Legislatura LIII - Año III - Período Ordinario - Fecha 19871204 - Número de Diario 34
(L53A3P1oN034F19871204.xml)Núm. Diario:34ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO III México, D.F., viernes 4 de diciembre de 1987 NÚM.. 34
SUMARIO
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS
De Coahuila, apertura de su tercer período ordinario de sesiones. De enterado
De Veracruz, mesa directiva para el mes de noviembre. De enterado.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia notifica los nombres de los diputados inscritos.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El diputado José Luis Galaviz Cabral, presenta proyecto de decreto, para adición. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 8
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS
El diputado Alejandro Cañedo Benítez, presenta reformas a veinte artículos.
Se turna a la Comisión de Educación.
REGLAMENTO DEL CONGRESO
ARTICULO 190
El diputado Nabor Camacho Nava, propone suprimir párrafos al artículo. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria.
REFORMA AGRARIA
ARTICULO 201
El diputado Jaime Delgado Herrera, presenta reforma al artículo. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
LEY DE RESPONSABILIDADES
El diputado Eduardo Turati Alvarez, propone modificaciones a los artículos 83 y 84. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Para que el C. Enrique Camargo Baltazar, preste sus servicios en la Embajada de Suiza en México.
Para que la C. Josefa Guadalupe Antonina Abaunza Portocarrero de Escoto, preste sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Para que las CC. Ana Eva del Rosario Cárdenas González y María Isabel Ramírez Oseguera, presten sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
BANCA Y CRÉDITO
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. De segunda lectura.
Debaten los diputados Vicente Calvo Vázquez, Juan de Dios Castro Lozano, Amado Llaguno Mayaudón, Martín Tavira Urióstegui y Santiago Oñate Laborde; se acepta su modificación. Se aprueba el dictamen y pasa al Senado de la República.
MONEDA CONMEMORATIVA
Del L aniversario de la expropiación petrolera. De segunda lectura. 27 Debaten los diputados Adner Pérez de la Cruz, José Ángel Aguirre Romero, Rubén Rubiano Reyna, Rafael López Zepeda, Consuelo Botello de Flores, Pablo Alvarez Padilla, Manuel Bribiesca Castrejón y Luis Orcí Gándara. Se aprueba y pasa al Senado de la República.
NO RECESO
La asamblea acepta no tener receso.
DICTAMEN QUE REFORMA VARIAS LEYES
Proyecto de decreto. Obras Públicas; Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; General de Bienes Nacionales y General de Deuda Pública.
Debaten los diputados Roberto Calderón Tinoco, Santiago Oñate Laborde, Jorge Alcocer Villanueva, Genaro Piñeiro López. Se aprueba con modificaciones y pasa al Senado de la República.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Para que el C. Roberto Encinas Ripa, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá en Tijuana, Baja California.
Para que al C. Nicole Marie Louise Girón Barthe de Villaseñor, acepte y use la condecoración que le confiere el gobierno de Francia.
Para que la C. María del Carmen Isla Zavala, acepte y use la condecoración que le confiere el gobierno de Dinamarca.
Para que el C. Francisco López Cámara, acepte y use la condecoración que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
Para que el C. Jorge Alejandro Beltrán Serrano, preste sus servicios en la Embajada de Líbano en México.
Para que los CC. Evaristo Vela Correa y José Antonio García Mendoza, presten sus servicios en la Embajada de Colombia en México.
Para que el C. Ismael Morín García, preste sus servicios en la Embajada de la India en México.
Son de segunda lectura. Se aprueban y pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
La presidencia notifica de los diputados inscritos.
SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez, propone la del Secretario de Comercio y Fomento Industrial. Para hechos, los diputados Genaro José Piñeiro López, Jorge Alcocer Villanueva y Héctor Morquecho Rivera.
El diputado Pablo Alvarez Padilla, propone la del Secretario de la Defensa Nacional. Para hechos, los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, María del Carmen Jiménez de Avila. Se acepta y se turna a la Comisión de la Defensa Nacional.
El diputado Jesús Galván Muñoz, presenta punto de acuerdo para que comparezcan el secretario de Trabajo y el de Comercio y Fomento Industrial. 61 Debaten los diputados Pablo José Pascual Moncayo, Roberto Calderón Tinoco, Martín Tavira Urióstegui, Jorge Alcocer Villanueva, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Genaro José Piñeiro López y Pedro José Peñaloza. Se turna a las Comisiones de Trabajo y de Comercio.
SITUACIÓN MIXTECA
El diputado Pablo José Pascual Moncayo, solicita una excitativa a las comisiones de Previsión Social y a la de Derechos Humanos para que dictaminen lo que se les turnó con fecha 17 de Junio del presente año. La presidencia ordena 15 días como máximo.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA
Dictamen de la Comisión de Comercio
COMISIÓN DE JUSTICIA
Oficio de la Gran Comisión, solicitando nombramiento transitorio de presidente y secretario, por el mes de diciembre, ante esa comisión. Se aprueba.
EFEMÉRIDES
PLAN DE AYALA
El diputado Héctor Morquecho Rivera, hace historia desde su promulgación.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER
El diputado Jesús Siller Rojas, enaltece la memoria del destacado luchador social. Y propone poner su nombre en los muros del recinto parlamentario. El diputado Martín Tavira Urióstegui apoya la proposición.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
(Asistencia de 237 ciudadanos diputados)
APERTURA
EL C. Presidente (a las 12:15 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Cámara de Diputados.- Tercer Período ordinario de Sesiones. - LIII Legislatura.
Orden del día
4 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Veracruz.
Iniciativa de CC. diputados del sector obrero
De reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Camargo Baltazar, para prestar servicios en la Embajada de Suiza en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Josefa Guadalupe Antonina Abaunza Portocarrero de Escoto, para que pueda prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Ana Eva del Rosario Cárdenas González y María Isabel Ramírez
Oseguera, para que puedan prestar sus servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de las monedas conmemorativas del L aniversario de la expropiación petrolera.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles; General de Bienes Nacionales y General de Deuda Pública.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Roberto Encinas Ripa, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá en Tijuana, Baja California.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Nicole Marie Louise Girón Barthe de Villaseñor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Isla Zavala, para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Dannebrog al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Dinamarca.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco López Cámara, para aceptar y usar la condecoración de la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de ese país.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que concede permiso al ciudadano Jorge Alejandro Beltrán Serrano, para prestar servicios en la Embajada de Líbano en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Evaristo Vela Correa y José Antonio García Mendoza, para prestar servicios en la Embajada de Colombia en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ismael Morín García, para prestar servicios en la Embajada de la República de la India en México. Efemérides
Intervención del ciudadano diputado Jesús Siller Rojas.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día tres de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del C. diputado David Jiménez González
En la ciudad de México, a las once horas cuarenta y cinco minutos del jueves tres de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, con asistencia de doscientos setenta y un diputados, la presidencia declara abierta la sesión.
Se da lectura al orden del día.
Sin discusión se aprueba el acta de la sesión celebrada el día de ayer.
Para hacer comentarios en torno a la reunión de los ocho jefes de Estado latinoamericanos, celebrada recientemente en el puerto de Acapulco, utilizan la tribuna los ciudadanos diputados Juan José Bremer Martino, del partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Mexicano Socialista; Jorge Amador Amador, del Partido del Frente Cardenista; Antonio Monsiváis Ramírez, del Partido Demócrata Mexicano; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, Héctor Calderón Hermosa, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y Ricardo Pascoe Pierce, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes, en el que da cuenta del cambio de mesa directiva. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita permiso para que un ciudadano mexicano preste servicios en la Embajada de Suiza en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da cuenta con dos minutas con proyecto de decreto por los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos a fin de que puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La diputada María Luisa Mendoza Romero, del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de la palabra para presentar una iniciativa de Ley Federal de Protección a los Animales. Se turna a las comisiones de Ecología, de Agricultura y Recursos Hidráulicas y de Salud.
La diputada profesora María de la Luz Gama Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta una iniciativa para modificar el artículo 270 del Código Federal Electoral, la cual se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Arturo Acosta González, del Partido Acción Nacional, formula una iniciativa de decreto para derogar en inciso b) de la fracción IV del artículo 22 de la Ley del Mercado de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Alejandro Cañedo Benítez, del Partido Acción Nacional, somete a consideración de la asamblea una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución General de la República, en su fracción IV. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Comunicaciones y Transportes.
El diputado Navor Camacho Nava, a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta una iniciativa para reformar el artículo 204 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión del Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido Mexicano Socialista, pide que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exprese su más enérgica condena a los hechos de violencia que han tenido lugar en Haití, en los últimos días, y somete a consideración de la asamblea un punto de acuerdo que solicita se tome como de urgente y obvia resolución. Para apoyar esta propuesta hacen uso de la palabra los diputados Genaro José Piñeiro López, del Partido del Frente Cardenista y Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista. La asamblea la considera como de urgente y obvia resolución y una vez aprobada, la presidencia acuerda: Ejecútese de inmediato.
Se da cuenta con una invitación formulada por el diputado presidente de la Gran Comisión de esta Cámara, licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, para que se le acompañe en la inauguración de la librería del Palacio Legislativo y de las terminales de la computadora en las oficinas de los diversos partidos.
De conformidad con el acuerdo previo de práctica parlamentaria, la presidencia declara un receso de cincuenta minutos. A las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos. se reanuda la sesión.
El diputado Javier Paz Zarza, del Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra para denunciar violaciones que supuestamente se cometieron en las elecciones locales efectuadas el pasado 8 de noviembre para renovar ayuntamientos y congreso local en el estado de México, solicitando que esta denuncia se turne a la Comisión de Derechos Humanos. A favor de esta propuesta hacen uso de la palabra los diputados Amado Olvera Castillo, Cecilia Romero Castillo, Consuelo Botello, Gonzalo Altamirano Dimas, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Manuel Bribiesca, todos del Partido Acción Nacional. En contra de la misma hicieron uso de la tribuna los diputados Miguel Ángel Herrerías, Ricardo Regalado y José Encarnación Alfaro Cázares, miembros del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Gonzalo Altamirano Dimas, del Partido Acción Nacional, retiró la propuesta del diputado Javier Paz Zarza y, en su lugar, solicitó que la denuncia de hechos se turne a la Comisión de Gestoría y Quejas para su investigación. Puesta a consideración de la asamblea, se acepta y se turna a la Comisión de Gestoría y Quejas.
El diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Popular Socialista, hace referencia al movimiento estudiantil y magisterial del Instituto Politécnico Nacional y solicita que se amplíe el presupuesto destinado a dicho instituto.
El diputado Heriberto Noriega Cantú, a nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos Mexicano Socialista, Revolucionario de los Trabajadores, Popular Socialista, Demócrata Mexicano, Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Frente Cardenista, propone que la Cámara de Diputados condene enérgicamente el acordonamiento policial llevado a cabo el día de ayer en este Palacio Legislativo; que el presidente de la Cámara exija al jefe de Departamento del Distrito Federal aclaraciones sobre la presencia de la fuerza pública en la explanada del recinto parlamentario y que se cite al director de Policía y Tránsito con igual fin. En torno a este tema hacen uso de la palabra los diputados Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, Miguel Osorio Marbán, del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista; Efraín Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Beatriz Gallardo, del Frente Cardenista; José Luis Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Jorge Alcocer, del Partido Mexicano Socialista; Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional; Eduardo Turati, del Partido Acción Nacional; Genaro Piñeiro López, del Frente Cardenista;
Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional; Juan de Dios Castro, del Partido Acción Nacional, y Arnulfo Villaseñor, del Partido Revolucionario Institucional.
Puesta a votación la propuesta para citar al director de Policía y Tránsito del Distrito Federal, es desechada por la asamblea. El presidente de la mesa hace la siguiente declaratoria: Esta presidencia se compromete a girar un oficio a la policía del Distrito Federal y al regente, para que no se presente ninguna fuerza pública si no ha sido solicitada por la presidencia de la Cámara.
A petición de la diputada Gabriela Guerrero, del Partido Popular Socialista, se turna a las comisiones de Educación y de Programación y Presupuesto, copia de la carta dirigida por profesores e investigadores del Instituto Politécnico Nacional al ciudadano Presidente de la República.
El diputado Félix Flores Gómez, da lectura a una propuesta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el sentido de que la Cámara de Diputados resuelve realizar un programa semanal televisivo que dé cuenta de las actividades de la misma. En pro, habla el diputado José Luis Díaz Moll, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
La secretaría da cuenta a la asamblea con los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de las monedas conmemorativas del L aniversario de la Expropiación Petrolera. Son de primera lectura.
Se da cuenta con un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, relativo al proyecto de decreto para reformar las leyes de Obras Públicas de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, General de Bienes Nacionales y General de Deuda Pública. Es de primera lectura.
La propia secretaría da cuenta con un escrito del ciudadano Agustín Leñero Bores en el que comunica que en virtud de haber sido declarado presidente municipal de Naucalpan de Juárez, estado de México, con fundamento en el artículo 125 constitucional, opta por dicho cargo. Acuerdo. Se toma nota. Llámese al suplente.
Encontrándose a las puertas del recinto el ciudadano Rodolfo Manuel García Ancira Aguirre Berlanga, diputado suplente por el séptimo distrito del estado de México, la presidencia designa una comisión para introducirlo al salón de sesiones y lo acompañan en el acto de rendir la protesta de rigor los ciudadanos José de Jesús Borja Valle, Arturo Alvarez Márquez y Manuel Germán Parra, del Partido Revolucionario Institucional.
Una vez que la comisión cumple su cometido, el ciudadano Rodolfo Manuel García Ancira Aguirre Berlanga rinde la protesta de ley como diputado suplente en funciones.
La presidencia solicita a la secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse la propuesta presentada por el diputado Félix Flores Gómez, a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Puesta a consideración de la asamblea, se aprueba dicha propuesta.
Continúa la secretaría con los dictámenes de primera lectura:
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por lo que se concede permiso al C. Roberto Encinas Ripa, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Canadá en Tijuana, Baja California.
Dictámenes de la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales por los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas embajadas extranjeras. Son de primera lectura.
Dictamen relativo al proyecto de decreto que forma el artículo 2o. de la Ley que establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
Se le dispensa la segunda lectura. A solicitud del diputado Rafael López Zepeda, se acuerda que el dictamen sea discutido en lo general y en lo particular por contener un solo artículo. El diputado Héctor Morquecho, hace uso de la palabra en contra, solicitando que se cite al director del Banco de México para que comparezca ante esta soberanía. El diputado Hesiquio Aguilar de la Parra pide la palabra y señala que por las razones expuestas en el dictamen a discusión, debe aprobarse el mismo, desechándose la propuesta del diputado Morquecho por improcedente.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular el cual, puesto a votación, es aprobado por 225 votos a favor y 18 en contra, pasando al Senado para sus efectos constitucionales.
A solicitud del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, se pone a consideración de la asamblea la propuesta formulada por el diputado Héctor Morquecho, la cual es desechada.
La secretaría da cuenta con el dictamen relativo al proyecto de decreto para adicionar un tercer párrafo al artículo 4o. de la ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de
Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Se le dispensa la segunda lectura.
Puesto a discusión en lo general y en lo particular, el diputado Rafael López Zepeda solicita se haga una modificación al artículo 2o. transitorio del proyecto de decreto. El diputado Cuauhtémoc Amezcua solicita una explicación de la propuesta y el diputado López Zepeda se la concede. La asamblea admite la modificación propuesta y considera suficientemente discutido el dictamen el cual, puesto a votación, es aprobado por 226 votos a favor y dos abstenciones.
Se da cuenta con dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por los que se concede permiso a los ciudadanos Pilar Saldívar y Fernández del Valle, Víctor Flores Olea, Ricardo Villanueva Hallal, Francisco del Río López, Salvador Jiménez, Antonio Pérez Manzano y José Luis Vivanco Díaz, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Igualmente se da cuenta con un dictamen de la misma Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se concede permiso a la ciudadana Isabel F. Salgado Pimentel para prestar servicios en la Embajada de Uruguay en México.
Puestos a votación los tres dictámenes anteriores, son aprobados por 231 votos y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El diputado Eduardo Castellot, rinde homenaje en el II aniversario de su fallecimiento al licenciado Ignacio García Téllez. El diputado David Serrano Acosta, por su parte, rinde homenaje al Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en el CLXXVII aniversario del decreto de abolición de la esclavitud en nuestro País.
En torno al problema suscitado con motivo del emplazamiento de huelga formulado por el Congreso del Trabajo, hablan el diputado Eduardo Valle Espinosa, del Partido Mexicano Socialista, Salvador Robles Quintero del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita se dé lectura al comunicado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el diputado Juan Moisés Calleja.
Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al orden del día de la próxima sesión.
A las Veintitrés horas se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana viernes cuatro de diciembre a las diez horas.»
El mismo C. Secretario: -Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor presidente.
COMUNICACIONES DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado de Coahuila.
C. presidente de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F.
Tenemos el honor de participar a usted, que hoy día de la fecha el honorable L Congreso constitucional del estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, previas las formalidades de ley, inauguró el tercer período ordinario de sesiones correspondientes al tercer año de su ejercicio constitucional.
Protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección. Saltillo, Coahuila, noviembre 15 de 1987.- Diputados secretarios: Alicia López de la Torre, Lucila Ruiz M.» Trámite: -De enterado.
La misma C. secretaria:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Estado libre y soberano de Veracruz - Llave.
CC. secretarios de la honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo.- México, D.F.
Nos permitimos comunicar a usted que esta honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Veracruz - Llave, en sesión ordinaria celebrada hoy, eligió la mesa directiva que fungirá durante el mes de noviembre próximo, la que quedó integrada en la forma siguiente: presidente, profesor Felipe García Ruiz; vicepresidente, doctor Viterbo Cortéz Lobato y secretario, ingeniero Arturo Tremari Blanno.
Lo que hacemos de su conocimiento, con base en lo previsto por el artículo 21 del Reglamento Interior de este honorable Cuerpo Colegiado.
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, octubre 27 de 1987.- Honorable Legislatura del estado.- Diputados: Doctor Arturo Nájera Fuentes, presidente; licenciado Gabriel Fuster Jiménez, secretario.»
Trámite: -De enterado.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: -Han pedido hacer uso de la palabra los siguientes compañeros diputados, para presentar unas iniciativas: José Luis Galavíz
Cabral, Alejandro Cañedo Benítez, Nabor Camacho Nava, Jaime Delgado Herrera, Eduardo Turati Alvarez.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DE TRABAJO
El C. Presidente: -En consecuencia, sírvase pasar a esta tribuna el diputado José Luis Galaviz Cabral, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. José Luis Galaviz Cabral: -«Los diputados de la Confederación de Trabajadores de México, que forma parte de la fracción parlamentaria del sector obrero en la LIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II de la Constitución Federal y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, inician reformas para adicionar el capítulo XVIII a la Ley Federal del Trabajo, basándose para ello en lo siguiente:
El artículo 123 constitucional en su inciso b), subinciso 3, párrafo segundo, menciona: "También será competencia exclusiva de la autoridad federal, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas".
En la actualidad, no necesariamente se presta a conflictos entre entidades federativas, sino que por la propia secuencia de trabajo, se requiere la aplicación de este nuevo capítulo, ya que consideramos que es preocupación de la clase trabajadora agrupada en la Confederación de Trabajadores de México, el legislar en materia de tarifas y en los trabajos de maniobras de servicio público, ya que en distintas entidades del país los trabajadores agrupados en las distintas organizaciones que se dedican a la carga y descarga son hasta la fecha los más explotados, so pretexto de que el pago de la maniobra aumenta el precio de los artículos de consumo básico, es por ello que en base a esa preocupación proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Se adiciona con el capítulo XVIII la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
CAPITULO XVIII
Trabajo de maniobra de servicio público
Artículo 353 - a - bis. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, acarreo, almacenaje y tansbordo de carga que se efectúe en estaciones de ferrocarril y demás zonas, y a los trabajos complementarios o conexos.
En los contratos colectivos se determinarán las maniobras objeto de los mismos, distinguiéndose de las que correspondan a otros trabajadores.
No podrá utilizarse el trabajo de los menores de 16 años.
Son patrones los fletadores, los consignatarios y demás personas que ordenen los trabajos.
Las personas a que se refiere el artículo anterior, que en forma conjunta ordenen los trabajos comprendidos en este capítulo, son solidariamente responsables por los salarios e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores, por los trabajos realizados.
El salario puede fijarse por unidad de tiempo, de obra, por peso de los bultos, o de cualquier otra manera.
Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario se distribuirá entre ellos, y en la proporción en que participen.
El salario se pagará directamente al trabajador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.
El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, o a intermediarios para que a su vez hagan el pago a los trabajadores, no libera de responsabilidad a los patrones.
Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un 16%. 66% como salario del día de descanso.
Asimismo, se aumentará el salario diario en la proporción que corresponda, para el pago de vacaciones.
En la determinación de la antigüedad de los trabajadores y del orden en que deben ser utilizados sus servicios, se observarán las normas siguientes:
I. La antigüedad se computará a partir de la fecha en que principió el trabajador a prestar sus servicios al patrón;
II. En los contratos colectivos, podrá establecerse la antigüedad de cada trabajador. El trabajador inconforme podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje que rectifique su antigüedad. Si no existen contratos colectivos o falta en ellos la determinación, la antigüedad se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, y
III. La distribución del trabajo se hará de conformidad con la antigüedad que corresponda a cada trabajador. En los contratos colectivos se determinarán las modalidades que se estime convenientes para la distribución del trabajo.
Los sindicatos proporcionarán a los patrones una lista pormenorizada, que contenga el nombre y la
categoría de los trabajadores que deben realizar las maniobras, en cada caso. Los trabajadores no pueden hacerse sustituir en la prestación del servicio. Si se quebranta esta prohibición, el sustituto tiene derecho a que se le pague la totalidad del salario que corresponda al trabajo desempeñado, y a que el pago se haga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.
Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes:
I. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483;
II. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será responsable de los accidentes de trabajo, y
III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubiese utilizado los servicios del trabajador durante 90 días por lo menos en los tres años anteriores a la fecha en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuirá en la proporción en que hubiese utilizado los servicios.
El trabajador podrá ejercitar la acción de la indemnización contra cualquiera de los patrones, a que se refiere el párrafo anterior, pero el demandado podrá llamar a juicio a los demás o repetir contra ellos.
En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo, en los estatutos del sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinarán los requisitos para el otorgamiento de las pensiones.
Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto Mexicano del seguro Social, y en caso de que éste no acepte, a la institución bancaria que se señale en el contrato colectivo; la institución cubrirá las pensiones, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
En los contratos colectivos, podrán estipularse la constitución de un fondo afecto al pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías, la cantidad correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que se señale en el contrato colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre sindicato y patrón, o mediante resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, alcanzando el monto del fondo, no se harán nuevas aportaciones, salvo para reponer las cantidades que se paguen.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 4 de diciembre de 1987.- Por la diputación priísta de la Confederación de Trabajadores de México: Alfredo González González, Rogelio Preciado Cisneros, Pedro López Vargas, Gaspar Valdés Valdés, Alfonso Santos Ramírez, Jorge Doroteo Zapata García, Humberto Andrés Zavala Peña, José Herrera Arango, Armando Lazcano Montoya, Joaquín López Martínez, Federico Durán y Liñán, Javier Pineda Serino, Alfonso Godínez López, Luis Manuel Altamirano Cuadros, Alfonso Reyes Medrano, Agustín Bernal Villanueva, Juan Moisés Calleja García, Gonzalo Castellot Madrazo, Cristóbal García Ramírez, Héctor Hugo Varela Flores, José Jesús Gutiérrez Segoviano, Alberto Fabián Carrillo Flores, Porfirio Camarena Castro, Félix Liera Ortiz, Justino Delgado Caloca, Samuel Orozco González, Eduardo Lecanda Lujambio, Alberto Rábago Camacho, Heribero Serrano Moreno, José Delgado Valle, Juan Carlos Velasco Pérez, Abimael López Castillo, Raúl Ramírez Chávez, Leobardo Ramos Martínez, Pedro Ortega Chavira, Gloria Josefina Mendiola Ochoa, Alfredo López Ramos, Oney Cuevas Santiago, Blas Chumacero Sánchez, José Manuel López Arroyo, Ezequiel Espinoza Mejía, Antonio Sandoval González, Salvador Esquer Apodaca, María Luisa Solis Payán, Francisco Villanueva Castelo, Homero Pedrero Priego, Emilio Jorge Cordero García, Diego Navarro Rodríguez, Luis Nájera Olvera, Emérico Rodríguez García, Carlos Roberto Smith Veliz, Sebastián Guzmán Cabrera, Rafael García Anaya, José Nerio Torres Ortiz, José Luis Galaviz Cabral.»
Trámite: -Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Cedeño Benítez, del Partido Acción Nacional.
El C. Alejandro Cedeño Benítez: - Con su permiso señor presidente; honorable asamblea: «El objeto de esta iniciativa, es el de modificar algunos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para actualizarla y poner al día las sanciones que se encuentran expresadas en cantidades y en pesos, y que por motivos de la inflación han quedado rezagadas, y muchos de los delitos que se castigan a las violaciones de esta ley son muy pequeños, en comparación del daño que le hacen al patrimonio de la nación.
Asimismo, se han corregido algunos artículos que indican aplicaciones de la ley a la antigua Secretaría del Patrimonio Nacional, que se encuentra en sus facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en virtud del cambio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se realizó al principio de este sexenio. Esta ley, que se expidió en 1972, también tiene cambio en lo que se refiere a las facultades, a los territorios que fueron convertidos en estados en 1975, por lo que estas modificaciones actualizan a la ley.
Las modificaciones que proponemos a las sanciones, estamos aplicando el sistema que se ha aplicado en otras leyes, como la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Radio y Televisión, en donde se actualizan a días de salario mínimo del Distrito Federal, para que cada vez que exista modificación a dicho salario, las sanciones quedan ajustadas automáticamente. Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la facultad que me concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me permito someter a la consideración de este poder, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en los siguientes términos
DECRETO
Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 3o., 4o., 7o., 8o., 9o., 11, 14, 16, 18, 19, 20, 34, 47, 48, 49, 50, 51, 53 y 55 de la ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:
Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general, y tienen como objeto preservar el patrimonio histórico y cultural de la nación.
Artículo 3o. .................................................................
I. ............................................................................
II. ...........................................................................
III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Artículo 4o. Las autoridades de los estados, municipios y del Departamento del Distrito Federal, Tendrán en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señale.
Artículo 7o. Las autoridades de los estados, municipios y Departamento del Distrito Federal, cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Artículo 8o. Las autoridades de los estados, municipios y del Departamento del Distrito Federal, podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos, en los términos que fije dicho instituto.
Artículo 9o. El instituto competente y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el ámbito de su competencia, proporcionarán asesoría técnica y profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles declarados monumentos.
Artículo 11. Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos y artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley podrán solicitar la exención de impuestos prediales y otros derechos correspondientes en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen técnico que expida el instituto competente, de conformidad con el reglamento.
Los institutos promoverán ente los gobiernos de los estados y municipios, la conveniencia de que se exima del impuesto predial y de otros derechos a los bienes inmuebles declarados monumentos, que no se exploten con fines de lucro.
Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberán hacerse por decreto que expedirá el ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la que atenderá el dictamen de la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 16. Los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular, podrán ser exportados temporal o definitivamente, mediante permiso del instituto competente, en los términos del reglamento de esta ley.
Se prohibe la exportación de monumentos arqueológicos, salvo canjes o donativos a gobiernos o institutos científicos extranjeros, por acuerdo del Presidente de la República.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, promoverá la recuperación de monumentos arqueológicos de especial valor para la nación mexicana, que se encuentran en el extranjero.
Para la exportación definitiva, se requerirá dictamen de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos.
Artículo 18. Los registros, concesiones, autorizaciones, permisos, dictámenes parciales, asesorías
y demás servicios que proporcionen los institutos en los términos de esta ley y su reglamento, causarán los derechos correspondientes.
El gobierno federal, los organismos descentralizados, el Departamento del Distrito Federal, los gobiernos de los estados y los municipios cuando realicen obras, estarán obligados con cargo a las mismas a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología, bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo, que entreguen las piezas y estudios correspondientes a este instituto.
Los productos que se recauden por los conceptos anteriores y otros análogos, formarán parte de los fondos propios de los institutos respectivos. La Secretaría de Programación y Presupuesto, cuidará que dichos institutos tengan oportunamente las asignaciones presupuestales suficientes, para el debido cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
Artículo 19. A la falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará supletoriamente :
I..............................................................................
II. Los códigos Civil y Penal vigentes para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal.
Artículo 20. Para vigilar el cumplimiento de esta ley, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y los institutos competentes, podrán efectuar visitas de inspección en los términos del reglamento respectivo.
Artículo 34. Para los efectos del artículo 5o. y 16 de esta ley, se creará la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, que tendrá por objeto proponer al Presidente de la República la declaratoria de zonas y monumentos de un artista mexicano fallecido; el dictamen sobre la exportación definitiva de monumentos históricos o artísticos de propiedad particular y llevar el registro de la obra artística, muebles, a partir de su primera exhibición en el país, de conformidad con las disposiciones del reglamento que organice sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General sobre Derechos de Autor.
Artículo 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueología por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión por uno a diez años, y multa de diez a doscientos cincuenta salarios mínimos vigentes en el distrito federal al momento de la infracción.
Artículo 48. al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional De Antropología e Historia, o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años, y multa de cincuenta a quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al momento de la infracción.
Si los delitos previstos en esta ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá presión de uno a diez años de multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal, al momento de la infracción.
Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble, y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cincuenta a mil quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, al momento de la infracción.
Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa de cincuenta y quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, al momento de la infracción.
Artículo 53. Al que por cualquier medio pretende sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico sin permiso del instituto competente de le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cincuenta a mil quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, al momento de la infracción.
Artículo 55. Cualquier infracción a esta ley o a su reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los institutos competentes, con multas de cincuenta a mil quinientos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal al momento de la infracción, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del reglamento de esta ley.
Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La presente iniciativa se pone a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados en la sesión del día 4 de diciembre de 1987, correspondiente al tercer período ordinario de sesiones de la LIII Legislatura del Congreso de la Unión.
Por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputado Alejandro Cañedo Benítez.»
Trámite: -Túrnese a la Comisión de Educación.
REGLAMENTO DEL CONGRESO
ARTICULO 190
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el diputado Navor Camacho Nava, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El C. Nabor Camacho Nava: -Ciudadano diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: «La iniciativa de ley que el día de hoy ponemos a la amable consideración de ustedes, tiene la finalidad de suprimir los párrafos postreros entrecomillados del artículo 190, del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Su contenido actual es el siguiente:
Artículo 190. Los diputados y senadores tomarán asiento sin preferencia alguna.
"Se otorga a los supervivientes del honorable Congreso Constituyente de 1917 el derecho de ocupar, sin voz ni voto, y cuantas veces lo deseen, sendas curules en los salones de sesiones de las Cámaras que forman el Congreso de LA Unión, durante sus periodos legislativos."
En virtud de que recientemente falleciera el último de los constituyentes de 1917 que aún vivía, el profesor don Jesús Romero Flores, considero conveniente proponer a esta soberanía, suprimir los párrafos postreros entrecomillados del citado artículo.
En uso de la facultad que me concede la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contando además con el consenso del resto de los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, proponemos la siguiente iniciativa de ley que suprime los párrafos postreros entrecomillados del artículo 190 de nuestro documento normativo, para quedar como sigue:
Capítulo de ceremonial
Artículo 190. Los diputados y senadores tomarán asiento sin preferencia alguna.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de diciembre de 1987.- Diputados: Nabor Camacho Nava, Carlos E. Cantú Rosas, Reyes Fuentes García, Héctor Manuel Calderón Hermosa, Juan Manuel Lucia Escalera, Gregorio Macías Rodríguez, Jaime Castellanos Franco, Enrique Bermúdez Olvera, Jorge Cárdenas González y María de la Luz Gama Santillán.»
Trámite: -Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria.
REFORMA AGRARIA
ARTICULO 201
El C. Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Delgado Herrera, del PAN
El C. Jaime Delgado Herrera: -Con su permiso, señor presidente: « Honorable Cámara de Diputados: El campo, igual que toda la economía del país, se encuentra enfermo. Esta enfermedad se agrava más cada año como un cáncer maligno que paulatinamente invade, paraliza y destruye todos los sectores de la producción agropecuaria del país.
En la medida en que el hombre del campo se ha ido haciendo más improductivo, la miseria se generaliza es este sector. En la medida en que la población aumenta en el campo, se intensifica su impacto sobre les recursos de suelo, agua, bosques agudizándose el derecho irreversible de los mismos sobre la economía.
Esta situación ha traído como consecuencia la migración del hombre del campo a la ciudad donde paulatinamente ha ido engrosando las filas de los desocupados, agravando más los problemas de la ciudad. O bien, ha incrementado la migración de indocumentación al extranjero muchos de ellos quizá para nunca volver.
Es preocupante como en pocos años, de 1970 al presente, de país autosuficiente y aún exportador de productos de campo, pasamos a la dependencia de muchos productos alimentarios. Se nos pudiera decir que entonces éramos muy pocos casi 40 millones de habitantes y ahora somos el doble. Explicación no del todo válida y que nos obliga a hacer un profundo análisis de los resultados de planes y programas, y de las múltiples versiones efectuadas en el campo en estos casi tres sexenios.
Hay carencia de muchos productos alimenticios, maíz, oleaginosas, leche, Carne, huevos, pescado, etcétera, pues lo que produce el campo es insuficiente. LA razón es que aun cuando pareciera que disponemos de los recursos materiales suficientes para incrementar la producción:
infraestructura, maquinaria, agua, pies de cría, semillas, fertilizantes, tierra suficiente, etcétera. No existen los estímulos para que la producción sea incrementada.
Nos negamos a aceptar que millones de hectáreas de tierra agrícolas y ganaderas se quedan ociosas por falta de financiamiento, por conflictos agrarios, por falta de precios justos al productor.
Es inaceptable que año con año estemos importando millones de toneladas de productos alimenticios, desangrando la economía y arrojando material al hombre del campo al desamparo.
A los que amamos verdaderamente la tierra nos duele la situación y nos negamos a aceptarla como algo irremediable.
Es necesario volver los ojos al campo y hacer los ajustes económicos y políticos apropiados que conduzcan a la producción y a la productividad que solucionen verdaderamente el atraso social y cultural del hombre del campo, para que éste sea un sólido pilar de la economía por la generación de empleos y de industrias derivadas de este sector.
Debemos recordar que la principal causa que motivó el movimiento revolucionario de 1910 fue el anhelo de los hombres del campo de poseer un pedazo de tierra como suyo, de liberarse de la miseria y de la operación que por muchos años venían padeciendo. Este anhelo quedó plasmado en el Plan de Ayala, que en unos de sus párrafos dice:
"En virtud de que la inmensa mayoría de los mexicanos no son más dueños del terreno en que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizada en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas; por esta causa se expropian previa indemnización de la tercera aparte de esos monopolios a los ciudadanos de México para que los pueblos obtengan ejido, colonias, fundos legales o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de todos los mexicanos."
Así se fue creando la estructura actual del campo mexicano donde el ejido, la pequeña propiedad, las comunidades se han venido consolidando a base de abolir la estructura latifundista existente a partir de 1915, de tal manera que hoy en día se han creado 25 mil ejidos y 2 mil comunidades con una superficie de 107 millones de hectáreas en usufructo de 2.8 millones de ejidatarios y comuneros.
Por otra parte, 65 millones de hectáreas se encuentran en usufructo de 2.4 millones de pequeños propietarios.
Fomentar la educación rural, así como también, obras de irrigación, para dar estabilidad a la producción agrícola; construir carreteras nacionales y caminos vecinales, organizar el crédito, el seguro agrícola y diversas tareas más de la mayor trascendencia nacional; fueron el propósito inicial de la reforma agraria.
Todo ello hizo imperativo mejorar la enseñanza agrícola para formar más y mejores técnicos, así como encontrar los caminos mejores y más rápidos para elevar la productividad, procurando al mismo tiempo el desarrollo integral de las comunidades de nuestro país.
Durante los últimos quince años se incrementó el número de instituciones de educación agrícola superior en todo el país; a tal grado que en la actualidad han egresado alrededor de 50 mil profesionales y 80 mil se encuentran en el proceso de enseñanza aprendizaje. Consecuentemente, egresan de las mismas, alrededor de 10 mil de ellos anualmente, desorientados, sin rumbo fijo, buscando ocupación y muy frecuentemente sólo encuentran subocupación y desempleo.
Muchas veces se ha señalado, que la desocupación y subocupación profesional, no sólo de agrónomos y veterinarios, es de efectos muy negativos, pues el país hace gastos tremendos para sostener profesores, bibliotecas, laboratorios etcétera, la familia se priva por años del trabajo de hijos y gastan en cuotas y libros, el estudiante lleva durante años una vida de esfuerzos y privaciones. Al fin termina la carrera y entonces la frustración de buscar trabajo en vano, y más amargo que fallar en el esfuerzo, es cumplirlo hasta el fin y ver que fue un esfuerzo inútil.
Por otra parte, hoy en día tenemos miles de agrónomos y veterinarios adscritos a las diversas dependencias gubernamentales, una gran proporción sienten que ésa es su misión: La educación del campesino; la organización agraria, en fin el liderazgo rural. Pero en cambio se tiene miles de ellos frustrados e improductivos. Miles de ellos amargados por no haber podido ser lo que hubieran querido: Agrónomos productores de alimentos y no los empleos de oficina eternamente mal pagados, gradualmente empobrecidos, agobiados por planes y proyectos hechos no sabemos por quienes; pero que a la hora de imprementarlos, muchos de ellos fracasan, desangrando más la economía y orillando a la gente de campo a la frustración y al desamparo. Ciertamente que necesitamos ingenieros de oficina, ingenieros agrónomos compenetrados en el que hacer político; que ocupen los puestos clave; que entiendan y que hagan entender a nuestros gobernantes las necesidades y soluciones del campo y cuál es el que hacer del agrónomo.
Sin embargo, existen otras posibilidades para el agrónomo y veterinario productor de alimentos. Una de ellas es la que otorga la Ley Federal de la Reforma Agraria vigente; La cual (con algunas modificaciones) en sus artículos 198, 200 y 201;
entraña la posibilidad de que los agrónomos tengan derecho a solicitar dotación de tierras, bosques y aguas por la vía de la creación de nuevos centros de población, o facilitar el acceso de los mismos a la participación activa y corresponsable del éxito de las empresas ejidales, agrícolas, ganaderas o forestales creando cooperativas, uniones, etcétera, Tanto más que en el país existen en la actualidad millones de hectáreas sin producir en tierras y en las plataformas continentales, éstas constituyen un reto a la tecnología. En virtud; porque no darles tierra y/o acceso o medios de producción al profesionista que quiera y esté preparado para producir alimentos, si es dado hoy en día a muchos que ni la quieren ni están preparados para recibirla. ¿Qué sólo son parias trashumantes que medio ocupan la tierra sin poseerla, destruyendo sus recursos, abandonándola como quien abandona la esposa y los hijos?
Nuestra legislación agraria en lo referente a la organización económica de los ejidos y combinaciones contempla las siguientes formas asociativas para la producción agropecuaria: sociedad de producción rural, asociaciones rurales de interés colectivo, unidades de producción, sociedades de solidaridad social, cooperativas de producción y/o sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, y de asociación en participación.
Podría pensarse que este planteamiento no va de acuerdo con el ideal revolucionario, cuando el verdadero ideal es adelantarse a los problemas actuales y a los que depare el futuro; sobre población, hambre, miseria y más dependencia económica. Por lo tanto, necesitamos un aumento rápido en la producción y tenemos poco tiempo para lograrlo. Es por ello que el agrónomo debe tener un lugar no sólo en la retaguardia sino en el frente de la producción agrícola del país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE LA
REFORMA AGRARIA
Artículo único. Se reforma el artículo 201 de la Ley de la Reforma Agraria para quedar como sigue:
Artículo 201. Los alumnos que terminen sus estudios en instituciones de enseñanza agropecuaria media - superior y superior, que reúnan los requisitos fijados por las fracciones IV y V del artículo anterior, tienen derecho a ser incluidos como campesinos capacitados en los censos de su poblado de origen a formar parte de los nuevos centros de formación y ser acomodados en otros ejidos. para este último efecto, deberán considerarse en la categoría IV del artículo 72. Por ningún motivo podrán ser incluidos para tal propósito, funcionarios públicos o de la Banca Rural.
2. Por lo mismo podrán integrarse como socios activos en las asociaciones de producción agrícola, ganaderas, forestales, acuacultura o agroindustriales de ejidos y comunidades uniones de sociedades de producción rural, asociaciones de interés colectivo y cooperativas de producción y/o consumo.
TRANSITORIO
Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de diciembre de 1987.- Jaime Delgado Herrera, Xavier Abreu Sierra, Carlos Arturo Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamirano Dimas, Víctor Guillermo Alvarez Herrera, Pablo Alvarez Padilla, Consuelo Botello de Flores, Manuel María Bribiesca Castrejón, Alejandro Cañedo Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Angel Conchello Dávila, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Cristóbal Figueroa Nicola, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Shmal, María del Carmen Jiménez de Ávila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Héctor Mejía Gutiérrez, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Javier Paz Zarza, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel Rosas Torres, Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López.»
Trámite: -Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
LEY DE RESPONSABILIDADES
El C. Presidente: -Ha pedido el uso de la palabra el diputado Eduardo Turati Alvarez, del Partido Acción Nacional.
El C. Eduardo Turati Alvarez: -Señores diputados: «El ejercicio democrático del poder público exige la auténtica separación y equilibrio de los tres poderes que lo constituyen; para ser vigente dicho postulado, es necesario avanzar en el sentido de otorgar un suficiente poder político y la autonomía absoluta que requieren tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial para que entre ellos se vigilen, se limiten y en definitiva, al impedir la hegemonía de uno de ellos sobre los otros, se logre el auténtico equilibrio de poderes, mismo al que en los discursos decimos aspirar pero que en la práctica negamos sistemáticamente, ya sea por el servilismo de la mayoría de integrantes del Legislativo y el Judicial, o por la falta de instrumentos legales que permitan llevar a cabo dicha función.
Es claro a todas luces, que en México el Poder del Ejecutivo es prácticamente absoluto, y que los poderes Legislativo y Judicial existimos como meros apéndices del mismo para mantener una supuesta imagen de democracia, y para actuar como comparsas que legitiman los caprichos del Ejecutivo, lo cual sucede lo mismo a nivel federal que estatal, que municipal; los diputados y senadores de la llamada mayoría relativa, como los miembros del Poder Judicial son nombrados, las más de las veces desde el Ejecutivo, para representar a quienes los colocaron con el fin de defender intereses sectoriales o totales del gobierno, traicionando así su función de defensores de los gobernados, para la cual supuestamente fueron electos.
El abuso del Poder del Ejecutivo, debido al sometimiento, principalmente, del Legislativo, ha traído como consecuencia la innegable corrupción de los funcionarios públicos que aceptada por boca de todos los gobernantes y gobernados, desde hace años llegó a ser, incluso, bandera de campaña del actual presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid.
Tan actual y escandalosa es la presencia del cáncer de la corrupción en las altas esferas de la vida política nacional, que obligó desde principios del sexenio a diseñar toda una secretaría de estado, la Secretaría de la Contraloría, cuyo objeto es reglamentar el artículo 4o. constitucional en materia de: "sujetos de responsabilidad en el servicio público, sus obligaciones, responsabilidades y sanciones administrativa, autoridades competentes y procedimientos para aplicar dichas sanciones, incluyendo servidores públicos que gozan de fuero, y al registro patrimonial de los mismos.
Todo lo anterior, sin embargo, no significa más que un tímido esfuerzo para combatir la corrupción enquistada en los altos niveles de la administración pública, a la vez de ser inoperante de origen, ya que olvida el principio universalmente aceptado de que "aquél que juzga, no puede ser juez y parte" resulta absurdo, por no decir una burla, el que una dependencia del Ejecutivo, la encargada de garantizar la honestidad de los demás dependencias del mismo Poder Ejecutivo; aunque hay quienes justifican el despilfarro que representa la existencia de la Secretaría de la Contraloría, con el peregrino argumento de que cumple la función de realizar una auditoría interna permanente, su argumento se ve desmentido por el mismo artículo 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se le concede tan sólo la facultad "discrecional" para "ordenar las visitas de inspección y auditorías a los funcionarios públicos, cuyos signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudieran tener.
Por ser reclamo nacional el, de verdad, garantizar la honestidad en el ejercicio de la función pública.
Por ser imperativo el iniciar con medidas efectivas el combate a la corrupción en los niveles de máxima autoridad, es decir, empezando por el propio Presidente de la República hasta los funcionarios de alto nivel, mismos que son considerados como trabajadores de confianza según el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado
B) del artículo 123 constitucional.
Por ser indispensable darle la fuerza necesaria al Poder Legislativo, para que sea mayor fiscalizador de la cuenta pública, para romper el sometimiento del Poder Legislativo a los intereses de los diferentes sectores que conforman el Ejecutivo en sus distintos niveles, y que ha venido a convertir a muchos miembros del Legislativo en cómplices de actos de corrupción de miembros del Ejecutivo.
Porque el combate a la corrupción debe iniciarse desde donde reside la autoridad, que es quien debe dar el ejemplo de la honestidad que reclama a la sociedad.
Porque la condición humana y la lógica elemental exigen que los controles se encuentren fuera del control de quien debe ser controlado.
Porque haciendo nuestra la idea genial del diputado José Angel Cochello, "en el combate a la corrupción hay que recordar que las escaleras se barren de arriba hacia abajo".
Porque la facultad, hasta ahora "discrecional" de la Contraloría de la Federación para ordenar inspecciones
y auditorías a los funcionarios públicos de los que se sospecha enriquecimiento ilícito, ha servido tan sólo para "vendettas políticas" o para castigar funcionarios menores, la mayoría de las veces con el fin de ocultar daños mayores a la opinión pública, y dejar impunes a los grandes defraudadores nacionales.
Porque en definitiva, se pretende otorgar al Legislativo un instrumento fuera de la manipulación del Ejecutivo, que le permita cumplir con su función de fiscalizador del gasto público y equilibrador del poder.
La presente iniciativa tiene como fin: Incorporar a la legislación vigente la obligación de practicar a los miembros de los altos niveles de la administración pública, desde el Presidente de la República hasta los miembros de la misma, que se incluyen en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una primera auditoría que certifique la veracidad de los datos aportados por el funcionario en cuanto a situación patrimonial, de acuerdo con el Capítulo IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos antes del mes, a partir del nombramiento en cuestión, y una segunda auditoría en los mismos términos al finalizar dicha gestión.
Asimismo, otorgar la facultar para requerir de la Contraloría de la Federación, la aplicación obligatoria, de oficio, del artículo 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ante la solicitud en ese sentido por algún miembro del Poder Legislativo.
Por último, establece el carácter público de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, con el fin de que los ciudadanos puedan consultarlas, y en su caso, pedir que se les expidan copias certificadas de las mismas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a la consideración de esta asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo único. Se adicionan los artículos 83 y 84 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 83 ..................................................................
Los funcionarios que se indican en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, considerando al propio Presidente de la República, deberán someterse a una auditoría patrimonial que verifique la veracidad de la declaración a que este artículo obliga, tanto al iniciar el encargo al que fue nombrado como a su término, no rebasando más de 30 días la realización de dicha acción a la fecha del nombramiento o a la separación del cargo.
Declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos a que se refiere la presente ley, tendrán el carácter de públicas. Todo interesado podrá consultarlas y pedir copias certificadas de las mismas, estando la Secretaría de la Contraloría de la Federación obliga a expedirlas en un término máximo de 10 días naturales.
Artículo 84. .................................................................
Ante solicitud fundada presentada por algún miembro del Poder Legislativo, la Secretaría deberá ordenar la práctica de auditorías a los funcionarios públicos que fueren señalados y que se consideren en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cualquier momento del desempeño de su gestión.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 1987.- Diputado Eduardo Turati Alvarez.»
El C. Presidente: -Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Prosiga la secretaría.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Camargo Baltazar, pueda prestar servicios como chofer en la Embajada de Suiza en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 3 de diciembre, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de su nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Suiza en México, serán como chofer, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Camargo Baltazar, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Suiza en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 1987.- Diputados Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda y Sergio Armando Valls Hernández.» Trámite: -Primera lectura.
El C. secretario Antonio González Sandoval:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 1o. de diciembre, la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto, que conoce permiso a la ciudadana Josefa Guadalupe Antonina Abunza Portocarrero de Escoto para prestar sus servicios como empleada de visas al Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 3 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado de Estados Unidos de América, serán como empleada de visas, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado
B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Josefa Guadalupe Antonina Abaunza Portocarreno de Escoto, para que pueda prestar sus servicios como empleada de visas al Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 4 de diciembre de 1987.- Diputados Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnaldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí
Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda y Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: -Primera lectura.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 1o. de diciembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que concede permiso a las ciudadanas Ana Eva del Rosario Cárdenas González y María Isabel Ramírez Oseguera, para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 3 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en el Consulado de Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Eva del Rosario Cárdenas González, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de contabilidad al Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara Jalisco.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Isabel Ramírez Oseguera, para que pueda prestar sus servicios como empleada de visas al Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 1987.- Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda y Sergio Armando Valls Hernández.» Trámite: -Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
BANCA Y CRÉDITO
EL C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre todos ustedes, ciudadanos compañeros diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Antonio Sandoval González: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
El mismo C. secretario:
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión.
En esa virtud y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía el presente.
DICTAMEN
La iniciativa propone, en primer lugar, precisar la facultad de intervención administrativa que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en caso de violación al campo exclusivo que por ley corresponde a las sociedades nacionales de crédito.
Asimismo, plantea reformar los artículos 90 y 91 de la citada Ley Reglamentaria del Servicio público de Banca y Crédito, a fin de establecer que el delito de quebranto bancario sea sancionado en forma congruente con el monto el daño ocasionado, de manera que se dicho quebranto no excede de quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, la pena será de tres meses a tres años de presión y multa de treinta a trescientas veces el mencionado salario, y cuando el quebranto exceda del equivalente a dicho monto, se aplicará de dos a diez años de prisión y multa hasta por la cantidad equivalente a 5 mil veces dicho salario.
La iniciativa propone establecer dichas penas para todos los supuestos delictivos de daño, incluyendo los previstos en la fracción II del artículo 91 de la ley.
Finalmente, se plantea facultar a las sociedades nacionales de crédito a formular la petición que se requiere para proceder penalmente, en el caso de la comisión de dichos delitos bancarios, con lo cual se busca dar mayor agilidad a las actuaciones tendientes a la persecución de los presuntos responsables de los delitos bancarios, permitiendo a las instituciones de crédito, sobre todo cuando operan en el interior del país, que actúen con prontitud al poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Federal.
Examinada la iniciativa, esta comisión estima que es de aprobarse, dado que los razonamientos que la justifican son plenamente atendibles y fundados.
La primera de las medidas propuestas, es necesaria para aclarar que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros está facultada para intervenir administrativamente los negocios o empresas de aquellos que estén realizando actividades propias de la banca.
En lo que toca a la adecuación de las penas, a los montos del quebranto bancario, se estima que es una medida justificada y necesaria a la luz del texto actual de la ley.
Por lo que toca a la reforma para facultar a los bancos a formular las peticiones en algunos delitos bancarios, es de atenderse dado que con ello se facilita su ejercicio en el interior del país; además, esta medida no excluye la facultad que corresponde a las autoridades hacendarias, dado que se mantiene la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule dicha petición, escuchando la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Por las razones expuestas, la comisión que suscribe estima procedente la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, y somete a la consideración de esa honorable asamblea la siguiente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CRÉDITO
Artículo único. Se reforman los artículos 82, segundo párrafo; 90, primer párrafo; 91, primer párrafo y 92, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 92 de la citada ley, para quedar como sigue:
"Artículo 82. ................................................................
Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros presuma que una persona física o moral está realizando habitualmente operaciones de banca y crédito, sin tener el carácter de institución de crédito en los términos de esta ley, o está infringiendo lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 350 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios que revisen la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a fin de verificar si efectivamente está realizando las operaciones mencionadas. En este caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros intervendrá administrativamente la negociación, empresa o establecimiento
de la persona física o moral de que se trate, hasta que las operaciones ilegales queden liquidadas.
.............................................................................."
"Artículo 90. Serán sancionados con prisión de tres meses a tres años y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito, cuando el monto del quebranto no exceda del equivalente a quinientas veces el referido salario; cuando exceda dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo señalado:
I a IV. ......................................................................"
"Artículos 91. Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito, en los casos de las fracciones I y III siguientes, y en el caso de la fracción II, serán sancionados con las penas que establece el artículo que antecede, los servidores públicos de las instituciones de crédito:
I a III. ....................................................................."
"Artículo 92. ................................................................
Tratándose de los delitos a que se refieren los artículos 90 y 91, fracción II, también se podrá proceder a petición de la sociedad nacional de crédito de que se trate.
Lo dispuesto en los artículos citados en el primer párrafo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a ésta u otras leyes fueren aplicables por la comisión de otro u otros delitos".
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Respecto a las personas que se encuentren procesadas o sentenciadas al día en que entre en vigor el presente decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, 2 de diciembre de 1987.- Diputados Luis Manuel Orcí Gándara, Porfirio Camarena Castro, Hesiquio Aguilar de la Parra, Amílcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Jesús Alcántara Miranda, Francisco Contreras Contreras, Máximo de León Garza, Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Angel Sergio Guerrero Mier, David Jiménez González, Luis Ignacio López Moctezuma y Torres, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Humberto Enrique Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Alma Guadalupe Salas Montiel, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Francisco Javier Morales Aceves, Ricardo Regalado Hernández, Rubén Rubiano Reyna, Sócrates Rizzo García, Arturo Alvarez Marquez, Javier Vega Camargo, Agustín Nieto Suárez, Carlos Palafox Vázquez».
Trámite: Segunda lectura.
El C. Presidente -En consecuencia está a discusión en lo general. Se abre el registro de oradores.
Se han registrado los siguientes oradores: Vicente Calvo, para razonar el voto; en contra, Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, y el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, En pro, se han registrado el compañero diputado Amado Llaguno y el diputado Rafael López Zepeda.
tiene la palabra el diputado Vicente Calvo, para razonar su voto.
El C. Vicente Calvo Vázquez: - Con su permiso, señor presidente; ciudadanos diputados: El dictamen relativo a la iniciativa de reformas del decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se refiere a cuestiones de poca importancia, desde el punto de vista de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista.
Al examinar su contenido, nos parece positivo el que se incrementen las sanciones a quienes usurpen funciones que corresponden a las instituciones de banca y crédito razón por la cual votaremos en pro del dictamen.
Sin embargo, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito requiere de otro tipo de reformas de fondo, encaminadas a dar a esas instituciones la característica de estar al servicio de la nación y del pueblo de manera plena, de servir como desarrollo de las fuerzas productivas con independencia y contribuir a la equitativa distribución de la renta nacional.
Estas reformas que son necesarias y urgentes, y que no contempla la iniciativa del Ejecutivo ni el dictamen que discutimos, la propuso la fracción parlamentaria de mi partido el día 2 de diciembre del año pasado, a través de mi compañero, el diputado Adner Pérez de la Cruz. En esa iniciativa se proponía en concreto la modificación a los artículos número 12, la supresión de los párrafos tercero y cuarto del artículo 15 y del artículo 21, y que deberían quedar, según la propuesta de la fracción parlamentaria de mi partido, en la siguiente forma:
El artículo 12, debería decir: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, mediante disposiciones de carácter general, la forma, proposiciones de carácter general, la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de certificados de la serie 'B'.
Estas disposiciones deberán expedirse con visa a una adecuada participación regional, y de los distintos sectores y ramas de la economía nacional.
En el caso de las instituciones de banca de desarrollo, dichas disposiciones se sujetarán a las modalidades que señalen las respectivas leyes orgánicas, considerando la especialidad sectorial y regional de cada institución. En ningún caso podrán ser suscritos por particulares".
Como decía, en el artículo 15 se suprimen los párrafos tercero y cuarto, y el párrafo segundo del artículo 21, que debería decir:
"Los consejeros que representen a la serie 'A' de certificados de aportación patrimonial, serán designados por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; deberán constituir en todo tiempo, las dos terceras partes del consejo y serán servidores públicos de la administración pública federal".
Las proposiciones que acabo de leerles a ustedes, presentadas el 2 de diciembre del año pasado, se apoyaban entre otras consideraciones, en las siguientes argumentaciones:
Dice la Ley Reglamentaria del Servidor Público, en su artículo 21: "Los consejeros que representan a la serie 'A' de certificados de aportación patrimonial, serán designados por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberán constituir en todo tiempo, las dos terceras partes del consejo y serán servidores públicos de la administración pública federal; y aquí viene la diferencia con la propuesta presentada por mi partido, o profesionales independientes de reconocida calidad moral, experiencia y prestigio en materias económicas y financieras".
Y aquí señores diputados, quedó plasmada otra concesión a la burguesía reaccionaria y saqueadora, porque, ¿en manos de quién estaba la banca en 1982 antes de ser nacionalizada?, precisamente se encontraba en manos de esos "profesionales independientes de reconocida calidad moral, experiencia y prestigio en materias económica y financiera".
Pensamos nosotros que el creciente monopolio financiero privado estaba en vinculación perniciosa, pues el banco la usaba para evadir los controles del Banco de México, especialmente las órdenes para canalizar recursos obligatorios a fines de interés social, y para fortalecer el manejo monopólico del sistema financiero del país, apuntaba el compañero Adner Pérez de la Cruz.
Ahora con la banca nacionalizada, cuando la esencia y el sentido del fenómeno se invierten y pasa a servir potencialmente al desarrollo nacional independiente, es cuando se corta esta relación; una cosa es la banca propiamente dicha y otra es el sistema financiero, se dice y se añade, que sólo la banca podrá captar recursos del público y las sociedades financieras no podrán captar recursos del público, por lo que no hay riesgo de que surja y opere una banca paralela porque la ley lo prohibe.
La realidad, todos estamos conscientes, que la banca paralela está funcionando; por lo tanto, señoras y señores diputados, manifestábamos que es urgente, lo manifestamos ahora con mayor énfasis, es urgente dar marcha atrás a todo este proceso y retomar el camino opuesto, el camino de la Revolución Mexicana, el de las nacionalizaciones, el de la vigorosa intervención del Estado en la economía, por lo que hace a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Señor presidente, solicitamos de usted excitar en términos del Reglamento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que la trascendental iniciativa presentada por mi partido sea dictaminada a la brevedad posible, ya que hace 12 meses que fue presentada.
Y dejo constancia de que por lo que hace a esta iniciativa y dictamen que hoy discutimos, la fracción parlamentaria de mi partido votará en pro. Por su atención, muchas gracias.
El C. Presidente:- Con fundamento en el artículo 21, se excita a la Comisión de Hacienda a que estudie, analiza y dictamine la iniciativa a que ha hecho referencia el compañero diputado Vicente Calvo.
Atendiendo que el compañero Roberto Calderón Tinoco, del Partido Demócrata Mexicano, ha declinado su intervención y de acuerdo con lo que establece el Reglamento, se concede el uso de la palabra al compañero diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, para que hable en contra en lo general del dictamen.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: -Señor presidente; señoras y señores diputados: Me he inscrito en contra del dictamen propuesto al pleno de la asamblea, para que se apruebe esta ley, estas reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito, porque a mi juicio estas reformas están en abierta pugna con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República; dicho de otra manera, la ley que se plantea al pleno, es abierta y evidentemente anticonstitucional.
Algunas personas de la comisión indicaron a algunos compañeros diputados, que de ser valederas nuestras argumentaciones para demostrar que esta ley es inconstitucional, tendríamos que irnos al externo de establecer la garantía de audiencia en todas y cada una de las leyes que apruebe la Cámara de Diputados, posteriormente el Senado, y en síntesis, el Congreso de la Unión. Pues sí, señores, cuando esas leyes constituyen en su articulado la privación de la vida, de las libertad, de las propiedades o de los derechos subjetivos de un habitante de la República mexicana, sin que antes de la privación de esa libertad de la vida, de las propiedades o de los derechos se le oiga, se le escuche en defensa; entonces señores, todas las leyes que adolezcan de la misma falta, de la misma falla, serán inconstitucionales y violarán el artículo 14, de la Constitución general de la República.
El artículo 14, uno de los más ricos, por lo que se refiere a la defensa de los derechos de los mexicanos, orgullo del derecho mexicano con algunas de sus deficiencias de redacción, base para que los mexicanos que se sientan vulnerados en sus derechos puedan interponer el juicio de amparo, entre las garantías que consagra y que contiene en favor de los ciudadanos mexicanos está precisamente la garantía de audiencia. Y la garantía de audiencia se integra con cuatro garantías de seguridad jurídica, contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución general de la República.
Dice y cito el segundo párrafo del artículo 14: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos", y aquí va la primera garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 14 constitucional en este párrafo, sino mediante juicio.
Segunda garantía de seguridad jurídica: "Seguido ante los tribunales previamente establecidos".
Tercera garantía de seguridad jurídica: "En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento".
Y cuarta garantía de seguridad jurídica: "Conforme a las leyes dictadas con anterioridad al hecho". Eso dice el artículo 14 constitucional, únicamente en ese segundo párrafo".
¿Y qué nos dice la ley?, una ley que en los términos actuales no viola el artículo 14, pero que en la reforma no sigue ni siquiera el más elemental decoro o pudor para poder proteger la Constitución.
En el texto que casi es idéntico a de la ley vigente, nos dice lo siguiente e proyecto que se pide a los diputados que aprueben, violando la Constitución:
"Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros presuma que una persona está infringiendo lo establecido por este artículo, o sea una persona que sin ser banco, realice operaciones de banca y crédito, o lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 350, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios que revisen la contabilidad. Hasta ahí, la ley no tiene problema.
Presumo, dice la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que tú persona Física o moral, sin ser banco, estás realizando funciones de banca y crédito; te nombro un inspector, te nombro los auxiliares necesarios. Hasta ahí no viola la garantía, porque con base en el artículo por escrito, para cumplir el 16, le puede decir con base en esta presunción: te mando el inspector para que revise tu contabilidad, pero dice: a fin de verificar si
efectivamente está realizando las operaciones mencionadas. Esto es exactamente lo que dice la ley vigente, pero el agregado es lo que arruina la Constitución; en este caso si está realizando las operaciones mencionadas, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros intervendrá administrativamente la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate, hasta que las operaciones ilegales sean liquidadas.
Me intervienes la empresa, intervienes la negociación administrativamente, por un juicio que hiciste tú Comisión Nacional Bancaria, y ni siquiera me oíste; mes estás privando de mis derechos; me estás privando de mis propiedades, porque la propiedad es el uso, el disfrute y la disposición de un bien, sin que se siga juicio previo.
La Constitución no exige, y esto está claro en la doctrina, que haya que sugerirse un juicio ante la autoridad judicial; puede ser ante la autoridad administrativa, pero señores, esta garantía de audiencia, de poder oír al afectado, porque puede suceder que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, su presunción sea equivocada, su presunción sea errónea.
El dictamen del inspector y los auxiliares estén equivocados y no estén acordes con la realidad y se le deja al ciudadano dueño de la empresa, dueño del establecimiento; la persona física o moral en absoluto estado de indefensión, porque no se le permite desvirtuar las pruebas con las cuales la Comisión Nacional Bancaria decisión intervenir la negociación.
Esto señores, es totalitarismo; esto señores es abierta violación de los derechos humanos; esto señores es la violación de una de las garantías que es orgullo de las legislaciones más civilizadas del mundo; es pisoteo de la garantía de audiencia que la tenemos en todos los países civilizados; y la garantía de audiencia presupone oír, permitir que se oponga, permitir que se contradiga, permitir que el afectado pueda decirle al Estado: yo estoy en contra de tu decisión; y el segundo aspecto, la posibilidad de probar, de que le permitan ofrecer y desahogar pruebas para poder demostrar los hechos en los cuales se funda su opsión.
Yo no quiero creer que en la Comisión de Hacienda no existan abogados que no puedan captar este tema tan elemental de garantías individuales. Esa es la base fundamental y principal de nuestra oposición. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: -Tiene la palabra en pro, el ciudadano diputado Amado Llaguno, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Amado Llaguno Mayaudón: -Señor presidente; compañeros diputados: Hemos escuchado con vivo interés, con todo detenimiento, las interesantes intervenciones de los compañeros diputados Vicente Calvo y licenciado Juan de Dios Castro.
Quiero indicarle al señor diputado Calvo, que en nuestro concepto esta ley sí toca aspectos de vital importancia que están dentro del marco legal, y que para nuestro partido sí son importantes. Se refiere a reformas de otra índole y de otra cuestión, que no están contempladas en las reformas que se mencionan en el dictamen que se está discutiendo.
Respecto a la iniciativa que su partido presentó con fecha 2 de diciembre de 1986, le participamos que está en proceso el dictamen y ya está programado su trabajo para resolverlo. Vemos con beneplácito que fue en pro, a favor del dictamen.
También hemos escuchado con detenimiento al señor diputado Juan de dios Castro, y yo quisiera concretamente a informar que ya la Ley de Banca y Crédito en vigor, en el Título Cuarto, Capítulo I, III y concretamente en sus artículos 82, 90 y 91 que ahora se propone reformar y adecuar, ya contemplan los aspectos de prohibiciones, sanciones y delitos, que como se especifica en el cuerpo del dictamen, en esta ocasión se precisan con claridad y abarcan tres aspectos fundamentales:
Primero. Precisar la facultad administrativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en caso de violación por parte de personas físicas y morales, que ejerzan funciones que por ley están reservadas exclusivamente a las sociedades nacionales de crédito.
Segundo. Se establecen y separan las penas para los supuestos delictivos, haciéndolos congruentes con el monto del daño, lo cual no acontece con las legislaciones en vigor.
Y por último, se plantea la facultad que deben tener las sociedades nacionales de crédito para proceder penalmente en caso de sufrir la comisión de un delito, sin excluir, tal y como se menciona en la ley vigente, la facultad de que lo hagan previa petición que formulen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión de la Comisión Nacional Bancaria.
Consideramos que no es anticonstitucional la ley que se propone, pues menciónese o no, el artículo 104 es aplicable tratándose de una ley secundaria.
Yo pienso que es de vital importancia aprobar las reformas en la forma en que se detalla en le dictamen, por lo que solicito atentamente a la honorable asamblea que cuando se ponga a votación, se vote a favor del dictamen en la forma en que se está presentado. Muchas gracias.
El C. Martín Tavira Urióstegui: -Señor presidente, pido la palabra para hechos.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Martín Tavira. Después del diputado Tavira, la tiene usted, diputado Oñare.
El C. Martín Tavira Urióstegui: -Señor presidente: señoras y señores diputados: Es en realidad temeridad de mi parte discutir con jurisperitos tan avezados en las normas secundarias y en la Constitución, pero permítanme ustedes que dé mis sencillas opiniones como yo realmente las entiendo. Ahora el diputado Juan de Dios Castro habló como jurisconsulto, porque fluctúa entre el jurisculto, entre el hombre doctrinario y el litigante que busca las minucias reglamentarias y entretiene a veces el debate en asuntos de muy poca monta. Pero éste sí es de gran importancia, por eso a veces digo que el diputado Castro será jurisconsulto, y a veces digo creo que no, más bien es litigante, y a veces mi pensamiento fluctúa así, porque es una lástima que se ponga aquí horas y horas a disertar sobre cosas típicas de los litigantes. Pero bueno, ahora habló como jurisconsulto y me aleccionó en algunas cosas que yo quiero plantear. Se podría pensar que el artículo 14 es de aplicación absoluta y universal; contiene la prohibición para que se den efectos retroactivos a las leyes y también el derecho de audiencia, como lo expuesto el diputado Juan de Dios Castro. Pero podría decirse que hay artículos de la Constitución que entran en contradicción con el 14, porque la ley fundamental y las leyes que de ella se derivan, defienden intereses a veces contrarios, y lo que vale la pena es distinguir cuál es el derecho supremo y cuál es el derecho que tiene menor jerarquía.
Por ejemplo, antes de la reforma Alemania al artículo 27 constitucional, los terratenientes no tenían derecho de amparo, simplemente se aplicaba la ley, es decir, no tenían derecho de audiencia prácticamente, porque el antiguo Departamento Agrario no era un tribunal.
Pero bueno, se podrá decir que se defendía y todo, pero no había, estrictamente hablando, un derecho de audiencia, porque como lo dijo el maestro Lombardo: "La llamada pequeña propiedad y el ejido no son el mismo rango; el ejido es un mandato de la ley, es decir, los ejidos y los ejidatarios tienen derecho a reclamar la tierra y el Estado tiene la obligación de proporcionárselas expropiando o nacionalizando tierras, y los terratenientes tiene una concesión del Estado que se les puede quitar en el momento en que así lo exija el interés público".
Ahora, yo quiero recordar a ustedes, ¿qué paso con las leyes petroleras, por ejemplo? El decreto de 1918 de Carranza o la ley promovida por Calles en 1925; recordemos que la ley de 1925 fue calificada de anticonstitucional por resoluciones de la Suprema Corte, por la influencia del embajador Morrow y la doblez de Plutarco Elías Calles, protegiendo los intereses de las compañías, pues se decía que violaba el artículo 14, pues se trataba de hacer retroactivas las leyes petroleras en contra de los intereses de las compañías.
Pero se dictó la Ley de Expropiación de 1936. y Cárdenas la aplicó sin derecho de audiencia, sin derecho de audiencia porque los intereses de la nación aquí estaban por encima de esa garantía individual.
Ahora, con respecto a la reforma que hoy estamos discutiendo, hay aquí dos valores: el valor del individuo y el valor del Estado, de la nación, ¿cuál tiene más rango?
El diputado Castro ha dicho que se viola el derecho de audiencia y ha hecho un razonamiento lógico, estrictamente formal; pero no debemos tomar en cuenta sólo lo formal, sino el fondo de las leyes.
El servicio de la banca es un servicio del Estado mexicano, el servicio de banca pertenece a la nación, de acuerdo con las leyes que hoy nos rigen; entonces, la nación, a través del Estado que lo representa, tiene derecho de hacer todas estas operaciones y de tomar las medidas a efecto de evitar irregularidades y atropellos contra la banca que es un servicio público, y contra los intereses del Estado; entonces aquí tampoco debe respetarse un derecho individual, porque por encima de este derecho individual de audiencia, está el interés del Estado y de la nación mexicana.
Estos son mis razonamientos: Los intereses del pueblo y de la nación están por encima de los intereses particulares; el derecho de audiencia es estrictamente una garantía individual que tiene un rango frente a las garantías sociales, frente a los derechos del pueblo y de la nación. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tienen el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para hechos.
El C. Juan de Dios Castro Lozano: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Una intervención muy breve para hacer referencia a algo que no quise mencionar en mi primera intervención, porque no se encontraba la ley en ninguna de esas hipótesis.
Efectivamente, como dice el diputado Martín Tavira, existen algunas excepciones a la garantía de audiencia, la garantía de audiencia no en todos los casos debe ser cumplimentada y satisfecha.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado esta situación por las razones que acaba de mencionar el diputado Tavira, pero además por razones que se fundan en la propia Constitución, y son cuatro excepciones a la garantía de audiencia.
La primera, en el caso de la expulsión de los extranjeros, conforme al artículo 33 puede decretarse la afectación de sus derechos sin oír previamente al afectado, pero repito, eso ya está en la Constitución en forma expresa en el artículo 33, y la Constitución no puede ser inconstitucional.
El segundo caso señoras y señores es, lo mencionó Tavira, el caso de la expropiación que realiza el Estado, puede emitir el derecho expropiatorio sin oír previamente al interesado, porque así lo determina el artículo 27 constitucional.
En el caso de leyes que impongan tributos o contribuciones a los ciudadanos de la República, por razones obvias, sería absurdo que el Congreso de la Unión antes de pronunciar una ley tributaria, tuviera que escuchar a los millones de mexicanos que van a ser afectados por la misma, quedaría paralizado el Estado.
Y por último, en las órdenes de aprehensión, porque el artículo 16 constitucional no establece entre los requisitos para que se libre una orden de aprehensión, el oír previamente al interesado; pero la ley que se discute no está en ninguna de las salvedades que la doctrina y la jurisprudencia establecen como excepciones a la garantía de audiencia. Nada más, gracias.
(Aplausos.)
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Santiago Oñate, para hechos, por cinco minutos.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente, con su venia; compañeros diputados: Hago uso de la tribuna en este debate de los compañeros Martín Tavira y Juan de Dios Castro, para tratar de hacer algunas precisiones sobre distintos aspectos que aquí se hicieron.
Encuentro que la mejor manera de hacerlo, gracias a la intervención ya realizada por Tavira, es tan sólo precisar un poco cuál es el contenido de este artículo 82 y cuál es la ubicación sistemática, que a la reforma del mismo, se le da dentro de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Se dijo que estábamos frente a una iniciativa abiertamente inconstitucional. Creo, señores, que bien vale la pena mediar sobre tan severa acusación en torno a la iniciativa.
Se trata en ella de modificar el artículo 82 ubicado dentro del Título Cuarto, que precisamente se titula: "De las prohibiciones, sanciones administrativas y de los delitos de banca y crédito". Subrayo delitos para señalar el campo de ilicitud en el cual nos está planteando la reforma. No se tratan tan sólo de un artículo referido a operaciones corrientes de banca, se trata en cambio, de un artículo que viene a contener los mandatos normativos para que la autoridad pública pueda intervenir en la prevención y represión de conductas ilícitas, cometidas por individuos que tratan de actuar como si fuesen banca o instituciones de crédito; en otras palabras, estamos hablando de aquello a lo que a menudo nos referimos cuando hablamos d banca paralela. Estamos hablando de actividades de personas físicas y morales, que habitualmente realizan operaciones de banca y crédito sin tener el carácter de instituciones de crédito en los términos de ley, o sea, nos estamos aquí refiriendo a actividades que se presumen contrarias a derecho, y respecto a las cuales creo que nadie aquí podrá dudar que es preciso que la autoridad intervenga, y que proteja al público que quizá por engaño, quizá por desconocimiento o quizá también por la esperanza de obtener un lucro diverso acude ante estas instituciones.
Esta breve introducción simplemente para ubicar el tema del artículo que nos ocupa, y me adelanto a decir que no soy de aquellos que comparten la idea de que frente a delincuentes, cualquier acto de autoridad es válido porque se trata de delincuentes. Hay un respeto necesario e indispensable a las garantías que la propia Constitución y las leyes dentro de un sistema de estado de derecho y regidos por el principio de legalidad establecen; también los delincuentes tienen derecho, eso no es ninguna novedad, y aquí simplemente lo enfatizamos.
Contiene este artículo 82, un dispositivo a través del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros puede intervenir administrativamente aquellas negociaciones, empresas o establecimientos que se han dedicado de modo habitual a realizar actividades de bancas paralelas; y es de esta actividad administrativa y de cómo se da, que se plantea el determinar si la autoridad se conduce o no con respeto a la legalidad y con respeto a las garantías constitucionales.
Creemos que este artículo 82, como el de cualquier otra ley, está necesariamente sujeto, subordinado, encuadrado dentro de los preceptos constitucionales. Que las acciones de la actividad, administrativamente tendrán necesariamente que adecuarse a los preceptos de orden constitucional y que mientras haya jueces en este país, como los hay, habrá la oportunidad de controlar aquellos actos administrativos que rebasan la esfera de sus atribuciones, o para ser concretos, violentan alguna de las garantías constitucionales.
Tiene razón el diputado Castro, cuando señala que en esta materia no hay una excepción constitucional, no hay ninguno de los cuatro casos de expropiación, propiedades extranjeras, etcétera, a que se hacía aquí alusión con toda precisión.
Me atrevo a pensar por un momento en voz alta, y quizá fuera bueno que fuéramos pensando si no habría una quinta o sexta para casos como éstos; pero por lo pronto no la hay, y como no la hay y no obstante existe el mandato constitucional, algunos piensan que es conveniente el precisar los límites de las autoridades. Yo me sumo a ellos, y quisiera proponer que dentro de este segundo párrafo que se adiciona al artículo 82, se dijesen que en este caso, o sea en el caso en el cual las autoridades han realizado las inspecciones que se previenen en la primera parte del párrafo; en este caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros intervendrá administrativamente en la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate, hasta que las operaciones ilegales queden liquidadas, añadiendo en este caso y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros intervendrá administrativamente en la negociación.
Sé que algunos de mis compañeros, abogados de la Comisión de Hacienda, que los hay bastantes y buenos, debo reconocerlo, me van a acusar de estar haciendo un pleonasmo jurídico, pero creo que conviene restablecer este principio de legalidad, incorporando la garantía de las formalidades esenciales del procedimiento al nuevo texto del artículo 82, para dar de nueva cuenta pruebas de que las leyes que aquí discutimos y aprobamos, se marcan y encuadran dentro de los principios constitucionales.
En consecuencia, señor presidente, quiero dejar esta propuesta para que en el momento que usted lo estime procedente, se considere si se admite o no.
El C. Presidente: -Muchas gracias. En consecuencia, han hablado el diputado Juan de Dios Castro de Acción Nacional, en contra, y en pro, Amado Llaguno del Partido Revolucionario Institucional; y el ciudadano diputado Santiago Oñate Laborde, del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho una proposición a esta asamblea, para que se adicione al segundo párrafo, la proposición que le ha dado él mismo lectura. Por consiguiente, consulte la secretaría a la asamblea, si acepta la proposición hecha por el compañero diputado Santiago Oñate, al segundo párrafo del artículo 82. Proceda la secretaría.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si se admite la modificación propuesta. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría por consiguiente, si se encuentra suficientemente discutido en lo general, el proyecto de dictamen que nos ocupa.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Tomando en consideración que el artículo número 82, en su segundo párrafo ha sido aceptada la proposición hecha por el compañero Santiago oñate Laborde, consulte la secretaría si hay algún diputado que quiera reservarse alguno de los demás artículos.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si algún ciudadano diputado desea reservar algún artículo...
El C. Presidente: - En virtud de que no hay ningún diputado que quiera reservarse algún artículo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular, del dictamen que ha sido sometido a nuestra consideración.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de todos los artículos. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere en artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Señor presidente, se emitieron 240 votos en pro y tres abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por 240 votos.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
MONEDA CONMEMORATIVA
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que establece las características de la moneda conmemorativa del L aniversario de la Expropiación Petrolera. En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre todos los compañeros diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue turnada para su estudio y dictamen una iniciativa del Ejecutivo de la Unión, que con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, propone la emisión de cinco clases de monedas para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera.
Habiendo revisado las disposiciones consideradas en el proyecto de decreto, y después de haber sido discutidas por los integrantes de la comisión, con fundamento en artículos 54, 56 y 64 de la ley orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía el presente
DICTAMEN
La iniciativa estima que dicha emisión de monedas conmemorativas, servirían para exaltar la alta significación de la medida nacionalista adoptada por el Presidente Lázaro Cárdenas y señalar la nacionalización petrolera del 18 de marzo de 1938 como una de las más significativas victorias del pueblo mexicano, en la defensa de su soberanía nacional y en la reivindicación del patrimonio de los mexicanos.
La comisión que suscribe, considerando los conceptos vertidos en el texto de la iniciativa, estima que las dos clases de moneda, de oro y de plata, que se proponen emitir, están dirigidas como emisiones similares anteriores al público coleccionista, y no a servir como medios generales de pago. Por tanto, debe destacarse que el valor nominal expresado en dichas piezas es simbólico, ya que su valor intrínseco por los metales preciosos que contienen, resultaría muy superior a su valor facial. El hecho de que las monedas tengan un valor facial, tiene como consecuencia que éstas sean mejor acogidas por los mercados numismáticos, y que gocen de las prerrogativas fiscales que las leyes extranjeras otorgan a la importación, exportación y comercialización de monedas de curso legal.
Los valores nominales que se señalan en las piezas de metales finos, siguen el mismo criterio fijado en las monedas conmemorativas del Campeonato Mundial de Futbol México 1986, del CLXXV aniversario de la Independencia Nacional y el LXXV aniversario de la Revolución Mexicana.
En cuanto a la moneda de cuproníquel con valor nominal de 5 mil pesos, se actualizan en la iniciativa las ideas que se han considerado para la emisión de las monedas conmemorativas de los acontecimientos antes citados, en metales industriales, pues permitirá al grueso de la población adquirirlas y guardarlas. Además, ha resultado apreciada por el público, la costumbre que la emisión de este tipo de monedas conmemorativas se haga en una denominación más alta de las piezas en circulación, como sucedió con las monedas conmemorativas antes señaladas, cuyo valor nominal fue de 200 pesos, cuando la moneda en circulación de más alta denominación era la de 100 pesos.
También debe destacarse que esta moneda conmemorativa, se adecúa a los requisitos del esquema actual de emisión, en cuanto a su tamaño y color, toda vez que su diámetro será ligeramente superior al de las monedas de circulación, y su color blanco la distinguirá claramente del color amarillo de la moneda de 1 mil pesos.
Finalmente, debe tomerse en cuenta que la moneda conmemorativa de 5 mil pesos gozaría de gran aceptación, ya que además de ser coleccionable, puede también servir como medio general de pago.
Por las razones anteriores, esta comisión considera procedente la iniciativa del Ejecutivo de la Unión, para conmemorar un acontecimiento de importancia trascendental en las luchas del pueblo mexicano por su soberanía y por la reivindicación de su patrimonio nacional.
Por lo antes expuesto, la comisión que suscribe se permite proponer a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS
CONMEMORATIVAS DEL L ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
Artículo 1o. Se autoriza la emisión de monedas de oro con valor nominal de 1 mil pesos, conmemorativas del L aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 34.5 mm (treinta y cuatro milímetros, cinco décimos).
Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.
Contenido: 1 (una) onza troy de oro puro.
Metal de liga: 0.100 (cien milésimos) de cobre.
Peso: 34.559 g (treinta y cuatro gramos quinientos cincuenta y nueve miligramos).
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.060 g (sesenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro, en relieve escultórico, la efigie del general Lázaro Cárdenas del Río en posición de frente, mirando ligeramente hacia la izquierda, en la parte inferior de la efigie el nombre "L. Cárdenas" y debajo de éste, circundando el marco, dos ramas de laurel entrelazadas; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, en dos renglones para leerse en dirección horizontal, las palabras "Expropiación Petrolera"; en el campo izquierdo, en conjunto, el signo de pesos "$", y a continuación el número "1000"; centrados en la parte inferior para ser leídos en dirección horizontal, en conjunto, en tres renglones, el número "50", la leyenda "aniversario" y el período "1938-1988"; en el campo derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", y debajo de éste la leyenda "ley 0.900", el marco liso.
Artículo 2o. Se autoriza la emisión de monedas de oro con valor nominal de 500 pesos, conmemorativa del L aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 29.0 mm (veintinueve milímetros).
Ley: 0.900 (novecientos milésimos) de oro.
Metal de liga: 0.100 (cien milésimos) de cobre.
Peso: 17.280 g (diecisiete gramos doscientos ochenta miligramos).
Contenido: 1/2 (media) onza troy de oro puro.
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.040 g (cuarenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultóricos circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro, ligeramente desfasada a la derecha, una reproducción en relieve del grupo escultórico de la Fuente de Petróleos situada en la ciudad de México; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "cincuentenario"; en el campo izquierdo el número "500" y al lado derecho de éste la palabra "pesos", ambos para leerse en dirección vertical; en el campo inferior el período "1938 - 1988", abajo de éste, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelo al marco "Expropiación Petrolera"; en el campo derecho la palabra "ley" y abajo de ésta el número "0.900"; el marco liso.
Artículo 3o. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de 100 pesos, conmemorativa del L aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 38.0 mm (treinta y ocho milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
Peso: 31.103 g (treinta y un gramos ciento tres miligramos).
Contenido: 1 (una) onza troy de plata.
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos);
por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro, en relieve escultórico, la efigie del general Lázaro Cárdenas del Río en posición de frente, mirando ligeramente hacia la izquierda, en la parte inferior de la efigie el nombre "L. Cárdenas" y debajo de éste, circundando el marco, dos ramas de laurel entrelazadas; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, en dos renglones para leerse en dirección horizontal, las palabras "Expropiación Petrolera"; en el campo izquierdo, en conjunto, el signo de pesos "$", y a continuación el número "100"; centrados en la parte inferior para ser leídos en dirección horizontal, en conjunto, en tres renglones, el número "50", la leyenda "aniversario" y el período "1938-1988"; en el campo derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México "M", y debajo de éste la leyenda "ley 0.999", el marco liso.
Artículo 4o. Se autoriza la emisión de monedas de plata con valor nominal de 50 pesos, conmemorativas del L aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).
Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.
Peso: 15.552 g (quince gramos quinientos cincuenta y dos miligramos).
Contenido: 1/2 (media) onza troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
Tolerancia en peso: Por unidad, 0.117 g (ciento diecisiete miligramos); por conjunto de mil piezas, 0.5 g (cinco décimos de gramo), ambas en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro, ligeramente desfasada a la derecha, una reproducción en relieve del grupo escultórico de la Fuente de Petróleos situada en la ciudad de México; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "cincuentenario"; en el campo izquierdo el número "50" y al lado derecho de éste la palabra "pesos", ambos para leerse en dirección vertical; en el campo inferior el período "1938-1988", abajo de éste el símbolo de la Casa de Moneda en México "M" y paralelo al marco la leyenda "Expropiación Petrolera"; en el campo derecho la palabra "ley" y abajo de ésta el número "0.999"; el marco liso.
Artículo 5o. Se autoriza la emisión de monedas de cuproníquel con valor nominal de 5 mil pesos, conmemorativa del L aniversario de la Expropiación Petrolera, de acuerdo con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que acontinuacón se señalan:
Diámetro: 33.5 mm (treinta y tres milímetros, cinco décimos).
Composición: 0.750 (setecientos cincuenta milésimos) de cobre, y 0.250 (doscientos cincuenta milésimos) de níquel.
Peso: 17.3 g (diecisiete gramos tres décimos).
Tolerancia en la composición: 0.015 (quince milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en el peso por unidad: 0.600 g (seiscientos miligramos) en más o en menos.
Canto: Estriado.
Cuños:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso con gráfila en forma de puntos.
Reverso: Al centro, ligeramente desfasada a la derecha, una reproducción en relieve del grupo escultórico de la Fuente de Petróleos situada en la ciudad de México; en el campo superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "cincuentenario"; en al campo izquierdo, en conjunto, el signo de pesos "$" y a continuación el número "5000", ambos para leerse en dirección vertical; en el campo inferior el período "1938-1988", abajo de éste, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M" y paralelo al marco la leyenda "Expropiación Petrolera"; en al campo derecho el año de acusación; el marco liso.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, Distrito Federal, 2 de diciembre de 1987. - Diputados: Luis Manuel Orcí Gándara, Porfirio Camarena Castro, Hesiquio Aguilar de la Parra, Amílcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Angel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Abelardo Rigoberto Alaniz González, Jesús Alcántara Miranda, Francisco Contreras Contreras, Máximo de León Garza, Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Angel Sergio Guerrero Mier, David Jiménez González, Luis Ignacio López Moctezuma y Torres, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Humberto Enrique Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Alma Guadalupe Salas Montiel, Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Francisco Javier Morales Aceves, Ricardo Regalado Hernández, Rubén Rubiano Reyna, Sócrates Rizzo García, Arturo Alvarez Márquez, Javier Vega Camargo, Agustín Nieto Suárez y Carlos Palafox Vázquez.»
Trámite: -Segunda lectura
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general el dictamen. Se abre el registro de los oradores.
Se han inscrito dos compañeros, el compañero Adner Pérez de la Cruz, del Partido Popular Socialista y el compañero Angel Aguirre Romero, del Frente Cardenista.
Tiene la palabra el compañero Adner Pérez de la Cruz, del Partido Popular Socialista.
El C. Adner Pérez de la Cruz: -Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, nos presenta el día de hoy para su debate la emisión de cinco monedas para conmemorar el L aniversario de la Expropiación Petrolera. En el cuerpo del dictamen se contempla una situación fundamental.
Dice el dictamen: La iniciativa estima que dicha emisión de monedas conmemorativas servirá para exaltar la alta significación de la medida nacionalista adoptada por el presidente Lázaro Cárdenas, y señalar la nacionalización petrolera del 18 de marzo de 1938, como una de las más significativas victorias del pueblo mexicano en la defensa de su soberanía nacional y en la reivindicación del patrimonio de los mexicanos.
Además, debe destacarse que el valor nominal expresado en dichas piezas es simbólico, ya que su valor intrínseco por los metales preciosos que contienen, resultaría muy superior a su valor parcial.
También contempla el dictamen, que los valores nominales que se señalan en las piezas de metales
finos, siguen el mismo criterio en las monedas conmemorativas del Campeonato Mundial de Futbol de 1986, y del CLXXV aniversario de la Independencia Nacional, y del LXXV aniversario de la Revolución Mexicana.
En cuanto a su tamaño y color, su diámetro será ligeramente superior al de las monedas de circulación y su color blanco la distinguirá claramente del color amarillo de las monedas de mil pesos.
Finalmente, debe tomarse en cuenta que las monedas conmemorativas de 5 mil pesos gozará de gran aceptación, ya que además es coleccionable y puede servir también como medio general de pago.
Por estas razones, la comisión considera procedente la iniciativa del Ejecutivo de la Unión, para conmemorar un acontecimiento de importancia trascendental en las luchas del pueblo mexicano por su soberanía y por la reivindicación de su patrimonio nacional.
Maravilloso lo contemplado en este dictamen, en el que se trata de conmemorar el L aniversario de una de las más grandes y hermosas batallas que ha dado nuestro pueblo.
Compañeras y compañeros diputados: Yo he pedido el uso de la palabra para razonar nuestro voto en la discusión de este dictamen, y para ello es necesario decir que en cada una de las etapas de la sociedad, el Estado asume las funciones que el momento histórico le impone. Por ejemplo, en la edad media, aunque en su sentido moderno podríamos decir que no había surgido el Estado, porque era un Estado corporativo al servicio del feudalismo que manejaba la fuerza católica, la fuerza dominante en aquel entonces, que al producirse las revoluciones democrático burguesas de los siglos XVII y XVIII y al organizarse jurídicamente las naciones, el Estado asumió las funciones que la burguesía dominante le señalo.
Y en los países socialistas, las tareas del Estado corresponden a los objetivos que persigue la clase trabajadora en el poder. En los países que no han llegado todavía al régimen capitalista pleno, que se hallan apenas en desarrollo o subdesarrollados, como se les conoce ahora, ¿cuáles deben ser las características de las funciones del Estado?; las funciones del Estado las señalan las fuerzas partidarias del progreso independiente, ¿para qué es esto? Para dar satisfacción a las exigencias de las mayorías y fortalecer la independencia económica nacional frente al imperialismo.
Hay que recordar que el maestro Lombardo Toledano afirmaba que el Estado mexicano surgido de la Revolución y de la nueva Carta Magna de nuestro país, no adquirió sus funciones actuales de una manera histórica, sino que éstas son consecuencia de la doble empresa histórica del movimiento revolucionario: destruir la vieja estructura del siglo XIX y levantar otra para construir una nueva nación.
El México de hoy se debe justamente a esa intervención del Estado en las funciones más importantes que han hecho posible su rápida evolución; sin la nacionalización de las principales ramas de la economía, como la industria básica, el petróleo, el carbón, la electricidad, el fierro, el acero y la petroquímica, el Estado no tendrá más función que la de ser gendarme de los intereses extranjeros, como sucede actualmente en los países de Centroamérica.
Bueno, entonces, ¿cuál es la característica esencial de la vía nacional revolucionaria?, ¿qué preconiza?, ¿qué sostiene?, ¿qué plantea?
Preconiza el fortalecimiento de la independencia económica nacional; sostiene el constante mejoramiento de nivel de vida de las grandes masas de nuestro pueblo y plantea que el sector estatal debe asumir una función de liderazgo, en el marco de un desarrollo planificado de las fuerzas democráticas.
En este momento, señoras y señores diputados, se han debilitado, por desgracia, esas funciones esenciales y las fuerzas del capital privado y dependiente, están conquistando cada vez más espacios de poder en la economía, en la política, en la educación y la cultura.
En estos años, el Estado ha dejado de participar en una serie de ramas económicas, tales como la petroquímica secundaria, la fabricación de autopartes de vehículos automotores, aparatos electrodomésticos, aparatos de la industria metalmecánica, del cemento, textiles y otros.
Se ha desmejorado notablemente el nivel de vida del pueblo, al perderse casi totalmente el poder adquisitivo del salario, y en la práctica, más de la mitad de las empresas propiedad de la nación, se han transferido a los particulares. El Estado ha disminuido, en términos reales, su inversión bruta total, y todo esto pone en serio riesgo la rectoría del Estado en la economía.
Dicen los desmanteladores del sector estatal de la economía, que no se trata de un proceso de privatización, y añaden que no se debilita sino que se fortalece el Estado, y por ende, su participación en la economía. Aceptan que el Estado puede poseer empresas en algunas ramas, que de manera circunstancial y
transitoria se declaran prioritarias, a juicio discrecional de los propios funcionarios públicos, y aquí los hemos escuchado en las pasadas comparecencias, las que pueden ser creadas y fortalecidas por el Estado y luego privatizadas, según afirman ellos. Lo cierto es que si el Estado devuelve por cualquier vía, empresas de su dominio a los particulares, eso es privatizar, no otra cosa.
Y aquí se vinculan dos cuestiones fundamentales, que se dan de manera inseparable en nuestros días: la relativa al desarrollo dependiente y la que tiene que ver con la vía revolucionaria, no capitalista, plasmada en la Constitución de 1917, que es la de la creciente intervención del Estado en la economía, y que puede garantizarnos el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia.
Tal es el caso del tema que hoy nos ocupa, de conmemorar con cinco monedas conmemorativas el L aniversario de la Expropiación Petrolera y que es, óigase bien, la vía correcta para el desarrollo del país y que debemos recordar y profundizar, pero no sólo simbólicamente con emisiones de monedas.
El maestro Vicente Lombardo Toledano, nos explicaba cómo las compañías extranjeras recurrían a todo tipo de maniobras para mantener dividido el movimiento obrero dentro de la industria petrolera, para impedir su unidad sindical, los consorcios pagaban bajos salarios a los trabajadores y mantenían condiciones paupérrimas de trabajo.
Es falsa la tesis de algunos tratadistas como Wayne, al afirmar que la Expropiación Petrolera fue una decisión del Presidente Cárdenas, imprevista, sin antecedentes, tomada de improviso; al contrario, el decreto del 18 de marzo de 1938, fue el resultado de un largo proceso de nuestras luchas revolucionarias y fundamentalmente el futuro del movimiento obrero, que con una estrategia inteligentemente concebida y aplicada, pudo conducir al pueblo mexicano y su gobierno a la consecución de una meta de invaluable trascendencia histórica, recordada en el cuerpo del dictamen que hoy nos ocupa.
El movimiento obrero lo dirigía en aquel entonces el maestro Lombardo Toledano, secretario de la Confederación de Trabajadores de México; la resolución definitiva la tomó un presidente patriota, Lázaro Cárdenas.
En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, quiso razonar su voto en esta ocasión, y votará a favor del dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el compañero diputado Angel Aguirre Romero, del Partido Frente Cardenista.
El C. José Angel Aguirre Romero: -Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: En efecto, como dice el dictamen, la nacionalización petrolera del 18 de marzo de 1938, es una de las más significativas victorias del pueblo mexicano, en defensa de su soberanía y en la reivindicación del patrimonio de los mexicanos.
Mantener la memoria histórica del pueblo, es una de las preocupaciones que deberíamos tener nosotros como legisladores. Por esa razón, nosotros, quienes integramos la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, votaremos en favor de este dictamen y además, hacemos al margen una invitación muy atenta a quienes integran la fracción parlamentaria del partido mayoritario, para que antes de que termine este período de sesiones, presenten una iniciativa tendiente a lograr que se declare 1988 como año de Lázaro Cárdenas.
Desde luego, esta invitación la hacemos a la fracción parlamentaria del partido mayoritario, porque queremos que se apruebe, deseamos que el año de 1988, sea el año de Lázaro Cárdenas.
Nuestra fracción parlamentaria votará, tanto en lo general como en lo particular, en favor de ese dictamen. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Muchas gracias, diputado.
Consulte la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Con fundamento en el artículo 134 del Reglamento, proceda la secretaría a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular, del dictamen que ha sido sometido a nuestra consideración.
El C. Rubén Rubiano Reyna (desde su curul): - Señor presidente, en lo particular no, nada más en lo general.
El C. Presidente: -Habíamos consultado si había habido alguna reserva en lo particular, pero si se que quieren ustedes hacer uso de la palabra para reservarse algún artículo en lo particular, con mucho gusto lo hacemos, compañero.
Esta presidencia informa que se ha reservado el artículo 5o., para su discusión en lo particular, el diputado Rubén Rubiano del Partido Acción Nacional, en contra; y en pro, el ciudadano diputado Rafael López Zepeda, del PRI.
Por consiguiente, tiene la palabra el diputado Rubén Rubiano, de Acción Nacional.
El C. Rubén Rubiano Reyna: - Compañeros diputados: En Acción Nacional estamos en contra del artículo 5o., en donde se autorizaría la emisión de monedas de cuproníquel con valor de 5 mil pesos conmemorativas del L aniversario de la Expropiación Petrolera, pero que se señala en que esta moneda conmemorativa de 5 mil pesos, además de ser coleccionable, serviría como medio general de pago.
Nosotros vemos en esto que se oculta la ineptitud, la mediocridad y la falta de voluntad política del Ejecutivo para combatir un fenómeno que empobrece principalmente a la clase trabajadora, y que es una burla a nuestro signo monetario, el peso, en el que se lleva ya ahorita una colección de 10 distintas monedas, en las que parece se está promocionando el uso de las alcancías, más que tenerlo como una necesidad del pueblo para realizar su vida cotidiana.
Y así, encontramos que tenemos con esta moneda 10 distintas monedas metálicas y apenas sí cinco billetes. ¿Querrá decir que se tratará de emitir entonces el siguiente billete de 100 mil pesos?
Nosotros vemos en esto circunstancias muy graves, porque decididamente el Ejecutivo tiene una equivocada visión en cuanto a combatir la inflación.
Vemos que de ninguna manera se deciden a una disminución de gasto público como solución, y sí en mantener a toda costa un gasto que se sostiene el poder político e inclusive a los amigos contentos, pero contra el pueblo toda una decisión que va en contra de su diario convivir.
Y esta moneda conmemorativa que va a ser de curso legal, no es más que la afirmación de que se ha dejado de combatir la inflación y que se decide, a través de esta ocultación, de este disfraz, de manejar una manera conmemorativa pero que será de uso normal, una medida de aceptación de no seguir en la lucha contra la inflación.
Estas son las razones que nosotros vemos, en donde se oculta definitivamente ineptitud para combatir este fenómeno, que a toda la población mexicana nos tiene con indignación. Por estas razones, en el Partido Acción Nacional, decidimos votar en contra de la emisión de la moneda conmemorativa de cuproníquel de 5 mil pesos.
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Rafael López Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Rafael López Zepeda: - Compañeras y compañeros diputados: Hemos escuchado aquí las argumentaciones del señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, para esgrimir sus argumentos en contra del artículo 5o., de la iniciativa en discusión.
Creemos con todo respeto, diputado, que algunos de sus argumentos relativos a que no circule una moneda de 5 mil pesos entre el público en general, pudiera entrañar algunas concepción elitista de la emisión de monedas, y esto lo decimos derivado de su aceptación de los cuatro artículos anteriores, en donde estamos hablando de la conmemoración de un hecho muy importante para México, trascendental en la historia de nuestro país, en el cual se significa, se reconoce a la figura nacional que ha sido para la historia de nuestro país, como lo es Lázaro Cárdenas del Río.
Lázaro Cárdenas del Río estará, si se aprueba esta iniciativa, en una moneda de oro y en una moneda de plata que circulará, desde luego, entre quienes tengan la posibilidad de adquirir, con la cantidad de dinero suficiente, este tipo de monedas.
La de 5 mil pesos tendrá, como lo dice claramente la iniciativa, y recuerdo lo comentábamos en la sesión de la Comisión de Hacienda, compañeros, tendrá la imagen de la fuente de petróleos.
De esta manera, repito, un hecho tan trascendente e histórico para nuestro país, podrá ser recordado, podrá ser conservado inclusive como propiedad de cada uno de los que tengan esta moneda en sus propias casas, como un hecho nacional, como un hecho histórico, repito, que realza esta lucha de nuestro país, esta importantísima lucha por preservar el petróleo para todos los mexicanos.
Compañeros y compañeras diputados: Yo creo que es absolutamente respaldable el artículo 5o. de la iniciativa, en el cual mediante algunas monedas con valor de 5 mil pesos, pueda circular entre la población en general. Reitero, vamos con esto a reconocer el L aniversario de la Expropiación Petrolera, una lucha trascendental por la soberanía de nuestro país. Muchas gracias compañeros.
La C. Consuelo Botello de Flores (desde su curul): Pido la palabra, para hechos.
El C. Presidente: -Tiene la palabra, para hechos hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 102, la compañera Consuelo Botello , de Acción Nacional.
La C. Consuelo Botello de Flores: - Señor presidente; ciudadanos diputados: El diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, nosotros no estamos absolutamente en contra de que circulase una moneda que está conmemorando el L aniversario de la Expropiación Petrolera, para nosotros también ése es un evento muy importante en la historia del México independiente, no estamos absolutamente en desacuerdo.
Lo que nos parece realmente contrastante, es que siendo eso lo que conmemora un evento tan importante, como es ese aniversario de la Expropiación Petrolera, se vaya a expedir una moneda con tan escaso valor en cuanto a contenido real, a contenido material, hecho en una forma realmente muy precaria, que sin embargo va a tener un valor nominal de 5 mil pesos y va a ser moneda de uso corriente.
No es ninguna intención elitista el que no circule o no sea moneda de uso corriente, ya tenemos muchas monedas y algunas, aparte del uso corriente, son muy corrientitas en su material; no, no, el problema es que para un evento tan importante, para un valor nominal relativamente tan alto, porque ya sabemos lo que vale nuestra moneda. Pero relativamente tiene un alto valor, 5 mil pesos, como para que circule como medio general de circulación, y que con materiales de tan baja calidad, vaya a tener un valor nominal tan alto, pues parece realmente una burla.
Es cierto, nosotros sabemos cuál es el valor actual de nuestra moneda, lo lamentamos muchísimo, estamos verdaderamente desolados del contraste de cuando en mi infancia, ya hace muchos años, teníamos un peso 0.720 de plata que valía muchísimo, a las monedas que ahora tenemos; pero ya estamos en este tobogán, ya está nuestra moneda en este tobogán de depreciación y deterioro y lo aceptamos, y estamos tratando de que el gobierno luche contra la inflación para evitar mayor depreciación de nuestra moneda, pero de ahí a que aceptemos con toda tranquilidad que una moneda de tan alto evento y con tan bajos niveles de calidad metálica vaya a valer 5 mil pesos, ése era el tono de nuestra objeción.
El C. Presidente: - Para hechos ha pedido la palabra el diputado Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos de acuerdo con el 102. Justamente después, doctor Manuel Bribiesca, con mucho gusto la tendrá usted.
El C. Pablo Alvarez Padilla: -Señor presidente; compañeros diputados: Aunque siempre que se sube a esta tribuna se corre el riesgo de ser criticado por alguien, diciendo que lo que se va a decir tiene carácter de nimiedad, sin embargo, hay aspectos que sí es conveniente tomar en cuenta.
Por ejemplo, este asunto de la moneda, yo me pregunto, ¿qué pensamiento albergaría el legislador cuando pensó y dio como atribución de esta Cámara, el dar el permiso para la emisión de monedas?, ¿por qué no darlo al director de la Casa de Moneda, para que administrativamente cuando le diera la gana hiciera la emisión y la votara para que aquello circulara? Yo quiero preguntarles a ustedes, cuál sería la intención al permitir en todos nuestros instrumentos de cambio, el que se imprima el símbolo de la patria que es el águila nacional.
Yo creo que de alguna manera se asocie en nuestra moneda la dignidad nacional, nuestra conciencia de patria y yo creo que es para nosotros una degradación en alguna medida, el consentir que ahora se nos ofrezca como una moneda, como un instrumento de cambio de 5 mil pesos, algo que no tiene, como decía la compañera, nuestra compañera Consuelo Botello, un valor real de acuerdo con la denominación que pretende dársele.
Yo me pregunto, si no se tratará de alguna manera o de algún instrumento tramposo que quiere emplear el gobierno para, a través de implementar una especie como de crédito que quiere conseguir del pueblo, sin pagar los intereses por ello, porque va a haber bienes y servicios que se supone que van a ser pagados en monedas, y si esa moneda, ese instrumento de cambio son las monedas de 5 mil pesos que no van a tener un valor intrínseco, que van a ser monedas débiles no monedas fuertes que representen un valor en sí, ¿cuál va a ser la situación?, ¿qué va a pasar?, que se caen las monedas de 5 mil pesos y ni siquiera las criaturas se levantan para juntarlas, porque quizá ya no les alcance ni para un refresco.
Yo creo que sí conviene, compañeros diputados, que reflexionemos que esto que parece intrascendente, tiene más trascendencia de la que nos pudiéramos imaginar. Muchas gracias.
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Manuel Bribiesca, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 102.
El C. Manuel María Bribiesca Castrejón: - Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea: Cuando yo vine a esta Cámara es porque había prometido a mis votantes, al pueblo,
a todo el que acudía a mí, o era parte de la patria mía, de ser la voz de quienes no tienen voz.
Mi voz ahora va a resonar y va a decir: El Ejecutivo nos está robando, el Ejecutivo nos está robando el poder adquisitivo de nuestra moneda. Yo no voy a buscar palabras eufóricas o que suenen bonito, pero ya una rondana en una tlapalería, va a valer más de los 5 mil pesos.
Señores, les ruego a ustedes que por dignidad ante los ciudadanos que votaron por ustedes, no aprueben esa moneda de 5 mil pesos, que significa un robo descarado.
Señores, cuando un ladrón nos roba a media calle, corre peligro de que respondamos a la agresión; cuando el Ejecutivo a través de una ley tan inicua como ésta, nos dice que ya nuestro peso se convierte en una moneda de 5 mil y que el valor adquisitivo va a llegar a cero, señores de la mayoría, por el amor de dios, no voten en favor de ésa, y no digo un apelativo porque no debo decirlo. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Orcí Gándara, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Luis Manuel Orcí Gándara: -Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Qué vergüenza que con motivo de un acto que tenemos bajo consideración para acuñar una moneda, que tiene el objeto de conmemorar un acto significativo de la historia mexicana, se aprovechen aquí una vez más para venir a hacer planteamientos que nada tienen que ver con ello, pero que solamente quieren volver a reiterar tesis y tesis que el público votante mexicano tantas veces los ha rechazado.
Decir robo, decir trampa, lo único que se puede pedir es respeto, compañero diputado, y no aprovechar en cada momento estas circunstancias.
Deseo reiterar una vez más lo que se dijo con anterioridad, ésta es una moneda conmemorativa, que de acuerdo a la Ley Monetaria tiene características muy particulares, y conmemora un acto histórico de nuestro país, que es la reivindicación de nuestro patrimonio y de nuestra nación mexicana. Y ése es el objetivo de esta moneda, y es por ello que los diputados que hemos apoyado este dictamen planteamos y proponemos a los compañeros que así se acepte.
Muchas gracias.
El C. Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea, si el artículo 5o. se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutido el artículo 5o.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Para seguir en orden sistemático la votación de esta asamblea, proceda la secretaría a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no pugnados, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Los CC. María del Carmen Jiménez de Avila y Franz Ignacio Espejel Muñoz: -Sí, en lo general, no en el 5o.
El C. Presidente: -Moción de orden. Creo que la posición ahorita de los compañeros de Acción Nacional, para agilizar la votación se puede tomar en consideración, para que de una buena vez se puedan manifestar los compañeros diputados en lo general y en lo particular, votando el artículo que fue impugnado en su oportunidad, si así lo acepta la asamblea que en una sola votación se lleve a efecto tal acto.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se toma la votación en un solo acto en lo general y en lo particular, aun en el artículo impugnado por los compañeros diputados de Acción Nacional.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptado, señor presidente.
El C. Presidente: -Proceda a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Señor presidente: Se emitieron en
lo general y por los artículos 1o., 2o., 3o., y 4o., 257 votos en pro; y se emitieron por el artículo 5o. 235 votos en pro y 22 votos en contra. El C. Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que establece las características de las monedas conmemorativas del L aniversario de la Expropiación Petrolera.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
NO RECESO
El C. Presidente: - ¿Quiere por favor la secretaría consultar a la asamblea si nos autoriza a continuar la sesión?, en virtud de ser las 15:20 horas, tiempo que establece el acuerdo parlamentario para declarar un receso para tomar alimentos. Esto lo pide la presidencia a fin de desahogar en tiempo, los asuntos en cartera; consulte la secretaría si acepta esta proposición de la presidencia.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza la proposición de la presidencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Aceptado continuar la asamblea.
DICTAMEN QUE REFORMA VARIAS LEYES
El C. Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes Muebles; General de Bienes Nacionales y General de Deuda Pública.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
"Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; General de Bienes Nacionales y General de Deuda Pública, presentada por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de octubre de 1987.
En los términos previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe ha estudiado la iniciativa de referencia, y presenta a la asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Las diversas reformas que se proponen en la iniciativa materia del presente dictamen, constituyen adecuaciones necesarias a normas administrativas. Responden a los principios de eficiencia, eficacia y honradez en que se apoyó el Constituyente Permanente al reformar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la licitación pública como regla a la que se sujetan las operaciones de la administración en materia de obras públicas, arrendamientos, adquisiciones y servicios relacionados con bienes muebles. Igualmente, las reformas que el Ejecutivo propone se apoyan en los principios, eficiencia y autonomía de gestión en que descansa la Ley Federal de Entidades Paraestatales, aprobada por el Congreso de la Unión, el año pasado.
Por lo que toca a la Ley de Obras Públicas y a la Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, la iniciativa en examen propone determinar con precisión su ámbito de aplicación; adecuar la información que las entidades paraestatales deben brindar a las dependencias globalizadoras y a las coordinadoras de sector en materia de contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en tercer término, precisar las atribuciones que en las mencionadas operaciones corresponde a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales.
Con el propósito de consolidar el mecanismo de la licitación pública contenido en el artículo 134
constitucional, se propone que los proveedores y contratistas puedan acudir ante la Secretaría de la Contraloría, solicitando su intervención cuando estimen que existieron irregularidades en la licitación o en la adjudicación correspondiente. A juicio de esta comisión, las reformas que en esta materia propone el Ejecutivo resultan oportunas y convenientes, al igual que las que suprimen como excepción a la licitación pública de los contratos de obra, las llamadas causas extraordinarias o imprevisibles, mismas que por iniciativa de esta Cámara de Diputados fueron suprimidas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles.
En congruencia con el nuevo régimen jurídico a que se sujetan las empresas paraestatales y a las atribuciones que se confieren a sus órganos de gobierno, el Ejecutivo propone reformar al artículo 82 de la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de que sean dichos órganos los que fijen las normas y procedimientos para la transmisión del dominio y la modificación del destino de los bienes muebles que están a su servicio o forman parte de sus activos.
Finalmente, las modificaciones que el Ejecutivo propone a la Ley General de Deuda Pública, tienen por objeto establecer que las entidades paraestatales requieren siempre de la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la contratación de financiamientos externos, mientras que respecto al financiamiento interno la autorización corresponde a los órganos de gobierno de las propias entidades, dentro de los marcos que al efecto convengan con las dependencias globalizadoras.
La Comisión que suscribe, aprecia que las reformas que el Ejecutivo propone, contribuirán a modernizar y actualizar los procedimientos administrativos en que descansa la eficacia de las entidades paraestatales, por lo que en virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS LEYES DE OBRAS PUBLICAS; DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES; GENERAL DE BIENES NACIONALES, Y GENERAL DE DEUDA PUBLICA
Artículo Primero. Se reforman los artículos 1o., fracción VI; 3o., Fracción IV; 6o., tercer párrafo; 6o. - bis, primer párrafo; 14, párrafo final; 29, fracción I; 36, cuarto párrafo; 41, tercer párrafo; 42; 44; 47, tercer párrafo; 52; 56, último párrafo; 59, tercer párrafo; 61; 65; 71 y 73, fracciones IV, VI, VII y VIII de la Ley de Obras Públicas. Se adicionan los artículos 1o., con un segundo párrafo; 6o., con un cuarto párrafo; 6o. - bis, con un penúltimo párrafo; 34, con un segundo párrafo; de la propia ley; y se adicionan a la misma los artículos 58 - bis y 65 - bis, para quedar como sigue:
"Artículo 1o..................................................................
I a V..........................................................................
VI. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, que de conformidad con las disposiciones legales aplicables sean considerados entidades paraestatales.
Las disposiciones de esta ley rigen para los actos y contratos que celebran las entidades paraestatales, para cuyo efecto sus órganos de gobierno emitirán de conformidad a este mismo ordenamiento las políticas, bases y lineamientos para la contratación y ejecución de obras públicas, tomando en consideración la naturaleza, fines y metas de las propias entidades."
"Artículo 3o. ................................................................
I a III .......................................................................
IV. Entidades: Las mencionadas en las fracciones V y VI del propio artículo 1o.;
V y VI ......................................................................."
"Artículo 6o..................................................................
...............................................................................
La propia Secretaría, oyendo la opinión de la comisión intersecretarial consultiva de la obra pública a que se refiere el artículo 11 de esta ley, expedirá las disposiciones administrativas que en aplicación de la misma deban observarse en la contratación y ejecución de las obras.
En el reglamento de esta ley, se determinarán los aspectos sobre los cuales la propia Secretaría podrá ejercer la atribución a que se refiere el párrafo anterior."
"Artículo 6o. - bis. Los titulares de las dependencias incluidos los de las que, en los términos del artículo anterior compete la aplicación de la ley, serán responsables de que, en la adopción e instrumentación de los sistemas y procedimientos para la realización de las acciones, actos y
contratos que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen los siguientes criterios:
I a V .........................................................................
Los órganos de gobierno de las entidades, de acuerdo a las disposiciones legales que les resulten aplicables, dictarán los lineamientos y políticas que habrán de observar los directores generales o sus equivalentes de las propias entidades, a fin de que los criterios a que se refiere este artículo se adopten e instrumenten en cada entidad, bajo las modalidades que los propios órganos de gobierno determinen.
.............................................................................."
"Artículo 14..................................................................
I a IV.........................................................................
...............................................................................
Las dependencias y aquellas entidades, cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en el del Departamento del Distrito Federal, o que reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos, una vez aprobados por los órganos de gobierno, los programas y presupuestos de obra pública serán enviados a la Secretaría para su examen, aprobación e inclusión, en lo conducente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, a fin de verificar la relación que guarden dichos programas con los objetivos y prioridades del plan y los programas de desarrollo del país."
"Artículo 29..................................................................
I. Las obras estén incluidas en el programa de inversiones autorizado;
II y III......................................................................"
"Artículo 34..................................................................
I a III........................................................................
Los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse."
"Artículo 36..................................................................
...............................................................................
I a III........................................................................
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los interesados podrán inconformarse ante la Contraloría en los términos del artículo 58 - bis de esta ley.
...............................................................................
.............................................................................."
"Artículo 41..................................................................
De las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior, el titular de la dependencia o entidad informará a la Secretaría, a la Contraloría y en su caso al órgano de gobierno, en un plano no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere formalizado la modificación."
"Artículo 42. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada."
"Artículo 44. Las dependencias y entidades comunicarán la suspensión o la rescisión del contrato al contratista. Las propias dependencias y las entidades cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en el del Departamento del Distrito Federal, o que reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos, lo harán del conocimiento de la Contraloría y de la Secretaría. Esta última, a su vez informará en la Cuenta Pública, de las causas que motivaron tales s suspensiones y rescisiones."
"Artículo 47..................................................................
...............................................................................
La dependencia o entidad, si esta última es de aquéllas cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en el del Departamento del Distrito Federal, o de las que reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos, comunicará a la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción, a fin de que si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto.
.............................................................................."
"Artículo 52. Las dependencias y los organismos descentralizados, cuando se trate de bienes del dominio público de la Federación deberán enviar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, copia de los títulos de propiedad si los hubiere, y los datos sobre localización y construcción de las obras públicas para que se incluyan en los catálogos e inventarios de los bienes y recursos de la nación, y en su caso, para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal."
"Artículo 56..................................................................
I. Cuando peligre o se altere el orden social la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos casos las dependencias y entidades se coordinarán, según proceda, con las dependencias competentes;
II. Cuando la dependencia o entidad hubiere rescindido el contrato respectivo. En estos casos, la dependencia o entidad verificará previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece el segundo párrafo del artículo 38, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo caso el contrato se celebrará con el contratista respectivo;
III. Cuando se trate de trabajos, cuya ejecución requiera de la aplicación de sistemas y procedimientos de tecnología avanzada;
IV. Cuando se trate de trabajos de conservación, mantenimiento, restauración, reparación y demolición en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes a elaborar el programa de ejecución, y
V. Cuando se trate de trabajos que requieran, fundamentalmente, de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra, o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes beneficiarios.
El titular de la dependencia, en un plazo que no excederá de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos, deberá informar de estos hechos a la Secretaría y a la Contraloría; las entidades, además harán del conocimiento tales hechos en el mismo plazo, a sus órganos de gobierno."
"Artículo 59..................................................................
En lo referente a la información que corresponda rendir a las entidades, deberá estarse a las bases y requisitos que se establezcan conjuntamente por la coordinadora de sector, las secretarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en los términos del artículo 10 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
.............................................................................."
"Artículo 61. Las dependencias y entidades, controlarán todas las fases de las obras públicas a su cargo; para tal efecto, las dependencias establecerán los medios y procedimientos de control que requieran, de acuerdo a las normas que dicte el Ejecutivo Federal, a través de la Contraloría y la entidades, lo harán de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales."
"Artículo 65. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obra pública, así como solicitar de los servidores públicos de las mismas y de los contratistas, en su caso, todos los datos e informes relacionados con las obras."
"Artículo 71. Las responsabilidades a que se refiere la presente ley, son independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos."
"Artículo 73. En contra de las resoluciones que dicten la Secretaría o la Contraloría en los términos de esta ley, el interesado podrá interponer ante la dependencia que hubiere emitido la resolución, recurso de revocación dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación.
...............................................................................
I a III........................................................................
IV. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstos no se acompañan al escrito en que se interponga el recurso, y en ningún caso serán recabados por la Secretaría o por la Contraloría, salvo que obren en el expediente en que se haya originado la resolución recurrida.
V..............................................................................
VI. La Secretaría o la Contraloría podrán pedir que se les rindan los informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado;
VII. La Secretaría o la Contraloría acordarán lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. La Secretaría o la Contraloría ordenarán el desahogo de las mismas, dentro de un plazo de 15 días hábiles, el que será improrrogable, y
VIII. Vencido el plazo para la rendición de las pruebas, la Secretaría o la Contraloría, en su caso, dictarán resolución en un término que no excederá de 30 días hábiles."
Artículo 58 - bis. Tratándose de licitaciones públicas, los contratistas o licitantes que hubieren participado en ellas podrán inconformarse por escrito, indistintamente, ante la dependencia o entidad convocante o ante la Contraloría, dentro de 10 días naturales siguientes al fallo del concurso, o en su caso, al del día siguiente a aquél en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o fase del mismo.
Transcurrido dicho plazo, precluye para los contratistas solicitantes el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que las dependencias, entidades o la Contraloría puedan actuar en cualquier tiempo en los términos de los artículos 36, 43 y 72 de esta ley."
"Artículo 65 - bis. Las dependencias, entidades y la Contraloría, de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 58 - bis, realizarán las investigaciones correspondientes en un plazo que no excederá de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que se inicien y resolverán la conducente para los efectos de los artículos 36, 43 y 72 de esta ley.
Durante la investigación de los hechos a que se refiere, el párrafo anterior, podrá suspenderse el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de las dependencias o entidades. Procederá la suspensión:
I. Cuando se advierta que existan o pudieran existir las situaciones que se refieren los artículos 36, 43 y 72, y
II. Cuando con ella no se siga perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público, y siempre que de cumplirse las obligaciones, pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate.
Tomada la resolución a que se refiere el primer párrafo de este artículo, y sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores que hayan intervenido, las dependencias y entidades deberán proceder en los términos de los artículos 35 y 56, fracción III de esta ley."
Artículo segundo. Se reforman los artículos 1o., fracciones I y II; 2o., fracción IV; 5o., 6o., primer párrafo; 15; 17; 30; 31; 34, quinto párrafo; 39, fracciones II y III; 50; 51, primer párrafo; 53; 54, fracción I; 58; 61; 66 y 67, fracciones VI, VII y VIII y se adicionan el artículo 1o., con un segundo párrafo; 5o., con un segundo y tercer párrafos; 6o., con un penúltimo párrafo; 15, con un segundo párrafo; 31, con un cuarto párrafo y 34, con los párrafos sexto y séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, para quedar como sigue:
"Artículo 1o..................................................................
I. Las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y control, que en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios relacionados con los mismos, realicen las dependencias, y
II. Los actos y contratos relacionados con las materias a que se refiere la fracción anterior, que lleven a cabo y celebren las propias dependencias.
Las disposiciones de este ley rigen para los actos, pedidos y contratos que celebren las entidades paraestatales, para cuyo efecto sus órganos de Gobierno emitirán de conformidad a este mismo ordenamiento las políticas, bases y lineamientos para las materias que se refieren en este artículo, tomando en consideración las características, necesidades, objetivos y metas de las propias entidades."
"Artículo 2o..................................................................
I a III........................................................................
IV. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación Estatal mayoritaria, y los fideicomisos públicos que de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sean considerados entidades paraestatales.
V y VI.........................................................................
...............................................................................
"Artículo 5o La Secretaria, la Contraloría y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el ámbito de sus respectivas competencias, quedan facultadas para interpretar esta ley a efectos administrativos.
Las citadas dependencias, dictarán las disposiciones administrativas que requiera la adecuada aplicación de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, tomando en cuenta cuando corresponda por razón de sus atribuciones, la opinión de las dos restantes.
Para el adecuado cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, en el reglamento de esta ley se determinarán los aspectos sobre los cuales las citadas dependencias podrán ejercer las atribuciones que les corresponden."
"Artículo 6o. Los titulares de las dependencias, incluidos los de aquéllas a las que se refiere el artículo anterior, serán responsables de que en la Adopción e instrumentación de los sistemas
y procedimientos que requieran para la realización de las acciones, actos y contratos que deban llevar a cabo conforme a esta ley, se observen los siguientes criterios:
I a V..........................................................................
Los órganos de gobierno de las entidades de acuerdo a las disposiciones legales que les resulten aplicables, dictarán los lineamientos y políticas que habrán de observar los directores generales de las propias entidades, a fin de que los criterios a que se refiere este artículo se adopten e instrumenten en cada entidad, bajo las modalidades que los propios órganos de gobierno determinen.
.............................................................................."
"Artículo 15. Las dependencias establecerán comités que tendrán por objeto determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones; arrendamientos y servicios; coadyuvar a la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecida.
Los órganos de gobierno de las entidades establecerán dichos comités, cuando por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, se justifique su instalación.
"Artículo 17. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá las bases de integración y funcionamiento de los comités y comisiones, a que se refieren respectivamente los artículos 15 y 16 que preceden."
"Artículo 30. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, queda facultada para expedir los criterios generales que orienten a las dependencias y entidades, a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precios o importes de los productos básicos que determine expresamente dicha Secretaría."
"Artículo 31. Las dependencias, previamente al establecimiento de compromisos para la adquisición de bienes de procedencia extranjera, ya sea de importación directa o de compra en el país, deberán recabar con la anticipación necesaria de acuerdo al bien de que se trate, la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la que podrá ser otorgada por producto o por determinado monto, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y de los volúmenes de adquisiciones.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá eximir a las dependencias del requisito señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de bienes muebles que no se produzcan en el país, o cuya producción sea insuficiente para satisfacer la demanda de los mismos.
Para los casos en que se hubiese otorgado la autorización previa a la que se refiere este artículo, los permisos de importación que en su caso se requieran, deberán ser expedidos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los 10 días hábiles, siguientes a aquél en que la dependencia entregue, a satisfacción de dicha Secretaría, la documentación correspondiente.
Tratándose de operaciones derivadas de acuerdos celebrados por el gobierno mexicano con gobiernos de países extranjeros o con organismos internacionales, las autorizaciones de importación que se requieran, serán otorgadas al demostrarse que las contrataciones se llevarán a cabo conforme a las condiciones específicas establecidas en dichos acuerdos."
"Artículo 34..................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno; pero los interesados podrán inconformarse ante la contraloría en los términos del artículo 46, de esta ley.
La resolución que contenga el fallo, dictada en contravención de los requisitos establecidos en este precepto, será nula de pleno derecho.
Las dependencias y entidades no adjudicarán el pedido o contrato, cuando las posturas presentadas no fueren aceptables y procederán a expedir una nueva convocatoria."
"Artículo 39..................................................................
...............................................................................
I..............................................................................
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades podrán adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo convocado en su caso, por lo menos a tres proveedores.
III. Los montos de las operaciones, superiores a las señaladas en las fracciones anteriores, que las dependencias y entidades podrán adjudicar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones, precios, calidad y oportunidad en el cumplimiento, habiendo convocado en su caso, por lo menos a ocho proveedores.
...............................................................................
.............................................................................."
"Artículo 50. Las dependencias y entidades controlarán los procedimientos, actos y contratos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios lleven a cabo. Para tal efecto, las dependencias establecerán los medios y procedimientos de control que requieran, de acuerdo con las normas que dicte el Ejecutivo Federal a través de la Contraloría, y las entidades lo harán de acuerdo con lo establecido en la materia por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales."
"Artículo 51. La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que celebren actos de los regulados por esta ley, así como solicitar de los servidores públicos de las mismas y de los proveedores en su caso, todos los datos e informes relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
...............................................................................
.............................................................................."
"Artículo 53. Las dependencias, entidades y la Contraloría, de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 46, realizarán las investigaciones correspondientes en un plazo que no excederá de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que se inicien, y resolverán lo conducente para efectos de los artículos 34, 47 y 48."
"Artículo 54..................................................................
I. Cuando se advierta que existan o pudieran existir las situaciones a que se refieren los artículos 34, 47 y 48, y
II............................................................................"
"Artículo 58. Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, podrán ser sancionados por la Secretaría con multa equivalente a la cantidad de 10 a 1 mil días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de la infracción.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los proveedores que incurran en infracciones a esta ley, según la gravedad del acto u omisión de que fueren responsables, podrán ser sancionados por la Secretaría con la suspensión o cancelación de su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Federal."
"Artículo 61. Tratándose de multas, la Secretaría en los términos del artículo 58, las impondrá conforme a los siguientes criterios:
I a IV........................................................................"
"Artículo 66. En contra de las resoluciones que dicten la Secretaría o la Contraloría en los términos de esta ley, el interesado podrá interponer ante la que hubiere emitido el acto, recurso de revocación, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación."
"Artículo 67..................................................................
I. a V.........................................................................
VI. La Secretaría o la Contraloría, según el caso, podrá pedir que se le rindan los informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado;
VII. La Secretaría o la Contraloría, según el caso, acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. La Secretaría ordenará el desahogo de las mismas dentro del plazo de 15 días hábiles, el que será improrrogable, y
VIII. Vencido el plazo para la rendición de las pruebas, la Secretaría o la Contraloría, según el caso, dictará resolución en un término que no excederá de 30 días hábiles."
Artículo tercero. Se reforma el artículo 82, de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:
"Artículo 82. Con excepción del aviso de baja a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 79, y de lo establecido en el artículo 80, las disposiciones sobre bienes muebles de dominio privado a que se contrae el presente capítulo, regirán para los actos de transmisión de dominio, destino y baja de bienes muebles que realicen las entidades paraestatales, siempre que dichos bienes estén al servicio de las entidades o formen parte de sus activos fijos.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales de conformidad con la legislación aplicable, dictarán las normas o bases generales que deberán observar los directores generales o sus equivalentes, para la correcta aplicación de lo dispuesto por este artículo."
Artículo cuarto. Se reforman los artículos 4o., fracción III; 5o., fracción IV; 12; 17, segundo párrafo; 19, primer párrafo; 20 y 22, segundo párrafo, y se adicionan los artículos 3o., con un segundo párrafo; 6o., con un tercer
párrafo, y 22, con un tercer párrafo de la Ley General de Deuda Pública, para quedar como sigue:
"Artículo 3o..................................................................
Los titulares de las entidades públicas, serán responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley, de su reglamento y de las directrices de contratación señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la presente ley y a los ordenamientos citados, se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales."
"Artículo 4o..................................................................
I y II.........................................................................
III. Autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y contratar financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar en cada eventualidad;
IV a VII......................................................................"
"Artículo 5o..................................................................
I a III........................................................................
IV. Autorizar a las entidades paraestatales para la contratación de financiamientos externos;
V............................................................................."
"Artículo 6o.................................................................. ............................................................................... Para la contratación de financiamientos internos, en cuanto a las entidades a que se refieren las fracciones III a VI del artículo 1o., de esta ley, bastará la autorización de sus respectivos órganos de gobierno. En estos casos, el director general de la entidad de que se trate o equivalente, informará sobre el particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
"Artículo 12. Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los presupuestos Federal y del Distrito Federal. El endeudamiento neto de las entidades incluidas en dichos presupuestos, invariablemente estará correspondido con la calendarización y demás previsiones acordadas periódicamente con las dependencias competentes en materia de gasto y financiamiento."
"Artículo 17..................................................................
Las entidades mencionadas en las fracciones III a VI del artículo 1o., de esta ley, sólo podrán contratar financiamientos externos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a los financiamientos internos, bastará con la aprobación de sus órganos de gobierno, procediéndose en los términos del artículo 6o. de este ordenamiento."
"Artículo 19. Las entidades mencionadas en las fracciones III a VII del artículo 1o., de esta ley, que no estén comprendidas dentro de los presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, sólo requerirán autorización previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de financiamientos externos.
.............................................................................."
"Artículo 20. Para los efectos del artículo anterior, las entidades deberán formular para la autorización de los créditos externos, la solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañando la información que ésta determine.
Asimismo, deberán presentar ante dicha Secretaría, mensualmente y en la forma que ésta lo requiera, sus estados financieros, datos sobre sus pasivos y la información adicional que les sea solicitada para determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos de crédito; el uso de las disponibilidades de cada línea de crédito y sus amortizaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá complementar la citada información, mediante el examen de registros y documentos de las mismas entidades."
"Artículo 22..................................................................
Si el crédito obtenido se formalizare con una emisión de bonos o con un contrato, tanto en el acta de emisión como en el contrato, así como en los bonos y documentos que de ellos se deriven, deberán citarse los datos fundamentales de la mencionada autorización. Igual disposición será observada en los demás títulos de crédito que sobre el particular suscriban, avalen o acepten las entidades. Los documentos de referencia no tendrán validez, si en ellos no estuvieren consignados los datos de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En los títulos u otros documentos donde se hicieren constar obligaciones de crédito interno a cargo de las entidades públicas, deberá expresarse
que los mismos sólo serán negociables con sociedades nacionales de crédito."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se derogan:
I. La fracción VII del artículo 1o., los artículos 4o., 10, la fracción V del artículo 13, pasando las actuales fracciones VI y VII a ser V y VI; el penúltimo párrafo del artículo 14, el tercer párrafo del artículo 38, el tercer párrafo del artículo 51, la fracción I del artículo 56, pasando las actuales fracciones II a VI a ser I a V, y el segundo párrafo del artículo 59, de la Ley de Obras Públicas;
II. Los artículos 3o., 56, 57 y 59, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, y III. Las demás disposiciones que se opongan a lo establecido por este ordenamiento.
Artículo tercero. Al entrar en vigor este decreto, el Ejecutivo Federal procederá a revisar las normas reglamentarias y administrativas que se hubieren expedido con anterioridad sobre las materias a que se refiere este ordenamiento, y realizará respecto de dichas normas, las adecuaciones y derogaciones que resulten pertinentes, las cuales surtirán efectos, en lo que hace a las entidades paraestatales, una vez que los órganos de gobierno de éstas hayan expedido las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este decreto, para lo cual el Ejecutivo establecerá el plazo necesario.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, D.F., 2 de diciembre de 1987.- Diputados: Luis Manuel Orcí Gándara, Porfirio Camarena Castro, Hesiquio Aguilar de la Parra, Amílcar Aguilar Mendoza, Oscar Aguirre López, Jorge Alcocer Villanueva, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Rebeca Arenas Martínez, Carlos Barrera Auld, José Eduardo Beltrán Hernández, Roberto Calderón Tinoco, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gonzalo Castellot Madrazo, Heberto Castillo Martínez, José Ángel Conchello Dávila, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Jesús Alcantara Miranda, Francisco Contreras Contreras, Máximo de León Garza, Blanca Esponda de Torres, Félix Flores Gómez, Jorge Flores Solano, Oswaldo García Criollo, José Ramón García Soto, Javier Garduño Pérez, Alejandro Gascón Mercado, Ángel Sergio Guerrero Mier, Luis Ignacio López Moctezuma y Torres, Rafael López Zepeda, Amado Llaguno Mayaudón, Alberto Mercado Araiza, Adrián Mora Aguilar, Alejandro Ontiveros Gómez, Marciano Aguilar Mendoza, Reyes Fuentes García, Humberto Rice García, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, Graco Ramírez Garrido Abreu, Alfonso Reyes Medrano, Eduardo Robledo Rincón, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, César Augusto Santiago Ramírez, Héctor Terán Terán, Fernando Ulibarri Pérez, Roberto Valdespino Castillo, Francisco Javier Morales Aceves, Ricardo Regalado Hernández, Sócrates Rizzo García, Rubén Rubiano Reyna, Arturo Alvarez Márquez, Javier Vega Camargo, Agustín Nieto Suárez, Carlos Palafox Vázquez. »
Trámite: -Segunda lectura.
El C. Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general. Se han inscrito para la discusión en lo general de este dictamen en contra, Roberto Calderón Tinoco, y en pro, la Comisión de Hacienda. tiene la palabra el diputado Roberto Calderón Tinoco.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Me inscribí para hablar en contra del dictamen a la iniciativa de decreto que reforma las leyes que se mencionaron, con una aclaración que haré referencia exclusivamente a la Ley General de la Deuda Pública, que se inscribe en la última parte de esta iniciativa de reformas.
Por una cuestión de principio, ya que nosotros siempre hemos reclamado el que el Congreso, o sea la Cámara de Diputados, únicamente tenga como facultad el dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos.
Como se prevé en el artículo 12 de la iniciativa o de la Ley General de Deuda Pública, y en consecuencia la fracción VIII del 73 constitucional, se hace la prevención aquí de que tiene por objeto esta iniciativa, estas reformas a la Ley General de Deuda Pública, el que se permita que las entidades o paraestatales, las empresas paraestatales puedan solicitar empréstitos internos o externos, nada más con la simple autorización de la Secretaría de Hacienda o de sus juntas de gobierno, según el caso.
Aún con las prevenciones del artículo 3o., de la misma ley, la práctica ha sido que cuando los pasivos de las entidades tienen un peso significativo dentro de las finanzas de estas entidades, de estas empresas paraestatales, pues se ha recurrido a la práctica fácil de asumir los pasivos, o sea trasladarlos al gobierno federal, contra lo que nosotros hemos estado en contra.
Nosotros creemos que en tanto no hay un uso racional de los recursos que se obtienen para fortalecer la vida de estas entidades, de estas empresas, México seguiría soportando, el país seguirá soportando fuertes endeudamientos, además que aún con la prevención de que el Congreso solamente tiene facultades para fijar las bases al Ejecutivo, y que éste a su vez casi siempre se excede en los montos que han sido autorizados por el Congreso, hemos sostenido que lo que está haciendo este Congreso es, extender un cheque en blanco para que se use a criterio del Ejecutivo. Por esta razón de principio, nosotros no podremos estar de acuerdo con estas modificaciones, aun cuando reconocemos que existen las prevenciones para que los titulares de las entidades públicas se responsabilicen del estricto manejo o cumplimiento de las disposiciones que fija la misma ley.
A la fecha, es poco lo que hemos podido enterarnos de esta aplicación de infracciones a los directores o a los funcionarios de las entidades públicas, cuando se han excedido en sus funciones o no han podido justificar plenamente el uso de los recursos adquiridos por vía de préstamo, y sí han dejado la carga al peso, o han pasado la factura al grueso de la población.
Por esta razón, en lo que se refiere a la Ley General de Deuda Pública, la fracción del PDM votará en contra. Gracias. (Aplausos)
El C. Presidente: -Consulte a la secretaría a la asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El C. secretario Antonio Sandoval González: -En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - En consecuencia, para los efectos del artículo 134, del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando el artículo de la ley que quiera impugnar y el artículo del decreto que lo contiene.
El C. Santiago Oñate Laborde (desde su curul): - Reservo artículo 1o., del decreto y transitorio.
El C. Presidente: -¿Algún otro compañero que quiera reservar algún otro artículo?
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, en un solo acto.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161, del Reglamento Interior.
(Votación)
Se emitieron 210 votos en pro, nueve en contra y seis abstenciones. El C. Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 210 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados por el ciudadano diputado Santiago Oñate los artículos 1o. transitorio y 1o. del decreto; suplico por consiguiente, tenga la amabilidad de hacer uso de la palabra.
El C. Santiago Oñate Laborde: - Señor presidente, con su autorización, compañeros diputados: Procuraremos ser breves y traer a esta discusión del decreto que reforma las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, General de Bienes Nacionales y General de Deuda Pública, dos pequeñas modificaciones que los compañeros de la Comisión de Hacienda y compañeros diputados hemos venido examinando.
La primera de las modificaciones que deseo plantear, se refiere al artículo 42, de la Ley de Obra Pública. El texto de la iniciativa planteada por el Ejecutivo, establece que las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada.
El texto de este artículo motivó diversos intercambios de opinión con compañeros de otros partidos, y atentos a fines genéricos de la reforma que se busca con este decreto, que son similares a los que inspiraron la reforma del artículo 134, de la Constitución, a los que motivaron la nueva Ley de las Entidades Paraestatales, y también debemos recordarlo, a las modificaciones que muy recientemente se hicieron en esta Cámara a la Ley de Adquisiciones, y que no son otros sino garantizar el máximo de transparencia, sin sacrificar la eficacia ni la
eficiencia en el manejo de los recursos federales, nos llevaron a pensar que era necesario especificar el cómo se darían estas suspensiones de obras.
En tal virtud, queremos proponer a esta Cámara que se adicione el artículo 42, con una frase en la que se establezca: "Tratándose de entidades, los órganos de gobierno acordarán la designación de los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión". En otras palabras, lo que estamos buscando es de que normativamente se establezca una responsabilidad directa de los órganos de gobierno en materia de suspensión de obra, y también para que pueda darse con fluidez este procedimiento excepcional, debemos mencionarlo, de la suspensión de una obra se establezca por estos órganos de gobierno, quiénes son los que pueden ordenarla.
Estamos hablando aquí de obras realizadas por entidades paraestatales, y estamos tratando de llevar a este fenómeno, la misma idea de la autogestión.
Había inquietudes, debemos señalarlo, por algunos compañeros diputados, de que se estableciese un procedimiento de autorización de suspensión de obras, que fue estimado por los miembros de la comisión como engorroso, tal vez burocrático y contrario a los propios principios de la Ley de Obras.
Hemos buscado esta solución de carácter intermedio, en el sentido de garantizar, por un lado, la adscripción concreta de responsabilidades, y por otro, de no sacrificar la flexibilidad a que pudiera haber necesidad en la suspensión de la obra.
Por otro lado, una revisión acuciosa de los artículos transitorios, y en particular del segundo transitorio que propone la derogación a unas normas, llevó a un compañero nuestro, el compañero Jorge Alcocer, a cuestionar la derogación del artículo 3o., de la Ley de Adquisiciones. Este artículo establece, el artículo vigente, que sin perjuicio de lo que establece esta ley, el gasto de las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como en su caso, en los presupuestos anuales de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.
En una excesiva pureza normativa, pudiera considerarse que esta norma aparece ya contenida dentro de la nueva Ley de las Entidades Paraestatales, que establece la vinculación a los presupuestos de aquellos actos de arrendamiento que realizan las empresas paraestatales. Sin embargo, atendiendo al contenido del artículo 3o., a su ubicación en otro ordenamiento distinto, y al principio fundamental que está atrás de todas estas reformas, que es, repito, el de asegurar que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia y honradez, hemos estimado junto con lo propuesto por Alcocer, que no ha lugar a derogar este artículo 3o., de la Ley de Adquisiciones.
Y en el mismo sentido, por nuestra parte consideramos que el artículo 4o., de la Ley de Obra Pública, cuya derogación se propone en la fracción I del artículo segundo transitorio del dictamen que estamos examinando, y que establece que el gasto de obra pública se sujetará a lo previsto en los presupuestos anuales de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, así como a las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y en lo conducente a las disposiciones de esta ley, es un artículo que también debe de permanecer.
En ese sentido, me permito proponer, señor presidente, que en el artículo segundo transitorio del decreto que comentamos, no se deroguen ni el artículo 3o., de la Ley de Adquisiciones, ni el 4o., de la Ley de Obras.
Dejo aquí esta propuesta, y en cuanto a lo dicho en relación al artículo 42, de la Ley de Obra Pública, me permito también aquí dejar esta propuesta para que usted las ponga a consideración de la asamblea. Gracias.
El C. Presidente: - Gracias, diputado Oñate.
Tiene usted la palabra con mucho gusto, señor diputado Jorge Alcocer, por la comisión.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: -Señor presidente; señores diputados que siguen este debate: Bueno, vamos a ser muy breves. Miren, nosotros manifestamos efectivamente al diputado Oñate y al diputado Luis Orcí nuestra preocupación por la manera en cómo el Ejecutivo proponía redactar el artículo 42, de la Ley de Obras Públicas. El texto original que mandaba el Ejecutivo decía así:
"Artículo 42. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, todo o en parte, la obra contratada por cualquier causa justificada."
Y luego en el artículo 44, se establecía lo siguiente:
"Artículo 44. Las dependencias y entidades comunicarán la suspensión o la rescisión del contrato al contratista. Las propias dependencias y las entidades cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en el del Departamento del Distrito
Federal, o que reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos, lo harán del conocimiento de la Contraloría y de la Secretaría - se entiende que de la de Programación -. Esta última a su vez, informará en la Cuenta Pública de las causas que motivaron tales suspensiones y rescisiones."
El diputado Oñate propone agregar un párrafo a este artículo 42, que diría:
"Que tratándose de las entidades, los órganos de gobierno determinarán cuál es el funcionario que puede acordar la suspensión".
Nosotros no estamos de acuerdo con lo que propone el diputado Oñate; mantenemos una propuesta distinta, para que el artículo 42, dijera así:
"Las dependencias o los órganos de gobierno, tratándose de las entidades, podrán solicitar ante la Secretaría la suspensión temporal en todo o en parte, de la obra contratada por cualquier causa justificada."
¿Por qué proponemos que la facultad sea solicitar, no acordar la suspensión? Por dos razones: Una, de orden jurídico; y otra, de orden práctico. El Presupuesto de Egresos de la Federación, para empezar con la primera razón, es aprobado por el Congreso de la Unión, contiene el programa de inversiones del gobierno federal y de las entidades paraestatales y en el propio decreto que aprueba el presupuesto se establece, que es la Secretaría de Programación y Presupuesto la que tiene las facultades para vigilar y acordar sobre la ejecución del mismo.
Este artículo 42, a lo que nos lleva, es a violentar lo que siempre está en el presupuesto.
Ahora, otras dependencias van a tener la facultad de alterar el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque a eso lleva la suspensión de obras, lleva a la no ejecución de presupuestos autorizados por el congreso.
¿Cómo pueden las secretarías en general y las paraestatales acordar por sí eso, y no basta con que después informen? No basta a nuestro juicio; se rompe el principio de unidad presupuestal, se rompe el principio de que hay una coordinación general de la ejecución del presupuesto después de un desglose de responsabilidades, por eso estamos en contra.
Nos parece que esto viene a violentar las facultades, vean ustedes en el propio proyecto de decreto el Presupuesto de Egresos, ahí se reitera que es la Secretaría de Programación y Presupuesto la única facultada para alterar ese presupuesto. ¿Cómo vamos a hacerle entonces si cada Secretaría ahora va a poder decidir, cada paraestatal va a poder decidir?
Pero hay un segundo problema, que es de orden práctico: Esto va a generar una situación muy caótica, que de por sí ya la tenemos; con tantos recortes que le hacen al presupuesto cada año, hay cientos o miles de obras públicas tiradas por todo el país, paradas; decisión de suspender obras públicas que se ha tomado a la trompa talega. ¿Dónde cortamos? Y aquí empezamos a cortar, y a veces se suspenden obras que hubiera sido más barato terminarlas.
Si así estamos con la Secretaría funcionando, ¿cómo vamos a estar cuando cada dependencia decida por si y ante sí qué obras suspende?
Pero además se propicia un riesgo de corrupción muy grande, compañeros, porque resulta que en los contratos de obra pública, en las licitaciones, vamos a suponer que a un director de una empresa paraestatal o al Secretario de Estado no le gustó el contratista, yo les puedo mencionar casos absolutamente verídicos. Conozco uno en particular de Pemex, en que al señor director de Pemex, no le gustó el contratista que ganó el concurso, porque él quería que no lo ganara otro contratista, ¿y entonces qué hizo?, suspendió la obra, por sí y ante sí la suspendió y dejaron al contratista colgado de la brocha, y ahora incluso hasta lo andan persiguiendo, todavía le voltearon el asunto.
Andamos viendo si por la vía de los buenos oficios de algunos diputados se puede arreglar este asunto en Pemex y en la Contraloría, pero estas cosas ocurren, y les puede decir otros casos en que han ocurrido estos hechos, en que entonces un director de una empresa paraestatal decide suspender la obra porque no ganó el concurso el que él quería que lo ganara.
Bueno, cuando menos que haya una Secretaría de Estado, que es aparte la de Programación y Presupuesto, responsable de la ejecución del mismo, que se corresponsabilice las decisiones que se tomen en este sentido.
Por eso es que la propuesta que propone el diputado Santiago Oñate a nosotros no nos satisface, creemos que se mantiene el problema de decir que los órganos de gobierno designarán a quienes pueden acordar la suspensión de obra, no resuelve el problema, no es ése el objeto de nuestra propuesta cuando la presentamos e intentamos convencer a los compañeros de la mayoría, de la justeza de nuestra razón. Tiene que ver con facultades discrecionales que se están concediendo aquí.
Compañeros diputados, con esto quiero terminar. Nosotros estamos por un proceso que vaya haciendo más eficiente y fortalezca de manera más efectiva la empresa estatal a la empresa pública. Nos oponemos a esas ventas indiscriminadas de troche y moche que ha estado haciendo Miguel de la Madrid, lo hemos dicho aquí, pero no nos podemos oponer al fortalecimiento de la empresa públicas por la vía de la autonomía de gestión; pero una cosa es la vía de la autonomía de gestión y otra cosa es la discrecionalidad, no confundamos, porque la discrecionalidad, es la fuente que propicia la corrupción. Cuando hay discrecionalidad, hay paso a la corrupción.
Recordemos que incluso en la iniciativa que se aprobó en esta Cámara modificando la Ley de Arrendamiento en Adquisiciones, lo principal que quitamos fue la discrecionalidad; no abramos nuevos caminos de discrecionalidad que dan origen a corrupciones y corruptelas, y que pueden generar desórdenes en la ejecución del gasto público. Mantengamos la coherencia con el principio de autonomía de gestión, la coherencia en el ejercicio del presupuesto con la necesaria autonomía de gestión de las empresas, no son incompatibles.
Dejamos entonces la propuesta por escrito, con lo demás que ha plantado el diputado Oñate estamos de acuerdo.
El C. Presidente: - Muchas gracias, diputado. Tiene, para hechos, la palabra, el compañero diputado Genaro Piñeiro hasta por cinco minutos, de acuerdo con el artículo 102.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Con su permiso, señor presidente:
Después de escuchar la propuesta de modificación que el compañero Santiago Oñate presenta, y habiendo discutido y estudiado este proyecto de dictamen relativo concretamente a este artículo 42, de haber consultado y escuchado la propuesta también que había presentado el compañero Jorge Alcocer. Nosotros consideramos que ciertamente debe de preverse la discrecionalidad para la facultad de suspender temporalmente toda o en parte, alguna obra.
Consideramos que ciertamente debía de dársele esta facultad en términos de que no fuera objeto de un uso indiscriminado para ejercer esas decisiones, y por lo tanto, se prestara para la corrupción o la serie de anomalías en el manejo de presupuestos de obras, que a veces indiscriminadamente se suspenden. Pero en cuanto al argumento que señala el compañero Alcocer, naciendo de una prejuzgada, de cómo van a actuar los funcionarios, pues consideramos ciertamente que someterla a la consideración de los secretarios va a ser más engorrosa, va a acrecentar la posibilidad de corrupción, porque lo único, partiendo de ese criterio que modificaría, sería que en lugar de ir a la dependencia y a la entidad a buscar la preferencia del contrato de la obra o la suspensión de una obra para verse beneficiado otro contratista de ella, pues iba a tener que ir a la Secretaría, a otras instancias de jerarquía mayor, partiendo de ese hecho, de suponer una actitud deshonesta en los funcionarios.
Creo que la propuesta que hace el compañero Santiago Oñate subsana si no de fondo, sí mejora totalmente el contenido y se ve la voluntad de entender que no exista esa actitud indiscriminada y que haya un mayor control en las decisiones para sostener o para retener o suspender las obras; por lo que nosotros estaremos, en lo particular, de acuerdo con la propuesta que hace el compañero Santiago Oñate, que es un avance definitivamente a como estaba originalmente en el dictamen. Es todo.
El C. Presidente: - Para facilitar el conocimiento de la asamblea de las proposiciones de modificación que se quieren hacer al decreto que está en cuestión, quiero que la secretaría dé lectura, en primer término, a la proposición del diputado Santiago Oñate del artículo 42 porque fue el primero que se presentó e inmediatamente después de consultar a la asamblea, se dé lectura a la proposición del compañero Jorge Alcocer, para que también sea sometida a su consideración, y cumplir de esta manera los requisitos que el propio reglamento nos obliga a respetar.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - "Artículo 42. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada. Tratándose de entidades, los órganos de gobierno acordarán la designación de los supervisores públicos, que podrán ordenar la suspensión".
El C. Presidente: - Consulte la secretaría en votación económica, si acepta la proposición...
El C. Santiago Oñate Laborde (desde su curul): - Señor presidente, ¿podría usted decirnos los artículos que en este momento vamos a votar?
El C. Presidente: - El 42, que fueron las dos proposiciones; una de usted que está aquí en manos de la secretaría y otra por el compañero Jorge Alcocer, ya que las dos proposiciones no coinciden, compañero diputado, está siendo sometida a consideración en este momento la proposición de usted.
Proceda la secretaría a hacer la consulta a la asamblea.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si se admite la modificación propuesta. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Dé lectura la secretaría a la proposición hecha por el compañero Jorge Alcocer, respecto al artículo 42, y sométela a la consideración de la asamblea.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: -Propuesta del grupo parlamentario del PMS, sobre la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Deuda Pública:
"Proponemos modificar la redacción del artículo 42, de la Ley de Obras Públicas, para que quede como sigue: "Artículo 42. Las dependencias o los órganos, de gobierno tratándose de las entidades, podrán solicitar ante la Secretaría la suspensión temporal, en todo o en parte de la obra contratada, por cualquier causa justificada."
Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta. Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el artículo 42.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 42. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Suficientemente discutido.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría si nos autoriza a reservar en su votación nominal, una vez que hayamos sometido a su consideración la otra proposición de modificación hecha por el diputado Santiago Oñate del artículo segundo transitorio, y aceptada por la comisión.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a discusión lo instruido hace un instante por el presidente.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se acepta la proposición de modificación al artículo segundo transitorio del decreto, propuesta por el diputado Santiago Oñate y aceptada por la comisión.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido, si se admite a discusión, si se acepta la proposición del artículo segundo transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación.)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor presidente.
El C. Presidente: - Proceda entonces la secretaría, a tomar la votación nominal del artículo 42, y del artículo segundo transitorio, con las modificaciones propuestas ante el pleno.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Se va a proceder la votación nominal en lo general y en lo particular, del artículo 42, y el segundo transitorio.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron por los artículos 42, y segundo transitorio con la modificación aceptada por la asamblea, 205 votos en pro, tres votos en contra y 10 abstenciones.
El C. Presidente: - Aprobados los artículos 42 de la Ley de Obras Públicas y segundo transitorio
del decreto por 205 votos, en sus términos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Nacionales y General de Deuda Pública.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 26 de noviembre de año en curso, la Cámara de senadores remite el expediente con la minita proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Roberto Encinas Ripa, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Canadá en Tijuana, Baja California.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de diciembre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará al gobierno de Canadá, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B), del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Roberto Encinas Ripa, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Canadá en Tijuana, Baja California.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F., a 3 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Labor de, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mora, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Aranda, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Vall Hernández.»
El C. Presidente: - Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la secretaría a la asamblea si autoriza que se reserven los asuntos a discusión para su votación nominal en un solo acto.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea si autoriza que se tome la votación de este asunto y los siguientes en un solo acto.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que se reserven para su votación nominal en conjunto.
El C. Presidente: - Se reserva para su votación nominal en conjunto.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 25 de noviembre, la Cámara de Senadores remite el expediente
con la misma minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la ciudadana Nicole Marie Louise Girón Barthe de Villaseñor, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de diciembre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarias para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Nicole Marie Louise Girón Barthe de Villaseñor, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 3 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reyes Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Labor de, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Herberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortíz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Vall Hernández.»
Trámite: - Segunda lectura.
Esta a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Honorable asamblea: En oficio fechado el 25 de noviembre próximo pasado, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso a la ciudadanía María del Carmen Isla Zavala, para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Dannebrog al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Dinamarca.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de diciembre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Isla Zavala, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de la Dannebrog al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Dinamarca. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Shmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José, Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro
Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: -Segundo lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Honorable asamblea: En oficio fechado el 25 de noviembre, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecta de decreto, por el que se concede permiso el ciudadano Francisco López Cámara, para aceptar y usar la condecoración de la Bandera Yugoslava, con Banda, que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de diciembre se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco López Cámara, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de ese país.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 3 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Honorable asamblea: En oficio fechado el 16 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Alejandro Beltrán Serrano, pueda prestar servicios como mensajero, en la Embajada de Líbano en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 2 de diciembre se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Líbano en México, serán como mensajero, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B), del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Alejandro Beltrán Serrano, para
prestar servicios como mensajero, en la Embajada del Líbano en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 3 de diciembre de 1987.- Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlin Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Honorable asamblea: En oficios fechados el día 17 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Evaristo Vela Correa y José Antonio García Mendoza, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de Colombia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados el día 2 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Colombia en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B), del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Evaristo Vela Correa, para prestar servicios administrativos en la Embajada de Colombia en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Antonio García Mendoza, para prestar servicios administrativos en la Embajada de Colombia en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 3 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja, García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, German Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Aranda, Pablo José Pascual Moncayo, Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La misma C. Secretaria:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Honorable asamblea: En oficio fechado el 16 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ismael Morín García, pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de la India en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados el 2 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen. el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República de la India en México, serán como chofer, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ismael Morín García, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la India en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, D.F., a 3 de diciembre de 1987. - Diputados: Nicolás Reynés Berezaluce, presidente; Santiago Oñate Laborde, secretario, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Juan Antonio Araujo Urcelay, José Gonzalo Badillo Ortiz, Francisco Berlín Valenzuela, Antonio Brambila Meda, Juan Moisés Calleja García, Carlos Enrique Cantú Rosas, Heberto Castillo Martínez, Juan José Castillo Mota, Juan de Dios Castro Lozano, Germán Corona del Rosal, José Luis Díaz Moll, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza, Guillermo Fonseca Alvarez, Oswaldo García Criollo, Jesús González Schmal, Miguel Herrerías Alvarado, David Jiménez González, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Juan Maldonado Pereda, Arnoldo Martínez Verdugo, Jorge Masso Masso, Antonio Monsiváis Ramírez, Jorge Montúfar Araujo, Melquiades Morales Morales Flores, Alejandro Ontiveros Gómez, Luis Manuel Orcí Gándara, Fernando Ortiz Arana, Pablo José Pascual Moncayo Pedro José Peñaloza, María Guadalupe Ponce Torres, Graco Ramírez Garrido Abreu, Ignacio Ramos Espinoza, Humberto Salgado Gómez, Píndaro Urióstegui Miranda, Sergio Armando Valls Hernández.»
Trámite: -Segunda lectura:
El C. Presidente: - Está a discusión el proyecto de decreto... Proceda la secretaría a recoger la votación de éste y los anteriores reservados en un solo acto, para que los diputados en forma nominal, expresen su parecer.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriores reservados, en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161, del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 230 votos en pro.
El C. Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto, por 230 votos.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIÓN PARA INTERVENCIONES
El C. Presidente: -Al inicio de esta sesión, se inscribieron para hacer proposiciones los siguientes compañeros diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Jesús González Schmal, del Partido Acción Nacional; Pablo Pascual Moncayo, del Partido Mexicano Socialista; Jorge Alcocer Villanueva, del Partido Mexicano Socialista; Pablo Alvarez Padilla, del Partido Acción Nacional; Roberto Calderón Tinoco, el Partido Demócrata Mexicano; y Pedro Peñaloza, del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
SOLICITUDES DE COMPARECENCIAS
El C. Presidente: -Tiene la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez.
El C. Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor presidente; honorable asamblea: El documento que ha dado a conocer la Secretaría de Comercio, de acciones que tiendan a mejorar el poder adquisitivo del salario, ha recibido opiniones diversas que es conveniente analizar, y a la
vez precisar una actitud concreta y la participación que debe tener la Cámara de Diputados ante este problema.
Es cierto, indudablemente que esta acción de la Secretaría de Comercio responde en cierta manera a la lucha enérgica, justa y acertada de la clase obrera, en defensa de sus intereses económicos y sociales.
El líder del Comité Coordinador Empresarial, Agustín Legorreta, responde en forma tajante en contra de estas disposiciones; podría eso llevarnos a la idea de que estas medidas son las acertadas, y por eso nuestro interés de evaluar el alcance de estas acciones, pues en una situación tan difícil para la clase obrera y el pueblo en general, los millones que están sin empleo o subempleo en las ciudades o en el campo, podía llevarnos a la conclusión de que cualquier disposición de parte del gobierno, como en este caso, en el compromiso de ejercer control de precios o ampliar la canasta básica, en una medida positiva dentro del marco de que cualquier cosa que salga es una ganancia ante lo difícil de la situación.
Sin embargo, nosotros juzgamos estos hechos desde el punto de lo que tiene establecido el Estado como una obligación en lo que es la política social, lo que tiene establecido el Estado, tanto en las disposiciones normativas cuya mayor esencia está en los artículos 27 y 123, y por otra parte en la acción práctica que se desprende de esas normas constitucionales, en un sentido que defina la política social en favor de los intereses de la clase obrera y campesina, de los trabajadores, porque cuando el sector empresarial que comanda Legorreta se indigna frente a una acción del Estado; está este individuo queriendo olvidar o queriendo que se olvide que el Estado en México tiene el carácter de tutelar de los intereses de los trabajadores, porque es un Estado que surge de un movimiento armado, y que tiene objetivos históricos y sociales precisos.
Esta necesidad de que el Estado responda a los intereses de los sectores explotados y defienda sus derechos, no es un aspecto secundario ni circunstancial, sino que está en la médula de lo que debe ser la acción del Estado mexicano apegado a los principios constitucionales y al sentido de la Revolución Mexicana.
Sale de antemano la aclaración de que este carácter de tutelar no sustituye, sin embargo, la voluntad de los trabajadores, sus decisiones y acuerdos de lucha, y que por otra parte, tampoco este carácter tutelar da el Estado facultad de intervenir en el régimen interior de las organizaciones obreras y campesinas.
El carácter tutelar está exactamente para proteger sus intereses y defender sus derechos consagrados en la Constitución, porque sólo mediante esta acción del Estado en favor del pueblo trabajador, se pueden llevar adelante los objetivos históricos de defensa de la soberanía, de promover una independencia económica de la nación y de poder garantizar un régimen democrático.
Si no hay esta correspondencia con estos objetivos supremos, no puede llevarse adelante todo el objetivo históricos del pueblo en esta etapa; por eso, ante este carácter tutelar del Estado, las acciones que ahora da a conocer la Secretaría de Comercio, en una situación tan difícil para los trabajadores, en la que se ha perdido más del 50% del salario real, tenemos nosotros que juzgar que estas acciones son limitadas; que frente a una obligación que tiene el Estado y ante una situación tan deteriorada, tan difícil, se tienen que incidir con acciones más profundas.
Pero, por otra parte, el propio documento hace una serie de juicios y afirmaciones que no podemos pasar por alto, que nos llaman a la preocupación y a la reflexión para que este asunto se profundice y analice detenidamente por la Cámara de Diputados, en lo que pensamos nosotros debe ser en la Comisión de Comercio.
El documento señala que está motivado para evitar cualquier posibilidad de desabasto; este señalamiento nos tiene que preocupar; tenemos que saber exactamente cuál es la garantía que tiene el pueblo de México respecto a la satisfacción de sus necesidades fundamentales.
En el propio documento se afirma que las acciones de inspección y vigilancia desempeñadas por la autoridad, resultan insuficientes cuando las prácticas nocivas tienden a generalizarse, que es realmente lo que está sucediendo en estos días, y más adelante llama a que en correspondencia con la Secretaría de Comercio deben participar otros sectores, ¿qué nos está reflejando esto? Indudablemente nos está evidenciando que la vigilancia e inspección de la Secretaría de Comercio, que declara que es insuficiente, nosotros pensamos que debe ir más allá de una simple inspección, la reforma que se debe dar en el problema del abasto y el comercio en México.
Si ya la Secofi declara su insuficiencia, sus limitaciones, está claro que tenemos que adentrarnos a romper estructuras monopólicas en el comercio y en el abasto, a pensar en establecer nuevos mecanismos que tienen que llegar a toda una Secretaría de Abasto que garantice efectivamente el suministro y que no,
como ahora declara la propia Secretaría, resulta ya insuficiente en su inspección y vigilancia, ante un problema que ha rebasado todos los límites, todas las proyecciones que tenía la propia Secretaría de Comercio esta materia.
Señala el documento, como una parte medular de las tereas del sector comercio, la fijación de precios oficiales; este señalamiento es positivo, pero más aún este señalamiento no se ha observado en los últimos años, cuando la misma Secretaría es la que ha liberado infinidad de artículos de comercio, y que con esa liberación se ha incidido en presionar la inflación, en mejorar las ganancias, la tasa de utilidades del gran comercio organizado y de la burguesía reaccionaria, por eso este aspecto de que es parte medular de sus tareas la finación de precios oficiales, resulta al reconocerlo muy limitado y muy pobre con las propias medidas que está señalando el documento que se dio a conocer el día de ayer, y que contradice una política que hemos criticado de liberación dentro de toda la política económica del gobierno.
Por eso hemos nosotros solicitado el uso de la palabra, para hacer una proposición sobre esta materia, porque es parte de una batalla de magnitud mayor en la que está pendiente, muy preocupado el pueblo y las organizaciones democráticas y populares.
El pleito es el que ha levantado la clase obrera en defensa de los salarios, en el incremento de los salarios, para resarcir un tanto el poder adquisitivo perdido en estos cinco años transcurridos, y que ha sido en más del 50%.
Tenemos que advertir asimismo, que estos desacuerdos que menciona el Comité Empresarial de Agustín Legorreta, que en cinco años es el que ha defendido la política económica y la ha aplaudido, tiene como objeto frenar toda la lucha de la clase obrera por la mejoría de sus salarios, que está pendiente; combate en el cual esta Cámara de Diputados ha manifestado su apoyo y que ahora en lo que se refiere a mi partido, reafirmamos este apoyo a la lucha de la clase obrera.
Considerando, pues, el papel limitado que tienen estas acciones frente al gran deterioro de los salarios, al alza a que han llegado todos los artículos de primera, segunda necesidad, y a la necesidad, al interés de que la Cámara de Diputados profundice en esta materia, puesto que el propio documento establece puntos de preocupación sobre el mismo ejercicio de la propia Secretaría de Comercio y sobre las existencias de abasto para el pueblo de México en sus necesidades, es por lo que queremos proponer, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la siguiente proposición:
"Que el titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, licenciado Héctor Hernández Cervantes, comparezca ante la Comisión de Comercio de esta Cámara de Diputados, con el objeto de que explique el alcance de las acciones tomadas el 3 de diciembre recién transcurrido, para "defender la capacidad adquisitiva del salario" y se conozca su verdadera incidencia ante el problema del abasto, precio, presiones inflacionarias y la operativa de la propia Secretaría del ramo, en las atribuciones que le señala la Ley para la Defensa de la Economía Popular".
Este es el texto de nuestra proposición, que hago entrega a la secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. Presidente: - ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra, en contra?...
Tiene el uso de la palabra el compañero Genaro José Piñeiro López.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Sin duda alguna el conjunto de medidas que han sido aprobadas y difundidas desde la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, son una respuesta que debe de ser valorado, como atendiendo a un reclamo que venía dándose y que venía exigiéndose desde los inicios del propio régimen actual.
La situación económica de la cual se ha discutido y se seguirá discutiendo porque es el punto neurálgico del reclamo popular, ha recibido ciertamente con beneplácito el que se anuncien estas medidas; pero señalamos, y así lo hemos considerado, que parece ser que las medidas corresponden a aquel refrán que decía: "tapemos el pozo después del niño ahogado", de que la Secretaría de Comercio recibió permanentemente por las fuerzas populares, nacionalistas, democráticas y revolucionarias, una exigencia permanente, para meter en control a los acaparadores, a los grandes comerciantes. que más tardaban en enterarse de la posible alza de productos, para ordenar a todo un ejército la reetiquetación de sus productos y mercancías, lacerando y haciendo más débil y con menos capacidad el poder adquisitivo del pueblo.
Nosotros insistimos que el proceso electoral que vamos a enfrentar, tendrá como punta de discusión el aspecto económico, el aspecto de la política económica, y hemos determinado, y es nuestra voluntad producto del análisis, repudiar toda posibilidad de reelección de las políticas económicas que hasta actualmente han venido teniendo vigencia. Por ello, y sabedores de que el Ministro de Comercio bien pareciera ser un diplomático de la oligarquía y de los empresarios al
seno del gobierno, deba de comparecer ante esta soberanía, para explicar, ¿Por qué con tanta facilidad siempre se dio, siempre estuvo defendiendo las políticas de los voraces empresarios en este país?, y ahora ya a los finales, cuando ya no resuelve el problema económico de fondo, se toman estas medidas. Nosotros nos pronunciamos a favor de que esta propuesta sea aprobada por esta soberanía y aquí en las comisiones o en el pleno, como se considere, se discuta y se cuestione a esa política que ha dañado la economía y el bolsillo de miles de la gran mayoría del pueblo de México; estamos a favor pues, de la propuesta presentada por el compañero Gaytán.
El C. Presidente: - Para hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el compañero Jorge Alcocer Villanueva.
El C. Ricardo Francisco García Cervantes (desde su curul): -Existe un registro de oradores para hablar sobre el mismo tema o se va a ir resolviendo proposición, por proposición aunque fueran repetitivas las proposiciones que se presentaran?
El C. Presidente: -Mire, compañero, quiero manifestarle lo siguiente: Esta presidencia, de acuerdo como se vayan presentando las proposiciones, someterá a la consideración de ustedes si las someteremos a votación en su conjunto todas o las vamos a desahogar de acuerdo con lo que establece el reglamento, una por una.
Estoy entendiendo que no todas versan sobre el mismo punto, pero en aquéllas en que versen sobre el mismo punto, también se consultará a la asamblea si acepta o no la proposición, puesto que ésta, la primera que se está discutiendo, es una proposición concreta que consiste en que comparezca ante esta Cámara el ciudadano Secretario de Comercio, el licenciado Héctor Hernández Cervantes, y ahorita el diputado Jorge Alcocer acaba de pedir la palabra para hechos. Adelante diputado.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: Yo lo que quería mencionar era lo siguiente, compañero: Nosotros íbamos a hacer una propuesta similar a la de los compañeros del PPS, íbamos a solicitar que compareciera el licenciado Héctor Hernández, pero queríamos enmarcar esta propuesta, parece que era la misma intención de los compañeros del PPS, en una discusión verdadera sobre lo que está ocurriendo en el país sobre su situación económica, sobre esta nueva racha inflacionaria que parece imparable y sobre las medidas que ayer fueron dictadas.
Nos perece que sería conveniente que hiciéramos ese debate, que lo hiciéramos en mejores condiciones que las que tenemos en este momento. Yo sé que muchos compañeros diputados están comiendo, otro ya fuimos a comer, acabamos de regresar, pero que hubiera mejores condiciones para poder hacer un debate que a nosotros nos parece que es imprescindible.
Decidir aquí si Héctor Hernández debe o no comparecer, así nada más, nadie se ha apuntado en contra, puede turnarse incluso a comisiones y ahí dormir el sueño de los justos; en fin de cuentas, pues estamos a 4 de diciembre, a este período ordinario le quedan 26 días y luego resultará que ya no hay tiempo.
A mí se me antoja que incluso debiéramos considerarlo como de obvia y urgente resolución este asunto, porque podemos aquí hacer una discusión sobre la pertinencia de las medidas adoptadas, sobre cuál es la trayectoria posible de estas medidas y de otras y sobre todo, la pertinencia o no de que aquí concurra el Secretario de Comercio a dar explicaciones; pero me parece que sería ocioso, que sería incluso un poco dejarlo pasar que se turne a comisiones y que con eso quienes estamos haciendo la propuesta, yo coincido con los compañeros del PPS igual que la fracción del PMS, que esto se deje así. Este es un asunto muy importante, compañeros, es el asunto quizá más importante que hoy está en la agenda de la discusión nacional; luego, el gobierno nos ha anunciado un programa de medidas. Yo sólo quiero decir una cosa, a reserva de ver si hay mejores condiciones para el debate.
Miren, programas como éste Echeverría sacó cuatro, si quieren les puedo dar luego las fechas, cuatro programas casi iguales; López Portillo sacó tres; De la Madrid creo que es el tercero de los programas para defender la capacidad adquisitiva del salario y, ¿a qué lleva esto compañeros?, ¿alguien puede estar en contra de lo que se dice aquí?, yo creo que no.
¿Quién está en contra de que se subside?, a lo mejor sí hay quien esté en contra, pero bueno, nosotros no estamos en contra de que se subsidien los alimentos básicos a la población, no estamos en contra; no estamos en contra de que se pretenda regresar las mercancías a los precios del 15 de noviembre, antes de la devaluación, tampoco; pero, compañeros, ¿esto es lo que el país necesita?, ¿esto es de veras?, ¿así vamos en este país a hacer frente a la situación? Pues la verdad uno quisiera creerles, pero se le antoja a uno que esto es más bien para salir del paso y no van a resolver nada, y entonces tendremos que entrar a discutir cuál es la situación, cuáles son sus
orígenes, sus responsables, porque hay responsables, compañeros.
Bueno, hoy tenemos la misma situación, se nos va configurando igual que la de 1976, igual que la de 1982; López Portillo quiso congraciarse con la alta burguesía, con los altos empresarios, les dio a diestra y siniestra y un día se encontró con que ya no le tenían confianza y bueno, se decretó la nacionalización de la banca después del proceso que ustedes conocieron.
Hoy parece que un presidente que repitió el experimento de confiar en los grandes capitalistas, de entregarles la conducción económica del país más que ningún otro en el pasado, le empieza a ocurrir lo mismo, y a lo mejor el 1o. de septiembre de 1988 tenemos un presidente en este pódium llorando, pero eso no le resuelve al pueblo los problemas.
Hoy, esta Cámara, y así lo proponemos, incluso si es necesario diferir un poco el debate, para que incluso haya mejores condiciones, tendríamos que discutirlo. Creo que es lo mínimo que podríamos hacer.
Entonces, yo pediría a la presidencia, si es posible, y los compañeros del PPS están de acuerdo en que desahoguemos otros puntos de la orden del día; pongamos a moción suspensiva, esperemos a que haya un poco de condiciones y entremos a un debate con una lista sobre este asunto, no uno en pro y otro en contra, compañeros. El asunto es lo suficientemente importante como para que los debatamos con seriedad, con serenidad y veamos cómo podemos, como órgano legislativo, dar una contribución en el terreno del debate y de las soluciones a este problema.
Esa sería mi propuesta, veamos si los compañeros del PPS, que hicieron la propuesta original, estarían de acuerdo, y si la presidencia, desde luego, lo acepta.
El C. Presidente: - Yo rogaría, desde luego, si quieren en un momento dado, alguno de los compañeros diputados que están inscritos para hacer proposiciones, platicar para presentar una proposición en conjunto, y poderla someter a consideración de la asamblea. Esta presidencia no está en contra, se podría llevar a cabo un pequeño receso de cinco minutos para que ustedes se pongan de acuerdo de lo que están hablando acerca de la misma proposición, porque el compañero Jesús Galván, que también va a hacer una proposición es sobre el mismo tema, y para no estar discutiendo varias proposiciones que se van a estar tratando, pues ser consideradas en una sola.
El C. Héctor Morquecho Rivera (Desde su curul): - Pido la palabra, señor presidente, para hechos.
El C. Presidente: -Compañero Morquecho, para hechos y hasta por cinco minutos.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeros diputados: Bueno, el planteamiento que se ha hecho sí amerita realmente un debate serio, un debate que permita fortalecer la posición de la Cámara de Diputados frente al grave problema que vive nuestro país.
Anoche, el diputado Moisés Calleja fue muy categórico, muy claro en esta situación, y yo creo que en este esfuerzo habría de apuntalar más si ya salió un desplegado, anoche se comentó, hoy salió un desplegado con las medidas de la secretaría de Comercio; pues creemos que lo que procede, es que esta persona que está planteando una serie de medidas, que comparezca ante las comisiones, con el fin de que la Cámara refuerce aún más, es decir, que no quede como una cuestión de trámite, como una cuestión de poca monta, sino que estemos a la altura de lo que está demandando nuestro pueblo.
Estamos de acuerdo en que sea de urgente y obvia resolución para que lo veamos, y que esta persona, que es Secretario de Comercio, que tiene algunos puntos por ahí importantes que esclarecer, se presente a las comisiones. Entonces, nosotros pensamos, esperamos de qué manera esta Cámara pueda reforzar el planteamiento que hemos hecho. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Ha pedido, para hacer otro tipo de proposición, mientras que se llegan a poner de acuerdo los compañeros que habían pedido el uso de la palabra, el compañero Pablo Alvarez Padilla.
El C. Pablo Alvarez Padilla: - Señor presidente; compañeros diputados: Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, iniciar leyéndoles lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución, para ambientar de alguna manera la proposición que en seguida voy a formular.
El artículo 93, de nuestra Carta Magna, categóricamente establece lo siguiente: "Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarios, darán cuenta al Congreso, del Estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado y a los jefes de departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados
federales, o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie una negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Este artículo, compañeros diputados, que no ha sido debidamente acatado por los señores secretarios, o por lo menos no por todos los señores secretarios que colaboran con el señor Presidente en la administración de los asuntos del país, establece a su cargo y lógicamente a nosotros nos da el derecho de exigir su presencia para que den cuenta al Congreso, y nosotros somos parte integrante de esta Congreso, del estado que guardan sus respectivos ramos.
La proposición que formulo es la siguiente, continuaremos el comentario:
"Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presente: Los suscritos, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Unión, en atención a la facultad constitucional que tenemos de pedir a los secretarios de despacho que comparezcan ante esta representación popular, y la obligación de éstos de comparecer para que respondan a asuntos de su ramo, y dado que el Presupuesto de Egresos propuesto para 1988, en lo que se refiere a la partida relativa a la Secretaría de la Defensa, contempla la creación de 4 mil plazas más, situación entre otras que implica aclaraciones y satisfacción a dudas, hace necesaria, para actuar en forma responsable, el pedir que el Secretario de la Defensa comparezca ante esta Cámara, por lo que proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Se solicita oficialmente por esta representación, la comparecencia a la mayor brevedad, del ciudadano Secretario de la Defensa Nacional, señor general Juan Arévalo Gardoqui, a efecto de que se obsequie en sus términos lo dispuesto por el artículo 93, de nuestra Carga Magna."
Tan vez él, el Secretario de la Defensa y otros secretarios, están deseosos de cumplir con este precepto constitucional, con esta obligación, y enterar a la ciudadanía, a través de su representación que somos nosotros, del estado que guarda la administración pública, en el ramo de su competencia.
Yo creo que aquí hay una intención conjunta, la de ellos de informar y la de nosotros de recibir esa información; de manera que pido a ustedes, a nombre de la diputación de Acción Nacional, que se solidaricen con esta petición, que en cierta manera tiene algún grado de redundancia, puesto que se trata de cumplir una obligación, y si ustedes observan, para el verbo se emplea un tiempo y un modo que implican un imperativo, dice "darán", no dice "podrán dar", dice "darán", de manera que es procedente la petición, es procedente el punto de acuerdo que se solicita y ojalá se vote favorablemente.
Dejo en la secretaría el punto de acuerdo por escrito, debidamente firmado por compañeros diputados del Partido Acción Nacional. Gracias.
El C. Presidente: - En cumplimiento a la fracción II, del artículo 58, esta presidencia consulta a los compañeros diputados si hay algunos diputados en pro o en contra.
Sírvase la secretaría dar lectura a la proposición que hace el diputado Pablo Alvarez Padilla, que consiste fundamentalmente en solicitar la comparecencia del señor Secretario de la Defensa Nacional, para explicar la ampliación de 4 mil efectivos más en el ejército, si es que esta presidencia no entendió mal, pero de todas maneras la secretaría dé lectura a la proposición.
El C. secretario Antonio Sandoval González: -"Los suscritos, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Unión, en atención a la facultad constitucional que tenemos de pedir a los secretarios de Estado a que comparezcan ante esta representación popular, y la obligación de éstos de comparecer para que respondan a asuntos de su ramo".
Dado que el Presupuesto de Egresos propuesto para 1988, en lo que se refiere a la partida relativa a la Secretaría de la Defensa, contempla la creación de 4 mil plazas más, situación entre otras, que implica aclaraciones y satisfacción a dudas, hace necesario para actuar en forma responsable el pedir que el Secretario de la Defensa comparezca ante esta Cámara, por lo que proponemos el siguiente.
«PUNTO DE ACUERDO
Se solicita oficialmente por esta representación, la comparecencia a la mayor brevedad del ciudadano Secretario de la Defensa, señor Juan Arévalo Gardoqui. - México, D.F., 4 de noviembre de 1987. - Diputado Pablo Alvarez Padilla».
El C. Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor presidente: Para una cuestión de procedimiento, y tratando de ver si contribuimos a
darle orden al debate. Se nos han mezclado ya dos proposiciones de orden distinto, ambas tienen en común el de que su propósito es citar a comparencias a secretarios de Estado.
La que planteó mi partido a través del compañero Gaytán Márquez, se refiere al Secretario de Comercio y Fomento Industrial.
Queremos solicitarle que se pudieran ventilar en su momento cada una, para que no se nos enrede una discusión terciada con oradores en pro y en contra, hablando de distintos asuntos.
Queremos además informarle, señor presidente, informarle a la asamblea, que puesto que es un interés bastante generalizado en esta Cámara, el relativo a la comparecencia del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, que se vincula también este problema concreto con otra Secretaría, la de Trabajo y Previsión Social, porque el fondo, el origen del problema es el mismo, el del deterioro del salario de los trabajadores, deterioro brutal no visto nunca en la historia de México, lo que ha ocurrido en estos cinco años.
Entonces, en este contexto, hemos acabado de concertar un acuerdo hace unos momentos; siete fracciones parlamentarias firmamos una proposición para que comparezcan Héctor Hernández Cervantes, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, y además Arsenio Farell Cubillas, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Esa es la nueva propuesta que sostendremos siete fracciones parlamentarias; retiramos por lo tanto la que inicialmente hizo el Partido Popular Socialista.
En su momento vendrá un compañero diputado, tengo entendido que el compañero Jorge Alcocer, a presentar formalmente la otra propuesta firmada y requisitada.
Lo que va a hacer el diputado Galván, del Partido Acción Nacional, entonces ventilar las dos propuestas por separado, y dejar constancia de que retiramos la inicial nuestra, para dar marcha a ésta de carácter conjunto y que va en el mismo sentido. Gracias.
El C. Presidente: - Nada más para hacer una aclaración, compañero diputado Cuauhtémoc Amezcua. Como había solicitado el diputado Jorge Alcocer, de ponerse de acuerdo para hacer una nueva proposición, que usted coincida ya con él junto con otras fracciones parlamentarias, se dio el turno al compañero Pablo Alvarez Padilla, sabiendo que se trataba de otro asunto, mientras que ustedes trataban el suyo. Por eso, una vez que agotemos la proposición del compañero Pablo Alvarez Padilla, y como ustedes han estado poniéndose de acuerdo en la nueva proposición que van a hacer, le daremos el curso correspondiente.
El C. Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Así lo entendemos, señor presidente, y nos parece acertada su decisión Muchas gracias.
El C. Presidente: - Por consiguiente, tiene el uso de la palabra en pro, la compañera María del Carmen Jiménez de Avila del Partido Acción Nacional, respecto a la proposición que hizo el compañero Pablo Alvarez Padilla, consistente fundamentalmente en la comparecencia del señor Secretario de la Defensa Nacional.
La C. María del Carmen Jiménez de Avila: - Señor presidente; señoras y señores diputados: ¿Por qué solicitamos la comparecencia del señor Secretario de la Defensa Nacional? Se está viendo aquí que se han contratado 4 mil efectivos más en este tiempo de austeridad, en donde los gastos deben reducirse al mínimo; si se contrata ese personal, seguramente habrá alguna razón poderosa para hacerlo. Queremos saber cuál es esa razón; queremos saber qué peligro nos acecha o cómo piensan emplearse esas fuerzas armadas. Nosotros hemos tenido experiencias desagradables respecto al uso que se les está dando en algunos lugares a las fuerzas armadas; entonces; creemos que debemos conocer aquí en la Cámara, el porqué de algunos dos o tres años a esta parte y más cada día, se están engrosando las fuerzas armadas. ¿Existe algún peligro?, pues que el señor Secretario nos venga a explicar o cuál es el sentido de que a pesar de la austeridad, se esté gastando dinero en efectivos militares. Eso es todo, muchas gracias.
El C. Presidente: - Algún diputado en contra?.. En cumplimiento de la fracción III, del artículo 58, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición del compañero Pablo Alvarez Padilla.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
(Votación.)
Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Aceptada, señor presidente.
El C. Presidente: - Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.
Esta presidencia consulta si ya tiene preparada la proposición el compañero Jesús Galván... Pase usted por favor.
El C. Jesús Galván Muñoz: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Por la trascendencia que el tema tiene, y porque en el mismo documento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se señala que habrá de darle conocimiento a la Cámara, de todas estas acciones que pretende tomar la Secretaría para defender la capacidad adquisitiva del salario, todos los grupos parlamentarios, con excepción del PRI, queremos poner a su consideración la siguiente proposición, solicitamos se apruebe el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Único. Que comparezcan los ciudadanos secretarios de Trabajo y de Comercio y Fomento Industrial, a efecto de que se contesten los cuestionamientos que formulen los señores diputados. Firman Pedro Peñaloza, por el PRT; Roberto Calderón, por el PDM; José Ángel Aguirre, por el PST; Cuauhtémoc Amezcua, por el PPS; Jorge Alcocer, por el PMS; Calderón, por el PARM; lo mismo por la fracción parlamentaria del PAN, Jesús Galván.»
Con fundamento en el artículo 60, señor presidente, quiero que se considere este asunto de obvia y urgente resolución.
El C. Presidente: - Por consiguiente, se abre el registro de los oradores en pro y en contra.
En pro, el diputado Pascual Moncayo, del Partido Mexicano Socialista; Roberto Calderón Tinoco del PDM, ¿en contra? Pase por favor el compañero Pablo Pascual Moncayo.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Señor presidente; compañeros diputados: Cuando planteamos la necesidad de la comparecencia de secretarios de Estado, es porque partimos del supuesto básico de que es en la Cámara, donde deben dirimirse una serie de problemas, donde deben ventilarse aspectos centrales, nodales de la situación política, económica del país; y el caso que nos ocupa ahora, es sin lugar a dudas de una gran relevancia, de gran significado, y vale la pena que los compañeros de la mayoría, los pocos de la mayoría que están, meditaran en la necesidad de que esto se ventilara aquí en la Cámara.
Todos sabemos que vivimos un momento difícil de la economía del país, que vivimos una profunda crisis, y en las últimas semanas se han dado una diversidad de acontecimientos políticos y económicos que han sacudido al país.
El anuncio que hizo la Secretaría de Comercio de las medidas que va a adoptar en el curso del mes de diciembre, desde control de precios, importación de algunos productos, para tratar de frenar la inflación y ha habido respuestas de aquellos sectores que se han visto favorecidos en el curso de estos años por la política económica del actual gobierno, que se han visto favorecidos de manera millonaria, como es el caso del señor Legorreta, dueño de una de las casas de bolsa, donde se especuló y se manejó una gran cantidad de dinero, pronunciándose en contra de estas medidas.
Veamos cuál es la naturaleza, la profundidad de las medidas y ventilémoslas públicamente; aprovechemos la tribuna de la Cámara de Diputados para poder discutir esto. Si efectivamente estas medidas son el inicio de una alternativa diferente de la política económica que se ha seguido en los últimos años, es importante discutirlo, y no son solamente estas medidas también; es importante discutirlo, compañeros, porque aquí es donde se puede dar un debate que tenga rasgos característicos a nivel nacional.
Si a los compañeros del PRI les parece que su presencia no es suficiente en la Cámara de Diputados, como para darle un alto nivel al debate, bueno, pues traigamos a los secretarios, compañeros, porque por lo visto a muchos de ellos no les interesa esto y me parece que es de una gran trascendencia. Se plantea también que venga el Secretario del Trabajo, señores, hay un reconocimiento que como ha caído el ingreso de los trabajadores en los últimos años, hay un reconocimiento del Congreso del Trabajo y ha adoptado una serie de medidas emplazando a huelga para elevar los salarios, y se dice que se va a dar un aumento salarial la próxima semana.
Eso interesa a todos los mexicanos, señores, eso interesa a todos los mexicanos y en particular debería interesar también a los diputados; de ahí que nuestra propuesta que firmamos todos los grupos, a excepción del PRI, sea de que comparezcan esos dos funcionarios, lo amerita la situación, lo amerita el momento y me parece que lo merece este país, que estos debates, que estas discusiones se den en la magnitud de su significado y esta Cámara de Diputados sirve para eso. Gracias, compañeros. (Aplausos.)
El C. Presidente: - Había pedido la palabra, para hechos, antes de usted, compañero Martín, el compañero Roberto Calderón Tinoco. Una vez que él haya agotado su turno, con mucho gusto se la daremos a usted.
Tiene el uso de la palabra, para hechos y hasta por cinco minutos, el compañero Roberto Calderón Tinoco.
El C. Jorge Alcocer Villanueva (desde su curul): - Pregunta si hay algún diputado inscrito en contra...
El C. Presidente: - Ninguno inscrito en contra, ciudadano diputado Alcocer.
El C. Roberto Calderón Tinoco: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Nosotros suscribimos el punto de acuerdo con las demás fracciones parlamentarias, porque tenemos interés en la comparecencia de estos funcionarios, en virtud de que de acuerdo a lo anunciado el día de ayer, como resultado de la reunión que tuvo el gabinete económico y la información que se ha dado a conocer sobre la decisión del gabinete a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, esto indiscutiblemente que se requiere de una ampliación mayor en la información, pero al mismo tiempo yo quiero fundamentar mi respaldo a esta propuesta manejando algunos conceptos, que desde el punto de vista de mi partido, hemos venido expresando en torno a las medidas concretas que se anunciaron el día de ayer, y que a simple vista creemos nosotros que como se manifestó ayer por la noche, tienen por objeto defender el poder adquisitivo de los trabajadores, combatir las prácticas especulativas, así como las expectativas inflacionarias, y que fueron en su oportunidad tomadas con beneplácito por algunos sectores de la sociedad mexicana.
En lo particular, a través del Partido Demócrata Mexicano, hemos insistido en que no se debe permitir el promover aumentos en los precios, que deben sí combatirse las prácticas especulativas que han permitido ganancias excesivas a unos cuantos, en tanto que la gran mayoría de los mexicanos soporta el peso de la crisis. Sin embargo, en contra de lo que ayer se manifestó en esta tribuna, en el sentido de que con estas acciones se daba respuesta a las demandas y a los reclamos sociales, quiero expresar el punto de vista de mi partido.
Estas medidas, compañeros diputados, son, entendemos nosotros, para el corto plazo, y de alguna manera las vemos como una acción populista con pocos resultados efectivos, porque no ataca las causas de la crisis, la causa que origina la inflación, como lo es el gasto excesivo y el exceso de circulante no respaldado con producción. Si esto no se corrige, las medidas anunciadas en su intento de ayudar, con la simple aplicación de un decreto que congelan o que controlan precios, hemos de recordar que cuando compareció el señor Secretario de Hacienda, manifestamos nuestro temor de que en esa administración se pretendiera implementar un plan de estabilización de esos conocidos como plan de choque.
Recordemos que el Secretario de Hacienda dijo que no estaban las condiciones dadas para esto, y que no era decisión de la presente administración seguir un camino como los que siguieron en su momento algunos otros países con distintas denominaciones, pero que como se entiende, es un plan de esta naturaleza, que en nuestro país no se llevará a cabo porque estos planes, según explicó él, no han tenido éxito porque no han atacado las causas, o sea la raíz de la inflación. Esto dijo el Secretario de Hacienda.
Consideró además que éste no será el camino para México, que no significa que se abandonará la lucha contra la inflación y apuntó como dilema de la administración, la menor inflación posible con el máximo desarrollo, reactivación de la planta productiva y el empleo.
Las medidas anunciadas el día de ayer por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aun cuando parece que en forma gradual apuntan a un plan de esta naturaleza, recordemos nosotros que hemos sostenido que un control, aun cuando sea necesario, no se puede fijar en términos absolutos, y que en tanto no se combatan las causas de la inflación, los resultados de estos planes, de estas actividades serían muy pobres. Tal parece que lo único que se pretende es crear un imagen buena momentánea del gabinete económico, centrando la atención o señalando como culpables de la crisis a un solo sector, o sea, a quienes venden productos o fabrican productos.
Respeto a la apertura comercial, o sea a las importaciones, se había previsto que esto se haría para octubre de 1988 y al adelantar la medida sin que se haya observado un avance sustancial en la reconversión y al tomar estas medidas, nosotros consideramos que en particular la pequeña y mediana empresas, habrán de sufrir serias distorsiones, porque aún no se encuentran en condiciones de competir en precio y calidad con los productos que nos vengan del exterior.
¿Cuánto tiempo se podrá soportar estas acciones y cuánto tiempo podrán las empresas pequeñas y medianas?, porque las grandes sabemos que de algún modo tienen sus mecanismos de defensa con un mayor margen de maniobra para enfrentar este tipo de situaciones, y sobre todo, tener en cuenta que esto habrá de provocar un fuerte desempleo en nuestro país, y desde luego, que nada habrá de ayudar para la reactivación económica, que es uno de los objetivos prioritarios del sexenio que está por terminar.
Los controles, pensamos nosotros, no se pueden dar sólo en forma parcial, pues esto producirá distorsiones en la economía en el corto plazo;
deben estas acciones incluir un programa de reducción sustancial del gasto del gobierno con controles rígidos y absolutos, no se combaten las causas, la raíz de la crisis que está soportando el pueblo de México.
Ahora bien, con el anuncio de que habrá de destinarse una cantidad de 63 mil millones de pesos para subsidiar alimentos, y de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio, en coordinación con el Congreso del Trabajo y al mismo tiempo con los empresarios, para implementar medidas antiinflacionarias en las cuales se incluye el reparto de bonos para la adquisición de alimentos básicos, nosotros entendemos que esto generará otros problemas.
Los subsidios, hemos sostenido, compañeros diputados, crean una economía de ficción y complicación innecesaria; aparentemente se ayuda, pero al final los desprotegidos a quienes se trata de favorecer, son los que vienen pagando los efectos en la implementación de estas medidas, apoyadas en los subsidios, ya que son pagadas con nuevos impuestos o bajos salarios, o con desocupación creciente.
Deben darse acciones que eleven o contribuyan al alza de los ingresos de los sectores populares; hay una serie de inquietudes en torno a la implementación de estas medidas, con todo y lo positivo que se vean. Es cierto que hace falta un control de precios, para evitar el encarecimiento de los artículos que componen la canasta básica.
Bueno, que se aumente el número de artículos que componen esta canasta, pero esto no se puede dar en forma unilateral, deben contemplarse otras medidas que tiendan a atacar en forma efectiva las causas que producen el fenómeno inflacionario que estamos padeciendo, y consecuentemente, el intento de quienes manejan la producción o los artículos de consumo básico, para aplicar precios elevados que los dejan muy por fuera del alcance de las posibilidades de las clases asalariadas.
Nosotros hemos reclamado mayor incremento a los salarios, sí, porque ha habido una pérdida real del poder adquisitivo de los ciudadanos, y eso está a la vista de todos ustedes.
Todas estas razones hacen pensar que se requiere de una ampliación de información por parte de la gente del gabinete económico, y de allí que tomemos en cuenta cómo en el propio Senado, tanto el senador Casillas como Hugo B. Margáin han estado insistiendo en que estas personas deben dar respuesta a este tipo de reclamos, y que se debe hablar con absoluta claridad.
De ahí que nosotros fundamentemos nuestro apoyo para que en este pleno prospere la propuesta de que comparezca el Secretario de Comercio, y ¿por qué no?, otro de los involucrados en el gabinete económico, así también como el Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que amplíen la información ante este pleno que está integrado por gente que decimos, estar representando los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira, para hechos y hasta por cinco minutos.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: El pueblo de México está esperando que la Cámara de Diputados sea celosa vigilante de la administración pública, precisamente porque la representación popular es eso, una representación de los intereses más caros de las mayorías trabajadoras.
Es urgente que venga el Secretario de Trabajo y Previsión Social, uno de los responsables de una política equivocada en relación con los salarios. Se han presentado muchas iniciativas, especialmente por el sector obrero, que no han sido dictaminadas.
Quisiéramos que el señor Secretario de Trabajo y Previsión Social nos diera sus opiniones, por ejemplo sobre el salario remunerador. Hace muchos años que el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa sobre el salario remunerador, que no se ha dictaminado; el PPS presentó una iniciativa hace muchos años sobre la escala móvil de salarios, en eso hay coincidencia; el Congreso del Trabajo no le llama escala móvil de salarios, pero considera que hay necesidad de introducir reformas para revisar los salarios con una frecuencia de tres meses por lo menos, o de un mes se ha llegado a decir.
Últimamente varios diputados del sector obrero han venido a presentar iniciativas. ¿Qué opina la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre todas ellas?, y ¿qué va a hacer muestra Cámara? No vamos a tener el honor de aprobar estas iniciativas en este período de sesiones, o por lo menos en un período extraordinario al que se deba convocar. Todas estas cuestiones están en la mente de los diputados, y por eso queremos que venga el Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Pero hay otros problemas relativos al comercio y al abasto popular, por eso queremos que venga Héctor Hernández Cervantes, el Secretario del alza
inmoderada de los salarios digo, perdón, de las mercancías de primera necesidad.
Quisiéramos, por ejemplo, que el señor Secretario de Comercio y Fomento Industrial nos explicara lo que acaba de decir, que la Secretaría de Comercio no tiene la capacidad suficiente para la inspección y vigilancia respecto del control de precios. Una Secretaría no tiene la capacidad para someter a los comerciantes, que nos diga por qué.
Nosotros hemos propuesto mecanismos para el abasto popular. ¿Qué opina el señor Secretario de Comercio y Fomento Industrial sobre la necesidad, la conveniencia de crear una nueva secretaría, una secretaría de abasto o por lo menos fortalecer a la Conasupo?
Lo ha dicho el compañero Diputado Hidelbrando Gaytán Márquez. "El Estado tutelar, es responsable de la situación económica que vive el país y es responsable de la baja o el alza del nivel de vida de nuestro pueblo, porque toma medidas equivocadas o no toma las que deberían implementarse en este período tan grave en que estamos viviendo".
Es preocupante por ejemplo, y sería bueno que lo contestara el Secretario de Comercio, aunque no es su ramo, pero está estrechamente relacionado, ¿qué opina de la tesis compartida por el Secretario de Hacienda, de que el déficit presupuestal provoca inflación? Eso es lo que ha dicho Acción Nacional toda la vida, y lo comparte el Secretario de Hacienda y otros secretarios. ¿Está de acuerdo en que el déficit del gasto produce inflación?, ¿cuál es el mecanismo de esta inflación? Que opine el Secretario de Comercio a ver si esto es cierto, porque nosotros no compartimos esa tesis.
La inflación tiene otros factores, fundamentalmente depende de las condiciones de nuestro país que todavía no logra zafarse de la influencia imperialista; el 70% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos y gran parte de la inflación la importamos, otra es criolla, es doméstica, pero gran parte de la inflación viene de afuera, de los Estados Unidos especialmente.
Todas estas cosas, compañeros, por eso nosotros estamos de acuerdo que nunca será demasiado abrir otros debates a una hora más apropiada, para que podamos discutir a fondo qué es lo que está pasando en México. Que cada partido dé su opinión sobre las causas de la inflación reales, se manejen tesis, las teorías, confrontemos nuestras posiciones sobre todos estos temas, y los secretarios de Estado desde luego, vengan a explicar esto.
Que explique el Secretario de Comercio y Fomento Industrial en cuánto por ciento, por mil, durante los cinco años de su gobierno, pudiéramos decir así, si vale el término en dicha Secretaría, han aumentado los precios de los artículos de abasto popular, de consumo popular. ¿Por qué su Secretaría atiende más el reclamo de los empresarios de la alta burguesía y no el de los trabajadores?, ¿por qué Hernández Cervantes es desleal al sector obrero de su partido, porque el sector obrero lo ha criticado duramente; el propio Fidel Velázquez lo ha dicho, que la Secretaría de Comercio parece que está ahí sólo para aumentar los precios, lo ha dicho muchas veces, ¿por qué esa deslealtad, Héctor Cervantes?
Todas esas cuestiones nos preocupan, compañeros, ¿Cuál es el objetivo de enterrar la cabeza debajo de la arena frente a los graves problemas o favorecer a la clase empresarial? Que lo que desea es aumentar su poder político, qué digo, no aumentar, apoderarse del gobierno y controlar toda la economía nacional.
Esas son las cosas que están en el tapete de la discusión y debemos aprestarnos a ella, por eso es urgente, compañeros, que estos secretarios de Estado vengan a rendir cuentas a la representación popular; ellos deberían ser subordinados de una representación popular, y no tener la prepotencia que a veces dejan sentir frente a los representantes del pueblo. Eso es todo, muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Alcocer, del Partido Mexicano Socialista, hasta por cinco minutos de acuerdo con el 102.
El C. Jorge Alcocer Villanueva: - Señor presidente; señores diputados:
Nosotros queremos, primero, llamar la atención sobre un párrafo que tiene el comunicado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y que demuestra la manera en cómo proceden los funcionarios del Ejecutivo frente a esta Cámara. Fíjense ustedes lo que dice este desplegado, el último punto se llama comisiones de la honorable Cámara de Diputados, y dice en ellos:
"En el contexto de las concentraciones realizadas a nivel de gobierno, se han realizado reuniones de trabajo con las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, en particular con las comisiones de Comercio, Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, Vialidad Federal y Autotransporte y con la de Información, Gestoría y Quejas, con el fin de hacer de su conocimiento las acciones que se están implementando, además de involucrarlas en la tarea de vigilancia y medidas de control instrumentadas."
Bueno, estos señores no se midieron. Las medidas salieron ayer y ellos dicen que ya se reunieron con tres comisiones de la Cámara, para informarles de las medidas que se están realizando e involucrarnos en las tareas de vigilancia y medidas de control instrumental. Esto es una, francamente, una vacilada del Poder Ejecutivo, pero una vacilada que involucra a la Cámara de Diputados de manera absolutamente irresponsable.
Yo preguntaría a los presidente de las comisiones aquí mencionadas, al diputado Garduño que ahí está, si él ya se reunió junto con su comisión para analizar estas medidas con los funcionarios, o al diputado Jesús Alcántara que preside la Comisión de Distribución, ésa de nombre interminable, si ya se reunió, o la diputada Farías si ya se reunió.
Compañeros, que el Ejecutivo diga estas cosas, que las publique, demuestra la manera en cómo funcionarios del Presidente de la República consideran esta Cámara, les parece que pueden mentir impunemente diciendo: "con la Cámara de Diputados ya nos reunimos para ver..."; oigan, ¿qué broma es ésta?, por respeto a la Cámara, pues yo ya no voy a pedir que el presidente dirija una protesta, pero esto es francamente indignante que se atrevan a publicar estas cosas sin el menor respeto, como si no tuviéramos memoria o no estuviéramos aquí, o la Cámara estuviera en receso. Aunque fuera por eso, sería bueno citar al señor Héctor Hernández, que yo entiendo que es el responsable de este desplegado, para ver cómo se le ocurrió meter esta cosa; ¿cuándo se reunieron con las comisiones, cuándo?, ¿ya se reunieron? Aquí están los compañeros diputados de las comisiones, ésa es una primera cuestión.
La segunda que yo quiero puntualizar es la siguiente: Es evidente que las fracciones parlamentarias que hemos firmado la solicitud, tenemos puntos de vista diversos sobre lo que está ocurriendo, pero nos une un objetivo, que es que los funcionarios públicos expliquen aquí a la representación nacional, ¿qué es lo que están haciendo, cuáles son los objetivos de su política y a dónde están conduciendo al país?
Tenemos puntos de vista diversos, pero todos coincidimos con la necesidad, todos los que firmamos ahí, en la necesidad de que esto sea ventilado en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, ¿y qué mejor oportunidad de ventilarlo?, como la presencia de estos funcionarios. No parece a nosotros que sería sano.
Yo quiero dejar aquí algunas preguntas, a ver si algún diputado priísta pudiera responderlas, intentarlo al menos. Hay una serie de medidas anunciadas sobre no control de precios; hay un compromiso de que la canasta básica se mantendrá en las tiendas del sistema Liconsa y del sistema de tiendas sindicales, en los precios del 15 de noviembre, previos a la devaluación.
Pero, señoras y señores diputados, ¿cuánto del comercio del país es abastecido a través del sistema Liconsa y del sistema de tiendas sindicales, cuánto? Veámoslo, veamos los porcentajes: ¿Cuánto tiene en sus manos el sector comercial privado?, ¿soluciona el problema del sector comercial privado clausurar almacenes? No, miren, la multa es de 1 millón de pesos, ¿cuánto ganó Aurrerá en la reetiquetación?, yo creo que varios cientos de veces más que ese millón; cerrar cinco días, pues se les echan a perder algunas cosas y al rato abren de nuevo y por lo regular con el sistema que tienen, quien termina pagando el cierre y lo que se echa a perder son los productores industriales. Aurrerá, por ejemplo, toma todo a consignación, se echó a perder, me cerraron, no te pago, y eso lo saben muchos industriales del país que abastecen al sistema de tiendas Aurrerá, igual que a Gigante o a Comercial Mexicana, ése es el sistema con el que trabajan.
Si alguien piensa que así se controlan los precios, señores, están equivocados, no se van a controlar y si alguien piensa que firmando convenios de buenas intenciones con los tiburones del comercio privado, van a controlar los precios, hombre, mejor hagan un convenio con los de Tepito, son más serios los de Tepito que los del comercio privado. Ahí en Tepito sí se rigen por la paridad y más o menos viendo, y a la mejor ahí se podría hacer un convenio que funcione, pero con los tiburones éstos de Aurrerá, Gigante y todos ésos, hombre, ya deberían haberles aprendido que éstos no respetan, bueno, ya no quiero decir aquí la palabra, pues ustedes ya la saben.
Entonces estas medidas, yo por eso decía en mi primera intervención, bueno, uno puede estar de acuerdo, pero ¿de veras se van a cumplir?. ¿esto va a parar la inflación en México?, ¿esto va a restituir el poder de compra? Yo le preguntaría a los compañeros de la CTM, a ver si quieren contestar: ¿Qué pasó con el aumento salarial de emergencia?, ¿nos damos por muertos ya con esto?, ¿ya esto satisface?, ¿ya no habrá huelga o sigue siendo un asunto en litigio? Porque aquí no se habla para nada del aumento salarial de emergencia. ¿Va a haber o no va a haber aumento salarial de emergencia? ¿Y qué medidas se van a tomar para evitar que el aumento sea devorado por la inflación a los tres días?
Esos son algunos problemas, uno más; el gobierno al igual que los aprendices de brujo, porque
en eso ya sabemos que les encanta mover cosas y ver cómo después funcionan, todo se les va echando a perder pero ahí van, ahí van. Dicen que van a abrir la frontera y que adelantan la baja de aranceles. Señores, ¿alguien cree de veras, después de la devaluación, que importando bienes de consumo generalizado del exterior van a bajar la inflación? Miren, un paquetito de galletas norteamericanas que costaba un dólar, pues antes de la devaluación en México costaría 1 mil 500 pesos, ahorita ya cuesta 2 mil 700 pesos, 2 mil 500, ¿para cuánto les gusta?
¿Ustedes creen que los comerciantes son damas de la caridad que van a respetar esto? Van a importar, pues claro que van a importar y hay un sector de la sociedad, el sector que acumula el ingreso que va a consumir; ya lo vivimos en tiempo de López Portillo, agua mineral Perrier, cepillos de dientes de cerdas inglesas y todas esas cosas bonitas que a algún sector de la sociedad de este país puede consumir.
Pero si alguien cree que importando bienes de consumo del exterior vamos a resolver el problema de precios, está equivocado; lo que se va a fomentar es un uso indiscriminado de bienes suntuarios en el país, y los mexicanos tendremos que seguir comiendo galletas de animalitos cada vez más caras, pero las únicas accesibles, porque no es abriendo la frontera como se van a bajar los precios, y por el contrario experiencias, ahí sí de otros países, enseñan que abrir de esa manera la frontera, a lo único que lleva es a la quiebra de pequeños y medianos industriales, porque resulta que si alguien desde el gobierno sigue pensando que a los industriales los van a educar a punta de golpes de competencia externa, está equivocado; lo único que van a lograr es que industriales que hoy están operando aún sus plantas, las cierren, las vendan, las rematen y se vayan a comerciantes, porque conviene más, y lo único que se propiciará será desempleo, ya lo señaló algún economista de la CTM, nosotros estamos de acuerdo, esto entraña un enorme riesgo de desempleo, porque van a cerrar plantas, van a cerrar.
O como dice hoy un periódico: "bueno, ahora vamos a comprar zapatos Florsheim hechos en León, Guanajuato, importados desde los Estados Unidos". A lo mejor eso es lo que pretende el gobierno.
Este tipo de cuestiones el Secretario de Comercio y Fomento Industrial debería explicarlas, ¿cuál es el programa concreto de protección a la pequeña y mediana industrias, por ejemplo, o la van a reeducar a base de golpes, a base de cierres?, y no va a bajar la inflación, señores, olvídenlo, por ahí no va a bajar la inflación, y en eso por ejemplo tenemos una diferencia con algunos compañeros que han hecho uso de la tribuna, de otros partidos.
Nosotros pensamos que ha llegado el momento de considerar seriamente en el país uno de esos programas llamados de choque, porque el problema de la inflación está colocado hoy más que nunca en el terreno de la disputa por el ingreso nacional; es, como algún día dijo aquí el diputado Peñaloza, la disputa de los ricos contra los pobres, y vamos viendo cómo podemos entrar a frenar este asunto, porque la inflación, ya el gobierno nos hizo 10 diagnósticos, ésta es la enésima vez que presenta un programa, y la inflación sigue adelante.
Cuando menos deberíamos estar conscientes de que la credibilidad del gobierno en materia inflacionaria, está como el peso, en franca caída y devaluación, pues ya nadie le cree que tenga intenciones realmente antiinflacionarias, y sobre todo, nadie cree que este tipo de programas aislados, fuera de contexto y con enorme riesgos en sus medidas, puedan contribuir en algo a detener la inflación.
Y yo termino señalando lo siguiente: Parece que los compañeros del PRI han decidido no participar en este debate, tienen derecho; sólo que también nosotros tenemos derecho a señalar lo siguiente: el licenciado Salinas de Gortari, que según entiendo es el candidato de la mayoría, dijo el otro día que la oposición no presenta soluciones concretas, que no debate, que sólo ataca. Yo diría que lo que aquí se está demostrando, es que quienes no tienen ideas concretas, a lo mejor ni siquiera de las otras, son los señores del PRI.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, de Acción Nacional, hasta por cinco minutos de acuerdo con el artículo 102.
El C. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos: - Con la venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La tarde tiene un aire silencioso como de siesta prolongada o de plano de sepulcro. La siesta se comprende después de la comida, y también se comprende el sopor de la fatiga de pensar cuando ya nunca se ha pensado; se ha dejado de pensar tanto tiempo y se ha dejado que el Ejecutivo formule todos los reglamentos, todas las disposiciones y la Cámara se muestre sumisa en el apoyo, como decía ayer el diputado Calleja: "el sector nuestro está agradecido y compenetrado con el sistema oficial".
A mí se me ocurre romper un poquito; antes de entrar en razones, para ver si esta ocurrencia la
toma alguno de los influyentes que la Cámara tenga que ver con el Presidente de la República, y sugerir que urjan al señor Hernández de la Secretaría de Industria y Comercio a que venga de una vez, porque probablemente lo van a remover con su capacidad que tiene para llevar las cosas, que lo manden a la bolsa de valores a ver si levanta ese muertito; y que a Peón Contreras, que hundió la bolsa de valores, pues lo pasen a la Secretaría de Comercio a ver si resuelve algún problema.
¿Cuál es el asunto concreto que nos vuelve a demandar la presencia de los secretarios de Comercio y del Trabajo? El deterioro del salario de los trabajadores, que es el efecto y el síntoma del deterioro de la economía nacional. ¿Por qué queremos que vengan esos señores secretarios?, hay que insistir, para resolver un problema inflacionario hay que meter a trabajar las cosas de manera que los productos sean más baratos; la industria y el campo tienen que producir bienes más asequibles a la altura del pueblo.
Y ¿qué vemos en el decreto que aquí se ha mencionado que apareció hoy en un desplegado?; se van a invertir 63 mil millones de pesos en alimentos para importarlos. ¿Cómo quieren que México viva y se reactive y exista empleo y existan incentivos a la producción, si se están destinando los dineros para importar y traer las cosas de fuera?. Esa es la política, y no se puede entender de un Secretario de Comercio.
Ya mencionaba aquí uno de los compañeros de la oposición, liberar el comercio, ahora que se traigan camisitas, pantalones y demás sin tarifas, sin impuestos de importación. Bueno, y las fábricas que están trabajando aquí, ¿qué incentivos tienen?; se trata de eso, ¿de gastar los dólares?
Qué patraña se esconde, señor de Comercio, detrás de eso. Agarrar la reservas que ya andaba en 23 mil millones de dólares y gastarla lo más pronto posible, antes de acabar el fin de año; para empezar con un nuevo truco de campaña, tal vez para que el candidato del sistema del partido oficial nos salga con alguna cosa rara, extraña, como eso de haberse ido a sacudir la labia o la tristeza con un curandero en una esquina.
¿Va a sacarnos alguna de esas mágicas alusiones, a partir de enero, para decir que de eso modo resuelve los problemas nacionales? No se está poniendo en riesgo, compañeros, la política del país, se está poniendo en riesgo la vida misma de la gente en este país, simplemente porque los secretarios de Estado tienen en esta Cámara a muchos señores que prefieren venir a dormir la siesta y a callarse, en vez de participar en este debate y buscarle solución a los problemas.
Y una consideración muy importante. No se trata de si Tepito contra Aurrerá van a ser o no los factores de la continuación de la especulación. En un período de desesperación y en un período normal, los intereses económicos trabajan lo mismo en el pequeño que en el grande; no podemos defender a los grandes, por supuesto que no los defendemos, pero parece que quisiera inclinarse mucha gente a que nos peleáramos entre nosotros, y olvidáramos cuál es el tema fundamental.
¿Dónde nació el deterioro económico de este país nuestro?, ¿dónde México empezó a perder la línea de un trabajo de crecimiento del producto interno bruto? Lo comenzó a perder cuando con aquella teoría económica se dijo que con mucho dinero los gobiernos podrían crear riqueza, con tal de que tuvieran dinero no importaba de dónde vinieran y entramos en el círculo vicioso que consiste que el gobierno gasta mucho aunque tenga déficit.
¿Qué sucede cuando tiene déficit?, tiene que acudir al préstamo interno y externo, hay demasiada demanda de dinero; ¿qué sucede con el dinero que produce intereses altos?, se disputan el dinero con precios de intereses más altos; ¿qué sucede con los intereses altos?, que la inflación empieza a trabajar restantemente por todo el círculo de la producción y el comercio, que todo sube, porque los intereses que son el dinero están reclamando más utilidades; y ¿qué sucede cuando la inflación crece?, que otra vez el gobierno tiene déficit.
Ese es el gran círculo de la macroeconomía del gobierno mexicano que hay que romper de alguna manera, y ésos son los temas que hay que venir a ventilar en esta tribuna, frente a los señores que del Ejecutivo hacen su adorno de vida, su vuelo de jet para ir a investigar los mercados nacionales e internacionales, su gasto dispendioso, creyendo que con gastar y convivir onerosamente a costillas que resuelven los problemas.
Juntémonos, compañeros, el poco tiempo que nos queda en esta Cámara, los del sistema de la llamada mayoría y todos, a hacer responsables en nombre de la patria que se nos está quedando en las manos y en las ruinas, salgamos de este sopor, salgamos de este comportamiento que podíamos llamar de compromiso silencioso o de silencio comprometido y entrémosle al problema, demandemos que los señores que son autores de esta política contradictoria y negativa, vengan aquí a decirnos por qué están haciendo las cosas al revés, hagámoslo en nombre de lo que del pueblo hemos recibido que nos dio vida, calor, educación y una cultura y un estado superior, en nombre de millones de mexicanos que no tienen empleo, que ya no tienen qué comer, que con estas medidas de
cataplasma, de aspirina contra el paludismo, no van a comer mejor mañana, ni esta navidad, ni el año que entra.
Compañeros diputados, seamos una vez en nuestra vida mexicanos completos, solidarios de la miseria del pueblo y cumplamos nuestro deber defendiendo al pueblo, frente a estos señores que están llevando adelante una política equivocada en materia económica. Muchas gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Tiene la palabra el diputado Genaro José Piñeiro.
El C. Genaro José Piñeiro López: - Con su permiso, señor presidente:
Nosotros consideramos que la coincidencia de un conjunto de fuerzas representadas en esta Cámara para suscribir esta petición, tiene de sobra argumentos que le dan peso, que le dan validez y que deben de llamar a la reflexión de lo importante que será el que comparezcan estos secretarios de Estado y que puedan explicar, dialogar, comentar y recibir las opiniones de la representatividad popular expresada en la soberanía de esta asamblea.
Además, quiero recordar que hace seis años, en la LI Legislatura, en el último período ordinario, quiero recordar algo que muchos de los aquí presentes van a recordar porque fueron diputados de esa legislatura, y porque me darán la razón al señalar lo siguiente:
El último período ordinario de sesiones de las legislaturas nones, han sido las relativas a la sucesión presidencial, al cambio de poderes y han estado por lo regular, han provocado en la actividad parlamentaria un, en ocasiones, total abandono a la representatividad y a las labores en el parlamento.
La gran oportunidad de invitar a los ministros de Estado de Trabajo y de Comercio, van a permitir que el debate político nacional se eleve y que se haga en una tribuna con el valor y la representatividad que tiene ésta.
Se dice que todos los candidatos de los diversos partidos, ya en el calor de este último mes de diciembre, expondrán o están ya exponiendo sus tesis ante la ciudadanía. El tema obligado, es llamar a esta voluntad a través de estos planteamientos.
Comentando con diversos compañeros, algunos de la propia fracción mayoritaria, señalábamos o me decían, no, no toques el problema del abasto, de industria y comercio, no tiene caso, ya lo tocó nuestro candidato, ya ayer dijo que no nada más tortilla y chile sino que de vez en cuando habrá leche, habrá huevos y una que otra vez habrá carne; y a lo mejor si no hay leche, a lo mejor no hay huevos, a lo mejor no hay carne, pero si discutimos mucho, a lo mejor hasta la tortilla nos quitan.
Y creo que eso es algo de suma importancia, porque es fundamentalmente el termómetro con que el pueblo mide la situación política y económica por la que está atravesando el pueblo. Más que evaluar si los Cetes o los documentos de valores han fluctuado en su valor, más que evaluar una serie de medidas en las áreas de la administración pública, el pueblo diariamente coteja la situación real frente al mercado, frente al comercio, a donde va a adquirir sus bienes de consumo para dar sustento y alimento a su familia.
Creo que no hay que seguirle dando vueltas. Yo invito a los compañeros de la mayoría a aceptar esta doble oportunidad que nos presenta el aprobar y votar a favor de esta propuesta; por un lado, la de informarnos y extender nuestra opinión respecto a la política que en estas secretarías se ha venido desarrollando, y la otras, la de darle calor a este último mes de actividad, porque de hecho, muchos de todos los partidos sin duda alguna, no nada más de la mayoría, mas en ocasiones esto se nota en los partidos de oposición, tendremos que involúcranos en la actividad político electoral. Levantemos y aprovechemos esta oportunidad. Gracias, compañeros.
El C. Pedro José Peñaloza (desde su curul): - Pido la palabra.
El C. Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El C. Pedro José Peñaloza (desde su curul): - Para hechos.
El C. Presidente: - Para hechos, el diputado Pedro Peñaloza hasta por cinco minutos, de acuerdo con el 102.
El C. Pedro José Peñaloza: - Señor presidente; señoras y señores diputados:
Han transcurrido en este breve monólogo bastantes minutos. Quiero confesar públicamente que yo ilusamente pensé que algún diputado priísta, particularmente cetemista, iba a venir a esta tribuna a ratificar lo que su dirigente máximo Fidel Velázquez, ha dicho voz en cuello.
Pensé que alguien racional iba a venir a esta tribuna a decir que el PRI hace suya la demanda de que comparezca el principal promotor desde el gobierno, del aumento de precios, Héctor Hernández.
Pensé que algún ciudadano priísta iba a venir a esta tribuna a reflexionar colectivamente sobre el problema de la inflación, pero me he convencido que, y no he resistido más, no puedo aguantar más minutos y no he visto ningún priísta, ni cetemista, ni cenecista, ni cenopista, ni priísta en general, si hay de ésos todavía, que viniera aquí a decirnos por qué esta huelga de palabras. Puede haber dos interpretaciones, me quiero adelantar.
La primera interpretación de esta huelga de palabras y seguramente de ideas, es que el PRI va a votar en contra. Les quiero advertir, ciudadanos priístas, que si ustedes votan en contra, se van a exhibir. Alguien me contesta inmediatamente: "no nos importa", sé que no les importa, porque están pensando más en 1988, desde el punto de vista de nóminas, no importa.
Segunda hipótesis. Si ustedes votan que se traslade a comisiones esta propuesta es darle, mandarla a la congeladora para que posiblemente la próxima legislatura revise esta iniciativa y vea que algunos ciudadanos ilusos, pedimos que otro ciudadano iluso como nosotros, Héctor Hernández, compareciera en esta legislatura. Entonces no tienen escapatoria, ciudadanos priístas, si ustedes votan por comisiones se van a exhibir; si ustedes votan en contra, también lo van a hacer. Yo los convoco, aún no es 28 de diciembre, advierto, a que voten por favor, a ver qué se siente ser coherentes.
Yo los invito a que prueben, ensayen, si es posible que por única vez en esta legislatura, en estos tres años, el PRI pueda decir, puedan llegar ustedes a sus distritos uninominales, puedan llegar antes de que termine el año y les digan a sus electores: fíjense que por primera vez votamos en la Cámara de Diputados, a favor de una propuesta que preserva y define sus intereses. Por única vez háganlo, ésa es la petición, aún no es de navidad; tenemos otras peticiones que hacer más adelante, a ver si nos cumplen ésta, creo que sería bueno que lo hicieran.
Si no lo hacen, ésa es otra hipótesis, creo que corroborarán, ratificarán que esta Cámara de Diputados termina, languidece este año esperando, frotándose las manos un gran número de diputados priístas, no pensando en qué le pasa a la mayoría de los mexicanos, sino qué le pasará a su personal vida política; es decir, qué pasará si algunos de ustedes ingresan a la nómina gubernamental o no, en los próximos meses.
Yo creo, reitero, no quiero suplicar, porque ya a estas alturas de la noche y de la falta de quórum, creo que es importante únicamente señalar: ensayen, ensayen ser dignos por última vez. Gracias.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría, en votación nominal, que es lo que están ustedes proponiendo, si se admite o no a discusión la proposición que ha sido presentada a esta asamblea. Proceda señor secretario.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación nominal, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El C. Presidente: - Lleve a cabo la votación nominal, se ha autorizado, señor secretario.
Se va a votar si se admite o no a discusión la proposición en votación nominal, eso es lo que se va a hacer en este momento, puesto que la proposición que se ha hecho por parte de las siete fracciones, es también presentada para ver si se considera de urgente y obvia resolución.
Primero demos cumplimiento al primer paso y después seguiremos con lo que sigue. Por favor, proceda usted a tomar la votación nominal, si se admite o no a discusión la proposición.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - Por instrucciones de la presidencia, se va a proceder a pasar a votación nominal para ver si se acepta o no la proposición.
Se suplica a la Oficialía Mayor, de conformidad con el 161, se sirva hacer los anuncios correspondientes.
(Votación.)
Señor presidente, se emitieron 223 votos en pro.
El C. Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea, si se considera de urgente y obvia resolución.
El C. secretario Antonio Sandoval González: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... (Votación.)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor presidente.
El C. Presidente: - Por consiguiente, túrnese a las comisiones de Trabajo, Previsión Social y de Comercio.
SITUACIÓN MEXICANA
El C. Presidente: - Había pedido la palabra, para hacer una proposición, el Compañero diputado Pablo Pascual Moncayo, del Partido Mexicano Socialista.
Tiene usted la palabra, compañero diputado.
El C. Pablo José Pascual Moncayo: - Señor Presidente; compañeros diputados:
El día 17 de junio de este año, presentamos ante la Comisión Permanente una propuesta para que se investigaran las condiciones de vida de un grupo importante de trabajadores oaxaqueños en el Valle de San Quintín, Baja California. Se planteó que se estudiara por una parte por la Comisión de Derechos Humanos, si se están cumpliendo con estos derechos en las relaciones que se tienen con estos trabajadores fundamentalmente mixtecos que han emigrado a San Quintín, y por la otra, que la Comisión de Trabajo y Previsión Social viera si están respetando sus derechos laborales.
Hace unas cuantas semanas realizamos otra visita al Valle de San Quintín, fuimos un grupo de diputados, entre otros iba el compañero Pelayo que es el diputado de ese distrito, y volvimos a comprobar que hay una situación que debe llamarnos a tomar medidas de emergencia, dado que un grupo de aproximadamente 18 mil mixtecos se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas; viven en una situación que debe no solamente llevarnos a tomar estas medidas, sino que como mexicanos, a indignarnos el que exista esta forma de racismo en nuestro país, que se expresa en la forma en que viven los compañeros mixtecos, nuestros hermanos, en la forma en la cual se les contrata y se les tiene subordinados.
Presentamos decía, esta demanda, esta propuesta el 17 de junio en la Comisión Permanente; hicimos una excitativa el 8 de julio de este año también, para que las comisiones citadas presentaran un dictamen en relación a la propuesta, y hasta el momento no ha sido presentada, y sabemos que en el curso de la inercia que caracteriza a algunas comisiones, esto puede pasar e irse y no tener ninguna respuesta.
Por lo tanto, señor presidente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos de la presidencia de esta Cámara que, en uso de sus atribuciones, exhorte a las comisiones de Previsión Social y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para que presenten dentro del término reglamentario, que son cinco días, el dictamen sobre los puntos de acuerdo turnados con fecha 17 de junio de este año; y si esto no fuera suficiente, emplazarlos para día determinado, de acuerdo con lo establecido por la disposición reglamentaria aplicable.
Miren, compañeros, la gravedad del asunto es de tal magnitud, que en la visita que hicimos a algunos campos donde viven los trabajadores mixtecos, nos hablaban de que sectas religiosas evangelistas que llegan de Estados Unidos, se están llevando niños mixtecos, supuestamente para curarlos. Y denunciaron ante nosotros la desaparición de dos niños que se habían llevado en marzo y no habían regresado, y que había ahí un contubernio con algunas autoridades para poder hacer esto.
Esto, insisto, es algo indignante, y sería francamente lamentable que nosotros no diéramos una respuesta la adecuada a esta situación, que sinceramente, compañeros, nos degrada como mexicanos, si no damos una respuesta inmediata.
Gracias, compañeros.
El C. Presidente: - Esta presidencia excita a la comisión a que cumpla con su trabajo, y de acuerdo con los fundamentos que ha dado el compañero Pascual Moncayo, se le dan 15 días como máximo para que rinda aquí un informe ante el pleno de la Cámara.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA
El C. Presidente: - En el transcurso de esta sesión, la Comisión de Comercio entregó a esta presidencia el dictamen relativo al proyecto de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Trámite - Primera lectura.
«Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Comercio de esta honorable Cámara de Diputados, fue
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, somete a la soberanía del honorable Congreso de la Unión, de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria.
En cabal cumplimiento de sus atribuciones, la comisión convocó a sus miembros a diversas reuniones y además para ilustrar su juicio invitó a diversos servidores públicos, en uso de las facultades que le otorga el artículo 62, de la Ley Orgánica del Congreso General.
La comisión que suscribe, analizó las razones y fundamentos expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal y después de amplia discusión, sus integrantes formulan el presente dictamen con apoyo en los siguientes
CONSIDERANDOS
Por decreto presidencial se declaró de interés público el desarrollo integral de las industrias pequeña y mediana, con la participación coordinada y concertada de los sectores público, privado y social, con el propósito de apoyar y promover la instalación y operación de las empresas que integran dichas industrias, aprovechando su potencialidad y aptitudes para la generación de empleo, producción de bienes prioritarios, integración industrial y desarrollo regional.
Congruente con la disposición presidencial, se aprobó el programa para el desarrollo integral de las industrias mediana y pequeña, elaborado por la Secretaría de Industria y Comercio, que partiendo de un diagnóstico, y de acuerdo a los propósitos y objetivos establecidos y señalando prioridades y criterios generales, determina instrumentos y acciones de fomento para las industrias mencionadas.
Hasta ahora, el Poder Ejecutivo Federal, ha diseñado y puesto en ejecución diversas medidas tendientes a fortalecer las industrias pequeña y mediana, por ciento demasiado generales para atender las particularidades características y necesidades de los diferentes estratos y ramas que las integran, y que son dictadas por las dependencias y organismos involucrados y que actúan escasamente coordinados, lo que implica falta de consistencia de criterios. En el aspecto legal, no se ha logrado un esquema global y unitario, que ordene y jerarquice los diferentes elementos de una política específica e integral para estas empresas.
El diagnóstico base del programa actualizado en 1986, arroja datos de los más interesantes.
La microindustria se integra con empresas manufactureras, de capital mayoritariamente mexicano, que ocupan hasta 15 trabajadores y sus ventas no exceden de 80 millones de pesos al año (toman - do en consideración que esta cifra se revisa periódicamente por la subcomisión de industrias mediana y pequeña.)
Es de gran importancia social y económica, sobre todo en las condiciones actuales, en que se hace necesaria la creación de fuentes de trabajo y la producción de bienes básicos; participa ampliamente en el sector manufacturero; ha tenido un desarrollo y evolución reciente; enfrenta problemas por su reducida capacidad de gestión y organización; alta rotación de mano de obra e insuficiente especialización; obsolescencia de equipos y ausencia de controles de calidad; altos costos de operación; inestable y oneroso abasto de insumos; dificultades para la obtención de financiamiento en la banca; situaciones desventajosas frente a la competencia; y excesiva y compleja tramitación y reglamentación para instalación, operación y acceso a incentivos.
Por lo anterior, se hace necesaria la intervención del Poder Legislativo y Federal, para elevar a rango de ley el fomento de la microindustria y obligar a las dependencias involucradas, mediante una actuación coordinada, integrada en una comisión intersecretarial, de la que emanen resoluciones obligatorias a instrumentar en sus respectivas áreas de competencia; hacer responsable de la ley a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; y procurar la acción concertada de los tres niveles de poder; federal, estatal y municipal para lograr los objetivos.
La exposición de motivos de la iniciativa presidencial es explícita; aborda, fundada y razonadamente el estrato microindustrial; su problemática y perspectivas y concluye soluciones.
Cabe distinguir los siguientes criterios fundamentales que la orientan:
Elevar al rango de ley el fomento de la microindustria: establecer las acciones de simplificación administrativa, estímulos y asistencia; obligar al Ejecutivo Federal a dicho fomento, creando para ello una comisión intersecretarial y demás organismos involucrados, encargada de acordar las medidas específicas que a su vez deberán instrumentar las secretarías correspondientes; crear un patrón nacional de la microindustria, que permita a los microindustriales la obtención de los beneficios que se conceden: y estimular la coordinación de las acciones del gobierno federal con las de los estados y municipios, para propiciar el fomento de la microindustria, unidad productiva que se da precisamente en el interior del país.
Los objetivos coinciden con los enunciados en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, y específicamente en el marco del programa para el desarrollo integral de las industrias mediana y pequeña, aprobado por decreto del Ejecutivo Federal.
Ha sido política permanente de los gobiernos mexicanos, fomentar el establecimiento de este tipo de industrias, porque representan un sector importante para el desarrollo de la planta productiva del país, la cual es una fuente valiosa de trabajo y gran consumidora de insumos nacionales.
Se reconoce en las estadísticas oficiales del año de 1986, que la microindustria ocupa el 35% de la fuerza laboral nacional, y dentro de la industria manufacturera representó el 15% en su participación en el valor de la producción del sector manufacturero.
Estos indicadores evidencian que el mencionado sector se caracteriza por la utilización de procesos productivos intensivos en mano de obra y por lo tanto, un elevado índice de empleo por capital invertido, de ahí que con montos reducidos de inversión se consigue casi de inmediato un fuerte y positivo impacto en los actuales niveles de empleo y producción.
Sin embargo, también muestra su pequeña participación en el valor de la producción industrial, ya que existen fundamentalmente tres factores que limitan la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las existentes y que son de carácter técnico, administrativo y financiero.
Precisamente la iniciativa objeto de este dictamen, constituye la base por la cual se ha de favorecer el impulso y organización de la microindustria, que requiere para su eficiente operación de técnicas industriales modernas, de apoyos crediticios y de un marco jurídico simple, de fácil acceso para las personas dueñas de este tipo de empresas, que elimine requisitos oficiales diseñados para negocios de mayor capacidad económica. Existen miles de microindustrias afectadas por la crisis actual, al margen de los beneficios de la política de fomento y agobiadas por la complejidad de los trámites ante las dependencias oficiales.
Este proyecto constituye el reconocimiento de una realidad, que es la necesidad de la incorporación de un núcleo de la economía que se ha mantenido relativamente al margen del desarrollo nacional, y que sin embargo ha demostrado que es capaz de desarrollar una variedad de actividades, que se manifiestan en la producción de insumos para la industria y bienes para el consumo directo de la producción.
La iniciativa recoge la experiencia de muchos años de apoyos y estímulos a la pequeña y mediana industrias, que con esquemas reglamentarios del Ejecutivo la ha instrumentado.
Desde el año de 1975, en que se abroga la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, no se había legislado en favor de la pequeña y mediana industrias a nivel de ley aprobada por el Congreso de la Unión.
Es muy importante, por la prioridad que representa, el que se establezcan instrumentos específicos para alentar a las unidades productivas nacionales de menor tamaño, con la expedición de una ley que defina con claridad los límites y alcances de una adecuada intervención oficial que estimule el proceso y desarrollo de la planta industrial.
En esta iniciativa se establecen dos medios o instrumentos, que conllevarán a establecer todo un sistema de apoyo a la microindustria.
Se crea un padrón nacional de la microindustria que distinguirá a los integrantes de este sector, los cuales, a través de una cédula trianual podrán exigir todos los beneficios a que son acreedores.
Igualmente, esta iniciativa crea la Comisión Intersecretarial, Seguro Social e Infonavit, a fin de que sea este órgano, a través de resoluciones ejecutivas y mandatarias, suscritas por el titular de la dependencia cabeza de sector que corresponda, el que concrete, especifique y precise los apoyos, estímulos y asistencia técnica a que sean acreedoras la microindustrias.
En estas condiciones, por imperio de ley, el gobierno reconoce la necesidad existente en apoyar y estimular la creación y existencia de la microindustria, como una importante célula del sector industrial para multiplicar la creación de nuevos empleos y la seguridad y permanencia de los existentes.
Los beneficios a que se harán merecedores los empresarios de la microindustria, son de cuatro clases:
Primero. Los que se refieren a la simplificación de los trámites que cualquier industrial debe realizar, para mantener en funcionamiento su empresa.
Segundo. Los relativos a estímulos fiscales, por medio de descuentos o certificados fiscales para hacer frente a sus obligaciones con el fisco.
Tercero. Aquellos que consisten en apoyos financieros a través de créditos de habilitación o avío y
refaccionarios en condiciones muy especiales en monto, tasa de interés, plazo y periodos de gracia, y
Cuarto. Los que se refieren a la asistencia que se establezca en un programa que llevará cabo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, orientado a satisfacer los requerimientos de la microindustria, que permitan derivar soluciones técnicas acordes con las posibilidades reales y escalas de producción de estas unidades productivas.
En términos generales, la presente iniciativa contiene medidas concretas que apuntan a la simplificación administrativa de los trámites y procedimientos, para la constitución y operación de las funciones públicas. Así, el fin fundamental de esta iniciativa es promover el desarrollo de la microindustria, con el objetivo de que participe plenamente en el avance y consolidación del aparato productivo del país, en forma más activa y profunda.
La comisión que suscribe, está de acuerdo con la iniciativa presidencial en su concepción integral, pero considera conveniente introducir los siguientes cambios en su articulado:
Se suprime el segundo párrafo del artículo 3o., con el propósito de dejar clara la definición de microindustria para los fines de la presente iniciativa.
Suprimir en el artículo 8o., la posibilidad de que los inmigrados puedan obtener la cédula de microindustria, que les permita gozar de los beneficios que la ley concede exclusivamente a sus titulares. Las actividades del empresario microindustrial, deben estar reservadas de manera exclusiva a personas físicas de nacionalidad mexicana.
Suprimir toda referencia a supuestos de cuya realización deriven actos sancionadores o de control por parte de la autoridad, así como las consecuencias que de ellos deriven. Por ello, se suprimen los artículos 12, 22, 23, 24, y 25 y adecúan los textos de los artículos 9o., 10, 40 y segundo transitorio. No es congruente con el propósito de fomentar, que por su naturaleza debe ser atractivo, introducir elementos restrictivos o sancionadores. Esto último, desalentaría la actividad microindustrial, lo que es contrario al objetivo de estímulo y protección que caracteriza a la Ley de Fomento para la Microindustria. De este modo y al establecerse una vigencia de tres años a la cédula de microindustria, se permitirá gozar de los beneficios obtenidos sin riesgo alguno por el tiempo señalado, de tal manera que sólo al vencimiento de aquél, se requerirá la subsistencia de los elementos esenciales (número de personas, monto de inversión y actividad transformadora de bienes y otros), para otorgar el refrendo, haciendo en su caso la modificación del beneficiario.
Reubicación de los artículos 23, 24 y 25, para hacerlos congruentes y apropiados con las demás disposiciones de la iniciativa.
Finalmente, mejorar el texto de los artículos 10, 40 y segundo transitorio. En atención a las razones que señalan en este dictamen y con los cambios introducidos por esta comisión, debe aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Federal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comercio somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social; sus disposiciones se aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.
Artículo 2o. La aplicación de esta ley en la esfera administrativa, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otra autoridades federales, en cuanto no se prevean en forma expresa en esta propia ley.
Cuando en el presente ordenamiento se mencione a "la Secretaría", se entenderá que se trata de la citada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se consideran empresas microindustriales las
unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta 15 trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determina la Secretaría, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 4o. Los empresarios de las microindustrias, pueden ser personas físicas o personas morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables sin contravenir a la primera.
Artículo 5o. El domicilio de las empresas microindustriales, será el local donde se ubique el establecimiento en que realicen sus actividades industriales, si se trata de empresarios personas físicas; tratándose de empresarios personas morales, será el local donde se encuentre ubicada su administración, o en su defecto, el del establecimiento en que lleven a cabo sus actividades industriales.
Artículo 6o. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones fiscales, los empresarios de las microindustrias sólo están obligados a llevar su contabilidad en un libro diario de ingresos y egresos, tratándose de personas físicas; y en libros diario, mayor y de inventarios y balances, cuando se trate de personas morales.
Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de los estados y municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta ley, y en particular, realizará lo siguiente:
I. Determinar las actividades que sea más conveniente desarrollen las microindustrias y señalar las zonas prioritarias para su instalación, a fin de otorgar mayores estímulos;
II. Fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener financiamientos, establecer sistemas de ventas y compras en común de materias primas y productos, y en su caso, prestación de servicios de subcontratación y maquila, y
III. Elaborar programas de difusión, gestión, formación y capacitación empresarial, así como de servicios de extensionismo, para identificar y resolver problemas relacionados con la organización, producción y mercado de las microindustrias.
CAPITULO II
De los Empresarios Personas Físicas
Artículo 8o. Sólo las personas físicas de nacionalidad mexicana, si satisfacen los requisitos que se establecen en esta ley, pueden obtener la cédula de microindustria que les permita tener reconocido para sus unidades económicas de producción el carácter de empresas de microindustria y gozar de los beneficios que éste u otros ordenamientos les otorguen.
Artículo 9o. Los empresarios deberán indicar su nombre, o en su caso, la denominación comercial de la empresa, seguidos de las palabras "empresa microindustrial" o las siglas "MI", para su fácil identificación y distinguirlos en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere esta ley.
Artículo 10. Cuando un empresario desee transmitir la empresa a otra persona, se deberá solicitar previamente de la Secretaría la inscripción del nuevo empresario en el Padrón y el consecuente otorgamiento de la nueva cédula, para que el adquirente pueda disfrutar de los beneficios establecidos para las microindustrias.
Artículo 11. Al cancelarse la inscripción y la cédula, el empresario no podrá seguir utilizando el término "empresa microindustrial" o su sigla "MI", ni solicitar y obtener los beneficios que se conceden a las empresas microindustriales, quedando obligado a devolver la cédula a la Secretaría dentro de un plazo de 15 días hábiles.
La propia Secretaría comunicará a las autoridades correspondientes la cancelación de la inscripción y la cédula, a fin de que se dejen sin efecto, a partir de la cancelación, los beneficios que se hayan otorgado.
CAPITULO III
De las Empresas Microindustriales Personas Morales
Artículo 12. Los individuos de nacionalidad mexicana que deseen asociarse para constituir una persona moral que, como se prevé en el artículo 4o., pueda ser considerada como empresa microindustrial, podrán hacerlo adoptando la forma de sociedad de responsabilidad limitada que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las modalidades que prevé el presente capítulo, sin perjuicio de que puedan adoptar otra forma legal.
Artículo 13. Las sociedades de que trata el artículo anterior, existirán bajo una denominación o una razón social que se formará con el nombre
de uno o más socios. La denominación o la razón social irán inmediatamente seguidas de las palabras "sociedad de responsabilidad limitada microindustrial" o de abreviatura "S. de R. L. MI". La omisión de este requisito, sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Artículo 14. Las sociedades de responsabilidad limitada microindustriales, sólo podrán tener como socios a personas físicas de nacionalidad mexicana, y no podrán admitir al constituirse o con posterioridad socios extranjeros, directa o indirectamente, lo cual deberá hacerse constar expresamente en el contrato social y en el registro de comercio. Cualquier acto que viole esta disposición será nulo, y el extranjero que hubiere participado en él, sólo podrá reclamar los daños y perjuicios que los socios le hubieren causado.
Artículo 15. El contrato por el que se constituya una sociedad de responsabilidad limitada microindustrial y sus modificaciones, deberán constar por escrito.
La Secretaría podrá proporcionar a quienes lo soliciten, modelos de contrato social o formularios en que los interesados sólo aporten los datos particulares de quienes deseen asociarse, y de la persona moral que se pretenda constituir.
Una vez formulado y firmado por los socios el contrato social, la Secretaría o las autoridades en quienes delegue esa función, lo examinarán y harán constar su visto bueno sobre su forma y contenido, u orientarán en su caso, a los interesados sobre los elementos que se hayan omitido o deban subsanarse.
Artículo 16. Una vez obtenido el visto bueno a que se refiere el artículo anterior, los socios acreditarán su identidad y ratificarán su voluntad de constituir la sociedad y ser suyas las firmas que obren en el contrato social, ante el personal autorizado del Registro Público de Comercio del lugar que corresponda al domicilio social, el que procederá a inscribir sin más trámite a la sociedad a la brevedad posible.
No se requerirá para su constitución y registro, de la autorización previa de otras autoridades judiciales o administrativas. Las secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría General de la Federación, vigilarán se cumpla lo dispuesto en este artículo y que el registro se efectúe cuanto antes.
Artículo 17. Las sociedades constituidas e inscritas en el Registro Público de Comercio, podrán obtener de la Secretaría o de las autoridades en quienes hubiere delegado esa función, la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, así como la cédula que las acredite como empresas microindustriales, y consecuentemente, alcanzar los beneficios cuyo otorgamiento proceda conforme a esta ley u otras disposiciones.
Artículo 18. Las sociedades a que se refiere este capítulo ni sus socios, podrán participar en otras sociedades microindustriales, sin perjuicio del agrupamiento de éstas para los fines que se prevén en el artículo 7o., fracción II.
Artículo 19. Las modificaciones acordadas por los socios al contrato social, deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento de la Secretaría o de las autoridades en quienes delegue esa función, con el fin de que se examine si no implican alteraciones a las condiciones para que la sociedad siga siendo considerada empresa microindustrial. La Secretaría emitirá su visto bueno a las modificaciones, o en su caso, dará a los interesados las orientaciones que correspondan.
Una vez obtenido el visto bueno, las modificaciones deberán ser inscritas en el Registro Público de Comercio en que obre la inscripción de la sociedad, previa su ratificación ante el encargado de dicho registro.
CAPITULO IV
Del Padrón Nacional de la Microindustria
Artículo 20. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas.
En la elaboración y manejo del Padrón, podrán participar las autoridades estatales y municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al capítulo VII de la presente ley.
Artículo 21. Las empresas microindustriales que figuren en el Padrón, recibirán los apoyos y estímulos que corresponda otorgárseles conforme a esta ley, a la Ley de Ingresos de la Federación y a las demás disposiciones legales y administrativas que los establezcan.
Artículo 22. La cédula de microindustria que expida la Secretaría o las autoridades en las que tal atribución se delegue, acreditará que la empresa persona física o moral microindustrial figura en el padrón, y que se encuentran satisfechos los requerimientos relativos a los registros, licencias o autorizaciones, que en la propia cédula o en sus anexos se indiquen.
A las personas que soliciten la inscripción en el Padrón Nacional de la Microindustria, se les otorgará, una vez satisfechos los requisitos, la cédula correspondiente.
Artículo 23. La expedición de la cédula de microindustria, será completamente gratuita.
Artículo 24. El Padrón consignará la información actualizada de las empresas microindustriales, las actividades que desarrollan, el número de trabajadores, las inversiones realizadas y demás datos necesarios para su fomento.
En el Padrón Nacional de la Microindustria, se tomará nota de la terminación, disolución y liquidación de las sociedades de microindustria, y se realizarán los demás actos que determine esta ley y demás disposiciones derivadas de ella.
Artículo 25. La Secretaría procederá a concentrar y sistematizar los logros obtenidos sobre simplificación, a través de los mecanismos de coordinación con las entidades federativas, particularmente sobre los datos relativos a registros, licencias, permisos y autorizaciones. Respecto de los trámites pendientes de cumplirse para la instalación o funcionamiento de la microindustria, se dará la orientación correspondiente, bastará la presentación de la cédula para que al trámite respectivo se le dé la máxima celeridad conforme a esta ley.
Artículo 26. De conformidad con los datos del Padrón, la Secretaría procederá a refrendar, modificar, y en su caso, cancelar la cédula de microindustria, dando los avisos correspondientes a las dependencias competentes.
Artículo 27. La Secretaría o las autoridades competentes en el manejo del Padrón, proporcionarán información a las microindustrias que lo soliciten, con relación al cumplimiento de trámites y obligaciones, así como sobre los apoyos e incentivos que puedan obtener.
Artículo 28. La Secretaría emitirá y distribuirá gratuitamente a los interesados, las formas oficiales sobre la realización de trámites y otorgamiento de apoyos a las empresas que figuren en el Padrón.
Artículo 29. La cédula de microindustria, deberá contener por lo menos los siguientes datos: nombre, denominación o razón social de la empresa; domicilio; actividad; monto de la inversión o del capital social; número de registro y fecha de expedición de la cédula.
La cédula de microindustria tendrá una vigencia de tres años, y consignará los refrendos de que sea objeto. Antes del vencimiento de cada lapso de vigencia, deberá solicitarse el refrendo correspondiente.
Cuando las personas físicas o las sociedades de responsabilidad limitada microindustriales, dejen de reunir los requisitos que establece esta ley para ser consideradas microindustrias, darán el aviso correspondiente y remitirán la cédula para su cancelación, a la Secretaría o a la autoridad en la que delegue esa función, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a que esto ocurra.
Artículo 30. En los casos en que la empresa microindustrial deba, por la naturaleza de su objeto, acreditar que reúne las condiciones sanitarias, de seguridad u otras que requieran verificaciones especiales, la Secretaría orientará a los interesados sobre la forma de obtener las autorizaciones respectivas.
La Secretaría también orientará al interesado sobre la forma de satisfacer los requisitos pendientes de cumplirse, para la operación de la empresa.
Artículo 31. En los casos en que proceda la cancelación de la cédula, se notificará por oficio al microindustrial el motivo y fundamento correspondientes, por correo certificado con acuse de recibo o personalmente, dándole un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación, a fin de que exponga las razones y ofrezca las pruebas que a sus intereses convengan.
La autoridad competente dictará, dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo o de su ampliación para el desahogo de pruebas, la resolución que proceda, con base en las manifestaciones y elementos de convicción correspondientes, y la notificará por escrito al interesado en la forma dispuesta en el párrafo anterior.
Artículo 32. Cuando se cancele la inscripción de la sociedad microindustrial en el Padrón, la cédula que le hubiere sido expedida deberá devolverse dentro del término de 15 días siguientes a la notificación de la cancelación, a la Secretaría o a la autoridad en quien dicha Secretaría hubiere delegado la función correspondiente en la circunscripción del domicilio social.
Si la cancelación no implicare al mismo tiempo impedimento para que la sociedad subsista y continúe operando, ésta deberá, dentro del término de 60 días naturales, proceder a modificar su contrato social, a fin de eliminar en él toda referencia a su condición de microindustria, salvo el caso de que adoptare por su disolución y liquidación; asimismo, suprimirá de su anuncio y publicidad la referencia a microindustria.
Artículo 33. La Secretaría comunicará a las autoridades correspondientes de la cancelación de la inscripción y la cédula, a fin de que no se continúe otorgando a la microindustria los beneficios de que, en su caso, estuviere disfrutando.
CAPITULO V
De la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria
Artículo 34. Se crea la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, que tendrá por objeto impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales a través de las acciones previstas en la presente ley, especialmente las que consistan en la simplificación de trámites administrativos para obtener registros y autorizaciones y para cumplir obligaciones. La Comisión se encargará de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta la planta microindustrial del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos.
La Comisión será el conducto a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinen su actuación para el otorgamiento de los beneficios y facilidades que se determine conforme a esta ley. El Ejecutivo Federal proveerá lo conducente para que las secretarías de Estado y departamentos administrativos, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen los actos y adopten las medidas que permitan alcanzar los fines y objetivos mencionados.
Artículo 35. La Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, se integrará por sendos representantes propietarios de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomento Industrial, de Desarrollo Urbano y Ecología, de Educación Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social y del Departamento del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
La presidencia de la Comisión , corresponderá a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Por cada representante propietario deberá nombrarse un suplente, que participará en las sesiones en ausencia de aquél.
A propuesta de cualquiera de los integrantes de la Comisión, podrá invitarse a participar en sus sesiones a representantes de otras dependencias, de entidades paraestatales, de gobiernos de los estados y de los municipios, así como de los sectores social y privado.
Artículo 36. Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la comisión realizará las siguientes funciones:
I. Acordar la coordinación de trámites y despacho de los asuntos relacionados con las microindustrias a cargo de diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Departamento del Distrito Federal, con el fin de simplificar trámites administrativos, eliminar los innecesarios, así como en general, para conceder facilidades para la operación de estas microindustrias;
II. Realizar estudios sobre la regulación jurídica relativa a la constitución, instalación y funcionamiento de las microindustrias, así como proponer las medidas administrativas o modificaciones a disposiciones legales tendientes a alcanzar los fines a que se refiere esta ley;
III. Proponer la forma y términos para el otorgamiento y aplicación de los apoyos y estímulos, a que se refiere esta ley;
IV. Opinar, y en su caso, recomendar lo que considere conveniente, sobre las consultas que le formulen las diversas dependencias de la Administración Pública Federal;
V. Ser el conducto por medio del cual se definan por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las materias cuya coordinación debe promoverse ante las entidades federales y sus municipios, para la obtención de los apoyos a que se refiere esta ley, especialmente para alcanzar los fines señalados en la fracción I;
VI. Evaluar la política de apoyos a que se refiere esta ley;
VII. Formular las recomendaciones pertinentes a las dependencias involucradas, para consolidar y ampliar los niveles de adquisiciones del sector microindustrial, así como para facilitarles el abastecimiento de insumos para su actividad, y
VIII. En general, proponer las medidas que se estimen apropiadas para el fomento y desarrollo de las microindustrias, y sobre los conductos legales que procedan para la atención de consultas, quejas y reclamaciones que se presenten.
La Comisión podrá crear grupos de trabajo a nivel nacional o regional, para el estudio y análisis de temas relacionados con el fomento de la microindustria.
Artículo 37. La Comisión se reunirá mediante convocatoria de su presidente, sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.
La Comisión contará con un secretario técnico, cuyas atribuciones son las siguientes:
I. Formular los proyectos de convocatoria y orden del día que le encomiende el presidente de la Comisión, y ejecutar las resoluciones de la Comisión cuyo cumplimiento se le asigne;
II. Formular el proyecto de reglamento interno de la Comisión, y someterlo a la aprobación de ésta;
III. Realizar los estudios que le encomiende la Comisión;
IV. Efectuar el seguimiento de la instrumentación y ejecución de los acuerdos que adopte la Comisión, y rendir a ésta un informe de las actividades realizadas, y
V. Las demás que le correspondan conforme a esta ley y al Reglamento Interno de la Comisión.
CAPITULO VI
De la Simplificación Administrativa, Estímulos y Asistencia a la Microindustria
Artículo 38. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán:
I. Otorgar a las microindustrias las facilidades necesarias, a fin de agilizar los trámites y procedimientos para el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la obtención de los apoyos a que se refiere esta ley;
II. Revisar, simplificar, y en su caso, adecuar los trámites y procedimientos que incidan en la instalación, funcionamiento y fomento de las microindustrias, en tanto basten para ello disposiciones administrativas o resoluciones de los titulares respectivos, y
III. Cuando dichos trámites deban cumplirse en varias unidades administrativas de una misma dependencia, ésta adoptará las medidas para establecer un solo canal para su atención y despacho.
Artículo 39. Las dependencias del Ejecutivo Federal deberán instrumentar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones que hayan sido acordadas por la comisión, así como revisar las disposiciones legales que apliquen y los procedimientos para ello, con el fin de simplificar los trámites o eliminar los innecesarios, que se refieren al recibo de solicitudes para obtener permisos, licencias o autorizaciones.
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, vigilará el cumplimiento de lo previsto en este artículo, y en su caso, propondrá la simplificación correspondiente.
Artículo 40. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y según se prevea en la Ley de Ingresos de la Federación, concederá a los empresarios de microindustrias los estímulos fiscales correspondientes. Al efecto, se integrará un paquete especializado, adecuado a sus necesidades y características particulares.
Artículo 41. De acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, el sistema financiero, a través de mecanismos crediticios, fomentará el desarrollo microindustrial a nivel nacional, para que las microindustrias cuenten con liquidez suficiente y puedan realizar las inversiones necesarias.
Artículo 42. Con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerán las acciones programáticas para apoyar el desarrollo de las microindustrias, acorde con sus características y posibilidades. Asimismo, se diseñarán mecanismos que propicien una eficiente vinculación entre la microindustria y el sector educativo y de investigación tecnológica.
Entre otras acciones, se impulsarán las siguientes:
I. En el Distrito Federal, tendrá validez para los efectos procedentes, la prestación en la microindustria del servicio social obligatorio de las profesiones que se determinen, de conformidad con las disposiciones aplicables.
El Ejecutivo Federal promoverá, en el marco del Sistema Nacional de Planeación, la adopción de mecanismos análogos en las entidades federativas;
II. Se alentará y facilitará el uso de instalaciones públicas especializadas en normalización y metrología, a fin de ejercer el control de calidad sobre los productos;
III. Se apoyarán los proyectos de reconversión, adecuación, asimilación y desarrollo tecnológicos y se impartirán cursos de gestión para los empresarios;
IV. Se promoverá la formación de agrupaciones de empresarios de microindustrias, para facilitar la solución de problemas comunes y mejorar su
capacidad de negociación en los mercados financieros, de insumos y para la venta de sus productos en el país o en el extranjero, y
V. Se fortalecerá la labor de promoción y extensionismo en los ámbitos financiero, administrativo y técnico industrial.
CAPITULO VII
De la Coordinación con las Entidades Federativas
Artículo 43. Dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación y de conformidad con los acuerdos que se celebren, se establecerán las bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios, a fin de impulsar el establecimiento y apoyar el fortalecimiento de empresas microindustriales, orientado hacia una eficiente descentralización de la planta productiva y un desarrollo más equilibrado.
Cuando para impulsar y apoyar a las empresas microindustriales se requieran adecuaciones a las disposiciones legales o administrativas locales, se recomendarán las modificaciones por los conductos correspondientes.
Artículo 44. La Secretaría podrá celebrar acuerdos de coordinación con las entidades federativas, para promover la descentralización de actividades y funciones que corresponden al Padrón Nacional de la Microindustria.
En dichos acuerdos se establecerán las acciones, mecanismos y procedimientos que podrán llevar a cabo las entidades federativas para el logro de lo señalado en el párrafo anterior, de manera que las empresas microindustriales puedan realizar sus trámites con mayor agilidad.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las microindustrias en operación podrán inscribirse en el Padrón Nacional de la Microindustria y obtener la cédula que acredita tal inscripción, para obtener los beneficios a que se refiere esta ley. Las dependencias y entidades paraestatales, en su respectiva esfera de competencia, darán las facilidades necesarias a las microindustrias que las requieran , para su incorporación al régimen establecido por esta ley.
Tercero. El Ejecutivo Federal, dispondrá lo necesario para que se proceda a convocar a la primera sesión de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Industria, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que entre en vigor esta ley. La propia comisión, dentro de un plazo que no excederá de 90 días contados a partir de su primera sesión, formulará su reglamento interior.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, D.F., a 4 de diciembre de 1987.- Diputados: Javier Garduño Pérez, presidente; Alfonso Reyes Medrano, secretario; Amílcar Aguilar Mendoza, Marciano Aguilar Mendoza, Jesús Alcántara Miranda, Graciano Bortoni Urteaga, José Rodolfo Budib Lichtle, Roberto Calderón Tinoco, Porfirio Camarena Castro, Jorge Cárdenas González, Francisco Contreras Contreras, Justino Delgado Caloca, María Soledad del Río Herrera, Homero Díaz Córdova, Edeberto Galindo Martínez, Alejandro Gazcón Mercado, Javier Lobo Morales, Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez, Janitzio Múgica Rodríguez Cabo, María Aurora Munguía Archundia, Pastor Murguía González, Pedro Ortega Chavira, José de Jesús Padilla Padilla, Carlos Palafox Vázquez, Héctor Pérez Plazola, Adner Pérez de la Cruz, Luis Pérez Díaz, Humberto Enrique Ramírez Rebolledo, Cirilo José Rincón Aguilar, Arturo Ruiz Morales, Rafael Sáinz Moreno, David Serrano Acosta, Lorenzo Serrano Gutiérrez, Germán Sierra Sánchez, María Luisa Solís Payán, José Felix Torres Haro, Juan Manuel Pablito Tovar Estrada, José Camilo Valenzuela, Juan Carlos Velasco Pérez, Pedro Zamora Ortiz, Javier Vega Camargo, Gerardo Higinio Fernández Casanova, y Jesús Siller Rojas.»
Trámite: -Primera lectura.
COMISIÓN DE JUSTICIA
El C. Presidente: - En el transcurso de la sesión, esta presidencia recibió una proposición de la Gran Comisión. Voy a suplicar a la secretaría dé cuenta de ello a la asamblea.
El C. secretario Antonio Sandoval González:
«Diputado David Jiménez González, presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
En virtud de que el presidente de la Comisión de Justicia y el secretario de la misma se encuentran cumpliendo tareas en la mesa directiva de la Cámara, y para los efectos del artículo 84 del Reglamento Interior de la Cámara, nos permitimos informar lo siguiente:
La Gran Comisión se permite proponer a la asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo:
Único. Con el objeto de no interrumpir los trabajos que tiene encomendados la Comisión de Justicia, se autorice que de manera provisional por la razón indicada, se designen para fungir con tales caracteres y únicamente durante el mes de diciembre, como presidente y secretario de la misma a los siguientes diputados: presidente, Néstor Luna Hernández; y secretario, Juan Manuel Cruz Acevedo.
Atentamente
Diputados Nicolás Reynés Berezaluce, presidente de la Gran Comisión; secretarios: Juan Maldonado Pereda y Jorge Montúfar Araujo.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación.)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el punto de acuerdo.
EFEMÉRIDES
PLAN DE AYALA
El C. Presidente: -Ha pedido la palabra el diputado Héctor Morquecho para efemérides. Por favor, si es tan amable de pasar a la tribuna.
El C. Héctor Morquecho Rivera: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: A más de 75 años de la promulgación del Plan de Ayala, del cual fue vértebra teórica y práctica, fundamental de la lucha agraria y campesina, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, desea hacer una serie de reflexiones en torno a este asunto ante esta representación nacional, para efectos de ver los logros y atrasos que la lucha revolucionaria ha producido frente a los obstáculos y tropiezos que ha sufrido la Revolución Mexicana.
La fracción parlamentaria de mi partido, considera que este tipo de efemérides o recordaciones no deben ser para llenar huecos o cubrir instancias de ocio, sino para, claro, recordar acontecimientos de interés histórico.
Pero consideramos que es más importante para examinar, para reflexionar, para valorar lo que se ha logrado, el estado en que vivimos, e incluso para hacer algunas críticas de manera constructiva y categórica sobre los hechos negativos de las administraciones, que en este caso concreto con motivo del Plan de Ayala, se han dado dentro de la administración del ramo agropecuario.
Considera la fracción parlamentaria de mi partido, que en síntesis ha habido avances pero también retrocesos; un avance fundamental importante que todos reconocemos, es la estructuración, la formación del artículo 27 constitucional.
Por otra parte, dentro de los objetivos reconocemos que se ha repartido parcialmente la tierra, además en algunos aspectos se ha desarrollado, se ha aplicado la técnica, el crédito y el apoyo a los campesinos. Se han ampliado los ejidos también, no se ha logrado destruir desde el punto de vista legal y jurídico al ejido, se ha mantenido una actitud positiva, revolucionaria a este respecto.
En algunas regiones del país se han organizado a los jornaleros agrícolas, en fin, inclusive algunos gobernadores han impulsado la producción agropecuaria, pero, ¿cuáles son a juicio de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista los hechos negativos, las omisiones, las insuficiencias a más de 75 años de haberse promulgado el Plan de Ayala?
En primer lugar, la lucha por restituir la tierra a los pueblos campesinos que se ha expresado en el Plan de Ayala ha sido frenada, ha sido frenada porque existe la figura jurídica del amparo agrario a los terratenientes, que con los certificados de inafectabilidad ganadera han frenado el avance de la reforma agraria; esto ha producido, ha creado el neolatifundio o los latifundios simulados, precisados en más de 10 millones de hectáreas de tierra que no se han repartido. Por otro lado, las clases campesinas se han empobrecido drásticamente, y su nivel de vida ha retrocedido 20 años atrás respecto de 1987.
La agricultura se ha desplomado, por una política agrícola caracterizada por recortes presupuestales y transferencias de subsidios y estímulos a los grandes propietarios y acaparadores de tierra e insumos agrícolas. Esto ha devenido o ha hecho que México continúe importando granos, cereales y carnes. Acaba de anunciar la Conasupo que importará 7 millones de toneladas de básicos.
En cuanto a lo que se ha estado luchando desde hace mucho tiempo y durante muchos años, al esfuerzo de las organizaciones campesinas, de los partidos políticos del campo revolucionario, al esfuerzo por llevar a la mejor gente, a las mejores personas al frente de la Reforma Agraria, tenemos el hecho concreto hoy día, de que la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, están siendo hoy
manejadas por simplemente burócratas sin emoción, gente que ha abandonado una actitud positiva, gente que no tiene sentido de lo que es el auténtico patriotismo y es gente con falta de sensibilidad necesaria para atender a fondo las demandas de los campesinos; y es el caso que con la crisis, se ha reducido aún más el nivel de vida de los campesinos y esta gente que dirigen estas secretarías, ofrecen palabras, palabras y sólo palabras.
Por otro lado, la política presupuestal de gasto público en el ramo agropecuario, es totalmente negativo y por esa razón, como se ha demostrado en múltiples estudios, los campesinos no se arraigan a su tierra y optan por fugarse o irse, algunos a Estados Unidos, otros a la ciudad de aquí, de nuestro país y emigran a la ciudad a emplearse en lo que caiga, en lo que puedan encontrar algún ingreso, lo que los ha llevado a una situación totalmente difícil en sus condiciones de vida.
Ha retrocedido también la democracia en las asambleas ejidales, se implementó la negativa a la Ley de Fomento Agropecuario, que además ha fracasado.
Por eso, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, quería plantear estas reflexiones, estas preocupaciones, de manera de poder expresar esta fecha relativa al Plan de Ayala y consideramos que sin duda son muchas las tareas, son muchos los esfuerzos, es mucha la obligación, es mucho el compromiso el que tenemos todas las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas revolucionarias, para que las conmemoraciones, las efemérides que se hagan, sean para valorar lo que se ha logrado, que se haga la autocrítica de manera honesta y que cada vez se renueve el esfuerzo porque los hechos históricos nos indiquen el camino al cual estamos obligados, para mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo, nuestra independencia económica y la perspectiva de nuestro país. Gracias.
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER
El C. Presidente: -Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jesús Siller Rojas, para referirse a Fray Servando Teresa de Mier.
El C. Jesús Siller Rojas: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Por la importancia que tienen los homenajes a los forjadores de nuestra patria, vengo ante ustedes a suplicar respetuosamente su atención a pesar de su cansancio físico.
La historia de México y su contexto han destinado un sitial preeminente a un incansable y destacado luchador social: Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, que el día de ayer cumplió 160 años de muerto. Esta honorable Cámara de Diputados concluye hoy con esta efemérides, los actos que a través de su Comité de Biblioteca y en coordinación con la diputación del estado de Nuevo León, han realizado durante algunos meses en varias ciudades del interior del país, para conmemorar un aniversario más de quien fuera, por una parte, fuerza de enfoque en el surgimiento de una conciencia nacionalista y por otra, fundador de la nación como tal. En su lucha no le importó ser objeto de persecuciones y destierros, porque siempre tuvo por encima de cualquier concepto una marcada ideología liberal, línea que siempre orientó su vida y fue paradigma de los liberales del siglo XIX.
Sus primeros pasos como hombre inquieto y de lucha, los da en el estado de Nuevo León, donde lo distinguen sus grandes dotes oratorias y su inquietud por la ciencia teológica lo traen a la ciudad de México, que es medio propio para el desarrollo de su arrebatada emotividad, pues poseía una gran capacidad de síntesis que en las ocasiones que hacía uso de la tribuna, con gran facilidad exaltaba al público y lo hacía pasar de una emoción a otra.
Su gran cultura universal le forjó un espíritu indomable, capaz de pasar todas las pruebas que como castigo, se aplicaba a quienes osaban divulgar nuevas ideas o ansias de libertad. Al pronunciar su famoso sermón del 12 de diciembre de 1794, reveló su espíritu nacionalista al hacer prehispánica, una prácticamente intocable tradición cuando argumentaba que la imagen de la virgen de Guadalupe no estaba impresa en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de santo Tomás; en el fondo no era negar la aparición, más bien hacerla más antigua con la intención de destruir aquello de que el español más se ufanaba.
Al haber iniciado el evangelio en América, Fray Servando argumentó que santo Tomás predicó en México con el nombre de Quetzalcóatl; estas ideas le provocaron una secuela de encarcelamientos e intolerancias que lo llevaron al destierro, siendo confinado a 10 años en España privándole de predicar y confesar. Aquí, allá y donde fuera se fugó de todas las cárceles; ésta y otras anécdotas de su vida ilustran cómo en él se fue gestando un sentimiento nacionalista, que poco a poco se fue vislumbrando.
Inmerso en el huracán de la aventura, deja su patria llevando a cuestas siempre su voluntad grandiosa e infatigable; es la prisión en España la
que enciende más el fuego de su indomable espíritu libertario. Al concluir las guerras napoleónicas, Inglaterra pasa a ser en Europa el asilo de las ideas políticas liberales; es ahí donde conoce a Javier Mina, quien por la gran cultura, combatividad, elocuencia y persuatividad de aquel dominico mexicano, en cuya palabra eran lumbre las razones para que su patria se emancipase, se interesa, y convencido, deciden en 1817 montar una expedición libertadora de la Nueva España, trayendo consigo una poderosa arma, la imprenta, a la que nuestro prócer edificaba como "baluarte de la libertad y su compañera inseparable", donde de inmediato se dedicó a imprimir proclamas, bandos y todo género de propaganda política, labor que sirvió para concientizar al pueblo y fortalecer la lucha insurgente, puesto que en ese año la causa de independencia había perdido a Morelos y la antorcha de la insurgencia amenazaba apagarse por falta de caudillos. El padre Mier y Mina, vinieron a cubrir el lapso necesario entre Morelos y Guerrero.
Después de arduas luchas, nuevos encarcelamientos, vejaciones, fugas y otros destierros; prosigue su labor periodística a favor de la causa insurgente, haciendo crecer la simpatía por la Independencia, y con ella, la aplicación de sus ideas liberales, las cuales se reafirman en el nivel parlamentario al ser designado diputado al Congreso Constituyente de 1824 por el estado de Nuevo León, y donde al lado de Miguel Ramos Arizpe se destacan como las figuras más relevantes de ese momento histórico, sin haber entrado en pugna como algunos lo han señalado, pues Fray Servando siempre creyó en las grandes bondades del federalismo, como liberal que era, sólo divergía en el tiempo y la oportunidad, toda vez que el tránsito de un estado colonial, con una sociedad sin objetivos y políticas claras y un rezago de grandes magnitudes, al de un Estado con rango soberano, implicaba confrontación de ideas y debate del más alto y visionario nivel.
Es entonces cuando el diputado Teresa de Mier Noriega y Guerra, expresa: "soy un luchador por la Independencia y desde mucho he escrito en favor de la santa causa; muchos podrán alegar méritos semejantes, ninguno mayor que el mío, de ello tengo cicatrices en el cuerpo, y a los 60 años ¿qué tengo que esperar, si no la muerte?, por eso tengo derecho a que me crean sincero. En Estados Unidos el federalismo era unir lo desunido, en México será desunir lo unido".
Desgraciadamente para nuestro país, sus temores resultaron proféticos, y nuestra patria tuvo que transitar en un penoso itinerario histórico, por estar siempre al acecho un grupo de contumaces conservaduristas, que a costa de la sangre de muchos mexicanos, pretendieron imponer años después, un gobierno central y monárquico quedándose a las orillas de la historia, porque Juárez les dio una lección de amor patrio y dignidad nacionalista.
El padre Mier, liberal ilustrado, nos legó una obra viva que contiene el germen más puro de las ideas más avanzadas de su tiempo, prolongando hasta nuestros días la esencia del Estado moderno, el cual en su proceso de avance y perfectibilidad se fortalece y reivindica en 1857, adquiriendo plena soberanía popular y democrática con el Constituyente de 1917, generando una corriente de pensamiento que se alimenta hasta nuestros días, a través de la filosofía de nuestra Revolución Mexicana.
Destacado internacionalista de su tiempo, desde las cortes de Cádiz hasta Latinoamérica, Fray Servando manifestó permanentemente una conciencia crítica, cierto de su responsabilidad como individuo comprometido con su pueblo, amante de la libertad y la igualdad entre los hombres, con el arrebato propio del héroe verdadero que se sabe punta adelante, voluntad consciente y propósito colectivo, alimenta en su obra la configuración de una conciencia nacional, en una identidad que uniera permanentemente a los mexicanos.
Su pensamiento y tesis siguen más vivos que nunca. El mundo está convulsionado por las ambiciones de los países económicamente poderosos; sus ideas sobre las hegemonías y la forma de repartirse el mundo entre los grandes, conserva toda su vigencia. No en vano entregó el ejercicio de su mente y su organismo a esa lucha que todavía no termina, se agiganta y llega hasta nuestros días. La misión nuestra ahora, consiste como él lo proyectará, en mantener incólume la conciencia nacionalista y revolucionaria que entonces y ahora reclama nuestro pueblo.
En este marco y frente a nuevas embestidas de la reacción, hoy en homenaje a Fray Servando, afirmamos la vigencia de nuestros preceptos liberales, del irrenunciable artículo 130 constitucional, la separación de la iglesia y el Estado es conquista histórica del pueblo, irrenunciable.
La historia no conoce camino de regreso, avancemos con la Constitución de 1917, en la consecución de una nueva y mejor sociedad.
Por lo anteriormente expresado y por mucho más, me permito hacer notar que en los muros de este recinto cameral falta un nombre: el del diputado constituyente de 1824, Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, ¡pongámoslo! Muchas gracias.
El C. Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados: Aunque el compañero diputado no hizo una proposición formal con todos los requisitos y trámites; sin embargo, yo quiero apoyar esta iniciativa para que figure el nombre de Fray Servando Teresa de Mier en los muros del recinto parlamentario, porque su nombre, tiene los suficientes méritos para estar al lado de los grandes constructores y hay hechos que no debemos olvidar. Fray Servando, el increíble Fray Servando, como le llamó un historiador reaccionario, el increíble Fray Servando sufrió cárceles sin cuento, y escapó de todas ellas. Algunos le llaman aventurero, pero en realidad fue, si se vale el término o la expresión, el aventurero de las luchas revolucionarias en un sentido no peyorativo, sino sublime.
El desafió todas las prohibiciones, restricciones de su tiempo; tuvo el valor para desafiar al alto clero y sufrir las consecuencias. Pero no sólo eso, republicano convencido, constructor de un Estado moderno, tuvo el valor, porque casi diríamos, Fray Servando el símbolo del valor civil, tuvo el valor de reprocharle a Agustín de Iturbide en Tlalpan, el que se hubiera coronado emperador; Fray Servando le dijo a Iturbide: "usted debió seguir el ejemplo de Bolívar, y en todo caso convertirse en un democrático Presidente de la República, porque en nuestro país no se conocen esas tradiciones".
Quien lo acusa de centralista está equivocado. En realidad, Fray Servando no defendió el centralismo, el Constituyente 23, 24. Consideró que no era el momento de establecer el federalismo, porque las condiciones del país no estaban dadas. Decía: "no quiero un federalismo en estos momentos tan amplio como el de los Estados Unidos, o un centralismo tan exagerado como el de Colombia; comparto la opinión de que tengamos un régimen que sea intermedio entre esos extremos".
Pero en el fondo, él estaba de acuerdo con la existencia de estados autónomos en su régimen interno, consideraba que no era la oportunidad.
Yo también, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, deseo rendir homenaje a este hombre, adhiriéndome a la proposición de nuestro compañero diputado, porque es uno, como dice algún escritor, ilustre regiomontano, como aquel hijo de Koenisberg, que también es de Monterrey.
Fray Servando como Kant, un gran pensador, pero fue un hombre de acción, un hombre que cimbró todos los cimientos de la nación para sacudirlas de sus lastres y construir el México que todos anhelamos. Muchas gracias.
El C. Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
La C. secretaria Patricia Villanueva Abrajam: - Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Cámara de Diputados.- Tercer Período Ordinario de Sesiones.- LIII Legislatura.
Orden del día
7 de diciembre de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Minutas
Con proyecto de Ley General de Bibliotecas.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Silvia González Socorro, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México.
Iniciativa de ciudadanos diputados del sector obrero
De reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Camargo Baltazar, para prestar servicios en la Embajada de Suiza en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Josefa Guadalupe Antonina Abaunza Portocarrero de Escoto, para que pueda prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Ana Eva del Rosario Cárdenas González y María Isabel Ramírez Oseguera, para que puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El C. Presidente (a las 18:50 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 7 de diciembre a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES
En la elaboración de este Diario participaron los departamentos de Taquigrafía Parlamentaria, Diario de los Debates, el Sistema de Información Legislativa y la Dirección General de Imprenta
TALLERES GRÁFICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS