Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871126 - Número de Diario 31
(L53A3P1oN031F19871126.xml)Núm. Diario:31ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D. F., jueves 26 de noviembre de 1987 NÚM. 31
SUMARIO
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
SOLICITUD PARA COMPARECENCIAS
El diputado Rubén Rubiano Reyna solicita la comparecencia de los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto; debaten los diputados Jesús Galván Muñoz, Luis Orcí Gándara, Jorge Alcocer Villanueva, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, María del Carmen Jiménez de Ávila, Consuelo Botello de Flores, Ricardo García Cervantes, Roberto Calderón Tinoco y Pablo Alvarez Padilla. Se desecha la proposición.
SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL ALZA DE PRECIOS
El diputado Jorge Alcocer Villanueva hace la propuesta de que la Cámara de Diputados esté en contra de nuevas alzas de precios y tarifas. Se desecha. Para hechos, el diputado Pedro José Peñaloza.
INVITACIONES
Del Congreso del Estado de Chiapas al V informe de Gobierno, el 28 de noviembre. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Veracruz, al I Informe de Gobierno, el 30 de noviembre. Se designa comisión.
Del Congreso del Estado de Coahuila, a la protesta de ley del gobernador del estado, el 1o. de diciembre. Se designa comisión.
INFORME DE LOS TRABAJOS DE LA VII REUNIÓN MÉXICO - CANADÁ
El diputado Antonio Tenorio Adame da lectura al informe. De enterado.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia notifica de diputados inscritos.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El diputado Eduardo Lecanda Lujambio, propone reformas a los artículos 82, 85, 90 y 450. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Debaten Pedro José Peñaloza y Martín Tavira Urióstegui.
CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
El diputado Francisco Berlín Valenzuela, presenta iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 9o. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL
El diputado Nabor Camacho Nava, presenta iniciativa de reformas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
La diputada María de la Luz Gama Santillán, presenta iniciativa que reforma el artículo 154. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES
El diputado Alejandro Encinas Rodríguez, propone iniciativa que reforma las Leyes del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En votación, se acepta continuar sin receso.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
Para el mes de diciembre.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
Por el que se concede permiso a los ciudadanos Víctor Flores Olea, Ricardo Villanueva Hallal, Francisco del Río López, Salvador Jiménez, Antonio Pérez Manzano y José Luis Vivanco Díaz, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Brasil.
Por el que se concede permiso a la ciudadana Pilar Saldivar y Fernández del Valle, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Dominicana.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que se concede permiso a la ciudadana Isabel F. Salgado Pimentel, para prestar servicios en la Embajada de Uruguay en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Dictamen de la Comisión de Justicia al proyecto de decreto que reforma dicha ley. Sin discusión se aprueba.
LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
Dictamen de la Comisión de Justicia al proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha ley. Se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no impugnados. El diputado Sergio Meza López propone modificar el artículo 17. Se aprueba y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Dictamen de la Comisión de Justicia al proyecto de decreto que reforma y adiciona ambos preceptos. Razona el voto de su partido el diputado Roberto Calderón Tinoco. Se aprueba Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dictamen de la Comisión de Justicia al proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha ley. Se aprueba. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
COMUNICACIONES
Oficio del diputado Eliseo Mendoza Berrueto notifica a esta H. Cámara su decisión de optar por el cargo de gobernador constitucional del estado de Coahuila. De enterado.
Oficio del diputado José Salinas Navarro notifica a esta H. Cámara su decisión de optar por el cargo de presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. De enterado.
PROTESTA DE LEY
El ciudadano Jesús Borja Valle, diputado suplente por el XXIX Distrito del Estado de México, rinde la protesta de ley para entrar en
funciones. Se designa comisión para acompañarlo en este acto.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
APOYO AL CONGRESO DEL TRABAJO
El diputado Genaro José Piñeiro López propone que la honorable Cámara de Diputados manifieste su apoyo a las medidas que este organismo ha decidido tomar en favor del salario de los trabajadores. En pro, el diputado Juan Moisés Calleja. Se aprueba. Ejecútese.
COMITÉ PARLAMENTARIO DE DEFENSA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
La diputada Gabriela Guerrero Oliveros, informa a la asamblea de la creación de dicho comité pluripartidista, y hace una exposición de motivos.
DENUNCIA EN PROCESO ELECTORAL
El diputado Pablo Alvarez Padilla denuncia hechos en el estado de Yucatán.
Hacen uso de la tribuna, para hechos, los diputados: José Nerio Torres, Pablo Alvarez Padilla, Wilberto Chi Góngora, Jesús Galván Muñoz, Rodolfo Menéndez y Enrique Gabriel Jiménez Remus.
SOLIDARIDAD CON HAITÍ
El diputado Francisco Hernández Juárez solicita a la asamblea su solidaridad con ese pueblo latinoamericano.
EXCITATIVA A COMISIONES
El diputado Jesús Galván Muñoz pide a la presidencia haga una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que dictaminen sobre diversas iniciativas. La presidencia hace la excitativa reglamentaria.
AGRADECIMIENTO A LA ASAMBLEA
El diputado y presidente César Augusto Santiago Ramírez agradece al pleno su apoyo durante su gestión en las sesiones del mes de noviembre.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ
(Asistencia de 268 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 12:00 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Cámara de Diputados. - Tercer Período Ordinario de Sesiones. - LIII Legislatura.
Orden del día
Ç 26 de noviembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Chiapas, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador constitucional del estado, rendirá el V informe de gobierno, que tendrá lugar el 28 de noviembre.
El Congreso del Estado de Veracruz, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Fernando Gutiérrez Barrios, gobernador constitucional del estado, rendirá el I informe de gobierno, que tendrá lugar el 30 de noviembre.
El Congreso del Estado de Coahuila, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del estado, la que tendrá lugar el 1o. de diciembre.
Informe sobre los trabajos de la VII Reunión Interparlamentaria México - Canadá.
Iniciativa de ciudadanos diputados del sector obrero
De reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Víctor Flores Olea, Ricardo Villanueva Hallal, Francisco del Río López, Salvador Jiménez, Antonio Pérez Manzano y José Luis Vivanco Díaz, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Pilar Saldívar y Fernández del Valle, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Dominicana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Isabel F. Salgado Pimentel, para prestar servicios en la Embajada de Uruguay en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto para reformar y adicionar el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Elección de mesa directiva
Efemérides
Intervenciones de los ciudadanos diputados Gonzalo Castellot Madrazo, Gustavo Nabor Ojeda Delgado y Juan José Castro Justo.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del diputado César Augusto Santiago Ramírez
En la ciudad de México, a las doce horas con diez minutos del día veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, el presidente abre la sesión con una asistencia de doscientos cincuenta y un diputados.
Después de leído el orden del día, la secretaria diputada Yrene Ramos Dávila da lectura al acta de la sesión anterior que sin discusión se aprueba.
Para hechos en relación con el orden del día hace uso de la palabra el diputado Javier Paz Zarza, quien, además, solicita que se haga una nueva excitativa para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamine sobre una iniciativa presentada por su partido desde 1985. El presidente hace la excitativa.
Y pide a la secretaría que se formule un informe al respecto.
La secretaría da lectura al oficio con que se remite a la Cámara de Diputados, el informe sobre razones y criterios que fundamentan las medidas de reestructuración de la administración pública federal paraestatal.
Del oficio con el que se remite el informe pormenorizado acerca de las actividades desarrolladas por la Procuraduría General de la República en la campaña contra el narcotráfico.
Del oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite el informe de la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de mil novecientos ochenta y siete.
Al oficio del departamento del Distrito Federal con el que se remite el informe trimestral de avance de programa y presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.
A un oficio de la Embajada de la República de Perú en México.
Otro de la Embajada de la República de Panamá en México.
El presidente concede el uso de la palabra al diputado Antonio Sandoval González, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta a nombre del sector obrero, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 772 de
la Ley Federal del Trabajo. El presidente la turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente la turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Nabor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. del Código Federal Electoral.
El presidente la turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Jaime Castellanos Franco, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente la turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario diputado Marco Antonio Espinosa Pablos, da cuenta de las minutas con proyecto de decreto enviadas por el Senado de la República, por las que se concede permiso a varios ciudadanos mexicanos, para que presten servicios en embajadas de diversos gobiernos extranjeros en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista, presenta iniciativa de Ley Electoral para el Distrito Federal y solicita que el texto íntegro de la iniciativa se publique en el Diario de los Debates. El presidente la turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y ordena la impresión en el Diario de los Debates.
Se dispensa la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y al que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, así como al que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo mismo que el relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El diputado Gerardo Unzueta Lorenzana hace uso de la palabra para afirmar que los dictámenes a los que se acaba de dispensar la lectura no han sido estudiados en comisiones; para rectificar hechos, habla el diputado Eliseo Rangel Gaspar en dos ocasiones y una vez más el diputado Gerardo Unzueta Lorenzana.
El presidente ordena que la secretaria lea el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso de la Unión y exhorta a las comisiones para que cumplan de manera puntual con el mismo en lo que toca a la discusión y aprobación de los dictámenes.
La secretaría da cuenta de diversos dictámenes por los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para trabajar en diversas embajadas de gobiernos extranjeros en México. Son de primera lectura.
Se dispensa la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. El diputado Ricardo García Cervantes para hablar sobre una iniciativa similar presentada por él mismo y que no ha sido dictaminada. El diputado Ángel Sergio Guerrero Mier, a nombre de la comisión dictaminadora explica los fundamentos del dictamen y es interpelado por el diputado Ricardo García Cervantes; hace uso de la palabra el diputado José Ángel Aguirre Romero para fundamentar el voto de su partido, el Socialista de los Trabajadores.
En vista de que no se registran oradores ni en pro ni en contra, ni en lo general, ni en lo particular, el presidente ordena que se realice la votación nominal de la mencionada ley que se aprueba por doscientos cuarenta y siete votos en pro y dos abstenciones.
La asamblea autoriza a que dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, referidos o permisos constitucionales se voten en un solo acto y realizada la votación nominal, son aprobados por doscientos cincuenta y dos votos en por y una abstención. Se turna al senado para sus efectos constitucionales.
Toma la palabra el diputado Heberto Castillo para exponer los problemas de diversos poblados del estado de Veracruz en materia agraria. Propone que las comisiones legislativas de Reforma Agraria y de Información, Gestoría y Quejas, reiteren el acuerdo del veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y siete. En contra, del diputado Jorge Díaz de León, quien hace una explicación de los trabajos que realizan las comisiones al
respecto; para hechos, el diputado César del Ángel y nuevamente el diputado Heberto Castillo. En votación económica, la asamblea acepta la proposición del diputado Heberto Castillo.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la próxima sesión y el presidente clausura a las dieciséis horas, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiséis de noviembre a las diez horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
SOLICITUD PARA COMPARECENCIAS
El C. Rubén Rubiano Reyna: - Señor presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en términos del artículo 102, el diputado Rubén Rubiano Reyna.
El C. Rubén Rubiano Reyna: -Compañeros diputados y diputadas: En las últimas comparecencias hemos recibido en esta honorable Cámara a los ciudadanos secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto.
Les hemos escuchado leer sus proyectos de ley y de presupuestos y hemos subido aquí en una oportunidad que tuvimos para decirles que regresaran estos documentos y que los secretarios respectivos realizaran una veraz y real información, para que ésta estuviera vinculada, estuviera implicada en los documentos que ellos nos leyeron aquí; y nos damos cuenta que esto tenía toda la razón para que los solicitáramos; ellos nos hablaron aquí de una información que no corresponde a lo que estaba sucediendo a raíz de la inflación que estamos padeciendo, y aun más todavía, por los últimos hechos provocados por una inflación del pasado noviembre 18; y tenemos aquí un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que habla de políticas de precios y tarifas de la administración pública para 1987 y 1988, este documento es un documento que viene a reforzar nuestra solicitud y que echa por tierra todo lo que aquí nos leyeron los secretarios.
Les voy a leer este documento para que vean sus alcances:
«I. Introducción
1o. El propósito de esta nota es evaluar el programa de precios de 1987, señalar las modificaciones para el último bimestre y presentar los lineamientos que caracterizarían la estrategia de precios del año próximo. La discusión de estos temas está precedida de una recapitulación sobre los objetivos, restricciones y el plan de acción que supone la política en materia de precios y tarifas. Los ajustes propuestos para el último bimestre de 1987, sus implicaciones, así como la estrategia de precios del próximo año fueron planteados el martes 3 de noviembre en el seno de la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas a nivel de subsecretarios.
II. Consideraciones generales
2o. Objetivos
La política de precios y tarifas debe descansar sobre dos pilares fundamentales: En primer lugar, los precios relativos deben ser adecuados, esto es, deben permitir y propiciar una asignación óptima de recursos; en segundo término, las empresas del gobierno y los organismos descentralizados deben contribuir con sus ingresos para alcanzar un superávit primario suficiente para el programa macroeconómico.
3o. Restricciones
El diseño de la política de precios y tarifas, para 1988 y lo que resta de 1987, debe asegurar congruencia entre un calendario político estricto y un calendario económico óptimo. Las fechas políticas impiden que, en el futuro inmediato, se lleven a cabo ajustes antes del 15 de noviembre. Asimismo, el proceso electoral del próximo año hará poco recomendable que se decidan incrementos de precios en fechas próximas a julio. Por su parte, el calendario económico está caracterizado por tres tipos de restricciones: Primera, el programa antiinflacionario de 1988 sugiere fijar el ritmo de ajustes de precios y tarifas al paso del desliz de la paridad cambiaria; segunda, en 1988 hay que evitar la generación de grandes burbujas inflacionarias y la instrumentación de ajustes bruscos; tercera, es importante asegurar los ingresos del programa macroeconómico.
4o. Plan de acción
Para conciliar las restricciones de carácter político y las de carácter económico se sugiere corregir los rezagos a partir del 15 de noviembre. Una vez que termine este proceso de alineación de precios relativos se procedería a adoptar un sistema de deslices, que parecería ser la estrategia más viable
tanto económica como políticamente. El éxito del programa requiere una estricta coordinación entre las instituciones responsables de los precios y tarifas de la administración pública, los precios privados controlados, el salario y los precios de garantía. Cada una de estas áreas de actividad impone presiones al resto para adecuarse a la velocidad del ritmo inflacionario. Así, los precios de garantía imponen un piso a los precios privados controlados, mientras que los precios privados controlados junto con los precios y tarifas de la administración. Pública afectan el nivel de los salarios.
III. Programa de precios y tarifas, 1987
5o. Rezagos
El programa de precios y tarifas fue construido sobre una premisa inflacionaria y un ritmo devaluatorio diciembre - diciembre entre 70.0 y 80.0%. Al revisarse el programa, durante la segunda mitad de julio de 1987, se elevó el supuesto inflacionario a 115.0%. El programa revisado pretendió que, al término de 1987, los niveles reales de precios lograsen niveles similares a los de diciembre de 1986. Sin embargo, las estimaciones más recientes indican que la inflación acumulada de 1987 se situará alrededor de 140.0%, lo cual implica que los precios y tarifas se rezagarán entre 11.6 y 14.0%.
6o. Participación en el PIB
Se estima que la participación en el PIB de los ingresos del sector paraestatal controlado, en el caso de no modificarse el programa vigente de precios, será de 17.8% en 1987: el año pasado fue de 17.4%. Este repunte obedece al incremento de los ingresos de exportación del sector petrolero. No obstante, el sector paraestatal pierde terreno dentro del producto total, al tomar en cuenta solamente las ventas internas de las entidades y empresas y, por lo tanto, los ingresos a que da lugar la política vigente de precios de la administración pública. Si el programa vigente de precios no sufre cambios adicionales, la participación en el PIB de los ingresos por ventas internas de 8.6% en 1986, disminuye a 8.1 puntos en 1987.*
IV. Programa modificado de precios para el último bimestre de 1987
7o. En el cuadro 1 se plantean los montos y la calendarización de los ajustes necesarios para eliminar los rezagos de precios de los bienes y servicios públicos. El ejercito señala el impacto inflacionario del conjunto de estas medidas. Los márgenes de maniobra no son amplios: De un lado, los ritmos inflacionarios son sensibles a incrementos adicionales fuera de programa; del otro, el propósito de minimizar el efecto de los ajustes adicionales sobre las previsiones de inflación del año próximo, exige que éstos se lleven a cabo a partir de la tercera semana de noviembre y afecten lo menos posible la estrategia de 1988. El objetivo del año próximo consiste en deslizar la estructura de precios en función del ritmo de la inflación. Solamente un programa con tales características abriría un mayor margen de concertación en 1988 y evitaría que los precios públicos alimentaran al proceso inflacionario. El escenario de precios que aquí se discute demuestra que estas condiciones puede cumplirse, en el caso de que se agrupen las correcciones de los rezagos en lo que resta de 1987, con excepción de los productos petrolíferos que sufrirían un aumento adicional durante enero de 1988.
8o. Incrementos de precios en los productos petrolíferos.
I. Las decisiones de precios Petróleos Mexicanos son particularmente importantes por sus consecuencias financieras y su impacto sobre la inflación. Según el programa modificado, para noviembre estaría pendiente un aumento de 40.0% y otro de 7.2% para enero de 1988. Esta distribución de los ajustes se hizo para disminuir el impacto inflacionario en el último bimestre del año.
9o. Incrementos de precios en los productos básicos
I. La Secretaría de Comercio ha manifestado que su programa de aumentos contempla el ajuste de la tortilla y del frijol en la semana del 16 al 22 de noviembre y el del arroz en la primera semana de diciembre. Esta calendarización es necesaria porque las cosechas están siendo recogidas y los particulares requieren nuevos precios para adquirirlos. De lo contrario Conasupo tendría que intervenir y no cuenta con presupuesto para hacerlo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha manifestado que los aumentos de precios de los productos básicos podrían inducir la necesidad de plantear un aumento de emergencia en diciembre. (En el añadido se presenta el análisis realizado por la comisión sobre las implicaciones del programa modificado de precios.)
10. Incrementos en las tarifas eléctricas
En tarifas eléctricas, el incremento adicional promedio es de 30.5% y se propone para la segunda
* Todas estas estimaciones incluyen los derechos de extracción de Pemex y excluyen el rubro de otros ingresos, en el que están comprendidos los del IMSS e ISSSTE.
semana de diciembre; se sumaría al desliz promedio de 3.3%, de aplicación automática, previsto por el programa original para llevarse a cabo desde el inicio del mes. El aumento global promedio sería de 34.8%.
II. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal sugiere que el aumento tarifario adicional esté integrado por un incremento diferenciado: 24.0% en la tarifa residencial y 36.9% en el resto de la estructura.*
III. En términos generales, las tarifas residenciales se encuentran con un mayor rezago que el resto. CFE estima que, sin ningún ajuste adicional, la relación ingreso - costo de las tarifas residenciales sería de 0.26 a finales de 1987, mientras que las de las tarifas industriales serían superiores al 0.80% y las de las comerciales estarían alrededor del 0.60%. A la tarifa 4 (molinos de nixtamal) le correspondería un indicador ingreso - costo de 0.21; a la tarifa 5 (servicio de alumbrado público), uno de 0.42; la relación más baja es de 0.17 para la tarifa 9 aplicable al bombeo de agua agrícola. La relación ingreso - costo global de la CFE sería de 0.53 a finales del año. Estos indicadores han sido revisados en consulta con la Secretaría de Energía y Minas. La Coordinadora Sectorial estima que es necesario afinar la metodología de medición de costos.
II. Incrementos en otros bienes y servicios
I. Azúcar. El programa revisado en julio por el gabinete económico preveía un incremento de 22.0% en diciembre. La Secretaría de Energía y Minas recomienda un incremento de 27.0%, con objeto de mantener constante el precio relativo del azúcar estándar respecto al salario, política que ha prevalecido durante el pasado reciente. En el último quinquenio el precio del azúcar estándar ha evolucionado 0.7% por encima del salario mínimo, aunque con desviaciones temporales.
II. Ferrocarriles. La empresa ha solicitado un incremento inmediato de 26.0% (previsto por el programa vigente y el presupuesto de la entidad para la primera semana de noviembre). El aumento propuesto es de 30.0%, pero diferido a la primera semana de diciembre.
III. Fertilizantes. El aumento de 25.4% propuesto para la última semana del año pretende corregir los rezagos de estos insumos agrícolas y alcanzar las metas de ingresos de 1988.
IV. Metro. Las autoridades del Departamento del Distrito Federal han solicitado un incremento del 100.0% en el Sistema de Transporte Colectivo.
V. Autotransporte. El aumento del 15.0% en el autotransporte corresponde a las previsiones realizadas por la Coordinadora Sectorial y está considerado por el programa vigente de incrementos tarifarios.
12. Consecuencias de los ajustes adicionales
I. Salarios. La política salarial ha establecido que el incremento de enero de 1988 sostenga el salario real en el nivel que registró en octubre de 1987. Los ajustes adicionales de precios que aquí se discuten, implicarían que el próximo aumento salarial sería de 31.0%. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha estimado que, en este ajuste adicional, el impacto de los aumentos de los productos básicos es mayor que el de los energéticos y el transporte.
II. Gasto Público. En consecuencia de estos ajustes adicionales, y aquí es donde nosotros basamos nuestra solicitud en aquella ocasión cuando compareció el secretario de Hacienda, en gasto público, el presupuesto para 1988 se ha construido sobre la base de un incremento salarial en enero de 20.5% en promedio. Por lo tanto, la nueva estimación del ajuste salarial requeriría un aumento en la partida de servicios personales del gasto programable de 2.3 billones de pesos, equivalente a 0.57% del PIB en 1988.
V. Estrategia de precios y tarifas, 1988
13. Los ajustes adicionales de precios de 1987 darían lugar a un aumento de la participación en el PIB de los ingresos por ventas internas del sector paraestatal controlado, de por ciento en 1988 en este año acerca de por ciento en 1988. Este incremento es indispensable para alcanzar la meta de superávit primario para el año próximo.
14. Calendarización
En 1988 los precios se moverían mensualmente al ritmo de las expectativas inflacionarias. Existen varias excepciones a este principio: La primera es el caso de las gasolinas y el diesel, que tendrían en enero un ajuste de 7.2% por arriba del desliz y posteriormente, incrementos trimestrales al ritmo de la inflación acumulada; la segunda es el Sistema de Transporte Colectivo, que estaría sujeto a ajustes menos frecuentes pero en línea con la inflación; la tercera son los fertilizantes,
* No se aplica a la tarifa 9 (agrícola) que tiene un tratamiento especial definido por el gabinete agropecuario. Para 1987, los incrementos promedio (de zonas críticas y el resto del país) son: 44.0% en enero; y 6.5% mensual entre febrero y septiembre; 37.0% en octubre; y 6.5% en noviembre y diciembre.
que habrían de tener una recuperación anual en términos reales de 17.5%, según las negociaciones de apoyos financieros que se han tenido con el Banco Mundial y las discusiones en torno al proyecto de Convenio de Rehabilitación Financiera; finalmente, los teléfonos tendrían, también en enero, un incremento promedio de 33.2%. El cuadro dos indica los ritmos de ajuste de los bienes y servicios públicos durante 1988.
15. Ferrocarriles
Siguiendo la práctica adoptada con las líneas aéreas, se propone otorgar a la empresa una mayor autonomía de gestión a través de su consejo de administración, para fijar las tarifas durante 1988.
16. Tarifas eléctricas
Está en estudio la incorporación de un sistema de tarificación en base al reconocimiento de los costos de generación en horas de demanda máxima. La Secretaría de Energía y Minas ha comunicado que la tarificación de horas-pico se iniciaría a manera de prueba con los grandes usuarios industriales. Con la medida, la CFE logrará moderar en el mediano y largo plazo sus demandas de inversión que se definen en función de las magnitudes de la demanda máxima.
17. Teléfonos
Las tarifas se incrementarían en enero en un 33.2% en promedio. Este aumento supondría un alza de 60.0% en el servicio local, de 20.0% en el servicio de larga distancia nacional y una reducción de 10.0% en la larga distancia internacional. Este ajuste tarifario es congruente con los planes de cambio estructural de la empresa y con el objetivo de apoyar a los exportadores frente a la competencia extranjera.
18. Inventarios elevados de productos básicos
Se tiene existencias elevadas de arroz, frijol y azúcar. La Secretaría de Comercio ha indicado que estos inventarios podrían ser utilizados el año próximo para realizar volúmenes con precios rebajados a través de canales oficiales de distribución. Esta medida podría abatir presiones inflacionarias en 1988.
VI. Consideraciones finales
19. Coordinación
La dinámica de los precios del próximo año deberá suponer un orden estricto. Este principio se aplica a los precios de la administración pública y al resto de la estructura de precios controlados, en particular a los precios de garantía. Si en cualquiera de esas esferas de precios se generan alzas por arriba de los ritmos de inflación previstos, inmediatamente se transmitirán al resto de la estructura y se agudizará el proceso inflacionario por ajustes en los precios relativos. Es conveniente que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas participa en las decisiones que afecten los precios de garantía.
20. Riesgos potenciales
La concertación para abatir la inflación podrá ser efectiva en la medida en que se proceda con orden y disciplina. La administración pública debe ser un agente económico disciplinado dentro de todo este esfuerzo. Así, los precios deberán aumentar el año próximo al ritmo de las expectativas inflacionarias. Esta regla no debe transgredirse. El costo de hacerlo sería disminuir la credibilidad en el programa contra la inflación y, por otro lado, debilitar las finanzas públicas en la medida en que los ingresos en términos reales no alcanzaran las metas presupuestales.»
Y efectivamente, muestran un ajuste calendario en el que aparece que los productos petrolíferos en noviembre aumentarían un 40% con una anotación, que indica que si se retrasan estos ajustes se elevaría la inflación de diciembre.
Pero además, para enero de 1988 otro aumento del 7.2%. La electricidad un 30.5% para la semana del 7 al 13 de diciembre más el desliz automático del 3.3% entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
El azúcar, un calendario de incremento de un 27% a realizarse entre el 21 y el 27 de diciembre próximos.
Los ferrocarriles para la semana del 30 de noviembre hasta diciembre, un incremento del 30%, la tortilla, para la semana del 16 al 22%, indica este documento, debió hacerse un ajuste del 36.8%, con una anotación señalando que estas cifras son proporcionadas por Secofi, en la tortilla; en el arroz sería un medio incremento propuesto por esta supersecretaría, que es la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas, el frijol trae un incremento del 55.1% para fines de noviembre, y el arroz el 53.6% para la primera semana de diciembre, el metro un 100% para la tercera semana de diciembre, el autotransporte un incremento del 15% para la segunda semana de diciembre y teléfonos incremento del 33.2% en el próximo mes de enero de 1988, y una inflación esperada para el mes de noviembre, estiman en
esta supersecretaría del 9.9% y el 9.9% para diciembre así como para enero.
Señores, por ello estamos haciendo la siguiente
PROPOSICIÓN
Con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que esta Cámara de Diputados cite a los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, para que comparezcan ante el pleno de la representación nacional, para explicar la Ley de Ingresos de la Federación, así como la política a seguir por el gobierno en base a lo anteriormente expresado por el suscrito en esta tribuna."
Dejo esta proposición firmada, así como el documento que dimos lectura e hice referencia.»
El C. Presidente: -Proceda la secretaría a dar lectura al punto de acuerdo propuesto.
El C. secretario Antonio Sandoval González: -En votación económica se pregunta a la asamblea...
El C. Presidente: - No, señor secretario, nada más dé lectura al punto de acuerdo propuesto, para ilustración de la asamblea.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Proposición: "Con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que esta Cámara de Diputados cite a los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y Programación y Presupuesto, para que comparezcan ante el pleno de la representación nacional para explicar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la política económica a seguir por el gobierno en base a lo anteriormente expresado por el suscrito en esta tribuna. Por la diputación del Partido Acción Nacional".
El C. Presidente: - Muchas gracias, señor secretario. Se pregunta a la asamblea si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra.
Tiene la palabra el diputado Jesús Galván, en pro.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: -Señor presidente, solicito dé el trámite del artículo 98, que debe hablar primero el inscrito en contra.
El C. Presidente: - Sírvase la secretaría dar lectura al contenido del artículo 98.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
"Artículo 98: Los miembros de la Cámara, hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándoles el presidente por el orden de las listas, comenzando por el inscrito en contra".
El C. Presidente: - Muchas gracias, señor secretario. Proceda la secretaría a dar lectura al artículo 58, fracción II del Reglamento.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
"Artículo 58, fracción II: Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición".
El C. Presidente: - Bien, tratándose de que el punto de acuerdo se fundamenta justamente en ese artículo, tiene la palabra en pro el señor diputado Jesús Galván.
El C. Jesús Galván Muñoz: -Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Yo vengo aquí a apoyar la proposición que hizo mi compañero Rubén Rubiano, en el sentido de que se citara nuevamente a los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto para que explicaran las implicaciones que en el proyecto de Egresos de la Federación se tomaron en la Comisión Intersecretarial de Precios y Tarifas.
¿En qué me apoyo?, pues en lo que él leyó aquí, en lo que ya argumentó, pero además la comisión está estimando que para el último bimestre de este año la inflación va a ser de 32.5% y eso destruye completamente todas las expectativas en las que se funda para proyectar ese proyecto de Presupuesto de Egresos.
Pero quiero además señalar algunas cosas. Quiero señalar que de acuerdo a lo que este documento indica en varias ocasiones, en donde al final, por ejemplo, habla de los riesgos potenciales, que los precios deberán aumentar el próximo año al ritmo de las expectativas inflacionarias, que en otro lugar donde dice que en 1988 los precios se moverían mensualmente al ritmo de las expectativas inflacionarias.
¿Qué es lo que trae detrás estas afirmaciones?, ¿qué consecuencias tienen estas afirmaciones? Bueno, primero, que no es cierto, como se nos ha dicho muchas veces, que los precios subirían conforme a la inflación se iba a ir dando sino al revés, más bien, la inflación la está causando el gobierno porque en lugar de que los precios suban
conforme a la inflación se va dando, los precios van a ir subiendo en la medida que ustedes crean que va a ir subiendo. En la medida que el gobierno crea que vaya a ser la inflación, en esa misma medida van a ir subiendo los precios.
Segundo, en el fondo se tiene la misma mentalidad de López Portillo y de Echeverría, que pensaban que solamente se podía crecer con la inflación. y esa mentalidad fue la que nos llevó a la ruina en este país.
Tercero, se piensa que atizar la inflación genera empleos, que aumenta el nivel de vida, que da buenos salarios, que da un gobierno saludable, pero que además con eso vamos a tener una nación fuerte.
Cuarto, se acepta ya explícitamente que hay que vivir con la inflación. Y ayer en la comparecencia del regente de la ciudad, yo le leí algo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, que es precisamente lo contrario a lo que ahora ustedes aquí afirman que es convivir con la inflación y se convive con la inflación en la medida en que ustedes aceptan esto y que han articulado el programa de gobierno económico exactamente sobre esa base.
El Plan Nacional de Desarrollo decía: "Aceptar la propuesta de convivir con la inflación es dañar las bases de crecimiento y del empleo", y ustedes están aceptando, el gobierno está aceptando convivir con esa inflación que daña las bases del crecimiento y del empleo. Y lo repiten muchas veces en este documento y en los documentos de Criterios Generales de Política Económica. ¿Qué más implica? Implica también que con esta política van a estar aún más privilegiando a ciertos sectores de la población, a la oligarquía económica en este país, que esta política nos seguirá llevando a la ruina.
¿Qué más puedo yo decir de este documento que se acaba de dar lectura? Bueno, hay algo mucho más importante, el trasfondo político que esto tiene. En el trasfondo político se señala en la primera página de este documento, que el diseño de la política de precios y tarifas para 1988 y lo que resta para 1987 debe asegurar congruencia entre un calendario político estricto y un calendario económico óptimo. Más adelante, se señala que asimismo el proceso electoral del próximo año, hará poco recomendable que se decidan incrementos de precios en fechas próximas a julio.
¿Qué quiere decir esto, señores diputados? Quieren decir estas afirmaciones, que se establece una subordinación de lo económico a las metas políticas que ustedes tienen, a las metas políticas que el Pri - gobierno tiene. Todo el programa de gobierno económico se subordina a ese interés mezquino.
Se establece también una subordinación del bienestar de la comunidad a la permanencia del pri - gobierno en el poder; se establece también que el gobierno es un instrumento al servicio de la oligarquía y de los intereses de la fracción pero que no es un instrumento en beneficio del pueblo.
Se establece también con estas afirmaciones que no es cierto lo que la Constitución establece en el artículo 39 y que voy a leer solamente una frase. El artículo 39 en donde se señala "que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo", dice también "que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", y con estas afirmaciones esto no es más que letra muerta.
Lo que aquí se señala no es cierto, Pero también viene a dar razón a todos aquellos que señalan que vivimos en un régimen profundamente antidemocrático e injusto, porque también como dice la Constitución, en el artículo 3o., en donde señala y donde define lo que es la democracia, "como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo", tampoco esto se da.
Este gobierno ha hecho instrumento a este partido y el partido ha hecho instrumento al gobierno para seguir permaneciendo en el poder, pero nunca para estar al servicio del pueblo, y por eso, señores diputados, exigimos que reflexionen sobre esto que acabamos de decir, y que acepten este proposición para que se nos venga a explicar estas implicaciones de las decisiones que tomaron los secretarios. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el ciudadano diputado Luis Orcí Gándara.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: -Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El artículo 74 de nuestra Constitución Política en su IV fracción, indica que el Ejecutivo Federal deberá anualmente a más tardar el día 15 de noviembre, presentar ante esta Cámara de Diputados, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, y que para ese fin los secretarios del ramo deberán estar presentes con nosotros, precisamente para analizar, discutir, contestar, comentar los diferentes aspectos y dudas que podamos tener en una primera instancia.
Con motivo de ello, el día 19 estuvo aquí en esta tribuna el secretario de Hacienda durante cerca de
11 horas; posteriormente el día 23 el secretario de Programación y Presupuesto, también por un plazo muy parecido, en ocasión que todos nosotros tuvimos una oportunidad de hacer una serie de preguntas, los partidos plantear tesis y escuchar los detalles relacionados con estas iniciativas.
Así es que la interpretación que puedo dar al planteamiento de los compañeros diputados, no puede ser que sean masoquistas, sino quizás de que quisiera aprovechar acá la oportunidad, en esta tribuna, de establecer alguna duda sobre la honorabilidad, la honradez de los planteamientos que se hicieron. Eso lo rechazo rotundamente.
Los planteamientos que se hacen en este documento que acaba de leer el señor diputado Rubiano Reyna, por cierto que salió en algún periódico hace algunos días atrás, un documento de los muchísimos documentos que yo estoy seguro y que todos conocemos que existen en todas las secretarías de Estado, en torno a decisiones tan importantes. Este documento, decía el diputado Rubiano Reyna que había sido fechado el 3 de noviembre, obviamente fue uno de muchísimos otros, planteado por muchísimos técnicos analizados en diferentes formas para escuchar, analizar tantas opciones que se pueden dar.
Decía en ese documento el diputado Rubiano Reyna, algunas fechas que se habían planteado. O sea, que entre el 16, 22, o 23 algo debería haber sucedido, que yo sepa nada de eso ha sucedido y estas fechas ya pasaron, muestra clara de que aparentemente no es un documento que es la ruta crítica, sino quizás algunas de las consideraciones.
Pero yo diría todavía más, en estos momentos y en estos días están sesionando, como parte del trabajo de la Comisión de Hacienda, las dos subcomisiones de trabajo, o subgrupos de trabajo, que están analizando precisamente estas cosas. Quizás, diputado Rubiano Reyna, sus dudas más claras, más concretas después de tanto análisis e información que recibimos de los señores secretarios de Estado, sería plantearlo entre nosotros mismos la discusión y el analizar los planteamientos que se están haciendo en cuanto a la Ley Federal de Derechos, a la que usted hacía referencia, en cuanto a las estimaciones y proposiciones de todo lo demás.
Lo importante diría yo, sería en los próximos días usted participa en la Comisión de Hacienda, diputado, ha estado presente en muchas de las reuniones, haga esos planteamientos, analicemos sus planteamientos son parte precisamente de las once iniciativas del paquete fiscal. Pero lo que sí es inaceptable es la moción o el planteamiento de que ha habido dolo, de que ha habido mala fe y de que de alguna forma, como decía alguno de los compañeros, uso de palabras agresivas, duras, que dudan de la buena fe y dudan de la honorabilidad de esta gente.
Este es un planteamiento serio. Nosotros tenemos que analizar como parte de nuestras funciones, las leyes de ingresos y miscelánea fiscal, igual que las leyes del Departamento del Distrito Federal. Ese análisis lo haremos, primero, en los grupos de trabajo y, posteriormente en la Comisión de Hacienda para plantearlo a esta honorable asamblea.
Y para esa oportunidad habremos analizado todos estos planteamientos, los análisis de inflación para el año que entra los análisis de ingresos que se requieren para la Federación para 1988. Y que de esa forma podamos hacer nuestro trabajo en forma correcta, en forma intensa y en forma en que podamos nosotros plantear a esta soberanía, en fecha no muy lejana, un dictamen para las iniciativas fiscales que son nuestra responsabilidad.
La C. María del Carmen Jiménez de Ávila: - Quisiera hacerle una pregunta al orador.
El C. Presidente: -¿Acepta usted la interpelación?
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Sí, diputada.
La C. María del Carmen Jiménez de Ávila: - Que me puede decir, señor orador, si respecto a la candelarización de precios y tarifas, sujeta a la cuestión electoral.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: -Bien, los precios y tarifas no los definimos nosotros en la Ley Federal de Derechos, en la Ley de Ingresos que autorizamos y en los diferentes mecanismos de las iniciativas que aprobamos nosotros, sin ninguna relación con fechas electorales, entre el 15 de noviembre que plantea el Ejecutivo sus iniciativas de ley, y a fines de diciembre del año en curso, en algún punto intermedio nosotros analizamos, definimos y autorizamos, y ésas son las fechas; las demás fechas, diputada, continúan, avanzan con la inexorabilidad constitucional que deben hacerlo.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alcocer Villanueva, en términos del 102.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; señores diputados: A nosotros no nos cabe la menor duda de que el asunto que ha
planteado aquí el compañero Rubiano, por Acción Nacional, es un asunto trascendente. Tiene que ver con política de precios y tarifas que, por desgracia, en buena medida escapa de las facultades del Congreso, puesto que la política de precios es manejada de manera, diríamos nosotros, casi absolutamente discrecional por el Ejecutivo; sin embargo, sostenemos como lo hicimos ante la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Programación, que la situación generada a raíz de la devaluación altera el panorama macroeconómico, altera por tanto las previsiones en el presupuesto y altera o debería conducir a alterar las propias leyes que el Ejecutivo ha presentado.
Sin embargo, discrepamos de la propuesta que ha hecho Acción Nacional, discrepamos por dos razones fundamentales. Una, la principal, que presentado el presupuesto, presentada la Ley de Ingresos y el conjunto de iniciativas fiscales, corresponde al Congreso decidir si las cambia o no las cambia, si las acepta o no las acepta; está ahora en nuestras manos este asunto y será responsabilidad del Congreso introducir al presupuesto los cambios que proceden, no declinemos cuando menos de entrada, de las facultades que tiene el Congreso.
Si pensamos que la política de precios planteada es inconsecuente e incongruente con objetivos de corto plazo, de mediano plazo, con otras políticas, digámoslo en el presupuesto y cambiemos el presupuesto; pero pedir que vengan de nuevo los secretarios de Estado es renunciar de alguna manera a lo que este Congreso hoy tiene ya en sus manos, ésa es la primera razón por lo que no coincidimos con la propuesta.
La segunda es porque resulta redundante la propuesta de Acción Nacional se ha basado en el 74 constitucional, pero los secretarios ya han estado aquí, ya han cumplido con la disposición constitucional, el Congreso no puede citarlos ahora para que expliquen lo que ya explicaron en los términos del 74, es redundante, no le vemos ahí base.
Pero coincidimos con la preocupación, por eso queremos hacer una propuesta distinta a la de Acción Nacional, para recuperar la importancia de esta discusión sobre precios y tarifas y en general, sobre aspectos que tienen que ver con la evolución de la economía y su impacto sobre las leyes fiscales...
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Quisiera preguntarle a usted, ¿creyó lo que expusieron aquí los dos secretarios tanto de Hacienda como el de Programación y Presupuesto?
Mi segunda pregunta, si cree usted que las gentes del PRI, de la mayoría relativa, estarían dispuestas a un cambio de datos aquí en la tribuna.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Sobre lo primero, si usted oyó mi intervención, la del diputado Pascual, la del ingeniero Castillo, la del compañero Eduardo Valle, pues creo que es ocioso contestarle, creo que nosotros dijimos claramente...
El C. Pablo Alvarez Padilla: - ¿Usted qué cree de todo esto?
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Creo que es ocioso contestarle. Creo que nosotros dijimos claramente cuál era nuestra posición frente al presupuesto, entonces si usted me pregunta que si nosotros creemos a pie juntillas, pues ni a pie juntillas ni a pie de nada, lo dijimos y lo sostenemos y sobre la segunda pregunta, pues hágasela a la gente del PRI, yo no puedo contestar por ellos.
Yo creo que esta Cámara debe cumplir con su responsabilidad, eso es lo que creo, creo que el Congreso de la Unión debe asumir su responsabilidad y tomar en sus manos la discusión y los cambios; lo demás, pues usted lo conoce y lo padece también como yo.
Hacemos la siguiente propuesta de
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Citar a funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, para que en reunión de las comisiones unidas de los respectivos ramos, expliquen la política de precios y tarifas que el gobierno federal planea seguir en 1988, en los marcos de la política fiscal para dicho año.»
Creo que la propuesta es clara. Efectivamente, las leyes están en comisiones, ahí es donde podemos citar a funcionarios, si son los secretarios de Estado y así lo convenimos, que sean los secretarios de Estado, si son otro tipo de funcionarios, convengámoslo ahí, pero que se adopte el acuerdo de que se cite a funcionarios a las comisiones para que expliquen la política de precios y tarifas, y ahí podamos efectivamente debatir documentos como el que el diputado Rubiano ha presentado y otros temas que tienen que ver con estos asuntos.
Entonces, dejamos la propuesta por escrito en la secretaría y pedimos a la presidencia que una vez desahogada la propuesta del Partido Acción Nacional, someta a la consideración de la asamblea este punto de acuerdo.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Señor presidente; señores diputados: Nada nuevo hay en esta Cámara, cuando el presidente de la Comisión de Hacienda viene a decirnos que nos invita a que participemos en el trabajo relacionado con los proyectos que aquí mandó el Ejecutivo en materia económica. Y nada nuevo significa que él arguye que debamos trabajar eso, olvidando el punto central por el cual se hace una proposición en esta materia ignoró la materia de nuestra proposición.
Nuestra proposición es que los señores secretarios vuelvan a ser citados para responder sobre asuntos de nuevo cuño, de nuevo tratamiento, sobre temas que no fueron razón o motivo de la discusión y de la presentación de esos señores aquí presentes.
Pero una vez más, el diputado Orcí pretende evitar que la Cámara y que la oposición tenga la oportunidad efectiva de confrontar criterios de diálogo con el Ejecutivo. Si ustedes recuerdan, al comienzo de la comparecencia de Pedro Aspe se suscitó aquí una discusión, en la cual precisamente los diputados del sistema del partido oficial se oponían a que hubiese ese diálogo, cuando el propio Secretario de Estado decía en su texto que venía a dialogar.
Hay nuevos elementos por los cuales Acción Nacional viene a proponer que se llame a los secretarios de Estado para discutir y platicar con ellos y para dialogar. No es extraño que ustedes, por conducto del diputado Orcí digan: "No, ya no hay que llamar al secretario", porque ustedes ni siquiera vieron que había venido a cumplir con la Constitución, porque les da horror el diálogo.
¿Cuáles son los puntos nuevos? Este es muy trascendente, señores, y está muy claramente establecido, se adivina, lo sabemos de siempre, que hay un catálogo de cosas a realizar en función de las elecciones, y aquí se confiesa que la economía en el tratamiento de tarifas y precios se está proyectando para fines electorales. ¿No se echó a perder la economía del país en la historia de México en este mismo régimen de Miguel de la Madrid, cuando en 1985 se echó a andar el gasto público para promover que no estuviese el país de otra manera, y las elecciones se aparentasen como una nueva forma económica del procedimiento del régimen? ¿Y no fue así como perdió su paso Miguel de la Madrid, que había empezado con relativamente buenos pasos?
Pues aquí se está confesando una vez más que el procedimiento que se va a emplear, es el procedimiento de "irse con cuidado" frente al proceso de las elecciones. Se está casando malignamente el proceso del gasto que significa el ejercicio del presupuesto, la fijación de tarifas, la fijación de precios, Para que las elecciones no sean afectadas cuando se suben las tarifas y los precios.
Se está haciendo una confesión que es muy importante confrontar con los secretarios de Estado, por eso se les pide que vengan aquí. Pero hay otra cosa mucha más grave que éste de carácter meramente económico si nos salimos de la política contenida, en donde se dice nada menos que lo siguiente: La participación de los sectores paraestatales del producto interno bruto será en 1987 de 17.8 y el año pasado fue de 17.4 pero aquí se confiesa que este repunte es porque los precios del petróleo de repente se fueron más arriba, lo cual no se esperaba y se ponen en aprietos y dice: "No, entonces hay que modificar las tarifas porque la proporción que las paraestatales tienen en el producto interno bruto no se puede quedar atrás". Eso de que el petróleo esté sirviendo para eso, pues es incidental, es necesario subir las tarifas de Ferrocarriles, de Comisión Federal de Electricidad, del azúcar, etcétera, para que no pierda su proporción la dimensión del Estado en la economía nacional.
Y esto es un tema mucha más trascendente de lo que nosotros imaginamos, o de lo que hubiéramos imaginado. Se ha venido cotizando en gran escala para convertir a esta nación a la idea de que el régimen ha cambiado de posición, el famoso redimensionamiento del aparato paraestatal. Se nos ha venido la idea de que el gobierno está vendiendo empresas, pero ni siquiera se dio números de cuánto se reduce el presupuesto por la venta de empresas, porque lo que se ha hecho es juntar unas con otras y no tocar las grandotas, las de los grandes intereses.
Y aquí está una confesión de parte, de que el gobierno sigue con su radical decisión de estar presente en cierto tamaño grandote en la participación del producto interno bruto, y por ello se propone subir precios y tarifas para que la participación se mantenga a razón del 8.6% en 1986 y no se disminuye en el año de 1987. ¡Cómo no van a ser materias trascendentes para que se plantee el hecho de que vengan aquí de nuevo los secretarios de Estado! Y por si no fuera suficiente el argumento, aunque no sea el momento hacerlo, no es cierto que los secretarios de Estado hayan traído mucha información, hablaron hasta por los codos pero fueron reprobados en esta Cámara por la oposición, a la cual no le contestaron sus preguntas. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Para hechos, en términos del artículo 102, la ciudadana diputada Carmen Jiménez de Ávila.
La C. María del Carmen Jiménez de Ávila: -Señor presidente; señoras y señores diputados: De hecho, lo que yo tenía que decir ya lo dijo el diputado Jorge Eugenio Ortiz; simplemente sí quiero recalcarle al diputado Alcocer, que al parecer no entendió muy bien la iniciativa que presentó el PAN.
Nosotros dijimos que queríamos que comparecieran nuevamente los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, no para que nos volvieran a explicar el presupuesto, un nuevo presupuesto, sino para que nos dijeran las implicaciones que tenía este documento en su presupuesto y ¿por qué ellos no lo habían tomado en cuenta?, ¿por qué ellos nos presentan un presupuesto que no tiene relación con las implicaciones que nosotros leímos?; en este sentido era la proposición.
Y consideramos que no necesariamente tiene que ser en comisiones, puesto que esto nos afecta a todo mundo, y son todos los diputados los que estamos en condiciones de hacer nuevas preguntas, y como dice el señor Ortiz, que todo se hace de muy buena fe; discúlpeme señor Ortiz, pero los hechos demuestran lo contrario.
Asimismo, que la calendarización de los precios no tiene nada que ver con lo electoral, ahí en la página tres están diciendo todo lo contrario, y que además hay precios que se fijarán según las expectativas de la inflación, eso es muy peligroso, no solamente se están indexando sino ahora ya están en las expectativas de la inflación, si son nada más y nada menos que los precios de los productos básicos.
Esto, señores, creo que es muy delicado, y creo que tenemos la suficiente razón para pedir que vuelvan a comparecer ante este pleno los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Nada más.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Luis Orcí.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Con su venia, señor presidente: Hubo una segunda proposición, que es de hecho el trabajo que está llevando a cabo la Comisión de Hacienda.
El día de hoy, en base precisamente a una decisión de la comisión en pleno de la semana antepasada, se iniciaron los análisis del paquete tributario se analiza; y para ese efecto, en una primera ronda hemos invitado a funcionarios de la Secretaría de Hacienda precisamente para analizar todas estas iniciativas que están a nuestra consideración.
El planteamiento de que sea en comisiones unidas, que comentaba el diputado Alcocer, no procedería por la sencilla razón de que ya está previsto en la Comisión de Hacienda misma, en base al programa de trabajo que elaboramos la semana antepasada, precisamente citar a estos funcionarios de la Secretaría; pero para la seguridad de todos ustedes, compañeros diputados, habrá una reunión específica para tratar ese tema, con los niveles a nivel de subsecretario y a nivel de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que tienen que ver con esta labor.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -¿Me permite una interpelación, señor diputado?
El C. Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, señor orador?
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Adelante, diputado Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - ¿Cuál es la razón para no aceptar nuestra propuesta?
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: - Porque es redundante, compañero diputado, porque ya está previsto. Están aquí, el día de hoy, y continuarán prácticamente en forma diaria, de aquí a las próximas semanas, mientras los requiramos, para que los diferentes diputados que tienen duda, de toda naturaleza, muchos de nosotros tenemos también muchas dudas y muchas inquietudes que plantear en cuanto a estas once iniciativas del paquete fiscal que comprende la Ley de Ingresos de la Federación, las diez iniciativas que forman parte de la miscelánea fiscal, además de las dos relacionadas con el Departamento del Distrito Federal, en cuanto al aspecto de ingresos.
Este trabajo, compañeros diputados, ni siquiera debería repetirse, es lo que hacemos siempre en comisiones. Les recuerdo una vez más las intensas labores y sesiones que sostuvimos el año pasado, entre el 15 de noviembre y finales de diciembre, para analizar artículo por artículo de cada una de las iniciativas que se nos presentaron, porque nosotros hacemos el trabajo serio, todos los diputados analizamos, no actuamos al vapor y analizamos con gran fondo y con gran responsabilidad y lo volveremos a hacer este año. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, la diputada Consuelo Botello.
La C. Consuelo Botello de Flores: - Señor presidente; ciudadanos diputados: Nuestra propuesta para que comparezcan los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto no está mal fundada, ni está desviada de la realidad económica que estamos presentando en esta asamblea.
Nosotros, al hacer tal propuesta, estamos insistiendo en un artículo constitucional que afirma: "...que los secretarios de Despacho de Hacienda y de Programación, deben venir a esta honorable Cámara a dar cuenta de la iniciativa del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación".
Y nosotros queremos insistir en que vengan aquí, porque ellos deben afrontar que tuvieron una doble proyección.
Por una parte, está el proyecto que vinieron a presentarnos aquí y en el cual en la política de precios se afirma lo siguiente: "...la política de precios y tarifas responderá a dos principios fundamentales. En primer lugar, se buscará una estructura de precios relativos que permita y propicie una adecuada asignación de recursos; en segundo, se fortalecerán las finanzas de las empresas y organismos del sector público, con objeto de que sus ingresos contribuyan a alcanzar las metas establecidas en el programa económico del año próximo.
Por otra parte, la ejecución de esa política será congruente con la estrategia de combate de la inflación, el calendario en magnitud de los ajustes del año próximo deberá acompañar el abatimiento de los niveles de inflación, en consonancia con un perfil decreciente de la misma. El programa de precios vigilará su impacto sobre la equidad y el poder adquisitivo del salario".
Y señores, no es esto lo que dice el documento sobre precios y tarifas que se nos acaba de leer en esta tribuna; ahí se habla de un calendario de acuerdo con los eventos políticos, y señores, no podemos soslayar que esto ha sido una realidad en nuestro país. En las elecciones del año pasado en Chihuahua, para evitar las protestas de los agricultores y proveedores de granos, se les subió el precio de garantía con motivo de las elecciones de julio de 1986. En cambio en Chiapas hasta muertos hubo por la protesta de los mismos campesinos y agricultores que peleaban únicamente la igualdad de precios de garantía como lo que les habían otorgado a los de Chihuahua. Ese es un aspecto.
Por otra parte, en el documento que leyó aquí el diputado Rubiano, se afirman cosas muy graves. Esa calendarización recomendando no aumentos cerca de julio, y además, se está proponiendo la indexación de los precios con la inflación.
Es más, se está proponiendo que los incrementos de los precios se establezcan de acuerdo con las expectativas de la inflación, ni siquiera ya con una inflación declarada. Eso nada más lo dejan para las gasolinas y los aceites; pero los productos básicos están indexados a las expectativas de la inflación. Esto, señores, es traición para el pueblo; esto es traición para las amas de casa; esto es una cosa que no tiene sentido; es una cosa que va totalmente contra las clases populares, que la mayoría de esta Cámara dice defender.
Esto no es justo. Si nosotros consideramos que en vista de la discrepancia entre el proyecto propuesto a nosotros y la realidad del otro proyecto que se acaba de leer aquí, debemos de insistir en que vengan a darnos cuenta, como dice al artículo constitucional, los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Gracias.
El C. Presidente: -Para hechos, el diputado Ricardo García Cervantes.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La discusión se ha centrado sobre lo que puede pasar el año que entra si la argumentación que pareciera válida, en el sentido de que precisamente el paquete de iniciativas en materia económica, ya están en el seno de la Cámara de Diputados, y que son las comisiones quienes pueden estudiar, y en su caso, "a creer mejor que Alcocer", modificar los presupuestos.
Pero eso es muy remoto. Pero lo importante, y en esas discusiones participarán los expertos y los que saben. Qué bueno que así sea; de la denuncia que aquí se ha presentado hay un lapso de tiempo del cual también debemos interesarnos, noviembre y diciembre, lo que va a suceder con los precios y tarifas en lo que queda de noviembre y el mes de diciembre que está planteado en este documento, nada tiene que ver con los proyectos que están en discusión en las comisiones, sólo tiene que ver con la decisión tomada por la Comisión Intersecretarial que ya ha determinado los montos y las fechas, y aclara que las fechas pueden retrasarse.
Pero todos ustedes diputados, que comparten como yo la no especialización en materias fiscales y económicas, hemos podido enterarnos de la preocupación que hay en toda la población por un inminente aumento a las gasolinas y a los productos derivados del petróleo; todos ustedes
igual que yo, saben que si esta calendarización que se ha denunciado aquí, que plantea para la segunda semana de diciembre un incremento del 100% en el servicio del metro, se estará violando el presupuesto aprobado por está Cámara que no contemplaba para este año ese incremento, que no se nos olvide lo que puede suceder en este cierre de año que nada tiene que ver con la iniciativa que están estudiando con los expertos y con los funcionarios en las comisiones.
Ya la devaluación del peso trajo una expectativa inflacionaria mayor que la que se tenía prevista, y si ahora para no rezagarse en los precios y tarifas del sector público, van también a calendarizar para noviembre y diciembre aumentos en los servicios y en los productos, el único que está pagando el plato, el único que se va a ver perjudicado es la inmensa mayoría de los mexicanos que no están esperando como aquí se dijo, el resultado de las comisiones para 1988, que están padeciendo ahora y van a padecer en diciembre de 1987.
Simplemente la conclusión, de negarse a darle la importancia a un documento que establece que viene un aumento del 40% en los petrolíferos, antes de enero, que viene un aumento del 100% en el metro antes de enero, que viene un aumento en la tortilla del 36.8% antes de enero, que viene un aumento del 55% del frijol antes de enero, y esas leyes que ustedes están discutiendo en las comisiones son para después de enero, qué va a pasar ahora en diciembre con la representación del pueblo.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Jorge Alcocer.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; compañeros diputados: Yo creo que debiéramos centrar el debate y debiéramos ver qué es lo que estamos proponiendo.
Va a haber aumentos a las gasolinas, todo indica que sí, el Ejecutivo seguirá usando los precios como una vía para incrementar sus ingresos, a despecho de las pretensiones declaradas de combatir la inflación.
Pero yo me pregunto ¿no sería más procedente frente a esta situación de ahora, no de 1988, sino la de ahora, por ejemplo que la Cámara se pronunciaran en contra de nuevas alzas en los precios y tarifas el sector público en virtud de que sólo contribuyen a retroalimentar la inflación? Nosotros hicimos esa propuesta, que esta Cámara se pronuncie en ese sentido porque el problema que tenemos, y en eso queremos insistir, es que la política de precios y tarifas, contra lo que dice el diputado Orcí, incluso, no está incluida en la Ley de Ingresos, no está.
En este país ya sabemos que hay el sistema presidencialista, en el que el Ejecutivo concentra facultades. ¿Dónde están las facultades del Congreso para fijar precios y tarifas? No las tiene, ni siquiera puede delinear la política general de precios y tarifas. Eso corresponde al Ejecutivo.
En la Ley de Ingresos, no hay disposición alguna sobre precios y tarifas. Hay estimaciones de ingresos, punto.
En derechos, tampoco, porque los derechos son otra cosa; los derechos no son precios y tarifas por bienes y servicios que el Estado vende o proporciona a la comunidad. Tampoco está ahí. ¿Dónde está el problema? El problema está en una conducta que el Ejecutivo decide por sí y ante sí, a despecho de los mexicanos, contra la opinión de los mexicanos.
Esta Cámara, ¿qué puede hacer? Yo digo, pues el derecho de pataleo, podría ejercer, decir, esta Cámara se pronuncia en contra de que hayan nuevos aumentos porque eso sólo retroalimenta la inflación y perjudica a la mayoría de los mexicanos.
Y el otro asunto, el de la importancia del documento, pues no le restamos importancia al documento, diputado, pero creemos que la presencia, en los términos planteados por Acción Nacional, de los secretarios de Estado, es redundante, lo repetimos, ya lo explicamos. Y creemos también a diferencia del diputado Orcí, que la propuesta que nosotros hemos hecho es procedente. El dice, es que ya está contemplado, sería redundante. No, ahí no es redundante, porque esta Cámara no ha decidido a ese respecto nada. Y el pleno de la Cámara pues puede excitar, sugerir, ordenar a la comisión, que cite a esos funcionarios en la Comisión de Hacienda, bueno si no se quiere que sea en comisiones unidas, pues en la de Hacienda. Cuanto antes, para ver este problema.
Que no nos digan, es que ya estaba contemplado, ya lo teníamos previsto, esto ya parece respuesta de secretario de Estado: ya estaba en el Plan de Desarrollo contemplado que vendríamos a explicarles.
Seamos más serios, tenemos un problema muy grave, que es el problema de la inflación. Démosle la seriedad y el trato que merece, y si la propuesta como dice el diputado Orcí ellos están de acuerdo, pues que se apruebe, porque aquí hay una mecánica muy curiosa, estamos de acuerdo con lo que se dice pero no aprobamos la propuesta porque ya estaba previsto en el plan de las comisiones. Pues si ya estaba previsto, ayuda un poco, hombre, no se preocupen.
El C. Roberto Calderón Tinoco (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: -¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Roberto Calderón Tinoco (desde su curul): - Para el mismo asunto.
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados: Evidentemente que al poner a consideración del pleno si se acepta o no la propuesta presentada, o si de discute o no, nosotros estamos viendo ya queriendo adelantar el resultado, la negativa por parte de la mayoría para que se le dé trámite a esta propuesta.
Creo que si requiere de una reflexión sería por parte de todos los integrantes de esta representación popular, si tomamos en cuenta que en las recientes comparecencias de los funcionarios, tanto de Hacienda como de Programación y Presupuesto, se insistió en que los efectos de la devaluación del peso no repercutiría en el grueso de los mexicanos, o sea, que no debía ser justificante para mover los precios de los artículos de consumo necesario, y sobre todo lo relacionado con precios y tarifas. Al menos eso fue lo que se sostuvo en esta tribuna por parte de los funcionarios comparecientes.
Entonces nosotros queremos que con este pronunciamiento que debería de hacer el pleno en el sentido de que no se ve esa alza como se presiente o se presenta que habrá de ocurrir, llamar la atención porque los efectos que de ella se derivarán son claros y habrán de traer una escalada desmesurada de los incrementos de precios que le pegarán fuerte a la inflación; y si por parte del Ejecutivo se ha manifestado que una de las prioridades básicas de sus programas implementados es precisamente evitar que esta espiral inflacionaria siga en carrera ascendente, entonces debemos evitar el que se den esas alzas en lo inmediato, ya que como se ha argumentado, esto tendrá efectos desastrosos para la economía popular.
La política de preciosos y tarifas que ha seguido el sistema y si bien es cierto que ya se ha manifestado que los rezagos se habían ya eliminado, se habían cubierto, que prácticamente ya se habían puesto al día los precios y tarifas de los bienes y servicios que presta el sector público con los ajustes que se han venido haciendo periódicamente. Un ajuste u otro ajuste no lo resistiría la población en las actuales circunstancias y el carácter de representación nuestra es precisamente responderle a nuestros representados pronunciándonos en contra de esos eventuales incrementos, o esos virtuales incrementos que se tienen en puerta. Por eso nosotros, por parte de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata, también nos sumamos a que se acepte la propuesta de que este pleno haga un pronunciamiento en el sentido de que no haya nuevas alzas a esos precios y tarifas, al menos en lo que resta del presente año, para aliviar con ello los efectos que en otros sentidos está teniendo ya la población con la reciente devaluación del peso y en contra de lo que dijeron los funcionarios comparecientes, sí está produciendo efectos serios en la economía popular. Muchas gracias. (Aplausos)
El C. Presidente: - Tiene usted la palabra, para hechos, señor diputado Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente, compañeros diputados: Yo creo que sí conviene, para redondear los argumentos que hemos escuchado prolíficamente desde esta tribuna, leer un poco a lo que se refiere la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.
Si ustedes ponen un poco de atención, podremos sacar e iluminar el debate para sacar una conclusión respecto de la proposición que Acción Nacional formula, a través del diputado Rubén Rubiano Reyna.
Dice la fracción IV de la Constitución en el artículo 74, "Que es atribución de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación del Departamento del Distrito Federal", discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre, o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
Si analizamos la fracción IV del artículo 74, los objetivos en cuestión son precisamente examinar, discutir y después aprobar. Yo creo que examinar tiene una connotación muy clara para todos nosotros, significa de los elementos aportados hacer un análisis sobre el aspecto cualitativo y sobre el aspecto cuantitativo de los mismos.
Han venido los señores secretarios tanto de Hacienda como de Programación y Presupuesto a
explicar los motivos, a explicar los alcances a su modo de las leyes que se presentaban, tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos.
Se ha dicho desde aquí que los secretarios han hablado con la verdad. Desde esta tribuna, si mal no recuerdo, el Secretario de Hacienda dijo que no habría ninguna repercusión ni en precios ni tarifas en relación de la devaluación de la moneda, y ¿qué es lo que ocurrió el mismo día? Ocultamiento de mercancías invariablemente en todos los comercios, reetiquetación de los productos que era constatable en cualquier tienda, en cualquier almacén, en cualquier establecimiento que ofreciera productos al público, inclusive en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México se colocaron letreros, tanto por las dos compañías mexicanas como por otras, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, en donde se establecía que se respetaban los precios de los vuelos nacionales a los que hubieran sacado boleto anterior a esa fecha y hasta el 26 de noviembre.
Con esto, con un ejemplo basta para constatar de que aquí no se nos habló con la verdad; que no iba a tener impacto y los impactos ya se estaban dando desde la misma tarde de la devaluación.
Por lo tanto, creemos que sí hay elementos distintos que precisan de la presencia de los señores secretarios para explicar los impactos que estas verdades, que estos programas que acaban de ser encontrados en donde se van, en plazos determinados, a elevar precios y tarifas correspondiendo a eventos de carácter electoral, sean explicados. ¿A quién? A nosotros en lo individual o a nosotros como representantes del pueblo de México.
Yo creo que tenemos el derecho, tenemos necesidad además de tener los elementos de juicio suficientes para contestar a las gentes de los distritos a los que correspondemos, a las gentes de nuestras entidades, y satisfacer la curiosidad muy justa del porqué una es la verdad que predica el gobierno y otra es la realidad que constatan los hechos que se están presenciando y de los cuales está padeciendo la población.
Finalmente, quisiera pedir a todos los partidos, al fin de cuentas no se trata más que del ejercicio de una atribución que nos corresponde, que estuvieran de acuerdo con la proposición que formula Acción Nacional. Al fin de cuentas, repito, no se trata más que del cumplimiento de una obligación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el ciudadano Rubén Rubiano Reyna.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición presentada por el diputado Rubén Rubiano Reyna.
Los que estén por la afirmativa favor de ponerse de pie...
(Votación.)
Los que estén porque se deseche la proposición, favor de ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el diputado Jorge Alcocer Villanueva.
El C. secretario Antonio Sandoval González: -En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición presentada por el diputado Jorge Alcocer. Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie...
(Votación.)
Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL ALZA DE PRECIOS
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Alcocer. El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Dije en mi intervención anterior que iba a hacer una propuesta de pronunciamiento, ya que no querían hacer nada respecto a las propuestas, pues cuando menos nos pronunciemos en contra de lo que va a ocurrir, el llamado por nosotros derecho de pataleo de la Cámara, dado que no podemos hacer otra cosa.
Que hagamos un pronunciamiento de esta Cámara en los siguientes términos: La Cámara de Diputados se pronuncia en contra de que el Ejecutivo Federal acuerde nuevas alzas en los precios y tarifas del sector público y paraestatal, por ser fuente de presiones inflacionarias y en consecuencia de profundos daños a la economía y a la capacidad de compra de los trabajadores.
Los compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores y los compañeros del Partido Demócrata Mexicano, han manifestado su consentimiento con esta propuesta, el Partido Acción Nacional también, entonces la hacemos a nombre de cuatro fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, del Partido Demócrata, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Partido Mexicano Socialista.
Es una propuesta de pronunciamiento, vamos a ver si lo que algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional dicen en la prensa y en sus centrales sindicales, a ver si lo pueden apoyar aquí. Dejo la propuesta por escrito.
El C. Presidente: - Se pregunta a la asamblea si por esta nueva proposición se desea hacer uso de la palabra.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite o no la proposición presentada por el diputado Alcocer.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite la proposición presentada por el diputado Jorge Alcocer.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Pedro José Peñaloza.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Yo creo que es verdaderamente impresionante lo que hemos presenciado en los últimos minutos en esta Cámara.
Resulta que la mayoría ha desechado una propuesta que nos parece que es ilustrativa de lo que piensa el pueblo de México. Me refiero concretamente a que el pueblo de México está cansado, desesperado, pues, de las alzas en los precios y en las tarifas que se avecinan, que se anuncian.
Pero yo vengo a la tribuna a llamar la atención sobre un hecho que también es preocupante. Hemos leído todos que el ciudadano Fidel Velázquez, atención, ha declarado en los diversos medios de difusión, que el Congreso del Trabajo estudia la posibilidad de emplazar a huelga general y de hacer acciones importantes y están a punto de entregar, se dice en los medios de difusión, un documento al Presidente en protesta por la devaluación y los efectos que ésta tiene.
Y resulta que mientras el dirigente del movimiento obrero oficial, ciudadano Fidel Velázquez, amenaza con una huelga general, la cual por supuesto nosotros apoyamos incondicionalmente, nos enfrentamos con que aquí sus colegas de central votan en contra de que la Cámara de Diputados se pronuncie en contra de que sigan aumentando los precios. Esto es una contradicción evidente. Yo creo que mal, malas cuentas van a entregar al ciudadano Fidel Velázquez los de la CTM y en general, diputados obreros, han votado en contra, cuanto en pocas horas, tengo entendido, pues se va a entregar al Presidente una protesta que parece ser que es muy airada.
Pues hay una contradicción que yo llamo a su atención y que quiero dejar sentado en esta tribuna, de que no es posible que para fines de publicidad o no sé para qué fines, me niego a especular más, se diga que se va, incluso, a convocar a una huelga general, etcétera, y que se venga aquí a este ámbito y se vote en contra.
Podríamos titular, sin ningún sonrojo este capítulo de la actitud de los diputados obreros, como vicios privados, virtudes públicas. Sigan adelante.
INVITACIONES
La secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
«Escudo del Estado.
C. Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D. F.
El honorable Congreso del estado, invita a usted a la sesión solemne en la que el general de división, Absalón Castellanos Domínguez, gobernador constitucional del estado de Chiapas, presentará su V informe de gobierno, a las once horas en el teatro de la ciudad, declarado recinto oficial, el día veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.»
El C. Presidente: - Para asistir a la sesión solemne en la que el ciudadano gobernador del estado de Chiapas rendirá su V informe de gobierno, cuya invitación ha sido oportunamente leída, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Eduardo Robledo Rincón, César Augusto Santiago Ramírez, Homero Díaz Córdova, Blanca Esponda de Torres, Antonio Melgar Aranda, Ylce Sarmiento Gómez, Humberto Andrés Zavala Peña, Óscar Ochoa Zepeda, Sergio
Armando Valls Hernández, Adner Pérez de la Cruz y Jorge Amador Amador.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
«C. Presidente de la honorable Cámara de Diputados. Palacio Legislativo. - México. D. F.
La honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado libre y soberano de Veracruz - Llave, invita a usted a la sesión solemne en la que rendirá su I informe de gobierno el ciudadano gobernador constitucional del estado, Fernando Gutiérrez Barrios, el día lunes treinta de noviembre a las once horas en el Teatro del estado Ignacio de la Llave declarado recinto oficial.
Xalapa - Enríquez, Veracruz. Mil novecientos ochenta y siete.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Juan Maldonado Pereda, Guilebaldo Flores del Ángel, Santana Franco Lima, Emérico Rodríguez García, Guadalupe Natalia Solares Bauza, Juan Nicolás Calleja Arrollo, Héctor Yunes Landa, Carlos Romero Smith Vélez, María Aurora Munguia Archundia, Sergio Roa Fernández, Mario César Olvera Gasparín, Isidro Pulido Reyes, Hesiquio Aguilar de la Parra, Sebastián Guzmán Cabrera, Héctor Sen Flores, Pedro Sánchez Arrieta, Héctor Aguirre Barragán, Elvira Rebeca Arenas Martínez, Cirilo José Rincón Aguilar, Pastor Munguia González, Rafael García Anaya, Federico Fernández Fariña, Óscar Aguirre López, Miguel Osorio Marbán y Genaro José Piñeiro López.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
«La L Legislatura del honorable Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne que con la distinguida presencia del ciudadano Miguel de la Madrid, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la que rendirá protesta de ley como gobernador constitucional del estado, el ciudadano Eliseo Mendoza Berrueto, acto que tendrá verificativo a las once horas del día primero de diciembre próximo, en el Centro de Convenciones, declarado con ese motivo recinto oficial. En el mismo acto, los ciudadanos magistrados propietarios del honorable Supremo Tribunal de Justicia otorgarán la protesta de ley.
Saltillo, Coahuila, diciembre de mil novecientos ochenta y siete.»
El C. Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, César Augusto Santiago Ramírez, Gaspar Valdés Valdés, Hilda Aurelia Lozano López, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Daniel Castaño de la Fuente, Rodolfo Jiménez Villareal, Jesús Santiago Jardón Lerma, Gonzalo Padilla Fuentes y Marciano Aguilar Mendoza.
INFORME DE LOS TRABAJOS DE LA VII REUNIÓN MÉXICO - CANADÁ
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame para dar lectura al informe sobre los trabajos de la VII Reunión Interparlamentaria México - Canadá.
El C. Antonio Tenorio Adame: -Señor presidente, con su permiso.
«H. Asamblea de la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura al Congreso de la Unión. Presente.
En atención a lo dispuesto por el acuerdo tomado por este pleno el día 28 del mes de diciembre de 1986, en que se designó a la delegación mexicana que asistiría a la VII Reunión Interparlamentaria México - Canadá, la cual se llevó a efecto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 10 y 11 del presente mes, en la que las delegaciones representativas de ambos países, hicieron el mejor de sus esfuerzos en un ambiente de cordialidad y amistad, para elaborar como resultado final el comunicado conjunto que se denominó "Declaración de Guadalajara", documento que venimos a dar lectura y que textualmente dice:
COMUNICADO CONJUNTO
Declaración de Guadalajara
Los miembros de las delegaciones parlamentarias de México - Canadá, al concluir los trabajos de la VII Reunión Interparlamentaria, celebrada en Guadalajara, Jalisco del 9 al 11 de noviembre de 1987, convinieron en destacar lo siguiente.
Durante las deliberaciones de la reunión interparlamentaria se llevó a cabo una revisión general del estado que guardan las relaciones entre los dos países y ambas delegaciones tomaron nota con beneplácito del hecho de que existe una relación cordial y armoniosa entre los gobiernos y pueblos de ambas naciones. Al propio tiempo las dos delegaciones reafirmaron los lazos de amistad y
cooperación existentes y convinieron en destacar la necesidad de dar un mayor impulso a la relación bilateral a fin de que se intensifiquen estas relaciones, puesto que existe la voluntad política y el potencial para ello. En tal sentido, acordaron recomendar a sus respectivos gobiernos que se adopten las medidas necesarias para que dicha voluntad política se traduzca en acciones concretas que permitan darle un mayor dinamismo a las relaciones entre los dos países.
Al examinarse los últimos acontecimientos ocurridos en América Central, las dos delegaciones reafirmaron su convicción de que la solución a la crisis por la que atraviesa dicha región, debe encontrarse a través del diálogo y la negociación. Al respecto, se felicitaron del avance que han tenido las negociaciones del Grupo Contadora y de los acuerdos a que llegaron los presidentes de América Central en su reunión de Esquipulas en agosto último, destacando que los gobiernos de ambos países están dispuestos a cooperar plenamente y apoyar medidas prácticas que favorezcan las negociaciones en curso y el proceso de pacificación. Al concluirse el examen de este tema ambas delegaciones se congratularon de compartir la misma posición respecto al mismo que compete a todos los países del continente americano, reiteraron su apoyo irrestricto a los principios de no intervención y de solución pacífica de las controversias. La delegación canadiense hizo un reconocimiento a la posición de México que desde un inicio pugnó por una solución basada en dichos principios.
Ambas delegaciones condenaron enérgicamente la política de Apartheid del gobierno de Sudáfrica. La delegación mexicana reconoció el muy loable espíritu de justicia que ha inspirado las amplias sanciones económicas que Canadá ha impuesto al gobierno de Sudáfrica, así como su disposición para que si tales medidas no fueren suficientes, ponga fin a sus relaciones económicas y diplomáticas con Sudáfrica. La delegación canadiense ha tomado nota con satisfacción de la política sistemática que México ha seguido contra el Apartheid, en virtud de la cual no ha tenido relaciones diplomáticas o económicas con ese régimen.
Ambas delegaciones tienen conciencia de que la campaña para terminar con el Apartheid está en punto crítico. No es posible cejar en ella, la presión contra el Apartheid debe continuar e intensificarse, y el reto estriba en hallar los medios pacíficos y eficaces para acabar con esta perversa e injusta política del gobierno de Sudáfrica.
Acordaron reiterar la declaración hecha durante la VI reunión interparlamentaria celebrada en la ciudad de Calgary en 1986, en el sentido de que los gobiernos de ambos países continúen e incrementen sus esfuerzos para favorecer las condiciones que permitan progresos en las negociaciones sobre el desarme y así se contribuya a crear una mayor estabilidad mundial, eliminándose gradualmente los peligros de la guerra, bien sea nuclear o convencional. En tal sentido, se congratularon del progreso de las negociaciones que han abierto la posibilidad de que próximamente se firme un acuerdo para la reducción de misiles en Europa y exhortaron para que este proceso lleve al desarme nuclear total de la misma forma, acordaron pedir enfáticamente a sus gobiernos respectivos que hagan un llamado en los foros internacionales a fin de que se incrementen las medidas necesarias para frenar el tráfico ilícito de armamento.
Ambas delegaciones enfatizaron que la carrera armamentista desvía los recursos necesarios para el desarrollo económico y social, que conduce a la paz.
A este respecto, la delegación canadiense reconoció la contribución en favor de la paz que ha venido realizando el Grupo de los Seis, del que México forma parte.
Al abordarse este tema, la delegación de Canadá recordó que en este día se conmemora en su país el "Remembrance Day" en honor a los soldados canadienses que han perecido en combate. Al respecto las delegaciones acordaron guardar un minuto de silencio en memoria de los caídos canadienses.
Ambas delegaciones reiteraron el compromiso de sus respectivos países con la Organización de las Naciones Unidas y señalaron la importancia fundamental de la ONU para la comunidad de las naciones.
Ambas delegaciones expresaron la necesidad de una reforma financiera y administrativa del sistema de la ONU. La delegación mexicana por su parte, hizo mención de los trabajos realizados en este respecto por el Grupo de los Dieciocho aprobados por la Asamblea General en 1986. La delegación mexicana tomó nota y expresó su interés por la propuesta y el modelo canadiense sobre este tema.
Ambas delegaciones estuvieron de acuerdo en la utilidad de una mayor cooperación entre sus respectivos países dentro de la ONU para el logro de sus objetivos comunes.
Los parlamentarios expresaron su satisfacción por la conclusión de las negociaciones del nuevo
memorándum de entendimiento que permite la continuada participación de trabajadores mexicanos en tareas agrícolas del Canadá. Señalaron que este programa es un modelo de cooperación en esta materia entre dos países y opera en beneficio de ambas naciones.
Dentro del análisis que se hizo del estado de las relaciones México - Canadá, se puso especial énfasis en el tema del comercio bilateral, tomándose nota con preocupación del hecho de que el flujo comercial entre los dos países no ha tenido en los últimos años el volumen deseado. Al respecto y después de referirse a las posibilidades que ofrecen diversos sectores para intensificar las relaciones comerciales y destacar que se debe propiciar que el sector privado participe en forma más dinámica en la promoción de los vínculos comerciales, ambas delegaciones realizaron un interesante intercambio de información e ideas, tanto sobre el acuerdo del libre comercio entre Canadá y Estados Unidos de América, como del memorándum de entendimiento en materia comercial entre México y Estados Unidos. Convinieron en recomendar a sus respectivos gobiernos la conveniencia de ampliar y mejorar los acuerdos existentes entre México y Canadá con el fin de incrementar el comercio entre ambas naciones. Las delegaciones hacen votos porque como miembros del GATT se logre un intercambio económico más amplio y justo entre la comunidad internacional, que evite el recrudecimiento de tendencias proteccionistas que tendrían efectos nocivos en la economía de los países y porque durante las negociaciones de la "Ronda Uruguay", Canadá y México contribuyan a crear los marcos de entendimiento adecuado sobre los temas de discusión.
La delegación mexicana expresó su preocupación por los recientes problemas financieros que podrían llevar a una reducción del ritmo de crecimiento de la economía mundial. La delegación canadiense reconoce los grandes esfuerzos hechos por México para el cumplimiento escrupuloso de sus compromisos financieros. Ambas delegaciones reconocen la importancia de la crisis mundial de la deuda y la necesidad de la cooperación internacional para resolverla. Por su parte, la delegación mexicana expresó que el problema de la deuda no puede ser resuelto a través del aplazamiento de las legítimas aspiraciones de progreso de los pueblos.
Ambas delegaciones reafirmaron su deseo de contribuir a la creciente estabilización de los mercados petroleros mundiales y a la vez tomaron nota de que en la medida en que las posibilidades de exportación de México lo permitan y las necesidades de importación de Canadá lo demanden, México continuará teniendo participación en el abastecimiento petrolero de Canadá.
Las delegaciones conversaron ampliamente sobre el creciente intercambio turístico entre las dos naciones.
Convinieron por tanto en nuevamente exhortar a sus gobiernos para que a la mayor brevedad se restablezcan las conversaciones sobre el nuevo convenio aéreo actualmente suspendido.
Las delegaciones tomaron nota, con particular interés, de la importante relación que existe en la industria minera de ambos países y acordaron recomendar se propicie una mayor colaboración en materia de intercambio científico, tecnológico y comercial, que coadyuve al desarrollo y explotación de diversos minerales mexicanos de aplicación industrial.
México y Canadá reiteran el derecho de las naciones a administrar los recursos marinos en sus zonas económicas costeras, México y Canadá como signatarios en la conferencia sobre el derecho del mar, se esforzarán por fortalecer el espíritu de cooperación y de amistad que tradicionalmente ha caracterizado las relaciones de los dos países en esta área de sus intereses nacionales respectivos.
Las delegaciones hicieron un llamado general para que las legislaciones de preservación ecológica sigan avanzando y perfeccionándose. En este sentido se hizo un reconocimiento al prestigio que tiene Canadá por su política de protección del medio ambiente y a los esfuerzos dignos de elogio que México realiza actualmente en la materia y se aprobó proponer a los respectivos gobiernos que se estudie la conveniencia de promover a la mayor brevedad una firme cooperación en materia de protección ecológica.
Las delegaciones observaron el estado que guarda el cumplimiento del convenio celebrado entre los dos países en materia cultural, y reconocieron que la situación financiera ha limitado un mayor intercambio en este campo, exhortando a sus respectivos gobiernos para que se haga un mayor esfuerzo para incrementar estas relaciones.
La delegación canadiense expresó a la de México su aprecio por la excelente organización y la cordial hospitalidad que ha brindado a la reunión y la invitó a celebrar la próxima en Canadá en una fecha y un lugar mutuamente convenientes.
Guadalajara, Jalisco, México, a 11 de noviembre de 1987.- Diputado Juan Maldonado Pereda, presidente de la delegación mexicana; honorable
Marcel Danis, presidente de la delegación de Canadá; senador Hugo B. Margáin, vicepresidente de la delegación mexicana; senador Willie Adams, vice chairman of the Canadian Delegation.
Sala de sesiones a 26 de noviembre de 1987.»
Trámite: - De enterado.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: - Esta presidencia informa a la asamblea, que han solicitado el uso de la palabra para diversos propósitos, los siguientes ciudadanos diputados: Para presentar iniciativas: Eduardo Lecanda Lujambio, Francisco Berlín Valenzuela, Nabor Camacho Nava, María de la Luz Gama Santillán y Alejandro Encinas Rodríguez. Para presentar denuncias: Jorge Alcocer Villanueva y Pablo Alvarez Padilla. Y para conmemorar diversas efemérides: Gonzalo Castellot Madrazo, Gustavo Nabor Ojeda y Juan José Castro Justo.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para presentar una iniciativa, el ciudadano diputado Eduardo Lecanda Lujambio.
El C. Eduardo Lecanda Lujambio: -Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados: Hace unos momentos estuvo en esta tribuna un diputado de la oposición, a quien por sus desplantes fuera de lo normal jamás los diputados del sector obrero tomamos en consideración, porque somos mayores de edad y no necesitamos vejigas para nadar. Tenemos suficiente experiencia, no buscamos aprendices improvisados para plantear y resolver nuestros problemas, sabemos hacerlo y mi presencia en esta tribuna, tiene como propósito presentar una iniciativa de reformas a la legislación del trabajo en relación con la fijación de los salarios.
En consecuencia, bastaría dar lectura a la iniciativa tal y como lo voy a hacer, pero en mi carácter de diputado obrero cetemista y de todos los diputados que pertenecen a la CTM, apunto la necesidad de que lo que propongo sea prontamente aprobado, porque los momentos en que está viviendo la clase obrera nacional, son cruciales, porque nuevamente se repite que aun la medida de ajuste monetario respecto de los cuales los trabajadores no estamos de acuerdo, se han elevado en cascada los precios de los satisfactores, por la voracidad incontenible de los patrones, comerciantes e intermediarios, empobreciéndolos en forma tal, que están tocando a la miseria; no se puede aceptar lo que está ocurriendo.
Muchas razones podrán darse en relación con la devaluación que acaba de ocurrir, posiblemente justificadas, pero lo que es inadmisible es que no se hayan tomado medidas, que los precios hayan carecido de control. En todos los establecimientos comerciales, propiedad de los enemigos del gobierno y de las clases proletarias, pagaron tiempos extras a sus empleados para reetiquetar todas sus mercancías; los artículos de primera necesidad, las medicinas un 100%, en forma total que ellos han duplicado capitales y los trabajadores miseria.
La Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo, se están pronunciando por una huelga general si no hay una compensación justa a los salarios, si no se decreta una política enérgica y de control en contra de los especuladores.
La diputación obrera de la LIII Legislatura Federal, apoya y apoyará la determinación y por eso su urgencia para que se apruebe la iniciativa que voy a presentar, en donde entre otras cosas y proposiciones se considera como derecho de huelga el aumento de los salarios cuando se aumenten los precios o se devalué nuestra moneda.
La iniciativa encauza dentro del orden jurídico, los reclamos legítimos de la clase obrera y hemos de esperar que la sensibilidad revolucionaria de esta soberanía y particularmente de los integrantes de mi partido, el Revolucionario Institucional, para que eviten que quienes aprovecharon el auge de nuestro país trasladaron capitales al extranjero, destinaron las utilidades para bienes suntuarios y exhibieron en el extranjero a los mexicanos como manirrotos, y hoy en la crisis, sigan succionando la economía nacional, el esfuerzo de los trabajadores, al considerar que aquélla es una oportunidad de enriquecimiento.
Como lo anterior es inadmisible para los diputados cetemistas, proponemos la siguiente iniciativa:
«H. Cámara de Diputados.- Presente.
Los diputados de la Confederación de Trabajadores de México que forman parte de la fracción parlamentaria del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional en la LIII Legislatura Federal, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Federal y 56 del
Reglamento Interno del Congreso General, promueven reformas a la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 82, 85, 90 y 450 con apoyo en lo siguiente.
La definición tradicional del salario es la retribución que recibe la persona que subordinadamente presta a otra un servicio, considerando al trabajo como una mercancía cuyo valor se satisface pagando una cantidad en dinero sin que el adquirente o patrón tenga obligaciones adicionales.
Las luchas obreras condujeron a establecer que la relación de trabajo no se concreta a la recepción de un servicio y al pago del mismo, también genera otras prestaciones, puesto que el salario jamás representa la correcta compensación y menos atiende a la naturaleza humana de quien trabaja.
Se requieren prestaciones adicionales que desechan el concepto del trabajo como mercancía y en su conjunto acercan a la justa o correcta distribución de la riqueza generada por el capital y el trabajo.
El artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, indica que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y, si bien es cierto que el artículo 85 del mismo ordenamiento, en correspondencia con la fracción XXVIII, inciso B), del artículo 123 constitucional determina que el salario debe ser remunerador, concepto que conduce a la exclusión del trabajo como cosa en el comercio y que para su fijación deben tomarse en cuenta otros factores, lo cierto es que la definición legal ha llevado, así ocurre, a que aquélla se determine por un acuerdo de voluntades, en forma individual o colectiva, en consideración a la cantidad y calidad del trabajo.
Por mucho tiempo, las revisiones salariales se hacían cada dos años, tanto de los mínimos como las contractuales; sin embargo, las condiciones económicas determinaron la revisión anual y, por la reforma a la fracción VI, del artículo 123 constitucional, recientemente aprobada por el Constituyente Permanente, deben hacerse cuando las condiciones económicas lo hagan necesario.
Los trabajadores cotejan que los aumentos a sus salarios siempre se han visto mermados como consecuencia del incremento repetitivo de los precios y, hoy en día, por las fluctuaciones del peso en el mercado monetario internacional, en relación a lo primero subsiste en el intercambio comercial de los satisfactores un mercado libre que no se sujeta a lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, evitando que los artículos de consumo necesario, se mantengan a un precio justo, a todo aumento salarial y a discreción de los productores, comerciantes e intermediarios, se elevan en mayor cuantía los precios reduciendo el poder adquisitivo de los emolumentos, por lo que, en tanto no haya relación entre precios y salarios siempre éstos dejarán de ser reales.
Por otra parte, las devaluaciones repetitivas de la moneda determinan también que los salarios pierdan su poder de compra, sobre todo cuando éstas son bruscas tal y como es la más reciente. Toda reducción cambiaría del signo monetario, es una disminución de los salarios, por lo que éstos deben aumentar en la proporción que las devaluaciones les afecten, en consecuencia, los salarios deben fijarse por la cantidad y calidad del trabajo, pero también en atención a los aumentos de los precios y a la devaluación de la moneda nacional.
Fundado en lo anterior, se propone a esta soberanía que los artículos 82,85, 90 y 450 de la Ley Federal del Trabajo, deben quedar como sigue:
Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y se fijará teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 85.
Artículo 85. El salario debe ser remunerador, nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad, calidad del trabajo, la elevación en el precio de las mercancías o servicios y las fluctuaciones de la moneda nacional.
Y en el salario por unidad de obra...
Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. El salario deja de ser suficiente cuando por la elevación en el precio de los satisfactores y las fluctuaciones monetarias, no cumple con los fines a que se le destina.
Se considera utilidad social...
Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto:
I a VII.......................................................................
.
VIII. Exigir el aumento de los salarios cada vez que se eleven los precios de los satisfactores o se devalúe la moneda nacional.
México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 1987. - Por la diputación priísta, de la Confederación de Trabajadores de México: Alfredo González González, Rogelio Preciado Cisneros, Pedro López Vargas, Gaspar Valdés Valdés, Alfonso Santos Ramírez, Jorge Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Joaquín López Martínez, Federico Durán Liñán, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Alfonso Reyes Medrano, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristóbal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Carrillo Flores, Porfirio Camarena Castro, Félix Liera Ortiz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heriberto Serrano Moreno, José Delgado Valle, Juan Carlos Velazco Pérez, Abimael López Castillo, Raúl Ramírez Chávez, Leobardo Ramos Martínez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, Oney Cuevas Santiago, Blas Chumacero Sánchez, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinosa Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solís Payán, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Priego, Emilio Jorge Cordero García, Diego Navarro Rodríguez, Luis Najera Olvera, Américo Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, Francisco Rafael García Anaya, José Nerio Torres Ortiz y José Luis Galaviz Cabral.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El C. Pedro José Peñaloza (desde su curul): -Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: -¿Con qué propósito, señor diputado? Es una iniciativa. El único turno permitido es enviarlo a comisión.
El C. Pedro José Peñaloza (desde su curul): - En base al artículo 102, ¿me la va a dar?, ¿sí o no?
El C. Presidente: - Tiene usted el uso de la palabra, en términos del artículo 102.
El C. Pedro José Peñaloza: -Señor presidente; señoras y señores diputados: No es mi interés, por supuesto, en este momento discutir la iniciativa que los diputados de la Confederación de Trabajadores de México han traído por boca del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Únicamente quiero hacer notar un hecho que me parece importante destacar que lo corrobora en el momento en que el diputado vino a presentar una iniciativa en defensa del salario, en defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, y esto contrasta con que hace unos momentos presentamos una iniciativa algunos partidos de oposición, cuatro fracciones en concreto, en donde pedíamos precisamente eso, una moción que defendiera el nivel de vida de los trabajadores.
Esta era la moción nuestra y nos encontramos con que los que ahora presentan esta iniciativa votaron en contra de ella. Este hecho a todas luces es un acto que inmediatamente se puede calificar de kafkiano, me parece que denota mucho cual es la actitud y la consecuencia de quienes dicen defender los derechos de los trabajadores.
Me parece que sobran palabras para calificar el contraste de votar en la práctica para acciones concretas y eficaces, y la otra presentar iniciativas que pueden dormir el sueño de los justos en alguna comisión, pero no votar acciones directas o concretas. Eso es todo, gracias.
El C. Martín Tavira Urióstegui (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el ciudadano diputado Martín Tavira, para hechos.
El C. Martín Tavira Urióstegui: -Señor presidente, señoras y señores diputados: En el transcurso de nuestros periodos de sesiones varias fracciones parlamentarias han presentado iniciativas de reformas tanto a la Carta Fundamental como a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de resolver los gravísimos problemas relativos al deterioro del salario de los trabajadores y la eficacia de su organización.
Creo que en eso hemos coincidido varios grupos parlamentarios. Con mucha satisfacción hemos oído en varias sesiones de este período, las iniciativas que el Congreso del Trabajo ha venido a presentar al pleno de la Cámara, pero sería muy oportuno, sería un honor para esta Legislatura, que se dictaminara lo más pronto posible, porque la clase obrera no puede esperar más; no puede soportar en sus espaldas la pesada carga de la pobreza debido a la crisis que estamos padeciendo y al ansia de ganancia de las grandes empresas.
Nuestro partido, el Partido Popular Socialista, quiere aprovechar esta ocasión para saludar las diversas iniciativas que ha presentado el Congreso del Trabajo. Esta que se acaba de presentar ahora, para apoyar los pronunciamientos de la
Confederación de Trabajadores de México y en forma concreta la que ha hecho su dirigente Fidel Velázquez, para exigir de la clase patronal, prestaciones que desde hace mucho tiempo la clase patronal ha negado a la clase proletaria de México. La clase proletaria de México es la que ha creado la riqueza, la que ha construido en realidad nuestro país. Y un reducido grupo, como lo decíamos en sesiones anteriores, de la burguesía es el que se aprovecha de las condiciones difíciles que está viviendo el país.
Nosotros hacíamos notar la gran injusticia en la distribución de la riqueza. El 10% de familias de México se lleva más de la mitad de la riqueza nacional. La renta nacional está terriblemente mal distribuida y es necesario que la clase obrera deje oír su voz y conquiste esos derechos que ha estado peleando durante toda su vida. Apoyamos estos pronunciamientos, apoyamos las iniciativas presentadas aquí, apoyamos la decisión de la clase obrera de México de ir inclusive a la huelga para rescatar de la burguesía sus derechos tantas veces negados. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para presentar una iniciativa, el ciudadano diputado Francisco Berlín Valenzuela.
CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
El C. Francisco Berlín Valenzuela: - «CC. secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presente. Quienes suscribimos, miembros de la LIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución general de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la iniciativa de reforma al artículo 9o. fracción XI del Código Federal Electoral, fundamentado en los siguientes
CONSIDERANDOS
1o. Que el artículo 9o. en su fracción XI del Código Federal Electoral, siguiendo lo establecido en el artículo 17 de la abrogada Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales consignó como requisito de elegibilidad para ser diputado federal el de no ser miembro de la Comisión Federal Electoral, ni de las comisiones locales, ni de los comités distritales electorales, al menos que quien desempeñe tales cargos se separe de sus funciones seis meses antes de la fecha de la elección de que se trate.
2o. Que el artículo 11 del mencionado código establece la misma causa de inelegibilidad para ser senador, al decir que para optar por este cargo se requieren iguales requisitos que para ser diputado, a excepción de la edad que en este caso deberá ser de treinta años cumplidos el día de la elección.
3o. Que la Comisión Federal Electoral como organismo rector del proceso electoral tiene una suprema responsabilidad en la preparación, desarrollo y vigilancia del mismo y que de acuerdo con el artículo 165 se integra por un comisionado del Poder Ejecutivo Federal, dos comisionados del Legislativo que son un diputado y un senador y diversos comisionados de los partidos políticos que en la actualidad ascienden a 28.
4o. Que las comisiones locales electorales y los comités distritales electorales de acuerdo con los artículos 178 fracción I y 190 fracción II también se integran por comisionados de los partidos políticos nacionales en los términos de la fracción III y IV del artículo 165, lo que implica que los partidos políticos designen un número considerable de sus miembros como comisionados.
5o. Que es práctica seguida el que los partidos políticos nacionales designan a sus más valiosos elementos para que integren como comisionados los organismos electorales federales, locales y distritales que requiere conocimientos especializados en materia político electoral para poder cumplir de mejor manera las funciones que tiene asignadas.
6o. Que en los términos de los artículos 9o. fracción XI y del 11 del Código Federal Electoral, los comisionados de los partidos políticos, así como los del Poder Legislativo, se encuentran impedidos de la posibilidad de ser candidatos a los cargos de diputados y senadores y seguramente al de representante en la Asamblea del Distrito Federal, si se llega a reglamentar en el mismo sentido, afectando los derechos políticos de todos los comisionados que por razón de su cargo no pueden ejercer el voto activo.
7o. Que tal causa de inelegibilidad resulta injusta y produce el doble efecto de impedir a valiosos miembros de los partidos el poder ser promovidos como candidatos a tareas de representación popular y a los partidos el de verse privados de la posibilidad de contar con valiosos abanderados en las contiendas electorales.
8o. Que de ninguna manera es valedero el argumento de que los comisionados que pudieran dejar su encargo para ser candidatos, afectarían su actuación en el seno de los organismos electorales al actuar como juez y parte, pues el carácter plural del mismo y el mandato que reciben de sus partidos les impone la obligación de una conducta limpia y consecuente con la postura por ellos sostenida.
Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de dar una mayor equidad a los participantes como comisionados en los organismos electorales de todos los niveles, se propone la reforma a la fracción XI del artículo 9o. del Código Federal Electoral para quedar como sigue:
Artículo 9o. Son requisitos para ser diputado federal:
Fracción XI. No ser miembro de la Comisión Federal Electoral, ni de las comisiones locales, ni de los comités distritales electorales, salvo que se separe de sus funciones tres meses antes de la fecha de la elección de que se trate, y ......
México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 1987. - Atentamente.- Nicolás Reynés Berezaluce, PRI; Antonio Monsiváis Ramírez, PDM; Arnoldo Martínez Verdugo, PMS; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, PPS; Jorge Amador Amador, PST; Gregorio Macías Rodríguez, PARM; Pedro José Peñaloza, PRT; y Francisco Berlín Valenzuela, PRI.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL
El C. Nabor Camacho Nava: - « C. diputado presidente; compañeros diputados.
«C. secretario de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
La presente iniciativa de la ley que el día de hoy ponemos a la amable consideración de ustedes, tiene la pretensión de suprimir el vocablo política del párrafo inicial del artículo 115 constitucional, al tenor siguiente: "...Los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:..."
Así se abriría la puerta para que en las congregaciones pudiesen elegirse los agentes municipales, teniendo como electorado exclusivo a sus respectivos pobladores. Sucede en Veracruz, posiblemente también en otros estados, que en los ayuntamientos no existen como parte integrante de los mismos, los agentes municipales, considerados como servidores públicos, a cuyo cargo se encuentran las congregaciones. Basta consultar para comprobar este acerto la Ley Orgánica del municipio libre del Estado de Veracruz. También y para el mismo efecto, puede consultarse el artículo 130 de la Ley Electoral del estado.
Resulta evidente el desconocimiento recíproco entre pobladores de congregaciones y ciudadanos del ámbito urbano, lo que justifica imposibilidad de conocer merecimientos de aspirantes a puestos de elección popular, en una palabra, con esta iniciativa, de aprobarse, se pretenden niveles de gobierno: federal, estatal, municipal y congregacional; este último electo a través de elecciones de agente municipal, con electorado exclusivo para tal nivel pero al que no se proscribiría como electorado municipal, estatal ni federal.
La ventaja que se obtendría con tal procedimiento, que desde luego tendría que implementarse la mecánica adecuada, pobladores de cada congregación en padrón para cada sección o secciones necesarias, pero finalmente con ciudadanos que plenamente se conocen entre sí, evitándose lo que actualmente acontece que consiste que en no pocas ocasiones se designa a personas desarraigadas, no confiables o de plano extrañas no sólo a la congregación sino al mismo municipio. Sobrevienen de inmediato conflictos por el rechazo que a veces unánimemente manifiestan los pobladores, toma de las agencias con procedimientos muchas veces violentos hasta con pérdida de vidas, atraso general de la población por el vacío de poder, revanchismos políticos, atropellos de la justicia, más bien de la injusticia, consignaciones a las cabeceras municipales a gente inocente, en fin, transgresión del orden constitucional, pugnas hasta entre familiares, etcétera.
Ha acontecido no pocas veces que las agencias municipales permanecen tomadas todo el trienio constitucional, impidiendo laborar en favor de los pobladores y creándose un clima de agitación permanente que bien puede resolverse, llevando a efecto elecciones congregacionales legítimas para dejar satisfechos a los ciudadanos y que siendo libres para elegir a quienes habrán de gobernarlos a ese nivel, no tendrán posteriormente derecho alguno a reclamar. Tal procedimiento sería pues una verdadera prueba de buena voluntad de los gobernantes y se vería, por lo menos a ese nivel, que la democracia esplende, permitiendo que el pueblo pueda también equivocarse.
Con la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contando además con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, proponemos ante esta honorable
soberanía, la siguiente iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 115 constitucional, aclarando, para evitar confusiones y evitar rechazo a priori por desconocimiento, que resulta necesario romper el cordón umbilical en lo político, para poder establecer un cuarto nivel de gobierno que sería el congregacional, situación que nada tendría que ver entonces con lo federal, pero que tendría que ser aprobado, por mandato constitucional, precisamente en esta Cámara, la cual girará en su momento la instrucción necesaria a los gobiernos de los estados para su cabal observancia, y curiosamente, tal medida llevaría paz, justicia y tranquilidad al medio rural en el ámbito de la justicia, pues las controversias se dirimirían entre ellos mismos y no por individuos inescrupulosos ávidos de dinero.
Reformado y adicionado el artículo 115 constitucional, quedaría como sigue:
TÍTULO QUINTO
De los estados de la Federación
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización administrativa, el municipio libre y sus congregaciones, conforme a las bases siguientes:
I. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y por todos y cada uno de los agentes municipales de las congregaciones que integran el municipio; también de elección popular directa pero con electorado exclusivo de cada congregación y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éstos y el gobierno del estado.
Los presidentes municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, así como agentes municipales de las congregaciones, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato.
Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato, con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos y agentes municipales, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros que a su juicio y en su defensa convengan.
En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o agente municipal, por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros o del agente municipal, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designarán entre los vecinos a los consejos municipales y/o agentes municipales que concluirán los periodos respectivos.
Si alguno de los miembros del ayuntamiento o el agente municipal dejare de desempeñar a su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo disponga la ley.
II. Los municipios y las congregaciones estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos y los agentes municipales poseerán facultades para expedir, de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativa de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
III. Los municipios y las congregaciones, con el concurso de los gobiernos de los estados, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:
a) Agua potable y alcantarillado.
b) Alumbrado público.
c) Limpia.
d) Mercado y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines.
h) Seguridad pública y tránsito.
i) Turismo (solamente los ayuntamientos costeros).
j) Los demás que las legislaturas locales determinen, según las condiciones territoriales y
socio - económicas de los municipios, así como su capacidad económica y administrativa.
Los municipios de un mismo estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y agentes municipales y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse, sobre todo municipios conurbados, para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda.
IV. Los municipios y las congregaciones administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre las propiedades inmobiliarias, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios y las congregaciones podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a las que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas; sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los estados, de los municipios o de las agencias municipales estarán exentos de dichas contribuciones.
Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y de las agencias municipales y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos y los agentes municipales con base en sus ingresos disponibles.
V. Los municipios y las agencias municipales, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultadas para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y de las congregaciones; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales o congregaciones, de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las congregaciones respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios y las congregaciones municipales donde residirán habitual o transitoriamente.
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, no siendo esto válido en las agencias municipales por su carácter de posición única.
Las relaciones de trabajo entre los municipios, congregaciones y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
IX. Tanto los presidentes municipales, síndicos, regidores, como los agentes municipales, percibirán una retribución económica en el ejercicio de su cargo, misma que será fijada por la legislatura de cada estado, de acuerdo con su capacidad económica, para hacer valedero y plenamente vigente el artículo 5 de esta Constitución.
Sala de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 26 de noviembre de 1987. - Nabor Camacho Nava, Carlos Enrique Cantú Rosas, Reyes Fuentes García, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera, Enrique Bermúdez Olvera, Jorge Cárdenas González,
Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco y María de la Luz Gama Santillán.»
El C. Presidente: - Túrnese la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CÓDIGO FEDERAL ELECTORAL
EL C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para presentar una iniciativa, la ciudadana diputada María de la Luz Gama Santillán.
La C. María de la Luz Gama Santillán:
- Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados y diputadas: Con la preocupación latente, pienso que de todos nosotros, de las reformas que pudieron hacerse de manera sustancial en el Código Federal Electoral, que tendrá que normar la conducta del proceso electoral que se avecina.
Nos hemos preocupado por el Título Tercero, Capítulo I referente a los comités y las comisiones de vigilancia del Registro Nacional de Electores, por una razón tan simple como la siguiente: En el pasado proceso electoral vimos con profunda decepción cómo muchos ciudadanos que acudieron a solicitar su inscripción en el padrón electoral, no les fue entregada a tiempo y forma la mencionada credencial, que es indudablemente el único elemento que nos permite poder emitir el voto el día de las elecciones. Por esta razón y por el sinnúmero de irregularidades que se dan en estas comisiones de vigilancia en los estados, nos hemos permitido traer esta propuesta de iniciativa de ley a la que voy a dar lectura con el permiso de ustedes.
«Señor presidente; compañeros diputados:
Después de leer con detenimiento el Título Tercero del Código Federal Electoral, relativo a las atribuciones de los comités y de las comisiones de vigilancia del Registro Nacional de Electores, considero importante proponer una iniciativa de ley con la mejor de las intenciones que creo que es la que anima el espíritu de todos quienes tenemos el honor y la corresponsabilidad de hacer más perfectibles nuestros procesos electorales. Para nadie es desconocido el esfuerzo moral y material que implica la elaboración de un padrón nacional confiable, tan es así, que en el pasado proceso para las elecciones del Ejecutivo Federal, fue llamado "la gran acción ciudadana" y hoy se le menciona como "suma de voluntades".
Así quiero creerlo y por esta razón, con la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución general de la República y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo la siguiente
INICIATIVA
La adición al artículo 154 del mencionado Código Federal Electoral, quedando como sigue:
Artículo 154. Las comisiones estatales de vigilancia deberán informar mensualmente al Comité Técnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores sobre el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, informar acerca de las actividades de los comités distritales de vigilancia correspondientes al ámbito de su responsabilidad.
Los partidos políticos en voz de sus representantes debidamente acreditados, podrán denunciar en su oportunidad las irregularidades que ocurran en los diversos organismos de vigilancia, particularmente los comités distritales cuando a su consideración dichos actos afecten sustancialmente los resultados electorales.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 26 de noviembre de 1987.- Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: María de la Luz Gama Santillán, Carlos Enrique Cantú Rosas, Reyes Fuentes García, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera, Enrique Bermúdez Olvera, Jorge Cárdenas González y Nabor Camacho Nava.»
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para presentar una iniciativa, el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.
El C. Alejandro Encinas Rodríguez: -Señor presidente: Voy a hacer una solicitud.
En atención a que tanto la exposición de motivos como el articulado de esta ley que vamos a presentar es muy extenso, solicitaríamos a usted mandara se insertara íntegramente en el Diario de los Debates, así como que se reprodujera y distribuyera en el conjunto de la Cámara. Voy a dar lectura entonces a una síntesis sobre una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Ley Federal del Trabajo para establecer el seguro de empleo.
En los últimos años, el nivel de vida de los trabajadores mexicanos se ha deteriorado de manera
alarmante como resultado de la profundización de la crisis económica, y de la incapacidad de la actual administración para resolver los problemas de crecientes demandas de la población.
La política económica instrumentada ha provocado que el costo de los programas de ajuste recaiga en los sectores más débiles política y económicamente, tales como: los jubilados, los pensionados, los jóvenes y los desempleados, sin que hasta la fecha estos sectores cuenten con los mecanismos que les permitan defender su nivel de vida.
La situación generada por los altos niveles de inflación, los recortes en el gasto público y la caída en la inversión que como consecuencia inmediata tiene una caída en la producción y el empleo, ha llevado a una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional que ahora se ha reducido a la tercera parte, mientras que hace algunos años significaba poco más del 40%.
La situación se agrava si tomamos en cuenta que en lo que va de la década, la fuerza de trabajo creció a una tasa superior al 3.2% anual en promedio, debido a la explosión demográfica de décadas pasadas, mientras que cada vez se destinan menos recursos a la inversión. En 1986 esos recursos fueron menores en 32% a los utilizados cinco años antes, por lo que las oportunidades de empleo son mínimas. Aun cuando el gobierno reconoce una tendencia permanente al desempleo y subempleo estructurales, debido a la incapacidad del sector productivo de absorber la cada vez mayor oferta de fuerza de trabajo y a la constante migración campo - ciudad, la política gubernamental no ha impulsado de manera real medidas que ayuden a resolver este problema.
Por el contrario, los objetivos de la política económica, se orientan, básicamente a obtener saneamientos de carácter financiero, lo que ha provocado una irracional distribución del gasto que da prioridad al pago del servicio de la deuda en detrimento del gasto productivo.
En este marco, uno de los rasgos más preocupantes es el retroceso que en materia de empleo se está sufriendo en nuestro país, al grado de que en 1986 existían alrededor de 13.5 millones de mexicanos subempleados, pertenecientes al llamado sector informal de la economía, mientras que el desempleo abierto afectaba cerca de 4.6 millones de personas, es decir, más del 50% de la población económicamente activa se encontraba subempleada o desempleada.
Tal es la situación que enfrenta el pueblo de México. Por un lado, un salario real que sólo representa la mitad del de 1981 y por otro reducidas oportunidades de empleo, lo que provoca un sensible deterioro de los niveles de bienestar social.
Ante esto es urgente adoptar medidas que se orienten a proteger a los sectores más pauperizados, no sólo a aquellos que padecen el escaso poder adquisitivo de su salario, sino también a los que han perdido toda fuente de ingresos al perder su empleo.
Por ello, proponemos la creación del seguro de desempleo, como un instrumento que reforzará la vigencia de los derechos de los trabajadores y de la población en general, subrayando la obligación del Estado de aplicar una política social que en los hechos atienda las necesidades actuales de un gran número de mexicanos.
En nuestra propuesta, el seguro de desempleo es entendido como una medida de seguridad social, cuyo fin básico es cubrir los riesgos que padecen aquellos trabajadores que se han visto alejados de sus fuentes de trabajo.
Del mismo modo funciona como un mecanismo de redistribución del ingreso nacional, ayudando a contener los nocivos efectos de las políticas de ajuste aplicadas en nuestro país.
Un seguro de este tipo reivindica el papel del Estado como agente que garantice y estimule la protección de los derechos sociales, elevando la solidaridad del grueso de la población, hacia aquellos sectores golpeados de manera más severa por la crisis.
Desde nuestro punto de vista, el desempleo no puede ser entendido como un problema individual, por el contrario, debe ser reconocido como un problema colectivo, de influencia negativa sobre los diferentes aspectos de la sociedad, la cultura, el ámbito político y la estructura económica.
El seguro de desempleo es parte medular de la lucha por el mayor bienestar de la población, bienestar que comprende el aspecto político y económico, no siendo posible hablar de democracia y desarrollo, cuando gran parte de la población se encuentra en situaciones de necesidades alarmantes.
La caída del empleo y las limitaciones de la seguridad social, son elementos incompatibles con la democracia, ya que acentúa la desigualdad económica, social y cultural de nuestro pueblo.
Un elemento que favorece a la implantación del seguro del desempleo, es la existencia de instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, orientados a la atención de las necesidades básicas de la población con capacidad institucional legal y con infraestructura insuficiente. Además de que existen iniciativas para que en el artículo 123, fracción XXI se considere al seguro de desempleo como una de las prestaciones comprendidas en la Ley del Seguro Social.
Ante la posibilidad de crear un seguro de este tipo, se han manejado distintos argumentos. Es posible demostrar que su funcionamiento no se contrapone con los objetivos de crecimiento y que, por otro lado, las condiciones políticas y sociales del país, no sólo permiten ponerlo en práctica, sino que lo hacen una necesidad urgente.
Algunas de las objeciones que en torno al seguro de desempleo, son las siguientes: Se sostiene que para superar la situación actual de los trabajadores, sería necesario únicamente lograr un incremento en su salario real; esta medida permitiría redistribuir los excedentes externos de la economía a su favor.
Se postula que es imposible su financiamiento, ya que disminuiría recursos que deberían ser destinados a inversión, por lo que deberíamos empezar a crecer, para posteriormente aplicar estos mecanismos de seguridad social.
Finalmente, se considera que la aplicación de un seguro como éste, provocaría una estratificación más aguda de los trabajadores mexicanos.
En primer lugar, creemos que es válido solicitar una redistribución del excedente interno de la economía, pero esto no se contrapone con una medida de seguridad social, como es el seguro de desempleo. Por el contrario, el seguro sería un mecanismo concreto que ayudaría a esta redistribución garantizando los derechos de los trabajadores y del pueblo en su conjunto.
Señalar sólo con incrementos reales en el salario se resolvería la actual situación, es insuficiente, puesto que de esta manera no se cubriría de manera global a aquellos trabajadores que han perdido su empleo.
Respecto al segundo elemento, la imposibilidad de financiar el seguro, basta recordar que hasta la fecha se destina el 55% del gasto público total al pago del servicio de la deuda, mientras que la participación de la inversión ha disminuido en siete puntos porcentuales de 1982 a 1987, por lo que no es posible seguir dando prioridad al pago del servicio de la deuda a costo de la satisfacción de las demandas populares.
La aplicación de este seguro no disminuiría recursos cuyo fin sea la inversión; por el contrario, puede considerarse como un estímulo a ella, al generar una demanda constante que apoyaría aquellas ramas productivas que tienen un marcado carácter popular, como alimentos, vestido, construcción.
El impulso de los recursos destinados a inversión por esta vía es fundamental, ya que sólo así es posible mantener un seguro de desempleo que no sea excesivamente costoso para la sociedad, por lo tanto, el seguro es un instrumento que puede ser aplicado dentro de una estrategia de reactivación económica, ya que las experiencias históricas demuestran que su creación en otros países se ha dado en momentos en que se sufren paros en la actividad económica, es decir, se aplica como instrumento antidepresivo al elevar o mantener el nivel de demanda de la población. A fin de cuentas, no es la falta de recursos sino la concentración e irracional distribución de los mismos, el gran obstáculo a vencer.
No podemos esperar a crecer económicamente para implantar esta medida de seguridad social, sobre todo cuando la finalidad básica de la misma es atender la eventualidad del desempleo.
Finalmente, la posibilidad de que con el seguro se provoque una estratificación mayor de los trabajadores es mínima, ya que proponemos que en periodos posteriores se amplíe su cobertura para proteger a toda la población que lo demanda.
Es inevitable empezar a establecerlo en ciertos sectores, sobre todo en aquellos que contribuyan al sistema de seguridad social, con el fin de hacer más fácil su regulación y demostrar que es posible su aplicación en nuestro país.
En los países en donde existe el seguro de desempleo, siempre se ha empezado por algún grupo de trabajadores para posteriormente atender a todos aquellos que lo requieran.
Aún cuando las condiciones de los países en desarrollo como el nuestro, dificultan la aplicación de un seguro de este tipo, debido a que en buena parte la población no se encuentra sujeta a relación de trabajo y otros segmentos no tienen empleo regular, no es posible oponerse a él por su escasa cobertura inicial, ya que de hacerlo llegaríamos a una posición inmovilista que iría en perjuicio de la población en su conjunto.
Por el momento, es vital instrumentar medidas que socialicen los costos del desempleo y hagan
efectivos los postulados constitucionales de atención a las necesidades básicas, ayudando a mantener un nivel de vida adecuado para los trabajadores que hoy son agredidos por la política gubernamental.
Por otro lado, se ha dicho que ya existen mecanismos de atención al desempleo, citando como ejemplo el pago de la indemnización en el caso de rescisión de la relación laboral. En realidad, éste es un mecanismo de sanción al patrón, respondiendo por lo tanto, a una naturaleza jurídica diferente a la del seguro, además de que el retraso de su pago y las distintas situaciones jurídicas que deben resolverse hacen de él un instrumento poco viable para atender una contingencia como es el desempleo. Entendemos que la creación del seguro de desempleo no es la solución definitiva a los problemas de ocupación en nuestro país, es un mecanismo de defensa del trabajador ante la difícil situación que padece.
Por ello, forzosamente debe ser acompañada por una política de inversión que considere la necesidad de crecer para atender al pueblo de México, reconociendo la importancia de desarrollar el sistema de seguridad social y respondiendo a los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una real distribución de la riqueza del país.
Es necesario subrayar que la adopción del seguro de desempleo que proponemos no significaría una pesada carga para la economía, ya que representará sólo el 0.1 % del producto interno bruto, monto similar al destinado al seguro de enfermedad y maternidad, cubriendo aproximadamente a 2 millones 447 mil beneficiarios, es decir el 4.4 % de la población mayor de 12 años, que según los datos oficiales se encuentran en desempleo abierto.
Por último, uno de los elementos fundamentales para poner en funcionamiento las medidas de atención contra el desempleo, es la existencia de un servicio de colocación que cumpla con la doble función de colocar a los interesados y verificar su disponibilidad para el trabajo; este mecanismo es necesario para disminuir los riesgos financieros del sistema.
En nuestro país, la existencia del servicio nacional de empleo, capacitación y adiestramiento, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, permitiría un control adecuado de las prestaciones, ya que llevaría un registro de la solicitud de la prestación en el servicio nacional de empleo en un plazo no mayor de dos meses después de haberse perdido el empleo.
En el caso de los afiliados al ISSSTE, se aplicaría la prestación del empleo sin perjuicio de otras prestaciones por la cesación del trabajo que gocen, según lo dispuesto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado".
Compañeros, ésos son algunos de los elementos considerados dentro de la iniciativa que nosotros presentamos y ponemos a su consideración y esperamos que la presidencia pueda distribuir en su oportunidad el conjunto de la iniciativa. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Como ha sido solicitado, insértese en integridad el documento presentado y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
«Iniciativa de reformas a diversas disposiciones para crear el seguro de desempleo.- 26 de noviembre de 1987.
CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Haciendo uso de las facultades contempladas en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Mexicano Socialista, presentamos a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal del Trabajo, para establecer el seguro de desempleo en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, el nivel de vida de los trabajadores mexicanos se ha deteriorado de manera alarmante, como resultado de la crisis económica y de la incapacidad de la actual administración para resolver las crecientes demandas de la población.
La política económica instrumentada ha provocado que el costo de los programas de ajuste recaigan en los sectores más débiles política y económicamente, tales como: los jubilados, los pensionados, los jóvenes y los desempleados, sin que hasta la fecha estos sectores cuenten con los mecanismos que les permitan defender su nivel de vida.
La situación generada por los altos niveles de inflación, los recortes en el gasto público y de la caída en la inversión que como consecuencia inmediata tiene una caída en la producción y el empleo, ha llevado a una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional,
que ahora se ha reducido a la tercera parte, mientras que hace algunos años significaba poco más del 40%.
Los cambios en la distribución del ingreso hacen evidente que los trabajadores han sido los principales afectados por las constantes transferencias de recursos al exterior, vía pago del servicio de la deuda, mientras que sus necesidades básicas se han visto marginadas de manera creciente de las prioridades de la política económica.
La situación se agrava si tomamos en cuenta que en lo que va de la década, la fuerza de trabajo creció a una tasa superior al 3.2% anual en promedio, debido a la explosión demográfica de décadas pasadas, mientras que cada vez se destinan menos recursos a la inversión. En 1986 esos recursos fueron menores en 32% a los utilizados cinco años antes, por lo que las oportunidades de empleo son mínimas.
Aún cuando el gobierno reconoce una tendencia permanente al desempleo y subempleo estructurales, debido a la incapacidad del sector productivo de absorber la cada vez mayor oferta de fuerza de trabajo y a la constante migración campo - ciudad, la política gubernamental no ha impulsado de manera real medidas que ayuden a resolver este problema.
Por el contrario, los objetivos de la política económica se orientan básicamente a obtener saneamientos de carácter financiero, lo que ha provocado una irracional distribución del gasto que da prioridad al pago del servicio de la deuda en detrimento del gasto productivo.
Con esta política los excedentes internos no se están destinando a generar mayores fuentes de empleo. Hoy por hoy la mayor parte del esfuerzo se orienta al servicio de la deuda, mientras que la política económica favorece las actividades especulativas castigando a los salarios de los trabajadores.
En este marco, uno de los rasgos más preocupantes es el retroceso que en materia de empleo se está sufriendo en nuestro país, al grado que en 1986 existían alrededor de 13.5 millones de mexicanos subempleados, pertenecientes al llamado sector "informal" de la economía, mientras que el desempleo abierto afectaba a cerca de 4.6 millones de personas, es decir, más de 50% de la población económicamente activa se encontraba subempleada o desempleada.
Aún cuando existe una seria insuficiencia en la información respecto al número de desempleados, las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), revelan la importancia del problema y la urgencia de actuar para resolverlo de manera efectiva.
Tal es la situación que enfrenta el pueblo de México, por un lado, un salario real que sólo representa la mitad del de 1981 y por otro reducidas oportunidades de empleo, lo que provoca un sensible deterioro de los niveles de bienestar social. Ante esto, es urgente adoptar medidas que se orienten a proteger a los sectores más pauperizados; no sólo a aquellos que padecen el escaso poder adquisitivo de su salario, sino también los que han perdido toda fuente de ingresos al perder su empleo.
Por ello, proponemos la creación del seguro de desempleo, como un instrumento que reforzará la vigencia de los derechos de los trabajadores y de la población en general, subrayando la obligación del Estado de aplicar una política social que en los hechos atienda las necesidades actuales de un gran número de mexicanos.
En nuestra propuesta, el seguro de desempleo es entendido como una medida de seguridad social, cuyo fin básico es cubrir los riesgos que padecen aquellos trabajadores que se han visto alejados de su fuente de ingreso. Del mismo modo, funciona como un mecanismo de redistribución del ingreso nacional, ayudando a contener los nocivos efectos de las políticas de ajuste aplicadas en nuestro país.
Un seguro de este tipo reivindica el papel del Estado como agente que garantice y estimule la protección de los derechos sociales, elevando la solidaridad del grueso de la población hacia aquellos sectores golpeados de manera más severa por la crisis.
Desde nuestro punto de vista, el desempleo no puede ser entendido como un problema individual; por el contrario, debe ser reconocido como un problema colectivo de influencia negativa sobre los diferentes aspectos de la sociedad; la cultura, el ámbito político, la estructura económica, etcétera.
El seguro de desempleo es parte medular de la lucha por el mayor bienestar de la población, bienestar que comprende el aspecto político y económico, no siendo posible hablar de democracia y desarrollo cuando gran parte de la población se encuentra en situaciones de necesidad alarmantes. La caída del empleo y las limitaciones de la seguridad social son elementos incompatibles con la democracia, ya que acentúa la desigualdad económica, social y cultural del pueblo.
Un elemento que favorece la implantación del seguro de desempleo, es la existencia de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, orientadas a la atención de las necesidades básicas de la población con capacidad institucional, legal y con infraestructura suficiente, además de que existen iniciativas para que el artículo 123, fracción XXIX se considere al seguro de desempleo como una de las prestaciones comprendidas en la Ley del Seguro Social.
Ante la posibilidad de crear un seguro de este tipo, se han manejado distintos argumentos. Es posible demostrar que su funcionamiento no se contrapone con los objetivos de crecimiento y que, por otro lado, las condiciones políticas y sociales del país no sólo permiten ponerlo en práctica, sino que lo hacen una necesidad urgente.
Algunas de las objeciones en torno al seguro de desempleo, son las siguientes:
1o. Se sostiene que para superar la situación actual de los trabajadores, sería necesario únicamente lograr un incremento en su salario real. Esta medida permitiría redistribuir los excedentes internos de la economía en favor del trabajador.
2o. Se postula que es imposible su financiamiento, ya que disminuiría recursos que deberían ser destinados a inversión, por lo que deberíamos empezar por crecer para posteriormente aplicar estos mecanismos de seguridad social.
3o. Se considera que la aplicación de un seguro como éste, provocaría una estratificación más aguda de los trabajadores mexicanos.
En primer lugar, es válido solicitar una redistribución del excedente interno de la economía, pero esto no se contrapone con una medida de seguridad social como es el seguro de desempleo. Por el contrario, el seguro sería un mecanismo concreto que ayudaría a esa redistribución, garantizando los derechos de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Señalar que sólo con incrementos reales en el salario se resolvería la actual situación es insuficiente, puesto que de esa manera no se cubriría de manera global a aquellos trabajadores que han perdido su empleo.
Ciertamente, la aplicación única del seguro de desempleo sería insuficiente para resolver el problema de los trabajadores, de ahí que el grupo parlamentario del PMS ha planteado la necesidad de que se legisle en materia de los ingresos mínimos de la población, presentando iniciativas de reforma a la Constitución y a las leyes relacionadas con este tema. Dichas iniciativas fueron presentadas en el segundo período ordinario de sesiones de las LII y LIII Legislaturas, y en ellas se contempla la aplicación de la escala móvil de salarios, el incremento de pensiones y jubilaciones, la reducción de la jornada de trabajo, el control del precios y el propio seguro de desempleo. De esta manera, la presente iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de defensa de los derechos de la población.
Respecto al segundo elemento, la imposibilidad de financiar el seguro, baste recordar que hasta la fecha se destina el 55 % del gasto público total al pago del servicio de la deuda, mientras que la participación de la inversión ha disminuido en siete puntos porcentuales de 1982 a 1987, por lo que no es posible seguir dando prioridad al pago del servicio de la deuda a costa de la satisfacción de las demandas populares.
La aplicación de este seguro no disminuiría recursos cuyo fin sea la inversión. Por el contrario, puede considerarse como un estímulo a ella, al generar una demanda constante que apoyaría a aquellas ramas productivas que tienen un marcado carácter popular: alimentos, vestido, construcción, etcétera. El impulso de los recursos destinados a inversión por esta vía es fundamental, ya que sólo así es posible mantener un seguro de desempleo que no sea excesivamente costoso para la sociedad.
Por lo tanto, el seguro es un instrumento que puede ser aplicado dentro de una estrategia de reactivación económica, ya que las experiencias históricas demuestran que su creación en otros países se ha dado en momentos en que se sufren profundos paros en la actividad económica, es decir, se aplica como instrumento antidepresivo al elevar o mantener el nivel de demanda de la población.
Históricamente los periodos de mayor alcance en materia de protección contra el desempleo fueron los anteriores y algunos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, reconociéndose su importancia internacional a raíz de las actividades desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esta forma, el principal motivo para instituir un sistema organizado de seguridad social para los desempleados, ha sido la depresión económica en un proceso de mayor cobertura, cuantía y duración de las prestaciones con el paso del tiempo.
A fin de cuentas, no es la falta de recursos, sino la concentración e irracional distribución de los mismos el gran obstáculo a vencer. No podemos esperar a crecer económicamente para implantar esta medida de seguridad social, sobre todo cuando la finalidad básica de la misma es atender la eventualidad del desempleo.
Finalmente, la posibilidad de que con el seguro se provoque una estratificación mayor de los trabajadores es mínima, ya que proponemos que en periodos posteriores se amplíe su cobertura para proteger a toda la población que lo demanda. Es inevitable empezar a establecerlo en ciertos sectores, sobre todo en aquellos que contribuyen al sistema de seguridad social, con el fin de hacer más fácil su regulación y demostrar que es posible su aplicación en nuestro país.
En los países donde existe el seguro de desempleo, siempre se ha empezado por algún grupo de trabajadores, para posteriormente atender a todos aquellos que lo requieran.
Aun cuando las condiciones de los países en desarrollo como el nuestro, dificultan la aplicación de un seguro de este tipo, debido a que buena parte de la población no se encuentra sujeta a relación de trabajo y otro segmento no tiene un empleo regular, no es posible oponerse a él por su escasa cobertura inicial, ya que de hacerlo llegaríamos a una posición inmovilista que iría en perjuicio de la población en su conjunto.
Por el momento, es vital instrumentar medidas que socialicen los costos del desempleo y hagan efectivos los postulados constitucionales de atención a las necesidades básicas, ayudando a mantener un nivel de vida adecuado para los trabajadores que hoy son agredidos por la política gubernamental.
Por otro lado, se ha dicho que ya existen mecanismos de atención al desempleo, citando como ejemplo el pago de la indemnización en el caso de rescisión de la relación laboral. En realidad, éste es un mecanismo de sanción al patrón, respondiendo por lo tanto a una naturaleza jurídica diferente a la del seguro, además de que el retraso en su pago y las distintas situaciones jurídicas que deben resolverse, hacen de él un instrumento poco viable para atender una contingencia como es el desempleo.
Entendemos que la creación del seguro de desempleo, no es la solución definitiva a los problemas de ocupación en nuestro país, es un mecanismo de defensa del trabajador ante la difícil situación que padece; por ello, forzosamente debe ser acompañada por una política de inversión que considere la necesidad de crecer para atender al pueblo de México, reconociendo la importancia de desarrollar el sistema de seguridad social, y respondiendo a los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una real distribución de la riqueza del país.
Es necesario subrayar que la adopción del seguro de desempleo que proponemos, no significaría una pesada carga para la economía, ya que representará sólo el 0.1% del PIB, monto similar al destinado al seguro de enfermedad y maternidad, cubriendo aproximadamente a 2 millones 477 mil beneficiarios, es decir, el 4.4% de la población mayor de 12 años, que según los datos oficiales se encuentran en desempleo abierto.
Por último, uno de los elementos fundamentales para poner en funcionamiento las medidas de atención contra el desempleo, es la existencia de un servicio de colocación que cumpla con la doble función de colocar a los interesados y verificar su disponibilidad para el trabajo. Este mecanismo es necesario para disminuir los riesgos financieros del sistema.
En nuestro país, la existencia del Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, permitiría un control adecuado de las prestaciones, ya que llevaría un registro confiable del número de desempleados en nuestro país, y de las posibilidades de colocación que tendrían en el corto plazo.
Buscando que esta función sea realizada, es posible hacer uso de la infraestructura que para investigación del mercado de trabajo, capacitación y colocación de trabajadores tiene la Secretaría mencionada, además de incluir entre las funciones básicas del sistema, la atención a desempleados por medio de:
Registro de los demandantes de empleo.
Registro de las solicitudes de prestación que por desempleo tengan derecho.
Promoción y supervisión de la colocación de los trabajadores desempleados.
De este modo, es necesaria la coordinación con el IMSS e ISSSTE, que serían directamente encargados de recaudar las cotizaciones para el seguro hechas por los trabajadores, los empleadores y el gobierno.
Con estas modificaciones buscamos hacer realidad los fines para los que fue creado el Servicio Nacional de Empleo, ya que a la fecha tiene una participación mínima en la colocación de trabajadores. En 1986 apenas colocó a 120 mil trabajadores, mientras que el número de desempleados superaba los 2 millones, según datos oficiales.
Estas modificaciones en el Servicio Nacional de Empleo, permitirán hacer efectiva la política nacional en esta materia, con el fin de aprovechar
realmente el gran volumen de recursos, que hoy por causa del desempleo quedan paralizados al tiempo que existen enormes necesidades insatisfechas. Por la razón ya expuesta, de que existe la infraestructura necesaria en el IMSS y en el ISSSTE para administrar el seguro de desempleo, proponemos que éste se incorpore como un nuevo capítulo de la Ley del Seguro Social y a la Ley del ISSSTE, bajo las siguientes características:
Tipo de prestación:
La prestación sería de nivel contributivo, es decir, los trabajadores, los empleados y el gobierno aportarían una cuota al Sistema de Seguridad Social para atenderlo.
Financiamiento:
Para evitar que el régimen se convierta en una carga onerosa para la economía, y en especial para la pequeña y mediana empresas, la cotización variará según el tamaño de la empresa, partiendo de la siguiente clasificación:
1o. Empresa nacional pequeña (entre uno y 100 trabajadores).
2o. Empresa nacional mediana (entre 101 y 250 trabajadores).
3o. Empresa nacional grande (más de 250 trabajadores).
4o. Empresa transnacional (aquella que en su capital social tenga una participación mayoritaria de capital extranjero).
5o. Empresa pública (aquélla en la que el Estado tenga una participación mayoritaria en su capital).
Esta clasificación, además de ser utilizada por instituciones académicas para estudiar la absorción de mano de obra, permitiría distinguir los diferentes rubros de la actividad industrial y por lo tanto, el efecto que sobre cada uno de ellos tendría la aplicación de esta medida de seguridad social.
La cotización para el seguro de desempleo, sería de 3% del salario base, en función de la siguiente tabla:
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La situación que cubre esta prestación, es la de quienes pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo de forma temporal o definitiva, lo que repercute en una disminución de sus ingresos y por lo tanto de su nivel de vida.
Los beneficiarios serían:
Todos los asegurados permanentes y eventuales incluidos en el régimen del IMSS y el personal contratado por la administración pública, es decir, los inscritos al ISSSTE.
Los requisitos básicos serían:
Haber prestado un servicio personal subordinado.
Estar afiliado al sistema de seguridad social.
Tener cubierto el período mínimo de cotización para tener derecho al seguro, al comienzo de la cesación laboral.
No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en caso de pensión, jubilación, salvo que el trabajador no hubiera acreditado el período de cotización requerido para ello.
El contenido de la prestación sería:
Prestación económica por desempleo.
Atención médica suficiente hasta que recupere su situación de empleado.
Duración de la prestación:
La duración de la prestación estaría en función del período de ocupación cotizado en los tres años anteriores a la eventualidad, no siendo indispensable que haya cotizado de manera continua para este seguro durante ese lapso.
Deberían de diferenciarse los periodos cotizados que hayan dado lugar al uso del mismo derecho en ocasiones anteriores, tomándose en cuenta únicamente las cotizaciones realizadas después de la última prestación por desempleo para tener derecho nuevamente a la prestación. En los casos donde no se haya hecho uso completamente de la prestación a que tuviere derecho, se hará una acumulación del tiempo no ejercido del derecho anterior para gozar de una nueva prestación.
Para determinar la duración de la prestación, se tomará como base la siguiente tabla:
Cotización Duración
28 a 38 semanas 30 días
39 a 77 semanas 90 días
78 a 154 semanas 180 días
155 semanas en adelante 360 días
Cuantía de la prestación:
La prestación sería del 70% del salario base anterior a la situación de desempleo.
Se considera necesaria únicamente una prestación del 70% del salario anterior, para de esa forma no obstaculizar la intención de emplearse nuevamente, buscando básicamente atender las necesidades más urgentes del desempleado y su familia, durante el tiempo necesario para su reinstalación.
Por otro lado, aquellos asegurados que reciban un salario base superior a 10 salarios mínimos no podrán gozar del seguro, por considerarlos capaces de solventar los gastos durante el desempleo. Este elemento es fundamental para evitar que el seguro se convierta en una carga e impida su funcionamiento y financiamiento adecuados.
Tramitación de la solicitud de la prestación:
Para tener derecho a la prestación, se propone como condición la inscripción como demandante de empleo y la presentación de la solicitud de la prestación en el Servicio Nacional de Empleo, en un plazo no mayor de dos meses después de haber perdido el empleo.
Los documentos a presentar serían:
Solicitud de la prestación.
Razón social y dirección de la última empresa donde se trabajó.
Copia de los documentos oficiales donde se indique el salario base y fecha de alta del IMSS o ISSSTE.
En el caso de los afiliados al ISSSTE, se aplicará la prestación al desempleo, sin perjuicio de otras prestaciones que por cesación de trabajo gocen, según lo dispuesto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Como último elemento, la reestructuración del Servicio Nacional de Empleo se traduce, en nuestra propuesta, en una reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Por todo lo anterior y haciendo uso de las facultades que nos otorga la Constitución, presentamos a la Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Artículo primero. Se adiciona un Capítulo VI - bis a la Ley del Seguro Social en su Título Segundo, denominado "Del Seguro de Desempleo", y se corre la numeración del articulado para quedar como sigue:
CAPITULO VI - BIS
Del seguro de desempleo
SECCIÓN PRIMERA
Generalidades
Artículo 194. El riesgo protegido por este capítulo es el desempleo, entendido como la situación en que se encuentra un trabajador que estando empleado de manera regular, y que estando en disponibilidad y teniendo capacidad para desempeñar un empleo se ven alejados del mismo.
Artículo 195. Son sujetos de este seguro todos los trabajadores incorporados al régimen de seguridad social que se encuentren desempleados.
Artículo 196. Para tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, el asegurado deberá:
I. Haber cotizado para este seguro, por lo menos durante 28 semanas en los tres años anteriores a la aparición de la eventualidad, no siendo necesario haber cotizado de manera continua durante ese lapso.
II. No haber cumplido la edad para tener derecho a la pensión o jubilación, o no haber acreditado el período de cotización requerido para ello.
III. Estar inscrito como demandante del empleo en el Servicio Nacional de Empleo.
IV. Presentar solicitud de la prestación al Servicio Nacional de Empleo, en un plazo no mayor de dos meses siguientes a la fecha en que dejó de prestar sus servicios.
Artículo 197. La prestación se entregará al trabajador por el instituto en un plazo no mayor de 10 días hábiles, después de haber presentado la solicitud ante el Servicio Nacional de Empleo.
Artículo 198. En caso de haber hecho uso de la prestación, es necesario cotizar nuevamente el mínimo establecido para ejercer nuevamente ese derecho.
En los casos donde no se haya hecho uso de la prestación por el tiempo a que tuviera derecho, se podrá acumular para una nueva prestación el tiempo no utilizado en la situación de desempleo anterior.
SECCIÓN SEGUNDA
De las prestaciones en especie
Artículo 199. El asegurado que sufra el riesgo de desempleo, tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:
I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
II. Servicio de hospitalización;
III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y
IV. Rehabilitación.
Artículo 200. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, se concederán durante el tiempo a que tuviera derecho por el seguro de desempleo.
SECCIÓN TERCERA
De las prestaciones en dinero
Artículo 201. En caso de desempleo, el asegurado tendrá derecho a recibir un subsidio en dinero.
Artículo 202. El subsidio por desempleo, se otorgará conforme a la siguiente tabla:
Cotización Duración
28 a 38 semanas 30 días
39 a 77 semanas 90 días
78 a 158 semanas 180 días
155 semanas en adelante 360 días
Los trabajadores percibirán un subsidio del 70% del salario diario registrado antes de sufrir la eventualidad de desempleo, durante el tiempo a que tuvieren derecho.
Los subsidios se pagarán por periodos vencidos, que no excederán de una semana.
Artículo 203. Se suspenderá el pago del subsidio, cuando:
I. El trabajador vuelva a establecer relación laboral.
II. Se rechace oferta de empleo adecuado, o asistencia a cursos de formación hecha por el Servicio Nacional de Empleo.
Se entenderá por empleo adecuado, aquel que corresponda con la profesión habitual del trabajador, o cualquier otra que se ajuste a las aptitudes profesionales físicas y formativas del mismo; no suponga cambio de residencia habitual; no implique condiciones que atenten contra su vida, su salud o que represente un salario inferior al fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la respectiva actividad.
III. El trabajador se ausente del país por un período similar o mayor a la duración de la prestación a la que tiene derecho.
IV. El trabajador no responda a requerimientos del Servicio Nacional de Empleo, cuyo fin sea colocarlo en un nuevo empleo.
SECCIÓN CUARTA
Del financiamiento
Artículo 204. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y los gastos administrativos
del seguro de desempleo, se obtendrán de las cuotas que estén obligados a cubrir los patrones y los trabajadores, o demás sujetos, y de la contribución que corresponda al Estado.
Artículo 205. La cotización variará según el tamaño y carácter de la empresa, partiendo de la siguiente clasificación:
Empresa nacional pequeña: Entre uno y 100 trabajadores, con capital social mayoritariamente nacional.
Empresa nacional mediana: Entre 101 y 250 trabajadores, con capital social mayoritariamente nacional.
Empresa nacional grande: Más de 250 trabajadores, con capital social mayoritariamente nacional.
Empresa transnacional: Aquella que sin importar el número de trabajadores, tenga en su capital social una participación mayoritaria del extranjero.
Empresa pública: Aquélla en la que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital.
Artículo 206. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de desempleo, las cuotas que señala la tabla siguiente:
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Artículo 207. Los ingresos y egresos del seguro de desempleo, se registrarán contablemente por separado de los correspondientes a los demás ramos del seguro.
Artículo 208. Por lo que respecta a los sujetos de aseguramiento comprendidos en el artículo 13 de esta ley, en los decretos respectivos se determinará con base en las prestaciones que se otorguen y demás modalidades, las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados, así como la contribución a cargo del gobierno federal.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 11, con una fracción V; 118, con un tercer párrafo; 194; 212, con una fracción VI, y el artículo 240, con una fracción XX - bis, para quedar como sigue:
Artículo 11...................................................................
I a IV.........................................................................
V. Desempleo.
Artículo 118..................................................................
...............................................................................
...............................................................................
El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto un mínimo de 28 cotizaciones semanales, conservará el derecho a recibir las prestaciones correspondientes al seguro de enfermedad y maternidad, en los términos del presente capítulo, durante el período que goce del seguro de desempleo. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.
Artículo 194. El asegurado, con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, al ser dado de baja tiene derecho a continuar voluntariamente en el mismo, bien sea en los seguros conjuntos de enfermedades y maternidad, de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y desempleo, o bien cualquiera de ellos, pudiendo quedar inscritos en el grupo de salario...
...............................................................................
Artículo 212..................................................................
...............................................................................
...............................................................................
I a V..........................................................................
VI. Tendrá derecho al seguro de desempleo.
Artículo 240..................................................................
...............................................................................
I a XX.........................................................................
XX - bis. Para el seguro de desempleo, establecer coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Para poder hacer efectivas las prestaciones por desempleo, es necesario cotizar como mínimo durante 28 semanas, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo tercero. Las prestaciones por seguro de desempleo son independientes de las indemnizaciones por rescisión, contempladas en la Ley Federal del Trabajo.
México, Distrito Federal, 26 de noviembre de 1987. - Por el grupo parlamentario del PMS, diputado Alejandro Encinas Rodríguez.»
"INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo primero. Se adiciona un Capítulo V - bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su Título Segundo, denominado "Del seguro del desempleo", y se corre la numeración del articulado para quedar como sigue:
CAPITULO V - BIS
Del seguro de desempleo
SECCIÓN PRIMERA
Generalidades
Artículo 91. El riesgo protegido por este capítulo es el de desempleo, entendido como la situación en la que se encuentran los trabajadores que han estado empleados de manera regular, y que estando en disponibilidad y teniendo capacidad para desempeñar un empleo, fueron alejados del mismo.
Artículo 92. Son sujetos de este seguro, todos los trabajadores incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en situación de desempleo.
Artículo 93. Para tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, el asegurado deberá de:
I. Haber cotizado para este seguro por lo menos durante 28 semanas en los tres años anteriores a la aparición de la eventualidad.
II. No haber cumplido la edad para tener derecho a la pensión o jubilación, o no haber acreditado el período de cotización requerido para ello.
III. Estar inscrito como demandante del empleo, en el Servicio Nacional de Empleo.
IV. Presentar solicitud al Servicio Nacional de Empleo, en un plazo no mayor de dos meses siguientes a la presentación de la eventualidad.
Artículo 94. El período de espera para disfrutar de la prestación es de 10 días hábiles, después de haber presentado la solicitud ante el Sistema Nacional de Empleo.
Artículo 95. En caso de haber hecho uso de la prestación, es necesario cotizar nuevamente el mínimo establecido para ejercer nuevamente ese derecho. En los casos donde no se haya hecho uso de la prestación por el tiempo a que tuviera derecho, se podrá acumular para una nueva prestación, el tiempo no utilizado en la situación de desempleo anterior.
SECCIÓN SEGUNDA
De las prestaciones en especie
Artículo 96. El asegurado que sufra el riesgo de desempleo, tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:
I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
II. Servicios de hospitalización;
III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y
IV. Rehabilitación.
Artículo 97. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, se concederán durante el tiempo a que tuviera derecho por seguro de desempleo.
Artículo 98. En caso de desempleo, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero.
Artículo 99. El subsidio por desempleo, se otorgará conforme a la siguiente tabla:
Cotización Duración
28 a 38 semanas 30 días
39 a 77 semanas 90 días
79 a 154 semanas 180 días
155 semanas en adelante 360 días
Los trabajadores percibirán un subsidio del 70%, del último salario diario registrado.
Los subsidios se pagarán por periodos vencidos, que no excederán de una semana.
Artículo 100. Se suspenderá el pago del subsidio, cuando:
I. El trabajador vuelva a establecer relación laboral.
II. El trabajador rechace oferta de empleo adecuado hecha por el Servicio Nacional de Empleo, o asistencia a cursos de formación.
Se entenderá por empleo adecuado, aquél que corresponda con la profesión habitual del trabajador, o cualquier otra que se ajuste a las aptitudes profesionales, físicas o formativas del mismo; no suponga cambio de su residencia habitual; no implique condiciones que atenten contra su vida, su salud o que representen un salario inferior al fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para la respectiva actividad.
III. El trabajador se ausente del país, por un período similar o mayor a la duración de la prestación a la que tiene derecho.
IV. El trabajador no responda a requerimientos del Servicio Nacional de Empleo, cuyo fin sea colocarlo en un nuevo empleo.
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 3o., con una fracción IX - bis; 16, con una fracción III; 21, con una fracción V; 27; 32, con un segundo párrafo; 142; 150, con una fracción X - bis, para quedar como sigue:
Artículo 3o...................................................................
I a IX.........................................................................
IX - bis. Seguro de desempleo.
X a XX.........................................................................
Artículo 16...................................................................
I..............................................................................
II. 6% para cubrir los seguros, prestaciones y servicios señalados en las fracciones de la V a la XX del artículo 3o. de la presente ley, a excepción de lo considerado en la fracción IX - bis.
III. 0.5% para cubrir el seguro de desempleo, de la fracción IX - bis del artículo 3o.
Artículo 21...................................................................
I a IV.........................................................................
V. 2.5% para cubrir el seguro de desempleo, fracción IX - bis del artículo 3o. de la presente ley.
Artículo 27. Los servicios médicos que tiene encomendados el instituto, en los términos de los capítulos relativos a los seguros de riesgo de trabajo, de enfermedades, de maternidad, desempleo y los servicios de medicina preventiva...
Artículo 32...................................................................
Del mismo modo, aquel trabajador que quede privado de trabajo, pero que haya cotizado un mínimo de 28 semanas antes de la separación laboral, conservará el derecho a percibir las prestaciones correspondientes al seguro de enfermedad y maternidad en los términos del capítulo anterior, durante el período que goce del seguro de desempleo. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.
Artículo 142. El trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna dependencia o entidad y no tenga la calidad de pensionado, habiendo cotizado para el instituto cuando menos durante cinco años, podrá solicitar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del seguro de enfermedades y maternidad, medicina preventiva y desempleo, y al efecto, cubrirá íntegramente las cuotas y las aportaciones que correspondan conforme...
Artículo 150..................................................................
I a X..........................................................................
X - bis. Para el seguro de desempleo, establecer coordinación con el Servicio Nacional de Desempleo, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
XI.............................................................................
Artículo tercero. Se adiciona el nombre del Capítulo I, del Título Tercero de la Ley del ISSSTE, para quedar como sigue:
CAPÍTULO I
Continuación voluntaria en el régimen obligatorio del seguro de enfermedades, maternidad, medicina preventiva y desempleo
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Para poder hacer efectivas las prestaciones por desempleo, es necesario cotizar como mínimo durante 28 semanas a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo tercero. Las prestaciones por seguro de desempleo, son independientes de las prestaciones por rescisión contempladas en la Ley Federal del Trabajo, y en la propia Ley del ISSSTE.
México, Distrito Federal, 26 de noviembre de 1987. - Por el grupo parlamentario del PMS, diputado Alejandro Encinas Rodríguez.»
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 537, con una fracción V; 538, con un segundo párrafo; 539, con una fracción V; y 539 - A, para quedar como sigue:
Artículo 537..................................................................
I a IV.........................................................................
V. Registrar a los demandantes de empleo, que deberán presentar solicitud para gozar de las prestaciones que por desempleo tuvieran derecho.
Artículo 538..................................................................
...............................................................................
De manera simultánea, deberá de coordinarse con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para llevar un registro confiable del número de desempleados, y de las solicitudes que por esa eventualidad se hagan.
Artículo 539..................................................................
I a IV.........................................................................
V. En materia de registro de solicitudes para las prestaciones por desempleo.
a) Establecer un registro de desempleados demandantes de empleo, ya que ésta es condición básica para que puedan solicitar las prestaciones por esa eventualidad.
b) Llevar el registro de las solicitudes para las prestaciones por desempleo, informando al IMSS o ISSSTE, según corresponda, de las solicitudes presentadas.
c) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos confieran a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la materia.
Artículo 539 - A. Para el cumplimiento de sus funciones en relación con las empresas o establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de jurisdicción federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por un consejo consultivo integrado por representantes del sector público, de las organizaciones nacionales de trabajadores y de las organizaciones nacionales de patrones, a razón de seis miembros por cada uno de ellos, con sus respectivos suplentes.
Por el sector público, participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. En un período no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promulgará su reglamento interno, en el que deberá establecer las formas de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para llevar el registro de los solicitantes de las prestaciones por desempleo.
México, Distrito Federal, 26 de noviembre de 1987. - Por el grupo parlamentario del PMS, diputado Alejandro Encinas Rodríguez.»
El C. Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si autoriza a continuar de manera ininterrumpida sin receso hasta agotar los asuntos en cartera.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se permite continuar sin receso, hasta agotar los asuntos en cartera. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor presidente.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de presidente y vicepresidente para el mes de diciembre. Se ruega a los ciudadanos diputados pasen a depositar su cédula, conforme se mencione su nombre.
(Votación.)
Un voto por la planilla, para presidente, David Jiménez González; vicepresidentes: Manuel María Bribiesca Castrejón, Consuelo Botello, Cecilia Romero Castillo, Juan de Dios Castro Lozano y Javier Paz Zarza.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Fabián Carrillo Flores, Víctor Manuel Jiménez Osuna.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, Armando Lazcano Montoya, Heriberto Serrano Moreno.
Un voto para presidente: María Emilia Farías Mackey; vicepresidentes: Pablo José Pascual Moncayo, Jorge Alcocer Villanueva, Antonio Tenorio Adame, Pedro José Peñaloza, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Un voto para presidente: Agustín Nieto Suárez; vicepresidentes: Arturo Alvarez Márquez, Javier Vega Camargo, Epifanio René Quiroz González, Liborio Lazcano Leyva, Miguel Angel Herrerías Alvarado.
Un voto para presidente: Javier Paz Zarza; vicepresidentes: Juan de Dios Castro Lozano, Manuel María Bribiesca Castrejón, Rosario Ibarra de Piedra, Antonio Tenorio Adame, Jorge Alcocer Villanueva.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Eleazar Camarillo Ochoa.
Un voto para presidente: José Angel Conchello Dávila; vicepresidentes: Franz Ignacio Espejel Muñoz, Ricardo Francisco García Cervantes, Jorge Alcocer Villanueva, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Jaime Rodríguez Haro, Eduardo Lecanda Lujambio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola, Víctor Manuel Jiménez Osuna.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, María Luisa Mendoza Romero.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, María Luisa Mendoza Romero y Víctor Manuel Jiménez Osuna.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola y Alberto Carrillo Flores.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Alberto Rábago Camacho y José Delgado Valle.
Un voto para presidente: David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, María Luisa Mendoza Romero, Eduardo Lecanda Lujambio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola y Víctor Manuel Jiménez Osuna.
Un voto para presidente: Javier Paz Zarza; vicepresidentes: Juan de Dios Castro Lozano, Manuel María Bribiesca Castrejón, Rosario Ibarra de Piedra, Antonio Tenorio Adame y Jorge Alcocer Villanueva.
Cinco votos para presidente: María Luisa Mendoza Romero; vicepresidentes: Edmundo González Llaca, Eraclio Zepeda Ramos, Federico Durán y Liñán, Graco Ramírez Garrido Abreu y Rosalía Peredo.
17 abstenciones.
El resultado del escrutinio es: 217 votos para la planilla integrada por: presidente: David Jiménez
González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola y Víctor Manuel Jiménez Osuna.
El C. Presidente: - Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva para el mes de diciembre, los siguientes señores diputados: presidente, David Jiménez González; vicepresidentes: Ignacio Ramos Espinoza, Margarita Ortega de Romo, Eduardo Lecanda Lujambio, Cristóbal Benjamín Figueroa Nicola y Víctor Manuel Jiménez Osuna.
Prosiga la secretaría con los asuntos del orden del día.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 18 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos embajador Víctor Flores Olea, Ricardo Villanueva Hallal, Francisco del Río López, Salvador Jiménez, Antonio Pérez Manzano y José Luis Vivanco Díaz, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes órdenes y grados les confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 24 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano embajador Víctor Flores Olea, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Cruzeiro Do Sul en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, para que pueda acepta y usar la condecoración Orden de Río Branco en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Francisco del Río López, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden de Río Branco, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Salvador Jiménez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden de Río Branco en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Antonio Pérez Manzano, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden de Río Branco en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Vivanco Díaz, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden de Río Branco en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 25 de noviembre de 1987, Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández..»
Trámite: - Primera lectura.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 18 de noviembre, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la ciudadana Pilar Saldívar y Fernández del Valle, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Medalla en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 24 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Pilar Saldívar y Fernández del Valle, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Medalla en grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 25 de noviembre de 1987. Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: - Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 18 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la ciudadana Isabel F. Salgado Pimentel, para prestar servicios como secretaria del Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 24 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de Uruguay en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Isabel F. Salgado Pimentel, para que pueda prestar sus servicios como secretaria del Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 1987. - Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés
Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: - Es de primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley del tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, consulte la secretaría a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la lectura del dictamen, señor presidente.
«Comisión de Justicia.
Honorable asamblea: A la Comisión de Justicia fue turnado para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que con fundamento en la fracción I, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envió a esta honorable Cámara de Diputados el Presidente de la República.
La iniciativa de referencia, tiene por objeto reformar los artículos 3o. y 8o. de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Los integrantes de esta comisión, hemos realizado un cotejo y análisis de las reformas que se proponen con los preceptos aún vigentes de los referidos ordenamientos, de su discusión al interior de la comisión y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos decidido someter a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
CONSIDERANDO
Primero. Con motivo de la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, las facultades que antes correspondían a la honorable Cámara de Diputados para la aprobación de los nombramientos de magistrados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se hace necesaria su adecuación para que la misma sea congruente con las facultades que legalmente le han sido dadas a dicho órgano de representación.
Segundo. En cuanto a la reelección o promoción de los magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se adecúa al propósito que se ha mencionado en el considerando anterior.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia somete a consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo único. Se reforman los artículos 3o. y 8o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. El Presidente de la República, a proposición del jefe del Departamento del Distrito Federal y con la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, nombrará a los magistrados que integren la sala superior y las salas del tribunal, así como a los supernumerarios necesarios.
Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo, podrán ser promovidos de supernumerarios a numerarios y de las salas a la sala superior, y al término de su nombramiento podrán ser reelectos o promovidos, y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Son aplicables a los nombramientos de los magistrados del tribunal de lo Contencioso Administrativo, las disposiciones establecidas al respecto para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la Ley Orgánica correspondiente."
"Artículo 8o. Los magistrados del tribunal, deberán otorgar la protesta de ley ante el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal".
ARTICULO TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se instala la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los nombramientos de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, continuarán siendo sometidos por el Presidente de la República a la aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso.
Tercero. Los magistrados designados para el sexenio judicial iniciado el 16 de julio de 1986, durarán en su encargo hasta el mismo 15 de julio de 1992.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a de noviembre de 1987. - David Jiménez González, Joaquín Contreras Cantú, Eliseo Rangel Gaspar, Juan Manuel Cruz Acevedo, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Federico Fernández Fariña, Juan Antonio Araujo Urcelay, Ricardo Francisco García Cervantes, Oscar Aguirre López, Francisco Hernández Juárez, Santiago Camarena Flores, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Rolando Castillo Gamboa, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro Lozano, Rosario Ibarra de Piedra, Juan José Castillo Mota, Elvia Lugo de Vera, Germán Corona del Rosal, Néstor Raúl Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Cirilo José Rincón Aguilar, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, José Rubén Robles Catalán, Antonio Monsiváis Ramírez Gustavo Ampelio Robles González, Melquiades Morales Flores, Macario Rosas Zaragoza, María Aurora Munguía Archundia, José Salinas Navarro, Santiago Oñate Laborde, José Luis Sánchez González, Genaro José Piñero López, Renán Solís Avilés, Samuel Quiroz de la Vega, Teófilo Torres Corzo, Yrene Ramos Dávila, Gerardo Unzueta Lorenzana, Ricardo Regalado Hernández, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, y Humberto Andrés Zavala Peña.»
Trámite: - Primera lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores...
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
No habiendo quien haga uso de la palabra , proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto...
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 212 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobado en los general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal por 212 votos.
LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, consulte a la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se permite la dispensa a la segunda lectura.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor presidente.
Honorable asamblea: La Comisión de Justicia que suscribe, recibió para su estudio y dictamen el proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, que fue remitida a esta Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal.
La iniciativa de referencia, tiene el objeto de reformar los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, inciso b) del artículo 53; fracción I del artículo 133, 134, 135 y fracción I del artículo 178 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Los integrantes de esta comisión, con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el presente dictamen con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Primero. En principio, la reforma de los artículos 12, 13, 14, 15, 134 y 135 de la ley citada, propone asignar a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, las facultades de aprobación de nombramientos de magistrados, tal como lo establece el artículo 73, fracción VI, base quinta de la Constitución general de la República.
Segundo. Se señalan en la reforma los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, sean los mismos que para se ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Artículo 26.)
Tercero. Respecto a los artículo 16, 17, 53, inciso b) y fracción I del artículo 178 de la Ley Orgánica, se propone que el término de los nombramientos se compute individualmente, ya sean magistrados o jueces y demás funcionarios judiciales de primer nivel.
Cuarto. En cuanto a la reforma de la fracción I del artículo 133, se establece la suplencia de las faltas temporales que no excedan de un mes y que serán cubiertas por el magistrado que corresponda en función de su antigüedad.
Quinto. Finalmente, en el artículo 26 - bis se determina que el retiro de los magistrados será cuando lleguen a cumplir los 70 años de edad.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo primero. Se reforman los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, inciso b) del artículo 53, fracción I del artículo 133, 134, 135 y fracción I del artículo 178 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 12. Para que surtan efectos los nombramientos a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la que deberá otorgarla o negarla dentro del improrrogable término de 10 días, contados desde que se reciba en la propia asamblea el oficio respectivo de la Secretaría de Gobernación. Para computar este término, el oficio que contenga la designación de los funcionarios judiciales, se remitirá a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con una copia, a fin de que en ésta el Oficial Mayor o quien haga sus veces, asiente razón d recibo con la fecha correspondiente."
"Artículo 13. Si la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no resolviere dentro de los 10 días a que se refiere el artículo anterior, se tendrán por aprobados los nombramientos hechos por el Ejecutivo, y se hará saber así los interesados para que entren desde luego al desempeño de sus funciones."
"Artículo 14. En caso de que la asamblea no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Ejecutivo hará un tercero que surtirá sus efectos desde luego como provisional, y que será sometido a la aprobación de la asamblea.
Dentro de los 10 días a que se refiere el artículo 12, la asamblea deberá aprobar o no el nombramiento y si nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo, haciendo el Ejecutivo de la Unión la declaración correspondiente. Si la asamblea desecha el nombramiento en los términos que se indican en éste y en los artículos anteriores."
"Artículo 15. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ya sean definitivos o provisionales, deberán otorgar la protesta de ley ante el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal."
"Artículo 16. Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo, podrán ser reelectos y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 17. Los jueces de primera instancia y los de paz serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia, en acuerdo pleno; durarán en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos."
"Artículo 26. Para poder ejercer las funciones de magistrado, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos político y civiles;
II. No tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, el día de la elección;
III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la República, por un tiempo menor de seis meses."
"Artículo 53..................................................................
a).............................................................................
b) No tener más de 65 años de edad, ni menos de 30, el día de su designación;
c) a f)........................................................................
"Artículo 133.................................................................
I. Las del presidente del Tribunal Superior que no pasen de un mes, por el magistrado que corresponda, por orden de antigüedad, de acuerdo a su designación, y las que excedan de este tiempo, mediante designación especial que deberán hacerse pro el Tribunal Pleno;
II y III.......................................................................
"Artículo 134. Las faltas temporales de los magistrados, por más de tres meses, serán cubiertas mediante nombramientos que el Presidente de la República someterá a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
.............................................................................."
"Artículo 135. Si por defunción, renuncia o incapacidad faltare algún magistrado, el Presidente de la República, en los términos de las disposiciones respectivas anteriores, someterá nuevo nombramiento a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En todo caso y mientras se hace la designación, la falta será suplida por el magistrado supernumerario que corresponda."
"Artículo 178.................................................................
I. La de director, por el pleno de magistrados a propuesta del presidente del tribunal; durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto;
II y III......................................................................"
"Artículo segundo. Se adiciona el artículo 26 - bis a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, en los siguientes términos:
"Artículo 26 - bis. El retiro de los magistrados y jueces se producirá al cumplir 70 años de edad, o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo."
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se instala la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, continuarán siendo sometidos por el Presidente de la República a la aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en sus caso.
Tercero. Los magistrados designados para el sexenio judicial iniciado el 16 de marzo de 1987, durarán en su cargo hasta el término del mismo; y los jueces designados para el sexenio judicial iniciado el 16 de abril de 1987, igualmente durarán en su encargo hasta el término del mismo.
Cuarto. La designación hecha a favor del director del Servicio Médico Forense, a partir del 16 de abril de 1987, durará hasta la conclusión.
del sexenio judicial para el cual fue designado, que concluye el 15 de abril de 1993.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 23 de noviembre de 1987. - Diputados: David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Elvia Lugo de Vera, Néstor Raúl Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, María Aurora Munguía Archundia, Santiago Oñate Laborde, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Macario Rosas Zaragoza, José Salinas Navarro, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, y Humberto Andrés Zavala Peña.»
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general, y para ese efecto se abre el registro de oradores...
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Antonio Sandoval González: Se va a proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Por la afirmativa, el diputado Antonio Sandoval. Por la negativa, la diputada Ofelia Casillas.
(Votación.)
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se emitieron 215 votos en pro.
El C. Presidente: - Esta presidencia informa que ha sido reservado para su discusión, el artículo 17 del proyecto. Por consiguiente, se abre el registro de oradores para la discusión del artículo 17.
¿Oradores en contra? ¿Oradores en pro?
El C. Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el diputado Sergio Meza.
El C. Sergio Teodoro Meza López: - Señores diputados: El artículo 17 del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, el cual estamos debatiendo en este momento, dice lo siguiente: "Los jueces de primera instancia y los de paz, serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia en acuerdo pleno, durarán en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos".
Me apunté en contra de este artículo en lo relativo a "pudiendo ser reelectos", ya que esto es violatorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VI del artículo 73.
Tal artículo en su fracción VI sí permite la reelección a los magistrados, más no permite la reelección a los jueces de primera instancia.
Este artículo fue recientemente reformado. Antes de la reforma sí permitía en esa misma fracción de ese artículo, la reelección de los magistrados y los jueces, pero actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo permite la reelección de los magistrados, no permite la reelección a los jueces de primera instancia.
Esto está señalado en el artículo 73, fracción VI, parte quinta, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la ley que discutimos, obviamente no puede contravenir a lo que dice la Constitución, por lo que no podemos aceptar ese hecho de que pueden ser reelectos. Es una facultad, y la Constitución no lo contempla.
Por lo tanto, proponemos que se omita esa última parte "Pudiendo ser reelectos", para que quede de la siguiente manera:
"Artículo 17. Los jueces de primera instancia y los de paz, podrán ser nombrados por el Tribunal Superior de Justicia en acuerdo pleno, durarán en su cargo seis años."
Gracias por su atención.
El C. Presidente: - Por la comisión, tiene la palabra el diputado David Jiménez González.
El C. David Jiménez González: - La comisión acepta la modificación propuesta por el diputado Meza.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se acepta o no la modificación propuesta por el diputado Sergio Meza, ya aceptada por la comisión.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si se admite la modificación propuesta...
El C. David Jiménez González (desde su curul): - Señor presidente, que pregunte la secretaría si se acepta la proposición con la redacción que está dando, en los términos que propone el diputado Meza.
El C. Presidente: - Corrija la secretaría la indicación para efecto de la votación, si acepta la asamblea en votación nominal el artículo 17, con la modificación propuesta por el diputado Sergio Meza, ya aceptada por la comisión.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se pregunta a la asamblea si se acepta el artículo 17 con la modificación propuesta por el diputado Sergio Meza, y acepta por la comisión en votación nominal...Aceptada, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
(Votación.)
Se emitieron 213 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobado el artículo 17 con la modificación propuesta por el diputado Sergio Meza y aprobada por la comisión, por 213 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, proceda la secretaría a consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Justicia y Honorable Asamblea: A esta Comisión de Justicia fue turnada por acuerdo del pleno para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presentó el ciudadano Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.
Habiéndose efectuado un examen minucioso de dicha iniciativa, y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88 y demás relativos del Reglamento respectivo, presenta este dictamen con los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los laudos que emita la misma dentro del Capítulo del Juicio Ejecutivo del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, es resolver de manera trascendente un problema que ha cuestionado la seguridad jurídica de los consumidores. Hasta esta fecha, es lamentable la situación en que se ha desenvuelto la procuraduría,
toda vez que el resultado de la conciliaciones que se celebran ante la misma, y que concluyen con los convenios celebrados entre proveedores y consumidores no tiene pleno cumplimiento. Este órgano del Estado no ha contado con facultades de ejecución, puesto que no puede convertirse en juez y parte, además de que los tribunales efectivamente se han negado para llevar a cabo la ejecución de los mismos.
Segundo. De ahí la importancia de recomendarse de manera relevante la importancia de estas reformas que se proponen, para que los convenios y laudos celebrados y emitidos en esta materia del consumidor, queden investidos del "imperium" del derecho para hacer efectiva la seguridad jurídica y la completa impartición de la justicia; de lo contrario, el derecho de la protección al consumidor corre el riesgo de seguirse burlando por los proveedores, ya que aunque concurren a las audiencias, suscriben convenios y pagan inclusive las multas, no cumplen ni con los laudos ni con los convenios.
Tercero. Es de destacarse la adición que se hace al artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que respecta a la ejecución de los convenios o laudos de la Procuraduría Federal del Consumidor, al señalarse que este órgano por estar constituido como organismo descentralizado carece de autoridad. Sin embargo, no es aplicable este supuesto para todos aquellos actos que se realicen por y ante la procuraduría mencionada, ya que de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles vigente, tren aparejada ejecución entre otros tantos documentos que señala dicho código, cualquier documento privado; esto es la ejecución, la contienen los documentos no sólo de carácter público sino también los de carácter civil, mercantil, puesto que lo que se requiere es la certeza de los actos y en este caso, ¿qué mayor certeza que aquélla en la que participa una institución pública?
Cuarto. La reforma que se comenta además de que fortalece la seguridad jurídica de los gobernados, incorpora en el artículo 961 la hipótesis de que cuando se haya seguido el procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, especialmente en controversias de arrendamiento, no tendrá lugar otra audiencia, con lo que se facilita y acelera la solución de problemas, evitándose para los consumidores, agotado este procedimiento, tener que recurrir al órgano jurisdiccional a intentar sus acciones como si no hubiera hecho gestión alguna, además de que hasta que agote la instancia anterior, podrá comenzar la nueva, por lo que indiscutiblemente la reforma es legítima.
Quinto. La Reforma que se pretende al inciso e) de la fracción VIII del artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, concerniente a las atribuciones del órgano correspondiente, además de considerar a los consumidores y no sólo a los proveedores, establece la potestad para que la procuraduría promueva ante los tribunales competentes, y en forma inmediata la ejecución de sus laudos, ya que en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo del interesado, con lo que queda protegido el consumidor para que los tribunales emitan los mandamientos de ejecución tanto de los convenios como de los laudos. Otorgar expresamente la competencia al órgano correspondiente, dentro de nuestro estado de derecho es indiscutible, razón por lo que a fin de cumplimentar la procuración de justicia en materia del consumidor, se hace imprescindible la reforma que se analiza.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículo 444, 500, 504 y 961 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 444. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuraduría y los laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución, si el interesado no intentare la vía de apremio."
"Artículo 500.................................................................
Esta disposición será aplicable en la ejecución de convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y de laudos emitidos por dicha procuraduría."
"Artículo 504. La ejecución de las sentencias arbitrales, de los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y de los laudos dictados por ésta, se hará pro el juez competente designado por las partes, o en su defecto por el juez del lugar del juicio."
"Artículo 961.................................................................
La audiencia a que se refiere la presente disposición, no tendrá lugar cuando se hubiese tramitado el procedimiento conciliatorio ante la Procuraduría Federal del Consumidor."
Artículo segundo. Se reforma el inciso e) de la fracción VII del artículo 59 de la Ley Federal de Protección a al Consumidor, para quedar como sigue:
"Artículo 59. La Procuraduría Federal del Consumidor, tiene las siguientes atribuciones:
I a VII........................................................................
VIII. Procurar la satisfacción de los derechos a los consumidores, conforme a los siguientes procedimientos:
a) al d).......................................................................
e) Los reconocimientos de los consumidores y proveedores de obligaciones a su cargo, y los ofrecimientos para cumplirlas que consten por escrito y sean aceptados por su contraparte, formulados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, obligan de pleno derecho. Tales reconocimientos y los laudos que dicte la mencionada procuraduría, traen aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en forma inmediata en la vía de apremio o en el juicio ejecutivo a elección del interesado.
f) al i).......................................................................
IX a XI......................................................................."
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, a 23 de noviembre de 1987. - Diputados: David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Elvia Lugo de Vera, Néstor Raúl Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, María Aurora Munguía Archundia, Santiago Oñate Laborde, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Macario Rosas Zaragoza, José Salinas Navarro, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, y Humberto Andrés Zavala Peña.»
Trámite: - Es de segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general, y se abre el registro de oradores.
Para razonar el voto del PDM, tiene la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Demócrata Mexicano, como lo anticipamos oportunamente, votaremos a favor del dictamen que aprueba la reforma de diversos artículo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero queremos hacer algunas consideraciones que creemos oportunas, antes de pasar a la votación de estas reformas o de este dictamen.
Nosotros consideramos que las reformas introducidas, mejoran desde luego la legislación actual y hacen más expedita la impartición de la justicia, sobre todo cuando se previene que los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y los laudos que éste dicte motivarán ejecución.
Sin embargo, queremos dejar sentada nuestra inconformidad, porque las funciones conciliatorias y arbitrales que prevé la Ley Federal de Protección al Consumidor, se encomiendan a una de las dependencias del Ejecutivo y no al Poder Judicial Federal, y a los distintos poderes judiciales locales.
Estamos de acuerdo en que se proteja al consumidor con los mecanismos previstos en la ley mencionada, pero esta función de acuerdo con la división de poderes debe corresponder, consideramos nosotros, al Poder Judicial, quien está diseñado para resolver los conflictos que surjan entre los particulares y entre éstos y el gobierno.
Obviamente, las funciones conciliatorias y arbitrales que se asignan a la Procuraduría Federal del Consumidor, podrían ser desempeñadas por el Poder Judicial no puede cumplir con esos menesteres por falta de infraestructura operacional, con la que sí cuenta el Ejecutivo; ése es, consideramos también nuestro pecado como legisladores, al aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, cuando el Poder Judicial Federal y al Poder Judicial Local, bien le podríamos asignar mejores recursos que los actualmente vigentes, de tal manera que éstos cumplieran con las funciones actuales de la Procuraduría Federal del Consumidor. En lugar de ello y si analizamos los presupuestos de los últimos años, encontraremos que al Poder Judicial de la nación apenas llega en 0.1% del gasto programable, y para el ejercicio 1988, pues casi ni siquiera se menciona, al menos en lo que se ha dado cuenta de la integración, de la composición de este presupuesto.
Nosotros pensamos, compañeros diputados, que suena a ironía y a sarcasmo, que a uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio de la soberanía de la nación, apenas se le destine una milésima parte del presupuesto. Así, de ninguna manera puede ser poder, aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, figure únicamente como acompañante del Ejecutivo en las solemnidades oficiales.
Al asignar estas funciones de arreglo en los conflictos que prevé la Ley Federal de Protección al Consumidor, en lugar de Poder Judicial, se le da ahora el Poder Ejecutivo; es parte de una tendencia regresiva y antimoderna de concertar facultades con el Presidente de la República, lo que ha dado lugar al hiperpresidencialismo, que como se ve, nos ha llevado a esta concentración de poder, a una crisis permanente y a la no vigencia de las instituciones democráticas.
Reconocemos que éste no es el momento legislativo para iniciar una profunda reforma de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en que se reintegren al Poder Judicial las facultades que le corresponden. Dicha ley sigue vigente, y aunque no estemos de acuerdo con su fondo superpresidencialista, las reformas que se introducen, consideramos son útiles para la problemática actual entre los productores y los consumidores, por lo cual, como dijimos al principio, daremos nuestro voto aprobatorio al dictamen, no sin antes haber hecho estas consideraciones que consideramos oportunas y convenientes. Muchas gracias.
El C. Presidente: ¿Oradores en contra?
El C. David Jiménez González (desde su curul): - Señor presidente: Como no hubo objeción al dictamen en pro, unas consideraciones. Yo invito a la presidencia que someta a consideración de la asamblea y pase a votación en lo particular, a ver si hay algún artículo que se quiera reservar, y si no, tome la votación.
El C. Presidente: - Alguna proposición concreta, ciudadano diputado, porque justamente íbamos a dar curso al dictamen en cuestión.
Proceda la secretaría, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 217 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido ente los ciudadanos diputados, proceda la secretaría a consultar a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Por instrucciones de la presidencia, en
votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadano diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura del dictamen.
«Honorable Asamblea: La Comisión de Justicia que suscribe, recibió para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que fue remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores, motivada por la iniciativa, que a su vez formuló el Ejecutivo Federal.
La iniciativa de referencia, tiene por objeto adicionar los artículos 3o., fracción I; 4o., fracciones I y III; 8o.; 9o.; 12 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Los integrantes de esta comisión hemos realizado un acucioso análisis de las reformas y adición que se proponen, incluyendo su cotejo con los preceptos aún vigentes del referido ordenamiento; de su discusión al interior de la comisión y con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos decidido someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
En esencia, la iniciativa tiende a la creación de un sistema nacional de procuración de justicia; a la promoción del conocimiento de asuntos por parte de la Suprema Corte de Justicia; a la denuncia de resoluciones judiciales contradictorias; a la coordinación de la lucha contra la delincuencia; al fomento del régimen de desconcentración; a la creación de agentes y visitadores especiales del Ministerio Público Federal; a la información, a la comunidad de las actividades desempeñadas por la institución; y al establecimiento de programas internacionales de colaboración para el combate de la delincuencia.
El Ministerio Público es una institución de buena fe, que a lo largo de su existencia ha demostrado no solamente su importancia y eficacia, sino que también ha tomado carta de naturalización en nuestro país, creando profundas raíces en la conciencia nacional, ya que el Ministerio Público Federal, institución encabezada por el ciudadano Procurador General de la República, tiene como una de sus funciones primordiales la protección de los intereses de la sociedad, así como la vigilancia del respeto al régimen de legalidad y a las garantías individuales que rigen dentro del Estado mexicano.
La experiencia ha enriquecido considerablemente a la institución del Ministerio Público, razón por la cual el legislador ha estado actualizando la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para dotar a ésta con los elementos y atribuciones que le permitan hacer frente a sus importantes tareas que repercuten en la vida social, y tienden a propiciar una armonía y equilibrio entre dicha institución y los altos intereses nacionales en materia de justicia.
Las reformas que ahora se proponen, son fruto de la experiencia y tienden a crear armonía con otras reformas que se han hecho a diversos ordenamientos legales, para evitar lagunas que puedan crear vacíos que no deben existir dentro de nuestro sistema jurídico.
Partiendo de estas consideraciones, nos encontramos con que las reformas que se proponen en la iniciativa y los comentarios que hacemos a las mismas, son las siguientes:
Al artículo 3o. Se propone agregarle el siguiente párrafo a la fracción I:
"Esta atribución comprende las actuaciones necesarias, para el despacho de las facultades que confieren al procurador las fracciones V y VIII del artículo 107 constitucional.
A través de esta adición, se tiende a crear congruencia y armonía entre la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para solicitar que la honorable Suprema Corte de Justicia, como supremo tribunal del país, conozca de aquellos juicios de amparo directo o de aquellos juicios de amparo en revisión que por sus características especiales, es decir, que por la importancia y trascendencia de los temas que en tales juicios se trate, ameriten ser resueltos por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Existiendo la disposición constitucional vigente, resulta innegable que la ley secundaria debe estar acorde con la Ley Suprema.
Al artículo 4o. Se propone adicionar un párrafo a su fracción I y modificar la fracción III, para quedar como sigue:
"I.............................................................................
Sin perjuicio de otros asuntos específicos, en estos programas y accione quedarán incluidos los conducentes a la coordinación entre las autoridades federales y locales respectivas, con el propósito de integrar un sistema nacional que favorezca el buen funcionamiento y el constante mejoramiento de los servicios de procuración de justicia en el país;
II.............................................................................
III............................................................................
La denuncia ante la autoridad judicial correspondiente, de las contradicciones que se observen en las resoluciones pronunciadas por los órganos de justicia federal, a fin de que aquélla resuelva lo procedente, en los términos de la legislación aplicable.
IV.............................................................................
Con la adición a la fracción I, se tiende a fortalecer nuestro sistema federal, para que en aquellas atribuciones que corresponden al Ministerio Público en materia de justicia, exista una coordinación entre las autoridades federales y las autoridades estatales, en la medida en que la delincuencia no concede ni respeta fronteras, fueros o ámbitos de competencia, por lo que hacerle frente es indispensable que todas las autoridades del país en la materia, trabajen armónica y coordinadamente para mayor y mejor eficacia en el cumplimiento de las tareas a ellas encomendadas."
Por lo que se refiere a la reforma a la fracción III de este precepto, también debe decirse que resulta atinada e importante, porque deja de referirse a órganos específicos del Poder Judicial Federal, y con mayor tino la atribución para denunciar tesis contradictorias, pueden hacerse valer ante la autoridad judicial correspondiente, lo que hace más congruente y técnico el precepto.
Al artículo 8o. Se propone agregar a su fracción II los párrafos siguientes:
"I.............................................................................
II.............................................................................
Mediante estos instrumentos, se promoverá y consolidará el sistema de procuración de justicia, al que alude la fracción I del artículo 4o. de la presente ley.
En los acuerdos a los que se refiere la fracción II de este artículo, se fijará la coordinación de acciones conducentes a la ejecución de programas contra conductas ilícitas, cuando aquéllos requieran, por la naturaleza de los delitos a los que se enfrentan, la participación coordinada de autoridades federales y locales. En todo caso, se considerará la campaña contra los delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos. Este punto será incluido asimismo, en los convenios de desarrollo, de alcance general, que celebren la Federación y los estados."
Como puede observarse de esta adición, con la misma se tiende a crear un ámbito de cooperación, armonía y coordinación entre las autoridades federales y las autoridades locales, para que se pueda hablar de un verdadero sistema nacional de procuración de justicia que tan necesario resulta en nuestro país, en apoyo no sólo del pacto federal, sino en la lucha contra la delincuencia.
Debe destacarse que en esta forma propuesta, se recalca la armonía y coordinación que deben existir entre las autoridades federales y las autoridades locales, en la campaña que lleva a cabo nuestro país contra los delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos, campaña en la que estamos interesados todos los mexicanos, y en la que deben ponerse todos los medios a nuestro alcance para llevarla adelante hasta sus últimas consecuencias, a fin de que en nuestro país se erradique ese mal que tanto daña a la humanidad y en la que deben participar la Federación y los estados, tal como se propone en la reforma.
Al artículo 9o. Se propone agregarle el párrafo siguiente:
"I.............................................................................
II.............................................................................
III............................................................................
Cualquier apoyo o colaboración para la ejecución de programas debidamente autorizados, se entiende con reserva sobre evaluaciones o medidas que excedan la naturaleza de los programas, otorguen autoridad a personas o entidades extranjeras en territorio mexicano, o involucren consecuencias en materias ajenas al ámbito específico que cubre el programa respectivo. Esta reserva se consignará en los instrumentos que fijen las bases de dichos programas."
De la reforma se desprende que la misma tiende a crear armonía y congruencia en los convenios que se celebren entre la Federación y los estados, así como en los tratados que celebre México con países extranjeros, para que dentro del contenido de esos convenios o esos tratados, no vayan a invadirse competencias o vayan a involucrarse materias o personas que quebranten el pacto federal, o inclusive pongan en peligro nuestra soberanía.
Resulta muy adecuado que la Procuraduría General de la República, dentro de su ámbito de competencia, se le otorgue esta atribución.
Al artículo 12. Se propone agregarle el párrafo siguiente:
Se contará con un sistema de desconcentración territorial y funcional de la Procuraduría General de la República, mediante delegación de atribuciones que permita el buen despacho de los asuntos a cargo de la procuraduría, en regiones y entidades del país, tomando en cuenta las características de la función a cargo de aquélla y el régimen de competencia territorial del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, se dispondrán las acciones que deberá desarrollar el Ministerio Público Federal en localidades donde no hay agencia permanente, y se establecerán medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, por parte de los servidores públicos de la dependencia, en las poblaciones de su adscripción.
Ha sido motivo de atención permanente del gobierno, la necesidad de fortalecer nuestro sistema federal, lo cual solamente puede lograrse a través no solamente del debido respeto a los respectivos ámbitos de competencia de la Federación y de los estados, sino también con el cumplimiento de las atribuciones de la Federación en el lugar y forma adecuadas.
Este último aspecto nos ha llevado a amplios y profundos programas de descentralización, conforme a los cuales los poderes federales llevan a cabo sus actos directamente en los estados, ciudades o regiones indicadas. En otras palabras, el sistema federal no se ve fortalecido con el hecho de que los asuntos de naturaleza federal solamente se puedan resolver en el Distrito Federal, sino que por el contrario debe procurarse que los asuntos o problemas, cualquiera que sea su naturaleza, se resuelvan en los lugares indicados.
Para lograr este propósito, se ha llevado a cabo los programas de descentralización a los que no puede permanecer ajena la Procuraduría General de la República, razón por la que con este precepto se propone que las atribuciones a cargo de la Procuraduría General de la República o específicamente del Ministerio Público Federal, se llevan a cabo en las regiones y entidades del país, en donde deben despacharse los asuntos. Esta desconcentración tendrá como punto de referencia el régimen de competencia territorial del Poder Judicial de la Federación, régimen territorial que ha funcionado correctamente, y al que debe acogerse el legislador por la experiencia debidamente probada y comprobada.
Asimismo, con esta desconcentración de funciones, se logrará otro propósito igualmente loable como lo es el contacto permanente con la comunidad, a la que se le podrá informar por los medios locales de difusión el quehacer de la propia dependencia, para así cumplir por una parte como institución de buena fe que representa y vela por los intereses de la sociedad, y por la otra, con el postulado constitucional del derecho a la información que tiene el pueblo y la correlativa obligación a cargo de la autoridad.
Artículo 16.
Se propone agregar el párrafo siguiente:
"I.............................................................................
II.............................................................................
III............................................................................
Con independencia de lo establecido en el artículo 28, acerca de los agentes ordinarios del Ministerio Público Federal, el procurador podrá designar agentes especiales para que intervengan, con la misma representación social, en asuntos en los que a juicio de aquél, sea útil esta intervención. La designación recaerá en juristas que cuenten con el mayor prestigio personal y profesional.
Los agentes especiales actuarán en procedimientos civiles, penales o de amparo, o en otros de la incumbencia de la procuraduría, según el encargo específico que en cada caso se haga, con las mismas atribuciones de un agente ordinario del Ministerio Público Federal.
El procurador podrá designar también visitadores especiales o asesores, que reúna iguales características de prestigio personal y profesional.
Para los fines previstos en los tres párrafos anteriores, se preferirá a quienes hubiesen sido ministros de la Suprema Corte de Justicia, procuradores o subprocuradores generales de la República, sin perjuicio de otras personas, que por su antecedentes, conocimiento y experiencia, puedan
coadyuvar al buen despacho de la procuración federal de justicia."
Conforme a esta adición, se propone la creación de agentes del Ministerio Público Federal, con el carácter de "agentes especiales", así como también de visitadores especiales o asesores.
El artículo 28 de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece los lineamientos generales y características que deben tener los agentes del Ministerio Público federales, deben entenderse como "agentes ordinarios del Ministerio Público Federal."
La experiencia ha indicado que los agentes del Ministerio Público Federal, de carácter ordinario, han hecho frente en forma atinada a sus responsabilidades y han prestigiado a la institución, sobre todo teniendo en consideración las últimas reformas a la ley de la materia, conforme a las cuales ya se cuenta con institutos de capacitación especializados para la preparación de ministerios públicos, de policías judiciales y de peritos.
La preparación de los funcionarios que integran a la Procuraduría General de la República y su destacada labor deben motivar un voto de confianza para su tarea; sin embargo, en ocasiones aunque sean excepcionales surge la conveniencia de contar con juristas o técnicos especializados en alguna materia, que por su destacada labor y reconocimiento público deben ser consultados y en su caso encomendárseles alguna tarea específica en beneficio de la administración de justicia, aunque no pertenezcan formalmente al personal de la Procuraduría General de la República.
El Ejecutivo Federal, tomando en consideración estos casos, propone atinadamente que de acuerdo con la ley se faculte al ciudadano Procurador General de la República, para nombrar agentes del Ministerio Público Federal, especiales así como a visitadores y asesores, también especiales, a fin de obtener de ellos sus mejores conocimientos, y ponerlos en casos especiales en beneficio de la administración de justicia y en cumplimiento de las nobles tareas que se encomiendan a la institución.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable pleno a la Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 3o., fracción I, 4o., fracciones I y III, 8o., 9o., 12 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
Artículo 3o...................................................................
I..............................................................................
Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el despacho de las facultades que confiere al procurador las fracciones V y VIII del artículo 107 constitucional.
II.............................................................................
III............................................................................
Artículo 4o...................................................................
I..............................................................................
Sin perjuicio de otros asuntos específicos en estos programas y acciones, quedarán incluidos los conducentes a la coordinación entre las autoridades federales y locales respectivas, con el propósito de integrar un sistema nacional que favorezca el buen funcionamiento y el constante mejoramiento de los servicios de procuración de justicia en el país;
II.............................................................................
III. La denuncia ante la autoridad judicial correspondiente, de las contradicciones que se observen en las resoluciones pronunciadas por los órganos de justicia federal, a fin de que aquélla resuelva lo procedente, en los términos de la legislación aplicable.
IV.............................................................................
Artículo 8o...................................................................
I..............................................................................
II.............................................................................
Mediante estos instrumentos se promoverá y consolidará el sistema nacional de procuración de justicia, al que alude la fracción I del artículo 4o., de la presente ley.
En los acuerdos a los que se refiere la fracción II de este artículo, se fijará la coordinación de acciones conducentes a la ejecución de programas contra conductas ilícitas, cuando aquéllos requieran, por la naturaleza de los delitos a los que se enfrentan, participación coordinada de autoridades federales y locales. En todo caso, se considerará la campaña contra los delitos en materia.
de estupefacientes y psicotrópicos. Este punto será incluido, asimismo, en los convenios de desarrollo de alcance general, que celebren la Federación y los estados.
Artículo 9o. .................................................................
I. ............................................................................
II. ...........................................................................
III. ..........................................................................
Cualquier apoyo o colaboración para la ejecución de programas, debidamente autorizados, se entiende con reserva sobre evaluaciones o medidas que excedan la naturaleza de los programas, otorguen autoridad a personas o entidades extranjeras en territorio mexicano, o involucren consecuencias en materia ajenas al ámbito específico que cubre el programa respectivo. Esta reserva se consignará en los instrumentos que fijen las bases de dichos programas.
Artículo 12. .................................................................
Se contará con un sistema de desconcentración territorial y funcional de la Procuraduría General de la República, mediante delegación de atribuciones que permitan el buen despacho de los asuntos a cargo de la procuraduría, en regiones y entidades del país, tomando en cuenta las características de la función a cargo de aquélla y el régimen de competencia territorial del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, se dispondrán las acciones que deberá desarrollar el Ministerio Público Federal, en localidades donde no haya agencia permanente, y se establecerán medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa por parte de los servidores públicos de la dependencia en las poblaciones de su adscripción.
Artículo 16. .................................................................
I. ............................................................................
II. ...........................................................................
III. ..........................................................................
Con independencia de lo establecido en el artículo 28 acerca de los agentes ordinarios del Ministerio Público Federal, el procurador podrá designar agentes especiales para que intervengan, con la misma representación social, en asuntos en los que, a juicio de aquél, sea útil esta intervención. La designación recaerá en juristas que cuenten con el mayor prestigio personal y profesional.
Los agentes especiales actuarán en procedimientos civiles, penales o de amparo, o en otros de la incumbencia de la procuraduría, según el encargo específico que en cada caso se haga, con las mismas atribuciones de un agente ordinario del Ministerio Público Federal.
El Procurador podrá designar también visitadores especiales o asesores, que reúnan iguales características de prestigio personal y profesional.
Para los previstos en los tres párrafos anteriores, se preferirá a quienes hubiesen sido ministros de la Suprema Corte de Justicia, procuradores o subprocuradores generales de la República, sin perjuicio de otras personas que, por sus antecedentes, conocimientos y experiencia, puedan coadyuvar al buen despacho de la procuración federal de justicia.
...............................................................................
...............................................................................
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal, A 23 de noviembre de 1987. David Jiménez González, Eliseo Rangel Gaspar, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Gamboa, Juan de Dios Castro Lozano, Juan José Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel Angel Herrerías Alvarado, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Elvia Lugo de Vera, Néstor Raúl Luna Hernández, Gregorio Macías Rodríguez, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Antonio Monsiváis Ramírez, Melquiades Morales Flores, María Aurora Munguía Archundia, Santiago Oñate Laborde, Genaro José Piñeiro López, Samuel Quiroz de la Vega, Yrene Ramos Dávila, Ricardo Regalado Hernández, Cirilo José Rincón Aguilar, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Ampelio Robles González, Macario Rosas Zaragoza, José Salinas Navarro, José Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, y Humberto Andrés Zavala Peña».
Trámite: - Segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general.
Se abre el registro de oradores...
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a preservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
La misma C. Secretaria: - Se emitieron 208 votos en pro, y cuatro abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, el decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
COMUNICACIONES
El C. Presidente: - Se ruega a la secretaría dar cuenta con varias comunicaciones.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«CC. secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Eliseo Mendoza Berrueto, diputado federal por el I Distrito Electoral del estado de Coahuila, ante ustedes con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:
El 15 de julio del presente año, solicité licencia para separarme del cargo de diputado federal, para dar cumplimiento a la fracción V del artículo 76 de la constitución política del estado de Coahuila de Zaragoza, que previene la separación del cargo 90 días antes de la elección.
El 16 del propio mes y año, la Comisión Permanente me concedió licencia para separarme de mis funciones como diputado federal, por el I Distrito Electoral Federal del estado de Coahuila.
En virtud de que el 19 de los corrientes la Quincuagésima Legislatura del estado de Coahuila, erigida en Colegio Electoral me declaró gobernador constitucional electo, para el período 1987 - 1993, con fundamento en lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohibe el desempeño de dos cargos de elección popular, vengo a manifestar a esta honorable Cámara de Diputados que opto por el cargo de gobernador constitucional del estado de Coahuila.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 1987. - Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto.»
Trámite: - De enterado.
El mismo C. Secretario:
«Palacio Legislativo, noviembre 26 de 1987.
Diputado licenciado César Augusto Santiago Ramírez, presidente de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
José Salinas Navarro, diputado federal a la LIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, electo por el XXIX Distrito Electoral Federal del Estado de México, ante usted de la manera más atenta comparezco para exponer:
Que en virtud de haber sido declarado por la Comisión Estatal Electoral, presidente municipal electo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, para el período constitucional 1988 - 1990, vengo por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hacer del conocimiento de esta honorable Cámara de Diputados, que en esta fecha opto por desempeñar el cargo de presidente municipal a que he hecho referencia.
Comunico a ustedes lo anterior, para los efectos legales conducentes. Atentamente.
Rúbrica.»
Trámite: - De enterado.
PROTESTA DE LEY
El C. Presidente: - Encontrándose a las puertas de este recinto el ciudadano Jesús Borja Valle, diputado suplente por el XXIX Distrito del Estado de México, se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Daniel Castaño de la Fuente, Liborio Lazcano Leyva y Jorge Díaz de León.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El C. Presidente: - Ciudadano Jesús Borja Valle: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?".
El C. Jesús Borja Valle: - Sí, protesto.
El C. Presidente: - Si así no lo hiciéreis, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
PROPOSICIONES DE DIPUTADOS
APOYO AL CONGRESO DEL TRABAJO
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra para presentar una proposición, el ciudadano diputado Genaro José Piñeiro.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El motivo de esta intervención, y de manera breve, para halagar la petición general de todos ustedes, consiste en hacer de un reclamo, un reclamo que significa el entender que el papel que los representantes del pueblo, los diputados hemos sostenido como representantes legítimos de la ciudadanía, ha sido éste no únicamente de los diputados, y a través de los diversos momentos de la historia de nuestro pueblo, el sector campesino, los campesinos de nuestra nación, los obreros organizados en diferentes etapas, siempre han sostenido en primera línea la defensa de los intereses del pueblo de México.
Hoy, con la grave situación económica, con el agravamiento de la crisis, con la pérdida definitivamente de valor y de poder adquisitivo del pueblo de México, se ha presentado por parte del Congreso del Trabajo una postura firme y decidida de apoyo a la defensa de la economía popular. En concreto, la fracción parlamentaria y los miembros del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, proponemos a esta soberanía un solo.
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Que se pronuncie esta Cámara haciendo extensivo un comunicado en los siguientes o parecidos términos, dirigido al Congreso del Trabajo, que diga: "La Cámara de Diputados manifiesta por este conducto, su más firme apoyo y decidida solidaridad al Congreso del Trabajo, por las medidas que ha decidido tomar en favor del salario golpeando por la inflación y la carestía".
Atentamente.
Diputado Genaro José Piñeiro López.»
El C. Presidente: - En los términos del artículo 58 del Reglamento, se pregunta si algún ciudadano diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra.
Tiene la palabra, en pro, el ciudadano diputado Juan Moisés Calleja.
El C. Juan Moisés Calleja García: - Señor presidente: ciudadanos diputados: Concurro a esta tribuna con el propósito de expresar mi simpatía, en relación con la proposición que en estos momentos se acaba de hacer.
También hace unos instantes, un diputado de la fracción de mi partido, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México, presentó una iniciativa como consecuencia de los ajustes que está sufriendo el salario; y en relación con las medidas que el movimiento obrero está tomando, para tratar de restaurar la pérdida del poder adquisitivo.
De tal manera, que en estos momentos en que el movimiento obrero está luchando por tratar de resolver este problema, acogemos con profunda simpatía que esta Cámara de Diputados se pronuncie en favor de la proposición, porque lo merece y lo necesita para fortalecer su lucha y para sentir el respaldo de todos los revolucionarios. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite o no a discusión la proposición del diputado Genaro José Piñeiro López.
La C. secretaria Ofelia Casillas Ontiveros: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Ejecútese.
COMITÉ PARLAMENTARIO DE DEFENSA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, la ciudadana diputada Gabriela Guerrero.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor presidente: señoras y señores diputados: Como recordarán ustedes, el día 13 de noviembre, y debido a la difícil y compleja situación por la que está atravesando el Instituto Politécnico Nacional, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, me permití demandar de los miembros de esta LIII Legislatura, la formación de un frente de defensa del Instituto Politécnico Nacional, a la manera de como se hizo ya en la XLII legislatura y que encabezará el distinguido diplomático Licenciado Carlos Zapata Vela.
Un grupo de diputados de esta LIII Legislatura, preocupados por el desarrollo de la educación superior científica y tecnológica de carácter popular y revolucionaria, ante los ataques de los que ha sido objeto de manera constante el Instituto Politécnico Nacional, hemos constituido un comité parlamentario de la LIII Legislatura de defensa del Instituto Politécnico Nacional, con la siguiente declaración que podría ser suscrita por quienes deseen incorporarse a este comité.
La declaración dice lo siguiente:
«Nosotros, diputados a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, hemos resuelto integrar el comité parlamentario de defensa del Instituto Politécnico Nacional, conscientes de que es una institución concebida, creada y sostenida por el movimiento revolucionario de México, no sólo para dar cabida en él a los trabajadores de la ciudad y del campo y de los más amplios sectores del país, que están resueltos a formarse intelectualmente en el aula, el taller o el laboratorio, para servir con su esfuerzo al desarrollo independiente del país en todos los ámbitos que la economía comprende, sino para formar el estado mayor de profesionales e investigadores al más alto nivel, para que México les incorpore en el menor plazo posible a la revolución científico - técnica, en la que ya se encuentran ubicados los países más avanzados del mundo.
Convencidos de la necesidad histórica de la existencia del Instituto Politécnico Nacional, hemos de contribuir utilizando todos los medios posibles, respetando a la institución en toda su integridad jurídica, a consolidar y fortalecerla, pugnando porque se le otorgue un presupuesto mayor para que cumpla cabalmente con sus funciones, particularmente en lo que a la investigación científica se refiere y porque establezca una estrecha vinculación con las empresas e instituciones del Estado, para que sus actividades científico - técnicas se desarrollen con amplitud en beneficio de los intereses de la nación y del pueblo.
Como miembros de la LIII Legislatura, uniremos nuestros esfuerzos en el seno de la Cámara de Diputados, por alcanzar esos objetivos, y fuera de ella por defender al Instituto Politécnico Nacional de todo intento de alejarlo del cumplimiento de su tarea histórica o de deformarle su esencia de institución revolucionaria al servicio del pueblo.
Esta declaración la firman los siguientes diputados: Amín Zarur Menez, José Rubén Robles Catalán, Rosa María Armendáriz Muñoz, Antonio Tenorio Adame, Manuel Monreal Zamarripa, José Marcelino Rodríguez Silva, Rafael García Anaya, Juan Manuel Lucia Escalera, Eduardo Fernando Hernández Mier, Gonzalo Padilla Fuentes, Heriberto Serrano Moreno, Néstor Raúl Luna Hernández, Mario Murillo Morales, Indalecio Sayago Herrera, Alicia Buitrón Brugada, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Nabor Camacho Nava, Salvador Robles Quintero, Juan Moisés Calleja García, Martín Tavira Urióstegui, María Luisa Mendoza Romero, Rebeca Arenas Martínez, Genaro José Piñeiro López, Fernando Ortíz Arana, Santiago Oñate Laborde, Jaime Aguilar Alvarez Mazarrasa, Rodolfo Antonio
Menéndez Menéndez, Miguel Osorio Marbán, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Felipe Flores Gutiérrez y Gabriela Guerrero Oliveros».
Tenemos la convicción, compañeros diputados, de que con la integración de este importantísimo comité parlamentario, estaremos dando un gran jalón al Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias.
DENUNCIA EN PROCESO ELECTORAL
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para presentar una denuncia, el ciudadano diputado Pablo Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente; compañeros diputados: El pasado domingo 22 de noviembre, se llevó a cabo un acontecimiento, tal vez de muy poca importancia para los diarios nacionales y los medios de comunicación social en general.
La comunidad yucateca celebró elecciones para gobernador, diputados locales para 15 diarios electorales, y renovación de 106 alcaldías. La elección, no obstante haber pasado inadvertida para la mayoría de los diarios, para Televisa, para Canal 13, etcétera, sí tenía una gran importancia para Yucatán y en general para todos los mexicanos; era una oportunidad más para que el pueblo yucateco, en camino de lograr lo que parece imposible en México. que el pueblo pueda darse sus propias autoridades, realizar este objetivo.
Se decidió que la región que yo debía vigilar y ayudar como observador, sería parte de lo que corresponde al III Distrito Electoral, al cual corresponden precisamente los municipios de Tizimín, Espita y Panabá.
Atendiendo a la preparación de la elección, se tienen datos confiables que en la mayoría de los municipios no funcionaron los comités municipales - electorales, contraviniendo el espíritu y la letra tanto de la Constitución como de la Ley Electoral en sus artículos 78 al 84 de la Ley Electoral de Yucatán. Por ejemplo, el artículo 78 establece que las comisiones electorales, son los organismos electorales de carácter permanente encargados de la programación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos municipios. Y se dio el caso que en municipios como el de Panabá, en el que el doctor Rodolfo Aranda Mena, al increparle yo la torpe e inadecuada conducta al no haber nunca convocado a sesiones de la Comisión Municipal Electoral, cínicamente me respondió diciendo que a él no le pagaban ni un centavo por esa actividad, y que por eso no lo hacía; que el tenía el deber de sostener a su mujer y a sus hijos, y para el colmo el día de las elecciones, ni siquiera en Panabá se abrió la oficina de la mencionada Comisión Municipal Electoral, la cual no sesionó ni un solo minuto del domingo 23 del presente mes de noviembre.
De tal suerte, que se violó flagrantemente lo dispuesto por el artículo 76 de la constitución de Yucatán, al no efectuar las elecciones en forma democrática; mejor no las hubiera hecho don Porfirio, con los hacendados propietarios de las haciendas henequeneras. La elección por lo menos en esa zona, estuvo en las manos no de los comités municipales electorales, sino de funcionarios empleados de SARH y Banco Rural Peninsular, quienes escogieron los peores lugares para la ubicación de las casillas y pusieron en las comisarías, o sea los ranchos o poblados numerosos, no cabeceras de partido, toda clase de trabas a ciudadanos y representantes de partidos de oposición, para que llevaran a cabo sus funciones electorales.
Para que esto no quede en el aire, sin nombre, hay algunos funcionarios y empleados como César Osorio, que en la casilla 23 se llevó el ánfora sin que se llevara a cabo en dicha casilla ni el escrutinio, ni se levantara ningún tipo de acta, ni se expidiera ningún tipo de documento a los representantes.
Se dio también el caso del ingeniero José Lugo Maldonado, quien trabajó para el PRI sin ser funcionario electoral, eso sí, bien pertrechado en una camioneta de la SARH con rifles Winchester 22, con pistolas calibre 22, 45 y 380, y sobran testigos para acreditar la veracidad de este hecho.
Naturalmente, todos estos fenómenos nada anormales para el gobierno, tal vez nada digan a muchos de ustedes, acostumbrados a esto y a más; pero sin embargo, es necesario recalcar una vez más, es necesario a nombre y por voz del pueblo de Yucatán, insistir una y mil veces y que se oiga en las aletargadas conciencias de algunos de ustedes, que los yucatecos fueron defraudados en las pasadas elecciones.
El colofón, el hecho espectacular, la ocurrencia genial y sin embargo, se debió al famosísimo porro, hecho gobernador de Yucatán, esa poética y a la vez patética tierra aún faisán y del venado, a don Víctor Cervera Pacheco, quien deseoso de hacer pasar intranscendente la elección en que participan Manzanilla Schaffer, como candidato a gobernador del PRI y Roger Cicero Mackiney por el PAN, ofreció al pueblo emeritense la clausura de la feria ganadera de Exmacuil, a cinco kilómetros
de Mérida, patrocinada por el gobierno del estado el domingo 23 de noviembre de 1987, día de las elecciones, lugar al que acudieron más de 150 mil personas y en donde desde temprano, se vendió en las instalaciones licor y cervezas a profusión, violando el artículo 132 de la Ley Electoral del estado de Yucatán, que prohibe terminantemente ese día expender bebidas alcohólicas, convirtiendo de tal suerte a Exmacuil, en el único lugar de todo el estado de Yucatán, en la cantina más grande de Yucatán y convirtiéndose Víctor Cervera en el cantinero número uno de todo el país, hechos comprobables que el licenciado Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación, puede constatar por medio de la prensa.
Aquí precisamente el Diario de Yucatán, en donde en la primera columna del lado derecho se corrobora lo aseverado por mí, y allí están más de 150 mil emeritenses que acudieron a esa feria de clausura, a esa feria ganadera, que fue clausurada en Exmacuil precisamente.
Yo quisiera preguntarles a ustedes, compañeros diputados, quisiera adivinar cuál fue la intención de Víctor Cervera Pacheco para echar a perder, para desanimar, para desalentar esta devoción, este deber cívico que debió haber embargado a todos los emeritenses el pasado domingo 23 de noviembre.
Yo no sé ni conozco las dificultades personales que tuviera con Víctor Manzanilla Schaffer, pero lo que sí sé es que se comportó en una forma muy distinta de como debe comportarse un simple y vulgar ciudadano, ya no digamos un gobernador del estado que está obligado a dar ejemplo en el acatamiento de las leyes.
Sin embargo, no todo fue negativo en las pasadas elecciones. Vengo orgulloso y optimista del valor y arrojo de los ciudadanos yucatecos, en su gran mayoría mayas, quienes siguen creyendo en la esperanza y siguen sembrando entre las rocas, confiados que así como prendió el henequén entre esas rocas, se les dará una vida mejor para la vía democrática, en donde despunte en diversas direcciones y en toda la sin par península, la tierna y delicada planta de la democracia.
Tengo aquí una lista de las irregularidades que se llevaron a cabo en algunas de las ciudades como Tizimín, como en Panabá, como en Espita; voy a leer a ustedes algunas de las más relevantes:
En algunas de las casillas rurales que corresponden a las comisarías, se cerraron las urnas a las doce del día, se abrieron a las diez de la mañana y se cerraron a las doce del día, porque así lo dispuesto el personal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que estaba "coadyuvando" en esta tarea electoral. Algunas continuaron trabajando hasta las tres, pero a las seis de la tarde todas, absolutamente todas, sin importar si había electores, todas habían cerrado.
El Registro Federal de Electores se comportó en términos generales, como se ha venido comportando en todo el país; no hubo promoción de la afiliación, de la inscripción en el patrón electoral, es más, muchos ciudadanos se quejaron de haberse inscrito con esfuerzo en el padrón electoral y nunca haber recibido su credencial de elector, lo cual les impidió el pasado 23, sufragar por el partido de sus preferencias.
Como datos comunes que ya vienen siendo redundantes, que en cada elección se repiten, se impidió a los representantes del Partido Acción Nacional fungir en el carácter con que se ostentaba y debidamente acreditados por la Comisión Local Electoral.
Se permitió a personas votar por dos o tres veces, inclusive a un pelotón del ejército de 12 elementos se les entregaron nueve boletas, tres de cada elección para que sufragaran, cosa que hicieron.
En muchas de las casillas: en la siete, en la 23, en la cinco - bis y en la 23 - bis no se llevaron a cabo escrutinios, se levantaron las ánforas y sabrá Dios dónde se harían los conteos y de qué manera se harían.
Como ustedes ven, compañeros diputados, con tristeza debemos afirmar que las elecciones de Yucatán tuvieron irregularidades que de hecho y de ser rigoristas, anularían la elección casi de todo el estado. Yo no sé qué vaya a ocurrir, lo que sí sé es que hay autoridades más elevadas y demás responsabilidad ante el pueblo de Yucatán y ante el pueblo de México, como son el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación; en ellos queda el caso de Yucatán y estaremos pendientes de la manera como interpretan y de la manera como responden al imperativo categórico que significa para el Primer Magisterio del país el ser, el vigilar el exacto cumplimiento de las leyes federales y el observar que no haya impedimentos a la democracia. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Nerio Torres, para hechos.
El C. José Nerio Torres Ortíz: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo empezaría manifestando en esta tribuna, con todo respeto, que es lógico que las casillas se hayan cerrado, a las cuales hizo mención el diputado que me antecedió en el uso de la palabra,
porque él está hablando de una elección que se celebró según datos, el día 23 de noviembre, y las elecciones en Yucatán fueron el día 22 de noviembre, señores diputados. (aplausos.)
No nos debe causar extrañeza el hecho de que una vez más esta tribuna sea utilizada por nuestros compañeros de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, para venir a hacer denuncias de supuestas irregularidades, de fraudes electorales en recientes elecciones. Esa es una canción ya muy trillada; la oímos hace unos días en las elecciones de Coahuila, las oímos en el Estado de México y las oímos ahora en Yucatán.
Yo creo que deben de entender y comprender que estas denuncias corresponden exclusivamente al Congreso de los estados de ninguna manera son de la competencia de esta Cámara; sin embargo, tratan de venir a justificar sus derrotas cantando la canción a la cual hice mención. Desde hace mucho tiempo que vienen diciendo que hubo fraude, que va a haber fraude, que se robaron ánforas, que no se le permitió al acceso a sus representantes de casillas; y la realidad, señor diputado, es que en Yucatán perdieron las elecciones ustedes en una forma limpia, democrática y honestamente.
Y la realidad de las cosas se deben a dos factores muy importantes: A esa persona que usted calificó de porro, que para nosotros es el señor gobernador del estado, que ha desempeñado desde el día 16 de febrero del año de 1984 un trabajo fecundo, creador y honesto, y que ha logrado el aglutinamiento de los sectores más importantes de nuestra entidad federativa.
Ha habido un trabajo esforzado para todos los sectores, inclusive para los pocos panistas que ustedes tienen en esa entidad , porque cuando se lleva la energía eléctrica a una colonia, no se lleva exclusivamente para los priístas; cuando se hace una calle, no es para que transiten exclusivamente los priístas; cuando se construye una escuela, se construye para todos en general, y creo que de ese trabajo han ustedes, sus pocos representados, han estado recogiendo los frutos de este trabajo y de ese esfuerzo. El otro aspecto, es la selección que hicimos de nuestros candidatos a gobernador. Un candidato con una trayectoria política intachable, dos veces diputado federal, dos veces senador de la República, embajador de nuestro país en varias partes del mundo, un hombre conocedor de la problemática política, social y económica de nuestro estado, un hombre a quien no se le puede tachar de ningún acto incalificable.
Por esa razón, pensamos que el triunfo de nuestros candidatos en Yucatán, es inobjetable y ustedes deberían de aceptar esos hechos. El pueblo sabe perfectamente...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Me permite una interpelación, señor diputado?
El C. José Nerio Torres Ortiz: - No, señor diputado, le ruego me permita continuar.
Yo les sugiero, señores diputados, que cuando vayan a Yucatán, cuando menos se aprendan los nombres de los municipios, porque usted dijo Panab y es Panabá, y dijo usted una serie de cosas que creo yo que no corresponden a mi estado, tal vez esté usted hablando de otro estado de la República.
Yo quiero decirles que ese triunfo es inobjetable, que no tienen nada que hacer en Yucatán, señores miembros de Acción Nacional. El pueblo sabe qué partido trabaja los 365 días del año, y sabe también quién nada más trabaja 45 días y en épocas de campaña.
No vengan ustedes a tratar de justificar su derrota, cuando no supieron convencer al pueblo. Que quede claro que en Yucatán, se ganó limpiamente.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Pablo Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente; compañeros diputados: Yo creo que el compañero diputado que acaba de hacer uso de la tribuna, sin decirlo me está dando la razón, puesto que no se ha referido en forma concreta y pormenorizada y puntual a cada una de las aseveraciones o imputaciones que yo he hecho con mucha puntualidad, con mucha circunscripción de cada uno de los problemas.
El que yo no sepa pronunciar si es Panab o Panabá, tiene usted razón, me parece que era Panabá, lamento no manejar las palabras mayas con la facilidad que lo hace usted; créame que me gustaría, pero sin embargo no tengo esa habilidad.
Lo que sí debo decirle que las aseveraciones en parte, que he hecho yo aquí, están fundadas en relación de los demás municipios, por dos equipos de más de nueve personas integrado por la prensa de Yucatán, por el diario Novedades y por el Diario de Yucatán. Yo creo que a estas personas usted no podrá tachar de panistas, y están aseverando exactamente lo que acabo yo de decir aquí, señor diputado, a usted y a los demás compañeros.
Por ejemplo, aquí el Diario de Yucatán dice: "En Exmacuil no se respetó la ley seca". Es una aseveración que yo hice y que usted de ninguna manera argumentó, que no desbarató usted. Ahí está, hubo una gran cantina organizada por el señor, gobernador, y esa cantina existió y usted no ha echado abajo ese argumento.
La historia se repite en Chemax y alcanza a Peto, fraude en las comisarías y gana el PRI, eso no lo escribió un panista.
Lo que tampoco fue culpa de Acción Nacional y sí fue culpa de las autoridades de Yucatán, fue ese desaliento a los electores yucatecos, al organizarles una verbena para distraerlos de la función electoral.
¿Que dice usted que nada tiene que hacer el Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán? si así lo entiende usted, y para usted eso es el pluripartidismo, promueva una reforma en la cual el único partido reconocido sea el oficial y así no habrá necesidad de estos pleitos tan desagradables para usted. ¿Cómo es posible que mexicanos de segunda nos atrevamos a decir a ustedes, mexicanos de primera del partido oficial, que nos gustaría participar en lo electoral y compartir las responsabilidades políticas que en los diversos estados de nuestro país se dan?
Qué desacato cometemos quienes no pensamos como ustedes, qué lamentable. Tampoco creo que es Acción Nacional el culpable que en el estado de Yucatán se haya dado un 80% de abstención; aquí están los datos corroborados, hubo casillas que a las 12 del día en la ciudad de Mérida ya no tenían un solo elector, y ni un solo elector sufragó a partir de ahí, a partir de las tres de la tarde, del lugar en que se cerraron algunas de las casillas.
En lo que se refiere a lo que el señor gobernador es o no es porro, pues eso se lo dejamos a gente que conoce mejor que nosotros y que de él atestiguan en libros, inclusive muy vendidos como Carlos Loret de Mola; quizá alguien pueda ilustrar su conocimiento de algunos próceres yucatecos a través del testimonio tan inobjetable, como es precisamente el de Carlos Loret de Mola en su libro "Confesiones de un gobernador".
Por lo demás, creo que nos identificamos en una cosa, ocurrimos a unas elecciones con la ilusión de que triunfaran nuestros candidatos, y hubo un gran fracaso; y hay gran responsable, vamos buscándolo juntos, señor diputado, y ahí mucho se lo agradecerá el pueblo de Yucatán.
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Wilbert Chi Góngora.
El C. Wilbert Chi Góngora: - Con su permiso, señor presidente; señores diputados: Los candidatos de nuestro Partido Revolucionario Institucional en el estado de Yucatán, encabezados por un distinguido político, destacado parlamentario, Víctor Manzanilla, condujeron campañas verdaderamente vigorosas y con manifiesto empeño de encabezar una importante movilización popular en torno al partido de las mayorías nacionales y su plataforma ideológica.
Quedó no sólo en el ánimo de los electores plena conciencia de tales campañas, sino que a diferencia de lo que aquí ha manifestado el señor diputado Alvarez, quedó constancia en la prensa local y en la prensa nacional y en todos los medios de comunicación, el testimonio de los esfuerzos de nuestros candidatos para hacerse acreedores del voto ciudadano.
Durante 71 días efectivos de intensa campaña, se visitaron los 206 municipios que conforman la entidad; se realizaron 120 mítines, 265 reuniones políticas: se recorrieron 5 mil 900 kilómetros; se recibieron 2 mil 537 planteamientos. En suma, se dialogó con el pueblo; el PRI entró en comunicación formal e intensa con las grandes masas populares; se sacudió las conciencia ciudadana; se compartió con el pueblo las preocupaciones y naturales inquietudes de una nación en vías de desarrollo; se analizaron las necesidades y carencias de una sociedad deseosa de alcanzar mejores niveles de vida; se implementó un programa intenso concebido dentro de la más pura tradición partidista, de promoción al voto; se realizó un amplio trabajo para organizar verdaderas células de votantes, que convencidos acudieron a las urnas a demostrar que en Yucatán y en México creemos en la democracia y la sabemos y la queremos vivir con intensidad. Fue así como se fue preparando a nuestros seguidores, sembrando ideología y simpatía hacia nuestra causa.
Cabe mencionar que el pueblo yucateco, a diferencia de lo que aquí se ha venido a asentar en forma que se antoja ofensiva, es testigo y hay consenso general de su reconocimiento, por un innegable ejemplo de trabajo y esfuerzo realizado en los últimos cuatro años por un gobierno priísta de Víctor Cervera Pacheco, un ejemplo que se traduce lo mismo en la obra material que en los aspectos educativos, turísticos, de salud, agropecuarios, industriales, etcétera.
El Programa de Reordenación Henequenera, en un nuevo Yucatán; la trascendental, imponente, importantísima del puerto de altura, de progreso; la infraestructura caminera eléctrica, hidráulica, la diversificación agropecuaria, pero sobre todo el clima de trabajo, concordia y tranquilidad; y la nueva mentalidad de superación contagiosa de todos los sectores de la población, aunada al fin a la sensibilidad política del pueblo, propició su asistencia a las urnas electorales el pasado domingo 22 y ratificó una vez más su convicción y confianza en el Partido Revolucionario Institucional.
El señor presidente de la Comisión Electoral del estado, informó a la prensa que hasta la noche del día de la elección, no se reportaron quejas por parte de ninguno de los partidos políticos contendientes.
En publicaciones fechadas el día de ayer, informa que se recibieron cuatro inconformidades del Partido Socialista de los Trabajadores y del Popular Socialista, ninguna de los demás partidos; se tuvo conocimiento de algunos incidentes menores que se subsanaron satisfactoriamente; hubo algunas quejas verbales que también fueron resueltas; no se recibió ningún reporte de violencia.
El ciudadano presidente del Consejo de Notarios del estado, licenciado Rubén Bolio Pastrana, manifestó por la prensa que ese organismo estuvo pendiente durante todo el día y hasta el cierre del proceso electoral, y no se recibió ningún llamado por parte de los diversos partidos, fueron unas elecciones limpias y tranquilas; por lo demás, tenemos en relación con los datos que aquí se han manejado, de un padrón de 591 mil 894 votantes, votaron 320 mil, un 54% del padrón. El PRI obtuvo 280 mil 130 votos; el PAN 34 mil 247, según los últimos informes que están en nuestro poder.
Por lo demás, estos asuntos aquí planteados, creemos que son competencia de las comisiones municipales, distritales y estatal electoral. Existen leyes para el tratamiento adecuado de cada caso. Nuestra sugerencia respetuosa, sería entonces acudir a ellas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Jesús Galván Muñoz: - Para hechos, señor presidente.
El C. Presidente: - ¿Es en relación con el mismo tema?
El C. Jesús Galván Muñoz: - Sí, señor.
El C. Presidente: - Tiene la palabra señor diputado, para hechos.
El C. Jesús Galván Muñoz: - Con su permiso, señor presidente: Qué lástima, señor diputado Chi, que todo ese esfuerzo de los candidatos del gobierno, no pudieron suscitar una participación ciudadana; qué lástima también que toda esa obra, que toda esa gestión gubernamental a la que usted ha hecho referencia, tampoco no haya podido suscitar una verdadera participación ciudadana en las elecciones; qué lástima que la participación ciudadana se haya frustrado por esa gran cantina que estableció el gobernador, ¡qué lástima señor!
Pero aquí yo quiero comentar que había que reflexionar no solamente sobre estos hechos, sino lo que queda; no solamente lo que ahí pasó, sino lo que va trascendiendo, sobre lo que va quedando en la propia conciencia del pueblo mexicano.
El pueblo mexicano hoy sabe perfectamente que la democracia no se dice, que la democracia se hace; y por eso, señores diputados, quiero señalarles a ustedes que el fraude electoral no es algo que sea históricamente inevitable, porque aparentemente aquí se sostiene que es algo que es históricamente inevitable.
Alguna vez en el Colegio Electoral de 1985, se habló del fraude patriótico; pero tampoco el fraude electoral no es políticamente neutro, ni mucho menos es moralmente inocente. El fraude, señores diputados, genera necesariamente sus efectos en la sociedad y en conjunto, y algunos de sus efectos son los siguientes: la apatía y la desconfianza hacia el gobierno, hacia su discurso y hacia sus actos.
La apatía genera también repudio al fraude electoral; la apatía y el repudio al fraude electoral, señores diputados, también genera una incredibilidad en los procesos electorales, como medio pacífico para integrar los órganos del poder público y también para orientar su acción. Y por eso es que este gobierno de alguna manera no tiene la orientación debida, porque no hay la participación ciudadana que le señale cuáles son los caminos que tiene que seguir.
Señores diputados, el fraude electoral refuerza también lo que le podíamos llamar la violencia estructural; además lesiona gravemente la justicia, que es aquello que se da cuando hay conformidad entre lo que es y lo que debe ser; pero además, también lesiona la justicia social, cuyo campo de acción lo constituyen precisamente la esfera de todos los derechos humanos en su totalidad.
Hoy, señores diputados, es muy válida la pregunta que el pueblo mexicano se hace: ¿cómo creer a los que prometen mañana justicia, pero hoy fomentan el hambre?, ¿cómo creer a los que prometen una sociedad igualitaria y más democrática, cuando hoy fomentan la abstención y el fraude electoral? Sí señores, ¿cómo creerles, cómo creer al gobierno que fomentan todo esto?
El fraude electoral no es sino el reflejo de una violencia estructural, de esa suma de estructuras que mantienen oprimidas y explotada a la mayor parte de los mexicanos. Si el régimen quiere hoy realmente un cambio estructural que ha venido predicando desde el principio del sexenio, lo que tiene que hacer es remover todas las condiciones
que están arraigadas en las estructuras, y que son favorables al poder de una oligarquía que impide que realmente se dé el cambio estructural. El cambio estructural no solamente está en lo económico, el cambio estructural se puede dar y se debe dar primero en lo político, y para eso hay que remover el fraude.
Señores, la democracia exige hoy no solamente una simple adhesión y un sentimiento intelectual, sino exige la total adhesión de la voluntad para poder realmente cumplirla, para realmente alcanzarla. Si esto no se da, el fraude, el cambio estructural y todo lo que ustedes señalan y todas las aspiraciones del pueblo Mexicano se verán frustradas necesariamente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Para hechos, el ciudadano diputado Rodolfo Menéndez.
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Quién sabe de qué fraude está hablando el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, vino a hacer un discurso muy similar al que hemos escuchado de Acción Nacional en ocasiones anteriores, como ya se apuntó aquí.
El domingo 22 de noviembre, 22 compañero, usted asistió a otro proceso electoral, se vivió en el estado de Yucatán, contra lo que usted puede suponer, compañero, una jornada democrática ejemplarmente limpia y ejemplarmente pacífica, y los periódicos que usted alude lo mencionan en sus cabeceras principales. Un solo conato de intranquilidad o de desorden no se manifestó durante el proceso electoral, el pueblo acudió a las urnas, compañero, por voluntad propia, con orden absoluto a votar por quien quiso. Las impugnaciones compañeros, que acabamos de escuchar, hay que reconocerlo, forman parte a mi juicio, de una estrategia denigratoria por una oposición que utiliza, reconózcanlo señores, las oportunidades que les brinda la democracia de cuya ausencia se quejan, por una oposición que no supo, que no sabe al menos en Yucatán, lograr el voto ciudadano que hoy pretenden desvirtuar.
Los candidatos priístas en Yucatán, señores diputados de Acción Nacional, particularmente el candidato a gobernador Manzanilla Schaffer, condujeron campaña intensa y honrada; cada uno de los votos que lo favorecieron, cada uno de ellos fueron ganados a pulso y mediante el respaldo de nuestro partido, y con el esfuerzo de muchos días de campaña; en muchos actos de muy diversa índole, sostuvieron nuestros candidatos encuentros con el pueblo yucateco para reconocer su problemática.
Acudieron a la plaza pública, a las fábricas, a las escuelas, a los mercados, a las asambleas gremiales, y en actos de consulta, en visitas domiciliarias, en reuniones masivas, se estableció un diálogo y una franca interlocución con el pueblo de Yucatán.
Todo lo anterior en un proceso abierto y transparente condujo a que los candidatos priístas, señores, se hicieran acreedores del voto yucateco; no se hurtaron los sufragios señores, se trabajó limpia y honradamente, como el PRI sabe hacerlo.
Pero mientras los candidatos del PRI, y me dirijo a la sonrisa aviesa, mientras los candidatos del PRI hicieron campaña y trabajaron arduamente en su propósito electoral, el panismo particularmente se caracterizó por hacer campaña débil y sin consistencia.
Debe conocer la asamblea, y vale la mención de que Acción Nacional...
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente. ¿quiere preguntar al orador por favor, si acepta una interpelación?
El C. Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, señor diputado?
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - Con mucho gusto.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Suscribiría usted, señor diputado, las afirmaciones de su candidato a gobernador en Yucatán, el licenciado Víctor Manzanilla Schaffer, cuando dice que muchos candidatos del PRI son trepadores y arribistas, que se enriquecen a través del pueblo?
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - Señor, en todos lados se cuecen habas, de la misma forma como los del PAN serían también arribistas.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - ¿Las acepta?
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - Como las debe aceptar usted en cualquier contexto social.
El C. Presidente: - No se aceptan los diálogos, señor diputado.
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - No viene al caso, porque estamos discutiendo de las elecciones de Yucatán, y no
tratando de confundir a la asamblea. Usted es el que debe aceptarlas.
Decía yo a la asamblea compañeros, antes de que fuera interrumpido por esta improcedente interpelación, que Acción Nacional se presentó ante el electorado de Yucatán, escindido, mostrando sus debilidades y sus contradicciones internas, su dirigencia se dividió al punto, sépanlo todos, que el más conocido, el más popular de los militantes panistas, el señor Góngora Paz, fue finalmente postulado por el Partido Demócrata Mexicano.
Que no les extrañe pues, el franco retroceso electoral que tuvo el panismo en Yucatán, entre otras cosas, ésta es una de las causas.
Creo que venir a impugnar aquí, en estas condiciones compañeros, es tener muy poco sentido de la autocrítica, o bien estar dotado de un cinismo que les resta autoridad moral a un partido como el de ustedes, para juzgar como pretenden hacerlo.
Se ha hablado aquí de abstencionismo, compañeros; se ha insistido en señalarlo como si fuera responsabilidad del gobierno o bien fenómeno atribuible al Partido Revolucionario Institucional, como si fuera problema de unos cuantos generado nada más por algunos. El abstencionismo compañeros, junto con otros problemas sociales, es circunstancia negativa en cuyo origen estamos todos sin excepción. Es expresión de pluralidad de sentimientos, algunos de los cuales inclusive yuxtapuestos. Es afirmación y negación a un tiempo. Este rechazo y aceptación es indiferente y es protesta.
Quisiera que tuviéramos sociología capaz de descomponer el fenómeno, para analizar en sus verdaderas causas y dimensiones. Es en todo caso, compañeros, el desafío más impresionante que tenemos los partidos políticos, en todos los frentes de nuestro México.
Seamos serios compañeros, seamos intelectualmente honestos; el abstencionismo es parte quizá en alguna forma y medida, de una expresión de la corrupción; es problema colectivo de los mexicanos, buscar en este tipo de fenómenos sociales, a quien lleva o a quien genera la culpa, lo culpífero o lo culpígeno, es esfuerzo estéril y deshonesto. En el origen de la problemática lo afirmo, nos encontramos todos por omisión o por comisión, por exceso o por defecto, por acción o por negligencia.
Yo propongo a la asamblea y propongo a los partidos aquí reunidos, que aceptamos cada uno nuestra porción de culpa en el caso del abstencionismo, y nos empeñamos en recorrer el gran trecho que aún nos falta en nuestras aspiraciones democráticas.
Esa es la verdad, en este país compañeros, somos muchos los que aspiramos a perfeccionar la democracia, y no sólo aquella referida a los procesos electorales, sino a la que constituye verdadero integral sistema de vida. Esto es cierto, pero los partido perdedores deben entender, ése es el exhorto que le hago al panismo, que la legitimidad de una elección, que es parte de la esencia democrática está reconocido; no puede, no debe ser concepto manipulable en contra de otro partido, so pena de que arriesguemos todos todo. Gracias.
El C. Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Jiménez Remus.
El C. Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señor presidente; señoras y señores diputados: No pensaba intervenir en esta discusión sobre el proceso electoral de Yucatán, pero después de oír las intervenciones de los tres compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional de Yucatán, sobre todo esta última, me veo obligado por lo siguiente:
Los tres diputados coinciden fundamentalmente, sin decirlo, en un respeto absoluto al régimen de derecho en el estado de Yucatán, y que se materializó el pasado domingo en el proceso electoral que termina con las votaciones. Y a mí sinceramente no me gustaron los calificativos de vedetes, por las siguientes razones, Rodolfo:
Creo que subyace un poco de hígado en esta última intervención. Nos llama cínicos, invoca nuestro sentido de autocrítica, invoca también un estudio sociológico para poder descomponer el problema de la protesta de Acción Nacional, y finalmente nos dice que seamos serios pero intelectualmente honestos; y también los tres coinciden en que tanto el gobernador Cervera Pacheco como el candidato electo Manzanilla, tiene un profundo respeto por el estado de derecho.
Yo no estoy de acuerdo y subo por esto. Creo que la autocrítica debe hacérsela Cervera Pacheco, y esto es a título personal, y quizá haya una luz en el túnel y que restablezca el estado de derecho Manzanilla en Yucatán.
Hace más de dos está detenido en Yucatán José Domingo Camal, por un supuesto homicidio en agravio de un compañero de él, de Acción Nacional. En ningún momento del proceso se ha probado el móvil de dicho asesinato; siendo compañero de mi partido, uno es el victimario y otro la víctima, y qué curioso que un modesto defensor
de la localidad de Shematz, en el término constitucional ofrece la única prueba procesal que podía dar luz al juez imparcial; existe la imposibilidad física de que José Domingo Camal hubiese sido el homicida.
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - ¿Me permite una interpelación?
El C. Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Adelante.
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - ¿Dice usted que el señor José Domingo Camal, está preso sin conocerse el móvil?
El C. Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Sí, señor.
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - ¿Es entonces preso político?
El C. Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Efectivamente.
El C. Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez: - ¿Dice usted que no se conoce el móvil?
El C. Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Bueno, estoy hablando de la relación, perdóneme, no trate de confundirme, Rodolfo, sea usted serio, y lo invito aquí mismo ahorita, a tener esta discusión.
El defensor particular, modesto abogado de la localidad, ofreció la única prueba que podía dar luces en el establecimiento de la justicia, que era la inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos, ¿por qué?, porque desde el balcón de la presidencia municipal donde se dice que disparó José Domingo Camal, a donde se encontró el cadáver, había una construcción donde cayó detrás el cadáver.
Una inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos, demuestra la imposibilidad física de este homicidio; y el juez de la causa del término constitucional, sin derecho alguno, sin prueba alguna, le negó dicha prueba, y dijo el juez del término constitucional, ésta se desahogara en el período de instrucción; y viene el período de instrucción y el juez le niega esta prueba, y lo sentencia a nueve años de prisión.
Y yo solicité una entrevista con el gobernador Cervera Pacheco, no me recibe, me recibe el secretario general de gobierno y me pide que aceptemos nosotros exceso de legítima defensa para que pueda salir con libertad, y yo le dije a nombre del panista detenido que no podíamos transar ante la honra de una persona detenida injustamente.
Dígame entonces si es serio Cervera Pacheco, dígame usted si es autocrítico Cervera Pacheco. Cervera Pacheco es el responsable de haber fracturado el régimen de derecho; yo espero que entonces Víctor Manzanilla restablezca este régimen que fracturó impunemente y cobardemente Víctor Cervera Pacheco.
SOLIDARIDAD CON HAITI
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, para tema diverso.
El C. Francisco Hernández Juárez: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Traigo a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, una información y un llamamiento sobre Haití, Hacemos un llamado a la honorable Cámara de Diputados, para que se solidarice con el pueblo haitiano en la lucha por la democracia, y cuyo proceso está amenazado por las fuerzas reaccionarias coludidas en una frente representado por el Consejo Nacional de gobierno y los Tonton Macutu.
Entre otras exacciones, este frente es responsable del entorpecimiento del proceso electoral jurídico del asesinato de dos candidatos a la presidencia y de amenazas los miembros del consejo electoral provisional, y el incendio de su local.
La solidaridad internacional contribuye a detener la escala de terror como en este caso. Pido la solidaridad de esta honorable Cámara para los patriotas, para las fuerzas democráticas de Haití. Muchas gracias, compañeros.
EXCITATIVA A COMISIONES
El C. presidente: - Señores diputados, es usual que en la última sesión de cada mes de sesiones, el Presidente de la Cámara...
El C. Jesús Galván Muñoz: - Señor presidente...
El C. Presidente: - Perdón, compañero Diputado.
El C. Jesús Galván Muñoz: - Yo quiero hacer excitativa que tenía pendiente en la sesión anterior.
El C. Presidente: - Proceda usted a hacer uso de la palabra, compañero diputado.
El C. Jesús Galván Muñoz: - Con su permiso, señor presidente; señores diputados: Con fecha 20 de abril de este año, se presentó con fundamento en el artículo 109 de la Constitución de la República, por un ciudadano, una denuncia en contra de los ciudadanos magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, su presidenta y los jueces de primera instancia, nombrados para el sexenio judicial 1987 - 1993, los días 8, 13 y 15 del citado mes.
La denuncia después de ratificada, fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara para su estudio y dictamen, que habría de formularse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En la Comisión Permanente del Congreso, en mayo del presente año la fracción parlamentaria de Acción Nacional, hizo notar lo grave de los hechos denunciados, y la necesidad de proceder en consecuencia, conforme a la propia norma constitucional, y lo que la ley prevé. La justicia había sido vulnerada, y había y hay que resarcirla de los daños que se le han inferido.
Los días 20 de agosto y 13 de octubre del año en curso, las mencionadas comisiones celebraron reuniones de trabajo en torno a este asunto. En la primera reunión, se ordenó que se recabaran las actas que contienen los actos y las omisiones materia de denuncia, las que fueron parcialmente proporcionadas en forma conjunta con un informe del tribunal denunciado. Se nombró también un grupo de trabajo, para formular un proyecto de dictamen.
En la segunda reunión, se consideró conveniente recibir las pruebas faltantes, para que se aportaran y agregaran al expediente respectivo, antes de emitirse el dictamen; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna comunicación por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con la que se aporten las pruebas solicitadas.
Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en la fracción XVI del artículo 21, solicitamos a la presidencia haga una excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para el efecto de que dictaminen sobre el asunto de referencia, con los elementos necesarios para resolver.
El C. Presidente: - Se excita a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para proceder a elaborar el dictamen a la brevedad posible.
AGRADECIMIENTO A LA ASAMBLEA
El C. Presidente: - Es usual que en la última sesión de cada mes de sesiones, el presidente de la mesa directiva concluya con algunas expresiones de agradecimiento. Hoy, con todo respeto, pido a la asamblea me dispense su atención con el mismo propósito.
Yo he manifestado en reiteradas ocasiones, que creo en el Poder Legislativo y especialmente en la Cámara de Diputados, como una de las instituciones fundamentales de la República. Creo que por la amplitud y seriedad del debate y la confrontación ideológica, la Cámara cada día tiene una presencia mayor en la conciencia de los mexicanos, y es sin duda una gran posibilidad que el pueblo ve para el debate de los asuntos nacionales.
No se trata tan sólo de enriquecer el derecho positivo mexicano con la creación legal en que la Cámara participa, sino también, y así lo veo, como la oportunidad para que el pueblo, por conducto de sus legítimos representantes, debata con amplitud los asuntos que le son propios.
Por eso creo en el Poder Legislativo, y especialmente en la Cámara de Diputados, y por eso también al tener el privilegio de presidir la Cámara, deseo reconocer que cualquiera que sea la valoración de este ejercicio, éste no podía haber concluido, si yo no hubiese tenido el apoyo que mucho agradezco, del personal administrativo vinculado con la mesa directiva, de los señores secretarios y prosecretarios de la Cámara, de los señores vicepresidentes: Manuel Terrazas, Genaro José Piñeiro, Alfonso Santos Ramírez, y de manera muy especial, a los diputados, Samuel Quiroz de la Vega y María Emilia Farías Mackey, muy distinguidos y responsables diputados y excelentes amigos, que han compartido con todos los eventos y pormenores de este mes; pero también aquí deseo formular un reconocimiento a los miembros de mi partido por su apoyo, por su tolerancia y comprensión, y también de manera especial, a su distinguido coordinador y excelente amigo, el diputado Nicolás Reynés Berezaluce. (Aplausos.)
A través de las dos ocasiones en que he tenido el privilegio de ser diputado, he aprendido que quizá una de las mayores satisfacciones del quehacer legislativo, es la confrontación abierta y valiente en la tribuna, respetuosa y seria, que nos permita adelantar nuestros juicios, recibir los contrarios y salir después sólo con la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber.
Hoy que termina este período, ratifico mi fe en la vigencia de la Cámara de Diputados, y en su
trascendencia en la vida política de México, y por haberme permitido todos el privilegio de presidir esta Cámara dejo a ustedes, a todos sin excepción, el testimonio de mi más profunda gratitud. Eso es todo. (Aplausos.)
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA
«Cámara de Diputados. - Tercer Período Ordinario de Sesiones. - LIII Legislatura.
Orden del día
2 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XIV aniversario luctuoso del ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Jorge Alejandro Beltrán Serrano, pueda prestar servicios en la embajada de Líbano en México.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Nicole Marie Louise Girón Barthe de Villaseñor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Isla Zavala, para aceptar y usar la condecoración Cruz de Dannebrog al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Dinamarca.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco López Cámara, para aceptar y usar la condecoración de la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de ese país.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma varios artículos de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Rita Patricia Contreras Calleja, para prestar servicios en la embajada de la República Popular de Hungría en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos José Salazar López, Aurora Guadalupe Castellanos Dávila, María Isabel Gutiérrez de Díaz y Manuel Gómez Millán, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Ramón Chávez Beltrán, Luis Manuel Flores Fuentes, Arturo Antolín Hernández Meraz, Vicente González Becerril, Gabriel Vicente Lara Hernández, Adrián López Aguirre y Rigoberto López Ibarra, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Abel Ubaldo Suárez, Domingo Viña García y Gerardo Navarrete Contreras, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Adriana Guadalupe Cárdenas Campos y María Elena Tatay Visairo, para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California.
Sesión secreta
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 18:00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles dos de diciembre a las diez horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES