Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871113 - Número de Diario 26
(L53A3P1oN026F19871113.xml)Núm. Diario:26ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., viernes 13 de noviembre de 1987 NÚM. 26
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIONES
Al informe de gobierno del C. licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador de Sinaloa, el 15 del actual. Se designa Comisión.
Al VI informe de gobierno del C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, Gobernador de Coahuila, el 15 del presente. Interviene en relación a la invitación, el diputado Ricardo Francisco García Cervantes. Se designa comisión.
A la develación en Veracruz, del monumento erigido al C. licenciado Rafael Murillo Vidal ex gobernador del Estado, el día 17 del actual. Se designa comisión.
VISITA DE DIPUTADOS
La presidencia informa al pleno la visita de cortesía de una delegación de diputados peruanos.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
El diputado José Herrera Arango presenta iniciativa que adiciona y deroga párrafos de la fracción XIII de dicho artículo constitucional. Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo presenta reformas y adiciones a los artículos 24, 503, 504 y 508, de la ley de referencia. Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
El diputado Magdaleno Yáñez Hernández presenta una adición a la fracción XXX del artículo nombrado. Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Solicitudes de permiso para que puedan presta sus servicios los CC. Alicia Philippe Ponce, en la Embajada de Ecuador; Guillermina Hernández Montes y Jorge Estrada Ortiz, en la Embajada de Bolivia; Adriana Guadalupe Cárdenas Campos, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; María Elena Tatay Visairo, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". Se dispensa la segunda lectura. Debaten al respecto los diputados Jesús Heriberto Noriega Cantú y Carlos Barrera Auld; para razonar el voto, José Angel Aguirre Romero; Jesús Heriberto Noriega Cantú y Manuel Monarres Valenzuela. Pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Cancerología. Se dispensa la segunda lectura. Debaten al respecto los diputados Eraclio Zepeda Ramos y Mario Campos Bravo. Pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
Proyecto de ley que crea el Hospital Infantil de México "Federico Gómez". Se dispensa la segunda lectura Debaten al respecto los diputados Gerardo Unzueta Lorenzana y Dario Maldonado Casiano. Pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN
Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán". Se dispensa la segunda lectura. Debaten al respecto los diputados Jorge Alcocer Villanueva y Eraclio Zepeda Ramos. Pasa al Ejecutivo para efectos constitucionales.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
ENERGÉTICOS
El diputado Jorge Acedo Samaniego presenta un punto de acuerdo. Hablan en pro los diputados Carmen Jiménez de Ávila, Luis López Moctezuma y Manuel Terrazas Guerrero. Aprobado. El diputado Manuel Terrazas Guerrero solicita una adición a la propuesta anterior. Se admite. Pasa a la comisión de energéticos.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El diputado Pedro José Peñaloza presenta un documento de la Coordinadora estudiantil Politécnica en el que expone demandas del problema. Para hechos, hablan los diputados Magdaleno Yáñez Hernández, Gerardo Unzueta Lorenzana, Jaime Delgado Herrera y Gabriela Guerrero Oliveros; en contra, Salvador Robles Quinteros; para hechos, Pedro José Peñaloza; interpela, Miguel Osorio Marbán; para hechos, Javier Paz Zarza y Ricardo Andrés Pascoe Pierce; para alusiones, Salvador Robles Quintero; para hechos, Gerardo Unzueta Lorenzana, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Efraín Jesús Calvo Zarco, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Alejandro Gascón Mercado. La propuesta aceptada, pasa a la Comisión de Educación Pública.
DISGUSTO A OTORGAMIENTO DE PRESEA
El diputado Víctor Manuel Jiménez Osuna, previa fundamentación, propone que la Cámara manifieste su disgusto por la presea que el gobierno de la República otorga a Paul Volker. Para consideraciones hablan los diputados Santiago Camarena Flores y Martín Tavira Urióstegui. Se desecha la propuesta.
EXCITATIVA A COMISIONES
El diputado Víctor Guillermo Alvarez Herrera, solicita se excite a las comisiones de Comercio y de Energéticos, para que dictaminen una iniciativa sobre el alza de precios de los combustibles. La presidencia hace la excitativa. 81
ACCIDENTE EN LA LAGUNA DE XICO
El diputado Ubaldo Mendoza Ortiz, propone se recabe información del accidente de un camión de la Ruta 100, y se rinda un informe. Se turnó a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
Decreto que reforma la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
De decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito Público. Se turna a la Comisión de Hacienda.
Decreto sobre la emisión de monedas conmemorativas por el L aniversario de la expropiación petrolera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Decreto de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria. Se turna a la Comisión de Comercio.
EFEMÉRIDES
FELIPE CARRILLO PUERTO
El diputado Renán Solís Avilés, hace referencia al natalicio del ilustre mexicano.
JESÚS GARCÍA CORONA
El diputado Arturo Ruiz Morales, alude a la gesta del héroe ferrocarrilero.
GRACIANO SÁNCHEZ
La diputada Rosa María Armendáriz Muñoz, menciona en la tribuna, al ilustre mexicano fundador de la Confederación Nacional Campesina.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ
(Asistencia de 265 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente: (a las 11:55 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Cámara de Diputados Tercer Período Ordinario de Sesiones. LIII Legislatura.
Orden del día
13 de noviembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El congreso del Estado de Sinaloa, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado, rendirá el primer informe de gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre.
El congreso del estado de Coahuila, invita a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Funtes Rodríguez, gobernador constitucional del Estado, rendirá el sexto informe de gobierno, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Invitación del gobierno del estado de Veracruz, a la ceremonia de develación del monumento erigido a la memoria del C. licenciado Rafael Murillo Vidal, ex gobernador constitucional del estado, que tendrá lugar el 17 de noviembre.
Iniciativa de CC. diputados del sector obrero
Para reformar la Fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa de CC. diputados
De reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Alicia Philippe Ponce, pueda prestar servicios en la Embajada de la República del Ecuador en México.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los CC. Guillermina Hernández Montes y Jorge Estrada Ortiz, puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Bolivia en México.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que las CC. Adriana Guadalupe Cárdenas Campos y María Elena Tatay Visairo, puedan prestar sus servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de ley del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de ley del Instituto Nacional de Cancerología.
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de ley del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".
De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de ley del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán".
Efemérides
Intervenciones de los CC. diputados Renán Solís Avilés y Arturo Ruiz Morales.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La misma C. secretaria:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete. Presidencia del C. César Augusto Santiago Ramírez
En la ciudad de México, a las once horas y diez minutos del jueves doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, con asistencia de doscientos noventa y ocho ciudadanos diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
La C. Consuelo Botello de Flores solicita el uso de la palabra en los términos del artículo 102 del reglamento, quien después de aclaraciones de la presidencia en relación al propósito de esta sesión, le ruega aborde la tribuna.
En el uso de la palabra, la C. Consuelo Botello de Flores expresa que se han impedido movimientos a algunos ciudadanos diputados, por parte de elementos de seguridad ajeno a esta Cámara. Propone a la presidencia ordene que los elementos citados que se encuentran en la puerta de acceso al recinto parlamentario del lado derecho, sean retirados.
A moción del C. diputado Juan de Dios Castro Lozano para que se dé trámite a la solicitud de la C. diputada Botello De Flores, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19 reglamentario, la presidencia ordena que todo personal que sea ajeno a la Cámara, se retire de inmediato, quien después de nueva moción del C. diputado Castro Lozano, añade se dé cumplimiento por el cuerpo de seguridad de esta Cámara, a su disposición.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, verificada el día nueve del presente, misma que sin discusión se aprueba.
La secretaría, por instrucciones de la presidencia, da lectura al acuerdo de práctica parlamentaria que establece el procedimiento para el desahogo de las comparecencias constitucionales y del punto de acuerdo que lo amplía, presentando en la sesión ordinaria del día cuatro del mes en curso.
Encontrándose en el salón de recepción el C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, la presidencia nombra en comisión para introducirlo al recinto parlamentario, a los CC. Sergio Armando Valls Hernández, Hesiquio Aguilar de la Parra, Pastor Murguía González, Federico Durán y Liñán, Hilda Aurelia Lozano López y Patricia Villanueva Abrajam.
Una vez que la comisión cumple con su cometido, la presidencia manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, comparece ante esta representación nacional el C. licenciado Manuel Camacho Solís, titular de la
Sedue, quien informará sobre la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Aborda la tribuna el C. licenciado Manuel Camacho Solis, Secretario de Desarrollo Urbano, para en primer término, referirse al señalamiento que al principio de la sesión hizo la C. diputada Consuelo Botello de Flores, al que hace una aclaración, en virtud de la cual añade: "Eso es totalmente contrario a la disposición de total respeto hacia ustedes y hacia este recinto. Pido una disculpa".
Luego, el C. Licenciado Manuel Camacho Solís explica el contenido y alcance de la iniciativa motivo por la cual comparece ante la representación nacional.
Acto seguido, para desahogar el primer punto del acuerdo de práctica parlamentaria, hacen uso de la palabra los ciudadanos José Luis Díaz Moll del PRT, Nabor Camacho Nava del PARM, Gabriela Guerrero Oliveros del PPS, Antonio Monsiváis Ramírez del PDM, Jorge Amador Amador del PST, Alejandro Encinas Rodríguez del PMS, Esperanza Morelos Borja del PAN y Antonio Brambila Meda del PRI.
En su oportunidad, el C. Licenciado Manuel Camacho Solís da contestación a todos y cada uno de los ciudadanos diputados que intervinieron.
También, en su oportunidad, la presidencia hace llamados a la Galería para que guarden orden y compostura; y aclaraciones a ciudadanos diputados sobre interpretaciones a lo expresado por el acuerdo de práctica parlamentaria, que da cabida a una intervención aclaratoria del mismo orden, del C. Jorge Montúfar Araujo.
A las dieciséis y treinta horas la presidencia declara un receso.
A las dieciocho horas se reanuda la sesión.
Se procede a desahogar el segundo punto de acuerdo de práctica parlamentaria.
Para el efecto, la presidencia expresa al titular de la Sedue, que varios ciudadanos diputados han manifestado su deseo de hacer algunas preguntas en relación a la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En consecuencia, preguntan los siguientes ciudadanos diputados, a quienes el C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, da contestación: Miguel Osorio Marbán del PRI, María del Carmen Jiménez de Ávila del PAN, Graco Ramírez Garrido Abreu del PMS, Jaime Haro Rodríguez del PDM, Héctor Manuel Calderón Hermosa del PARM, Juan Moisés Calleja García del PRI, Franz Ignacio Espejel Muñoz del PAN, José Luis Díaz Moll del PRT, Beatriz Gallardo Macías del PST, Martín Tavira Urióstegui del PPS, Alejandro Gascón Mercado y finalmente Blanca Esponda de Torres del PRI.
Concluida la lista de diputados inscritos para hacer preguntas, la presidencia dirige conceptos alusivos al asunto y agradece la comparecencia del C. licenciado Manuel Camacho Solís, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien se retira acompañado de la comisión designada para tal efecto.
Se continúa con los asuntos en cartera:
Iniciativas del Ejecutivo de la Unión que envía a través de la Secretaria de Gobernación, impresas y distribuidas entre los ciudadanos diputados:
De la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
De Ley de Distritos de Desarrollo Rural. Recibo y túrnese a las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las veintidós horas y diez minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar, mañana viernes trece de noviembre, a las diez horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
INVITACIONES
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo. - México, D.F.
La Quincuagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y soberano de Sinaloa, se complace en invitar a usted a la sesión solemne que se celebrará a las 11:00 horas del día 15 de noviembre en el Teatro Pablo de Villavicencio (Difocur), declarado recinto oficial, en la que el gobernador constitucional del Estado
Francisco Labastida Ochoa; rendirá ante esta representación popular su primer informe de gobierno.
Culiacán Rosales, Sinaloa, 1987.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta H. Cámara de Diputados, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Salvador Robles Quintero, Salvador Esquer Apodaca, Marco Antonio Espinoza Pablos, Mario Alfonso Niebla Alvarez, Adrián Evodio Prado Gómez, Raúl Darío Cárdenas Duarte, María Luisa Solís Payán, Adrián González García, Gorgonio Meza Ramos, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Eraclio Zepeda Ramos, Gustavo Ignacio Valenzuela Santeliz y Genaro José Piñeiro López.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«C. Presidente de la H. Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D.F.
La L Legislatura del H. Congreso del estado libre y soberano de Coahuila, invita a usted a la sesión solemne en la que el C. licenciado José de las Fuentes Rodríguez, gobernador constitucional del estado, rendirá su sexto informe de gobierno.
La ceremonia se efectuará el día 15 de noviembre a las 11:00 horas en el Teatro de la Ciudad, declarado recinto oficial.
Saltillo, Coahuila. - Noviembre de 1987.»
El C. Ricardo García Cervantes (desde su curul): - Pido la palabra, señor presidente.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto?
El C. Ricardo García Cervantes: - Para hechos, señor presidente.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo García Cervantes: -Con la autorización de la presidencia; compañeras y compañeros diputado: Se ha recibido en esta Cámara de Diputados una invitación que no tiene nada de particular, puesto que se reciben de todos los estados de la República, cuando un gobernador va a rendir un informe.
Sin embargo, en este caso, hay que significar dos cosas de la presente invitación del gobernador del Estado de Coahuila. El primero de ellos , es señalar que, precisamente el 15 de noviembre, es la fecha marcada por la Constitución del Estado de Coahuila y por la Ley Estatal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, para que el Congreso del estado de Coahuila esté en disposición de calificar las elecciones que en el pasado 25 de octubre se celebraron en el estado de Coahuila.
La simple fecha, es un hecho que merece en esta Cámara de Diputados, una breve reflexión.
El segundo hecho, es la duda de si el señor gobernador De las Fuentes Rodríguez, en Coahuila, informará cabalmente el estado que guarda la democracia en el estado de Coahuila; si estarán incorporados, en las cuentas públicas que rinda, los gastos efectuados para sostener las campañas del partido del gobierno; la intromisión de entidades públicas poniendo al servicio del partido del gobierno, vehículos y recursos.
La pregunta es: ¿Estará contenido en ese informe la realidad del estado de Coahuila?
Se está invitando a una comisión de esta Cámara de Diputados para que rinda la cortesía al señor gobernador. Es, Entonces, importante señalar que esperaremos que el señor gobernador De las Fuentes Rodríguez, informe sobre las manifestaciones públicas, que es el único recurso que queda conforme a la ley, que se han realizado en el municipio de Monclova, con concentraciones superiores a las 20 mil personas exigiendo el respeto al voto, y ¿por qué digo que es el único recurso que queda? Porque tratándose de elecciones municipales, no hay junta computadora conforme a la Ley Electoral de Coahuila, y que tratándose de elecciones municipales, será solamente el Congreso del Estado quien califique y su fallo será inatacable, es a partir del día 15 de noviembre, día al actual somos invitados como Cámara de Diputados y como representación nacional, a la apertura de un período de sesiones del Congreso del Estado de Coahuila, que es la única alternativa para los ciudadanos de Coahuila, de que se haga justicia en materia electoral.
Tanto el contenido del informe del gobernador De las Fuentes, que no reflejará la realidad del estado de Coahuila, en cuanto al uso de los recursos del pueblo de Coahuila para sostener a un partido en sus elecciones, que no reflejará el estado de derecho que ha sido pisoteado en Coahuila a través de líderes pagados al servicio del propio señor gobernador y están ahí los casos de Mario Zepeda, de Martha Velázquez, con innumerables órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas y que fueron factor determinante en la burla que se hizo al pueblo de Coahuila el 25 de octubre; eso no estará contenido en el informe del señor gobernador; tampoco establecerá el repudio que se ha
hecho en muchos municipios, pero fundamentalmente en uno que fue ganado legítimamente a pesar del fraude como es Monclova, y los testimonios están dados de manera pública y contundente; las manifestaciones de más de 20 mil monclovenses exigiendo que a partir del 15 de noviembre, fecha a la cual todos nosotros recibimos una cordial invitación para asistir a mi estado, a partir del próximo 15 de noviembre, estará el Congreso de Coahuila, en la plena responsabilidad y en plena posibilidad de respetar el triunfo legítimo de Acción Nacional en Monclova; de anular los comicios en los municipios en los que, conforme las pruebas y los documentos que sean entregados y que puedan entregarse, deberán ser anulados.
Esa es la reflexión, que cuando se recibe la invitación de un gobernador para asistir a escuchar su informe, la representación nacional debiera hacerse, a partir del día 16, el día siguiente del informe del gobernador, sabremos si en Coahuila entendieron no llevar la política de carro completo, para sustituirla por la política de carro repleto. Sabremos, a partir de la apertura del período ordinario de sesiones, que es de hecho a lo que se invita a esta representación, si el Congreso del Estado de Coahuila responderá a cabalidad con su responsabilidad, y a partir del 15 de noviembre, el Congreso de Coahuila va a estar dispuesto a respetar a los coahuilenses, a hacer vigente lo que aquí ya se ha manejado en son hasta de burla, una modernización en la vida democrática de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Para asistir a este acto, en representación de esta Honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Gaspar Valdés Valdés, Hilda Aurelia Lozano López, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Daniel Castaño de la Fuente, Rodolfo Jiménez Villarreal, Jesús Santiago Jardón Lerma, Gonzalo Padilla Fuentes, Marciano Aguilar Mendoza y Magdalena García Rosas.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«C. presidente de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. México, D.F.
El gobierno del Estado de Veracruz - Llave, el H. Ayuntamiento Constitucional y el Patronato Proconstrucción del Monumento Erigido a la memoria del licenciado Rafael Murillo Vidal, ex gobernador constitucional del estado, tienen el honor de invitar a usted a la ceremonia de develación, que tendrá verificativo el día 17 del presente, a las 11:00 horas, en la avenida que lleva su nombre de esta ciudad, con motivo del I aniversario de su fallecimiento.
Xalapa - Enríquez, Veracruz, noviembre de 1987. - El gobernador constitucional del estado, Fernando Gutiérrez Barrios. - El presidente municipal, Manuel Fernández Ávila. - Presidente del patronato. Carlos J. Piñero M.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto, en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Francisco Berlín Valenzuela, Pedro Sánchez Arrieta, Carlos Roberto Smith Veliz, Juan Nicolás Callejas Arroyo y Sebastián Guzmán Cabrera.
VISITA DE DIPUTADOS
El C. Presidente: - Esta presidencia se permite informar a la Asamblea, que se encuentran presentes en este recinto parlamentario, una delegación de diputados peruanos que están de visita de cortesía a esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Para conocimiento de la Asamblea, esta presidencia se permite informar que además de quienes han sido inscritos en el orden del día, han solicitado hacer uso de la palabra para diferentes propósitos los siguientes ciudadanos diputados:
Para presentar iniciativas de ley: Pedro Ortega Chavira, Juan Manuel Cruz Acevedo y Magdaleno Yáñez Hernández.
Para presentar proposiciones: Jorge Acedo Samaniego, Pedro Peñaloza, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Carlos Arturo Acosta, Jorge Alcocer Villanueva, Franz Ignacio Espejel y Carlos Barrera Auld.
Para presentar denuncias: Lorenzo Serrano Gutiérrez y Gonzalo Altamirano Dimas.
Y para conmemorar diversas efemérides: Renán Solís Avilés, Arturo Ruíz Morales y Rosa María Armendáriz.
Esta presidencia concederá el uso de la palabra en los términos del artículo 30 del reglamento en vigor.
Tiene la palabra el ciudadano José Herrera Arango para presentar una iniciativa, en sustitución del ciudadano diputado Pedro Ortega Chavira.
El C. José Herrera Arango:
«Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Los diputados de la Confederación de Trabajadores de México, que forman parte de la fracción parlamentaria
del sector obrero en la LIII Legislatura Federal, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Federal y del 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, inician reformas para derogar el último párrafo de la fracción XIII del artículo 123 constitucional y adicionar a la misma fracción XIII del referido artículo 123 de la Constitución General de la república, basándose para ello en lo siguiente:
La obligación de las empresas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento, es una conquista irreversible del pueblo trabajador, conquista que le debe permitir no sólo su formación profesional para el desempeño de una función específica, sino también la actualización de sus conocimientos en el avance tecnológico, científico y social que le garantice el acceso a una vida plena de realización humana; para ello, se hace hoy una necesidad impostergable implantar en forma integral un sistema de capacitación y adiestramiento que comprenda, sin excepción a todos los trabajadores de México, de tal suerte que ya no sea sólo un derecho del trabajador y una obligación de los patrones, sino una responsabilidad del todo social y de su personificación jurídica: el Estado mexicano.
Ciertamente los rasgos fundamentales de la capacitación y el adiestramiento se encuentra hoy a nivel constitucional y en la Ley Reglamentaria los sistemas. métodos y procedimientos; sin embargo, no existe a la fecha la coherencia necesaria para articular integralmente una capacitación y adiestramiento en el trabajo y para el trabajo, que permita ampliar culturalmente el ámbito del trabajador, lo mismo en la ciencia que en la técnica, en el arte, en lo moral, lo social y lo político.
Es verdaderamente desesperante que ante la urgencia de sostener un proyecto de desarrollo orientado hacia objetivos sociales, la capacitación y el adiestramiento se concrete al recurso técnico para producir y relegue, la dignificación y organización del trabajo socialmente útil.
La reforma publicada el 9 de enero de 1978, se refiere a la obligación de los patrones para la capacitación o adiestramiento de la gran masa obrera; como consecuencia de esta reforma constitucional, en abril de 1978 se reformó la Ley Federal del Trabajo, para establecer en ella la referida obligación de los patrones para capacitar y adiestrar a los trabajadores y asegurar con ello el derecho del más apto, del más capaz; en contraposición a la tesis del escalafón ciego que gira en torno a la antigüedad, más que de la capacitación y del adiestramiento, para otorgar además a ésta rango de interés social y de su inclusión en el texto mismo del contrato de trabajo suscrito por las partes, para crear asimismo el servicio nacional de empleo, capacitación y adiestramiento de los trabajadores que estudiara y promoviera la generación de empleos y supervisara la colocación y la capacitación y adiestramiento de los propios trabajadores.
Este servicio nacional de empleo, capacitación y adiestramiento, fue encargado a una unidad coordinadora de empleo, capacitación y adiestramiento, como organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A esta unidad se encomendó la formulación de comités nacionales de capacitación y adiestramiento en aquellas ramas industriales o actividades en que lo juzgara conveniente, así como la aplicación de las bases relativas a la integración y funcionamiento de dichos comités.
Por otra parte, en cada empresa se pueden constituir comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, que vigilen la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores.
Es de hacerse notar que también en las entidades federativas pueden establecer consejos consultivos estatales de capacitación y adiestramiento, integrados por el gobernador del estado y representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de trabajadores y patrones en la entidad federativa.
Lo expuesto nos demuestra no sólo la diversidad de instancias para encarar el problema de la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, sino también la absoluta falta de un sistema que coordine, articule y oriente a la capacitación y el adiestramiento hacia la modernización de la planta productiva, hacia la independencia tecnológica y científica de la nación, hacia la generación de empleos y la dignificación del trabajo socialmente útil, hacia el objetivo superior de implantar un sistema integral para la capacitación y el adiestramiento, que permita elevar la productividad y el nivel de vida del pueblo trabajador.
En consecuencia con lo expuesto, la presente iniciativa se concreta en una reforma para derogar el último párrafo de la fracción XIII del artículo 123 constitucional, y en una adición a la misma fracción XIII del referido artículo 123 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:
Fracción XIII........................
Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo.
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación del Instituto Nacional para la Capacitación o el Adiestramiento de los Trabajadores. Dicha ley establecerá la forma de organización y administración del Instituto nacional para la Capacitación o el Adiestramiento de los Trabajadores, así como los procedimientos, métodos y sistemas, a los cuales los patrones deben cumplir con la obligación referida.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 22 de octubre de 1987.
Por la diputación priísta de la Confederación de Trabajadores de México: Alfredo González González, Rogelio Preciado Cisneros, Pedro López Vargas, Gaspar Valdés Valdés, Alfonso Santos Ramírez, Jorge Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Joaquín López Martínez, Federico Durán y Liñán, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Alfonso Reyes Medrano, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristóbal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, José Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Fabián Carrillo Flores, Porfirio Camarena Castro, Félix Liera Ortiz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heriberto Serrano Moreno, José Delgado Valle, Juan Carlos Velasco Pérez, Abimael López Castillo, Raúl Ramírez Chávez, Leobardo Ramos Martínez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, Oney Cuevas Santiago, Blas Chumacero Sánchez, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinoza Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solís Payán, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Priego, Emilio Jorge Cordero García, Diego Navarro Rodríguez, Luis Nájera Olvera, Emérico Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, Rafael García Anaya, José Nerio Torres Ortiz, José Luis Galaviz Cabral.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY FEDERAL DE TRABAJO
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Manuel Cruz Acevedo, para presentar una iniciativa.
El C. Juan Manuel Cruz Acevedo: - Honorable Asamblea: Los comentarios que vamos a hacer hoy se hubieran hecho antes del 19 de septiembre, podrían parecer inverosímiles, pero las experiencias que sufrimos en aquel macrosismo hacen realizables y actual la presente iniciativa, que con la autorización de la presidencia someto a vuestra soberanía.
En 1985 los mexicanos experimentamos diversos hechos, que con o sin mala voluntad repercutieron drásticamente en perjuicios de la población en general, y en forma especial en perjuicio de la clase trabajadora del Distrito Federal.
Por ejemplo, algunos empresario sustrajeron maquinaria de sus fábricas, al amparo de los daños sufridos por los edificios en que se alojaba; las empresas cerraron, hubo despedidos injustificados, hubo acciones por indemnización, y cuando pretendieron hacerse efectivos los laudos condenatorios, esa maquinaria jamás apareció, haciendo así, de hecho, nulo el derecho de los trabajadores.
Por otro lado, pero vinculados con el mismo siniestro, hubo también deseos de muchos trabajadores de aportar su fuerza de trabajo en los esfuerzos de rescate y salvamento de víctimas, el temor a perder su empleo les impidió colaborar en tal sentido.
Hubo también sindicatos que pretendieron organizar a sus agremiados para el mismo fin, pero el temor de originar despidos masivos se los impidió. Hubo, sí, casos excepcionales en que muchos trabajadores, anteponiendo su nacionalismo y su solidaridad con el pueblo de México, realizaron labores de rescate, sin contar con la autorización de sus correspondientes patrones. La consecuencia fue, en muchos casos también, la pérdida de su empleo correspondiente.
Experimentamos también que en muchas fuentes de trabajo perecieron los trabajadores en sus centros correspondientes de actividad; los cadáveres no aparecieron, las indemnizaciones por muerte en virtud del riego de trabajo no pudieron hacerse efectivas con la premura que esto implicaba, porque no aparecían y no había forma de extender las actas de defunción correspondiente. No hubo pues, la inmediatez que se requiere en indemnizaciones en estos casos.
Ciertamente que México no había sido azotado por un macrosismo tan devastador, y esto nos
había mantenido jurídicamente indefensos ante tales casos como los que he mencionado y otros muchos más que sería prolijo enumerar en este momento, pero los específicamente aquí narrados nos han dejado amargos recuerdos y nos plantean la necesidad ya impostergable de llenar las lagunas de nuestra Ley Federal del Trabajo, para que en casos similares que jamás deseamos, pero sí es una eventualidad su realización, debemos de estar preparados.
En atención a lo anterior, nos permitimos proponer la diputación oaxaqueña a la consideración de este honorable pleno, reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo que tienden a llenar, insisto, las lagunas legales motivadas, originadas por los casos que he mencionado.
Y así, en el título segundo, capítulo I, se pretende adicionar un artículo que tiende a evitar la sustracción de los bienes de la empresa o establecimiento respectivo en caso de un siniestro; y concomitantemente con ellos, por el solo hecho de realizarse la eventualidad de ese siniestro, el patrón adquiere la calidad de depositario de todos los bienes que pertenezcan a esta empresa. Por ello, como contrapartida, contraerá también las obligaciones inherentes al cargo de depositario, haciendo así negatoria la posibilidad de sustraer y desaparecer la maquinaria.
En el título cuarto, capítulo II denominado "principios generales", el artículo 134 en su fracción VIII, impone a los trabajadores la obligación de prestar servicios a la empresa en cualquier tiempo que se necesita en caso de un siniestro, por lo que de manera análoga se estima equitativo establecer la obligación de los patrones para brindar ayuda a la población en general, a través de sus trabajadores ante la eventualidad de ese siniestro. esto permitirá al estado instrumentar una auténtica organización del trabajo para la protección de la sociedad.
Para ello, es necesario reformar la fracción X del artículo 132, a efecto de que constituya una obligación legal de los patrones, para permitirle a sus trabajadores faltar a sus labores con pago de sus salarios, y así puedan incorporarse a las brigadas de rescate, en el caso de un siniestro formalmente declarado.
Ahora bien, esta ayuda a la sociedad la experimentamos también, puede darse indistintamente por el Estado, por los sindicatos, por los patrones o por los trabajadores en lo individual. Por ello, es conveniente adicionar una fracción IV al artículo 377, a efecto de que constituya también una obligación de los sindicatos, aportar la fuerza de trabajo o de sus agremiados para la formación de brigadas de rescate y salvamento.
Lógicamente, una obligación que no traiga consigo aparejada una medida de constreñimiento sería negatoria, por eso consideramos que es también necesario adicionar el título de "responsabilidades y sanciones" un artículo que tienda también a imponer la obligación en este sentido a los sindicatos.
En el título noveno se considera necesario reformar los artículo 503 en su fracción I, 504, fracción VI, 508 y adicionar una fracción V al 506, a efecto de prever que en los casos de siniestro se pueda acreditar la muerte por riesgo de trabajo cuando no aparezca el cadáver de un trabajador, pero se pueda justificar por cualquier otro medio de prueba permitido por la ley, que el trabajador se encontraba en su fuente de trabajo en el momento en que se origine el siniestro. Este hecho, aunado a un dictamen de improbabilidad o imposibilidad de supervivencia del trabajador, que al efecto emita el médico correspondiente, será suficiente para declarar esa presunción de muerte, y que sea base para la indemnización inmediata por riego de trabajo.
De aprobarse esta reforma, sería también necesario adicionar el artículo 115 del título tercero, capítulo VII, y prever en este numeral el caso de presunción de muerte.
Finalmente, en distinto orden de ideas dentro del mismo título segundo, capítulo I, se prevé en la actualidad que cuando no existan contratos colectivos aplicables, las condiciones de trabajo deberán constar por escrito y que se hagan dos ejemplares, para que quede uno en poder de cada parte.
Es un hecho, compañeros diputados, que es muy frecuente que el trabajador por descuido, por negligencia, por desconocer la trascendencia del documento, pierda el ejemplar que le corresponde. Ante esto, siento que tenemos la obligación de brindarle la protección necesaria; por ello se considera conveniente adicionar dicho artículo, previéndose la formulación cuando menos de tres ejemplares, para que uno sea entregado a cada una de las partes, otro depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, con cargo, como obligación para el patrón, en forma tal que de no hacerlo el patrón, la sanción sea para él, imponiéndole así la obligación o la presunción de la existencia del trabajo, en el caso de que no se registre ese contrato de trabajo individual ante la junta correspondiente.
Por todas las consideraciones anteriormente hechas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Política Federal, en relación con los artículos 55, fracción II, 62, 63 y
demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente.
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.
«Artículo primero. Se reforman los artículos 24, 503, fracción I, 504, fracción VI y 508 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán como mínimo, tres ejemplares, de los cuales quedará uno en poder de cada parte y otro será depositado ante la junta competente por parte del patrón; la omisión de esta obligación, hará prueba plena de la existencia de la relación laboral.
Artículo 503......................
I. La Junta de Conciliación Permanente, el inspector del trabajo que reciba el aviso de la muerte, o en su caso, de la declaración de presunción de muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las 24 horas siguientes, una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de un término de 30 días, a ejercitar sus derechos.
Las fracciones de la II a la VII quedan iguales.
Artículo 504. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
Las fracciones de la I a la V quedan igual.
VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte, o de la presunción de muerte de un trabajador por riego de trabajo, darán aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, proporcionando además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente.
Artículo 508. La causa de la muerte por riesgo de trabajo, podrá comprobarse con los datos que resulten de la autopsia, cuando está se practique o por cualquier otro medio que permita determinarla. En caso de un siniestro, si pasados diez días no apareciera el cadáver, bastará la justificación por cualquier medio permitido por la ley, de que el trabajo se encontraba en su centro de trabajo en el momento del siniestro, y que dentro de esos diez días siguientes no se le ha vuelto a ver; esta información, aunada al dictamen formal de no posibilidad de supervivencia que emita el médico, serán suficientes para que la junta declare la presunción de muerte, con la que se tendrá por probada también la causa de muerte por riesgos de trabajo.
Los párrafos segundo y tercero, quedan iguales.
Artículo segundo. Se adiciona un artículo 19 - bis, una fracción VIII al artículo 42, una fracción XXIX al artículo 132, una fracción IV al artículo 377 y una fracción V al artículo 506 y un artículo 1005 - bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 19 - bis. Se afectan los derechos de la sociedad cuando el patrón, en caso de un siniestro, substraiga dolosamente los bienes de la empresa o establecimiento.
En el mismo supuesto anterior, sin que medie declaración alguna, el patrón adquiere la calidad y las obligaciones de depositario de todos los bienes de la empresa o establecimiento. Dicha calidad y obligaciones cesarán hasta que así lo declare la junta.
Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón.
Las fracciones I a VII quedan iguales.
VIII. La ausencia del trabajador a sus labores, en caso de un siniestro formalmente declarado y siempre que éste se incorpore, por sí o en coordinación con su sindicato, a las brigadas de salvamento o rescate que se organicen al efecto: en este caso, el patrón deberá pagarle al trabajador su sueldo íntegro por el tiempo que sea estrictamente necesario para tal fin.
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
Las fracciones de las I a la XXVIII quedan iguales.
XXIX. Permitir a sus trabajadores faltar a laborar por el tiempo que sea estrictamente necesario, cuando tengan éstos que incorporarse por sí o coordinadamente por sus sindicatos, a realizar labores de rescate o salvamento en caso de un siniestro formalmente declarado.
Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:
Las fracciones de la I a la III quedan iguales:
IV. En caso de siniestro formalmente declarado por la autoridad competente, aportar organizadamente y previo el requerimiento de la propia autoridad, la fuerza de trabajo de sus agremiados, a fin de formar brigadas para afrontar la emergencia.
Artículo 506. Los médicos de las empresas están obligados:
Las fracciones de la I a la IV quedan igual.
V. En caso de siniestro que afecte el centro de trabajo, y que haga presumir la muerte de un trabajador en el mismo y que no se pueda encontrar su cadáver, emitir dictamen formal por escrito, respecto de las posibilidades o no de supervivencia.
Artículo 1005 - bis. A los representantes del sindicato. que sin causa justificada se rehusen a tomar las medidas necesarias para la prestación de los servicios a que se refiere la fracción IV del artículo 377, se les sancionará con prisión de tres a diez años y multa equivalente a quinientas veces el salario mínimo de la zona económica de que se trate.
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 1987. - Diputados por Oaxaca: Oswaldo García Criollo, Oney Cuevas Santiago, Mauro Rodríguez Cruz, Juan Manuel Cruz Acevedo, Porfirio Leonel Rojas Medina.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Magdaleno Yáñez Hernández, para presentar una iniciativa.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: «Señor presidente; honorable Cámara de Diputados: Vengo a esta tribuna para presentar una iniciativa que reforma el artículo 123 constitucional, al agregársele una nueva fracción que venga a ampliar la función social de este artículo, que cada día hace falta hacerlo más revolucionario, para que en justicia dé al trabajador lo necesario para vivir.
CONSIDERACIONES
Las consecuencias de la revolución industrial es el origen de dos sistemas, casi semejantes: el capitalista liberal y el socialista totalitario.
La invención de las máquinas vino a sustituir la fuerza humana en el trabajo, pero no la explotación despiadada en salarios miserables y jornadas inhumanas.
La industria y los transportes realizan un avance milagroso, pues las calderas a vapor proveen a la industria de un potencial de energía hasta entonces inigualado: aplicados a las naves, las hacen independientes de los caprichos del viento, abaratan los fletes y determinan más en el transporte de las mercancías de un lugar a otro. Una acumulación de capitales y de mano de obra era necesario para que las nuevas invenciones pudieran producir sus efectos; sin embargo, estas circunstancias favorables no habrían podido producir un desarrollo tan imprevisto e imponente sin la llamada "doctrina liberal".
Una serie de teóricos en esta época en los países que tuvo auge el desarrollo industrial.
La inmoralidad de esta doctrina quedó demostrada en el sentido de que abajo por la "libertad de trabajo" es decir la prohibición de estatutos y gremios, sólo acuerdos individuales que entregan a los obreros atados de pies y manos a los patrones, y sin el derecho de intervención por parte del Estado. basta referir citas de dos teóricos del liberalismo: "Los obreros son responsables de su miseria" que es muy útil (Dunoyer) y "Desde el punto de vista económico, los trabajadores deben ser considerados verdaderas máquinas que proporcionan cierta cantidad de fuerzas productoras y exigen, en cambio, ciertos gastos de mantenimiento para poder funcionar en una forma regular y continua" (Molinari, discípulo de Stuar Mill). He aquí la base del capitalismo liberal y el principio de la esclavitud del trabajador, rebajado al nivel de máquina y despojado de su dignidad de persona humana.
La consecuencia de esta situación fue la división social de dos clases, una minoritaria, dueña del gran capital y la otra mayoritaria, dueña de su miseria; provocando el enfrentamiento social, desde esta época, hasta la actualidad, si bien es cierto que desde siempre hubo un enfrentamiento entre las dos clases sociales, la que explota y reprime y la explotada y reprimida. En esta época la situación se agravó en perjuicios de los trabajadores: hombres, mujeres y niños, llegando a disminuir la población de algunas ciudades por muerte prematura; y algunos médicos llegaron a
recomendar que se dejaran de emplear niños, porque podrá desaparecer la población además de la degeneración física de la raza.
El maquinismo aplicado a la industria produce el capitalismo, y éste engendró dos hijos: el liberalismo en diferentes formas y el segundo el social - comunismo en diferentes matices; dos corrientes que se oponen entre sí pero que tienen ambas el mismo origen y explotan por igual aunque con diferentes ópticas.
El liberalismo es sólo una de las modalidades del capitalismo, que es perfectamente concebible también sin libertad económica, como pasa en los países de observancia comunista (capitalismo de Estado); ambas excluyen la libertad del trabajo. El maquinismo juega en las dos doctrinas un papel preponderante, y los trabajadores son empujados hacia un máximo de rendimiento, porque éstos no son más que piezas en el engranaje de la maquinaria productiva.
El comunismo como puede constatarse en los países donde se ha realizado, aunque no en forma marxísticamente ortodoxa sustituye el capitalismo de una minoría con el capitalismo de uno sólo: "el Estado". Teóricamente, parece que la posición de la clase mejore, en cuanto se supone que el Estado capital - comunista haga una repartición más equitativa de las rentas industriales y agrícolas pero es pura suposición; pues, sin negar ciertas mejoras sociales, los que verdaderamente se benefician de las riquezas del capitalismo estatal son los políticos y el conjunto de altos burócratas y técnicos, que se parecen cada día más a los burgueses de tipo liberal. Es una nueva clase dominante, que nominalmente mantiene el postulado de la propiedad colectiva como plataforma política, pero disfruta de todas las prerrogativas de la propiedad individual. Esos son los personajes que Arturo Kloster llama "los millonarios comunistas", con vestidos costosos, joyas, automóviles, servidores, yates y villas en Crimea, y que desilusionaron a Milovan Djilas, el comunista yugoeslavo, los bautizó "la nueva clase", en la cual figuran los personeros de la alta jerarquía del régimen totalitario: los cabecillas del partido, en primer lugar, y luego los directores de empresas oficiales, la alta burocracia, algunos intelectuales privilegiados y un reducido número de profesionales. Ninguno de ellos, en línea general, es un "verdadero creyente" no obstante como todas las clases dominantes, creen profundamente... ¡en la conveniencia de conservar sus privilegiadas posiciones!
"Una clase gobernante explotadora ha nacido de las clases explotadas - dice Milovan Djilas -, el partido engendra la clase, pero la clase crece y el partido se debilita. Es el destino fatal de todo partido en el poder "y añade:" según la ley romana, el derecho de propiedad se definía como el uso, goce y disposición de los bienes materiales. Los burócratas comunistas usan, gozan y disponen de la propiedad nacionalizada". En otras palabras, la nación es propiedad de la nueva clase que ejerce el monopolio absolutista del poder.
Además, la riqueza producida no se invierte sino parcialmente en obras de utilidad social; la mayor parte se va en gastos de propaganda al extranjero y en armamentos, ¿qué le importa al proletariado la militarización del espacio, miles de millones de pesos en cohetes, bombas atómicas para destruir al hombre, donde se gasta la riqueza producida por los trabajadores, sin tomarles siquiera su parecer?; quizás las inversiones son superiores a los del mundo capitalista liberal, lo que cambia es la etiqueta, y la clase obrera es engañada con el espejismo de beneficios que son muy discutibles; y, en todo caso, importan el sacrificio del mayor bien del hombre; la libertad; libertad de conciencia, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de trabajo y libertad política.
Ante la injusticia cometida por los sistemas capitalistas ya mencionados el Partido Demócrata Mexicano, presenta una opción diferente para el trabajador, y por tal motivo, propongo la reforma del artículo 123 constitucional para que en él se establezca la empresa comunitaria donde el trabajador pueda realizarse como ser humano.
La Empresa Comunitaria: las reformas jurídicas que proponemos en la estructura de la empresa tienen, sin duda, su importancia; son fecundas en efectos de justicia y su valor es duradero sólo cuando son expresión de una realidad humana social.
En la empresa comunitaria que proponemos se busca establecer comunidades de seres humanos, como seres superiores en la naturaleza, es necesario modificar los sistemas que hacen del trabajador un robot sin pensamiento propio, dependiente y mediatizado que le impide ser libre y buscar su propio destino.
En la actualidad, las empresas modernas impiden que el trabajador piense, cuando se convierte en vigilante de máquinas, donde sólo oprime botones, y no se desarrolla su creatividad y así como los peces en el fondo de los mares pierden la vista porque en el abismo no hay luz, así al trabajador se le atrofia el pensamiento porque no lo usa. De esta forma, es presa fácil de la explotación y manipulación.
En la empresa comunitaria, el trabajador antes que ser trabajador, es persona y como tal debe buscar
desarrollarse. En las condiciones actuales, esto no se puede lograr, por lo que es necesario modificar la estructura de la empresa.
En la empresa comunitaria, el trabajador es superior a lo colectivo; como ser humano, está por encima de la masa amorfa sin dimensiones, no se puede hablar del desarrollo colectivo cuando se sacrifica el bienestar y la libertad del individuo.
El trabajo no debe ser una mercancía que se venda al mejor postor, aprovechando las necesidades o la miseria de la persona que tiene que aceptar lo que le paguen, porque si no lo hace se queda sin comer. El trabajo debe ser un medio para que el trabajador se realice como ser humano y esto no lo logrará en el capitalismo liberal o en el capitalismo de Estado, porque ambos sistemas niegan la esencia del ser humano, convertidos únicamente en sistemas de explotación y manipulación del trabajador que le impiden ser creativo y libre. Es necesario modificar las condiciones de la empresa donde el trabajador se pasa ocho horas del día, la mayor parte del mismo en este lugar donde, de acuerdo con las condiciones de trabajo en la mayoría cargadas de egoísmo, envidia, etcétera, el obrero labora reprimido, puede ser feliz o infeliz, esta situación será diaria contribuyendo a elaborar su desdicha.
Ante la situación ya expuesta es necesario que:
a) Las estructuras y el funcionamiento de la economía, deben ser tales que el conjunto de los trabajadores pueda disponer de los recursos necesarios para su mantenimiento y el de su familia, en las condiciones exigidas por el estado de la civilización actual.
b) El régimen económico debe favorecer el desarrollo de las cualidades propias de la persona humana. Es menester que los hombres tengan la posibilidad de actuar con libertad, responsabilidad y de perfeccionarse a sí mismos, en las empresas en que trabajan. Existe una promoción humana más importante aún que la promoción profesional, y que debe ser realizada.
c) La mejora de las condiciones debida no debe ser exclusiva de ciertas regiones, o de ciertas ramas de la económia. La solidaridad entre los hombres y la justicia exigen urgentemente que cesen las desigualdades inadmisibles que separan unos grupos de otros, un grupo minoritario que le sobra y despilfarra todo; por otra parte, el grupo enorme de pobres que les hace falta mucho y otro de miserables que no tienen nada, siendo estos últimos la gran mayoría de los mexicanos.
d) La economía debe crear estructuras conforme a la dignidad humana, que hagan del hombre, aun en su estudio de libre trabajador, el guía de sí mismo y el dueño de su vida, acrecentando en él, el sentido de la responsabilidad, y el Estado está obligado a proporcionar su desarrollo.
e) El trabajador sólo encontrará las condiciones para su desarrollo en la empresa comunitaria, donde el factor más importante es el ser humano y segundo lugar los beneficios, en la empresa comunitaria el trabajador es copropietario de la empresa y él también decide en su administración siendo responsable de la buena marcha de la empresa. En la empresa comunitaria, el trabajador crece dimensionalmente, porque también decide y deja de ser sólo dependientemente de alguien que piensa y decide por él.
En la empresa comunitaria, el desarrollo económico del trabajador es más justo, porque él disfruta de los beneficios que él produce en la empresa donde labora y siendo copropietario y cogestor. Si el trabajador ve la empresa como suya, laborará con más eficiencia y responsabilidad, habrá más calidad en los productos y, por consiguiente, más beneficios.
Actualmente, con la crisis económica que sufre nuestro país, la empresa comunitaria sería parte de la solución al desempleo y al desastre económico.
Pero ¿cómo se puede formar la empresa comunitaria?, puede ser muy variada:
a) Constituir empresas sólo entre trabajadores.
b) Asociarse los trabajadores con inversionistas para formar empresas.
c) La cesión gratuita de las acciones de trabajo a los obreros.
d) La venta de las acciones a los trabajadores, a precio más bajo y con facilidades de pago, de modo que constituyesen una segura y provechosa inversión de sus ahorros.
e) La cesión de las acciones de trabajo, como participación en las utilidades.
Estos pueden ser algunos modelos para constituir la empresa comunitaria donde la democracia económica debe funcionar y, para esto, cada propietario debe participar sólo con un voto y así habrá igualdad en las decisiones y no votos anónimos, que se escudan según la cantidad de las acciones de capitalistas que nunca conocen a sus trabajadores o trabajadores que nunca saben para quién trabajan.
Por lo antes expuesto, solicito sea modificado el artículo 123 constitucional, para que en su fracción XXX diga lo siguiente:
"XXX. Serán consideradas de utilidad social las empresas comunitarias donde los trabajadores sean copropietarios y cogestores de las empresas en que participen estableciendo la democratización de la economía."
El actual contenido de la fracción XXX, pasa a ser el contenido de la fracción XXXI y éste, a su vez, el contenido de la fracción XXXII.
De conformidad con las leyes del Congreso, pido se turne a las comisiones correspondientes.
Atentamente.
Salón de sesiones, noviembre 13 de 1987. - Por la fracción parlamentaria demócrata: Diputado licenciado, Magdaleno Yáñez Hernández.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 29 de octubre último , manifestando lo siguiente:
"La Embajada del Ecuador en México ha comunicado a esta Secretaría su intención de contratar los servicios de la señora Alicia Philippe Ponce, de nacionalidad mexicana, para que desempeñe las funciones de secretaria del jefe de esa representación diplomática. En tal virtud, mucho agradeceré a ustedes, de no haber inconveniente para ello, girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la señora Philippe Ponce pueda prestar sus servicios en esa embajada. Para tal efecto, adjunto al presente remito a ustedes copia de la solicitud del trámite de autorización, copia certificada del acta de nacimiento y copia de su certificado de nacionalización. Sobre el particular, mucho agradeceré a ustedes que, una vez que se haya cumplido debidamente con los ordenamientos constitucionales, se informe a esta Secretaría a fin de ofrecer una respuesta a la solicitud de que se trata."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
México, D. F., a 4 de noviembre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
El C. Presidente: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Con fecha 30 de octubre último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a está de Gobernación, lo siguiente:
"La Embajada de Bolivia en México ha comunicado a esta Secretaría su intención de contratar los servicios de la señorita Guillermina Hernández Montes, de nacionalidad mexicana, para que desempeñe el cargo de empleada administrativa en esa misión diplomática. En tal virtud, mucho agradeceré a ustedes, de no haber inconveniente para ello, girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la señorita Hernández Montes, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Bolivia acreditada ante el gobierno de México. Para tal efecto, adjunto al presente remito a ustedes copia de la solicitud del trámite de autorización, así como copia certificada del acta de nacimiento de la interesada, misma que comprueba su nacionalidad. Sobre el particular, se agradecería igualmente que, una vez que se haya cumplido plenamente con los ordenamientos constitucionales, se ponga a esta Secretaría en aptitud de ofrecer una respuesta a la solicitud de que se trata."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles, además con el presente el anexo que en el mismo se menciona y les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 4 de noviembre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de octubre último, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"La Embajada de Bolivia en México ha comunicado a esta Secretaría su intención de contratar los servicios del señor Jorge Estrada Ortiz, de nacionalidad mexicana para que desempeñe el cargo de empleado administrativo en esa misión diplomática. En tal virtud, mucho agradeceré a ustedes, de no haber inconveniente para ello, girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a solicitar al H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el señor Estrada Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Bolivia acreditada ante el gobierno de México. Para tal efecto, adjunto al presente remito a ustedes copia de la solicitud del trámite de autorización, así como copia certificada del acta de nacimiento del interesado, misma que comprueba su nacionalidad. Sobre el particular, se agradecería igualmente que, una vez que se haya cumplido plenamente con los ordenamientos constitucionales, se ponga a esta Secretaría en aptitud de ofrecer una respuesta a la solicitud de que se trata."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
México, D. F., 4 de noviembre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: Recibo, y túrnense a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de octubre último enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Mucho agradeceré a ustedes tengan a bien solicitar al H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación, pueda prestar sus servicios al Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Nombre: Adriana Guadalupe Cárdenas Campos, puesto: Recepcionista.
La interesada ha presentado la copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
México, D. F., a 4 de noviembre de 1987. - El Secretario licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
En oficio fechado el 27 del anual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Mucho agradeceré a ustedes tengan a bien solicitar al H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación, pueda prestar sus servicios al Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Nombre: María Elena Tatay Visairo, puesto: operadora de conmutador.
La interesada a presentado la copia del acta de nacimiento que comprueba su nacionalidad mexicana, misma que remito anexa para los efectos pertinentes."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 30 de octubre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
Trámite: Recibo, y túrnense a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".
«Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable Asamblea: Por acuerdo de esta soberanía, a la Comisión de Salubridad y Asistencia le fue turnado para su estudio y dictamen, el proyecto de ley aprobado por la Colegisladora, relativa a la iniciativa del Ejecutivo sobre el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".
Hemos analizado con la profundidad que la importancia del caso requiere, tanto la exposición de motivos de la iniciativa del Poder Ejecutivo, como el dictamen elaborado por la honorable Cámara de Senadores.
Los integrantes de la comisión nos hemos reunido en varias sesiones de trabajo con el propósito de discutir el contenido de la minuta y de la exposición de motivos de la iniciativa. El intercambio de puntos de vista nos lleva a formular las consideraciones que exponemos a continuación y que sometemos al juicio de esta honorable Asamblea.
La transformación de la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública responde a la necesidad de profundos cambios.
En el ámbito de la administración pública paraestatal, las entidades que la conforman han sido objeto de un largo proceso de reestructuración. Un aspecto medular dentro de este conjunto de medidas es aquel que ve por la modernización de los instrumentos legales por los cuales se crea y regula el funcionamiento de los organismos descentralizados.
En un estado de derecho, es de suma importancia concebir a éste como un instrumento de control a priori. Que una institución cumpla con su objeto, depende en gran parte de la forma en que el mismo es concebido previamente.
Antes de abordar el análisis del contenido de la iniciativa, y sumándonos con nuestros coincidentes puntos de vista a los expresados por el Senado de la República en la minuta proyecto de ley, esta comisión juzga indispensable mencionar la atinada propuesta del Patronato del Instituto Nacional de Cardiología, recogida por el Ejecutivo Federal en su iniciativa de ley, para incorporar a la denominación del organismo el nombre de un mexicano ejemplar, quien dedicó su fecunda labor profesional al servicio de la medicina con un profundo sentimiento de solidaridad social: el doctor Ignacio Chávez.
La integración y consolidación del sistema nacional de salud, creado de acuerdo a los propósitos indicados en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, conforme a lo que establece la ley General de Salud, requiere, de manera destacada, la eficiencia de los servicios que prestan los institutos nacionales de salud, entre los que se encuentra el instituto objeto de esta iniciativa. Esta es una importante razón por la cual este organismo debe cumplir con el objeto de su acción para estar en condiciones de, además, contribuir a dicha consolidación.
El mejoramiento de la prestación de servicios en materia de salud requiere, entre otras acciones, inscribir las actividades que desarrollan las entidades que integran el sector salud en el proceso de transformación a que hemos hecho mención.
La realización de actividades en forma eficaz y eficiente depende, en gran medida, de una adecuada estructura, organización y funcionamiento de la entidad encargada de llevarlas a cabo.
La iniciativa que ocupa nuestra atención, aborda en forma clara y precisa el objeto del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". Se establece, en primer término, el propósito de contribuir al cumplimiento del derecho de los mexicanos a la protección de su salud, en el campo de los padecimientos cardiovasculares. Los demás aspectos contenidos en el objeto del propio instituto giran en torno al propósito apuntado,
destacando el impulso a la investigación y a la formación de especialistas en ese campo.
Por lo que hace a los órganos de gobierno y administración, la reestructuración propuesta en la iniciativa responde a la naturaleza especifica del instituto, fortaleciendo su autonomía de gestión y apuntando hacia el nuevo modo de ser de las entidades paraestatales.
La iniciativa contempla atinadamente el que el instituto cuente con órganos de apoyo y asesoramiento: un patronato y un consejo técnico consultivo, señalando, además que las tareas encomendadas a estos órganos tienen como propósito contribuir a que el instituto cumpla con su objetivo. En el caso del patronato, y debido a su forma de integración, se da cabida a la participación social y comunitaria, indispensable para cumplir con la función social del organismo.
Por su parte, el consejo consultivo es un órgano asesor del director general, avocado a dar continuidad al esfuerzo de renovación y progreso científico.
Al analizar el dictamen de la H. Cámara de Senadores y el proyecto aprobado por los mismos, parecen convenientes las modificaciones que se proponen a la iniciativa, debido a que, a todas luces, dan mayor precisión y clarifican el objetivo que se propone en la propia iniciativa del Poder Ejecutivo.
En vista de lo anteriormente expuesto, la comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
Artículo 1o. El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El instituto tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de los padecimientos cardiovasculares;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
III. Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos, incluso quirúrgicos y de rehabilitación en el área de los padecimientos cardiovasculares.
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población que requiera atención cardiovascular en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del instituto;
V. Aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de los enfermos de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios, incluyendo acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación al medio social;
VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en el área de las enfermedades cardiovasculares, con apego a la ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares en el medio mexicano;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar y rendir opiniones a la Secretaría de Salud cuando sea requerido para ello;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en su área de especialización y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia;
XI. Formar recursos humanos especializados para la atención de enfermedades cardiovasculares, así como aquellas que le sean afines de conformidad con las disposiciones aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, en el área de enfermedades cardiovasculares.
XIII. Otorgar diplomas reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a los padecimientos cardiovasculares conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud, conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones , herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esta ley;
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El instituto contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órganos de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las funciones a que se refieren los artículos 12 y 16 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. La junta de gobierno del instituto se integrará por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por un representante de cada unas de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del organismo, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas el organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; esos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 7o. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables.
I. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que estará sujeto el instituto, en relación con la productividad, comercialización, finanzas, desarrollo tecnológico y administración general, en congruencia con los programas sectoriales;
II. Aprobar, de acuerdo a la legislación aplicable, los programas y presupuestos del instituto, así como sus modificaciones;
III. Aprobar anualmente los estados financieros del instituto y autorizar su publicación, previo el informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos;
IV. Aprobar las políticas, bases y programas generales que rigen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto con terceras personas en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en relación a los bienes muebles, en los términos que establece la legislación aplicable;
V. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización; por los servicios que preste el instituto; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
VI. Aprobar la concertación de préstamos que en su caso se requieran para el financiamiento del instituto, de acuerdo a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que establezcan las autoridades competentes, remitiendo lo relativo a créditos externos, para su autorización y registro, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VII. Expedir las normas o bases generales conforme a las cuales el director general podrá disponer de los activos fijos del instituto que no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo, cuando fuere necesario realizar esas operaciones a criterio de la propia junta;
VIII. Aprobar la estructura básica del instituto, así como sus modificaciones cuando procedan;
IX. Autorizar la creación de comités de apoyo;
X. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél y concederles licencias;
XI. Designar y remover, a propuesta de su presidente a quien en su caso funja como secretario entre personas ajenas al instituto; asimismo podrá nombrar y remover, a propuesta del director general, al prosecretario;
XII. Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación, en caso de que hubiesen excedentes económicos del instituto;
XIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles del instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;
XIV. Analizar los informes periódicos que rinda el director general con la intervención que corresponda a los comisarios, y en su caso aprobarlos;
XV. Acordar los donativos o pagos extraordinarios y verificar que se apliquen a los fines establecidos por la Secretaría de Salud sujetándose al efecto a las disposiciones aplicables;
XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y en favor del instituto cuando sea notoria la imposibilidad de su cobro informando, a través de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Programación y Presupuesto;
XVII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios, previo el estudio de necesidades y factibilidad para ello;
XVIII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicios al público, y
XIX. Nombrar a los titulares de centros y unidades de que disponga o llegare a constituir, mediante terna que proponga el director general en cada caso, así como también, a propuesta de éste, removerlos.
Artículo 8o. La junta de gobierno del instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno, el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
La junta de gobierno del instituto podrá invitar a sus reuniones a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación y docencia y de grupos interesados de los sectores público, social y privado.
Artículo 9o. El director general del instituto será nombrado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser persona de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad del instituto, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 10. El director general del instituto, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del instituto;
II. Ejercer las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, y aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competa. Su otorgamiento y validez se sujetará a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
IV. Formular denuncias, querellas y otorgar el perdón legal;
V. Ejecutar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del amparo;
VI. Someter en arbitraje asuntos y celebrar transacciones en materia judicial;
VII. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
VIII. Presentar a la junta de gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite aquélla;
IX. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
X. Emitir y negociar títulos de crédito;
XI. Proponer a la junta de gobierno, para su aprobación; el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del instituto;
XII, Fijar las condiciones generales de trabajo del instituto;
XIII. Proponer a la junta de gobierno las ternas de candidatos a titulares de centros y unidades que formen parte del instituto;
XIV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XV. Proporcionar la información que soliciten los comisarios públicos, y
XVI. Las demás que con fundamento en la presente ley le delegue la junta de gobierno.
Artículo 11 El director general del instituto durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del instituto prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 12. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del instituto, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 13. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por los vocales que designe la junta de gobierno, entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, las cuales podrán ser propuestas por el director general del instituto.
Artículo 14. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 15. El consejo técnico consultivo del instituto es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del instituto y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del instituto.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del instituto, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del instituto;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del instituto, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 17. El instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la contraloría General de la Federación, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. El instituto tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la
estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, examen y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del instituto se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborables entre el instituto y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere al artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la ley que crea al Instituto Nacional de Cardiología de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1943.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley , deberá llevarse a cabo una sesión de la junta de gobierno del instituto, en la que se ratifique o designe al director general del organismo; en el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo que hubiere desempeñado el cargo a fin de no exceder los periodos a que se refiere al artículo 11 de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez dos de los cuatro vocales integrantes de la primera junta de gobierno del instituto, durarán en su cargo dos años. Al efecto, se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del instituto expedirá el estatuto orgánico, en el plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D. F., a 29 de octubre de 1987.
Comisión de Salubridad y Asistencia, diputados: Héctor Aguirre Barragán, Juan Alcocer Bernal, Guillermo Altamirano Conde, Carlos Barrera Auld, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Mario Bustillo Villalobos, José Ascención Bustos Velasco, Irene Caballero González, Efraín de Jesús Calvo Zarco, Nabor Camacho Nava, Mario Rodolfo Campos Bravo, Daniel Castaño de la Fuente, José Angel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, María de la Luz Gama Santillán, Hildebrando Gaytán Márquez, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Rafael de Jesús Lozano Contreras, Darío Maldonado Casiano, Jaime Martínez Jasso, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monarres Valenzuela, Samuel Orozco González, Manuel Germán Parra Prado, Adrián Evodio Prado Gómez, Antonio Punzo Gaona, Sergio Roa Fernández, Pedro Sánchez Arrieta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Luisa Solís Payán, José Ramón García Soto, Cecilia Romero Castillo, José Camilo Valenzuela, Humberto Cervantes Vega.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría
consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general, se abre el registro de oradores.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú (desde su curul):-Pido la palabra para fundamentar la posición de mi partido, el PMS.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - Con su autorización, compañero presidente y una atenta solicitud para que nos permita simultáneamente fundamentar la posición de nuestro grupo parlamentario, no solamente en relación con este proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", sino también del proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cancerología; del proyecto de Ley del Hospital Infantil de México, "Federico Gómez" y del proyecto de Ley del Instituto Nacional de Nutrición. En virtud de que, consideramos, hay un marco general que nos puede permitir fundamentar simultáneamente nuestra posición.
El C. Presidente: - Adelante, señor diputado.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - Gracias; compañeras y compañeros diputados: antes de comentar nuestras observaciones a las iniciativas, nos parece importante no olvidar la situación en la que se encuentran una gran cantidad de mexicanos como consecuencia de la política económica del actual gobierno.
Las caídas del salario real, del empleo y del producto por habitante, junto con la mayor concentración del ingreso, son en sí misma muy graves al impactar el nivel de vida; si a esto sumamos la reducción del gasto en salud, que combinado con deficiencias en la alimentación como consecuencia del retiro de subsidios a muchos productos básicos, en unos cuantos años nos enfrentamos a un aumento de más de dos millones de desnutridos en México.
Por otra parte, las cuatro instituciones y hospitales, cuya estructura orgánica hoy se modifica, cuentan con presupuestos muy precarios, así por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición sólo recibió este año el 6% de los recursos de la Secretaría de Salud, cuando cuatro años antes recibía el 11%. En 1987, el Hospital Infantil se lleva sólo el 7%, el Instituto Nacional de Cancerología el 4%, el 6% del total del presupuesto de la Secretaría, el Instituto de Cardiología.
Otra comparación puede hacerse si tomamos en cuenta la reducción real del presupuesto de cada uno de estos institutos en los últimos años.
Descontando los efectos de la inflación, nutrición ha visto disminuir sus recursos en más de 40% entre 1984 y 1987; el Hospital Infantil, lo ha hecho en 38%; cancerología en 25% y cardiología, hoy tiene un presupuesto menor en 35% frente al que tenía en 1984.
Con tal situación, es muy difícil que estos hospitales puedan funcionar y atender debidamente a los usuarios, sobre todo porque se enfrentan a una demanda creciente de servicios médicos por parte de la población.
Así, por más reestructuraciones en su organización interna, estos institutos no podrán mejorar su operación en tanto no resuelvan su problema de origen; el problema esencial que es la insuficiencia de recursos. Por ello las iniciativas que ahora comentamos, por más buenos propósitos que tengan, no podrán contrarrestar esta precaria situación, por lo que es necesario que sean acompañadas de una reorientación de la política de gasto social y en particular del gasto de salud.
A nivel general, ello implicaría que se dejaran de transferir recursos al exterior por la vía del servicio de la deuda y se dedicaran a atender las necesidades internas dentro de las que tienen un papel destacado y urgente, las de atención de la salud de millones de mexicanos que al carecer de recursos, sólo pueden acudir a estos institutos cuyo nivel de atención había sido de buena calidad, pero que están en riesgo de ser afectados por la falta de recursos.
El derecho a la protección de la salud, establecido por el artículo 4o. constitucional, es extensivo a todos los mexicanos y el Estado mexicano tiene la obligación insoslayable de garantizar su cumplimiento.
Las iniciativas de ley que se presentan hoy para su discusión en esta honorable Cámara de
Diputados, pretenden modificar la integración de cuatro instituciones de salud que anteriormente habían venido funcionando bajo la jurisdicción de la Secretaría de Salud y que de ser aprobadas, cambiarían su naturaleza jurídica para pasar a ser organismos descentralizados.
Consideramos importante que con esta reestructuración no se vean dañados aspectos fundamentales como es el de la gratuidad y calidad de los servicios especializados que estas instituciones prestan al público, ya que en los últimos años por la creciente escasez de recursos, el renglón de seguridad y bienestar social ha sido descuidado, perjudicando a una amplia masa de mexicanos. Por consiguiente, la autonomía de gestión que estos centros adquieren, debe aumentar la cobertura de los servicios, así como elevar el nivel de calidad de los mismos.
Otro aspecto importante que nos preocupa sobremanera, es el del respeto a los derechos laborales del personal que trabaja en estos institutos, al cambiar su estructura el personal médico, paramédico y administrativo; adquieren todos los derechos contemplados en el apartado A) del artículo 123 constitucional, por lo que la legislación correspondiente debe considerar claramente esa situación.
Finalmente, la nueva estructura administrativa de estas instituciones, debe procurar una participación más amplia en la toma de decisiones que cada institución ejecute. En esta participación están los trabajadores y el público usuario, por lo tanto, una medida necesaria para tal participación es la integración de estas aportaciones a través del consejo consultivo y el patronato, con el que cada centro contará, así como la representación del sindicato en la junta de gobierno. Todo lo anterior evitaría la centralización de las decisiones en la dirección general y propiciaría una efectiva ejecución democrática de las mismas.
Son éstos los comentarios y observaciones que a nombre del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista presentamos, reservándonos en su momento diversos artículos en lo particular, de los cuatro proyectos de ley para solicitar a esta Asamblea la discusión, el debate, con responsabilidad que pueda permitir ser recogidas por la mayoría y encontrar viabilidad en estos cuatro proyectos de ley que consideramos que de ser aprobados por esta soberanía habrán de contribuir a salvaguardar el bienestar, la salud y la seguridad social de los trabajadores mexicanos. Gracias por su atención.
El C. Presidente: - Para razonar el voto de su partido, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Carlos Barrera Auld.
El C. Carlos Barrera Auld: - Honorable asamblea: solicité la palabra para hacer unos comentarios relacionados con el proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" y los también proyectos de Ley del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" y del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán". De la misma forma, razonar el voto de cuatro de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano.
En todos estos dictámenes, los diputados que integramos la fracción, votaremos en pro, porque las iniciativas de ley mejoran el marco legal de esos cuatro institutos a los cuales vemos con simpatía y como dignos de los mayores apoyos.
En esos cuatro institutos, se ha realizado una medicina de altura que inclusive ha llegado a ser conocida en los medios internacionales. Además, se presta una atención efectiva a los pacientes sin elitismos y sin fuertes erogaciones por parte de los pacientes, al contrario de lo que sucede en otra instituciones hospitalarias en que interviene el sector público, tales como son los centros asistenciales manejados por la Secretaría de Salud o manejados por el Departamento del Distrito Federal y los manejados por los gobiernos.
En los institutos, motivo de estas iniciativas, la medicina no ha perdido su nivel humano, ni los médicos han perdido su contacto con los enfermos. En ellos todavía priva la máxima de que más que enfermedades, hay enfermos, este contraste se debe a que estos institutos no se han burocratizado, que siguen el espíritu y el dinamismo que les dieron sus fundadores e impulsores; el trabajo de equipo y la mística médica que aún priva en ellos, no todo es perfecto, pero los elementos positivos predominan sobre los negativos. También esa positividad se debe a que funcionan en forma descentralizada sin que el esquema estatal jerárquico los abrume y haga estériles sus esfuerzos. En ellos ha colaborado y colabora la sociedad civil con aportaciones económicas, trabajo voluntario y con decisión en las determinaciones fundamentales; han sido virtuosos en la medida que esa participación se ha dado y sus trabajadores médicos y administrativos han contado con respeto para su trabajo, un campo de autonomía para sus decisiones y han tenido fallas, pequeños percances en la medida que ha intervenido el patrón burocrático. Hacemos votos porque ese modelo se imite en todas las instituciones asistenciales y que no caigan en la trampa de la burocratización, de la corrupción y del centralismo.
Con esos votos nuestra aceptación para los dictámenes. Gracias.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. José Angel Aguirre Romero (desde su curul): - ¿Para razonar un voto todavía en lo general, podría tomar la palabra?
El C. Presidente: - ¿Esta intervención de usted, es en contra?
El C. José Angel Aguirre Romero (desde su curul): - No, señor presidente, para razonar el voto en los cuatro proyectos.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, señor diputado José Angel Aguirre Romero.
El C. José Angel Aguirre Romero: - Con su permiso , señor presidente; compañeros y compañeras diputados; por encargo de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, he venido a razonar brevemente el voto de mi partido a los cuatro dictámenes presentados por la Comisión de Salud, relativos a las leyes orgánicas de cuatro importantes institutos públicos dedicados a la salud.
Miles de familias pobres han encontrado felizmente una atención médica excelente y barata en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", y en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez".
Lamentablemente institutos con ese nivel de excelencia y de accesibilidad a las clases populares no se encuentran a la mano de la población necesitada en el interior de la República y menos aún en lugares remotos, pero la asistencia de los mismos en la capital de la República son una clara demostración de que se puede cumplir con el derecho constitucional a la salud del pueblo de México, si experiencias como las de los cuatro institutos se reproducen en el territorio nacional.
Ser médico dotado de excelencia profesional y un alto servicio de sentido social, no son cualidades necesariamente incompatibles. Organizar y mantener en funcionamiento una institución pública de servicio social no necesariamente se traduce en burocratismo o ineficiencia.
Las reformas que hoy están a discusión básicamente persiguen mejorar la administración interna de los institutos y a nuestro juicio las mismas no interfieren, sino más bien agilizan la prestación de sus servicios asistenciales con la calidad y la facilidad económica que tradicionalmente han sido prestados.
Lo que resulta inadmisible, la aceptación de la reforma que elimina la obligación del Gobierno Federal de dotar de los recursos necesarios para cubrir el presupuesto de los institutos; en todo caso debería mantenerse esa obligación del Estado por lo menos de manera suplementaria a los recursos propios. Sin embargo, al reconocer la meritoria labor de las autoridades de la Secretaría de Salud, de los administradores de los institutos y del personal médico asistencial, no podemos dejar de hablar de un problema crucial que en materia de salud padece nuestro pueblo, que tiende a agravarse amenazando con disolver los esfuerzos para cumplir en la práctica el derecho constitucional a la salud, me refiero a la causa principal de muchos padecimientos de millones de mexicanos, la falta de empleo y los salarios terriblemente reducidos que padecen la mayoría de las familias trabajadoras mexicanas.
La mejor manera de prevenir las enfermedades es garantizar la alimentación sana, suficiente y barata para todos lo mexicanos, comenzando por los niños, por eso hay un rumor que poco a poco se está convirtiendo en un vigoroso reclamo. Ya basta de sacrificar al pueblo para garantizar altas tasas de ganancias al capital. Es hora de impedir la reelección de la actual política económica. El pueblo y sus derechos constitucionales así lo reclaman.
Por todo lo anterior, con las reservas anteriores expuestas, votaremos los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores en favor de los cuatro dictámenes. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Con la reserva que ha formulado el señor diputado Heriberto Noriega Cantú, de los artículos que señaló, para los efectos reglamentarios, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo
particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 236 votos en pro y diez en contra.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 236 votos.
Esta presidencia informa a la Asamblea que han sido reservados para su discusión en lo particular, los artículos 7o. fracciones I, V y VIII; 12, fracción II; 16 y 21.
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 7o.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú (desde su curul): - En contra.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Heriberto Noriega Cantú, en contra.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - En obvio de tiempo, compañero presidente, y en virtud de que los siguientes tres proyectos de ley en donde estamos reservando algunos artículos en lo particular corresponde a una misma línea de planteamiento esencial, quisiera me permita plantear simultáneamente los artículos reservados a nombre del grupo parlamentario del PMS, a fin de que en un solo acto podamos abordar el examen de los mismos y las propuestas que hacemos.
El C. Presidente: - Son todos los artículos que reservó usted. Adelante.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - Bien, el primer artículo que hemos reservado de este dictamen que nos presenta la comisión, es el artículo 7o. fracción I. Proponemos que se suprima del texto de dicho dictamen la palabra "comercialización", en virtud de que se contrapone a todo el fundamento expuesto por la nueva ley, ya que encierra en sí la idea de lucro en franca contraposición a la función social.
Es por ello que proponemos quede como sigue:
"Artículo 7o..................................................................
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales de acción y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto, en relación a la productividad, finanzas, investigaciones, desarrollo tecnológico y administración general."
Es decir, es esencia, que se suprima la palabra "comercialización".
Del mismo artículo la fracción V, proponemos un cambio en el texto para quedar como sigue:
"Artículo 7o..................................................................
V. Fijar las bases de los mínimos, medios y máximos de los montos de las cuotas de recuperación por los servicios que presta el instituto, previo el estudio socioeconómico practicado por trabajo social de esa dependencia."
Dichas cuotas de recuperación sólo podrán ser cobradas por la junta de gobierno del instituto, es decir, consideramos del grupo parlamentario del PMS, que no tiene sentido que esta facultad quede en manos del director, sino de la junta de gobierno del instituto.
Por tanto, el texto el cual he dado lectura, es la propuesta de modificación que hacemos a la fracción V de este artículo 7o.
Del mismo artículo, la fracción VII, nos permitimos solamente hacer una aclaración de los siguientes términos:
Creemos que es necesario que las autoridades competentes aclaren el mecanismo para que la junta de gobierno del instituto expida las normas generales a fin de que el director general disponga, en caso necesario, de los activos fijos del instituto, que no correspondan a las operaciones propias del mismo.
Por lo que corresponde al artículo 12, proponemos la siguiente modificación en su fracción II, para que el texto quede como sigue:
"Artículo 12..................................................................
I..............................................................................
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del instituto, siempre que no provengan de las cuotas de recuperación."
La propuesta de modificación a la fracción V, del artículo 16, de este proyecto de dictamen, es la siguiente, para quedar como sigue:
"Artículo 16...................................................................
I. a IV........................................................................
V. Procurar una verdadera participación social y comunitaria en la prestación de servicios de salud".
Y, finalmente, compañeras y compañeros diputados, la propuesta de modificación al artículo 21. Proponemos el cambio de incorporación laboral del apartado B) al apartado A) del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:
"Artículo 21. La relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A) del artículo 123 constitucional."
Son estas las propuestas de modificación que dejamos en manos de la secretaría , en lo correspondiente al artículo 7o. , fracción I, fracción V; el artículo 12, fracción II; artículo 16 en su fracción V y el artículo 21; y la aclaración que solicitamos a algún miembro de la comisión dictaminadora en lo concerniente a la fracción VII del artículo 7o. Gracias por su atención.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado Manuel Monarres Valenzuela.
El C. Manuel Monarres Valenzuela: - Con su permiso, señor presidente: queremos a nombre de la comisión y con el mayor de los respetos, darle respuesta a los tres planteamientos presentados por el compañero diputado Noriega Cantú..
Queremos señalar, en primer término, que en lo relativo al artículo 7o. en su pregunta primera, cuando habla lo relacionado con la comercialización, señalar que no se refiere de manera alguna a la comercialización de la medicina. La función social para nosotros queda garantizada con el artículo 2o. y demás relativos. La comercialización se refiere a aspectos como el de publicaciones científicas, libros, folletos y otras que permitan dar a conocer las investigaciones que se realicen o cursos que se impartan en dicho hospital, estos artículos, estas publicaciones no solamente son para que se vendan en el país, sino en el extranjero y naturalmente le den algunos recursos que son necesarios para incrementar y ampliar la capacidad de estos hospitales como ya ha sido reconocida aquí por algunos compañeros diputados que han intervenido.
El C. Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El C. Manuel Monarres Valenzuela: - Con muchos gusto, señor presidente.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú (desde su currul): - Con todo respeto y para obviar tiempo para hechos, deseo precisar lo siguiente: ¿no considera usted, compañero diputado, que en una legislación de esa naturaleza, la ley requiere toda claridad y precisión en su contenido, en sus alcances y en sus conceptos, para que quede el término "comercialización" sujeto a interpretaciones diversas y que bien convendría hacer un esfuerzo de mayor precisión y claridad en ese sentido?
El C. Manuel Monarres Valenzuela: - Sí, mire compañero diputado, no existe en este momento, creemos nosotros, la posibilidad de cambiar el término; al menos se analizó en la comisión, se planteó y ahí no hubo ningún planteamiento por ninguno de los partidos de oposición en este sentido.
Queremos señalar nosotros, que el otro sentido que se le quiere dar en relación con la cuotas de recuperación y esta situación lo tienen los organismos desde hace tiempo, lo tienen los organismos y creemos que el Hospital Infantil, particularmente cancerología y de los que se esta discutiendo ahora, esas cuotas no van de manera alguna a afectar la situación económica de las gentes de mayor índice de necesidad y por lo contrario, creemos que sí es bueno que quienes tengan posibilidades integren algo, pero sería, creo yo, no de este momento la posibilidad del cambio.
En otro, en relación con el cobro de las cuotas, es una actividad que en su propia dinámica no puede estar a cargo de un órgano colegiado, como usted lo planteaba, que se reúne periódicamente, por ello, su cobro debe corresponder a la administración del hospital. Esto es en lo referente al artículo 7o., en su segunda pregunta.
También en la última que usted señalaba, de que los derechos de los trabajadores, nosotros creemos que quedan claramente establecidos y respetados,
dentro de la ley, los derechos de los trabajadores tal y como hasta ahora han venido siendo.
La iniciativa que creemos nosotros se discute hoy, ratifica su carácter de organismos descentralizados de la administración pública, creados por la administración central. Por lo cual las relaciones laborales se rigen por el apartado B) del artículo 123 constitucional y nosotros creemos que ahí están establecidos y respetados los derechos de nuestros compañeros y que no ha existido de parte de quienes prestan sus servicios en estás instituciones, la solicitud ni la posibilidad ni el deseo de cambiar de régimen jurídico.
Por esta razón, con el mayor de los respetos, nosotros solicitamos a todos los compañeros diputados federales, que ojalá se apruebe la iniciativa, se apruebe la ley en las condiciones, tal y como la envió el Senado de la República y como fue aceptada por la Comisión de Salubridad y Asistencia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado... perdón, señor diputado.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú (desde su curul): - Si me permite el uso de la palabra, en términos del 102.
El C. Presidente: - Tiene usted el uso de la palabra, en términos del 102.
El C. Jesús Heriberto Noriega Cantú: - En principio, compañeras y compañeros diputados, tenemos que reconocer la forma comedida y respetuosa con la que el compañero diputado a nombre de la comisión, vino a dar respuesta a nuestras propuestas de modificación a diversos artículos en sus correspondientes fracciones de esta ley.
En correspondencia a esa actitud, también deseo en forma respetuosa, señalar dos situaciones: el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, con toda oportunidad hizo llegar al seno de la comisión, las propuestas correspondientes de nuestro grupo parlamentario.
En segundo lugar, no podemos, y es la intención esencial de haber solicitado el uso de la palabra, sostener en esta tribuna, que estamos a destiempo en una sesión plenaria, porque ya en el seno de las comisiones se discutió de realizar modificación alguna. Considero que la esencia misma del trabajo parlamentario en plenaria, nos permite, sin lugar a dudas, el poder en el debate, si la mayoría llega a coincidir con estos planteamientos, realizar estas modificaciones. Entonces, es inadmisible el que en virtud solamente de ese planteamiento de que ya en comisiones fue discutido, y de que hoy en plenaria, aun tratándose, si fuera el caso, pero al parecer no lo es, de que contáramos con el apoyo a nuestra propuesta, así se hiciera.
Y reitero de nueva cuenta nuestra propuesta en torno al artículo 7o. en su fracción I. Creemos nosotros que es una responsabilidad que no podemos soslayar, de esta Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en general, el dar la mayor precisión y claridad posible, a los conceptos vertidos en cada una de las leyes que aprobamos. Y aquí en esta tribuna, para los que prestan atención, pudo escucharse con toda claridad, que efectivamente el término "comercialización", que pareciera ser una cuestión totalmente secundaria, pero que la argumentación misma del compañero diputado nos da la razón de que no es posible permitir que pase así como así, la falta de claridad, de confusión, de interpretaciones diversas que puede haber en esta ley en algo tan importante como lo señala el artículo 7o. en lo relativo a la comercialización. De ahí nuestra reiterada solicitud, es muy concreta, específica, que se retire el término "comercialización", en virtud de que no aclara, no precisa, ni da alcance a nada, simplemente lo tenemos allí presente; así como también en el artículo 7o. en su fracción V, pues seguimos sosteniendo nosotros que la facultad que se sigue sosteniendo para el director aún con el argumento de que es un funcionamiento común y ordinario el que se da y que más está circunscrito al manejo de la administración, creemos nosotros que es una facultad que no puede delegar la junta de gobierno y que puede considerarse en este sentido y en estos términos.
Vamos también, en virtud de que en los siguientes proyectos de ley, en el mismo marco se va a discutir lo relativo al apartado A) o B), a dejar a otros compañeros del grupo parlamentario el que puedan de manera muy precisa también argumentar y proponer las modificaciones que a nombre del grupo parlamentario del PMS simultáneamente hacemos en ese sentido, a los cuatro proyectos de ley que hoy están a discusión. Gracias por su atención.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la Asamblea, si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Heriberto Noriega Cantú, a los artículos 7o. fracciones I y V; 12 fracción II; 16 fracción V y 21 del dictamen.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite o se desechan las modificaciones
propuestas por el grupo parlamentario del PMS, al artículos 7o. fracción I y V; al artículos 12 fracción II; artículo 16 fracción V y al artículo 21.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén porque se desechen, sírvanse manifestarlo. Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 7o. fracción I y V; 12 fracción II; 16 fracción V y artículo 21.
El mismo C. Secretario: - Por instrucciones del de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si están suficientemente discutidos los artículos 7o. fracción I y V; 12 fracción V y artículo 21.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutidos, ciudadano presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, proceda la secretaría a tomar la votación nominal de los artículos 7o. fracción I y V, 12 fracción II, 16 fracción V artículo 21.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 7o. fracción I y V, 12 fracción II, 16 fracción V, y artículo 21. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículos 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 227 votos en pro y 16 votos en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 7o. fracción I y V; 12, fracción II; 16 fracción V; y 21, por 227 votos. Aprobado en lo general y en lo particular la Ley del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cancerología.
«Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Salubridad y Asistencia le fue turnada para su estudio la minuta con proyecto de Ley del Instituto Nacional de Cancerología. La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, fue estudiada, dictaminada y aprobada con modificaciones por la H. Colegisladora, quien la remite a esta Cámara de Diputados para su estudio, y dictamen y en su caso, aprobación.
El proyecto, se distribuyó oportunamente entre los diputados integrantes de la comisión para que formularan los observaciones que estimaran procedentes; en las sesiones de trabajo se hicieron las consideraciones que a continuación se cometen a esta honorable Asamblea.
El artículo 4o. constitucional, establece como garantía el derecho a la protección de la salud, el objeto del Instituto a que se refiere el proyecto de ley es sobre de todo contribuir al cumplimiento del mandato constitucional.
Para hacer realidad dicha garantía social el Estado debe efectuar acciones al través de los órganos de la administración pública, con el objeto de impulsar una política social apegada a las normas jurídicas.
Debe destacarse que la iniciativa en análisis consigna con precisión el objeto del instituto en relación a la prestación de servicios de salud, investigación y formación de recursos humanos en el campo de las neoplasias, con lo cual la función social del organismo contribuye a la integración y consolidación del sistema nacional de salud que la presente administración determinó como instrumento básico para ampliar y mejorar la atención a la salud de la población a través del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
Los requerimientos de la modernización administrativa y el control de los organismos descentralizados, para la atención de campos prioritarios de las necesidades sociales, implica la educación de los instrumentos que regulan su funcionamiento. Así, atendiendo lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la iniciativa presentada por el Ejecutivo, redefine tanto la composición, como las atribuciones de los órganos de gobierno y administración del organismo, a fin de avanzar en su autonomía de gestión, permitiéndole disponer de mayores elementos que fortalezcan los vínculos programáticos del sector salud. Mediante criterios funcionales se agrupa a
las entidades públicas descentralizadas prestadores de servicios en materia de salud.
En concordancia con lo dispuesto por la Ley Federal en las Entidades Paraestatales, se contempla en el instrumento propuesto, el establecimiento de órganos de vigilancia y control, considerando los principios que rigen su naturaleza, buscando que el ejercicio de sus funciones se desempeñen con la suficiente autonomía, al fin de evaluar y proponer medidas de índole tanto preventivas, como correctivas para el más eficaz funcionamiento del instituto.
Asimismo, se prevé la existencia de un patronato como órgano de apoyo para promover la participación social y comunitaria en los servicios de salud que presta la institución, desarrollando con esta medida los lineamientos de estrategia que en materia programática, se establecen para el fomento e incorporación de la comunidad, decisiones adecuadas a fin de resolver los problemas de carácter prioritario. Igualmente, se prevé la existencia de un consejo técnico consultivo que asesore a la dirección general en cuestiones de índole técnica, contribuyendo a la supervisión de la marcha y mejor operación del organismo.
El Instituto Nacional de Cancerología, que por la calidad de sus servicios ha alcanzado un alto grado de especialización, tanto en materia de neoplasias, como en las distintas disciplinas médicas, biológicas y tecnológicas afines, también a formado recursos humanos con la más elevada capacitación y vocación de servicio, del mismo modo que ha desarrollado actividades de investigación y enseñanza que han alcanzado el reconocimiento de la comunidad científica. Todas estas grandes realizaciones le confieren al instituto, singular importancia dentro del Sistema Nacional de Salud. Es necesario entonces que tales características sean reguladas e impulsadas mediante un instrumento normativo acorde a su magna función social y desarrollo científico.
Por lo anterior y teniendo en consideración el dictamen rendido por las Comisiones Unidas de Salubridad General y tercera sección de la de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, la Comisión de Salubridad y Asistencia de esta Cámara de Diputados, propone a esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Artículo 1o. El Instituto Nacional de Cancerología es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El instituto tendrá por objeto:
I. Coadyuvar a la consideración y al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en la especialidad de las neoplasias;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
II. Prestar servicios de salud en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación en el ámbito de su especialidad;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población que requiera atención en el campo de las neoplasias, en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del instituto;
V. aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de los enfermos de escasos recursos económicos que ocurran a sus servicios, incluyendo acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación al medio social;
VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y experimentales en el campo de las neoplasias, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar y rendir opiniones a la Secretaría de Salud en la formulación de normas relativas a la especialidad del instituto;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal en su área de especialización y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia;
XI. Formar recursos humanos especializados para la atención de enfermos con neoplasias, y actividades que le sean afines, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; en el campo de las neoplasias;
XIII. Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de las acciones para la protección de la salud en lo relativo al cáncer, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esta ley.
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El instituto contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órganos de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las atribuciones a que se refieren los artículos 12 y 16 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. La junta de gobierno del Instituto se integrará por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del organismo, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; estos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 7o. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto en relación a la productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general;
II. Aprobar tanto los programas y presupuestos del instituto, como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;
III. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el instituto; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
IV. Aprobar la concertación de empréstitos y créditos internos y externos para el financiamiento del instituto, de acuerdo a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que dicten las autoridades competentes; en lo que se refiere a créditos externos deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que sean, en su caso, autorizados y registrados;
V. Expedir los normas generales para que el director general pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos del instituto que no correspondan al objeto del mismo;
VI. Aprobar cada año los estados financieros del instituto y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;
VII. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
VIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera, con excepción de aquéllos propiedad del instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considera del dominio público de la Federación;
IX. Autorizar la creación de comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento;
X. Designar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencias;
XI. Designar y remover, a propuesta de su presidente y entre personas ajenas al instituto, al secretario, así como nombrar y remover a instancia del director General, si procede, al prosecretario;
XII. Proponer al Ejecutivo Federal, en el caso de que existieren excedentes económicos, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación;
XIII. Aprobar la estructura básica del Instituto, así como las modificaciones que procedan;
XIV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el director general, con la intervención que corresponda a los comisarios;
XV. Acordar los donativos o pagos extraordinarios y verificar que se destinen a los fines señalados por la Secretaría de Salud, en apego a las disposiciones aplicables;
XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del instituto y a cargo de terceros, cuando su cobro no sea factible, informando lo conducente a la Secretaría de Programación y Presupuesto por conducto de la Secretaría de Salud.
XVII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general y los correspondientes de procedimientos y servicios al público del instituto;
XVIII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios, previo el estudio de necesidades y factibilidad para ellos, y
XIX. Nombrar a los titulares de centros y unidades que ella misma establezca, a través de una terna que proponga el director general, así como removerlos.
Artículo 8o. La junta de gobierno del instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces al año, y las extraordinarias que proponga su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
La junta de gobierno del instituto podrá invitar a sus reuniones a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación y docencia y de grupos interesados de los sectores público, social y privado.
Artículo 9o. El director general del instituto será nombrado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser persona de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad del instituto, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 10. El director general del Instituto, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto;
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas
que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se solicitará la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
IV. Formular denuncias y querellas, así como conceder el perdón legal;
V. Ejercitar acciones judiciales y desistirse de éstas, inclusive en materia de amparo;
VI. Comprender asuntos de arbitraje y celebrar transacciones en materia judicial;
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competa, incluso las que requieran autorización o cláusula especial. Su otorgamiento y validez se sujetará a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
IX. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
X. Presentar los proyectos de programas, informes y estados financieros del instituto, así como los que específicamente le solicite la junta de gobierno;
XI. Formular y presentar para aprobación de la junta de gobierno el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y servicios del instituto;
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del instituto;
XIII. Presentar a la junta de gobierno las ternas de candidato a titulares de los centros y unidades del instituto;
XIV. Ejercer el presupuesto del instituto de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XVI. Proveer la información que le requieran los comisarios públicos, y
XVII. Las demás que con base en la presente ley le confiera la junta de gobierno.
Artículo 11. El director general del instituto durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del instituto prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 12. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del instituto, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 13. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por vocales; serán designados por la junta de gobierno entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, con vocación de servicio, las cuales podrán ser propuestas por el director general.
Artículo 14. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 15. El consejo técnico consultivo del instituto es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del instituto y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del instituto.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del instituto, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del instituto;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del instituto, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas
que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiere el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 17. El instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. El instituto tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del instituto se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refieren el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abrogan la Ley que crea los Institutos de Cancerología, Oftalmología, Gastroenterología y Urología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1950, y el decreto que modifica la Ley que crea el Instituto Nacional de Cancerología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1982.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá llevarse a cabo una sesión de la junta de gobierno del instituto, en la que se ratifique o designe al director general del organismo; en el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo que hubiere desempeñado el cargo a fin de no exceder los periodos a que se refiere el artículo 11 de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez dos de los cuatro vocales integrantes de la primera junta de gobierno del instituto durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del instituto expedirá el estatuto orgánico en el plazo de los sesenta días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 1987. - Comisión de Salubridad y Asistencia, diputados: Héctor Aguirre Barragán, Juan Alcocer Bernal, Guillermo Altamirano Conde, Carlos Barrera Auld, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Mario Bustillo Villalobos, José Ascención Bustos Velasco, Irene Caballero González, Efraín de Jesús Calvo Zarco, Nabor Camacho Nava, Mario Rodolfo Campos Bravo, Daniel Castaño de la
Fuente, José Angel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, María de la Luz Gamma Santillán, Hidelbrando Gaytán Márquez, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Rafael de Jesús Lozano Contreras, Darío Maldonado Casiano, Jaime Martínez Jasso, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monarres Valenzuela, Samuel Orozco González, Manuel Germán Parra Prado, Adrián Evodio Prado Gómez, Antonio Punzo Gaona, Sergio Roa Fernández, Pedro Sánchez Arrieta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Luisa Solís Payán, José Ramón García Soto, Cecilia Romero Castillo, José Camilo Valenzuela, Humberto Cervantes Vega.»
El C. Presidente: - En atención a que ese dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 237 votos en pro y 13 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 237 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 7o. fracción I y III; 12, fracción II; 16, fracción VI y 21. En consecuencia, se abre el registro de oradores.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Eraclio Zepeda Ramos, en contra.
El C. Eraclio Zepeda Ramos: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Me hago cargo de lo antipático que resulta escuchar una intervención esta mañana, en que las perspectivas de irnos temprano están a la vista. Sin embargo, creo que vale la pena escuchar con atención algunas de las cosas que vamos a plantear.
En estos días de modernidad del país, tal como lo señala la prensa, se plantea la posibilidad de una nueva relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En esto, sin duda, el país hará exitosas caminatas en los próximos años. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los mexicanos. Pero también dentro del Poder Legislativo habrá necesidad de cambios. Nosotros, en la práctica, por no ejercer nuestros derechos, nos hemos visto en la penosa situación de ser, en cierta forma, apéndices de la Cámara de Senadores.
Nosotros somos colegisladores, nosotros tenemos la misma dignidad que la Cámara de Senadores, y sin embargo, las minutas son de tal manera aprobiosamente aplastantes para nosotros, que tal parece que no se pudiera ni siquiera pensar en ellas.
En este espíritu, pues de modernidad, que tan caro es para la mayoría de esta sala, yo planteo hoy algunas posibilidades de cambiar, y por eso estamos en contra de esta Ley de Cancerología.
Aparentemente no hay nada más noble que la creación del Instituto de Cancerología, precisamente por esta nobleza, es por la cual hay que esforzarnos para no empañar esta claridad. En este espíritu nosotros planteamos algunas modificaciones en lo particular.
En el artículo 7o., fracción I, nosotros estamos en contra de que se use la palabra "comercialización". Actualmente dice que la junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables: establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto en relación a la productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general.
Ya en lo general se discutió esto. Nosotros insistimos para que quede esta redacción: "Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales de acción y definir
las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto en relación a la productividad, finanzas, investigaciones, desarrollo tecnológico y administración general". Y quitamos la palabra "comercialización" que se presta a enojosas discusiones.
En el mismo artículo, la fracción III, nosotros proponemos un cambio en el texto para quedar como sigue: "Fijar las bases de los mínimos medios y máximos, de los montos de las cuotas de recuperación por los servicios que presta el instituto, previo al estudio socioeconómico practicado por trabajo social de esa dependencia". No se puede establecer a priori una cuota - recuperación, tiene que estar en relación directa con el esfuerzo económico de la familia del enfermo. Aquí una vieja norma de igualdad, se establece según el sapo la pedrada, no se puede ir a otra forma.
En el artículo 12, la fracción II, proponemos que se agregue al texto lo subrayado para quedar como sigue: "Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del instituto, siempre que no provengan de las cuotas de recuperación". Es decir, que las finanzas del instituto se engrandezcan con otras vías, no nada más la que los enfermos aporten, recuerden que estamos hablando de un Instituto de Cancerología.
En el artículo 16, proponemos que se agregue una fracción VI, que señale para el consejo técnico consultivo la función de procurar una verdadera participación social y comunitaria en la prestación de servicios de salud, con la cual se rompería la escalada frialdad de estos trabajos científicos, que deben nunca perder posibilidad de ser trabajos al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad.
Y por último, en el artículo 21, que es algo que sin duda contará con el entusiasta apoyo de las fracciones obreras, que nos oponemos a que los trabajadores de ese instituto queden regidos por el apartado B), que lesionen el artículo 123 constitucional. Exigimos el respeto al trabajo, el respeto a la dignidad de esos trabajadores científicos y personal paramédico y pedimos para ellos su posición en el apartado A). Quedaría, entonces:
Artículo 21. Las relaciones laborales del instituto y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A) del artículo 123 constitucional.
Cada pequeña victoria para rescatar la claridad del artículo 123 constitucional de sus enemigos, es una victoria de todo el pueblo.
Yo les invito, compañeros diputados, a examinar estas propuestas y atrevernos hoy, en el espíritu de la modernidad, a aprender a pensar con cabeza propia como diputado, alejándonos de las ingratas minutas.
Dejo en poder de la secretaría el escrito.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en pro, el ciudadano diputado Mario Campos Bravo.
El C. Rodolfo Mario Campos Bravo: - Con el permiso del señor presidente; compañeras y compañeros diputados: en la ley que acaba de ser aprobada, y que se mencionó por los compañeros diputados de las fracciones parlamentarias de los otros partidos, se señaló claramente que había similitud en el planteamiento de las iniciativas que hoy nos congrega, en relación al Instituto de Cardiología y ahora de Cancerología.
Hablamos, también por voz de nuestro compañero y amigo el diputado Manuel Monarres, de los artículos similares en la ley que votamos recientemente, en razón de los términos "comercialización", "de la participación social", en el sentido de los compañeros, del Instituto de Cardiología; en relación a las relaciones laborales de lo trabajadores del mismo instituto. Y podemos y tenemos que volver a venir a ratificar los mismo que en la anterior ley.
El término "comercialización" que está consagrado en las iniciativas que estamos tratando, únicamente se refiere a las publicaciones de carácter técnico de este instituto; de ninguna forma se pretende comercializar los servicios de salud del instituto.
Por otro lado, la "participación social" está dada en el patronato del mismo instituto.
Por otra parte, para los trabajadores del Estado es muy importante el hecho de que en estas cuatro iniciativas que no conllevan, debe garantizarse la participación de los trabajadores en el apartado B) del artículo 123 constitucional.
Quisiera mencionar que esta ley de ninguna manera está tratando ni propone el cambio al apartado A) del artículo 123. No se trata, en lo absoluto, y quisiera señalar que si en un momento dado nosotros pudiéramos iniciar algún debate relacionado con éste, los trabajadores del Instituto de Cardiología, Cancerología y demás, perderían los derechos adquiridos hasta ahora, es decir, la antigüedad y prestaciones de los trabajadores consagrados hasta la fecha.
Esto, además de que es materia de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no pudiéramos votar modificaciones a esta ley; esto es lo más importante que nosotros quisiéramos señalar y esto tendremos que repetirlo si es necesario en las demás iniciativas que son similares a esto Los derechos de los trabajadores al servicio del Estado quedan consagrados, manteniéndose el estatus jurídico y laboral que esta incitativa nos conlleva.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Eraclio Zepeda, a los artículos 7o. fracción I y III; 12 Fracción II; la adición de una fracción VI al artículo 16 y al 21.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se admite o se desechan las modificaciones propuestas a los artículos 7o. fracciones I y III; artículo 12 fracción II; a la adición al artículo 16 y la modificación al artículo 21.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte. sírvase manifestarlo... Desechada, Señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea, si los artículos 7o. fracciones I y III; 12 fracción II; y la adición al artículo 16 y la modificación al artículo 21, se encuentran suficientemente discutidos.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutidos los artículos 7o. fracciones I y III; 12 fracción II; 16 y 21.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículo 7o., fracción II y III; 12 fracción II y artículo 16 y 21. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
La misma c. Secretaria: - Señor presidente, se emitieron 236 votos en pro, 14 en contra y una abstención.
El C. Presidente: - Aprobados los artículo 7o. fracciones I y III; 12, fracción II; 16 fracción VI y el 21, en sus términos por 236 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular la Ley del Instituto Nacional de Cancerología.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley del Hospital de México "Federico Gómez".
«Comisión de Salubridad y Asistencia.
Honorable Asamblea; A la Comisión de Salubridad y Asistencia, se turnó para su estudio y dictamen, el proyecto de Ley del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", aprobado por la H. Cámara de Senadores, sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La comisión procedió al examen y discusión del proyecto. Los ciudadanos diputados de la comisión, estiman que el proyecto de ley enviado por el Senado de la República, se ubica en el marco de la garantía a que se refiere el artículo 4o. constitucional. En virtud de ese mandato constitucional, el. Poder Ejecutivo somete a esta soberanía la iniciativa en cuestión, cuya aprobación y vigilancia contribuirán a mejorar el funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud en el área correspondiente para proporcionar servicio de salud a la población infantil y elevar la calidad de los mismos.
El proyecto de ley que nos ocupan, se inscriben dentro del marco normativo de la Ley Federal de Entidades Paraestatales para lograr mayor eficacia y modernizar su administración. procurando el equilibrio necesario entre la autonomía de gestión y el control de tutelas por parte del Estado.
La iniciativa busca alcanzar los objetivos que en materia de protección a la salud, se establecen en el programa nacional correspondiente como parte del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.
Técnicamente, la institución se propone atender los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, la prestación de servicios en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos, incluso quirúrgicos y de rehabilitación a los niños enfermos, fundamentalmente aquellos de escasos recursos.
Asimismo. se enfatiza la importancia de la investigación científica y se plantea como otro
importante objetivo del hospital, la realización de investigaciones clínicas y biomédicas en el área de los padecimientos infantiles, para su prevención, diagnósticos, tratamientos y rehabilitación. Se busca fomentar la producción de la literatura científica relacionada con los problemas médicos - sociales de la niñez mexicana, la difusión de la información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre y la promoción de reuniones y eventos de intercambio científico.
Se señala también como un objetivo más del organismo, la formación de especialistas en la materia del mismo, así como la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar.
Acorde a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, corresponde la presidencia del órgano de Gobierno al titular de la dependencia coordinadora de sector, y se integra además, con representante de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación Presupuesto, un representante del patronato, uno de una institución del sector educativo y cuatro vocales con méritos reconocidos en el campo de la salud, quienes deben ser personas ajenas al organismo.
De igual manera se establecen las funciones del órgano de gobierno, vinculadas a la programación, presupuestación, ejercicio del presupuesto, empréstitos, adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles, estructura orgánica, así como de designación y renovación de servidores públicos.
Respecto del director general se asientan en el proyecto las facultades de representación propias de su calidad de ejecutor de las decisiones del órgano de gobierno.
Se establecen también un patrón y un consejo técnico consultivo; tiene el primero funciones de apoyo a las actividades y a la obtención de recursos que tienda al cumplimiento del objeto del hospital, y el segundo, el propósito de asesorar al director general en las labores técnicas.
Para efectos de vigilancia y control, se establece en el proyecto de ley que el hospital, contará con un comisario, designado por la Secretaría de la Controlaría General de la Federación, con las atribuciones consignadas para estos órganos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se propone también un órgano interno de control, que realizará sus actividades de acuerdo a reglas que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía, para que pueda apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
La Comisión de Salubridad y Asistencia considera que este proyecto de ley presenta un adecuado marco normativo para el desarrollo de las funciones del hospital dotándolo con órganos que le permitan una mayor eficacia operativa y autonomía de gestión, lo que le permitirá fortalecer su objetivo y coadyuvar a la integración del Sistema Nacional de Salud, tal y como los gobiernos del País, se han propuesto desde la institución de la Entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, tan pronto como concluyo el movimiento armado de 1910 - 1917.
Por los motivos expuestos, la comisión propone a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ"
Artículo 1o. El Hospital Infantil de México "Federico Gómez" es un organismo desentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Articulo 2o. El hospital tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
III. Prestar servicios de la salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos, incluso quirúrgicos y de rehabilitación a los niños enfermos, fundamentalmente a aquellos de escasos recursos económicos;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población infantil, niños y adolescentes que requieren atención en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del hospital;
V. Aplicar medidas de asistencia y ayuda social en beneficio de la población infantil y adolescente de escasos recursos económicos que ocurran a sus
servicios, incluyendo acciones de orientación vocacional, reeducación y reincorporación al medio social;
VI. Realizar estudios e investigaciones clínicas y biomédicas en el área de los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, con apego a la Ley General de Salud y además disposiciones aplicables, para la prevención diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, así como fomentar la producción científica y promover la investigación de los problemas médico - sociales de la niñez mexicana;
VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar y rendir opiniones a la Secretaría de Salud, cuando sea requerido para ello;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Publican Federal y asesorar a instituciones sociales y privadas en el área de atención de los padecimientos de la población infantil y adolescente;
XI. Formar recursos humanos especializados para la atención de los padecimientos de la población infantil y hasta de adolescentes, así como aquellos que se sean afines, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en el área de los padecimientos de la población infantil y hasta la adolescente;
XIII. Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a los padecimientos de la población infantil y hasta la adolescente conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimientos de su objetos conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del hospital se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el Gobierno Federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretarías de Salud, conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeros, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esta ley;
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El hospital contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El hospital contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órgano de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las funciones a que se refieren los artículo 13 y 17 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. El hospital contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría General de las Federación, y tendrá las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 7o. La junta de gobierno de hospital se integrará por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del patronato del propio hospital, por un representante que, a invitación del presidente de la junta designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales, designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; estos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 8o. La junta de gobierno del hospital ejercerá las siguientes facultades no delegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales las políticas generales de acción y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el hospital en relación a la productividad, comercialización, finanzas, investigaciones, desarrollo tecnológico y administración general;
II. Aprobar, en los términos de la legislación aplicable, los programas y presupuestos del hospital así como sus modificaciones;
III. Aprobar cada año los estados financieros, del hospital y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;
IV. Aprobar la concertación de empréstitos y créditos internos y externos para el financiamiento del hospital, de acuerdo a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que dicten las autoridades competentes. En lo que se refiere a los créditos deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que, en su caso, sean autorizados y registrados;
V. Expedir las normas generales para que el director general pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos del hospital que no corresponda a las operaciones propias del mismo;
VI. Proponer al Ejecutivo Federal, en el caso de que existieren excedentes económicos, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación;
VII. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el hospital; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
VIII. Acordar, conforme a las disposiciones legales aplicables, los donativos o pagos extraordinarios, así como verificar que éstos se destinen a los fines señalados por la Secretaría de Salud;
IX. Aprobar las bases y normas para la cancelación de adeudos a favor del hospital y a cargo de tercero, cuando su cobro no sea factible, informando lo anterior a la Secretaría de Programación y Presupuesto por conducto de la Secretaría de Salud;
X. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas para la adquisición arrendamiento y enajenación de inmuebles que el hospital requiera, con excepción de aquéllos propiedad del mismo que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;
XI. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, los programas generales, las bases y las políticas relativos a los convenios, contratos o de acuerdo que celebre el hospital en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
XII. Aprobar la estructura orgánica básica del hospital, así como las modificaciones que procedan
XIII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general y manuales de procedimientos y de servicios al público del hospital;
XIV. Autorizar la creación y funcionamiento de comités de apoyo;
XV. Designar y remover, entre personas ajenas al hospital y a propuesta de su presidente, al secretario, así como nombrar y remover a propuesta del director general al prosecretario, si se requiere;
XVI. Designar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencia en caso de que procedan;
XVII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y de servicios, sujetándose a estudios previos de necesidades y factibilidad;
XVIII. Designar y remover a los titulares de centros y unidades que ella misma establezca, a través de una terna que proponga el director general, y
XIX. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el director general.
Artículo 9o. La junta de gobierno del hospital celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración
Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
La junta de gobierno del hospital podrá invitar a sus reuniones a un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a representantes de instituciones de investigación y docencia y de grupos interesados de los sectores públicos, social y privado.
Artículo 10. El director general del hospital será nombrado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal , dada a través del Secretario de Salud.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos;
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser persona de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad del hospital, y
III. No encontrarse en algunos de los impedimentos a que de refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 11. El director general del hospital, además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de la Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal;
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del hospital;
II. Ejercer las facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, y aquellas que requieran cláusula especial; cuando se trate de actos de dominio se obtendrá la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competa, incluyendo las que requieran autorización o cláusula especial, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
V. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
VI. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
VII. Formular denuncias y querellas, y otorgar el perdón legal;
VIII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del amparo;
IX. Comprometer asuntos en arbitraje, así como proponer y celebrar transacciones judiciales;
X. Presentar a la junta de gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del hospital y los que sean solicitados en forma específica por ésta;
XI. Ejercer el presupuesto del hospital conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XII. Presentar a la junta de gobierno, para su aprobación, el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del hospital;
XIII. Fijar las Condiciones Generales de Trabajo del personal del hospital;
XIV. Presentar a la junta de gobierno las ternas de candidatos a titulares de centros y unidades que formen parte del hospital;
XV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XVI. Proporcionar a los comisarios públicos la información que éstos soliciten para el cumplimiento de sus funciones, y
XVII. Las demás que con fundamento en la presente ley le sean delegadas por la junta de gobierno.
Artículo 12. El director general del hospital durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 10 de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del hospital prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en su ausencias.
Artículo 13. El patronato auxiliar a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del hospital y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del hospital, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 14. El patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por los vocales que designe la junta de gobierno, entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general, con vocación de servicio para promover el bienestar de la niñez, las cuales podrán ser propuestas por el director general del instituto.
Artículo 15. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo del hospital es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del hospital y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el estatuto orgánico del hospital.
Artículo 17. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a su consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del hospital, cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza e investigación del hospital;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del hospital, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiere el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 18. El hospital tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del hospital se apegarán a lo dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el hospital y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza, el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicio y lo demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la Ley que crea el Hospital Infantil en la ciudad de México.
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de junio de 1943.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá efectuarse una sesión de la junta de gobierno del hospital en la que se ratifique o designe al director general del organismo. En el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo en el que hubiere desempeñado el cargo a partir de la última designación al artículo 12 esta ley.
Artículo cuarto, Por única vez, dos de los cuatro vocales de la primera junta de gobierno del hospital, que conforme a ésta se integre, durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación.
Artículo quinto. La junta de gobierno del hospital expedirá el estatuto orgánico, en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 29 de octubre de 1987.- Comisión de Salubridad y Asistencia, diputados: Héctor Aguirre Barragán, Juan Alcocer Bernal. Guillermo Altamirano Conde, Carlos Barrera Auld, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Mario Bustillo Villalobos, José Ascención Bustos Velasco, Irene Caballero González, Efraín de Jesús Clavo Zarco, Nabor Camacho Nava, Mario Rodolfo Campos Bravo, Daniel Castaño de la Fuente, José Angel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, María de la Luz Gamma Santillán, Hildebrando Gaytán Márquez, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya ,Rafael de Jesús Lozano Contreras, Darío Maldonado Casiano, Jaime Martínez Jasso, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monarres Valenzuela, Samuel Orozco González, Manuel Germán Parra Prado, Adrián Evodio Prado Gómez, Antonio Punzo Gaona, Sergio Roa Fernández, Pedro Sánchez Arrieta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Luisa Solís Payán, José Ramón García Soto, Cecilia Romero Castillo, José Camilo Valenzaela, Humberto Cervantes Vega.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, proceda la secretaría a consultar a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo.
En virtud de que ningún ciudadano diputado ha manifestado su deseo de hacer uso de la palabra en pro o en contra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila - Señor presidente, se emitieron 225 votos en pro y ocho en contra.
El C. Presidente: Aprobados en lo general y en lo particular, los artículo no impugnados, por 225 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión los artículos 8o., fracciones I y VII: 13, fracción II: 17 Fracción VI y 21
Se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 8o.
Esta presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 8o., el ciudadano diputado Gerardo Uzueta y para hablar en pro del mismo artículo, el señor diputado Darío Maldonado Casiano.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Uzueta Lorenzana.
El C. Gerardo Uzueta Lorenzana: - En primer lugar, señores diputados, quiero hacer notar que la leyes anteriores están siendo aprobadas por 163 a 165 votos, que nosotros hemos contado.
Nosotros creemos que de esta manera las leyes se están haciendo pasar de manera subrepticia, sin tener mayoría; sin tener la mayoría que requiere el reglamento y que requiere la ley orgánica. Pero lo anoto como una cuestión que en su momento nosotros vamos a exigir que nos atengamos estrictamente al reglamento y a la ley orgánica. No se puede decir con 163 votos y digamos unas 15 o 20 abstenciones, que la ley está aprobada. La ley así, no está aprobada. No hay quórum correspondiente quizá, pero por lo menos los votos que se han emitido no dan el quórum correspondiente.
Me he anotado para hablar respecto del artículo 8o., en sus fracciones I y VII, y en el artículo 13, fracción II; el artículo 17, fracción VI, el artículo 21. Lo he hecho solamente porque la ley aquí cambia solamente un número de los artículos. En realidad el artículo 8o., corresponde al artículo 7o. de las dos anteriores leyes, pero si nosotros dejamos pasar simplemente que le cambiaron el número, estas leyes pasan con toda tranquilidad sin que haya objeción alguna.
Nuestra objeción al artículo 8o. en su fracción I y en su fracción VII, corresponde exactamente a la misma objeción que hemos hecho en relación al artículo 7o., fracción I y fracción VII de las dos anteriores leyes.
En el artículo 13, fracción II, también lo que corresponde al artículo 12 fracción II; y en el artículo 17 las objeciones que corresponden al artículo
Como hemos escuchado ya la opinión de la mayoría rehusándose a hacer ningún cambio en estas formulaciones, entre otras cosas por el criterio añejo y corrupto de que lo que venga del Senado tiene que aprobarse y ceñirse esta Cámara a lo que diga el Senado si nos manda una minuta, nosotros ahora no queremos seguir insistiendo en estas cuestiones; mas hay una cuestión en la que si queremos insistir y sí queremos insistir porque va en juego no poca cosa. En primer término, quisiera recordar a los diputados el texto del apartado A) del artículo 123 constitucional, me voy a referir a lo establecido en el artículo 21 de la ley que estamos analizando.
En el apartado A) se dice: "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo a las cuales regirán: a) entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo."
El apartado B), con el mismo antecedente o sea que: "el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo a las cuales regirán:
b) Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores."
El artículo 21 de la ley que examinamos, está violando la Constitución, porque el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" es un organismo desentralizado, no es una dependencia de los Poderes de la Unión. Esto debe quedar claro, porque aquí se está aplicando una legislación impropia para los trabajadores de este hospital, Claro está y me adelanto a la objeción, que los diputados de la mayoría dirán que la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado señala que se aplicará para normar las relaciones laborales en los organismos descentralizados, en cuya ley orgánica así se establezca; pero esto ya es una violación constitucional, ya la propia Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado está violando la Constitución, porque el apartado B) no establece la posibilidad de que las normas que él establece se apliquen a los trabajadores que no pertenecen a los Poderes de la Unión.
Estos trabajadores que son parte de un instituto, de un organismo desentralizado, por lo tanto caen dentro de las especificaciones del apartado A). Esta violación se comete en contra, en perjuicio de la legislación laboral; se comete en contra, en perjuicio de la organización de los trabajadores, porque hay que recordar que en el apartado B) el derecho de huelga está prácticamente proscrito, en primer lugar. En segundo lugar, que no hay contratos colectivos sino condiciones de trabajo, que no hay bilateral alguna en las relaciones laborables dado que el personal entra por decisión de los órganos dirigentes de las instituciones regidas por el apartado B), que en la práctica las funciones originales del sindicato quedan suprimidas y son sustituidas solamente por la administración de las cuestiones relacionadas con el ISSSTE, de las cuestiones relacionadas con pensiones, de relaciones que no tienen las generalidades que tienen las reacciones que contempla el apartado A).
Se ha dicho aquí que efectivamente los trabajadores podrían cambiar de uno a otro apartado, pero perderían su antigüedad. Nosotros queremos decir aquí claramente, que precisamente es posible mantener esa antigüedad mediante convenios, mediante formas establecidas de relación entre los trabajadores y sus patrones.
Nosotros estamos insistiendo en que el artículo 21 quede redactado como sigue en la ley que estamos examinando:
Artículo 21. Las relaciones laborables entre el hospital y sus trabajadores, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A) del artículo 123 constitucional.
Esta es la demanda que presentamos en relación al artículo 21. No debemos seguir aceptando, no debemos seguir tolerando que a los trabajadores se les despoje de sus derechos, que la legislación laboral mexicana sea atropellada, que el artículo 123 pase a formar parte de un museo, de un museo de derechos laborales. Nosotros necesitamos rescatar ese derecho de los trabajadores que no son trabajadores al servicio del Estado, aunque también nosotros debiéramos luchar por acabar con el apartado B), porque los trabajadores estuvieran regidos por una sola legislación, porque el trabajo fuera regido por una sola legislación.
Nosotros, compañeros, los diputados del Partido Mexicano Socialista, reclamamos que se discuta con seriedad, con energía, con claridad este artículo 21, que como sucedió con el artículo 21 de las leyes anteriores, es un artículo lesivo para los trabajadores, para esos trabajadores del Hospital de Cancerología, para los trabajadores de estas cuatro instituciones que ahora estamos examinando, pero es lesivo también para los trabajadores en general, porque es arrebatarles una conquista, arrebatarles una legislación por la que el movimiento obrero mexicano ha luchado intensamente durante muchos años. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en pro, el ciudadano diputado Darío Maldonado Casiano.
El C. Darío Maldonado Casiano: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: hemos escuchado con todo interés al diputado Gerardo Uzueta Lorenzana del Partido Mexicano Socialista, porque en la vida escuchar es mucho más difícil que hablar y quienes tenemos la oportunidad de formar parte de una legislatura, tenemos la oportunidad de aprender, si logramos comprender el pensamiento de quienes representan a los diferentes partidos productos de nuestro sistema democrático.
Y en lo personal pongo todo interés y lo he puesto para poder comprender al compañero Gerardo, y por ello, en relación a lo escuchado, como miembro de la fracción parlamentaria de la mayoría, debo aclarar que el viejo criterio y como usted ha llamado criterio corrupto, que todo aquello que manda el Senado se aprueba en forma sistemática, lo que he vivido en el estudio, en el conocimiento, en el análisis de esta iniciativas, concretamente en esta iniciativa que crea a la entidad descentralizada del antiguo Hospital Infantil, fue a través de las comisiones, a través de la Comisión de Salud a donde conocimos la iniciativa, la hemos leído, la hemos comprendido y por mayoría se nos pidió nuestra decisión personal y en forma verbal aprobamos y posteriormente firmando aprobamos esta iniciativa que transforma al Hospital Infantil en una entidad descentralizada.
Ahora en sesión plenaria serán los compañeros legisladores, cuando lleguemos al momento óptimo a la culminación de los trabajos en relación a esta iniciativa, quienes decidan si se aprueba o se desecha; el sistema democrático nos permite votar desechando o aprobando.
En relación al artículo 21 en lo que le hemos escuchado, más que como legislador, como trabajador de la salud, con una antigüedad que rebasa los 25 años, he pedido a quienes están capacitados por su información, preparación, el derecho laboral y conozco, estoy convencido como trabajador de la salud, como servidor público y ahora como legislador, que si estos institutos han nacido dentro del apartado B) y se ha aprobado ya a esta iniciativa, en forma personal diría que nos quedamos en el apartado B), porque las prestaciones son definitivamente como trabajador, como trabajadores, en muchos aspectos mejor y por ello no sólo no se está dañando, sino se están conservando los derechos. Y por ello, estoy pidiendo a los compañeros legisladores que al hacer la votación, votemos porque quede este artículo como ya lo conocemos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos del 102 tiene la palabra el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - En relación al carácter que tiene este proyecto enviado por la Cámara de Senadores y aprobado, ya sea como minuta de las Cámara de Senadores, yo me he referido a la condiciones en que aquí se maneja el carácter de estas minutas.
La minuta es intocable. Lo hemos visto en numerosísimas leyes, en la Ley sobre la Tortura, no sé cuántas leyes que hemos aprobado por decisión de la mayoría, porque viene del Senado y no se cambia una palabra y no se admite ni meterle una coma.
Esta es una costumbre completamente fuera de las necesidades parlamentarias de nuestro país,
donde es imprescindible discutir, donde es imprescindible profundizar en cada una de las cuestiones que nos son sometidas.
Nosotros, esta costumbre no la podemos aceptar. Esta costumbre tenemos que combatirla enérgicamente. Debe haber la posibilidad amplia para que sean modificadas las resoluciones, las minutas que nos envía el Senado de la República.
Por esto, es que yo sí considero que debemos caracterizar, como un hecho, una acción de carácter corrupta, la que el Senado nos envíe una cosa y tengamos que callarnos y la mayoría tenga que aceptar porque ya lo aceptó el Senado.
Pero es más importante por otro lado, el problema de la defensa del 123. Que hay prestaciones mayores en el apartado B) que en el apartado A), bueno hay que decir que algunas prestaciones son mayores, pero aquí el problema es el de los derechos colectivos, el problema del derecho de huelga, el problema de derecho a la contratación colectiva, todas aquellas cuestiones que se derivan de la acción sindical conjunta, de la lucha conjunta de los trabajadores, éste es el problema principal, Ahora se establece un contrato colectivo en lugar de las condiciones generales de trabajo y en ese contrato colectivo pueden lograrse, pueden imprimirse aquellas prestaciones, aquellas ventajas que estén conquistadas por los trabajadores al servicio del Estado, qué vamos a hacer con los contratos colectivos, reducirnos a condiciones inferiores no, al contrato, el militar con las prerrogativas del apartado A) implica luchar, actuar con las armas que nos da el movimiento sindical, con las armas que nos da la lucha de los trabajadores por establecer las mejores condiciones y esas mejores condiciones si ya están logradas por los trabajadores al servicio del Estado, deben pasar a los contratos colectivos, no hay ninguna razón para establecer dos formas, dos formas normativas para el trabajo, no hay ninguna razón, y en este caso se está, insistimos, violando el artículo 123 de la Constitución, en los apartados A) y B), tal como se encuentran hoy redactados, tal como hoy están precisados en la Constitución General de la República. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea, si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Unzueta Lorenzana a los artículos 8o. fracciones I y VII; 13,fracción II; 17, fracción VI y 21.
El C. secretario Marcos Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica , se pregunta a la Asamblea si se admiten o se desechan las modificaciones propuestas por el diputado Gerardo Unzueta, de la fracción parlamentaria del PMS.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 8o., fracción I y VII; 13, fracción II; 17, fracción IV y 21.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: -En votación económica, se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutidos los artículos 8o., fracción I y VII; 13, fracción II; 17, fracción IV y artículo 21.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutidos, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 8o., fracción I y VII; 13, fracción II, 17, fracción IV y artículo 21. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Señor presidente, se emitieron 220 votos en pro y 26 en contra.
El C. Presidente: - Aprobados los Artículos 8o., 13. 17 y 21, por 220 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular la Ley del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En votación económica, consulte la secretaría a la Asamblea, en los términos del acuerdo de práctica parlamentaria, si autoriza continuar la sesión sin receso.
El C. secretario Marco Antonio Espinoza Pablos: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si autoriza a continuar la sesión sin receso.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Autorizado, señor presidente.
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán".
« Comisión de Salubridad.
Honorable Asamblea: La presidencia de la Cámara, turnó a la Comisión de Salubridad y asistencia para su estudio y dictamen, el proyecto de Ley del Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zuribán", dicho proyecto proviene de la colegisladora, que realizó modificaciones a la fracción III del artículo 30, la fracción III del artículo 8o. y de los artículos segundo y quinto transitorio, de la iniciativa del Ejecutivo:
Analizada con minuciosidad la exposición de motivos de la iniciativa, se considera por esta comisión suficientes, por lo que la fundamentación global de la iniciativa, se estima sólida, particularmente por lo que se refiere al aumento de la autonomía de gestión del instituto que se considera altamente conveniente, no se pierde, y en este hacemos particular hincapié, el patrocinio que el gobierno debe hacer de la salud pública, sino que se aumentan los recursos y el apoyo para incrementar la capacidad del propio instituto.
Desde su creación, el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zuribán", forma parte del sector salud, ha desarrollado actividades encaminadas a la preservación y mejoramiento de la salud en el área de la nutrición humana. Sin embargo, al través del tiempo extendió su campo de acción a otras disciplinas biomédicas relacionadas con el problema de salud, que tiene impacto a nivel nacional.
El instituto forma parte del sistema nacional de salud y comparte con éste sus objetivos, y refleja particularmente los del plan nacional de desarrollo 1983- 1988. Busca propiciar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen o causen daños a la salud. El propio instituto subraya la importancia de su trabajo en el área de la prevención.
Es particularmente relevante, subrayar que este instituto ha sido en México, el centro de las investigaciones y actividades en torno a la nutrición humana, factor de especial importancia no sólo para la salud, sino también y de manera consecuente, para el desarrollo económico social de México.
En esta virtud, la iniciativa pretende que la institución cumpla con su objeto de una manera eficaz y eficiente, por lo que su integración y funcionamiento debenir acordes con las nuevas disposiciones jurídicas normativas de las entidades paraestatales.
La Ley Federal de Entidades Paraestatales, es el instrumento que precisa los lineamientos jurídicos y administrativos a que deben sujetarse los organismos descentralizados, por lo que el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" estará en condiciones de ajustar sus actividades a dichos ordenamientos. La iniciativa objeto de este dictamen, es congruente con el nuevo enfoque sobre la autonomía de gestión que debe prevalecer en la operación de las entidades paraestatales.
La iniciativa contempla una nueva forma de integración de los órganos de administración del instituto. La junta de gobierno y la dirección general, son niveles de responsabilidad y dirección claramente diferenciados de los órganos de apoyo y asesoría. Estos últimos son el patronato y el consejo técnico consultivo. En el primero, se da participación a la comunidad en la acciones de salud.
El consejo técnico consultivo, es un órgano altamente especializado que apoyará directamente al director general, en materias relacionadas con el progreso científico, afines al objeto del instituto.
Las funciones que estos órganos del instituto desempeñen, junto con el de vigilancia, serán de suma importancia para el logro del objetivo de la institución en el marco del Sistema Nacional de Salud.
La necesidad de acercar aún más los programas que establezca el instituto, con el programa Nacional de Salud, está expresada en la iniciativa. Al respecto. La Secretaría de Salud dictaminará previamente sobre los programa - presupuestos del mismo organismo.
Al revisar con detalle el dictamen de la H. Cámara de Senadores y el proyecto aprobado por la misma, nos ha parecido conveniente la adición que se hace a la fracción III del artículo 30, puesto que la herencia constituye, al igual que el legado, una posible fuente para la obtención de recursos, que incremente el patrimonio del propio instituto.
Respeto a la modificación de la fracción III del artículo octavo, nos sumamos a la reforma propuesta por la colegisladora, ya que la junta de gobierno es el órgano idóneo para fijar las bases
y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que presente el instituto. En esta facultad está incluida la de aprobar las cuotas de recuperación. En cuanto al cobro de las cuotas, le corresponde al director general llevar a cabo esta operación. De esa manera se precisan las facultades que atañen a uno y otro órgano sobre este punto.
Nos parecen también acertadas las propuestas de modificación a los artículos segundo y quinto transitorio del proyecto, toda vez que en el primer caso se trata de dejar sin efecto a la ley anterior que creó al instituto en cuestión.
En el segundo caso, el concepto de plazo, implica un período de tiempo dentro del cual puede producirse determinado acontecimiento, que en la especie sería la emisión del estatuto orgánico. El uso del concepto de término es por tanto perfectible, en virtud de que se refiere exclusivamente a la fecha de conclusión de un plazo.
En razón de lo expuesto, la comisión dictaminadora que suscribe a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
Artículo 1o. El Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2o. El Instituto tendrá por objeto:
I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el área de las disciplinas biomédicas vinculadas con problemas nacionales de salud y las relacionadas con la nutrición humana;
II. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios:
III. Prestar servicios especializados de salud, particularmente en materia de atención médica en aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación de personas adultas con padecimientos relacionados con la nutrición humana;
IV. Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población que requiera atención en su área de especialización y afines, en las instalaciones que para efectos disponga, con criterio de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen la función social del instituto;
V. Realizar estudios e investigaciones clínicas, experimentales y básicas en las disciplinas biomédicas vinculadas con problemas nacionales de salud y las relacionadas con la nutrición humana, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades en el medio mexicano;
VI. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
VII. Promover la educación nutricional y el mejoramiento de los hábitos y patrones de la alimentación de los mexicanos;
VIII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico de carácter tanto nacional como internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
IX. Asesorar a la Secretaría de Salud en la elaboración de sus programas de nutrición y en las distintas disciplinas médicas que fomente el instituto y rendir opiniones cuando sea requerido para ello;
X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de alimentación y nutrición, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;
XI. Formar recursos humanos en su área de especialización y afines, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XII. Formular y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, en el campo de la nutrición humana y áreas afines;
XIII. Otorgar diplomas y reconocimientos de estudios, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Promover la realización de acciones para la protección de la salud en lo relativo a su área de especialización y afines, conforme a las disposiciones legales aplicables, y
XV. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su
objetivo conforme a esta ley y otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 3o. El patrimonio del instituto se integrará con:
I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que por cualquier título legal haya adquirido, así como los recursos que le transfiera el gobierno federal;
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo al presupuesto de la Secretaría de Salud conforme al presupuesto anual de egresos de la Federación;
III. Los subsidios, participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeros, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto conforme se establece en esta ley;
IV. Las cuotas que por sus servicios recaude, y
V. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier título legal adquiera.
Artículo 4o. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I. Junta de gobierno, y
II. Dirección general.
Artículo 5o. El instituto contará también con un patronato y con un consejo técnico consultivo, como órgano de apoyo y asesoría, los cuales tendrán las atribuciones a que se refieren los artículos 13 y 17 de esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 6o. El instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y tendrán las atribuciones que les otorga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 7o. La junta de gobierno del instituto se integrará por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y del Patronato del Organismo, por un representante que, a invitación del presidente de la junta, designe una institución del sector educativo, y por cuatro vocales designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas al organismo y de reconocidos méritos en el campo de la salud; estos últimos durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.
La junta de gobierno contará con un secretario y un prosecretario.
Artículo 8o. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto respecto a productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general;
II. Aprobar los programas y presupuestos del instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;
III. Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación y su actualización, por los servicios que preste el instituto; el cobro de esas cuotas será efectuado por el director general;
IV. Aprobar la concentración de préstamos para financiamiento del instituto con créditos internos y externos, conforme a los lineamientos relativos al manejo de disponibilidades financieras que dicten las autoridades competentes, remitiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo relativo a los créditos externos para su autorización y registro;
V. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el director general podrá disponer de los activos fijos del Instituto que no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;
VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del instituto y autorizar la publicación de los mismos;
VII. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;
VIII. Aprobar la estructura básica del instituto y las modificaciones a la misma que procedan;
IX. Autorizar la creación de comités de apoyo;
X. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de los dos
niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencias;
XI. Designar y remover, a propuesta de su presidente, a quien en su caso funja como secretario entre personas ajenas al Instituto, así como nombrar y remover, a propuesta del director general y de ser el caso, al prosecretario;
XII. En caso de que existieren excedentes económicos del instituto proponer al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la constitución de reservas y su aplicación;
XIII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles del instituto que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;
XVI. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general con la intervención que corresponda a los comisarios;
XV. Acordar, con sujeción a las disposiciones correspondientes, los donativos o pagos extraordinarios que el instituto otorgue y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados en las instrucciones de la Secretaría de Salud;
XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargos de terceros y a favor del instituto cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Programación y Presupuesto, por conducto de la Secretaría de Salud;
XVII. Previo estudio de necesidades y factibilidad, aprobar la creación de nuevas unidades de investigación y servicios, y
XVIII. Aprobar el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicios al público.
Artículo 9o. La junta de gobierno del instituto celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que propongan su presidente o cuando menos tres de sus miembros.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno el secretario, el prosecretario y el comisario, con voz pero sin voto.
Artículo 10. El director general del instituto será nombrado o ratificado por la junta de gobierno a indicación del Ejecutivo Federal, dada a través del Secretario de Salud, de acuerdo con el artículo 12 de esta ley.
El nombramiento recaerá en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser médico cirujano de reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas, así como poseer grado académico o estudios de postgrado en las especialidades del instituto, y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 11. El director general del instituto además de las facultades y obligaciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades de representación legal:
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto;
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la junta de gobierno;
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
IV. Formular denuncias, querellas y otorgar el perdón legal;
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del amparo;
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones en materia judicial;
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan incluso las que requieran autorización o cláusula especial. Su otorgamiento y validez se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
IX. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
X. Presentar a la junta de gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite aquélla;
XI. Presentar a la junta de gobierno, para su aprobación, el estatuto orgánico y los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del instituto;
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del instituto;
XIII. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
XIV. Presidir el consejo técnico consultivo;
XV. Proporcionar la información que soliciten los comisarios públicos, y
XVI. Las demás que con fundamento en la presente ley le delegue la junta de gobierno.
Artículo 12. El director general del instituto durará en su cargo cinco años y podrá ser ratificado por otro período igual en una sola ocasión, siempre que al momento de la ratificación cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 10 de esta ley. Podrá ser removido por causa plenamente comprobada, relativa a incompetencia técnica, abandono de labores o falta de honorabilidad.
El estatuto orgánico del instituto prevendrá la forma en que el director general deba ser suplido en sus ausencias.
Artículo 13. El patronato auxiliará a la junta de gobierno y tendrá las siguientes funciones:
I. Apoyar las actividades del instituto y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Instituto, y
III. Las demás que le señale la junta de gobierno.
Artículo 14. El Patronato estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y por vocales; serán designados por la junta de gobierno entre personas de reconocida honorabilidad pertenecientes a los sectores social y privado o de la comunidad en general con vocación de servicios, las cuales podrán ser propuestas por el director general del instituto.
Artículo 15. Los cargos de los miembros del patronato serán honoríficos, por lo que en consecuencia no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.
Artículo 16. El consejo técnico consultivo del instituto es el órgano encargado de asesorar al director general en las labores técnicas del instituto y de asegurar la continuidad en el esfuerzo de renovación y progreso científico. Su integración, organización y funcionamiento de determinarán en el estatuto orgánico del instituto.
Artículo 17. El consejo técnico consultivo podrá:
I. Asesorar al director general en asuntos de carácter técnico que se sometan a sus consideración;
II. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento técnico, administrativo y operacional del instituto cuando sea requerido al efecto;
III. Opinar sobre los programas de enseñanza en investigación del instituto;
IV. Proporcionar a la junta de gobierno del instituto, por conducto del presidente de la misma, una relación suficiente y representativa de personas que satisfagan los requisitos para ocupar los cargos de vocales, y
V. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta de gobierno.
Artículo 18. El instituto tendrá un órgano interno de control, que será parte integrante de la estructura del mismo, con objeto de apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del organismo.
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Dependerá del director general;
II. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que le permitan ejecutar su cometido con autosuficiencia y autonomía;
III. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
IV. Efectuará revisiones y auditorías;
V. Vigilará que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y
VI. Presentará al director general y a la junta de gobierno los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas.
Artículo 20. Los programas del instituto se apegarán a los dispuesto sobre la materia en el Programa Nacional de Salud y para estos efectos la Secretaría de Salud dictaminará previamente los programas - presupuestos del mismo.
Artículo 21. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El personal quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 22. Serán trabajadores de confianza el director general, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de departamento, jefes de servicios y los demás que desempeñen las funciones a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se abroga la ley que crea el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 1981.
Artículo tercero. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley deberá llevarse a cabo una sesión de la junta de gobierno del instituto, en la que se ratifique o designe al director general del organismo; en el primer supuesto se tomará en cuenta el tiempo que hubiere desempeñado el cargo a fin de no exceder los periodos a que se refiere el artículo 12 de esta ley.
Artículo cuarto. Por única vez dos de los cuatro vocales de la primera junta de gobierno del instituto, que conforme a esta ley se integre durarán en su cargo dos años. Al efecto se llevará a cabo un procedimiento de insaculación
Artículo quinto. La junta de gobierno del instituto expedirá el estatuto orgánico, en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo sexto. La expedición y ejecución de esta ley no conllevará la afectación de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo a que se refiere esta ley.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D. F., a 29 de octubre de 1987.
Comisión de Salubridad y Asistencia, diputados: Héctor Aguirre Barragán, Juan Alcocer Bernal, Guillermo Altamirano Conde, Carlos Barrera Auld, José Berber Sánchez, Rosalba Buenrostro López, Mario Bustillo Villalobos, José Ascención Bustos Velasco, Irene Caballero González, Efraín de Jesús Calvo Zarco, Nabor Camacho Nava, Mario Rodolfo Campos Bravo, Daniel Castaño de la Fuente, José Angel Conchello Dávila, Máximo de León Garza, María de la Luz Gamma Santillán, Hildebrando Gaytán Márquez, Federico Granja Ricalde, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Rafael de Jesús Lozano Contreras, Darío Maldonado Casiano, Jaime Martínez Jasso, Gloria Mendiola Ochoa, Manuel Monarres Valenzuela, Samuel Orozco González, Manuel Germán Parra Prado, Adrián Evodio Prado Gómez, Antonio Punzo Gaona, Sergio Roa Fernández, Pedro Sánchez Arrieta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María Luisa Solís Payán, José Ramón García Soto, Cecilia Romero Castillo, José Camilo Valenzuela, Humberto Cervantes Vega.»
El C. Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor presidente.
Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos del artículo 134 del Reglamento
Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en la general y en lo particular, de los artículos no impugnados en un solo acto.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 207 votos en pro y siete en contra.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 207 votos.
Se han reservado para su discusión los artículos 8o., fracciones I y III; 13, fracción II, 17, fracción VI y 21.
Se abre el registro de oradores para estos artículos. Jorge Alcocer, en contra, José Sánchez Berber, en pro.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; señores diputados: En este ambiente prenavideño que ha invadido a la Cámara, tenemos que reflexionar primero nosotros sobre un asunto. Los acuerdos de práctica parlamentaria son válidos, ayudan al trabajo de la Cámara, pero debemos reflexionar cuando no ayudan y estamos en este momento viendo la penosa situación de que no ayudan y de que entonces la secretaría pues no tiene que presentar resultados.
Vean ustedes, desde aquí se ve el salón, el presidente lo puede ver. ¿Dónde hay aquí 240 diputados?, ¿dónde están? Ni modo, el reglamento dice que hay que votar aquí, si quieren modificamos el reglamento y que voten las curules y entonces se cuenten curules y así sacamos la votación o dan cartas poder o que se tomen las votaciones en los restoranes.
Pero tenemos un problema, señores, estamos en el tema, se está votando una ley en condiciones absolutamente anormales y eso no prestigia a la Cámara.
El C. Eraclio Zepeda Ramos (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Si el señor presidente lo permite, cómo no.
El C. Presidente: - Permitida.
El C. Eraclio Zepeda Ramos (desde su curul): - ¿Sería posible contar con tasas de interés para lograr quórum?
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Tenemos un problema muy serio y no es bueno para la Cámara como institución que tengamos que estar moviendo los resultados para poder sacar el quórum. Revisemos el acuerdo de práctica parlamentaria, revisemos qué vamos a hacer todas las fracciones, asumimos también la responsabilidad que a nosotros nos corresponde, pero no podemos seguir en esta situación que es evidente para todos que el salón está semivacío. Bueno, veamos qué hacemos.
Y respecto a los artículos que impugnamos, ya el compañero Noriega y el compañero Eraclio Zepeda y el compañero Gerardo Unzueta, de nuestra fracción parlamentaria, han dado sus argumentos. Son los mismos, señores, ya sabemos que como la minuta viene del Senado, como se trata de incluir a esos trabajadores en el apartado B) nada se puede alterar dejamos las propuestas por escrito en la presidencia.
El C. Presidente: - Se ruega a la secretaría consulte a la Asamblea, si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Alcocer, a los artículos 8o., 13, 17 y 21.
Proceda la secretaría a darles lectura.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila:
«A la fracción I del artículo 8o.; se propone se suprima la palabra "comercialización" del texto, para quedar como sigue: Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales de acción y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto en relación a la productividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general.
Modificación a la fracción III del artículo 8o.; proponemos un cambio en el texto para quedar como sigue: Fijar las bases y los mínimos y máximos de los montos de las cuotas de recuperación por los servicios que presta el instituto, previo el estudio socioeconómico practicado por trabajo social de esa dependencia.
Propuesta de modificación a la fracción II del artículo 13: Contribuir a la obtención de los recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del instituto, siempre que no provengan de las cuotas de recuperación. Lo subrayado de siempre, que no provengan de las cuotas de recuperación, es la modificación.
Modificación a la fracción VI del artículo 17: Se propone que se agregue una fracción VI que señale para el consejo técnico consultivo la función de: Procurar la participación social y comunitaria en la prestación de servicios de salud.
Al artículo 21 se propone el cambio de incorporación laboral del apartado B) al apartado A), del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue: Artículo 21. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A) del artículo 123 constitucional.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea, si se admiten las modificaciones propuestas por el diputado Alcocer, a los artículos 8o., 13, 17 y 21, de que la secretaría ha dado lectura.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se admiten o se desechan las modificaciones propuestas.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo...
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, favor de manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la Asamblea, si los artículos 8o., 13, 17 y 21, se encuentran suficientemente discutidos.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se encuentran suficientemente discutidos los artículos 8o., fracciones II y III; 13, fracción II; 17, fracción VI y 21.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos 8o., fracciones I y III; 13, fracción II; 17 y 21.
Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 205 votos en pro, 20 en contra y dos abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 8., 13, 17 y 21, por 205 votos. Aprobada en lo general y en lo particular, la Ley del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
ENERGÉTICOS
El C. Presidente: - Para presentar diversas proposiciones, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados: Jorge Acedo Samaniego, Pedro Peñaloza, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Carlos Arturo Acosta, Franz Ignacio Espejel y Carlos Barrera Auld.
Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Acedo Samaniego, para presentar una proposición.
El C. Jorge Acedo Samaniego: - Señor presidente; compañeros diputados: Uno de los grandes problemas que se vienen afrontando en diversas localidades del país, es la política seguida en la fijación de los precios y tarifas de los servicios de suministro de los energéticos. En particular del gas doméstico, los combustibles para calefacción como el petróleo diáfano y el tractomex, a las tarifas eléctricas, de uso doméstico, en zonas calurosas.
Para efectos de esta exposición es conveniente citar por separado cada uno de los asuntos y al final propondré una posible atención común a esta problemática.
Por mandato de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estudiar a través de su unidad técnica y de precios y tarifas de la Administración Pública Federal, la factibilidad de subsidiar el precio del gas natural para la localidad de Cananea, Sonora, durante los meses de noviembre a febrero. Dicha petición la fundamentamos en el mes de abril del año en curso, en virtud de que la población de Cananea, está compuesta en su mayoría por mineros, algunos de estos viven de interés bancario de la cantidad que les fue entregada por compensación de su retiro voluntario, los cuales suman a la fecha
aproximadamente 800 mineros, de los 4 mil 485 usuarios domésticos de gas natural, los cuales empiezan a verse seriamente afectados por el extremoso clima que les hace requerir del energético para la calefacción de su hogares. Conocemos que a esta población se le suministra únicamente por la compañía de gas de Cananea, con gas natural proveniente de El Paso, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica y que el importador Petróleos Mexicanos certifica las lecturas medidas que maneja dicha compañía y que son facturadas para su cobro en la ciudad de Nogales, Sonora.
Ante esta situación excepcional. Cananea sólo representa el 0.43% del consumo nacional y de este porcentaje sólo el 25% es usado para fines domésticos, por lo que no se lesionaría el erario público federal.
Ante esta solicitud, la unidad técnica de precios y tarifas de la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de octubre pasado, comunicó a la Comisión de Energéticos la dificultad para aplicar dicho subsidio. Ahora bien, en relación al subsidio para petrolíferos durante el invierno, la Comisión de Energéticos sesionó en noviembre de 1985 y de 1986 ante la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, se otorgara para el período de noviembre a febrero en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, comprendiendo un 30% en los precios del diáfano y tractomex, los cuales fueron concedidos oportunamente. En esta ocasión, a la fecha aún no han sido concedidos dichos subsidios y ante la inminente presencia del invierno, consideramos que debe otorgarse a la brevedad.
El caso de las tarifas eléctricas de uso doméstico en zona calurosas, ha tenido una atención especial por este cuerpo legislativo. En octubre del año próximo pasado, legisladores de diversas localidades del país pudimos constatar la unaminidad de opiniones en promover una tarifa especial para estas regiones, a efecto de no buscar los subsidios; con la finalidad, celebramos un foro de expresión popular en la ciudad de Mexicali, Baja California, con participación de los diputados de estos estados; sostuvimos diversas reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual tuvo como resultado influir en el acuerdo del 31 de diciembre de 1986 que fijó las tarifas eléctricas para este año.
Consideramos que la reestructuración de éstas es un importante esfuerzo por distribuir equitativamente el costo del servicio. Si tomamos en cuenta que a las tarifas para uso doméstico únicamente se le aplica un incremento mensual decreciente, iniciando con un aumento del 3.5% para el primer mes, y rebajando un punto porcentual para terminar el mes de diciembre con un incremento de 2.5% al mismo tiempo que se implantan tres tarifas, la 1-a, b y c para las zonas cálidas, en lugar de la 1-a de años anteriores, lo anterior fue posible debido a que se consideró para las demás tarifas un incremento mensual que empieza con el 5.5%.
Las tarifas antes referidas, aún representando el 80% de la tarifa 1, no fueron las adecuadas para poner al alcance del usuario el importe de su recibo en los meses cálidos, una vez que su consumo es de cinco a diez veces más que en los otros meses.
Las tarifas 1 - a 1 - b y 1 - c que se aplican diferencialmente, según consumo y temperatura en las zonas extremadamente calurosa, podrían tener una mejor aplicación e incidencia si aumentamos los márgenes de consumo diferencial hasta los dos mil kilowatts hora que es el consumo real en varias localidades, pero que este diferencial sea del 50% con respecto a la tarifa de la época no calurosa.
Esto, aunado a sugerir a la Comisión Federal de Electricidad que propicie campañas de uso racional de la energía eléctrica, así como iniciativas para el aislamiento térmico de las casas habitación, y por supuesto se mantenga la misma relación de las tarifas industriales y comerciales con respecto a las domésticas.
Los diputados que representamos localidades en donde por sus condiciones se requiere hacer fuertes consumos de gas, energía eléctrica o petrolíferos, consideramos que debemos buscar para nuestros representados tarifas y precios especiales, toda vez que los aumentos de estos energéticos están por encima de los aumentos al salario mínimo, y los grandes consumos que se requiere por condición natural acentúan este desequilibrio. Es preciso subrayar que si son empresas del Estado las que proporcionan dichos servicios, éstas deben buscar una política de precios y tarifas que no se contrapongan a los intereses mayoritarios de la sociedad, o que sean gravables en exceso, lesionando la economía doméstica.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito proponer a la Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Unico. Que la Comisión de Energéticos integre un grupo de trabajo pluripartidista a efecto de que celebre las reuniones que se estime necesarias con funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, para que se estudie la factibilidad de otorgar precios preferenciales o subsidios durante el invierno al gas doméstico en Cananea, Sonora, diáfano y tractomex en los estados de Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila y se influya en la determinación del acuerdo que fijará las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas calurosas para 1988.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, firmamos la proposición de punto de acuerdo.
Diputados: Jorge Acedo Samaniego, Ismael Torres Díaz, Luis López Moctezuma, Margarita Ortega Villa, Alonso Aguirre Ramos, Daniel Castaños, Bulmaro Pacheco.«
Ruego a la presidencia se considere este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y se proceda a someter a votación, dado que el invierno en la ciudad de Cananea lo tenemos ya encima.
Dejo en la secretaría la proposición por escrito.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58 del Reglamento Interior, se pregunta a la Asamblea si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Carmen Jiménez de Ávila en pro.
La C. María del Carmen Jiménez de Ávila: -El mes pasado no recuerdo exactamente la fecha, yo hice aquí una proposición un tanto similar a la que acaba de hacer el diputado Acedo. En esa ocasión, después de haber hecho la solicitud, tanto a la Secretaría de Hacienda, como a la dirección general de Petróleos Mexicanos, de que se subsidiara en parte el precio del petróleo diáfano en los estados de norte, precisamente con motivo del invierno, después de eso, pedí a la Comisión de Energéticos que interviniera para lograr este objeto.
Ahora, el diputado Acedo viene y hace una proposición de un punto de acuerdo que incluye que el Partido Acción Nacional había propuesto antes. Por eso estoy a favor de la proposición, pero también quiero aclarar que la Comisión de Energéticos no ha dado una respuesta a la petición del Partido Acción Nacional.
Entonces, simplemente para aclarar y, desde luego, apoyar la proposición del diputado Acedo, ya que coincidimos en lo que se está pidiendo. Gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Luis López Moctezuma.
El C. Luis Ignacio López Moctezuma y Torres: - Con su permiso, señor presidente: En la propuesta que hace el compañero Acedo Samaniego, firmada por varios de nosotros que hemos estado en contacto con nuestro sector, con nuestro distrito, hemos visto que ya en la actualidad los servicios domésticos están representando una gran carga para la ciudadanía.
Los servicios de agua, electricidad y gas están repercutiendo en la economía familiar. Sentimos que se han ido estableciendo estos precios, estos consumos, no de acuerdo a si el pueblo lo puede pagar o no lo puede pagar. Muchas veces es únicamente para ver si la empresa la hacemos eficiente o no la hacemos eficiente, pero sin tener un parámetro que nos diga si está en posibilidades el pueblo de hacerlo.
En la cuestión de las tarifas eléctricas, se ve muy marcado en las zonas cálidas, en donde por necesidad la gente tiene que consumir más energía eléctrica.
En la propuesta que se presentó se marca que la tarifa para la zona cálida, deberá de ser del 50% de la tarifa de los meses de invierno.
¿Por qué digo esto? Miren ustedes. El 72% - y no son datos míos, son datos de la Comisión Federal de Electricidad - de la población nacional, consume de cero a 100 kilowatts hora, en el mes de agosto. En ese mes pagan la cantidad de 3 mil 764 pesos.
En las zonas cálidas el 73% tiene un consumo de 750 kilowatts, o sea, siete veces y media más que en los meses de invierno. Esto representa, con las tarifas de 1987, una cantidad de 35 mil pesos, o sea, que el 75% que paga en las zonas no cálidas 3 mil pesos, 3 mil 700; en las zonas cálidas, paga 35 mil pesos.
¿Por qué se propone también el que esta tarifa 1-a, 1-b ó 1-c en zonas cálidas sea del 50% de la 1. Esto no es una novedad. Las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, de años anteriores, contemplaba tarifas de ese tipo.
En la ciudad de Mexicali, en este año de 1987, como fue también 1986, el gobierno del Estado consiguió con la Federación un subsidio del 32% a las tarifas eléctricas. Esto hizo que esta tarifa 1-c corresponda alrededor del 55% de la tarifa 1. Sin embargo, así, todavía hubo gente que no pudieron pagarlo.
Por eso me adhiero y firmé esta propuesta que presentó el diputado Jorge Acedo Samaniego, y no únicamente para las tarifas eléctricas, sino tenemos que revisar también las tarifas del gas.
Y en los estados, afortunadamente, las tarifas del agua son aprobadas por las legislaturas locales. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Terrazas.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Nosotros nos adherimos de manera decidida a la propuesta presentada por el compañero diputado Acedo Samaniego.
Nosotros quisiéramos hacer hincapié que esta situación realmente está llegando ya, no solamente en los próximos meses, a grados verdaderamente escandalosos en cuanto al aumento de las tarifas eléctricas del gas, del diáfano, etcétera, y a una merma considerable de la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la población.
Quisiéramos, y para eso pedimos que se nos permitiera el uso de la palabra, proponer que en el proyecto de punto de acuerdo, quedara de manera expresa incluida la satisfacción a las demandas que presenta un basto movimiento popular en Hermosillo, Sonora, que abarca a todos los sectores de la población, que quede de manera expresa las demandas de reducción de tarifas eléctricas y que de alguna u otra manera haya solidaridad de esta soberanía con el movimiento popular de Hermosillo, Sonora, por la reducción de tarifas eléctricas.
Queda mi proposición por escrito para que el señor presidente la turne a la secretaría correspondiente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se admite o se desecha a discusión la proposición del diputado Jorge Acedo Samaniego.
Para los efectos correspondientes, ruego a la secretaría dar lectura al punto de acuerdo propuesto.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Punto de Acuerdo: Que la Comisión de Energéticos integre un grupo de trabajos pluripartidista a efecto de que se celebre las reuniones que se estime necesarias, con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Energía, Minas e Industria Paraestatal, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, para que estudie la factibilidad de otorgar precios preferenciales o subsidios durante el invierno al gas doméstico en Cananea, Sonora; diáfano y tractomex en los estados de Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila y se influya en la determinación de acuerdo que fijará las tarifas eléctricas de uso doméstico en zonas calurosas para 1988.
En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El C. Presidente: -Pregunte la secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Es de urgente resolución, señor Presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión la propuesta. ¿Oradores en pro?, ¿oradores en contra?
Consulte la secretaría a la Asamblea si se aprueba o se desecha la proposición presentada.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición presentada por el diputado Acedo Samaniego, Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El C. Presidente: - Proceda la Comisión de Energéticos a integrar un grupo de estudio pluripartidista con las características señaladas en la propuesta. Consulte la secretaría, en votación económica, si se acepta o desecha la discusión la propuesta presentada por el diputado Manuel Terrazas. Para los efectos correspondientes, ruego a la secretaría dar lectura al punto de acuerdo propuesto.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - Proposición: «Que en el acuerdo que se llegara
a aprobar por esta soberanía, queden incluidas de manera expresa, las demandas de deducción de tarifas que sostiene la población de Hermosillo, Sonora. México, D. F., 13 de noviembre de 1987.
En votación económica, se pregunta si de admite a discusión la proposición del diputado Manuel Terrazas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
(Votación.)
Los que estén porque se deseche, favor de manifestarlo...
(Votación.)
El C. Jorge Acedo Samaniego (desde su curul): - Señor presidente, ya está incluida la propuesta, obviamente de Hermosillo también. Hermosillo es la capital del estado de Sonora.
El C. Presidente: - Señor diputado, estamos en el proceso de votación de la propuesta del diputado Terrazas.
Consulte la secretaría a la Asamblea si se acepta o se desecha la proposición del diputado Terrazas.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición del diputado Terrazas.
Los que estén por la negativa favor de ponerse de pie.
(Votación.)
Según la apreciación, está desechada la proposición.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a contar los votos en los términos del reglamento.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo... Túrnese a la Comisión de Energéticos.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Peñaloza para presentar una proposición.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente, señoras y señores diputados: se encuentra entre nosotros una comisión de estudiantes del Politécnico, de la Coordinadora Estudiantil Politécnica, que están acá arriba, les doy la bienvenida compañeros, nos han hecho llegar los compañeros un documento que me voy a permitir leer.
«Es conocido por la opinión pública la paralización total de labores en diez escuelas superiores del Instituto Politécnico Nacional, nos hemos visto obligados a adoptar esta medida extrema ante la actitud negligente e irresponsable, rayando en complicidad, de las autoridades de la dirección general al no tomar ninguna medida concreta para detener la ola de violencia que afecta a los institutos desde hace muchos años.
Durante casi dos décadas, los estudiantes politécnicos hemos sufrido en carne propia la inseguridad, la extorsión, la represión y la violencia física y moral por parte de grupo de seudoestudiantes, comúnmente llamados porros.
En varias escuelas vocacionales y superiores, se han escenificado golpizas, asaltos, violaciones y enfrentamientos armados, que en varias ocasiones han arrojado un saldo sangriento. En septiembre pasado, un estudiante de la vocacional número 3, en el casco de Santo Tomás, resultó asesinado con arma de alto poder en uno de tantos enfrentamientos.
Los principales grupos existentes de porros en el Politécnico, son la Federación de Estudiantes Politécnicos, la FEP; la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos, la ODET; el grupo Emiliano Zapata; el grupo Francisco Villa; los Insurgentes; la porra oficial del Politécnico ; el 5 de mayo; etcétera. Estos grupos integrados por elementos lúmpenes, aparte de crear un clima de violencia e inseguridad en el instituto, son grupos de mercenarios manejados y utilizados por funcionarios del propio instituto como grupos de choque y de presión para conquistar posiciones políticas dentro de la burocracia del Politécnico.
Existen testimonios y pruebas documentales desde hace años, sobre la actividad de estos grupos y hasta la fecha las autoridades superiores no han resuelto el problema y muy por el contrario, continúan financiando a través de la porra oficial, de la asociación de prensa estudiantil técnica y del departamento de difusión cultural, la actividad de estos grupos. Uno de ellos, la FEP, tiene incluso un amplio local de dos pisos con tres líneas telefónicas, en el área de casco de Santo Tomás. Junto a este local se encuentra una guardería para hijos de trabajadores politécnicos, quienes viven en constante zozobra.
Se habla que muchos porros están becados o aparecen en las nóminas oficiales.
Señores diputados: el actual movimiento que sacude a la mayoría de las escuelas superiores del Instituto Politécnico Nacional, es un movimiento legítimo. Nadie que se precie de honrado, puede estar en contra de sus demandas. Queremos la desaparición de la FEP, de la ODET, y demás grupos porriles, así como el retiro de los subsidios, de los locales que ocupan. Queremos que se practiquen auditorías en el Instituto Politécnico y por escuela. Queremos que se incremente el presupuesto para mejorar los niveles académicos. Queremos que se nos resuelvan los pliegos petitorios por escuela y finalmente que no haya represión moral, académica o física, contra los participantes de este movimiento.
Las escuelas superiores en paro indefinido son: la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; la Escuela de Ciencias de la Tierra, la Escuela Superior de Turismo, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Fisicomatemáticas y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hasta el momento hemos tenido ciertos avances, han caído ya varios funcionarios como Cecilio de la Cruz, Lozano Imán y Javier Chávez.
Hemos alcanzado un nivel de coordinación y organización entre la comunidad politécnica, contando con el apoyo de amplios grupos de maestros y trabajadores y hemos logrado sensibilizar a diversos sectores de la opinión pública sobre el problema, incluso se ha decretado la expulsión de algunos seudoestudiantes implicados en la violencia.
No obstante que estamos lejos de una solución satisfactoria, la respuesta global que las autoridades han dado al problema del porrismo es insuficiente; sus nuevas propuestas son inaceptables sin ninguna seriedad y convirtiéndose en los hechos en escuderos de los grupos porriles, ya que se han negado en forma concreta a responder a nuestras peticiones, sus respuestas son generales y evasivas, convirtiéndose así en cómplices de la violencia y el porrismo.
Las autoridades quieren pruebas, cuando ya las tienen en sus manos, se manifiestan contra la violencia y se niegan a expulsar y a retirar a los culpables de los locales; nos han dicho que no pueden desaparecer las organizaciones de porros porque son organizaciones estudiantiles protegidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, cuando está comprobado que incluso algunos de ellos son expresidiarios.
La Coordinadora Estudiantil Politécnica dice categórica: "estas no son organizaciones de estudiantes sino de delincuentes y deben ser disueltas". El día de ayer, la Federación de Estudiantes Politécnicos intentó grotescamente presentarse ante la opinión pública como una organización academista y defensora del Politécnico. Realizaron un mitin a la Secretaría de Gobernación para intentar lavar su imagen; denunciamos que para realizar este mitin, obligaron a estudiantes de la vocacional 10, vocacional 2 y vocacional 5 Taxqueña, por lo menos a asistir a esta manifestación; los locales comerciales de los alrededores se vieron obligados a cerrar por obvia precaución.
Los estudiantes politécnicos responsabilizamos a las autoridades de la prolongación del paro; intentan desgastarnos pero no lo conseguirán, quieren satanizarnos pero contamos con la solidaridad moral de la mayoría de estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y vecinos del área estudiantil.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos al pleno de esta LIII Legislatura lo siguiente:
1. Pronunciarse por la erradicación del porrismo y la violencia en el Instituto Politécnico Nacional.
2. Pronunciarse por una rápida solución del conflicto, a fin de realizar las actividades académicas.
3. Hacer un llamado a las autoridades politécnicas para que brinde una respuesta seria y concreta a las demandas estudiantiles.
4. Llamar a las partes a reiniciar el diálogo suspendido el día de ayer, y evitar caer en la provocación y en la violencia.
5. Pronunciarse por solucionar las carencias académicas y económicas que padece el Instituto Politécnico Nacional.
Atentamente.
Coordinadora Estudiantil Politécnica.»
Este es el mensaje que los compañeros politécnicos nos han pedido que leamos en esta tribuna.
Yo únicamente quisiera agregar lo siguiente: ya en anteriores sesiones cada quién de los partidos aquí ha dicho su versión; ha dicho lo que opina
sobre el conflicto en el Politécnico. Yo creo que podemos caer en un error si volvemos a insistir sobre el mismo tema, y aquí alguien viene a desviar la discusión sobre algo que no debería hacer.
Aquí hay unas demandas concretas de los politécnicos. Mi interés es que logremos llegar a un acuerdo en esta Cámara, por lo cual propongo un punto de acuerdo que dice así:
"El pleno de la Cámara de Diputados resuelve turnar a la Comisión de Educación, la información leída por el diputado Pedro Peñaloza, e indica a esta comisión que forme una comisión pluripartidista para investigar la situación existente en el Instituto Politécnico Nacional y presentar un informe al pleno lo más pronto posible.
Firman esta propuesta el PMS, Gerardo Unzueta Lorenzana; Partido Demócrata Mexicano, Magdaleno Yañez Hernández; Partido Acción Nacional, Gonzalo Altamirano Dimas y Alejandro Gascón Mercado; Partido Revolucionario de los Trabajadores, Pedro José Peñaloza."
Quiero advertir una cosa: no es nuestro interés que nos empantanemos en una discusión; le podemos entrar, eso no es problema; nuestro interés, y eso lo habíamos comentado públicamente, es llegar a un acuerdo, a un acuerdo racional. El conflicto ha venido escalando situaciones muy peligrosas y muy difíciles. Es una propuesta muy racional que una comisión pluripartidista investigue y que nos informe en su oportunidad a la Cámara.
Quiero reiterar este hecho porque parece ser que podría haber cambios, insisto, esta es la propuesta para llegar a un acuerdo. Los estudiantes politécnicos que se darán cuenta, tienen que llegar a un acuerdo. Entonces los compañeros que aquí están, es una comisión del Politécnico que vienen con ese afán también, de que la Cámara actúe y termine con ese inmovilismo que durante años se ha practicado aquí.
Yo creo que los que hemos firmado este punto de acuerdo, estamos interesados en que el conflicto se solucione de la mejor manera, pero queremos decir que estamos a favor de lo que nos han dicho aquí los compañeros estudiantes del Politécnico, y si la Cámara en pleno decide rechazar esta propuesta, no es sinónimo de que nosotros no estemos con los compañeros. Nosotros seguiremos apoyando a los estudiantes del Politécnico, con o sin el acuerdo de esta Cámara. Muchas gracias.
El C. Presidente: - ¿Algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra, para hechos, el diputado Magdaleno Yáñez, en los términos del artículo 102 del Reglamento.
El C. Pablo Alvarez Padilla (desde su curul): - Señor presidente, primero debemos escuchar a los oradores que estén a favor.
El C. Presidente: - En términos del artículo 102 del Reglamento, el diputado reclama hechos sobre la proposición presentada, tiene que ser inmediatamente después, señor diputado.
El C. Magdaleno Yáñez Hernández: - Para los que hemos pasado por alguna institución educativa, no es ajeno a nuestro conocimiento el hecho de que existan grupos porriles en diferentes instituciones educativas.
En algunos lugares más, en otros menos, en algunos lugares a veces al servicio de los funcionarios de las instituciones educativas o de otros funcionarios, pero es bien sabido que en diferentes instituciones, universidades, existen grupos de porros que gozan de una impunidad, que cuentan con el apoyo de las autoridades y esto les da la libertad de pasearse libremente por las calles, de cometer una serie de atropellos y en ocasiones, estos favores, los van a pagar a las instituciones educativas hasta siendo maestros. ¿Qué clase o qué calidad de maestros van a surgir con este tipo de profesionistas?
Se ha discutido de si se presentan pruebas o si no se presentan pruebas. Pero habría que preguntarles a los que han asaltado a los bancos o los que cometen algún delito si dejan pruebas de los robos que hacen. En este sentido, entonces, es importante que aún sin presentar pruebas, porque a veces no se puede, es bien cierto que los grupos existen.
¿A quien beneficia el hecho también de que por estos problemas se tengan que suspender las actividades académicas? Cuando nuestro país requiere de técnicos, de profesionistas especializados, de gente que tenga conocimientos, porque para nuestra desgracia, los gringos están muy cerquita y el hecho a veces de que no tengamos tecnología propia, es un beneficio para ellos. Aunado a esto, el hecho de que muchos profesionistas, investigadores, al no encontrar el apoyo en las instituciones, tengan que emigrar a otros países para poder desarrollar sus conocimientos. Eso viene en perjuicio de nuestro país.
Es necesario, entonces, que haya una solución en este problema. ¿A quién va a beneficiar el hecho de que por dos partes se sienten en la mesa a discutir?, ¿cuál es la solución más adecuada que vaya a
beneficiar a los estudiantes del Politécnico Nacional? Lo principal será para la misma casa de estudios, para los estudiantes, para las autoridades educativas y posteriormente para el pueblo de México; es necesario que ambas partes busquen llegar a una solución para que el problema beneficie a la institución educativa y no que perjudique al país.
El Partido Demócrata Mexicano está de acuerdo en que debe haber una solución y que estos problemas que obstruyen el proceso educativo en México deben desaparecer por beneficio del país.
Así es que la fracción demócrata está de acuerdo en que haya una solución lo más pronto para que se levante el paro, haya clases y los estudiantes se dediquen a estudiar y los que les gusta hacer la violencia que se vayan al lugar que les corresponde. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Gerardo Unzueta.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Los hechos en el Instituto Politécnico Nacional son de tal magnitud en cuanto a la gravedad que está cobrando la situación, que el propio González Avelar, Secretario de Educación Pública, ha admitido el día de ayer la existencia de porros y la necesidad de que salgan de allí. Y claro, él agrega, de todas las instituciones educativas. Pero por lo menos, ya ha admitido que deben salir del Instituto Politécnico Nacional.
Esto está avalado, previamente claro, por el paro de diez escuelas; diez escuelas que no pueden seguir admitiendo ni seguir funcionando como instituciones de educación superior, con la presencia de esas bandas gansteriles.
Nosotros estamos proponiendo aquí que este asunto pase a la Comisión de Educación, y que la Comisión de Educación forme un grupo de trabajo o comisión pluripartidista, para que este se haga cargo en concreto de la investigación e informe al pleno de la Cámara.
Porque esto es necesario, porque la investigación requiere hacerse con la presencia de los partidos que integran esta Cámara para conformar un punto de vista objetivo, un punto de vista en el cual no pesen los intereses estatales, en el cual pesen fundamentalmente los intereses de el pueblo de México, que nosotros estamos alardeando de que representamos; que no pesen los intereses partidistas, sino que haya la posibilidad que esa investigación llegue a recoger objetivamente punto por punto las cuestiones que requieren investigación; porque hay que investigar cómo fue el asesinato del estudiante de la vocacional 3, hay que investigar cómo la existencia de estos grupos son grupos de mercenarios, manejados y utilizados por funcionarios del propio instituto como grupos de choque y de presión, para conquistar posiciones políticas dentro de la burocracia del Politécnico, según denuncian los integrantes de la coordinadora, hay que comprobar si eso es exacto o no, hay que recoger las evidencias de la exactitud o no de esa afirmación, hay que recoger la información necesaria para conocer si efectivamente las autoridades superiores continúan financiando, a través de la porra oficial, de la asociación de prensa estudiantil técnica y del departamento de difusión cultural, la actividad de estos grupos.
Es necesario que el pleno de la Cámara conozca si la SEP tiene incluso un amplio local de dos pisos con tres líneas telefónicas en el área del casco de Santo Tomás; esto necesitamos que haya el testimonio preciso, exacto, y esto puede hacerse solamente a través de una comisión integrada por todos los partidos existentes en esta Cámara.
El señor Secretario de Educación, al ser interrogado sobre quién financia a los porros, dijo: no tengo la menor idea; pero no tiene derecho a decir que no tiene la menor idea de quién financia a los porros; él sabe que las autoridades del Politécnico han tenido una mano muy suelta para las porras, él sabe, porque existen muchos testimonios, que, por ejemplo, la porra oficial ha logrado, por parte del secretario privado del director del Politécnico, 20 mil folders, 20 mil hojas de papel bond, 5 mil hojas de revolución, 5 mil cartulinas, 5 mil hojas copia, 200 bolígrafos, 30 rollos de papel higiénico, 30 metros de jerga, 20 rollos de maskin tape, 10 cajas de marcadores, 10 botes de resistol, 10 cajas de esténciles, 10 toallas, diez cajas de papel carbón, diez cajas de lápices, cinco tubos de tinta para mimeógrafos, etcétera. Y la lista es larga, podría leer un poco más, pero también las autoridades del Politécnico, apañan, demandas como la presentada al hoy secretario general Oscar Jocre Velasco, por el grupo Emiliano Zapata, qué como degeneran ese nombre, que cómo golpean ese nombre, que cómo ensucian ese nombre, apañan peticiones como ésta y las satisfacen:
"Por este conducto - por una carta - nos es grato enviar a usted un cordial saludo y a la vez le solicitamos de su valiosa colaboración que consiste en que nos proporcione dos unidades de transporte para el día 21 del presente, las cuales se utilizarán para visitas culturales. Se utilizarán para visitas culturales, para recaudar fondos de nuestra mesa de pasantes". Trata de recaudar
fondos y hacer visitas culturales, para eso les proporcionan instrumental.
No quiero aburrir a ustedes con un exceso de información sobre estas cuestiones, pero quisiera solamente presentar un hecho más. El 20 de mayo de 1987, subrayo, 1987, o sea, hace unos meses para que no haya equivocación, se dirigieron los del grupo Emiliano Zapata a la embotelladora 7Up, al gerente de ventas de esa embotelladora 7Up, diciéndole: por medio de este conducto reciba un cordial saludo - a todos los saludan con mucha cordialidad - y a la vez nos dirigimos a usted para plantearle lo siguiente: Es de su conocimiento que dentro de nuestro plan de trabajo se encuentra contemplado el festival "Convivencia ESIQUIE" (Escuela Superior de Ingeniería Química y Eléctrica), el cual en esta ocasión se llevará a cabo el día 29 de mayo de 1987. Es por eso que nos dirigimos a usted, a su fina persona, para solicitar su valiosa ayuda, la cual consiste en proporcionarnos treinta cajas de su afamado producto, coadyuvando así a que el evento tenga la brillantez de años anteriores.
¿Para esto apañan a estos grupos?, ¿para esto los favorecen, les dan apoyo, les dan impulso y los ponen bajo su protección para realizar las acciones que autoridades del Politécnico les dan mucha fuerza, les dan mucha presencia?
Nosotros sí tenemos una opinión sobre esto, nosotros conocemos cuál es la historia del porrismo en el Politécnico y del porrismo en la universidad, sí lo sabemos bien; pero nosotros no queremos que se adopte una decisión sobre la base de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros sabemos, no se trata de eso. Se trata de que todos los partidos existentes en esta Cámara, integrantes de esta Cámara, todos los grupos parlamentarios tengan participación en una comisión pluripartidista, en un grupo de trabajo pluripartidista, como quiera llamársele, para hacer la investigación y que traiga aquí los resultados de esa investigación; porque mientras se continúe eludiendo el problema como lo hacen las autoridades del Politécnico, mientras no se adopten decisiones serias, consistentes a fondo para salir adelante de esta situación, el Politécnico seguirá sufriendo las consecuencias de la existencia de los grupos agresores, de los grupos de violencia, de los grupos de la barbarie que allí han sido creados, fomentados e impulsados por esa estructura que exige tener detrás grupos de presión, grupos de fuerza y que no se identifican con la cultura.
Nosotros, por esto, queremos subrayar el carácter pluripartidista de la comisión que debe hacer la investigación. Que hay personas que están en contra totalmente de las versiones que aquí nos ha dado esta Comisión Coordinadora Estudiantil. Bien, que tengan oportunidad de comprobar en la práctica si así es. Que habemos quienes estamos conscientes que esa es la situación que existe; también tenemos que comprobar con nuestra percepción directa que así es, y si no es, podemos rectificar y aquí traer una información.
Yo creo que la Cámara perderá una oportunidad de participar en el conocimiento de una situación como la que nos ha sido denunciada, si pretende otra fórmula, si pretende otra forma de abordar el asunto. Nosotros tenemos la oportunidad de participar todos, de discutir en un grupo de trabajo las conclusiones que obtengamos todos. No tenemos verdades absolutas, no tenemos verdades reveladas. Lo que conocemos queremos ponerlo a la consideración de la práctica, pero queremos también que cuando se haga esa investigación, esa investigación veraz y esa investigación tenga como resultado el conocimiento que hemos logrado en la vida misma, dentro del conflicto existente en el Instituto Politécnico Nacional; de otra manera, no podemos ayudar a que esto se resuelva; estaremos bordando sobre nuestras propias conclusiones, sin haber llegado a un conocimiento real de los que en el Politécnico pasa.
Creemos que es posible hoy, y los estudiantes se han acercado precisamente para que se haga así; que sea con la participación general, con la participación de la Cámara en su conjunto, que sea conocida la situación real existente en el instituto.
Nosotros hemos firmado un punto de acuerdo, el presentado aquí por el diputado Peñaloza, lo apoyamos; creemos que es la mejor solución y creemos también que hoy, la Cámara está en condiciones de afrontar seriamente una responsabilidad como esta, frente a los muchachos que hoy sufren la situación de muchas décadas de corrupción que hemos padecido. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en los términos del artículo 102, el diputado Jaime Delgado.
El C. Jaime Delgado Herrera: - Con su permiso, señor presidente: vientos de fronda soplan otra vez en nuestras instituciones de educación superior, pero aquí nos referiremos al Instituto Politécnico Nacional, que desde su origen en 1936 fue creado como una institución educativa del Estado, con el propósito de consolidar a través de la educación la independencia tecnológica, científica y cultural de nuestro país.
En tal virtud, el IPN tiene desde su fundación, entre otras finalidades, formar los profesionistas e investigadores en los diferentes campos de la ciencia y tecnología, de acuerdo con las necesidades de desarrollo político y social del país. Así se formó y así inició sus actividades docentes, cumpliendo por muchos años la misión encomendada; sin embargo hace ya casi veinte años que poco a poco se ha ido deteriorando la misión encomendada, la oferta de servicios en los últimos años se encuentra estacionada y la calidad de la educación ya no se ajusta a las necesidades del progreso tecnológico que requiere el país.
Si no, veamos un poco de lo que ocurre actualmente en el Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo con el IV Informe Presidencial de 1986 y con datos contenidos en la Memoria de 1984-1985, el IPN aproximadamente 25 mil alumnos que ingresan en los CECYT o vocacionales, únicamente alrededor de 13 mil alumnos terminan la vocacional, lo cual equivale a una eficacia de 50%, dando una idea del desperdicio de recursos humanos y económicos. Asimismo, se tiene que el IPN en 1986 tuvo una asignación de 14 mil 683 millones para atender alrededor de 57 mil 363 alumnos a nivel medio superior, arrojando un gasto de 250 mil pesos por alumno atendido, y a nivel superior el Instituto Politécnico Nacional destinó 27 mil 669 millones de pesos para atender 55 mil 52 alumnos, lo que equivale a un gasto de 502 mil 597 pesos por alumno atendido a este nivel, casi el doble de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cada año ingresan al Instituto Politécnico Nacional, a nivel superior, 20 mil alumnos, de los cuales únicamente terminan 10 mil alumnos, o sea, que hay una eficiencia terminal de 50%; entonces, la eficacia total del Instituto Politécnico Nacional viene a ser del 25%, lo que nos da una idea de la magnitud del desperdicio de recursos humanos y derroche de recursos financieros.
Todos estos números nos hacen pensar que los recursos humanos y económicos y de planta física no se utilizan convenientemente, por lo que se recomienda ya, como se indicó el 2 de diciembre por la diputación del PAN, se haga una auditoría académica financiera, además que permita conocer profundamente cuáles son las fallas del Instituto Politécnico Nacional.
Sentimos que no es misión del Instituto Politécnico Nacional hacer labor partidista, como ocurrió el día 4 de octubre, cuando el Canal 11 dedicó todo el espacio de tiempo al destape de Carlos Salinas de Gortari; este destape fue como candidato del partido oficial, por ello se hizo un gran derroche de recursos, como se hace cuando el Instituto Politécnico Nacional dedica páginas de publicidad de Canal 11 en muchos de los diarios de la capital del país, debiendo circunscribirse a una publicidad más modesta, como lo hacen otros canales de televisión. Hoy Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional ni divierte, ni educa, ni difunde la tecnológica, la ciencia y la cultural
Un ejemplo de ello: veamos lo que ocurre en los principales diarios. Si ustedes ven aquí, es una página completa de publicidad, cuando vemos que otros canales usan, como Imevisión y otros canales, usan una publicidad más modesta; vemos aquí que está repetido cómo el Instituto Politécnico Nacional, el Canal 11, está utilizando y está dilapidando estos recursos. Esto fue en El Universal y esto fue en el Excélsior, lo mismo hay gran derroche de recursos por este motivo.
Y en esto vemos nosotros que no solamente hay derroche de recursos no sólo financieros, hay chambismo docente, cuando los catedráticos dan unas cuantas horas de clase al día, y el resto del tiempo lo pierden inútilmente, aunque algunas veces es debido a que faltan recursos para impulsar la investigación y la difusión tecnológica.
Hay derroche cuando la planta física, aulas, laboratorios, sólo se utilizan unas cuantas horas al día, cuando pudiera aumentarse la oferta de servicios, aumentando la capacidad institucional en más del 33%.
No nos debe extrañar lo que sucede en el Instituto Politécnico Nacional, pues es un fiel reflejo de lo que ocurre en el país, donde vemos la grave dependencia financiera, la grave dependencia alimentaria y la grave dependencia tecnológica que nos aqueja. Esto es una verdad y no puede ser disfrazada. Es pues grave lo que ocurre en el Instituto Politécnico Nacional.
Mientras que otros países se esmeran en mejorar la enseñanza, la investigación y el desarrollo de sus instituciones, las nuestras se encuentran estancadas, es como si la anticultura se hubiera posesionado de ellas, el porrismo, el chambismo docente, los conflictos internos y hasta el asesinato de alumnos y maestros.
Es grave también ver a los porristas de la vocacional 10, cómo fueron manipulados políticamente y se les usó como golpeadores en el mes de septiembre, cuando las juventudes del PRI tomaron las instalaciones de ese partido; entonces se les acuarteló aunque no hayan intervenido, pues se les adelantó el grupo "Héroe de Nacozari" de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Creemos que debe haber sensatez en los planteamientos que se hagan. Nuestras instituciones no deben ser bastión de cualquier ideología o partido político; en ellas caben y pueden ser analizadas todas las corrientes filosóficas y científicas, pero no debe utilizarse al Instituto Politécnico Nacional como un reducto de partidos políticos.
Por lo mismo, en nombre de los que sí quieren estudiar, de los que sí quieren el progreso de nuestro país, debe analizarse a fondo la problemática del Instituto Politécnico Nacional, que es muy similar a la que ocurre en otras instituciones de educación superior del país.
Por lo tanto, nos solidarizamos para que en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se conozca la problemática que vive el Instituto Politécnico Nacional y contribuya a su solución.
Por la diputación del PAN, Jaime Delgado Herrera.
El C. Presidente: - En los términos del artículo 102 del Reglamento, tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Gabriela Guerrero Oliveros.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: no es mala la propuesta del diputado Peñaloza; sin embargo, la fracciono parlamentaria del Partido Popular Socialista quiere aportar algunos datos nuevos a este problema acerca del Instituto Politécnico Nacional.
En esta ocasión no abordamos esta tribuna para controvertir con los elementos del trotskísmo y la derecha en torno al Instituto Politécnico Nacional, sino para llamar a las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias a examinar en su dimensión real el grave problema de provocación en el que se ha sumergido a esa institución educativa, con la convicción de que las fuerzas más sanas de la comunidad politécnica, como lo han hecho desde que la institución surgió a la vida educativa de México, habrán de superarlo aun cuando sea a costa de no pocos esfuerzos y enormes sacrificios.
Nunca, en la larga historia del Instituto Politécnico Nacional, escuelas superiores de tanta calidad como la Nacional de Ciencias Biológicas, la Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la Superior de Física y Matemáticas y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, habían perdido tan lamentablemente el tiempo a cambio de lograr satisfacción a una serie de demandas imprecisas y cambiantes, como son las que levanta el conflicto actual y que ha conducido a los estudiantes a abandonar las aulas y los laboratorios durante más de tres semanas.
Cuando en otras ocasiones lo hicieron, fue en movimiento de huelga de trascendencia, con los que lograron fuertes tirones hacia adelante para la institución, como fue la histórica huelga para que fueran reconocidos los títulos emitidos por el Instituto Politécnico Nacional que no eran reconocidos.
Que hay violencia en el Politécnico, sí que la hay, y todos estamos de acuerdo que debe ser desterrada, pero nos preguntaríamos ¿acaso en otras instituciones educativas no existe y aún más grave que ésta? ¿Por qué entonces esa saña contra el Instituto Politécnico Nacional? Presentándolo como una institución que ha sufrido una vertiginosa caída en su calidad académica y un proceso que lo ha conducido a la corrupción, al porrismo, a la permanente violencia, al control burocrático, y hacer una institución educativa de segunda categoría, como de manera insolente lo pregonan los trotskistas y los empresarios de derecha, ocultando los magníficos logros alcanzados por sus egresados y los reconocimientos nacionales o internacionales a los que se han hecho merecedores sus investigadores científicos.
La verdad, señoras y señores diputados, es que atrás de este nuevo conflicto político estudiantil y de la llamada Coordinadora Estudiantil Politécnica, que es por desgracia una copia vulgar de la universitaria, y que surge sin consulta y a espaldas de la base, como producto del pernicioso asambleísmo que domina siempre el mismo grupo, llevando de una a otra de las escuelas para arrastrarlas al paro, y designar democráticamente, según ellos, a los dos alumnos que habrán de representar a su escuela en esa llamada coordinadora, hay todo un trasfondo que ya empieza a delinearse y que los verdaderos estudiantes del Politécnico, incluidos los que de buena fe y apasionadamente participan en el conflicto, deben identificar para salirle al paso y aplastarlo en su propia cuna.
Hace apenas ocho días, desde esa misma tribuna, precisamos la posición del Partido Popular Socialista, ante este conflicto y se hicieron tres proposiciones a las fuerzas democráticas de esta asamblea, que aún cuando dos de ellas fueron retiradas para su votación, siguen siendo válidas y hoy las reiteramos como base de verdadera solución para esta parte del conflicto.
Primero: la condena más enérgica de la participación en el Politécnico de fuerzas y grupos de
choque ajenos a la institución, provengan de donde provengan y apóyenlos quienes los apoyen, que convierten en sus víctimas a lo más valioso de la juventud mexicana, como son los hijos de los obreros, los campesinos, los empleados o maestros, que buscan en las aulas y en los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional el camino de su preparación para servir mejor a su clase y a México. Este punto, como todos ustedes recuerdan, fue aprobado por esta soberanía.
El segundo punto decía: la exigencia de la más rigurosa de las investigaciones por parte de las autoridades, para esclarecer en toda su profundidad y en todas sus manifestaciones, toda la maniobra con que se pretende entrampar al Politécnico y de manera particular, el asesinato de un joven estudiante de la vocacional 3 en septiembre y los hechos acaecidos el viernes 23 de octubre en la unidad profesional Adolfo López Mateos, consignado no sólo a los responsables directos, sino a quienes desde el propio Politécnico y en diversas esferas del poder público a diferente nivel, propician con dinero, alientan con protección oficial o solapan con calificaciones no justamente obtenidas, a grupos o individuos que llevan a la práctica estas nefastas acciones.
Tercero: pero lo que más importa es actuar en función del futuro del Politécnico, demandando de las autoridades de la institución y de fuera de ella, todas las garantías posibles para que se desarrolle a plenitud la actividad académica de la institución y de las autoridades del poder público, incluido sin duda alguna el propio Presidente de la República, Miguel de la Madrid, la más alta comprensión para el Politécnico, otorgándoles sin discriminación alguna toda la ayuda económica para que pueda realizar plenamente su tarea y todo el apoyo oficial para que el Instituto Politécnico Nacional se convierta en la institución científica y tecnológica más elevada de nuestro país, tal como ha sido concebida por quienes más claridad tienen sobre el futuro de México y tal como los tiempos actuales exigen, para el desarrollo independiente de la nación.
Sin embargo, señoras y señores diputados, y ese es el motivo de mi intervención de hoy, queremos alertar desde esta alta tribuna a la comunidad politécnica y a las fuerzas democráticas de esta Cámara, para parar en seco una maniobra que ha empezado a salir a la luz en conversaciones, conferencias explicativas del conflicto, en comentarios radiofónicos, mediante la cual aplicando los mismos métodos engañosos que la derecha usa para ganar adeptos, contra la educación elemental impartida en el Estado y el libro de texto gratuito, sugieren que desaparezca la nociva separación entre la educación tecnológica y la científica humanista, así como el gasto que hace el erario, sosteniendo dos instituciones de educación superior en referencia clara al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los emboscados enemigos del Instituto Politécnico Nacional, en tono doctoral y desde el pedestal que en sociedades de elogios mutuos entre ellos mismos se levantan como intelectuales orientadores de la opinión pública, afirman que en el conflicto actual del Politécnico, al más corto plazo, debe erradicarse la violencia, consignarse a los agresores y eliminar todo el apoyo institucional que bochornosamente se brinda a los diferentes grupos porriles.
A mediano plazo, dicen estos periodistas, se requiere iniciar un proceso de transformación académico administrativo, que remonte la desvalorizada enseñanza tecnológica que proporciona el Instituto Politécnico Nacional. Y continúan el agotamiento del proyecto reprimido del Politécnico, se hace cada vez más claro a la luz de la participación y las necesidades en representación de la comunidad universitaria y otros sectores sociales, a los cuales afectan las actividades de docencia, extensión y difusión de la cultura que realiza la institución educativa. Así se atreven a afirmarlo.
En este sentido, continúan estos periodistas, la relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, cobra una nueva dimensión. La separación entre la enseñanza tecnológica y la científico - humanística, es una cuestión obsoleta y perniciosa que debe erradicarse de sus expresiones institucionales diferenciadas.
Una verdadera reforma en la educación superior, sostienen, deberá considerar por tanto, la Constitución de un solo nivel de educación superior que incluya a los estudiantes universitarios y a los no universitarios, refiriéndose claramente a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, eliminando sus diferencias institucionales y de conocimiento.
Esta será la premisa, concluyen los periodistas, de una reforma que posibilite elevar la calidad de su enseñanza profesional, es decir, en buen castellano; que desaparezca la obra educativa de tipo superior creada por la Revolución Mexicana, que es el Instituto Politécnico Nacional.
Y mientras esto sucede, compañeras y compañeros diputados, el trotskismo y la derecha impulsan en todos los foros la creación del ambiente necesario para dar la razón a estas descabelladas y contrarevolucionarias proposiciones.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista hace desde esta alta tribuna una apasionada invitación a los diputados del campo democrático a que formemos, sin que esto signifique una intromisión en la vida interna de la institución, un comité de defensa del Instituto Politécnico Nacional, como ya lo hicieron en oportunidad anterior los diputados de la XLII Legislatura, para demandar un incremento sustancial en términos reales. Y esto sí podemos y debemos hacerlo nosotros al presupuesto general que ha de otorgarse al Politécnico para el ejercicio fiscal 1987 - 1988 con particular énfasis en aquella partida dedicada a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, la implementación de mecanismos administrativos que hagan más flexible y expedito al ejercicio de este presupuesto y frenar los intentos de la derecha que lo quieren desaparecer.
Y por último, para procurarle al Instituto Politécnico Nacional todo el apoyo posible que le permita cumplir el objetivo histórico de convertirse en el forjador del Estado Mayor, científico y tecnológico del país y en la institución de educación superior al servicio de los hijos de los obreros, los campesinos y las masas populares, tal como lo concibió en su momento la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
- El C. Presidente:- Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Salvador Robles Quintero, en contra.
El C. Salvador Robles Quintero: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: como miembro de la Comisión de Educación y como egresado del Politécnico, me he inscrito en contra de la propuesta, con la idea de que la Cámara no tiene facultades legales para convertirse en instancia de negociación interna de los conflictos que existen en el Politécnico.
Pero antes de entrar a ampliar mi punto de vista de por que estoy en contra de la proposición, quiero reiterar la posición de la mayoría parlamentaria de la sesión anterior, en la cual quedó bastante claro el rechazo enérgico de la mayoría parlamentaria a todos los fenómenos de violencia, cualquiera que sea el origen o la finalidad que persigan dentro del Politécnico y dentro y fuera de las instituciones de educación superior.
La mayoría parlamentaria rechaza pues, el porrismo blanco, negro o azul o rojo o de cualquier color que sea, hay un rechazo al porrismo, hay un rechazo a la anarquía, y hay un rechazo a las provocaciones, y hay todavía más, un rechazo de la inmensa mayoría de la comunidad estudiantil del Politécnico, y yo diría de todas las instituciones de educación superior a la injerencia de los partidos políticos en el interior de las instituciones que tienen por definición finalidades distintas a la lucha política. Sus finalidades esenciales con las de enseñar, divulgar la cultura e investigar, claro que los partidos pueden hacer tareas de proselitismo entre los egresados o los miembros de una comunidad educativa, pero no inmiscuirse con ese motivo en el interior de la vida de la institución. Esa es, reitero la posición de la mayoría parlamentaria en esto y en muchos otros problemas. (Aplausos.)
Cada vez que se involucra la opinión pública un debate sobre la situación general del Politécnico, hay una tendencia a minimizar su importancia y su trascendencia en la vida nacional, nosotros nos oponemos a las simplificaciones, y no ignoramos los problemas, pero también exigimos de entrada, respeto a las instituciones, respeto al Politécnico.
El hecho de que exista un conflicto parcial en el Politécnico, como existe; no invalida el dato fundamental de que el Politécnico es una comunidad de estudiantes, maestros, trabajadores y egresados, constituida por cientos de miles de mexicanos. Nada más basta un dato, unos cuantos datos, 180 mil estudiantes, 25 mil maestros, 15 mil trabajadores no docentes, y no se cuántos miles de egresados del Politécnico en los cincuenta años que lleva de servir a México.
Es absolutamente necesario partir de esta idea de respeto al Instituto Politécnico Nacional, para entender la esencia de los problemas que tiene esta institución.
A lo largo de la vida del Politécnico, todas las fuerzas nacionalistas y revolucionarias dentro y fuera del Politécnico, hemos estado luchando por el avance de esta institución. Dentro del Politécnico. Por ejemplo, siempre hemos pedido mejores condiciones de estudio y de investigación y de trato a los problemas del Politécnico. Y hemos dado batallas importantes a lo largo de estos cincuenta años en pos de estos objetivos. En la larga, dura y azarosa lucha del Politécnico, por lograr estos objetivos, hemos tenido muchos enemigos, enemigos de adentro y enemigos de afuera del progreso del Politécnico.
A veces ha sido la pasividad frente al problema del Politécnico. A veces ha sido la provocación. A veces ha sido el aventurerismo. En otras ocasiones ha sido la violencia y en otras muchas ocasiones hemos tenido que tolerar la infamia y la calumnia. El Politécnico es mucho más que este paro parcial hay que caracterizarlo correctamente.
Existen en el Politécnico, treinta y tantos centros de educación y de investigación, de los cuales ocho ó nueve son los que tienen un problema y esos ocho o nueve tienen un problema perfectamente localizado e indagado por todos los que estamos involucrados de una manera o de otra, en la vida de la institución que nos formó.
Sabemos, por ejemplo, que en Zacatenco, que es como todos sabemos, uno de los centros de concentración del Politécnico y no el único, se dio un problema concreto de enfrentamiento entre comités de lucha y grupos porriles. ¿Qué pasó ahí?, que fueron rebasadas las primeras demandas de una escuela superior, por los antiguos comités de lucha para generalizar el conflicto y llevarlo en primer lugar a todas las instituciones de escuela del Politécnico y después al resto de las instituciones de educación superior en un claro intento de ligarlo con el conflicto universitario. Esto no ha prosperado. Pero sí han prosperado las maniobras para usar esta tribuna como caja de resonancia del conflicto que allá está localizado. Es muy útil traer a un grupo respetable de estudiantes aquí a aplaudirme o a que sepan que yo los defendí en la tribuna de la Cámara de Diputados, es útil nada más para provocar problemas, pero no funciona para definir el conflicto en lo general.
Yo observaba, por ejemplo, en la Comisión Permanente del período pasado, la insistencia del diputado Peñaloza en estarse refiriendo con mejor información que la que aparecía en los propios periódicos, sobre el conflicto del CEU, ¿qué había ahí? había una retroalimentación entre un grupo del PRT que estaba dentro del CU, y el propio diputado Peñaloza que andaba buscando clientela para su partida, cosa que se respeta pero que no debe ignorarse. (Aplausos.)
También es importante señalar aquí, porque creo que nos debemos decir las verdades; es muy fácil ubicar la responsabilidad del porrismo en una sola entidad dentro del Poli, y ¿qué no hay porros de otros grupos porriles fuera del Poli y de algunos otros grupos políticos organizados? Vamos a señalar como responsable único y absoluto de porrismo en el Politécnico al director General de Politécnico, que sin un policía y sin un instrumento está haciendo su tarea con todo patriotismo y sentido de responsabilidad. Eso, señores, esas simplificaciones adjudicadas en un escrito, yo no lo digo, lo dice un escrito, pero como el escrito lo dice, propongo entonces que se forme una comisión pluripartidista que vaya a investigar y que intervenga como instancia de negociación y que luego venga a informar cual es la idea detrás de esta maniobra ¿inflar el conflicto en lugar de buscar la solución del mismo? ¿A quién daña el paro en el Politécnico? a los enemigos de la independencia tecnológica y política de México, a los estudiantes y a los maestros que están ahí para estudiar y enseñar, a eso daña, pero también daña a aquellos que sienten que el Politécnico debe ir adelante, como rector de la educación tecnológica nacional, y por eso es muy fértil el campo de la agitación en una escuela como es el grupo de escuela de Zacatenco.
Ahora, ¿vamos a permitir que la anarquía se meta por la cocina o por la puerta trasera del Politécnico, o vamos a hacer un esfuerzo patriótico para esclarecer el conflicto y buscar las soluciones adecuadas a los problemas de una escuela superior como es la nuestra? Esa es la pregunta que yo me hago, me contesto: hay que hacer todos los esfuerzos para que la anarquía y el aventurísmo una vez más se queden fuera del Politécnico, y el Politécnico siga su marcha ascendente.
Se propone aquí que se turne este problema a la Comisión de Educación que ya es pluripartidista, pero además, hábilmente según esto, con la orden de que integre otra comisión pluripartidista que intervenga en la negociación. Supone el diputado Peñaloza que somos ingenuos.
Habíamos pedido que este problema entrara a la comisión de Educación y que ahí se hicieran los arreglos o las indagaciones legales permitidas por la práctica política parlamentaria y legal, para buscar una aportación positiva a la solución del conflicto, pero no convertir esto en una caja de resonancias que luego desate fuerzas que ni siquiera están involucradas en el conflicto.
¿Cuales son las escuelas que están en el conflicto? Las puedo señalar con toda precisión: la mitad de la ESIME, porque la ESIME es Zacatenco y es también Culhuacán; la mitad de la ESIA, porque la ESIA porque la ESIA es Zacatenco y es Tecamachalco; esta a ESIQUIE Zacatenco, donde se originó inicialmente el conflicto, está homeopatía y está Turismo, esta economía, estas Ciencias Biológicas, está Enfermería, y está en vías de lograrse que también entre el paro alguna otra escuela superior.
¿Pero cuáles no están en paro? No están en paro ESIME Culhuacán, ESIA Tecamachalco, Escuela Superior de Medicina Rural, Superior de Ingeniería Textil, Superior de Comercio y Administración, UPICSA, Ciencias de la Salud y quince escuelas de nivel medio superior entre otros centros de investigación. Esa es la realidad.
Hay ocho escuelas y media, para hacer alguna cifra, en el paro, y hay veintidós y media que no
Han entrado. Por qué se viene a deformar esto, por qué no se dice con precisión que se trata de que andamos buscando clientela electoral y no la solución del problema porril en el Politécnico.
Así sí entendería yo un planteamiento, pero si tenemos unos pequeños grupos organizados en una escuela y en otra y en otra, los unimos y los podemos lanzar contra cualquier otra escuela, y con el pretexto de que todo es porrismo protegido por las autoridades, simplemente ya estamos ganando la batalla de la opinión pública y eso es engañar a la opinión pública.
La opinión pública merece y debe ser bien informada, y lo que estamos haciendo en esta tribuna es un intento de información correcta de lo que está pasando en el Politécnico.
Por esas y otras razones que no quiero extender, voy a hacer una propuesta parcialmente coincidente con lo que aquí ha venido a decir el compañero, quitándole la versión destructiva y deformante de lo que es el Instituto Politécnico Nacional.
En los términos del artículo 58 del Reglamento, propongo a esta Asamblea soberana, que la Comisión de Educación Pública en donde ya están representadas todas las fracciones parlamentarias, se mantenga atenta a este problema y recabe la información que juzgue conveniente, por las vías adecuadas, acerca del conflicto y que con oportunidad informe a esta Asamblea plenaria de los resultados de su trabajo de información.
Terminó, compañeras y compañeros, haciendo un llamado muy respetuoso, el Politécnico merece el cariño, la admiración y el respeto de todos los mexicanos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Pedro Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor Presidente; señores diputados: parece ser que no se quiere entender el sentido de la discusión. Robles viene aquí a inventar cosas, y lo voy a demostrar. El dice algo que nadie ha planteado y que lo hace para tratar de fortalecer su argumento. Dice que nosotros estamos planteando que la comisión que se nombre, en la Comisión de Educación, sea una instancia de negociación. ¿Dónde leyó eso el diputado? ¿Quién dijo eso? Ahí está el escrito. Nadie ha planteado que la comisión pluripartidista sea instancia de negociación. Bonita comisión sería aquella que estamos planteando que obsérvese nombre de Politécnico y planteamos instancia de negociación. La negociación va a ser en el Politécnico, entre estudiantes y autoridades. Ellos van a negociar, y la Cámara lo que va a hacer es recabar información, no instancia de negociación. Así que no venga a inventar.
Segundo aspecto, el diputado Robles viene aquí a hacer un discurso de claro corte terrorista acerca de los peligros que hay en el Politécnico, incluso él en su intervención emocional, chantajista, nos dice lo siguiente: estamos en contra de todo tipo de porrismo, azul, blanco, le faltó el guinda y el blanco que es el que usan los porros. Y fíjese usted diputado, usted dice que están en contra de todos los porros. Lo que nosotros estamos planteando es que está bien que se esté en contra de todas las prácticas porriles. Pues yo pregunto ¿por qué se oponen si están en contra de eso?, ¿por qué se oponen a que se indague la información, temen algo?, ¿temen algo a que se destape la alcantarilla maloliente de quién es quién en el Politécnico? Eso es lo que entraña esta intervención de incluso ataques personales de lo más bajos, como hace el diputado Robles, metiendo asuntos que ni están a discusión.
Si usted quiere, cuando guste, a la hora que guste, discutimos lo de la universidad. Pero no estamos discutiendo lo de la universidad. Y lo mete ahí a martillazos a la realidad, diciendo que yo... pues claro, nosotros sí participamos en la universidad como ustedes y a través de un priísta, como es Jorge Carpizo, también lo hicieron ustedes. Así que no me vengan aquí a vender ideas aparentemente novedosas.
El asunto concreto que estamos discutiendo aquí, es el problema de cómo la Cámara de Diputados puede hacerse de la información necesaria, útil para esclarecer, no a la opinión pública, no al Politécnico, es a este organismo, a la Cámara de Diputados. Y que nos presente un informe una comisión. ¿Esto vulnera, eso ataca, eso anarquiza la situación del Politécnico? Claro que no. Ayuda, porque una representación como lo es la Cámara de Diputados tiene que hacerse de esa información.
¿Usted me podría decir dónde está esa información? Claro que no la tiene. Bueno, cada quien tiene su información. Nosotros ya no estamos interesados en esos duelos verbales, porque no hemos dado cuenta que aquí no se admite nada. Se les cambian los nombre a los priístas, a los porros. No nos interesa eso. Ahora el Johnny ya no es porro y que es progresista y que es antiimperialista. No queremos discutir ya eso.
Queremos discutir una opción concreta. ¿Es o no necesario - y yo les llamo a reflexionar sobre este hecho -, que la Cámara de Diputados se haga de esta información?, yo creo que sí.
Y se viene a decir una diferencia que me parece sacada de no se donde. Es una propuesta tramposa y anarquizante, y no se qué tonterías más, de que se diga que es pluripartidista la comisión. Bueno, si ustedes se dan cuenta de la propuesta del diputado Robles, esa es la gran diferencia por la que vino a hacer su fárragoso discurso, que no sea pluripartidista.
Nosotros estamos diciendo: se turne a la Comisión de Educación, y consideramos conveniente que se nombre una comisión pluripartidista o a la mejor a la otra propuesta es que se turne a la Comisión de Educación y que los priístas se hagan de la información. Sería la lectura de su propuesta.
¿Por qué esa proposición?, ¿por qué esa oposición a que el pleno - me parece que si no hay nada oculto - pues resuelva que en la Comisión de Educación se nombre una comisión plural que se haga de la información necesaria?
¿Cuál es el problema? Ah, no, pero es que la comisión de entrada es pluripartidista y sería una especie de contradicción; no, no es una contradicción, es reafirmar un hecho.
Porque la otra lectura, de aprobar esto que ustedes vienen aquí a insinuar, quedaría claro, que lo quieren ustedes que la Comisión de Educación se reúna y los priístas después nos vengan a decir: la Comisión de Educación, por mayoría acordó esto. Si quieren eso, pues bueno está bien, no sería nuevo; pero me parece un procedimiento totalmente incorrecto para lo que nosotros queremos.
De tal suerte, que nosotros estamos...
El C. Miguel Osorio Marbán: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Pedro José Peñaloza: - Las que guste, por favor.
El C. Miguel Orosio Marbán: - ¿Sabe usted de una sola ocasión en que la Comisión de Educación se haya reunido en la forma que usted lo está diciendo?
Yo quiero simplemente afirmarle, que hasta ahora ha habido una absoluta libertad de participación de todos los partidos en la Comisión de Educación. De tal manera que no tiene por que dudarse de la actuación de todos los partidos en la misma. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿tiene usted conocimiento de una sola reunión en que la diputación priísta haya ocultado propósitos y fines dentro de esa comisión?
El C. Pedro José Peñaloza: - Claro que sí, mire diputado Osorio; si usted dice que no hay ninguna ocasión y habla muy limpiamente de la comisión que usted preside, me extraña entonces y usted habla que es posible que sea trabajo de los partidos, por qué no acepten que sea está la propuesta, es una cuestión pluripartidista, ese es el nudo del problema.
De tal suerte de que yo creo que si no quieren que suceda esa primera ocasión; la propuesta que nosotros estamos haciendo es muy concreta, si ustedes creen que no es posible aceptar una comisión plural pues díganlo, dicen que se traslada la Comisión de Educación. Yo le aseguro al diputado Osorio Marbán que en la próxima sesión o en las que sea necesaria, vamos a ver cómo funciona está comisión, vamos a ver cómo está Comisión de Educación se hizo de esa información, vamos a ver si aceptaron que una comisión plural se entrevistara con las autoridades, se entrevistara con los estudiantes y presentara un informe, eso lo vamos a ver, y lo emplazo públicamente diputado Osorio a que yo me comprometo a retarlo a que eso no lo van a hacer, porque temen que se destape la alcantarilla maloliente, ese es el hecho.
El C. Presidente: - En término del artículo 102, tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Javier Paz Zarza.
El C. Javier Paz Zarza: - Señor presidente: es lamentable la incongruencia que demostró el diputado Robles Quintero; primero, dijo que no corresponde a la Cámara conocer el asunto y finaliza haciendo una proposición a la Cámara.
Y yo no quisiera que entráramos a un debate absurdo, sino que realmente entendamos la responsabilidad que tiene la Cámara ante el Politécnico Nacional, claro que corresponde a esta Cámara conocer el asunto, esta Cámara conoce el presupuesto educativo y no podemos permanecer ajenos a un problema que ha ido creciendo por irresponsabilidad, este problema se inició con dos escuelas efectivamente, van nueve escuelas de los treinta y un centro de enseñanza. A caso se espera que vayan veinte, veintiocho centros de enseñanza cerrados para que tome cartas en el asunto. Entonces no es un conflicto parcial, no es algo secundario. es algo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y con la buena voluntad que debe prevalecer, conocer del asunto en la Comisión de Educación.
Y algo muy concreto, el diputado Robles Quintero, que es muy conocido en el medio del Politécnico por ciertas actitudes, reconoce y dice: Hay una lucha entre grupos porriles y estudiantes,
Hay porros que golpean, y más adelante dice: no hay por qué preocuparnos porque no hay porros en el Politécnico, es decir, en principio él reconoce que hay grupos que golpean a los estudiantes y pretende ignorarlo.
Yo creo que tenemos, y tratando de, en las palabras que dijo el diputado Delgado, recuperar el debate en función a la buena voluntad y que la comisión conozca - La Comisión de Educación -que analice el asunto tal como es plural, que analice con una comisión pluripartidista el asunto y se logre solucionar el problema, hoy. Es importante que no permitamos que siga creciendo.
El día de ayer, como ustedes saben, la Secretaría de Educación Pública, el grupo Flores Magón y todos los demás grupúsculos porriles, con presiones, con amenazas, hicieron una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación. Y era tan evidente, las amenazas, que tenemos las hojas donde los estudiantes pasaban lista, en el más típico estilo de un partido en México.
Vamos a tratar de solucionar este problema, vamos a tratar de en verdad de que la Comisión de Educación conozca a fondo; que intervengan todos los grupos políticos para que en última instancia realmente cumpla el Instituto Politécnico Nacional su función: enseñar e investigar.
Los estudiantes odian el paro, quieren regresar a sus escuelas a estudiar, pero no es posible con un clima de represión y de porros, no es posible con indolencias del director que está presto a ser servil ante un candidato, pero se niega a enfrentarse a los estudiantes y a dialogar abiertamente.
Esperamos que haya la voluntad para solucionar esto y que se apruebe el punto de acuerdo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Para hechos, en los términos del 102, el diputado Ricardo Pascoe Pierce.
El C. Ricardo Pascoe Pierce: - Señor presidente; señores diputados: no quisiera empezar refiriéndome a la revolución teórica del Partido Popular Socialista, porque nosotros siempre hemos tenido como política discutir con el titiritero y no con el títere. Entonces realmente no viene al caso una discusión que tienda a confundir, que tiende a obscurecer un debate que debiera preocuparnos y que debiera ser importante y que, sin embargo, se trata de confundir los términos de la discusión.
El problema central aquí, problema y duda que no resuelve el diputado Robles Quintero de: ¿qué es lo que va a hacer la Cámara de Diputados frente al fenómeno del porrismo en el Politécnico? No hay ninguna respuesta frente a esta interrogante.
El C. Presidente: -¿Acepta usted una interpelación, señor diputado?
El C. Ricardo Pascoe Pierce: - Con todo gusto, adelante.
El C. Salvador Robles Quintero: - Los fenómenos porriles que se dan en otras instituciones de educación superior pueden ser tipificados como delitos como fallas, como violación al Código Penal, ¿si o no? Y en cuyo caso, ¿a quién corresponde corregir?
El C. Ricardo Pascoe Pierce: - Diputado Robles Quintero, para contestar la pregunta diría que la interpelación es absolutamente irrelevante. Es irrelevante porque el problema es político, el problema es, ¿cuál es el papel de la Cámara de Diputados frente al fenómeno del porrismo? Y el papel de la Cámara de Diputados en nuestra opinión es que tiene que hacerse de la información, de los elementos, para tener un juicio sobre este problema. Si hay elementos penales en este fenómeno, eso se supone que de oficio las instancias correspondientes verán el asunto. Pero estamos también ante un fenómeno político y social.
¿Por qué se plantea con tanta insistencia el involucramiento de partidos políticos en este conflicto, particularmente el problema de la violencia? Y usted trajo a colación por cierto, el problema de la Universidad Autónoma de México.
En efecto, nuestra respuesta es muy clara, porque nosotros nunca hemos escondido ni soslayado una participación en las instituciones de educación superior, pero lo que nosotros decimos de nuestra participación, es la preocupación por una organización democrática, por un perfil popular de las instituciones de educación superior, y cuando enfrentamos el fenómeno de la violencia y una violencia que a todas luces recibe el aval de las autoridades, y esto es el punto clave, el aval de las autoridades institucionales, quiere decir que hay un apoyo, y hay que decirlo, gubernamental, a este tipo de violencia en las instituciones de educación superior de nuestro país.
Entonces, en efecto estamos frente a un problema profundamente político, y nosotros dejaremos que en el caso de que sea pertinente se juzgue y se investigue penalmente, pero lo decimos desde ahorita, nosotros no confiamos en eso, porque si nosotros vemos que son precisamente las autoridades quienes están estimulando y de alguna
manera dando apoyo a este tipo de actitud en las instituciones, esta representación tiene que dar respuesta a esta cuestión; entonces por qué tanto temor a conocer el asunto, por qué la Comisión de Educación le teme tanto a esta situación, el diputado Robles Quintero dijo que él no es ingenuo frente a esta propuesta, eso puede ser cierto, pero ciertamente si él no es ingenuo hay otros de su partido que sí lo son, porque no es una cuestión que surge simplemente de la nada como propuesta, es una cuestión que se ha comentado.
Y precisamente porque había la idea de que esta era la vía idónea para buscar lo que usted insiste en que es tan necesario, que es una información verídica, una información certera, para que la Cámara de Diputados pueda conocer tal caso, y en vez de ello ustedes han insistido en mistificar y en complicar el asunto.
Creemos que es profundamente irresponsable la intervención del diputado Robles Quintero, profundamente irresponsable, porque no vienen aquí a dar salidas al problema, sino que viene aquí a complicar el problema. Viene a esta tribuna a lanzar una serie de calificativos y simplemente a confundir los términos de la discusión, y yo reitero, la discusión aquí es: ¿quiénes están con los porros y quiénes están en contra ellos? Y aquí tenemos que ser muy tajantes. Nosotros estamos en contra del porrismo en todas las instituciones de educación superior, estamos porque se destierre definitivamente y para ello se requiere no de esta propuesta que ustedes hacen, sino de una acción enérgica, una condena enérgica de las instancias de la sociedad. Y la Cámara de Diputados tiene que ser una de esas instancias para definitivamente desterrar esta enfermedad que ha afectado a las instituciones de educación superior del país. Si no hay una actitud consecuente, entonces caerá por su propia cuenta, quiénes están y quiénes no están con el porrismo.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para alusiones personales, el diputado Salvador Robles Quintero.
El C. Salvador Robles Quintero: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: casi todos los oradores de los distintos partidos vinieron aquí, unos a referirse en términos despectivos a lo que dije; otros, a tratar de alterar lo que señalé y algunos más a calificarme en lo personal. Como estoy acostumbrado a este tipo de ataques, no voy a detenerme en ninguna cosa que tenga que ver con mi persona, simplemente con el argumento que estamos señalando.
Yo propuse que la Comisión de Educación se avocara a hacer una investigación sobre los datos veraces y no los deformados que se nos han querido presentar y que una vez reunidos esos datos veraces, se presentaran al pleno. Esto quiere decir que la Comisión de Educación en los términos del Reglamento y de la Ley Orgánica puede requerir a cualquier dependencia del Ejecutivo o de cualquier derrama del poder público, información sobre lo que está ocurriendo en esa área. Y eso es ejercer con toda limpieza la ley y el derecho que tenemos como cuerpo deliberante.
También quisiera yo pedir, para que no haya dudas, que se lea la propuesta que en los términos del artículo 58 presenté aquí en donde queda claro definitivamente lo que estoy señalando, si así lo autoriza, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a la propuesta del diputado Robles Quintero.
La C. Secretaria Yrene Ramos Dávila: - En los términos del artículo 58 del Reglamento, proponemos: "Que la Comisión de Educación Pública en donde están representadas todas las fracciones parlamentarias, esté atenta a este problema y recabe la información que juzgue acerca del problema que con oportunidad dará cuenta a las mismas a este pleno."
Lo firmar los diputados Miguel Osorio Marbán, Juan Antonio Araujo, Antonio Melgar Aranda, Arnulfo Villaseñor Saavedra.
El C. Salvador Robles Quintero: - Por último, señalé claramente, claramente que esta Cámara de Diputados no tenía autoridad, no tenía facultades legales para convertirse en una instancia de supervisión de las negociaciones que se están realizando en el seno del Politécnico, entre la llamada Coordinadora de Estudiantes Politécnicos y las autoridades del instituto.
Finalmente, señores, quiero aclarar una vez más lo que siempre he sostenido, esta tribuna está concebida y levantada por el pueblo mexicano para discutir las leyes y las altas cuestiones nacionales y no es una comisaría en donde vamos a sustituir a la acción del Ministerio Público o de cualquier autoridad del ramo, en la gestión, en la persecución, esclarecimiento, persecución y castigo de quien viole las leyes penales del país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - En términos del 102, el diputado Gerardo Unzueta.
El C. Gerardo Unzueta Lorenzana: - Sí, yo creo que una última frase de las que dijo Salvador
Robles Quintero, puede rescatarse de todo lo demás que dijo, o sea que la Cámara debe ocuparse de las altas cuestiones nacionales, le quitamos el resto porque los problemas en el Politécnico no son cuestiones de comisaría.
Lo que en el Politécnico se está discutiendo, lo que en el Politécnico se está desarrollando es la lucha por la democracia en el ámbito estudiantil del Politécnico, es la lucha por la participación de los estudiantes en la transformación del Politécnico, es la lucha por la exclusión de una plaga que se ha arrojado sobre el Politécnico, por sus autoridades, sí, por sus autoridades. Hay que estar claro, quienes manejan a esas porras, a esos grupos porriles.
Yo creo que los de la Comisión Coordinadora del Politécnico han acertado cuando han tratado de definir a los grupos porriles: son grupos de mercenarios manejados y utilizados por funcionarios del propio instituto, como en otra ocasión, como en otras ocasiones han sido utilizados por las autoridades de la universidad para formar grupos porriles también contra los estudiantes, y hay que decir que aquí la anarquía y al aventurerismo no es una promoción de los estudiantes; la anarquía y el aventurerismo lo han introducido precisamente con esas formas de agresión a la organización estudiantil, a la organización democrática de los estudiantes, a la participación combativa de los estudiantes, sí, porque están combatiendo realmente, porque en el queso tuvieron que sacar al flánagan, y al Johny y a toda esa cáfila de individuos pagados y armados por sus sostenedores.
Yo creo que aquí nosotros también debemos examinar otras cosas, porque ya tenemos experiencia de otros movimientos estudiantiles, en los cuales se ha levantado una demanda, precisamente por quienes se oponen a la democratización de la vida estudiantil, los partidos políticos fuera de la universidad, fuera del Politécnico, sí, también ayer lo dijo en la Secretaría de Educación Pública Salvador Robles Quintero, fuera los partidos políticos, especialmente los partidos de izquierda.
Bueno ¿qué entonces el Politécnico y los estudiantes del Politécnico van a ser un lugar donde no existe la posibilidad de que los estudiantes se agrupen también en partidos políticos, que ingresen a los partidos políticos?, ¿qué ahí no?, ¿qué ahí también vamos a establecer estancos donde no puede haber partidos políticos? ¿ahí no pueden participar los partidos políticos? no, no, no, eso ya se dijo en la universidad y eso durante años lo estuvieron levantando quienes se opusieron a la democracia universitaria, sí, lo hicieron.
Los estudiantes tienen tanto derecho como cualquier mexicano a ingresar a un partido político y a tener sus organizaciones de partido político dentro del Politécnico. Eso no es, eso no es como se quiere presentar, una acción contra el Politécnico, no, al contrario, al contrario. En la universidad se ha visto, en la universidad se ha presenciado que precisamente la lucha de los partidos políticos de izquierda la lucha de partidos políticos democráticos, ha logrado hacer avanzar las reivindicaciones de los estudiantes.
Y los estudiantes ahí pueden agruparse en partidos políticos, como no. De esta manera podríamos luego pasar a que los sindicatos nada más pueden tener un partido político, como actualmente se intenta. Yo creo que nosotros estamos ante una lección que hay que asimilar. Ante la lección que están dando los estudiantes del Politécnico, porque si los estudiantes del Politécnico no hubieran ido al paro, si los estudiantes del Politécnico no hubieran puesto en paro a diez escuelas, si los estudiantes del Politécnico no hubieran salido a la calle a denunciar los problemas, no los hubieran pelado, no les hubiera hecho caso nadie, no se hubiera sabido siquiera la magnitud del problema del Politécnico.
Yo creo que aquí pretenden levantar un espantajo diciendo que hay una conjura, que hay anarquía, aventurerismo. No, hay una simple manifestación de organización, hay una simple manifestación de lucha para cambiar la situación en el Politécnico, para cambiar una situación que no favorece al desarrollo de Politécnico, para permitir que se participe libremente por parte de los estudiantes, para hacer a un lado los factores que no impiden, los grupos, que no permiten esa manifestación democrática, esa participación democrática en la conducción del Politécnico, no son nada más las autoridades las que tienen que decidir cómo marcha el Politécnico, no son nada más los maestros los que tienen que decidir, son también los estudiantes, y por cierto que también, sobre los maestros, hay serias restricciones a su libertad democrática ahí también en el Politécnico.
Yo creo que la diferencia entre las proposiciones es grande. Porque las proposiciones de Salvador Robles Quintero, bueno, por un lado esa deformación un poco, yo diría alevosa, que hace Robles Quintero respecto de qué es lo que intentamos que sea esa comisión pluripartidista. Hemos propuesto que sea para investigar, para conocer los hechos, y él nos dice aquí que nosotros intentamos una instancia de negociación, pero luego una instancia de supervisión de las negociaciones, eso dijo después.
Bueno, instancia de negociación o instancia de supervisión de las negociaciones no es lo que queremos. En efecto, la negociación sería entre los factores que están actuando dentro de Politécnico.
Nosotros, lo que sí tenemos que hacer es tener la información necesaria, conocer los elementos necesarios para así actuar, la Cámara debe actuar, y la Cámara ya hizo una declaración en la ocasión anterior, la Cámara debe actuar. ¿Ante cuestiones de comisaría? No. Se las dejamos a Robles Quintero. No ante los grandes problemas del Politécnico, ante el problema del futuro de esa institución ante las formaciones que ha sufrido esa institución. Esto es por lo que nosotros tenemos que luchar, por lo que nosotros tenemos que estar presentes.
Yo creo que el hecho de que la coordinadora se haya dirigido a la Cámara para darle su información, es un hecho muy positivo. Nos reconocen, reconocen que algo podemos hacer, reconocen que en algo podemos participar. Yo diría que hay que recordar lo que fueron los hechos a la época cercana a los sismos, del día siguiente al sismo, aquí se formó una comisión pluripartidista para conocer las situación existente, para la investigación de la forma en que había afectado el sismo para buscar hacer proposiciones, sí ante un gran problema nacional. Bueno, ahora no estamos pidiendo que toda la Cámara forme una comisión pluripartidista sino una comisión forme un grupo pluripartidista de trabajo, para que investigue, para que traiga la información aquí; pero no para que por las vías que considere conveniente esa comisión, para que en su oportunidad rinda el informe, para que esté atenta, no, no se trata de eso, se trata de que conozca realmente, se trata de que investigue realmente, se trata de que al pleno de la Cámara traiga la información necesaria para que la Cámara adopte una posición y ayude a que se desarrolle una situación favorable a los estudiantes, impulsando este movimiento, dándole a este movimiento la seguridad de que no va a ser aplastado. No, aquí aplastar un movimiento de esos, traería muy graves consecuencias para el Politécnico, para los estudiantes; pero también para la Cámara.
Creo, compañeros, que esta discusión toca muchos problemas de la vida nacional; pero el principal problema que toca es el de si esta Cámara va a ser lo que está a su alcance, lo que esté dentro de sus posibilidades, sin interferir en la vida interna del Politécnico, desde luego, lo que está en sus posibilidades, para que la vida democrática del movimiento estudiantil tan gravemente afectado por la existencia del porrismo, lo que ese movimiento puede ser en el Instituto Politécnico Nacional y para su futuro. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Esta presidencia, en mérito a que hay varios ciudadanos diputados para hacer uso de la palabra, en términos del Artículo 102, ruega a los oradores respetar el tiempo que precisa el artículo, de cinco minutos.
Tiene la palabra el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con su venia, señor presidente: algunos de ustedes recordarán la sabia definición que en la Edad Media se daba a las universidades. La libre, respetuosa y organizada asociación de maestros y alumnos en la búsqueda del saber.
Pudiera alguien reparar que si estamos hablando del Tecnológico o del Politécnico o de cualquier institución, no precisamente universitaria, nos estaríamos apartando de ese concepto fundamental de la búsqueda libre, respetuosa y organizada del saber.
Lo que parecía una simple propuesta de una investigación en torno a problemas del Politécnico, ha llegado a plantearse como un problema de tesis fundamental, a cerca de lo que debe ser la enseñanza superior en nuestro país.
Se pretende incorporar a los partidos políticos en la vida interna de las instituciones, se pretende legitimar que los recursos que el pueblo aporta a las instituciones superiores de cultura sean empleados con los sistemas de represión en manos de los dirigentes de las universidades o instituciones superiores, en detrimento de la libertad y del ejercicio académico de la institución.
Se pretende ignorar que estas instituciones de han convertido en botines de poder que se reparten los altos señores de la política y en el pretexto de que también existe la necesidad de formar y participar políticamente; a los estudiantes se les agrupa como estudiantes de un partido o de otro, en la búsqueda de esas islas de poder y en ese reparto de los botines institucionales.
Venimos a proclamar nuestra tesis de Acción Nacional, dividiendo en dos campos fundamentales el sentido de la democracia en las universidades.
Democracia interna de las universidades, claro que sí, información e inicio de los estudiantes en el sacrosanto deber de la política para justificar la mina suprema de lo que la institución reclama, que se formen grupos ideológicos y que participen en las luchas internas, lo mismo aún cuando se trata de la discusión del saber, como cuando se trate inclusive de la designación y del cumplimiento exacto de la responsabilidad de sus autoridades; pero vida interna - política, no significa que los partidos políticos encuentren la
ancha vía para colarse dentro de las instituciones educativas.
A partir de la democracia y de la formación de los estudiantes en cada institución superior, ellos, cada uno encontrarán el camino suyo para participar públicamente en los partidos políticos, pero no confundamos lo uno con lo otro; y sobre todo, compañeros, no confundamos esa disputa que en un momento dado se ha establecido y que es real entre partidos que se meten a las instituciones superiores de justicia a través de los estudiantes, no confundamos eso con los privilegios del predominio patológico del poder en que se está pretendiendo asumir, que se tiene la autoridad, que se tiene el campo de agramonte para meterse tranquilamente a depravar el sentido universitario y los tiempos universitarios.
Recordemos que el Politécnico significa un costo, el doble de cada estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que eso significa un sacrificio para el pueblo de México que debe ser invertido correctamente y vigilado correctamente.
Volvamos a respetar el sacrosanto recinto de las instituciones de enseñanza superior para que ahí se revise la gestión natural en la búsqueda del saber y el amplio debate entre estudiante y maestros en los términos de una correcta deliberación de respeto mutuo.
Pero apartémonos partidos políticos de aquello que es la manzana que puede llamarnos la atención para morderla, pero que se convertirá en la manzana de la discordia que rompe con el orden interno de las instituciones superiores.
Volvamos a recibir la responsabilidad que nos asume como legisladores para distinguir un campo de otro y no hacer luchas partidista dentro de estas instituciones superiores de cultura. Esa es nuestra tesis y en nombre de ella reclamamos que corresponde a esta Cámara y que la disputa de que si es la Comisión de Educación integrada o no en otra forma no tiene mayor trascendencia, le corresponde a esta Cámara enterarse de esta denuncia en la que ya tenemos una responsabilidad histórica porque por lo menos por tercera o por cuarta vez se viene a denunciar en esta tribuna que la Cámara debe investigar y la mayoría se ha negado a retomar la responsabilidad y que se investigue correctamente los hechos dentro del Politécnico Nacional.
Ya es el momento de asumir la responsabilidad; evitemos la disputa intranscendente de si es una pequeña fórmula bipartidista o es simplemente la Comisión de Educación, como tal la que se va avocar a este problema y entremos al problema de fondo, para que sepamos que estamos ventilando el problema de carácter intelectual, de ejercicio de libertad de esas instituciones pero que también estamos cuidando la responsabilidad que tenemos con el uso correcto de los bienes que el pueblo entrega a través de esta Cámara a las instituciones de enseñanza superior. Gracias.
La C. Presidenta: - Ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Efraín Calvo Zarco.
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Diputado Salvador Robles Quintero: ambos tenemos sólo una cosa en común, somos egresados del Politécnico y las cosas que suceden en esa institución nos tiene que interesar por igual. Y nos tienen que interesar como diputados pero tenemos que hacer todo lo posible porque le interesen a esta Legislatura.
Hasta hoy se ha encontrado una cierta respuesta de la Legislatura sobre los problemas del Politécnico, porque ¿no es cierto que el 2 de diciembre del año pasado celebramos aquí en una sesión solemne los cincuenta años de nuestra institución? Yo recuerdo muy bien, esa sesión estaba abarrotada por gente de la comunidad politécnica, consejeros técnicos consultivos, maestros, alumnos, de este lado, por cierto, un pequeño grupo de porros. Una comunidad que se mostró vivamente interesada por los problemas que aquí se debatieron, por lo que dijimos todos los partidos políticos, porque aquí discutimos desde el papel original del Politécnico como institución rectora del desarrollo tecnológico del país, hasta el problema del presupuesto y el problema del porrismo.
Y cuando se tocaron los problemas del porrismo, yo dudo que todos aquellos que aplaudieron a quienes se atrevieron a mencionar el problema del porrismo hayan pensado que estos eran problemas de comisaría. Hubiera sido bueno que el diputado Robles Quintero, quien en esa ocasión, a nombre de la mayoría priísta precisamente tomó la palabra, le dijera al auditorio que estaba aquí presente, que los problemas del porrismo son problemas intranscendentes o no tengan importancia. O bien, que se atreva a ir, en estos momentos, a las escuelas en paro y decirles que esos son problemas que no competen a este interés nacional.
Porque, señoras y señores, se puede tratar de minimizar como se quiera la importancia del problema actual que recorre al Politécnico, pero yo creo que está difícil de hacerlo. Está difícil porque son más de cuarenta y cinco mil alumnos que están en paro en esta institución. Y en el
Politécnico no se ven paros de esta naturaleza desde 1968 por lo menos, lo cual demuestra que algo importante está pasando y no problemas simple y sencillamente de comisaría que tengan que ser resueltos por un Ministerio Público, aunque yo creo que deberían estar resueltos por un Ministerio Público varias de estas cosas.
Lo curioso es que exista una protección tan grande el porrismo en esta país, a pesar de las denuncias que todos los días se hacen en su contra. Es notable también que algunos diputados hagan todo lo posible porque en esta tribuna las cosas queden difusas, porque no haya declaraciones y decisiones contundentes sobre el problema del porrismo, porque ahora resulta, se dice, que todo mundo es porro en el Politécnico. Estamos en contra de la violencia, venga de donde venga y estamos en contra de los porros vengan de donde vengan, y resulta que algunas de las organizaciones de la coordinadora estudiantil, ahora les están diciendo que ellos son los porros, cuando está muy claro de donde está el porrismo, quiénes los apoyan y contra quienes hay que ejercer acciones, para mucha gente está claro, claro para esta Cámara de Diputados podemos poner el beneficio de la duda y decir: no está tan claro; por eso pedimos que se forme una comisión pluripartidista para que con el Politécnico vaya y vea lo que está pasando en la institución. Y por supuesto diputado Robles Quintero, por supuesto que en este país todos los partidos pueden decir lo que quieran de las instituciones de educación superior y en particular del Politécnico.
Todo mundo puede hacer el intento por proteger a los porros, por tender una cortina de humo que difumide todo lo que está pasando, pero hablemos otros que no escogemos esta vía, que preferimos hablar claro y decir que los porros están alentados desde las autoridades y que se sabe muy bien, porque hay nombres, apellidos, expedientes, documentos, incluso Gerardo Unzueta leyó aquí, que están muy claros a quienes inculpan y lo que se tiene que hacer.
Hay dos manera entonces de entrarle al asunto, unos que dicen que no pasa nada, que son problemas menores, y los que decimos claramente que hay que entrarle al asunto. También hay otras maneras de entrarle al problema del Politécnico y de las instituciones de educación superior, aquéllos que no quisieran que más que el PRI estuviera en las instituciones de educación superior, porque todos sabemos que la ODEP, la SEP, el grupo Emiliano Zapata, etcétera, son grupos del PRI y los que creemos que todo mundo tiene derecho a pertenecer al partido que quiera en las instituciones de educación superior, es un derecho constitucional mínimo, no se puede pedir que las instituciones de educación superior sean islas, aisladas completamente del contexto social.
También se puede defender la independencia tecnológica, pero no diciéndolo, sino llamando a la comunidad politécnica a que abra los ojos, reflexione y se defienda de lo que le quieren hacer, porque ahora ya no solamente se le ha quitado al Politécnico ese carácter de institución rectora del desarrollo tecnológico del país, sino que ya se está pensando en la creación de nuevas instituciones de educación superior tecnológicas, para la reconversión industrial que el gobierno pretende o que el gobierno promete.
Y dejando al Politécnico completamente relegado, también desde ese punto de vista se pueden discutir las cosas, lo que no se puede, señores diputados, es ser incongruentes, ser incongruentes por una simple y sencilla razón; hace un momento en el punto pasado precisamente, se nombró la comisión especial, una comisión pluripartidista, para ver qué, un problema de tarifas sobre los energéticos, sobre el costo de la luz que se cobra en los estados del norte, sobre todo en los estados del norte, y ahí no hubo ningún problema, aquí nadie vino a decir que íbamos a pasar por encima de la Secretaría de Comercio o por encima de algunas otras instituciones o que la Comisión de Energéticos estaba compuesta por varios partidos políticos y entonces desde ese punto de vista, es una comisión pluripartidista. Ninguno de los argumentos que se está repitiendo ahora aquí, contra la propuesta que han planteado diferentes fracciones parlamentarias, se esgrimió, en contra de la propuesta que presentó un diputado, por cierto del PRI, sobre el problema de formar una comisión pluripartidista para analizar un problema concreto.
Y nosotros no estamos diciendo, desde ningún punto de vista, que se vaya a pretender convertir esta comisión en supervisora de negociaciones, ese no es el punto. No se venga a tratar de descalificar una posición simple y sencillamente inventándole cosas que no existan. Por lo cual yo quisiera pedir a la presidencia que instruya a la secretaría a que de nueva cuenta por favor, lea la propuesta que han presentado diversos partidos, sobre este punto que está en debate.
La C. Presidenta: - Lea la secretaría las propuestas presentadas.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
PUNTO DE ACUERDO
«Único. El pleno de la Cámara de Diputados resuelve turnar a la Comisión de Educación la información leída por el diputado Pedro Peñaloza e indica a esta, que forme una comisión pluripartidista para investigar la situación existente en el Instituto Politécnico Nacional. Y presente un informe al pleno lo más pronto posible.
Diputados: por el grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, Gerardo Unzueta Lorenzana; por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Pedro José Peñaloza, Alejandro Gazcón Mercado, Gonzalo Altamirano Dimas, Magdaleno Yañez Hernández.»
El C. Efraín Jesús Calvo Zarco: - Muchas gracias. ¿Dónde señores diputados, está la palabra "supervisar negociaciones"? Diputado Robles Quintero, yo le pregunto directamente: ¿en dónde se habla que esta comisión que se formaría estaría interfiriendo en el proceso de negociaciones que lleva a cabo la comunidad politécnica con las autoridades?, ¿por qué no se forma?, ¿cuál es el problema?, ¿a qué se le teme?, ¿qué se tiene que esconder? Esa es la pregunta que dejamos en el aire.
La C. Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para hechos, por cinco minutos.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Compañera presidenta; compañeros, compañeras diputadas: se ha mezclado a estas alturas dos cuestiones: una de fondo y una de forma. La de fondo es sobre qué es lo que ocurre en el Politécnico; qué pasa con el Instituto Politécnico Nacional y por lo tanto, de qué es de lo que debemos hacer claridad los diputados, sobre todo los diputados del campo democrático ¿es todo el problema el porrismo? Esa es una de las posiciones. La otra posición, la que sostenido el Partido Popular Socialista, es la de que el Instituto Politécnico Nacional mismo, como fruto mayor de la educación surgido de la Revolución Mexicana como única institución de educación superior que sigue siendo expresión del estado del artículo 3o. constitucional, para estos efectos está siendo agredido por múltiples vías, como está siendo agredido el sector estatal de la economía, como está siendo agredida la reforma agraria, como están siendo agredidos en este momento todos los frutos que aún perviven del movimiento revolucionario de 1910-1917.
Ese es el fondo; a nuestro juicio, el Politécnico está siendo agredido y urge defenderlo en todos los frentes; lo mismo se le agrede con los grupos de porros represivos que con los grupos de provocación, que no son ninguna expresión democrática, que son grupos absolutamente minoritarios del 0.00% de gente que de ninguna manera representa y que arbitrariamente se quieren arrogar representación estudiantil que están muy lejos de tener; la gran mayoría de los estudiantes huyen del terror que representan estos grupos provocadores, de la misma manera que huyen del terror que representan los grupos porriles y estos grupos provocadores son sostenidos, como lo ha sido en muchos momentos, distintas manifestaciones, como lo han sido distintas manifestaciones y grupos de provocación entre ellos muchos que se autodefinen como trostkistas son sostenidos también en instancias públicas, en oficinas gubernamentales, igual que los otros grupos de los llamados porros.
Entonces pues, el problema de fondo, a juicio del Partido Popular Socialista, es la defensa del Instituto Politécnico Nacional por lo que representa históricamente, por lo que representa como fruto surgido de la Revolución Mexicana y como institución que debe presidir de una manera cada vez más depurada, la educación científica y tecnológica, la generación de los cuadros de alto nivel que nuestro país necesita en este campo. Ese es el problema de fondo.
El problema de forma; el problema de forma se ha convertido aquí en esta tribuna en una larguísima disquisición que no tiene pies ni cabeza. Hay dos proposiciones que se distinguen por cuestiones de matiz y que, sin embargo, han provocado aquí largos discursos a pretexto del 102 en los que ni siquiera se ha respetado el término de tiempo del 102, largos discursos para impugnar una u otra proposición, lo cual nos parece simplemente una clara demostración de algo que dijo un diputado trostkista en la tribuna: una clara demostración de que en efecto se ha venido a mistificar y a complicar un debate, a tratar de hacerlo confuso.
¿Qué diferencia hay entre una y otra proposición? Nosotros no encontramos más que cuestiones de matiz. ¿De qué se trata entonces? De que la Comisión de Educación se entere, recabe la información de qué es lo que pasa con el Instituto Politécnico Nacional, pero no sólo en el porrismo, con todos los fenómenos en torno al Instituto Politécnico Nacional. Lo que interesa es preservar esa institución valiosa del Estado mexicano y de la Revolución Mexicana, defenderla de todos sus agresores.
Hasta el diputado Ortiz Gallegos expresó aquí que él entiende con claridad que no hay mucha diferencia entre una y otra proposición, y en efecto, no la hay.
Y por último, algún diputado trostkista al que le afloró su complejo de culpa, vino a hablar del títere y del titiritero. Más que títere y titiritero es una simbiosis entre instrumento y fuerza fundamental que maneja ese instrumento, y eso es lo que ha sido el trostkismo siempre, y sobre todo el neotrostkismo con relación al gobierno de los Estados Unidos y a los monopolios de los Estados Unidos.
Hay listas de nombres, hay denuncias recientes que ligan por ejemplo al señor Eliot Abraham, de todos conocido y a la señora y Jenkin Patric, de todos conocida, y al señor Barribol Whater de todos conocido, con el señor Norman Odorit y con el señor Ernest Mandel por ejemplo, y también hay documentos que demuestran cómo los grupos trostkistas llevaron a la catástrofe y a la muerte a l comandante John Sosa y a la guerrilla que él encabezaba en Guatemala, y hay muchísimos elementos y pruebas para demostrar lo que es el trostkismo y por qué jamás ningún militante revolucionario o progresista por lo menos, de buena fe puede acercarse y considerar a los trostkistas como una fuerza respetable, progresista, democrática y mucho menos revolucionaria. Muchas gracias. (Aplausos.)
La C. Presidenta: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Alejandro Gascón Mercado, por cinco minutos.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señoras y señores diputados: en estos momentos en que la Cámara está tratando asuntos generales, uno tiene que precisar algunas cosas. ¿Por qué surgen aquí una gran diversidad de temas? ¿Por qué están cerrando muchos foros en el país, y las autoridades encargadas de resolver problemas concretos, se hacen sordas ante los requerimientos de grandes sectores del pueblo?
Por ejemplo, durante el día de ayer y el de hoy, un grupo de habitantes de Contreras, nos pidieron a algunos diputados que contribuyéramos a difundir su criterio de que estaban en contra de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Nacional en una construcción que fue desocupada de una fábrica de la región.
El pueblo tiene muchas dudas, tiene problemas, protesta, se organiza. Esto no es un asunto de una clase social determinada, los habitantes de esa región no quieren tener junto a ellos a las patrullas, a un organismo policiaco que consideran peligroso y contaminante y probablemente quieren dormir tranquilos.
Tenemos pruebas de arbitrariedades en el país, que todos conocemos y que no podemos eludir, y por eso esos temas se introducen en la Cámara porque por fortuna, aunque pocos, todavía aquí hay algunos designados a escuchar las opiniones de los organismos independientes, de los diputados independientes. Para mí mientras esté Nicolás Reynés en la sesión, pues estamos arreglados, independientemente de que haya quórum o no, porque finalmente la discusión se da entre los representantes del poder público y los partidos independientes.
Hace un rato vino el diputado Acedo y Luis López Moctezuma, a hablar de un tema en el que yo he participado constantemente, y cuando vi con alegría que un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional estaba hablando de las altas tarifas eléctricas y de otros servicios, yo me quedé calladito para no entorpecer el asunto. Porque yo dije, yo creo que esto está negociado y qué bueno que se forme una comisión y haber si se les quita lo insensato a los funcionarios de Hacienda con una participación de esta naturaleza.
Ahora, hacemos una proposición en el sentido de que la Comisión de Educación nombre una comisión pluripartidista para que investigue los hechos que se han dado en el Politécnico Nacional.
Yo, naturalmente, soy un hombre que simpatiza con la institución, más antes que ahora, porque esa institución, efectivamente, fue fruto del movimiento revolucionario de México y es parte de todo un sistema que se consiguió para educar a los hijos de los trabajadores y para contribuir a la independencia tecnológica de México, Así como se ha deformado el Estado mexicano, y que se ha ido a servir a los intereses de la alta burguesía, así creo que hay algunas deformaciones en el Politécnico Nacional, consecuencia de esta política que deforma, podríamos decir, la construcción de cuadros en todos los campos.
Yo soy de la idea de que en las instituciones de carácter superior, deben intervenir para resolver sus problemas fundamentalmente quienes forman parte de ellas. Los universitarios deben resolver los problemas de las universidades, sí, pero pretender que no intervenga la lucha ideológica y política en las instituciones, es salirse de la realidad. Las ideas penetran en todas partes, las buenas y malas, y van a participar, lo queramos o no. Yo creo que eso está muy claro. Pero si me parece que los anticomunistas que tengan la posibilidad, por voluntad de la mayoría, de terminar la vida de una institución, están en su derecho, y de la misma manera los comunistas sí reflejan la voluntad mayoritaria de quienes integran una institución.
No podemos nosotros plantear las cosas como en la Edad Media, porque finalmente todos los partidos políticos más importantes participan de una manera directa o indirecta en todas las instituciones educativas del país. Todas, con sus ideas y con sus condiciones políticas.
A mí me preocupa que estemos contribuyendo a la confusión y perdiendo posibilidades en el examen democrático. Yo no entendía en qué consistía la modernización política. Ayer ya la sufrí, me apagaron el micrófono en la réplica; creo que esto es la modernización. Se dijo que íbamos a tener las mismas formas de participación que en las comparecencias anteriores, y entonces había la posibilidad de hacer un comentario después de las repuestas del Secretario. En eso retrocedimos ahora pues.
Entonces, creo que si vamos a actuar con lógica, nosotros debemos aceptar la realidad. Esta Cámara debe intervenir en todos los asuntos importantes del país, no sólo es una máquina que aprueba leyes. Aquí está la representación nacional, teóricamente hablando, y de esa manera debe estar preocupada por todos los asuntos importantes de México.
Y las instituciones de educación superior son importantes, y vida de los jóvenes, sobre todo esos jóvenes tan caros a la nación, debe ser preocupación de todos nosotros.
Yo sí creo que la Comisión de Educación podría contribuir con la proposición que hacemos, a prestarle un servicio al Politécnico y a la nación en su conjunto, sobre todo si actúa con el criterio aquél que utilizó para ver la Ley de Antropología, donde se consultó a todos con cuidado, en un momento dado se respetó a todos, y por ese camino podríamos nosotros intervenir, no por el camino de los intereses mezquinos que a la Cámara, de veras, a ésta y a cualquier otra Cámara no debieran interesarnos.
Por tanto, a mi me extraña esa resistencia, los matices que no tienen sentido. No se está proponiendo que esta Cámara designe directamente una comisión pluripartidista, sino da esta tarea a la Comisión de Educación, coincidiendo, en esencia, con lo que planteaban otro grupo de diputados.
Por eso, me parece que estas cuestiones de detalle que entorpecen nuestra actividad no tienen sentido.
La C. Presidente: - Tiene la palabra, el diputado José Luis Díaz Moll, por cinco minutos.
El C. José Luis Díaz Moll: -Yo no solicité hacer uso de la palabra.
La C. Presidente: -¿No desea hacer uso de la palabra?
El C. José Luis Díaz Moll: - La declino. En alguna otra ocasión.
La C. Presidenta: - Sírvase la secretaría leer las propuestas de punto de acuerdo.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
PUNTO DE ACUERDO
«El pleno de la Cámara de Diputados resuelve turnar a la Comisión de Educación la información leída por el diputado Pedro Peñaloza e indica a ésta que forme una comisión pluripartidista para investigar la situación existente en el Instituto Politécnico Nacional y presente un informe al pleno lo más pronto posible.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta a la Asamblea si se aprueba o se desecha la proposición del diputado Pedro Peñaloza.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Desechada, ciudadana Presidenta.
La C. Presidenta: - Sírvase la secretaría dar lectura a la siguiente proposición.
La C. secretaría Ofelia Casillas Ontiveros:
"Proponemos que la Comisión de Educación Pública en donde están representadas todas las fracciones parlamentarias, esté atenta a este problema y se recabe la información que juzgue conveniente acerca del problema y que con oportunidad se dará cuenta de la misma a este pleno.
Lo firman los diputados: Miguel Osorio Marbán Juan Antonio Araujo, Antonio Melgar Aranda, Arnulfo Villaseñor, Salvador Robles Quintero".
En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aceptada, señorita Presidenta.
La C. Presidenta: - En consecuencia, túrnese a la Comisión de Educación Pública.
DISGUSTO A OTORGAMIENTO DE PRESEA
La C. Presidenta: - Ha pedido hacer uso de la palabra, para presentar una proposición, el diputado Víctor Manuel Jiménez. Osuna.
Presidencia del C. César Augusto Santiago Ramírez
El C. Víctor Manuel Jiménez Osuna: - Con su permiso, señor presidente; señoras y señores diputados: La lucha fundamental librada por el pueblo mexicano, ha sido, a lo largo de la historia y continúa siendo, la que persigue su emancipación con respecto del imperialismo.
Cada acción de rescate de la economía nacional, ha tropezado con amenazas y presiones múltiples ejercidas por el imperialismo, de manera directa e indirecta, a través de sus agentes y lacayos contra el Estado mexicano y sus fuerzas patrióticas y avanzadas.
El imperialismo se ha empeñado en cancelar la vía de desarrollo con independencia, surgido de la Revolución Mexicana y en consolidar su hegemonía sobre nuestra nación. Todos los medios se han puesto en práctica; golpes de Estado y magnicidios inducidos como en 1913, cuando fue inmolado el Presidente Madero; acciones disfrazadas de movilizaciones de carácter popular, apoyo económico y suministro de armas a levantamientos insurrectos de derecha, como el de los cristeros en 1928.
En los últimos años, y como consecuencia de la agudización de la crisis general del sistema capitalista mundial, el imperialismo ha redoblado su conducta agresiva e intervencionista contra todos los pueblos del mundo, entre ellos el nuestro. Esto obedece a que dentro del imperialismo se ha operado un cambio cualitativo importante; el conjunto de monopolios, conglomerados y consorcios dedicados al armamentismo que junto con los representantes de sus intereses en el seno del Estado, constituyen el complejo militar industrial; ha pasado de fuerza subordinada a dominante.
Esto se ha reflejado en la presencia de una tendencia en extremo regresiva en la superestructura política y en la conducta profundamente reaccionaria del imperialismo hacia su interior y sobre todo, en la agudización de su conducta agresiva e intervencionista hacia el exterior.
El predominio del complejo militar - industrial y su alianza con el capital financiero, es la causa de la grave situación internacional y constituye la base económica del militarismo, como estrategia del imperialismo para tratar de superar sus crisis insalvables.
En este proceso, el imperialismo se empeña en consolidar su hegemonía e incrementar su capacidad de saqueo económico sobre los países capitalistas dependientes entre los que se encuentra nuestro país.
La agresividad exacerbada y el intervencionismo descarado del imperialismo norteamericano, pone en muy grave peligro, mucho más que en otras etapas de nuestro pasado histórico, la soberanía e independencia de la Nación mexicana. No se trata solamente de obligarnos a cambiar nuestra política exterior, de que abandonemos los principios que tradicionalmente le han dado sustento, sino de cambiar radicalmente nuestro rumbo histórico.
Pretenden la privatización total de la economía, cancelando de manera súbita varias décadas de difícil y doloroso avance, por la vía de las nacionalizaciones. Insisten en cancelar toda posibilidad de desarrollo económico independiente y convertirnos en una nación maquiladora, vendedora solamente de materias primas y fuerza de trabajo a bajo precio.
Se proponen cancelar toda perspectiva de democracia verdadera al impedir la participación de trabajadores del campo y la ciudad en los órganos de dirección política y económica, poner fuera de la ley al partido de la clase obrera, desplazar totalmente del poder al sector progresista de la burguesía nacional e instaurar un sistema adulterado de democracia formal.
Intentan destruir nuestra cultura, destruir la identidad nacional y borrar la memoria histórica de los mexicanos. Les estorban los mandatos constitucionales avanzados, como el artículo 3o. que quieren desaparecer y el 27 que también pretenden cancelar.
Es un error histórico de miopía ideológica y hasta de elemental sentido común el que comenten, quienes declaran que no pasa nada, quienes creen que no hay que alertarse frente a la amenaza imperialista y hasta premian y condecoran con la más alta presea nacional, como es el "Águila Azteca", a representantes del imperialismo, como sucedió con Paul Bolcker, individuo que jugó un papel clave en el diseño de la trampa del endeudamiento en que fue entrampado nuestro país, y a sujetarlo a una profunda y creciente dependencia nacional.
Paul Bolcker, expresidente del Banco Federal de la Reserva de Estados Unidos, es un funcionario destacado al servicio del imperialismo, enemigo y verdugo de los pueblos que luchan por su independencia nacional, que le condecorase el gobierno agresivamente expansionista de Ronald Reagan, o el imperialista proyanqui de la señora Tatcher, tendría congruencia con la vida y conducta del señor Bolcker, pero el que lo haga el gobierno de un país victimado por la política imperialista, constituye una acción entreguista y de traición, sólo comparable con la de besar de rodillas la bandera yanqui, como lo hizo cierto virrey centroamericano de mentalidad desnacionalizada.
Al recibir la presea de manos del subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Rosenzweigh Díaz, Bolcker dijo que los esfuerzos que México ha realizado en los últimos cuatro o cinco años, para salir adelante de una de sus dificultades económicas, ha restaurado el crecimiento y la gloria para los años futuros, entre comillas, la verdad, señores diputados, es que lo que ha crecido en nuestro país, es la deuda que llega a 108 mil millones de dólares, como ha crecido el pago de sus servicios.
También ha crecido nuestra dependencia frente al imperialismo, al hambre y la miseria de la mayoría de nuestro pueblo: ha crecido el desempleo y la desnutrición de nuestro pueblo, ha crecido la venta de paraestatales, al engañar la exigente iniciativa privada y la voz fuerte del clero político militante, ha crecido la inflación, que a fines de este año llegará alrededor de 140% ha crecido la desesperación del pueblo de México y la agresión a la clase obrera y al movimiento sindical, lamentable gloria para una política económica equivocada.
Por ello, consideramos una ofensa a la dignidad, a las luchas históricas antiimperialistas del pueblo mexicano, el hecho de haber otorgado la presea del "Águila Azteca" a un connotado representante del imperialismo norteamericano, enemigo histórico del desarrollo independiente y soberano de nuestro país, por estas consideraciones, proponemos a esta soberanía popular el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. La Cámara de Diputados Manifiesta su profundo disgusto frente al hecho de que el Gobierno de la República haya otorgado la presea del "Águila Azteca" a un enemigo directo y verdugo del pueblo y la nación mexicana, personero de imperialismo norteamericano. Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, su servidor». Muchas gracias.
El C. Presidente: - Se pregunta a los ciudadanos diputados si alguno desea hacer uso de la palabra.
El C. Santiago Camarena Flores (desde su curul): - En contra.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en contra, el diputado Santiago Camarena Flores.
El C. Magdaleno Yañez Hernández: -Yo nada más quiero preguntar si hay quórum, que se pase lista porque creo que habemos muy pocos diputados.
El C. Presidente: - El artículo 106, la presidencia estima que la falta de quórum no es ni notoria ni dudosa, por lo tanto, proseguimos con los asuntos en cartera.
El C. Santiago Camarena Flores: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Quiero manifestarme en pro, perdón, en contra de la proposición que acabamos de escuchar, por los siguientes razonamientos:
En primer término, la condecoración que se ha tildado, la condecoración que se pide se censure, es una condecoración que fue otorgada total y absolutamente apegada a derecho. Paso a explicarme.
En la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, existe un capítulo que es el relativo a la orden mexicana del "Águila Azteca". Esta distinción que tiene diferentes grados, la venera el collar, la presea, la medalla, la placa, etcétera, se otorga a extranjeros en cualquiera de estos tres casos: primero, a aquellos que han prestado servicios eminentes a la humanidad o bien que han prestado servicios a la patria o por reciprocidad en situaciones análogas.
La presea está otorgada con fundamento en los razonamientos que espesó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Rosenzweigh, al otorgar materialmente dicha distinción.
Por otra parte, compañeros diputados, es indiscutible que si hay algo en que la firmeza de la tradición tiene la calidad del granito; la rectitud de la trayectoria de una flecha, es en los principios y actuaciones de la política exterior de la Nación mexicana, fundada hoy como ayer y como siempre, en los principios de autodeterminación de los pueblos, del desarme y de la paz y solución pacífica de los problemas. Por eso, hoy, manifiesto mi orgullo de esta política y pido a
ustedes que, en su momento, rechacemos la proposición que nos acaba de ser presentada. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el señor diputado Martín Tavira Urióstegui.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Al compañero diputado lo traicionó el subconsciente porque quizá en el fondo, tampoco está de acuerdo con que se hubiera otorgado esa condecoración al señor Paul Bolcker que tuvo a su cargo una institución financiera del gobierno norteamericano y que en gran parte contribuyó a diseñar la política de los centros financieros del imperialismo yanqui hacia los países del tercer mundo.
Y lo que acaba de decir el diputado nos da la razón. La política internacional de México ha sido firme, salvo en algunas ocasiones, algunos periodos en que se ha doblegado frente a las presiones imperialistas, me refiero a la política, por ejemplo, de Miguel Alemán; y este acto de condecorar a un capitán o capitoste de los centros financieros imperialistas, niega rotundamente la trayectoria política internacional de México, es una negación contundente de nuestros principios que heredamos de la historia patria.
Yo pregunto: ¿cuáles son los servicios eminentes? pregunto a los diputados de la mayoría, pregunto al compañero diputado que habló antes que yo, ¿cuáles son los eminentes méritos del señor Paul Bolcker?, ¿acaso el señor Paul Bolcker ha ayudado junto con el gobierno yanqui a que salgamos de la crisis pero manteniendo nuestra independencia? ¿No hemos dicho aquí muchas veces que la política imperialista diseñada en el Departamento de Estado, en la reserva de los Estados Unidos, es precisamente para someternos, para que nuestra política económica responda a los requerimientos de la gran burguesía financiera internacional e imperialista fundamentalmente? ¿Cuáles han sido los servicios eminentes a la patria?
Hay un punto negro, compañeros diputados, dentro de esta política exterior del gobierno de México: condecorar a un representante de los centros financieros internacionales, que tanto daño han causado al país; en un gesto de absoluta negación de nuestros principios, de nuestra política internacional independiente, en fin, es una ofensa a nuestra dignidad nacional.
Por lo menos, por lo menos, ya que la proposición se va a rechazar, que quede constancia en el Diario de los Debates cuál ha sido la función de uno y otro partido en este asunto, pero estamos seguros de que la mayoría de los diputados, por lo menos los del campo democrático del Partido Revolucionario Institucional, no están de acuerdo con esta condecoración y el tiempo nos va a dar la razón, porque la historia es el tribunal infalible que tarde o temprano dicta su veredicto inapelable y a ese veredicto nos sometemos todos.
Compañeros diputados, el Presidente de la República acaba de enviar una iniciativa de reformas al artículo 89 de la Constitución. Que bien, es una vieja demanda de las fuerzas revolucionarias de nuestro partido, el Popular Socialista. Desde 1952, Lombardo planteó un capítulo nuevo en la Constitución sobre los principios de política intencional. Que bien que ahora se enriquezca la Carta Política, elevando al rango constitucional esos principios que hemos defendido durante nuestra historia, pero no deben ser desmentidos esos principios por acciones que nos avergüenzan ahora y que van a avergonzar las generaciones futuras de México. Gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaria, en votación económica, si se admite o no a discusión la propuesta.
La C. secretaria Yrene Ramos Dávila: - En votación económica, se pregunta si se admite o no a discusión la proposición hecha por el diputado Víctor Jiménez Osuna.
Los que estén por la afirmativa ponerse de pie...
(Votación.)
Los que estén por la negativa, ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
EXCITATIVA A COMISIONES
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para presentar una proposición, el ciudadano diputado Víctor Alvarez Herrera.
El C. Víctor Guillermo Alvarez Herrera:- Señor presidente, señoras y señores diputados: Acabamos de oír una larga discusión acerca de un problema que afecta al Instituto Politécnico Nacional y también, estamos conscientes, de una serie de manifestaciones de descontento ante problemas que han afectado a grupos o a sectores del pueblo mexicano.
Manifestaciones de agricultores de diferentes partes del país, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, etcétera, manifestaciones de maestros, de enfermeras, de estudiantes, de colonos afectados por el sismo, de costureras, etcétera. Incluso, protestas y manifestaciones de partidos políticos, pero si vuelven a subir las gasolinas en fecha próxima, se va a
lesionar a todo el pueblo, a todos los mencionados con anterioridad, a maestros, a estudiantes, a obreros, a agricultores, por lo que es necesario que esta Cámara tome alguna determinación.
Hace un año, presentamos una iniciativa en la cual se solicitaba que la Comisión de Comercio y de Energéticos, dictaminara a favor de esa iniciativa, para que las alzas en los precios de los combustibles sean aprobadas también, como representante del pueblo, por esta Cámara.
Ha salido en el periódico de hoy, un anuncio en que avisa el señor Petriccioli que este año no habrá alzas a la gasolina; sin embargo, como los rumores son muy fuertes, y tememos que se lesione a tanta gente, a tantos grupos diferentes, solicitamos a la presidencia de esta Cámara haga una excitativa a las comisiones de Energéticos y de Comercio para que se dictamine esta ley. Muchas gracias.
El C. Presidente: - En los términos solicitados, esta presidencia excita a las comisiones de Comercio y de Energéticos para que procedan a estudio y dictamen solicitado.
ACCIDENTE EN LA LAGUNA DE XICO
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra para presentar una proposición, el ciudadano diputado Ubaldo Mendoza Ortiz.
El C. Ubaldo Mendoza Ortiz: - Señor presidente; compañeros diputados, Hoy a las 6:30 de la mañana, un autobús de la Ruta 100 cayó en la laguna de Xico en la carretera a Tláhuac, Chalco. Hasta el momento hay más de 40 muertos, ahogados.
Esta noticia, que ha enlutado a muchos hogares mexicanos, nos tiene consternados. Una vez más la patética Ruta 100 ha cobrado un racimo de vidas de mexicanos que, desafortunadamente, eran estudiantes en su mayoría.
Los miles de usuarios de los autobuses están indefensos ante la prepotencia e irresponsabilidad de los operadores de esta empresa estatal, que tiñen de sangre constantemente las calles de esta ciudad y que ninguna autoridad corrige con cierta eficacia ya que a estos señores, para evitar este tipo de accidentes.
Esperamos que cuando menos a los deudos de este espantoso accidente, se les indemnice con los gastos que ocasionó y oportunamente se les pague el seguro del viajero a que tienen derecho.
Me pregunto: ¿hasta cuándo seguirá sucediendo estos dramas sangrientos en esta ciudad? ¿Y hasta cuándo la autoridad tomará cartas en el asunto? ¿Se corregirá algún día esto?
Por ese motivo y en mérito de lo expuesto, y en los términos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición:
«Que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones, recabe la mayor información sobre el accidente a que he hecho referencia e interponga sus buenos oficios para lograr que las víctimas reciban las indemnizaciones y la cobertura de todos los gastos generados por este siniestro. Y asimismo. que a la brevedad que le sea posible. la comisión ya citada, rinda a este pleno un informe detallado.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de noviembre de 1987.
Por el grupo de Acción Nacional, diputado Ubaldo Mendoza Ortiz.»
El C. Presidente: - Se pregunta si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra.
No habiendo quien así lo manifieste, consulte la secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - En votación económica, se pregunta si admite a discusión la proposición presentada por el diputado Ubaldo Mendoza Ortiz, Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor pestilente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
El C. Presidente: - En el transcurso de la sesión se recibieron cuatro iniciativas de la Secretaria de Gobernación.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Serenaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Presente.
Con el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los
efectos constitucionales, iniciativa de decreto que reforma la Ley del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Distrito Federal, documento que el propio Primer Mandatario somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, D.F., a 13 de Noviembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión. Presente.
En la iniciativa de reforma constitucional para la participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, de 23 de diciembre de 1986, propuse al Constituyente Permanente la creación de un nuevo órgano de representación ciudadana para el Distrito Federal, propuesta que al ser aprobada ha dado lugar al surgimiento de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuya acción contribuirá eficazmente al mejoramiento de la calidad de vida política, económica, social y cultural de nuestra entidad capital.
La creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal es una decisión política de singular importancia para la democratización integral de la sociedad, pues mejora la representatividad existente para los ciudadanos del Distrito Federal, involucrándolos en las materias que más directamente los afectan en su vida cotidiana.
Con el propósito de fortalecer a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, enriqueciendo sus facultades constitucionales, en la nueva base 5a. de la fracción VI del artículo 73 constitucional, se contiene disposición en el sentido de que los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia deberán ser sometidos a la aprobación de la citada Asamblea, y para este efecto he sometido al H. Congreso de la Unión la correspondiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no se basa en regulación constitucional pues fue creado por la ley correspondiente con fundamento en el reformado segundo párrafo de la fracción I del artículo 104 constitucional, que ahora corresponde a la fracción XXIX- H del artículo 73 fracción 1- B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual no era posible, desde la mencionada reforma constitucional, proponer que la aprobación de los nombramientos de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal correspondiera a la citada Asamblea de Representantes.
La iniciativa de 9 de noviembre de 1987 que presenté al Congreso de la Unión, por conducto de la H. Cámara de Diputados, para emitir la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, fue ocasión propicia para proponer el fortalecimiento de sus facultades al asignarle la competencia para aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los mismos términos en que le corresponde aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, propuesta que se contiene en el artículo 15 de la incitativa referida.
Por otra parte y con el propósito de incrementar la calidad de la justicia a que tenemos derecho los mexicanos, de fortalecer a los órganos encargados de administrarla y de integrar un auténtico sistema judicial, propuse las correspondientes reformas constitucionales, mismas que fueron aprobadas por el Constituyente Permanente, por lo que igualmente he propuesto su desarrollo en las respectivas leyes secundarias.
Uno de los principios que estructuran el nuevo sistema judicial mexicano, lo es el de la inamovilidad, para contribuir a la independencia y permanecía de quienes integran los órganos jurisdiccionales; esta inamovilidad ya se extiende, por mandato constitucional, a los magistrados que integran los tribunales superiores de justicia de los estados y del Distrito Federal En diversa iniciativa, la hemos propuesto para los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, y por esta iniciativa las proponemos para los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
La consagración legal de la inamovilidad, hace indispensable la supresión de los sexenios judiciales, conforme a los cuales se nombrará la totalidad de los magistrados integrantes de un tribunal por seis años, y las vacantes se cubrían con nombramiento que duraban el tiempo faltante hasta la extinción del período de seis años, y las vacantes se cubriría con nombramiento que duraban el tiempo faltante hasta la extinción del período de seis años; la inamovilidad requiere que el término de los nombramientos se compute individualmente, para que aquellos magistrados
que sean promovidos o reelectos, después de agotar el primer período de seis años, sólo puedan ser privados de sus puestos en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para dar plena congruencia a la normatividad que se ha descrito, se propone la reforma a los artículos 3o. y 8o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para que los nombramientos que haga el Presidente de la República sean sometidos a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y para que el término de sus nombramientos se compute individualmente y se pueda conceder la inamovilidad a favor de los propios magistrados que sean reelectos o promovidos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se reforman los artículos 3o. y 8o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 3o. El Presidente de la República, a posición del jefe del Departamento del Distrito Federal y con la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, nombrará a los magistrados que integren la Sala Superior y las salas del tribunal, así como a los supernumerarios necesarios.
Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo, podrán ser promovidos de supernumerarios a numerarios y de las salas a la Sala Superior, y al término de su nombramiento podrán ser reelectos o promovidos, y si los fueren solo podrán ser privados de sus puestos en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Son aplicables a los nombramientos de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las disposiciones establecidas al respecto para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la Ley Orgánica correspondiente.
Artículo 8o. Los magistrados del Tribunal deberán otorgar la protesta de ley ante el Pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se instala la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los nombramientos de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, continuarán siendo sometidos por el Presidente de la República a la aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso.
Tercero. Los magistrados designados para el sexenio judicial iniciado el 16 de julio de 1986, durarán en su encargo hasta el término del mismo el 15 de julio de 1992.
Reitero a ustedes las seguridades de mi más distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección
Palacio Nacional, a 13 de noviembre de 1987.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»
En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se va a proceder a darle el trámite correspondiente.
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Justicia.
La misma C. Secretaria: -Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona Disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servido Público de Banca y Crédito.
En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se procede a darle el trámite correspondiente.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Anexa el presente envío a ustedes, por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, D.F., a 13 de noviembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados Presente.
El Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Esta iniciativa propone, en primer lugar, precisar con claridad cual es la facultad que corresponde ejercer a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en los casos en que personas físicas o morales infrinjan el campo exclusivo que por ley corresponde a las sociedades nacionales de crédito.
Se deja en claro que dicha facultad es la que tradicionalmente ha ejercido ese órgano de inspección y vigilancia, misma que desde la abrogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares ha sido la de intervenir administrativamente los establecimientos, empresas o negociaciones de los infractores hasta que las operaciones ilegales queden liquidadas.
Teniendo en consideración el principio de nuestro derecho penal de que en razón de la gravedad de la conducta delictiva y del daño causado, sea la pena que se aplique al infractor, esta iniciativa propone, además, reformar los artículos 90 y 91 de la citada Ley Reglamentaria, a fin de que con mayor precisión se adecúen a dicho principio.
Se plantea, por tanto, establecer que cuando el monto del quebranto bancario sea hasta de quinientas veces el salario mínimo general diario urgente en el Distrito Federal, la pena será de tres meses de tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el mencionado salario, y cuando el quebranto exceda del equivalente a dicho monto, se aplicará de dos a diez años de prisión y multa hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces de dicho salario.
Por congruencia se establecen dichas penas para los supuestos delictivos de daño, previsto por la fracción II del artículo 91 de la ley, quedando de esta manera reguladas con igual rango de punibilidad que las conductas ilícitas previstas en el artículo 90.
En cambio, se mantiene la misma sanción ahora existente para las conductas de mayor gravedad para el sistema, previstas por las fracciones I y III del artículo 91.
Esta iniciativa propone, finalmente, facultar a las sociedades nacionales de crédito a formular la petición que se requiere para proceder penalmente en el caso de la comisión de algunos de los delitos bancarios, que la citada ley establece.
Esta posibilidad se estima necesaria en ciertas figuras delictivas en las que el banco debe actuar con diligencia para que pueda procederse en contra del presunto infractor. Este es el caso del quebranto ocasionado por la falsificación, alteración o simulación de operaciones realizadas por servidores públicos bancarios o de los quebrantos originados por los particulares que, con el propósito de obtener un crédito, proporcionan al banco de datos falsos o avalúos fuera de la realidad.
El propósito perseguido con la medida que se propone consiste en dar mayor agilidad a las actuaciones tendientes a la persecución de los presuntos responsables de los delitos bancarios, permitiendo a las instituciones de crédito, sobre todo cuando operan en la provincia, que actúen con prontitud al poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Federal.
La facultad que se propone para los bancos, no excluye la que corresponde a las autoridades hacendarias, dado que se mantiene la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule dicha petición, escuchando la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
De otra parte, esta facultad se conservará en exclusiva por dicha Secretaría en el caso de los demás delitos bancarios establecidos por la ley que nos ocupa.
Por las razones expuestas y con fundamento en la disposición constitucional antes mencionada, someto la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CRÉDITO
Artículo único. Se reforman los artículos 82, segundo párrafo, 90 primer párrafo 91, primer
párrafo y 92, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 92 de la citada ley, para quedar como sigue:
"Artículo 82. ................................................................
Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros presuma que una persona física o moral está realizando habitualmente operaciones de banca y crédito sin tener el carácter de institución de crédito en los términos de esta Ley, o está infringiendo lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 350 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios que revisen la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a fin de verificar si efectivamente está realizando las operaciones mencionadas. En este caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros intervendrá administrativamente la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate, hasta que las operaciones ilegales queden liquidadas.
.............................................................................."
"Artículo 90. Serán sancionadas con prisión de tres meses a tres años y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito, cuando el monto del quebranto no exceda del equivalente a quinientas veces el referido salario; cuando exceda dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo señalado:
I a IV........................................................................"
"Artículo 91. Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito, en los casos de las fracciones I y III siguientes, y en le caso de la fracción II serán sancionados con las penas que establece el artículo que antecede, los servidores públicos de las instituciones de crédito.
I a III......................................................................."
"Artículo 92. ................................................................
Tratándose de los delitos a que se refieren los artículos 90 y 91, fracción II, también se podrá proceder a petición de la sociedad nacional de crédito de que se trate.
Lo dispuesto en los artículos citados en el primer párrafo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a ésta u otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Respecto a las personas que se encuentren procesadas o sentenciadas al día en que entre en vigor el presente decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Ruego a ustedes, CC. secretarios se sirvan dar cuenta a la H. Cámara de la presente iniciativa para los efectos correspondientes.
Palacio Nacional, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1987.
Sufragio Efectivo. No Reelección
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La misma C. secretaria: - Iniciativa de decreto que establece las características de las monedas conmemorativas del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera.
En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se procede a darle el trámite correspondiente.
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - México, D.F.
CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el
presente les envío iniciativa de decreto que establece las características de las moneda conmemorativas del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. - México, D.F.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
El Ejecutivo de la Unión a mi cargo estima que para conmemorar el 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, corresponde emitir monedas en metales finos e industriales alusivas a dicho acontecimiento, lo cual serviría además para exaltar la alta significación de la medida nacionalista adoptada por el Presidente Lázaro Cárdenas.
La emisión de las piezas que por esta iniciativa se propone, reiteraría el 18 de marzo de 1938 como una de las victorias alcanzadas por el pueblo mexicano en el camino de su revolución, y conmemoraría la nacionalización petrolera como un acto de defensa de la soberanía nacional y de la reivindicación del patrimonio de los mexicanos. Dicho acontecimiento a través del tiempo ha confirmado la trascendencia de la medida, pues la industria petrolera es un baluarte innegable de nuestro desarrollo y un fortalecedor de la Nación en momentos de adversidad económica
Considerando lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto el proponer la emisión de monedas acuñadas en oro, en plata y en cuproníquel, con las características que en la misma se señalan.
Por lo expuesto, y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la soberanía del H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente.
INICIATIVA DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 50 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
Artículo 1o. Se autoriza la emisión de monedas de oro con valor nominal de un mil pesos, conmemorativa al 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 34.5 mm. (treinta y cuatro milímetros, cinco décimos).
Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.
Contenido: 1 (una) onza troy de oro puro.
Metal de liga: 0.100 (cien milésimos) de cobre.
Peso: 34.559 g (treinta y cuatro gramos quinientos cincuenta y nueve miligramos).
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.060 g (sesenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado..
Cuños: Anverso: Al centro del Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos. Reverso: Al centro, en relieve escultórico, la efigie del general Lázaro Cárdenas del Río en posición de frente, mirando ligeramente hacia la izquierda, en la parte inferior de la efigie el nombre "L. Cárdenas" y debajo de éste, circundado el marco, dos ramas de laurel entrelazadas; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, en dos renglones para leerse en dirección horizontal, las palabras "Expropiación Petrolera"; en el campo izquierdo, en conjunto, el signo de pesos "$", y a continuación el número "1000"; centrados en la parte inferior para ser leídos en dirección horizontal, en conjunto, en tres renglones, el número "50", la leyenda "Aniversario" y el período "1938 - 1988"; en el campo derecho del símbolo de la Casa de Moneda de México "M", y debajo de éste la leyenda "Ley 0.900", el marco liso.
Artículo 2o. Se autoriza la emisión de monedas de oro con valor nominal de quinientos pesos, conmemorativa del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 29.0 mm. (veintinueve milímetros).
Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.
Metal de liga: 0.100 (cien milésimos) de cobre.
Peso: 17.280 g (diecisiete gramos doscientos ochenta miligramos).
Contenido: 1/2 (media) onza troy de oro puro.
Tolerancia en ley: 0.0001 (un milésimo) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.040 g (cuarenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños: Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos. Reverso: Al centro, ligeramente desfasada a la derecha, una reproducción en relieve del grupo escultórico de la fuente de Petróleos situada en la ciudad de México; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "Cincuentenario": en el campo izquierdo el número "500" y al lado derecho de éste la palabra "Pesos", ambos para leerse en dirección vertical; en el campo inferior el período "1938 - 1988", abajo de éste, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelo al marco "Expropiación Petrolera"; en el campo derecho la palabra "Ley" y abajo de esta el número "0.900"; el marco liso.
Artículo 3o. Se autoriza la emisión de mondas de plata con valor nominal de cien pesos, conmemorativa del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 38.0 mm. (treinta y ocho milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
Peso: 31.103 g (treinta y un gramo ciento tres miligramos).
Contenido: 1 (una) onza troy de plata.
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños: Anverso: Al centro del Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos. Reverso: Al centro, en relieve escultórico, la efigie del general Lázaro Cárdenas del Río en posición de frene, mirando ligeramente hacia la izquierda, en la parte inferior de la efigie el nombre "L. Cárdenas" y debajo de éste, circundado el marco, dos ramas de laurel entrelazadas; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, en dos renglones para leerse en dirección horizontal, las palabras "Expropiación Petrolera"; en el campo izquierdo, en conjunto, el signo de pesos "$", y a continuación el número "100"; centrados en la parte inferior para ser leídos en dirección horizontal, en conjunto, en tres renglones, el número "50", la leyenda "aniversario" y el período "1938 - 1988"; en el campo derecho del símbolo de la Casa de Moneda de México "M", y debajo de éste la leyenda "Ley 0.999", el marco liso.
Artículo 4o. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de cincuenta pesos, conmemorativa del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 32.0 mm. (treinta y dos milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
Peso: 15.552 g (quince gramos quinientos cincuenta y dos miligramos).
Contenido: 1/2 (media) onza troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.117 g (ciento diecisiete miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o menos.
Canto: Estriado.
Cuños: Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos. Reverso: Al centro, ligeramente desfasada a la derecha, una reproducción en relieve del grupo escultórico de la fuente de Petróleos situada en la ciudad de México; en el campo
superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "Cincuentenario": en el campo izquierdo el número "50" y al lado derecho de este la palabra "Pesos", ambos para leerse en dirección vertical; en el campo inferior del período "1938 - 1988", abajo de éste, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelo al marco la leyenda "Expropiación Petrolera"; en el campo derecho la palabra "Ley" y abajo de ésta el número "0.999"; el marco liso.
Artículo 5o. Se autoriza la emisión de monedas de cuproníquel con valor nominal de cinco mil pesos, conmemorativa del 50 aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 33.5 mm. (treinta y tres milímetros, cinco décimos).
Composición: 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre, y 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
Peso: 17.3 g (diecisiete gramos tres décimos).
Tolerancia en la composición: 0.015 (quince milésimos) en más o menos.
Tolerancia en el peso por unidad: 0.600 g (seiscientos miligramos) en más o en menos).
Canto: Estriado.
Cuños: Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos. Reverso: Al centro, ligeramente desfasada a la derecha, una reproducción en relieve del grupo escultórico de la fuente de Petróleos situada en la ciudad de México; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "Cincuentenario": en el campo izquierdo, en conjunto, el signo de pesos "$" y a continuación el número "5000", ambos para leerse en dirección vertical; en el campo inferior el período "1938 - 1988", abajo de éste, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelo al marco la leyenda "Expropiación Petrolera"; en el campo derecho el año de acuñación; el marco liso.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ruego a ustedes CC. secretarios dar cuenta de esta iniciativa a la H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
México, Distrito Federal, 4 de noviembre de 1987.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.
Trámite: Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La misma C. Secretaria: - Iniciativa de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria.
En virtud de que este documento ha sido ya impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, se procede a darle el trámite correspondiente.
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - México, D.F.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1987.
El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Ejecutivo Federal. México D.F.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.
En uso de las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ese H. Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, cuyo objetivo fundamental es promover la inversión en
nuevas microindustrias y fortalecer las existentes, a través de disposiciones que simplifiquen su creación y operación, permitan la realización de los trámites correspondientes en las localidades donde operan e impulsen su desarrollo, mediante el otorgamiento de apoyos y facilidades fiscales, financieras, de mercado y de asistencia técnica.
Antecedente fundamental de esta iniciativa lo constituye el decreto que, en uso de las facultades que me confiere la Constitución, tuve a bien expedir el 30 de abril de 1985, aprobando, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 y del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984 - 1988, la ejecución del Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña.
La política industrial de nuestro país fomentó, de manera particular desde la década de los treintas, el desarrollo de la industria mediana y pequeña, atendiendo a su carácter eminentemente nacionalista y a su importancia en la producción de bienes básicos, la generación de empleos, el desarrollo regional y la formación de empresarios. Sin embargo, la experiencia reciente evidenció que las políticas e instrumentos que resultaban exitosos para el desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, resultaban poco efectivas y a veces inaccesibles para las empresas más pequeñas, de naturaleza fundamental familiar o unipersonal.
Por ello el decreto de 1985 se propuso reconocer y definir por primera ocasión esa realidad, con el fin de que los apoyos existentes adoptaran las modalidades apropiadas y accesibles en beneficio de las unidades industriales más pequeñas.
Las estrategias e instrumentos previstos en el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña, incluyeron preferencias expresas en materia de estímulos fiscales, financiamiento, apoyos administrativos y asistencia técnica que se han venido otorgando a lo largo de los últimos años en favor de la microindustria.
Los resultados han sido estimulantes. En el período 1985 - 1987, el conjunto de establecimientos microindustriales registrados, ha crecido a una tasa anual del 5%, superior a la de cualquier otro estrato de industria, lo que ha representado 8 mil 100 unidades industriales más y una generación de 22 mil 300 empleos. Con ello, el total de la microindustria registrada asciende a 70 mil empresas - 77% de todas la unidades fabriles del país - con una ocupación de 291 mil personas, que equivale al 11% de la mano de obra manufacturera del país, aunque su participación en el producto interno bruto sólo sea del 1.4%
No obstante los resultados positivos, la experiencia de los últimos dos años y medio muestra que las microindustrias, con todo su potencial de producción, empleo, desarrollo regional y creatividad, constituyen un sector marginado de la economía formal y proporcionalmente muy poco beneficiado por los instrumentos y apoyo que la política industrial prevé en beneficio de la pequeña y mediana industria.
De acuerdo con la información más reciente, el valor agregado de la microindustria es de 1.2 billones de pesos, siendo su peso relativo en la economía, mayor que el de la pesca o la minería.
Se distingue por desenvolverse principalmente en la industria alimentaria, textil, prendas de vestir, calzado y en talleres de servicio metal - mecánico.
Su distribución geográfica abarca todas las entidades federativas del país y la gran mayoría de sus municipios. Destaca por su número en el Distrito Federal, Jalisco, México, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz y Baja California. En localidades muy reducidas comúnmente constituye el único tipo de industria.
En general, puede tipificarse a la microindustria como empresa de tipo personal o familiar, formada a partir de ahorros patrimoniales, con sistemas administrativos y operativos rudimentarios, poco consolidada en su estructura, que utiliza fundamentalmente materias primas y componentes nacionales, requiere de modestos volúmenes de inversión y, comparativamente, mayor aplicación de mano de obra.
Los problemas que con mayor frecuencia se presentan en estas empresas son: su reducida capacidad de gestión y organización; la utilización de técnicas obsoletas; problemas para el abasto de insumos en términos competitivos; mercado inseguros; poco o nulo acceso al crédito bancario, compleja tramitación y reglamentación para su instalación, operación y acceso a incentivos.
Existe consenso en que uno de los factores que dificultan la constitución y funcionamiento de empresas es la complejidad burocrática para su registro y operación. Otro motivo, frecuentemente señalado, es que la mayor parte de las disposiciones fiscales, de seguridad social, sanitarias, de uso de suelo, etcétera, no establecen en general un claro tratamiento diferenciado, que permita a la microindustria cumplir con facilidad los trámites relativos a su funcionamiento.
Estudios realizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de la Contraloría General y de la Federación y organizaciones
académicas y empresariales, muestran que debido a que no existen facilidades para las empresas menores, toda nueva microindustria tiene que realizar, al igual que cualquier empresa grande, al menos 14 diferentes trámites ante 12 instancias para constituirse y poder iniciar operaciones. Esta secuencia, amén de onerosa, demora el promedio entre 75 y 390 días; tienen que requisitarse en el proceso 14 formatos con 378 preguntas, cerca del 40% de las cuales repiten constantemente.
Para mayor complejidad, los trámites en ocasiones se encuentran encadenados en tal forma, que no resulta posible iniciar la gestión de los trámites de una siguiente fase, sin haber cubierto los de la precedente. A lo anterior habría que agregar el costo mismo de los trámites para la constitución e inicio de operaciones. Se estima que éstos tienen un costo de cuando menos $300 mil pesos, considerando un millón en capital social. En ocasiones, sin embargo, los costos de tramitación llegan a exceder al capital a invertir.
Adicionalmente, si se trata de industrias reglamentadas (tortillerías, panaderías, molinos de nixtamal, tostadores de café, etcétera) la empresa tiene que enfrentarse a otra serie de trámites cuya resolución suele ser más compleja y dilatada que la de las convencionales.
La microindustria no sólo desconoce frecuentemente la necesidad y la forma de cubrir todos estos trámites, tampoco tiene la capacidad para contratar gestores, de modo que el titular regularmente tiene que acudir a todas las instancias necesarias.
Otro aspecto que es necesario destacar es que, invariablemente, la microindustria experimenta complicaciones mayores cuando pretende instalarse en el interior del país, en especial si se trata de lugares alejados de las grandes urbes. Buena parte de los trámites necesariamente se realizan en el Distrito Federal, por lo que su desahogo, en apariencia gratuito, en realidad origina alto costo por traslados y dificultades de comunicación entre el gestor y la autoridad.
Se ha avanzado mucho a lo largo de este sexenio en la simplificación y desconcentración de facultades por parte de las secretarías de Estado. No obstante, es mucho todavía el camino por recorrer. En el caso de algunas dependencias sólo se ha desconcentrado el servicio de recepción de documentos En otros casos es posible realizar las gestiones únicamente en una cuantas ciudades mayores. Todo ello dificulta la constitución y operación de las microindustrias que se encuentran localizadas a cientos y a veces a miles de kilómetros de la autoridad correspondiente.
Es indispensable atender esta situación, que se ha convertido en un reclamo reiterado, si es que se desea fortalecer la valiosa contribución de la microindustria al desarrollo regional, particularmente en zonas atrasadas del país.
Si bien para su fomento, la microindustria goza de incentivos en materia fiscal y de financiamiento y el régimen de causantes menores abarca una buena cantidad de microindustrias, debe reconocerse que los estímulos no han sido capaces de permear hace el grueso de las microindustrias, como demuestra casi nulo aprovechamiento y los bajos niveles de demanda de crédito preferencial.
Propiciar el desarrollo de la microindustria constituye un imperativo económico y social, particularmente en momentos en que se hace indispensable impulsar la ocupación y el autoempleo. Significa reconocer la importancia de los esfuerzos que realizan miles de empresarios mexicanos de las más pequeñas unidades productivas y aprovechar cabalmente sus ventajas y su potencial.
La microindustria puede convertirse, con sólo eliminarle trabas y proporcionarle modestos apoyos, en un factor importante de desarrollo económico y de mayor equidad social a nivel nacional y regional. En muy corto plazo puede coadyuvar en los esfuerzos que realiza esta administración para reactivar el crecimiento, la producción, el empleo y el desarrollo regional, sin grandes requerimientos infraestructura, capital y divisas, que siguen siendo recursos escasos.
En años recientes, diversos países de muy diverso tamaño, nivel de desarrollo y sistema político y económico, han probado las bondades de programas específicos para el fomento de la microindustria. A raíz de similares preocupaciones han simplificado y desconcentrado los trámites para la creación y operación de las pequeñas empresas y han establecido regímenes fiscales, incentivos y otros apoyos para fomentar y facilitar su constitución y desarrollo.
Dichas políticas, que han resultado exitosas, han derivado generalmente en leyes específicas sobre la materia, ya que al igual que en el caso de México, otros países han tenido que reconocer que para fomentar efectivamente la microindustria, se hace necesario establecer un marco jurídico congruente y eliminar o modificar requisitos establecidos en leyes generales para las empresas industriales de todos tamaños.
En México ha sido nuestro propósito y tarea permanente desde diciembre de 1982, propiciar
la simplificación, modernización y desconcentración administrativa. Es nuestra intención, ahora, dejar asentadas las bases de un proceso específico con propósito de fomento a la mínima industria manufacturera. Sabemos que ello requiere de audacia para instrumentar acciones que permitan romper prácticas obsoletas, pero sabemos también que erradicar vicios añejos y consolidar sistemas modernos exige tiempo y perseverancia. Esta iniciativa de ley recoge con pragmatismo esa voluntad y ese convencimiento en beneficio de la microindustria.
El nuevo régimen de fomento tiene dos propósitos fundamentales: favorecer el surgimiento de nuevas microindustrias por medio de la eliminación, simplificación y desconcentración de los trámites para su constitución y operación, así como establecer un esquema de apoyos e incentivos, lo suficientemente atractivo, como para inducir nuevas inversiones en este campo.
La iniciativa de ley precisa claramente en su artículo 3o. que deberá entenderse por microindustria, señalando que lo será aquella unidad económica transformadora de bienes, que ocupe hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales no excedan de los montos que determine periódicamente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Cuando se trate de empresas de nueva creación se hará una estimación de las ventas y de otros indicadores económicos básicos.
Se propone que los empresarios microindustriales puedan ser personas físicas o morales para gozar de los beneficios previstos en este ordenamiento. En el caso de las personas físicas, éstas deberán ser de nacionalidad mexicana o inmigrados. Respecto de las personas morales, sólo los individuos de nacionalidad mexicana podrán asociarse para constituirlas, adoptando la forma específica que se crea de sociedad de responsabilidad limitada microindustrial, cuya constitución se simplifica al máximo, agregando a su denominación o razón social el término "microindustrial" o su abreviatura (MI).
El Ejecutivo desea destacar que esta figura asociativa simplificada podrá constituirse legalmente con sólo llenar un formato de contrato social, gestionar su inscripción en el Registro Público de Comercio y acudir a presentarlo ante el Padrón de la Microindustria. Ello significa que no tendrán que cubrirse otros trámites previos que establece actualmente la Ley General de Sociedades Mercantiles y que para la microindustria resultan complejos, tardados y costosos.
Dicho padrón, que llevará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, expedirá una cédula con la cual la microindustria acreditará su calidad de tal y el cumplimiento de ciertos requisitos para iniciar operaciones. Los trámites federales subsecuentes, tales como registro de contribuyentes, licencia sanitaria y de establecimiento, están siendo objeto de revisión actualmente para que las mayores simplificaciones y desconcentraciones posibles puedan hacerse efectivas, simultáneamente as la entrada en vigor de este ordenamiento. En lo futuro, seguirán siendo objeto de revisión por parte de un cuerpo colegiado, del que emanarán recomendaciones para la simplificación, desconcentración o incluso, eliminación de trámites.
Este órgano, denominado Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará con representantes de las dependencias y entidades con ingerencia directa en la instalación y la vida de las microindustrias.
La iniciativa también prevé el otorgamiento de incentivos fiscales y financieros y el suministro de asistencia técnica y administrativa que permita fomentar el desarrollo de la microindustria, particularmente en sus primeros años de vida.
Los acuerdos y recomendaciones de la Comisión Intersecretarial deberán ser instrumentados por la dependencia o entidad competente y su cumplimiento será supervisado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, garantizándose así la eficacia de las conclusiones de la comisión.
Como medidas que contribuirán al desarrollo de las microindustrias se diseñarán mecanismos que propicien su vinculación con el sector educativo y de investigación tecnológica. En particular se procurará que se reconocido en las microindustrias la prestación del servicio social obligatorio de las profesiones que se determinen y se promoverá, en el marco del sistema nacional de planeación, la adopción de mecanismos análogos en las entidades federativas.
También se alentará y facilitará el uso de instalaciones públicas especializadas en metrología y normalización, a fin de mejorar el control de calidad sobre los productos y, en general, se apoyarán los proyectos de reconversión, adecuación y desarrollo tecnológicos.
Por último, la iniciativa sienta las bases necesarias para facultar al Ejecutivo a celebrar convenios con los gobiernos de los estados y, en su caso, con los municipios, que permitan cristalizar los principios de descentralización de facultades y, con ello, el fortalecimiento del pacto federal, en torno al cumplimiento de los propósitos de este proyecto.
En este sentido, se prevé la participación comprometida de las entidades federativas que, en uso de su soberanía, decidan concurrir en la operación del esquema de fomento a la microindustria. Esta situación permitirá simplificar, en favor de la microindustria, la gestión, ahora dispersa, de trámites federales, estatales y locales.
El proyecto, en suma, ha sido concebido como elemento activo del proceso de modernización administrativa, indispensable para el desarrollo de la sociedad mexicana. Constituye asimismo el reconocimiento de una realidad que debe atenderse y la respuesta cabal a los reiterados planteamientos que grupos de ciudadanos y empresarios han formulado de manera creciente, además de la activación de la economía mediante el fomento de la microindustria cuyo papel en el desarrollo del país ya ha sido comentado.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 25 y 26 del mismo ordenamiento, ruégoles, CC. secretarios, dar cuenta al H. Congreso de la Unión de la siguiente.
INICIATIVA DE LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social; sus disposiciones de aplican en toda la República y tiene por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.
Artículo 2o. La aplicación de esta ley en la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, en cuanto no se prevean en forma expresa en esta propia ley.
Cuando en el presente ordenamiento se mencione a " la Secretaría", se entenderá que se trata de la citada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se consideran empresas microindustriales las unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine la Secretaría, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando se trate de empresas de nueva creación, su clasificación como microindustrias se determinará en función del empleo de personal previsto, la estimación de ventas y capacidad de producción, el monto de inversión y otros indicadores necesarios para tal fin.
Artículo 4o. Los empresarios de las microindustrias pueden ser personas físicas o personas morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables sin contravenir a la primera.
Artículo 5o. El domicilio de las empresas microindustriales será el local donde se ubique el establecimiento en que realicen sus actividades industriales, si se trata de empresarios personas físicas; tratándose de empresarios personas morales será el local donde se encuentre ubicada su administración o, en su defecto, el del establecimiento en que lleven a cabo sus actividades industriales.
Artículo 6o. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones fiscales, los empresarios de las microindustrias sólo están obligados a llevar su contabilidad en un libro diario de ingresos y egresos, tratándose se personas físicas; y en libros diarios, mayor y de inventarios y balances, cuando se trate de personas morales.
Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de los estados y municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta ley y, en particular, realizará lo siguiente:
I. Determinar las actividades que sea más conveniente desarrollen las microindustrias y señalar las zonas prioritarias para su instalación, a fin de otorgar mayores estímulos;
II. Fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener financiamientos, establecer sistemas de ventas y compras en común de materia primas y productos y, en su caso, prestación
de servicios de subcontratación y maquila; y
III. Elaborar programas de difusión, gestión, formación y capacitación empresarial, así como de servicios de extensionismo, para identificar y resolver problemas relacionados con la organización, producción y mercado de las microindustrias.
CAPÍTULO II
De los empresarios personas físicas
Artículo 8o. Sólo las personas físicas de nacionalidad mexicana y las extranjeras que radiquen en el país como inmigrados, si satisfacen los requisitos que se establecen en esta ley, pueden obtener la cédula de microindustria que les permita tener reconocido para sus unidades económicas de producción el carácter de empresas de microindustria y gozar de los beneficios que éste u otros ordenamientos les otorguen.
Artículo 9o. A las personas que soliciten la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, se les otorgará, una vez satisfechos los requisitos, la cédula correspondiente.
Artículo 10. Los empresarios deberán indicar su nombre o, en su caso, la denominación comercial de la empresa, seguidos de las palabras "empresa microindustrial" o las siglas "MI" cuando soliciten los beneficios a que se refiere esta ley.
Artículo 11. Cuando un empresario desee transmitir la empresa a otra persona, deberá solicitar previamente de la Secretaría la inscripción del nuevo empresario en el padrón y el consecuente otorgamiento de la nueva cédula, para que el adquirente pueda disfrutar de los beneficios establecidos para las microindustrias.
Artículo 12. En los casos de empresarios personas físicas, procede cancelar la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria y, consecuentemente de la cédula:
I. Cuando el empresario transmita la empresa sin la aprobación de la Secretaría;
II. Cuando el empresario sea propietario de dos o más empresas microindustriales dedicadas a la misma actividad, salvo que se ubiquen en poblaciones distintas;
III. Cuando, por cualquier causa legal, no pueda el empresario seguir ejerciendo el comercio; y
IV. Cuando se viole la presente ley o las disposiciones que de ella emanen.
Artículo 13. Al cancelarse la inscripción y la cédula, el empresario no podrá seguir utilizando el término "empresa microindustria." o su sigla "MI", ni solicitar y obtener los beneficios que se conceden a las empresas microindustriales, quedando obligado a devolver la cédula a la Secretaría dentro de un plazo de 15 días hábiles.
La propia Secretaría comunicará a las autoridades correspondientes la cancelación de la inscripción y la cédula, a fin de que se dejen sin efecto, a partir de la cancelación, los beneficios que se hayan otorgado.
CAPÍTULO III
De las empresas microindustriales personas morales
Artículo 14. Los individuos de nacionalidad mexicana que deseen asociarse para constituir una persona moral que, como se prevé en el artículo 40, pueda ser considerada como empresa microindustrial, podrán hacerlo adoptando la forma de sociedad de responsabilidad limitada que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las modalidades que prevé el presente capítulo, sin perjuicio de que puedan adoptar otra forma legal.
Artículo 15. Las sociedades de que trata el artículo anterior existirán bajo una denominación o una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irán inmediatamente seguidas de las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial" o de su abreviatura "S. de R. L. MI". La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedad Mercantiles.
Artículo 16. Las sociedades de responsabilidad limitada microindustriales sólo podrán tener como socios a personas físicas de nacionalidad mexicana y no podrán admitir al constituirse o con posterioridad, socios extranjeros, directa o indirectamente, lo cual deberá hacerse constar expresamente en el contrato social y en el Registro de Comercio. Cualquier acto que viole esta disposición será nulo y el extranjero que hubiere participado en él sólo podrá reclamar los daños y perjuicios que los socios le hubieran causado.
Artículo 17. El contrato por el que se constituya una sociedad de responsabilidad limitada microindustrial y sus modificaciones deberán constar por escrito.
La Secretaría podrá proporcionar a quienes lo soliciten, modelos de contrato social o formularios en que los interesados sólo aporten los datos particulares de quienes deseen asociarse y de la persona moral que se pretenda constituir.
Una vez formulado y firmado por los socios el contrato social, la Secretaría o las autoridades en quienes delegue esa función, lo examinarán y lo harán constar su visto bueno sobre su forma y contenido, u orientarán, en su caso, a los interesados sobre los elementos que se hayan omitido o deban subsanarse.
Artículo 18. Una vez obtenido el visto bueno a que se refiere el artículo anterior, los socios acreditarán su identidad y ratificarán su voluntad de constituir la sociedad y ser suyas las firmas que obren en el contrato social, ante el personal autorizado del Registro Público de Comercio del lugar que corresponda al domicilio social, el que procederá a inscribir sin más trámite a la sociedad a al brevedad posible.
No se requerirá para su constitución y registro de la autorización previa de otras autoridades judiciales o administrativas. Las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría General de la Federación vigilarán se cumpla lo dispuesto en este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes.
Artículo 19. Las sociedades constituidas e inscritas en el Registro Público de Comercio, podrán obtener de la Secretaría o de las autoridades en quienes hubiere delegado esa función, la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, así como la cédula que las acredite como empresas microindustriales y, consecuentemente, alcanzar los beneficios cuyo otorgamiento proceda conforme a esta ley u otras disposiciones.
Artículo 20. Las sociedades a que se refiere este capítulo, ni sus socios, podrán participar en otras sociedades microindustriales, sin perjuicio del agrupamiento de éstas para los fines que se prevén en el artículo 7o. fracción II.
Artículo 21. Las modificaciones acordadas por los socios al contrato social, deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento de la Secretaría o de las autoridades en quienes delegue esa función, con el fin de que se examine si no implican alteraciones a las condiciones para que la sociedad siga siendo considerada empresa microindustrial. La Secretaría emitirá su visto bueno a las modificaciones o, en su caso, dará a los interesados las orientaciones que corresponden.
Una vez obtenido el visto bueno, las modificaciones deberán ser inscritas en el Registro Público de Comercio en que obre la inscripción de la sociedad, previa su ratificación ante el encargado de dicho registro.
Artículo 22. Procederá la cancelación de la inscripción de las sociedades microindustriales en el Padrón Nacional de la Microindustria y, consecuentemente, de la cédula que se les haya expedido:
I. Cuando la sociedad enajene la unidad económica de producción o cambie el giro de sus actividades en tal medida que no continúe reuniendo las características señaladas en el artículo 3o. de la presente ley;
II. En los casos en que se introduzcan modificaciones al objeto social, al capital de la sociedad o a otros elementos del contrato social, que produzcan los efectos a que se refiere la fracción anterior, a juicio de la Secretaría;
III. En los casos de quiebra de la sociedad y en los que quede inhabilitada para ejercer el comercio;
IV. Cuando se admitan como socios a extranjeros;
V. En general, cuando se incurra en violaciones a la presente ley o a las disposiciones que de ella emanen.
Artículo 23. Además de las señaladas en esta ley, será causa de cancelación de la cédula de microindustria y de su registro, proporcionar información falsa para obtener la cédula, su modificación o refrendo, los permisos, registros, licencias y autorizaciones.
Artículo 24. En los casos en que proceda la cancelación de la cédula se notificará el motivo y fundamento correspondientes por oficio, en correo certificado con acuse de recibo o personalmente, al empresario, persona física o moral, de la microindustria, dándole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación, a fin de que exponga las razones y ofrezca las pruebas que a sus intereses convengan.
La autoridad competente dictará, dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo o de su ampliación para el desahogo de pruebas, la resolución que proceda, con base en las manifestaciones y elementos de convicción correspondientes, y la notificará por escrito al interesado en la forma dispuesta en el párrafo anterior.
Artículo 25. Cuando se cancele la inscripción de la sociedad microindustrial en el padrón y de la
cédula que le hubiere sido expedida, deberá devolverse ésta, dentro del término de 15 días siguientes a la notificación de la cancelación, a la Secretaría o a la autoridad en quien dicha Secretaría hubiere delegado la función correspondiente en la circunscripción del domicilio social.
Si la cancelación no implicare al mismo tiempo impedimento para que la sociedad subsista y continúe operando, deberá ésta, dentro del término de 60 días, proceder a modificar su contrato social, a fin de eliminar en él toda referencia a su condición de microindustria, salvo el caso de que optare por su disolución y liquidación. Asimismo suprimirá de su anuncio y publicidad la referencia a microindustria.
CAPÍTULO IV
Del Padrón Nacional de la Microindustria
Artículo 26. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas, a las que haya extendido cédula conforme a las disposiciones de esta ley. En la elaboración y manejo del padrón podrán participar las autoridades estatales y municipales en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al capítulo VII de la presente ley.
Artículo 27. Las empresas microindustriales que figuren en el padrón, recibirán los apoyos y estímulos que corresponda otorgárselas conforme a esta ley, a la Ley de Ingresos de la Federación y a las demás disposiciones legales y administrativas que los establezcan.
Artículo 28. La cédula de microindustrias que expida la Secretaría o las autoridades en las que tal atribución se delegue, acreditará que la empresa persona física o moral microindustrial figura en el padrón, y que se encuentran satisfechos los requisitos relativos a registros, licencias o autorizaciones, que en la propia cédula o en sus anexos se indiquen.
Artículo 29. La expedición de la cédula de microindustria será completamente gratuita.
Artículo 30. El padrón consignará la información actualizada de las empresas microindustriales, las actividades que desarrollan, el número de trabajadores, las inversiones realizadas y demás datos necesarios para su fomento.
En el Padrón Nacional de la Microindustria se tomará nota de la terminación, disolución y liquidación de las sociedades de microindustria y se realizarán los demás actos que determine esta ley y demás disposiciones derivadas de ella
Artículo 31. La Secretaría procederá a concentrar y sistematizar los logros obtenidos sobre simplificación, a través de los mecanismos de coordinación con las entidades federativas, particularmente sobre los datos relativos o registros, licencias, permisos y autorizaciones. Respecto de los trámites pendientes de cumplirse para la instalación o funcionamiento de la microindustria, se dará la orientación correspondiente. Bastará la presentación de la cédula para que al trámite respectivo se le de la máxima celeridad conforme a esta ley.
Artículo 32. De conformidad con los datos del padrón, la Secretaría procederá a refrendar, modificar y, en su caso, cancelar la cédula de microindustria, dando los avisos correspondientes a las dependencias competentes.
Artículo 33. La Secretaría o las autoridades competentes en el manejo del padrón, proporcionarán información a las microindustrias que lo soliciten con relación al cumplimiento de trámites y obligaciones, así como sobre los apoyos e incentivos que puedan obtener.
Artículo 34. La Secretaría emitirá y distribuirá gratuitamente a los interesados, las formas oficiales sobre la realización de trámites y otorgamiento de apoyos a las empresas que figuren en el padrón.
Artículo 35. La cédula de microindustria deberá contener por lo menos los siguientes datos: nombre, denominación o razón social de la empresa; domicilio; actividad; monto de la inversión o del capital social; número de registro y fecha de expedición de la cédula.
La cédula de microindustria tendrá una vigencia de tres años, y consignará los refrendos de que sea objeto. Antes del vencimiento de cada lapso de vigencia, deberá solicitarse el refrendo correspondiente.
Cuando las personas físicas o las sociedades de responsabilidad limitada microindustriales, dejen de reunir los requisitos que establece esta ley para ser consideradas microindustrias, darán el aviso correspondiente y remitirán la cédula, para su cancelación, a la Secretaría o a la autoridad en la que delegue esa función, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que esto ocurra.
Artículo 36. En los casos en que la empresa microindustrial deba, por la naturaleza de su objeto, acreditar que reúne las condiciones sanitarias, de seguridad u otras que se requieran verificaciones especiales, la Secretaría orientará a los
interesados sobre la forma de obtener las autorizaciones respectivas.
La Secretaría también orientará al interesado sobre la forma de satisfacer los requisitos pendientes de cumplirse para la operación de la empresa.
CAPÍTULO V
De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria
Artículo 37. Se crea la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, que tendrá por objeto impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales a través de las acciones previstas en la presente ley, especialmente las que consistan en la simplificación de trámites administrativos para obtener registros y autorizaciones y para cumplir obligaciones. La comisión se encargará de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta la planta microindustrial del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos.
La comisión será el conducto a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal coordinen su actuación para el otorgamiento de los beneficios y facilidades que se determinen conforme a esta ley. El Ejecutivo Federal proveerá lo conducente para que las secretarías de Estado y departamentos administrativos, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen los actos y adopten las medidas que permitan alcanzar los fines y objetivos mencionados.
Artículo 38. La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Desarrollo Urbano y Ecología, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social y del Departamento del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
La presidencia de la comisión corresponderá a la secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Por cada representante propietario deberá nombrarse además un suplente, que participará en las sesiones en ausencia de aquél.
A propuesta de cualquiera de los integrantes de la comisión podrá invitarse a participar en sus sesiones a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de gobiernos de los estados y de los municipios, así como de los sectores social y privado.
Artículo 39. Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la comisión realizará las siguientes funciones:
I. Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo de las diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Departamento del Distrito Federal, con el fin de simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como, en general, para conceder facilidades para la operación de estas microindustrias;
II. Realizar estudios sobre la regulación jurídica relativa a la constitución, instalación y funcionamiento de las microindustrias, así como proponer las medidas administrativas o modificaciones a disposiciones legales tendientes a alcanzar los fines a que se refiere esta ley;
III. Proponer la forma y términos para el otorgamiento y aplicación de los apoyos y estímulos a que se refiere esta ley;
IV. Opinar y, en su caso, recomendar lo que considere conveniente, sobre las consultas que le formulen las diversas dependencias de la Administración Pública Federal;
V. Ser el conducto por medio del cual se definan por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las materias cuya coordinación debe promoverse ante las entidades federativas y sus municipios, para la obtención de los apoyos a que se refiere esta ley, especialmente para alcanzar los fines señalados en la fracción I;
VI. Evaluar la política de apoyos a que se refiere esta ley;
VII. Formular las recomendaciones pertinentes a las dependencias involucradas, para consolidar y ampliar los niveles de adquisiciones del sector microindustrial, así como para facilitarles el abastecimiento de insumos para su actividad; y
VIII. En general, proponer las medidas que se estimen apropiadas para el fomento y desarrollo de las microindustrias y sobre los conductos legales que procedan para la atención de consultas, quejas y reclamaciones que se presenten.
La comisión podrá crear grupos de trabajo a nivel nacional o regional, para el estudio y análisis de temas relacionados con el fomento de la microindustria.
Artículo 40. La comisión se reunirá mediante convocatoria de su presidente y sesionará válidamente cuando concurra la mayoría de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.
La comisión contará con un secretario técnico, cuyas atribuciones son las siguientes:
I. Formular los proyectos de convocatoria y orden del día que le encomiende el presidente de la comisión y ejecutar las resoluciones de la comisión cuyo cumplimiento se le asigne;
II. Formular el proyecto de reglamento interno de la comisión y someterlo a la aprobación de ésta;
III. Realizar los estudios que le encomiende la comisión;
IV. Efectuar el seguimiento de la instrumentación y ejecución de los acuerdos que adopte la comisión y rendir a ésta un informe de las actividades realizadas; y
V. Las demás que le correspondan conforme a esta ley y al reglamento interno de la comisión.
CAPÍTULO VI
De la simplificación administrativa, estímulos y asistencia a la microindustria
Artículo 41. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán:
I. Otorgar a las microindustrial las facilidades necesarias, a fin de agilizar los trámites y procedimientos para el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la obtención de los apoyos a que se refiere esta ley;
II. Revisar, simplificar y, en su caso, adecuar los trámites y procedimientos que incidan en la instalación, funcionamiento y fomento de las microindustrias, en tanto basten para ello disposiciones administrativas o resoluciones de los titulares respectivos; y
III. Cuando dichos trámites deban cumplirse en varias unidades administrativas de una misma dependencia, está adoptará las medidas para establecer un solo canal para su atención y despacho.
Artículo 42. Las dependencias del Ejecutivo Federal deberán instrumentar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones que hayan sido acordadas por la comisión, así como revisar las disposiciones legales que apliquen y los procedimientos para ello, con el fin de simplificar trámites o eliminar los innecesarios, que se refieran al recibo de solicitudes para obtener permisos, licencias o autorizaciones.
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación vigilará el cumplimiento de lo previsto en este artículo y, en su caso, propondrá la simplificación correspondiente.
Artículo 43. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y según se prevea en la Ley de Ingresos de la Federación, concederá a los empresarios de microindustrias los estímulos fiscales correspondientes. Al efecto se integrará un paquete especializado, adecuado a sus necesidades y características particulares.
Artículo 44. De acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, el sistema financiero, a través de mecanismos crediticios, fomentará el desarrollo microindustrial a nivel nacional, para que las microindustrias cuenten con liquidez suficiente y puedan realizar las inversiones necesarias.
Artículo 45. Con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerán las acciones programáticas para apoyar el desarrollo de las microindustrias, acorde con sus características y posibilidades. Asimismo, se diseñarán mecanismos que propicien una eficiente vinculación entre la microindustria y el sector educativo y de investigación tecnológica.
Entre otras acciones, se impulsarán las siguientes:
I. En el Distrito Federal tendrá validez, para los efectos procedentes, la prestación en la microindustria del servicio social obligatorio de las profesiones que se determinen, de conformidad con las disposiciones aplicables. El Ejecutivo Federal promoverá, en el marco del Sistema Nacional de Planeación, la adopción de mecanismos análogos en las entidades federativas;
II. Se alentará y facilitará el uso de instalaciones públicas especializadas en normalización y metrología, a fin de ejercer el control de calidad sobre los productos;
III. Se apoyarán los proyectos de reconversión, adecuación, asimilación y desarrollo tecnológicos y se impartirán cursos de gestión para los empresarios;
IV. Se promoverá la formación de agrupaciones de empresarios de microindustrias para facilitar la
solución de sus problemas comunes y mejorar su capacidad de negociación en los mercados financieros, de insumos y para la venta de sus productos en el país o en el extranjero; y
V. Se fortalecerá la labor de promoción y extensionismo en los ámbitos financiero, administrativo y técnico industrial.
CAPÍTULO VII
De la Coordinación con las Entidades Federativas
Artículo 46. Dentro del marco del sistema nacional de planeación y de conformidad con los acuerdos que se celebren se establecerán las bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios, a fin de impulsar el establecimiento y apoyar el fortalecimiento de empresas microindustriales, orientando hacia una eficiente descentralización de la planta productiva y un desarrollo más equilibrado.
Cuando para impulsar y apoyar a las empresas microindustriales se requieran adecuaciones a las disposiciones legales o administrativas locales, se recomendarán las modificaciones por los conductos correspondientes.
Artículo 47. La Secretaría podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades federativas, para promover la descentralización de actividades y funciones que corresponden al Padrón Nacional de la Microindustria.
En dichos acuerdos se establecerán las acciones, mecanismos y procedimientos que podrán llevar a cabo las entidades federativas para el logro de lo señalado en el párrafo anterior de manera que las empresas microindustriales puedan realizar sus trámites con mayor agilidad.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las microindustrias en operación podrán inscribirse en el Padrón Nacional de la Microindustria y obtener la cédula que acredite tal inscripción, para obtener los beneficios a que se refiere esta ley. Las dependencias y entidades paraestatales, en su respectiva esfera de competencia, darán las facilidades necesarias a las microindustrias que las requieran para su regularización.
Tercero. El Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para que se proceda a convocar a la primera sesión de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Industria, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entre en vigor esta ley. La propia comisión, dentro de un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de su primera sesión, formulará su reglamento interior.
Reitero a ustedes, CC. secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 13 de noviembre de 1987.
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado."
Trámite: Recibido y túrnese a la Comisión de Comercio.
EFEMÉRIDES
FELIPE CARRILLO PUERTO
El C. Presidente: - Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Renán Solís Avilés, para referirse al natalicio del ilustre mexicano Felipe Carrillo Puerto.
El C. Renán Solís Avilés: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: conmemorar el nacimiento de Felipe Carrillo Puerto, es traer su recuerdo, pero recordarlo nunca es somero ejercicio de nostalgia, por el contrario, recordar a Carrillo Puerto, constituye un compromiso revolucionario y una nueva oportunidad de reflexionar sobre la vigencia de su lucha política.
Del 8 de noviembre de 1874 al 3 de enero de 1924, transcurrieron los 49 años de la vida de Felipe Carrillo Puerto, años de una existencia vigorosa, al servicio de las reivindicaciones populares y que sólo tiene sentido evocar a través de sus acciones más significativas.
Un apretado resumen nos recuerda sus tareas en el frente zapatista como coronel de caballería y como representante agrario. Su incursión en el periodismo político desde Motul, su ciudad natal, la colaboración con el general Salvador Alvarado en los primeros repartos de tierras en Yucatán, las presiones y persecuciones sufridas a instancias de hacendados oligarcas, su relación temprana, constante
y profunda de acuerdo al trabajador y sojuzgado.
La consolidación y proyección del Partido Socialista del Sureste, su diputación federal, las leyes vanguardistas impulsadas por él, su vinculación con los movimientos populares, internacionales de la época y finalmente la intensa labor desplegada como gobernador constitucional del estado de Yucatán.
Es interesante observar, que cada una de las actividades desarrolladas por Felipe Carrillo Puerto, fue en esencia producto del permanente crecimiento de sus convicciones, de su militancia política y, primordialmente, de su amor por el pueblo, hablo de libertad y de justicia, que ha hecho posible esta Nación.
Carrillo Puerto, incorporó el pensamiento, las demandas y los anhelos de los sectores brutalmente marginados de su tiempo, indígenas, campesinos, obreros e incluso mujeres, a su propio pensamiento, a su íntima emoción, los convirtió en ella y a su lucha histórica y los tradujo en una singular estrategia organizativa, las ligas de resistencia del Partido Socialista del Sureste.
El legado, quizá el de mayor trascendencia popular, Partido Socialista del Sureste hoy quiero recordar en esta honorable Asamblea.
El periodista Hernes Loerin describió a la liga de resistencia como organizaciones populares que era una combinación de sindicato, club político, centro educacional y cooperativa, o sea, las actividades de la liga rebasaron las cuestiones tradicionales y limitadamente partidistas para impulsar acciones solidarias entre los trabajadores, actos cívicos, eventos artísticos, deportes y todas aquellas actividades que fomentaran la superación entre los miembros de una colectividad.
Escuchemos, del mismo Carrillo Puerto, una definición del alcance y del contenido político de las ligas de la resistencia: "La liga es más que un partido político, es más que una institución educativa, es más que un instrumento para gobernar. Es todo eso combinado. El poder que ha hecho posible la repartición de tierras en Yucatán, es la liga resistencia, una organización que alcanza hasta la última aldea que está en todas las ciudades, rancherías y haciendas. Actualmente, tiene alrededor de ochenta mil miembros".
En cuanto a su funcionamiento, hace la siguiente descripción: "Cada liga verifica una vez por semana su asamblea. La asamblea de la liga central, se desarrollo los lunes por la noche. Esas asambleas son conocidas con el nombre de lunes rojos.
En las ligas más pequeñas, las asambleas tienen usualmente lugar los sábados o domingos. Todas esas asambleas, se desarrollan con un programa bien organizado y supervisado por la liga central, a través de directorio educativo. Y usualmente, incluyen una o dos conferencias sobre temas educativos, recitales de poesías, selecciones musicales, canciones y no raramente, danza y teatro. Los programas cambian cada semana, tocando temas serios y problemas actuales; otras veces, se desarrollan sólo por diversión.
En estas asambleas se discuten asuntos locales y se obtienen soluciones; esto incluye todas las actividades significativas en la vida de los miembros de la liga.
La liga trabaja para satisfacer muchas necesidades de sus miembros; busca y proporciona educación, tiene escuelas nocturnas para adultos y vigila todo el sistema educativo local. En ella discuten sus problemas económicos los indios; ahí se discuten asuntos relacionados con la distribución de la tierra; en ella se organizan equipos de base ball y competencias atléticas. Es el medio donde se desarrolla la vida social, política y económica de las pequeñas comunidades. Y también, en tiempo de elecciones, las ligas con la participación de las organizaciones femeninas determinan tanto la nominación como la elección popular". Hasta aquí las palabras de Carrillo Puerto.
Ciertamente como las interpreta el investigador Paoli, las ligas y organizaciones fueron promotoras de conciencia y de clase, de conciencia política en el más adecuado de los sentidos. Su éxito, en parte, se debe a que partieron del ideal de conciencia posible, que era por cierto bajo, porque la misma formación de las clases era débil e incipiente, y fueron incrementando ese nivel hasta alcanzar manifestaciones muy considerables de lucha de clases en los campos y las ciudades yucatecas.
La organización de la liga de resistencia revela el intenso trabajo de un partido de masas que difícilmente encuentra paralelo en su tiempo en el panorama latinoamericano. Y asimismo, explican el mecanismo detallado del crecimiento del Partido Socialista, su independencia progresiva del estado populista y su conversión en partido popular.
Testigo de la eficaz articulación de esta estructura, fue el ideólogo carrancista, Luis Cabrera. Vale la pena repetir justamente en este recinto lo dicho por él en la Cámara de Diputados, en julio de
1919, haciendo referencia al partido: "Está muy bien organizado, demasiado bien organizado, perfectamente bien organizado".
Como se sabe, la respuesta represiva de los grupos oligárquicos no demoró mucho tiempo y generó acciones antipopulares tanto en lo legislativo como en lo militar, siendo la más feroz de ellas el asesinato de Carrillo Puerto y de un grupo de compañeros dirigentes.
Figura fundamental en la construcción de los movimientos populares mexicanos, su obra medular, el legado del que hemos hecho referencia, es decir, la liga de resistencia, hicieron posible que el pueblo pudiera conocer ampliamente y ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones, y que el pueblo pudiera conocer y aprender a resolver los problemas de sus comunidades, así como también los del estado.
Prácticas que dieron lugar al magnífico hecho de que las leyes surgieran genuinamente del pueblo, de los ciudadanos y recibieran todo su respaldo durante la gestión carrillista.
Su indoblegable fe en el pueblo trabajador, sus propuestas políticas y su incesante lucha por la transformación social, constituyen el testamento presente, vivo y desafiante de un hombre nuestro, se ha escrito una lección histórica inacabada, Felipe Carrillo Puerto. Gracias. (Aplausos.)
JESÚS GARCÍA CORONA
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arturo Ruiz Morales, para referirse al aniversario de los Ferrocarriles Nacionales.
El C. Arturo Ruiz Morales: - Señor presidente, con su venia; señores diputados: he solicitado venir a esta tribuna nacional y tener el privilegio de unir mi voz al homenaje al héroe civil compañero ferrocarrilero, Jesús García Corona, no porque crea que mis palabras puedan hacer justicia, por este privilegio de encontrarme ahora y aquí, sino que, por mi vinculación de toda una vida, con el gremio ferrocarrilero; siento la convicción más íntima que este héroe sencillo en su grandeza y único en su categoría, no ha recibido el reconocimiento a la trascendencia de su gesta.
Considero injusto que jornada tan memorable, sea tan poco conocida, es posible que se deba al momento histórico en que aconteció este acto heroico y se le colocó en un plano secundario.
Después de consolidar las conquistas sociales de la Revolución, renace en nuestra Patria la paz, y alcanza nuevas metas en un ambiente de progreso y bienestar; presenciamos un extraordinario resurgimiento de civismo y de cultura, en todos los órdenes, se ha creado un clima propicio para recordar y venerar a los hombres que, como Jesús García Corona, son auténticos prestigios nacionales.
Las gestas heroicas que registra la historia de la humanidad, han tenido siempre origen en un sentimiento del alma, bueno o malo, frívolo o ambicioso, pero al fin y al cabo un sentimiento íntimo que, como poderoso generador, ha impulsado a los hombres a lanzarse a la conquista de la victoria.
Napoleón fue a recoger laureles de triunfo en los campos sangrientos de Austerlitz y de Marengo; el impetuoso Cortés sometió al orgulloso imperio mexicano; Cervantes y Shakespeare, vaciaron su ingenio en obras inmortales; los sabios Lister, Newton, Kepler y Fleming dieron nuevos rumbos y acertadas soluciones a problemas misteriosos que revolucionaron la ciencia. Pero todo ellos llevaban en mente el fulgor de la esperanza, el incentivo de la fama, la convicción de que su genio u osadía merecerían el reconocimiento universal.
El acto heroico del ferrocarrilero Jesús García Corona, titán sonorense, es bien distinto, nuestro humilde y glorioso obrero, maquinista ferrocarrilero, cuyo uniforme de trabajador encendía un alma inflamada de generosidad sin límites, Jesús García Corona, también se introdujo entre los pliegues de la inmortalidad, pero por senderos no menos relevantes, al realizar su hazaña no iba impregnada de la euforia que da el amor, no conocía los trofeos y oropeles que la audacia otorga, no tenía preconcebido el fruto codicioso que brindan las victorias.
Jesús García Corona, no corrió a entregarse en aras de la muerte a sabiendas de que su fama inundaría los espacios nacionales; él sin arrendarse ente el peligro y sin reparar en el horrible fin que inminente le esperaba, resuelto se lanzó a enfrentarse a los designios inexorables del destino. Con sin igual y temerario arrojo, con esa decisión que sólo es propia de los predestinados de la gloria, ocupó en la caseta de su máquina, el trono monumental que la historia le tenía deparado, y guiándose por el motor que se agitaba en su alma, condujo la infernal serpiente de acero, hasta linderos apartados del pueblo de Nacozari, y llegó el momento de la tragedia; con perfiles de epopeya se produjo horrible explosión, cual si brotara de las entrañas mismas de la tierra, y su eco, recorriendo los rincones todos de la atmósfera, con dantezca furia, lanzando fúnebres rapsodias.
El espanto que al principio notase en el rostro austero de aquel pueblo por las viscisitudes de la vida; bien pronto se tornó en hondas manifestaciones de dolor.
Todo un pueblo había logrado eludir a las acechanzas de una muerte espantosa y ese pueblo laborioso, antes enmudecido por la sorpresa, después exaltado por la admiración y hoy saturado con la miel del agradecimiento más puro, no ha olvidado jamás, ni olvidará nunca la portentosa hazaña.
Hoy, en que va tomando inusitado incremento el materialismo, en odioso contubernio con la barbarie; hoy en que valores morales van cediendo paulatinamente ante el empuje bestial del tiburón de las finanzas, existen hombres que experimentan la emoción que produce el sacrificio, el amor a la humanidad. Es por eso, porque en nuestro pueblo no se apaga la antorcha luminosa de luz, de fuego y de amor, hasta lo más profundo de nuestro ser, que perdura el recuerdo, que crece la admiración y que continúa enhiesta la lámpara votiva del héroe civil, Jesús García Corona.
El pueblo de Sonora y los ferrocarrileros a nivel nacional, recordamos la grandeza del héroe, del mártir y nuestro pensamiento se retrotrae al escenario donde un día el hermano, el compañero ferrocarrilero ofreció su vida para salvar la de todo un pueblo.
Junto a los forjadores de nuestra nacionalidad, no desluce el monumento de un obrero que inmortaliza la gesta del 7 de noviembre, ejemplo, lección más clara para todas las generaciones de mexicanos.
Que el ejemplo de este héroe civil nos sirva para afirmar nuestra en de nuestra Patria y defensa de la soberanía nacional.
Nada quedó de Jesús García Corona ni de su tren, pero la población de Nacozari se salvó.
Los trabajadores ferrocarrileros seguimos su ejemplo, entregando nuestro esfuerzo en la modernización de los Ferrocarriles Nacionales de México, sabedores de que si la industria presta un servicio eficiente al pueblo, a su gobierno, estamos salvando los grandes intereses económicos, al transportar masivamente los insumos, las materias primas, los satisfactores y un servicio de pasaje al alcance del pueblo, transportando de los centros de producción a los de consumo en las grandes ciudades, para coadyuvar en el abatimiento de la inflación.
Los trabajadores ferrocarrileros seguiremos el ejemplo del héroe civil ferrocarrilero, Jesús García Corona, construyendo un México mejor.
Licenciado Arturo Ruiz Morales, diputado federal, VII Distrito Guanajuato.
GRACIANO SÁNCHEZ
El C. Presidente: - Tiene la palabra la ciudadana diputada Rosa María Armendáriz Muñoz, para conmemorar al ilustre mexicano Graciano Sánchez.
La C. Rosa María Armendáriz Muñoz: - Señor presidente; compañeros diputados: a lo largo de los años, el campo, sus hombres, sus mujeres han demostrado ser uno de los principales sostenes de la Nación.
Hambre de justicia y libertad, solidaridad y nacionalismo, vocación de trabajo y apoyo, son rasgos del espíritu del agro mexicano. El campo dio sustento decisivo al movimiento armado iniciado en 1910, luego fue piedra angular en la reconstrucción del país una vez que las fuerzas revolucionarias lograron el triunfo militar, posteriormente pasó a ser el puntal del crecimiento industrial, hace más de 75 años que el campo es sostén y motor de la Revolución Mexicana, y gracias a la visión y convicción de la clase de grandes luchadores agrarios; hoy día la Confederación Nacional Campesina rinde un profundo reconocimiento al fundador de nuestra gloriosa Confederación Nacional Campesina, al profesor Graciano Sánchez; hoy hace 30 años, los campesinos se estremecieron con la muerte de este gran luchador social, quien nació en Soledad Diez Gutiérrez, San Luis Potosí, quien con amor a la tierra y venciendo obstáculos e intereses se consolidó la organización campesina, y apoyándolo en todo el general Lázaro Cárdenas del Río.
Los fundadores de la Confederación Nacional Campesina enseñaron con su ejemplo, que cada hombre formado dentro de los principios de solidaridad social, debe vivir, desarrollarse e inclusive morir, políticamente comprometido con su tiempo, espacio y circunstancia, como Graciano Sánchez; así como los campesinos e indígenas que con manos encallecidas por el rudo trabajo del campo hacen posible que los mexicanos tengamos alimentos y aprendiendo cotidianamente las lecciones de la experiencia colectiva, que le hacen comprender la historia como elemento explicativo del pasado, factor determinante del presente e instrumento modelador del porvenir.
Hoy día la Confederación Nacional Campesina es un parte aguas, porque tomamos una estafeta por la lucha de la clase agrarista, la voz campesina empieza a establecer programas reales y justos, siguiendo uno de los principios del profesor Graciano Sánchez, los foros campesinos. Ya que
la estructura ejidal permite que se elijan por asamblea a las autoridades ejidales, ello viene a refrendar la legitimidad del voz y voto campesino.
La Confederación Nacional Campesina es una organización clasista, de vanguardia, de lucha en favor de los campesinos, su compromiso como tal, no se agota en la reivindicación del derecho a la tierra y a mejores condiciones de vida, sino hasta lograr el pleno desarrollo político, económico y social de la clase campesina.
Los campesinos, en el preámbulo de los 50 años de vida de la Confederación Nacional Campesina, están dispuestos a unir sus esfuerzos con otros sectores obrero y popular, conscientes de las posibilidades que una asociación justa puede representar para el desarrollo. Por ello, la Confederación Nacional Campesina pugna por un política seria y definida, por la conformación y consolidación de los ejidos, uniones de ejidos, bienes comunales y otras formas de organización superior.
Las acciones promovidas por el Presidente Miguel de la Madrid para otorgar seguridad jurídica a los campesinos, el fortalecimiento del desarrollo rural integral, el impulso a las acciones de organización, capacitación y desarrollo agrario, la necesidad de mantener vigente y actualizado los derechos agrarios de más de tres millones y medio de ejidatarios y comuneros, la promoción de vigilancia de los procesos democráticos para la elección de autoridades en más de veintisiete mil núcleos de población ejidal ya constituido.
Son entre muchas otras razones suficientes para demandar el mayor apoyo moral y económico a la implementación de una política agraria más ambiciosa y más comprometida.
Apoyando real y oportunamente a los campesinos que representan parte fundamental de la población, que reclaman respeto a su organización comunitaria y mejores niveles de vida, se logrará en el campo mexicano consolidar el reto de sostener la alimentación fundamental del pueblo, ya que la autosuficiencia alimentaria es fundamental para el bienestar y aspecto estratégico para la soberanía nacional.
Hoy recordamos con respeto y cariño al profesor Graciano Sánchez, fundador de la Confederación Nacional Campesina. La tierra es tan noble que alimenta al ser humano, cuando muere, lo cubre con amor para que no esté a la interperie. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
"Tercer Período Ordinario de Sesiones LIII Legislatura.
Orden del día
17 de noviembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXVII aniversario luctuoso de Aquiles Serdán, que tendrá lugar el 19 de noviembre.
Iniciativa de CC. diputados del sector obrero.
Para reformar varios artículos de la Ley Federal del Trabajo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Rita Patricia Contreras Calleja, pueda prestar servicios en la Embajada de la República Popular de Hungría en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional para que los CC. José Salazar López, Aurora Guadalupe Castellanos Dávila, María Isabel Gutiérrez de Díaz y Manuel Gómez Millán, puedan prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso de la C. Alicia Philippe Ponce, para prestar servicios en la Embajada de la República del Ecuador en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a las solicitudes de permiso de los CC. Guillermina Hernández Montes y Jorge Estrada Ortiz, para prestar servicios en la Embajada de la República de Bolivia en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a las solicitudes de permiso de las CC. Adriana Guadalupe Cárdenas Campos y María Elena Tatay Visairo, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
De las comisiones de Comercio y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Guillermo Romero Ibarrola y María del Carmen García Plata de Rocha, para prestar servicios en la Embajada Británica en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los CC. Abel Ubaldo Suárez, Domingo Viña García y Gerardo Navarrete Contreras, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Efemérides
Intervenciones de los CC. diputados Melquiades Morales Flores y Alejandro Cañedo Benítez.
Y los demás asuntos con los que la secretaría de cuenta."
El C. Presidente (a las 19:05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 17 de noviembre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES