Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871015 - Número de Diario 16
(L53A3P1oN016F19871015.xml)Núm. Diario:16ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., jueves 15 de octubre de 1987 NÚM. 16
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Que sin discusión se aprueba.
PROTESTA C. DE DIPUTADO
El C. Arturo Alvarez Márquez rinde su protesta como diputado federal
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal a la ceremonia conmemorativa del XLII aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles. Se nombra comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del estado de Guanajuato por el que comunica que inauguró su primer período de sesiones, correspondiente a su tercer año de ejercicio y se eligió mesa directiva. De enterado.
Del Congreso del estado de Guerrero comunicando que abrió su segundo período ordinario de sesiones, correspondiente a su primer año de ejercicio y la elección de mesa directiva su diputación permanente. De enterado.
Del Congreso del estado de Tabasco comunicando que fueron electos el presidente y vicepresidente de su mesa directiva. De enterado.
Del Congreso del estado de Yucatán comunicando la elección de su diputación permanente de la "L" Legislatura del estado. De enterado
INICIATIVAS DE CC. DIPUTADOS
Del diputado Juan de Dios Castro Lozano con proyecto de decreto, que reforma el artículo cuarto transitorio del Código Federal Electoral. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Del diputado Nabor Camacho Nava con proyecto de decreto, sobre leyes y normas de las cooperativas pesqueras en el territorio nacional. Se turnó a la Comisión de Pesca.
Del diputado Jaime Haro Rodríguez con proyecto de decreto, que reforma el artículo 343 del Código Federal Electoral. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Del diputado Javier Paz Zarza con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley sobre Escudo, Bandera e Himno Nacionales, con un nuevo párrafo segundo. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Justicia sobre reformas a la Ley del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Es la primera lectura.
De la misma comisión con proyecto de decreto, que reforma la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Es de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al C. Rodolfo Navarrete Tejero para aceptar y usar la medalla del León de Finlandia en grado de Gran Cruz, que le concede el Gobierno de Finlandia. Es de primera lectura.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, para adicionar y derogar disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles. Es de primera lectura.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
HOMENAJE A NICOLÁS BERNAL
Del diputado Eduardo Valle Espinosa quien hace un homenaje del maestro Nicolás Bernal y solicita se guarde un minuto de silencio. Se guarda el minuto de silencio. Propone nuevamente que se inscriba con letras de oro el nombre de Ricardo Flores Magón, en los muros de las Cámaras de Diputados.
EXCITATIVA.
Del diputado Martín Tavira Urióstegui para apoyar la proposición del diputado Valle Espinosa. Se excita a las comisiones correspondientes.
Del diputado Alfonso Godínez López, solicitando que se investigue el Reglamento de Distribución de Gas en el Distrito Federal y en la República Mexicana. Se turnó a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Del diputado Adner Pérez de la Cruz para que la Comisión de Relaciones Exteriores, dictamen sobre la propuesta del diputado Francisco Hernández Juárez. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SOBRE LA PAZ MUNDIAL
De la diputada Gabriela Guerrero Oliveros para que la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados se dirija a la ONU, para que se realice una conferencia internacional para la paz en el Medio Oriente. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
CONTRA LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA
Del diputado Arnoldo Martínez Verdugo con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie en contra de cualquier forma de intromisión externa. Sobre todo en lo que se refiere a la campaña electoral en curso. En pro, el diputado Eduardo Valle Espinosa; en contra, el diputado Arnulfo Villaseñor Saavedra; para hechos, los diputados Consuelo Botello de Flores, Homero Díaz Córdova, Gonzalo Altamirano Dimas, Píndaro Urióstegui Miranda, Alfonso Martínez Verdugo, Jesús Murillo Karam y Gabriel Jiménez Remus. Desechada.
ECOLOGÍA
Del diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz con punto de acuerdo, para que el año de 1988 sea considerado como "Año Nacional de Ecología". Se turnó a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Del diputado Pablo José Pascual Moncayo con punto de acuerdo, solicitando se proporcione toda la información sobre el contenido del entendimiento bilateral entre México y Estados Unidos de América. Se turnó a la Comisión de Comercio.
PREMIO NOBEL DE LA PAZ
De la diputada María Esther Silva Alvarez proponiendo se felicite al Presidente de Costa Rica por haber sido otorgada dicha presea. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. Considerada como de urgente y obvia resolución, se aprobó. Ejecútese.
DENUNCIA
De la diputada Beatriz Gallardo Macías solicitando la intervención de la Cámara de Diputados en relación con la unidad habitacional Infonavit CTM - 14. Se turnó a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
PROBLEMAS EN CHIAPAS
Del diputado Genaro José Piñeiro, solicitando se coadyuve a la solución de los problemas de Salto de Agua, Chiapas. Se turnó a la comisión anterior.
ASAMBLEA DE BARRIOS
De diputado Miguel Alonso Raya sobre problemas de la habitación.
La diputada María Emilia Farías Mackey para aclaraciones sobre el mismo tema.
OFICIOS DEL SENADO
Con proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cancerología. Se turnó a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
Con proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. A la misma comisión.
Con proyecto de Ley del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. A la misma comisión.
Con proyecto de Ley del Hospital Infantil de México Federico Gómez. A la misma comisión.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. SANTIAGO OÑATE LABORDE
(Asistencia de 257 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:20 horas): - Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
La C. Prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Tercer Período Ordinario de Sesiones LIII Legislatura
Orden del día
15 de Octubre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del XLII aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, que tendrá lugar el 19 de Octubre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Guerrero, Tabasco y Yucatán.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Rodolfo Navarrete Tejero, para aceptar y usar la condecoración del León de
Finlandia en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes y Muebles.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. Prosecretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del C. Santiago Oñate Laborde
En la ciudad de México, a las once horas y veinte minutos del martes trece de octubre de mil novecientos ochenta y siete, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la secretaría manifiesta una asistencia de 257 ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día .
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión anterior llevada a cabo el día ocho de los corrientes.
La secretaría da lectura a un oficio del C. Lauro Rendón Castrejón, por el que se solicita licencia para separarse de las funciones de diputado federal por el Estado de México, en virtud de que el C. gobernador de la entidad, lo ha invitado a colaborar en su gobierno.
La presidencia considera el asunto de urgente resolución y la asamblea le dispensa todos los trámites.
A discusión el punto de acuerdo que concede la licencia. Sin que motive debate, en votación económica se aprueba. Comuníquese.
La presidencia informa a la asamblea de los ciudadanos registrados para hacer uso de la palabra.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
El Congreso del estado de Puebla comunica la clausura del segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio y la integración de su Comisión Permanente. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación relativo a la solicitud de permiso, para que el C. Rodolfo Navarrete Tejero pueda aceptar y usar una condecoración que le confiere el Gobierno de Finlandia. Recibo y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que concede permiso a la C. Irma Eugenia Vadillo Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Real Orden Noruega al Mérito, en grado de Caballero Primero, que le confiere el Gobierno de Noruega. Es de segunda lectura.
A discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación nominal se aprueba por doscientos cincuenta y cinco votos en pro, uno en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El C. Manuel Germán Parra Prado, a nombre de las comisiones de Seguridad Social y Salubridad y Asistencia, solicita a la presidencia autorización para diferir la primera lectura del dictamen relativo a la iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, listado en el orden del día. Se autoriza.
El C. Nabor Camacho Nava da lectura a una iniciativa de decreto, para reformar y adicionar la fracción VIII del artículo 134 capítulo II, título octavo de la Ley General de Salud, así como para modificar y adicionar el artículo 175 del Código Sanitario.
Asimismo, informa que el día de ayer el consejo nacional de su partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, decidió postular como su candidato a la Presidencia de la República, al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
La presidencia turna la iniciativa a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
Para hacer consideraciones y expresar sus puntos de vista en torno al hecho histórico del Descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, intervienen los CC. Jaime Haro Rodríguez, Oswaldo García Criollo, Cecilia Romero Castillo y José Ángel Aguirre Romero.
El C. Eliseo Rangel Gaspar rinde homenaje al expresidente de la República, general Plutarco Elías Calles, que el día de hoy 13 de octubre, se cumplen 42 años de su desaparición física.
Para rectificar hechos en los términos del artículo 102 del Reglamento, usan de la palabra sobre el
mismo tema, los CC. Martín Tavira Urióstegui, Eliseo Rangel Gaspar, Martín Tavira Urióstegui y Gerardo Unzueta Lorenzana.
El C. Eduardo Fernando Hernández Mier, hace una semblanza del doctor Gustavo Baz Prada, recientemente fallecido y solicita se guarde un minuto de silencio en su honor.
Puestos todos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio en su memoria.
Por su parte, el C. Amado Llaguno Mayaudón rinde homenaje al expresidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, en ocasión del trigésimo segundo aniversario de su fallecimiento.
El C. Francisco Hernández Juárez se refiere a la proposición que presentó en septiembre pasado, para que se investigara la constitución del organismo denominado Instituto México - Estados Unidos (MUSI), integrado por personas de derecha, entre ellos, miembros del Partido Acción Nacional.
Solicita que su propuesta se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se recabe más información sobre estos hechos que afectan nuestra soberanía y proceso electoral.
Para aclarar que el Partido Acción Nacional no tiene nada que ver con el Instituto México Estados Unidos, y que los señores mencionados como panistas no pertenecen a su partido, Acción Nacional, interviene el C. Gonzalo Altamirano Dimas, quien manifiesta que no se opone a que se hagan las investigaciones solicitadas.
La asamblea en votación económica, admite la proposición. Túrnese esta propuesta y los antecedentes del 22 de septiembre anterior que fueron turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Pablo Alvarez Padilla aborda la tribuna para hacer comentarios y reflexiones, acerca de lo publicado por un diario del estado de Veracruz sobre una posible concentración, de más de 300 mil personas en dicha entidad, para recibir al precandidato del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar lo expuesto por el orador, interviene el C. Jaime Aguilar Alvarez Mazarrasa, quien señala que es absurdo que un diputado de oposición trate de intervenir en las decisiones internas del Partido Revolucionario Institucional. Agrega que los diputados de la mayoría no cuestionan el proceso interno de otros partidos.
En los términos del artículo 102 del Reglamento, usan de la palabra sobre este asunto, los CC. Pablo Alvarez Padilla, Francisco Javier Morales Aceves, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, María Esther Scherman Leaño, María del Carmen Jiménez de Ávila, María Aurora Munguía Archundia y María Esperanza Morelos Borja.
A nombre del PMS y del PRT, interviene el C. Leopoldo Arturo Whaley Martínez, para referirse al asesinato del dirigente político colombiano Jaime Pardo Leal, quien fuera candidato presidencial de Colombia por la Unión Patriótica Colombiana. Solicita se guarde un minuto de silencio en su memoria.
Puestos todos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio en memoria del luchador colombiano.
El C. José Ángel Aguirre Romero denuncia el problema que enfrentan los ejidatarios del ejido Crucitas del municipio de Valles, San Luis Potosí, con el ingenio Plan de San Luis desde hace cuatro meses.
Relata los hechos y propone que una comisión de esta Cámara intervenga para que el problema se resuelva en el sentido de que los ejidatarios del ejido de Crucitas, reciban los alcances de su caña y puedan dedicarse a producir su tierra.
Se admite la proposición. Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
A su vez, el C. Jaime Castellanos Franco hace referencia a la denuncia presentada hace un año, sobre la corrupción, apatía e irresponsabilidad burocrática, en la aplicación e impartición de la justicia a los campesinos del estado de Oaxaca, particularmente la comunidad de San Miguel Tecomatla, que hasta la fecha no ha sido resuelto el problema, a pesar de los buenos oficios de la presidenta de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas,licenciada María Emilia Farías Mackey, ante la Secretaría de la Reforma Agraria. La presidencia excita a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que continúe sus investigaciones en este asunto.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las quince horas y quince minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves quince del actual, a las diez horas.» La. C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
PROTESTA DE C. DIPUTADO
El C. Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el C. Arturo Alvarez Márquez, diputado suplente por el XXXIV Distrito del estado de México.
Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados: Miguel Ángel Herrerías Alvarado, Ofelia Casillas Ontiveros, Doroteo Zapata y Genaro José Piñeiro López.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Se suplica a la comisión cumplir con su cometido.
El C. Presidente: - Se suplica a los presentes ponerse de pie.
"Ciudadano Arturo Alvarez Márquez: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
El C. Arturo Alvarez Márquez: - "Sí, protesto."
El C. Presidente: - "Si así no lo hiciéreis que la nación os lo demande."
INVITACIÓN
EL C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar:
«México, D. F., a 13 de octubre de 1987.
C. diputado licenciado Santiago Oñate Laborde, presidente de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, hace a usted una atenta y cordial invitación a la ceremonia cívica conmemorativa del XLII aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles (1878-1945), el próximo lunes 19 del presente, mismo que se llevará a cabo a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución Mexicana, delegación política Cuauhtémoc.
Al propio tiempo, me permito solicitarle tenga a bien dictar sus respetables indicaciones, con objeto de que una comisión asista al acto de referencia, con la representación de esa H. Cámara de Diputados que usted dignamente preside.
Reitero a usted con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados; Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, Eleno de Anda López e Ismael Torres Díaz.
COMUNICACIONES
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F.
Con esta fecha y en sesión solemne, el H. Quincuagésimo Tercer Congreso Constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, inauguró el primer período ordinario de sesiones, correspondiente a su tercer año de ejercicio legal. Asimismo eligió la mesa directiva que fungirá durante el primer mes, quedando integrado como sigue:
Diputados: presidente, Carlos Vázquez Díaz; vicepresidente, Israel González Arreguín: primer secretario, Francisco Morelos González; segundo secretario, Dimas Rangel Fernández; prosecretario, Baltazar Alcántara Torres.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., a 15 de septiembre de 1987.
Diputados: Francisco Morelos González, Dimas Rangel Fernández.»
Trámite: De enterado.
La misma C. Prosecretaria:
«H. Congreso del estado de Guerrero.- Chilpancingo, Gro, octubre 2 de 1987.
C. presidente de la H. Cámara de Diputados.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito comunicar a usted, que previa las formalidades de ley, la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del estado, en su sesión ordinaria del día 1o. del mes y año en curso, abrió su segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, habiéndose elegido la mesa directiva de la diputación Permanente que fungirá del día primero de octubre al 31 de diciembre de este año, quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: presidente, Antelmo Alvarado García; vicepresidente, Rogelio Zepeda Sierra.
Que fungirán durante el mes de octubre.
Diputados: secretarios propietarios: profesora María Inés Huerta Pegueros e ingeniero Abel Salgado Valdez; secretarios suplentes: Gloria de la Peña y Castillo y Juventino Cota Montaño.
Que fungirán durante el segundo período ordinario de sesiones.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Mi Patria es primero.
El oficial mayor del H. Congreso del estado, licenciado Emilio I. Ortiz Uribe.»
Trámite: De enterado.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativos del Estado libre y soberano de Tabasco.
Villahermosa, Tab., a 29 de septiembre de 1987.
C. presidente de la H. Cámara de Diputados.
Para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 27 del Reglamento Interno de este H. Congreso, la LII Legislatura del estado libre y soberano de Tabasco, tiene el honor de informar a usted(es) que en sesión pública efectuada el día de hoy, se eligió presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirá a partir del 1o. al 31 de octubre próximo, la que quedó integrada en la forma siguiente:
Diputados: presidente, licenciado Arístides Prats Salazar; vicepresidente, Francisco Corroy Cachón; secretario, Jesús Martínez López; prosecretario, Pedro Zurita Cruz.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados: licenciado Arturo Maldonado Jiménez, presidente; Jesús Martínez López, secretario.»
Trámite: De enterado.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- "L" Congreso del estado libre y soberano de Yucatán.
Gobierno del estado de Yucatán. Poder Legislativo.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política del estado, nos permitimos hacer de su conocimiento que la diputación Permanente de la Quincuagésima Legislatura del estado de Yucatán, que actuará durante el receso comprendido del 1o. de octubre al 31 de diciembre del año en curso, está integrada en la forma siguiente:
Diputados: presidenta, profesora Rosa Elena Baduy Isaac; secretario, licenciado Federico Stein Sosa Solís; vocal, Carlos Guzmán Dorantes; suplentes: profesores Omar Lara Novelo y Carlos Carrillo Vega y Francisco Kantún Ek.
Protestamos nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida Yuc., 1o. de octubre de 1987.
Diputados: presidenta, profesora Rosa Elena Baduy Isaac; secretario, licenciado Federico Stein Sosa Solís.»
Trámite: De enterado.
INICIATIVAS DE CC. DIPUTADOS
El C. Presidente: - Atento a los términos de la fracción III del artículo 30 del Reglamento, esta presidencia hace del conocimiento de la asamblea que han solicitado el uso de la palabra, para presentar iniciativas de ley, los siguientes ciudadanos diputados: Juan de Dios Castro Lozano, Nabor Camacho Nava, Jaime Haro, Ricardo García Cervantes, Javier Paz Zarza y Ricardo Pascoe Pierce.
Se concede el uso de la palabra para presentar una iniciativa, al ciudadano diputado Juan de Dios Castro Lozano.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente: señoras y señores diputados: Esta es la iniciativa número 16 que me permito presentar ante esta Cámara de Diputados y de las cuales únicamente la Comisión de Trabajo, a la que han sido turnadas, ha dictaminado, dos.
"H. Cámara de Diputados. Presente.
Juan de Dios Castro lozano, diputado federal, atenta y respetuosamente propongo la presente iniciativa de reformas al artículo cuarto transitorio del Código Federal Electoral, fundándome para ello en los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. El artículo 110 del vigente Código Federal Electoral dispone que "los mexicanos que, en el año de la elección, estén por cumplir los 18 años de edad entre el 1o. de marzo, y el día de los comicios, deberán solicitar a más tardar el último día de febrero de ese mismo año su inscripción ante el Registro Nacional de Electores."
Segundo. Por otra parte, el artículo cuarto transitorio de la ley, dispone que para los efectos indicados en el artículo tercero transitorio, se iniciarán con dos meses de anticipación, las fechas que señala el código para su cumplimiento, todos los actos, decisiones, tareas y actividades del proceso electoral que realicen los organismos electorales y sus dependencias, las autoridades que en el ámbito de su competencia las auxilien para el cumplimiento de sus atribuciones, los ciudadanos mexicanos y los partidos políticos nacionales registrados. De aquí se desprende que, por lo que se refiere a la inscripción de los ciudadanos de la República en el Registro Nacional de Electores, el plazo final para registrarse en el padrón vence el próximo 31 de diciembre y no el 28 de febrero.
Tercero. Advirtiéndose que a escasos dos meses y medio para que se cierre el padrón: no se han hecho una campaña intensa de empadronamiento; que es alto el índice de abstencionismo en los electores; que es el primer semestre del año cuando se intensifica el clima electoral y cuando se logra una mayor afluencia de ciudadanos al padrón, el suscrito estima necesario ampliar el plazo de empadronamiento hasta el 28 de febrero de 1988, en lugar de cerrarlo el 31 de diciembre del año en curso.
Por las anteriores razones, pongo a consideración de ustedes el siguiente proyecto de reformas al artículo cuarto transitorio del Código Federal Electoral:
TRANSITORIOS
Artículo primero. ..................
Artículo segundo. ..................
Artículo tercero. ...................
Artículo cuarto. Para los efectos indicados en el artículo anterior, se iniciarán con dos meses de anticipación a las fechas que señala este código para su cumplimiento, y con excepción del plazo para inscribirse en el Registro Nacional de Electores, todos los actos, decisiones, tareas y actividades del proceso electoral que realicen los organismos electorales y sus dependencias, las autoridades que en el ámbito de su competencia las auxilien para el cumplimiento de sus atribuciones, los ciudadanos mexicanos y los partidos políticos nacionales registrados.
Artículo quinto. ...................
México, D. F., a 15 de octubre de 1987.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano."
Trámite: Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Presidente: - En uso de la palabra, para presentar una iniciativa, el ciudadano diputado Nabor Camacho Nava.
El C. Nabor Camacho Nava: - "Ciudadano diputado presidente: compañeras y compañeros diputados: La iniciativa con proyecto de decreto que el día de hoy pongo a la amable consideración de ustedes, reviste enorme importancia, porque, de aprobarse, permitirá una mayor y mejor vigilancia del cumplimiento de las leyes y normas que regulan el funcionamiento de las cooperativas
pesqueras que funcionan en todo el territorio nacional, pero en especial en el Golfo de México.
Aclaro esto, porque hemos observado que las cooperativas pesqueras que se encuentran integradas en el Pacífico, sobre todo la de Guaymas, han cosechado triunfos increíbles y ejemplares, en forma tal que estas cooperativas construyen ya sus propios barcos de muy aceptable calado y autonomía, los pescadores son ya dueños de casas confortables y decorosas, los hijos de estos respetables hombres de mar, cuentan con escuelas modernas y suficientes y el esfuerzo denodado de los pesadores cooperativados, es denodado, fructífero y ejemplar, pero vayamos a conocer lo que acontece en el Golfo.
Conozcamos cómo es la organización cooperativa pesquera en el Golfo de México. Voy a presentar a ustedes un breve estudio - investigación efectuado por maestros en ciencias de la alimentación, egresados de la escuela de graduados del Instituto Tecnológico de Veracruz y el de la voz. No damos a conocer, lógicamente, quiénes fueron nuestros informadores, para evitar represalias contra ellos.
El cooperativismo surge como una forma alternativa de organización para la producción de bienes y servicios. En ella se aglutinan diversas voluntades para alcanzar objetivos comunes; uno de ellos, la producción. En este tipo de organización, las actividades se planifican, organizan y ejecutan de manera colectiva y el producto del trabajo se distribuye en forma equitativa, teniendo como una de sus funciones, la de suprimir el lucro de los intermediarios.
Surgen como un movimiento universal aplicable a los diversos sistemas económicos. En el Golfo de México, las cooperativas pesqueras merecen ser objeto de un análisis profundo, pues de su estudio pueden derivarse conclusiones de interés general.
Estas fueron fundadas durante el sexenio del licenciado Miguel Alemán y en la actualidad, en el estado existen 118 cooperativas de las cuales sólo cinco están funcionando de manera correcta, en Villa Cuauhtémoc. El resto tiene problemas que se podrán clasificar en:
Primarios o extractivos: De las 6 mil embarcaciones, sólo 113 son flota mayor pertenecientes a productos pesqueros de Alvarado, con capacidad en sus bodegas de más de tres toneladas; el resto, son lanchas ribereñas o sea el 93%.
De la flota mayor, sólo el 7% cuentan con equipo frigorífico; el resto de este sistema, es sustituido con hielo picado.
Su estado de conservación deja mucho que desear, siendo auténticas chatarras.
Su crecimiento durante el año de 1985 fue el 7%. A nivel nacional, la flota mayor en el Golfo representa el 40%.
Artes y equipos de pesca. Complemento fundamental para que las embarcaciones realicen capturas en forma eficiente e incluyen redes, lineas, trampas, equipo, etcétera, el cual es inadecuado o viejo.
Además, algunas cooperativas se han autorizado sin artes de pesca y aún sin embarcaciones, por lo que no son sujetas de crédito. En el año de 1985 su crecimiento fue del 11%.
Captura. Dentro de este rubro, la captura fue distribuida de la siguiente manera: consumo fresco 64%, consumo congelado 10%, consumo enlatado 10%, harina de pescado 10%, industrializado 5%, seco salado 1%.
Esto nos da una idea que los productos marinos no son industralizados. La captura fue realizada por: sector privado 61%, sector cooperativo 38%, paraestatal 1%.
En el estado de Veracruz, el volumen de captura fue de 98 mil toneladas en 1986, tendiendo a bajar este año.
Un producto sub utilizado en la captura, es la fauna de acompañamiento que es devuelta al mar para no llenar las bodegas o por su bajo precio en el mercado.
Las operaciones de desembarco de la captura son lentas, deteriorando el producto.
Población pesquera. Constituida por elementos con escasa preparación en su mayoría, de los preparados sólo el 28% están en el Golfo.
Aspecto financiero. Estas cooperativas tienen créditos vencidos, no hay capitalización de la empresa, grandes dificultades para desarrollarse. Competencia con grandes empresas y alto costo de avituallamiento.
Asuntos internos. Con lo que respecta a los estatutos vigentes: No hay asambleas, no se han renovado los representantes de los comités, mal manejo de los directivos, aceptar trabajadores libres (no socios), estimulándose el guateo por parte de éstos (venta clandestina), falta de capacidad administrativa.
Consumo. Refiriéndonos al consumo "per capita" nacional es de 16 kilogramos, pudiendo ser mayor
el consumo, pues otros países, como Japón, el consumo "per capita" es de 86 kilogramos.
De manera que, para triunfar o al menos sobrevivir como productores en el mercado, se requiere de observar las siguientes premisas: Poseer y manejar información confiable y oportuna sobre los precios de los bienes relacionados; tener acceso a tecnología avanzada; buena organización y prácticas administrativas adecuadas; mejorar las embarcaciones; adecuar el equipo y artes de pesca; tener capacidad de autofinanciamiento.
Por lo que apoyar el programa nacional de pesca y recursos del mar, debe ser un esfuerzo conjunto del Gobierno Federal, empresas particulares y cooperativas, con el fin de integrar el correcto aprovechamiento de los recursos marinos.
Excélsior, domingo 28 de junio de 1987.
Incorpora la Conasupo a sus programas a trabajadores de cooperativas pesqueras.
Mediante la dotación de 1 mil 200 millones de pesos, a partir del 1o. de julio, quedarán incorporados los trabajadores afiliados a las cooperativas pesqueras del país, al Programa de Crédito para el Consumo de Productos Básicos de la Conasupo.
Este sistema operará mediante bonos canjeables por mercancías en las entidades del sistema de distribuidoras Conasupo - Diconsa.
Informó la Conasupo que para el período de captura que empieza el 1o. de julio, se entregarán los primeros 600 millones de pesos en bonos, debido a que los trabajadores requerirán mercancías para el avituallamiento de víveres que consumirán durante el tiempo que estén en alta mar.
El resto o sea, los otros 600 millones, serán distribuidos en la temporada de veda. Esto con la finalidad de que los trabajadores puedan adquirir alimentos.
Anunció la Conasupo que el programa de crédito y apoyo a la economía de los trabajadores del mar, se extenderá paulatinamente en la medida que lo requieran los pescadores.
El programa beneficiará, en principio, a los miembros de las 42 cooperativas de la industria pesquera de la ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa."
Hecha la exposición de motivos y conocido el panorama desolador observable en la organización cooperativa pesquera en el Golfo de México, con la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, ponemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Investíguese por parte de la Secretaría de Pesca, el funcionamiento de las cooperativas pesqueras que funcionan en la República Mexicana.
Artículo 2o. Cancélense de inmediato las concesiones de aquellas cooperativas que no estén cumpliendo con la ley.
Artículo 3o. Secuéstrense las artes de pesca que no se ajusten a las medidas autorizadas.
Artículo 4o. Vigílese estrechamente que se lleven a efectos las asambleas que ordena la ley, se renueven los comités, así como aplíquense sanciones administrativas a quienes se sorprenda ejerciendo venta clandestina.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se aplicará en todas las entidades federativas en las que existan organizaciones cooperativas pesqueras.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 1987.
Diputados: Nabor Camacho Nava, Carlos E. Cantú Rosas, Jorge Cárdenas González, Héctor M. Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Enrique Bermúdez Olvera, Reyes Fuentes García, María de la Luz Gama Santillán."
Trámite: Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Pesca.
El C. Presidente: - Para presentar una iniciativa, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jaime Haro Rodríguez.
El C. Jaime Haro Rodríguez: - Señoría; ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados; señoras y señores diputados:
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados: Siendo preocupación permanente de los integrantes del Poder Legislativo y de toda la corporación de estudiosos del derecho constitucional en el país, el respeto a las garantías individuales equilibrándolas con los intereses colectivos y tomando como punto de partida el artículo 1o. de nuestra Carta Magna que establece: "En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece."
Se desprenden del mismo artículo varios principios básicos que son los siguientes:
a) En México, el individuo por el sólo hecho de ser persona humana, tiene una serie mínima de derechos que la propia Constitución establece y protege;
b) Los derechos consignados y su protección pertenecen a todos los individuos, a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, raza o creencia y a las personas morales o jurídicas, y
c) Esos derechos sólo se pueden restringir o suspender en los casos y condiciones que la propia Constitución señala, o sea, los previstos por el artículo 29.
La misma Ley Fundamental, establece el procedimiento para defender los derechos individuales que se estiman violados, mediante el juicio de amparo, institución jurídica mexicana, máxima protectora de la libertad y de las prerrogativas del hombre.
En consecuencia, en uso de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar respetuosamente ante esta soberanía, una iniciativa de reforma, tras la ruta marcada por el constitucionalista Ignacio Burgoa, a fin de derogar el artículo 343 del Código Federal Electoral, de acuerdo con las siguientes.
CONSIDERACIONES
Primera. La Ley Suprema y Fundamental del país enfáticamente previene en su artículo 1o. que en México todo individuo, es decir, todo sujeto que tenga la condición de gobernado, gozará de las garantías que la Constitución de la República otorga, agregando que éstas "no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". Es incontestable que los ministros de los cultos tienen el carácter de individuos o de gobernados, por lo que evidentemente son titulares de las garantías constitucionales.
Segunda. Entre las mencionadas garantías figuran la que tutela la manifestación de las ideas, en el sentido de que "no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público", según lo determina claramente el artículo 6o. de nuestra Constitución Federal. En consecuencia, los ministros de los cultos gozan, como individuos o gobernados, de la libertad de expresión del pensamiento que tal precepto protege, fuera de los supuestos restrictivos ya indicados.
Tercera. El párrafo noveno del artículo 130 constitucional consigna, respecto de los ministros de los cultos, diversas restricciones a la mencionada libertad de externación e idéntica, en cualquiera de las siguientes hipótesis.
1a. Cuando se trate de criticar las leyes fundamentales del país.
2a. Cuando se trate de criticar a las autoridades en particular, y
3a. Cuando se trate de criticar al Gobierno;
Por consiguiente, dichos ministros, fuera de estas tres hipótesis y de las limitaciones que el artículo 6o. constitucional establece, tienen el derecho de exponer libremente sus ideas.
4a. El artículo 343 del Código Federal Electoral dispone lo siguiente:
"Se impondrá multa de 500 a mil días de salario general vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse el delito, y prisión de cuatro a siete años, a los ministros de culto religioso que por cualquier motivo induzcan al electorado a votar a favor de un determinado partido o en contra de un partido o candidato, o fomentar la abstención o ejerzan presión sobre el electorado".
Del texto de este precepto se deduce nítidamente que los ministros de los cultos están impedidos para:
a) Inducir a los electores a votar en favor o en contra de un determinado partido o candidato;
b) Ejercer presión (?) sobre el electorado, y
c) Fomentar la abstención de votar.
Fácilmente se advierte que las dos primeras prohibiciones no se comprenden en ninguna de las limitaciones que registren la libertad de expresión de las ideas, en los términos del artículo 6o. constitucional, ni en las que consigna el párrafo noveno del artículo 130 de la Ley Suprema y Fundamental de México. En efecto, ninguna de dichas hipótesis impeditivas, implica ataque alguno a la moral ni a derechos de tercero, sin que entrañe la provocación de algún delito ni la perturbación del orden público. Tampoco las mencionadas hipótesis involucran la crítica de las leyes fundamentales del país, de ninguna autoridad en particular ni del Gobierno en general.
A mayor abundamiento, los ministros de culto, como mexicanos, son ciudadanos de la República en los términos del artículo 34 constitucional, aunque no tengan voto activo ni pasivo y no puedan asociarse con fines políticos, según lo dispone el artículo 130 del Código Supremo. Sin embargo, su incapacidad en materia política no es absoluta, pues fuera de tales imposibilidades, tiene el derecho de expresar su simpatía o antipatía por algún candidato o partido político. Tal derecho, fundado en el artículo 6o. de la Constitución, no lo veda este ordenamiento.
Por consiguiente, al no adecuarse al artículo 343 del Código Federal Electoral, en cuanto a las prohibiciones apuntadas en los incisos a) y b) que antecedente, a lo que los invocados preceptos constitucionales determinan, su oposición a ellos es evidente, contrariando, además el artículo 1o. de la Constitución de la República, pues restringe la garantía de la libertad de expresión del pensamiento fuera de las limitaciones expresas que nuestra Ley Fundamental establece;
Quinta La prohibición que el susodicho artículo 343 decreta, en el sentido de que los ministros de los cultos no deben fomentar el abstencionismo de votar, es la única que no adolece del vicio de inconstitucionalidad, ya que su transgresión implica una situación contraria al artículo 35 de la Ley Suprema del país que consigna, en su fracción I, la prerrogativa, o sea el derecho - obligación, de todo ciudadano para votar en las elecciones, y que nadie debe eludir ni excitar a su incumplimiento, y
Sexta. Por otra parte, tal artículo 343 es autoaplicativo; su texto contiene dos diferentes normas, a saber, las que conciernen a las sanciones económicas y corporales y las que establecen la prohibición para que los ministros de los cultos realicen los actos que prevé. Las primeras son de aplicación futura por no decir contingente o aleatoria, en cuya virtud no son autoaplicativas sino heteroaplicativas. En cambio, las segundas, al decretar tal prohibición, ya afectan a sus destinatarios, es decir, a dichos ministros religiosos, obligándolos a abstenerse de desempeñar los actos vedados, sin que la afectación esté sujeta a ningún hecho condicionante que pueda o no acontecer, toda vez que se genere automáticamente por la misma condición de los agraviados.
Toda disposición legal contiene una situación jurídica abstracta, dentro de la que establece una cierta regulación o modo de obrar para los sujetos generales en ella implicados. Dicho de otra manera, toda norma jurídica consta de un supuesto y de una regulación. Por ende, si la situación concreta se halla comprendida dentro de la situación abstracta involucrada en la norma, o si el supuesto legal se encuentra realizado en el caso particular, de manera automática al entrar la ley en vigor, es decir, sin que para constatar dicha adecuación o correspondencia sea necesario un acto distinto y posterior a la norma, se estará en presencia de una hipótesis de ley autoaplicativa o autoefectiva, siempre que por virtud de la coincidencia entre lo concreto y lo legal - abstracto se consigne una obligatoriedad per se para el individuo que sea sujeto de la situación particular normada ipso jure.
Las anteriores ideas se corroboran por el criterio jurisprudencia de la Suprema Corte contenido en las principales tesis siguientes:
"Sólo procede el amparo pedido contra una ley, en general, cuando los preceptos de ella adquieren, por su sola promulgación, el carácter de inmediatamente obligatorio, por lo que pueden ser el punto de partida para que consumen, posteriormente, otras violaciones de garantías. De no existir esta circunstancia, el amparo contra una ley en general, es improcedente - agregando que - , una ley es en sí misma impugnable mediante la acción constitucional, cuando contiene un principio de ejecución que se realiza por su existencia misma, sin necesidad de actos posteriores de aplicación". (Apéndice al tomo CXVIII, tesis 97 y 99 y tomo CXI, página 87).
"Para que sea forzoso interponer amparo contra una ley, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que entre en vigor, es preciso que se reúnan dos condiciones: que, desde la iniciación de la vigencia, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma, y que no se exija, para que aquél esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún ulterior acto de autoridad. Sólo llenándose estos requisitos se trate de leyes que, por su sola promulgación, tienen el carácter de inmediatamente obligatorias y a las cuales debe aplicarse el artículo 22, fracción I, de la Ley de
Amparo". (Informes correspondientes a los años de 1946 y 1948. Segunda Sala. páginas 59 - 60 y 44 - 45, respectivamente, en relación con la ejecutoria visible en el Tomo LXXXVII, páginas. 3 mil 400 y 3 mil 401 del S. J. de la F.)
En resumen, una ley es autoaplicativa cuando se reúnen las siguientes condiciones establecidas en la jurisprudencia, a saber:" a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". (Tesis 64 del apéndice 1985. Pleno)
CONCLUSIONES
I. El artículo 343 del Código Federal Electoral es inconstitucional en cuanto a las prohibiciones que contiene distintas de la consistente en fomentar la abstención de votar;
II. Los ministros de los cultos, en su carácter de individuos o gobernados, y fuera del ejercicio de su ministerio litúrgico y de los templos, tiene el derecho de manifestar su simpatía o antipatía por algún candidato o partido político;
III. No sólo dichos ministros, sino ningún ciudadano mexicano, debe fomentar por modo alguno el abstencionismo electoral, y
IV. El artículo 343 señalado tiene el carácter de precepto autoaplicativo.
A mayor abundamiento, me permito transcribir algunos pronunciamientos que definen con toda claridad el sentido de la participación política de los católicos:
1. "Sobre la mera política cabe diversidad de opiniones." (León XIII, Inmort, 59)
2. "Es injusto atacar la diversidad de opiniones en materias políticas, como si fuere falta grave contra la Iglesia". (Ibid.)
3. "Es honesto, por regla general, tomar parte en los negocios públicos". (León XII, Libertas, 53.)
4. "El alejamiento de los católicos de la política sería dañino para la religión". (León XIII, Inmort, 55.)
5. "La actuación política de los católicos debe ajustarse a los preceptos de la doctrina cristiana". (Pío XI, Segura, 6.)
6. "Y ha de encaminarse a cooperar a la conservación de la felicidad material y civil del pueblo". (San Pío X, I1 Fermo, 16.)
7. "La Iglesia no puede negarles el derecho de intervenir en la política". (Pío XI, Episc, Arg. 4.)
8. Conducta del católico en los puestos públicos "porque el verdadero católico ha de tener presente, ante todas cosas y en cualquier coyuntura, que ha de portarse como tal, arrostrando los empleos públicos, y desempeñándolos con el firme y constante propósito de promover, según su posibilidad, el bien social y económico de la patria, particularmente del pueblo, conforme a las máximas de la civilización puramente cristiana, y de defender al mismo tiempo la causa suprema de la Iglesia, que es la de su religión y de la justicia". (San Pío X, I1 Fermo, 18s.)
9. El poder político no debe ser influido, por el poder económico: "A su vez esta concentración de fuerzas y de riquezas produce tres clases de conflictos: la lucha primero se encamina a alcanzar ese potentado económico; luego se inicia una fiera batalla, a fin de obtener el predominio sobre el poder público, y consiguientemente, de poder abusar de sus fuerzas e influencias en los conflictos económicos". (Pío XI, cuadragésimo año, 39.)
10. "El Estado no debe temer que la Iglesia invada sus dominios y sus peculiares derechos; desde los primeros tiempos los cristianos se mostraron tan deferentes respecto de tales derechos, según los preceptos de su fundador, que expuestos a las vejaciones y a la muerte, pudieron decir justamente: los príncipes nos persiguen sin razón". (León XIII, Au Clergé francais, 16 de febrero de 1892.)
11. "La Iglesia, lejos de coartar la misión del Estado, le ayuda a llevarla al cabo con amplitud..., forma cristianos virtuosos, prepara ciudadanos capaces, por sus aptitudes espirituales, para el bien público". (Carta del Card. Pacelli, Pío XII, a M. Duthoit.)
12. "En las cuestiones puramente políticas, por ejemplo, respecto a las formas de Gobierno: la Iglesia deja a cada uno en libertad". (Pío XI al Card. Adrien, 5 de septiembre de 1926.)
13. "La Iglesia y todos sus representantes en todos los grados de la jerarquía, no puede ser un partido político, ni hacer la política de un partido, el cual, por su misma naturaleza, persigue intereses particulares, o si mira al bien común, lo hace a través del prisma de sus miras particulares". (Pío XI a la Federación Universitaria Católica Italiana, 8 de diciembre de 1927.)
14. "La Iglesia no debe mezclarse a las facciones ni servir a los partidos políticos". (Benedicto XV,
Lettre aux evéques de Portugal, 18 de diciembre de 1919.) "Querer comprometer a la Iglesia misma en sus rencillas de partidos y pretender servirse de su apoyo para triunfar más fácilmente de sus adversarios, es abusar indiscretamente de la religión". (León XIII, Sapientiae christianae.) "Seguramente nadie podrá negar a los obispos y a los sacerdotes el derecho de tener, como ciudadanos privados, sus opiniones y preferencias políticas personales, con tal que no se aparten de las exigencias de una conciencia recta y de los intereses de la religión. Pero no es menos evidente que, como obispos y sacerdotes, deberán mantenerse absolutamente fuera de las luchas de partidos, por encima de toda competencia puramente política". (Card. Gasparri a los ordinarios de Italia, 2 de octubre de 1922.)
15. "Es necesario defenderse de una confusión posible. Hay momentos en que nos, el episcopado, el clero, los seglares católicos, parece que nos ocuparemos de la política. Pero en realidad no ocupamos únicamente de la religión, de la defensa de la religión y de los intereses religiosos, cuando se combate por la libertad religiosa, por la santidad de la familia, por la santidad de la escuela, por la santificación de los días consagrados al Señor. Eso no es hacer política: no lo creemos, no lo creemos jamás. Entonces es la política la que ha tocado el altar. Y nosotros, defendemos entonces el altar. Este es nuestro papel, defender la religión, la conciencia, la santidad de los sacramentos: el buen Dios nos lo ha confiado, a nos, al episcopado, al clero, a los seglares, a los colaboradores de los apóstoles y sobre todo a los colaboradores calificados como sois vosotros". (Palabras de Pío XI pronunciadas con motivo de la Peregrinación Internacional de Juventud Católica, en 19 de septiembre de 1925.)
De todos estos pronunciamientos hechos por las altas autoridades eclesiásticas, se desprende el vivo interés de mantener la frontera entre la misión de la Iglesia y la misión del Estado. Aplicar la vieja sentencia de dar "a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César".
Dice Gustav Radbruch: "Cuatro viejos adagios, hacen aparecer a nuestros ojos los principios supremos del derecho y al mismo tiempo las fuertes antinomias que reinan entre esos principios. He aquí el primero: Salus populi suprema Lex est; pero ya un segundo adagio responde: iustitia fundamentum regnorum: ¡No es el bien común el fin supremo del derecho, sino la justicia! Esta justicia, sin embargo, es una justicia suprapositiva, y no es la justicia positiva o más exactamente la legalidad, la que contempla nuestro tercer adagio así concebido: fiat iustitia pereat mundus: la inviolabilidad de la ley debe ser colocada por encima del mismo bien común. A lo cual, en fin, el cuarto adagio objeta: summun ius, summa iniuria: la estricta observancia de la ley implica la injusticia más sublevante".
Como católico reconozco a la Iglesia su sitio como la esposa de Cristo y no hay que desearla, como no debe desearse la esposa ajena, ni como bandera política. Con toda la pureza de un mandamiento no debe deseársele para respaldar con su prestigio y su vigor espiritual, con su autoridad, con el peso de sus dogmas nuestras aspiraciones y nuestras realizaciones políticas. Tengamos la gallardía de afrontar el riesgo de la lucha con nuestras propias fuerzas y la lealtad de servirla respetando su autonomía en la sociedad civil y tengamos, en suma, la valentía de cargar con nuestros propios aciertos o nuestras derrotas, nuestros logros y nuestras propias culpas con la dignidad y el decoro que nos exige la dimensión ciudadana.
Consecuentemente, solicito la derogación del artículo 343 del Código Federal Electoral por contradictorio con principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantizan en su artículo 1o. las garantías individuales.
De conformidad con el artículo 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente se turne la presente iniciativa de reforma a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Protesto mi atenta y distinguida consideración.
Salón de sesiones, Octubre 15 de 1987.
Diputado, profesor Jaime Haro, fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano."
Trámite: Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra para presentar una iniciativa, el diputado Javier Paz Zarza. Se le concede el uso de la palabra.
El C. Javier Paz Zarza:
"Honorable asamblea; H. Cámara de Diputados: Desde su fundación, en 1939, Acción Nacional ha afirmado que "La nación es una realidad viva, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos, y con un claro destino. El interés
nacional es preeminente; todos los intereses derivan de él o en él concurren".
Por eso mismo, en función al interés nacional preeminente, es tarea de los legisladores fortalecer los elementos que dan identidad a los mexicanos y con ello lograr la auténtica unidad y la solidaridad.
La identidad de los mexicanos como nación, es el resultado de una historia común, que nos ha legado un cúmulo de tradiciones y valores que motivan nuestra acción. Esa identidad indudablemente se representa en nuestros símbolos patrios: el Escudo, el Himno y la Bandera Nacional.
El promover el respeto y la veneración a nuestros símbolos patrios, es imprescindible e independientemente del pluralismo social, político y cultural, debe afirmarse lo que constituye un punto de afinidad indiscutible entre todos los mexicanos.
Este punto de afinidad es México, que es más que el simple concepto geográfico, con sus campos y ciudades, sus montañas costas y desiertos.
México, representado por sus símbolos, es una "nación que se teje y se desteje, un pueblo que comparte una cultura común, formada por una historia, costumbres y creencias, en trance perenne de hacerse y rehacerse.
Aún más, México es, además de un país, además de una nación, es nuestra patria." Este concepto, emparentado con los otros, que los presupone y abarca, pero los rebasa: "La Patria - diría don Bernardo Bátiz Vázquez - , que se canta en el himno, que se venera en nuestra Enseña Nacional, que nos hace solidarios con los que son nuestros, con los que nos une un lazo más que cultural, filial; la patria, más que el país más que la nación, nos hermana e identifica; somos hijos de la patria, por lo tanto somos hermanos. Somos patriotas de una misma patria, por tanto, estamos unidos más allá de circunstancias, de opiniones y de dogmas políticas".
Por estas convicciones, en Acción Nacional siempre estaremos a favor de toda acción que fortalezca los símbolos patrios, y en contra de todo aquello que pretenda acaparar los símbolos de la patria para una facción o grupo.
Porque, indudablemente, himno y Bandera son la metáfora de la patria toda, no de una facción, no de un grupo ni de una ideología. Sólo en los países totalitarios, se impone el símbolo de una facción como el símbolo del todo, o bien que rebaja el símbolo del todo para que sea bandera de un partido único. Y ahí esta el ejemplo del nazismo, comunismo y el fascismo.
Y esta patria nuestra, este México que todos decimos amar y respetar, que es abstracto e ideal, se concretiza y se materializa en nuestra bandera, en sus colores - que por lo tanto no puedan ser nada más de algunos - , en las figuras del escudo y en las estrofas de nuestros Himno Nacional.
Todo ello no pertenece en exclusiva a nadie por separado, es común, es de todos, y si lo reservamos para unos cuantos, lo rebajamos y los manchamos; si lo aceptamos como patrimonio en común, lo elevamos y preservamos, lo salvamos ahora y lo legamos a las generaciones que nos sigan, para que sea lazo de unión y no causa de discordia, de amor y no de odio, de cooperación y no de lucha estéril.
Nuestros símbolos patrios son la razón esencial de nuestra identidad nacional y no deben ser solo para solazarnos en la contemplación de nuestro ser nacional; nuestros símbolos además nos convocan a la lucha por una sociedad solidaria y humanista, a la lucha por la libertad, por el respeto a las libertades espirituales en un régimen de justicia social.
Por ello, me causó enojo e indignación, el pasado martes 13 del presente, ver pasar un grupo de jóvenes, traídos de Guanajuato al espectáculo de acarreo en apoyo al candidato del partido oficial, vestidos al estilo de carnaval, ataviados ellos con calzoncillos tricolores y ellas con vestidos chillantes tricolores con flecos y medias también tricolores.
La abanderada, portaba una Enseña Nacional, sin escudo, en el cual habían escrito las palabras "PRI, rock y chupe".
¿Es esa la imagen de respeto a los colores de nuestra Bandera?
Por todo lo anterior, pensando en el profundo respeto que deben merecernos a todos los mexicanos sin excepción, los símbolos patrios, con fundamento en el artículo 71, fracción II constitucional, presentamos la siguiente iniciativa de ley que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en su artículo 32, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 32. ......................
Queda prohibido a toda institución o persona incluidos los partidos políticos el uso en su conjunto de los colores nacionales, en cualquiera de sus combinaciones, en sus emblemas y logotipos para propaganda comercial o electoral.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, licenciado Javier Paz Zarza.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 1987.
Diputados: Xavier Abreu Sierra, Carlos Arturo Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamirano Dimas, Víctor Guillermo Alvarez Herrera, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, Manuel M. Castrejón Bribiesca, Alejandro Cañedo Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Ángel Conchello Dávila, Jaime Delgado Herrera, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Cristóbal Figueroa Nicola, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Schmal, Ma. del Carmen Jiménez de Ávila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Héctor Mejía Gutiérrez, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel Rosas Torres, Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López."
Trámite: Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. Presidente: - Para presentar una iniciativa, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes (desde su curul): - Me reservo para hacer el uso de la palabra en el curso de la sesión.
El C. presidente: - Gracias señor diputado.
Prosiga la secretaría con la lectura de los dictámenes del orden del día.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Néstor Raúl Hernández, para dar lectura al dictamen de la Comisión de Justicia.
El C. Néstor Raúl Luna Hernández:
"Señor presidente; honorable asamblea: A la Comisión de justicia fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa de reformas y adiciones a varios artículos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Después de su estudio, análisis y discusión de la iniciativa, la Comisión de Justicia, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno el siguiente dictamen con los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. La iniciativa que nos ocupa tiende a agilizar el procedimiento y adecuarlo a las reformas que se dieron al artículo 104, fracción I - B de la Constitución General de la República consistente en que sean los tribunales Colegiados de Circuito quienes conozcan de los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que hace referencia el artículo 73 fracción XXIX - H del mencionado ordenamiento.
Segundo. Por ello, se adecúa mediante la reforma al artículo 87 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la interposición del recurso de revisión por parte de la autoridad ante los Tribunales Colegiados de Circuito.
Tercero. Por lo que respecta al sobreseimiento, la revocación del acto impugnado y la caducidad de la instancia por inactividad procesal, experimenta una reforma la fracción IV y se adiciona una más, que sería la V del artículo 72 de la citada ley.
Cuarto. La reforma al artículo 82, segundo párrafo no hace mas que establecer que las sanciones pecuniarias se fijarán en razón del salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
"PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforma y adiciona el artículo 72 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 72. ......................
I a III. ...........................
IV. Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor, o revocado el acto que se impugna, y
V. Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de 180 días, ni el actor hubiera promovido en ese mismo lapso.
Procederá el sobreseimiento en el último caso si la promoción no realizada es necesaria para la continuación del procedimiento.
En los juicios en que se haya interpuesto el recurso de revisión, la respectiva inactividad durante dicho término producirá la caducidad en esas instancia y la sala superior declarará firme la resolución recurrida.
Celebrada la audiencia o listado el asunto para sesión, no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal, ni la caducidad de la segunda instancia.
Artículo segundo. Se reforman el segundo párrafo del artículo 82 y el artículo 87 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 82. .................................................................
La sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requiera para que la cumpla, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuncia se le impondrá una multa de 50 a 100 veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito federal.
...............................................................................
Artículo 87. Contra las resoluciones de la sala superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 fracción I - B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del plazo de 15 días siguientes a aquel en que surta efectos notificación respectiva, cuando se trate de un asunto de importancia y trascendencia mediante escrito dirigido a dicho tribunal. En dicho escrito deberán exponerse las razones que determinen la referida importancia y trascendencia del asunto de que se trate. Si el valor del negocio excede de 20 veces el salario mínimo elevado al año, conforme a la regla especificada en el artículo 3o. bis de la ley de Amparo. se considerará que tiene las características requeridas para ser objeto del recurso.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 15 de octubre de 1987.
Diputados: David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Ángel Herrerías Alvarado, Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Elvia Lugo de Vera, Néstor Luna Hernández, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Robles González, Macario Rosas Zaragoza, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsivaís Ramírez, Melquiades Morales flores, Aurora Munguía Archundia, Santiago Oñate Laborde, Laura Pavón Jaramillo, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Irene Ramos Dávila, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velazco Pérez, Héctor Yunes Landa, Humberto Zavala Peña."
Trámite: Es de primera lectura.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Antonio Araujo Urcelay, para dar lectura al dictamen de la Comisión de Justicia.
El C. Juan Antonio Araujo Urcelay: - Con su permiso señor presidente:
«Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa de reformas y adiciones a varios artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
después de su estudio, análisis y discusión de la iniciativa, la Comisión de Justicia, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante este pleno el siguiente dictamen con los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. el Ejecutivo Federal turnó a la H. Cámara de diputados una iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Segundo. En ella, se propone reformar los artículos 51 bis, 219, 220, 221, 302 y la fracción I del artículo 305 de la propia ley, así como adicionar el capítulo V del título décimo, con la denominación "de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores", capítulo que estará integrado por los artículos 219 a 221, de acuerdo con el contenido a que se refiere la propia iniciativa.
Tercero. En reciente reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como a la ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, se reestructuró tanto el procedimiento civil, como la integración de los tribunales.
Cuarto. Con las reformas antes citadas se ha procurado erradicar vicios procedimentales lo mismo que se procuró dar mayor celeridad a los juicios, en beneficio y cumplimiento de la pronta y expedita administración de justicia a que nos obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quinto. Al reformarse la ley, y suprimirse a los secretarios actuarios se ha querido agilizar el procedimiento judicial, creándose una Oficina Central de Notificaciones y Ejecutores, quienes a través de un sistema debidamente controlado, tuvieran a su cargo precisamente las tareas que antes se les habían encomendado a los secretarios actuarios.
Sexto. Con la reforma se propone la creación de una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, ya como dependencia directa del Tribunal Superior de Justicia y con un director al que se le encomendará precisamente la titularidad y dirección de esa oficina con todas las atribuciones y responsabilidades contenidas en la ley.
En síntesis, continúa funcionando el Sistema de Notificadores y Ejecutores, pero ahora ya concentrados en una oficina central con un titular y con una dependencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por disposición a la ley.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a su consideración el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA A LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 51 bis, 219, 220, 221, 302 y la fracción I del artículo 305 de la ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 51 bis. Los juzgados previstos en el presente capítulo dispondrán de los notificadores y ejecutores necesarios para la práctica de las notificaciones y diligencias que ordenen, los cuales se encontrarán adscritos a la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores.
Artículo 219. La Oficina Central de Notificadores y Ejecutores es la dependencia del Tribunal superior de justicia encargada de:
I. Recibir diariamente las actuaciones que remitan los juzgados, para la práctica de las notificaciones y diligencias respectivas;
II. Registrar y distribuir entre los notificadores y ejecutores del tribunal, así como entre los pasantes que le sean adscritos, las cédulas de notificación y los expedientes para ejecución que reciba de los juzgados, para su pronta diligenciación, y
III. Tomar las medidas que estimen convenientes para lograr, mediante una equitativa distribución del trabajo, la mayor celeridad en la práctica de las diligencias que ordenen los juzgados.
Artículo 220. La Oficina Central de Notificadores y Ejecutores estará a cargo de un director, quien deberá reunir los requisitos que señala el artículo 53 de esta ley, y contar con el personal necesario para el desempeño de sus funciones.
Artículo 221. El director de la oficina central es el jefe inmediato tanto de notificadores y ejecutores, como el personal adscrito a la misma, y tiene la obligación de velar por el buen funcionamiento de la oficina y el debido orden dentro de la misma, imponiendo las sanciones que resulten procedentes en los términos de lo dispuesto por esta ley y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios públicos.
Artículo 302. Las faltas a que se refieren los artículos 291, 292 y 294 de esta ley, serán sancionadas, respectivamente, por los jueces o presidentes de sala respectiva. Las faltas a que se refiere el artículo 293 serán sancionadas por el director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores.
Artículo 305. ......................
I. Cuando se trate de la imposición de sanciones a los secretarios de acuerdos auxiliares, notificadores y ejecutores y demás servidores públicos del ramo judicial, el órgano encargado de imponer las sanciones hará la declaración previa de que el servidor público incurrió en la falta de que se trate, sin más requisitos que oír a éste y al denunciante, si quisiera concurrir, recibiendo en el mismo acto las explicaciones o justificaciones del caso, de una y otra parte en la misma diligencia, que deberá ser citada dentro del término que previene el artículo 278 de la presente ley;
II. y III. ......................
Artículo segundo. Se adiciona el capítulo V del título décimo, con la denominación "De la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores", a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, capítulo que estará integrado por los artículos 219 a 221 cuyo contenido se indica en artículo primero del presente Decreto.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 15 de octubre de 1987.
Diputados: David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Ángel Herrerías Alvarado, Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Elvia Lugo de Vera, Néstor Luna Hernández, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Robles González, Macario Rosas Zaragoza, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana. Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, Aurora Munguía Archundia, Santiago Oñate Laborde, Laura Pavón Jaramillo, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Irene Ramos Dávila, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velazco Pérez, Héctor Yunes Landa, Humberto Zavala Peña.
Trámite: es de primera lectura.
El C. prosecretario Eliseo Gaspar Rangel:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Rodolfo Navarrete Tejero, Embajador de México en Finlandia, pueda aceptar y usar la Condecoración del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de ese país.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Rodolfo Navarrete Tejero, para aceptar y usar la condecoración de León de Finlandia, en grado Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D. F., a 14 de octubre de 1987.
Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios
Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda y Sergio Valls Hernández.»
Trámite: Es de primera lectura.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea; A la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se turnó para su estudio y dictamen la iniciativa para adicionar y derogar disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, presentada por el C. diputado Jorge Alcocer Villanueva, el ejercicio del derecho que le confiere la fracción II del artículo 71 constitucional.
La comisión que suscribe, procedió al estudio y examen de la iniciativa de referencia. Durante el estudio de la misma, diputados pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, consideraron necesario examinar otras normas vinculadas a aquellas cuya reforma se proponía y la comisión estimó oportuno proceder a sugerir otras modificaciones que ahora se presentan en conjunto a la asamblea.
DICTAMEN
Norma invariable de la administración pública en el estado de derecho es la sujeción del gasto y su ejercicio a normas que aseguren honestidad, eficiencia y transparencia. En estos principios se apoyó el Congreso de la Unión al aprobar en diciembre de 1984, la iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
Durante la vigencia de la ley cuya reforma se propone, se ha apreciado una mayor disciplina presupuestal de la administración pública. La ley ha sido en términos generales, un útil instrumento para alcanzar los fines que el Congreso fijó.
No obstante lo anterior, la dinámica de las adquisiciones de bienes muebles por parte del sector público, ha mostrado algunas lagunas legislativas que al Congreso corresponde cubrir con el fin de dotar de claridad y transparencia todas la operaciones mercantiles en que el Ejecutivo Federal, a través de sus distintas dependencias, interviene como adquirente de bienes muebles.
La comisión que suscribe aprecia que el padrón de proveedores de la administración pública creado por la ley que se examina, a permitido mayor racionalidad y honestidad en las adquisiciones que, realizadas a través de licitaciones públicas, ha dado firmeza y seguridad a las transacciones.
Siguiendo los propósitos de la ley, la iniciativa materia de este dictamen propone adicionar con un párrafo, el artículo 26 relativo a licitaciones que, siendo siempre públicas, deben asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se propone, como garantía ulterior de imparcialidad y honestidad, que en ningún caso la dependencia o entidad que pretende arrendar un bien mueble a particulares pueda, paralelamente, financiar la adquisición de los mismos. El propósito es evitar financiamientos que pudieran resultar lesivos al Estado por no asegurar a éste las mejores condiciones en la contratación y que pudieran también ser considerados como potencialmente ineficaces.
La comisión que suscribe comparte los criterios aducidos en la iniciativa materia de este dictamen, pero propone una redacción diversa a la contenida en la iniciativa en examen para distinguir con claridad operaciones de auténtico financiamiento de los meros anticipos. La redacción que ahora se presenta distingue las operaciones de financiamiento de los anticipos que regularmente y de modo normal pueden pactarse en las operaciones materia de regulación. La operación de financiamiento comprende la provisión de recursos a un tercero para que éste adquiera un bien determinado. Por su parte, el anticipo en su aceptación propia al derecho civil constituye un modo de cumplimiento parcial de contraprestaciones contractuales.
La comisión estima que la nueva redacción que se propone debe hacerse concordar con el artículo 32 al tiempo que de todo anticipo debe existir garantía.
Igualmente, la comisión considera que el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, relacionados con Bienes Muebles, debe ser reformado a fin de asegurar una mejor publicidad a las convocatorias a concursos, evitándose que las mismas resulten excesivamente onerosas para la Administración Pública. Se propone que las convocatorias se publiquen en uno de los diarios de mayor circulación en el país y en otro de la entidad en donde vaya a ser utilizado el mismo. Se suprime así la publicación de dos diarios nacionales que actualmente origina erogaciones considerables, en ocasiones superiores, incluso, al precio de adquisiciones de los bienes concursados.
De igual modo, la comisión que suscribe considera necesario precisar los términos de la fracción II del artículo 32 de la ley en examen. La fracción se refiere a los anticipos que la administración o sus entidades entregan a proveedores para la adquisición de insumos o materiales. La ley no prevé de modo expreso la garantía que el proveedor debe otorgar al Estado. Se considera necesario adicionar la fracción II estableciendo que, en el caso de anticipos el proveedor deberá otorgar garantía por la totalidad del anticipo. De aprobarse esta reforma, se evitará que el Estado sufra pérdidas en su patrimonio en los casos de incumplimiento.
En sentido análogo la iniciativa en examen propone la derogación de la fracción II del artículo 37 que establece una excepción a la obligatoriedad de las licitaciones en los contratos de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios cuando existen circunstancias o condiciones extraordinarias e imprevesibles. La comisión que suscribe estima que dicha fracción introduce criterios enteramente subjetivos para eximir del requisito de concurso. La subjetividad del criterio hace difícil el control de dichos casos, control que debe hacerse para determinar la regularidad de la operación, Atendiendo a la experiencia que en el cumplimiento de la ley se ha tenido, se aprecia que la fracción II resulta innecesaria puesto que en la práctica no resulta conveniente su aplicación toda vez que las restantes excepciones son claras, objetivas y permiten flexibilidad y celeridad para la celebración de contratos en los que la licitación es inadecuada para alcanzar los fines fijados por el propio artículo 26.
Al examinar el artículo 37, diversos diputados propusieron a la comisión y ésta aceptó reformar también la fracción I del artículo, a fin de incluir un dispositivo especial que otorgue transparencia en la adquisición de bienes usados; hipótesis hasta hoy no contemplados por la ley y respecto a la cual el padrón de proveedores no resulta aplicable.
Finalmente y con el fin de dar congruencia al sistema propuesto en el artículo 37 en materia de adquisiciones o arrendamientos no sujetos a concurso, se establece una adición a la parte final de dicho artículo haciendo relación expresa a los términos del artículo 35.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 72 de la Constitución General, 56 y 55 de la ley Orgánica del Congreso, la comisión que suscribe, somete a la consideración de la asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES
Artículo primero. Se adiciona el artículo 26 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, relacionados con Bienes Muebles con un tercer párrafo para quedar como sigue.
Artículo 26 ......................
En ningún caso las dependencias o entidades podrán financiar a proveedores la adquisición o arrendamiento de bienes cuando estos vayan a ser objeto de adquisición o arrendamiento por parte de las propias dependencias o entidades No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso deberán garantizarse en los términos del artículo 32 de esta ley.
Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 27 de la ley a que hace referencia el artículo 1o. del presente decreto para quedar como sigue:
Artículo 27. Las convocatorias, que podrán referirse a uno o varios contratos o pedidos, se publicarán en uno de los diarios de mayor circulación en el país y simultáneamente, cuando menos, en otro de la entidad federativa en donde haya de ser utilizado el bien, o prestado el servicio.
I..............................................................................
Artículo tercero. Se reforma la fracción II del artículo 32 de la ley a que hace referencia el presente decreto para quedar como sigue:
Artículo 32. .................................................................
II. La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando éstos procedan. Esta garantía deberá
constituirse por la totalidad del monto del anticipo, y
III. ..........................................................................
Para los efectos de la fracciones I y III de este artículo, los titulares de las dependencias y los órganos de Gobierno de las entidades fijarán las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor.
Artículo cuarto. Se reforma la fracción I, deroga la II y adiciona un párrafo al artículo 37 de la ley a que hace referencia el presente decreto para quedar como sigue:
Artículo 37. .................................................................
I. Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y bienes usados. Tratándose de éstos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de banca y crédito u otros terceros capacitados para ello conforme a las disposiciones aplicables;
II. Se deroga.
III a VIII.....................................................................
El titular de la dependencia o entidad o si éste lo autoriza, el comité a que se refiere el artículo 15 de esta ley, en un plazo que no excederá de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiese autorizado la operación, lo hará del conocimiento de la Contraloría, de la Secretaría y del órgano de gobierno tratándose de entidades acompañando la documentación que justifique la autorización, en los términos establecidos en el artículo 35 de esta ley.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal, a 13 de octubre de 1987.
Diputados; Nicolás Reynés Berezaluce, Presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Jaime Aguilar Alvarez, Rubén Aguilar Jiménez, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Romero Flores Caballero, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Heriberto Ramos Salas, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Píndaro Urióstegui Miranda y Sergio Valls Hernández.
Trámite: Es de primera lectura.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
El C. Presidente: - Para presentar diversas proposiciones, han solicitado el uso de la palabra los diputados Eduardo Valle, Alfonso Godínez, Gabriela Guerrero, Adner Pérez de la cruz, Arnoldo Martínez Verdugo, Franz Espejel y Pablo Pascual Moncayo.
HOMENAJE A NICOLÁS BERNAL
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Valle.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: el día de hoy ha fallecido un hombre extraordinario, un magonista, un hombre íntegro, un hombre que participó con Ricardo Flores Magón en la creación y en el desarrollo del movimiento obrero mexicano: Nicolás Bernal.
Este hombre, ya muy anciano, permaneció congruente, sincero y honesto; un mexicano extraordinario. He señalado en otras ocasiones que en estos muros de la Cámara sobra un nombre, un reeleccionista, y falta otro nombre, el de Ricardo Flores Magón.
Lamentablemente no se ha podido inscribir con letras de oro el nombre de Ricardo Flores Magón
que lo merece. Es una pena que antiguas calumnias en contra de Flores Magón persistan todavía como peso político real para que su nombre no se inscriba en los muros de la Cámara. Es una pena que un mexicano de la talla y de inconcebible coherencia política y personal de un hombre como Ricardo Flores Magón, no esté presente aquí cotidianamente con nosotros.
Pero ha muerto Nicolás Bernal, por ello, y porque esta Cámara tiene la obligación política y ética de estar pendiente de los sucesos de la vida nacional, me permito solicitar a usted, señor presidente, ponga en consideración del pleno de la Cámara el que se guarde un minuto de silencio en homenaje a la memoria de este gran mexicano.
El C. presidente: - En obsequio a la propuesta del diputado Eduardo Valle, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no su proposición.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si está de acuerdo en guardar un minuto de silencio en los términos propuestos por el diputado opinante. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, esta Cámara de Diputados guarda un minuto de silencio por Nicolás Bernal.
(Todos de pie guardan un minuto de silencio)
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Señor Presidente; compañeros: hay propuestas ya antiguas, en otras legislaturas incluso, para llevar adelante el procedimiento que de ser aprobado implicaría la inscripción del nombre de Ricardo Flores Magón en las paredes, en los muros de esta Cámara de Diputados.
Al principio de está legislatura, a nombre del PMT, presentamos también una propuesta en este sentido: hay dictámenes incluso de comisiones de otras legislaturas favorables a la inscripción del nombre de Ricardo Flores Magón. Solicito a usted que de considerarlo conveniente, haga usted una excitativa a la comisión que corresponda, precisamente para que se de curso al procedimiento y tengamos la oportunidad histórica como LIII legislatura de inscribir el nombre de Ricardo Flores Magón en los muros de esta Cámara de Diputados, si así lo considera conveniente y lo aprueba el pleno de la Cámara. Muchas gracias.
EXCITATIVA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano Martín Tavira, para hechos.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; señoras y señores diputados; en apoyo a la excitativa del diputado Valle, quiero referir a ustedes el hecho de que la LI Legislatura del "Congreso de la Unión en esta Cámara, se formó oficialmente, una comisión especial que estudiaría a fondo la vida, la obra, la vida heroica de Ricardo Flores Magón. Esta comisión la presidió el diputado Norberto Aguirre Palancares.
Nicolás Bernal, el amigo íntimo de Ricardo Flores Magón, estuvo a veces con los miembros de la comisión para dar sus puntos de vista, proporcionar informes respecto de la vida de Flores Magón. Otros varios ilustres, intelectuales y revolucionarios, concurrieron a dar sus opiniones.
De tal manera que esta comisión concluyó sus trabajos elaborando un dictamen que todos firmamos, pero nunca este dictamen fue presentado al pleno de la Cámara para su discusión y aprobación, en su caso. Hay varios testigos de esto. Yo estoy viendo, por ejemplo, al licenciado Flores Magón que estuvo en esta comisión, era diputado en ese tiempo. El es testigo de todo el trabajo de dos años o tres años, no recuerdo bien, para llegar a estas felices conclusiones.
De manera que todo está listo. Ricardo Flores Magón tiene el derecho de ocupar el sitial de honor de la representación del pueblo mexicano. El, creador del Partido Liberal, luchó, sufrió cárceles, entregó su vida entera a la causa del proletariado nacional en aquel tiempo.
Y como dijimos ayer, murió como había vivido, Nunca se arredró. La cárcel no lo dominó: no lo quebró, no lo dobló.
Es un ejemplo de actitud heroica, de lucha incansable, de lucha para redimir las masas oprimidas del pueblo mexicano. Su ejemplo, su enseñanza, son perennes. Es uno de los grandes constructores de la patria revolucionaria. Y tiene todo el derecho de venir a ocupar el sitial que le corresponde.
Yo también, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, insisto, pido, a esta Cámara que de una vez por todas aprobemos el dictamen que ya existe para que con letras de oro se ponga el nombre de Ricardo Flores Magón en los muros de nuestra Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En atención a lo expresado por los diputados Valle y Tavira y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI de nuestro Reglamento se excita a las comisiones correspondientes a dictaminar el asunto planteado.
Se concede el uso de la palabra para presentar una proposición al diputado Alfonso Godínez.
El C. Alfonso Godínez López; - Señor Presidente; señores diputados; compañeras y compañeros; a nombre del sector obrero de la diputación priísta, vengo ante ustedes para denunciar y después proponer lo que ya es un clamor popular de la ciudadanía. Es preocupante que las autoridades de la Dirección e Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Industria y Comercio, se encuentre en convivencia con empresas distribuidoras de gas en el Distrito Federal, y como consecuencia de ello, estamos sufriendo explosiones de tanques de gas y accidentes que arrojan un saldo de tres muertos por mes, nos preocupa porque los familiares de la clase obrera en su mayoría se han visto afectadas por estos accidentes; por lo mismo, hemos efectuado un estudio, una investigación, para conocer a fondo el meollo de estos mortales accidentes.
Resulta pues, que existen en el Distrito Federal 34 compañías distribuidoras de gas, todas ellas han encontrado un mecanismo "legaloide" para obtener abundantes ganancias en la venta de este producto que es una concesión del Gobierno Federal, pues violan el reglamento para su distribución y venta en el Distrito; así disfrazan a los trabajadores de comisionistas o intermediarios, haciéndoles creer que les venden un camión para el reparto del producto, a cambio de hacerse cargo de los sueldos y prestaciones de sus macheteros, de los gastos de distribución, del mantenimiento de la unidad, del Seguro Social, de los pagos del infonavit, etcétera, así como a usar los logotipos y las razones comerciales de la compañía gasera para poder expender el producto como lo señala el reglamento.
Esto, sin duda, representa un engaño a dichos comisionistas o intermediarios, ya que nunca se harán propietarios del camión y como el precio del gas a que el intermediario lo adquiere no es suficiente para sufragar estos gastos, estos se ven obligados a apoderarse de determinadas zonas de la ciudad e impedir la libre competencia, por lo tanto impiden el acceso a otras compañías vendedoras del mismo producto, creando un mercado cautivo y así obligan, y esto es lo grave, a las amas de casa adquirir los tanques de gas para el consumo cotidiano, al pie del camión, al precio que ellos quieren venderlo, a fin y al cabo no entregan notas.
Las amas de casa, lógicamente, no pueden transportar un tanque de aproximadamente 40 kilos o más. Se ven obligadas a pagar a estos comisionistas o intermediarios, un sobreprecio por el acarreo del tanque a su domicilio y si el cliente habita en un tercero o cuarto piso, cobran de mil pesos por cada piso, por subir dicho tanque, lo que ocasiona una terrible descompensación en el gasto familiar obrero. Pero esto es menos importante en relación con el gran número de accidentes que ocasionan esas empresas por las explosiones a que nos hemos venido refiriendo.
Sucede que las empresas gaseras tienen que pagar a la Secretaría de la Industria y Comercio, un peso 15 centavos por cada kilo de gas que se venda, para la reposición de tanques en mal estado. La Secofi los manda a fabricar y los regresa a las empresas distribuidoras para que sean entregados gratuitamente a los consumidores, situación que no se realiza por un sinnúmero de pretextos burocráticos y si se realiza, es a medias.
Por causas inexplicables, los tanques nuevos de reposición que son fabricados para entregar a los clientes consumidores, no llegan, pero sí se consiguen en diferentes mercados públicos de la ciudad a precios que varían de 30 a 40 mil pesos cada uno.
Si la ama de casa solicita un tanque nuevo al camión de reparto, no se le entrega a cambio del cilindro viejo, como debería de ser, y lo manifiesta el reglamento estipulado; se le exige un precio de 30 mil pesos por cada tanque nuevo. Esto, lógicamente, lo rechaza el ama de casa por su posición económica y se ve obligada a recibir los tanques viejos, en mal estado, fuera de las normas que marca el Reglamento de Gas y que son verdaderas bombas de tiempo, provocando la zozobra y la inquietud entre los ciudadanos, porque se sabe que de un momento a otro, pueden estallar esos tanques, como ha venido sucediendo cotidianamente.
Y esto lo vengo a demostrar con las publicaciones que entrego a la secretaría de todos los accidentes que los diarios capitalinos, de todas las quejas de los ciudadanos, de todas las manifestaciones que han hecho los consumidores de gas. Esto nos arroja, y lo repito, tres muertos mensuales sin lugar a duda.
De todo lo anterior, compañeros diputados, tienen conocimiento las autoridades correspondientes, en este caso, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Comercio, de cómo operan las empresas gaseras, fuera de toda ética comercial, y tienen conocimiento porque el 3 de julio del presente año, ante la desesperación popular y la
angustia de observar que no se resuelven los problemas a pesar de la infinidad de quejas y trámites, celebramos con los habitantes de la ciudad un mitin de protesta en el seno de las oficinas y frente al director de inspección y Vigilancia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Víctor Campos Chargoy, para exigir su intervención y resolver los problemas de mortandad de nuestra ciudad, en especial, de cuatro personas que habían fallecido por las zonas antes señaladas.
Logramos la indemnización de los deudos, sin embargo, no se aplicó sanción alguna a la empresa que por su consentimiento y violar el reglamento de gas, provocó la explosión. Esta empresa es la Compañía Mexicana de Gas Combustible, S. A., responsable del accidente. Pero cuenta con la defensa de Campos Chargoy y dice argumentando para defender a estas empresas, que existe un reglamento obsoleto, que por esta razón todas las empresas actúan así y que no hay manera de resolver el problema. Esas y otras evasivas sin sentido, fue el razonamiento de estas autoridades.
Por eso venimos a presentar enérgica protesta, para que sea del conocimiento de todos los representantes populares del país y se tomen las medidas que proponemos:
"1. Se investigue a fondo el incumplimiento del Reglamento de Distribución de Gas en el Distrito Federal y en la República Mexicana.
2. Se aplique este reglamento, sea obsoleto o no, mientras no exista otro.
3. Se indemnice a quienes hayan sido afectados por las explosiones de gas conforme a derecho, ya que las autoridades les dan carpetazo de inmediato cuando hay una explosión de gas y nunca aparece un responsable."
Sin embargo, tenemos un sinnúmero de quejas a este respecto que no son atendidas.
Es todo, compañeros, y esperamos que se haga justicia a todos estos compañeros que han sido víctimas de las explosiones de gas. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra?
En los términos del artículo 58 consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Túrnese para su estudio y acción conducente, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Adner Pérez de la Cruz, para presentar una proposición.
El C. Adner Pérez de la Cruz: - Compañeras y compañeros diputados: en 1944, cuando el maestro Vicente Lombardo Toledano hizo la presentación del nuevo programa del sector revolucionario al pueblo de México, decía en aquella ocasión: "El día en que los Estados Unidos sean corridos de las diferentes regiones del mundo, se refugiará en lo que ellos consideran como su patio trapero, es decir, se resignará para sí como sus áreas de influencia, con derecho a intervenir, a hacer y deshacer sobre los destinos de los pueblos de toda Latinoamérica".
Estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. Esas proféticas palabras, por desgracia, se han cumplido.
Cuántas y cuántas intervenciones no han sufrido los pueblos hermanos de Latinoamérica por la boca de los Estados Unidos. Sería largo enumerarlas aquí. Pero han hecho planes y programas y uno recuerda, las cabezas lúcidas de esta Cámara recordarán seguramente, aquél llamado Plan Tanaka, que fue elaborado por el hermano del Presidente Eisenhower y que recorrió todo Latinoamérica, llevándole un informe político, geográfico, social, del estado, que guardaban todos los países hermanos de Latinoamérica. Yo creo que valdría la pena volverlo a leer, eso nos explicaría muchos de los fenómenos que hoy aquejan a diversas regiones de nuestra América.
Pues bien, compañeras y compañeros diputados, el caso al que quiero hacer referencia es a la conflictiva región de Centroamérica. Para nadie ha sido un secreto todos los esfuerzos que se han hecho por impedir la intervención armada en esa hermana región, los graves problemas que aquejan a los pueblos, la forma despectiva como se les ha llamado, repúblicas bananeras y toda la lucha tenaz, patriótica de todos los pueblos que conforman esa región de nuestro subcontinente.
Tampoco es un secreto los esfuerzos de nuestro país por impedir una intervención armada en esa
región, porque México es fiel a sus principios de autodeterminación y no intervención en los asuntos internos de países hermanos. En ese sentido, ha configurado lo que se da en llamar el Grupo de Contadora, porque México no puede olvidar que se le cercenó más de la mitad de su territorio en el siglo pasado, por eso es fiel a sus principios internacionales. Pues bien, en esa región también se han dado esfuerzos que contraponen a la potencia agresiva del norte con los esfuerzos de buscar soluciones pacíficas y negociadas en la región de Centroamérica.
Unos de esos acuerdos, podríamos llamarle histórico, es la reunión de Esquipulas II, pero seguramente todos nosotros leemos y escuchamos en las noticias de los diferentes diarios de nuestro país, de los radios, de televisiones, de los canales de televisión, referirse a Esquipulas II, pero ¿qué es en esencia Esquipulas II? ¿Qué plantea? ¿Qué sostiene? ¿Qué es lo que plantea?
Veamos a grandes rasgos, compañeras y compañeros, el texto de esta reunión.
"La repúblicas de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua empeñadas en alcanzar los objetivos y desarrollar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de Organización de Estados Americanos, el Documento de Objetivos, el Mensaje de Caraballeda, la Declaración de Guatemala, el Comunicado de Punta del Este, el Mensaje de Panamá y la Declaración de Esquipulas I y el proyecto de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica del 6 de julio de 1986, han convenido en el siguiente procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica.
Reconciliación nacional. Diálogo para realizar urgentemente en aquellos casos donde se han producido profundas divisiones dentro de la sociedad, acciones de reconciliación nacional que permitan la participación popular, con garantía plena, en auténticos procesos políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y democracia, y para tal efecto, crear los mecanismos que permitan, de acuerdo con la ley, el dialogo con los grupos opositores. A este fin, los gobiernos correspondientes iniciarán el diálogo con todos los grupos desarmados de oposición política interna, y con aquellos que se haya acogido a la amnistía.
Amnistía. En cada país centroamericano, salvo en aquellos en donde la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento determine que no es necesario, se emitirán decretos de amnistía que deberán establecer todas las disposiciones que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materiales y la seguridad de las personas que sean aplicables dichos decretos.
Simultáneamente a la emisión de esos decretos de amnistía, las fuerzas irregulares del respectivo país deberán poner en libertad a todas aquellas personas que se encuentran en su poder.
Comisión Nacional de Reconciliación. Para la verificación del cumplimiento de los compromisos que los cinco gobernantes centroamericanos contraen en la firma del presente documento, en materia de amnistía, cese el fuego, democratización y elecciones libres, se creará una Comisión Nacional de Reconciliación que tendrá las funciones de constatar la vigencia real del proceso de todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos centroamericanos garantizados en este mismo documento.
La Comisión Nacional de Reconciliación está integrada por un delegado propietario y un suplente del Poder Ejecutivo, un titular y un suplente sugeridos por la conferencia Episcopal, y escogido por el gobierno de una terna de obispos que deberá ser presentada dentro del plazo de 15 días después de recibida la invitación formal. Esta invitación la formularán los gobiernos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma de dicho documento. El mismo procedimiento de terna se utilizará para la selección de un titular y un suplente de los partidos políticos de oposición legalmente inscritos. La terna deberá ser presentada en el mismo plazo anterior.
Cada gobierno centroamericano escogerá, además, para integrar dicha comisión, a un ciudadano notable que no pertenezca ni al gobierno ni al partido del gobierno, y a sus respectivos suplentes.
El acuerdo decreto en que se integra la respectiva comisión nacional, será comunicado de inmediato a los otros gobiernos centroamericanos.
Exhortación al cese de hostilidades. Los gobiernos hacen una exhortación vehemente, para que en los estados del área que actualmente sufren la acción de grupos irregulares o insurgentes, se concerté el cese de las hostilidades. Los gobiernos de dichos estados se comprometen a realizar todas las acciones necesarias para lograr un efectivo cese del fuego dentro del marco constitucional.
Democratización. Los gobiernos se comprometen a impulsar un auténtico proceso democrático pluralista y participativo, que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía la integridad territorial de los estados y el derecho de todas las naciones a determinar
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social y realizarán de manera verificables las medidas conducentes al establecimiento y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas que garanticen la organización de partidos políticos y la efectiva participación popular en la toma de las decisiones y aseguren el libre acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos fundados en la plena observancia de los derechos humanos.
Para efecto de verificar la buena fe en el desarrollo de este proceso de democratización, se entenderá que deberá existir completa libertad para la televisión, la radio y la prensa. Esta completa libertad comprenderá la de abrir y mantener en funcionamiento medios de comunicación para todos los grupos ideológicos y para operar esos medios sin sujeción a censura previa.
Deberá mantenerse el pluralismo político partidario total. Las agrupaciones políticas tendrán en este aspecto amplio acceso a los medios de comunicación, pleno disfrute de los derechos de asociación y de las facultades de realizar manifestaciones públicas en el ejercicio irrestricto en la publicidad oral, escrita y televisiva, así como la libre movilidad para los miembros de los partidos políticos en función proselitista. Asimismo, los gobiernos centroamericanos que tengan en vigencia al estado de excepción, sitio o emergencia, deberán derogarlos, haciendo efectivo el estado de derecho con plena vigencia de todas las garantías constitucionales.
Elecciones libres. Creadas las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse elecciones libres, pluralistas y honestas, como expresión conjunta de los estados centroamericanos para encontrar la reconciliación y la paz duradera para sus pueblos.
Se celebrarán elecciones para la integración del Parlamento Centroamericano cuya creación se propuso mediante la declaración de Esquipulas del 21 de mayo de 1986.
A los propósitos anteriores, los mandatarios expresarán su voluntad de avanzar en la organización de dicho parlamento, a cuyo efecto la comisión preparatoria del Parlamento Centroamericano deberá concluir sus deliberaciones y entregar a los presidentes centroamericanos el respectivo proyecto de tratado dentro de 150 días.
Estas elecciones se realizarán simultáneamente en todos los países de América Central en el primer semestre de 1988, en la fecha en que oportunamente convendrán los presidentes de los estados centroamericanos.
Estarán sujetas a la vigilancia de los órganos electorales correspondientes, comprometiéndose los respectivos gobiernos a extender invitación a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas, así como a gobiernos de terceros estados que envíen observadores que deberán constatar que los procesos electorales sean recogidos por las más amplias y estrictas normas de igualdad. Acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como por amplias facilidades para que realicen manifestaciones públicas y todo otro tipo de propaganda proselitista.
A efecto de que las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano se celebren dentro del plazo que se señala en este apartado, el tratado constitutivo correspondiente deberá ser sometido a la aprobación o ratificación de los cinco países.
Luego de efectuadas las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano deberán realizarse en cada país, como observadores internacionales, iguales garantías dentro de los plazos establecidos y los calendarios que deberán proponerse de acuerdo a las actuales constituciones políticas, elecciones igualmente libres y democráticas para nombramiento de representantes populares en los municipios, los congresos y las asambleas legislativas y la Presidencia de la República.
Cese de ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales. Los gobiernos de los cincos estados centroamericanos solicitarán a los gobiernos de la región y a los gobiernos extraregionales que abierta o veladamente proporcionen ayuda militar, logística, financiera, propagandística, en efectivos humanos, en armamentos o municiones y equipo, a fuerzas irregulares o movimientos insurreccionales; que cese esa ayuda como un elemento indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región.
No queda comprendida en lo anterior la ayuda que se destine a la repatriación o en su defecto reubicación y asistencia necesaria para la reintegración a la vida normal de aquellas personas que hayan pertenecido a dichos grupos o fuerzas; igualmente se solicitarán a las fuerzas irregulares y a los grupos insurgentes que aturden a América Central a abstenerse de recibir esa ayuda en aras de un auténtico espíritu latinoamericanista.
Estas peticiones se harán en cumplimiento de lo establecido en el documento de objetivos, en cuanto a eliminar el tráfico de armas interregional o provenientes de fuerzas de la región, destinado a
personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países centroamericanos.
No uso del territorio para agredir a otros estados, los gobiernos de los cinco estados centroamericanos con la participación del Grupo Contadora, en el ejercicio de su función mediadora, proseguirán las negociaciones sobre los puntos tendientes de acuerdo en materia de seguridad, verificación y control en el proyecto de Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica.
Estas negociaciones abarcan también medidas para el desarme de las fuerzas irregulares que están dispuestas a acogerse a los derechos de amnistía.
Seguridad, verificación y control. Los cinco países que suscriben este documento reiteran su compromiso de impedir el uso del propio territorio y no prestar, no permitir apoyo militar, logístico a personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países de Centroamérica.
Refugiados y desplazados. Los refugiados centroamericanos se comprometen a atender con sensible urgencia los flujos de refugiados y desplazados que la crisis regional ha provocado; mediante la protección y asistencia, especialmente en los aspectos de salud, educación, trabajo, seguridad, así como facilitar su repatriación, reasentamiento, reubicación, siempre y cuando sea de carácter voluntario y se manifieste individualmente. También se comprometen a gestionar ante la Comunidad internacional ayuda para los refugiados y desplazados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante convenios bilaterales y multilaterales, como por medio del alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados y otros organismos y agencias.
Cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo. En el clima de libertad que garantiza la democracia, los países de Centroamérica, adoptarán los acuerdos que permitan acelerar el desarrollo para alcanzar sociedades más igualitarias y libres de la miseria. La consolidación de la democracia implica la creación de un sistema de bienestar y justicia económica y social, para lograr esos objetivos, los gobiernos gestionarán, oígase bien, conjuntamente, un apoyo económico extraordinario de la Comunidad Internacional.
Verificación y seguimiento internacional. Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento: Se creará una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, conformada por los secretarios generales o sus representantes de la Organización de los Estados Americanos, (OEA) y de las Naciones Unidas, así como por los cancilleres de América Central, del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo.
Esta comisión tendrá las funciones de verificación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos contenidos en este documento.
Como pueden ustedes observar, ya tiene bastante trabajo ahora con la visita de Napoleón Duarte a los Estados Unidos.
Respaldo y facilidades a los mecanismos de reconciliación y de verificación y seguimiento. Con el objeto de fortalecer la gestión de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, los gobiernos de los cinco estados centroamericanos emitirán declaraciones de respaldo a su labor. A esas declaraciones podrán adherirse todas las naciones interesadas en promover la causa de la libertad, de la democracia, de la paz en Centroamérica Los cinco gobiernos brindarán todas las facilidades necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones de verificación y seguimiento de la Comisión Nacional de Reconciliación de cada país y de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.
Calendario de ejecución y de compromisos. Dentro del plazo de 15 días a partir del momento de la firma de este documento, los cancilleres de Centroamérica se reunirán en calidad de comisión ejecutiva para reglamentar, impulsar y viabilizar el cumplimiento de los acuerdos contenidos en el presente documento y organizar las comisiones de trabajo para que a partir de esta fecha, se inicien los procesos que conduzcan al cumplimiento de los compromisos contraídos dentro de los plazos estipulados; por medio de consultas, de gestiones y demás mecanismos que se estimen necesarios.
A los 90 días, tres meses, contados a partir de la fecha de la firma de este documento, entrarán a regir simultáneamente en forma pública, los compromisos relacionados con amnistía, cese del fuego, democratización, cese de ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales y no uso del territorio para agredir a otros estados, como se definen en el presente documento.
A los 120 días, cuatro meses, a partir de la firma de este documento, la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, analizará el progreso en el cumplimiento de los acuerdos previstos en el presente documento.
A los 150 días, cinco meses, los cinco presidentes centroamericanos se reunirán y recibirán
un informe de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento y tomarán las decisiones pertinentes.
Disposiciones Generales. Los puntos comprendidos en este documento forman parte de un todo armónico e indivisible. Su firma entraña la obligación, aceptada de buena fe, de cumplir simultáneamente lo acordado en los plazos establecidos. Los presidentes de los cinco estados de América Central, con la voluntad política de responder a los anhelos de paz de nuestros pueblos, lo suscribimos en la ciudad de Guatemala a los siete días del mes de agosto. Firman los cinco presidentes de la región centroamericana.
Compañeras y compañeros diputados: hace unos días, el día 8 de este mes, el compañero Francisco Hernández Juárez, hizo una intervención en el tenor siguiente: Pedía él que se complementaran o se mandaran sendos comunicados al Congreso de los Estados Unidos, al Gobierno y Congreso de Nicaragua, a los demás países centroamericanos, para, en un caso, llamar la atención, en otros, pedir que profundicen en el espíritu del Acta de Esquipulas, un documento para lograr la paz en Centroamérica y en el otro para hacer una recriminación.
Sin embargo, ha caído en mis manos este documento, que son los acuerdos finales de la tercera reunión de diálogo celebrada en El Salvador, el pasado cinco de octubre de 1987 y firman los representantes del Gobierno del El Salvador y de los frentes Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario. Veamos a grandes rasgo en qué consiste:
Dicen ellos, en este documento:
"En un ambiente de seriedad y respeto de parte de todos los participantes, prevaleciendo un sentimiento profundo de encontrar caminos que conduzcan a la paz, la expresión de esos sentimientos es la adhesión de todos los delegados a los postulados del documento acordado por cinco presidentes centroamericanos en Guatemala el 6 y 7 de agosto de este año: Asumir plenamente el reto de forjar un destino de paz para Centroamérica; comprometernos a luchar por la paz para evitar guerra; hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores. Las dos delegaciones, después de varias horas de diálogo, que calificaron de sincero franco y positivo, encaminado a obtener la paz del El Salvador como contribución fundamental para lograr la convivencia pacífica en la región, acordamos:
1. Reiterar respaldo y apoyo a los esfuerzos de paz que expresan en el convenio celebrado con los señores presidentes de Centroamérica el 7 de agosto de 1987, denominado procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, Esquipulas II, por considerar que dentro de este marco podemos encontrar los caminos para la solución del conflicto interno de nuestra nación.
"2. Crear dos comisiones para buscar y preparar acuerdos en las siguientes áreas:
a) El proceso para el cese de fuego, y
b) Otros contenidos de Esquipulas II.
Las comisiones estarán integradas por un máximo de cuatro representantes por el gobierno y cuatro representantes por el Frente de Defensa Revolucionaria y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ambas serán presididas por el monseñor Arturo Rivera y Gamas o, en su defecto, previa consulta a las partes, por su enviado.
3. Las personas asignadas para formar una comisión, podrán formar parte de la otra. Los nombres de los representantes se comunicarán al moderador, a más tardar dentro de cinco días contados a partir de la fecha.
4. Las comisiones procurarán entregar al moderador su primer informe de acuerdo antes del 4 de noviembre. En todo caso, continuarán sus labores dentro del plazo de 120 días que señala el Acuerdo de Esquipulas II.
5. Las reuniones de las comisiones tendrán carácter privado y de común acuerdo se podrán emitir comunicados de prensa sobre el desarrollo del mismo trabajo.
6. Finalmente, ambas delegaciones expresan su profundo agradecimiento a Juan Pablo II, por habernos acogido en su casa, a la Nunciatura Apostólica y habernos atendido tan bien por medio de su representante, así como al moderador de la reunión, excelencia monseñor Arturo Rivera y Gamas, arzobispo de San Salvador y al pueblo salvadoreño que nos acompañó en esta larga jornada."
Igualmente dejan constancia de su agradecimiento a los gobiernos y a sus representantes diplomáticos: España, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana, Argentina, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Suecia y por la generosa colaboración prestada con motivo de esta tercera reunión de diálogo.
Compañeras y compañeros diputados: es evidente que el documento de Esquipulas II ha traído un
gran avance para buscar la paz. Es como decía al principio, un documento histórico. Sin embargo, hay nubarrones, hay preocupaciones, hay adelantos en algunos países y retrocesos en otros. Nosotros, en la intervención que les mencionaba hace un momento al compañero Francisco Hernández Juárez, planteaba que hacía un reconocimiento al Gobierno de Nicaragua, ha sido por demás extenso el documento, las noticias al respecto, en torno a los avances que se han tenido en el cumplimiento del acuerdo de esquipulas II, en la hermana República de Nicaragua, de todos es conocido que se reabrió el diario La Prensa, se tuvo una concertación de diálogo con los que están, los contras, con diferencia de tono.
Son grandes avances, grandes logros, lo que ha tenido la hermana República de Nicaragua. En El Salvador, aunque con menor grado, pero ya ustedes se enteraron de esta tercera reunión de diálogo.
Yo traía un punto de acuerdo para presentarlo a esta asamblea, pero como todavía no ha salido el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el sentido de los puntos que propuso mi compañero Francisco Hernández Juárez, en la pasada reunión de 8 de octubre y que son los siguientes:
"1. Dirigirse al Congreso de los Estados Unidos de América para solicitar que intervenga a fin de evitar que el Presidente de ese país, Ronald Reagan, siga impulsando la intervención armada en Nicaragua, conducta que contraría los acuerdos pacifistas tomados por los gobiernos de los países centroamericanos.
2. Felicitar a los congresos de Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador por la decisión de sus ejércitos de suscribir los Acuerdos de Esquipulas II y por los esfuerzos que se están realizando, exhortándolos a redoblar el empeño en la aplicación consecuente de lo pactado hasta restablecer la paz y las condiciones de progreso de estas naciones hermanas.
3. Felicitar especialmente al Congreso de Nicaragua y, a través de él, al Presidente Daniel Ortega por estar significándose ese país hermano en el fiel y avanzado cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II."
Compañeras y compañeros diputados: mi proposición es en el mismo sentido, a efecto de que salga un solo dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores pues nada más me voy a permitir dar a conocer el punto de acuerdo.
"El comunicado que se le envíe al Congreso de la hermana República de El Salvador, valore las pláticas que ya se han dado entre el gobierno y los frentes Democrático Revolucionario y Farabundo Martí para la Liberación Nacional."
Como primer paso importante en el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II y valoren, de igual manera, los principios de no intervención y autodeterminación que hallar su concreción, en este caso específico, en el hecho de que sea el hermano pueblo salvadoreño, sin ninguna intervención exterior, quién decida la forma de su vida democrática en la política y en lo social.
Muchas gracias compañeras y compañeros diputados. Dejo aquí el punto de acuerdo . (Aplausos.)
El C. Presidente: - ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra?
En consecuencia, sírvase la secretaría preguntar a la asamblea si admite o no a discusión el punto de acuerdo presentado por el diputado Adner Pérez de la Cruz.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor Presidente.
El C. Presidente: - Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De conformidad con lo solicitado por el diputado Pérez de la Cruz y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento Interior, se excita a la Comisión de Relaciones Exteriores a que dictamine sobre la propuesta planteada por el diputado Hernández Juárez el día 8 de los corrientes.
SOBRE LA PAZ MUNDIAL
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Guerrero.
La C. Gabriela Oliveros Guerrero: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: no se cumple todavía un mes en que tuve el honor de abordar esta tribuna, para proponer a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, un punto de acuerdo orientado a contribuir, a fortalecer la paz mundial, proposición que fuera recogida por las fracciones parlamentarias de todos los partidos
representados en esta LIII Legislatura y aprobada posteriormente por unanimidad por esta soberanía.
La razón nos asistía a todos, porque constituye una tarea impostergable para la humanidad hacer y saludar todos los esfuerzos posibles para que se aleje de su horizonte la amenaza de un holocausto nuclear, que sería el último al que se enfrentaría, porque este produciría su exterminio total.
Sin embargo, señoras y señores diputados, hay otros hechos diarios que encierran en sí mismo toda la amenaza de que se agudicen, se generalicen y conduzcan al conflicto que ha de incendiar la mecha de la hecatombe contra la que todos luchamos, hechos que por sí mismos constituyen un drama cotidiano, ante el cual los mexicanos no podemos permanecer impasibles creyendo, por ejemplo, que el tifón y el volcán que estalló en Beirut no puede llegar a nuestras tierras sin advertir que, como lo señala Yasser Arafat, el tifón creció y tomo fuerza y podrá alcanzar a todos, y llegará el momento en que nadie podrá controlarlo.
La prensa de antier informó de un drama terrible, que de haberlo presenciado de manera directa los miembros de esta Cámara, y de no haber perdido la vida en él, hubiera generado un violento y apasionado impulso para luchar infatigablemente hasta lograr detener la ola de sangre que baña el Medio Oriente desde Irán hasta el Líbano.
La mañana del pasado lunes 12, en la legendaria ciudad de Bagdad, cuando centenares de niños alegremente formaban las filas para iniciar una nueva jornada en su preparación escolar diaria y ante la angustia y el terror de todo al no poder realizar acción alguna de defensa contra un ataque criminal inesperado, un instrumento de muerte, un misil tierra-tierra, pasó sobre sus cabezas estallando en la vecindad de la escuela, destruyéndola, junto con 6 casas contiguas y dejando un cráter de 10 metros de diámetro y 5 de profundidad en el lugar del impacto.
La escuela tenía una población de 650 niños y de ellos 29 fueron muertos y 218 heridos. Inmediatamente después de este trágico hecho, Irak, profundamente dolido, clamó venganza y amenazó con destruir ciudades enteras de Irán. "Irán quiere una guerra de ciudades y la tendrá", anunció el estado mayor de Bagdad.
No puedo ocultar, señoras y señores diputados, que como ser humano, como mujer, como maestra que soy, sentí una profunda indignación por este drama, por la forma brutal e injusta con la que se destrozan de manera totalmente absurda e inexplicable tan tiernos seres humanos, flores que apenas se abren a la vida.
No puedo ocultar que sentí horror e impotencia. Es acaso imposible que los pueblos del mundo, que nos hemos unido para luchar por el desarme general y completo y contra la guerra nuclear, que estamos teniendo éxito en nuestra histórica tarea o que nosotros como diputados, que tantas contribuciones hemos hecho a la lucha por la paz, seamos incapaces de contribuir con otros parlamentarios y hombres del mundo para que se pare con la larga noche de angustia de todos los pueblos del Medio Oriente, que han visto destruidas sus casas y sus escuelas, que han contemplado azorados cómo son destrozados sus hombres, sus mujeres y sus niños por guerras promovidas por los mercaderes de las guerra y las ilimitadas ambiciones de predominio de las fuerzas del imperialismo y sionismo que no acaban de saciarse en su ambición del poder.
No es posible que contribuyamos los diputados mexicanos, a que cese definitivamente la terrible persecución que los militaristas sionistas realizan contra el pueblo palestino, al que han arrebatado todo derecho de retornar a la tierra que los vio nacer, para disfrutar de un legítimo hogar como todos los otros pueblos del mundo. Podría haber aquí algún diputado que pudiera explicar de manera legítima y honesta, la razón por la cuál los israelitas arrebataron a los palestinos su derecho de habitar su propia patria y disfrutar del hogar construido por sus manos, o la razón de la absurda guerra entre Irán e Irak que ya rebasa los 7 años de iniciada, o del por qué en ella hayan perdido la vida y sus hogares, de manera absolutamente irracional, decenas de miles de seres humanos de esos países.
No señoras y señores diputados; aunque nos encontremos a miles de kilómetros de esta región debemos comprender de que aquella injusta guerra es realizada contra el pueblo como el nuestro y por ello debemos contribuir para que termine este terrible foco de tensión, que es una de las heridas más sangrientas en el ámbito mundial de nuestro tiempo.
Querer entender que la agresión a Palestina, al Líbano y la actual guerra entre Irán e Irak, que muchos creyeron cuando se inició, que iba a tener poca extensión e influencia. Que esos países, también de los llamados subdesarrollados y no alineados, podían batirse entre sí, ya que no existía el peligro de que se extendiera ese conflicto. Ahora sin embargo, son muchos los que empiezan a sentir en carne propia los efectos de las llamas de la guerra del Golfo Pérsico y advierten cada vez más la intención y la escalada de la crisis
en el ámbito internacional, debido a la actual confrontación de intereses en el Medio Oriente.
Nosotros los mexicanos sabemos bien, como todo el mundo lo sabe, que Estados Unidos intenta restablecer su control sobre la región; intento que en la era nuclear podrá tener muchas consecuencias peligrosas, si no se emprenden a tiempo cuantas medidas sean necesarias a fin de impedirlo.
Es por ello, que el Partido Popular Socialista, plenamente consciente de que todavía es posible que este conflicto, circunscrito hasta ahora al Medio Oriente, pueda resolverse por la vía del diálogo al más alto nivel, está profundamente interesado en que se pueda llevar a cabo, a la brevedad posible, la Reunión Cumbre de la Liga Árabe, porque ya no se trata de opiniones o desacuerdos entre ellos, sino de supervivencia, de su ser o no ser, puesto que si no se celebra previamente esta cumbre árabe, otro tipo de reuniones internacionales, sobre tan dramática actuación conflictiva, sólo podrían favorecer al enemigo.
El Partido Popular Socialista considera, señoras y señores diputados, que ha llegado el momento de que el pueblo de México una sus fuerzas a las de otros pueblos, para que al nivel de la Organización de las Naciones Unidas, se realice una conferencia internacional sobre el Cercano Oriente, eficaz y operante, para aplicar y afirmar los derechos de los pueblos árabes y no simplemente para hacer constar en actas formales, que esos derechos existen.
Una conferencia internacional, operante y competente que permita afirmar los derechos nacionales de la región, incluida la creación del estado palestino independiente, una conferencia que logre poner fin al estado de guerra que dura ya tantos años en el Cercano Oriente e instaurar ahí una paz firme, con el debido respeto a los legítimos derechos de todas las partes interesadas sin excepción. Una conferencia en fin, donde participen todos los estados miembros permanentes del consejo de seguridad, todos los interesados en el conflicto, incluida la Organización para la Liberación de Palestina, en condiciones de igualdad de derechos para que cierre para siempre toda posibilidad de que como aconteció antier, vuelvan a cegarse de manera tan brutal, cual mariposas aplastadas por un elefante, vidas infantiles en el cercano Oriente.
Es por ello, señoras y señores diputados, que la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con base en las facultades que nos otorga el artículo 58 del Reglamento interior del Congreso, hace ustedes las siguientes proposiciones:
"Primero. Que la LIII Legislatura se dirija a la Organización de las Naciones Unidas, a efecto que a la brevedad posible se realice una conferencia internacional para la paz en el Medio Oriente y con carácter resolutivo, donde participen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y todas las partes involucradas en el conflicto, incluyendo a la Organización para la Liberación de Palestina en pie de igualdad con las demás partes. Todo ello en base a las resoluciones 5830 y 4841 de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas.
Segundo. Dirigirse a los gobiernos de Irak e Irán para que pongan fin a su destructiva guerra en base al derecho internacional, especialmente la resolución 598 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Tercero. Pronunciarse por el más absoluto respeto a la soberanía e integridad del territorio de el Líbano.
Sala de sesiones de la C. Cámara de Diputados, 15 de octubre de 1987.
Firma la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista."
Muchas gracias. Dejo a la secretaría el punto de acuerdo para que se le de el trámite a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta si algún diputado desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien así lo solicite, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, en los términos del Reglamento en vigor, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión el punto de acuerdo al que se le ha dado lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: - En Consecuencia, túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para formular una proposición, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Arnoldo Martínez Verdugo.
CONTRA LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA
El C. Arnoldo Martínez Verdugo: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados: voy a presentar en nombre del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, un proyecto de punto de acuerdo, el cual voy a tratar de fundamentar con la mayor brevedad que me sea posible.
Ya es, comienza a ser del dominio público, que en la agenda de trabajo concertada por los órganos del Gobierno mexicano con algunos jefes de Estado y de gobiernos amigos que visitarán nuestro país desde finales de este mes, figura en la agenda de trabajo de estos ilustres huéspedes, un punto que consiste en una entrevista con el actual precandidato a la Presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional.
Yo se como la mayoría de ustedes, que esta es una práctica que no se inaugura en ese momento, que se ha ejercido ya hace mucho tiempo, pero que desde entonces ha causado efectos, en mi opinión muy nocivos, para el desarrollo de la vida política de nuestro país. Porque de hecho la intención consiste en canalizar una opinión extranjera, con la persona de altos representantes del Estado y del Gobierno de países amigos, para intentar legitimar desde el momento a los candidatos oficiales y crear la impresión, aunque sea por la vía subliminal, de la que se habla ahora mucho, de que se trata de los representantes de los candidatos que son legítimos, que hay la garantía de que van a continuar al frente del Estado y muchas otras cosas que se convierten - quiérase o no - en actos de intervención, en aspectos muy importantes en la vida política de nuestro país, como son sus procesos electorales.
Y aunque esta, como decía yo al principio, sea una práctica reiterada, me parece que ha llegado el momento de plantearnos cuando menos la necesidad de que sea cambiada, porque son procedimientos que ya no corresponden a una vida política más rica, más vigilante de parte de los ciudadanos y que no tenemos derecho de continuar extendiendo o considerando simplemente como hechos intranscendentes o aquellos sobre los cuales hay que guardar silencio o hay que apechugar.
Creo que es posible y es legítimo que esta Cámara, recogiendo una preocupación que no es exclusiva de nuestro partido, tome cuando menos algún punto de vista que yo he tratado de redactar de la manera más admisible para todos, pero me parece que debería admitirse como una contribución a un desarrollo de las prácticas electorales y también de las relaciones exteriores de nuestro país, de manera más acorde con los tiempos que estamos viviendo y no nos mantengamos en este aspecto como en el pasado. Nadie puede acusarnos de ser un partido que no reconozca y de la significación que tiene a los vínculos de nuestros país con los estados amigos y con sus representantes.
Creemos también que el contacto directo entre altos representantes de los estados, es una práctica que debe seguirse desarrollando, nosotros la apoyamos.
También quiero agregar, que somos partidarios de que se impulse lo que últimamente comienza a llamarse una diplomacia de partido. Donde los partidos también ejerzan sus relaciones exteriores, en función de ampliar los intereses fundamentales de nuestro país y de contribuir a que se conozcan y se admitan por fuerzas, países del exterior. Todo esto lo reconozco, pero me parece que introducir a estos representantes en vínculos que ya dejan de ser oficiales y se convierten en parte del impulso a una determinada campaña, perjudicará también nuestras relaciones exteriores, porque no es desconocido para nadie, que eso lo impulsa la parte mexicana, quiero decirlo claramente. Pero aun en el caso de que algunos representantes de esas naciones, cuyos representantes vendrán a México, lo solicitarán, haciéndose eco de una cierta tradición que se ha seguido aquí en el país, me parece que eso tampoco justifica que el Gobierno mexicano haga aparecer en la agenda oficial la visita a candidatos, en este caso se trata del partido oficial, yo no conozco de otras invitaciones o relaciones con otras partidos, pero se trata del partido oficial.
Trátese de cualquier partido, a mí me parece que nosotros deberíamos de recomendar que esos métodos no se sigan practicando en nuestro país.
Por todo lo anterior, compañeros diputados y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia contra cualquier forma de intromisión externa, en el desarrollo de la vida política interna y de manera particular, en todo lo relacionado con la campaña electoral en curso, ya que esto puede ser interpretado por una toma de posición de cualquier gobierno en favor de determinada corriente política nacional."
Es todo, muchas gracias por la atención. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta si algunos diputados desean hablar en pro o en contra.
El mismo C. Presidente: - ¿Diputado Arnulfo Villaseñor en pro o en contra?
Para hacer uso de la tribuna en pro, el diputado Eduardo Valle.
El C. Miguel Eduardo Valle Espinosa: - Con su autorización, señor Presidente: la propuesta de punto de acuerdo hecha por el diputado Martínez Verdugo, no tiene como sentido, en lo absoluto, el involucrarnos en la vida interna de los partidos, ni tampoco el hecho de intervenir en la campaña electoral que ya empieza a definirse con precisión en el actual momento político de la vida del país.
En realidad, la propuesta del diputado Martínez Verdugo es una llamada de atención en términos de la limpieza de procedimientos, que todos los partidos en nuestro país están obligados a cuidar.
En efecto, nosotros no podemos impedir, ni nos interesa impedir que Carlos Salinas de Gortari se reúna con quién él considere conveniente, o su partido considere conveniente, se reúna Carlos Hank González, con Francisco Galindo Ochoa; esos son asuntos de Salinas de Gortari, no nos interesa esto, pero sí nos interesa que evitemos al máximo cualquier posibilidad, absolutamente cualquiera, que pudiera prestarse a una mala interpretación en términos de intervención de gobiernos o naciones, incluso amigas, en relación con nuestro proceso electoral.
Los candidatos son de su partido, si siguen la línea de sus partidos y fijan sus procedimientos electorales en términos de sus partidos, pero resulta peligroso que un hombre que ni siquiera ha adoptado ya su condición de candidato, empiece a recibir visitas de jefes de Estado. Esto no parece lógico, no parece congruente y surge la posibilidad de malas interpretaciones en su conducta política como candidato. El tiene todo el derecho y cualquiera tiene todo el derecho de reunirse con quien considere conveniente, pero Reyes Heroles decía, y lo vuelvo a decir una vez más en esta tribuna - que la forma es fondo y si un precandidato empieza a reunirse con jefes de Estado y con representantes gubernamentales y estatales de otras naciones - están desde nuestro punto de vista, cometiendo una falta de decoro político y esto se presta a un manejo publicitario que tiene un impacto de carácter electoral.
Nosotros consideramos que deben de guardarse las formas, que en última instancia hay procedimientos perfectamente coherentes y establecidos en todos y cada uno de los partidos para llevar adelante sus relaciones con el exterior, y en particular con gobiernos y representantes de Gobierno y de Estado de otras naciones.
En función de esta situación, estamos llamando la atención sobre este hecho y estamos considerando que esta Cámara de Diputados tiene la prerrogativa política de señalar que debemos de evitar cualquier posibilidad de intervención en nuestra vida política, y en particular en nuestra vida electoral. Por eso es que la propuesta del diputado Martínez Verdugo argumentada de esta manera, es una propuesta lógica, es una propuesta coherente y que de ninguna forma busca intervenir en la vida interna de los candidatos de los partidos o en la campaña de sus propios candidatos. Gracias.
El C. Presidente: - Para hablar en contra de la proposición, tiene el uso de la palabra el diputado Arnulfo Villaseñor.
El C. Arnulfo Javier Villaseñor Saavedra: - Con su autorización, señor Presidente; compañeros diputados: por la propia exposición en la propuesta y la ratificación que hizo en la propuesta el diputado Valle, pues queda sumamente claro que, en primer lugar, es una costumbre ya establecida desde hace mucho tiempo. No es una novedad estas visitas de funcionarios de estados amigos, porque en el mundo diplomático y eso lo saben perfectamente los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, siempre ha existido la costumbre y la cortesía de formular las agendas en dos grandes vertientes: una, son la visita que realizan como actos oficiales de Estado y aparte, dentro de la propia agenda oficial se agregan algunas actividades a la solicitud, precisamente del propio visitante.
El clima democrático que tiene nuestro país, el trato diplomático tan amplio que tiene con nuestros países amigos, ha hecho precisamente que esa costumbre quede establecida en todos los casos que ha habido, en ninguno se puede dar un caso concreto, en que las perspectivas que aquí se han anunciado se hayan dado.
En primer lugar, no tenemos todavía la certeza de que funcionarios o que presidentes o dignatarios de naciones amigas hayan solicitado esa visita al señor precandidato.
Por lo tanto, no podemos hablar ahorita de casos concretos, tenemos que hablar en un proceso general, pero aun suponiendo que esto se llegara a efectuar, sí es innegable que, en primer lugar, las visitas no van a legitimar ninguna elección, la elección se va a legitimar por el voto de cada uno de los ciudadanos mexicanos a favor de cualquiera de los partidos. Es más, me atrevo a pensar que una visita en este mes o en el mes próximo, para cuando se produzca la elección de julio ya ni nos vamos a acordar de ella, muchos menos que pueda influir en los ánimos de los electores.
Y, por otra parte, la política que hemos tenido hasta ahora respecto de los partidos y prueba de ello, es la evidente presencia de los legisladores en todas las visitas oficiales que se han hecho. Cada partido ha expresado con plena voluntad, lo que ha querido respecto del sistema político mexicano e incluso, en la visita que hice en representación de la Cámara a Montevideo, me tocó presentar precisamente una propuesta del Partido Socialista Unificado Mexicano que fue leída en la asamblea en Montevideo, que fue publicada dentro de los trabajos de esa reunión y que habla claramente del respeto que se tiene por la participación de los demás partidos.
Estoy en contra de la propuesta, porque simplemente me parece que sería más delicado no atender debidamente a nuestros amigos, simplemente por ciertas dudas o resquemores de algo que en todas las visitas de presidentes de Estado nunca se ha producido. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello, para hechos.
Tiene usted el uso de la palabra.
La C. Consuelo Botello de flores: - Ciudadano Presidente; ciudadanos diputados: respecto a la propuesta que acaba de presentar el diputado Arnoldo Martínez Verdugo objeto de discusión, nosotros queremos clarificar bien nuestra posición.
Estamos totalmente de acuerdo y lo hemos sostenido siempre, en que no debe de haber esa intromisión externa en los asuntos políticos internos de nuestro país, y más aún, nos parecen muy faltas de decoro esas relaciones que se pretenden lleve el candidato del partido oficial, sobre todo tratándose de dignatarios extranjeros, porque esas relaciones interpretadas y manejadas por la prensa, hacen aparecer que ya ese candidato es el oficial electo por el pueblo, es una actitud onerosa para el pueblo de México, es una falta de respeto a la voluntad del pueblo de México.
El pueblo de México en este proceso electoral todavía no se ha manifestado y estas relaciones llevadas a ese nivel, hacen aparecer como que ya el pueblo se decidió o que se está usurpando la voluntad del pueblo y que tales relaciones o que tales visitas, de tales personajes, están dando ya el espaldarazo al candidato oficial, como si no fuera simplemente uno de los candidatos en el proceso electoral, que está llevando a cabo el pueblo mexicano.
Esa es nuestra posición y desde ese punto de vista estamos completamente de acuerdo, en que los gobiernos extranjeros no tienen que tener una relación cobijada oficialmente con el candidato, así sea del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Homero Díaz Córdova, para hechos en los términos del artículo 102.
El C. Homero Díaz Córdova: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: creo que la compañera que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, ha equivocado totalmente los conceptos. Vino a hablar acá de usurpación, vino a hablar de que ya considerábamos un candidato electo y no se acuerda de quienes han recurrido a otros países en pos de ayuda financiera, política y moral, son los que hablan.
Considero que es una postura, que no es la correcta decirla en este momento, somos muy cuidadosos de las formas, ya Eduardo Valle lo ha comentado, tenemos un país libre y estamos en el contexto de países libres, en donde cualquier jefe de Estado en sus dos vertientes de que habló Arnulfo Villaseñor, puede entrevistarse, tanto con el orden gubernamental, con académicos, con artistas, con políticos; creo que quedó muy clara la posición del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que exclusivamente los mexicanos y nosotros somos los que decidimos en la política exterior. Por lo tanto, reprobamos totalmente esta actitud que ha hecho la compañera, y ratificamos nuestra soberanía en el concepto de partido y en el concepto de nacionalismo; así que el Partido Revolucionario Institucional y sus abanderados siempre llevarán adelante la soberanía con fervor y con gran corazón.
El C. Presidente: - Para hechos en los términos del artículo 102, tiene la palabra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor Presidente; compañeros diputados: la proposición planteada aquí hace unos momentos por el diputado Martínez Verdugo y que está sujeta a discusión; no ha contestado el partido oficial los argumentos que el proponente hizo en esta tribuna y los argumentos que también mi compañera de partido Consuelo Botello, esgrimió además de los del diputado Valle.
Viene a contestar el diputado Homero Díaz Córdoba a un razonamiento central que hizo la diputada Botello. Nosotros no nos estamos oponiendo a que los partidos políticos, en función de su autonomía, en función de su actividad política, puedan tener relaciones con organizaciones, con
partidos políticos del extranjero, siempre que estén apegadas a nuestras leyes. Eso no está a discusión.
Lo que vino a plantear Botello, es que este tipo de entrevistas que ya se han dado en el pasado reciente y que se están planteando para la próxima, para los próximos días y los próximos meses, ante la visita de varios jefes de estado extranjeros, estas entrevistas que se están tomando en la agenda para el candidato oficial, sí tiene una connotación distinta de las relaciones naturales de los partidos políticos, ¿por qué? Porque precisamente como dijo la diputada Botello, estas visitas implican prácticamente un espaldarazo de esos gobiernos extranjeros con el candidato oficial, como sí ya estuvieran pasando la estafeta, antes de que el pueblo de México sancione en los comicios electorales qué candidato y de qué partido deba ser el que se legitime como presidente de todos los mexicanos. Por eso estamos coincidiendo con esa proposición en ese sentido, que se evite este tipo de intromisión que se está dando desde el exterior.
Todavía recordamos como con el actual Presidente, cuando era candidato, tuvo entrevistas con representantes del Gobierno norteamericano y también en esa ocasión alzamos nuestra voz. Queremos que se evite cualquier forma de intromisión, queremos que se evite la especulación de que ya se está despachando o que ya intenta despachar como presidente de los mexicanos, quien es apenas candidato del partido oficial.
Pues sí entendemos de alguna manera la mecánica que se sigue en el sistema. Una vez que es ungido el candidato oficial como tal, empieza a declinar la estrella del Presidente de la República y las luces y reflectores empiezan a centrar en el candidato del partido oficial.
Pero, ¿por qué exponerlo ante la intromisión de gobiernos extranjeros que ya de alguna manera quieren dar una continuidad en la política con este tipo de entrevistas? Por eso queremos que quede claramente definida esta posición, no estamos en contra de que los partidos políticos en ejercicio de su actividad política, puedan tener relaciones legítimas con organizaciones del exterior o con gobiernos extranjeros.
Pero queremos que se preserve la voluntad soberana del pueblo de México, queremos que no se ofenda al pueblo de México, quien será en julio próximo el que decidirá quién va a ser el presidente político, el Presidente Constitucional de los mexicanos y no que de antemano ya se esté negociando de alguna forma con gobiernos extranjeros, en detrimento de la soberanía del pueblo de México.
Diputado Homero Díaz Córdova, venga a contestar con argumentos y si tiene pruebas de que el Partido Acción Nacional ha presentado propuestas de financiamiento al exterior, preséntelas en esta tribuna y no se sume a esos comentarios fáciles que calumnian la actividad política de un partido independiente.
El C. Presidente: - Para hechos, en los términos del artículo 102, tiene el uso de la palabra el diputado Píndaro Urióstegui.
El C. Píndaro Urióstegui Miranda: - Honorable asamblea: lamentablemente el tema, la proposición hecha originalmente, ha tenido algunas desviaciones para su correcta interpretación. Lo único que la mayoría priísta en esta ocasión quiere delimitar, es que en ningún momento, ni por ningún concepto, se pretende adelantar o anticiparse, a lo que será un detallado proceso electoral que culminará de la mejor manera posible, en los comicios del próximo mes de julio.
Lo que tampoco se puede evitar sobre todo nosotros, desde esta asamblea legislativa, es impedir de alguna manera, limitar de alguna manera, los propósitos, los deseos, las intenciones de un gobernante o de un visitante extranjero y la agenda de trabajo del precandidato de un partido, aunque éste sea el mayoritario, el nuestro.
Lo que también debemos de reconocer, es que el Partido Revolucionario Institucional tiene un reconocido prestigio a nivel internacional: es un partido de lucha que desde 1929 ha sido la columna vertebral del sistema político de nuestro país. Ha escrito innumerables jornadas para fortalecer, para avanzar en el perfeccionamiento de nuestra vida democrática. En estos momentos nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, tiene ya un precandidato que adquirirá el nivel de candidato en la próxima Convención Nacional Ordinaria que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. Eso es por un lado. Por otro lado, no tenemos ninguna autoridad para impedir, para sujetar o para delimitar la agenda de trabajo de nuestro precandidato a la Presidencia de la República y del Partido Revolucionario Institucional.
Tampoco podemos impedir, como ha sido una tradición, una práctica, una norma si se quiere, de carácter internacional entre los gobernantes cuando visitan otro país, un margen de libertad, para que al margen de su agenda oficial, hagan visitas de cortesía a particulares, a intelectuales o a artistas o en general, a quienes estimen conveniente para el mejor logro de su función como gobernantes. Si dentro de estas prácticas acostumbradas, nada nuevas en nuestra realidad política,
un gobernante antes o después de que el actual precandidato de nuestro partido sea candidato, desea ser visitado de manera privada por alguno de estos funcionarios o gobernantes extranjeros, tampoco estamos en condiciones de impedírselo; nosotros y nuestro gobierno, estamos empeñados dentro del respeto mutuo, a ofrecerle la mejor recepción y todas las cortesías del caso.
Por tal motivo, la mayoría de esta Cámara, de una manera respetuosa, atenta a los demás partidos integrantes, les solicita se reconsidere este planteamiento para que sean respetadas dentro de los deseos de los gobernantes extranjeros y de las agendas y programas de trabajo de los partidos políticos, tanto del nuestro, como de los de ustedes, porque quizá haya funcionarios o gobernantes extranjeros que deseen visitar a candidatos de otros partidos; quizá se presente esa posibilidad, no nos causará el más mínimo escándalo que así sea y lo respetaremos de igual manera, si ese es el deseo de algunos de ellos. Muchísimas gracias.
El C. Presidente: - En uso de la palabra, el diputado Arnoldo Martínez Verdugo para hechos, en los términos del artículo 102.
El C. Arnoldo Martínez Verdugo: - Yo creo que el diputado Homero Díaz Córdova vino aquí a hacer el intento, y lo hizo muy bien, para demostrarnos que el grupo priísta en la Cámara tiene dos varas de medir, no nada más una, porque todos somos testigos de con qué diligencia se ha venido a plantear desde aquí, condenas a partidos representados en esta Cámara atribuyéndoles fines de propiciar injerencia externa en los asuntos internos del país.
Ya traté de demostrar cómo a través de unas visitas de Estado, subrayé que se trata de jefes de Estado o jefes de Gobierno que vienen a nuestro país a cumplir tareas vinculadas con las relaciones entre nuestros países, cosa que nosotros saludamos y saludaremos siempre.
Pero estoy objetando que estos representantes sean inducidos, como están siéndolo, para ejercer el apoyo a un determinado candidato de un proceso electoral que apenas se inicia y esto no lo ha venido a justificar aquí ninguno de los oradores priístas que han pretendido nulificar esta propuesta.
La propuesta mía, de nuestro grupo, tiene el carácter general primero de lo que es una tradición de defensa de la vida política interna respecto de cualquier injerencia externa. Subrayé que nosotros no nos oponemos ni nos opondremos al desarrollo de los más estrechos vínculos de partidos mexicanos con partidos del exterior, pero no estamos examinando el caso de que el PRI haya invitado a determinados partidos con los que tiene relaciones, y muy bien hecho; no nos estamos refiriendo a ese caso específico que nosotros respetaremos siempre; haya campaña electoral, no haya campaña electoral, el partido tiene efectivamente sus facultades para sostener intercambios, informaciones etcétera, que es lo que se hace entre partidos de países distintos.
Aquí se trata de introducir a representantes oficiales de Gobierno en una acción que es de los partidos fundamentalmente y debe mantenerse así. Lo digo claramente en la propuesta que me parece está formulada en términos en que pueden ser admitidos por cualquier Cámara que efectivamente adopte un punto de vista objetivo sobre principios fundamentales del desarrollo de la vida política interna de cualquier país.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 102 tiene el uso de la palabra el diputado Murillo Karam.
El C. Jesús Murillo Karam: - Señores diputados: mi partido quiere dejar bien clara su posición en cuanto a esto. Nosotros aquí y en cualquier foro, hemos señalado siempre con contundencia, con firmeza nuestra posición en cuanto al respeto absoluto, en cuanto a la voluntad soberana y al mantenimiento de esa soberanía por parte de los mexicanos de sus propios procesos internos.
En ese sentido, no sólo hoy sino cuantas veces ha sido necesario, hemos sido los más firmes defensores de esta cuestión. Esto queremos dejarlo perfectamente claro.
¿Por qué nos oponemos a una propuesta en estos términos? Por una razón sencilla; porque el marco en el que fue envuelta la propuesta, el antecedente que se manejó para la propuesta, señala una inducción, o una intromisión que ni se puede probar ni es cierta ni existe. Simple y sencillamente, mientras las relaciones entre cualquier ciudadano y cualquier posición del exterior se den en un marco que no afecte nuestra soberanía, ni intervenga en los procesos internos, nosotros no tenemos ni base ni argumentación jurídica, ni posición alguna para rechazarla.
Rechazamos sí, hoy y siempre, el nexo que se de del exterior para tratar de influir en los asuntos internos del país. Este no es el caso como claramente está en la conciencia de todos, dígase lo que se diga, sin pruebas y sin fundamento.
Por ello, en forma clara manifestamos la posición de nuestro partido. sí, rechazamos la injerencia
externa de los asuntos internos del país y de cualquier país, pero este no es el caso. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Para hechos se concede el uso de la palabra al diputado Gabriel Jiménez Remus.
El C. Gabriel Jiménez Remus: - Señoras y señores diputados: yo quiero, como último ejercicio de reflexión de este tema a discusión, verlo desde otras perspectivas, quizás interesante para poder resolver este conflicto.
Yo quiero aceptar, incluso, los argumentos de los señores diputados del Partido Revolucionario Institucional que han subido a esta tribuna y me han antecedido en el uso de la palabra; quiero ser, incluso, adelantarme a este criterio, afirmando que muy probablemente ni siquiera se encuentre en juego la soberanía nacional. Yo quiero aceptarlo.
Pero yo creo que las formas diplomáticas establecidas recíprocamente por todos los países con lo que tenemos relación, deben ser cuidadas y vigiladas en nuestras relaciones internacionales.
Se ha dicho aquí que la visita de un jefe de Estado o de un representante oficial de Gobierno a un candidato, no es más que producto de unas relaciones intensas del partido en el Gobierno a lo largo de su historia en materia internacional. Yo quiero aceptarlo, pero cuando no se ha celebrado todavía el acto culminante del ejercicio del ciudadano mexicano para elegir sus propias autoridades. Por esta intromisión y esta es la perspectiva que quiero darle, debería de llamarla una impudicia, una impudicia - o si quieren otro calificativo de menor contenido en esta relación - una imprudencia.
Y si bien es cierto que estas relaciones le son lícitas y son recomendables a los partidos políticos como tales con otras instituciones internacionales, en este proceso debemos ser cuidadosos para que no se vaya a interpretar y esto beneficie a todos los partidos políticos en contienda, en el caso del partido oficial, esa confusión partido - gobierno o sucesor anticipado del Jefe del Estado.
Quiero entender que si viene un jefe de Estado a visitarnos, todavía existe el mandato constitucional del Presidente de la República para que sea recibido y visitado por su homólogo del país que nos visita, pero cuando se visita al candidato, surge un derecho para los demás partidos políticos. Es un principio de equidad internacional.
Cualquier jefe de Estado que entreviste al candidato del partido oficial, dentro de este contexto de relaciones internacionales, también estaría obligado a visitar a los demás candidatos de los partidos en beneficio de esa limpieza del proceso democrático.
Si bien es cierto, como dijo un diputado del Partido Revolucionario Institucional, que no podemos impedir que la voluntad del jefe de Estado venga a visitar a un candidato, pero por los mismos conductos diplomáticos se puede manifestar el escrúpulo de esta relación internacional, que es a lo que los partidos políticos de oposición nos estamos manifestando.
Creo que en esto sería un exceso de cortesía, por parte de cualquier candidato, recibir anticipadamente a un Jefe de Estado cuando todavía está en ejercicio del mandato constitucional el Presidente de la República. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos de la fracción III del artículo 58, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor presidente.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul): - Señor Presidente, solicito el uso de la palabra para presentar una iniciativa referente a las proposiciones.
El C. Presidente: - Si usted nos autoriza, concluiríamos con las proposiciones que los demás diputados han inscrito oportunamente y al término de ello y de las denuncias que ya fueron anunciadas al pleno, le concederíamos a usted la palabra para presentar su iniciativa.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes (desde la curul): - Insisto en la preferencia, la presentación de iniciativa sobre denuncia.
El C. Presidente: - Señor diputado, atentos a los términos del Reglamento y a la preferencia para la presentación de iniciativas, se le concedía a usted el uso de la palabra en el momento oportuno para tal fin, sin embargo, usted señaló a la presidencia su deseo de esperar para un ulterior momento. Esta presidencia lo fijará en su oportunidad.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul): - Moción de orden, señor Presidente, no es facultad del Presidente establecer el orden de los asuntos, tiene que apegarse conforme a lo que establece el Reglamento y en el Reglamento se establece la prioridad de la presentación de iniciativas sobre denuncia.
El C. Presidente: - En obsequio a lo solicitado por el señor diputado, ruego a la secretaría de lectura al artículo 30 del Reglamento.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar:
"Artículo 30. En las sesiones se dará cuenta con los negocios en el orden siguiente:
I. Acta de la sesión anterior para su aprobación, si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta, deberá informar la secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra, después de lo cual se consultará a la aprobación de la Cámara.
II. Comunicaciones de la otra Cámara, del Ejecutivo de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia, de las legislaturas y de los gobernadores;
III. Iniciativas del Ejecutivo, de las legislaturas y de los individuos de la Cámara;
IV. Dictámenes que consulten proyectos de ley o de decreto y que deben sufrir una lectura antes del día señalado para su discusión;
V. Memoriales de los particulares;
VI. Dictámenes señalados para discutirse, y
VII. Minutas de ley."
El C. Presidente: - Señor diputado, hemos tratado de atender al orden del artículo 30 para el desarrollo de la presente sesión.
Tiene el uso de la palabra el diputado Franz Espejel.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul): - Insisto, señor Presidente, usted está diciendo que está procurando la aplicación del artículo 30 en el que se establece un orden para ventilar los asuntos, en el cual queda con claridad la preferencia de la presentación de iniciativas por parte de los señores diputados sobre proposiciones y denuncias. En el momento en que usted me otorgó la palabra, reservé hacer uso de la palabra, o ceder ese derecho, para una posterior ocasión. Ahora solicito, que si no hay otra iniciativa que presentar, me de el turno de la tribuna.
El C. Presidente: - Señor diputado, le reitero que leímos su nombre y se le dio el uso de la palabra. Cuando en el curso de esta sesión estábamos desahogando el tema a que se refiere la fracción III del artículo 30, presentación de iniciativas, usted solicitó a esta presidencia y esta presidencia se lo concedió, que usted se reservaba su derecho para una ulterior presentación.
Esta presidencia señalará ese momento.
ECOLOGÍA
El C. Presidente: - Diputado Franz Espejel, tiene usted el uso de la palabra.
El C. Franz Ignacio Espejel Muñoz: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: en México, por vez primera, se estructuró un programa nacional de ecología en donde se exponen los criterios de prevención y control del deteriorio ambiental, así como el aprovechamiento de los recursos naturales a largo plazo.
En México, el incremento demográfico y las actividades productivas, así como la sobreexplotación de los recursos naturales, han ocasionado un deterioro ambiental que pone en peligro el desarrollo y la calidad de vida de la población actual y de las futuras generaciones.
Los problemas de contaminación del agua, aire y suelo, son cada vez más complejos y más urgente su atención, pues están comprometidos la salud de sus habitantes y equilibrio del entorno y sus recursos.
La situación actual en materia ecológica, obedece a la ruptura que se propicia entre el modelo de desarrollo adoptado, los valores culturales y el potencial que constituyen los recursos naturales, los humanos y los financieros que han favorecido la inadecuada explotación del patrimonio natural, su acelerado deterioro.
La ecología en nuestro país no debe estar alojada en un programa, no debe ser solamente un programa. La ecología implica el comportamiento cotidiano de respeto a la naturaleza y de confianza a los demás.
La ecología debe ser una responsabilidad compartida que involucre la efectiva y comprometida participación de todos, pero el Gobierno debe proporcionar los medios para hacer efectiva la participación correspondiente a todos.
Con este criterio, el Gobierno debe:
Darle a la ecología el lugar que le corresponde a nivel constitucional, ya que ahora más que nunca, debe considerarse prioritaria y permanente, para garantizar el desarrollo y calidad de vida de los habitantes y de las futuras generaciones.
Aplicar de manera eficiente la Ley Federal de Ecología.
Proporcionar en este renglón, el presupuesto necesario para que se cumplan con objetividad y eficiencia, los programas prioritarios de control de contaminación y mejoramiento del ambiente, así como el de estimular el aprovechamiento de los recursos naturales y así también como su conservación.
Difundir la conciencia ecológica a la población, a través de todos los medios masivos de comunicación.
La ecología, igualmente, debe ser materia de educación y enseñanza en todos los planteles educativos o niveles de enseñanza.
En síntesis, la problemática del medio ambiente se debe a la falta de conciencia ecológica, de un marco jurídico, adecuado y aplicable, de instrumentos administrativos y financieros con alta capacidad de respuesta y, sobre todo, de una ética social que tome la responsabilidad de los actos individuales y colectivos.
Por lo anteriormente expuesto y en el lugar que se ubica la deplorable realidad ecológica de nuestro país, que exige una definición más concreta de este tipo de acciones en las que se debe ejercer en esta materia, me permito presentar la siguiente proposición:
«En los términos del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Que esta Cámara legislativa envíe una atenta recomendación al Ejecutivo para que el año de 1988 sea considerado Año Nacional de Ecología, dando así oportunidad para realizar foros de consulta, simposios, congresos, etcétera, con autoridades e instituciones científicas e interesadas en el tema, para que nos lleve a mejorar las condiciones ecológicas de nuestro país.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 1987.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, su servidor, diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz.»
Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58, se pregunta si existe algún orador.
En consecuencia, proceda la secretaría a preguntar a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Franz Espejel.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si admite a discusión la proposición presentada por el diputado Franz Ignacio Espejel Muñoz. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
Trámite: Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados.
El C. Ricardo García Cervantes (desde la curul): - Señor presidente: presento la moción a la que se refiere la fracción IV del artículo 21, para establecer la prioridad en la presentación de iniciativas.
El C. Presidente: - Señor, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la fracción IV del artículo 21 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica y del propio Reglamento, es que he señalado a usted, ya con esta, en tres ocasiones, que daré curso a su solicitud de presentar una iniciativa, una vez que los compañeros que han solicitado a esta presidencia el uso de la palabra, para presentar proposiciones y denuncias, las desahoguen. Yo lamento, señor, que en el momento en que se le concedió a usted el uso de la palabra no tuviese usted lista su iniciativa; no creo que sea el caso de rogarle la aplicación del artículo 99, porque no estamos en una discusión. Le ruego, entonces, que para la buena marcha de esta sesión y atendiendo el orden que los demás compañeros diputados, han establecido para sus intervenciones, sirva usted esperar al momento correspondiente. (Aplausos.)
El C. Ricardo García Cervantes (desde la curul): - Hago cita del artículo 19 del Reglamento.
El C. Presidente: - Entiendo que está usted cuestionando mi determinación, sujeto la misma en sus términos del Reglamento, a la voluntad de la asamblea; en consecuencia, ruego a la secretaría dé lectura al artículo 19 del Reglamento.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución
o trámite del presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes.»
El C. Presidente: - En consecuencia, pregunte la secretaría a los señores diputados, si se adhieren a la reclamación presentada por el diputado García Cervantes.
La misma C. Prosecretaria: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se adhieren a la reclamación del diputado García Cervantes. Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los señores diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Se niega, señor presidente; no se adhieren.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Objeto la decisión de la secretaría.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por mayoría, señor presidente.
El C. Presidente: - Perdone, señorita secretaria y señor diputado, disculpe. la presidencia rogó que se preguntara si había la adhesión que exige el artículo 19; una vez que ésta quedó demostrada, toca ahora consultar a la asamblea si se admite o no el trámite que esta presidencia dictó en cuanto a la presentada por el diputado García Cervantes.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Objeto ahora, en los términos del artículo 19 y solicito que se pida la adherencia de dos, del nuevo trámite que está dando el señor presidente, está violando el 19.
El C. Presidente: - Se pide a la secretaría consulte si se adhiere o no a la nueva reclamación presentada por el diputado, a fin de desahogar primero la de García Cervantes y proceder con posterioridad al del diputado.
La misma C. Prosecretaria: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se adhiere a la reclamación presentada por el compañero diputado García Cervantes...
El C. Presidente: - No, señorita secretaria, no. La adhesión ya quedó manifestada por varios ciudadanos diputados, en los términos del artículo 19. Lo que está en este momento sujeto a votación, es si se acepta como válido el trámite dado por esta presidencia a la solicitud del diputado García Cervantes, de hacer uso de la palabra en este momento para la presentación de una iniciativa o con posterioridad, como fue señalada por esta presidencia.
La misma C. Prosecretaria: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se adhieren a la reclamación para que por lo menos dos de los individuos presentes, sí...
El C. Presidente: - Perdón, señorita, consulte a la asamblea si se acepta como válida la determinación de esta presidencia, señalando el diputado García Cervantes un momento ulterior en el desarrollo de esta sesión para la presentación de una iniciativa. Gracias.
El C. García Cervantes Ricardo: - Señor presidente, ya retiro mi moción.
El C. Presidente: - Muchas gracias, diputado.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente, para evitar confusiones, yo también retiro la mía.
El C. Presidente: - Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo José Pascual Moncayo.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente; compañeros diputado: En reiteradas ocasiones hemos discutido en el curso de esta Legislatura, informaciones que tienden más a distorsionar que a orientar a la opinión pública y es el caso que nos ocupa, que nos trae a la tribuna en este momento.
Ha salido últimamente información contradictoria en relación a un entendimiento comercial bilateral México - Estados Unidos. Hace unos días, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial anunció que estaban a punto de concluir, o concluyeron ya las negociaciones para la firma de un entendimiento que, según me señalaba el diputado Garduño, es un entendimiento de mecánica de consultas bilaterales entre México y Estados Unidos.
El día de ayer, la reunión que tuvo el licenciado Sepúlveda con la Comisión de Relaciones de esta Cámara de Diputados, informaba que no había, que no se estaban en esta línea de un entendimiento bilateral, que se estaban haciendo consultas previas, pero que todavía no se concluía y no se llegaba a un entendimiento.
Hay organizaciones patronales que se han sumado a este espectro de confusión, y el día de hoy salió
la noticia de que el presidente de la Cámara de Comercio México - Estados Unidos, informaba en torno a un supuesto convenio bilateral comercial entre México y Estados Unidos.
Pensamos, compañeros, que esto no ayuda a que podamos dar el debate y la confrontación en el terreno que se debe dar, y decir de las opiniones que tenemos respecto a las relaciones comerciales con los Estados Unidos, y cuáles son las más saludables para nuestro país, sino que este tipo de información, insisto, desvirtúa más que coadyuvar a aclarar cuál es la situación que vive nuestro país en un mundo tan conflictivo, como es el del comercio internacional.
Además, nosotros hemos tenido debate también en el curso de esta Legislatura, que tuvimos cuando se acordó el ingreso de México al GATT, y hubo unos argumentos que se daban de peso aquí de parte de los compañeros que apoyaban la decisión del Gobierno de incorporarse al GATT, era que nuestra presencia en un panorama multilateral, en relaciones multilaterales, en un foro multilateral, ayudaba más a nuestro país en términos de las presiones que recibimos de parte de países poderosos, particularmente, los Estados Unidos.
Y da la impresión que este entendimiento también es contradictorio con estas decisiones que ha tomado el Gobierno y que nos han llevado a incorporarnos al GATT, Pensamos que en la medida que se aclare, en la medida que se dé información a la Cámara de Diputados, esto podrá coadyuvar, insisto, a esclarecer los términos de este acuerdo y a aclarar en términos de la opinión pública, también, el significado de dicho entendimiento.
Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta asamblea la adopción del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Único. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que proporcione, a la brevedad posible, toda la información relativa al contenido del entendimiento bilateral que será firmado entre México y los Estados Unidos de América, incluyendo el curso de las negociaciones que se llevan a cabo y los fundamentos para plantear la firma del mencionado entendimiento, así como su vinculación con el acuerdo de la adhesión de nuestro país al GATT.
Atentamente.
Pablo José Pascual Moncayo, por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista" Gracias.
El C. Presidente: - En los Términos del artículo 58, ¿algún diputado desea hacer uso de la palabra?
En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la propuesta del diputado Pascual Moncayo.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si admite o no la proposición presentada por el diputado Pascual Moncayo, a nombre de su fracción parlamentaria. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor presidente.
Trámite: Túrnese a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
PREMIO NOBEL DE LA PAZ
El C. Presidente: - En uso de la palabra, para presentar una proposición, la diputada María Esther Silva Alvarez.
La C. María Esther Silva Alvarez: - Señor presidente; señoras y señores diputados: El Partido Acción Nacional, desde su fundación, ha sostenido en todos los foros a que ha tenido acceso, su preocupación por la paz, su rechazo por la violencia.
Desde ese punto de vista, reconocemos todos los esfuerzos que líderes, estadistas e intelectuales, principalmente, hacen en el mundo por la paz.
Desafortunadamente, no todos los esfuerzos a este respecto se ven coronados por el éxito, siempre hay intereses que no concuerdan, obstáculos que se oponen a la concepción de este fin, que debería ser el objetivo principal de la tarea política de hombres y pueblos.
Por eso, consideramos importante el reconocimiento mundial que entraña el otorgamiento del Nobel de la Paz a personas que verdaderamente han contribuido con sus esfuerzos y autoridad moral a defender y preservar esta noble causa de la humanidad.
Tal es el caso del Presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, quien ha sido honrado con el Premio Nobel de la Paz.
Por lo expuesto, proponemos a esta soberanía la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Que la Cámara de Diputados envié al Presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, un mensaje de felicitación por el merecido otorgamiento en su favor del Premio Nobel de la Paz de 1987.
Por la importancia que tiene el asunto, pedimos que este punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.
Por el grupo parlamentario del PAN, diputada María Esther Silva Alvarez."
El C. Presidente: - ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra?
En los términos del artículo 58, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada por la diputada María Esther Silva Alvarez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo igualmente...Aceptada, señor presidente.
Trámite: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 59, pregunte la secretaría a la asamblea si se estima de urgente y obvia resolución.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, en los términos del Reglamento, se pregunta a la asamblea si considera, la proposición que se está tratando, de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los que estén por la negativa, igualmente...Se considera de urgente y obvia resolución.
El C. Presidente: - ¿Existe algún diputado que desee hacer uso de la palabra?
No habiendo quien así lo indique, proceda la Secretaría.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Se turna en los términos dispuestos por la presidencia.
El C. Presidente: - A votación, pregunte usted a la asamblea si se aprueba o no la proposición.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si aprueba o no la proposición, de la diputada María Esther Silva Alvarez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor presidente.
El C. Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Pido que la presidencia ordene que se ejecute.
El C. Presidente: - Ejecútese lo acordado.
DENUNCIA
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. Beatriz Gallardo Macías: - Con su permiso, compañero presidente; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, considera necesario y urgente hacer del conocimiento de esta Cámara la denuncia de 500 familias del estado de México que, en su esfuerzo por alcanzar una vivienda digna, hoy son víctimas de una injusta persecución, producto de la incomprensión de las autoridades que han iniciado desde hace 20 días, una campaña de amenazas y agresión con la fuerza pública de esa entidad federativa. Nos referimos al caso de la población de la unidad habitacional del Infonavit, CTM - 14 Ecatepec, estado de México, cuya ocupación se comenzó a realizar desde hace más de dos años y a la cual acudieron cientos de familias trabajadoras que ante la carencia de casa propia y la agudización del problema de la vivienda en la zona metropolitana a raíz del sismo de 1985; desde entonces, en forma irregular, mantienen la posesión de gran parte de los apartamentos de dicha unidad.
Para nadie es desconocido que la ocupación irregular de casas y predios, es una constante que crece en razón directa al déficit de vivienda que día con día en todos los puntos del país, y especialmente en esta zona metropolitana, las familias de más escasos recursos económicos, guiadas por la extrema necesidad de vivir, de habitar en un lugar decoroso, tienen que tomar
determinaciones. Así es como encontramos miles y miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas junto a las vías del ferrocarril, bajo las líneas de electricidad, en los basureros de la ciudad o en los lugares más a su alcance, corriendo toda clases de riesgos. En esta zona es enorme el número de familias que enfrentan este tipo de problemas.
Cuando hablamos del problema en general y de la unidad de la Infonavit, CTM - 14 Ecatepec, tenemos que localizar con sensibilidad las razones y las causas profundas de estos hechos, si se quiere así, es una de las consecuencias sociales de la crisis económica que vive el país, también es una muestra del exacerbado empobrecimiento de la población trabajadora; en último caso, estas familias que están viviendo permanentemente en la zozobra de la irregularidad, de la inseguridad de la tenencia de la tierra, en sus casa o terreno, son un sector de las víctimas de la profunda injusticia social que impregna ya a todas las ciudades del país convertidas en lugares donde las actividades parasitarias del gran capital se enseñorean y las construcciones de interés social, de parte del Gobierno, son por demás, insuficientes.
Nos referimos a un caso de estos, nos referimos a 500 núcleos familiares; a tres mil personas que están habitando estas casas construidas por el Infonavit, que están viviendo en ellas en forma quieta, pública y pacíficamente; hablamos de trabajadores cuya necesidad los tiene ocupando en forma irregular la unidad del Infonavit, CTM 14 Ecatepec, desde hace ya muchos meses.
Pero esto no es todo. La realidad es más difícil para estas miles de personas; hay otro elemento que agrava su situación, ocupan 500 casas en 30 edificios verticales construidos deficientemente y que ahora presentan, en su mayoría, una peligrosa inclinación, sin que se conozca oficialmente estudio o dictamen alguno que explique las razones y las posibles consecuencias de dichos deterioros que bien pudieran ser de grandes y graves resultados para sus habitantes.
El que una población de esta magnitud ocupe 500 viviendas en forma irregular, es ya un problema social que amerita la más urgente de las atenciones; el que haya tres mil personas entre mujeres, niños, hombres, jóvenes corriendo un grave peligro, viviendo en 30 edificios inclinados, en una zona donde el suelo presenta condiciones precarias porque la empresa Sosa Texcoco ha agotado los mantos acuíferos, es un asunto que, sin mayor trámite, merece una situación de la alerta y la más pronta de las soluciones.
Pero, si fuera poco, el que estén habitando la unidad Infonavit CTM - 14, en forma irregular y con la incertidumbre legal, por si fuera poco el riesgo de vivir en esos edificios, en una zona de alta sismisidad, el trato que hasta ahora han recibido sus pobladores de parte de algunas autoridades, ha sido caracterizado por la insensibilidad, cuando los últimos 20 días han enviado elementos de la policía a proferir amenazas, a sembrar temores, acosando a las personas que pacíficamente y porque no tiene otra alternativa están viviendo en este lugar.
Podemos preguntar, ¿es que hace falta que ocurra un desastre para que se atienda adecuadamente este problema? ¿Es que hace falta que este problema de 500 familias, se convierta en conflicto, para que sea encontrada una respuesta justa? Las autoridades del Gobierno Federal, del Infonavit, del estado de México, tienen la respuesta.
Pero no sólo ellos, también nosotros, como Cámara de Diputados, como órgano representativo del pueblo de México que tenemos la obligación de actuar conforme a estos reclamos totalmente justos. Todas las familias de esta unidad, todas sin excepción, han expresado su voluntad de regularizar su situación. Todos aceptan la necesidad de lograr un acuerdo con quienes haga falta para ser propietarios legales de las viviendas. Ninguna evade este imperativo y así se lo han hecho saber, sobre todo al departamento legal del Infonavit. Es más, están dispuestos a aceptar la inversión extraordinaria para la rehabilitación de los edificios y que, inclusive, podría ser factible su reubicación.
Pero en medio de la irregularidad y del riesgo, la única respuesta que conocen, es la policía cerca de sus puertas, acusando y amenazando cuando su único delito, si así se le puede llamar, es ser trabajadores sin casa y con riesgo.
Hemos conocido, como diputados pesetistas, este problema en los días recientes en que se ha agravado por la presencia policiaca. Nos hemos comprometido a luchar junto con ellos por lograr una solución, y por eso venimos a esta tribuna a denunciar, a señalar y a proponer.
Se necesita la intervención sensible de quien construyó las viviendas, el Infonavit; que escuche con criterio los planteamientos que se hacen. Se necesita también el apoyo del gobierno del estado de México, para que se impulse una solución a favor de estas familias.
Ya hemos comentado, respetuosamente, este asunto con don Blas Chumacero, diputado de la Confederación de Trabajadores de México en esta Cámara, y creemos que es indispensable, también,
la intervención de otra institución fundamental, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), con una finalidad bien clara y definida: la de dictaminar, encaminar y, en su caso, financiar la reparación y hasta la adquisición de estos inmuebles.
El problema es muy grave y muy riesgoso, y es urgente la atención de él. No es posible regatear cuando existe una situación como la que hemos descrito. No sería correcto esperar que ocurra un conflicto o una desgracia para intervenir. Conscientes de ello y de acuerdo con nuestro papel de representantes populares, en que proponemos el siguiente acuerdo:
"Único. Que esta denuncia sea turnada en forma inmediata a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, a la de Asentamientos Humanos de esta Cámara, para que entre en contacto con la Procuraduría General de la República, el gobierno del estado de México, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y las demás dependencias pertinentes con el fin de solicitar:
Primero. Que el problema de la unidad habitacional del Infonavit, CTM - 14, de Ecatepec, Estado de México, con daños serios en su construcción y ocupada por más de 500 familias en forma irregular, sea tratado con todo sentido social, entendiendo que se requiere una solución urgente de acuerdo con los intereses de sus ocupantes y de ninguna manera un trato policiaco.
Segundo. Llamar a que, tanto Fonhapo, el gobierno del estado de México, el Infonavit y los propios habitantes del lugar, realicen un estudio técnico y social, de la problemática global de la unidad, buscando la mejor solución a la brevedad posible. Tomando en cuenta la conformidad de las familias que ocupan dichas viviendas, para regularizar su situación jurídica.
Tercero. Que se mantenga de parte de esta Cámara, que las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Asentamientos Humanos, un seguimiento del curso de este problema, se norme una comisión integrada por miembros de esta Legislatura, que garantice una pronta solución y evite un gran conflicto o un desastre y, finalmente, informe a este pleno de los acuerdos a que hayan llegado las dependencias oficiales que invocamos y los habitantes del Infonavit, CTM - 14 de Ecatepec, estado de México.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista de los Trabajadores, diputada Beatriz Gallardo Macías." Gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se admite o no la proposición de la diputada Beatriz Gallardo Macías.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición presentada por la compañera Beatriz Gallardo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aceptada, señor presidente.
Trámite: Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
PROBLEMAS EN CHIAPAS
El C. Presidente: - En uso de la palabra, el diputado Genaro José Piñeiro López.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Con la venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Desde hace dos meses, desde el 18 de agosto para ser exactos, el municipio de Salto de Agua, Chiapas, vive una crisis política que no puede y no debe prolongarse más. Nosotros, como representantes del pueblo, debemos hacer lo que más podamos para que esa crisis y esa situación del municipio de Salto de Agua, Chiapas, se resuelva en favor del pueblo, de inmediato.
Hechos: En su oportunidad, fue electo presidente municipal de Salto de Agua, el C. profesor César Augusto Acosta Solís, durante los dos años de su gestión como presidente municipal, prometió a los ciudadanos del municipios, obras de beneficio común, tales como carreteras, construcción de aulas, construcción de una preparatoria, del hospital y un puente, entre otras obras. Hasta la fecha y a pesar que en el presente año ha estado recibiendo una participación aproximada de 25 millones de pesos mensuales, más las recaudaciones que el propio municipio hace, no se ha hecho obra alguna en beneficio colectivo en dicho municipio.
Durante la gestión del mencionado profesor César Augusto Acosta Solís, el diputado local, Quirino Guzmán Jiménez, ha estado indebidamente participando en la administración económica del municipio y seguramente por eso ha sido el gran solapador del presidente municipal y su principal apoyo político actualmente en el estado.
Ante la desaparición en la práctica, de los poderes municipales, los principales dirigentes del pueblo, comisariados ejidales y magisterio principalmente,
comenzaron a gestionar ante el ejecutivo del estado, en el Congreso local y las propias autoridades municipales, aún físicamente presentes, que las obras necesarias se realizaron y el dinero del pueblo se utilizará para beneficio de éste, conforme a las partidas que se habían señalado.
El profesor César Augusto Acosta, con el apoyo del diputado local Cirilo Guzmán, logró burlar todas las gestiones y continuó con su actitud hasta el 18 de agosto.
Cansados de que sus reclamos fueran vanos, 19 ejidos inicialmente, de los 72 existentes en el municipio, con sus comisariados ejidales al frente y acompañados de sus representantes campesinos afiliados a la Confederación Nacional Campesina, hicieron una marcha el 18 de agosto próximo pasado, para dar a conocer al pueblo de Salto de Agua, sus inquietudes y necesidades.
Antes de que la marcha se iniciara, en la madrugada del 18 de agosto, el presidente municipal huyó, no sabiéndose de su paradero hasta la fecha. Frente a la huída de las autoridades municipales que imposibilitó a los ejidatarios en marcha, gestionar nada ante poderes ya inexistentes, los campesinos decidieron clausurar las oficinas municipales para salvaguardar el patrimonio del pueblo. Para ello citaron al agente del Ministerio Público y en su presencia procedieron a sellar las oficinas el 19 de agosto próximo pasado.
Se decidió, igualmente, montar guardia para proteger las instalaciones. En la actualidad son más de 60 ejidos comisariados los que participan en las guardias; es el pueblo en general quien está acampado frente y en torno al palacio municipal.
Hacemos notar que en el municipio sólo existen y actúan dos partidos políticos: el partido oficial y el Socialista de los Trabajadores; ningún otro grupo o corriente política está presente en estos lugares. Aunque comisariados ejidales pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina iniciaron la marcha el 18 de agosto,actualmente son ellos y los militantes del PST y mayoritariamente el pueblo sin partido, quienes montan guardia frente al palacio.
Insistimos, es un movimiento popular, espontáneo, motivado por la enorme inconformidad general. Ninguna otra razón que no sea esa inconformidad, explica que sea todo el pueblo al unísono, en paz, con tranquilidad pero con gran firmeza, el que protesta sin banderas partidarias de ningún género. Los padres de familia ante situación tan irregular, junto con los maestros, han decidido no enviar a sus hijos a las escuelas. Ninguna funciona a partir del 8 de septiembre próximo pasado hasta estas fechas.
Hay que añadir que los vecinos y quienes están al frente, no están cerrados al diálogo ni a la negociación, por el contrario buscan que el problema se resuelva cuanto antes.
Al inicio, sólo pedían que se aplicará una auditoría al presidente municipal. Durante los dos meses de la crisis, han hablado con el secretario general de gobierno, con el presidente del Congreso local, con el presidente de la Gran Comisión del mismo y hasta fueron al estado de Tabasco a entrevistarse con el C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Lo que consiguieron venturosamente.
Al menos en dos ocasiones, han estado dialogando en la cabecera municipal con diputados representantes del Congreso del estado: Efraín Coutiño Velazco y con el doctor Ernesto Romero Calderón Martínez. Se acordó hacer la auditoría para resolver el problema, pero la ausencia total del presidente municipal, del cual ni siquiera se sabe con certeza donde está, impide que los trabajos se realicen, no existe poder municipal con autoridad suficiente para permitir acceso a los documentos con los cuales sustancial auditoría y el hecho de que varios de los libros de contabilidad municipal fueron sustraídos por el propio presidente.
Opinamos los diputados del PST, que la desaparición de poderes en ese municipio del estado de Chiapas, es un hecho real y comprobado. De acuerdo a los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 115 constitucional, corresponde a la legislatura del estado de Chiapas, declarar que los poderes han desaparecido y conforme a las leyes del estado, nombrar un consejo municipal.
Consideramos nosotros que dos meses son oportunidad suficiente para que las autoridades municipales hubieran rendido las pruebas y hubieran hecho los alegatos que a su juicio convinieran.
No podemos nosotros, legisladores federales, intervenir directamente en el caso, pues sería violar la soberanía estatal. Pero sí podemos y debemos intervenir ante nuestros compañeros legisladores estatales a favor de los pobladores de Salto de Agua, para que la crisis política que vive se resuelva de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto proponemos:
"Único. Que se turne este escrito a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, con el fin de
que ésta tome las medidas conducentes para establecer un diálogo con el Congreso local del estado de Chiapas, que coadyuve a recibir la información sobre este asunto y a ajustar una solución a la crisis para los pobladores de Salto de Agua.
Por la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, diputado Genaro Piñeiro López."
Anexamos copias de las diversas gestiones y documentos que han realizado los compañeros que encabezan la ocupación de este palacio. Muchas gracias.
El C. presidente: - En los términos del artículo 58, ¿algún diputado desea hacer uso de la palabra?
En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no la propuesta.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Piñeiro. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada...Quienes estén por la negativa, igualmente...Aceptada, señor presidente.
Trámite: Túrnese para su estudio y acción conducente, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ASAMBLEA DE BARRIOS
El C. Presidente: - En uso de la palabra, el diputado Miguel Alonso Raya.
El C. Miguel Alonso Raya: - Con su permiso, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: Voy a dar lectura a un documento que dirigen al pleno de esta Cámara, los compañeros dirigentes de la Asamblea de Barrios de la ciudad de México.
"Señoras y señores diputados: Por el presente escrito, las familias instaladas en plantón de la explanada en este recinto, a causa del desalojo de las viviendas que veníamos ocupando, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la intervención y canalización de nuestro problema ante el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, licenciado Manuel Camacho Solís y obtener así nuestra vivienda definitiva.
Y en particular, agradecemos la intervención de la Comisión de Gestoría y Quejas y en ella a las diversas fracciones parlamentarias de esta H. Cámara de Diputados.
Para nosotros, es decir, miles de familias mexicanas que habitamos en la ciudad de México, es un aliciente encontrar aquí en este lugar, un espacio de atención y de escuchar respetuosa respecto de los problemas cotidianos que vivimos en torno a la vivienda y el desarrollo urbano.
Nuestra lucha y organización tiene la aspiración legítima, como ciudadanos mexicanos, de lograr una vivienda digna y decorosa, como lo señala el artículo 4o. constitucional.
Y desde ahí, hacer de la ciudad y de todas las ciudades del país, una ciudad de todos y para todos, sin exclusiones.
En la pasada sesión del pleno de esta Cámara, del 8 de octubre, tuvimos la oportunidad de escuchar las intervenciones de algunos ciudadanos diputados en relación a lo que expusimos.
Manifestamos y solicitamos a una comisión pluripartidista. En dicha sesión se tomaron tres acuerdos.
El primero de ellos, que dice que la Comisión de Asentamientos y Recursos Humanos y Obras Públicas, integre un grupo de trabajo pluripartidista con la tarea específica de redactar una iniciativa de ley inquilinaria que garantice los derechos de quienes carecen de vivienda propia. Cada acuerdo, se turnó para su estudio a la Comisión del Distrito Federal.
El segundo acuerdo se refiere a que las comisiones de Asentamientos Humanos y del Distrito Federal, promuevan la realización de un foro de análisis y discusión sobre la problemática de la vivienda en arrendamiento, su legislación y reglamentación.
El tercer acuerdo se refiere a que la H. Cámara de Diputados se dirija a la Sedue, para que se dote de vivienda digna a las personas que mantienen su campamento frente al Palacio Legislativo. Turnándose para la acción correspondiente a la Comisión de Gestoría y Quejas.
En este último acuerdo, en el que está por concretarse entre las autoridades de Sedue y nos permitiría levantar el plantón con la frente en alto y la dignidad de las familias desalojadas, destituídas injustamente, sin embargo, debemos señalar que el punto no acordado por este pleno, en el sentido de que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Justicia, se dirigiera de manera respetuosa a las autoridades judiciales del Distrito
Federal, con la finalidad de solicitar la suspensión temporal de las órdenes de desalojo de inquilinos, en tanto el Congreso de la Unión legisle en materia inquilinaria; es para nosotros un golpe en tanto la amenaza latente de decenas de desalojos a familias desprotegidas.
Nos preguntamos ¿cómo es posible que en 1987, año internacional de "los sin techo", sean lanzadas a la calle las familias y sus pertenencias cuando no existen alternativas inmediatas de encontrar un nuevo albergue?, a todas luces aparece injusto, denigrante e indigente, que se legalice la acción de echar a la calle a las familias y sus cosas cuando no hay una alternativa de vivienda. Nosotros pensamos que el sólo hecho de elevar una solicitud respetuosa al Poder Judicial por parte de la H. Cámara de Diputados, de evitar desalojos, no implica de por si la decisión, sino ampliar el marco de discusión ante el Gobierno y la sociedad, en la búsqueda del equilibrio y el respeto de los diversos intereses que se expresan en esta problemática, y llegar así al imperativo actual de hacer justicia social en el ámbito de la vivienda.
Finalmente, queremos expresar que, ante el incierto futuro inmediato de la vivienda de cientos de ciudadanos mexicanos, hemos encontrado en este cuerpo legislativo una actitud de respeto y sensibilidad ante los problemas que nos aquejan, y seguiremos en esta línea de relación y de propuestas responsables, para que el Gobierno atienda de manera eficaz, las demandas sociales de la población.
Atentamente.
Asamblea de Barrios de la ciudad de México, coordinadora de luchas urbanas."
Y solicitan los compañeros, que con la información dada por la Comisión de Gestoría y Quejas, acerca de que todavía no hay una solución concreta al problema de ubicación, de una alternativa para vivienda de los compañeros que mantienen el plantón, que esta comisión tenga a bien seguir interponiendo sus buenos oficios y hasta donde sea posible, agilizar los trámites para encontrar una alternativa de solución al problema de vivienda y puedan los compañeros levantar su plantón de manera decorosa y con una respuesta concreta al problema. Muchas gracias por su atención, compañeros.
La C. María Emilia Farías Mackey (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto diputada?
La C. María Emilia Farías Mackey (desde su curul): - Para rectificar hechos.
El C. Presidente: - En los Términos del artículo 102, se concede el uso de la palabra a la diputada María Emilia Farías Mackey.
La C. María Emilia Farías Mackey: - Con el permiso de la presidencia; honorable asamblea: la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, ha estado atendiendo a las personas que se encuentran en la explanada del Recinto Legislativo.
El día de hoy, a las seis de la tarde, habrá una reunión que fue concertada desde el día de ayer al medio día, con las familias damnificadas y los funcionarios de los organismos de vivienda respectivos.
Por lo mismo, quisiera yo aclarar lo dicho por el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, es decir, esta comisión ha tratado ya el asunto, hay ya un acuerdo; éste se va a concretizar esta tarde y por lo tanto, no creo que haya lugar a su petición. Muchas gracias.
OFICIOS DEL SENADO
El C. Presidente: - Se acaban de recibir varios oficios de la H. Cámara de Senadores. Se ruega a la secretaría dar cuenta con ellos.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar:
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cancerología.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 15 de octubre de 1987.
Senadores: Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
«MINUTA
PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Artículo 1o. El Instituto Nacional de Cancerología es un organismo descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El Instituto tendrá por objeto:
I. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en la especialidad de las neoplasias;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
III. Prestar servicios de salud en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación en el ámbito de su especialidad;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población que requiera atención en el campo de las neoplasias, en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socio - económicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del instituto;
V. Aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de los enfermos de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios, incluyendo acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación al medio social;
VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en el campo de las neoplasias, con apego a la Ley General de Salud y además disposiciones aplicables, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar y rendir opiniones a la Secretaría de Salud en la formulación de normas relativas a la especialidad del instituto;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la administración pública Federal en su área de especialización y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia;
XI. Formar recursos humanos especializados para la atención de enfermos con neoplasias, y actividades que le sean afines, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y recursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; en el campo de las neoplasias;
XIII Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo al cáncer, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del Instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud conforme al Presupuesto anual de Egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencia y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esa ley;
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El Instituto contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órganos de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las atribuciones a que se refieren los artículos 12 y 16 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. La junta de gobierno del Instituto se integrará por el Secretario de Salud, quien la
presidirá; por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del organismo, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; estos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 7o. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto en relación a la productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general;
II. Aprobar tanto los programas y presupuestos del instituto, como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;
III. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el Instituto; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
IV. Aprobar la concertación de empréstitos y créditos internos y externos para el financiamiento del Instituto, de acuerdo a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que dicten las autoridades competentes; en lo que se refiere a créditos externos deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que sean, en su caso, autorizados y registrados;
V. Expedir las normas generales para que el director general pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos del Instituto que no corresponda al objeto del mismo;
VI. Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;
VII. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
VIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera, con excepción de aquellos propiedad del Instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considera del dominio público de la Federación;
IX. Autorizar la creación de comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento;
X. Designar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencias;
XI. Designar y remover, a propuesta de su presidente y entre personas ajenas al Instituto, al secretario, así como nombrar y remover a instancia del director general, si procede, al prosecretario;
XII. Proponer al Ejecutivo Federal, en el caso de que existieren excedentes económicos, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación;
XIII. Aprobar la estructura orgánica básica del Instituto, así como las modificaciones que procedan;
XIV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda a los comisarios;
XV. Acordar los donativos o pagos extraordinarios y verificar que se destinen a los fines señalados por la Secretaría de Salud, en apego a las disposiciones aplicables;
XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del Instituto y a cargo de terceros, cuando su cobro no sea factible, informando lo conducente a la Secretaría de Programación y Presupuesto por conducto de la Secretaría de Salud;
XVII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general y los correspondientes de procedimientos y servicios al público del Instituto;
XVIII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios, previo el estudio de necesidades y factibilidad para ello, y
XIX. Nombrar a los titulares de centros y unidades que ella misma establezca, a través de un
tema que proponga el director general, así como removerlos.
Artículo 8o. La junta de gobierno del Instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
La junta de gobierno del Instituto podrá invitar a sus reuniones a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación y docencia y de grupos interesados de los sectores público, social y privado.
Artículo 9o. El director general del Instituto será nombrado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser persona de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad del Instituto, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades del Instituto Paraestatales.
Artículo 10. El director general de Instituto, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio, se solicitará la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
IV. Formular denuncias y querellas, así como conceder el perdón legal;
V. Ejercitar acciones judiciales y desistirse de éstas, inclusive en materia de amparo;
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones en materia judicial;
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competa, incluso las que requieran autorización o cláusula especial. Su otorgamiento y validez se sujetará a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
IX. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
X. Presentar los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto, así como los que específicamente le solicite la junta de gobierno;
XI. Formular y presentar para aprobación de la junta de gobierno el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimiento y servicios del Instituto;
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del Instituto;
XIII. Presentar a la junta de gobierno la ternas de candidatos a titulares de los centros y unidades del Instituto;
XIV. Ejercer el presupuesto del Instituto de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XVI. Proveer la información que le requieran los comisarios públicos, y
XVII. Las demás que con base en la presente ley le confiera la junta de gobierno.
Artículo 11. El director general del Instituto durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación
cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del Instituto prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 12. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del Instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Instituto, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 13. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por vocales; serán designados por la junta de gobierno entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, con votación de servicio, las cuales podrán ser propuestas por el director general.
Artículo 14. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 15. El consejo técnico consultivo del Instituto, es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del Instituto y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del Instituto.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del Instituto, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del Instituto;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del Instituto, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta del gobierno.
Artículo 17. El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. El Instituto tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del Instituto se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abrogan la Ley que crea los institutos de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología y Urología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1950, y el decreto que modifica la Ley que crea el Instituto Nacional de Cancerología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1982.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá llevarse a cabo una sesión de la junta de gobierno del Instituto, en la que se ratifique o designe al director general del organismo; en el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo que hubiere desempeñado el cargo a fin de no exceder los periodos a que se refiere el artículo II de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez, dos de los cuatro vocales integrantes de la primera junta de gobierno del Instituto durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del Instituto expedirá el estatuto orgánico en el plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
México, D. F., a 15 de octubre de 1987.
Senadores: Juan S. Millán Lizárraga, presidente; Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar:
«CC. secretario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez."
Reiteremos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, D. F., a 15 de octubre de 1987.
Senadores: Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
MINUTA PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
Artículo 1o. El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El Instituto tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de los padecimientos cardiovasculares;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
III. Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos, incluso quirúrgicos y de rehabilitación en el área de los padecimientos cardiovasculares;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria y a la población que requiera atención cardiovascular en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socio - económicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Instituto;
V. Aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de los enfermos de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios, incluyendo
acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación al medio social;
VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en el área de las enfermedades cardiovasculares, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades casdiovasculares en el medio mexicano;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar y rendir opiniones a la Secretaría de Salud cuando sea requerido para ello;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en su área de especialización y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia;
XI. Formar recursos humanos especializados para la atención de enfermedades cardiovasculares, así como aquellas que le sean afines de conformidad con las disposiciones aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, en el área de enfermedades cardiovasculares;
XIII. Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a los padecimientos cardiovasculares conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del Instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean a signados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud, conforme al Presupuesto anual de Egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se estable en esta ley;
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El Instituto contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órganos de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las funciones a que se refieren los artículos 12 y 16 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. La junta de gobierno del Instituto se integrará por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del organismo, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de salud; estos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 7o. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que estará sujeto el instituto, en relación con la productividad, comercialización, finanzas, desarrollo tecnológico y administración general, en congruencia con los programas sectoriales;
II. Aprobar, de acuerdo a la legislación aplicable, los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones;
III. Aprobar anualmente los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo el informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos;
IV. Aprobar las políticas, bases y programas generales que rigen los convenios, contratos, pedidos y acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceras personas en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación a los bienes muebles, en los términos que establece la legislación aplicable;
V. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el Instituto; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
VI. Aprobar la concertación de préstamos que en su caso se requieran para el financiamiento del Instituto, de acuerdo a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que establezcan las autoridades competentes, remitiendo lo relativo a créditos externos, para su autorización y registro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VII. Expedir las normas o bases generales conforme a las cuales el director podrá disponer de los activos fijos del Instituto que no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo, cuando fuere necesario realizar esas operaciones a criterio de la propia junta;
VIII. Aprobar la estructura básica del Instituto, así como sus modificaciones cuando procedan;
IX. Autorizar la creación de comités de apoyo;
X. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél y concederles licencias;
XI. Designar y remover, propuesta de su presidente, a quien en su caso funja como secretario entre personas ajenas al Instituto; asimismo podrá nombrar y remover, a propuesta del director general, al prosecretario;
XII. Proponer el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación, en caso de que hubiesen excedentes económicos del Instituto;
XIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles del Instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;
XIV. Analizar los informes periódicos que rinda el director general con la intervención que corresponda a los comisarios y, en su caso, aprobarlos;
XV. Acordar los donativos o pagos extraordinarios y verificar que se apliquen los fines establecidos por la Secretaría de Salud sujetándose al efecto a las disposiciones aplicables;
XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y en favor del Instituto cuando sea notoria la imposibilidad de su cobro, informando, a través de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Programación y Presupuesto;
XVII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios, previo el estudio de necesidades y factibilidad para ello;
XVIII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicios al público, y
XIX. Nombrar a los titulares de centros y unidades de que disponga o llegare a constituir, mediante terna que proponga el director general en cada caso, así como también, la propuesta de éste, removerlos.
Artículo 8o. La junta de gobierno del Instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad, más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
La junta de gobierno del Instituto podrá invitar a sus reuniones a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación y docencia y de grupos interesados de los sectores públicos, social y privado.
Artículo 9o. El director general del Instituto será nombrado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser persona de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad del Instituto, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 10. El director general del Instituto, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del Instituto;
II. Ejercer las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, y aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competa. Su otorgamiento y validez se sujetará a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
IV. Formular denuncias, querellas y otorgar el perdón legal;
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del amparo;
VI. Someter en arbitraje asuntos y celebrar transacciones en materia judicial;
VII. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
VIII. Presentar a la junta de gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla;
IX. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a la disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
X. Emitir y negociar títulos de crédito;
XI. Proponer a la junta de gobierno, para su aprobación, el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del Instituto
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del Instituto;
XIII. Proponer a la junta de gobierno las ternas de candidatos titulares de centros y unidades que formen parte del Instituto;
XIV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XV. Proporcionar la información que soliciten los comisarios públicos, y
XVI. Las demás que con fundamento en la presente ley le delegue la junta de gobierno.
Artículo 11. El director general del Instituto durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del Instituto prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 12. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del Instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Instituto, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 13. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por los vocales que designe la junta de gobierno, entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad
en general, las cuales podrán ser propuestas por el director general del Instituto.
Artículo 14. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 15. El consejo técnico consultivo del Instituto es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del Instituto y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del Instituto.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adoptación de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del Instituto, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del Instituto;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del Instituto, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 17. El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. El Instituto tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del Instituto se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza el director general, directores, subdirectores, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la ley que crea el Instituto Nacional de Cardiología de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1943.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá llevarse a cabo una sesión de la junta de gobierno del Instituto, en la que se ratifique o designe al director general del organismo; en el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo que hubiere
desempeñado el cargo a fin de no exceder los periodos a que se refiere el artículo 11 de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez dos de los cuatro vocales integrantes de la primera junta de gobierno del Instituto durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del Instituto expedirá el estatuto orgánico, en el plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
México, Distrito Federal, 15 de octubre de 1987.
Senadores: Juan S, Millán Lizárraga, presidente; Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
La C. prosecretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«C. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de Ley del Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán".
Reiteremos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, a 15 de octubre de 1987.
Senadores: Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN
Artículo 1o. El Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El Instituto tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de las disciplinas biomédicas vinculadas con problemas nacionales de salud y las relaciones con la nutrición humana;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
III. Prestar servicios especializados de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación de personas adultas con padecimientos relacionados con la nutrición humana;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población que requiera atención en su área de especialización y afines, en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socio - económicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del Instituto;
V. Realizar estudios e investigaciones clínicas, experimentales y básicas en las disciplinas biomédicas vinculadas con problemas nacionales de salud y las relacionadas con la nutrición humana, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención de enfermedades en el medio mexicano.
VI. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VII. Promover la educación nutricional y el mejoramiento de los hábitos y patrones de la alimentación de los mexicanos;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar a la Secretaría de Salud en la elaboración de sus programas de nutrición y en las distintas disciplinas médicas que fomente el Instituto y rendir opiniones cuando sea requerido para ello;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de alimentación y nutrición, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;
XI. Formar recursos humanos en su área de especialización y afines, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, en el campo de la nutrición humana y área afines;
XIII. Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a su área de especialización y afines, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del Instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeros, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esta ley;
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude , y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El Instituto Contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El Instituto contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órganos de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las atribuciones a que se refieren los artículos 13 y 17 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 7o. La junta de gobierno del Instituto se integrará por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del organismo, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; estos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 8o. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto respecto a productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general;
II. Aprobar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;
III. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el Instituto; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
IV. Aprobar la concertación de préstamos para financiamiento del Instituto con créditos internos y externos, conforme a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que dicten las autoridades competentes, remitiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo relativo a los créditos externos para su autorización y registro;
V. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el director general podrá disponer de los activos fijos del Instituto que no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;
VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de los mismos;
VII. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
VIII. Aprobar la estructura básica del Instituto y las modificaciones a la misma que procedan;
IX. Autorizar la creación de comités de apoyo;
X. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquel, así como concederles licencias;
XI. Designar y remover, a propuesta del presidente, a quien en su caso funja como secretario entre personas ajenas al Instituto, así como nombrar y remover, a propuesta del director general y de ser el caso, al prosecretario;
XII. En caso de que existieren excedentes económicos del Instituto proponer al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación;
XIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles del Instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;
XIV. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general con la intervención que corresponda a los comisarios;
XV. Acordar, con sujeción a las disposiciones correspondientes, los donativos o pagos extraordinarios que el Instituto otorgue y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados en las intrusiones de la Secretaría de Salud;
XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto cuando fuere notaria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Programación y Presupuesto, por conducto de la Secretaría de Salud;
XVII. Previo estudio de necesidades y factibilidad, aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios, y
XVIII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicios al público.
Artículo 9o. La junta de gobierno del Instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
Artículo 10. El director general de Instituto será nombrado o ratificado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud, de acuerdo con el artículo 12 de esta ley.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser médico cirujano de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en las especialidades del Instituto, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo II. El director general del Instituto, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
IV. Formular denuncias, querellas y otorgar el perdón legal;
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive el amparo;
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones en materia judicial;
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan incluso las que requieran autorización o cláusula especial. Su otorgamiento y validez se sujetarán a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
IX. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
X. Presentar a la junta de gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquella;
XI. Presentar a la junta de gobierno, para su aprobación, el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del Instituto;
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del Instituto;
XIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XIV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XV. Proporcionar la información que soliciten los comisarios públicos, y
XVI. Las demás que con fundamento en la presente ley le delegue la junta de gobierno.
Artículo 12. El director general del Instituto durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 10 de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del Instituto prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 13. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del Instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Instituto, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 14. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por vocales; serán designados por la junta de gobierno entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general con vocación de servicio, las cuales podrán ser propuestas por el director general del Instituto.
Artículo 15. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo del Instituto es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del Instituto y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del Instituto.
Artículo 17. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del Instituto, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del Instituto;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del Instituto, por conducto del presidente de la misma,
una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 18. El Instituto tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del Instituto se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la ley que crea el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 1981.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá llevarse a cabo una sesión de la junta de gobierno del Instituto, en la que se ratifique o se designe al director general del organismo; en el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo que hubiere desempeñando el cargo a fin de no exceder los periodos a que se refiere el artículo 12 de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez dos de los cuatro vocales de la primera junta de gobierno del Instituto, que conforme a esta ley se integre durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del Instituto expedirá el estatuto orgánico, en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo a que se refiere esta ley.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
México, Distrito Federal, 15 de octubre de 1987.
Senadores: Juan S. Millán Lizárraga, presidente; Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
La misma Prosecretaria.
«CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes expediente con minuta
proyecto de Ley del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, a 15 de octubre de 1987.
Senadores: Alfonso Zegber Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
«MINUTA PROYECTO DE LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Artículo 1o. El Hospital Infantil de México Federico Gómez es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El hospital tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios.
III. Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos incluso quirúrgicos y de rehabilitación a los niños enfermos, fundamentalmente a aquellos de escasos recursos económicos;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población infantil, niños y adolescentes que requieran atención en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del hospital;
V. Aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de la población infantil y adolescente de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios, incluyendo acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación al medio social;
VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y biomédicas en el área de los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, así como fomentar la producción científica y promover la investigación de los problemas médico - sociales de la niñez mexicana;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar y rendir opiniones a la Secretaría de Salud, cuando sea requerido para ello;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y asesorar a instituciones sociales y privadas en el área de atención de los padecimientos de la población infantil y adolescente;
XI. Formar recursos humanos especializados para la atención de los padecimientos de la población infantil y hasta adolescentes, así como aquellos que les sean afines, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en el área de los padecimientos de la población infantil y hasta la adolescente;
XIII. Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a los padecimientos de la población infantil y hasta la adolescente conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del hospital se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud, conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeros, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esta ley.
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El hospital contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El hospital contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órganos de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las funciones a que se refieren los artículos 13 y 17 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. El hospital contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 7o. La junta de gobierno del hospital se integrará por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del propio hospital, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales, designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; éstos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 8o. La junta de gobierno del hospital ejercerá las siguientes facultades no delegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales de acción y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el hospital en relación a la productividad, comercialización, finanzas, investigaciones, desarrollo tecnológico y administración general;
II. Aprobar, en los términos de la legislación aplicable, los programas y presupuestos del hospital, así como sus modificaciones;
III. Aprobar cada año los estados financieros del hospital y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;
IV. Aprobar la concertación de empréstitos y créditos internos y externos para el financiamiento del hospital, de acuerdo a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que dicten las autoridades competentes. En lo que se refiere a los créditos externos deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que, en su caso, sean autorizados y registrados;
V. Expedir las normas generales para que el director general pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos del hospital que no correspondan a las operaciones propias del mismo;
VI. Proponer al Ejecutivo Federal, en el caso de que existieren excedentes económicos, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación;
VII. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el hospital; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general.
VIII. Acordar, conforme a las disposiciones legales aplicables, los donativos o pagos extraordinarios, así como verificar que estos se destinen a los fines señalados por la Secretaría de Salud;
IX. Aprobar las bases y normas para la cancelación de adeudos a favor del hospital y a cargo de terceros, cuando su cobro no sea factible, informando lo anterior a la Secretaría de Programación y Presupuesto por conducto de la Secretaría de Salud;
X. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el hospital requiera, con excepción de aquellos
propiedad del mismo que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;
XI. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, los programas generales, las bases y las políticas relativos a los convenios, contratos o acuerdos que celebre el hospital en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
XII. Aprobar la estructura orgánica básica del hospital, así como las modificaciones que procedan;
XIII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general y los manuales de procedimientos y de servicios al público del hospital;
XIV. Autorizar la creación y funcionamiento de comités de apoyo;
XV. Designar y remover, entre personas ajenas al hospital y a propuesta de su presidente, al secretario, así como nombrar y remover a propuesta del director general al prosecretario, si se requiere;
XVI. Designar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencias en caso de que procedan;
XVII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y de servicios, sujetándose a estudios previos de necesidades y factibilidad;
XVIII. Designar y remover a los titulares de centros y unidades que ella misma establezca, a través de una terna que proponga el director general, y
XIX. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el director general.
Artículo 9o. La junta de gobierno del hospital celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
La junta de gobierno del hospital podrá invitar a sus reuniones a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación y docencia y de grupos interesados de los sectores públicos, social y privado.
Artículo 10. El director general del hospital será nombrado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser persona de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudio de postgrado académico o estudios de postgrado en la especialidad del hospital, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 11. El director general del hospital, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del hospital;
II. Ejercer las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, y aquellas que requieran cláusula especial; cuando se trate de actos de dominio se obtendrá la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competa, incluyendo las que requieran autorización o cláusula especial, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
V. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
VI. Emitir, avalar y negociar los títulos de crédito;
VII. Formular denuncias y querellas, y otorgar el perdón legal;
VIII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del amparo;
IX. Comprometer asuntos en arbitraje, así como proponer y celebrar transacciones judiciales;
X. Presentar a la junta de gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del hospital y los que se le sean solicitados en forma específica por ésta
XI. Ejercer el presupuesto del hospital conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XII. Presentar a la junta de gobierno, para su aprobación, el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del hospital;
XIII. Fijar las condiciones generales de trabajo del personal del hospital;
XIV. Presentar a la junta de gobierno las ternas de candidatas titulares de centros y unidades que formen parte del hospital;
XV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XVI. Proporcionar a los comisarios públicos la información que éstos soliciten para el cumplimiento de sus funciones, y
XVII. Las demás que con fundamento en la presente ley le sean delegadas por la junta de gobierno.
Artículo 12. El director general del hospital durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 10 de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del hospital prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 13. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del hospital y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del hospital, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 14. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por los vocales que designe la junta de gobierno, entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, con vocación de servicio para promover el bienestar de la niñez, las cuales podrán ser propuestas por el director general del Instituto.
Artículo 15. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo del hospital es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del hospital y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del hospital.
Artículo 17. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del hospital, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del hospital;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del hospital, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiere el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 18. El hospital tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del hospital se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el hospital y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza, el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la ley que crea el Hospital Infantil en la ciudad de México, publicada en el Diaria Oficial de la Federación del 23 de junio de 1943.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá efectuarse una sesión de la junta de gobierno del hospital en la que se ratifique o designe al director general del organismo. En el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo en el que hubiere desempeñado el cargo a partir de la última designación, a fin de no exceder el período a que se refiere el artículo 12 de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez, dos de los cuatro vocales de la primera junta de gobierno del hospital, que conforme a ésta se integre, durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del hospital expedirá el estatuto orgánico, en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley
. Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
México, Distrito Federal, 15 de octubre de 1987.
Senadores: Juan S. Millán Lizárraga, presidente; Alfonso Zegbe Sanen, secretario; Abraham Martínez Rivero, secretario.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
El C. prosecretario Eliseo Rangel Gaspar: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se van a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
«Tercer Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día.
20 de octubre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Aguascalientes, invita a la sesión solemne en la que el C. Miguel Ángel
Barberena Vega, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, tendrá lugar el 22 de octubre.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que para conmemorar el CLXXIII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar el 22 de los corrientes.
El Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, invita al acto cívico para conmemorar el CLXXIII aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que tendrá lugar el 22 de octubre.
Comunicación del Congreso del estado de Veracruz.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Rodolfo Navarrete Tejero, para aceptar y usar la condecoración del León de Finlandia, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.
Efemérides
Intervención del C. diputado Raúl Castellano y Martínez.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 13:45 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES