resolución. El punto quinto dice lo siguiente: "La Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial estima, en función de la información recabada, que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ha revisado satisfactoriamente y en detalle, la naturaleza y particularidades de los contratos de fletamiento celebrados entre Pemex y la compañía Flota Petrolera Mexicana.
Nosotros sostenemos que ésta es una opinión dada, cuando menos, a la ligera, puesto que no consideró el contenido de los propios avalúos que Pemex mandó hacer, para justificar el precio pactado por el arrendamiento con la empresa Flota Petrolera.
Esos avalúos tienen una doble particularidad: primero, quien arrienda los barcos es el primer interesado en que el precio que se pagó por ellos sea el más alto, cosa absolutamente inusual en cualquier operación comercial. Es como si yo fuera a rentar una casa y al pedir el avalúo pidiera que fuera el más alto para que me la renten lo más caro posible, digo, eso ofende la inteligencia de cualquier persona y así está la situación: Pemex consiguió avalúos para demostrar que los barcos valían 19 millones de dólares y había otros, si ustedes recuerdan, que los barcos sólo valían 12.
Pero además Pemex nos mandó unos avalúos que, por ejemplo, dicen cosas como esta: El valuador se lava las manos y dice que todo su avalúo lo hizo con base en la información que Pemex le proporcionó, que nunca vio los barcos, que por tanto no asume ningún compromiso presente ni futuro respecto del uso que se haga del
avalúo. Es un avalúo prácticamente diciendo, "a mi me pagaron por decir que valían esto, me lavo las manos" y se los entrego.
¿Cómo es posible que la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial pretenda que este asunto está resuelto con este tipo de avalúos? Bueno, pero sin embargo, decidieron echarle tierra al asunto, Mario Ramón Beteta ya iba al estado de México, ya en Pemex había nuevo contralor y había que tapar el asunto y decidieron taparlo por esta vía, limitando las continuidades de la Cámara de llegar al fondo de la discusión. Este es el verdadero problema.
Pero además, la comisión nos da un resolutivo que además, francamente nosotros sabemos de dónde salió, quién le propuso. Porque el punto sexto, dice: "La Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, recomienda a Petróleos Mexicanos que en estricto cumplimiento del programa de mexicanización de la flota petrolera, para la consecusión de embarcaciones se prefiera en primer término a la flota de la propia empresa, Y sólo si esto no resulta conveniente ni en el mejor interés de la empresa, se prefiere entonces a las empresas del Estado - y aquí viene lo importante - al Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la República Mexicana y a los sectores social y privado".
Resulta que una comisión de esta Cámara le recomienda a Pemex que le de contratos al sindicato. ¿Cómo es posible? Por eso nosotros no podemos aceptar este dictamen, por eso el diputado Pablo Pascual y los otros diputados en ese entonces del PSUM, compañeros que en ese entonces estaban en el PST, otros diputados hoy integrados en la fracción del PMS y de otras fracciones parlamentarias se negaron a firmar esto.
¿De dónde salió la propuesta de recomendar una comisión de la Cámara darle contratos al sindicato petrolero? En cuanto nosotros presentamos este asunto, en la Comisión Permanente, dijimos claramente que nos oponíamos terminantemente a que la mafia que se había creado para estos contratos se usara para enfrentar a la otra, que es la que está en el sindicato petrolero, lo dijimos, pero a alguien se le ocurrió que la Cámara debía recomendar darle contratos al sindicato, Y no sé si esto lo pidió el sindicato, sería bueno que nos lo aclarara, pero nosotros estamos totalmente en contra, porque no es posible que la Cámara, a través de una resolución oficial, propicie y fomente la corrupción que se ha generado con el contratismo en Pemex; entonces nosotros decimos por eso que este dictamen, esta resolución es inaceptable para una Cámara que estuviera conociendo verdaderamente de los asuntos que se le turnan. Se ha pretendido darle carpetazo al asunto, no señores, este asunto tiene un mar de fondo que ojalá algún día se pueda aclarar, porque hubo demasiados puntos obscuros que nunca fueron resueltos.
Además, queremos solicitar a la presidencia de esta Cámara de Diputados que en uso de sus facultades, exhorte al presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que se dictamine una iniciativa de ley que nosotros presentamos el 19 de agosto de 1986 y que pretendíamos fuera la consecuencia legislativa de la investigación que realizaba la Cámara, que era una propuesta de reformas a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Inmuebles; porque haciendo una interpretación mañosa de la ley, se permitió a Pemex adjudicar los contratos a la empresa Flota Petrolera sin mediar concurso alguno y entonces nosotros presentamos una propuesta para que eso no volviera a ocurrir, la propuesta está en manos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales desde el 19 de agosto de 1986, y nos parece que lo de menos que podría haber hecho también la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial en su resolución era pedir o seguir o recomendar a la Comisión de Gobernación que dictaminara sobre esa propuesta.
Miren ustedes, parece que este asunto no tuviera mayor problema, yo les quiero leer una información que salió sobre la empresa Flota Petrolera Mexicana en la columna portafolio del Excelsior que escribe un señor que se llama José Pérez Estuart.
Dice que esta empresa tiene cuatro divisiones, la división marítima formada por Flota Petrolera, S. A. de C. V., se está refiriendo a Holdin Fiasa que ahora es la propietaria de esta empresa. Actualmente es la división más importante, esta empresa cuenta con dos buques tanque con capacidad de 40 mil toneladas de carga uno, encontrándose contratos a largo plazo con Pemex, dichas embarcaciones se adquirieron a través de un préstamo de 33.9 millones de dólares pagaderos a 10 años y con una tasa fija del 11% anual, este crédito está respaldado por un contrato de fletamiento a 10 años, el cual prevé pagos en dólares para afrontar al adeudo.
Se espera que para el cierre del ejercicio 1987, contribuya con el 29.7% de los ingresos de la Holding Fiasa, pero con el 63.8% de las utilidades.
Y sólo con dos barcos que compraron y que le arriendan a Pemex, al 31 de octubre de 1987, llevan utilidades por 2 mil 400 millones de pesos. Un mil 200 millones por barco. Ya quisieran los mexicanos que en vez de enriquecer a este tipo de empresas, a este tipo de mafias, ese dinero se repartiera de otra manera.
Pedimos a la presidencia exhorte al presidente de la Comisión de Gobernación a cumplir con su responsabilidad reglamentaria y emitir dictamen sobre nuestra iniciativa de ley. Muchas gracias.
El C. Santiago Oñate Laborde (desde su curul): - Para hechos, sobre el tema que acaba de tocar el diputado Alcocer.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Santiago Oñate.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Ciudadana Presidenta; compañeros diputados: lo primero que quisiera enfatizar en esta breve intervención, es que quizá nuestro compañero Jorge Alcocer padece, por el largo tiempo transcurrido, algún olvido.
En efecto, él solicitó ante la Comisión Permanente, en el mes de julio de 1986, que se investigase una contratación realizada por Pemex de unos buques tanques propiedad de una determinada empresa, que se investigase el financiamiento con el cual los mismos habían sido adquiridos.
Lo que tal vez olvida Jorge Alcocer, es que en aquella ocasión votó la Permanente en contra de su propuesta y aprobó, en cambio, la de un servidor, tendiente a conocer e investigar el programa de mexicanización de la flota petrolera de Petróleos Mexicanos. Esta y no otra, fue la encomienda que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dio a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial; ésta y no otra, es la tarea realizada por la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial que culmina con la resolución a que se ha hecho referencia en la intervención precedente.
El compañero diputado Jorge Alcocer ha vertido una serie de consideraciones en torno al trabajo de dicha Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, que me parece necesario precisar, pretendería yo corregir, porque creo que no han sido atinadas sus observaciones.
La Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, en el estudio del Programa de Mexicanización de la Flota Petrolera, rebasó en buena medida los límites que la Permanente le había señalado a su tarea y no se contentó con un examen genérico de las acciones seguidas por Petróleos Mexicanos. Pidió detalles y pidió precisiones no sólo de la empresa, se solicitaron avalúos no sólo de la empresa; se realizó una tarea conjunta tanto por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como por Petróleos Mexicanos, que hubieron de culminar, como es del conocimiento de los miembros de dicha comisión, de la cual, señalo, ni el compañero Alcocer ni un servidor formamos parte, pero a la cual hemos asistido. Se tuvo por resultado, entre otros, no de poca monta, una revisión de las tarifas que se venían aplicando en la contratación de transportación marítima.
En cuanto a la resolución emitida por la comisión, debemos de tener presente, que ésta fue como se dijo, suscrita por todos los que estuvieron presentes en la reunión. No fue objetada por ninguno de los presentes. La intervención anterior hace prueba de que el compañero Alcocer no estuvo presente en esa asamblea, porque cuidadoso como es de los trabajos parlamentarios, estamos ciertos que lo que aquí vino a decir, lo hubiera dicho entonces, por ser esa la sede apropiada para las recriminaciones que formuló.
Considero que como diputados, no podemos aceptar que se diga que la tarea realizada por la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, viene a limitar las posibilidades de acción de la Cámara, como aquí se dijo. Si se examina el expediente formado por la comisión en el estudio de este asunto, se podrá apreciar que hubo dedicación de casi un año y aquí no es una mera paráfrasis la que estamos utilizando, se podrían ver las distintas comunicaciones que fueron giradas oportunamente por su presidente, a distintos funcionarios públicos, las respuestas que se recabaron y la distribución de material entre los miembros de la comisión, la oportunidad de formular comentarios a los mismos y de elaborar, finalmente, una resolución en la cual se formula, sí, lo reconocemos, un conjunto de recomendaciones, porque no es otra, la capacidad en la cual puede intervenir la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, bien lo sabemos, que no corresponde a comisión alguna de esta Cámara el decretar la nulidad o la validez de un contrato celebrado por una empresa y un determinado prestador de servicios.
Sabemos y reconocemos, como él lo dijo aquí, que la tarea está aún por llegar a su culminación con las reformas que en su oportunidad fueron iniciadas por el diputado Alcocer.
En mi carácter de miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, asumo
esa responsabilidad y me comprometo con los que han presentado la iniciativa, a llevar un término, esperamos que sea un feliz término, la iniciativa entonces planteada. Gracias. (Aplausos.)
El C. Pablo José Pascual Moncayo (desde su curul): - Pido la palabra.
La C. Presidenta: - ¿Con qué objeto ciudadano diputado?
El C. Pablo José Pascual Moncayo (desde su curul): - Sobre el mismo asunto.
La. C. presidenta: - Por favor, diputado.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Con permiso de la presidencia; compañeros diputados: quisiera aclarar, porque en el señalamiento que hacía el diputado Oñate, me parece que en honor a la verdad hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo que se dio en el seno de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, por investigar, por recibir la documentación adecuada para poder emitir una opinión en la búsqueda que parece no solamente de la concertación sino de la búsqueda de la verdad, de la cual había sido el origen de esta forma de contratación que se daba en Pemex; por una parte, en base no solamente al volumen de lo que se estaba negociando, sino el significado que tiene una empresa como Pemex para el desarrollo del país y el significado que tienen las acciones que se dan en esta empresa para un eventual reordenamiento no solamente de la economía sino del quehacer político en este país.
Y efectivamente, la comisión requirió de parte de la Contraloría y de Pemex la información en torno a este negocio, se recibió una información importante que fue distribuida a todos los miembros de la comisión. Se trabajó en relación a esto, pero nosotros comunicamos a la presidencia de la comisión que no estábamos de acuerdo con la resolución que se había tomado. Efectivamente, el compañero Oñate dice la verdad cuando señala que en la reunión nadie habló en contra de esta resolución; algunos no llegamos a tiempo y entonces hicimos saber a la presidencia las diferencias que teníamos y el por qué no firmábamos esta resolución.
A pesar de aceptar que algunos de los considerandos son válidos, en algunas de las resoluciones no estamos de acuerdo, que son las que señalaba el compañero Alcocer y entonces vale la pena aclarar que sí hubo diferencias que se señalaron a la presidencia, que la ocasión debería haber sido en el pleno de la propia comisión, que desafortunadamente no tuvimos oportunidad de expresarlo, pero que se lo hicimos saber al compañero Menéndez y también lo hicimos saber a través de un comunicado de prensa que fue difundido.
Y entonces quisiera aquí simplemente aclarar, haciendo este reconocimiento, que hay diferencias, que hay diferencias también separando los dos planos en los cuales se presenta esta discusión.
Por una parte, desde nuestro punto de vista de varios compañeros que somos integrantes miembros de esta comisión, no queda a plenitud, no queda satisfactoriamente claro el por qué fue asignado este contrato a la empresa Holding Fiasa, por qué fue asignado este contrato a Isidoro Rosique.
Tampoco queda claro el por qué ese mecanismo de tarifas, en el cual está indexado el precio del transporte al precio del barco, se determinó como base o se sentó como base para el establecimiento de esas tarifas. Tampoco quedó claro, desde nuestro punto de vista; para otros compañeros quedó muy claro con la información.
Era una de las diferencias que nosotros señalamos, por lo cual no estábamos de acuerdo para poder firmar la resolución; y en segundo lugar, también porque nosotros consideramos que en el caso de Pemex no solamente es en relación a los barcos sino en relación a muchos otros negocios, no se tiene a satisfacción plena de la opinión pública todos los elementos para poder opinar y es el caso, porque después de los de los barcos, y después de que salió de la dirección de Pemex como candidato del PRI al estado de México el licenciado Beteta y pasó como director de Pemex, el que era Secretario de la Contraloría, inmediatamente después se hizo un contrato millonario con el sindicato, en relación al mantenimiento que no se había dado en el transcurso de la administración del licenciado Beteta, y no quedó como en los barcos, en este caso, a plenitud y satisfacción de la opinión pública. ¿Cómo es posible que haya cambios radicales, tan abruptos, en tan corto plazo, de dos administraciones en un mismo sexenio con criterios tan diferentes?
Y aquí el problema es señalar, en el caso de Pemex, todo este manejo, de estos grandes volúmenes de dinero, deberían ser aclarados, deberían ser presentados a la opinión pública, a satisfacción plena para que se tuvieran todos los elementos y no a sacar conjeturas de por qué una dirección se comporta de una manera y otra se comporta de otra.
Porque como todos sabemos, al inicio del sexenio, había una confrontación entre la administración
y el sindicato; a juzgar por la situación que se presenta ahora, aparentemente la nueva administración está en mejores relaciones con el sindicato; pero aquí el problema no es si se enfrenta a la dirección, si se enfrenta la administración con el sindicato, aquí el problema es que la empresa no es ni del sindicato ni de la administración sino que es del pueblo de México, y por eso debería ser a plena satisfacción e información en torno a todos los negocios que se realizan en Pemex. Gracias.
La C. Presidenta: - Se formula atenta excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que, en términos reglamentarios, resuelva el asunto de referencia planteado por el diputado Jorge Alcocer.
CONFLICTO LABORAL DEL SINDICATO DE LA SARH
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Calvo Zarco: - Con su venia, señora presidenta: voy a leer un comunicado de diversas fracciones parlamentarias, dice así:
"Hoy, 17 de septiembre, cumplen 11 días de ayuno prolongado cuatro trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos, iniciada por la cerrazón e intransigencia y el autoritarismo de las autoridades de la dependencia; así como de la complacencia y aceptación de las medidas por parte del sindicato nacional.
"El primer resultado se ha manifestado ya. El ciudadano Silvino Palomares sufre los estragos al grado de ver seriamente afectada su salud, por lo que responsabilizamos a Eduardo Pesqueira Olea, Carlos Sierra Olivares, al delegado estatal de la Secretaría en el estado de Guerrero, Morelos Vargas, a Cutberto Medina C. y al diputado federal Jaime Martínez Jasso de las lesiones que sufren los trabajadores o que sufren los trabajadores en huelga, de mantener su actitud negativa al conflicto.
Cabe recordar que en días pasados se solicitó la intermediación de esta honorable Cámara, a fin de encontrar la solución al conflicto. Para ello, se turnó a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas la solicitud.
"No obstante, es importante que las fuerzas políticas aquí representadas manifiesten su vocación solidaria para con quienes hoy exigen respeto a sus derechos.
Por lo anterior, las fracciones parlamentarias abajo firmantes, nos pronunciamos en favor de la lucha de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y demandamos la solución favorable de sus exigencias, que son las siguientes: Pago inmediato de las 2 mil cédulas de regularización de puestos, reinstalación de los seis despedidos políticos, cinco del Distrito Federal y uno de Iguala, Guerrero, entrega de las 240 casas a los trabajadores descentralizados del estado de México, pago de viáticos y auxilio de campo a extensionistas agrícolas, alto y cese a la represión administrativa sindical y aumento general de emergencia."
"Firman los CC. diputados: Manuel Terrazas Guerrero, por el Partido Mexicano Socialista; Jesús González Schmal, por el Partido Acción Nacional; Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano; Beatriz Gallardo Macías, por el Partido Socialista de los Trabajadores; Carlos Cantú Rosas, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y un servidor por el Partido Revolucionario de los Trabajadores." Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES
La C. Presidenta: - En el uso de la palabra, el ciudadano diputado Carlos Cantú Rosas.
El C. Carlos Enrique Cantú Rosas: - Diputada Presidenta; compañeros diputados: qué bueno que alguno de ustedes después de tomar tranquilamente sus alimentos se hayan restituido a este salón de trabajo en donde un grupo de compañeros, preocupados fundamentalmente por los aconteceres nacionales, a estas horas de la tarde siguen realizando esfuerzos por encontrar soluciones a muchos de los graves problemas que nos aquejan.
No es raro que en el desarrollo de estas sesiones, ópticas contradictorias desde el punto de vista socioeconómico y político se confronten muy frecuentemente. Cuando ustedes estaban comiendo, compañeros diputados, arribó a esta tribuna un compañero representante del Partido Demócrata Mexicano, nos menciono en un recorrido inmediato, las vicisitudes, los dolores y las heridas de algunos militantes de su partido o simpatizantes, han sufrido a cargo de las autoridades represivas de la entidad; nos señalo un rosario de peripecias en donde indudablemente son confrontadas las garantías ciudadanas y el derecho constitucional.
Inmediatamente después, arribó a esta tribuna un representante del Partido Revolucionario Institucional, un diputado federal también de esa entidad, por él nos enteramos de algunas cosas que el diputado del PDM no nos había expresado, supimos que el presidente municipal de Calvillo, había sido agraviado por los habitantes de Calvillo al grado tal que arribaron a su oficina en el palacio municipal, posteriormente, casi en peso, un grupo de cerca de 100 personas, primordialmente mujeres, señaló él, lo dejaron en la plaza pública, despojándolo de su ropaje, es muy lamentable lo que sucede, obviamente nos causa dolor, tristeza y vergüenza, pero si esas actitudes se tomaron en cada municipio en donde el presidente municipal es impuesto, en cada distrito local o federal donde el representante no es resultado de la confrontación pública, lamentablemente el territorio nacional sería un gigantesco campo nudista, pero indudablemente mucho habríamos avanzado en el fervor democrático y respeto a la voluntad popular.
Posteriormente, arribaron también a esta tribuna, diputados con ópticas muy diferentes. Lo hicieron algunos hablando específicamente sobre los innobles, antipatrióticos, criminales manejos que en algunas áreas de la administración pública se realizan en nuestro territorio nacional en esta etapa de crisis y concretamente algunos contratos que se llevan efecto en Petróleos Mexicanos que sólo tiene el nombre pero que los energéticos cada vez son más caros y ajenos a los mexicanos.
En esas diferencias de ópticas, encontramos el razonamiento fundamental para el estallido de la Reforma, para el estallido de la Independencia y para el estallido de la Revolución.
Y nosotros, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, consideramos un gigantesco contrasentido que uno de los artículos fundamentales del Pacto Federal, que es el artículo 8o.; el derecho de petición no tenga la reglamentación correspondiente o en ninguno de sus términos o postulados, señale la obligatoriedad ciudadana y del Estado de dar contestación al ciudadano que ejerce este derecho.
En tal circunstancia, por tales antecedentes, vamos a presentar ante ustedes, una iniciativa que reforma el artículo 8o. constitucional. Atentos, señores diputados, a los siguientes considerandos que habré de leer a ustedes en forma rápida tratando de no distraerlos de sus diversas ocupaciones.
Primero. Fue el artículo 37 del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana del generalísimo don José María Morelos y Pavón, en donde se estableció por primera ocasión en nuestro país, lo siguiente: A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. Extrañamente, en la Constitución de octubre de 1924, pasó desapersibida esta importantísima garantía individual, pues ni en el acta constitutiva ni en la propia Constitución, se estableció precepto alguno en donde se señalase la facultad de ejercer el derecho de petición a los ciudadanos de la República.
Segundo. En el Constituyente de 1857, estableció como artículo 8o., lo siguiente: Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa, pero en materia política, sólo pueden ejercerlo ciudadanos de la República. A toda petición, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y ésta tiene obligación de hacer el resultado al peticionario.
Tercero. Don Venustiano Carranza, presentó el 6 de diciembre de 1916, su proyecto de Constitución al Congreso Constituyente y el artículo 8o. señala: Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición - esto es fundamental - deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
El 12 de diciembre de 1916, los diputados Mújica, Román, Monzón, Recio y Colunga, dictaminaron que no existía ninguna observación sobre el proyecto presentado por el entonces Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, pero por lo que hace al debate, la crónica del Constituyente señala la participación de los diputados Pastrana Jaimes, Calderón Palavicini y Navarrete, en donde la esencia del debate consistió fundamentalmente en el que si se establecía un tiempo determinado, para que la autoridad contestara al peticionario o no, sometiéndose finalmente a votación y siendo aprobado el proyecto de Carranza, en extraño paralelismo a lo que hoy acontece, por 168 votos a favor.
De lo anterior, se puede observar que no hubo una modificación fundamental del artículo 8o. en la Constitución de 1957 y en el proyecto aprobado en el Constituyente de 1917.
Cuarto. En nuestro sistema jurídico, como en el presente caso, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, no ha sentado jurisprudencia y ni siquiera sus tesis establecen un término específico para que la autoridad conteste a quien ejerce el derecho de petición, por lo que es obligación del Constituyente revisor, no sólo interpretar, sino reformar el artículo 8o. constitucional, con el objeto de darle luz a un derecho que no se ha ejercitado un plenitud y a mayor abundamiento, me permito citar dos de las tesis más importantes que la Suprema Corte de Justicia ha dictado sobre el artículo 8o. de nuestra Carta Fundamental.
Atento a las siguientes consideraciones. Atento a lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presentó un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional. Dicha tesis jurisprudencial es la número 767, la localizamos en el apéndice de jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, página 1411.
Otra tesis al respecto señala lo siguiente: "El artículo 8o. constitucional. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que la expresión "breve término" empleada por el artículo 8o. de la Constitución General de la República, debe entenderse como aquél en que racionalmente puede conocerse una petición y acordarse".
En aplicación a este criterio, el término de 18 meses transcurrido desde la fecha de una solicitud y la fecha de demanda de amparo, debe estimarse más que racional para que la oficina de licencias del Departamento del Distrito Federal pueda conocer y resolver tal solicitud, sin que sea valedero el argumento relativo a que el gran número de solicitudes acordadas imposibilita el despacho rápido de las mismas.
La presente tesis la encontramos en el boletín de 1958 en la segunda sala en la página 594, este es pues, compañeros diputados, el criterio de la Suprema Corte de Justicia que en poco o en nada beneficia aquellos números gigantescos de mexicanos que se encuentran en la hipótesis de ejercer un derecho que queda inconcluso.
De 1917 a 1987 el artículo 8o. constitucional no ha sufrido ninguna modificación. El derecho de petición es una de las garantías primordiales por las que lucharon los hombres de la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero sin duda alguna también es cierto, que una de las preocupaciones y angustias del ciudadano del México moderno es el de presentarse ante un servidor público a solicitar un servicio determinado y le indiquen, en forma indefinida, que en su tiempo recibirá contestación.
Y esto, señores, va en contra de los principios fundamentales del derecho, como son la seguridad jurídica y de justicia.
En base a lo expuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través de la fracción parlamentaria de esta LIII Legislatura, expone lo siguiente:
1o. Que es en las leyes ordinarias y los reglamentos, en donde debe establecerse primordialmente un término para que la autoridad notifique al peticionario el proveído respectivo, tomando en consideración la materia de la petición;
2o. Que es el Constituyente revisor quien debe establecer en la Carta Magna tiempo mínimo para que el funcionario público de respuesta al peticionario, en caso de que no se señalen los ordenamientos jurídicos secundarios;
3o. Que es por medio de lo anterior, como se le va a dar confianza al ciudadano y se le dará mayor eficiencia y eficacia al ejercicio de la administración pública, pero, sobre todo, será una realidad el ejercicio de la garantía individual del derecho de petición.
Por las razones expuestas, señores diputados, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone por mi conducto a esta asamblea, se reforme el párrafo segundo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 8o. segundo párrafo. Cuando la legislación ordinaria no establezca un período de tiempo determinado, se entenderá el de cinco días hábiles para que el servidor público ante quien se ejerció el derecho de petición de respuesta al peticionario. En caso de no recibirse contestación, se tendrá por resuelto favorablemente.
Atentamente, por la fracción parlamentaria, los integrantes de la misma. Gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROBLEMAS CAMPESINOS EN ZACATECAS
La C. Presidenta: - En el uso de la palabra el ciudadano diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Pascoe Pierce: - Señores diputados: la fracción parlamentaria de mi partido desea dar a conocer una denuncia que formula el
Frente Popular de Zacatecas, por considerar que es una denuncia que refleja una situación imperante en el campo de nuestro país. El texto dice lo siguiente:
"Honorable Cámara de Diputados: Desde hace uno dos años se ha constatado la presencia en el estado de Zacatecas de la organización paramilitar y neofascista Antorcha Campesina, que desde su llegada a este estado y con la amplia cobertura de algunos funcionarios públicos viene desempeñando el papel que le ha caracterizado en otras partes del país, esto es la provocación de conflictos al interior de las organizaciones campesinas y estudiantiles independientes con vistas a su desmembramiento y a la eliminación selectiva de sus dirigentes y militantes. Por ello, consideramos necesario y urgente hacer ante esa representación nacional la denuncia de esa organización y de sus actividades, por las graves implicaciones que representan para las organizaciones políticas y sociales, no sólo de Zacatecas sino del país.
En término de la vigencia real de las garantías individuales y los derechos sociales y políticos constitucionales, que esa representación nacional tiene en términos de cuidar su genuino cumplimiento de vigilancia, el cumplimiento constitucional.
La opinión pública ha sido informada a través de la prensa nacional, de constantes denuncias provenientes de organizaciones políticas regionales y nacionales e incluso de organizaciones internacionales que defienden los derechos ciudadanos como Amnistía Internacional. En estas denuncias se establece como responsable directo e indirecto a esa organización de asesinatos y muchos desaparecidos políticos en los estados de Puebla, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato y en el mismo Distrito Federal. En Zacatecas, la presencia abierta de Antorcha Campesina, se produce a finales del sexenio de J. Guadalupe Cervantes Corona, con motivo de la expulsión de estudiantes y maestros fundadores de la escuela preparatoriana "Emiliano Zapata", convertida desde entonces en el centro de sus operaciones de penetración, desmantelamiento y control de organizaciones sociales y políticas.
Desde el principio y hoy en forma más ostentosa, sus actividades se despliegan a partir de las tiendas rurales Conasupo, Coplamar, de las telesecundarias, del apoyo total del actual presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas y de los elementos del gobierno estatal que han hecho de los líderes antorchistas sus representantes oficiales en programas de ayuda comunitaria, dejando en sus manos la asignación y distribución de leche, materiales para el mejoramiento de la vivienda, recursos para el impulso de cooperativas populares, y el uso de vehículos oficiales para su desplazamiento y trabaja político. En pocas palabras, se hace de estos individuos en ciertas comunidades, los únicos canales del gato social, del que evidentemente hacen un manejo político, mediante el cual captan núcleos de campesinos que luego usan de carne de cañón, en el desempeño de sus nefastas actividades. Naturalmente, siempre en función de sus muy oscuros intereses y compromisos.
Por lo antes expuesto, consideramos que es de legítimo interés nacional la participación del Poder Legislativo en el esclarecimiento ampliamente documentado del papel de la organización paramilitar Antorcha Campesina y de las fuentes en que se sustenta la impunidad de sus fechorías.
En conclusión, reiteramos nuestro legítimo planteamiento de la Cámara de Diputados para que coadyuve en la investigación de las acciones que han sido motivo de denuncia pública por parte de diferentes organizaciones y de los elementos que le dan cobertura a sus acciones, pues es claro y evidente que el apoyo que reciben de autoridades federales, estatales y municipales a lo largo y ancho del país.
Fraternalmente Zacatecas, Zacatecas, a 2 de septiembre de 1987. Frente Popular de Zacatecas."
Ante esta situación, la fracción parlamentaria del PRT, solicita se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
PROBLEMAS EN ZAPOTILTIC, JALISCO
La C. Presidenta: - En el uso de la palabra el ciudadano diputado José Angel Aguirre.
El C. José Angel Aguirre Romero: - Compañera Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores comparece ante esta soberanía a denunciar los hechos ocurridos en contra de los locatarios del mercado Hidalgo de Zapotiltic, Jalisco.
Poco antes de las 12 de la noche del día 2 de septiembre, en Zapotiltic, Jalisco, la policía municipal con ayuda de una brigada de albañiles, destruyó el mercado Miguel Hidalgo en aquella población, sin respetar mercancía, aparatos de trabajo,
violando candados, chapas y destruyendo locales comerciales en funcionamiento, clausurando además todos los locales, lo que ocasionó que se hecharán a perder frutas, verduras, carnes frías, carnes en estado natural por el costo aproximado de 10 millones de pesos, sin contar el costo de los locales, los cuales fueron construidos por los propios locatarios desde hace 60 años, y a los cuales se les conservaba en buen estado, gracias a que los mismos locatarios les han dado el mantenimiento debido.
Ese mismo día, el presidente municipal, profesor Adolfo Ceja García había citado a los locatarios a una reunión en el edificio del ayuntamiento, misma que se prolongó hasta las nueve de la noche sin resultados satisfactorios, pues el presidente se limitó a ordenarles que desocuparan el mercado Hidalgo en virtud de que había construido uno nuevo, lo cual no fue aceptado por los locatarios del mercado Hidalgo en virtud de que el nuevo se había construido en una parte alejada del centro y frente a la barranca en donde desembocan las aguas negras de la población.
Ante la negativa de los locatarios, pues el nuevo mercado además carece de servicios de agua y luz, el presidente insultó y retó a golpes a los locatarios, entregándoles un oficio mediante el cual se les comunicaba que tenían un plazo de 72 horas para desalojar dicho mercado. El presidente municipal no esperó siquiera a que transcurriera el plazo que les había dado, pues tres horas después procedió a destruir el mercado; los locatarios se organizaron para poner su queja ante el señor gobernador del estado y después de muchos trabajos pudieron reunirse con el presidente municipal en la ciudad de Guadalajara, el cual se negó nuevamente a llegar a un arreglo satisfactorio con ellos, manteniéndose en el propósito de obligarlos a trasladarse al nuevo mercado, sin embargo les hizo los ofrecimientos siguientes:
1. Reacondicionar los locales del nuevo mercado, según las necesidades de cada locatario.
2. Exonerar de todo costo económico a los locatarios por dicho reacondicionamiento.
3. Hacer las instalaciones de agua y luz eléctrica, según las necesidades de cada locatario.
4. Cubrir la barranca de aguas negras.
5. Pagar el costo de las mercancías que les perdieron.
Ninguno de los anteriores acuerdos se han cumplido por parte del presidente municipal, pero si les hubiera cumplido estos ofrecimientos no resuelven el problema, porque lo que el pueblo de Zapotiltic necesita y lo que los comerciantes agraviados demandan, es la reparación total de sus derechos lesionados; la reconstrucción física del mercado Miguel Hidalgo en el mismo sitio donde fue destruido; el pago de los daños y perjuicios causados a la economía familiar de los comerciantes y el castigo ejemplar a las autoridades infractoras, comenzando por el presidente municipal.
El pasado domingo 13 de septiembre, los afectados, con el apoyo del pueblo y la solidaridad de nuestro partido, realizaron una marcha de protesta por la ilegal actitud del presidente municipal, profesor Adolfo Ceja García y ante esta justa manifestación de inconformidad, el comandante de la policía municipal, Francisco Elizondo Herrera, trató de detener la marcha dejando ir contra los manifestantes las camionetas del ayuntamiento destinadas a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, poniendo en peligro la vida de éstos.
Posteriormente, el día 14, en el colmo de la prepotencia, un familiar del presidente municipal, golpeó salvajemente al señor Daniel Magaña, locatario del mercado citado. La conducta anticonstitucional del presidente municipal de Zapotiltic, Jalisco, tiene una explicación: Para todo el pueblo es conocido que con la construcción innecesaria del nuevo mercado, realizó un jugoso negocio y ahora pretende justificarlo con el pretexto de que el pueblo necesita una biblioteca pública y, según él, precisamente se debe construir en el lugar que hoy ocupa el mercado Miguel Hidalgo.
Los mexicanos agraviados en Zapotiltic, han recurrido a la Procuraduría General de Justicia del estado, para denunciar la conducta delictiva de las autoridades y están solicitando al honorable Congreso del estado, el desafuero del presidente municipal, han recurrido a la justicia federal en solicitud de amparo para que se les garantice el pleno goce de sus garantías constitucionales.
Desde hoy reinstalarán el mercado Miguel Hidalgo, junto a las ruinas causadas por el presidente feroz, de Zapotiltic, protegidas por una suspensión profesional y alentados por la solidaridad del pueblo. Un nuevo desalojo agravaría enormemente el problema. Urge que las autoridades superiores de Jalisco intervengan y promuevan una solución justa del problema.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, solicita de la honorable asamblea, que solicite a su vez la intervención, inmediata de las autoridades competentes, a fin de que este problema sea resuelto
con justicia para el pueblo y los locatarios y conforme a la ley. Muchas gracias.
La C. Presidenta: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Habiéndose agotado la lista de oradores, se ruega a la secretaría continué con los asuntos en cartera.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Ciudadana presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
El mismo C. secretario:
«Tercer Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día
22 de septiembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Proposición de la Gran Comisión.
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Jalisco y Zacatecas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Para los efectos del artículo 93 constitucional, las Secretarias de Educación Pública y de la Defensa Nacional, remiten los informes de labores correspondientes al período comprendido del 1o. de septiembre de 1986 al 31 de agosto de 1987.
Solicitud de particular
Del C. Ricardo Franco Guzmán, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios profesionales en la empresa "Ecuatoriana de Aviación."
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso de varios ciudadanos mexicanos, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. Rosa María Juana Ramírez de Arellano Noriega, Jaime Eduardo Alcalá Corona, Sofía Margarita de la Peña y Sánchez, Fernando Rodríguez Medina, Zacarías Mateo Lucas, Lilia Camacho López, Patricia Elena Bringas Estrada y María Francisca Margarita Portillo Lozano, para presentar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los CC. José Alberto Mondragón Martínez, Luis Pérez Marín, Pedro Rojas Santos, José Guillermo Sandoval, Crisólogo Romero Vargas, José Rodríguez Arellano, Pedro Hernández Ortiz, Gregorio Ramírez Angeles, Fernando Madrigal Soria, Silva López Cruz, Omar Reza Bautista, Rogelio Medina Pérez, José Luis Salomón Olvera, Miguel Angel Ruiz Flores, Mario Sánchez Herrera y José Ayala Moreno, para presentar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. María del Carmen Ruiz Castañeda y Eduardo Pesqueira Olea, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de Francia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Mónica Pérez Cervantes y María del Carmen Ramón Hernández, para prestar servicios, en el Consejo Británico de la Embajada de la Gran Bretaña en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Armando Montiel Mendoza y Angel Flores Servín, para prestar servicios en las embajadas de Bélgica y de la República Dominicana en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. José Raúl Reyes Castañeda, Armando Ruiz Hernández, María Enriqueta Gutiérrez Leal y Manuel González Fuentes, para prestar servicios en las embajadas de la República Francesa, Británica y de Panamá en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Silvia María Saavedra Méndez, Alejandro Mendoza Santana, María del
Socorro Susana Malo y Verdiguel, Juan Manuel Mata Aldape, Esteban Hernández Hernández, Héctor Cortés Gutiérrez, José Alfonso Abel Alvarado Moreno, Vicente Arroyo Rama, Zaqueo Mestas Vázquez, José Fernando Solís Mérida, Catalina Pérez Romero, Hugo Ponce Cabello, J. Jesús Ramos Rangel, Adrián Ramírez Espinosa y Marco Antonio Jiménez Solís, para prestar servicios en la Embajada de los Estado Unidos de América en México. Efemérides
Intervenciones de los CC. diputados Francisco García Castellón y Juan Antonio Araujo Urcelay.»
La C. Presidenta (a las 17:10 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 22 de septiembre, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES