Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871104 - Número de Diario 23
(L53A3P1oN023F19871104.xml)Núm. Diario:23ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
AÑO III México, D. F., miércoles 4 de noviembre de 1987 NÚM. 23
SUMARIO
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
se aprueba sea leída al final de la sesión.
INSCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES
Para presentar iniciativas, proposiciones y efemérides.
COMUNICACIONES
Del honorable Congreso del Estado de Puebla, notificando la mesa directiva que funcionará del 15 de octubre al 31 de diciembre próximo. De enterado.
La secretaría de conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, da a conocer el número de los expedientes manejados por las comisiones durante el mes de octubre y la relación de proposiciones, denuncias y solicitudes presentadas. De enterado.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Se turna a la Comisión de Ecología.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ADICIÓN AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
Presenta el diputado José Herrera Arango iniciativa de adición a la fracción VI. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 50
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL Y LEY DE PLANEACIÓN
Presenta el diputado Nabor Camacho Nava iniciativa para modificar y adicionar el artículo 115, en su fracción III; para adicionar la fracción dos del artículo 3o. de la ley de planeación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
Presenta el diputado Humberto Enrique Ramírez Rebolledo reformas a los artículos 1o. y 32 de la ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ADICIÓN AL ARTÍCULO 62 CONSTITUCIONAL
Presenta el diputado José Angel Aguirre Romero adición al artículo señalado. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL ISSSTE
Presenta el diputado Jaime Castellanos Franco modificación a los artículos 60, 61, 63 y 64. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Presenta el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz adición de un tercer párrafo al artículo 256; y reformas al primero y cuarto párrafo del artículo 257. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
CÓDIGO PENAL
Presenta la diputada Magdalena García Rosas iniciativa para adicionar el artículo 141 - bis al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y LEY DE EXPROPIACIÓN
Presenta el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, reformas que derogan los artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y la adición de un artículo 2o. - bis a la Ley de Expropiación para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de huelga. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Presenta el diputado Nabor Camacho Nava adición al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
SALUDO AL SOVIET SUPREMO DE LA URSS
El diputado Martín Tavira Urióstegui en punto de acuerdo propone que la Cámara de Diputados salude cordialmente al Soviet Supremo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas con motivo del LXX aniversario de la Revolución Socialista de octubre. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
Propone el diputado Homero Pedrero Pliego que comparezca el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, C. Manuel Camacho Solís. Se acepta y se cita para el 12 de noviembre a las 10:00 horas.
CONTRATO DE FFCC
Propone el diputado Héctor Pérez Plazola solicitud de recabar copia del contrato que firmó Ferrocarriles Nacionales con el sindicato en relación al arrendamiento de carros de ferrocarril. Usan de la palabra, en pro, el diputado Alejandro Cañedo Benítez; en contra, el diputado Eliseo Rangel Gaspar; para hechos, los diputados Héctor Pérez Plazola, Alejandro Cañedo Benítez, Cecilia Romero Castillo, Carlos Barrera Auld y Blas Chumacero; para alusiones personales, Alejandro Cañedo Benítez; para hechos, Gonzalo Altamirano Dimas, Blas Chumacero y Roberto Calderón Tinoco. Se desecha la proposición.
LECTURA DEL ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Para establecer horarios de receso y procedimientos de las sesiones que se celebren en la propia Cámara.
RECESO
Se declara a las 15:25 horas y se reanuda la sesión a las 16:55 horas.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
La secretaría pasa lista de asistencia. Falta quórum.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ
(Asistencia de 242 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:50 horas): - Consulte la secretaría a la Asamblea, si autoriza iniciar la sesión de hoy, 4 de noviembre, con la misma asistencia de la sesión del día de ayer, en votación económica.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza a que con el mismo quórum de la sesión del día 3 del actual se abra la sesión de este día 4 de noviembre. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aceptado, señor presidente.
El C. Presidente: - Se abre la sesión del día de hoy, 4 de noviembre.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Cámara de diputados. Tercer Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día
4 de noviembre de 1987
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Puebla.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de octubre por las comisiones permanentes y especiales.
Iniciativa del Ejecutivo.
De Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Iniciativa de CC. diputados del sector obrero
Para adicionar el último párrafo a la fracción VI, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea si autoriza que el acta de la sesión del día 3 de noviembre sea leída al finalizar esta sesión.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si autoriza que el acta de la sesión del día 3 de noviembre sea leída al finalizar la sesión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor presidente.
INSCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la Asamblea que se ha acercado a esta mesa para solicitar el uso de la palabra, con distintos propósitos, varios ciudadanos diputados.
Con el propósito de ordenar la participación en los términos del artículo 30 del reglamento, me permito informar a la Asamblea los nombres de quienes han sido inscritos en esta lista correspondiente:
Para presentar iniciativas: Los ciudadanos diputados Nabor Camacho Nava, Humberto Ramírez Rebolledo, Jaime Castellanos, José Angel Aguirre, Ubaldo Mendoza, Magdalena García, Alejandro Encinas.
Para presentar diversas proposiciones: Los ciudadanos diputados Martín Tavira, Homero Pedrero, Héctor Pérez, Roberto Calderón, Alejandro Cañedo, Pablo Pascual Moncayo, Cuauhtémoc Amezcua, Manuel Fernández Flores, Vicente Calvo, Javier Paz Zarza e Hildebrando Gaytán.
Para celebrar diversas efemérides: Los ciudadanos diputados Jaime Castellanos y Martín Tavira Urióstegui.
COMUNICACIONES
El C. Presidente: - Se ruega a la secretaría dar cuenta con los asuntos en cartera.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - H. Congreso del Estado. - Puebla. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 en relación con el 29 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo del estado libre y soberano de Puebla, me es grato informar que en la junta preparatoria celebrada este día por el Quincuagésimo Congreso Constitucional, se designó a la mesa directiva que funcionará del día 15 del presente mes al 31 del próximo diciembre.
La mesa directiva quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, Jorge Yunes Abrach; vicepresidente, Carmen Caballero de Cortés; secretarios: Carlos Barrientos de la Rosa y Roberto Pozos Cuspinera;
prosecretarios: Jorge René Sánchez Juárez y Raquel Olivares Yañez.
Atentamente
H. Puebla de Zaragoza octubre 9 de 1987. - El presidente de la mesa directiva Jorge Yunes Abrach.»
Trámite: - De enterado.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«La secretaría, de conformidad con el artículo 25, fracción VI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesta el número de expedientes manejados por las comisiones durante el mes de octubre:
INICIATIVAS
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PROPOSICIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES
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INICIATIVA DEL EJECUTIVO
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden el día es el turno a comisión de la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
En virtud de que este documento ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se va a proceder a darle el trámite correspondiente.
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - México, D. F.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes, iniciativa de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, documento que el propio Primer Mandatario de la Nación propone al H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, Distrito Federal, a 3 de noviembre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.
- Presidencia de la República. - México, D.F.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
El Ejecutivo Federal, en uso de la facultad que le concede el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esa representación nacional, por su digno conducto, esta iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
La iniciativa que someto a su consideración, se funda en una concepción integral del problema ecológico y en la decisión política de hacerle frente, sumando los esfuerzos del Estado y la sociedad
En este campo, mi preocupación ha sido actuar de acuerdo con los mejores diagnósticos y soluciones técnicas, preparar decisiones con adecuado sustento financiero, sistematizar acuerdos con la sociedad, a través de la concertación de voluntades y, en forma paralela, institucionalizar nuevos enfoques y prácticas para hacer de la protección del equilibrio ecológico y el ambiente principio y norma esencial de nuestra política de desarrollo.
Desde el inicio, hemos combinado las reformas institucionales con el cambio en los enfoques para atender los problemas, y con esa interacción, entre normas y acción, hemos ido fortaleciendo la política ecológica y precisando los cambios que requiere el marco jurídico vigente.
Una de las primeras iniciativas de ley que sometí a la consideración de ese H. Congreso, incluyó la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El Plan Nacional de Desarrollo consideró la protección ecológica, como un principio ordenador de la política de desarrollo y sus orientaciones sectoriales quedaron plasmadas en el Programa Nacional de Ecología. En diciembre de 1983 presenté una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Ambiente para ampliar su objeto y superar sus principales limitaciones de aplicación. Para fortalecer la coordinación institucional se estableció la Comisión Nacional de Ecología que dio seguimiento al cumplimiento del decreto de veintiún puntos para la atención de problemas agudos de contaminación en el Valle de México y fue marco para poner en marcha las cien acciones necesarias de ecología para el bienio 1987 - 1988, que han terminado por completar el proceso de planeación y la definición de una política ecológica iniciada desde 1982.
En consonancia con estos avances, consideré necesario profundizar lo realizado elevando a rango constitucional la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, mediante la reciente reforma a los artículos 27 y 73, fracción XXIX - G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proporcionan fundamento necesario para un cambio sustancial de la legislación vigente en la materia que, como el que propongo mediante esta iniciativa, obedece a los cambios ocurridos en nuestro desarrollo, población y territorio durante las últimas décadas y a la necesidad de superar las limitaciones al marco jurídico vigente.
En las últimas décadas, han ocurrido, simultáneamente, una rápida modernización de la economía y un crecimiento acelerado de la población. Durante este período, se consideró que, con la urbanización y la industrialización, mejoraría automáticamente la calidad de vida de la población, sin considerar el impacto que tendrían, tanto la expansión de las nuevas actividades económicas como la concentración de la población en grandes ciudades.
Actualmente el país enfrenta, simultáneamente el reto de proseguir su modernización, adoptando los cambios estructurales que garanticen el crecimiento en el largo plazo y, a la vez, el de prever los impactos que tendrá ese crecimiento sobre los recursos naturales y el ambiente. Enfrentamos, a
la vez, tanto los problemas de un país que está consolidando su desarrollo económico, en las nuevas condiciones de la economía mundial, como los desequilibrios provocados por el uso de tecnologías, asociadas con esa modernización y por la concentración poblacional, en forma semejante a lo que ocurre en las sociedades desarrolladas.
En las últimas décadas, para responder a las nuevas necesidades sociales y el crecimiento poblacional se hizo énfasis en la diversificación de la economía, pero se atendió, en forma suficiente, la conservación de los recursos naturales y la protección al ambiente. El país no podía proseguir, en esa tendencia, por los impactos adversos que ella implica sobre el bienestar de la población, sus condiciones de salud y la disponibilidad, a largo plazo, de recursos naturales. Por ello, en los últimos años, tanto en las ciudades como en el campo, se ha cobrado mayor conciencia de los problemas ecológicos, y su atención se ha convertido en una de las prioridades de la sociedad.
La solución a estos problemas no está, desde luego, en sacrificar el desarrollo, menos aún, en una situación como la que enfrenta el país, con tantas necesidades pendientes de alimentación, empleo y vivienda. La solución está en lograr un mejor equilibrio ecológico, prevenir los impactos adversos de las actividades económicas y aprovechar, en forma racional, los recursos naturales de que disponemos.
Hemos llegado a una situación, en la que con frecuencia, la mejor solución ecológica, es también la mejor solución económica. Es decir, que resulta más conveniente intercambiar y tratar las aguas residuales que continuar transportando el agua de una cuenca a la otra; que es una mejor solución, perfeccionar los procesos de combustión, que pagar los costos adicionales que implica un mayor consumo de combustible, en las industrias. Aunque desde luego, llevar a cabo un número importante de acciones de protección ecológica puede representar un costo adicional para la sociedad, por lo que éstas requieren ser evaluadas dentro del conjunto de las prioridades de nuestro desarrollo.
Por lo que toca a la acción institucional de atención al problema y a la legislación en la materia, se aprecia un proceso claro de evolución. En la década de los años setenta, el interés de la norma jurídica se centraba en corregir los defectos de la comunidad sobre la salud humana, sin considerar, de manera integral, las causas que la originaban.
De este hecho se siguen un conjunto de consecuencias que tienen que ver, de manera principal, con las limitaciones que presenta actualmente la vigente Ley Federal de Protección al Ambiente, entendida como el instrumento jurídico más importante de que disponemos en la actualidad en función de la política nacional para la protección al ambiente. Estas limitaciones son las que se pretenden superar con la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que ahora se somete a la consideración de esa representación.
Quizá la limitación más profunda que presenta la ley cuya situación se propone a través de esta iniciativa, consiste en que como resultado del enfoque prevaleciente en la época de su promulgación, se avoca exclusivamente a la prevención y control de la contaminación ambiental y por lo general, lo hace a través de normas que se limitan a establecer sanciones para corrección de conductas que producen efectos indeseables, es decir, no identifica las causas económico - sociales que están en la base de la problemática ecológica que vivimos y, en consecuencia, trata este fenómeno como el resultado de un conjunto de conductas individuales que deben ser corregidas a través de castigos.
Por tanto, la ley vigente es insuficiente para resolver adecuadamente los problemas derivados de la contaminación; por otra parte, dichos problemas si bien ocupan un lugar principal no son los únicos que nuestra sociedad debe enfrentar en el ámbito ecológico. De la mayor importancia es también avanzar hacia un aprovechamiento racional de los recursos naturales y asegurar el equilibrio de los ecosistemas de ahí que la legislación en la materia deba considerar ambas vertientes, en forma integral.
La reforma a los artículos 27 y 73 constitucionales, ha abierto el cauce a una nueva legislación, permite por lo pronto y a partir de una concepción amplia de lo que implica la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, que las numerosas disposiciones constitucionales que se refieren a aspectos diversos de la problemática ecológica, sean reglamentadas de una manera orgánica, considerando las relaciones existentes entre equilibrio ecológico, ambiente y desarrollo.
Esta reforma constitucional debe considerarse como una etapa más de proceso que se inicia en 1917, con la inclusión en el artículo 27 de nuestra Constitución Política del principio sobre conservación de los recursos naturales, para profundizarse más tarde con la disposición del artículo 73 constitucional sobre prevención y control de la contaminación ambiental, y del artículo 25 constitucional sobre el uso de los recursos productivos y el cuidado de su conservación y el medio ambiente.
El conjunto de estas disposiciones muestra una evolución del pensamiento del Constituyente Permanente, que ahora culmina con la consagración en nuestra Carta Fundamental de una concepción integral, que es el fundamento constitucional que se requiere para la expedición de una ley como la que ahora se propone a esa representación.
La reforma constitucional también dispone que se procedía a la descentralización en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, mediante un sistema de concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. El sistema de concurrencia que propone el proyecto de ley, está presidido por dos ideas fundamentales: Primero, la transferencia de las facultades que hasta ahora han estado radicales en la Federación, debe ser materia de un proceso gradual sujeto a la existencia de condiciones necesarias para que la descentralización opere exitosamente; segundo, es necesario que estas condiciones cuando no existan, sean creadas por el concurso de la Federación, a través de un cuidadoso pero también vigoroso impulso de los convenios de coordinación y delegación, de modo que paulatinamente pueda irse ampliando el campo de las facultades a transferirse a las entidades federativas y municipios.
Por eso, el proyecto de ley dispone que sean descentralizadas a las entidades federativas y a los municipios las facultades de prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera; de participar en la prevención y control de la contaminación de las aguas, especialmente en lo que se refiere al agua para el uso o consumo humano en los centros de población; de prevenir y controlar la contaminación por ruido, energía térmica, vibraciones, olores y luces; de crear zonas de reserva ecológica de interés estatal o municipal; de establecer sistemas de evaluación del impacto ambiental para los casos que no están comprendidos en la esfera federal; y de establecer y aplicar las sanciones en el ámbito de su competencia.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto prevé que facultades que queden reservadas a la Federación, puedan ser objeto de convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios, lo que deja abierto el camino para ir ensanchando de manera paulatina pero segura su participación en la política ecológica.
Todo eso implica un cambio significativo, pues hasta ahora las entidades federativas y los municipios carecen prácticamente de facultades en la materia; se trata de ampliar sustancialmente dichas facultades.
El proyecto de ley establece las bases de la política ecológica nacional y pone a su disposición no sólo instrumentos diseñados específicamente para su ejecución, sino también los instrumentos más generales del desarrollo. Entre los primeros, se encuentran el ordenamiento ecológico, la evaluación del impacto ambiental y las normas técnicas ecológicas entre los segundos, la planeación, la regulación de las actividades productivas y de servicios, los estímulos fiscales y los financiamientos.
La política ecológica y sus instrumentos ocupan un lugar importante dentro de esta iniciativa, porque se estima que un ordenamiento jurídico de esta naturaleza debe ser un repertorio de políticas y de mecanismos para su ejecución, como lo son las leyes más avanzadas de otros países en la materia. En lo que toca a la política ecológica, se establece un conjunto de principios que deberán observarse en la formulación de la misma y de los que la propia iniciativa es su primera expresión.
En lo que respecta a los instrumentos para su ejecución, se privilegian los que tienen por objeto prevenir la ocurrencia de situaciones ecológicamente nocivas, con base a la consideración de que por lo general, la eliminación del daño ecológico tiene un costo más alto para la sociedad que su prevención e incluso, no siempre esa eliminación es posible.
La iniciativa se ocupa también de la gestión de la política ecológica, procurando perfeccionar el marco jurídico existente, dentro del cual ésta se lleva a cabo. Uno de los elementos claves para esto, consiste en la claridad que debe haber respecto de las competencias de cada uno de los organismos públicos que participan en ella, pero también en el establecimiento de un sistema de coordinación que haga más eficaz sus actividades; por eso, el proyecto de ley precisa el campo de las atribuciones de las dependencias y organismos públicos que tienen a su cargo funciones en la materia, procurando por otra parte la acción coordinadora de los mismos.
En el proyecto de ley es fundamental la idea de que la acción ecológica no es una cuestión que competa sólo a los poderes públicos, sino que ella debe involucrar profundamente a la sociedad. Esta idea corresponde con la política general de mi administración, de avanzar en la democratización de la vida nacional y de responder a las demandas de participación de la sociedad; pero también tiene que ver con la necesidad de asegurar el éxito de la política ecológica, mediante el concurso de aquellos sectores de la sociedad cuya colaboración resulta indispensable. Por eso a lo largo de todo el proyecto, se prevé que las acciones de los poderes públicos se concierten, en la medida de lo posible, con la sociedad y en su caso se adopten las medidas necesarias para inducir las
conductas que sean apropiadas en función del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Es también preocupación del proyecto de ley, la información y vigilancia sobre la evolución del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en todo el país y en cada una de las localidades. Pero lo primero, se establece que periódicamente se elabore un informe sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional; para lo segundo, se prevé un sistema de visitas de inspección, que permitirán detectar oportunamente los desequilibrios ecológicos que deben prevenirse o corregirse sin dilaciones.
El énfasis que este proyecto pone en los mecanismos preventivos, no excluye el perfeccionamiento de sus mecanismos correctivos, que son también indispensables para tutelar apropiadamente el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. De allí que se destinen algunos preceptos a las sanciones administrativas y penales a aplicarse en los casos de contravención de los mandatos contenidos en la ley, tipificándose con precisión los ilícitos que dan lugar a esas sanciones, las que por otra parte se gradúan de acuerdo con la gravedad de la ofensa que las respectivas conductas implican para los intereses de la sociedad.
El sentido político del proyecto, es pasar de una visión sectorial de las acciones de gobierno hacia fórmulas de coordinación más eficaces; de una alta centralización en las decisiones, a la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la solución y prevención de los problemas ecológicos; de una acción estatal fundamental limitativa a la corresponsabilidad de gobierno y sociedad, a la concertación de compromisos en torno a acciones, para canalizar adecuadamente demandas y contribuir a la solución efectiva de los problemas.
Se ha prestado especial atención para que la coordinación asegure coherencia pero no incurra en la paralización de la acción pública; para que la descentralización no signifique dispersión o impida la realización de políticas generales y para que la normatividad indispensable no se convierta en tramitaciones excesivas o en requisitos de difícil observancia para la sociedad que inhiban el desarrollo del país.
Al recoger los consensos de la sociedad y responder a sus preocupaciones, asegurando que la acción pública incida sobre la mayor parte de los procesos que determinan la problemática ecológica, tengo la certeza que México fortalecerá su política ecológica y contará con mejores instrumentos para preservar su base de recursos naturales y elevar en forma sostenida, la calidad de vida de la población.
La iniciativa que someto a consideración de esta representación nacional está estructurada en seis títulos. El primero destinado a establecer las disposiciones generales; el segundo regula las áreas naturales protegidas; el tercero se refiere al aprovechamiento racional de los elementos naturales; el cuarto de la protección al ambiente; el quinto a la participación social y el sexto a las medidas de control, seguridad y sanciones.
El Título Primero está integrado por cinco capítulos. En el primero, de las normas preliminares, se establece el carácter reglamentario de la presente iniciativa, respecto de las disposiciones constitucionales en la materia, se precisa el objeto de la ley sus conceptos fundamentales.
En lo que se refiere a la naturaleza jurídica del ordenamiento que se propone, cabe señalar que en el artículo primero se define a la iniciativa, en consonancia con la naturaleza integral del problema resolver, como una ley marco que coexiste y se complementa con otras leyes vigentes, que regulan asuntos específicos relacionados con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Siguiendo el espíritu de la ley en el sentido de propiciar el aprovechamiento racional de los elementos naturales y proteger el ambiente, sin interrumpir o interferir en forma excesiva en los procesos productivos, se definen en el artículo segundo las causas de utilidad pública, evitando la repetición de conceptos y definiciones ya establecidas en otros ordenamientos vigentes.
El artículo tercero define los conceptos fundamentales de la iniciativa, entre los que destaca el de equilibrio ecológico que da cuenta de la naturaleza integral del proyecto de la concepción que lo fundamenta.
El Capítulo II en sus artículos cuarto, quinto y sexto, define el sistema de concurrencia entre los tres niveles de gobierno para los propósitos de la iniciativa. El proyecto dispone la descentralización a las entidades federativas y los municipios de las facultades para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, la contaminación generada por aguas vertidas a los sistemas de drenaje y alcantarillado y de la producida por ruido energía térmica, lumínica y vibraciones; de crear y administrar áreas naturales protegidas de interés estatal y municipal; de realizar las evaluaciones de impacto ambiental que no se reserven a la Federación en la iniciativa; y de establecer y aplicar las sanciones por infracción a las disposiciones que se refieren a asuntos de su competencia.
Con esta distribución de competencias, se busca un cambio radical en la gestión de los asuntos
ecológicos del país, ya que hasta ahora las entidades federativas y los municipios carecían casi totalmente de facultades para resolver los problemas ecológicos que más afectan a la población y la base de recursos naturales en el área de su jurisdicción. Se evita así que la concentración de facultades y atribuciones, que fue necesaria en un principio para orientar la acción del gobierno y de encauzar el de la sociedad, se convierta en un obstáculo para la resolución de los desequilibrados y la prevención de otros, más graves, en el futuro.
El Capítulo III está dedicado a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y a la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la materia.
Se busca clarificar las competencias de cada una de las dependencias y entidades que participan en la aplicación de la política ecológica, y establecer un sistema de coordinación que asegure la eficacia y la convergencia de esfuerzos del sector público, en el propósito de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.
Este esfuerzo incluye también la organización de la acción pública en la ciudad de México, por cuanto que es indispensable traducir a la legislación los avances logrados en los últimos años por las autoridades del Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en materia de coordinación de acciones, para hacer frente a graves desequilibrios ecológicos.
El proyecto enfatiza también en su artículo 12, la decisión de que la gestión de los asuntos ecológicos considere además de una estrecha coordinación del sector público, una participación efectiva de la sociedad. Este propósito se deriva de la política general de esa administración de fortalecer la corresponsabilidad social y atender las demandas y propuestas de los numerosas organizaciones sociales, que han venido integrando para contribuir a la solución de los problemas ecológicos del país.
Asimismo, con el propósito de asegurar la oportuna información a la opinión pública sobre la evolución del medio ambiente, se establece en el artículo citado que la Comisión Nacional de Ecología presentará un informe bianual al Ejecutivo Federal que dé cuenta de los desequilibrios, de su evolución, y también de lo avanzado por gobierno y sociedad en el período.
En los capítulos IV y V se definen los principios de la política ecológica y para asegurar su cabal aplicación, se precisan instrumentos específicos para su ejecución, y se vinculan con otros instrumentos y decisiones de la estrategia de desarrollo que tienen un impacto considerable en el equilibrio ecológico y en el ambiente.
El Título Segundo, considerado lo establecido en la fracción V del artículo 115 constitucional, señala que las áreas naturales del territorio nacional podrán ser materia de protección como reservas ecológicas. De esta manera, bajo el concepto reserva ecológica, quedan comprendidas las áreas naturales protegidas objeto del presente título, relacionadas expresamente en el artículo 46 de la iniciativa, bajo nueve categorías diversas.
Es de mencionarse que las disposiciones contenidas en este título consideran los ordenamientos legales vigentes en la materia, sin alterar las previsiones que en los mismos se contemplan, como lo dispone el artículo 1o. de esta ley, conservando la distribución de competencias existentes en la materia entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal. El título entonces, debe entenderse en consonancia con las leyes vigentes que tienen objetos de regulación semejantes.
En el Capítulo I, dividido en dos secciones, se establecen los propósitos de las áreas naturales protegidas y el principio de la participación de las comunidades en su establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia.
Con un criterio integrador, se definen las áreas naturales objeto de este título y se regulan especialmente aquéllas que no están definidas en otros cuerpos legales, así como las que correspondan a categorías creadas por la presente ley. Tal es el caso de las reservas de la biosfera, que hallan fundamento en el artículo 33 de la Ley Forestal, sin que en dicho ordenamiento encuentre mayor regulación; las reservas especiales de la biosfera, creada en esta iniciativa; los parques nacionales y los monumentos naturales, igualmente mencionados en la Ley Forestal; los parques marinos nacionales, que recientemente encontraron sustento legal en la Ley Federal del Mar, cuya regulación amplia y detallada se entiende objeto de esta ley; y los parques urbanos y las zonas sujetas a conservación ecológica, cuyos fundamentos encuentran estas últimas en la Ley General de Asentamientos Humanos.
Mención especial cabe hacer respecto de las áreas de protección de recursos naturales, en donde se comprenden las reservas forestales, reservas forestales nacionales, zonas protectoras forestales, zonas de restauración y propagación forestal y zonas de protección de fuentes de abastecimiento de agua. Se reconoce esta categoría como formada
por el conjunto de áreas destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas reguladas en otras leyes, principalmente la Ley Forestal.
En la Sección II de este capítulo, se contienen las normas para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas.
Como garantía de seguridad jurídica, se precisan los elementos que deben contener las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de interés federal; asimismo, el artículo 47 dispone que en el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas participaran sus habitantes, asegurando así que las comunidades rurales sean debidamente consideradas cuando se trate de dichas áreas.
En forma novedosa, se prevé asimismo la elaboración obligatoria de un programa de manejo del área de que se trate, a cargo de la dependencia o dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de dichas áreas. En la elaboración de dicho programa, podrán participar otras dependencias competentes y las autoridades locales.
Hasta la fecha existe una diversidad de áreas sujetas a protección, creadas por otros tantos ordenamientos. Con el fin de dar congruencia a este conjunto, la iniciativa contempla agruparlas en el Capítulo II en un sistema de áreas naturales protegidas, en donde la administración y manejo de las áreas que lo integran, quedan bajo la responsabilidad de las dependencias que hasta ahora las tienen a su cargo, o de los gobiernos estatales y municipales en su caso, pero incorporando criterios y reglas comunes que provean eficazmente a un manejo integral de todas las áreas naturales sujetas al régimen de protección especial.
El Capítulo III del Título Segundo se refiere a la flora y fauna silvestre y acuática, se fijan los criterios ecológicos generales que deberán considerarse para la protección y aprovechamiento de la flora y la fauna, se indica que dichos criterios habrán de considerarse en las principales actividades públicas y privadas que afectan esos elementos naturales.
Se prevé asimismo, que la secretaría de desarrollo Urbano y Ecología pueda establecer o en su caso promover ante otras autoridades competentes, el establecimiento de vedas y la modificación de las mismas; se indica que el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que conformen el hábitat de especies de flora o fauna silvestre, debe llevarse a cabo de manera que no se alteren las condiciones para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.
Por otra parte, se señala que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá medidas de regulación y restricción a la exportación e importación de especímenes de la flora y fauna silvestre, con el propósito de evitar el comercio de aquellas consideraciones como endémicas, raras o en peligro de extinción. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología queda facultada para participar en el proceso estableciendo restricciones a la circulación o tránsito de la flora y fauna silvestre procedentes del y destinadas al extranjero.
Se consideró indispensable establecer la regulación del aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en actividades económicas, indicando que dichas actividades requerirán de autorización previa, la que se otorgará únicamente cuando se garantice su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio, y se proporcionen ejemplares en cantidad suficiente para el repoblamiento de la especie; ello con el fin de complementar las disposiciones de carácter restrictivo con otras de naturaleza indicativa como ésta, que han demostrado gran capacidad para incidir en las decisiones de los particulares, en beneficio de las especies sujetas a protección.
En la medida en la que se genere una oferta suficiente de especies bajo la reproducción controlada, se abatirán los incentivos económicos al tráfico ilegal de especies.
En ningún caso esta autorización podrá otorgarse para aprovechamiento de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
El Título III comprende las regulaciones sobre el aprovechamiento racional de los elementos naturales, siguiendo el contenido de los conceptos que define la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En este título se integran tres capítulos relativos al aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, del suelo y sus recursos, así como a los efectos de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico.
En el capítulo I se señalan los criterios ecológicos generales que deberán observarse para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, así como las principales actividades en las que deberán considerarse dichos criterios.
Asimismo, el capítulo contiene normas relacionadas con el establecimiento y manejo de zonas de
protección de fuentes de abastecimiento de agua, para el servicio de las poblaciones; el otorgamiento de autorizaciones para afectar el curso o cauce de corrientes de agua; para asegurar, mediante la promoción de técnicas de tratamiento de reutilización, la disponibilidad de agua destinada a consumo humano; para evitar procesos de eutroficación, salinización y otros de contaminación de aguas de propiedad nacional; para la exploración, explotación y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos; la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones en la realización de actividades pesqueras; para la protección de los ecosistemas acuáticos; y la concertación de acciones de protección y restauración de dichos ecosistemas acuáticos, con las comunidades y los sectores productivos.
En el Capítulo II de este título, Aprovechamiento Racional del Suelo y sus Recursos, se detallan los criterios ecológicos generales que deberán observarse en esta materia y aquellas actividades en las que inciden, entre las que destacan los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal directa o indirectamente, de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas.
Se establece asimismo, que los permisos de aprovechamiento forestal implican la obligación de hacer un uso racional de los recursos forestales, en consonancia con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad social en la materia.
Las zonas selváticas del país requieren de la atención de los tres niveles de gobierno y de la participación responsable de la población; por ello, se contienen orientaciones especiales encaminadas a garantizar la preservación de dichas zonas. Asimismo, se sujeta a los criterios y disposiciones que establece la ley, el otorgamiento de todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en tales zonas selváticas, o el equilibrio ecológico de sus ecosistemas.
Se establece la obligación para quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias, de llevar a cabo prácticas de conservación y recuperación para evitar deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico, y se prevé la promoción de prácticas para la protección y recuperación de los suelos en las actividades agropecuarias.
Innovación importante del proyecto constituye la creación de los programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico que formule el Gobierno Federal, para la atención de aquellas zonas del país que presenten graves desequilibrios ecológicos. Se traduce así a la legislación la experiencia de coordinación intersectorial, combinación de instrumentos y recursos, y corresponsabilidad social que se ha derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, para hacer frente a casos críticos como el de la baja cuenca del Coatzacoalcos o el de la región de La Laguna.
Cuando así se requiera, por estarse produciendo procesos graves de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación, se prevé que el Ejecutivo Federal pueda expedir declaratorias para regular por causa de utilidad pública los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la realización de actividades en las zonas afectadas. Este mecanismo se ha concebido para estar en posibilidad de hacer frente en forma inmediata y eficaz a situaciones de grave desequilibrio ecológico, sometiendo zonas limitadas a regulaciones especiales de carácter estrictamente temporal. Como en todos los casos previstos en la iniciativa, en éste se garantiza el derecho de audiencia de los interesados.
El Capítulo III, de los efectos de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico, prevé la formulación de normas técnicas ecológicas para prevenir y controlar los efectos nocivos de la exploración y explotación de dichos recursos. Se protegen las aguas utilizadas o que sean resultado de esas actividades, para que puedan ser objeto de otros usos, así como los suelos y la flora y la fauna; sin establecer regulaciones que pudieran significar un obstáculo a dichas actividades prioritarias para el desarrollo nacional.
La protección al ambiente, materia que establece en forma expresa el texto del artículo 73 constitucional, en su fracción XXIX - G, es objeto de regulación en el Título Cuarto de la iniciativa.
En el Capítulo I, relativo a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, se introducen importantes avances en el proceso de descentralización de facultades a los gobiernos estatales y municipales, que hoy día permanecen en el ámbito de la competencia exclusiva de la Federación. A partir del inicio de la vigencia de este nuevo ordenamiento, serán las entidades federativas, y en su caso los municipios, con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, quienes tengan la facultad de prevenir y controlar la contaminación del aire, generada por fuentes emisoras de las zonas de jurisdicción local. La gran mayoría de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, quedarán de esta forma sujetas a regulación local, observándose en todos los casos las normas técnicas que expida la Federación para ese efecto. Dentro de las facultades de prevención
y control que se descentralizan, quedan comprendidas las de inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales. Estados, y en su caso municipios, contarán con los instrumentos necesarios para actuar frente a uno de los problemas ecológicos que más afecta a la población local, y en el que con mayor claridad resulta indispensable asegurar la correspondencia entre el lugar donde se genera el problema, y aquél en el que se toman las decisiones.
Es forma paralela a la descentralización de facultades, se definen los instrumentos indispensables para asegurar la coherencia de la política general para hacer frente a la contaminación de la atmósfera. Se establece por ello que las normas técnicas ecológicas para determinar los niveles permisibles de emisión, para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire y aquéllas que deberán ser observadas por la industria automotriz, tendrán vigencia nacional y serán expedidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por lo que se refiere a la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos, se establecen los criterios para prevenir y controlar su contaminación y se especifican con una visión integral, todos aquellos instrumentos y procedimientos en los que las autoridades habrán de aplicar dichos criterios.
Asimismo, el artículo 114 establece con toda claridad las competencias exclusivas de cada dependencia federal en la materia, así como aquellas que serán ejercidas de manera coordinada entre éstas. Se evita así la confusión que dificulta la convergencia de esfuerzos de las diversas dependencias, que en el caso particular de la contaminación de las aguas, pudiera suscitar la diversidad de ordenamientos vigentes.
A esta sistematización de atribuciones dentro del Gobierno Federal, corresponde la precisión de las facultades que en este rubro competen a estados y municipios. A partir de la voluntad de fortalecer la descentralización en la materia, se resolvieron en favor de estados y municipios vacíos legales que limitaban sus acciones, y se les hace partícipes en el ámbito de su jurisdicción, en el ejercicio de atribuciones que anteriormente eran conferidas a dependencias federales en disposiciones reglamentarias. Asimismo, se establece un conjunto de disposiciones para prevenir y controlar la contaminación de las aguas marinas.
En el Capítulo III se fortalecen las disposiciones previamente existentes, para la prevención y el control de la contaminación de los suelos. Destacan las disposiciones relativas a plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, en las que se incorporan los más recientes avances de coordinación en la materia, que han permitido contar con un control efectivo sobre la importación y exportación de materiales de esa naturaleza.
El Capítulo IV, dedicado a las actividades consideradas como riesgosas, constituye una de las innovaciones más importantes de la iniciativa. Las disposiciones que lo integran, recogen las experiencias derivadas de las acciones que ha puesto en marcha el Gobierno Federal para evitar riesgos al equilibrio ecológico y al bienestar de la población, resolviendo por esta vía un vacío jurídico, que de no haberse superado, tendría graves repercusiones para los propósitos de este ordenamiento.
Asimismo, resultan de la mayor importancia las disposiciones del Capítulo V, orientadas a regular el manejo de los materiales y residuos peligrosos. Se incorporan a la legislación restricciones sobre el manejo de todo tipo de materiales y residuos peligrosos, para evitar los efectos que en el bienestar de la población y el equilibrio ecológico traería consigo su uso indiscriminado o inadecuada utilización. En ello, se presta especial atención a la importación o exportación de estos materiales o residuos, consagrando en la iniciativa los avances logrados a partir de la firma del acuerdo respectivo con los Estados Unidos de América, para proteger la zona fronteriza mexicana de dichos efectos negativos. Por lo que se refiere a su exportación, se precisa también que no procederá en ningún caso sin la autorización del país receptor.
En el Capítulo VI, de la energía nuclear, se establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología deberá realizar la evaluación del impacto ambiental en los casos de instalaciones nucleares o radioactivas, sin perjuicio de las facultades que conforme a otros ordenamientos legales le corresponden a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Finalmente en el Capítulo VII, del ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores, la regulación correspondiente se limita a las zonas de jurisdicción federal, y sobre todo a las normas técnicas en la materia, ya que corresponde a las autoridades estatales o municipales, en su caso, aplicar las medidas correspondientes dentro de sus circunscripciones territoriales.
El Título Quinto tiene como propósito establecer una participación permanente de la sociedad en las acciones ecológicas. En los artículos 157 a 159, se regulan las vías de participación previstas en
otros títulos de la iniciativa, desde la consulta en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática y la celebración de convenios de concertación, hasta la presentación de opiniones y propuestas en el seno de la Comisión Nacional de Ecología. Se define así una gestión democrática de la política ecológica, y con ello la base para fortalecer crecientemente la corresponsabilidad social en la materia.
En el Título Sexto, de las medidas de control y de seguridad y las sanciones, se establece que en los actos de inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, imposición de sanciones, procedimientos y recursos administrativos, se estará a lo dispuesto en esta ley, cuando se trate de asuntos de jurisdicción federal regulados por el propio ordenamiento, salvo en el caso de que otras leyes regulen dichas cuestiones en forma específica, en relación con las materias de que trata este ordenamiento. Este precepto es consecuente con las diversas disposiciones vigentes que inciden en la materia que regula.
En los asuntos de jurisdicción local, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en este título, las leyes que expidan las legislaturas locales o, en su caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno. Con ello, se hace extensivo el propósito descentralizador a los contenidos coercitivos de la iniciativa.
Por otra parte, para garantizar la seguridad jurídica de los particulares, se establece en el capítulo segundo el procedimiento que deberán agotar las autoridades en el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.
En el Capítulo IV se establece que las violaciones a los preceptos de esta ley y sus disposiciones reglamentarias serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en asuntos de competencia federal no reservados expresamente a otra dependencia. En los casos de competencia local, dicha facultad corresponderá a las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias.
En el artículo 176 y siguientes se contienen las disposiciones relacionadas con el recurso de inconformidad que pueda ser interpuesto por quienes resulten afectados por los actos y las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de esta ley y las disposiciones que de ella deriven en asuntos de competencia federal.
Para la redacción del Capítulo VI se revisaron exhaustivamente los ordenamientos vigentes que pudieran incidir en las conductas descritas como delitos en esta ley, procurando no afectar tipos penales ya previstos, con las consecuencias que ello hubiera ocasionado. En el caso de aquellas conductas que se consideró indispensable tipificar, se establece una graduación de las penas, bajo el principio de que no toda infracción, implica los mismos daños a los intereses de la sociedad.
Asimismo, se estableció como requisito para la procedencia de la acción penal por los delitos previsto en este capítulo, la denuncia que previamente deba formular la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, salvo en los casos de flagrante delito.
En el Capítulo VII se retoma de la legislación vigente la denuncia popular, señalando plazos precisos para su resolución por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento, y estableciendo que quienes sufran daños o perjuicios derivados de infracciones a este ordenamiento, podrán solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la formulación de dictamen técnico que tendrá valor de prueba pericial ante las autoridades judiciales. De esta forma, se perfecciona este procedimiento que, hasta ahora, no consideraba tiempos de resolución de las denuncias presentadas por personas físicas o morales y se apoya a quienes resulten afectados para demandar la reparación del daño sufrido.
Finalmente, se consideró necesario prever un plazo suficientemente amplio para la iniciación de vigencia del presente ordenamiento, toda vez que la aplicación y observancia de la ley implicará un gran esfuerzo previo de organización, coordinación y de expedición de nuevas normas técnicas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa honorable representación nacional, la siguiente
INICIATIVA DE LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Normas Preliminares
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer las bases para:
I. Definir los principios de la política ecológica general y regular los instrumentos para su aplicación;
II. El ordenamiento ecológico;
III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV. La protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestres y acuáticas;
V. El aprovechamiento racional de los elementos naturales de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas;
VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII. La concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, en la materia, y
VIII. La coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la participación corresponsable de la sociedad, en las materias de este ordenamiento.
Las disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio de las contenidas en otras leyes sobre cuestiones específicas que se relacionan con las materias que regula este propio ordenamiento.
Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;
II. El establecimiento de zonas prioritarias de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
III. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento de los recursos genéticos de la flora y faunas silvestres y acuáticas, frente al peligro de deterioro grave o extinción, y
IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinados;
II. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han quedado sujetas al régimen de protección;
III. Aprovechamiento racional: La utilización de los elementos naturales, en forma que resulte eficiente, socialmente útil y procure su preservación; y la del ambiente;
IV. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;
V. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;
VI. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
VII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;
VIII. Criterios ecológicos: Los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
IX. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
X. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XI. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XII. Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinados, sin la inducción del hombre;
XIII. Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas;
XIV. Fauna silvestre: Las especies animales terrestres, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan temporal o permanentemente en el territorio nacional y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
XV. Flora silvestre: Las especies vegetales terrestres así como hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente en el territorio nacional, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre;
XVI. Flora y fauna acuáticas: Las especies biológicas y elementos biogénicos que tienen como medio de vida temporal, parcial o permanente las aguas, en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;
XVII. Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza;
XVIII. Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;
XIX. Mejoramiento: El incremento de la calidad del ambiente;
XX. Ordenamiento ecológico: El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;
XXI. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
XXII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;
XXIII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir y controlar su deterioro;
XXIV. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;
XXV. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;
XXVI. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente;
XXVII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales, y
XXVIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
CAPÍTULO II
Concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios
Artículo 4o. Las atribuciones que en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente tiene el Estado y que son objeto de esta ley, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, con sujeción a las siguientes bases:
I. Son asuntos de competencia federal los de alcance general en la nación o de interés de la Federación, y
II. Competen a los estados y municipios, los asuntos no comprendidos en la fracción anterior, conforme a las facultades que ésta y otras leyes les otorgan, para ejercerlas en forma exclusiva o participar en su ejercicio con la Federación, en sus respectivas circunscripciones.
Artículo 5o. son asuntos de alcance general en la nación o de interés de la Federación:
I. La formulación y conducción de la política general de ecología;
II. La formulación de los criterios ecológicos generales que deberán observarse en la aplicación de los instrumentos de la política ecológica, para la protección de las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres y acuáticas, para el aprovechamiento de los recursos naturales, para el ordenamiento ecológico del territorio y para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo;
III. Los que por su naturaleza y complejidad requieran de la participación de la Federación;
IV. Las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal;
V. Los originados en otros países, que afecten al equilibrio ecológico dentro del territorio nacional o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;
VI. Los originados dentro del territorio nacional o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción, que afecten al equilibrio ecológico de otros países;
VII. Los que afecten al equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas;
VIII. La expedición de las normas técnicas en las materias objeto de esta ley;
IX. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios o los ecosistemas o de los daños reales o potenciales a la población o al ambiente lo hagan necesario;
X. La regulación de las actividades que deban considerarse como riesgosas, según ésta u otras leyes y sus disposiciones reglamentarias, por la magnitud o la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas, el ambiente o la población;
XI. La creación administración de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, con la participación de las autoridades locales, en los casos que ésta y otras leyes lo prevean;
XII. La protección de la flora y fauna silvestres, para conservarlas y desarrollarlas, en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Caza;
XIII. La protección de la flora y fauna acuáticas, en aguas de propiedad nacional o sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción;
XIV. La protección de la atmósfera en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
XV. El aprovechamiento racional y la prevención y el control de la contaminación de aguas de jurisdicción federal, conforme a esta ley, la Ley Federal de Aguas, las disposiciones vigentes del derecho internacional y las normas que de dichas disposiciones se deriven;
XVI. El ordenamiento ecológico general del territorio del país;
XVII. El aprovechamiento racional de los recursos forestales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, así como el aprovechamiento racional del suelo en actividades productivas, de acuerdo con su vocación; y la prevención y control de la contaminación y degradación de los suelos;
XVIII. La regulación de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos del subsuelo que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la nación, en cuanto puedan originar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente;
XIX. La regulación de las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos;
XX. La prevención y el control de la emisión de contaminantes, en zonas o en casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal, que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, y
XXI. Los demás que ésta y otras leyes reserven a la Federación.
Artículo 6o. Compete a las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribución de atribuciones que se establezca en las leyes locales:
I. La formulación de la política y de los criterios ecológicos particulares en cada entidad federativa, que guarden congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federación, en las materias a que se refiere el presente artículo;
II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se
realicen en bienes y zonas de jurisdicción de las entidades federativas y de los municipios, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación por ésta u otras leyes;
III. La prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en forma aislada o participativa con la Federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el territorio de la entidad federativa o del municipio, o no hagan necesaria la acción exclusiva de la Federación;
IV. La regulación de las actividades que no sean consideradas como riesgosas, cuando por los efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas o el ambiente de una entidad federativa o del municipio correspondiente;
V. La regulación, creación y administración de los parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica, que esta ley prevé;
VI. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción estatal o municipal;
VII. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
VIII. La regulación del aprovechamiento racional y la prevención y el control de la contaminación de las aguas de jurisdicción de los estados;
IX. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que se descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación, en materia de tratamiento, descarga, infiltración y rehuso de aguas residuales, conforme a esta ley y las demás aplicables;
X. El ordenamiento ecológico local, particularmente en los asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en esta ley, en la Ley General de Asentamientos Humanos y en las disposiciones locales;
XI. La regulación con fines ecológicos, del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su fragmentación que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento;
XII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales;
XIII. La regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, conforme a esta ley y sus disposiciones reglamentarias, y
XIV. Los demás asuntos que se prevén en esta ley.
Con base en las disposiciones que para la distribución de competencias en las materias que regula esta ley, expidan los congresos locales con arreglo a sus respectivas constituciones, los ayuntamientos dictarán los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, a efecto de que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las disposiciones del presente ordenamiento.
En el ejercicio de sus atribuciones, las entidades federativas y en su caso, los municipios, observarán las disposiciones de esta ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven y aplicarán las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría.
Artículo 7o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y en su caso con la intervención de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y con su participación, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, para la realización de acciones en las materias objeto de esta ley.
CAPÍTULO III
Atribuciones de la Secretaría y Coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría:
I. Formular y conducir la política general de ecología;
II. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas que expida y vigilar su observancia;
III. Realizar las distintas acciones que le competen a fin de preservar, proteger y restaurar el equilibrio ecológico y el ambiente, coordinándose
en su caso, con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, según sus respectivas esferas de competencia;
IV. Coordinar estudios y acciones para proponer al Ejecutivo Federal la creación de áreas naturales protegidas, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Segundo de esta ley, con la intervención que corresponda otras dependencias de la Administración Pública Federal y a las autoridades locales, y participar en las acciones que deban realizarse conforme a las resoluciones del propio Ejecutivo,
V. Formular y desarrollar programas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
VI. Programar el ordenamiento ecológico general del territorio del país, en coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y autoridades locales, según sus respectivas esferas de competencia;
VII. Expedir las normas técnicas ecológicas;
VIII. Formular los criterios ecológicos que deberán observarse en la aplicación de la política general de ecología; la protección de la flora y fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico general del territorio; y la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo; con la participación que en su caso corresponda a otras dependencias;
IX. Evaluar el impacto ambiental en las actividades a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley;
X. Formular y conducir la política de saneamiento ambiental, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo referente a la salud humana;
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, en coordinación con la Secretaría de Salud;
XII. Determinar la aplicación de tecnología que reduzcan las emisiones contaminantes de vehículos automotores, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas e Industria Paraestatal;
XIII. Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas que se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos;
XIV. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con las secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud, y de Comercio y Fomento Industrial;
XV. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición de disposiciones conducentes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
XVI. Proponer al Ejecutivo Federal, la adopción de las medidas necesarias para la prevención y control de contingencias ambientales y aplicarlas en el ámbito de su competencia.
XVII. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de las Administración Pública Federal, de las medidas que determine el Ejecutivo Federal para la prevención y el control de contingencias ambientales;
XVIII. Concertar acciones con los sectores social y privado y
XIX. Las demás que conforme a ésta u otras leyes o disposiciones reglamentarias le correspondan.
Artículo 9o. En el Distrito Federal la Secretaría ejercerá las atribuciones a que se refiere el artículo anterior y el Departamento del Distrito Federal ejercerá las que se prevén para las autoridades locales, sin perjuicio de las que competan a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ajustándose a las siguientes disposiciones especiales:
A. Corresponde a la Secretaría:
I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes fijas que no funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, y participar, de conformidad con el acuerdo de coordinación que al efecto celebre con el Departamento del Distrito Federal, en la prevención y control de la generada por fuentes móviles que circulen en el propio territorio del Distrito Federal;
II. Expedir las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes de la atmósfera de fuentes móviles;
III. Determinar la aplicación de tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes de los vehículos automotores, en coordinación con las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas e Industria Paraestatales;
IV. Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán incorporarse a las normas oficiales mexicanas que en su caso se establezcan para productos utilizados como combustibles o energéticos en el Distrito Federal;
V. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica en el Distrito Federal;
VI. Establecer las condiciones de descarga de las aguas residuales de los sistemas de drenaje del Distrito Federal a los cuerpos receptores;
VII. Expedir coordinadamente con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, las normas técnicas para regular el alojamiento, explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales;
VIII. Expedir las normas técnicas para la recolección, tratamiento y disposición de toda clase de residuos, en coordinación con la Secretaría de Salud;
IX. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen las actividades relacionadas con materiales o residuos peligrosos, en coordinación con la Secretaría de Salud;
X. Proponer al Ejecutivo Federal las disposiciones que regulen los efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recurso Hidráulicos, de Salud y de Comercio y Fomento Industrial;
XI. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
XII. Evaluar el impacto ambiental en la realización de obras o actividades públicas o privadas a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley, que puedan afectar o deteriorar significativamente el equilibrio ecológico, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y vigilar su observancia;
XIII. Proponer al Ejecutivo Federal la adopción de las medidas necesarias para la prevención y el control de contingencias ambientales y aplicarlas en el ámbito de su competencia;
XIV. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para la prevención y control de contingencias ambientales;
XV. Determinar las bases para la organización y administración de los parques nacionales, y en coordinación con las dependencias competentes, de las demás reservas ecológicas en el Distrito Federal, y
XVI. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia.
B. Corresponde al Departamento del Distrito Federal:
I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes fijas, que funcionen como establecimientos mercantiles y espectáculos públicos y por toda clase de fuentes móviles que circulen en su territorio;
II. Establecer y operar sistemas de verificación del parque vehicular en circulación en el Distrito Federal, en relación con la contaminación de la atmósfera, y en su caso, limitar la circulación de los vehículos cuyos niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que determine la Secretaría;
III. Aplicar las medidas de tránsito y vialidad necesarias para reducir los niveles de emisión de los automotores;
IV. Verificar el cumplimiento de las normas de emisión máxima permisible del transporte público;
V. Operar la red regional de laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica;
VI. Aplicar las normas técnicas que expidan la Secretaría y la Secretaría de Salud, para regular las descargas de aguas al sistema de drenaje y alcantarillado del Distrito Federal;
VII. Establecer y desarrollar la política de rehuso de aguas residuales en el Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
VIII. Implantar y operar sistemas de tratamiento de aguas residuales de conformidad con las normas técnicas ecológicas aplicables;
IX. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición de las disposiciones que regulen las actividades de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, observando las normas técnicas ecológicas aplicables;
X. Establecer los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos a que hace referencia la fracción anterior.
XI. Determinar los criterios ecológicos que serán incorporados en los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos aplicables, en esta materia;
XII. Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación y ejecución de los programas especiales que establezca la Federación, para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios;
XIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que expida el Ejecutivo Federal para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, en las zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios ecológicos;
XIV. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en el territorio del Distrito Federal, salvo en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal;
XV. Evaluar el impacto ambiental en la realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan afectar o deteriorar significativamente el equilibrio ecológico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de esta ley, en las materias no comprendidas en el artículo 29 del presente ordenamiento y vigilar su observancia;
XVI. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales.
XVII. Participar, en los términos que convenga con la Secretaría, en la organización y administración de los parques nacionales, y según lo acuerde con la propia Secretaría y las demás dependencias competentes, en la organización y administración de las restantes reservas ecológicas ubicadas en el Distrito Federal;
XVIII. Observar las normas técnicas ecológicas en la prestación de los servicios públicos de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transportes locales, y
XIX. Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en los asuntos de su competencia.
C. La Secretaría y el Departamento del Distrito Federal se coordinarán particularmente cuando se trate de las siguientes materias:
I. Desarrollar programas de capacitación para prevenir y controlar la contaminación atmosférica;
II. Aplicar, en las obras e instalaciones destinadas al tratamiento de aguas residuales que se construyan en el Distrito Federal, los criterios que emitan las autoridades federales, a efecto de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua que pasen al territorio de otra u otras entidades federativas, satisfagan las normas técnicas ecológicas aplicables;
III. Promover, ante el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la realización, en el marco de la Ley de Planeación, de programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico en aquellas zonas y áreas del Distrito Federal que presenten graves desequilibrios;
IV. Proponer al Ejecutivo Federal la creación de áreas naturales protegidas en el Distrito Federal, y
V. Promover y fomentar la participación ciudadana en las distintas acciones y programas para preservar y restaurar los ecosistemas y para proteger el ambiente.
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría llevar a cabo las acciones para la prevención y el control de la contaminación atmosférica generada en actividades industriales, en los municipios de la zona conurbada al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 5o. de esta ley, con la participación de las entidades federativas y en su caso, de los municipios que correspondan.
Artículo 11. Las diversas dependencias del Ejecutivo Federal ejercerán las atribuciones que les otorgan otras leyes, en materias relacionadas con el objeto de este ordenamiento, observando lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 8o. de esta ley.
Artículo 12. La Comisión Nacional de Ecología es un órgano permanente de coordinación intersecretarial, que fungirá además como instancia para promover la concertación entre la sociedad y el Estado en la materia.
Dicho órgano tendrá la naturaleza de comisión intersecretarial, y se integrará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Ejecutivo Federal.
La comisión analizará problemas y propondrá prioridades, programas y acciones ecológicas. Para el eficaz desempeño de sus trabajos, podrán participar en la comisión las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto propio de la comisión. Los representantes de los gobiernos de los estados y municipios serán invitados a participar cuando se trate de fenómenos de impacto ambiental considerable en la entidad o municipio correspondiente, y por acuerdo de la comisión, también lo serán miembros de los sectores social y privado, organizaciones civiles e instituciones educativas, así como otros representantes de la sociedad.
La comisión presentará bianualmente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, un informe detallado de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en el país.
Artículo 13. En caso de emergencias ecológicas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría, y las demás autoridades competentes, propondrán
en forma coordinada al Ejecutivo Federal las medidas necesarias.
Artículo 14. Las dependencias y entidades de la Administración Pública se coordinarán con la Secretaría en los casos de ejecución de las obras públicas a que se refiere el artículo 56, fracción II, de la Ley de Obras Públicas, cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por caso fortuito o de fuerza mayor.
CAPÍTULO IV
Política Ecológica
Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ecológica y la expedición de normas técnicas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país;
II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico.
IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones.
V. La prevención de las causas que lo generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos;
VI. Los recursos naturales renovables deben utilizarse de manera que se asegure su óptimo aprovechamiento y el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concentración con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;
IX. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en genera, inducir las acciones de los particulares en los campos económicos y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
X. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar ese derecho;
XI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de la vida de la población;
XII. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional, y
XIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales.
Artículo 16. Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones I al XI del artículo anterior.
CAPÍTULO V
Instrumentos de la Política Ecológica
SECCIÓN I
Planeación Ecológica
Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo, será considerada la política ecológica general y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta ley y las demás disposiciones en la materia.
Artículo 18. El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta ley y las demás aplicables.
SECCIÓN II
Ordenamiento Ecológico
Artículo 19. Para el ordenamiento ecológico se considerarán los siguientes criterios:
I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización ecológica del país;
II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales la distribución de la población y las actividades económicas predominantes
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, y
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades.
Artículo 20. El ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases:
I. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, el ordenamiento ecológico será considerado en:
a) La realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales;
b) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en el ámbito regional para actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, que puedan causar desequilibrios ecológicos;
c) El otorgamiento de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional;
d) El otorgamiento de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal;
e) El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre y acuáticas, y
f) El financiamiento a las actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, para inducir su adecuada localización.
II. En cuanto a la localización de la actividad productiva secundaria y de los servicios, el ordenamiento ecológico será considerado en:
a) La realización de obras públicas susceptibles de influir en la localización de las actividades productivas;
b) El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización, y en su caso, su reubicación;
c) El otorgamiento de estímulos fiscales orientados a promover la adecuada localización de las actividades producidas, y
d) Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios.
III. En lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico será considerado en:
a) La fundación de nuevos centros de población;
b) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano;
c) La ordenación urbana del territorio, y los programas del Gobierno Federal para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, y
d) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, otorgados por las sociedades nacionales de crédito y otras entidades paraestatales.
SECCIÓN III
Criterios Ecológicos en la Promoción del Desarrollo
Artículo 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, que se relacionen con las materias objeto de este ordenamiento, se observarán los criterios ecológicos generales que establezcan esta ley y demás disposiciones que de ella emanen.
Artículo 22. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
SECCIÓN IV
Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos
Artículo 23. La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que lleven a cabo el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.
Artículo 24. Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal considerarán los siguientes criterios generales:
I. La política ecológica en los asentamientos humanos, requiere, para ser eficaz, de una estrecha vinculación con la planeación urbana y su aplicación
II. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioran la calidad de la vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de los recursos y la población y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida, y
III. En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida.
Artículo 25. Los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos serán considerados en:
I. La formulación y aplicación de las políticas generales de desarrollo urbano y vivienda;
II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realice el Gobierno Federal, y
III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y en las de desarrollo urbano que expida la Secretaría.
Artículo 26. En el programa sectorial de desarrollo urbano se incorporan los siguientes elementos ecológicos y ambientales:
I. Las disposiciones que establece la presente ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;
II. La observancia del ordenamiento ecológico del territorio;
III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades, y
IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural con áreas verdes y zonas de convivencia social.
Artículo 27. El programa sectorial de vivienda y las acciones de vivienda que ejecute o financie el Gobierno Federal, promoverán:
I. Que la vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos humanos guarde una relación adecuada con los elementos naturales de dichas zonas y que considere áreas verdes suficientes para la convivencia social, y
II. Que la vivienda que se construya en los asentamientos humanos incorpore criterios ecológicos y de protección al ambiente, tanto en su diseño como en las tecnologías aplicadas, para mejorar la calidad de la vida.
SECCIÓN V
Evaluación del Impacto Ambiental
Artículo 28. La realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la Federación para proteger al ambiente, deberán sujetarse a la autorización previa de los gobiernos federal, por conducto de la Secretaría o de las entidades federativas o municipios, conforme a las competencias que señala esta ley, así como al cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el impacto ambiental que pudiere originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes.
Artículo 29. Corresponderá al Gobierno Federal evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de esta ley, particularmente tratándose de las siguientes materias:
I. Obra pública federal;
II. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos y carboductos;
III. Industria química, petroquímica, siderúrgica, papelera, azucarera, de bebidas, del cemento,
Automotriz y de generación y transmisión de electricidad;
IV. Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y no minerales, reservas a la Federación;
V. Desarrollos turísticos federales;
VI. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, y
VII. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies de difícil regeneración, en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley Forestal.
Artículo 30. En la realización de estudios y en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para los aprovechamientos forestales, cambio de uso de terrenos forestales y extracción de materiales de dichos terrenos, deberán considerarse los dictámenes generales de impacto ambiental por regiones, ecosistemas territoriales definidos o para especies vegetales, que emita la Secretaría en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley Forestal.
Artículo 31. Corresponde a las entidades federativas y a los municipios evaluar el impacto ambiental en materias no comprendidas en el artículo 29 de este ordenamiento, ni reservadas a la Federación en ésta u otras leyes.
Artículo 32. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 28 del presente ordenamiento, los interesados deberán presentar ante la autoridad correspondiente, una manifestación de impacto ambiental. En su caso, dicha manifestación deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de accidente.
Artículo 33. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental y satisfechos los requerimientos formulados por la autoridad competente, cualquier persona podrá consultar el expediente correspondiente.
Los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información que haya sido integrada al expediente, y que de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, o intereses lícitos de naturaleza mercantil.
Artículo 34. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría en los casos previstos en el artículo 29 de esta ley, o en su caso el Departamento del Distrito Federal, dictará la resolución correspondiente.
En dicha resolución podrá otorgarse la autorización para la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate, en los términos solicitados; negarse dicha autorización, u otorgarse de manera condicionada a la modificación del proyecto de obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la operación normal y aun en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría o en su caso el Departamento del Distrito Federal señalará los requerimientos que deban observarse para la ejecución de la obra o la realización de la actividad prevista.
Artículo 35. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, prestará asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales que así lo soliciten, para la evaluación de la manifestación de impacto ambiental o del estudio de riesgo en su caso.
SECCIÓN VI
Normas Técnicas Ecológicas
Artículo 36. Para los efectos de esta ley, se entiende por norma técnica ecológica, el conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretará, que establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y, además que uniformen principios, criterios, políticas y estrategias en la materia.
Las normas técnicas ecológicas, determinarán los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Artículo 37. Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas, depósitos, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del Estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en las normas técnicas ecológicas aplicables.
SECCIÓN VII
Medidas de Protección de Áreas Naturales
Artículo 38. La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación.
SECCIÓN VIII
Investigación y Educación Ecológicas
Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Asimismo, propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de comunicación masiva.
Artículo 40. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial. Asimismo, propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene.
Artículo 41. El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.
SECCIÓN IX
Información y Vigilancia
Artículo 42. La Secretaría mantendrá un sistema permanente de información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio en el territorio nacional; para lo cual, podrá coordinar sus acciones con las entidades federativas y los municipios.
Artículo 43. La Secretaría editará una gaceta en la que se publicarán las normas técnicas ecológicas que expida en los términos de esta ley y cualquier otra información de interés que determine la propia dependencia, independientemente de que el titular resuelva su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TÍTULO SEGUNDO
Áreas Naturales Protegidas
CAPÍTULO I
Categorías, Declaratorias y Ordenamiento de Áreas Naturales Protegidas
SECCIÓN I
Tipos y Caracteres de las Áreas Naturales Protegidas
Artículo 44. En los términos de ésta y de las demás leyes aplicables, las áreas naturales del territorio nacional a que se refiere el presente capítulo, podrán ser materia de protección, como reservas ecológicas, para los propósitos y con los efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante la imposición de las limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos social y nacionalmente necesarios. Las mismas son consideradas en la presente ley como áreas naturales protegidas y su establecimiento es de interés público.
Artículo 45. La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito:
I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;
II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
III. Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos;
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;
V. Generar conocimiento y tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales del país, así como su preservación;
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área, y
VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos de importancia para la cultura e identidad nacionales.
Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:
I. Reservas de la biosfera;
II. Reservas especiales de la biosfera;
III. Parques nacionales;
IV. Monumentos naturales;
V. Parques marinos nacionales;
VI. Áreas de protección de recursos naturales;
VII. Áreas de protección de flora y fauna;
VIII. Parques urbanos, y
IX. Zonas sujetas a conservación ecológica.
Para los efectos de lo establecido en el presente título son de interés de la Federación las áreas naturales comprendidas en las fracciones I a VII anteriores, y de jurisdicción local las comprendidas en las fracciones VIII y IX de este artículo.
Artículo 47. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, participarán sus habitantes de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas.
Artículo 48. Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas representativas biogeográficas relevantes, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, y al menos, una zona no alterada, en que habiten especies consideradas endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción, y cuya superficie sea mayor a 10 mil hectáreas.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
En las propias reservas podrán determinarse la superficie o superficies que protejan a la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en que podrán realizarse actividades productivas de las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, así como actividades educativas, recreativas, de investigación aplicada y de capacitación. Tales actividades deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas y a los usos del suelo que establezcan las declaratorias que constituyan las reservas.
En las reservas de la biosfera no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.
Artículo 49. Las reservas especiales de la biosfera se constituirán del mismo modo que las de las biosfera, en áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, en que habiten especies que se consideren endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, pero que por su dimensión en relación con dichas reservas de la biosfera, sea en superficie o en diversidad de especies, no corresponda conceptuarlas dentro de este tipo.
Artículo 50. Los parques nacionales se constituirán conforme a esta ley y la Ley Forestal, en terrenos forestales, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo o de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna de importancia nacional, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones de interés general análogas.
Dichas áreas serán para uso público y en ellas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en
general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación y educación ecológicas.
En estas áreas sólo la Secretaría podrá realizar aprovechamientos forestales, en los términos de la Ley Forestal, procurando ocupar en sus trabajos a los residentes de la zona donde se realice el aprovechamiento.
Corresponde a la propia Secretaría la organización, administración, conservación, acondicionamiento y vigilancia de los parques nacionales, la que podrá coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública Federal y con los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas no lucrativas, para la conservación, fomento y debido aprovechamiento de los mencionados parques.
Artículo 51. Los monumentos naturales se establecerán conforme a esta ley y a la Ley Forestal en áreas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.
En los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.
Artículo 52. Los parques marinos nacionales se establecerán en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, y podrán comprender las playas y la zona federal marítimo - terrestre contigua.
En estas áreas sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, las de investigación, recreación y educación ecológicas, así como los aprovechamientos de recursos naturales que hayan sido autorizados, de conformidad con lo que disponen esta ley, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal del Mar, las demás leyes aplicables y sus reglamentos, así como las normas vigentes del derecho internacional.
Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos en estas áreas quedarán sujetas a lo que dispongan las declaratorias de creación correspondientes.
Artículo 53. Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas. Se consideran dentro de esta categoría de manejo las siguientes áreas.
I. Reservas forestales;
II. Reservas forestales nacionales;
III. Zonas protectoras forestales;
IV. Zonas de restauración y propagación forestal, y
V. Zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones.
El establecimiento, administración y organización de las áreas de protección de recursos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por esta ley, la Ley Forestal, la Ley Federal de Aguas y los demás ordenamientos aplicables.
Artículo 54. Las áreas de protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas, se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta ley, de las leyes Federal de Caza y Federal de Pesca y de las demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas.
En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e investigación de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.
Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulten posibles según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria o en las resoluciones que la modificaren.
Artículo 55. Los parques urbanos son aquellas áreas, de uso público, constituidas por las entidades federativas y los municipios en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio en los ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población y valores
artísticos, históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad.
Artículo 56. Las zonas sujetas a conservación ecológica son aquellas constituidas por las entidades federativas y los municipios en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que existan uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general.
SECCIÓN II
Declaratorias para el Establecimiento, Conservación, Administración, Desarrollo y Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas
Artículo 57. Las áreas naturales protegidas se establecerán mediante declaratoria que expida el Ejecutivo Federal conforme a ésta y a las demás leyes aplicables, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos, según proceda, cuando se trate de áreas naturales protegidas de interés de la Federación; y por las entidades federativas y los municipios conforme a esta ley y las leyes locales, en los casos de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.
Artículo 58. En la realización de los estudios previos que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, podrán participar las entidades federativas y los municipios en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate.
Artículo 59. La Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, en los casos en que otras leyes no lo atribuyan a dependencias diversas, y promoverá ante las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca y las demás según su competencia, lo propongan al propio Ejecutivo Federal. Asimismo, podrá proponer a los gobiernos de los estados y municipios, según sea el caso, el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.
Artículo 60. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, los siguientes elementos:
I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente;
II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección;
III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;
IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución; en estos caso, deberán observarse las prevenciones de las Leyes de Expropiación y Federal de la Reforma Agraria, y
V. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área.
Artículo 61. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan.
Artículo 62. Una vez establecida un área natural protegida sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos, por la autoridad que la haya establecido, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen.
Artículo 63. Las áreas naturales protegidas establecidas por el Ejecutivo Federal podrán comprender, de manera parcial o total, predio sujetos a cualquier régimen de propiedad y quedarán sujetas a la condición de inafectables a que se refiere el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos que ahí se prevén.
Artículo 64. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente ley, de las leyes en que se fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias.
El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
Las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, prestarán a ejidatarios y comuneros la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.
Artículo 65. La dependencia o dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de un área natural protegida de interés de la Federación elaborarán el programa de manejo del área de que se trate, con la participación de las demás dependencias competentes y las autoridades locales, en el plazo que señale la declaratoria correspondiente.
En los casos de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local, se estará a lo que dispongan las normas estatales y municipales.
Artículo 66. Las declaratorias para el establecimiento de reservas de la biosfera y de reservas especiales de la biosfera, se expedirán por el Ejecutivo Federal, conforme a lo que disponen esta ley, la Ley Forestal y las demás aplicables. En estos casos la Secretaría promoverá ante las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca, y de las demás que tuvieren atribuciones relacionadas con las materias de protección a establecer, la elaboración de los estudios que se requieran, y tendrá a su cargo la coordinación de los mismos.
En las declaratorias se determinará la forma como deben realizarse las actividades y medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las reservas de la biosfera, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes, las que serán coordinadas por la Secretaría. La propia Secretaría, con la participación de las demás dependencias competentes, de la Comisión Nacional de Ecología, y en su caso de la Comisión Nacional Forestal, propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y convenios de concertación con los sectores social y privado, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Artículo 67. Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior regularán las materias que se estimen necesarias, entre otras:
I. La forma en que los gobiernos de los estados y de los municipios participarán en la administración de la reserva;
II. La coordinación de las políticas federales con las de los estados y municipios y la elaboración del programa de manejo de la reserva, con la formulación de compromisos para su ejecución;
III. El origen y destino de los recursos financieros para la administración de la reserva;
IV. Los tipos y forma como se han de llevar a cabo la investigación y la experimentación en la reserva, y
V. Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los grupos sociales y los grupos científicos y académicos.
Artículo 68. El programa de manejo de la reserva deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales de la reserva, en el contexto nacional, regional y local;
II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la investigación, uso de recursos, extensión, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control;
III. Los objetivos específicos de la reserva, y
IV. Las normas técnicas aplicables, cuando corresponda para el aprovechamiento de la flora y de la fauna, las cortas sanitarias, de cultivo y domésticas, así como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo y de las aguas.
Artículo 69. Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la protección de las áreas de reservas de la biosfera o reservas especiales de la biosfera, serán las que establecen, según las materias respectivas, la presente ley, las leyes Forestal, Federal de Aguas, Federal de Pesca, Federal de Caza, Orgánica de la Administración Pública Federal y las demás que resulten aplicables, las cuales podrán consistir en restringir o prohibir actividades que puedan alterar los ecosistemas, imponer modalidades a la propiedad privada; y regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Quedan comprendidas en dichas medidas las vedas temporales o indefinidas, totales o parciales.
De conformidad con el artículo 61 de esta ley, las declaratorias contendrán los motivos y fundamentos
de las medidas que se impongan y citación a los interesados, a fin de que la Secretaría reciba las manifestaciones que éstos le formulen por escrito dentro del término que se establezca en las mismas declaratorias y resuelva fundadamente dentro de los treinta días siguientes. Para este efecto, cada una de las dependencias que hubieren intervenido en los estudios previos y propuestas de declaratoria, desahogará por conducto de la Secretaría la parte de las peticiones que corresponda a sus atribuciones.
Artículo 70. Cuando se determinen zonas núcleo en las reservas de la biosfera, o en las reservas especiales de la biosfera, quedará expresamente prohibidos:
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de corriente o depósitos de agua, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;
II. Interrumpir o desviar los flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de la flora silvestre, y
IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la declaratoria.
Artículo 71. Los parques marinos nacionales se establecerán mediante declaratoria del Ejecutivo Federal a propuesta, en forma coordinada, de la Secretaría y de las Secretarías de Pesca y Marina.
Previo al establecimiento de un parque marino nacional, las citadas dependencias llevarán a cabo los estudios y las investigaciones que den base a la expedición de la declaratoria correspondiente.
Las declaratorias por las que se establezcan parques marinos nacionales deberán contener;
I. La delimitación precisa del área sujeta a protección, señalando en su caso la zonificación correspondiente;
II. La descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente. Previo dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá regularse el tránsito de embarcaciones por la zona, el establecimiento o utilización de instalaciones artificiales y plataformas y estructuras con fines pesqueros. Podrá regularse asimismo la exploración o explotación de los recursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo;
III. Las modalidades y limitaciones que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento de los recursos naturales. La declaratoria podrá establecer el requisito de autorización previa de la pesca con fines de consumo doméstico, de fomento y deportivo - recreativa, conforme a la ley de la materia, y
IV. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área. Una vez establecidos, la administración, organización y manejo de los parques marinos nacionales, corresponderá a las Secretarías de Pesca y Marina, con la participación de la Secretaría y se hará con arreglo a lo que disponen esta ley, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal de Pesca y las demás aplicables, la declaratoria correspondiente y el programa de manejo que las propias dependencias formulen.
Artículo 72. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, previstas en las fracciones III, IV, VI y VII del artículo 46 de esta ley, se expedirán por el Ejecutivo Federal conforme a lo que disponen la Ley Forestal, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal de Caza y las demás leyes relativas, a propuesta de las dependencias en ellas señaladas, aplicándose en lo no previsto en tales ordenamientos, las disposiciones de la presente ley.
Artículo 73. La Secretaría promoverá y coordinará la realización de los estudios previos y la propuesta al Ejecutivo Federal de tales áreas, particularmente cuando concurran en ellas materias de la competencia de varias dependencias.
Artículo 74. Para el establecimiento de las áreas de protección de flora y fauna silvestres, la Secretaría realizará los estudios previos necesarios y propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de las declaratorias correspondientes. La conservación, Administración, desarrollo y vigilancia de dichas áreas corresponderá a la Secretaría.
Artículo 75. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente, y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.
CAPÍTULO II
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Artículo 76. Las áreas naturales protegidas que sean consideradas como de interés de la Federación, constituyen en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Artículo 77. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en los registros públicos de la propiedad correspondientes.
Artículo 78. Con el propósito de preservar el patrimonio natural de la nación, y con arreglo a las bases de coordinación que al efecto se celebren en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las dependencias competentes de la Administración Pública Federal incorporarán en las reglas de manejo de las áreas naturales protegidas cuya administración les competa, aquellas que determine la Secretaría para proveer eficazmente a la protección de los ecosistemas y sus elementos. La propia Secretaría promoverá ante las autoridades locales la adopción por parte de éstas de las bases de manejo que regulan la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el sistema nacional.
Podrá celebrar asimismo, convenios de concertación con grupos sociales y particulares interesados, para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido las áreas naturales del sistema nacional.
CAPÍTULO III
Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas
Artículo 79. Para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, se considerarán los siguientes criterios:
I. La preservación del hábitat natural de las especies de flora y fauna del territorio nacional, así como la vigilancia de sus zonas de reproducción;
II. La protección de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a la protección e investigación;
III. La protección y desarrollo de las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, a fin de recuperar su estabilidad poblacional;
IV. El combate del tráfico ilegal de especies;
V. El fortalecimiento de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre, y
VI. La concertación con la comunidad para propiciar su participación en la conservación de especies.
Artículo 80. Los criterios para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, serán considerados, entre otros, en los siguientes casos:
I. El otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres y acuáticas;
II. El establecimiento o modificación de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas;
III. Las acciones de sanidad fitopecuaria;
IV. La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, o la contaminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias;
V. El establecimiento del régimen técnico de conservación de la flora y fauna acuáticas;
VI. La formulación del programa anual de producción, reprobación, cultivo, siembra y diseminación de especies de la flora y fauna acuáticas;
VII. La creación de áreas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y
VIII. La determinación de los métodos y medidas aplicables o indispensables para la conservación, cultivo y reprobación de los recursos pesqueros.
Artículo 81. La Secretaría establecerá o, en su caso, promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas y la modificación o levantamiento de las mismas.
Las vedas que se decreten tendrán como finalidad la conservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Los decretos de veda deberán precisar su naturaleza y temporalidad, límites de las áreas o
zonas vedadas y las especies de la flora o la fauna comprendidas en ellas.
Dichos decretos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el de la entidad o entidades federativas donde se ubique el área vedada.
Artículo 82. Las disposiciones de esta ley son aplicables a la posesión, administración, conservación, reprobación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres las personas físicas o morales que se dediquen a las expresadas actividades, deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría.
Artículo 83. El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.
Artículo 84. La Secretaría, en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, expedirá las normas técnicas ecológicas de conservación y aprovechamiento del hábitat de la flora y fauna silvestres y acuáticas.
Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma tal o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.
Artículo 86. A la Secretaría le corresponde aplicar las disposiciones que sobre aprovechamiento y conservación de especies de la fauna silvestre establezcan ésta y otras leyes, y autorizar su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias, conforme a otras leyes.
Artículo 87. El aprovechamiento de especies de animales terrestres de la fauna silvestre en actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio y proporcionen un número suficiente para el repoblamiento de la especie.
No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos de investigación científica.
TÍTULO TERCERO
Aprovechamiento Racional de los Elementos Naturales
CAPÍTULO I
Aprovechamiento Racional del Agua y los Ecosistemas Acuáticos
Artículo 88. Para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, se consideran los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;
II. El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos debe realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico, y
III. Para el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos.
Artículo 89. Los criterios para el aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuáticos, serán considerados en:
I. La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico;
II. El otorgamiento de concesiones, permisos y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico;
III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de propiedad nacional;
IV. El establecimiento de vedas de aguas del subsuelo;
V. Las suspensiones que decrete el Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley Federal de Aguas, de todos aquellos aprovechamientos, obras y actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales
o afecten el equilibrio ecológico de una región;
VI. La suspensión que orden la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de todas aquellas obras que dañen los recursos hidráulicos nacionales;
VII. La suspensión que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación con la Secretaría, de las obras que causen desequilibrio ecológico en una región, o afecten o puedan afectar los elementos de los ecosistemas;
VIII. La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de población e industrias;
IX. Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del Distrito Federal, respecto de la política de rehuso de aguas;
X. Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción;
XI. El establecimiento de distritos de acuacultura, y
XII. La creación y administración de reservas y zonas de protección pesquera.
Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y manejo de zonas de protección en ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias.
Artículo 91. El otorgamiento de las autoridades para afectase el curso o cauce de las corrientes de agua, su sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la presente ley.
Artículo 92. Para asegurar la disponibilidad del recurso destinado a consumo humano, las autoridades competentes promoverán el tratamiento de aguas residuales y su reutilización, así como el abatimiento de los niveles de desperdicio, y llevarán a cabo programas para sustituir progresivamente a el uso de agua potable en las actividades productivas, por aguas con tratamiento adecuado.
Artículo 93. La Secretaría y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en sus respectivas esferas de competencia, realizarán las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las corrientes y cuerpos de aguas de propiedad de la nación.
Articulo 94. La exploración, explotación y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos, se sujetará a lo que establecen las leyes de la materia y a los criterios y demás disposiciones que establece esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 95. La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de Pesca, la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorizaciones para la realización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de las especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico.
Artículo 96. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Pesca y, en su caso, con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, expedirá las normas técnicas para la protección de los ecosistemas acuáticos y promoverá la concertación de acciones de protección y restauración de los ecosistemas acuáticos con los sectores productivos y las comunidades.
Artículo 97. La Secretaría establecerá viveros, criaderos y reservas de especies de la flora y fauna acuática en su caso, con la participación de la Secretaría de Pesca.
CAPÍTULO II
Aprovechamiento Racional del Suelo y sus Recursos
Artículo 98. Para la protección y aprovechamiento del suelo se considerarán los siguientes criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que esto mantengan su integridad física y su capacidad productiva;
III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos;
IV. En las zonas de pendientes pronunciadas en las que se presenten fenómenos de erosión o de degradación del suelo, se deben introducir cultivos y tecnologías que permitan revertir el fenómeno, y
V. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, debe incluir acciones equivalentes de regeneración.
Artículo 99. Los criterios ecológicos para la protección y aprovechamiento del suelo, se considerarán en:
I. Los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;
II. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos;
III. La operación y administración del sistema nacional de suelo y de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;
IV. La determinación de usos, reservas y destinos en predios forestales;
V. El establecimiento de zonas protectoras forestales;
VI. La determinación o modificación de los límites establecidos en los coeficientes de agostadero;
VII. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación de suelos;
VIII. El establecimiento de distritos de conservación del suelo;
IX. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional;
X. El otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de aprovechamiento forestal;
XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, la explotación beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales, y
XII. Cuando así proceda, de conformidad con la ley de la materia, al encomendarse la explotación de tierras que hayan sido declaradas ociosas; en estos casos se promoverla su utilización de acuerdo con las aptitudes naturales del terreno y el adecuado equilibrio de los ecosistemas.
Artículo 100. Los permisos de aprovechamiento implican la obligación de hacer un uso racional del recurso. Cuando las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos la revocación, modificación o suspensión del permiso respectivo, en los casos previstos por el artículo 56 de la Ley Forestal.
Artículo 101. En las zonas selváticas, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:
I. El aprovechamiento racional de los ecosistemas selváticos, donde existan actividades agropecuarias establecidas;
II. El cambio progresivo de la práctica de roza, tumba y quema a otras que no impliquen deterioro de los ecosistemas;
III. La consideración de los criterios ecológicos en las actividades de extracción de recursos no renovables;
IV. La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su restauración cuando hayan sufrido deterioro, y
V. La regulación ecológica de los asentamientos humanos.
Artículo 102. Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta ley y demás aplicables.
Artículo 103. Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación necesarias para evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico, en los términos de lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables.
Artículo 104. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y las demás dependencias competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y recuperación de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico en la zona.
Artículo 105. En aquellas zonas que presenten graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría con
la participación de las demás competentes, formulará los proyectos de programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico que resulten convenientes, y promoverá su aprobación por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación.
Cuando los fenómenos de desequilibrio ecológico en tales zonas lo requieran en forma inminente, por estarse produciendo procesos de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación o aun irreversibles, el Ejecutivo Federal, por causa de interés público, a propuesta que la Secretaría formule en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otras dependencias competentes, y previa audiencia de los interesados, podrá expedir declaratorias para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades. Las declaratorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:
I. La delimitación de la zona, precisando superficie, ubicación y deslinde;
II. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la realización de actividades contaminantes;
III. Los programas de recuperación que determine el Ejecutivo Federal en la zona, los que podrán ser materia de acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, y de concertación con los sectores social y privado, y
IV. La determinación de su vigencia.
Artículo 106. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles, ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo 105, quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades sobre el uso o aprovechamiento de los mismos, previstas en la declaratoria correspondiente.
Los notarios y cualesquier otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo que en la mencionada declaratoria se establezca.
Artículo 107. En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de esta ley y de la Ley Forestal.
CAPÍTULO III
Efectos de la Exploración y Explotación de los Recursos No Renovables en el Equilibrio Ecológico
Artículo 108. Para prevenir y controlar los efectos nocivos de la exploración y explotación de lo recursos naturales no renovables en el equilibrio e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas técnicas ecológicas que permitan:
I. La protección de las aguas que sean utilizadas o sean el resultado de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de otros usos;
II. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas, y
III. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales.
Artículo 109. Las normas técnicas ecológicas a que se refiere el artículo anterior, serán observadas por los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
TÍTULO CUARTO
Protección al Ambiente
CAPÍTULO I
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera
Artículo 110. Para la protección a la atmósfera, se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las regiones del país, y
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría:
I. Expedirá, en coordinación con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud humana, las normas técnicas ecológicas correspondientes, especificando los niveles permisibles de emisión e inmisión por contaminante y por fuente de contaminación, de acuerdo con el reglamento respectivo;
II. Convendrá, y en su caso, podrá requerir la instalación de equipos de control de emisiones con quienes realicen actividades contaminantes en zonas conurbadas, ubicadas en dos o más entidades federativas, y cuando se trate de bienes o zonas de jurisdicción federal;
III. expedirá las normas técnicas ecológicas, para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire;
IV. Expedirá las normas técnicas ecológicas para la certificación por la autoridad competente, de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes determinadas;
V. Expedirá en coordinación con el sector energético y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las normas técnicas Ecológicas que deberán ser observadas por la industria automotriz para reducir las emisiones de origen vehicular, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud;
VI. Promoverá, en coordinación con las autoridades correspondientes, el establecimiento de sistemas de verificación del parque vehicular, y
VII. Ejercerá las demás facultades que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 112. En materia de contaminación atmosférica, los gobiernos de los estados y de los municipios en los ámbitos de sus respectivas jurisdicciones:
I. Llevarán a cabo las acciones de prevención y el control de la contaminación del aire, en bienes y zonas de jurisdicción estatal;
II. Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes;
III. Convendrán con quienes realicen actividades contaminantes, y en su caso les requerirán la instalación de equipos de control de emisiones cuando se trate de actividades de jurisdicción local, y promoverán ante la Secretaría dicha instalación, en los casos de jurisdicción federal;
IV. Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación, y evaluarán el impacto ambiental en los casos de jurisdicción local, previstos en el artículo 31 de esta ley;
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación;
VI. Establecerán y operarán con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Dichos sistemas deberán contar con dictamen técnico previo de la Secretaría; ésta promoverá, mediante acuerdos de coordinación, la incorporación de los reportes locales de monitoreo a la información nacional, cuya integración estará a cargo de la propia Secretaría;
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso la suspensión de circulación en casos graves de contaminación;
VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias, para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;
IX. Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad o municipio correspondiente, que convengan con la Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;
X. Impondrán sanciones y medidas por infracciones a la presente ley, en las materias de jurisdicción local, y las que correspondan conforme a las leyes que al efecto expidan las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta ley, y
XI. Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 113. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría; cuando dichas emisiones contengan materiales o residuos peligrosos, se requerirá de la previa autorización de la Secretaría.
Artículo 114. Las autoridades competentes promoverán, en las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial, próximas a áreas habitacionales, la instalación de industrias que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.
Artículo 115. La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.
Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:
I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;
II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;
III. Realicen investigaciones de tecnología, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes, y
IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones, para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.
CAPITULO II
Prevención y Control de la Contaminación del agua y de los Ecosistemas Acuáticos
Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua, se considerarán los siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;
II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades, y mantener el equilibrio de los ecosistemas;
IV. Las aguas residuales de origen urbano, deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo, y
V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad, es condición indispensable para evitar la contaminación del agua.
Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua, serán considerados en:
I. El establecimiento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;
II. La formulación de las normas técnicas que deberá satisfacer el tratamiento del agua, para el uso y consumo humano;
III. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal, para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse;
IV. La restricción o suspensión de explotaciones y aprovechamientos que ordene la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los casos de disminución, escasez o contaminación de las fuentes de abastecimiento, o para proteger los servicios de agua potable;
V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general los usuarios de las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones, y
VI. La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos.
Artículo 119. Para la prevención y control de la contaminación del agua. corresponderá:
I. A la Secretaría:
a) Expedir, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y las demás autoridades competentes, las normas técnicas para el vertimiento de aguas residuales en redes colectoras, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como para infiltrarlas en terrenos;
b) Emitir los criterios, lineamientos, requisitos y demás condiciones que deban satisfacerse para regular el alojamiento, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, a fin de evitar contaminación que afecte el equilibrio de los ecosistemas o a sus componentes, y en su caso, en coordinación con la Secretaría de Salud, cuando se ponga en peligro la salud pública;
c) Expedir las normas técnicas ecológicas a las que se sujetará el almacenamiento de aguas residuales, con la intervención que en su caso competa a otras dependencias;
d)Dictaminar las solicitudes de permisos para infiltrar o descargar aguas residuales, en terrenos o cuerpos distintos de los alcantarillados;
e) Fijar condiciones particulares de descarga, cuando se trate de aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal y de aquellas vertidas directamente en aguas de propiedad nacional;
f) Fijar condiciones particulares de descarga a quienes generen aguas residuales captadas por sistemas de alcantarillado, cuando dichos sistemas viertan sus aguas en cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de aguas de propiedad nacional, sin observar las normas técnicas ecológicas, o en su caso, las condiciones particulares de descarga que hubiese fijado la Secretaría,
g) Promover el reúso de aguas residuales tratadas en actividades industriales;
h) Determinar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, considerando los criterios sanitarios que en materia de salud pública emita la Secretaría de Salud, en función del destino de esas aguas y las condiciones del cuerpo receptor, que serán incorporados en los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para la entrega de agua en bloque a sistemas usuarios o a usuarios, conforme a la Ley Federal de Aguas, e
i) Resolver sobre las solicitudes de autorización para el establecimiento de plantas de tratamiento y sus descargas conjuntas, cuando dichas descargas contaminantes provengan de dos o más obras, instalaciones o industrias de jurisdicción federal, tomando en consideración los criterios sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud. Esta autorización únicamente podrá otorgarse cuando los efectos en las cuencas de aguas nacionales lo permitan, conforme a los usos determinados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
II. A la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la de Salud:
a) Expedir las normas técnicas ecológicas, para el uso o aprovechamiento de aguas residuales;
b) Emitir opinión a la que deberá sujetarse la programación y construcción de nuevas industrias que puedan producir descargas contaminantes de aguas residuales, así como de las obras e instalaciones conducentes a purificar las aguas residuales de procedencia industrial, en los casos de jurisdicción federal, y
c)Expedir las normas técnicas ecológicas que deberán observarse para el tratamiento de aguas residuales de origen urbano, que se destinen a la industria y la agricultura. Para el ejercicio de esta atribución, dichas dependencias tomarán como base los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes.
III. A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, resolver sobre las solicitudes de concesión, permiso o autorización que se formulen para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales, considerando los criterios y lineamientos para la preservación del equilibrio ecológico;
IV. A la Secretaría, expedir normas técnicas sobre la ejecución de obras relacionadas con el alojamiento, tratamiento y destino de las aguas residuales conducidas o no por sistemas de alcantarillado, considerando los criterios sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud, y
V. A los estados y municipios:
a) El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;
b) Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas técnicas ecológicas que se expidan, la instalación de sistemas de tratamiento;
c) Determinar el monto de los derechos correspondientes, para que el municipio o autoridad
estatal respectiva pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar, y
d) Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la Secretaría.
Artículo 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local:
I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;
IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables;
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas;
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos, y
VII. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua.
Artículo 121. No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad federal o de la autoridad local, en los casos de descargas en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.
Artículo 122. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos y las de usos industriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:
I. Contaminación de los cuerpos receptores;
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas, y
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos. o en el funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado.
Artículo 123. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.
Cuando dichas descargas, derrames o infiltraciones contengan materiales o residuos peligrosos, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría.
Artículo 124. Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua potable, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y promoverá ante la autoridad competente la negativa del permiso o autorización correspondiente o su inmediata revocación, y en su caso, la suspensión del suministro.
Artículo 125. La Secretaría, considerando los criterios sanitarios que en materia de salubridad general establezca la Secretaría de Salud, así como los usos de las cuencas de aguas nacionales determinados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, determinará las condiciones particulares de descarga y los sistemas de tratamiento que deberán instalar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para descargar aguas residuales.
Artículo 126. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades estatales o el Departamento del Distrito Federal, deberán cumplir con las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan.
Artículo 127. La Secretaría y las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, emitirán opinión con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación y construcción de obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia industrial.
Artículo 128. Las aguas residuales provenientes del alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera al tratamiento que cumpla con las normas técnicas emitidas por la Secretaría, en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud.
En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego.
Artículo 129. El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan.
Artículo 130. La Secretaría resolverá sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales, sustancias o cualquier otro tipo de residuos en aguas marinas, fijando en cada caso las normas técnicas, ecológicas, condiciones y tratamiento de las aguas y residuos, de acuerdo al reglamento correspondiente. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.
Artículo 131. Para la protección del medio marino, el Ejecutivo Federal emitirá los criterios para la explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos y abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como los que deberán observarse para la realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica exclusiva.
Artículo 132. La Secretaría se coordinará con las secretarías de Marina, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Pesca, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar y abatir la contaminación del medio marino, y preservar y restaurar el equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo que se establece en la presente ley, la Ley Federal del Mar, los demás ordenamientos aplicables y las normas vigentes del derecho internacional.
Artículo 133. La Secretaría y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizarán un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan, o en su caso promover su ejecución. En los casos de aguas de jurisdicción local, se coordinarán con las autoridades de los estados y municipios.
CAPITULO III
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo
Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
I. Corresponde al Estado y la sociedad, prevenir la contaminación del suelo;
II. Deben ser controlados los residuos, en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos;
III. Es necesario racionalizar la generación de residuos sólidos, municipales e industriales, e incorporar técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje, y
IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas.
Artículo 135. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo, se considerarán en los siguientes casos:
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano;
II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios;
III. Las autorizaciones para la instalación y operación de confinamientos o depósitos de residuos, y
IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general, la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
Artículo 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;
III. Las alteraciones en el suelo que alteren su aprovechamiento, uso o explotación, y
IV. Riesgos y problemas de salud.
Artículo 137. Queda sujeto a la autorización de los gobiernos de los estados o en su caso de los municipios, con arreglo a las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento reúso tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. Los materiales y residuos peligrosos, se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo V de este mismo Título.
Artículo 138. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales, para:
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales, y
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras.
Artículo 139. Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos, se sujetará a lo que dispongan esta ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan.
Artículo 140. Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación, se llevarán a cabo con arreglo a lo que disponga el reglamento correspondiente.
Artículo 141. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá mediante estímulos fiscales, la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permiten reducir la generación de residuos sólidos.
Artículo 142. En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.
Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas y a las normas técnicas que expidan en forma coordinada la Secretaría y las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud y de Comercio y Fomento Industrial, para evitar que se causen desequilibrios ecológicos.
El reglamento de esta ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichas sustancias o productos, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.
Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente ley, la de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las secretarías de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio y Fomento Industrial, participará en el examen de las tarifas arancelarias relativas a importación o exportación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de requisitos especiales para la fabricación en el país de dichas sustancias y productos, cuando su uso pueda causar desequilibrios ecológicos.
CAPITULO IV
Actividades Consideradas como Riesgosas
Artículo 145. La Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo, se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos, por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomándose en consideración:
I. Las condiciones topográficas, meteorológicas y climatológicas de las zonas;
II. Su proximidad a centros de población, previniendo las tendencias de expansión del respectivo
asentamiento, y la creación de nuevos asentamientos;
III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales;
IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas;
V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas, y
VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.
Artículo 146. La Secretaría, previa la opinión de las secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y con la participación de la Secretaría de Gobernación, determinará y publicará en el Diario Oficial de la Federación los listados de las actividades que deban considerarse riesgosas, para efecto de lo establecido en la presente ley.
Artículo 147. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios clasificados como riesgosas, se sujetarán a las normas técnicas ecológicas de seguridad y operación expedidas por las Secretaría, previa opinión de las secretarías de Salud, de Comercio y Fomento Industrial, y del Trabajo y Previsión Social y las demás dependencias competentes. En los respectivos establecimientos se deberán incorporar los equipos e instalaciones que corresponda con arreglo a dichas normas, y deberá contarse con personal debidamente capacitado para su aplicación.
Quienes realicen actividades riesgosas, elaborarán, actualizarán y someterán a la aprobación de la Secretaría, programas de contingencia para hacer frente a cualquier posible accidente y evitar daños al equilibrio ecológico. Cuando dichas actividades se realicen o vayan a realizarse en el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal participará en el análisis, y en su caso, aprobación de los programas de contingencia correspondientes.
Artículo 148. Las entidades federativas y los municipios, regularán la realización de actividades que no sean consideradas como riesgosas, cuando éstas afecten al equilibrio de los ecosistemas o al ambiente de la entidad federativa en general, o del municipio correspondiente.
Artículo 149. La regulación a que se refiere el artículo anterior, corresponderá a los municipios, cuando los residuos que no sean considerados como peligrosos sean vertidos al alcantarillado o integrados a la basura o cuando provengan de los servicios públicos, cuya regulación o manejo corresponda a los propios municipios o se relacionen con dichos servicios.
CAPITULO V
Materiales y Residuos Peligrosos
Artículo 150. La Secretaría, previa la opinión de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Gobernación, de determinará y publicará en el Diario Oficial de la Federación los listados de materiales y residuos peligrosos, para efecto de lo establecido en la presente ley.
Artículo 151. la instalación y operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, requerirá de la autorización previa de la Secretaría.
Artículo 152. Los materiales y residuos que se definan como peligrosos para el equilibrio ecológico, deberán ser manejados con arreglo a las normas técnicas ecológicas y procedimientos que establezca la Secretaría, con la participación de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Artículo 153. La importación o Exportación de materiales o residuos peligrosos, se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal; en todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones:
I. Corresponderá a la Secretaría, el control y la vigilancia ecológica de los materiales o residuos peligrosos importados o a exportarse, aplicando las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de lo que sobre este particular prevé la Ley Aduanera;
II. Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reúso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes;
III. No podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos, cuyo único objeto sea su disposición final o simple depósito,
almacenamiento o confinamiento en el territorio nacional, o en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;
IV. No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional de materiales y peligrosos cuando éstos provengan del extranjero, para ser destinado a un tercer país;
V. El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos peligrosos, cuyo único objeto sea su disposición final en el extranjero, quedará sujeto a que exista consentimiento expreso del país receptor;
VI. Los materiales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, transformación, elaboración en los que se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal, inclusive los regulados en el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser retomados al país de procedencia dentro del plazo que para tal efecto determine la Secretaría;
VII. El otorgamiento de autorizaciones por parte de la Secretaría para la importación o exportación de materiales o residuos peligrosos, quedará sujeto a que se garantice debidamente el cumplimiento de lo que establezca la presente ley y las demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los daños y perjuicios que pudieran causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y
VIII. En adición a lo que establezca otras disposiciones aplicables, podrán revocarse las autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación o exportación de materiales y residuos, sin perjuicio de la imposición de la sanción o sanciones que correspondan, en los siguientes casos:
a) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materiales o residuos peligrosos autorizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio ecológico, que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente;
b) Cuando la operación de importación o exportación no cumpla los requisitos fijados en la guía ecológica que expida la Secretaría;
c) Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o características, conforme a los cuales fueron autorizados, y
d) Cuando se determine que la solicitud correspondiente contenga datos falsos, o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud.
CAPITULO VI
Energía Nuclear
Artículo 154. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y beneficio de materiales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la industria nuclear y en general las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico, correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación de impacto ambiental.
CAPITULO VII
Ruido, Vibraciones, Energía Térmica, Lumínica y Olores
Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes.
Artículo 156. Las normas técnicas ecológicas en materias objeto del presente capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica lumínica y olores y fijarán los límites de emisión.
La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias, con el objeto de localizar el origen o procedencia,
naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud.
La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.
TITULO QUINTO
Participación Social
CAPITULO ÚNICO
Artículo 157. El Gobierno Federal promoverá la participación y responsabilidad de la sociedad, en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda.
Artículo 158. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:
I. Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores agropecuarios, de las comunidades, de instituciones educativas, de instituciones privadas no lucrativas y de otros representantes de la sociedad, para que manifiesten su opinión y propuestas;
II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras, para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades habitacionales; con organizaciones campesinas y comunidades rurales para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos naturales; con organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas; así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva para la difusión, información u promoción de acciones ecológicas. Para estos efectos, se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y en general de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo, contribuyan a formar y orientar a la opinión pública, y
IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger ambiente.
Artículo 159. La Secretaría propondrá a la Comisión Nacional de Ecología, la participación de representantes de los principales sectores de la sociedad, así como de organizaciones, instituciones y particulares con quienes hubiere celebrado convenios de concertación, en los términos de esta ley.
TITULO SEXTO
Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones
CAPITULO I
Observancia de la ley
Artículo 160. Las disposiciones de este Título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley, salvo que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento.
Cuando se trate de asuntos de competencia local, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en el presente Título, en las leyes que expidan las legislaturas locales, o en su caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos.
CAPITULO II
Inspección y Vigilancia
Artículo 161. Las entidades federativas y los municipios, podrán realizar actos de inspección y vigilancia, para la verificación del cumplimiento de esta ley en asuntos del orden federal. Para tal fin, la Federación y las entidades federativas y con la intervención de éstas, los municipios celebrarán los acuerdos de coordinación pertinentes.
Artículo 162. Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal
debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.
Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar previsto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.
En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de al inspección.
Artículo 164. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.
A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Artículo 165. La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.
Artículo 166. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la vista de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el requerimiento, y para que dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección, y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.
Artículo 168. Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado.
Artículo 169. En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.
Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas. éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.
Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al artículo 171 de esta ley.
En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados que pudieran configurar uno o más delitos.
CAPITULO III
Medidas de Seguridad
Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud pública, la Secretaría promoverá la ejecución ante la autoridad competente, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.
CAPITULO IV
Sanciones Administrativas
Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría en asuntos de competencia de la Federación, no reservados expresamente a otra dependencia y, en los demás casos, por las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, y conforme a las disposiciones locales que se expidan, con una o más de las siguientes sanciones:
I. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción;
II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, y
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas.
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción II de este artículo.
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta de dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.
Artículo 172. Cuando la gravedad de la infracción amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.
Artículo 173. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomará en cuenta:
I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente el criterio de impacto en la salud pública y la generación de desequilibrios ecológicos;
II. Las condiciones económicas del infractor, y
III. La reincidencia, si la hubiere.
Artículo 174. Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones.
Artículo 175. La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico.
CAPITULO V
Recurso de Inconformidad
Artículo 176. Los actos y las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridos por los interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Artículo 177. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante el titular de la unidad administrativa que hubiere dictado la resolución recurrida, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que el escrito correspondiente se haya depositado en el servicio postal mexicano.
Artículo 178. En el escrito en el que se interponga el recurso se señalará:
I. El nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, el de la persona que promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente
la personalidad con que comparece si ésta no se tenía ante la autoridad que conozca del asunto;
II. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento de la resolución recurrida;
III. El acto o resolución que se impugna;
IV. Los agravios que, a juicio del recurrente, le cause la resolución o el acto impugnado;
V. La mención de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado o ejecutado el acto;
VI. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba, que tengan relación inmediata o directa con la resolución o acto impugnado y que por causas supervenientes no hubiere estado en posibilidad de ofrecer el oponer sus defensas en el escrito a que se refiere el artículo 164 de esta ley. Dichos documentos deberán acompañarse al escrito a que se refiere el presente artículo;
VII. Las pruebas que el recurrente ofrezca en relación con el acto o la resolución impugnado, acompañando los documentos que se relacionen con éste; no podrá ofrecerse como prueba la confesión de la autoridad, y
VIII. La solicitud de suspensión del acto o resolución impugnado previa la comprobación de haber garantizado, en su caso, debidamente el interés fiscal.
Artículo 179. Al recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificará si éste fue interpuesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo.
Para el caso de que lo admita, decretará la suspensión, si fuese procedente, y desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de admisión.
Artículo 180. La ejecución de la resolución impugnada se podrá suspender cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Lo solicite así el interesado;
II. No se pueda seguir perjuicio al interés general;
III. No se trate de infracciones reincidentes;
IV. Que de ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación para el recurrente, y
V. Se garantice el interés fiscal.
Artículo 181. Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, si las hubiere, se dictará resolución en la que se confirme, modifique o revoque la resolución recurrida o el acto combatido. Dicha resolución se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado.
CAPITULO VI
De los Delitos del Orden Federal
Artículo 182. Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría formule la denuncia correspondiente, salvo que se trate de casos de flagrante delito.
Artículo 183. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que, sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad y operación aplicables a que se refiere el artículo 147 de esta ley, realice, autorice u ordene la realización de actividades que conforme a este mismo ordenamiento se consideren como riesgosas, que ocasionen graves daños a la saluda pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Cuando las actividades consideradas como riesgosas, a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro de población, se podrá elevar la pena hasta tres años más de prisión y la multa hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 184. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 1 mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la Secretaría o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reúse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en general realice actos con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos.
Igual pena se impondrá a quien contraviniendo los términos de la autorización que para el efecto hubiere otorgado la Secretaria, importe o exporte materiales o residuos peligrosos.
En los casos en que las conductas ilícitas a que se refiere el presente artículo, se relacionen con las sustancias tóxicas o peligrosas a que alude el artículo 456 de la Ley General de Salud, con inminente riesgo a la salud de las personas, se estará a lo dispuesto en dicha ley.
Artículo 185. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que con violación a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice o lo ordene, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Artículo 186. Se impondrá pena de tres meses a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal que ocasionen a graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres años más.
Artículo 187. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, en zonas de jurisdicción federal, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.
Artículo 188. El Congreso de la Unión, en tratándose del Distrito Federal, y las legislaturas de los estados, en lo relativo a su jurisdicción, expedirán las leyes que establezcan las sanciones penales y administrativas por violaciones a esta ley, en las materias del orden local que regula. Las disposiciones locales que se expidan de acuerdo con la distribución de competencias previstas en este mismo ordenamiento, señalarán las sanciones por violaciones a las mismas. Los ayuntamientos regularán las sanciones administrativas por violaciones a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, que a su vez expidan en la esfera de su respectiva competencia.
CAPITULO VII
Denuncia Popular
Artículo 189. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, o ante otras autoridades federales o locales según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la presente ley de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Si en la localidad no existiere representación de la Secretaría, la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación.
Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la Secretaría.
Artículo 190. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.
Artículo 191. La Secretaría, una vez recibida la denuncia, procederá por los medios que resulten conducentes, a identificar el denunciante y, en su caso, hará saber la denuncia a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida.
Artículo 192. La Secretaría efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente.
Si los hechos fueren de competencia local, hará llegar la denuncia ante la autoridad competente y promoverá ante la misma la ejecución de las medidas que resulten procedentes.
Artículo 193. La Secretaría, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado aquélla y, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas.
Artículo 194. Cuando por la infracción a las disposiciones de esta ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba pericial, en caso de ser presentado en juicio.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley, entrará en vigor el día primero de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Protección al Ambiente, de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos ochenta y dos.
Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que según las disposiciones de este ordenamiento son de competencia de estados y municipios, corresponderá a la Federación aplicar esta ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso.
Tercero. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Las referencias legales o reglamentarias a la Ley Federal de Protección al Ambiente, se entienden hechas en lo aplicable, a la presente ley
Cuarto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección al Ambiente, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de dicha ley que se abroga.
Reitero a ustedes CC. secretarios, mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 3 de diciembre de 1987. - Sufragio Efectivo. No Reelección. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Ecología.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ADICIÓN AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado José Herrera Arango, para dar lectura a la iniciativa para adicionar un último párrafo a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. José Herrera Arango: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
«Honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Los diputados de la Confederación de Trabajadores de México, que forman parte de la fracción parlamentaria del sector obrero en la LIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Federal, y del 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan las siguiente iniciativa para adicionar un último párrafo a la fracción VI del artículo 123 constitucional; basándose para ello en lo siguiente:
En este momento es necesario actualizar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, fracción VI, a fin de que corresponda a la realidad que están viviendo los trabajadores de México, ya que la inflación esta afectando el poder adquisitivo de los trabajadores en general. La Ley Federal del Trabajo no se ha actualizado a esta realidad económica que vivimos, ya que en la actualidad únicamente faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que ésta pueda decretar aumentos a los salarios mínimos generales y profesionales y no así, a aquellos salarios que sean superiores éstos, lo que significa que estos trabajadores están desprotegidos por la Ley Federal del Trabajo en estos momentos.
Esto lo consideramos injusto ya que la inflación afecta a todos los trabajadores y en consecuencia debe generalizarse el aumento a los salarios de mayor cuantía que también han perdido el poder adquisitivo, y el nivel de vida que los trabajadores han logrado a costa de muchos años de trabajo, de capacitación y esfuerzo en mejorar el nivel de vida tanto de ellos como de sus familias.
Por lo anterior, venimos a proponer que se faculte a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que al decretar un aumento general extraordinario a los mínimos generales y profesionales, este aumento se haga obligatoriamente extensivo a todos los demás salarios sin perjuicio
del aumento superior que en los contractuales se puedan obtener a petición de los sindicatos.
Esto significaría un beneficio a la justicia laboral, ya que tendría, como consecuencia, que no habría necesidad de que los sindicatos estuvieran continuamente haciendo emplazamientos a huelga para lograr que se haga extensivo el aumento salarial en beneficio de los trabajadores sujetos a un contrato colectivo de trabajo en los casos en que los patrones no lo quieran otorgar.
Por lo antes expuesto, se propone a esta H. Asamblea el siguiente agregado a la fracción VI del artículo 123 constitucional.
Artículo 123.................................................................. ...............................................................................
Fracción VI. Si durante el transcurso del año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decreta un aumento de carácter extraordinario, éste será aplicado también a todos los salarios, sin perjuicio del aumento que los sindicatos puedan obtener en los contratos colectivos de trabajo.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 22 de octubre de 1987. - Por la diputación priísta de la Confederación de Trabajadores de México: Alfredo González González, Rogelio Preciado Cisneros, Pedro López Vargas, Gaspar Valdés Valdés, Alfonso Santos Ramírez, Jorge Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Joaquín López Martínez, Federico Durán Liñán, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Alfonso Reyes Medrano, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristóbal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, J. Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Carrillo Flores, Porfirio Camarena Castro, Félix Liera Ortiz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heriberto Serrano Moreno, José Delgado Valle, Juan Carlos Velasco Pérez, Abimael López Castillo, Raúl Ramírez Chávez, Leobardo Ramos Martínez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, Oney Cuevas Santiago, Blas Chumacero Sánchez, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinosa Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solís Payán, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Priego, Emilio Jorge Cordero García, Diego Navarro Rodríguez, Luis Nájera Olvera, Emérico Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, F. Rafael García Anaya, José Nerio Torres Ortiz, José Luis Galaviz Cabral.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL Y LEY DE PLANEACIÓN
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al C. diputado Nabor Camacho Nava para presentar una iniciativa.
El C. Nabor Camacho Nava: - «Señor diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: La iniciativa de ley que el día de hoy pongo a la amable consideración de ustedes, pretende modificar y adicionar el artículo 115 constitucional en su fracción III, proponiendo en el inciso i) la creación del regidor de turismo en todos los municipios costeros y creando un nuevo inciso, que sería el j) que contemplara lo que en estos momentos ya dice el i); simplemente se corre para determinar que de las comisiones existirá una más. Asimismo se propone la adición al artículo 3o., fracción II de la Ley de Planeación. Fundo mi pretensión en los siguientes
CONSIDERANDOS
La industria sin chimeneas, el turismo, que aporta divisas extranjeras a la nación, tan necesarias, no se ha aprovechado en toda su magnitud; el turismo, fuente inmensa de posibilidades, se encuentra inmerso en la maraña del burocratismo. Es bueno que los turistas extranjeros nos visten y nos dejen sus dólares, yens, francos, libras, colones, córdovas o pesetas; es malo que los prestadores de servicios los estafen, pues no querrán volver nunca más y buscarán en futuras vacaciones, mejores horizontes. No conviene depender siempre del turismo extranjero descuidando el turismo nacional. Considero que nuestros conciudadanos de medianos y pequeños recursos tienen derecho a la recreación y es obligación de nosotros, los legisladores, encontrar la fórmula ideal y la ley adecuada para que los anhelos de todos los mexicanos en este renglón puedan cumplirse. Puedo asegurar que existen ciudadanos del valle de México y altiplanicie que no conocen el mar y sus playas más que en el cine o fotografías.
¿Por qué no brindar la oportunidad a miles de mexicanos para que puedan visitar nuestras soleadas playas a costo mínimo, pero con máxima diversión?
Voy a presentar a ustedes el contenido de una excelente ponencia de uno de nuestros asesores en materia de turismo, leída en el foro que la Comisión de Marina convocó para consulta nacional sobre análisis y perspectivas de las actividades marítimas, celebrado el 6 y 7 de agosto del presente año en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, de resultados muy satisfactorios y a donde concurrieron ponentes de toda la República Mexicana llevando sus inquietudes y manifestándose con toda libertad en las distintas áreas que para el efecto se programaron muy atinadamente.
Se observará en la atinada ponencia que vamos a conocer el día de hoy, que no faltó renglón alguno que no haya atacado el acucioso ponente y lo más asombroso, el plan que se propone no requiere de ninguna inversión. Por lo novedoso del plan, vale la pena que sea cuidadosamente estudiado para fallar en justicia.
"Aurora Turística"
Antecedentes:
Dicen nuestros amigos los periodistas en algunos de los órganos informativos de mayor circulación: "Esta última temporada vacacional, resultó tristemente reveladora para las aspiraciones nacionales, que eran las de superar las divisas en lo que se refiere a materia turística". ¿Pero qué pasó? ¿Será acaso que nuestro país de pronto se puso feo? ¡No! ¡Todo lo contrario! En esta perspectiva que les estamos proyectando y que fue lograda a "ojo de buen astronauta", podemos todos observar, ¡qué suelo tan hermoso es la República Mexicana y de cuántas maravillas disponemos los mexicanos!
Otro comentario dice: "No obstante que la Secretaría de Turismo, dispuso el otorgamiento de las máximas facilidades, para que el turismo internacional obtuviera y disfrutara de toda clase de atenciones y se deleitara (a cambio de sus imponentes dólares) con todos los atractivos de que disponemos, pues resultó que todos los extranjeros que nos visitaron se regresaron a sus respectivos países con muy buena impresión; pero, tal parece que algo no funcionó debidamente y como siempre sucede, nuestro turismo nacional que solamente puede pagar con "pesos" los servicios, se dolió por los altos costos con que fue atacado en centros turísticos como Vallarta, Ixtapa, Cancún, Acapulco y otros más; como resultado de esto, el panorama de algunas playas de menor categoría fue desolador".
Existe mucha información al respecto, la cual ustedes ya conocen seguramente, pero si me lo permiten, deseo expresarles, lo preocupados que estamos los veracruzanos; porque, no obstante: el vigoroso zapateado de "La Bamba"; las picantes y graciosas trovas jarochas y huastecas; la vibración de cocuyos que con su luz; la exquisita fragancia de los azahares en los inmensos naranjales; el multicolor del estrepitoso carnaval; las simpáticas caritas sonrientes de los "Totonacus"; la cerrada selva tropical; la abundante fauna; los miles de sugestivos paisajes y, sobre todo, el encanto de 700 kilómetros de playas suaves.
Doloroso es reconocer que Veracruz, seguramente como otros estados y de acuerdo con los registros oficiales, en la última década, no solamente no ha logrado ningún incremento en lo que se refiere a la industria del turismo, sino que ha venido descendiendo considerablemente.
Por supuesto que está es una desesperante época de crisis y de grandes dificultades, a la que necesariamente han tenido que enfrentarse nuestros funcionarios de turismo. El cartón que estamos proyectando, no se refiere a alguien en especial, pero su mensaje es claro, que está previniéndonos sobre un posible colapso. ¿Cómo? Pues aplicando oportuna y decididamente los métodos y sistemas más avanzados en la administración turística y también asistiendo y participando con auténtico espíritu progresista y patriótico a los "foros de consulta nacional, sobre perspectivas de las actividades marítimas" tal como este de la "Reunión Regional III".
Y a propósito de colapso, de recesión, de incertidumbre o de cualquier otra forma que desee señalar a la crisis; sí, todos sabemos que dentro de la economía, la crisis es un fenómeno depredador que todo y a todos agrede, y peor aún es el resultado, cuando en algún área las acciones son ineficientes e inoperantes, entonces la crisis socarronamente toma el timón. Así y no obstante que contamos con funcionarios muy capaces, con hábiles ejecutivos, destacados científicos, técnicos y profesionistas dentro de la compleja actividad turística, la crisis, esa persistente crisis, siempre estará tratando de adueñarse del timón, pero de ninguna manera vamos a dejar que nos lo arrebate.
Y para empezar, no estamos de acuerdo con la expresión de un conocido periodista que hizo el siguiente comentario: "Nuestras autoridades tienen mucho interés en impulsar el turismo, pero hay que ver con plena realidad que es mucho lo que se necesita y muy poco lo que tenemos". Ahí es donde no estamos con él. Aclaremos por partes, que "es muy poco lo que tenemos", entonces disponer absolutamente de
uno de los más inmensos, bellos y privilegiados regalos que nos diera la madre naturaleza, como lo es el que nuestra República Mexicana esté circundada por 10 mil kilómetros y, consecuentemente, por una prodigiosa costa de iguales dimensiones, ¿es acaso tener "muy poco"?
No, amigo periodista, discúlpenos, pero: Tenemos demasiado, tanto, que la mayor parte de esos 10 mil kilómetros de costa, aún no la conocemos y lo que es más grave no las trabajamos y, lógicamente, tampoco las explotamos turísticamente.
Durante siglos, milenios o tal vez millones de años, esa fabulosa riqueza costera, con paciencia se fue formando y ahí está, todo el tiempo esperándonos a que planeemos su conquista y a que nos decidamos a explotar esos valiosísimos recursos naturales.
Mortales afortunados aquéllos, y en especial los marinos, que han tenido la oportunidad de navegar por esos contornos, o que han visitado algunas de las muchas playas que bañan y vitalizan: el Océano Pacífico, el Golfo de México, el Golfo de Tehuantepec, el Mar de Cortés, el Mar del Caribe y el Golfo de California, porque todos ellos saben y les consta lo inmensa que es nuestra riqueza marítima y la fabulosa e increíble variedad de paisajes costeros que orlan la placentera figura de nuestra querida República Mexicana.
Para nadie es sorpresivo lo mucho que podemos deleitarnos en nuestras inmensas y variadas llanuras costeñas. Pero si como seres sufridos y aguantadores, no obstante tanta belleza a nuestro alrededor, nos encontramos en el "centro de la incertidumbre"; no dudemos, entonces, en dejar las rutas del silencio, de la indolencia y de la irresponsabilidad y con enérgica decisión entonces, dirijamos nuestros pasos por el productivo "camino de la planeación", la firme estructuración y el dinámico desarrollo de las nuevas posibilidades turísticas. Turísticas, sí, pero en lo adelante y siempre: A la orilla de mar, si así lo decidimos y lo hacemos, adoptemos como lema de reflexión constante las palabras realmente motivadoras de nuestro primer mandatario, señor licenciado, Miguel de la Madrid Hurtado: "En épocas de mayor incertidumbre, es cuando se requiere más aún de la planeación, ya que la planeación, no es un lujo para decorar épocas de auge, sino para hacer un vigoroso y concienzudo enfrentamiento a la recesión económica" y en nuestro caso particular - agregamos nosotros - al desperdicio que por varias generaciones hemos venido haciendo de la más rica y maravillosa fuente de ingresos y bienestar que es: el turismo costero popular.
Verdad es que no una, sino muchas veces, hemos sentido ese natural anhelo de disfrutar del confort, de la elegancia, de la exquisitez, de esos pomposos eventos y servicios de los que con facilidad y muy frecuentemente goza la clase alta o sea la más pudiente económicamente pero todos nosotros y muchos millones más, nos movemos más abajito, es decir que por ser los integrantes de esa masa llamada "fuerza de trabajo" o "fuerza productora", entonces no tenemos tiempo ni dinero suficiente para malgastar. Entonces, aceptemos nuestra condición y hagamos conciencia de que no debemos pensar en "brincar" a alturas que ni podemos, ni nos corresponden. Y si por ser una pesada mayoría, representamos ese tremendo potencial que muchos y muy buenos beneficios puede intercambiar con el "turismo costero popular" en donde siempre nos estarán esperando por ser nuestros, los mayores atractivos que proporcionan los recursos naturales.
Señores integrantes de la mesa número dos; me permito unir a los antecedentes ya expuestos, las disposiciones y facultades que nos otorga la "Ley de Planeación" en su párrafo V, del artículo 1o., el párrafo VI del artículo 2o. La segunda parte del artículo 3o., y los artículos 23, 27 y 28, para sugerir con todo respeto y animado por los mejores deseos de contribuir porque sea una realidad del desarrollo de la productiva "tarea turística costera - popular".
PRIMERA FASE
- A las HH. autoridades federales y estatales;
- A los distinguidos funcionarios públicos y privados;
- A los dirigentes sociales;
- A los empresarios industriales y comerciales;
- A los técnicos y profesionistas;
- A los periodistas, T.V. y radiodifusores, y
- A los publicistas y promotores.
Solicitamos a ustedes muy cordialmente que, después de cumplir debidamente con las responsabilidades del trabajo, de estudio, de la familia, y de la sociedad, nos unamos todos para levantar, hasta donde las buenas intenciones y los ímpetus nos lo permitan, esa agradable "carga de trabajo" que en lo adelante ha de ser: "el turismo costero - popular" y el cual tiene como:
Objetivo único: Hacer más placentera la vida de todos los mexicanos, creando el hábito de concurrir,
tanto a las playas ya conocidas, como a las que aún no lo son y aprovechar en beneficio propio y de la familia, la infinidad de recursos marinos existentes y al menor costo posible.
Lugar de desarrollo: Absolutamente todo a lo largo de los 10 mil kilómetros de que consta el litoral y la costa de la República Mexicana salvo aquellas partes que no lo permita la inaccesibilidad.
Temporada de actividades: Antes, durante y posterior al verano, todo el año, todo el tiempo, excluyendo únicamente días de mal tiempo.
Patrocinadores efectivos: El Gobierno Federal y los estatales.
Vigilancia y seguridad: A cargo de la Secretaría de Marina, La Secretaría de la Defensa Nacional, las direcciones de seguridad pública de cada estado.
Estructuración y conducción del programa anual de actividades: Con las facultades de la ley del ramo y sus respectivos reglamentos, serán responsables (previa nominación).
- El consejo o comisión nacional de turismo costero - popular;
- El consejo o comisión estatal de turismo costero - popular;
- El comité o regidor municipal de turismo costero - popular, y
- Un promotor técnico (o profesional) local y a tiempo completo en cada playa.
Turistas o participantes: Todos los mexicanos, miembros de las federaciones y sindicatos, trabajadores al servicio del Estado, asociaciones deportivas, sociales, artísticas y culturales, organizaciones campesinas, instituciones educativas, clubes de servicio y, además, grupos de turistas extranjeros.
Promoción: Bajo la dirección y coordinación técnica - publicitaria de los consejos, comités, regidores o promotores, contribuirán con sus recursos materiales y económicos, en proporciones adecuadas:
- Los medios de difusión masiva (prensa, radio, T.V., cine);
- Los productores y distribuidores de cervezas y refrescos;
- Los productores y distribuidores de toda clase de productos de consumo nacional, y
- Todos los comerciantes y artesanos que operen en los centros turísticos, municipios - costeros o directamente en las playas.
Instalaciones o infraestructura: A partir de "cero" en las playas vírgenes o no popularizadas.
- En los centros turísticos (costeros) se aprovechará lo ya existente y gradualmente se le deberá dotar de lo que sea más necesario y moderno.
Cuadro de eventos: Considerando que un buen promotor o animador de playa, lo único que necesita es gente, su criterio y habilidad organizativa puede cosechar buenos logros iniciándose con los juegos más simples y ya conocidos, pero con la participación general.
En lo siguiente y para mayor interés en el desarrollo del turismo costero - popular deberán contemplarse las siguientes actividades:
Exploración, coleccionismo, fotografía, escalamiento, pesca, buceo, esquí acuático, surf, campamentos, lunadas, tertulias, construcción y vuelo de cometas, náutica - modelismo, aéromodelismo, arquitectura y escultura infantil playera, volibol, pentatlón, equitación, carreras de autos y motos, juegos chuscos, pantomimas, cabotaje, concurso para elegir la "sirena municipal", la "sirena estatal", la "sirena nacional" y habrá muchos otros eventos o actividades, que el promotor o animador pueda idear y organizar, de acuerdo a su aérea de trabajo (playa) y a sus participantes (turistas).
Agenda de actividades: Será formulada en cada caso, con toda oportunidad y en cuanto el promotor considere como un viable éxito, la organización y el desarrollo de las actividades con la segura participación de sus turistas invitados.
Sistema: Con el debido asesoramiento de SEDUE, el promotor o animador de playa, habrá de elaborar, su estudio, lo unirá a sus propias recomendaciones o sugerencias, sobre fechas y eventos más probables; así como la relación y el orden en que podrán participar los diferentes "grupos de turistas" y lo enviará para su debida autorización y ajustes consecuentes, al consejo o comité inmediato superior, hasta hacerlo del conocimiento superior.
SEGUNDA FASE
En el futuro, con la actividad y el aprovechamiento del potencial marítimo depositado en nuestras costas y también con la aplicación de técnicas administrativas y promocionales en pro
de una organización o un departamento, de la Secretaría de Turismo, pero dedicado exclusivamente al desarrollo del turismo "costero - popular" traerá indudablemente la elevación y el mejoramiento de los ya actuales centros turísticos que ya funcionan en las más famosas playas nacionales, pero es obvio el descubrimiento, popularización y funcionamiento de otros muchos, tal vez pequeños, otros medianos y, desde luego, mayores, pero que todos y cada uno en su respectiva jurisdicción, proporcionarán la recreatividad "costera - popular", bajo un sistema operativo cuya máxima dirección estará a cargo del "consejo nacional de turismo costero - popular" y en beneficio de los estratos sociales de menores ingresos y mayores necesidades de disfrutar la salud moral y física que solamente a la orilla del mar es posible obtener.
Señores integrantes de esta mesa de trabajo: debo agregar, que por experiencia propia obtenida durante más de 30 años como promotor y organizador de eventos sociales, políticos, deportivos, sindicales y culturales; no sólo de carácter regional, sino estatal, nacional e internacional y conociendo sobradamente las aspiraciones y las diferentes reacciones de nosotros los humanos ante las acciones de carácter participativo y competitivo, ofrezco a ustedes mi más firme y absoluta convicción de que no solamente playas tan hermosas - que se encuentran en mi región - como Cazones, Boca de Lima, Tecolutla, Nautla, El Morro y muchas otras, que se encuentran en la periferia de nuestra República, gustosas cambiarán su abandono, su tristeza y soledad por las incontables toneladas de "animación que habrán de generar sus futuros visitantes.
Y siendo lo lógico que este bien planeado avance habrá de suscitar reformas a la ley y nuevos conceptos legislativos y, desde luego, la adopción de actualizados y cuidadosos sistemas administrativos, se deberá considerar como importante el que las escuelas de turismo consideren la creación de carreras cada vez más necesarias, tales como: promotor técnico en animación de playas o licenciado en administración turística costera - popular.
Señores, como un optimista corolario, considero que cada uno de nosotros, con su facultad pensante y dinámica de acción, somos una poderosa unidad generadora de energía, la que junto al mismo tipo de alegría que produzcan muchos millones de mexicanos contentos y felices, haremos surgir y tendremos nuestra propia y radiante "aurora turística".
Agradezco su atención y felicidades señores. - Mazatlán, Sinaloa, agosto 7 de 1987. - Simón Villegas Becerra.»
Compañeros diputados: Con las facultades que me otorga la fracción II, del artículo 71 de la Constitución General de la República y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contando además con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, proponemos ante esta honorable soberanía la siguiente
«INICIATIVA DE LEY DE REFORMA Y ADICIONES AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL FRACCIÓN III, INCISO i), AGREGANDO UN INCISO j), QUE CONTEMPLARA LO QUE EN ESTOS MOMENTOS DICE EL i) ASÍ COMO ADICIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DE PLANEACIÓN Y QUE SE REFIERE A LA CREACIÓN DE UN REGIDOR EXCLUSIVAMENTE DE TURISMO EN LOS MUNICIPIOS COSTEROS POR LAS RAZONES YA EXPUESTAS
Artículo 115..................................................................
I a III.........................................................................
a) a h)..........................................................................
i) Turismo.....................................................................
j) Los demás que las legislaturas locales determinen, etcétera.
IV.............................................................................
a) a c)........................................................................
V a VII........................................................................
Artículo 3o. De la Ley de Planeación.
Fracción II, se adiciona en los siguientes términos:
II. El turismo costero popular es de urgente implementación y constará de dos fases, a saber:
Primera fase. Se hace una excitativa a las autoridades federales estatales y municipales.
A los distinguidos funcionarios públicos y privados;
A los dirigentes sociales;
A empresarios, industriales y comerciantes;
A los técnicos y profesionistas;
A los periodistas de T.V. y radiodifusores, y
A los publicistas y promotores.
A coadyuvar en la promoción del turismo costero - popular, teniendo como objetivo único, hacer más placentera la vida de todos los mexicanos, creando el hábito de concurrir, tanto a las playas ya conocidas como a las que aún no lo son y aprovechar en beneficio propio y de la familia, la infinidad de recursos marinos existentes y al menor costo posible.
Para lograr tales fines, hay que avocarse de inmediato al logro de las siguientes metas:
1o. Lugares de desarrollo.
2o. Temporada de actividades.
3o. Patrocinadores efectivos.
4o. Vigilancia y seguridad.
5o. Estructuración y conducción del programa anual de actividades.
6o. Turistas o participantes.
7o. Promoción.
8o. Instalaciones o infraestructuras.
9o. Cuadro de eventos.
10 Agenda de actividades, y
11 Sistema.
Segunda fase. En el futuro, con la actividad y el aprovechamiento del potencial marítimo depositado en nuestras costas y también con la aplicación de técnicas administrativas y promocionales en pro de una organización o un departamento de la Secretaría de Turismo, pero dedicado exclusivamente al desarrollo del turismo costero - popular, traerá indudablemente la elevación y el mejoramiento de los ya actuales centros turísticos que ya funcionan en las ya famosas playas nacionales, pero es obvio el descubrimiento, popularización y funcionamiento de otros muchos, tal vez pequeños, otros medianos y desde luego mayores pero que todos y cada uno en su respectiva jurisdicción, proporcionarán la recreatividad costera - popular, bajo un sistema operativo cuya máxima dirección estará a cargo del "Consejo Nacional de Turismo Costero - Popular" y en beneficio de los estratos sociales de menores ingresos y mayores necesidades de disfrutar la salud moral y física que solamente a la orilla del mar es posible obtener.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados, noviembre 3 de 1987. Diputados: Nabor Camacho Nava, Carlos Enrique Cantú Rosas, Reyes Fuentes García, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera, Enrique Bermúdez Olvera, Jorge Cárdenas González, María de la Luz Gama Santillán.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el C. diputado Humberto Ramírez Rebolledo para presentar una iniciativa.
El C. Humberto Enrique Ramírez Rebolledo: - La Ley del Impuesto sobre la Renta ha sido objeto de muchas modificaciones, ejemplo de ella es la última que se aprobó por esta Asamblea a propuestas del señor Subsecretario de Ingresos, cambiándole toda su estructura, intentando volverla más justa; por lo menos, eso es lo que dice en su exposición el señor sub - secretario, de ponerla a tono con la inflación y de que no signifique un atraso en la evolución de las finanzas públicas, la lentitud como se ha ido adecuando. Más, sin embargo, la otra parte importante de las finanzas públicas que la constituye el impuesto indirecto, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo, que se llama actualmente Impuesto al Valor Agregado y antes de su vigencia se llamaba el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles. De hecho, ha sido solamente modificado para dejar sin efecto lo que significaba el adelanto al implantarlo, que era evitar la acumulación en todas las etapas del ciclo económico de su causación.
Ahora tenemos un Impuesto al Valor Agregado, que se dice que es eso, pero que en la práctica no es más que un impuesto al consumo directo. Ahora tenemos un impuesto que se llama al Valor Agregado y que no es más que un impuesto igual al de Ingresos Mercantiles que se causa en cada una de las etapas del ciclo económico, sea producción o sea distribución o venta y que el
efecto acumulativo del costo y del mayor precio, se da en cada una de estas etapas.
Ahora tenemos un Impuesto al Valor Agregado que no es ni siquiera lo que se intentó allá por 1978, cuando se propone y que se puso en práctica en 1980; un impuesto que tratara de remediar la inequidad que resultaba del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, por más de 30 años operado y que había sido objeto de muchas reformas y de muchas modificaciones, en la mayoría de ellas buscando hacerlo más eficiente y en la práctica lo que se lograba era dificultar su aprovechamiento para las finanzas públicas y se convertía en losa, en carga mayor para los ingresos de los consumidores, que al final de cuentas somos los que pagamos estos tipos de impuestos indirectos o impuestos a las ventas o impuestos al consumo.
Por está razón, porque realmente el IVA ya no existe más que en el nombre y es un impuesto equivalente a uno sobre las ventas o al consumido directamente al igual que el viejo Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, vengo ante esta Asamblea a presentar una iniciativa que intenta devolver el significado al Impuesto al Valor Agregado, reconociendo las ventajas que en su inicio tuvo y que intenta volver a darle una causalidad de justicia, desde el punto de vista de los diferentes sectores que pagamos el impuesto en términos de equidad y de generalidad.
«Honorable Cámara de Diputados: La Ley del Impuesto al Valor Agregado constituye la parte de la estructura fiscal mexicana que debe revisarse a profundidad en su concepción y en su aplicación, por esta Asamblea legislativa.
Con este propósito general, queremos proponer, basados en un análisis sobre la realidad del Impuesto al Valor Agregado, elementos para encauzar una solución que resuelva la injusticia general que representa el IVA, para los que trabajamos para vivir y vivimos trabajando y que somos la gran mayoría de los mexicanos sujetos al yugo que representan los topes salariales impuestos por el gobierno.
En este tenor, pueden distinguirse tres grandes efectos resultantes de su actual estructura y aplicación:
1o. Un efecto inflacionario.
2o. Un efecto promotor de evasión fiscal.
3o. La destrucción del concepto original del IVA.
En 1978, cuando se aprobó la ley que establecía el Impuesto al Valor Agregado, se argumentaron por parte del Ejecutivo Federal razones que justificaban plenamente su implantación, substituyendo al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. Las más importantes fueron:
- Eliminar el efecto "cascada" que se daba en el ISIM, es decir, que debía pagarse en cada una de las etapas de producción y comercialización y que en todas ellas aumentaba los costos y los precios al causarse repetidamente el impuesto, efecto que quedaba totalmente oculto en el precio de los bienes y servicios. Es decir, eliminar el efecto inflacionario causado por vía fiscal.
- Evitar el efecto acumulativo y la consecuencia grave de afectar más severamente a bienes que consume la mayoría de la población que son producidos y distribuidos por empresas medianas y pequeñas que tienen que recurrir a otros productores o intermediarios para completar su ciclo económico, lo que significa más etapas en que se causa el impuesto al consumo o a la venta, y por lo tanto, mayores costos y mayores precios trasladados al consumidor.
- Evitar el establecimiento de tasas especiales más altas a la general de la ley, por los defectos en su aplicación o por un efecto motivador de la importación o el contrabando de bienes extranjeros.
- Eliminar la desigualdad en la carga fiscal que hace desaparecer la ventaja competitiva de las empresas mayores frente a las menores.
- Con el establecimiento del IVA, resultará la misma carga fiscal para los bienes por los que deba pagarse, independientemente del número de etapas en el ciclo.
Antes estas razones, la iniciativa que propuso la creación del IVA exigía:
"En el nuevo sistema es indispensable, para evitar el efecto acumulativo del impuesto, que éste sea trasladado expresamente y no se oculte en el precio".
Así se aprobó por esta Cámara de Diputados y se puso en vigor el 1o. de enero de 1980, teniendo vigencia la disposición de trasladar en forma expresa el IVA, distinguiéndolo del precio del bien o servicio hasta el 31 de diciembre de 1985. Debemos remarcar que esta característica representaba la piedra total para que operara el nuevo Impuesto al Valor Agregado.
A partir de entonces, el IVA es incluido en el precio, ocultando su efecto fiscal impopular, ya que la población se percataba de que el gobierno
siendo responsable de la inflación, en remate le cobraba como adición un 15% sobre todas sus compras, minimizando aún más sus menguados ingresos.
Esta medida, si bien ocultó el efecto impopular de primera visita, al eliminar el requisito de trasladar el IVA en forma expresa, destruyó las bondades del nuevo sistema que representaba el IVA ya que:
- Se da el efecto en cascada nuevamente, incrementándose de facto la carga inflacionaria - vía mayores costos y precios - pero ahora no a una tasa del 4% - como el ISIM - sino a una tasa 275% mayor, resultando ahora una verdadera causa adicional de inflación en dimensiones y en efecto sobre la economía familiar.
- Desaparece por efecto de esta "cascada del IVA" la argumentada equidad para los consumos de las mayorías de menores ingresos ya que se da de nueva cuenta la presión sobre los costos y precios en todas las etapas de la producción e intermediación, resultando mayores precios al último consumidor.
- Se incrementa al mismo tiempo la tasa general del 10% al 15%, provocando una sinergía negativa sobre la inflación, olvidándose de la razón argumentada en la ley que creó el IVA de que se establecía la tasa del 10% para que no significara el nuevo impuesto una presión injusta a los niveles de precios. Así lo reconoció el Ejecutivo y así lo olvidó posteriormente.
- Fomenta la evasión fiscal, ya que de hecho el consumidor ante la disyuntiva de obtener un comprobante por su compra - sea éste consumidor fiscal o intermedio - pagando un 15% adicional opta por no solicitar tal comprobante o factura - evitando así el pago de un segundo IVA, porque todos sabemos que en el precio nos han incluido el primer IVA - y permite que esa operación no sea registrada y este hecho, con mucha certeza se convierte posteriormente en atractivo para no declararla y así evadir el pago del impuesto por quien acatando una ley injusta lo cobra aunque no lo entere.
En conclusión, tenemos que le doble efecto de incrementar la tasa del IVA al 15% e incluirlo en el precio, ocultando su efecto fiscal al consumidor, ha resultado en:
1o. Incremento substancial en las presiones inflacionarias.
2o. Fomento en la evasión fiscal.
3o. Destrucción total del concepto original del Impuesto al Valor Agregado.
Por ello, queremos proponer a esta Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la ley actual para restituirle el concepto perdido y disminuir la presión inflacionaria originada por este impuesto, estableciendo nuevamente el traslado expreso del IVA y reduciendo las tasas del 15% y 6% que se aplican actualmente al nivel del 4%.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de nuestra patria, me permito someter a esta Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o. y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
"Artículo 1o..................................................................
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 4% ..........................
El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o quien temporalmente, reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley."
"Artículo 32..................................................................
I y II.........................................................................
III. Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, el Impuesto al Valor Agregado que se traslada expresamente y por separado...................."
Artículo segundo. Se reforma el artículo 2o. en su párrafo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
"Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 4% a los valores que señala esta
ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en las franjas fronterizas ............"
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados a 3 de noviembre de 1987. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Humberto Enrique Ramírez Rebolledo.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ADICIÓN AL ARTÍCULO 62 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Angel Aguirre para presentar una iniciativa.
El C. José Angel Aguirre Romero: - Señoras y señores diputados: Los sistemas sociales y políticos son una realidad perfectible y, en nuestra nación, en constante proceso de construcción.
En la época prehispánica nuestros antepasados tenían sistemas avanzados de organización social. A la llegada de los españoles, establecieron tres siglos de opresión y oscurantismo que el pueblo mexicano, encabezado por Miguel Hidalgo y por Morelos, rompió a principios del pasado siglo.
A partir de entonces nuestro sistema social y político ha venido perfeccionándose constantemente, aunque por un camino no siempre recto ni ascendente.
Indudablemente el estallido revolucionario de 1910 es un jalón importante en el camino, y más aún la Constitución de 1917. Sin embargo, nuestro sistema social y político no es una realidad acabada: su perfeccionamiento continúa.
Así lo reconocieron los legisladores que en 1962 crearon los "diputados de partido". En la exposición de motivos de aquellas reformas constitucionales se asienta textualmente: "El pueblo de México se encuentra en una etapa de perfeccionamiento de sus propios sistemas sociales".
Cuando años más tarde, en 1971, los legisladores ampliaron el sistema de "diputados de partidos", se lee en la exposición de motivos lo siguiente: "Nuestro sistema político se ha venido perfeccionando constantemente".
En 1977, el entonces Presidente José López Portillo decía a los legisladores: "Entendemos la democracia como compromiso fundamental y como fórmula para lograr un orden jurídico aplicable a mayorías y minorías, que es base de la unidad y de respeto a la diversidad" ... "De ahí que consideramos que en la esencia de esta forma de gobierno está el actualizarse y enriquecerse a sí misma, superando los procedimientos que la estorban". "Solo a través de la permanente revisión de su práctica alcanzaremos el perfeccionamiento de las normas que rigen nuestra vida colectiva". Entre muchos otros, este argumento llevó a los legisladores a reformar la Constitución para establecer el sistema de "diputados de representación proporcional", como uno de los razgos de la reforma política.
El actual Presidente, licenciado Miguel de la Madrid, inicia así la exposición de motivos en que propone cambios constitucionales, conocidos como la renovación electoral: "Iniciamos un nuevo avance en la marcha del pueblo mexicano por la democracia" - y poco adelante afirma - "La preservación de la democracia, su perfeccionamiento, impulsa la construcción del México renovado que nos hemos propuesto alcanzar".
En el mismo sentido de perfeccionar nuestros sistemas, los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores, proponemos al soberano Constituyente Permanente, una iniciativa de adición al artículo 62 de nuestra Constitución Política, estamos seguros que, de aprobarse, se mejorará el sistema de representación de mayorías y minorías en la Cámara de Diputados.
En ocasiones anteriores hemos expuesto ya algunos motivos que hacen necesaria la adición, aquí los ampliaremos:
El antecedente inmediato de los diputados de representación proporcional lo encontramos, en nuestro sistema político nacional, en los llamados "Diputados de partido", existentes a raíz de las reformas constitucionales de 1962. De conformidad a la exposición de motivos de aquellas reformas, los diputados del partido se crearon para permitir el acceso al Congreso de la Unión de las varias corrientes de opinión que actuaban en la República, "Muy principalmente, las que, estando agrupadas en partidos políticos nacionales, actúan orgánicamente". La finalidad era clara; que "Tanto las mayorías como las minorías tuvieran derecho a opinar, a discutir, a votar" constituyéndose un nuevo sistema de representación
"Asentado con firmeza en la realidad nacional" de modo que "Las corrientes de opinión que no tuvieran el respaldo de un número suficiente de ciudadanos para hacerlas respetables, no tuvieran realmente porque estar representadas en el Congreso de la Unión".
Los diputados de partido se crearon pues, en 1962, para que representaran en el Congreso corrientes de opinión que realmente existieran en el país. Su existencia real se comprobaría por medio del voto. Este objetivo inicial y fundamental ha permanecido, y se ha enriquecido a través de las subsecuentes reformas.
En 1972 se amplió el sistema de diputados de partido y la exposición de motivos dice, entre otras cosas: El pueblo mexicano "Estableció en 1963, con perfiles originales, un mecanismo de representación de las minorías en la Cámara de Diputados", el cual "Ha permitido la incorporación de las corrientes minoritarias al trabajo legislativo" "Pero además el procedimiento se ha traducido en un avance político general: Los ciudadanos están adquiriendo la confianza de que sus opciones ideológicas tienen la posibilidad real de manifestarse en el recinto parlamentario".
El principio de que los diputados de partido representan una organización (partido) realmente existente en el seno del pueblo y lo hacen no por decisión propia, sino por voluntad popular expresada a través del voto, se expresa más claramente aún al crearse los diputados de representación proporcional con las reformas constitucionales de 1977. En esta ocasión, el legislador afirma que con las reformas "Se obtendrá una representación para las minorías, de acuerdo a su número, y se logrará que sus ideas puedan contar, cuando las mayorías adopten decisiones" añade más adelante: "Elevar a la jerarquía del texto constitucional la normación de los partidos políticos, asegura su presencia (de los partidos políticos) como factores determinantes en el ejercicio de la soberanía popular". "Los partidos políticos aparecen conceptuados en el texto de la adición como entidades cuyo fin consiste en promover la participación del pueblo y en hacer posible, mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto, el acceso a los ciudadanos a la representación popular, de acuerdo con los programas y principios que postulan".
Pero es sin duda en la exposición de motivos que nos llevaron a nosotros mismos como parte del Constituyente Permanente a modificar la Constitución apenas el año pasado, donde el principio que venimos tratando se expresa con más claridad, asentándose una diferencia bien definida entre los diputados electos por el principio de mayoría y los electos mediante el sistema de listas regionales. En las fojas XXVII, XXV y XXVIII de la exposición de motivos de la iniciativa leemos: "El principio de mayoría actúa, desde luego, en exclusiva, en los distritos uninominales. En virtud de su operación el electorado del distrito identifica candidatos y fórmulas, no sólo idearios y plataformas". En cambio, gracias al sistema de representación proporcional, "Los votantes podrán así optar con mayor profundidad y exactitud entre las alternativas que les ofrecen los partidos, contrastándolas y eligiendo entre ellas" votando tras haber "Identificado las distintas alternativas que ofrecen los partidos, en razón de los principios, programas e ideas que postulan", pudiendo hacer llegar por ese medio a la Cámara aun a diputados del partido mayoritario.
En resumen: Los diputados de representación proporcional llegan al Congreso para garantizar la presencia en él de la ideología y los principios de un partido político determinado y representan esa ideología y esos principios en la Cámara, no por voluntad propia, sino por un mandato popular expresado a través del voto.
La historia de los cortos años de vigencia de los diputados de partido, luego llamados diputados de representación proporcional, demuestra que por una laguna legal, que tenemos la obligación de cubrir cuanto antes, los individuos pueden viciar por propia voluntad, por simple capricho, o por las razones individuales que se aduzcan, la voluntad popular, pero no sólo vician la voluntad del pueblo expresada en los votos: la traicionan y la cambian a placer. Así, si el pueblo decidió que un partido determinado tuviera un número bien definido de diputados en la Cámara durante tres años, de repente vemos que ese partido tiene en la Cámara más o menos diputados de los que el pueblo manda, y hay muchas aquí que piensan que porque dos o tres individuos olvidan el mandato popular, los partidos y sus fracciones parlamentarias se debilitan o fortalecen, cuando el pueblo ya fijó por tres años la fuerza de cada quien en el seno del Congreso.
En varias ocasiones, una en este mismo período de sesiones, el Partido Socialista de los Trabajadores ha expresado con claridad en esta tribuna que es indispensable suprimir la laguna que permite que la decisión individual de un diputado cambie en la práctica el mandato popular. En esta ocasión los diputados del PST venimos a proponer una adición al artículo 62 constitucional para subsanarla.
Entendemos que no será posible, suprimir la posibilidad real de cualquier individuo a cambiar
como veleta, al soplo del menor viento, su rumbo, su ideología y su partido. Hasta podemos aceptar la hipótesis de que alguien tenga que cambiar por principios, por convencimiento o por descubrir al fin la realidad, pero no es posible permitir que una decisión individual, por motivada, razonada y válida que pueda ser, cambie de hecho la voluntad popular, por eso se propone asentar en la Constitución que si un diputado de representación proporcional renuncia al partido que lo postuló, o es expulsado del mismo, cesará de inmediato en sus funciones de diputado, viniendo a reemplazarlo el candidato fiel a su partido que siga en el orden de las listas regionales respectivas, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.
Afirmamos que esta adición no atenta para nada contra el derecho de los partidos políticos a fusionarse o tomar las decisiones internas que crean necesarias o convenientes, pues sólo sería para normar un régimen interno de la Cámara de Diputados: Si dos o más partidos se fusionan, por ejemplo, sus integrantes que sean al mismo tiempo diputados, podrán formar parte del partido resultante, pero durante el período de su encargo como diputados, en el interior de la Cámara a que pertenecen, deberán seguir actuando bajo los principios y siglas que el electorado determinó. En un a nueva legislatura el pueblo dará nuevas órdenes a través de su voto. Tampoco limita esta adición la posibilidad que fracciones parlamentarias diferentes actúen, argumenten o voten en conjunto. Esto es una práctica común que no tiene que ver forzosamente con la pertenencia a tal o cual partido representado en la Cámara.
Por lo anteriormente expuesto, con las facultades que nos otorga la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Política, los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores, nos permitimos proponer por su conducto a la consideración del soberano Constituyente Permanente, la presente
INICIATIVA DE ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Para tal efecto proponemos se expida el siguiente
DECRETO
Unico. Se adiciona un párrafo al artículo 62 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 62..................................................
Los diputados electos según el principio de representación proporcional, no podrán renunciar al partido mediante el cual llegaron a la Cámara de Diputados; de hacerlo así cesarán en sus funciones de diputado. También cesarán en dichas funciones los diputados que sean expulsados del partido en cuyas listas regionales aparecieron para ser electos. La vacante se cubrirá en la forma estipulada por la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución."
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del PST: Diputados Jorge Amador Amador, José Angel Aguirre Romero, Magdalena García Rosas.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL ISSSTE
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jaime Castellanos Franco para presentar una iniciativa.
El C. Jaime Castellanos Franco: - «Señor presidente, compañeros diputados: la fracción parlamentaria del PARM por mi conducto, aborda esta H. tribuna de la nación, para proponer una iniciativa que modifique en cierta forma los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, por las razones y motivos que a continuación se expresan:
El 5 de febrero de 1917, los Constituyentes de Querétaro dieron a luz uno de los documentos de mayor importancia en la historia contemporánea de nuestro país; la Constitución Político - Social de los Estados Unidos Mexicanos.
Posteriormente, la Carta Magna ha sido rectora suprema del desarrollo general de México, porque al mismo tiempo que estableció las bases de la organización del Estado Mexicano, señaló también
las directrices fundamentales para orientar la actividad de todos los mexicanos dentro de un marco de libertad y de justicia social.
En el texto de esta nueva teoría, fundamentalmente se consagran las garantías sociales y entre ellas las garantías del individuo como tal, por lo que nuestro Código Supremo elevó al rango constitucional los derechos del individuo como persona y como integrante de grupos sociales.
Dentro de la teoría constitucional y en el artículo 4o. se expresan con claridad los derechos y obligaciones igualitarios ante la ley del varón y la mujer, con el afán y la mira a la organización y el desarrollo de la familia.
Por otro lado, el artículo 123 constitucional en su apartado A inciso v), establece algunas consideraciones para las mujeres trabajadoras durante el embarazo, para que no realice trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo, en el período de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
Con base a esta consideración hacia la mujer trabajadora, debemos desterrar la idea tradicional de la mujer casi como un objeto y sujeta al hogar en donde, a pesar de sus grandes esfuerzos, sacrificios y formas diversas de abnegación, jamás recibí un estímulo o reconocimiento. En nuestro mundo contemporáneo, debemos ser más humanizados y hacer de la mujer una personalidad del todo definida, en todos sus derechos de igualdad junto al hombre, competidora en muchos campos del saber y del quehacer humano.
Compañeros diputados: Reconozcamos a la mujer como fundamento y eje del núcleo familiar y social, para razonar y, en su caso, aprobar unánimamente la iniciativa de modificación a los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley del ISSSTE que estoy proponiendo.
En el trajín diario, a veces rayando en la codicia y en la desenfrenada ambición, los hombres olvidamos a la mujer como madre, esposa, hija, hermana, novia, etcétera; siendo que ella nos merece todos los cuidados, porque será en ella en donde encontraremos los dones más altos de la humanidad: la ternura y el amor.
La mujer es, no sólo el fundamento, sino también el eje de la familia y de la sociedad. Los mismos cuidados y el amor que le ha dado al hijo desde antes de nacer y durante los primeros años de la vida, se reflejarán en la personalidad del niño, del joven y del adulto y el mismo amor que los hijos han aprendido a sentir por la madre, lo tendrán por la patria y por la humanidad.
Reconozcamos que la mujer moderna, sobre todo la trabajadora, lleva sobre sí una doble carga o función que cumplir: los trabajos del hogar que son por demás arduos, pero que los realiza con profunda satisfacción para bien de la familia y para los seres queridos, pensando siempre que es la madre y generadora de las nuevas generaciones. Reconozcamos también que la mujer mexicana que se desempeña en actividades ejecutivas, en la iniciativa privada y en las esferas de gobierno, ha demostrado plenamente su capacidad, su inteligencia y habilidad para cumplir con gran sentido de responsabilidad.
Por estas, y muchas razones más, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propone ante esta H. soberanía, la modificación a la Ley del ISSSTE en sus artículos 60, 61, 63 y 64.
Pensión por jubilación
Artículo 60. (Actualmente en vigor). Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad.
La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en el que el trabajador hubiere disfrutado el último sueldo antes de causar baja.
Modificación que se propone:
Artículo 60. Tiene derecho a la pensión por jubilación los trabajadores varones con 30 años o más de servicios y las mujeres con 25 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad.
La pensión por jubilación para el trabajador de ambos sexos dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% de sueldo y demás percepciones,
como si estuviese en servicio activo: por lo que su baja no causará interrupción alguna en sus percepciones económicas.
Modificación que se propone:
Pensión de retiro por edad y tiempos de servicios
Artículo 61. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios los trabajadores que habiendo cumplido 50 años, tuviesen 15 años de servicios los varones y las mujeres que habiendo cumplido 45 años, tuviesen 11 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotizaciones al instituto.
Artículo 63. (Actualmente en vigor). El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:
15 años de servicios 50 %
16 años de servicios 52.5 %
17 años de servicios 55 %
18 años de servicios 57.5 %
19 años de servicios 60 %
20 años de servicios 62.5 %
21 años de servicios 65 %
22 años de servicios 67.5 %
23 años de servicios 70 %
24 años de servicios 72.5 %
25 años de servicios 75 %
26 años de servicios 80 %
27 años de servicios 85 %
28 años de servicios 90 %
29 años de servicios 95 %
Modificación que se propone:
Artículo 63. El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio se determinará de acuerdo con los porcentajes de las dos tablas siguientes:
1a. Tabla para los varones:
15 años de servicios 50 %
16 años de servicios 52.5 %
17 años de servicios 55 %
18 años de servicios 57.5 %
19 años de servicios 60 %
20 años de servicios 62.5 %
21 años de servicios 65 %
22 años de servicios 67.5 %
23 años de servicios 70 %
24 años de servicios 72.5 %
25 años de servicios 75 %
26 años de servicios 80 %
27 años de servicios 85 %
28 años de servicios 90 %
29 años de servicios 95 %
2a. Tabla para las mujeres:
11 años de servicios 52.5 %
12 años de servicios 55 %
13 años de servicios 57.5 %
14 años de servicios 60 %
15 años de servicios 62 %
16 años de servicios 65 %
17 años de servicios 67 %
18 años de servicios 70 %
19 años de servicios 72.5 %
20 años de servicios 75 %
21 años de servicios 80 %
22 años de servicios 85 %
23 años de servicios 90 %
24 años de servicios 95 %
25 años de servicios 100 %
Artículo 64. (Actualmente en vigor) Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67 y 76 de esta ley y demás relativos, se tomará en cuenta en promedio del sueldo básico disfrutado en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento, dicho promedio constituye el sueldo regulador.
Modificación que se propone:
Artículo 64. El monto de las cantidades que correspondan por pensión serán el equivalente al 100% del sueldo y demás percepciones que reciba el trabajador, al momento de causar baja por este motivo o de su fallecimiento, considerándole todas las prerrogativas de ley, como si estuviese en servicio activo.
Por las razones expuestas al principio de esta iniciativa, me permito una vez más, proponer a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sean reformados los artículos 60, 61, 63 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Sala de sesiones de la Cámara de diputados de la H. Congreso de la Unión, a 3 de noviembre de 1987. - Diputado profesor y licenciado Jaime Castellanos Franco.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Ubaldo Mendoza Ortiz, para presentar una iniciativa sobre modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
El C. Ubaldo Mendoza Ortiz: - Con su permiso, señor presidente. «Honorable Cámara de Diputados: Por las carreteras nacionales transitan más de medio millón de vehículos que trasladan de un lugar a otro alimentos, medicinas, ropa, etcétera, producciones de las diferentes fábricas del país, así como productos extranjeros que se destinan al consumo nacional, como insumos en proceso que proporcionan más trabajo a otros miles de compatriotas.
De este gremio, dependen más de dos millones y medio de personas que subsisten con los sueldos que estos esforzados trabajadores ganan. Estos trabajadores son los operadores del autotransporte del servicio público federal que han hecho de su trabajo una profesión. Trabajan jornadas mayores a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consecuencia, la Ley Federal del Trabajo, marcan como máximo.
Estos trabajadores que transportan miles de toneladas y millones de pesos diariamente en productos, así como a miles de viajeros hacia los cuatro puntos cardinales del país, deben obtener por su esfuerzo y productividad, una mayor retribución.
Sus empleadores, cuando las unidades tienen algún desperfecto mecánico, o están esperando carga en las terminales de las ciudades, no les pagan siquiera los gastos que origina su alimentación, y tampoco, su sueldo pactado; lo cual mengua considerablemente su raquítico ingreso, dándose el caso que después de todo una semana de trabajo y varios días de esperar carga, llegan a sus hogares sin dinero con que solventar los gastos de sus seres queridos; por los que se ven precisados a que cuando hay trabajo, realicen jornadas superiores a las que el organismo humano puede soportar, ya que no existe equidad en su remuneración a el esfuerzo realizado y ninguna autoridad les hace caso cuando se atreven a protestar.
Lamentablemente, solamente son tomados en cuenta sus peticiones, cuando cansados de esperar que se resuelvan sus quejas, realizan paros como recurso extremo para que la autoridad laboral sorda y ciega los escuche.
Estamos seguros que muchos de los accidentes que suceden en las carreteras, se deben a la fatiga así como a las presiones que se acumulan por conducir un vehículo pesado, grande, lento por el peso que lleva, por la responsabilidad en función del tipo de mercancías, el valor tan grande ahora de muchos millones de pesos del vehículo, la inseguridad en las carreteras, la extorsión de las diferentes policías tanto estatales como federales y el deseo muy humano de regresar al seno de su familia.
Contra esas presiones, van adquiriendo algunos hábitos inadecuados como el de tomar pastillas para no dormirse y no sentir el cansancio, y paulatinamente, se van convirtiendo en adictos a esos fármacos de los cuales es muy difícil salirse con todas las secuelas de estados depresivos posteriores y obvios riesgos de accidentes.
Para quienes no usan estimulantes, el cansancio hace presa en sus organismos y en ocasiones es la causa primordial de los accidentes que tiñen de sangre las carreteras de nuestro país, con las consiguientes pérdidas de vidas, propiedades y desamparo de sus familias.
La dirección general de autotransporte federal dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene registrados al 31 de diciembre de 1986 a 348 mil 638 operadores de vehículos, pero andan trabajando fuera de ese control más de 150 mil; muchos sin la experiencia en esta delicada profesión.
La dirección citada, tiene como datos estadísticos que el 10% son fármaco - dependientes, el 90% están atrapados en el tabaquismo, con las consiguientes enfermedades pulmonares, y más del 60% ingiere bebidas alcohólicas, cifras muy altas para la seguridad en la profesión de este importante y productivo gremio.
El artículo 123 constitucional, protege a todos los trabajadores mexicanos, otorgándoles el derecho al trabajo digno, debidamente retribuido, ya que es esta la única forma que tiene un jefe de familia para llevar a su hogar los satisfactores que necesita su familia para vivir decorosamente.
Además, México firmó y ratificó el convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo, el 10 de febrero de 1981, mismo que su parte conducente a la letra, dice:
"Artículo 5o. Uno. No deberá autorizarse a ningún conductor a conducir ininterrumpidamente durante más de cuatro horas como máximo sin hacer una pausa.
Dos. Las autoridades o el organismo competente de cada país, habida cuenta de las condiciones particulares nacionales, podrán autorizar que se sobrepase el período indicado en el párrafo anterior.
Tres. La duración de la pausa a que se refiere el presente artículo, si ha lugar su fraccionamiento deberá determinarse por la autoridad o el organismo competente.
Cuatro. La autoridad o el organismo competente de cada país, podrá precisar los casos en que las disposiciones del presente artículo serán inaplicables por disfrutar los conductores de pausas suficientes en la conducción a consecuencia de interrupciones previstas por el horario o a causa del carácter intermitente de su trabajo."
Basados en lo expuesto anteriormente y tratando de colaborar en la solución de este problema que afecta gravemente al gremio de operadores del autotransporte público federal, queremos proponer en esta iniciativa, una adición al artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo, así como una reforma al artículo 257 de la misma ley, a fin de establecer una jornada máxima de trabajo y reglamentar adecuadamente la remuneración a que tienen derecho estos trabajadores y que deben recibir por su esfuerzo. Atacando e incluyendo en nuestra legislación laboral los convenios internacionales como lo es el convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por lo anteriormente considerado y con fundamento en lo previsto por los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA QUE ADICIONA Y REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 256 de la Ley Federal del Trabajo en vigor.
Artículo 256..................................................................
Los operadores del autotransporte público federal, que sean contratados o presten sus servicios como tales, sólo trabajarán dos jornadas de cinco horas cada una como máximo durante 24 horas.
Se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 257 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, para quedar como sigue:
Artículo 257. El salario se fijará por día, por viaje, por boletos vendidos, por circuito o kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad fija o en una prima o porcentaje, según el caso, sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado en dos o más de estas modalidades sin que ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo profesional.
En los transportes urbanos o de circuitos, así como servicio público federal, los trabajadores tienen derecho a que se les pague el salario y viáticos en los casos de interrupciones del servicio, por causas que no le sean imputables.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los 4 días del mes de noviembre de 1987. Por el grupo
parlamentario de Acción Nacional, Diputado Ubaldo Mendoza Ortiz.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
CÓDIGO PENAL
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Magdalena García, para presentar una iniciativa.
La C. Magdalena García Rosas: - Con su venia, señor presidente.
«Iniciativa de decreto para adicionar el artículo 141 bis al Código Penal para el distrito en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del fuero federal.
Señoras y señores diputados: Nuevamente se tratará en esta tribuna el caso de las elecciones de Coahuila. En esta ocasión los sucesos reales, concretos, demostrables y demostrados, me servirán para fundamentar una iniciativa de ley que es indispensable aprobar cuanto antes; las leyes son justas y aplicables sólo cuando responden a la necesidad del pueblo, de una sociedad determinada, y las necesidades populares exigen respuesta política a través de la promulgación de leyes o adecuación de las vigentes.
No hace falta abundar en las modalidades que las prácticas electorales tienen en nuestra patria. Las conocemos muy bien, aunque no las reconozcamos públicamente. Sólo diré: el fraude electoral ha existido en México desde el siglo pasado. El gobierno de Porfirio Díaz lo practicaba. La lucha popular meramente electoral tiene una larga historia de derrotas. la simple lucha electoral no pudo derrotar al gobierno de Porfirio Díaz.
Pero el pueblo conquistó desde tiempo de don José María Morelos su soberanía y el inalienable derecho de darse la forma de gobierno que prefiera. Ese derecho lo ejerció el pueblo a partir de 1910 por vías no electorales. Y por esas vías su lucha fue victoriosa.
Aún con las armas en las manos, el pueblo llevó al poder gobiernos con la mayor legitimidad de gobierno alguno haya tenido en el presente siglo. Los gobiernos de Carranza, Obregón y calles tuvieron votos, sí, pero su legitimidad estaba dada por el pueblo en armas desde antes.
Un pueblo con una larga experiencia de derrotas en el terreno electoral y una riquísima experiencia de luchas armadas, además triunfantes, fácilmente se lanza a las calles y utiliza la violencia cuando ve escamoteado su voto. En estos momentos, esas actitudes sólo favorecerían al imperialismo y a la reacción interna. Es obligación de las fuerzas progresistas y populares, y de todo aquel que sea o quiera pertenecer a ellas, hacer todo lo posible para que la experiencia histórica de la lucha armada victoriosa la pueda transformar el pueblo en lucha electoral triunfante.
Muchas inercias se oponen a esa transformación. Las elecciones del próximo pasado domingo 25 de octubre, en Coahuila lo demuestran plenamente. Las arraigadas prácticas de los procesos electorales, prácticas viciadas y fraudulentas, están muy lejos de ser suprimidas.
El aparato electoral viciado, con vida y facultades de decisión propias, es maquinaria de fraude desde los tiempos de Porfirio Díaz. No se puede cambiar de un día para otro. La maquinaria, en general, sigue siendo la misma, pese a los esfuerzos de modernidad que sólo cambian su exterior, no su estructura interna, y tiene tantos años de hacer trampa que, a pesar de las órdenes en contrario, vuelve a caer en lo de siempre y comete fraudes que no hacen sino perjudicar a aquellos a quienes pretende beneficiar. Fueron tan evidentes las torpezas de tantos funcionarios electorales en el municipio de Saltillo, por ejemplo, que en él restaron ya legitimidad al triunfo del licenciado Mendoza Berrueto como Gobernador electo y arrojan serias dudas sobre la legitimidad de la proclamación de cualquier candidato como presidente municipal de Saltillo.
Los elementos que configuran un fraude electoral capaz de anular la legitimidad de cualquier candidato a ocupar la presidencia del ayuntamiento de Saltillo, siguiendo con este caso concreto, son los siguientes: De 202 casillas existentes en el municipio de Saltillo, tienen causales de nulidad demostrados por el PST 59, con protestas y pruebas presentadas en su tiempo y forma ante las autoridades electorales que la ley en la materia determina.
De esas 59 casillas, en 31 los representantes del PST, o no fueron aceptados, o se les retiró durante el transcurso de la votación o no se les entregaron actas de escrutinio.
Hay constancia irrecusables, hasta con nombres de tres individuos que, exhibiéndose como funcionarios electorales, fueron los principales causantes de esa irregularidad. La razón para impedir la presencia de representantes del PST, en las casillas es muy clara: no querían los funcionarios electorales que se multiplicaran los sucesos de las
casillas 79 y 103, donde notarios públicos dieron fe, fe pública de la que ninguna autoridad puede dudar, de robo de boletas electorales para cruzarlas a favor del PRI y luego depositarlas en "tacos" en las urnas de ésas o de otras casillas. No sólo hay actas notariales, existen fotografías que ilustran las mismas.
No hubo violencia generalizada, cierto, en cambio abundan las pruebas del fraude que hicieron funcionarios electorales. Insistimos, lo hicieron funcionarios electorales con ayuda de algunos ciudadanos sin cargos de ese tipo. No importa si éstos o aquéllos eran o no militantes del PRI. Quienes sean los culpables del fraude no cambia en nada la terca realidad, que sólo es una: Funcionarios electorales mancharon la limpieza de las elecciones en Coahuila.
A todos, al Partido Revolucionario Institucional, al gobierno en funciones en Coahuila, al gobierno que tomará posesión en breve, al pueblo, a todos les conviene, les es necesario, arreglar esta situación. Esperemos que el Colegio Electoral del estado en cuestión encuentre solución al grave problema aquí planteado.
Independientemente de lo que resuelva el Colegio Electoral de Coahuila, queremos resaltar lo sucedido en una casilla del municipio de Saltillo, la número 103 concretamente. En esa casilla se sorprendió a los delincuentes en el momento de cometer fraude electoral. Las acciones y sus resultados estuvieron a la vista, con pruebas gráficas y notariales. El delito se hizo evidente, pero ninguna autoridad judicial se ha atrevido a actuar. No ha habido forma de aplicar las sanciones legales a los delincuentes. Esto mismo va a pasar, multiplicando, en las próximas y ya cercanas elecciones federales si no tomamos medidas a tiempo.
Al igual que en Saltillo, funcionarios menores cometerán mil fraudes si no los detenemos a tiempo. Ni declaraciones de candidatos presidenciales, no exhortos de dirigentes partidarios, incluidos los del PRI, ni las sanciones estipuladas en el Código Federal Electoral, serán suficientes para detener a más de 400 mil funcionarios electorales entre los cuales hay muchos que desde hace 30 años o más han venido haciendo fraudes, al grado que ya los hacen por su propia cuenta y riesgo. Hasta ahora no se sabe de ningún funcionario electoral que haya sido sancionado, penado, por cometer delitos electorales. Hay imposibilidad práctica para aplicarles las penas. Los casos registrados en el municipio de Saltillo que aquí reseñamos, son muy ilustrativos al respecto.
La razón de esa imposibilidad práctica es sólo, una: El delito no está tipificando en el Código Penal. las autoridades judiciales sienten que el asunto no es de competencia y las autoridades electorales no pueden juzgar delitos ni imponer penas, fuera de nulidades de actos electorales. En tanto la sensibilidad política de las autoridades de Coahuila atienden correctamente el problema electoral de allá, nosotros, diputados federales, depositarios de la soberanía y representación popular, sin dejar de observar con atención y aun vigilar e intervenir respetando los principios del federalismo para la correcta actuación de la entidad federativa de Coahuila, debemos tomar medidas para que en adelante los delitos relacionados con la actividad electoral sean efectivamente sancionados conforme a derecho.
Por tal motivo, con la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores proponemos la siguiente.
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO IX AL TÍTULO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL
Artículo primero. Se adiciona el Capítulo IX al título primero del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal para quedar como sigue:
CAPITULO IX
Fraude Electoral
Artículo 141 - bis. Cometerá el delito de fraude electoral quien incurra en algunas de las acciones u omisiones de las que se hablan en el capítulo único del título tercero del Código Federal Electoral, en sus artículos 340 al 351.
Las sanciones que los jueces deberán imponer son las que se determinan en el Código Federal Electoral en el título, capítulo y los artículos mencionados.
Artículo segundo. Al actual capítulo IX del título primero del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se le dará el número X.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente, los diputados de la fracción parlamentaria del PST. Rúbricas.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Justicia.
VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y LA LEY DE EXPROPIACIÓN
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alejandro Encinas, para presentar una iniciativa de ley.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez: - Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: He solicitado el uso de la palabra para presentar una iniciativa de decreto que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Expropiación, para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de huelga, a nombre del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, cuya exposición de motivos dice los siguiente:
En enero de 1917, durante la discusión del artículo 123 constitucional, el diputado Cano señalaba: " las huelgas por muy pacíficas que sean, como la mayor parte de todos los industriales o dueños de industrias, están en relación muy directa con las autoridades de los lugares, casi siempre, cuando estas no pueden contrarrestarse de una manera directa la manifestación de los trabajadores, siempre recurren una salida: son trastornadores del orden público". En efecto, todavía 70 años después de ser elevado el derecho de huelga al rango de garantía social, las autoridades con el argumento de que los trabajadores alteran el orden público o atentan contra la "Seguridad del país, la economía, las vías generales de comunicación o los medios de transporte", continúan anulando el ejercicio del derecho de huelga de sectores importantes de trabajadores de nuestro país.
No obstante que la Comisión General de la república señala que las garantías individuales y sociales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos que en ella misma se establezcan, y que en su artículo 29 se señalan con precisión los únicos casos de excepción y el procedimiento al que se tiene que recurrir para restringir y suspender derechos, las autoridades han recurrido como supuesto fundamento de la violación al derecho de huelga, a disposiciones secundarias, las cuales se han impuesto por encima de la norma constitucional, trastornando con esto el orden jurídico nacional.
En los últimos años ha sido recurrente la aplicación por parte del Ejecutivo Federal de la llamada requisa en los casos en que trabajadores de diversas empresas que prestan un servicio público, ejercen el derecho de huelga, cumpliendo con los requisitos de fondo y forma que la propia Constitución y la ley de la materia señalan; los casos de Teléfonos de México en diversas ocasiones, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y más recientemente de la empresa Mexicana de Aviación son ejemplificativos de la reiteración de esta medida. El fundamento al que ha recurrido el Ejecutivo para aplicar la requisa cuando existe un movimiento de huelga, han sido en la mayor parte de los casos los artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y en una sola ocasión en los artículos 1 y 2 de la Ley de Expropiación.
La Ley de Vías Generales de Comunicación fue promulgada el 19 de febrero de 1940; mucho se ha discutido ya sobre la dudosa constitucionalidad que esa ley presenta, sobre todo en lo que respecta a los artículos 112 y 113. Aun aceptando sin conceder que estas disposiciones tuvieran justificación en un momento de excepción como lo era la existencia de la segunda guerra mundial en Europa, que podría tener repercusiones para la seguridad nacional de nuestro país. Al desaparecer las motivaciones políticas económicas que le hubieran podido dar validez y vigencia, desaparece también su fundamentación y validez jurídica. Por lo tanto, aun cuando se pudiera justificar su aplicación anteponiendo las razones políticas y económicas por encima del procedimiento marcado por el 29 constitucional, no existe en la actualidad justificación económica, política o jurídica alguna para mantener y aplicar dichas disposiciones.
Si la constitucionalidad de las citadas disposiciones es cuestionable en términos generales, la aplicación que se ha hecho de ellas resulta a todas luces violatoria de la Constitución. En efecto, aun cuando se aceptara la necesidad de establecer la figura de la requisición administrativa como un instrumento derivado de la facultad del Estado para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público, resulta incongruente que la aplicación de ésta se haga a costa de efectuar el derecho de huelga, con lo cual se tergiversa su naturaleza y objetivos.
En los que respecta a la interpretación y aplicación que el Ejecutivo Federal ha hecho de los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Expropiación, en el caso del movimiento huelguístico de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, como fundamento para requisar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se puede afirmar sin lugar a dudas que representa una grosera tergiversación de los motivos, naturaleza y objetivos de dicha ley.
Como disposición reglamentaria del artículo 27 Constitucional, la Ley de Expropiación establece los mecanismos a través de los cuales se puede afectar la propiedad por causa de interés público. La exposición de motivos de dicha ley es precisa, al señalar que el interés de los particulares en el ejercicio de sus derechos de propiedad, no debería afectar a los derechos de la colectividad y el interés público. El Estado tiene en todo momento la posibilidad de establecer modalidades a la propiedad y para ello se puede valer de instrumentos como la expropiación y la requisa, reglamentados en dicha ley. La aplicación de la Ley de Expropiación no es aplicable para afectar derechos de huelga, ya que con ello se desvirtúa la propia ley y se atenta contra el "interés público" que la misma debiera proteger.
La característica fundamental del derecho de huelga es la suspensión de labores; al aplicarse la requisa, con el objeto de reanudar labores en una empresa cuyas relaciones laborales se encuentran suspendidas por una huelga que llena los requisitos previstos en la legislación, se violenta el ejercicio de esta garantía social.
Al autorizarse a través de la requisa la utilización de personal ajeno a una empresa en huelga, a efecto de reanudar labores, se contraviene los dispuesto por el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que esto "ofende los derechos de la sociedad".
El derecho constitucional de huelga como garantía social, cuyo sujeto activo son los trabajadores, no puede ser limitado o violentado por disposiciones secundarias aplicadas fuera del ámbito de validez y de las motivaciones y objetivos para las que fueron creadas, ya que con esto se altera el orden jurídico nacional.
Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes del grupo parlamentario del PMS, presentan a esta Cámara de Diputados el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EN PARTE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN Y ADICIONA CON UN ARTÍCULO LA LEY EXPROPIACIÓN
Artículo primero. Se derogan los artículos 112 y 113 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Artículo segundo. Se adiciona la Ley de Expropiación con un artículo, que quedaría como artículo 2o. - bis, de la manera siguiente:
Artículo 2o. - bis. No podrá aplicarse lo contenido en el artículo anterior, en lo que respecta a la expropiación temporal, total o parcial de bienes inmuebles y muebles, cuando se trate de empresas donde exista suspensión de labores derivada del ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores de las mismas.
TRANSITORIOS
Unico. Las presentes disposiciones, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 1987. - Por el grupo parlamentario del PMS, diputado Alejandro Encinas Rodríguez.»
Quiero agregar, que ya el 21 de diciembre de 1979 el grupo parlamentario comunista Coalición de Izquierda, presentó una iniciativa que deroga en parte la Ley de Vías Generales de Comunicación; sin embargo, a casi ocho años de haber sido presentada esa iniciativa, no se ha dictaminado, por lo que esperamos que en el espíritu de las iniciativas que la diputación obrera del PRI ha presentado hoy, de reformas al artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo y al 124 constitucional, estas iniciativas que nosotros saludamos, al igual que la que hoy presentamos, que atienden a las necesidades y a los intereses de los trabajadores, puedan dictaminarse en esta ocasión favorablemente.
Dejamos también, junto con esta iniciativa, una copia de la iniciativa presentada en diciembre de 1979. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EL C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Nabor Camacho Nava, para presentar una iniciativa.
El C. Nabor Camacho Nava: - «Ciudadano diputado presidente; compañeras compañeros diputados: La iniciativa que el día de hoy pongo a la amable consideración de ustedes, pretende adicionar al artículo 48 de la nueva Ley Federal del Trabajo, elementos adecuados que logren impedir los efectos desastrosos de un alargamiento del juicio por parte de los patrones, que con argucias legaloides son capaces de lograr, en perjuicio directo del trabajador que se ve materialmente maniatado ante los amparos que en razón de un laudo favorable al trabajador, son capaces de lograr los abogados patronales.
Es de común observancia que, sobre todo algunas empresas paraestatales, cesan en su trabajo a un empleado, con cargos las más de las veces falsos; interviene la autoridad sindical en defensa de su agremiado y empieza a correr el tiempo; se celebran las audiencias citadas por la Conciliación y Arbitraje y cuando al cabo del tiempo y a veces ese tiempo representa años de infame espera, las autoridades fallan a favor del trabajador a través del laudo correspondiente, de inmediato la empresa se ampara y entonces empiezan las presiones en contra del trabajador, presiones que pueden ser morales, físicas o ambas; la familia sufre en todos los aspectos por la carencia económica; al trabajador le empiezan ofrecer una mínima parte de lo que marca el laudo o de plano llegan a ofrecerle tan sólo la reinstalación y nada más. Todo este tipo de presiones son muy comunes, los diputados cetemistas no me dejarán mentir.
Pero todo esto acontece porque nuestras leyes son muy benignas para el patrón y muy drásticas para el trabajador; teniendo pues todas las de ganar, el empresario somete al obrero a la más cruel de las esperas hasta aburrirlo, obligándolo muchas veces a aceptar una limosna en comparación a lo que justamente debe recibir.
Conozco de demandas instauradas con juicios larguísimos, cuyo autor no llega a verle el fin; otros juicios al prolongarse por amparo de abogados patronales, pasan a la Suprema Corte tan solo para dormir ahí el sueño no de los justos sino de los injustos, sobre todo tratándose de empresas paraestatales, que en sus manos tiene la forma de presionar a la misma Suprema Corte de Justicia, con el manido slogan de que debe mantenerse a pesar de todo el principio de autoridad. Conocemos de casos en los que el trabajador no tiene ya posibilidades económicas para pagar a su abogado y justamente por la falta de promoción, dichos juicios no prosperan.
Creemos que lo que hoy proponemos como adición al artículo 48, de aprobarse, hará pensar dos veces a empresarios y sus abogados antes de decidir fastidiar a base de aburrimiento a los sufridos obreros. hoy por hoy, motor de la economía nacional. No pretendemos haber descubierto el hilo negro, pero sí consideramos que lo que hoy se aporta, es factor positivo en favor de la clase laborante.
De antemano pido a mis compañeros diputados que pertenecen a la fracción cetemista, que en el momento en que la presente iniciativa llegare a ser dictaminada, aporte su voto generoso, pues con ello coadyuvará a una mejor justicia laboral; hoy por quienes atraviesan momentos difíciles, mañana quizá por ellos o por sus hijos.
Contemplemos sin más lo que dice el texto actual del artículo 48: "El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos, desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo."
Con la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71, de la Constitución general de la República y la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y contando con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana y considerando que mediante argucias legales los juicios se alargan injusta e innecesariamente, provocando que al perder el pleito el patrón, se perjudique al trabajador, entregándole una indemnización no tan sola ridícula, sino estratosféricamente devaluada, proponemos la siguiente adición al artículo 48 de la nueva Ley Federal del Trabajo:
"Después de transcurrido el primer mes a partir de haberse dictado al laudo favorable al trabajador, los salarios caídos se incrementarán mensualmente en un porcentaje idéntico al correspondiente de incrementos de precios, según el índice que para el consumidor informe el Banco de México".
Sala de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, noviembre 4 de 1987. - Diputados: Nabor Camacho Nava, Carlos Enrique Cantú Rosas, Reyes Fuentes García, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Juan Manuel o Lucia Escalera, Enrique Bermúdez Olvera, Jorge Cárdenas González, María de la Luz Gama Santillán.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
SALUDO AL SOVIET SUPREMO DE LA URSS
El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea, que con esta intervención se ha agotado la lista de diputados inscritos para presentar iniciativas, por lo que se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Martín Tavira Urióstegui, para presentar una proposición.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Honorable señor presidente; señoras y señores diputados: El 7 de noviembre se cumplirán 70 años de una de las hazañas más memorables de la humanidad: la victoria de la gran Revolución Socialista de Octubre. Un pueblo de gigantes - como todos los pueblos que esculpen en la roca viva sus epopeyas - pudo ganar a "montañazos", para decirlo con una frase de Víctor Hugo, la batalla de los siglos, para instaurar por primera vez en la historia un régimen que había de hacer pedazos la explotación del hombre por el hombre.
En aquella fecha - 20 de octubre del viejo calendario 1917 - , el Comité Militar Revolucionario del Soviet de diputados, obreros, y soldados, en memorable proclama, anunció que la burguesía representada en el gobierno provisional había sido desplazada del poder, y que la revolución de obreros, soldados y campesinos entraba al escenario de la humanidad. "La causa por la cual ha luchado el pueblo - la proposición de una paz inmediata, la supresión de los terratenientes, el control de los obreros sobre la producción y la creación de un gobierno soviético - , está asegurada". Fue una de las proclamas que transformaron el mundo, como lo expresó Vicente Lombardo Toledano. Triunfó la luz sobre las tinieblas.
Fue la primera revolución guiada por la ciencia, de una manera consciente. Cuando las ráfagas de luz de la historia han iluminado los caminos de la ascensión del hombre nuevas cumbres de progreso, han surgido las "utopías," preñadas de ideales, de ensueños sobre una sociedad feliz, sin los egoísmos ni las ambiciones bastardas de la sociedad.
Las utopías del Renacimiento, que llegaron a México con Vasco de Quiroga, las utopías de la Revolución Inglesa, que pretendía "cavar" para enterrar a los explotadores; las utopías de la Revolución Francesa; las que en el siglo XIX alegaron en contra de los abusos de la "sociedad industrial", lanzaron destellos formidables y genialmente pronosticaron un futuro en que la riqueza fuera patrimonio colectivo de todos los trabajadores, pero no pudieron desentrañar las causas profundas de la desigualdad ni lograron descubrir las leyes generales del desarrollo social, ni las particulares del sistema capitalista. Atribuyeron las injusticias a la "maldad" de los hombres y a la falta de ilustración de los gobernantes.
No fue sino hasta que los conocimientos sociales se llevaron a la categoría de ciencias, cuando se pudieron analizar las contradicciones que subyacen en el régimen burgués y se pudo saber cuál es la clase social que tiene la misión histórica de guiar la revolución y tomar el poder. Era una nueva filosofía que, como lo dijo Marx en la XI tesis sobre Feuerbach, no tenía como objetivo sólo explicar el mundo, sino de transformarlo. Surgió así la filosofía del salto histórico y del asalto a la fortaleza de la antihistoria, guaridas de los lobos que había devorado a los hombres generación tras generación.
Marx y Engels crearon la teoría, Lenin la enriqueció y la llevó a la práctica, en un etapa más trágica, cuando el capitalismo había llegado a su descomposición. Vladimir Ilich Ulianov pudo formularla las premisas más luminosas acerca de las contradicciones interimperialistas y de la ley del desarrollo desigual; así como respecto de las resquebrajaduras del imperialismo feudal - militar de la Rusia zarista; y obtener así la conclusión de que el frente del imperialismo mundial podría darle al proletariado la oportunidad de romper la cadena por el "eslabón más débil".
La Revolución Francesa de 1789 tuvo una influencia universal, golpeó a la puerta de todas las naciones, penetró en la conciencia también de grandes masas; la prédica abstracta de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ayudó a destruir las cadenas del feudalismo; pero otras nuevas volvieron a esclavizar a los hombres: las del dominio de la burguesía.
El maestro Lombardo Toledano nos ha enseñado que la historia conoce tres grandes revoluciones: la primera, contra la esclavitud; la segunda, contra el feudalismo y la tercera, contra el capitalismo. Pero las dos primeras sólo abolieron una forma de explotación; la tercera que es la Socialista, destruyó el dominio de unas clases sobre otras, porque enterró para siempre a las propias clases antagónicas.
La primera Revolución Socialista nació formulando tratados de paz, porque la esencia misma de la nueva vida que crea, rechaza la política de agresión y de guerra. Fue la revolución de la verdadera libertad, porque tocó el fondo de las verdaderas causas que hacen que algunos pueblos sean subyugados por las grandes potencias hambrientas de territorios y de esferas de influencia para invertir sus capitales, explotar la mano de obra barata y saquear la riqueza ajena. fue la revolución de la verdadera libertad, porque clasificó al hombre cuáles son los factores que lo convierten en siervo de un puñado que tiene en sus manos los medios de producción y de cambio.
La gran Revolución Socialista de Octubre privó al imperialismo de su carácter de árbitro en las relaciones y contiendas internacionales, lo colocó a la defensiva dentro del proceso revolucionario mundial de nuestro tiempo. Entre los dos polos de la contradicción principal de esta época, los pueblos tienen a la vista dos modos de vida, dos filosofías para valorar el destino de cada pueblo y el destino de toda humanidad. Los pueblos no pueden tener en el imperialismo el paradigma del bienestar material y espiritual, ni como ejemplo de vida constructiva y de convivencia pacífica que posibilite el desarrollo libre e impetuoso de todos los países, y en el imperialismo, la retranca para la liberación nacional y para el progreso social.
Los pueblos no están ciegos, tienen bien abiertos los ojos frente a los dos sistemas antagónicos del mundo de hoy. El capitalismo tiene una vida de siglos; el socialismo triunfó en 1917, pero sufrió incalculables pérdidas materiales y humanas durante las Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sobrevivió, vive y tiene el impulso suficiente para seguir avanzando y corrigiendo las fallas que se le presentan. El imperialismo, en cambio, se debate en una crisis que se agrava cada día más y que exporta a los países que tienen una economía dependiente.
El socialismo puede marchar sin crisis cuando se aplican con fidelidad los principios marxistas - leninistas y se tiene como divisa el interés de las masas trabajadoras. la propiedad colectiva de los medios de producción, permite una planificación que evite despilfarros de recursos económicos y técnicos. La revolución científico - técnica en el socialismo, no producirá los desplazamientos de trabajadores hacia el desempleo y el subempleo, sino que aliviará la carga del trabajo manual y permitirá un tiempo libre más amplio a la clase obrera para que eleve sus condiciones de cultura y bienestar.
El socialismo es una democracia superior, porque el Estado que construye es un instrumento de todo el pueblo, en el cual, reza la Constitución de la URSS, "el libre desarrollo de cada uno, es la condición del libre desarrollo de todos".
El socialismo, al deber en el rico caudal de la cultura universal de todos los tiempos, ha creado una nueva cultura, que tiene como origen y destinatario al pueblo trabajador, que es el único protagonista en la trayectoria de la nueva sociedad, sin minorías privilegiadas que se adueñan de la riqueza y del saber.
La gran Revolución Socialista de Octubre, como revolución antiimperialista, marcó también la etapa de la liberación de todos los pueblos, del yugo del colonialismo. En el socialismo se han apoyado los pueblos sometidos para expulsar a sus dominadores. Lenin delineó en 1918 cuál será el papel fundamental del joven Estado soviético: "Apoyo en primer orden al movimiento revolucionario del proletariado socialista en los países adelantados. Apoyo al movimiento democrático y revolucionario de todos los países en general, sobre todo de las colonias y países dependientes". En el curso de varios decenios, el socialismo jamás le ha regateado su ayuda a los pueblos que combaten en contra del colonialismo y del neocolonialismo.
En 1917, al estallar la Revolución de Octubre, más del 33% de la población del Globo estaba sometida al colonialismo. Alrededor de 1 mil 500 millones de personas padecían la esclavitud del dominio extranjero. Después de la segunda conflagración y con la colaboración del nuevo sistema socialista mundial, surgieron a la palestra internacional, más de 100 estados nuevos en Asia, África y América Latina. Los territorios liberados representan algo así como el 50% de toda la superficie de la tierra y la población que alcanzó la independencia equivale a la mitad de la población del planeta.
Los pueblos que se han zafado de la expoliación colonialista no pueden seguir como modelo al país que los subyugó por tantos años. Tienen que ver el otro régimen diametralmente opuesto; por eso, muchos de ellos no han seguido la vía
capitalista, sino un camino distinto que los preserve de nuevas dominaciones, nuevos saqueos y puedan construir un modo de vida económico, social y político que le dé a las mayorías pan, libertad verdadera y democracia real.
El imperialismo no tiene porvenir. Está enredado en los hilos de sus propias contradicciones. Sus ímpetus de dominio mundial, son sueños locos que la realidad pone en su lugar todos los días. Sus prédicas de libertad suenan a falsía, fundamentalmente de factura norteamericana y ningún pueblo es tan inocente como para no darse cuenta con Simón Bolívar, de que los Estados Unidos parecen destinados a subyugar a nuestros pueblos en nombre de la libertad.
Todos los pueblos del mundo saben que no puede hablar de libertad un sistema que ahora impone una nueva dominación: el neocolonialismo financiero. La descapitalización de nuestros países los está conduciendo a la ruina económica y social.
La calidad de los dos sistemas se puede medir por su papel frente a los países en desarrollo. Los créditos de los centros financieros del imperialismo son usurarios. El Banco de Reconstrucción y Fomento concede préstamos a una tasa de interés que asciende al 6% anual; en cambio la comunidad socialista otorga créditos en condiciones mucho más favorables: 2.5% de interés anual y en plazos de 10 a 12 años.
El actual orden económico internacional injusto lo imponen las potencias imperialistas, siendo las relaciones comerciales absolutamente desfavorables para los países en desarrollo, los cuales explotan hasta el 80% de materias primas, a precios que establecen los monopolios extranjeros.
En cambio, la cooperación de los países de la comunidad socialista es con el fin de que los países en desarrollo puedan salir de la dependencia y del atraso. Con la ayuda de la Unión Soviética, en ellos se han construido alrededor de 700 obras y se están haciendo otras 500: centrales eléctricas, presas, combinador metalúrgico, gasoductos y oleoductos, etcétera.
El socialismo no necesita recurrir a la fuerza ni a la amenaza de la fuerza en sus relaciones internacionales. Sus fines fundamentales son incompatibles con la carrera armamentista y con el chantaje de la guerra. Sus arsenales son la expresión lógica del derecho a la defensa. Los países socialistas no pueden desarmarse unilateralmente, cuando las potencias imperialistas se adelantan en el diseño y fabricación de nuevas armas.
La práctica de ambos sistemas ha colocado a cada quien en su lugar frente al problema de la guerra y de la paz. Mientras la Unión Soviética se pone a la cabeza en las acciones tendientes a establecer negociaciones para la suspensión de ensayos nucleares y el desarme, los Estados Unidos responden siempre con negativas contundentes, pretextando que "necesitan cerciorarse de que sus nuevas armas funcionan".
Recordemos cómo el 15 de enero de 1985, el Secretario General del Partido Comunista de la Unión soviética anunció al mundo el histórico Programa de Eliminación Total de Armas Nucleares al concluir el siglo XX. Una esperanza de paz definitiva iluminó la conciencia de todos los pueblos; sin embargo, quienes deberían responder, por tener las mayores responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad, con el mayor menosprecio han tomado esta sensata propuesta.
En este esfuerzo empeñoso en favor del desarme y de la paz han transitado por rutas convergentes México y la URSS. Como bien sabemos, nuestro país se ha puesto a la vanguardia de quienes luchan por preservar a la humanidad de un nuevo flagelo, junto con la India, Suecia, Tanzania, Grecia y Argentina. Somos testigos de las cordiales respuestas de Mijail Gorbachov, al Grupo de los Seis, en sus diversas demandas de suspensión de pruebas nucleares y de negociaciones en favor del desarme. Si nos fuera permitido hablar de bloque, diríamos que México y la Unión Soviética pertenecen al bloque más grande y poderoso: el de la paz y el desarme.
México no tiene agravios que reclamar a la Unión Soviética. Sus relaciones han estado a la altura de la amistad y de la cooperación sincera y fructífera. En sus 63 años de vínculos diplomáticos han encontrado coincidencias múltiples, desde la lucha en contra del nazifascismo, hasta la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos de Centroamérica. Los dos pueblos se han apoyado recíprocamente en momentos de peligro para su independencia.
Cuando el naciente Estado Soviético hacía frente a las 14 potencias agresoras, los más esclarecidos conductores del pueblo mexicano dieron su apoyo al primer Estado de obreros y campesinos, y se esforzaron porque México se relacionara económica y políticamente. Emiliano Zapata, en febrero de 1919, remitió un telegrama a Vladimir Ilich Lenin, expresándole que "la causa de las revoluciones de México y Rusia pertenece a la causa de toda la humanidad, a los más altos fines de todos los pueblos oprimidos". Hay testimonios de que Felipe Carrillo Puerto, al poco
tiempo de haberse hecho cargo del gobierno de Yucatán, saludó a la Rusia soviética y emprendió trabajos para establecer relaciones comerciales con ella. La Revolución Mexicana y la Gran Revolución Socialista de Octubre, comenzaron sus relaciones bajo el signo del internacionalismo proletario.
El mismo Lenin estuvo al pendiente de las negociaciones que llevaron a cabo los representantes de ambos estados desde 1920, para establecer las relaciones diplomáticas formales, que comenzaron felizmente en 1924.
Al rendir homenaje a aquella hazaña de la libertad y del progreso social, mantenemos la convicción de que la Unión Soviética ha de seguir siendo bastión de la paz, de la cooperación y de la amistad en su más elevada significación.
Teniendo como apoyo 63 años de relaciones diplomáticas, profundamente amistosas entre México y la URSS, así como la coincidencia de los dos estados en favor de la paz y de la aplicación fiel de los principios más nobles del derecho internacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi conducto, eleva a la consideración de esta Honorable Representación Popular, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«La Cámara de :Diputados del Congreso de la Unión, saluda cordialmente al Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con motivo del LXX aniversario de la gran Revolución Socialista de Octubre y hace votos porque las cordiales relaciones de ambos países pervivan y se acreciente y porque los dos gobiernos sigan enarbolando las banderas, la de la paz, el desarme, la distensión, la seguridad y la cooperación internacionales; y continúen laborando empeñosamente por la aplicación de los principios de autodeterminación, no intervención y de la igualdad soberana de los estados.
Pedimos que esta proposición sea turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin de que sea ella la que remita el mensaje respectivo.
Palacio Legislativo a 4 de octubre de 1987.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: Martín Tavira Urióstegui.»
Dejo la proposición en manos de la secretaría de esta honorable representación nacional.
El C. Presidente: - Para normar el criterio de la Asamblea, se ruega a la secretaría dar lectura al contenido del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
1o. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, poner los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
2o. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
3o. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones, a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."
El C. Presidente: - En consecuencia, se pregunta a los ciudadanos diputados si alguien desea hacer uso de la palabra...
No habiendo quien desee hacer uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea, sí se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie... Los que estén por la negativa, ponerse de pie... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
SOLICITUD DE COMPARECENCIA
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Homero Pedrero Priego, para presentar una proposición.
El C. Homero Pedrero Priego: - «Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El día de hoy hemos recibido
en esta asamblea la iniciativa del Ejecutivo Federal de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En fecha reciente, el Constituyente Permanente plasmó en nuestra ley de leyes la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, mediante reforma a los artículos 27 y 73 fracción XIX - G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ella se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Por otra parte, esta materia ha sido objeto del más alto interés de la Cámara de Diputados, cuyos miembros por encima de las fronteras políticas, haciendo eco de las preocupaciones e intereses de la sociedad, han actuado y suscrito acuerdos unánimes sobre el mejoramiento del ambiente y la restauración ecológica.
La materia de esta iniciativa constituye una prioridad nacional de la más alta jerarquía; la sociedad espera de nuestra acción legislativa un producto útil, un instrumento jurídico, eficaz y moderno que soporte la acción del Estado y de la sociedad en su conjunto, en la lucha por mejorar nuestro habitat.
Los esfuerzos del actual Gobierno de la República por atacar este problema no tienen precedentes y sin embargo es mayor el camino que aún queda por recorrer. Estas condiciones sintéticamente expresadas llevan a la fracción mayoritaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, a proponer por mi conducto la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ciudadano Manuel Camacho Solís, el próximo día 12 del presente mes, a efecto de que explique a esta honorable asamblea el contenido y alcance de la iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 constitucional.
Por considerar que se trata de un asunto de urgente resolución, ruego a la presidencia que a esta proposición se le dé el trámite establecido en los artículos 58 y 59 de nuestro reglamento.
Firman los diputados: Francisco Contreras Contreras, Antonio Brambila Meda, Luis Ignacio López Moctezuma y Torres, Daniel Castaño de la Fuente, Sergio Armando Valls Hernández y el de la voz, diputado Homero Pedrero Priego.»
Dejo en la secretaría para lo que corresponda, la presente iniciativa. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se pregunta a los ciudadanos diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea, si se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, sí se considera de urgente resolución.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sí se considera de urgente resolución la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se considera, de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor presidente.
El C. Presidente: - Cítese al Secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, licenciado Manuel Camacho Solís, para que comparezca ante esta asamblea, el próximo jueves 12 de noviembre a las 10:00 horas.
CONTRATO DE FFCC
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al C. diputado Héctor Pérez Plazola.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Señor presidente; señoras y señores diputados: La campaña del candidato oficial, a pesar de que las declaraciones mentirosas acerca de que ésta se iba a llevar a cabo con austeridad y sin disponer de los recursos de la nación, se está realizando con las prácticas habituales que por su gravedad constituyen ya una afrenta a la dignidad nacional y transgreden hechos humanos fundamentales.
Para corroborarlo me permito dar a conocer a ustedes algo que he leído en estos días, intitulando la misma política, dice así:
"Pese a la insistencia de que una nueva política, una política moderna empieza o empezará pronto a normar la vida pública de los mexicanos, la verdad es que todavía no se perciben los signos reveladores de tan importante cambio, al menos estos signos no se vieron durante la reciente visita que hiciera a Guadalajara el de hecho candidato oficial a la Presidencia de la República. Incluso, ha llegado a cuestionarse si realmente existe esa política moderna de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Ello se cuestiona porque el objetivo esencial de la política no ha variado desde la más remota antigüedad."
El diccionario dice simple y llanamente que política es el arte de gobernar y mantener la tranquilidad pública y conservar el orden, progreso y buenas costumbres. Es decir, la política es y ha sido siempre el arte de trabajar por el bien público y nada más; pero cuando se habla de una política moderna, lo menos que se puede pensar es que se trata de modificar algunas formas, de desterrar algunos vicios que han hecho difícil que la política logre sus objetivos, en beneficio de la sociedad mexicana.
Por ello, cuando el candidato oficial a la Presidencia, anunció que su campaña sería austera aunque alegre, se pensó que habría mítines ciertamente concurridos, con música, porras y demás; pero que se acabarían los acarreados que hoy más que nunca resultan una verdadera sangría a la economía nacional y que también habría mesura en los gastos de propaganda, mantas, bardas, pancartas, transportes, alimentos, hospedajes, escenarios, etcétera.
Cabe advertir, que esa austeridad tan importante en los difíciles momentos por los que atraviesa el país, no se ha visto durante los primeros contactos que el precandidato presidencial priísta ha establecido con el electorado nacional. No se vio ciertamente en su reciente visita a Guadalajara; es difícil calcular lo que se gastó durante esa recepción que pudo haber sido digna sin llegar a ningún extremo.
No era necesario, por ejemplo, traer representación de los 124 municipios del estado, mucho menos en un momento en que la gente está ocupada levantando sus cosechas agrícolas, de por sí raquíticas en algunos municipios debido a la sequía.
Los sindicatos tapatíos, las colonias populares, los ejidos cercanos a Guadalajara bien pudieron haber aportado los contingentes necesarios, para dar una bienvenida decorosa al candidato sin necesidad de interrumpir actividades económicas en el resto del Estado.
Esos costosos acarreos resultan marcadamente contradictorios en momentos en que se sabe bien, que debido a la crisis económica, no existe obra pública en numerosos municipios del estado; en momentos en que obras realmente prioritarias están paradas por falta de recursos, en momentos en que no están satisfechas las necesidades primordiales de la población, obras urgentísimas como el bacheo del camino Guadalajara - Colotlán; no se han realizado dizque por falta de dinero y, sin embargo, ahí está exhibiéndose en toda su magnitud la vergüenza pública de una carretera recién inaugurada pero intransitable, mientras que se derrochan fuertes cantidades de dinero en cosas discutibles.
Esa no puede ser política moderna, al menos no la que la gente espera que aplique el futuro Presidente de México.
Por otra parte, ¿qué tenían que hacer en el aeropuerto de Guadalajara, desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del pasado lunes, los niños de las escuelas, que ni siquiera sabían a quién iban a recibir y las indias Marías con sus bebés cargados en la espalda que fueron acarreadas desde el centro de la ciudad, cuatro largas horas bajo el sol y sin siquiera un vaso de agua para beber? Difícilmente lo soporta la gente bien alimentada, mucho menos los que sólo buscan algo para comer. Por eso hubo tantos insolados y desmayados en esta contrastante reflexión. Es necesario tomar conciencia de una serie de cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, por qué organizar una recepción de esa magnitud en el aeropuerto, donde los turistas se dieron el gusto de su vida sacando fotos de nuestras miserias, de nuestra incongruencia, cuando hay lugares más apropiados para bienvenidas como es la plaza Juárez o alguna otra plaza de la ciudad.
El hecho que estas cosas se sigan manejando desde el centro y desde el único punto de vista del centro, contrasta diametralmente con lo que dijo el precandidato al llegar a Jalisco: "de que ya era tiempo de lo que le interesa a los jaliscienses, lo decidan los jaliscienses".
Por eso extraña el hecho de que en la comitiva del precandidato, vengan individuos que pretendan dar órdenes, incluso a los representantes de la prensa local para que estén presentes en tal o cual lugar a determinadas horas, sin conocer ni siquiera el tiempo necesario para recorrer la distancia entre el aeropuerto y la ciudad. En su afán de prepotencia
no se toma la molestia, ni de medir los tiempos normales de recorrido entre el aeropuerto y Guadalajara, menos de prever una hora prudente para tomar alimentos.
Ojalá que en el futuro se corrijan esos errores y que los hombres de la cargada tengan un poco más de sentido común. Es evidente que existe una enorme distancia entre lo que el precandidato oficial dice y lo que se hace. Es evidente que el precandidato habló familiarmente con los hombres cultos y los políticos de Jalisco; pero, lo más probable es que no lo entendieron ni en lo más mínimo miles de obreros y campesinos que fueron a recibirlo.
Sin embargo, también es probable que Salinas de Gortari ganará las próximas elecciones, pero no porque las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo que pueden ser sus ideales, sino porque los partidos de oposición, tanto de derecha como de izquierda, presentan hasta el momento peores alternativas que el oficial. "Ese es nuestro país".
Hasta aquí, eso es lo que escribió en su editorial un prestigiado periódico de Guadalajara, El Informador, que no es precisamente un simpatizante de nuestro partido. He leído íntegramente lo escrito a pesar de que ahí en su final, precisamente hace una crítica de nuestro partido. Más bien se le puede identificar a dicho periódico como identificado, si en dado caso se puede calificar así, con el sistema gubernamental.
Pues bien, esta situación degradante está ya también reflejando graves daños a la economía popular, cuando se obliga a transportistas a prestar servicios de acarreo y proporcionar unidades de transporte superequipadas al servicio del candidato del Gobierno, a cambio, desde luego, de autorizar aumentos en las tarifas que paga el pueblo para trasladarse habitualmente o sea las tarifas ordinarias por el servicio de transporte de pasajeros y tener de paso situación privilegiada fiscal.
Ese mismo pueblo, al que se le despoja de su patrimonio al cargar al Presupuesto Federal el costo de la campaña del destapado solitario, hoy todavía se le castiga más, aumentándole las tarifas del transporte por el trabajo electoral que le dan al partido del gobierno.
Otro hecho más de la semana pasada que colma la irritación del pueblo, es que el líder de los ferrocarrileros, Jorge Peralta Vargas, seguramente porque así me lo comentaron algunos de ellos, sin consultar a sus trabajadores y sin derecho para disponer de bienes públicos, ofrece gratuitamente al ex secretario de Programación, tres carros de ferrocarril perfectamente acondicionados para su campaña.
A qué grado de desfachatez y cinismo estamos llegando, cuando no se repara en un peculado flagrante en beneficio de quien tuvo a su cargo dizque el cuidado del orden y honestidad en el gasto público.
Se disfraza tal acción con el supuesto de que se otorgará un 50% de descuento en las tarifas que cubrirá el sindicato por la renta de dichos carros. Eso sí, también se acaba de saber de otro aumento a los ferrocarriles, para compensar los servicios al candidato oficial, además, desde luego, del aumento que ya se ha dado repetidamente desde hace cuatro meses a la fecha.
También las compañías de aviación han incrementado especialmente sus tarifas en estos días en forma adicional, al incremento diario seguramente, anticipándose a la cuota que cubrirán de aviones que pondrán a disposición del candidato del Presidente.
Señores diputados: ¿Hasta dónde llegará nuestra penitencia? ¿Hasta cuándo la impunidad seguirá encubriendo robos al erario y atentados de esta naturaleza? Que no se venga a decir aquí que es asunto interno de un partido; es un asunto de interés nacional, porque ofende a la nación y denigra nuestra vida política.
No importa que Salinas tenga el respaldo de Abrahams o del mismo Presidente De la Madrid. Gritaremos y repetiremos que no se puede agraviar así a un pueblo. Exigimos rectificar esos comportamientos. Exigimos se apliquen sanciones penales a quienes desfalcan al pueblo y ofenden la dignidad humana.
Y para clarificar plenamente esta situación, me permito hacer llegar a la presidencia de esta Cámara la siguiente proposición:
«Que se solicite, a través de la Comisión de Información, Gestoría y Queja de la misma, se recabe copia del contrato que se dice firmó Ferrocarriles Nacionales con el sindicato en relación al arrendamiento de estos carros de ferrocarril, para conocer y analizar sus términos.
Atentamente.»
Gracias por su atención.
El C. Presidente: - Habiendo sido fundamentada en los términos del artículo 58 del reglamento interior, se pregunta a los ciudadanos diputados, si alguien desea hacer uso de la palabra. Eliseo Rangel, en contra; Alejandro Cañedo, en pro.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Alejandro Cañedo, en pro.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Con su permiso, señor presidente: La proposición es muy concreta y venimos a apoyarla y dice así:
«Se solicite a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara, recabe copia del contrato que se dice firmó Ferrocarriles Nacionales con el Sindicato en relación al arrendamiento de varios carros de ferrocarril, para que de ese modo esta Cámara pueda conocer y analizar sus términos.»
Ya el diputado Pérez Plazola habló de lo que pasó en Guadalajara; de los y millones de pesos que se gastaron en Guadalajara para recibir a su precandidato.
Pero falta todavía lo que se gastó en Veracruz, en Puebla y que llevaron 40 mil maestros al estadio Cuauhtémoc y realmente se dieron oportunidad los maestros de chiflarle a su líder. Pero el acarreo costó la remodelación del estadio. Las grandes concentraciones dizque populares que hubo en Hermosillo, en Mérida. Son millones y millones de pesos que están saliendo de los gobiernos de los estados, de los ayuntamientos en esta época de crisis.
Es momento de hacer llamada de atención. El próximo sábado dicen que va a iniciar el partido oficial su campaña, falta siete meses de campaña y si en la precampaña gastaron estos millones, qué le espera al pueblo de México para que acabe la reserva que tiene el Banco de México.
Creemos que es importante, que a pesar de que es un contrato exclusivamente lo que está solicitando el diputado Pérez Plazola, en nombre de los diputados de Acción Nacional; puede ser una llamada de atención para que se edite el dispendio tan grande que existe en estos momentos de la precampaña. Por eso apoyamos y pedimos a todos los diputados de esta Legislatura, que apoyen la proposición para que la Comisión de Gestoría recabe esos contratos. Es importante porque en época de crisis, no se puede gastar el dinero del pueblo.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el C. diputado Eliseo Rangel Gaspar, en contra.
El C. Eliseo Rangel Gaspar: - Señor presidente; compañeros diputados: Mi partido, la fracción parlamentaria de mi partido, viene a expresar su rechazo categórico a la proposición de que se acaba de dar cuenta. Lo hacemos por base, con base en las consideraciones expuestas por el proponente y por el señor diputado que ha secundado la proposición, que entrañan afirmaciones infundadas con respecto de las actividades que realiza en la precampaña electoral mi partido, el Partido Revolucionario Institucional y su precandidato, el licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Nosotros somos un partido nacional, con estructura política en todas las entidades de la nación, con cuadros de base y militancia comprobada en toda la República, con actitud de participación política permanente, de forma y manera que una movilización concertada para aclamar nuestro candidato a la Presidencia de la República, como ciertamente acaba de ocurrir no sólo en Guadalajara, en Puebla, en Mérida, sino en Zacatecas. Es el partido, nuestro partido, capaz de movilizar contingentes ciertamente importantes que, por lo que se advierte, causan la envidia de partidos de la oposición y esta movilización en mucho, óigase bien, porque soy testigo y muchos de la oposición son también testigos, de cómo se realizan estas movilizaciones, en vehículos propios de la clase, campesina, propios de los ejidatarios. En Jalisco realizamos una movilización de más de 20 mil gentes en donde no había, pese a lo que se afirme, niños de escuela en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara.
Nosotros, pues, no ocultamos los términos. El convenio con Ferrocarriles, es un contrato ya no simple; no realizamos nunca actos a espaldas de la colectividad y de la ciudadanía ni menos a espaldas de nuestros militantes. Claramente, nuestro candidato ha hablado de las modalidades que piensa darle a su campaña. Y hubiéramos querido escuchar aquí, una interpretación precisa del concepto que Acción Nacional tiene de política moderna, pero esta remisión que hace al diccionario, realmente no hace luz.
De modo y manera que nuestro propósito de realizar una intensa campaña de movilización nacional, de concientización a la colectividad y a la ciudadanía, de participación política de cada uno de los ciudadanos mexicanos en el relevo de su Gobierno, lo vamos a hacer movilizando a la población y vamos a convocar a la ciudadanía, a nuestros militantes, a la aportación de recursos y de elementos para ganar, no cabe duda, no tenga nadie duda, las elecciones constitucionales de 1988.
En consecuencia, pido a la asamblea que por haber sido fundada la proposición in foundius, en intromisión a las prácticas de nuestro partido, se rechace la proposición del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Héctor Pérez Plazola (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?
El C. Héctor Pérez Plazola (desde su curul): - Para hechos.
El C. Presidente: - Tiene usted el uso de la palabra en los términos del artículo 102, hasta por cinco minutos.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Qué lamentable que se pretenda rechazar una proposición que entre líneas se ve que es aceptable por la argumentación dicha por el señor diputado Gaspar, sólo por las consideraciones vertidas aquí previas a la proposición.
Quiero confirmarle al señor diputado Gaspar y a ustedes señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, que esas afirmaciones no fueron mías, me limité a leer un editorial de un periódico que nosotros creemos tiene prestigio, no solamente en Guadalajara, sino en todo el país, El Informador, que son consideraciones del periódico, de su editorialista. Esas fueron simplemente referencias que trajimos aquí para complementar nuestro argumentación.
Pero qué mejor oportunidad de demostrar que hay esa honestidad que se ha dicho, que hay esa claridad en lo que se está haciendo, que ver, que observar y analizar el contrato a que se hizo referencia.
Podríamos tal vez dejar de lado las argumentaciones, insisto, no personales, aunque podamos coincidir en muchas de ellas, para irnos al fondo del asunto.
El manejo que se da para la utilización de los transportes, nadie puede negar que hay una situación privilegiada en los transportistas para su régimen fiscal. Nadie puede ignorar que eso cuesta mucho dinero lo que se ha hecho y tiene que ser pagado a cambio con algo. Nadie ignora que en los Ferrocarriles Nacionales de México que se dice año tras año está en situación catastrófica económicamente y que ha manejado una serie de subterfugios para incrementar tarifas a cambio de no dar servicio, como es el caso concreto del pomposamente inaugurado tren "El Tapatio", que debe funcionar entre México y Guadalajara, en el que se repintaron unos cuantos carros, se quitaron de la circulación la mitad y ahora es una verdadera odisea poder obtener pasaje en dicho tren para trasladarnos a la ciudad de Guadalajara o de Guadalajara para acá.
Y ésto es innegable, que Ferrocarriles Nacionales tiene una situación económica difícil y además, de hecho, está regalando vehículos, o sea, carros de ferrocarril debidamente equipados o modernamente equipados, para el uso de un candidato de un partido.
Veamos el contrato, conozcamos la realidad de las cosas, dejemos de lado toda la argumentación y vayamos al fondo; ustedes dan a entender de que podrían estar de acuerdo en la idea, pero para haber dicho tales o cuales cosas antes, mejor no la aceptemos; vayamos a lo concreto que es la proposición, conozcamos el contrato y así podemos reafirmar si hay claridad, si hay honestidad, si hay transparencia en ese tipo de manejos y pues, señores, si así fuere, yo sería el primero en reconocerlo. Muchas gracias.
El C. Alejandro Cañedo Benítez (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Para hechos.
El C. Presidente: - Se le concede el uso de la palabra, en los términos del artículo 102, hasta por cinco minutos.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Seguimos insistiendo en que esta Cámara apruebe nuestra proposición, porque si un contrato de tres vagones durante ocho meses tiene un costo importante, porque la Revolución "regresa a las campañas en ferrocarril" como lo hacía Ruiz Cortines y ahora regresa en ferrocarril.
Pero no nada más es ferrocarril, la misma prensa ha dicho: los aviones que están preparando para que la campaña vaya en los aviones de transporte aéreo federal. Esa compañía que se creó en este régimen, que tiene más de mil aviones de todas las dependencias y que muchos de esos aviones van a estar en uso en la campaña.
Lo que nos preocupa es lo siguiente: De los gobernadores que no le atinaron, como dice la revista Proceso, están gastando más que los gobernadores que le atinaron, los gobernadores que no le atinaron, por ejemplo Piña Olaya en Puebla, lógicamente tienen que gastar más para quedar bien con el candidato; Víctor Cervera tampoco le atinó, Leopoldino Ortiz Santos, tampoco le atinó; entonces cómo es posible que el destino de un estado, los fondos públicos de un estado sean canalizados para evitar el error de los gobernadores que no le atinaron.
Y ahí vemos cómo hace ocho días en Puebla, millones y millones de pesos, si cuando fue el presidente de su partido llenaron el estadio Cuauhtémoc, gastaron millones, pintaron todo el estadio y el presidente de su partido estuvo 25 minutos únicamente, imagínense ahora quien no le atinó los millones que van a gastar, para que el gobierno del estado de Puebla pueda quedar bien con el candidato.
Entonces, estos tres vagones nos pueden dar la clave de todo el problema, por eso insistimos, tienen el contrato que lo traiga, que lo analice la Comisión pluripartidista de Gestoría y Quejas y de ahí podemos sacar una hebra, ¿de dónde salen los fondos públicos?; cuánto cuesta un minuto de televisión en Televisa o en Imevisión, millones de pesos un minuto, ¿quién está pagando esos minutos? ¿Es intercambio? ¿Es intercambio a futuro? No te facturo ahora, pero al primero de diciembre de 1988, te cobro la factura. Creo que sí es importante que esta Cámara, que dentro de unos días vamos a recibir el Presupuesto de Egresos de la Federación, estimado en 200 billones de pesos, doscientos billones, ya nadie puede escribir esos números, y una revista, "Quehacer Político", estimó que la campaña del PRI a precios actuales, entre planas de periódico, gacetillas, televisión, radio, acarreados, etcétera, iba a costar dos billones de pesos. Y posiblemente se fue bajo. Pero creo que sí vale la pena que con un simple contrata que traigan a la comisión, los diputados podemos dar el panorama dónde se están yendo los impuestos del pueblo.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la C. diputada Cecilia Romero, en los términos del artículo 102, hasta por cinco minutos.
La C. Cecilia Romero Castillo: - Bueno, pues nosotros estamos como voceros de la duda que existe en la gran mayoría del pueblo mexicano, pidiendo que se compruebe, de dónde está saliendo todo este dineral que ya se está empezando a gastar en la precampaña.
De alguna manera podríamos pensar y creo que eso es lo que se debería reflexionar antes de dar el voto respecto a esta proposición, que estamos dando la oportunidad de que ustedes demuestren la transparencia con que se está manejando esta precampaña.
Ya hemos hecho anteriormente solicitudes que también han sido negadas, respecto por ejemplo, la comparecencia del señor Costemalle, de Conasupo, para que nos explique todo lo que se ha manejado en bonos para la leche; ya hemos oído también muchas veces en esta tribuna, proposiciones para que se nos explique el manejo político y partidista que se le está dando a los tortibonos; ya hemos oído de qué manera se está empleando el Presupuesto Federal; de qué manera se están usando los impuestos de los mexicanos, a favor de un partido político y de su precandidato.
Todas estas cosas no las estamos diciendo nada más nosotros, las está diciendo el pueblo de México, las está diciendo la prensa de todos los signos, de cualquier manera necesitamos aclarar estos puntos. Demuestren que la opinión pública mexicana está equivocada, demuestren que el Partido Acción Nacional está dando razones que no tienen fundamento. Esta es una oportunidad para que hagan cierto esto que se está diciendo de la política moderna y de la transparencia de la austeridad con que se maneja la precampaña.
Es importante que pensemos en la sencillez de la propuesta que se está presentando; es un contrato, si el contrato existe, si está pactado en términos normales, pues demuéstrenos que estamos equivocados. Es realmente ilógico que no se pueda aceptar una proposición como ésta, no estamos más que basándonos en lo que dice la opinión pública y la forma como pensamos que debemos actuar los legisladores y esta Cámara representante del pueblo, es precisamente dar a conocer la realidad de las cosas; al negarse en un momento dado a aceptar esta proposición, se está aceptando que no hay claridad y que no hay trasparencia en el manejo de los recursos.
Esta, señores, lo vuelvo a repetir, es una oportunidad para esta Cámara de demostrar, si es que así es, que se está actuando honestamente; si no se acepta esta proposición, estarán al mismo tiempo dando por sentado que las imputaciones que se les están haciendo a través de medios de comunicación, de opinión pública en general y de nosotros, Acción Nacional y otros partidos de oposición, estarán demostrando que los hechos y los rumores y lo que se está diciendo al respecto, es cierto.
Entonces ésta es la proposición, es clara, es sencilla, vamos a darnos la oportunidad de demostrar que realmente lo que se está diciendo de austeridad y de transparencia, es cierto; si no se aprueba la proposición estará de antemano aceptándose que no hay claridad y que no hay transparencia en la precampaña del precandidato. Gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Barrera, en términos del artículo 102, por cinco minutos.
El C. Carlos Barrera Auld: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros
diputados: Por supuesto que apoyamos la proposición, porque la misma corresponde a nuestra tarea legislativa, ya que corresponde al Presupuesto de Ingresos y Egresos que en un momento aprobaremos, del año de 1986.
Los ingresos están sujetos a tarifas previamente aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y queremos ver qué tarifas se aplican en este contrato, si fue una tarifa generosa por ser miembros del mismo partido o fue descuento. ¿En qué condiciones está este contrato? Repito, señores, vamos a apoyar en la fracción demócrata esta proposición. Gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Pérez Plazola.
El C. Héctor Pérez Plazola: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Solamente quiero dejar perfectamente claro que no es la misma situación que se ha manejado en lo relativo a los transportes terrestres, a los autobuses, camiones, en fin, a el caso de Ferrocarriles. Ferrocarriles es patrimonio nacional; los señores transportistas podrían hacer lo que consideraran de sus propiedades y de sus vehículos, pero Ferrocarriles es un bien nacional, entonces, aquí está definitivamente en juego algo de interés nacional, y yo pregunto: ¿En esta Cámara hay diputados que pertenecen al sindicato de los ferrocarrileros? ¿Por qué no nos clarifican un poco esta situación, o un mucho si lo pueden hacer? ¿Por qué no vienen precisamente a adelantarnos algunas cuestiones en relación al punto que hemos manejado?
Entonces, nada más quise dejar en claro, que una situación es la de los transportistas y otra es el fundamento principal de nuestra proposición: analizar la forma en alguno de sus aspectos, cómo se está manejando Ferrocarriles Nacionales. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Blas Chumacero, en los términos del artículo 102.
El C. Blas Chumacero Sánchez: - Honorable Asamblea; señores diputados: No es posible pasar por alto el procedimiento de algunos señores diputados de la derecha que se arrogan la facultad de hablar en nombre del pueblo.
Tampoco podemos intervenir, como Cámara de Diputados, en un asunto que compete a la soberanía de la representación sindical para llevar a cabo un contrato de servicio público.
Lo que ocurre en esta Cámara, es que se usa la tribuna impunemente para lastimar al régimen político de Gobierno que tiene nuestro país. Y se amparan en esa impunidad para ofender a todas las personas que a ellos les da su gana. No es posible aceptarlo. Se señalan las concentraciones de los estados en que en una precampaña ha visitado el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República. El partido ha demostrado que puede llevar a cabo, en cualquier lugar de la República, la más amplia concentración, porque cuenta con el concenso de opinión y aunque les duela, de la mayoría del pueblo mexicano.
Soy miembro constituyente del Partido Revolucionario Institucional, conozco la historia del partido de la derecha, que siempre ha sido su forma de ataque al sistema.
Se cuestiona la democracia, se cuestiona el procedimiento de nuestro partido, ¿por qué no cuestionan la democracia que ellos ejercen?
Algunos otros compañeros creen que las concentraciones se han llevado a cabo con cargo al erario. El diputado Cañedo, atrevidamente, habla de la concentración de Puebla. La inicia con la concentración que se llevó a cabo para la información que se rindió cuando el presidente de nuestro partido, concurrió al estadio Cuauhtémoc. Debo decirla a Cañedo y lo sabe él y su hermano, que esa concentración la hicimos con recursos propios, con recursos de la organización obrera, cada quien se movió con sus propios medios y pueden ir, cualquiera que pretenda hacerlo, a examinar la cuenta del gobierno del Estado de Puebla o del ayuntamiento, que lo haga, y no que venga a ampararse aquí, en una tribuna que lo protege a decir sandeces.
Esa es la situación. No admitimos cuestionamientos a nuestro propio partido, como no nos inmiscuimos en la forma en que ellos llevan a cabo sus campañas. Defendemos al Partido Revolucionario Institucional y la forma en que está procediendo, porque consideramos que es el representante de la Revolución Mexicana y de la mayoría de opinión del pueblo mexicano.
He permanecido en silencio en muchas ocasiones para mantener el equilibrio de la Cámara; pero no estoy dispuesto a que se lastime la autonomía de ninguno de los sindicatos militantes del movimiento obrero mexicano.
Y de que podemos demostrarlo en cualquier momento que la organización obrera en su totalidad - puede haber algunos que no piensen como la mayoría, como los hay en todas partes y en su propio partido - pero la Revolución seguirá adelante. Y lo haremos con Salinas de Gortari; aunque les pese.
EL C. presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Alejandro Cañedo, por cinco minutos y alusiones personales.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Con su permiso, señor presidente: Creo que don Blas habla en contra de mi persona, porque como dice la revista Proceso todos los diputados de Puebla no le atinaron; todos estaban con otro candidato.
El C. Blas Chumacero Sánchez (desde su curul): - Miente usted.
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - Le voy a dar una suscripción de la revista.
En segundo lugar, cuando decimos que gastan el dinero de las arcas públicas, y ustedes nos manda a que revisemos las cuentas, no los estamos acusando de tontos. Sabemos que tienen otras cuentas; sabemos que el dinero lo sacan de otros lados, no lo sacan directamente del Presupuesto. Eso es obvio, pregúntele a cualquiera, en la calle, en Puebla, en donde sea, que nos diga de dónde sale el dinero de las campañas del PRI, de dónde sale el dinero para pagar los camiones y el acarreo de miles de campesinos, pobres y miserables que llevaron al estadio Cuauhtémoc; si usted dice que de la CTM salió, preguntemos ahora a todos los obreros que ustedes les obligaron a pagar cuotas para llevar con ese dinero de sus cuotas, llevar al campesino y al obrero, pero ese día, ese obrero no llevó pan, no llevó leche y no llevó alimentos a su casa porque ustedes les quitaron sus cuotas, ésa es la realidad, hay que ver cuál es la política y no venir aquí a decir que somos tan tontos de ir a revisar las cuentas públicas, todo el pueblo sabe que la campaña de los candidatos del PRI salen de las arcas públicas, y ahora como dijo don Blas, de las cuotas de los pobres obreros mexicanos.
El C. Héctor Pérez Plazola (desde su curul): - ¿Podría usted aclarar las noticias que aparecen en diversos diarios de circulación?
(Voces.)
El C. Alejandro Cañedo Benítez: - No, usted está haciéndome la interpelación, no yo, yo le estoy sacando el Proceso que dice lo que dijo, pero usted está inventando.
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra en términos del artículo 102, al diputado Altamirano Dimas.
El C. Gonzalo Altamirano Dimas: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Una petición simple del diputado Pérez Plazola, nos tiene enfrascados en este debate que debió haber terminado con la aceptación del pleno, de que la Comisión de Gestoría y Quejas se allegara una copia del contrato que se dice firmó Ferrocarriles Nacionales con el sindicato ferrocarrilero. Esto, esta petición, es de interés público y de ninguna manera afecta la autonomía sindical, como aquí se ha venido a decir. Es falso esto porque priva en la opinión pública de que los recursos del erario, de que los recursos públicos, se siguen usando de manera ilegal, indiscriminadamente para apoyar la campaña del partido oficial.
Ya que se nos dice que por qué no cuestionamos la democracia que vivimos en Acción Nacional, quiero decirle al diputado Blas Chumacero, que la democracia que vive el Partido Acción Nacional, está a la vista. El proceso de selección de candidatos, tiene registrados a cuatro de ellos y en el partido de ustedes, solamente hay uno; y un precandidato al cual muchos de ustedes se equivocaron, principalmente la CTM, no era su candidato.
La democracia que está viviendo Acción Nacional, ustedes no solamente la pueden ver más de cerca acudiendo a alguno de los actos públicos que están celebrando los precandidatos, sino a través también de los propios medios de comunicación, que les dicen ahí cómo los cuatro precandidatos que están acudiendo a toda la República para tratar de ganar los votos de los militares panistas y no los votos del presidente del partido.
Creo que es más grave, como aquí se ha venido a decir, mantener ese silencio para guardar el equilibrio de la Cámara, es más grave mantener el silencio o solapar con el silencio, actitudes que pudieran tener carácter de fraude contra la nación, debido a esos desvíos indiscriminados que se hace del erario público. Queremos no el silencio, el silencio que equilibre la Cámara, queremos las voces vivas, queremos la autenticidad y queremos que esta Cámara asuma realmente sus funciones y que si no hay nada qué esconder, diputado Blas Chumacero y diputados del sindicato ferrocarrilero, que se exhiba ese contrato para que el pueblo de México no siga guardando esas suspicacias, porque es un hecho, como se ha venido a afirmar aquí, que el Partido Revolucionario Institucional, está saqueando el Erario Público y está desangrando más al pueblo de México para apoyar sus campañas electorales, y ésa es la realidad.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Blas Chumacero, en términos del artículo 102.
El C. Blas Chumacero Sánchez: - Con su venia, señor presidente: No habría necesidad de la réplica, lo que el diputado Cañedo ha expresado, así sabe que miente. Y Altamirano Dimas que viene a hablar del silencio, mire usted compañero, yo les he dicho a ustedes cara a cara lo que son, y la mira que tienen para distorsionar el sistema político de Gobierno Mexicano, los hechos lo han demostrado. He hablado de los recursos propios, porque los sindicatos tienen su patrimonio y se usa para la defensa de los intereses fundamentales de la clase trabajadora y con ellos la de nuestro pueblo.
Así lo hemos hecho y de lo que imputa usted de equivocarnos, miente usted a sabiendas. Lo peor es mentir cuando se tiene el convencimiento de que se está haciendo, el respeto se los hemos guardado, pero no admitimos...
El C. Presidente: - Diputado Chumacero, ¿acepta usted una interpelación del diputado Altamirano Dimas?
El C. Blas Chumacero Sánchez: - Yo no lo interrumpí.
El C. Presidente: - No señor diputado, continúe usted por favor. (Aplausos.)
El C. Blas Chumacero Sánchez: - Cualquier cosa que se hable en generalidades, los señores lo toman como ofensa, son muy dignos, nosotros también tenemos dignidad, dignidad de hombres, dignidad de mexicano, dignidad de revolucionario.
En la Confederación de Trabajadores de México no hemos brincado de un lado para otro, tenemos nuestro propio criterio y cuando se habla de la Confederación de Trabajadores de México, se habla en contra del movimiento obrero, el movimiento obrero tiene su puesto de combate en la primera línea de la Revolución Mexicana.
Salinas de Gortari es nuestro candidato y no hablemos, no hablemos, miente usted compañero, voy a bajar como lo dije la otra ocasión, de esta tribuna, porque mi integridad personal así me lo reclama; yo no soy de los de valor colectivo, sino tengo mi propio valor que ustedes se van a volver, sentados ahí, porque debido a la democracia mexicana, debido al sistema de sectores en mi partido, ustedes están aquí sentados. (Aplausos.)
Nadie los ha molestado en tanto no han ofendido ustedes mismos. En estas circunstancias, yo propongo concretamente, invitando a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que desechemos la proposición por inconsecuente y atrevida, no porque quieran suavizar el problema de conocer aquí un contrato que ha, que corresponde al consenso de acuerdo de una entidad soberana.
Cuando en el transporte, ustedes lo han alquilado y han solicitado que se les permita, ¿quién los ha cuestionado? Ahora, se trata de hacer aparecer una opinión inocente para que la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara, lo examine. Lo que estamos diciendo es más transparente que es el pensamiento de ustedes, está a la vista de todos, nadie ha ocultado nada, pero estamos en campaña electoral, dentro de unos días la convención nacional de mi partido, declarará candidato a Salinas de Gortari, y lo vamos a sostener, y lo reitero. Pero no se venga a querer sembrar la duda en las filas del Partido Revolucionario Institucional o en las filas de la clase obrera. Tenemos unidad de acción, tenemos unidad de pensamiento y tenemos unidad revolucionaria.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco, por cinco minutos.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El asunto planteado inicialmente, por lo que se ve de lo trivial, ha pasado a lo interesante. Esto en la medida que se agregan elementos al debate.
Nosotros, la fracción del PDM, al intervenir en este asunto, no es con el fin, y aclaramos, de cuestionar la realización de actividades por parte de los diputados con fines electorales, ni la forma en que se lleven a cabo determinados tipos de concentraciones humanas de apoyo y si esto se hace con los fondos de los sindicatos, o de los militantes de los partidos. Creo que aquí hay un hecho que fue con lo que se inició el debate, en lo que nosotros respaldamos, es en cuanto al uso de los bienes nacionales, en este caso de los ferrocarriles y esto es lo que debe dilucidarse; entendemos las condiciones en que se efectuaron los contratos con Ferrocarriles para el uso de carros en apoyo a la campaña del candidato del partido oficial, pero, sin embargo, no podemos tampoco dejar de mencionar cuando se habla de las características que reúne una concentración y cómo fueron realizadas y en el caso específico de Puebla, con los apoyos dados por este tipo de mosaicos escolares, o sea concentraciones de niños, pues no sabemos, a este tipo de recursos cómo los pudiéramos clasificar, porque entendemos, los niños adscritos a un determinado centro de educación, pues provienen de familias de pensamiento plural y no por el hecho de estar en una
escuela oficial o algo parecido forzosamente se les tiene que llevar o estar obligados a asistir a recepciones de candidatos y hacer una serie de movimientos ahí alegóricos, encaminados al respaldo o al florecimiento o a la lucidez del acto.
En ese aspecto sí cuestionamos nosotros el manejo de ese tipo de recursos de los estudiantes, de menores de edad que se encuentran en las escuelas primarias, y a quienes se les lleva. Creo que también queda abierta la posibilidad y para desvanecer algunas dudas que se han planteado en torno al debate y quizás tanto el presidente municipal de Puebla como el gobernador del Estado de Puebla, telepáticamente han manifestado su conformidad para que si hay interés por los integrantes de esta Cámara, se pueda hacer la revisión de las cuentas públicas de su Estado y verificar si no ha habido desviación de los recursos.
Creo que en esto hay, claro, el mismo Código Federal Electoral establece la forma en que deben ser financiadas las campañas políticas y aquí sin importar el tamaño del partido, si es mayoritario o minoritario, debe haber un estricto apego a las condiciones que marca el mismo Código Electoral.
Nosotros, por lo tanto, reiteramos nuestro respaldo al planteamiento de que sean presentados los contratos realizados con Ferrocarriles Nacionales de México y se conozca en qué condiciones se dieron, si se dio alguna situación preferencial y sobre todo que la Cámara tenga conocimiento de esto. Creo que esta exigencia sería válida si el contrato se hubiera realizado con el partido mayoritario o con cualquier otro partido, aunque de antemano, pues entendemos que sería muy difícil que cualquier otro partido pudiera conseguir un contrato de esa naturaleza. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición del diputado Pérez Plazola.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie... Los que estén porque se deseche la proposición favor de ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
LECTURA DEL ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea, que ha llegado a esta presidencia un punto de acuerdo de los grupos parlamentarios, que establece el procedimiento para el desahogo de las comparecencias constitucionales y del punto de acuerdo que lo anima, con la petición de que se haga del inmediato conocimiento de la asamblea. Rogamos, por tanto, a la secretaría dé lectura al punto de acuerdo de referencia.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - «Acuerdo de práctica parlamentaria que seguirán las fracciones de la LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados en el tercer período ordinario de sesiones.
Con base en las conversaciones celebradas por los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, para las sesiones del tercer período ordinario, se abrirá un receso de una hora, treinta minutos a las 15:00 horas; se reanudará la sesión a las 16:30 horas en punto y se suspenderán a las 21:00 horas como máximo.
Cuando haya algunos asuntos pendientes que desahogar, éstos serán diferidos para ser tratados en la siguiente sesión. Sólo en casos extraordinarios y previo acuerdo de la asamblea, la sesiones podrán ampliar su horario señalado en el párrafo anterior.
Nicolás Reynés Berezaluce, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI; Jesús González Schmal, coordinador de la diputación del PAN; Arnoldo Martínez Verdugo, coordinador de la diputación del PSUM; Jorge Amador Amador, coordinación de la diputación del PST; Carlos Enrique Cantú Rosas; coordinador de la diputación del PARM; Antonio Monsiváis Ramírez, coordinador de la diputación del PDM; Indalecio Sáyago Herrera; coordinador de la diputación del PPS; Miguel Eduardo Valle Espinosa, coordinador de la diputación del PMT; Pedro José Peñaloza, coordinador de la diputación del PRT.»
RECESO
El C. Presidente: - En los términos del acuerdo parlamentario, esta presidencia declara un receso de hora y media para continuar la sesión en punto de las cuatro y media de la tarde.
(Receso a las 15:25 horas.)
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
El C. Presidente (a las 16:55 horas): - Se reanuda la sesión.
Proceda la secretaría a dar lectura al acta de la sesión del día 3 de noviembre.
El C. Arturo Whaley Martínez (desde su curul): - Pido se verifique el quórum, señor presidente.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 21, fracción XV, proceda la secretaría a pasar lista de asistencia.
La C. secretaría Yrene Ramos Dávila:
(Pasa lista de asistencia)
Señor presidente, hay una asistencia de 196 ciudadanos diputados. No hay quórum.
ORDEN DEL DÍA
El C. Presidente: - Antes de proceder la presidencia de dictar la determinación que corresponde, ruego a la secretaría leer el contenido de la fracción XI del artículo 21, en su última parte.
La C. secretaría Yrene Ramos Dávila: - "Artículo 21, fracción XI (último párrafo): Bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión, sin antes haberse hecho conocer a la asamblea el orden del día para la siguiente sesión, salvo el caso que se refiere el artículo 109."
El C. Presidente: - En consecuencia, proceda la secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La C. secretaría Ofelia Casillas Ontiveros:
«Cámara de Diputados. Tercer período ordinario de sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
9 de noviembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión del día 3 de noviembre.
Lectura del acta de la sesión del día 4 de noviembre.
El Congreso del Estado de Coahuila, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gobernador del Estado, rendirá el sexto informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
El Congreso del estado de Sinaloa, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Francisco Labastida Ochoa, rendirá el primer informe de gobierno, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Ramón Chávez Beltrán, Luis Manuel Flores Fuentes, Arturo Antolín Hernández Meraz, Vicente González Becerril, Gabriel Vicente Lara Hernández, Adrián López Aguirre y Rigoberto López Ibarra, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Y los demás asuntos con lo que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 18:10 horas): - Con fundamento en el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo lunes 9 a las 11:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES